Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría pasar lista de asistencia.

La Secretaria diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Sí, señor presidente. Muy buen día.

(Pase de lista)

¿Falta alguna legisladora o algún legislador de pasar lista? Señor presidente, informo que tenemos una asistencia de 19 legisladores y legisladoras.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (a las 11: 08 horas): Entonces, se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se en encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer receso.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 30 de enero de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Presentación, por el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del informe de actividades de dicha institución, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Comunicaciones

De la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para retirar iniciativa con proyecto de decreto de los registros parlamentarios.

Solicitud de particular

Del ciudadano Francisco Arroyo Vieyra, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla de Honor que le confiere el Congreso de la República del Perú.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el Ciudadano José Ángel Gurria Treviño, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Servicio Diplomático, en grado de 1a. Clase Medalla Gwangwha, que le confiere el Gobierno de la República de Corea.

Tres, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que el Ciudadano Miguel Ángel Marín Solís, pueda aceptar y usar condecoraciones que en diversos grados le confieren los Gobiernos de las Repúblicas Federativa de Brasil, de Chile y de El Salvador.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la Ciudad de Torreón, con Circunscripción Consular en los estados de Coahuila y Durango.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Javier Macías Rodríguez, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Polonia en la Ciudad de Monterrey, con Circunscripción Consular en los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Guadalupe Cervera Velasco, Luis Espinosa Muñoz, Enrique Frías Moreno y Jesús Humberto González Rivera, puedan prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y de Libia en México y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas, e informa que catorce ciudadanos, han dejado de prestar servicios en diversas sedes diplomáticas.

Tres, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con los que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Por el que el Ejecutivo federal solicita la autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, y participar en una visita oficial a la Base Naval “ARC Bolívar” ubicada en el puerto de Cartagena de Indias, Colombia, del 7 al 9 de febrero de 2013.

Con el que envía el Informe de las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2012, correspondiente al cuarto trimestre, celebradas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con el que remite el Cuarto Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de 2012, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía.

Con el que remite el Informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondiente al sexto bimestre de 2012.

Oficio del Instituto Nacional de Migración

Con el que remite la información de carácter público que contienen los programas de protección a migrantes, así como el acumulado, correspondiente al cuarto trimestre 2012.

Oficio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Con el que remite la Memoria Anual del Funcionamiento del Tribunal, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Oficios del Banco de México

Con el que remite Información sobre el Presupuesto de esta Institución correspondiente al ejercicio de 2013, estructurado en dos partes: de Gasto Corriente e Inversión en Activos Fijos, e Inversión en Activo Circulante.

Con el que remite la exposición sobre la política monetaria que el Banco de México se ha propuesto seguir en el ejercicio 2013.

Solicitud de licencia

Del Diputado Fernando De las Fuentes Hernández.

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Martha Beatriz Navarro García, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Plácido Arango Arias, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Sagarpa, se amplíen los Programas de apoyo a la agricultura en los Municipios de Comondú y Mulegé del estado de Baja California Sur, a fin de que se supere el desastre agrícola de la zona, producto de las heladas registradas en días recientes.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que emita la declaratoria de emergencia de 14 Municipios del Estado de Sinaloa, así mismo se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Sagarpa, amplíe programas de apoyo a la agricultura y active el programa en la entidad.

De la Primera Comisión,con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Procuradurías Generales de Justicia de Tlaxcala y de Puebla, para que integren las averiguaciones correspondientes a fin de que tutelen los derechos de las víctimas de los delitos cometidos.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral para que, con base en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualice el catálogo general de electores en los municipios de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa en el Estado de Oaxaca.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador, al Congreso y a los Sindicatos del Estado de Tlaxcala a constituir mesas de diálogo relativas a la nueva Ley de Pensiones Civiles en dicha entidad, así como al Congreso Estatal para que se lleve a cabo una Auditoría al Organismo Público descentralizado “Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala” para sancionar a los responsables de su quiebra.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la autoridad ministerial del estado de Veracruz a continuar con las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante esta Soberanía por la Diputada Federal Leticia López Landero y el Senador Fernando Yunes Márquez, así mismo se exhorta a las instancias competentes para que garanticen a plenitud los derechos a la libre expresión y manifestación de las ideas de todos los ciudadanos.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo al cumplimiento de las medidas cautelares recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de Protección de la Integridad de los Defensores de los Derechos Humanos de los Migrantes.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, se destine un mayor número de elementos a la Zona Metropolitana de la Laguna de Coahuila y Durango para reforzar las labores de seguridad.

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las distintas fuerzas políticas del país firmantes del Pacto por México, se incluya dentro de sus apartados, puntos específicos en materia de política exterior.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a los titulares de los poderes ejecutivos estatales y del Distrito Federal, suscriban convenios de colaboración técnica con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que a través del Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa, edite las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille.

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que difunda la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial, por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa.

Dictámenes negativos

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales de Zacatecas y de Aguascalientes, a no aprobar las iniciativas que pretenden proteger el derecho a la vida desde la concepción.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a emitir la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012.

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Proposición con punto de acuerdo por la que solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional un informe sobre la seguridad del avión presidencial Boeing 787 y suspender el proceso de compra.

De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Titular del Ejecutivo federal conforme un fideicomiso específico que garantice equidad en las oportunidades de acceso y permanencia a una educación de calidad.

Iniciativas

Que reforma los artículos 212 y 217 del Código Penal Federal, suscrita por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 94 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza y el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 16, 21, 76 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Orgánica del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, suscrita por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo para que se implementen los mecanismos necesarios para la atención de las comunidades del estado de Sonora y Sinaloa afectadas por las heladas ocurridas en fechas recientes, suscrito por el diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de México, para que implemente medidas urgentes ante la creciente inseguridad que sufre la entidad, suscrito por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que implemente medidas y programas para combatir de forma definitiva, la infección del hongo de la roya naranja que afecta la producción de café en el estado de Chiapas, suscrito por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que cumpla con los plazos de ministración de los recursos del Subsemun, suscrito por el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades, investiguen casos de corrupción por parte de funcionarios de Pemex, suscrito por el senador Mario Martin Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para crear una comisión especial encargada de dar seguimiento a los procesos electorales que habrán de celebrarse durante la presente Legislatura, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, para que aprueben la minuta con proyecto de Decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito por los diputados Ricardo Cantú Garza y Adolfo Orive Bellinger, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los Gobiernos de las Entidades Federativas, para que creen una campaña de esterilización de perros y gatos y de concientización de “Dueños responsables”, suscrito por la senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la PGR, para que inicie de oficio una investigación, a fin de deslindar responsabilidades por el montaje de la detención de la ciudadana Florence Cassez, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al caso Monex, suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Investigación de los hechos denunciados públicamente por el Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, durante la toma de protesta del Comisionado Presidente del citado Instituto, suscrito por los diputados Ricardo Cantú Garza, Lilia Aguilar Gil y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la cruzada contra el hambre, para que implementen diversas acciones a fin de asegurar la correcta aplicación del programa y blindarlo de fines electorales o partidistas, suscrito por la senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del DIF nacional y estatales, a fin de que en sus programas garanticen los derechos de los infantes establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al INAH, realicen diversas acciones a fin de atender las demandas de los sectores culturales, de la ciudad de Papantla de Olarte, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a efecto de realizar diversas acciones a favor de la protección y conservación del Bosque “La Primavera”, suscrito por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, informe sobre el proceso de Planeación Democrática y elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la violencia de género en el estado de Hidalgo, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, para que tome diversas medidas en respuesta a lo ocurrido en el caso de la francesa Florence Cassez, suscrito por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener, tome las medidas necesarias para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícita de gas LP en el país, suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los consejeros del IFE, a una reunión de trabajo ante la Cámara de Diputados, para abordar el denominado caso Monex, suscrito por el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Agenda política

Comentarios relativos a los hechos acontecidos en Santa María, República Federativa de Brasil, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el veintitrés de enero de dos mil trece, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de veintiséis legisladores, a las once horas con quince minutos del miércoles veintitrés de enero de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se dispensa la lectura al Acta de la Sesión Anterior, y no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con las siguientes comunicaciones:

a) De la Secretaría de Gobernación:

• Con las que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las Comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

• Con las que remite quince contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Se remiten a la Cámara de Senadores.

• Por la que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del veinticuatro al veintinueve de enero de dos mil trece, con el objeto de participar en la Primera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (CELAC-UE), en la Primera Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a celebrarse en Santiago, República de Chile, y realizar una visita oficial a la República Oriental de Uruguay. Se remite a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Plácido Arango Arias, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Civil de Alfonso Décimo El Sabio, en Grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno del Reino de España. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Por la que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito, en Grado de Gran Cruz, Primera Clase, que le otorga el Gobierno de la República Federal de Alemania. Con fundamento en los artículos cincuenta y nueve, y sesenta del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato. En votación económica se considera de urgente resolución, no habiendo oradores registrados, en votación nominal, por treinta votos a favor; y dos abstenciones se aprueba el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

b) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

• Con la que remite, en ocho tomos, el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, en cumplimiento del artículo cuarenta y dos, fracción sexta, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, para consulta de los ciudadanos diputados.

• Con la que informa que en el mes de diciembre de dos mil doce, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para su conocimiento, y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

• Con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de diciembre de dos mil doce, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de diciembre de dos mil once. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

c) De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con la que informa que durante el ejercicio presupuestal dos mil doce, no otorgó ningún tipo de concesión en su categoría de Administradora de Inmuebles Federales. Se remite a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

d) De la Secretaría del Gobierno del Distrito Federal, dos, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior, y a los hechos ocurridos en el Cinépolis de Plaza Ermita. Se remite a las Comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

e) Del Gobierno del Estado de México, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa a la implementación del programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo”. Se remite a la Comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

f) Del Gobierno del estado de San Luis Potosí, con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las acciones de prevención, atención, control y erradicación de la enfermedad del dengue clásico y hemorrágico. Se remite a la Comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Se someten a discusión los dictámenes con puntos de acuerdo y en votación económica se autoriza la lectura de los encabezados:

a) De la Segunda Comisión de Trabajo:

• En relación con las afectaciones de obras y vestigios arqueológicos ocasionados por obras de construcción en la Delegación Benito Juárez, del Distrito Federal.

• Por los que se exhorta al Presidente del Comisión Nacional de las Culturas y las Artes, a rendir un informe sobre las estrategias de prevención de incendios en recintos patrimoniales de origen y destino religioso.

En votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

b) De la Tercera Comisión de Trabajo:

• Por los que se cita a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a respetar los acuerdos y programas emanados del Poder Legislativo Federal.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación., se constituya el Sistema Nacional de Donación y Distribución de Alimentos Aprovechables para el Consumo Humano.

• Por los que se solicita a la Secretaría de Salud informe sobre las políticas públicas en materia de salud mental, especialmente de las morbilidades no discapacitantes, como la depresión.

• Por los que se solicita a la Secretaría de Salud que informe sobre las estrategias y los programas de atención de enfermedades raras.

• Por los que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre créditos contratados con estados y municipios.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a garantizar que los planes tarifarios de las compañías de telefonía celular incluyan la protección antivirus para los equipos que permitan el acceso a Internet.

• Por los que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe del estado que guardan las obras de reparación de la carretera federal quince, México-Nogales.

• Por el que se exhorta a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, para seguir impulsando los programas de vivienda rural implementados en el Municipio de Urique, Chihuahua.

En votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se somete a discusión el dictamen de la Tercera Comisión, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregar trimestralmente a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la información sobre la deuda pública de los estados y municipios. Interviene para referirse al dictamen la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo. Intervienen a favor del dictamen los legisladores: senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática; diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido de Acción Nacional; diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Partido Revolucionario Institucional; y senadora Graciela Ortiz González, del Partido Revolucionario Institucional. Para rectificación de hechos y alusiones personales intervienen los legisladores: senador Francisco Domínguez Servién, del Partido de Acción Nacional; senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática; y diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Partido de Acción Nacional. En votación económica se aceptan las modificaciones presentadas por diversos legisladores, y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Comuníquese.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, en votación económica se autoriza la lectura del punto de acuerdo del dictamen en sentido negativo de la Segunda Comisión por el que se desecha proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados, a que aprueben la reforma Constitucional, en materia educativa. En votación económica se aprueba. Archívese el expediente como asunto concluido.

En votación económica se autoriza la modificación e inclusión en el Orden del Día, de cinco dictámenes con puntos de acuerdo de la Primera Comisión, e inicia la discusión de tres de ellos:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, y a las autoridades estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, ejercer un control riguroso con respecto a los objetos que se ingresan a los centros penitenciarios; así como a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías generales de los estados, investigar y sancionar a quienes resulten responsables de las muertes y disturbios ocurridos al interior de los centros penitenciarios y de readaptación social.

• Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República que a través del Centro Médico Forense, establezcan bases de colaboración con las autoridades de procuración de justicia estatales y del Distrito Federal, a fin de capacitar al personal responsable de los servicios periciales, y de medicina forense de cada entidad federativa.

• Por los que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, y al Gobierno del estado de Morelos, a implementar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la entidad, así como a proteger los derechos humanos de las víctimas, ofendidos y testigos durante los procesos de procuración de justicia.

En votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se someten a discusión los dos dictámenes con puntos de acuerdo de la Primera Comisión restantes:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que diseñe e implemente un plan de acción que sistematice una adecuada coordinación con los demás órdenes de gobierno, con el objeto de reforzar la seguridad en todo el territorio nacional. Interviene para referirse al tema el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Por los que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a diseñar un programa estratégico de seguridad pública para la atención y combate de los delitos de alto impacto, a capacitar continuamente a los cuerpos policiacos y agentes ministeriales a modernizar los esquemas de readaptación y garantizar la suficiencia del personal de seguridad y custodia en los reclusorios. Interviene para referirse al punto de acuerdo el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia de la senadora Hilda Esthela Flores Escalera

Intervienen, en pro del punto de acuerdo la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Partido de Acción Nacional; para rectificación de hechos y responder alusiones personales los legisladores: diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una propuesta de modificación al punto de acuerdo; diputado Fernando Rodríguez Doval, del Partido de Acción Nacional, en dos ocasiones; diputado Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática; Mariana Gómez del Campo Gurza, del Partido de Acción Nacional; senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; y diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo. La Secretaría da lectura a la propuesta de modificación presentada por el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática; y en votación económica se aprueba la propuesta de modificación, y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Comuníquese.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los legisladores:

• Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña y Alfa Eliana González Magallanes, del Partido de la Revolución Democrática, que deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un párrafo al artículo setenta y siete de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para regular la deuda de estados y municipios. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Senadores.

• Diputado José Luis Muñoz Soria y diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que reforma los artículos treinta y seis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y doscientos veintiocho del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos ciento ochenta, ciento ochenta y cuatro, y doscientos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Senadores.

• Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos ciento treinta y seis de la Ley Aduanera, y segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Senador Arturo Zamora Jiménez del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo setenta y siete de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores.

Se concede el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los legisladores:

• Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el Apartado B del artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, de la Cámara de Senadores.

• Diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona los artículos veintiséis de la Ley General de Desarrollo Social y setenta y siete de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Partido del Trabajo, que adiciona el artículo veintitrés Bis de la Ley de la Propiedad Industrial. Se turna a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y de Salud, de la Cámara de Senadores.

• Diputado Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo dieciséis de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Senador Juan Carlos Romero Hicks y senadores integrantes del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos diecisiete Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y veintiocho de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a las Comisiones de Gobernación y de Desarrollo Social, de la Cámara de Senadores.

Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo de los legisladores:

• Senadora Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya al Consejo Nacional de Armonización Contable presente un informe a esta Soberanía sobre los avances de la etapa inicial del mecanismo de diagnóstico y evaluación para la adopción e implementación de la armonización contable. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que intervenga en conjunto con las secretarias respectivas de competencia, para establecer “tarifas diferenciadas” en la ruta del “Ferry” entre Playa del Carmen y la Isla de Cozumel para todos los habitantes residentes de Quintana Roo. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática:

– Por el cual se exhorta a las legislaturas de los estados a que por medio de las entidades de fiscalización correspondientes realicen auditorías en materia de deuda pública y la contratación de obligaciones de pago por parte de las entidades federativas y los municipios. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

– Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a flexibilizar las reglas de operación de los programas sociales en la región Sur-Sureste. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Partido Verde Ecologista de México, por el que solicita se realice un análisis y diagnóstico para la remediación y recuperación de la Laguna Carpintero en Tampico, Tamaulipas. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputada Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar celeridad al proceso de refrendo de diversos permisos de radio otorgados en el estado de Michoacán, así como enviar a la brevedad un informe detallado sobre el estado que guardan. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

Se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo, a los legisladores:

• Diputado Abraham Montes Alvarado, a nombre propio y de los diputados Rocío Adriana Abreu Artiñano, e integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente se solidariza con los productores de caña en sus demandas debido a la baja en el precio del azúcar. En votación económica se considera de urgente resolución. Interviene a favor del punto de acuerdo el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una propuesta de adición al punto de acuerdo. En votación económica se acepta la modificación propuesta, y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo con la modificación aceptada por la Asamblea. Comuníquese.

• Senador Roberto Gil Zuarth, a nombre propio y de la senadora Gabriela Cuevas Barrón del Partido Acción Nacional, por el que solicita al Poder Ejecutivo incluya en el Pacto por México, temas sustantivos en materia de política exterior. En votación económica no se considera de urgente resolución, y se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Diputado Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare con efectos generales la invalidez de la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, en congruencia con el artículo ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica no se considera de urgente resolución, y se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, por el que se hace un respetuoso llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que emita condena al juicio militar por el que un tribunal marroquí juzgará a veintitrés civiles saharahuis habitantes del Aaiún, capital del Sahara Occidental ocupado.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

En votación económica se considera de urgente resolución. Interviene en pro del punto de acuerdo el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Diputado Rodrigo González Barrios, a nombre propio y de los diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, genere acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

El Presidente informa a la Asamblea que las iniciativas y proposiciones de los siguientes legisladores, registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto de los legisladores:

• Senador Arturo Zamora Jiménez del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo setenta y siete de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores.

• Diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Partido Revolucionario Institucional, que deroga los artículos doscientos noventa y cuatro, y doscientos noventa y cinco del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un segundo párrafo al artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, que reforma la Base Primera del artículo ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos ciento doce del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y treinta y seis de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo de los legisladores:

• Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, y diputados integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno Federal a emitir las declaratorias de emergencia y de desastre para el estado de Sinaloa por las heladas que afectaron los cultivos en aquella entidad en días recientes. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía y el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por ser contrario a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la materia. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Isaías González Cuevas, y senadores integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Ejecutivo federal emita la declaratoria de emergencia para los municipios de Comondú y Mulegé del estado de Baja California Sur, así como su intervención mediante programas federales para mitigar la emergencia agrícola. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senadores Luis Fernando Salazar Fernández, José Rosas Aispuru Torres, y Fernando Yunes Márquez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina destinen mayor número de elementos a la Zona Metropolitana de La Laguna a fin de reforzar las labores de seguridad en la región. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Mario Martin Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional un informe sobre la seguridad del avión presidencial Boeing setecientos ochenta y siete y suspender el proceso de compra. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Diputada María de las Nieves García Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a crear una estrategia de información acerca del control de la hipoglucemia reactiva. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de los poderes ejecutivos estatales y del Distrito Federal, a que suscriban convenios de colaboración técnica con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Diputado Rodrigo González Barrios, Uriel Flores Aguayo y Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, y demás autoridades federales y locales competentes, a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento respecto a las adicciones de drogas ilegales. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadora Dolores Padierna Luna y el diputado José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la relación contractual entre Petróleos Mexicanos y la empresa denominada Mexichem. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputada Juana Bonilla Jaime y Trinidad Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, a mantener las actuales tarifas en el transporte público de la entidad. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática., por el que se solicita al Titular del Ejecutivo federal conforme un fideicomiso específico que garantice equidad en las oportunidades de acceso y permanencia a una educación de calidad Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Senador Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que a través del Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa, edite las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática, por el cual se exhorta a diversas comisiones ordinarias de ambas Cámaras del Congreso, a instalar una mesa de trabajo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. y la Secretaría de Economía, para que atiendan a los productores e ingenios ante la problemática actual del precio de la caña. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

El Presidente clausura la sesión a las quince horas con seis minutos, y cita para la que tendrá lugar el miércoles treinta de enero de dos mil trece, a las once horas.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día es la presentación del informe del muy apreciable doctor don Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Se designa en comisión, para recibirlo, a los siguientes legisladores: a don Manuel Añorve Baños, a don René Juárez Cisneros, a doña Adriana Fuentes Téllez, a don Juan Carlos Romero Hicks, a doña Judit Magdalena Guerrero López, a don Juan Francisco Cáceres de la Fuente, a doña Dolores Padierna Luna y a don Ricardo Cantú Garza. Se ruega a la comisión cumplir con su cometido.

(La comisión cumple su cometido)

Honorable asamblea, se encuentra entre nosotros el doctor don Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para presentar el informe de actividades correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Tiene usted, señor doctor don Raúl Plascencia Villanueva, el uso de la voz, hasta por 30 minutos.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva: Muy buenos días. Señor diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Unión; senadora Hilda Flores Escalera, vicepresidenta; diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, senador Migue Romo Medina, diputado Carlos Alberto García González; y senador Fidel Demédicis Hidalgo, secretarios.

Señoras y señores, senadoras, diputadas, senadores y diputados, integrantes de la Comisión Permanente de este Congreso de la Unión. Señoras y señores, acudo a la más alta tribuna del país para dar cumplimiento a la obligación de presentar el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a mi cargo, correspondiente al ejercicio 2012, de conformidad a lo previsto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Durante 2012, nuestro país tuvo que hacer frente a un sinnúmero de dificultades en muchos ámbitos de la vida nacional. Como en los años anteriores, el constante enfrentamiento entre las autoridades encargadas de la seguridad pública y la delincuencia organizada, así como entre los propios grupos delictivos, fue la principal causa de muertes violentas y suscitó que 34 personas ajenas a los hechos perdieran la vida. Esta situación impactó de manera negativa el ejercicio de los derechos humanos.

Otra problemática que refleja una alta percepción de inseguridad por parte de la población y la falta de confianza de las autoridades es la relativa a las acciones de autodefensa, en donde las personas deciden tomar la justicia por propia mano.

Casos como los que hoy en día se presentan en comunidades del estado de Guerrero son una señal que debe alertar a las autoridades para cumplir con su deber de proveer seguridad pública y evitar que estas acciones se reproduzcan y se rebase a las instituciones. Para ello es preciso vencer a la impunidad.

La única vía segura para recobrar la paz y tranquilidad en aquellas zonas del país donde el crimen ha proliferado es con fuerzas de seguridad pública profesionales, y regidas bajo estrictos controles de honestidad, rectitud y ética.

Para ser efectivos, los cuerpos de seguridad pública deben siempre ser los primeros en observar las leyes. De lo contrario, no solo no se cumple con la función para la cual existen, sino que se alimenta y fomenta el crecimiento de los grupos criminales y se vuelven, a final de cuentas, generadores de la violencia que en realidad deberían combatir.

Es cierto, nuestro país ha registrado avances en los últimos años, sobre todo en materia de derechos. Sin embargo, debemos igualmente reconocer que han reaparecido violaciones que creíamos ya desterradas y que es urgente corregir. Casos como las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos y degradantes, la tortura, los cateos y detenciones ilegales, en su mayoría vinculados con el actuar de las instancias de seguridad pública, hoy por hoy están más presentes que hace algunos años.

A continuación, me permito hacer un recuento de las principales acciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante este tercer año de mi gestión.

Con el afán de fortalecer la defensa de los derechos sociales, laborales, económicos, culturales y ambientales, así como en cumplimiento a la reforma constitucional de 2011, se creó la Sexta Visitaduría General. De igual manera se estableció la Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones, con el objetivo de impulsar y evaluar la eficacia en el cumplimiento de las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Durante este período se recibieron 41 mil 662 escritos de queja y se prestaron 371 mil 522 servicios, lo que implicó un aumento significativo en la atención proporcionada por el personal del organismo a la sociedad en general.

Cabe destacar que las 10 autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violar los derechos humanos fueron: el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Educación Pública, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina.

En 2012, se emitieron 93 recomendaciones a diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno. Las que no aceptaron las recomendaciones fueron: la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, el gobierno del estado de Sonora, los ayuntamientos de Charcas, Salinas de Hidalgo, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa de Ramos, en San Luis Potosí, y el ayuntamiento de El Salto, en el estado de Jalisco.

En 2012 también se resolvieron 4 mil 781 asuntos en los que la autoridad asumió plenamente la responsabilidad sobre violaciones a los derechos humanos y adoptó medidas eficaces para su reparación.

Deseo, ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hacer una mención especial a la negativa recurrente de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal para aceptar y cumplir las recomendaciones de este organismo nacional.

En el período que se informa, dicha Secretaría no aceptó una recomendación referente a la detención arbitraria de dos personas, desaparición forzada y privación de la vida de una de ellas en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

Asimismo, no ofreció evidencias suficientes que permitieran observar acciones orientadas al cumplimiento total de la recomendación emitida por violaciones graves a los derechos humanos que se acreditaron en el asunto de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Por ello, en ejercicio de la reciente atribución derivada de la reforma constitucional al artículo 102, solicité al Senado de la República citara a comparecer al secretario de Seguridad Pública para que explicara puntualmente los motivos de su negativa.

Éste es un novedoso procedimiento constitucional que es preciso regular en la ley secundaria, como un moderno mecanismo de rendición de cuentas que propicie una mayor observancia de los derechos humanos, pero que también deje muy en claro, de cara a la sociedad, cuál es el compromiso que tienen los servidores públicos de observar la Constitución, y particularmente de respetar los derechos humanos.

En 2012 implementamos diversas acciones encaminadas a promover el conocimiento de los derechos humanos en las diferentes regiones del país, buscando orientar el trabajo institucional hacia un contacto más cercano con cada persona y con cada grupo social, así como fortalecer a las instituciones públicas del Estado mexicano.

En ese sentido, convencidos de que para erradicar las violaciones a los derechos humanos es preferible prevenirlas, en este año realizamos un esfuerzo sin precedente en promoción, capacitación, enseñanza y divulgación de los derechos humanos.

Por ello, tan solo durante el año pasado llevamos a cabo 5 mil 643 actividades de esta índole, que contaron con un aforo de 733 mil 500 nuevas personas.

La variedad de foros, talleres, cursos, seminarios, conferencias, así como su cobertura en el ámbito nacional, fueron posibles gracias al trabajo coordinado que la Comisión Nacional logró consolidar con diversas autoridades federales, estatales y municipales, con los organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas, los organismos internacionales especializados en la materia y, sobre todo, con las organizaciones de la sociedad civil.

Plenamente conscientes de que solo con la suma de esfuerzos podremos alcanzar las metas que nos hemos trazado para servir de mejor manera a la sociedad y fortalecer a las instituciones del Estado, en este período suscribimos 901 convenios de colaboración, con lo que incrementamos al doble este tipo de actividades en comparación con el año 2011.

Con la misma intención de acercamiento la Comisión Nacional tuvo una dinámica intensa en materia de difusión y divulgación mediante la presencia constante en radio, televisión, medios escritos y virtuales de comunicación masiva, aprovechando particularmente los tiempos oficiales, así como nuestra propia página electrónica que durante el año 2012 recibió poco más de 3 millones 700 mil visitas, lo que representó un 143 por ciento más en comparación con 2011, y se ha constituido en un importante motor de promoción y contacto con la sociedad en general.

El empleo de los mecanismos enunciados son los idóneos para informar, transmitir y tener una repercusión positiva que nos permite permear en cada uno de los grupos sociales, con especial énfasis en los que se encuentran en un mayor riesgo de vulnerabilidad.

Otro ámbito de atención prioritaria para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son las víctimas del delito. Por ello tenemos consolidada una amplia red de atención integral mediante la coordinación con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas. Durante el año que se informa se proporcionaron más de 3 mil 150 servicios y se distribuyeron 589 mil 927 publicaciones en beneficio de la sociedad en general.

Criminalizar a los migrantes es inaceptable. En el caso de México es todavía más grave, teniendo en cuenta la arraigada e histórica tradición que siempre ha distinguido a nuestro país en esta materia.

La condición de migrante no limita el debido respeto a sus derechos humanos, por ello las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a protegerlos y hacerlos valer sin importar razones de género, edad, lugar de origen, nacionalidad o condición migratoria. Por ello, en esta materia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó 2 mil 625 visitas a estaciones migratorias y lugares de alta concentración, en los cuales se dio atención a 62 mil 403 personas y se llevaron a cabo 7 mil 59 gestiones con las autoridades, y se realizaron más de mil 300 actividades de promoción, capacitación y enseñanza.

Otro fenómeno que en muchas ocasiones se asocia a la propia condición de los migrantes es la trata de personas, que constituye una agresión directa a la libertad y dignidad del ser humano.

Desafortunadamente esta práctica, que aprovecha la situación de vulnerabilidad de las víctimas, se ha expandido y no respeta ni fronteras ni edades. A lo largo del año que se informa organizamos más de 200 acciones de capacitación con las que se benefició a 21 mil 936 personas, y se distribuyeron 32 mil 802 materiales informativos vinculados con este tema.

También se llevó a cabo la campaña contra la trata de personas en lenguas indígenas nacionales, como el chol, mazateco, mixteco, náhuatl, purépecha, tlapaneco, tzetzal, tzotzil y zapoteco. Todo esto con la finalidad de abarcar diferentes regiones del país con mayor densidad de población indígena, pero sobre todo acercarles información para que puedan defenderse de mejor manera cuando se da una vulneración a sus derechos humanos.

Durante 2012, los periodistas y defensores civiles de los derechos humanos continuaron desempeñando su labor en un ambiente adverso, en este año se registraron un total de 149 quejas, 98 correspondientes a agravios en contra de periodistas y 51 a defensores civiles de derechos humanos.

En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado para erradicar la impunidad y llevar a cabo acciones contundentes que garanticen condiciones de seguridad y prevención, para que el desempeño de los defensores de derechos humanos no se vea coartado ni amenazado por ningún tipo de circunstancia.

Del mismo modo, es urgente que las autoridades del Estado otorguen una atención a los agravios que enfrentan los periodistas y se realicen investigaciones eficaces para llevar a la justicia a los responsables y evitar que las denuncias de agresiones y abusos en contra de periodistas continúen en la impunidad.

En el ámbito de protección de los derechos humanos de la niñez, la familia, los adolescentes y las personas adultas mayores, a lo largo del año que se informa organizamos 152 actividades de promoción, contando con la participación de 22 mil 720 asistentes y distribuyendo 164 mil 269 materiales de difusión.

En lo referente a las personas que viven con VIH-Sida, es preciso señalar que esta condición de salud no debe ser motivo de estigma ni mucho menos de un trato discriminatorio, por lo que es necesario que exista una adecuada protección del derecho a la salud, con el objetivo de que se promueva también el respeto a la dignidad de las personas que viven con dicha enfermedad.

Por ello, en 2012 se impartieron diversos talleres, conferencias, cursos de capacitación en 24 entidades federativas, lo cual buscó favorecer un mayor conocimiento de este tema entre servidores públicos, activistas de derechos humanos, estudiantes, empresarios y público en general.

Las mujeres en México siguen sufriendo diversas formas de violencia y discriminación que no pueden ni deben ser toleradas. Al contrario, deben ser denunciadas y combatidas por las autoridades, organizaciones sociales, escuelas y centros de trabajo.

De igual manera, las acciones de promoción de los derechos de la mujer y la igualdad entre mujeres y hombres constituye un rubro pendiente en las políticas públicas de nuestro país. Por ello, este año se llevaron a cabo diversas actividades que lograron impactar a cerca de 50 mil mujeres, con el objetivo de poder informarlas en torno a las políticas y estrategias en materia de igualdad entre las mujeres y los hombres.

Como parte de las acciones de monitoreo, se llevaron a cabo actividades de seguimiento de las acciones gubernamentales y, sobre todo, de cómo se promueven este tipo de acciones en las leyes, en las reformas y, sobre todo, en materia de las condiciones de trabajo y de igualdad entre mujeres y hombres. A la fecha, cuatro entidades federativas no cuentan con una legislación local en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y es importante que se pueda promover el establecimiento de ese marco jurídico.

También destaca el lanzamiento de la campaña Únete por los Derechos Humanos para Eliminar la Violencia contra las Mujeres en México, que iniciamos en septiembre pasado y en la que incorporamos un conjunto de estrategias en el ámbito nacional para prevenir y eliminar este vergonzoso flagelo de nuestra sociedad, que lo mismo se da en el sector público que en el sector privado y lo mismo que en el sector educativo que, inclusive, en el ámbito familiar.

La población indígena de nuestro país con frecuencia enfrenta actos de racismo, discriminación y violencia, tanto física como emocional. Exclusión de los servicios de salud y educación, explotación laboral y limitaciones de acceso efectivo a la justicia, lo que vulnera gravemente su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo.

Durante este año visitamos 206 comunidades indígenas, 86 por ciento más que en el año 2011. Capacitamos a 18 mil 178 personas en materia de derechos humanos de la población indígena, y se distribuyeron 120 mil 639 materiales informativos para lograr que se les garantice el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades.

Especial atención requiere la niñez indígena, que aún sufre rezagos que la ubican como uno de los grupos de mayor riesgo de vulnerabilidad, por ser los menos atendidos en sus demandas, también el caso de las mujeres indígenas que solo son objeto de abusos y violaciones directas a su integridad física y moral, así como de violencia intrafamiliar y, sobre todo, de falta de atención médica adecuada.

También realizamos 68 visitas a diversos centros penitenciarios para entrevistarnos con la población indígena, analizar sus expedientes jurídicos y médicos, y brindarles orientación jurídica.

Como resultado de esto se logró la liberación de 245 personas indígenas sentenciadas que no deberían estar en prisión. En general, de los grupos étnicos náhuatl, zapoteco, tzotzil, mixteco, totonaco, mixe, mazateco y chinanteco.

En cuanto a las visitas a lugares de detención en ejercicio de las facultades del mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, este año llevamos a cabo 527 visitas a distintos lugares de detención e internamiento.

De éstas, 275 fueron de seguimiento a fin de identificar prácticas que pongan en peligro a las personas y para favorecer el mejor cumplimiento de las tareas de la autoridad, sobre todo de aquellas encargadas de custodiar ese tipo de lugares.

En 2012 también se dio a conocer el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, el cual permitió observar la lamentable situación que prevalece en el sistema penitenciario nacional.

Algunos de los principales hallazgos fueron: la falta de condiciones mínimas de dichos centros, ya que en la mayoría de ellos se carece de servicios indispensables para la vida humana, tales como el agua potable y la alimentación.

Asimismo, se pudo advertir que las condiciones de gobernabilidad son debilitadas en razón de que en 60 por ciento de los centros visitados se constató que existe un autogobierno.

Con las condiciones actuales de los centros de reinserción no habrá política de seguridad pública que dé resultados. Recuperar la seguridad pública requiere, entre otras cosas, de un sistema penitenciario articulado y funcional que cumpla con su propósito principal, que debe ser la reinserción social de las personas que están compurgando penas.

Circunstancias similares presentan los centros de reinserción social para mujeres, que están en una condición de abandono, lo que las coloca en mayor vulnerabilidad y las hace objeto de maltrato y discriminación ante una ausencia de perspectiva de género por parte de las autoridades responsables que es preciso atender de una manera prioritaria.

Otra deuda que subsiste aún en nuestro país es con las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad, éstas en términos de datos oficiales representan 5.1 por ciento de la población. Pero en términos reales nos queda claro que son poco más de 10 millones de personas que enfrentan en México algún tipo de discapacidad y que deben luchar no solo para enfrentar los retos que les plantea la vida misma sino también para superar las barreras que por ignorancia o desconocimiento les ha impuesto la sociedad y que dificultan su plena integración.

Por ello, durante 2012 realizamos 135 actividades de promoción sobre una cultura incluyente a favor de personas con discapacidad. Nos dirigimos a 17 mil 700 personas y se entregaron 75 mil 760 materiales de difusión.

Además, se llevaron a cabo 208 reuniones en todo el territorio nacional con el objetivo de involucrar a organismos de la sociedad civil, a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno en el análisis y definición de propuestas que permitan garantizar una vida en condiciones de mayor igualdad a las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad.

En el periodo que se informa, sobresale también la apertura de 216 expedientes vinculados con personas reportadas como desaparecidas, así como los más de 574 trabajos de campo y las más de 39 mil solicitudes de información realizadas por el personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a diversas autoridades.

En suma, durante 2012 la apuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue lograr una mayor prevención de violaciones a los derechos humanos. Por ello, no solo se capacitó a un número sin precedente de servidores públicos, sino que se logró publicar un total de 5 millones 797 mil 610 ejemplares de difusión en materia de derechos humanos.

La transparencia en el uso de los recursos públicos es una legítima exigencia y un sano ejercicio democrático al que todos los servidores públicos debemos contribuir. Por ello nos hemos empeñado, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en instrumentar las medidas necesarias para administrar con responsabilidad, austeridad y eficacia el presupuesto que nos ha asignado la Cámara de Diputados, optimizando el gasto, lo cual nos ha permitido rendir cuentas claras a la sociedad, pero particularmente a hacer mucho más con el presupuesto que anteriormente se destinaba.

Señor presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, señoras y señores legisladores, ante esta soberanía, con el mayor reconocimiento a la trascendente función legislativa, deseo expresar también la preocupación de algunos servidores públicos, particularmente del ámbito de la justicia, que derivó en la propuesta de cambios para eliminar el principio propersona y limitar el alcance de su contenido en el artículo 1o. de la Constitución.

Por ello, deseo formular una recomendación, no oficial, sino a título de sugerencia, pero que recoge también las preocupaciones que atañen a la labor de los organismos públicos de promoción y defensa de los derechos humanos ante una propuesta de tales características. Sobre este tema, deseo expresar que las complicaciones para llevar a la práctica un nuevo precepto constitucional es algo que a lo largo de los años se ha presentado, pero no como consecuencia de lo novedoso u avanzado de su contenido, sino propiamente por otro tipo de circunstancias y condiciones personales que enfrentan los servidores públicos que deben llevarla a la práctica, sin embargo dicha circunstancia no debe orillarnos a proponer modificaciones que impliquen retrocesos.

La reforma constitucional de 2011 constituyó uno de los más grandes avances en materia de derechos humanos desde 1917, con un contenido que representa una expansión de su cobertura para tratar de hacerlo realidad. Esta tendencia demanda buscar estrategias que permitan lograr una mayor progresividad para que se hagan efectivos y se garanticen plenamente.

Por ello, es preferible encontrar las fórmulas adecuadas para hacer efectivos los derechos derivados de tan trascendentes modificaciones constitucionales y desarrollarlos en las leyes secundarias; sumar los estándares internacionales y propiciar el fortalecimiento institucional en su diseño, pero también establecer bases que permitan la profesionalización de los servidores públicos para que estén a la altura del cumplimiento del deber que se les encomienda.

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acompañaremos aquellas propuestas que impliquen mayores derechos. Sumaremos para capacitar a los servidores públicos. Estaremos atentos ante propuestas de estas características y, sobre todo, atentos para que los servidores públicos estén en condiciones de comprender los alcances de esta importante reforma del año 2011, pero sin caer en excesos u omisiones derivados del desconocimiento de su alcance e importancia. Pero no podríamos acompañar una iniciativa que implique la limitación de derechos que ya le pertenecen al pueblo de México y que no admiten retrocesos.

Estoy seguro de que superar los grandes desafíos de la reforma 2011 será más fácil si nos une y anima la convicción de consolidar la nación en donde impere de manera plena el estado de derecho, cuyo sustento no puede ser otro sino la plena vigencia de los derechos humanos.

En esta parte ahí está el compromiso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias.

«Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.

Distinguido diputado Arroyo Vieyra:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará a los Poderes de la Unión un informe anual, me es grato remitir a usted un ejemplar del mismo que comprende las actividades realizadas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, reiterándole mi más alta y distinguida consideración.

México, DF, a 28 de enero de 2013.— Doctor Raúl Plascencia Villanueva (rúbrica), presidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que funciona para el primer receso de este primer año de ejercicio legal, es el ámbito que el Estado mexicano y la ley, ha generado a propósito de la rendición de su informe de actividades.

Serán las comisiones de ambas Cámaras, a quienes turnamos este informe, quienes aquilaten el contenido, los alcances y las limitaciones que pudiesen derivarse del mismo.

A esta Presidencia del Congreso le corresponde darle la más cordial bienvenida, ofertarle el más amplio de los agradecimientos porque —como usted bien lo ha dicho— la preservación, fomento y respeto de una cultura de derechos humanos, que deviene desde la adición del apartado B del artículo 102, hasta el trascendente cambio del artículo 1o. de la Constitución, que construimos en el año 2011, en la anterior legislatura, requiere de amplio conocimiento y convicción y, efectivamente, de que encontremos una nueva manera de ver a la luz de la nueva constitucionalidad los alcances de los derechos que se derivan de los tratados internacionales y de su sana convivencia con el texto constitucional.

Sea usted bienvenido y quiero decirle que esta Comisión Permanente se honra ,y siempre se honrará, de recibir al Ombudsman, de darle un abrazo fraterno y de decirle que tienen nuestra convicción, nuestra actitud y nuestro gusto por las políticas que ustedes ejercen. Muchas gracias.

Se ruega a la comisión acompañar al señor presidente, en el momento que él desee retirarse.

(La comisión cumple con el encargo)

REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expresa sus más sentidas condolencias al pueblo, a las familias de las víctimas y al gobierno de la República Federativa de Brasil, por la lamentable tragedia ocurrida en un centro nocturno en la ciudad de Porto Alegre, el pasado 27 de enero, que provocó la muerte de más de 230 personas, en su mayoría jóvenes.

Esta soberanía expresa al pueblo hermano de Brasil su solidaridad para enfrentar las irreparables pérdidas humanas de las mujeres y los hombres, trabajadores y estudiantes que fallecieron en estos tan lamentables sucesos.

Al expresar lo anterior, los legisladores federales mexicanos desean ratificar su compromiso más firme y enérgico con el impulso a las acciones legislativas tendientes a evitar que este tipo de hechos se vuelvan a repetir en nuestras naciones.

Asimismo manifiestan su intención por impulsar, en el seno de las asambleas parlamentarias internacionales de las cuales forman parte, posturas comunes en relación con la modernización y el respeto estricto a los marcos normativos nacionales en materia de prevención de siniestros, el aseguramiento al derecho de nuestra población joven a una diversión y esparcimiento en plenas condiciones de seguridad y de protección civil.

AUGUSTO CESAR LEAL ANGULO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el día de ayer por la mañana falleció un entrañable amigo nuestro, un diplomático, un parlamentario, un pensador, al que nosotros le tuvimos un especial afecto por haber hecho una labor diplomática como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina, en el Senado de la República.

Don Augusto César Leal Angulo fue embajador de México, fue un pensador. Pero fundamentalmente un gran y querido amigo, militante del Partido Acción Nacional.

Es por ello, y por ser un parlamentario, que me permito solicitar que le rindamos un pequeño homenaje, guardándole un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias. A su esposa Maribel Porres, le mandamos un abrazo fraterno.

REFORMA MIGRATORIA INTEGRAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula y expresa su reconocimiento al presidente Barack Obama, por el pronunciamiento del día de ayer —martes 29 de enero de 2013— efectuado en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en el que se reconoce la existencia de una coyuntura favorable y un mayor acuerdo entre las organizaciones políticas de los Estados Unidos de América para proceder a una reforma migratoria integral que permita el establecimiento de un sistema de inmigración legal, consecuente con su herencia como nación de leyes, como país de inmigrantes.

Expresamos también nuestra confianza en que cada una de las cuatro partes integrantes del apoyo de reforma delineado por el presidente Obama, contemplará, en todo momento, el ejercicio de los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados, los derechos laborales de los trabajadores establecidos, conforme a los convenios internacionales firmados por el gobierno de los Estados Unidos de América, y en lo que respecta al reforzamiento de la seguridad fronteriza, para que se lleve a cabo conforme a los principios de una relación bilateral de respeto mutuo.

Asimismo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por los acuerdos alcanzados por los senadores demócratas y republicanos para establecer las bases para la reforma del sistema de inmigración de Estados Unidos de América, y hace votos porque los esfuerzos realizados en este contexto por la administración del presidente Obama y destacados sectores del Congreso, fructifiquen y se concreten, no solo para dar nuevas esperanzas a más de 11 millones de indocumentados, que actualmente sobreviven a la sombra del derecho y de la dignidad humana, sino para consolidar un orden que promueva aún más las potencialidades de la sociedad estadounidense y contribuya a redefinir el tema de las migraciones humanas en las nuevas relaciones de la sociedad global.

En este sentido, los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso estamos convencidos de que la iniciativa del presidente Obama puede significar —de concretarse— en una reforma migratoria integral, un paso trascendental en el replanteamiento de las relaciones entre las naciones de origen, de tránsito y de destino de las fuerzas laborales migratorias, conforme a nuevos modelos de diálogo, negociación, cooperación y respeto.

Por su significación y sus consecuencias, la Comisión Permanente del Congreso se mantendrá en todo momento atenta al seguimiento de las iniciativas delineadas por el presidente Obama y a los procesos políticos y legislativos que tendrán lugar en un futuro próximo, en un ámbito de respeto a la soberanía de aquél país, y de los cuales dependerá la consecución de los grandes objetivos planteados.

Con este fin se aprovechará la intensa experiencia desarrollada en las relaciones bilaterales por ambas naciones, así como los canales de comunicación y diálogo desarrollados en el ámbito legislativo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.

INICIATIVA QUE SE RETIRA

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXII Legislatura.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en la LXII Legislatura.

Reciba por este conducto un cordial saludo, al tiempo que me permito distraerle de sus ocupaciones con el objeto de solicitarle tenga a bien returnar las iniciativas que presentó la suscrita y que se tenían contempladas para ser desahogadas en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de fecha 23 de los corrientes.

En mérito de lo anterior solicito que las iniciativas ubicadas bajo la denominación siguiente:

I. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 y se adiciona la fracción IV del artículo 217, ambos del Código Penal Federal.

II. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir la participación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el proceso de adición o reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sean reprogramadas para su desahogo en la sesión de fecha miércoles 30 de enero de la anualidad en curso, asimismo solicito sea retirada de los registros parlamentarios la iniciativa presentada en fecha 16 de los corrientes y que en su caso corresponde a la enlistada anteriormente bajo el numeral I.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de enero del 2013.— Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Comuníquese a la Cámara de Senadores. Retírense y actualícense los registros parlamentarios.

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número PRO-00857, el ciudadano Miguel Malfavón, director general adjunto del Ceremonial, encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ciudadano Miguel Ángel Marín Solís pueda aceptar y usar la condecoración medalla Mariscal Hermes-Aplicación y Estudio de Plata Dorada, y respectivo pasador con una corona, que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo y copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples del currículum vitae, de la identificación oficial y de la notificación en que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 25 de enero de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número PRO- 00855, el ciudadano Miguel Malfavón, director general adjunto del Ceremonial, encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ciudadano Miguel Ángel Marín Solís pueda aceptar y usar la condecoración Medalla Minerva, que le confiere el gobierno de la República de Chile

Por lo anterior me permito anexar, para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo y copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples del currículum vitae, de la identificación oficial y de la notificación en que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 25 de enero de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número PRO- 00844, el ciudadano Miguel Malfavón, director general adjunto del Ceremonial, encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Miguel Ángel Marín Solís pueda aceptar y usar la condecoración Medalla Antorcha a la Excelencia Académica, que le confiere el gobierno de la República de El Salvador.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo y copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples del currículum vitae, de la identificación oficial y de la notificación en que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 25 de enero de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

PERMISOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSULES HONORARIOS

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-00731, el Min. Miguel Malfavón Andrade, director general adjunto del Ceremonial, encargado de la dirección general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción IV, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa, en la ciudad de Torreón, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila y Durango.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo y del certificado de residencia, copia certificada de la carta de naturalización de dicha persona, así como copias simples’ de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República de Francia en México.

México, DF, a 25 de enero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número PRO-00863, el Min. Miguel Malfavón Andrade, director general Adjunto del Ceremonial, encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Enrique Javier Macías Rodríguez pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Polonia en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo y de la constancia de residencia, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de Polonia en México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 29 de enero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnense a la Comisión de Gobernación de la honorable Cámara de Diputados.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0118/13, la licenciada Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante ese órgano legislativo, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: María Guadalupe Cervera Velasco.

Puesto: Inspector de mantenimiento residencial.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Luis Espinosa Muñoz.

Puesto: Chofer.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Enrique Frías Moreno.

Puesto: Chofer.

Lugar de trabajo: Embajada de Libia en México.

Nombre: Jesús Humberto González Rivera.

Puesto: Chofer.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo, se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Aida Rosalinda Flores Sauza.

Puesto: Secretaria.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: René Solís Franco.

Puesto: Especialista de producción en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Beda González González.

Puesto: Auxiliar de compras e inventarios en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Octavio Macías Moreno.

Puesto: Ingeniero Supervisor en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Fanny Rocío Santiago Cárdenas.

Puesto: Secretaria en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: María Nery Núñez Villanueva.

Puesto: Jefe de Sección de Servicios Generales e Inventarios en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Carlos Martín Pérez Cruz.

Puesto: Subdirector de Ingeniería en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Lucina Grisel Alfaro Narváez.

Puesto: Subdirectora Administrativa en el Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Efraín Garduño Munguía.

Puesto: Examinador de cuentas (contador) en la Oficina de Administración Financiera.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Irene Vázquez Carrasco.

Puesto: Examinador de Cuentas (Contadora) en la Oficina de Administración Financiera.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Marcia Alejandra Montaño Gamas.

Puesto: Cajera/asistente de Visas.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Nombre: Alicia Chávez Castillo.

Puesto: Inspector Alterno de Mantenimiento.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Enrique Sosa González.

Puesto: Chofer.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: José Octavio Pérez Nava.

Puesto: Asistente legal de la Sección de OPDAT.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 25 de enero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Por lo que se refiere a los permisos constitucionales se turnan a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y de los ciudadanos que dejan de prestar servicios se remiten a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados, y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

ASOCIACION DE PROFESIONALES EN COBRANZA Y SERVICIOS JURIDICOS

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-3-214, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 100. 2013. DGVP. 036, suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a redoblar esfuerzos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos vigentes por los integrantes de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (Apcob).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 23 de enero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención del oficio número SEL/ UEL/311/3412/12, del 19 de diciembre de 2012, me permito enviar respuesta al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al presidente de la Condusef y al procurador federal del Consumidor (Profeco) a redoblar esfuerzos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos vigentes por los integrantes de la Apcob respecto a las prácticas de cobranza ajustadas a la ética.

Al respecto, la Profeco informa que sobre el particular, y en atención de lo solicitado en el resolutivo segundo del punto de acuerdo en comento, se hace de su conocimiento la información proporcionada por la Dirección General de Quejas y Conciliación de la Subprocuraduría de Servicios, con relación al cumplimiento de los acuerdos entre la Apcob y la Profeco.

El 18 de noviembre de 2010 se firmó el convenio de colaboración entre la Profeco y la Apcob, con el objetivo de procurar que las prácticas de cobranza se realizaran conforme a derecho y se llevaran a cabo con estricto arreglo a principios éticos, salvaguardando así la integridad y dignidad de los consumidores que se situaran como deudores en la relación de consumo. Dicho convenio tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011.

Ambas partes pactaron la celebración de dicho convenio a fin de establecer una comunicación constante para procurar mantener un sano desarrollo en las prácticas de cobranza. En la cláusula segunda acordaron que la procuraduría canalizaría a dicha asociación las quejas que los consumidores presentaran contra profesionales de cobranza. Así, en términos de su regulación interna, y con base en el análisis de su Comisión de Honor y Justicia, aplicaría las sanciones que considerara pertinentes a los profesionales de cobranza que resultaren culpables.

En el año de vigencia del convenio, la Profeco envió a la Apcob las reclamaciones que los consumidores presentaron ante la procuraduría, de las cuales, la asociación asignó número de expediente en 16 casos, para su debido análisis y seguimiento.

En 2012, dicho convenio dejó de surtir efectos, pero se mantuvo la comunicación constante con dicha asociación, buscando su renovación, situación que no se ha logrado aún. No obstante lo anterior, se continuó el envío de reclamaciones a dicha entidad de los consumidores que presentaron quejas ante las unidades administrativas de la Profeco. De esa forma, se asignó número de expediente en cinco casos, para su debido análisis y seguimiento.

En el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012, la Dirección de Asesoría e Información de la Dirección General de Quejas y Conciliación brindó 13 asesorías a consumidores que solicitaron intervención de la procuraduría para enviar sus reclamaciones a la asociación en comento. Sin embargo, del análisis realizado de la información se concluyó que los temas expuestos no correspondían a las malas prácticas de despachos de cobranza, por lo cual fueron canalizados a la delegación correspondiente de la Profeco, para formalizar su queja.

La Profeco continuará prestando orientación y asesoramiento a los consumidores que deseen enviar reclamaciones a la Apcob por supuestas prácticas indebidas de despachos y agentes de cobranza.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente que haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 21 de enero de 2013.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

REGLAMENTO DE LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-5-307 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-046/2013 suscrito por el maestro Gemi José González López, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la publicación del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en el Diario Oficial de la Federación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 28 de enero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/3417/12, de 19 de diciembre de 2012, mediante el cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, remite copia del punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 18 de diciembre de 2012 por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuyo resolutivo cito:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a instruir a los funcionarios que tiene dignamente a su cargo, a fin de que se publique el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en el Diario Oficial de la Federación.”

En atención a ello, me permito ofrecer la respuesta que, en términos de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obsequió el licenciado Fernando Bueno Montalvo, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, mediante oficio 1.2.304.-843, de 22 de enero de 2013, que se adjunta al presente para los fines conducentes.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 23 de enero de 2013.— Maestro Gemi José González López (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Gemi José González López, director general de Vinculación.— Presente.

Hago referencia a su oficio 1.3.-07/2013 de fecha 7 de enero de 2013, mediante el cual informa que la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, remitió copia del punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el18 de diciembre de 2012 por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, consistente en el exhorto “al titular del Ejecutivo federal a instruir a los funcionarios que tiene dignamente a su cargo, a fin de que se publique el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en el Diario Oficial de la Federación”, razón por la cual solicita a esta área jurídica la respuesta que se considere pertinente remitir a la Secretaría de Gobernación para estar en posibilidad de desahogar el compromiso derivado del punto de acuerdo en cita, en los extremos que establece el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sobre el particular esta área jurídica emite su respuesta en los términos siguientes:

“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha integrado el proyecto de Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el cual se ha sometido a la consulta pública, así como a la consideración de las dependencias de la administración pública federal competentes en razón del contenido del reglamento, por lo que actualmente la versión integrada está presentada ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y se están incorporando los últimos ajustes solicitados por dicha instancia para contar con la versión definitiva y se autorice recabar los refrendos con lo cual se estará en posibilidades de someterlo a la consideración y firma del presidente de la República para su publicación”.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de enero de 2013.— Licenciado Fernando Bueno Montalvo (rúbrica), titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

PESCA DE CAMARON

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-1-0346, signado por la diputada Patricia Elena Retamoza Vega, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.060/2013 suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a crear un grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y permisionarios de la pesca de camarón del golfo de California y delta del río Colorado, de Sonora y Baja California.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 29 de enero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SEL/UEL/311/3477/12 del 20 de diciembre de 2012 a través del cual remite punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, exhortando respetuosamente al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, a crear un grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y permisionarios de la pesca de camarón del golfo de California y delta del río Colorado, de Sonora y Baja California, a fin de que se demuestre la supuesta eficacia del nuevo arte y equipo de pesca del camarón que se quiere implementar a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993; se solicita al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable que en caso de que no se demuestre la efectividad de la red prototipo RS-INP-MEX y la nueva técnica de pesca a que se hace referencia en el primer resolutivo del presente acuerdo legislativo, se solicita la autorización a la dependencia a que implante otros procedimientos de pesca, a fin de proteger a la vaquita marina y que los pescadores ribereños del alto golfo de California y delta del río Colorado, de Sonora y Baja California, se vean beneficiados, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:

Sobre el particular adjuntamos a la presente información con las observaciones y comentarios que sobre el tema nos hizo llegar el Instituto Nacional de Pesca, mediante Atenta Nota No. DG/0023/1/2013 del 23 de enero de 2013, con el cual se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 28 de enero de 2013.— Licenciado Francisco Olvera Acevedo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Francisco Olvera, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Estimado.— Presente.

Nos referimos al oficio 112.2.035/2013 de fecha 22 de enero del presente, indicando el punto de acuerdo aprobado en la sesión del jueves 20 de diciembre de 2012, por el honorable Congreso de la Unión y signado por el maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, en el que se exhorta al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, a crear un grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y permisionarios de la pesca de camarón del golfo de California y delta del río Colorado de Baja California y Sonora, a fin de que se demuestre la eficiencia de la red prototipo.

Al respecto me es grato señalarle que el Instituto Nacional de Pesca, estará pendiente de la convocatoria del señalado comité para acudir con la información generada de la investigación realizada por este instituto, que comprendió, con base en métodos científicos y técnicos una muestra de 3,100 lances para probar la operación del arte de pesca arriba señalado, lo cual tuvo un costo para esta Institución de aproximadamente ocho millones de pesos con una duración de tres temporadas de pesca comercial, todo lo anterior permite establecer que la red RS-INP-MEX captura camarón tanto de la especie camarón azul (Litopenaeus Stylirostris) como camarón café (Farfantepenaeus Californiensis), sin capturar la vaquita marina que se distribuye en la zona del alto golfo de California y que por la baja densidad poblacional se encuentra amenazada. Estos resultados permiten considerar que el uso de la red prototipo RS-INP-MEX, ofrece una alternativa consistente para la pesca de camarón son poner en riesgo la población de la vaquita marina (Phocoena sinus).

Quedo pendiente en caso de requerirse mayor información, que con todo gusto le haremos llegar si así lo considera pertinente.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más distinguida consideración.

(Rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a las Comisiones de Marina y Transportes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

HOSPITALES DE ESPECIALIDADES MEDICAS

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-IP1A.-3767 signado por el senado José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/ 044/2013, suscrito por la licenciada Blanca Lissett Pineda Barrera, Subdirectora de Participación Ciudadana y Seguimiento de Peticiones de la Dirección General Adjunta de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a realizar los estudios necesarios enfocados a la construcción de hospitales de especialidades médicas en el país, a fin de reducir el rezago en la materia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

México, DF, a 24 de enero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL-1P1A.-3911, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DEP 0100/ 13, suscrito por la licenciada Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a un informe detallado y actualizado de los avances que se tienen en los temas que forman los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 24 de enero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL- 1P1A.- 3795, signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DG/ HMGB/ 009/ 2013, suscrito por el ciudadano Héctor M. Gómez Barraza, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo de la Secretaría de Turismo, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al proyecto en las playas Langosta y Tortugas, en Benito Juárez, Quintana Roo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 24 de enero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

PUEBLOS INDIGENAS

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPl-1P1A.-3781 signado por el senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGVI/119/2013 suscrito por Adriana González Maíz Flores, directora general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a informar sobre las políticas, programas, acciones y seguimiento en materia de inclusión de integrantes de pueblos indígenas en el ámbito laboral.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 24 de enero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Cámara de Senadores.

ARMADA DE MEXICO

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del escrito signado por el titular del Ejecutivo federal por el que somete a consideración de la honorable Cámara de Senadores la autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en una visita oficial a la Base Naval “ARC Bolívar”, ubicada en el puerto de Cartagena de Indias, Colombia, del 7 al 9 de febrero de 2013.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 25 de enero de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Consejería Jurídica del Ejecutivo Fereal.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, Jefe de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito enviar, para su presentación a la Cámara de Senadores, el comunicado por el que el Ejecutivo federal solicita autorización ésta para permitir la salida de elementos de la Armada de México.

La salida de tropas correspondiente tiene como objetivo participar en una visita oficial a la base naval “ARC Bolívar”, ubicada en el puerto de Cartagena de Indias, Colombia, del 7 al 9 de febrero de 2013, en atención a la invitación que la Armada Nacional de Colombia hiciera a la Secretaría de Marina de México.

Debido a la proximidad de las fechas en que tendrá lugar la visita respectiva, resulta importante la presentación y seguimiento del comunicado anexo a la brevedad posible para su tramitación oportuna.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 25 de enero de 2013.— Alejandro Gómez Sánchez (rúbrica), consejero adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por ser facultad exclusiva del Senado de la Republica el autorizar al Ejecutivo federal para poder permitir la salida de tropas mexicanas al extranjero y atendiendo a la importancia de su papel en el marco de las relaciones internacionales, me permito exponer a esa soberanía lo siguiente:

Como parte de la cooperación bilateral entre los Estados Unidos Mexicanos y Colombia, la Armada Nacional de Colombia realizó una invitación a la Secretaría de Marina de México para que participe en una visita oficial a la Base Naval “ARC Bolívar”, ubicada en el puerto de Cartagena de Indias, Colombia, del 7 al 9 de febrero de 2013.

La visita del buque mexicano tiene como objetivo fundamental el intercambio de conceptos de capacitación y entrenamiento, así como compartir experiencias operativas, permitiendo continuar el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países en materia naval.

De contar con la autorización de ese órgano legislativo, la Secretaría de Marina enviaría a Colombia una Patrulla Oceánica ARM “Guanajuato” (PO 153) acompañada de un helicóptero embarcado y 98 elementos de tripulación.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa Cámara de Senadores la solicitud de autorización para que el suscrito permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a efecto de que se lleve a cabo la referida visita oficial a la Base Naval “ARC Bolívar”, Cartagena de Indias, Colombia, en las fechas señaladas.

Reitero a usted, ciudadano presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil trece.— Enrique Peña Nieto (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Marina de la honorable Cámara de Senadores.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 511.1.2/ 0179, signado por el licenciado Manuel Martínez y Viveros, director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se remite información relativa a las “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2012”, correspondiente al cuarto trimestre.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido, así como de su anexo en medio magnético.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi distinguida consideración.

México, DF, a 21 de enero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace General.»

«Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Asunto: Informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública para el ejercicio fiscal de 2012.

Fundamento: Artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativo a “la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, así como la obligación de los ejecutores de gasto de reportar en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública las contrataciones realizadas”.

Seguimiento: En atención al oficio 312.A.-000161 del 10 de enero de 2013 de la Dirección General de Programación y Presupuesto B, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el que reitera el envío al Congreso de la Unión del formato de “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2012”.

Le envío en impresión y disco compacto, el formato “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2012” del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales con datos al cuarto trimestre de 2012.

Lo anterior para los efectos procedentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Licenciado Manuel Martínez y Viveros (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Senadores.

SECRETARIA DE ECONOMIA

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio No. 100.2013.DGVP.049, el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, envía el Cuarto Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2012, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U”, a cargo de esa dependencia.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, le acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en formato impreso y medio magnético.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 24 de enero de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en lo señalado por el artículo 75, fracción X, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en los artículos 181 y 285 de su Reglamento, solicito atentamente su valiosa intervención con el fin de enviar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de las comisiones correspondientes, el cuarto informe trimestral para el ejercicio fiscal 2012 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “‘U”’, a cargo de esta secretaría.

Los fondos y programas son:

• S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales).

• S017 Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad.

• S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

• S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.

• S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software.

• S214 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto).

• S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología.

• U002 Programa para la Creación de Empleo en Zonas Marginadas.

• U003 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales.

• U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera (Fondo Pro México).

• U005 Fondo Sectorial de Innovación.

No omito señalar que en apego al artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los resultados deben presentarse a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, término que para el presente caso se cumple el 25 de enero de 2013.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de enero de 2013.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, a sus órdenes.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (desde la curul): Quisiera hacer un planteamiento a esta Comisión Permanente, sobre un punto de acuerdo que tomamos ya hace cuatro semanas y que no nos han dado respuesta las autoridades a las que dirigimos este punto de acuerdo.

Ya hoy, al concluir nuestros trabajos quiero hacerlo, porque en principio me parece que este Poder Legislativo no puede ser ignorado sin ninguna atención a lo que señalamos en éste y con este gran esfuerzo que todos nosotros hacemos para representar dignamente...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿A qué tema se refiere, diputado?

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (desde la curul): Particularmente a la construcción y operación del centro comercial Dragon Mart, en Quintana Roo, particularmente en Benito Juárez.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia instruye a la Secretaría, de tal suerte de exhortar a las autoridades a quienes fueron dirigidos estos exhortos, para que refieran el cumplimiento del punto de acuerdo en los términos en los que fue aprobado.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (desde la curul): Sí, para que no pasen como los llamados a misa, que cada quien los atiende cuando quiere y como quiere. Muchas gracias, compañero presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así lo haremos.

Señores, esta Presidencia saluda a compañeros amigos Voladores de Papantla, que están aquí presentes, porque vienen a hacer gestiones para hacer reclamaciones, que les parecen válidas, ante funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Comisión de Derechos Indígenas. Esperamos que sus gestiones prosperen con éxito. Sean ustedes bienvenidos.

Continúe la Secretaría.

TIEMPOS OFICIALES DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número SNM/035/2013, el licenciado Eduardo Sánchez Hernández, subsecretario de Normatividad de Medios, envía el informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, correspondiente al sexto bimestre de 2012.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en él se citan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 28 de enero de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales que corresponde administrar a la Dirección General de RTC, así como a los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, que esta Subsecretaría de Normatividad de Medios remite de manera bimestral, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012.

Sobre el particular, y en atención a lo dispuesto en la fracción X del artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitirle el informe de utilización de tiempos oficiales correspondiente al sexto bimestre del año 2012, así como el informe de los programas y campañas correspondientes al ejercicio fiscal de 2012, con la súplica de que por su amable conducto sea remitido a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

Aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Atentamente

México, DF, a 23 de enero de 2013.— Licenciado Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

PROGRAMAS DE PROTECCION A MIGRANTES

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Instituto Nacional de Migración.

Cámara de Diputados.— Presente.

Me refiero al artículo 60 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 publicado en el diario oficial el día 12 de diciembre de 2011, a través del cual solicita sean reportados los informes trimestrales de carácter público que contenga los programas de protección a migrantes referentes a:

a) Grupos Beta de Protección al Migrante

b) Programa de Repatriación Humana

c) Programa Paisano

d) Oficiales de Protección a la Infancia.

Al respecto me permito enviarle la información del cuarto trimestre, así como el acumulado al cuarto trimestre de 2012.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de enero de 2013.— Licenciado José Luis García Olvera (rúbrica), director general de Administración.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones de Asuntos Migratorios y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción XXXIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en representación de la Junta de Gobierno y Administración de este Órgano Jurisdiccional, me permito presentar a usted, la memoria anual de funcionamiento de este Tribunal, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

En la referida memoria anual encontrará a su disposición toda la información relativa a las actividades jurisdiccionales y administrativas desarrolladas durante ese año, así como los importantes objetivos y metas alcanzados por este Tribunal, todo ello en beneficio de la impartición de justicia contencioso-administrativa federal y de la sociedad mexicana.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 28 de enero de 2013.— Juan Manuel Jiménez Illescas (rúbrica), Magistrado Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presentes.

Me permito remitir a ustedes, para atención de la honorable Comisión Permanente, la memoria anual de funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Atentamente

México, DF, a 28 de enero de 2013.— Senador José Rosa Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Remítase a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, para consulta de los ciudadanos diputados y a la Cámara de Senadores.

BANCO DE MEXICO

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Banco de México.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51, fracción I, de la Ley del Banco de México, informo a ustedes sobre el presupuesto de este instituto central, correspondiente al ejercicio de 2013.

El presupuesto del banco está estructurado en dos apartados: el primero respecto del gasto corriente e inversión en activos fijos y el segundo representa a la inversión en activo circulante.

• Presupuesto de gasto corriente e inversión en activos fijos

Gasto Corriente. Comprende las erogaciones que se destinan al pago de remuneraciones y servicios al personal, así como a cubrir los demás gastos de carácter administrativo, incluyendo la recolección y destrucción de billete.

Inversión en Activos Fijos. Prevé las erogaciones cuyo fin es la adquisición, construcción, ampliación, adaptación y mejoras de bienes inmuebles, así como para la adquisición de mobiliario, equipo, vehículos y maquinaria, incluyendo aquellos necesarios para la fabricación de billetes.

• Presupuestó de inversión en activo circulante

Producción y provisión de billete. Corresponde a las erogaciones por adquisición de materia prima, pago de mano de obra y otros gastos relacionados con la fabricación y colocación primaria de billete, incluyendo los artículos para empaque de billete nuevo.

Adquisición y provisión de moneda metálica. Incluye el costo de adquisición de la moneda metálica, sus artículos para empaque, gastos asociados y los de colocación primaria.

El artículo 46, fracción XI, de la Ley del Banco de México establece que la Junta de Gobierno al aprobar el presupuesto de este instituto central debe hacerlo de conformidad con el criterio de que la evolución del citado presupuesto guarde congruencia con la del Presupuesto de Egresos de la Federación. En este sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados para 2013 implica un crecimiento de 3.1 por ciento en términos reales respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para 2012.

Este criterio de congruencia se observó de manera estricta en la elaboración y aprobación del presupuesto del Banco de México y en adición se utilizaron los mismos factores macroeconómicos de inflación y tipo de cambio del peso respecto del dólar americano, considerados en los “Criterios Generales de Política Económica correspondientes a la iniciativa de la Ley de .Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013”.

Hechas las consideraciones anteriores, informo a ustedes que la Junta de Gobierno en sesión de fecha 10 de enero de 2013, conforme a las facultades que le confiere la Ley del Banco de México en el artículo 46, fracción XI, aprobó el presupuesto de la institución, para el ejercido financiero que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, el cual asciende a 5 mil 539.0 millones de pesos, equivalente a una disminución de 4.2 por ciento en términos reales respecto al presupuesto autorizado 2012, conforme los siguientes apartados:

I. Gasto corriente e inversión en activos fijos, asciende a 3 mil 284.0 millones de pesos, correspondiendo 2 mil 933.4 millones de pesos al gasto corriente y 350.6 millones de pesos al activo fijo.

Con relación al presupuesto autorizado modificado de 2012, presenta un crecimiento de 2.9 por ciento en términos reales.

II. Inversión en activo circulante, asciende a 2 mil 255.0 millones de pesos, integrado por 1 mil 250.1 millones de pesos para la producción de billete y 1 mil 4.9 millones de pesos para la adquisición de moneda metálica.

Con relación al presupuesto autorizado modificado de 2012 presenta un decremento de 12.9 por ciento en términos reales.

En los 5 anexos que acompañan al presente, se desglosa la información concerniente al presupuesto 2013 del Banco Central.

Nota:

1 Durante 2012, el presupuesto sufrió modificaciones en su composición, sin afectarse el monto global de éste, es por ello que, en los incisos I y II se hace referencia al presupuesto autorizado modificado.

Atentamente

Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica), Gobernador.»

«Banco de México.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, fracción I, de la Ley del Banco de México, envío a la honorable Comisión Permanente la exposición sobre la política monetaria que el Banco de México se ha propuesto seguir en el ejercicio 2013.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Ciudad de México, Distrito Federal, a 30 de enero de 2013.— Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica).»

«Banco de México.

Programa Monetario 2013

1. Programa Monetario para 2013

El Artículo 51 de la Ley del Banco de México establece que cada año en el mes de enero el Banco Central deberá enviar al Ejecutivo federal y al honorable Congreso de la Unión una exposición de los lineamientos a seguir en cuanto a la conducción de la política monetaria para el año correspondiente. En cumplimiento con dicha normatividad a continuación se exponen las directrices para la política monetaria durante 2013.

Con la finalidad de dar cumplimiento al mandato constitucional de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, en 2001 el Banco de México adoptó un régimen de objetivos de inflación como marco para conducir la política monetaria. Específicamente, el Banco de México se ha planteado como objetivo permanente alcanzar y mantener una inflación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de 3 por ciento.

Sin embargo, debido a que hay una amplia gama de factores fuera del control de la autoridad monetaria que en el corto plazo inciden sobre el comportamiento de la inflación, el Banco de México ha definido un intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual alrededor del objetivo permanente de inflación de 3 por ciento. Es importante enfatizar que dicho intervalo no debe ser interpretado como uno de indiferencia por parte del Instituto Central ante distintas realizaciones de la inflación general dentro del mismo. En congruencia con lo anterior, las medidas de política monetaria que adopta este Instituto Central están orientadas a la consecución del objetivo de inflación recién descrito.

El mandato constitucional que establece como objetivo prioritario del Banco de México la procuración de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, se fundamenta en importantes razones derivadas de los múltiples costos económicos y sociales asociados con un ambiente inflacionario. Entre estos costos se pueden mencionar los siguientes:

1. La inflación es un impuesto regresivo, ya que la disminución del poder adquisitivo del dinero afecta en mayor medida a los sectores de menores recursos, los cuales mantienen una mayor proporción de su ingreso en efectivo. Es decir, la inflación afecta más a los que menos tienen.

2. En un entorno de inflación elevada, los agentes económicos realizan ajustes de precios frecuentes e irregulares, los cuales dificultan la extracción de señales de los precios relativos. Ello propicia una asignación ineficiente de recursos en la economía, lo que en última instancia se traduce en una menor competitividad de la misma.

3. Un contexto de inflación alta y volátil provoca que se reduzcan los horizontes de planeación de los agentes económicos, lo que afecta significativamente sus decisiones de largo plazo, entre las que figuran las de ahorro e inversión, lo que a su vez afecta negativamente el crecimiento potencial de la economía.

Al considerar los diversos costos y distorsiones que causa la inflación, es claro que la procuración de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional no es un objetivo que se contraponga al del crecimiento económico. Por el contrario, de acuerdo con la evidencia empírica, episodios de inflación elevada tienden a coincidir con periodos de bajo crecimiento e incluso de contracción en la actividad productiva. Ello ha ocurrido de manera muy marcada en México en el pasado. Lo anterior obedece a que las distorsiones que genera la inflación se intensifican cuando ésta es elevada y por consiguiente pueden llegar a tener un efecto considerable sobre el crecimiento. Asimismo, dichos costos tienden a moderarse cuando la inflación es baja y estable, generando un entorno propicio para la realización de actividades productivas. Sin embargo, es importante enfatizar que a pesar de que la estabilidad de precios es favorable para la actividad económica, ésta no es suficiente para generar un crecimiento elevado y sostenido. Para esto último se requiere, en adición a un ambiente de inflación baja y estable:, una estructura de incentivos que promueva la productividad y competitividad de la economía.

Como ha señalado este Instituto Central en el pasado, avanzar en el proceso de reformas estructurales en México permitiría aumentar el crecimiento potencial de la economía. Este último corresponde al nivel de crecimiento de la producción agregada donde derivado de la operación de las empresas no se presentan presiones inflacionarias sobre los precios de los factores ni sobre los precios de los bienes y servicios que pongan en riesgo el entorno de inflación baja y estable. Así, la implementación de las referidas reformas haría posible que la economía del país alcance tasas de crecimiento más elevadas sin que ello genere presiones inflacionarias.

Tomando en consideración las razones aquí expuestas y dada la importancia de un entorno de estabilidad de precios para la actividad económica y, en general, para el bienestar de la sociedad, en el Programa Monetario para 2013 la Junta de Gobierno del Banco de México ratifica su compromiso de mantener una política monetaria cuya prioridad invariable sea precisamente la preservación del poder adquisitivo de la moneda nacional.

Las acciones de política monetaria inciden sobre la economía y, en particular, sobre el proceso de formación de precios, con ciertos rezagos, los cuales son largos y variables. En estas circunstancias el Instituto Central debe tomar sus decisiones a partir de una evaluación cuidadosa y detallada de la coyuntura económica, tomando en consideración las condiciones monetarias y financieras prevalecientes en la economía, así como las perspectivas para la inflación.

Para preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional, la política monetaria debe responder oportunamente a los diferentes choques que afectan a la economía y a la inflación, tanto en el presente como en un horizonte más amplio. Así, el Banco de México ajusta la política monetaria de acuerdo a las condiciones económicas prevalecientes y al tipo de presiones inflacionarias, en particular cuando se percibe que la inflación esperada se desvía de manera sostenida del objetivo permanente de 3 por ciento anual.

En lo referente a las presiones inflacionarias por el lado de la demanda, éstas se presentan cuando el gasto agregado aumenta a una tasa mayor que la del crecimiento potencial de la economía durante un periodo prolongado. Dicho exceso de demanda da lugar a presiones inflacionarias. Es decir, afecta al alza la tasa de crecimiento de los precios de un gran número de bienes y servicios. En dicho escenario, las expectativas de inflación tenderían a ajustarse al alza, lo que podría generar una retroalimentación entre la inflación, sus expectativas y los incrementos salariales, que previsiblemente daría como resultado que la inflación se desvíe de manera sostenida del objetivo permanente de 3 por ciento.

Es importante señalar que el que la brecha de producto muestre un valor positivo no es una condición suficiente para que la economía experimente presiones inflacionarias por el lado de la demanda. La identificación de presiones de este tipo requiere del análisis detallado de una gran cantidad y variedad de indicadores económicos, que proporcionan información sobre la evolución de los distintos componentes del gasto y de la actividad económica. Una situación en la que un gran número de estos indicadores sugiera un crecimiento persistente y significativo del gasto por arriba del crecimiento potencial de la economía, apuntaría a la presencia de presiones inflacionarias por el lado de la demanda.

Ante una situación como la antes descrita, sería recomendable que el Instituto Central restringiera la postura de política monetaria. En particular, el Banco Central incrementaría el objetivo para la tasa de interés de referencia, lo que contribuiría a moderar las presiones sobre la inflación antes referidas a través de diversos canales. Estos operan con mayor o menor intensidad en función de las características de la economía, así como de la credibilidad en la política monetaria. En particular, cambios en la tasa de interés de referencia afectan, entre otras, a variables como las tasas de interés a diferentes plazos, el crédito, los precios de los activos, el tipo de cambio y las expectativas de inflación de los agentes económicos. A continuación se describen con más detalle los canales de transmisión de la política monetaria:

Cuando la autoridad monetaria modifica el objetivo para la tasa de interés de referencia, afecta las condiciones bajo las cuales abastece de liquidez al mercado de dinero. Ello con el propósito de que la tasa antes referida se ubique en el objetivo que se ha planteado. Asimismo, al modificar las condiciones de, liquidez, las tasas de interés de corto plazo tienden a. responder rápidamente y a moverse en la misma dirección en que el Instituto Central modificó el objetivo para la tasa de referencia. Así, al restringir la postura de política monetaria, las tasas de interés de corto plazo aumentan.

En lo referente a las tasas de interés de mayor plazo, éstas también tienden a verse afectadas cuando el Instituto Central modifica la postura de política monetaria, aunque en menor medida que la tasa de referencia. En términos generales, el impacto sobre las tasas de interés a diferentes plazos depende, principalmente, de tres factores: 1) la trayectoria de las tasas de interés de corto plazo esperada por los agentes económicos; 2) las expectativas de inflación de largo plazo; y, 3) las primas de riesgo determinadas en los mercados financieros. A su vez, estos elementos se ven influidos por el grado de credibilidad que tenga el Banco Central respecto de su compromiso y capacidad para mantener un entorno de inflación baja y estable. En la medida en que dicha credibilidad sea mayor, las tasas de interés de mayor plazo tendrán menores presiones al alza ante aumentos en la tasa de interés de referencia. Lo anterior, como resultado del anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazo. Así, ante incrementos en la tasa de referencia podría observarse un “aplanamiento” de la curva de rendimientos, donde inclusive se podrían registrar disminuciones en las tasas de interés de mayor plazo.

Diversos rubros del gasto agregado dependen de las tasas de interés reales esperadas. En la medida en que los cambios en las tasas de interés nominales inducidos por las acciones de política monetaria se reflejen en cambios en las reales, el gasto se vería afectado. Por ejemplo, un aumento en la tasa de interés real afecta las decisiones de ahorro e inversión de los hogares y de las empresas. En particular, los primeros tendrían mayores incentivos para posponer sus gastos de consumo. Por su parte, las empresas enfrentarían un mayor costo de capital para financiar sus actividades y proyectos de inversión. Estos efectos tienden a moderar el ritmo de expansión de la demanda agregada, contribuyendo a atenuar las presiones sobre la inflación. En este sentido, un primer canal de transmisión de la política monetaria corresponde al impacto directo de mayores tasas de interés, en particular de las reales, sobre el gasto agregado en la economía.

Aunado a lo anterior, la política monetaria también afecta el acceso al crédito de los agentes económicos, es decir, puede contribuir a contraer o expandir el ritmo de crecimiento del crédito en la economía. Al modificar la postura de política monetaria, el Instituto Central puede incidir en la disponibilidad y en los términos sobre los que se contratan los créditos. Ello amplifica los efectos previamente mencionados de la política monetaria sobre la economía. En particular, existen dos posibilidades: el canal del crédito bancario y el canal amplio de crédito. En relación al primero, cabe señalar que los agentes económicos que están dispuestos a contratar créditos a mayores tasas de interés son aquellos que, por lo general, están dispuestos a emprender proyectos más riesgosos. Bajo estas condiciones, los bancos pueden decidir restringir el otorgamiento de financiamiento en la medida en que perciban esta situación.

La evolución del crédito también puede verse afectada por un canal más amplio. Cambios en las tasas de interés pueden afectar la posición financiera de las empresas. En particular, mayores tasas de interés pueden reducir los ingresos netos esperados de las mismas, así como afectar su balance de activos y pasivos, de tal manera que su capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros disminuya y por consiguiente que su riesgo aumente. Bajo estas circunstancias, tendrían que pagar una prima de riesgo adicional por pedir prestado. 3 Ante ello, el menor monto de crédito contratado contribuye a moderar el gasto en la economía y con ello las presiones de demanda agregada sobre los precios.

Otro canal dentro del mecanismo de transmisión de la política monetaria es el referente al precio de los activos. Cambios en las tasas de interés pueden incidir sobre la evolución del gasto agregado y, en última instancia, sobre la inflación, mediante su impacto a través del precio de activos, como son los valores de deuda, tanto públicos como privados, las acciones y los bienes raíces. En general, cuando las tasas de interés aumentan, los precios de los activos financieros y reales disminuyen. Ello se debe a que el valor presente de sus rendimientos futuros esperados, que corresponde al valor de dichos activos, es menor mientras mayores sean las tasas de interés, ya que los rendimientos futuros de estos activos se descontarían usando una tasa de interés más elevada. Los menores precios de los activos tienden a moderar el gasto de los agentes económicos debido, primordialmente, a un efecto riqueza, lo que tiende a atenuar las presiones sobre la inflación. Cabe mencionar que la relevancia de este canal es más importante en economías con mercados financieros más desarrollados.

Las acciones de política monetaria también pueden afectar a la economía y, en particular, a la inflación, mediante el canal del tipo de cambio. Cuando las tasas de interés domésticas se incrementan respecto a las tasas prevalecientes en el exterior, permaneciendo lo demás constante, los activos financieros domésticos se hacen relativamente más atractivos. Ello, en el contexto de una economía pequeña y con libre movilidad de capitales, propicia que, en el margen, el tipo de cambio tienda a apreciarse debido al aumento relativo en la demanda por activos financieros denominados en moneda nacional en relación con aquellos denominadas en moneda extranjera. A su vez, un ajuste cambiario puede tener efectos sobre la economía, principalmente, mediante dos canales de transmisión: uno de demanda y otro de oferta. Por el lado de la demanda, una apreciación cambiaria tiende a encarecer los bienes domésticos respecto a los bienes producidos en el exterior. Este cambio en precios relativos provoca una reasignación del gasto de los primeros hacia los segundos, lo que se traduce en una menor demanda agregada, que coadyuva a moderar las presiones sobre la inflación. En cuanto al canal de oferta, las fluctuaciones cambiarias modifican el precio en moneda nacional de los insumos y bienes de capital importados, lo que incide sobre los costos de producción de las empresas. Así, una apreciación cambiaria disminuye los costos de aquellas empresas que usan insumos y bienes de capital importados, lo que contribuye a moderar las presiones sobre los precios internos y por lo tanto sobre la inflación.

Por último, las acciones de política monetaria también ejercen una influencia sobre la economía mediante su efecto sobre las expectativas de inflación. A través de los anuncios realizados por el Instituto Central, éste envía señales a los agentes económicos acerca de la postura de política monetaria. Por ejemplo, en un contexto de presiones inflacionarias una restricción monetaria puede interpretarse como una acción que refuerza el compromiso del Banco Central con el objetivo de una inflación baja y estable, por lo que puede contribuir a moderar las expectativas de inflación. A su vez, las expectativas de inflación pueden incidir sobre la inflación observada, ya que los ajustes en precios que efectúan los agentes económicos dependen, en gran medida, de la inflación que esperan prevalezca en el futuro. Este mecanismo opera de manera similar en la determinación de los salarios en la economía. Sin embargo, como se mencionará más adelante, la efectividad de este canal depende, primordialmente, de la credibilidad de que goce la autoridad monetaria.

Las presiones sobre la inflación también pueden provenir por el lado de la oferta cuando tienen lugar cambios en precios relativos, que se caracterizan por ser cambios en los precios de pocos bienes y servicios, temporales y no generalizados. En términos generales, cuando las presiones inflacionarias provienen de perturbaciones de oferta no es recomendable que el Banco Central restrinja las condiciones monetarias para tratar de contrarrestarlas. Como se mencionó, dichas perturbaciones corresponden a cambios en precios relativos, los cuales, en principio, dan lugar a incrementos de una sola vez en el INPC, que se traducen en un aumento transitorio de la inflación medida a través de dicho índice. Por ejemplo, en un mes en particular la producción de ciertos productos agropecuarios puede verse seriamente afectada por factores climatológicos o sanitarios. Ejemplo de esto último es el choque que derivó de la epidemia de influenza aviar que afectó la producción de huevo en México de manera importante durante el segundo semestre de 2012. Ante un escenario como el descrito, es de! esperar que la escasez de los bienes en cuestión se traduzca en un incremento en sus precios respecto a los precios del resto de los bienes y servicios en la economía. En la medida en que los precios de los bienes agropecuarios afectados por acontecimientos climatológicos o sanitarios adversos formen parte del cálculo del INPC, se observaría un ajuste al alza en este último. Lo anterior, como se mencionó, provocaría un repunte transitorio de la inflación. Esto debido a que sería de esperarse que en periodos posteriores mejoren las condiciones climatológicas o sanitarias y, por lo tanto, se registre una recuperación en la producción de dichos bienes y una disminución de sus precios que inclusive, podrían regresar a niveles similares a los observados antes del incremento con su correspondiente efecto sobre la inflación. En estas condiciones, acciones restrictivas de política monetaria tendrían un impacto no deseado sobre la economía pues restringirían el gasto y el crecimiento de la economía para contrarrestar una presión inflacionaria que en principio se corregiría por sí misma.

En presencia de un choque de oferta, los efectos sobre la inflación antes descritos se conocen como efectos de primer orden. En adición a éstos conviene hacer referencia a los llamados efectos de segundo orden, los cuales a diferencia de los primeros pueden dar lugar a presiones generalizadas sobre la inflación. Esta distinción es particularmente relevante, ya que las consideraciones previamente expuestas, en particular la recomendación de no modificar la postura de política monetaria, se refieren a una situación en la cual los efectos de primer orden no dan lugar a efectos de segundo orden.

Los efectos de segundo orden se presentan cuando ante un repunte en la inflación debido a un cambio en precios relativos, los agentes económicos ajustan sus expectativas de inflación al alza. En la medida en que las mayores expectativas de inflación se incorporen en el proceso de determinación de precios y salarios, se observarían aumentos no sólo en los precios de aquellos bienes directamente afectados por el choque de oferta, sino también en los precios del resto de los bienes y servicios en la economía a través del aumento en las expectativas de inflación. Esta contaminación del proceso de formación de precios en la economía podría ocurrir en casos en los que el compromiso del Banco Central con la estabilidad de precios no sea del todo creíble y donde, por consiguiente, las expectativas de inflación no se encuentren bien ancladas. Ante tal circunstancia, el control de la inflación estaría en riesgo, por lo que en dicho caso el Instituto Central tendría que restringir la postura de política monetaria para evitar que las perspectivas sobre la inflación y la evolución de ésta sigan deteriorándose.

Como se ha mencionado en diversas publicaciones del Instituto Central, los cambios en precios relativos asociados a la depreciación cambiaria en 2011 ya factores climáticos y sanitarios en 2012, propiciaron que la política monetaria enfrentara una coyuntura particularmente complicada. La ocurrencia de una serie de choques de oferta persistentes y sucesivos condujo a un repunte de la inflación entre mayo y septiembre de 2012. En este contexto, el Banco de México a través de los Anuncios sobre la Decisión de Política Monetaria, las Minutas sobre las Reuniones de la Junta de Gobierno referentes a la Decisión de Política Monetaria y los Informes sobre la Inflación, expresó su preocupación sobre la situación antes descrita y reafirmó su compromiso con su objetivo de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.

Es importante destacar que a pesar de los choques de oferta que experimentó la economía de nuestro país, el proceso de determinación de precios y salarios en la economía no se vio afectado. Inclusive, la inflación mostró un cambio de tendencia a partir de septiembre de 2012 que se consolidó en la parte final del año y, ele hecho en diciembre la inflación general anual se ubicó dentro del intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual alrededor de la meta de 3 por ciento. Al hecho de que durante este episodio las expectativas de inflación se hayan mantenido ancladas, especialmente las de mediano y largo plazo, y 110 se hayan observado aumentos generalizados y desproporcionados en los indicadores de incrementos salariales contribuyó, de manera fundamental, la credibilidad, cada vez mayor, de que goza el Instituto Central. Esta mayor credibilidad de la política monetaria en México contribuyó, entre otras cosas, a moderar el impacto de fluctuaciones cambiarías y de aumentos en los precios internacionales de las materias primas en los precios al consumidor en México.

Ello se ha documentado en trabajos de investigación elaborados en el Banco de México y en las publicaciones periódicas de la Institución.

La credibilidad en el Banco de México no puede darse por sentada. Por consiguiente, es de primordial importancia refrendar el compromiso firme del Instituto Central por alcanzar y preservar el objetivo permanente de 3 por ciento para la inflación. Para ello, un aspecto fundamental es seguir manteniendo una adecuada comunicación con el público, tal y como lo ha expresado en repetidas ocasiones la Junta de Gobierno de este Instituto.

Teniendo en consideración todos los elementos que se han expuesto en este Programa Monetario, durante el presente año el Banco de México se mantendrá atento al comportamiento de la inflación y de sus determinantes. Ello con la finalidad de que, en caso de que sea pertinente, pueda adoptar las medidas de política monetaria de manera oportuna y así fortalecer el anclaje de las expectativas de inflación, prevenir una posible contaminación en el proceso de formación de precios y no comprometer la convergencia de la inflación al objetivo permanente del 3 por ciento. De esta manera, el Banco de México cumplirá con su mandato constitucional de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.

Notas:

1. Cabe señalar que como la inversión depende primordialmente de las tasas de interés de mayor plazo, si el incremento en la tasa de corto plazo aplana la curva de rendimientos, el Impacto sobre los gastos de inversión es menor. Para que se produzca este resultado se requiere, cuando menos, que las acciones del Banco Central coadyuven a mantener las expectativas de inflación ancladas.

2. Esto obedece a la presencia de diversas fricciones en los mercados financieros. En particular, al hecho de que los acreedores tienen información imperfecta sobre los deudores. Es decir, no son capaces de observar perfectamente la capacidad y disponibilidad de pago de éstos últimos, ni de monitorear perfectamente el comportamiento de éstos una vez que se les ha otorgado un crédito.

3. El incremento en las tasas de interés puede afectar los balances de las empresas al reducir el flujo de efectivo. Asimismo, mayores tasas de interés se asocian con disminuciones en los precios de los activos, lo que reduce el valor de las garantías ofrecidas e incrementa los problemas de información asimétrica entre acreedores y deudores.

4 Ver recuadro “Impacto del Brote de Influenza Aviar en la Producción y Precios del Huevo”, que publicó el Banco de México en el Informe sobre la Inflación Julio-Septiembre 2012.

5 Ver el Capítulo Técnico “Traspaso a Precios de Perturbaciones al Tipo de Cambio” en el Informe sobre la Inflación Enero-Marzo 2011 y el Recuadro .Consideraciones sobre el Impacto de las Fluctuaciones de los Precios Internacionales de las Materias Primas en los Precios al Consumidor en México en el Informe sobre la Inflación Abril-Junio 2012.»

Presidencia de la senadora Hilda Esthela Flores Escalera

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Remítanse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar se· me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como Diputado Federal por el IV Distrito con cabecera en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a partir del 1o. de febrero de 2013.

Lo anterior, en el ejercicio que me concede la fracción 11 del artículo 35 de nuestra Constitución, para estar en condiciones de participar en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional para contender por la candidatura de la alcaldía de Saltillo, capital de mi Estado.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva prestar a la presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2013.— Diputado Fernando de las Fuentes Hernández (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el IV distrito electoral del estado de Coahuila, a partir del 1 de febrero del año en curso. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, secretario. Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, inciso C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 30, fracción V, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a esa soberanía a efecto de solicitar el permiso constitucional necesario, a efecto de poder aceptar y usar la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú, la cual me será conferida conjuntamente con otros Presidentes de Congresos Latinoamericanos en un acto solemne en el marco de la Reunión de los Presidentes de los Parlamentos de los países miembros de la Alianza del Pacífico, a celebrarse en la ciudad de Lima, Perú, los días 13 y 14 de febrero del presente año.

Reitero a las señoras y señores legisladores integrantes de esa Comisión Permanente, las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 28 de enero de 2013.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-00577, el embajador Alfredo Pérez Bravo, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano José Ángel Gurría Treviño, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Diplomático, en grado de primera clase medalla Gwangwha, que le confiere el Gobierno de la República de Corea.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración al expediente respectivo, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 25 de enero de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la asamblea si se consideran de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se consideran de urgente resolución, se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se consideran de urgente resolución, se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato. Proceda la Secretaría a dar lectura a los proyectos de decreto.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Arroyo Vieyra para aceptar y usar la Condecoración Medalla de Honor, que le confiere el Congreso de la República del Perú.

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Ángel Gurría Treviño, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Servicio Diplomático, en grado de Primera Clase Medalla Gwangwha, que le confiere el gobierno de la República de Corea.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Están a discusión los proyectos de decreto. Aquí tengo la solicitud del uso de la palabra de parte del vicepresidente Martínez Martínez, para reservarse el primero, del diputado Arroyo. Muy bien; entonces, le concedemos el uso de la voz.

El senador José María Martínez Martínez: De manera muy breve. Le agradezco, senadora presidenta, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar el reconocimiento que se hace al Congreso mexicano, en particular a la trayectoria, el desempeño que ha tenido un decano en la vida parlamentaria de este país, el diputado Arroyo Vieyra. Nuestras felicitaciones. Enhorabuena. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias y muy de acuerdo. Nuestro reconocimiento. Por tanto, no habiendo nadie más registrado para hacer uso de la palabra, se reservan para su votación nominal en conjunto.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dos dictámenes con proyecto de decreto de la Primera Comisión de Trabajo, que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados otorgan gobiernos extranjeros.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Martha Beatriz Navarro García para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz, que le otorga el gobierno del reino de España

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente, el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión celebrada el 16 de enero del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Martha Beatriz Navarro García, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Merito Civil, en grado de Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que la peticionaria acreditó su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La Primera Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del Apartado C del artículo 37 constitucional se somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana Martha Beatriz Navarro García, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 23 de enero de 2013

La Primera Comisión – Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Luis Ángel Espinosa Cházaro, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Ricardo Cantú Garza;senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza, Mario Martín Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar Bravo.»

«Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Plácido Arango Arias para aceptar y usar la condecoración de la Orden Civil de Alfonso X, El Sabio, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del reino de España

Honorable Asamblea

La Primera Comisión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión celebrada el 23 de enero del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Plácido Arango Arias, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que el peticionario acreditó su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento. La solicitud no implica la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del Apartado C) del artículo 37 Constitucional; somete a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Plácido Arango Arias, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Civil de Alfonso X, El Sabio, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 28 de enero de 2013.

La Primera Comisión – Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica en sustitución de la diputada Adriana Fuentes Téllez), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica en sustitución de la diputada Lourdes Quiñones Canales), Luis Ángel Espinosa Cházaro, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza (rúbrica); senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria quedan de primera lectura.

En virtud de que los dos dictámenes de la Primera Comisión se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se dispensa la segunda lectura. Están a discusión los dictámenes en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de estos proyectos de decreto y los anteriormente reservados.

En total, estaríamos votando los cuatro proyectos de decreto, solamente para dejar en claro. Gracias, secretario.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En cumplimiento de la indicación de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de estos proyectos de decreto y los anteriormente reservados. Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

(Votación nominal)

Se va a proceder a recoger la votación de los integrantes de la Mesa Directiva.

(Votación nominal de la Mesa Directiva)

¿Falta algún legislador de emitir su voto? Señora presidenta, se emitieron 29 votos en pro y 1 abstención.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Aprobados en lo general y en lo particular por 29 votos los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con puntos de acuerdo de la Primera Comisión. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Por instrucciones de la ciudadana presidenta, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados. Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Ciudadana presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se autoriza.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar por la Sagarpa los programas de apoyo de la agricultura en Comondú y Mulegé, Baja California Sur, para superar el desastre agrícola de la zona por las heladas registradas en días recientes

Honorable Asamblea

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 171, 172, 173, 174, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión celebrada el 23 de enero de 2013, el senador Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo federal emita la declaratoria de emergencia para los municipios de Comondú y Mulegé de Baja California Sur, así como su intervención mediante programas federales para mitigar la emergencia agrícola.

2. En esa fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de la Comisión Permanente para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

El senador que suscribe la proposición que se trata expone que las heladas que los municipios de Mulegé y Comondú han padecido han derivado en la pérdida total de las cosechas del ciclo otoño-invierno de sorgo y maíz.

De igual forma, el legislador señala que a pesar de la importancia que representa la agricultura para la entidad, los programas diseñados desde la federación para dicho rubro no han sido consolidados, lo que no ha permitido su desarrollo pleno.

Consideraciones

1. En los municipios de Comondú y Mulegé, de Baja California Sur, en días recientes se han registrado heladas que han afectado más de 600 hectáreas de cultivos, particularmente en el valle de Santo Domingo y en el valle de Vizcaíno.

2. El gobernador de la entidad, Marcos Covarrubias Villaseñor, envió la información relativa al desastre de la entidad derivado de las bajas temperaturas a la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación con el fin de que ésta libere recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden, para atender a la población afectada. El Fondo para la Atención de Emergencias es un instrumento financiero que tiene como fin proporcionar suministros de auxilio para atender las emergencias y desastres y proteger la vida y salud de las poblaciones afectadas por fenómenos naturales.

3. El artículo 59 de la Ley General de Protección Civil establece que “La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la secretaría reconoce que uno o varios municipios o delegaciones de una o más entidades federativas se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo”.

4. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, corroboró el estado de desastre de los municipios de Comondú y Mulegé, y a partir de ello emitió la declaratoria de emergencia correspondiente en el boletín número 11:

Declara la Segob Emergencia para 2 municipios de Baja California Sur

Boletín 11

México, DF, 18/01/2013

La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, emitió hoy una declaratoria de emergencia para los municipios de Comondú y Mulegé, de Baja California Sur, por la presencia de helada severa, durante los días 12 al 17 de enero de 2013. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias.

A partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Dirección General de Comunicación Social

5. A pesar de que la declaratoria de emergencia para estos dos municipios ya ha sido emitida, aún resta que ésta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, esto no representa un obstáculo para la liberación de recursos que el Consejo Técnico, integrado por la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, determine.

Como se indica en el boletín 11 de la Secretaría de Gobernación, la declaratoria de emergencia proveerá de recursos a la población afectada para alimentación, abrigo y salud. Con ello, queda atendida una parte importante de la Proposición que se dictamina. No obstante, el Fonden no contempla recursos para que la emergencia agrícola sea superada. Dadas las fuertes heladas que se presentaron en el territorio señalado, la productividad de la tierra se redujo considerablemente, lo que tiene implicaciones negativas para el bienestar de la población que depende de la agricultura. Así, esta Comisión dictaminadora estima de fundamental importancia que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, provea de apoyos económicos para la adquisición de material vegetativo, infraestructura, maquinaria y equipamiento, a la población afectada por el desastre natural ocurrido en los municipios de Mulegé y Comondú, a fin de que haya una pronta recuperación y reactivación económica.

Por las consideraciones expuestas, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– se permite someter a consideración del pleno de la Comisión Permanente, para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se amplíen los programas de apoyo a la agricultura en los municipios de Comondú y Mulegé del estado de Baja California Sur, a fin de que se supere el desastre agrícola de la zona, producto de las heladas registradas durante el mes de enero del presente.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Primera Comisión – Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza (rúbrica);senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se han registrado oradores, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

ESTADO DE SINALOA

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de emergencia de 14 municipios de Sinaloa; y al Ejecutivo federal, a ampliar por la Sagarpa programas de apoyo a la agricultura

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 171, 172, 173, 174, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 23 de enero de 2013, el diputado Humberto Castaños Valenzuela y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a emitir las declaratorias de emergencia para los 18 municipios del estado de Sinaloa, por las heladas que afectaron los cultivos de dicha entidad en días recientes.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

Quienes suscriben la Proposición que se dictamina citan que las heladas que se han padecido en el estado de Sinaloa han siniestrado más de 48 mil hectáreas sembradas de maíz y legumbres. Lo anterior, ha puesto en riesgo las fuentes de ingreso de una importante porción de la población, quedando así en situación de vulnerabilidad.

A partir de lo anterior, el gobernador constitucional del estado de Sinaloa, Mario López Valdez, ha solicitado a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia para los 18 municipios que integran a la entidad federativa, a fin de que se liberen los recursos correspondientes para atender el estado de emergencia en el que se encuentran los habitantes del territorio sinaloense.

Los proponentes, por tanto, consideran conveniente que se exhorte al Gobierno Federal para que agilice la llegada de recursos a los municipios en estado de emergencia y para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) active el programa de seguros catastróficos para el sector rural Componente de Atención a Desastres Naturales (Cadena).

Consideraciones

1. El Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) es un instrumento financiero que tiene como fin proporcionar suministros de auxilio para atender las emergencias y desastres y proteger la vida y salud de las poblaciones afectadas por fenómenos naturales.

2. El artículo 59 de la Ley General de Protección Civil establece que “La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la secretaría reconoce que uno o varios municipios o delegaciones de una o más entidades federativas se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo”.

3. El estado de Sinaloa, en días recientes, ha experimentado temperaturas bajo cero, que han generado grandes pérdidas en los cultivos, lo que ha cortado el flujo de recursos para toda la población de la entidad vinculada al sector agrícola. Aunado a lo anterior, las condiciones climatológicas hacen que las condiciones de vida de aquellos afectados sean particularmente difíciles.

4. Actualmente, se estima la pérdida de al menos 50 mil hectáreas dedicadas al cultivo de maíz y legumbres, producto de las heladas padecidas en territorio sinaloense.

5. Como reacción a las condiciones adversas que se registran en la entidad referida, el gobernador Mario López Valdez dotó a la Secretaría de Gobernación de la información necesaria para que se declare estado de emergencia en los 18 municipios que componen al estado de Sinaloa.

6. A partir de la solicitud formulada por el Ejecutivo local, la Secretaría de Gobernación, el 17 de enero de este año, en su boletín número 10, emitió una Declaratoria de Emergencia para el municipio de Choix, Sinaloa, con lo que se liberan los recursos del FONDEN que la Comisión Nacional del Agua estime, dependiendo del resultado de la evaluación de daños.

Declara la Segob emergencia para un municipio del estado de Sinaloa

Boletín 10

México, DF, 17/01/2013

La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió hoy una Declaratoria de Emergencia para el municipio de Choix, del estado de Sinaloa, por la presencia de helada severa, durante los días 12 al 14 de enero de 2013. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN.

A partir de esta Declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

– Dirección General de Comunicación Social

7. Posteriormente, el 21 de enero, la Secretaría de Gobernación publicó su boletín número 13 por el cual se hace una Declaratoria de Emergencia para 4 municipios más del estado en cuestión, la cual se transcribe íntegramente:

Declara la Segob emergencia para cuatro municipios del estado de Sinaloa

Boletín 13

México, DF, 21/01/2013

La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió hoy una Declaratoria de Emergencia para los municipios de Ahome, El Fuerte, Sinaloa y Angostura, del estado de Sinaloa, por la presencia de helada severa, durante los días 15 al 17 de enero de 2013. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden.

A partir de esta Declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

– Dirección General de Comunicación Social de Sinaloa

8. El Gobierno Federal ha comenzado a responder a las demandas ciudadanas frente a las difíciles condiciones climatológicas que se han presentado en diversos puntos de la República Mexicana y en particular, en el estado de Sinaloa, emitiendo las respectivas declaratorias de emergencia a través de las cuales se liberan recursos del Fondo para la Atención de Emergencias. Sin embargo, de los 18 municipios de Sinaloa, sólo el 27% ha sido declarado en estado de emergencia. Es decir, más del 70% de los municipios sinaloenses, a pesar de ser víctimas del fenómeno natural citado, no han sido reconocidos en estado de desastre, por lo que aún no son acreedores a recursos para satisfacer necesidades de alimentación, abrigo y salud.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia se permite someter a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que emita la declaratoria de emergencia correspondiente para los municipios de Badiraguato, Concordia, Cosalá, Culiacán, Elota, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Navolato, Rosario, Salvador Alvarado y San Ignacio del estado de Sinaloa, afectados por las heladas, para que se liberen los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, para la atención de necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se amplíen los programas de apoyo a la agricultura en el estado de Sinaloa, a fin de que se supere el desastre agrícola de la zona, producto de las heladas registradas durante el mes de enero del presente.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Primera Comisión – Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica en sustitución de la diputada Adriana Fuentes Téllez), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica en sustitución de la diputada Lourdes Quiñones Canales), Luis Ángel Espinosa Cházaro, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza (rúbrica);senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En virtud —de igual forma— de que no se han registrado oradores, se considera suficientemente discutido y entonces se reserva para su votación económica en conjunto.

ESTADOS DE TLAXCALA Y PUEBLA

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Procuradurías Generales de Justicia de Tlaxcala y de Puebla a integrar las averiguaciones correspondientes para tutelar los derechos de las víctimas de delitos

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 117, 122, 123 y 124 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, 6, 79, 113 y 171 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 9 de enero de 2013, la diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que ejerza su facultad de atracción sobre denuncias presentadas por personas presuntamente defraudadas por empresas ahorradoras de vivienda en la República Mexicana.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición fuera turnada a la Primera Comisión –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– para su estudio y dictaminación.

3. El día 8 de agosto de 2012, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hizo un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones llevaran a cabo las acciones para determinar la legalidad de las operaciones que un grupo de personas viene realizando al amparo de la asociación civil denominada “Moradigna, AC”, en diversas entidades de la República Mexicana relativas a un supuesto programa social de apoyo para la adquisición de vivienda.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La diputada proponente, haciendo eco a la inconformidad de los afectados, refiere el fraude en el que han incurrido diversas empresas ahorradoras de vivienda en al menos once entidades federativas.

De acuerdo con información recibida por los afectados, el asunto en cuestión tiene aproximadamente trece años, en donde el Fraude inició por una Caja Popular en perjuicio de cientos de poblanos.

Hace tres años, otro fraude masivo se registró en la ciudad de Puebla y otros diez Estados de la Republica, despojando a los afectados de los ahorros de muchos años de trabajo sin que ninguna autoridad federal, estatal o municipal interviniera; la proponente muestra un listado de autoridades a las que los afectados recurrieron y refieren no se les dio solución.

La situación ha sido particularmente alarmante en el estado de Puebla, donde al menos 25 mil personas han resultado afectadas, y el monto de afectación ha sido de alrededor de 2, 500 millones de pesos.

La proponente indica que las empresas involucradas son Coofia, Sitma, Invergroup, Bienestar Social La Paz, Comsbmra, Incoin, Geici, Sare, In Vertlax, Fusion, Jarcos, Sibce, Burcap, Inverbien, Cobirmex, Del Valle, Acierta, Fervag, Capress, Financiera del Sureste, Inversinova, Invercapital, Heron, Rabaca, Crebainp e Invertanda.

La proponente, indica que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya ha sido notificada de la situación, razón por la cual ha inspeccionado a tres de las inmobiliarias señaladas y ha ordenado la suspensión inmediata de la celebración de contratos de una de ellas.

Finalmente, la diputada que suscribe la proposición de mérito enlista algunas de las denuncias penales que han sido interpuestas por los defraudados ante los distintos juzgados penales.

Consideraciones

1. Los fraudes cometidos por supuestas empresas ahorradoras y asociaciones civiles de apoyo a la vivienda se han convertido en un tema recurrente en nuestro país. Desgraciadamente, se tiene noticias de casos como el de Caja Popular Número Uno, fraude cometido contra cientos de poblanos hace 13 años, en el que los afectados sólo recuperaron el 60% de lo supuestamente invertido.

2. De igual forma, esta soberanía, en agosto de 2012, hizo un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República para que atendiera el caso de la Asociación Civil Moradigna, que opera desde 2005 en más de una docena de estados del país, prometiendo apoyos para la vivienda a cambio de aportaciones económicas. A pesar del exhorto formulado por la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del segundo receso del tercer año de ejercicio, al día de hoy dicha asociación sigue operando impunemente.

3. Los artículos 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén la facultad de atracción de la Procuraduría General de la República para conocer delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o cuando los delitos produzcan efectos en dos o más entidades federativas.

4. Los hechos descritos tanto en la Proposición con Punto de Acuerdo que se trata, como en los considerandos previos, cumplen con las condiciones necesarias para que la Procuraduría General de la República atraiga el caso y prevea acciones destinadas a prevenir la recurrencia de delitos de esta naturaleza, que afectan el patrimonio de miles de personas.

5. La Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013 reconoce la problemática descrita y faculta al Gobierno Federal para que dé cumplimiento al artículo segundo transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, relativo a los requisitos que deben cumplir las sociedades o asociaciones que realicen operaciones que impliquen la captación de recursos de sus socios o asociados. La Federación, por tanto, debe garantizar que dichas sociedades den cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones, términos y condiciones aplicables.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y , para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Primera Comisión –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a las Procuradurías Generales de Justicia de Tlaxcala y de Puebla, para que integren las averiguaciones correspondientes a fin de que tutelen los derechos de las víctimas de los delitos cometidos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2013.

La Primera Comisión – Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica en sustitución de la diputada Adriana Fuentes Téllez), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica en sustitución de la diputada Lourdes Quiñones Canales), Luis Ángel Espinosa Cházaro, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza (rúbrica); senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En virtud de que no hay oradores registrados, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

ESTADO DE OAXACA

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral a actualizar con base en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el catálogo general de electores en San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa, Oaxaca

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 16 de enero de 2013, el senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral realice los actos inherentes para actualizar e incorporar al padrón electoral y lista nominal de electores las poblaciones de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa, las cuales durante 22 años han presentado problemas de seccionamiento electoral, lo anterior con el fin de generar las condiciones para el ejercicio de los derechos político electorales de los ciudadanos oaxaqueños que habitan esa zona para el proceso electoral ordinario.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición fuera turnada a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– para su estudio y dictaminación.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El Senador proponente narra las dificultades que los municipios de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa han atravesado los últimos 22 años, dada su ubicación geográfica y la creación de cuatro municipios chiapanecos, ya que por un lado el Instituto Federal Electoral ubica a algunas de sus comunidades como parte del estado de Chiapas, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía las ubica en el estado de Oaxaca. Lo descrito reduce certeza sobre los derechos político-electorales de la población que habita en las comunidades de Cerro Baúl, Rancho la Hondonada de la Encada, Ejido Dr. Rodulfo Figueroa, Ejido Gustavo Díaz Ordaz, Rancho el Quebrachal, Ejido Ramón Escobar Balboa, Rancho Montebello y Ejido Flor de Chiapas, del municipio de San Miguel Chimalapa; así como de las comunidades Colonia Benito Juárez I, Colonia Benito Juárez II, Ejido Elsy Herrería de Castellanos, Ejido Francisco Sarabia, Colonia Guadalupe Victoria, Ejido Rafael Cal y Mayor, Rancho los Manueles, Rancho la Retirada Rodríguez, Rancho el Paraje, Ejido Canan, Colonia Pilar Espinoza León, del municipio de Santa María Chimalapa.

Así pues, el legislador que suscribe la proposición de estudio considera de urgencia que el Instituto Federal Electoral atienda la situación descrita en virtud de que en el mes de julio de este año se celebrarán elecciones en el estado de Oaxaca para renovar al Congreso de la entidad, así como los ayuntamientos de la entidad, y la participación de los ciudadanos de las comunidades citadas no está prevista.

Consideraciones

1. El 23 de noviembre de 2011, el honorable Congreso del estado de Chiapas emitió decreto mediante el cual se crearon los municipios de Mezcalapa, El Parral, Emiliano Zapata y Belisario Domínguez. El gobierno del estado de Oaxaca y los ayuntamientos de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa reaccionaron frente a la creación del municipio Belisario Domínguez por considerar que éste invade territorio oaxaqueño (106 mil hectáreas de selva) y representa un conflicto limítrofe, por lo que presentaron tres controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mayo de 2012, el máximo tribunal del país resolvió desechar los recursos interpuestos por las autoridades oaxaqueñas por considerarlos improcedentes.

2. El 29 de noviembre de 2012 el gobierno del estado de Oaxaca promovió otra controversia constitucional, con expediente 121/2012, contra las acciones ordenadas por el Gobierno de Chiapas que vulneran el territorio de los Chimalapas. El 20 de diciembre de 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional referida y ordenó la suspensión de todo acto de gobierno dentro de la zona de litigio.

3. La resolución definitiva de la Suprema Corte, basada en pruebas administrativas, históricas y jurídicas, no ha sido emitida, por lo que aún no se ha determinado a qué entidad pertenecen las localidades en pugna.

4. Roberto Heycher, titular del IFE-Oaxaca, en días recientes, declaró que el Instituto esperará a que el máximo tribunal resuelva el asunto de mérito para llevar a cabo, o no, la redistritación en la zona limítrofe de los estados de Chiapas y Oaxaca. Dado que el proceso electoral del estado de Oaxaca para renovar al Congreso y las alcaldías se celebrará este año, sería deseable que la SCJN resuelva a la brevedad para garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos que habitan en las localidades que son objeto de controversia.

5. El Instituto Federal Electoral, por mandato constitucional, tiene a su cargo de manera integral y directa las actividades relativas al padrón electoral y a la lista de electores.

6. El Registro Federal de Electores está compuesto por el Catálogo General de Electores y por el Padrón Electoral. El Catálogo General de Electores es una base de datos que contiene información básica de los mexicanos mayores de edad y que se obtiene por la vía del censo total. El censo total es una técnica que, a través de entrevistas casa por casa, recoge datos sobre los ciudadanos: nombre completo, fecha de nacimiento, edad, sexo, domicilio, ocupación, entidad federativa, municipio, localidad y distrito electoral. A partir de dicho catálogo, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, del Instituto Federal Electoral (IFE), integra el Padrón Electoral, para lo que se requiere la solicitud individual del ciudadano. La Lista Nominal, por último, está compuesta por aquellos ciudadanos incluidos en el Padrón Electoral y que además recogieron su credencial para votar.

Por lo expuesto en este considerando, la Comisión que dictamina estima que lo más adecuado sería que el exhorto al Instituto Federal Electoral vaya en la dirección de la actualización del Catálogo General de Electores, para que a partir de ello los ciudadanos realicen las solicitudes individuales correspondientes a fin de integrarse al Padrón Electoral y a la Lista Nominal de la entidad correspondiente.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y , para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Primera Comisión – Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Instituto Federal Electoral para que, con base en lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la controversia constitucional con expediente 121/2012, actualice el Catálogo General de Electores en los municipios de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa del estado de Oaxaca.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente, diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza (rúbrica); senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En virtud de que no tenemos registrados oradores, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

ESTADO DE TLAXCALA

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobernador, al Congreso y a los sindicatos de Tlaxcala a constituir mesas de diálogo relativas a la nueva Ley de Pensiones Civiles en la entidad; y a esa legislatura, a auditar el organismo público descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala para sancionar a los responsables de su quiebra

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 9 de enero de 2013, la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a la problemática existente en Tlaxcala relacionada con el organismo público descentralizado Pensiones Civiles.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– para estudio y dictamen correspondientes.

3. El 16 de enero de 2013, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se hace un respetuoso llamado al gobernador constitucional y a la Legislatura de Tlaxcala, así como a los sindicatos involucrados, a constituir con la mayor brevedad una mesa de diálogo a fin de encontrar los caminos de solución al conflicto surgido con motivo de la aprobación de una nueva Ley de Pensiones Civiles de ese estado, de manera de preservar en todo momento los derechos de los trabajadores.

4. Ese día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición para estudio y dictamen a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

5. Como se desprende de las propuestas precisadas, en ambos casos se aborda el tema del conflicto suscitado en Tlaxcala por la nueva Ley de Pensiones Civiles, por lo que por razones de simplificación de método y proceso de análisis resulta conducente que se estudien en conjunto las propuestas en comento en el presente dictamen.

Contenido de las proposiciones con punto de acuerdo

La senadora Dolores Padierna expone en la proposición presentada que la situación en Tlaxcala es delicada e inestable, tras la quiebra del organismo público descentralizado Pensiones Civiles de la entidad. Además, señala que el proceso que siguió la nueva Ley de Pensiones Civiles del estado estuvo viciado de origen: se aprobó sin el quórum reglamentario, se ignoraron propuestas de trabajadores y se aprobó fuera del recinto del Congreso.

La legisladora estima conveniente la intervención del Ejecutivo federal en el conflicto, así como una minuciosa auditoría en el organismo público en cuestión, que derive en las sanciones correspondientes de los responsables de su quiebra.

El diputado Silvano Blanco narra el proceso que se siguió para la presentación, discusión y aprobación de la nueva Ley de Pensiones Civiles, al tiempo que señala las violaciones en que se incurrió en dicho procedimiento.

Las dos proposiciones que se estudian llaman la atención sobre la participación que tuvieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad durante una manifestación de los trabajadores afectados por la nueva ley frente al recinto legislativo.

Consideraciones

1. El 13 de diciembre de 2012, el titular del Ejecutivo del estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur, hizo llegar al Congreso estatal una iniciativa de Ley de Pensiones Civiles. Dos propuestas más llegaron al Poder Legislativo de la entidad, de autoría del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del sindicato 7 de Mayo.

2. Tras intensas discusiones entre los legisladores, mesas de trabajo con representantes sindicales y movilizaciones por los trabajadores, el 31 de diciembre de 2012 la nueva Ley de Pensiones Civiles fue aprobada. La nueva legislación aumenta la edad para acceder a pensiones, pasando de 53 años a 58 y 60 años para mujeres y hombres, respectivamente. Otra importante modificación en el régimen de pensiones del estado es la relativa al incremento de 100 por ciento en las aportaciones que corresponden a los trabajadores y al Estado, pasando de 6 a 12 y de 9 a 18 por ciento, respectivamente.

La inconformidad de los trabajadores afectados no se hizo esperar. Múltiples manifestaciones, en las que participaron trabajadores de la sección 55 del SNTE y de otros sindicatos nacionales y locales, se presentaron en las calles de Tlaxcala a manera de reprobar la lesiva Ley de Pensiones Civiles.

3. Como se indica en el contenido de las proposiciones que se dictaminan, a lo largo del proceso de aprobación de la Ley de Pensiones Civiles hubo violaciones de la Constitución Política de Tlaxcala, así como de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad. Lo anterior sólo es un reflejo de la falta de voluntad por el grupo parlamentario mayoritario para dialogar y construir acuerdos, no sólo con partidos de oposición sino con los ciudadanos directamente afectados por la nueva normativa en materia de pensiones.

4. Los partidos que forman la oposición en Tlaxcala han mostrado su preocupación respecto a los hechos que revelan un retroceso democrático en la entidad federativa. Tal es el caso del ingreso de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en el recinto legislativo sin la petición expresa del presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de Tlaxcala.

Por las consideraciones expuestas, y para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional y al Congreso de Tlaxcala, así como a los sindicatos involucrados, a constituir con la mayor brevedad una mesa de diálogo a fin de encontrar los caminos de solución al conflicto surgido a partir de la aprobación de la nueva Ley de Pensiones Civiles de dicha entidad.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Congreso de Tlaxcala para que se lleve a cabo una auditoría en el organismo público descentralizado Pensiones Civiles de Tlaxcala.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza (rúbrica); senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no hay quien haga uso de la palabra, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.

ESTADO DE VERACRUZ

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la autoridad ministerial de Veracruz a continuar las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante esta soberanía por la diputada federal Leticia López Landero y el senador Fernando Yunes Márquez; y a las instancias competentes, a garantizar a plenitud los derechos a la libre expresión y manifestación de las ideas de todos los ciudadanos

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente, celebrada el miércoles 9 de enero de 2013, el senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como a la Procuraduría General de la República, a que inicien una investigación por la posible comisión de delitos contra la diputada federal Leticia López Landero y el senador Fernando Yunes Márquez y, en su caso, se sancione a los autores intelectuales y materiales plenamente identificados por los hechos ocurridos en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el pasado 7 de enero de 2013.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El senador proponente relata los hechos de los que fue víctima junto con la diputada federal Leticia López Landero, colaboradores y miembros de la prensa local, el pasado lunes 7 de enero en la ciudad de Córdoba, Veracruz. El senador autor, menciona que, al lugar y momento en el que él y la diputada López Landero ofrecían una conferencia de prensa, el gobierno de Veracruz envió a un grupo de 150 personas para agredirlos física y verbalmente y privarlos de su libertad por más de dos horas.

El senador Yunes Márquez estima que dichas agresiones representan actos de represión encabezados por el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, con el fin de callar todas aquellas críticas y opiniones contrarias a la suya.

Consideraciones

1. El artículo primero de la Carta Magna, en su párrafo tercero, obliga al estado a investigar y sancionar toda violación a derechos humanos, entre los que se encuentran la libertad de expresión y de asociación, contenidos en los artículos 6o. y 9o. del mismo texto.

Artículo 1o. (...)

(...)

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

2. Que los delitos cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, son considerados delitos de orden federal, y que la responsabilidad de su investigación y persecución recae en la Procuraduría General de la República.

3. El Código Penal Federal, en su artículo 13, estima como autores o partícipes del delito a:

“Artículo 13. Son autores o partícipes del delito:

I. Los que acuerden o preparen su realización.

II. Los que los realicen por sí;

III. Los que lo realicen conjuntamente;

IV. Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro;

V. Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo;

VI. Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión;

VII. Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al delito y

VIII. los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo.

Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad.

Para los sujetos a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII, se aplicará la punibilidad dispuesta por el artículo 64 Bis de este código.”

4. Que el Código Penal para el estado de Veracruz prevé la privación de la libertad y las lesiones como delitos de orden común, cuya investigación y persecución corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

5. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz obliga al Ministerio Público de la entidad y a la propia procuraduría a desempeñarse conforme a los principios de buena fe, legalidad, honradez, objetividad e imparcialidad, entre otros.

6. Los legisladores víctimas de las agresiones descritas en el contenido de la proposición con punto de acuerdo que se estudia, presentaron la respectiva denuncia, asentada bajo el número de investigación 24/2013, ante el Ministerio Público sector norte contra quien resulte responsable del delito de retención en su contra.

7. Esta Primera Comisión estima que ningún ciudadano debe de ser agredido, perseguido o lastimado en su persona por las opiniones políticas que sostenga, por lo que cualquier hecho que vaya en detrimento del derecho humano a la libre expresión debe de ser debidamente investigado y sus autores materiales e intelectuales sancionados conforme a la ley aplicable.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y, para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la autoridad ministerial del estado de Veracruz a continuar con las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas ante esta soberanía por la diputada federal Leticia López Landeros y el senador Fernando Yunes Márquez.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a las instancias competentes para que garanticen a plenitud los derechos a la libre expresión y manifestación de las ideas de todos los ciudadanos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Primera Comisión, diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza (rúbrica);senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Delgado Carrillo, Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.

DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo al cumplimiento de las medidas cautelares recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de protección de la integridad de los defensores de los derechos humanos de los migrantes

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 16 de enero de 2013, la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza y el senador David Monreal Ávila, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron proposición con punto de acuerdo sobre los ataques y amenazas contra la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila.

2. En esa fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictaminen.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los senadores que suscriben la proposición de mérito narran los hechos ocurridos el 30 de diciembre, en los que el personal que labora en la Casa del Migrante de Saltillo recibió amenazas vía telefónica. De igual forma, se cita que en semanas recientes al menos tres colaboradores del albergue han sido víctimas de robo con violencia.

Diversas organizaciones civiles y religiosas han reprobado los hechos y han manifestado su apoyo a los defensores de los migrantes.

La proposición, por tanto, busca se emita un exhorto dirigido a la Secretaría de Gobernación para que dé cabal cumplimiento a los acuerdos alcanzados en las mesas interinstitucionales y a las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De igual forma, los legisladores proponen se exhorte a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

Consideraciones

1. La posada Belén-Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, es un albergue en el que se ofrece ayuda humanitaria y se defienden los derechos humanos de los migrantes. Desafortunadamente, ésta ha sido objeto de constantes amenazas que ponen en riesgo al personal que ahí colabora.

2. El padre Pedro Pantoja, representante de la Casa del Migrante de dicha ciudad, acusa que el pasado 19 de diciembre fue víctima de ataques en su vehículo, asimismo reportó que el abogado que lleva el caso también ha recibido ataques los días 26 y 30 de diciembre.

3. Los casos de violencia en contra de los defensores de derechos humanos de los migrantes no son nuevos. Como respuesta a los ataques que ponen en riesgo la integridad del personal de dichos albergues, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos propuso al Estado mexicano una serie de medidas cautelares, que han de ser adoptadas cabalmente para la protección de aquellos que ahí colaboran, ante las constantes amenazas y hostigamientos de que son víctimas. Dichas recomendaciones fueron formuladas después de los ataques recibidos por el personal de la Casa del Migrante “Frontera Digna” en Piedras Negras, Coahuila.

4. La CIDH ha manifestado que “la labor de promoción y protección de los derechos humanos es una actividad legítima que coadyuva con una obligación esencial de los Estados y por tanto genera en ellos obligaciones especiales de protección respecto de quienes se dedican a promover y proteger tales derechos”.

5. La situación también llamó la atención de la Organización de las Naciones Unidas que ha realizado visitas a la posada Belén-Casa del Migrante, para verificar la situación de violencia e inseguridad en la que se encuentra el personal del albergue.

Amnistía Internacional ha señalado que México es un país peligroso para los defensores de derechos humanos, pues éstos son intimidados por actores tanto estatales como no estatales.

Por las consideraciones expuestas y para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila para que, en el ámbito de su competencia, garanticen el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la protección de la integridad de los defensores de los derechos humanos de los migrantes, así como para que la segunda realice una investigación sobre los hechos de hostigamiento y las amenazas en contra del personal de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2013.

La Primera Comisión – Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza (rúbrica);senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

COMARCA LAGUNERA

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a destinar un mayor número de elementos a la zona metropolitana de la Laguna de Coahuila y Durango para reforzar las labores de seguridad

Honorable Asamblea

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 23 de enero de 2013, los senadores Luis Fernando Salazar Fernández, José Rosas Aispuro Torres y Fernando Yunes Márquez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a destinar con la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena y la Secretaría de Marina, Semar, un mayor número de elementos a la zona metropolitana de La Laguna para reforzar las labores de seguridad en la región, lo anterior con el fin de salvaguardar la integridad, patrimonio y derechos de los habitantes de la región lagunera, en especial de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, Durango; y Torreón, Coahuila, que presentan un crecimiento en los índices de violencia e inseguridad.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los senadores proponentes narran que en la región de La Laguna, en especial en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, Durango; y Torreón, Coahuila, se ha presentado un crecimiento en la violencia y la inseguridad, por lo que se hace necesario poner en marcha un plan de seguridad que sea eficaz, integral, incluyente, medible y verificable que permita establecer una estrategia de combate a la delincuencia en la región en coordinación en los tres órdenes de gobierno. Asimismo, el proponente hace referencia al periódico El Universal en el sentido de que en el periodo diciembre de 2012-13 de enero de 2013 habían ocurrido 140 homicidios en la región. En su aspecto global, 2012 presentó un incremento de los crímenes violentos superior a 2011, por lo que ante tales hechos resulta urgente que en la zona metropolitana de La Laguna se reciba el apoyo federal a las autoridades locales. Así pues, los legisladores que suscriben la proposición de estudio consideran que haya un apoyo inmediato de parte de la Federación para garantizar una mayor seguridad y paz públicas a los habitantes de la región lagunera.

Consideraciones

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, tanto en sus respectivos ámbitos de competencia como de forma coordinada cuando así se amerita.

2. De igual forma, el artículo 89 constitucional en su fracción VI dispone que el Ejecutivo federal estará obligado a preservar la seguridad nacional, y disponer de la Fuerzas Armadas en la garantía tanto de la seguridad interior como de la defensa exterior de la federación.

3. Que existe un Sistema Nacional de Seguridad Pública, derivado de la Ley reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública que tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del referido Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la materia.

4. Que el Ejecutivo federal en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, preside el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas en la cuestión de la seguridad pública.

5. Que el Ejecutivo federal también tiene a su cargo la materia de procuración de justicia en el ámbito federal y la investigación de los delitos, en términos del artículo 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo que corresponde a la aplicación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que es precisamente del mal social que está generando el clima de violencia en la región que refieren los legisladores proponentes.

6. Por lo expuesto en este considerando, la comisión que dictamina estima que lo más adecuado sería que el exhorto sólo se pronunciase en general al Ejecutivo federal, y que sea esté en el ámbito de sus atribuciones legales, y de las instituciones y fuerzas del orden a su cargo, y de las demás instancias públicas que coordine disponga lo necesario para actuar de manera inmediata en el apoyo a las labores de seguridad pública en la región lagunera comprendida en los estados de Coahuila y Durango, a fin de destinar un mayor número de elementos de las fuerzas federales a dicha región.

Por las consideraciones expuestas y, para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Gobernación para que –si así lo considera– destine un mayor número de elementos de las fuerzas federales de seguridad pública a la zona metropolitana de La Laguna en Coahuila y Durango para reforzar las labores de seguridad en dicha región.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2013.

La Primera Comisión – Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza;senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra se considera suficientemente discutido.

Ahora sí solicitamos a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo, así como los anteriormente reservados.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados. Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Ciudadana presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión de Trabajo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se autoriza.

POLITICA EXTERIOR

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los firmantes del Pacto por México a incluir en él apartados específicos en materia de política exterior

Honorable Asamblea:

Con fecha 23 de enero de 2013, a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las distintas fuerzas políticas del país firmantes del Pacto por México a que se incluyan dentro de sus apartados puntos específicos en materia de política exterior, presentada por el senador Roberto Gil Zuarth y suscrita por la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracciones III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión.

En el apartado denominado “ II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de enero de 2013 la senadora Gabriela Cuevas Barrón y el senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las distintas fuerzas políticas del país firmantes del pacto por México a que se incluyan dentro de sus apartados puntos específicos en materia de política exterior y la conformación de una comisión integrada por miembros del Senado de la Republica y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que elaboren una propuesta que pueda ser considerada y eventualmente incluida en al Pacto por México, respaldadas así por las principales fuerzas políticas del país.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente, con el número de oficio D.G.P.L. 62-II-1-506 fue recibido con fecha de 24 de enero de 2013.

3. Con fecha del 25 de enero 2013 se envió, por correo electrónico a los integrantes de esta comisión, el punto de acuerdo en comento para su respectivo análisis.

4. Los miembros de esta Segunda Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía en los siguientes argumentos:

2. Que si bien es cierto, que el “Pacto por México” intenta ser el instrumento que logre los acuerdos entre los diferentes actores para tener una sociedad de derechos y libertades, lograr el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, la seguridad y la justicia, la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y la gobernabilidad democrática, también lo es que en el contenido del citado documento, no se encuentran objetivos en materia de política exterior, de vital importancia para el desarrollo político, económico, turístico y cultural de nuestro país. Es claro que no alcanzan a ser de esta materia los compromisos 24 y 30 del citado documento.

Que no concebimos un instrumento de la naturaleza del “Pacto por México” sin detallar una política exterior con propósitos definidos, y que en el marco de nuestras relaciones con socios estratégicos facilite el desarrollo económico y social del país. Este camino no se puede lograr sin la indispensable diversificación de nuestras relaciones con otros países y con una política exterior responsable.

Por lo anterior se propone que sea incluida en el “Pacto por México” la materia de política exterior, para lo cual se esbozan apenas algunos de los temas de esa agenda, que se estiman urgentes:

En primer lugar, la prevención de la migración de menores que viajan solos. El pacto por México propone defender los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, luchando contra su criminalización, ya contemplada en ley, y hacer lo propio con los migrantes extranjeros en nuestro país. Sin embargo, no considera acciones proactivas que prevengan la migración infantil.

Según datos del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, en 2000 fue el año en el que más migrantes menores de edad hubo hacia los Estados Unidos, y que fueron repatriados: 116 mil 38. Los años siguientes, la cifra disminuyó hasta los 15 mil 524, en 2011. Si bien la cifra es menor, no podemos estar conformes con ella. La necesidad en un solo menor de edad de dejar su casa, su familia, su escuela, para buscar un sueño que es posible que nunca llegue, es suficiente para que se implementen políticas públicas encaminadas a evitarlo. No sólo se trata de no criminalizar a los migrantes, sino de generar las oportunidades que eviten que migren, sobre todo menores de edad.

Por lo que hace a los mexicanos en el exterior, proponemos introducir un sistema de atención integral. La matrícula consular ya existente puede ser la base para ofrecer a los más de 12 millones de connacionales en el extranjero este enfoque, el cual podría ser el eje de la política hacia esas comunidades, aprovechando la infraestructura de la red diplomática.

Algunos aspectos que han sido considerados por expertos que debe comprender la atención integral, incluye la asistencia y asesoría jurídica en cuestiones de diversa índole, tales como defensa de los derechos laborales; acceso a servicios sociales; derecho familiar y regularización migratoria; difusión por Internet de actos culturales de la comunidad mexicana; el manejo de situaciones de emergencia; la atención a eventuales situaciones como las redadas con fines de deportación masiva, entre otros.

Aunado a lo anterior, consideramos que dentro del tema, ya incluido en el “Pacto por México”, de atender a los migrantes nacionales en el extranjero, se debe buscar que su participación no se limite a ser proveedores de remesas, sino que se conviertan en inversionistas, al promover el mejor aprovechamiento de los recursos que envían a México.

México es el primer receptor de remesas en América Latina, tercero a nivel mundial después de la India y la China. Según datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, las remesas en nuestro país equivalen a alrededor del 2 por ciento del PIB. Desde 1990 estos flujos han aumentado constantemente teniendo como pico histórico 2007 con 26,076 millones de dólares. Debido a la crisis de 2008, México registró un importante decremento, mayor al que se registró en 2009 a nivel global. Ejemplo de ello fue que la remesa promedio anual se redujo en 8.4 por ciento (de 346 dólares en 2008 a 317 dólares en 2009).

No obstante que las remesas representan la segunda fuente de divisas para nuestro país, sólo después de las entradas por venta de petróleo, programas como “3x1 para Migrantes”, que promueve Sedesol; “México emprende para Migrantes” de la Secretaría de Economía; “La Estrategia de Inclusión Financiera para Migrantes” de Financiera Rural, entre otros, son insuficientes para ofrecer respuestas satisfactorias en el aspecto mencionado.

México, debe también incluir en el “Pacto por México” el concepto de diplomacia pública, definida como “la acción de un protagonista internacional de gestionar el entorno internacional mediante el compromiso con un público extranjero”.

La revolución de la información ha alcanzado a la diplomacia. La llamada “nueva diplomacia” debe ser eje central de trabajo de cada embajador. Una estrategia conjunta de embajadas, consulados y representaciones diplomáticas (ProMéxico y las secretarías de Turismo, Economía y Relaciones Exteriores) debe iniciarse para comunicar a nuestro país con los habitantes de todo el planeta. Cada embajador, en el país en el que se haya acreditado, debe establecer el plan de trabajo para lograr una efectiva diplomacia pública en dicho país. La coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores debe ser expedita para lograr que este objetivo sea complementario y total en todas las embajadas y consulados de México en el mundo.

En el mundo hay más de 300 ciudades con al menos un millón de habitantes, y diez con más de diez millones. México tiene representación consular en al menos 145 embajadas, consulados y secciones consulares, casi la totalidad están en estas ciudades. El contacto de los representantes diplomáticos mexicanos en el mundo es con al menos doscientos millones de personas, casi el doble de la población mexicana. México debe encontrar la forma de comunicarse con este gran público, para cuestiones de imagen, promoción económica y turística, y atracción de inversiones. Debe establecer contacto con personas, empresas y organizaciones no gubernamentales para estos fines utilizando cualquier medio a su alcance, electrónico y tradicional. La diplomacia pública mexicana debe hacer cada vez más uso de conceptos como marca-país y similares que desarrollen la comunicación en redes.

Aprovechando lo anterior, debemos esforzarnos por mejorar la Imagen de México en el extranjero. Uno de los instrumentos que podemos usar a nuestro favor, está en nuestra cultura, que es símbolo en el exterior de lo que es México. Para ello, se puede integrar un plan de trabajo con la iniciativa privada, cuyo objetivo común sea el impulsar una visión favorable de nuestro país.

El “Pacto por México” debe de incluir, además, temas que promuevan la cooperación internacional en todos los niveles, tales como la transición energética y el cuidado del ambiente, lo cual puede permitir una amplia negociación en estos temas, con diversos estados que compartan las mismas inquietudes y problemáticas, prueba de que esto es posible, es el Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética del Reino Unido (NEEAP por sus siglas en inglés), en donde se establece una meta de ahorro de energía de 18 por ciento en 2016. Otro ejemplo es el compromiso establecido por la Unión Europea en donde se busca aumentar en 20 por ciento el empleo de fuentes renovables e incrementar la eficiencia energética también en 20 por ciento para el año 2020. Países como Japón y Canadá también han establecido metas para incrementar su eficiencia energética en 30 por ciento para 2030 y 20 por ciento para 2020, respectivamente.

En este sentido, de acuerdo con datos del World Resource Institute, la generación y uso de la energía es el factor predominante en la generación de 66 por ciento de las emisiones de C02 equivalente. Dada la alta contribución del sector energético al número de emisiones, se requiere de un cambio importante en cómo se produce y emplea la energía, de ahí que quienes estén involucrados en la toma de decisiones, deben considerar, además de la seguridad energética, los impactos en el cambio climático y el alto crecimiento de las necesidades energéticas.

Todas las anteriores junto con los vastos temas de Comercio y Cooperación Internacionales, de los cuales se obvia la transcripción en el presente por lo amplio de los mismos, son solamente líneas de trabajo que se podrán considerar al incluir dentro de sus apartados temas de política exterior mexicana.

Por lo anterior, el proponente concluye con su proposición que dice

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. El Senado de la República exhorta a las distintas fuerzas políticas del país firmantes del Pacto por México a que se incluyan dentro de sus apartados puntos específicos en materia de política exterior.

Segundo. El Senado sugiere para tal fin la conformación de una comisión integrada por miembros del Senado de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que elaboren una propuesta que pueda ser considerada y eventualmente incluida en el Pacto por México, respaldadas así por las principales fuerzas políticas del país.

Tercero. Los puntos mínimos, pero no exclusivos que se deberán de considerar como parte de la agenda nacional en materia de política exterior son:

1. Creación de políticas públicas que eviten la migración de menores que viajan solos;

2. Introducción de un sistema de protección integral a mexicanos y mexicanas en el extranjero;

3. Implementación de programas institucionales que fomenten inversiones de mexicanos desde el extranjero;

4. Diseño e implementación de políticas de diplomacia pública efectivas, que lleven a una eficiente promoción de la imagen de México en el extranjero;

5. Construir una agenda nacional y encabezar el establecimiento de la agenda internacional en materia de energía y medio ambiente; y

6. Temas de comercio y cooperación internacionales.

Consideraciones

Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se avocó al estudio de los mismos. En consecuencia, los miembros de esta comisión se manifiestan en contra del punto de acuerdo con base en

Origen

• El Pacto por México es el acuerdo político suscrito entre el Presidente electo y los tres principales partidos de México, PRI, PAN y PRD fueron los principales arquitectos de este pacto, sumándose el 28 de enero de 2013 el PVEM.

• Una vez instaladas las Cámaras del Congreso de la Unión y consumada la calificación de la elección presidencial, los líderes del equipo de transición del presidente electo y los presidentes del PRI, del PAN y del PRD fueron realizando diversos encuentros para abordar los temas de la agenda del cambio de gobierno. Inicialmente esas reuniones ocurrieron de manera bilateral, abordando temas de interés común de los partidos reunidos.

• Entre esas reuniones hay que incluir las múltiples entrevistas del presidente electo, acompañado por miembros de su equipo de transición, con diversos líderes de los partidos políticos de México. Las reuniones incluyeron presidentes de partido, coordinadores parlamentarios y gobernadores.

• Hacia mediados de octubre del año pasado, conforme se sucedían los diálogos bilaterales, empezó a gestarse la idea de que convendría tener reuniones entre los líderes de los tres principales partidos políticos.

• En esas conversaciones fue emergiendo con claridad la conciencia de que el diagnóstico de la situación de México estaba ya realizado, pero que faltaba realizar los cambios que el diagnóstico señalaba.

• También se reconoció que persistían muchas diferencias de criterio originadas en la pluralidad de perspectivas de cada partido. Los dirigentes no pretendían eliminar esas diferencias pues todos son conscientes de que el disenso es propio de una sociedad plural y consustancial a un sistema democrático.

• Sin embargo, los integrantes de la mesa tripartita también arribaron a la conclusión de que los quince años de gobiernos divididos habían impedido concretar muchos acuerdos que, de haberse realizado, le permitirían a México avanzar aún más de lo que se logró en las dos últimas décadas.

• De esa clara conciencia surgió el compromiso de intentar alcanzar un gran pacto que definiera las bases de un nuevo acuerdo que abarcara las esferas social, económica y política.

• Se aceptó que el esfuerzo se haría sin pretender borrar las diferencias ideológicas ni la competencia política, y sin ignorar que veníamos de una intensa competencia electoral en la que se confrontaron distintos programas de gobierno. Aceptadas esas premisas, los líderes del equipo de transición del Presidente electo y los dirigentes del PAN y el PRD coincidieron en que era viable la firma de ese acuerdo.

Las primeras jornadas de la mesa tripartita

• Una vez comprometidos con la misión de forjar una pacto político de gran alcance, se integró una mesa de trabajo tripartita, integrada por Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio (del PRI-equipo de transición), Gustavo Madero y Santiago Creel (del PAN) y Jesús Zambrano y Jesús Ortega (del PRD). El anfitrión de las reuniones y facilitador del trabajo del equipo fue José Murat. Este equipo estableció nueve reglas de funcionamiento:

• Identificar los puntos coincidentes de una visión de país;

• Preservar los puntos de convergencia y tener claras las divergencias ideológicas o de intereses y de márgenes políticos;

• Trabajar con absoluta confianza y discreción;

• Que las coyunturas y la competencia electoral no interrumpan los trabajos de la mesa;

• El objetivo base es recuperar la soberanía del estado democrático y enfrentar a poderes que obstruyen desde distintos ángulos su acción y que buscan conservar su poder en detrimento del interés público.

• El avance de las conversaciones pronto encaminó a la mesa tripartita a poner el énfasis en las reformas que tuvieran impacto directo y significativo en el desarrollo social, la disminución de la desigualdad y la eliminación de la pobreza extrema.

• Los integrantes de la mesa tripartita coincidieron en que para lograr esas metas era necesario construir una democracia eficaz y que esa condición exigía, además de leyes que concuerden con el régimen democrático, prácticas políticas e instituciones que le den forma y contenido, y que también incorporen la participación de los ciudadanos para garantizar su funcionamiento.

• Otro acuerdo consistió en aceptar que para hacer prosperar un acuerdo de esta envergadura se tendrían que enfrentar con decisión los obstáculos que diversos poderes fácticos podría oponer a reformas y acciones que perjudiquen sus intereses.

• Por ello acordaron profundizar la democratización del país con base en tres grandes ejes rectores: el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho; la democratización de la política, la economía y los derechos sociales; y la participación de los ciudadanos como actores fundamentales, y no sólo como sujetos, en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

• A mesa tripartita pronto logró elaborar un documento que enlistaba de manera concisa una gran cantidad de objetivos socialmente deseables, propuestas de política pública, acciones políticas y administrativas, reformas legales y criterios que las tres partes compartían.

• Del mismo modo, identificaron una serie de puntos que podrían dividirlos y acordaron que sin que nadie depusiera o modificara sus posiciones sobre los mismos, los dejarían al margen y se reservarían el derecho de sostener sus posiciones de manera ordinaria en las diversas arenas políticas para que no fuesen obstáculo al acuerdo.

El equipo técnico

• Llegados a este punto, los integrantes de la mesa reconocieron la necesidad de incorporar a un equipo técnico-político de plena confianza para que fuese dando forma al texto de un acuerdo que expresara claramente el espíritu de la mesa tripartita y especificara en términos precisos los compromisos que integrarían el pacto. En esa etapa se incorporaron Aurelio Nuño del equipo de transición y del PRI, Juan Molinar del PAN, Carlos Navarrete del PRD y José Murat.

• La mecánica de trabajo consistió en un proceso reiterativo de elaboración de documentos por parte del equipo técnico y sesiones de discusión de la mesa tripartita para aprobar, modificar o corregir lo realizado por el equipo técnico y además agregar aquellos aspectos que surgieran en las sesiones de discusión que se daban entre los diez. Así se fue avanzando en los borradores finales.

• Hacia la tercera semana de noviembre del año pasado, el grupo contaba ya con un borrador consistente en cerca de 80 acuerdos, debidamente especificados e incluso calendarizados.

El Pacto acordado

• A fines de la tercera semana de noviembre del año pasado, se llegó a un acuerdo definitivo y el Pacto se integra con cinco apartados que abarcaron casi un centenar de acuerdos específicos. Los cinco capítulos se titula: Sociedad de Derechos; Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad; Seguridad y Justicia; Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; y Gobernabilidad Democrática.

• Los integrantes de la mesa fueron trabajando en el interior de sus partidos para construir el consenso indispensable que se requiere para dar sustento a un Pacto de trascendencia.

• El Pacto fue hecho público el 2 de diciembre del año pasado, en una ceremonia solemne, encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de los presidentes de los partidos pactantes: María Cristina Díaz del PRI, Gustavo Madero del PAN, Jesús Zambrano del PRI y por los demás integrantes del grupo negociador.

• De igual forma, estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Karam, el presidente de la Cámara de Senadores y coordinador de los senadores del PAN, Ernesto Cordero, así como el coordinador de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal, los coordinadores parlamentarios del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, los coordinadores parlamentarios del PRD Silvano Aureoles y Miguel Barbosa, y en calidad de observadores, los coordinadores parlamentarios del PVEM, Arturo Escobar y Jorge Emilio González. Junto con ellos, también atestiguaron la firma del Pacto por México los 31 gobernadores, así como los 3 gobernadores electos y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal electo.

• En la ceremonia se enfatizó la voluntad política de todos los firmantes.

• Igualmente, se subrayó el hecho de que cada uno de los 95 compromisos específicos está calendarizado de manera precisa, lo que permitirá a los signatarios del Pacto, y a la sociedad en general, seguir puntualmente el cumplimiento de los mismos.

Ahora bien senadores y diputados federales son envestidos con la figura de representantes populares, uno representante del pacto federal y otro representando a la nación, con la capacidad de crear, modificar o eliminar de leyes y normas, cuentan con la máxima tribuna nacional para expresar sus ideas y dirigir a este país.

El Pacto por México es la culminación de esfuerzos conjuntos, consensados al interior de los partidos políticos y manifestados como parte de una gran agenda, que de realizarse sentara bases solidas para la vida democrática de este país. El respeto a la vida interna de los partidos como lo menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41 inciso I, será la base para que la lucha por el poder sea institucional.

Generar confianza en la ciudadanía sobre la importancia de los partidos políticos es vital para la credibilidad de las instituciones mexicanas, entre ellas el Congreso de la Unión, por ello es de reconocer el esfuerzo realizado por los firmantes y que los temas de este acuerdo consideran una estrategia integral de política interior y exterior consensada que generará desarrollo político, económico, turístico y cultural en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República invita a las distintas fuerzas políticas del país firmantes del Pacto por México a que se incluyan dentro de sus apartados puntos específicos en materia de política exterior.

Segundo. Los puntos mínimos, pero no exclusivos que se deberán de considerar como parte de la agenda nacional en materia de política exterior son:

1. Creación de políticas públicas que eviten la migración de menores que viajan solos.

2. Introducción de un sistema de protección integral a mexicanos y mexicanas en el extranjero.

3. Implementación de programas institucionales que formen inversiones de mexicanos en el extranjero.

4. Diseño e implementación de políticas de diplomacia pública efectivas, que lleven a una eficiente promoción de la imagen de México en el extranjero.

5. Construir una agenda nacional y encabezar el establecimiento de la agenda internacional en materia de energía y medio ambiente.

6. Temas de Comercio y Cooperación Internacionales.

Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente, diputados: María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga, Mariana Dunyaska García Rojas, Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica);senadores: Graciela Ortiz González (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Están a discusión los puntos de acuerdo. Tengo registrado para hablar en pro al diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD. Tiene la palabra, señor diputado.

El diputado Uriel Flores Aguayo: Con el permiso de la Presidencia. Por supuesto que estamos a favor del dictamen por el que se solicita a los partidos firmantes que se incluyan en el Pacto por México los temas sustantivos en materia de política exterior, suscrito por los senadores del Partido Acción Nacional.

De todos es conocido el hecho de que nuestra política exterior ha sufrido graves retrocesos en los últimos 12 años. En el Partido de la Revolución Democrática estamos convencidos que la política exterior de México requiere de nuevos horizontes que le permitan volver a situarse en la palestra entre las naciones, en un mundo cada vez más globalizado.

En días pasados, nuestra fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados adoptó sus prioridades legislativas para el próximo período de sesiones. En materia internacional adoptamos las siguientes:

1. Iniciativa de Ley para Crear un Consejo Nacional de Política Exterior.

2. Iniciativa para crear una empresa remesadora latinoamericana, que se establezca en Estados Unidos de América y compita con costos bajos con las remesadoras tradicionales.

3. Iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de los mexicanos que residen en el extranjero.

4. Iniciativa para reformar al Instituto Nacional de Migración.

Estamos convencidos de que tales prioridades servirán para fortalecer la política exterior de nuestro país.

Por lo anterior y en virtud de que ésta es una sesión de la Comisión Permanente, hemos planteado a la Presidencia de la Mesa una reserva, por medio de la cual solicitamos que se modifique la redacción del punto de acuerdo en cuanto al primer resolutivo para que quede de la siguiente manera:

Dice: Primero. El Senado de la República invita a las distintas fuerzas políticas del país firmantes del Pacto... etcétera.

Debe decir: Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita a las distintas fuerzas políticas...

Voy a proceder a entregar la propuesta de modificación al primer resolutivo en estos momentos. Es todo, presidenta.

«Propuesta de modificación al primer resolutivo del dictamen por el que se invita a las distintas fuerzas políticas firmantes se incluya en el Pacto por México, temas sustantivos en materia de política exterior, que aprobó la segunda comisión y que presentaron originalmente senadores del PAN

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito que someta a consideración del pleno la modificación al primer resolutivo del dictamen de la segunda comisión por el que se invita a las distintas fuerzas políticas firmantes se incluya en el Pacto por México, temas sustantivos en materia de política exterior, suscrita originalmente por los senadores Gabriela Cuevas Barrón y Roberto Gil Zuarth, para quedar como sigue:

Dice:

Primero. El Senado de la República invita a las distintas fuerzas políticas del país firmantes del Pacto por México a que se incluyan dentro de sus apartados puntos específicos en materia de política exterior.

Debe decir:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita a las distintas fuerzas políticas del país firmantes del Pacto por México a que se incluyan dentro de sus apartados puntos específicos en materia de política exterior.

Diputado Uriel Flores Aguayo (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias. Solicitaría a la Secretaría consulte, en votación económica, si se acepta esta modificación que ha planteado el diputado Uriel Flores Aguayo.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se solicita si se acepta la propuesta de modificación al primer resolutivo de este dictamen. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Aprobada entonces la modificación propuesta.

Solicito a la Secretaría continúe con la lectura de los siguientes dictámenes para proceder luego entonces a su votación en conjunto.

ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal, estatales y del Distrito Federal a suscribir convenios de colaboración técnica con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados

Honorable Asamblea:

Con fecha 23 de enero de 2013 a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a los titulares de los poderes ejecutivos estatales y del Distrito Federal, a que suscriban convenios de colaboración técnica con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado denominado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de enero de 2013 la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó punto de acuerdo en relación a un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y titulares de los poderes ejecutivos estatales y de Distrito Federal, a que suscriban convenios de colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente, con el número de oficio D.G.P.L. 62-II-6-0338 fue recibido con fecha de 24 de enero de 2013.

3. Con fecha 25 de enero de 2013 se envió, por correo electrónico, a los integrantes de esta comisión, el punto de acuerdo en comento para su respectivo estudio.

4. Los miembros de esta Segunda Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía con los siguientes argumentos:

1. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es la agencia encargada de proteger y ayudar a los refugiados en el mundo, el ACNUR trabaja con el gobierno de México, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a refugiados (Comar).

Dentro del trabajo de protección de las personas refugiadas en México de ACNUR destacan las siguientes:

1. Asesoría legislativa en materia de refugiados;

2. Capacitación de estudiantes, académicos, funcionarios migratorios, abogados y juristas en materia de protección internacional sobre derecho internacional de los refugiados, dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos; y,

3. Facilitación de la integración de los refugiados a la sociedad.

Gracias a estas observaciones de ACNUR, pudimos detectar que el proyecto del Ejecutivo anterior no tiene coherencia y no se apega a los estándares internacionales en la materia.

Ahora bien, en el contexto político y económico de nuestro tiempo, los refugiados tienden a utilizar los mismos recursos, rutas y medios que los migrantes indocumentados en su intento por salir de sus países huyendo de la violencia o la persecución.

De igual forma, los refugiados necesitan encontrar una solución permanente a su situación, ser capaces de mantenerse por ellos mismos y asumirse como miembros productivos de la sociedad que los recibió. Algunos pueden tener dificultades para encontrar un empleo e incluso suelen enfrentar las peores manifestaciones de la discriminación.

Por ello, resulta fundamental que sumemos esfuerzos con el objetivo de garantizar que los derechos humanos y el bienestar de quienes han solicitado protección internacional en nuestro país sean efectivamente respetados.

Para ello, proponemos la celebración de convenios nacionales y estatales con un organismo internacional como ACNUR, a efecto de explotar al máximo la experiencia y las capacidades técnicas que nos permitan establecer las bases y los mecanismos integrales y transversales de colaboración para la ejecución de actividades dirigidas a la protección e integración local de las personas acogidas a las instituciones de asilo o refugio en nuestro país, y también para combatir las prácticas discriminatorias, el racismo, la xenofobia y la trata de personas.

Lo anterior ha puesto a México al día, y lo ha comprometido aún más frente a la comunidad de naciones.

Por lo anterior, el proponente concluye con su punto de acuerdo que dice:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de los poderes ejecutivos estatales y al jefe de gobierno del Distrito Federal, a que suscriban e instrumenten convenios de colaboración técnica con la representación en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a efecto de aplicar protocolos de atención, protección, información e integración económica y social de quienes solicitan o se encuentran en nuestro país en calidad de refugiados o asilados.

III. Consideraciones

Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se abocó al estudio de los mismos. En consecuencia, los miembros de esta comisión se manifiestan a favor del punto de acuerdo con base en

Antecedentes

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se estableció el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La agencia tiene el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional para proteger y resolver los problemas de los refugiados en todo el mundo. Su objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados.

Se esfuerza por garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo y encontrar refugio seguro en otro estado, con la opción de regresar a sus hogares de forma voluntaria, integración local o el reasentamiento en un tercer país.

El personal de ACNUR trabaja en unos 120 países alrededor del mundo, lleva a cabo sus operaciones en distintas localidades, desde principales capitales a lugares remotos y difíciles donde nuestro personal de terreno ayuda directamente a las víctimas más vulnerables de desplazamiento. Mantenemos oficinas en los países donantes en todo el mundo y donde los refugiados están llegando, en estrecha colaboración con los gobiernos para garantizar que la Convención de Refugiados de 1951 sea respetada.

Estadísticas

• Refugiados a enero de 2010: mil 226 (Países de origen: El Salvador, Guatemala, Colombia, Haití, entre otros; Mujeres: 36 por ciento).

• Solicitantes de asilo: 680.

• Tasa de reconocimiento: 16.6 por ciento.

• Repatriados: -

• Desplazados internos: -

• Casos de reasentamiento: 0.

• Número total de personas bajo la competencia del ACNUR: 3 mil 473.

• Presupuesto anual en 2006 (en dólares estadounidenses): 733 mil 750.

• Donaciones del país al ACNUR en 2004 (en dólares estadounidenses): 100 mil.

Marco Jurídico

• Ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951: 17 de abril de 2000 (Publicado en Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2000).

• Ratificación del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967: 17 de abril de 2000 (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2000).

• Normativa nacional sobre refugiados: Ley sobre refugiados y protección complementaria (26 de enero de 2011), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011. Reglamento de la Ley sobre refugiados y protección complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2012.

• Definición ampliada de refugiado (Declaración de Cartagena de 1984): Sí

• Ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954: 17 de abril de 2000 (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2000).

• Ratificación de la Convención para la reducción de los casos de apátrida de 1961: No.

• Otros tratados de derechos humanos.

Comentarios

La mayoría de refugiados en México enfrentan discriminación por su aspecto físico, especialmente los indígenas procedentes de Centroamérica y los de origen afro o provenientes de aquel continente por el color de la piel e incluso por su acento.

Lo anterior repercute principalmente en inestabilidad económica y social para ellos y sus familiares, la dificultad para encontrar empleo estable, inscribirse en la escuela o revalidar estudios y ocupar, sin ser molestados, una vivienda digna.

Siguen llegando refugiados a México, sólo que ahora no se trata de grupos masivos procedentes de un solo país vecino, sino de personas que llegan solas o acompañadas de algunos familiares y se ubican principalmente en las ciudades, lo cual representa importantes retos para su integración al país.

Estamos a favor de que se lleven a cabo la celebración de convenios estatales y nacionales con un organismo internacional como ACNUR, a efecto de explotar al máximo la experiencia y las capacidades técnicas que nos permitan establecer las bases y los mecanismos integrales y transversales de colaboración para la ejecución de actividades dirigidas a la protección e integración local de las personas acogidas a las instituciones de asilo o refugio en nuestro país, y también para combatir las prácticas discriminatorias, el racismo, la xenofobia y la trata de personas.

Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

IV. Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a los titulares de los poderes ejecutivos estatales y al jefe de gobierno del Distrito Federal, a que informen de la situación de los refugiados y suscriban e instrumenten convenios de colaboración técnica con la representación en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a efecto de aplicar protocolos de atención, protección, información e integración económica y social de quienes solicitan o se encuentran en nuestro país en calidad de refugiados o asilados.

Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2013.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente, diputados: María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga, Mariana Dunyaska García Rojas, Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica); senadores: Graciela Ortiz González (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).»

TEXTO GRATUITOS EN SISTEMA BRAILLE

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a editar por el Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille

Honorable Asamblea:

Con fecha 23 de enero de 2013, a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LXII Legislatura, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo para que a través del Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa se editen las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Segunda Comisión, quienes suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado I, “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado II, “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta en estudio y las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado III, “Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de enero de 2013 el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó punto de acuerdo mediante el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a editar a través del Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, para estudio y dictamen correspondientes; con el número de oficio DGPL 62-II-4-363 fue recibida con fecha de 23 de enero de 2013.

3. Con fecha 25 de enero de 2013 se envió por correo electrónico a los integrantes de esta comisión el punto de acuerdo en comento para el respectivo estudio.

4. Los miembros de la Segunda Comisión, en reunión procedimos a elaborar el presente dictamen, al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía con los siguientes argumentos:

1. En México, la población que tiene algún tipo de discapacidad representa 5.1 por ciento de la población, que asciende a más de 112 millones de mexicanos, es decir, 5.7 millones de personas. Del total, 1.5 millones tienen discapacidad visual, de los que 145 mil son niños.

2. El país cuenta con diversos organismos públicos encargados de velar por los derechos e inclusión de las personas con discapacidad, incluidos los que tienen discapacidad visual. Destacan el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

3. El acceso a la educación en México es un derecho consagrado en el artículo 3o. constitucional, incluido también en la Declaración de los Derechos de los Niños y en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de las Naciones Unidas, de la que México forma parte. Con la aprobación de la Declaración de Salamanca sobre Niños con Necesidades Especiales, firmada en 1994, el país emprendió la restructuración de la educación especial para aplicar un modelo de integración e inclusión, pero sin los recursos y la voluntad suficientes.

4. De acuerdo con cifras del Conapred, sólo 2 de cada 100 niños con discapacidad visual asisten a la escuela. Esto indica que 98 por ciento de estos niños no va al colegio, pese a que su única limitación es la discapacidad visual, es decir, no tienen discapacidad cognitiva. El principal obstáculo para que estos niños asistan a una escuela regular es que los docentes no cuentan con las herramienta necesarias para su enseñanza; dicho material son los libros escritos en sistema braille, los cuales resultan imprescindibles.

5. En marzo de 2009, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, órgano de la Secretaría de Educación Pública, y el Senado de la República, en un enorme esfuerzo para llevar a los niños invidentes a las escuelas públicas, firmaron un convenio de colaboración para la edición y producción de libros de texto en sistema braille.

6. La inclusión en la educación pública de niños invidentes no se ha alcanzado porque el Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa de la Secretaría de Educación Pública no ha editado las actualizaciones de los libros en braille, hecho que imposibilita su uso.

Por lo anterior, el proponente concluye con su punto de acuerdo, que dice:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal a editar a través de su Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille, con el propósito de integrar en la educación básica a los 145 mil niños invidentes en México.

III. Consideraciones

Ante los argumentos que expone la proposición, la comisión dictaminadora se abocó al estudio de éstos. En consecuencia, los miembros de la comisión se manifiestan a favor del punto de acuerdo, con base en

México cuenta con un marco jurídico que regula la atención de la población en condiciones con discapacidad en el país. Éste se integra por leyes, reglamentos, decretos, normas, y sus respectivas organizaciones gubernamentales, encargadas de dar cumplimiento a la normatividad respectiva. Sin mencionar toda la normatividad, resaltaremos sólo la vincula con el punto de acuerdo:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las adiciones del artículo 1o., del 14 de agosto de 2001, México entró en una nueva era, donde se garantizan los derechos de las personas socialmente débiles y, con esto, el impulso para crear leyes secundarias encargadas de proteger y velar por los derechos de las personas con capacidades diferentes. Así, el fundamento constitucional del derecho a las personas con discapacidad en México queda sustentado en el título primero, de las garantías individuales, párrafo tercero, del artículo 1o. de la Constitución Política federal vigente. Este párrafo hace referencia a la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

2. Esta mención constitucional reconoce el valor que dan a las personas con discapacidades con prohibición a toda discriminación y que se entiende que como individuos gozan de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

3. El decreto por el que se aprueban la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, así como su ratificación por el Senado de la República y la Declaración Interpretativa en favor de las Personas con Discapacidad. Al ratificar esta convención, los Estados Unidos Mexicanos refrendaron su compromiso en favor de la promoción y protección de los derechos de los mexicanos con alguna discapacidad, tanto de los que se encuentren en territorio nacional como en el extranjero.

• Como parte de las acciones de Naciones Unidas, como se mencionó en el párrafo anterior, en 2006 se aprobó una nueva ley que establece que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra. También dice que todas las personas con discapacidad son iguales ante la ley. Asimismo, refiere que esto se aplica a todas las mujeres, las niñas y los niños que presenten discapacidades.

4. Ley General de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y señala el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio. En el artículo 29 se menciona que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, las estrategias y los programas derivados de esta ley.

Esta ley trata de regular ámbitos importantes que coinciden con el espíritu del promovente, como

Educación. En esta materia, tan importante para el sostenimiento de cualquier estado social y democrático, el Estado se encargará de elaborar y fortalecer programas en educación especial; esta actividad comenzará en los primeros años del infante, por lo cual todas las guarderías, privadas o públicas, estarán obligadas a admitir a niños con discapacidad; otra de las muchas necesidades será sin duda la profesionalización del cuerpo docente y del personal que tenga intervención directa en la incorporación educativa de personas con discapacidad; se establecerán programas con reconocimiento oficial en lengua de señas mexicana y sistema de escritura braille, así como las bibliotecas del sistema nacional tendrán las adecuaciones humanas y tecnológicas para la plena integración de las personas con capacidades diferentes.

El Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa tiene entre sus objetivos una atención educativa de calidad de niños y de jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presenten discapacidad, mediante el fortalecimiento del proceso de integración educativa y de los servicios de educación especial.

Las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, en el punto 4, referente a los lineamientos generales, en específico el 4.3, “Características de los apoyos”, a saber:

b) Apoyo en efectivo

Los recursos del programa son adicionales y complementarios a los que proporcionan los programas federales, locales y municipales vigentes destinados a la infraestructura, la operación de los servicios de educación especial y a la operación de las instituciones públicas de educación inicial y escuelas públicas de educación básica que reciben apoyo de los servicios de educación especial para avanzar en la consolidación de la educación inclusiva. En ningún caso estos recursos sustituirán los recursos regulares destinados para esos fines. Estos recursos no son regularizables.

Los recursos del programa serán asignados por la SEP y ejercidos por las autoridades educativas locales y por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal sin perder su carácter federal, y deberán ser utilizados únicamente y exclusivamente para la operación del programa, de conformidad con las presentes reglas de operación, así como en los convenios de coordinación o lineamientos de coordinación respectivos.

En el punto 4.3.2, referente al monto del apoyo, se precisa lo siguiente:

Los recursos federales destinados para el ejercicio fiscal de 2012, de acuerdo con el presupuesto autorizado para el programa S033, serán transferidos a las autoridades educativas locales y a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal en términos de las presentes reglas de operación, y de acuerdo a los convenios de coordinación y de los lineamientos internos de coordinación. Asimismo, se destinará para gasto de operación, difusión, asesoría y evaluación del programa 6 por ciento del monto autorizado.

En materia de discriminación existe la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, cuyas disposiciones son de orden público y de interés social. En los artículos 11 y 13 incluye una serie de medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunidades de niños con discapacidad y de las personas con discapacidad en su conjunto.

La educación como parte importante del desarrollo del ser humano no puede quedar atrás en materia de personas con discapacidad. Actualmente nos rige la Ley General de Educación, que regula la educación que imparte el Estado (federación, entidades federativas y municipios), sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. En el artículo 39, esta ley señala que en el sistema educativo nacional quedan comprendidas la inicial, la especial y para adultos. Asimismo, en el artículo 41 menciona que la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a los de aptitudes sobresalientes, y atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso a toda la población al desarrollo social y dando cumplimiento al artículo 1o. de la Carta Magna contra la discriminación existe la Ley General de Desarrollo Social, cuyo artículo 8 señala que toda persona o grupo social en situación de desventaja tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendentes a disminuir su desventaja. Además, en el artículo 9 establece que los municipios, los gobiernos de las entidades federativa y el Poder Ejecutivo federal, en sus respectivos ámbitos de acción, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, las familias y los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos necesarios y estableciendo metas cuantificables.

5. Ley de Asistencia Social (2 de septiembre 2004) tiene la finalidad de proteger intereses y derechos de personas con discapacidad. Dicha ley tendrá observancia general en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley indicará quiénes tendrán derechos a la asistencia social, dará los lineamientos para establecer con claridad cuáles serán los servicios de asistencia social e indicará qué instituciones, públicas o privadas, pertenecen al sistema nacional de asistencia social. De igual forma, esta ley será la encargada de la supervisión de las instituciones de asistencia social.

Con base en lo mencionado se entendería que las personas con discapacidad cuentan con una cobertura plena en cada una de sus necesidades, pero no es así. En México, según diversas organizaciones no gubernamentales, hace falta no sólo disposición política sino conciencia cívica para abatir la discriminación y el rezago de este sector.

Por lo expuesto, la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición:

IV. Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta atentamente a la Secretaría de Educación Pública federal a editar a través de su Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille, con el propósito de integrar en la educación básica a los 145 mil niños invidentes en México.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar a esta soberanía acerca de los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha.

Congreso de la Unión, a 29 de enero de 2013.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, diputados: María de las Nieves García Fernández (rúbrica), presidenta; Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica senador Fidel Demédicis Hidalgo), secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica diputado Raymundo King de la Rosa), José Sergio Manzur Quiroga, Mariana Dunyaska García Rojas, Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica diputada Carla Alicia Padilla Ramos), Ricardo Cantú Garza (rúbrica); senadores: Graciela Ortiz González (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, secretarias; Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).»

CALIDAD EDUCATIVA

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a difundir la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se ha revocado el reconocimiento de validez oficial porque sus programas no cumplen estándares de calidad educativa

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013 a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, del primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, para que difunda la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial, por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa, presentado en el pleno por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Los legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión.

En el apartado denominado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 16 de enero de 2013 el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presento punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Educación Pública, para que difunda la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial, por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, para su estudio y dictamen correspondiente, con el número de oficio D.G.P.L. 62-II-7-348 fue recibido con fecha de 17 de enero de 2013.

3. En sesión ordinaria de la Segunda Comisión de fecha de 22 de enero 2013, se entregó a los integrantes de la mencionada comisión el punto de acuerdo en comento para su respectivo estudio.

4. Los miembros de esta Segunda Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía con los siguientes argumentos:

1. En el documento publicado recientemente por la Secretaría de Educación Pública (SEP), titulado RVOES federales y programa de fomento a la calidad de las instituciones particulares, se señala que en los últimos seis años se sancionó por falta de calidad educativa a 7 mil 84 programas de licenciatura, maestría, doctorado y especialidades.

2. En el balance que hace la dependencia, se informa que entre 2007 y 2012 se presentaron más de 11 mil solicitudes para revalidación de validez oficial de estudios, con el fin de abrir nuevas opciones educativas a nivel superior, de las cuales fueron autorizadas 8 mil 592, lo que es más de la mitad de la totalidad de los programas vigentes totales autorizados por la SEP.

3. De acuerdo a declaraciones del investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Blanco, hay cerca de 921 programas que han sido “cancelados o retirados” entre 2007 y 2012, de los cuales no existe información en la página de Internet del sistema de Revalidación de Validez Oficial de Estudios Superiores (RVOES) de la SEP, y que a pesar de carecer de reconocimiento de validez oficial se siguen ofertando a estudiantes universitarios en diferentes universidades privadas.

4. De conformidad a lo que marca el artículo 56 de la Ley General de Educación establece que “Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos” información que no ha sido difundida oportunamente lo que permite se continúe defraudando a quienes acceden a esos programa.

Por lo anterior, el proponente concluye con su punto de acuerdo que dice:

Único. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal a difundir la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa.

III. Consideraciones

Ante los argumentos que expone la proposición, esta Comisión Dictaminadora se avocó al estudio de los mismos. En consecuencia, los miembros de esta Comisión se manifiestan a favor del punto de acuerdo con base en:

El RVOE es un documento legal que puede otorgar tanto la Secretaría de Educación Pública estatal como la federal, previa solicitud de las instituciones particulares para cada uno de los programas que buscan ofrecer (ya sea de técnico superior universitario, de licenciatura, especialidad, maestría y/o doctorado), y se obtiene una vez que cumplen una serie de requisitos académicos, legales y de infraestructura. Es decir, la validez de estudios no la otorga la institución educativa particular o privada sólo por el hecho de ofrecer estudios, sino que estas instituciones deben solicitar el RVOE y obtenerlo por parte la SEP antes de que comience la inscripción de alumnos.

El soporte jurídico para las facultades se ejercen a través del RVOE son:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3o.

Fracción V.

Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos-incluyendo la educación inicial y a la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

Fracción VI.

Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley

• Ley General de Educación

Artículo 55. Las autorizaciones y los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I. Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21;

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.

Artículo 56. Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. Asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos.

Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo otorgó.

Artículo 59. Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad. En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Acuerdos

Número 279

Por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del tipo Superior.

Este acuerdo es específico para el tipo educativo superior, el cual comprende la licenciatura especialidad, la maestría, el doctorado, así como las opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura.

En esta norma podrán encontrarse las definiciones de cada uno de los estudios que comprenden el tipo superior, los créditos que deben satisfacer los planes de estudio, así como los requisitos para que una institución pueda ostentar la denominación de Universidad, entre otros aspectos.

Número 1/SPC(violación de ciclo)

El objeto de este Acuerdo es tutelar que se respete el orden en que se deben cursar los estudios y prohibir a las instituciones que inscriban a aquellos alumnos que no hayan satisfecho el antecedente académico necesario para cursar determinado nivel educativo.

Lo anteriormente mencionado es el marco que faculta a la SEP, para dar seguimiento al trabajo que realicen las instituciones académicas, lo cual se convierten en Derechos para los usuarios, el cual resulta necesario ante la desesperación de jóvenes que no encuentran lugar en instituciones públicas de educación superior ya que se convierte en posibles víctimas de fraudes. La alta demanda de escuelas de nivel superior ocasionó la proliferación de escuelas e instituciones educativas que lo único que buscan es lucrar con la necesidad educativa; en años anteriores se ha sancionado a instituciones que no informaron a los padres de familia sobre su carencia del RVOE, nada impide que estos establecimientos laboren impartiendo un nivel técnico o diplomados aunque sin validez oficial.

Las instituciones particulares deben contar con un reglamento escolar, informar a los padres de familia sobre todos los cobros que se realizarán durante el semestre o año lectivo, así como horarios de atención de los funcionarios de la escuela.

La Ley General de Educación establece en sus artículos 56 y 59 que la publicidad y documentación emitida debe incluir la leyenda que indique que los estudios que se imparten cuentan o no con RVOE, además de incluir el número, fecha del acuerdo y la autoridad que lo otorgó.

El Estado de derecho es la garantía de certeza jurídica para las partes, es por eso de vital importancia que las escuelas que no cumplan con lo mencionado por la norma para proveer a la ciudadanía de una educación de calidad en pleno apego a las mismas normas sean mencionadas en listas publicas de fácil acceso a los usuarios regulares del mencionado servicio.

Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– somete a la consideración de esta honorable Soberanía, la siguiente Proposición:

IV. Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que difunda la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial, por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso De la Unión exhorta, a la Secretaría de Educación Pública, para que informe a esta soberanía vía Comisión Ordinaria respectiva, sobre los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías de educación de las entidades federativas, informar del motivo de las quejas, de las universidades sancionadas y a las que se les revocó el reconocimiento oficial.

Congreso de la Unión, a 29 de enero de 2013.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente, diputados: María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga, Mariana Dunyaska García Rojas, Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica); senadores: Graciela Ortiz González (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, secretario. En virtud de que no hay oradores y que se han considerado entonces suficientemente discutidos, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se informa a la asamblea que la Tercera Comisión de Trabajo entregó a esta Presidencia dictámenes con puntos de acuerdo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día para su inclusión.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión justamente de los dictámenes con puntos de acuerdo de esta Tercera Comisión de Trabajo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a esta asamblea en votación económica si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se autoriza.

ESTADO DE TAMAULIPAS

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, investigue si la sucursal del Banco Azteca en Matamoros, Tamaulipas, presta servicios de acuerdo con las sanas prácticas bancarias y en el marco de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, investigar el servicio de banca y crédito que ofrece la sucursal Banco Azteca en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar si la actividad de banca múltiple que presta dicha institución, se realiza acorde con las sanas prácticas bancarias y dentro del marco de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, presentado en el pleno por el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta tercera comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “ III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 16 de enero de 2013, el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, investigar el servicio de banca y crédito que ofrece la sucursal Banco Azteca en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar si la actividad de banca múltiple que presta dicha institución, se realiza acorde con las sanas prácticas bancarias y dentro del marco de la ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio DGPL 62-II-4-345.

3. Los miembros de esta tercera comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que dentro de sus respectivas atribuciones investigue el servicio de Banca y Crédito, que ofrece la sucursal Banco Azteca en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, tomando en cuenta la información que la Condusef reporta al público al respecto, a fin de determinar si la actividad de banca múltiple que presta dicha institución bancaria privada, se realiza acorde con las sanas prácticas bancarias y dentro del marco de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que una vez teniendo los resultados de la investigación, se proceda a realizar la supervisión y seguimiento pertinente sobre el cobro de comisiones y cuotas interbancarias que lleve a cabo la entidad financiera Banco Azteca, SA, institución de banca múltiple en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, en términos de la legislación aplicable.

Adicionalmente, la proposición con punto de acuerdo en cuestión expone en las “Consideraciones” la situación de abuso de la que son objeto los usuarios de servicios y productos financieros de la sucursal de Banco Azteca, SA, institución de banca múltiple, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

El documento precisa que las quejas de los usuarios son debido al cobro de exageradas comisiones acompañado de malos tratos e insultos por parte del personal, quienes realizan llamadas telefónicas hasta altas horas de la noche a los domicilios de los usuarios. Además, si se presenta un atraso en el pago de la anualidad de los servicios financieros prestados por el banco, el adeudo se incrementa a tal grado que llega a duplicar su monto original por lo que el pago de la deuda alcanza únicamente para cubrir intereses moratorios.

Estos datos son corroborados con datos registrados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ya que en 2011, con un porcentaje del 1.9 por ciento, Banco Azteca encabeza la lista del índice de sanciones por incumplimiento a la Ley de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, tal como se muestra en la siguiente imagen:

El documento finaliza considerando que a través de los procedimientos establecidos en las leyes que regulan el sistema financiero, las entidades deben cumplir debida y eficazmente con las operaciones y servicios, en los términos y condiciones concertados, con los usuarios de servicios financieros y en caso contrario la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ordenar la suspensión de operaciones de Banco Azteca, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la ley aplicable.

III. Consideraciones

1. Esta comisión dictaminadora se avocó al estudio de los argumentos expuestos y de los resolutivos que le dan pie, procediendo a revisar información relacionada, por lo que, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV.

2. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) establece qué pueden y qué no pueden hacer las instituciones para realizar el cobro de préstamos y otros servicios. Lo que sí puede hacer una institución de servicios financieros es llamar al deudor e identificarse (nombre completo, empresa en la que labora y que representa), explicar al deudor el estado de su cuenta, y los acuerdos que podrían presentarse, siendo estos entregados mediante un convenio firmado antes de que se realice cualquier pago.

3. Por lo anterior será necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores investigue a la sucursal de Banco Azteca en el municipio de Matamoros, Tamaulipas para determinar que la sucursal esté cumpliendo con las políticas correctas en la atención a usuarios.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que dentro de sus respectivas atribuciones investigue el servicio de banca y crédito que ofrece la sucursal Banco Azteca en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, tomando en cuenta la información que la Condusef reporta al público al respecto, a fin de determinar si la actividad de banca múltiple que presta dicha institución bancaria privada, se realiza acorde con las sanas prácticas bancarias y dentro del marco de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que, en cumplimiento de sus facultades realice un mecanismo especial para atender en Matamoros, Tamaulipas, a usuarios de los servicios de Banco Azteca, en esa localidad, para que presenten las quejas que pudieran tener con relación a sus derechos, derivados de los contratos de crédito suscritos con la misma, y pueda realizar las investigaciones o mediación que corresponda, procurando que las mismas se efectúen con prontitud y diligencia. Se exhorta a dicha comisión a que informe a esta soberanía sobre las quejas recibidas y su resolución, en cuanto las considere concluidas.

Congreso de la Unión a 30 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González, Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica); diputados: Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.»

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instruya al Consejo Nacional de Armonización Contable, presente un informe a esta soberanía sobre los avances de la etapa inicial del mecanismo de diagnóstico y evaluación para la adopción e implementación de la armonización contable.

Honorable Asamblea:

Con fecha del 23 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la SHCP que instruya al Consejo Nacional de Armonización Contable a fin de que presente a esta soberanía un informe sobre los avances de la etapa inicial del mecanismo de diagnóstico y evaluación para adoptar e implantar esa armonización, suscrita por la senadora Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso Legislativo, del recibo. y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la Comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de enero de 20l3, la senadora Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la SHCP que instruya al Consejo Nacional de Armonización Contable a fin de que presente a esta soberanía un informe sobre los avances de la etapa inicial del mecanismo de diagnóstico y evaluación para adoptar e implantar esa armonización.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio DGPL 62-II-5-429.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contén ido en el punto de acuerdo y que a la letra señala:

El Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instruya al Consejo Nacional de Armonización Contable presente un informe a esta soberanía sobre los avances de la etapa inicial del mecanismo de diagnóstico y evaluación para la adopción e implementación de la armonización contable.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” que con la publicación en 2008 del decreto que adiciona la fracción XXVIII al artículo 73 de nuestra Carta Magna, el Poder Legislativo quedó facultado para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental. A partir de este año, se inicia un proceso de rediseño institucional acompañado de una serie de reformas legislativas cuyo primer paso es la promulgación, en el Diario Oficial de la Federación, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

El documento reconoce que esta nueva ley tiene por objeto establecer criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental, y busca armonizar el registro y facilitar la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gasto públicos. Además, obliga a los entes públicos emitir información financiera patrimonial, tener un sistema contable armonizado y brindar elementos suficientes para lograr una evaluación del desempeño de los mismos, promoviendo la transparencia de la información pública. También prevé que los estados y municipios que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de esta ley, no podrán contratar o emitir deuda e inscribirla en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para la instrumentación de estas nuevas disposiciones, la presente ley contempló la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac) como instancia responsable de la coordinación para la armonización gubernamental y cuyas facultades son la emisión de las normas contables y los lineamientos para la generación de información financiera de todos los entes públicos del país, así como los plazos y fechas límite para su funcionamiento establecidos en la ley y en el Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitido por el consejo.

Con la finalidad de reforzar las reglas para la armonización y publicación de la información financiera de los entes públicos y ampliar los plazos para la publicación de la información, los legisladores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión aprobamos reformas a la LGCG, decreto que fue publicado el 12 de diciembre de 2012.

En apoyo al cumplimiento de lo dispuesto, se estableció en el artículo noveno transitorio, del decreto de 2008, la creación de un fondo concursable en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para que la SHCP otorgara subsidios a las entidades federativas y a los municipios. Por mencionar unos datos, en 2012, dicha secretaría emitió los lineamientos para aplicar los recursos presupuesta les destinados a apoyar los objetivos y metas de la armonización contable, para lo cual contemplaba una provisión 51.7 millones de pesos. Además se cuenta con 64.3 millones de pesos a cargo del Instituto Nacional de Administración Pública, para subsidiar la capacitación y profesionalización de las unidades administrativas competentes en la materia de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de las tecnologías de la información y comunicación que permitan el cumplimiento de la ley.

En las “Consideraciones” del punto de acuerdo se afirma que para ser congruentes con la transparencia y la rendición de cuentas, en concordancia con la nueva lógica de la administración pública federal y dado que ya fueron destinados recursos desde el inicio de este proceso, es imprescindible que el Conac envíe a esta soberanía un informe sobre el estado que guarda el avance en la adopción e implementación de la armonización contable de acuerdo al “Calendario de trabajo ajustado de la etapa inicial del mecanismo de diagnóstico y evaluación para la adopción e implementación de la armonización contable” publicado en octubre de 2012, antes de la última reforma a la LGCG.

El documento concluye que de esta manera, se dará respuesta a una prioridad compartida por los órdenes de gobierno que, comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas, disponemos ya de un pilar constitucional para superar la heterogeneidad conceptual, normativa y técnica prevaleciente en sus sistemas contables y de rendición de cuentas. Es claro que sólo con información comparable, no solamente los ciudadanos podrán evaluar con certeza los resultados qué arrojé la gestión de sus gobernantes, sino que además tendrán, en la contabilidad gubernamental, un instrumento clave para la toma de decisiones, al sustentarse en reportes compatibles y congruentes, adaptados en su base técnica y a las mejores prácticas nacionales e internacionales de administración financiera.

III. Consideraciones

1. La construcción de un marco que garantice la transparencia y la rendición de cuentas se ha consolidado como uno de los temas prioritarios y urgentes de nuestra agenda nacional. Los principales grupos políticos y la sociedad en general a través de sus organizaciones ha ubicado el tema como un asunto fundamental para el combate a la corrupción y para una mejor asignación y aplicación del gasto.

2. La transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización constituye una pieza clave en la construcción de un presupuesto que tenga un mejor impacto en el mejoramiento de las variables económicas y sociales de México y sus estados.

3. El proceso de democratización en México ha implicado una mayor descentralización y una mayor autonomía en el gasto de los estados lo cual puede revitalizar el pacto federal y atender de forma más directa y eficiente sus problemáticas. Sin embargo esta transición se ha dado más rápido que la construcción institucional del marco que promueva la transparencia y la rendición de cuentas en los estados.

4. La Ley General de Contabilidad Gubernamental aprobada recientemente es un paso importante en esta agenda; sin embargo, es necesario que sea acompañada en su proceso de adecuación y consolidación en los estados. Consideramos fundamental y pertinente contar con un diagnóstico y evaluación respecto a los avances de la adopción e implementación de la armonización contable.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que instruya al Consejo Nacional de Armonización Contable a que presente un informe a ésta soberanía respecto de los avances de la etapa inicial del mecanismo de diagnóstico y evaluación para la adopción e implementación de la armonización contable.

Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica); diputados: Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.»

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que intervenga, en conjunto con las Secretarías respectivas de Competencia, para establecer tarifas diferenciadas en la ruta del ferry entre Playa del Carmen y la isla de Cozumel, para todos los habitantes residentes de Quintana Roo.

Honorable Asamblea:

Con fecha 23 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a intervenir con las secretarías competentes a fin de establecer tarifas diferenciadas en la ruta del “Ferry playa del Carmen-Isla de Cozumel” para todos los residentes de Quintana Roo, presentado en el pleno por la senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta tercera comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de enero de 2013, la senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la. Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a intervenir con las secretarías competentes a fin de establecer tarifas diferenciadas en la ruta del “Ferry playa del Carmen-Isla de Cozumel” para todos los residentes de Quintana Roo.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio DGPL 62-II-6-0334.

3. Los miembros de esta tercera comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta de los resolutivos contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que intervenga en el tenor de sus facultades para establecer tarifas diferenciadas en la ruta del ferry entre playa del Carmen y la isla de Cozumel, para todos los habitantes locales del estado, acordes al poder adquisitivo de la población.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que intervenga en el tenor de sus facultades para establecer la tarifa diferenciada, a los ciudadanos mexicanos para impulsar el sector turístico en la isla de Cozumel.

S e exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice un estudio ante el incremento irregular del precio de transporte de carga en el ferry de la ruta entre Playa del Carmen y la isla de Cozumel, con la finalidad de disminuir la tarifa e implementar tarifas diferenciadas entre los habitantes locales y los ciudadanos mexicanos de la república.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” que en el estado de Quintana Roo, el transporte ferry que va de playa del Carmen a Cozumel tiene un precio de adulto: viaje sencillo de 156 pesos, viaje redondo 312 pesos, donde la tarifa diferencial para los habitantes de Cozumel y de playa del Carmen es de 88 pesos. Es un precio muy elevado considerando que el salario mínimo es de 61.38 pesos diarios en el estado de Quintana Roo, y que sólo 15 por ciento de los trabajadores perciben más de 5 salarios mínimos en promedio, y 54 por ciento de éstos perciben menos de 3 salarios mínimos1.

El documento también señala que a través de los años ha ido aumentando el precio, en 2007 el precio de tarifa diferencial era de 50 pesos (viaje sencillo), en 2008 aumento 32 pesos para quedar en 82 pesos, en 2009 aumento 6 pesos y quedo en el precio actual de 88 pesos viaje sencillo, 172 pesos redondo, además de que el transporte de carga (automóviles) con un costo 380 pesos pasó a 760 pesos, lo que representa un aumento irracional mayor a 100 por ciento en un año.

En virtud de que el estado está obligado a proporcionar vías de comunicación, es necesario establecer en este caso específico un precio justo, razonable, equitativo y proporcional al costo del viaje entre la isla de Cozumel a playa del Carmen en el estado de Quintana Roo, con la finalidad de que la población pueda satisfacer sus necesidades de transportarte, acorde a su poder adquisitivo.

Asimismo añade que la ruta que va de playa del Carmen a Cozumel tiene un precio calculado en el servicio turístico, por lo que se ha convertido en un lujo para la población local realizar esta ruta básica de transporte. En el México moderno es impensable que una región quede incomunicada por no poder cumplir con el pago de las tarifas requeridas, es menester mencionar que la isla de Cozumel pertenece al estado de Quintana Roo, por lo tanto es obligación del estado atender esta situación.

La distancia entre playa del Carmen y Cozumel es de 18 kilómetros, una distancia relativamente corta para tener precios tan elevados, ya que el costo unitario por cada kilómetro recorrido es de 8.60 pesos, mientras que en Canadá es de 2.26 pesos por kilómetro.

El punto de acuerdo toma como referencia el artículo 35 de Ley Orgánica de la Administración Pública para puntualizar que es conveniente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tome conocimiento de lo expuesto y regule la situación en cuestión sobre el precio del viaje en ferry que va de playa del Carmen a Cozumel, ya que es un precio que no todos los ciudadanos residentes del área pueden pagar. Los habitantes necesitan una disminución en el costo del viaje de dicho ferry para poder trasladarse en el estado de donde son originarios, impulsando los objetivos de determinado viaje, ya sea para el esparcimiento, para laborar o cualquier otro fin.

El contenido de las “Consideraciones” finaliza con la mención de tres vertientes:

1. Disminuir el precio del viaje que se les da a los connacionales, entre playa del Carmen y la isla de Cozumel, para fomentar el turismo en dicha isla, en razón de que los elevados costos perjudican el acceso a la isla.

2. Disminuir el precio que se les da a las personas locales, entre playa del Carmen y la isla de Cozumel para trasladarse con más facilidad entre el territorio que habitan, tomando en cuenta el salario mínimo de esa zona, y que su lugar de origen es este mismo, con la diferencia del caso anterior de que sea aún menor la tarifa.

3. Además de hacer una disminución de tarifa diferenciada en el servicio de transporte de carga, ante su irregular aumento de 100 por ciento.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se avocó al estudio de los mismos y del resolutivo que le da pie, procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV y que se plantean con base en las siguientes consideraciones y propuestas de modificación.

2. De no disminuirse, las tarifas en la ruta del ferry entre playa del Carmen y la isla Cozumel, la población podría estar pagando las consecuencias de padecer un duopolio en el servicio de ferry de carga, el cual única y exclusivamente prestan las empresas TransCaribe, parte del consorcio yucateco Molina-Aviomar y la empresa Ultramar.

3. Por lo anterior, esta comisión considera necesario que la Comisión Federal de Competencia (CFC) realice las investigaciones necesarias para que determinar si estas empresas presentan prácticas monopólicas en la fijación, elevación y manipulación del precio de venta del servicio de transporte en la ruta playa del Carmen-isla Cozumel. De encontrarse tales prácticas se solicita a la Comisión Federal de Competencia (CFC) aplique las multas correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que intervenga en el tenor de sus facultades para establecer tarifas diferenciadas en la ruta del ferry entre playa del Carmen y la isla de Cozumel, para todos los habitantes locales del estado, acordes al poder adquisitivo de la población.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que intervenga en el tenor de sus facultades para establecer la tarifa diferenciada, a los ciudadanos mexicanos para impulsar el sector turístico en la isla de Cozumel.

Tercero. Ante el incremento irregular del precio de transporte de carga en el ferry de la ruta entre playa del Carmen e isla Cozumel, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Competencia, para que realice una investigación por posibles prácticas monopólicas a las navieras que ejercen servicios de transporte en la ruta mencionada y de existir dichas prácticas apliquen las medidas conducentes.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice un estudio ante el incremento irregular del precio de transporte de carga en el ferry de la ruta entre playa del Carmen y la isla de Cozumel, con la finalidad de disminuir la tarifa e implementar tarifas diferenciadas entre los habitantes locales y los ciudadanos mexicanos de la república.

Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica); diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.»

PROGRAMAS SOCIALES

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a flexibilizar las reglas de operación de los programas sociales en la región sur-sureste.

Honorable Asamblea:

Con fecha 23 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal a flexibilizarlas reglas de operación de los programas sociales en la región Sur-Sureste, presentada por el diputado Carol Antonio Altamirano del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones” se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de enero de 2013, el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a flexibilizar las reglas de operación de los programas sociales en la región Sur-Sureste.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio DGPL 62-II-1-499.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenido en el punto de acuerdo que a la letra señala:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a flexibilizar las reglas de operación de los programas sociales en la región Sur-Sureste y a que presente oportunamente las reglas de operación para que la Cámara de Diputados disponga de tiempo suficiente para cumplir con lo dispuesto en artículo 29 del Decreto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Adicionalmente, la proposición con punto de acuerdo en cuestión, señala que las reglas de operación de los diferentes programas federales son los que regulan la puesta en práctica de los recursos y su asignación, ahí recae su importancia.

El punto de acuerdo refiere que es necesario subrayar que las condiciones socioeconómicas en nuestro país no son equitativas, y que para lograr una atención oportuna a las diferentes regiones es necesario que se tomen en cuenta además de los puntos ya especificados en el Decreto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, el nivel de desigualdad de cada región del país, en especial los que se encuentran al Sur Sureste de nuestro país que ocupan los últimos lugares del índice de Desarrollo Humano.

El proponente indica que es un hecho reconocido que las reglas de operación deben presentarse de manera flexible para permitir una aplicación oportuna de los recursos. En ese sentido, debe señalarse que en el artículo 29, fracción I del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 ha presentado un avance al establecer que es necesario que éstas se sujeten a algunos criterios generales: deberán ser simples y de fácil acceso para los beneficiarios, tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del país, considerar las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo, preverán que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato, deberán promover una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos, así como incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos.

Otro aspecto que merece subrayarse, de acuerdo con el diputado proponente, se refiere a la intervención de los ámbitos de gobierno en la ejecución de los programas, donde puede percibirse un alejamiento a las tendencias centralizadoras, al acordar los diputados lo siguiente, en el inciso b de la fracción I del artículo 29:

“Se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas federales que por su naturaleza así lo permitan sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación del programa respectivo; los gobiernos municipales deberán llevar un registro de beneficiarios y realizar el seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la evaluación de las acciones.”

Se refiere que, con este antecedente se subraya la pertinencia de que las reglas de operación tengan elementos de flexibilidad a partir de la realidad de las regiones socioeconómicas de México y en ese contexto ya que la región Sur Sureste concentra a las entidades con mayores carencias sociales y de infraestructura del país, es necesario que ese criterio se considerado al momento de redactar las reglas de operación.

Así el diputado Carol Antonio Altamirano, señala que en la fracción II del mismo artículo 29 se señala que la Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo federal, lo que mantiene una lógica de comunicación y colaboración entre los poderes, que también está prevista en el artículo 43 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En este sentido indica que de esta manera se tiene que el Ejecutivo dispone de un bimestre para presentar las reglas de operación y que el plazo ultimo para que las comisiones de la Cámara de Diputados emitan opinión vence el último día del mes de marzo.

Finalmente el punto de acuerdo menciona que los programas que deben sujetarse a las reglas de operación son 108 y pertenecen a los ramos de Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Economía, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Aportaciones a Seguridad Social, Desarrollo Social, y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con el Anexo 24 del Decreto de Egresos de la Federación.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta Comisión Dictaminadora se avocó al estudio de los mismos y de los resolutivos que le dan pie; procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, es importante mencionar que la región sur-sureste de la República Mexicana, integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Vera cruz y Yucatán, muestra un serio rezago en su desarrollo socioeconómico con respecto a las regiones del centro y norte del país.

2. Quienes signamos el presente dictamen consideramos que aun cuando se trata de la región más rica en recursos naturales, que cuenta con una gran variedad de suelos y biodiversidad, agua en abundancia, ríos importantes, extensión costera, áreas boscosas y selváticas, importantes yacimientos petroleros y minerales, y alberga un número importante de reservas naturales, las condiciones de marginación y pobreza que prevalecen en dicha región son endémicas.

3. En ese sentido es de suma importancia mencionar que sólo Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero son los estados con mayor rezago educativo del país, en donde el 50 por ciento de la población mayor de 15 años tiene un promedio de escolaridad menor a 8.6 años de estudio, sin mencionar a Tabasco, quien tiene la tercer peor infraestructura educativa del país.

4. Esta región, que también incluye estados como Quintana Roo y Yucatán, comprende el 28.2 por ciento de la población nacional aunque genera sólo el 17.5 por ciento del producto interno bruto nacional.

5. Resulta imprescindible referir que dentro de dichas entidades federativas existe la mayor concentración de bajos ingresos per cápita del país; altos índices de analfabetismo; malas condiciones de vivienda; altos niveles de desempleo; subempleo y grandes atrasos tecnológicos e industriales.

Así los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con el resolutivo señalado en el apartado IV que se plantea con base en las anteriores consideraciones y en la siguiente adición:

6. Esta dictaminadora considera necesario modificar la redacción del exhorto con la finalidad de que sea el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien flexibilice las reglas de operación de los programas sociales en la región Sur-Sureste, toda vez que esta facultad corresponde a dicha Secretaría de acuerdo al proemio del artículo 29 del Decreto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público flexibilice las reglas de operación de los programas sociales en la región Sur-Sureste y a que presente oportunamente las reglas de operación para que la Cámara de Diputados disponga de tiempo suficiente para cumplir con lo dispuesto en artículo 29 del Decreto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica); diputados: Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.»

ESTADO DE TAMAULIPAS

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para que se realice un análisis y diagnóstico para la remediación y recuperación de la laguna Carpintero, en Tampico, Tamaulipas.

Honorable Asamblea:

Con fecha 23 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que solicita se realice un análisis y diagnóstico para la remediación y recuperación de la Laguna Carpintero en Tampico, Tamaulipas; presentada por la diputada Lourdes Adriana López Moreno del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87,88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente Dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de enero de 2013, la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita se realice un análisis y diagnóstico para la remediación y recuperación de la Laguna Carpintero en Tampico, Tamaulipas.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta Comisión recibió el oficio DGPL 62-II-2-329.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenido en el punto de acuerdo que a la letra señala:

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en coordinación con el titular del gobierno de Tamaulipas, realice un análisis y diagnostico integral ambiental de la Laguna del Carpintero, localizada en Tampico, Tamaulipas.

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar un programa de restauración para la Laguna del Carpintero, localizada en Tampico, Tamaulipas.

Adicionalmente, la proposición con punto de acuerdo en cuestión, aborda los problemas de contaminación y los efectos de la saturación de las zonas urbanas y conurbadas, en los litorales de Tampico, y la necesidad de afrontar un cambio en la diversificación, rehabilitación y cualificación turística, en el contexto de una planeación territorial y medio ambiental integral, que garantice la utilización racional de los recursos naturales y turísticos de la Laguna del Carpintero.

La proponente indica que la principal causa del deterioro y contaminación progresiva de la Laguna del Carpintero, es la acción del hombre; el modelo de crecimiento económico insostenible del país, está acabando con diferentes parajes y entornos naturales con alto valor turístico.

El punto de acuerdo refiere que la Laguna del Carpintero, es un espacio natural y turístico, es el área recreativa más importante de Tampico. Dicho espacio lagunario posee un clima subtropical subhúmedo, con una temperatura anual de 24.52° celsius. Cabe destacar que dicha laguna urbana no está considerada como área natural protegida. De las aproximadamente 55 especies de árboles de mangle que se conocen en el mundo, México cuenta con cuatro, y la Laguna del Carpintero de Tampico cuenta dos: mangle blanco (Laguncularia racemosa) y mangle rojo (Rhizophora mangle), ambas listadas dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010.

En este sentido indica que los principales problemas detectados en la Laguna del Carpintero, se pueden agrupar en las siguientes categorías:

• Cambio de uso de suelo

Este es el factor principal y más amenazante que afecta a los manglares, que da lugar a una deforestación indiscriminada y que implica un daño irreversible a las especies y al ecosistema de manglar, no obstante este un proceso diferenciado regionalmente.

• Fragmentación de la cobertura de manglar

La fragmentación impacta la estructura y función del ecosistema de manglar, mediante la alteración de sus elementos bióticos y abióticos, entre los cuales destacan: a) microclima dentro y alrededor del fragmento (flujos de radiación, viento, flujos de agua); b) aislamiento con respecto a otras áreas remanentes; c) interrupción de la conectividad y d) modificaciones en el paisaje circundante. Otro de los efectos producido por la fragmentación es la creación de bordes, cuyos efectos se extienden varios cientos de metros hacia el interior del manglar remanente. Esto último da como resultado modificaciones en los patrones naturales de heterogeneidad del paisaje. Como efecto extremo de la fragmentación, se registra la desaparición del hábitat.

• Contaminación

La contaminación es una causa más de afectación a los manglares. Los aportes de agua a este ecosistema, contaminados por fertilizantes, pesticidas, drenajes municipales e industriales, entre otros modifican la composición fisicoquímica del agua afectando al manglar a nivel biológico, tienen efectos en la hidrología y puede a su vez provocar el azolve del sitio, tal y como está sucediendo en la Laguna del Carpintero. La contaminación del agua puede tener un efecto tóxico en las especies vegetales de mangle, y en todas las especies de crustáceos, moluscos, peces y aves que utilizan estos sitios como su hábitat parcial o totalmente durante su ciclo de vida.

Por otra parte se menciona que el crecimiento demográfico urbano en Tampico, no ha venido acompañado de la adecuada planeación urbana, lo que ha provocado desde hace décadas, la creciente aparición de asentamientos humanos irregulares con graves problemas de vulnerabilidad y contaminación para la población residente y. los ecosistemas. La falta de drenaje y pavimentación son graves problemas, revelando las enormes deficiencias del espacio suburbano, agravando el problema de la contaminación del cuerpo de agua (Laguna del Carpintero).

Finalmente el punto de acuerdo, señala que de acuerdo a los informes proporcionados por la Administración Portuaria Integral de Tampico (API-Tampico), menciona la diputada, se comprobó que los análisis físico-químicos y bacteriológicos reflejan la contaminación de la Laguna del Carpintero durante los años 2003 y 2004. En estos análisis de aguas de API-Tampico se desprende el alto grado de concentración de grasas y aceites en el agua, que se encuentran por arriba de los límites permisibles.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta Comisión Dictaminadora se avocó al estudio de los mismos y de los resolutivos que le dan pie; procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, es importante mencionar que la Laguna del Carpintero se encuentra en Tamaulipas, en el corazón de la ciudad de Tampico. Forma parte de un manglar que tiene conexión al canal de la cortadura con el río Pánuco. Es un espacio de aproximadamente 150 hectáreas, que incluye agua y tierra; La laguna en la actualidad tiene una profundidad de seis metros, antes, al igual que el manglar, eran más grandes, pero se vio afectada por la basura que se tiraba en el lugar.

La riqueza biológica de esta laguna está presente en la vegetación de manglares (manglar blanco y rojo, especies protegidas) y en las especies animales endémicas acuáticas y subacuáticas como: la carpa, el sábalo, el cocodrilo moreletii (en vías de extinción), etcétera. Este espacio acuático tiene un alto valor paisajístico y medio ambiental, y cuenta con una importante reserva de flora y fauna de toda la región. Sin embargo, en el pasado dicha laguna ha tolerado un proceso de degradación ambiental que en la actualidad aunque se ha tratado de corregir, continúa.

2. De acuerdo con declaraciones de expertos en materia ambiental como el oceanólogo y consultor ambiental Marcelo René García Hernández, la Laguna del Carpintero está en riesgo de volver a convertirse en la cloaca urbana que era hace más de 20 años, debido a la falta de dragado y a que continúan las descargas de aguas negras de al menos de tres colonias aledañas, así como al escurrimiento de drenes pluviales.

Por lo anterior, García Hernández se ha pronunciado parla urgencia de dragar la Laguna del Carpintero al ser un cuerpo de agua que está en pleno corazón de la ciudad ya que, la contaminación, la sedimentación y la alta salinidad que se están registrando acarrean severos efectos al equilibrio ambiental.

3. Para muestra de lo anterior solo basta mencionar que son 20 toneladas de basura las que se recolectan a la semana en este espacio y sus inmediaciones, esto de conformidad con declaraciones de la Directora de Servicios Públicos de Tampico (Teresa Sosa) quien el pasado 19 de diciembre de 2012 se hizo presente en la zona afectada para retirar un sofá que fue arrojado en la Laguna del Carpintero.

4. Las afectaciones de la contaminación a este espacio natural y turístico van acompañadas de severas consecuencias ambientales y es que la flora y fauna de la Laguna también se han visto afectadas; en junio de 2011, la vegetación de la Laguna del Carpintero se puso en riesgo ante la presencia de una plaga denominada “seca palo”, Lo anterior fue señalado por la bióloga tampiqueña Margarita Vergara de los Ríos quien aseguró que la urbanización, y la contaminación que cada vez se acrecienta más han sido factores determinantes para que hasta .el día de hoy sólo prevalezca el 5 por ciento de las plantas que existían en el lugar hace más de cuatro décadas. En este sentido, también mencionó que a las orillas del vaso lacustre existen seis especies de árboles endémicos, de los cuales en los últimos dos años se han derrumbado más de 20 por la presencia de la plaga antes mencionada.

Por otra parte, hace apenas unos días (el 23 de enero de. 2013), el regidor coordinador de la Comisión de Ecología en el ayuntamiento, Marcelino Cisneros Hernández indico que una gran cantidad de peces muertos fueron encontrados a la orilla de la Laguna del Carpintero, originado quizás por el cambio brusco de temperatura que conlleva a que suba la marea y aunado a la contaminación de este vaso lacustre.

5. Quienes signamos el presente dictamen consideramos importante destacar que la laguna urbana del Carpintero es hoy un ecosistema con grandes posibilidades turísticas, las cuales se están viendo afectadas por la acción del hombre y la falta de planeación urbana y turística.

6. Por lo anterior los miembros de esta Tercera Comisión coincidimos con la proponente en la necesidad de recuperar de manera urgente el espacio natural de la Laguna del Carpintero, restringiendo toda actividad humana que pueda poner en riesgo el ecosistema, mediante acciones que favorezcan la optimización y desarrollo turístico de la laguna y su integración con otros atractivos turísticos de la zona conurbada.

Así los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV y que se plantea con base en las anteriores consideraciones y la siguiente modificación:

7. Esta dictaminadora coincide en los exhortos planteados, sin embargo, proponemos una modificación que tiene que ver con el cambio de quien realiza el exhorto. En este caso, dado el periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional de los integrantes de la LXII Legislatura, corresponde a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitir las solicitudes vertidas en las proposiciones con punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en coordinación con el titular del gobierno de Tamaulipas, realice un análisis y diagnóstico integral ambiental de la Laguna del Carpintero, localizada en Tampico, Tamaulipas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar un programa de restauración para la Laguna del Carpintero, localizada en Tampico, Tamaulipas.

Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica); diputados: Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.»

ESTADO DE MICHOACAN

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a dar celeridad al proceso de refrendo de diversos permisos de radio otorgados en el estado de Michoacán, así como enviar a la brevedad un informe detallado sobre el estado que guardan.

Honorable Asamblea:

Con fecha del 23 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar celeridad al proceso de refrendo de permisos de radio otorgados en Michoacán y enviar a la mayor brevedad un informe detallado sobre el estado que guardan, suscrita por la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de enero de 2013, la diputada Juana Bonilla Jaime, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó proposición con punto de acuerdo se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar celeridad al proceso de refrendo de permisos de radio otorgados en Michoacán y enviar a la mayor brevedad un informe detallado sobre el estado que guardan.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio DGPL 62-II-2-383.

3. Los miembros de esta tercera comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenido en el punto de acuerdo y que a la letra señala:

Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ciudadano Gerardo Ruiz Esparza, a dar celeridad al proceso de refrendo de los permisos de radio otorgados a: Comunicadores del-Desierto; AC, - La Voladora Comunicación, AC, Kukoj, AC, Radio Calenda, La Voz del Valle, AC, Uandarhi, AC, Mie Nillu Mazateco, AC, Ecos de Manatlán, AC, así como a la estación Cultural FM, ubicada en el municipio de Tepalcatepec en el estado de Michoacán, así como a enviar a la brevedad un informe detallado sobre el estado que guarda el refrendo de los permisos citados.

La proposición con punto de acuerdo en comento remarca. la importancia de las radios comunitarias a las que define como emisoras de espectro reducido, operadas por asociaciones civiles o grupos ciudadanos sin fines de lucro, coadyuvantes en la regeneración del tejido social y por su dimensión local participan en la producción social del hábitat; reflejan realidades locales y promueven con su existencia el inalienable derecho humano a la información.

Además señala la problemática respecto al vacío legal en la cual las radios comunitarias desarrollan su actividad: actualmente no existe reconocimiento legal de las radios comunitarias en México, a pesar de que existen operando en el país bajo la figura de permisionarios. El 12 por ciento de las 1483 emisoras bajo este régimen están hoy a la intemperie neoliberal que las ha condenado a su extinción por falta de apoyo gubernamental para su financiamiento, además de la falta de una regulación que les permita obtener recursos; conviene resaltar que estas emisoras a cargo de asociaciones civiles, a pesar de contar con todas las disposiciones legales para la obtención de sus permisos se han enfrentado a un aparato burocrático que ha resultado hostil y lento a sus peticiones.

Esta problemática ha sido reconocida desde el año 2010, cuando el consejero presidente de Cofetel, Mony de Swaan, había advertido sobre el problema de la lentitud en los trámites burocráticos, estableciendo como una prioridad de su agenda el buscar mecanismos para dinamizar los procedimientos administrativos. Sin dejar de lado la acusación que pesa sobre las políticas de estado para desaparecer la radio comunitaria y acallar cualquier voz independiente. Esta vez buscamos que se dé cumplimiento a un ordenamiento administrativo para brindar con oportunidad y justicia los refrendos de los permisos.

En las “Consideraciones” del punto de acuerdo se explica que en el periodo comprendido del 30 de abril de 2010 al 06 de mayo de 2011 se presentaron 8 solicitudes de refrendo de permiso ante la instancia responsable de la SCT, se trata de ocho estaciones de Radio Comunitaria que presentaron su solicitud para transmitir en el marco de la Ley Federal de Radio y televisión y su respectivo reglamento.

De igual forma el documento resalta que todas las solicitudes se presentaron debidamente requisitadas y en el tiempo que establece el artículo 13 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión. Además de que se encuentran en comunidades rurales de alta marginalidad como el caso de la emisora Jen Poj en la sierra Mixe de Oaxaca.

A la fecha no se tiene conocimiento del estado que guarda el proceso de refrendo, el cual de acuerdo al Registro Federal de Trámites y Servicios de la Cofemer establece un plazo de respuesta de tres meses a partir de que se haya integrado correctamente el expediente. La demora es preocupante debido a que las radios a pesar de seguir transmitiendo no cuentan con el respaldo y la seguridad jurídica que representaría el refrendo de su permiso.

En México y el mundo nadie cumple mejor su función social como lo hacen las radios comunitarias, son constructoras de puentes culturales, referentes de la conservación del patrimonio cultural intangible, promotoras de la cohesión social, respetuosas de la ley y sobre todo la única manifestación de disfrute del pueblo sobre su espectro radioeléctrico. Por lo anterior los exponentes manifiestan no entender los motivos de la demora en la SCT para el refrendo de los permisos si se ha cumplido a cabalidad con los requisitos que establece la legislación vigente.

III. Consideraciones

1. Las radios comunitarias constituyen parte de la diversidad que enriquecen la oferta cultural y radiofónica de los pueblos y las comunidades. Responden al derecho humano de acceso a la información y la libre expresión.

2. Las radios comunitarias, a diferencia de las radios comerciales cuyo objetivo es esencialmente lucrativo, juegan un papel fundamental en la organización y fortalecimiento de las comunidades y las acciones colectivas.

3. Las radios comunitarias deben ser reconocidas en la ley, para garantizar la plena libertad de expresión que no alcanzaremos en México, si se continúa relegando a los medios que trabajan en beneficio de las comunidades que las cobijan.

4. El sector comunitario ha recibido un abandono sistemático y un trato marginal dentro de los proyectos de desarrollo nacional. Consideramos indispensable una política que preste mayor atención y respeto a los derechos de auto organización de las comunidades, así como que contribuya al fortalecimiento de su tejido social.

5. Consideramos indispensable la atención oportuna y eficiente a las peticiones de sus permisos y que el sector de telecomunicaciones incluya una estrategia de apoyo al desarrollo de la radio comunitaria en México.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ciudadano Gerardo Ruiz Esparza a:

1. Dar celeridad al proceso de refrendo de los permisos de radio otorgados a: Comunicadores del Desierto, AC, La Voladora Comunicación, AC, Kukoj, AC, Radio Calenda, La Voz del Valle AC, Uandarhi, AC, Mie Nillu Mazateco, AC, Ecos de Manatlán, AC, así como a la estación Cultural FM, ubicada en el municipio de Tepalcatepec en el estado de Michoacán, así como a enviar a la brevedad un informe detallado sobre el estado que guarda el refrendo de los permisos citados.

Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién , Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica); diputados: Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, secretario. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica, y por instrucciones de la Presidencia, se consulta a esta asamblea si es de modificarse el orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

VOLUMEN II

AVION PRESIDENCIAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: El siguiente punto del orden del día es: dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que, en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes en sentido negativo que a continuación se discutirán.

Proceda entonces la Secretaría a dar lectura a sus encabezados.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicitan a la Secretaría de la Defensa Nacional un informe sobre la seguridad del avión presidencial Boeing 787 y la suspensión del proceso de compra

Honorable Asamblea

Con fecha 23 de enero de 2013 a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional, un informe sobre la seguridad del avión presidencial Boeing 787 y suspender el proceso de compra, suscrita por el Senador Mario Martin Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los Legisladores integrantes de esta Comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracciones III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión.

En el apartado denominado “. II CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la Proposición.

En el apartado “III. CONSIDERACIONES”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de enero de 2013 el senador Mario Martin Delgado Carrillo del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrático, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional, un informe sobre la seguridad del avión presidencial Boeing 787 y suspender el proceso de compra.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente, con el número de oficio D.G.P.L. 62-II-4-362 fue recibido con fecha de 24 de enero de 2013.

3. Con fecha del 25 de enero 2013 se envió, por correo electrónico a los integrantes de esta comisión, el punto de acuerdo en comento para su respectivo análisis.

4. Los miembros de esta Segunda Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía en los siguientes argumentos:

1. Que en el mes de julio de 2012, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) presentó el proyecto para adquisición de un avión presidencial. En aquel momento, el proyecto de adquisición presentado por el gobierno federal causó controversia considerando el valor presentado en el proyecto de adquisición por 667 millones de dólares más aproximadamente 83 millones de dólares de mantenimiento, que dan un total de 750 millones de dólares; en comparación con el valor comercial del mismo por 206.8 millones de dólares.

2. El avión que está en proceso de adquisición por parte del gobierno federal forma parte de la línea denominada 787 o Dreamliner, producido por Boeing Commercial Airplanes1 (Boeing) y se trata del 787 – 8. De conformidad con la información de la empresa, ésta es una nueva línea de aviones de pasajeros de tamaño medio, la cual se lanzó para ofrecer un avión que brinda mayor eficiencia en su operación, debido a la velocidad2 y al ahorro en el consumo de combustible, ya que le permite utilizar un 20% menos de combustible que cualquier otro avión de su tamaño en trayectos similares. El 787 – 8 y el más largo 787 -9 tiene entre 200 y 300 lugares para pasajeros, dependiendo de la configuración de asientos que se elija.

3. La nueva línea de aviones 787 realizó su primer vuelo en diciembre de 2009, siendo que el primer avión de la línea fue entregado, en septiembre de 2011, a All Nippon Airway (ANA), aerolínea que realizó el primer pedido por 50 aviones de ésta línea.

4. Considerando la información publicada por Boeing, en un año, contado a partir de la primera entrega, la empresa duplicó la producción de su nueva línea de aviones 787. Es así que para noviembre de 2012, la producción del Boeing 787 alcanzó un promedio por mes de producción de 5 aviones. Siendo que para esa fecha ya se habían construido aproximadamente 83 aviones de la nueva línea y 35 aviones han sido entregados a 8 aerolíneas. El programa de producción de esta línea tiene más de 800 pedidos por 58 diferentes clientes alrededor del mundo. Para 2013 pretenden tener una producción de 10 aviones por mes.

5. A mediados del mes de enero de 2013, se dio a conocer que la nueva línea de aviones Boeing 787 Dreamliner ha presentado diversas fallas relacionadas principalmente con las baterías y el combustible, lo que ha puesto en riesgo y alerta a las aerolíneas y a las autoridades federales de aviación de Estados Unidos. Lo anterior es así, considerando que las fallas se han agudizado al presentarse las fallas en diversos casos.

6. El miércoles 16 de enero de 2013, tras presentarse un aterrizaje de emergencia en Japón, incidente que se sumó a otros seis registrados en Japón desde el pasado 7 de enero y dos más reportados en aeropuertos de Estados Unidos; las autoridades federales de aviación de Estados Unidos ordenaron mantener en tierra temporalmente los aviones Boeing 787, que vuelan en el espacio norteamericano, mientras se investigan las baterías del avión, aparentemente relacionadas con varios incidentes recientes. Asimismo, autoridades de Europa, India y las aerolíneas ANA y Japan Airlines ordenaron mantener en tierra temporalmente esas aeronaves para su revisión.

7. La decisión de las aerolíneas japonesas y de la Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration) de mantener en tierra ese modelo de avión, se realizó por cuestiones de seguridad ante la frecuencia de los sucesos presentados.

8. Como se mencionó, el avión presidencial que está en proceso de compra pertenece a la nueva línea de aviones Boeing 787 que ha presentado fallas y respecto de la cual se ha ordenado mantener en tierra hasta que las investigaciones concluyan.

9. No obstante lo anterior, el 17 de enero de 2013, la oficina de comunicación social de la Presidencia aclaró que pese a que la flota internacional del Boeing Dreamliner 787 está en tierra para ser revisada como consecuencia de las fallas que se han observado en los últimos días en varios de esos aviones, la adquisición de esa aeronave por parte del Gobierno se mantiene conforme a lo previsto para que sea usada por el Presidente; por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional continuará con el proceso de adquisición pues el contrato ya está firmado desde noviembre pasado, aunque el avión se entregará años más tarde. Misma postura que adoptó la aerolínea mexicana Aeroméxico que confirmó su decisión de incorporar más de 15 aviones Boeing 787.

10. De conformidad con la Ley de Seguridad Nacional, por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a, entre otros aspectos, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno.

11. Asimismo, de conformidad con el artículo 5o. de la ley en referencia, se consideran amenazas a la seguridad nacional, cualquier acto en contra de la seguridad de la aviación, así como cualquier acto que atente en contra del personal diplomático. Siendo que en el caso que nos ocupa, la continuidad en la contratación de la aeronave que utilizará el presidente de la república, actualiza los supuestos referidos ya que se puede poner en riesgo la integridad física del presidente siendo el titular del Poder Ejecutivo y el encargado de dirigir la política exterior.

12. Los hechos recientes en el campo internacional indican que la selección, evaluación y determinación del avión que utilizará el presidente de los Estados Unidos Mexicanos está en riesgo. El avión seleccionado ha presentado diversas fallas que ponen en entredicho el cumplimiento del mandato de seguridad nacional si el avión fuera utilizado.

Por lo anterior, el proponente concluye con su proposición que dice lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que proporcione a la brevedad un informe detallado al H. Congreso de la Unión, en el que explique los siguientes aspectos:

A) Qué proceso de selección, análisis, evaluación e investigación se siguió para elegir el modelo de avión 787-8 de la empresa Boeing Commercial Airplanes para que forme parte de la flota del Estado mexicano y, en particular, para que sea utilizado como avión presidencial, y su determinación como el avión que concreta los máximos estándares en seguridad, y por ende, en cumplimiento al mandato de seguridad nacional.

B) Las ventajas que presenta la elección de esta reciente línea de avión, respecto de otras aeronaves existentes en el mercado, sobre todo en materia de seguridad.

C) Exponga los motivos por los cuales no se ha suspendido y/o cancelado la operación de adquisición a pesar de las fallas presentadas por esa línea de aeronave.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, al ser el encargado de preservar la seguridad nacional en términos del artículo 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que instruya a la Secretaría de la Defensa Nacional la suspensión de la contratación de la aeronave 787-8 hasta en tanto culminen las investigaciones y certificaciones correspondientes que acrediten la completa seguridad de la aeronave, a fin de garantizar que su posible operación no ponga en riesgo la seguridad nacional del Estado mexicano.

III. Consideraciones

Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se avocó al estudio de los mismos. En consecuencia, los miembros de esta Comisión se manifiestan en contra del punto de acuerdo con base en:

La compra de una aeronave para uso del presidente de la Republica fue realizada y fundamentada por la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, esto en respuesta a lamentables sucesos que se dieron en los que integrantes del Gabinete del ex funcionario perdieron la vida, ante estos sucesos se evidencio la necesidad de blindar a la figura presidencia con un equipo que de certeza a su integridad física.

Es así que inicia la adquisición de una aeronave cuyas características cumplieran con los estándares de calidad internacional cumpliendo la encomienda de cuidar la integridad de la figura presidencial, en noviembre pasado se firma el contrato de compra con la empresas Boeing Commercial Airplanes, para adquirir unn Boeing 787-8 cuyas características coincidieron con las necesidades planteadas por la administración pasada.

Boeing (NYSE: BA), es una empresa aeronáutica y de defensa,1 es el segundo mayor fabricante de aviones y equipos aeroespaciales del mundo. Su nombre completo es The Boeing Company y su sede central se encuentra en la ciudad de Chicago. Las fábricas mayores están situadas en los alrededores de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, junto a las costas del Océano Pacífico, como la factoría de Everett. Boeing es la compañía aerospacial líder mundial y el mayor fabricante en conjunto de aviones comerciales y militares. Además, Boeing diseña y fabrica helicópteros, sistemas electrónicos y de defensa, misiles, satélites, vehículos de lanzamiento y sistemas avanzados de comunicación e información. Como uno de los principales proveedores de servicios de la NASA, Boeing opera el transbordador espacial y la Estación Espacial Internacional. La compañía también proporciona numerosos servicios de soporte a la aviación comercial y militar. Boeing tiene clientes en más de 90 países y es uno de los mayores exportadores de Estados Unidos en términos de ventas.

Las finanzas reportadas hasta el 2009 por esta empresa la reportan con pérdidas millonarias, pero dentro del rango esperado dada la inestabilidad económica que se vive en el mundo y con la fuerzas para mantenerse competitiva en el mundo de la aviación.

Los incidente en que se vio envuelto el modelo BOEING 787, en los que se reportan fallas en las baterías de fabricación japonesa y el combustible dio como consecuencia la temporal suspensión de uso de los mencionados modelos hasta que se brinde un dictamen sobre la seguridad y viabilidad del mencionado artefacto.

Ante estos sucesos la SCT, fijo su postura mediante comunicado con fecha de 18 de enero de 2013 que menciona:

“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informa, en relación a los incidentes relacionados con los aviones Boeing 787 de nueva generación, lo siguiente:

1. La prioridad del gobierno mexicano es adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del titular del Ejecutivo.

2. En estos momentos, la investigación sobre el caso se encuentra en la etapa técnico-científica de peritajes por parte de la empresa Boeing. Se esperará el dictamen que en su oportunidad emita esta empresa y su correspondiente validación, por parte de la autoridad aeronáutica de los EUA, país de origen del fabricante, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Chicago, que fija las reglas y normas de operación de la aviación civil en el mundo.

3. De ser necesario, el gobierno mexicano acudirá a la opinión de los mejores expertos internacionales para garantizar la aeronavegabilidad sin riesgos de estos equipos.

Adicionalmente, se aclara que ninguna de estas aeronaves vuela actualmente en el espacio aéreo nacional. Los primeros aviones de estas características, adquiridos por una empresa mexicana, serán entregados a partir del segundo semestre del presente año.”

Sumado a lo anterior ante la firma de un contrato de compra venta en cuyas clausulas sobre costo, características del bien adquirido, fechas de entrega y clausulas penales por incumplimiento son fijadas por las partes, tal y como aconteció el pasado noviembre en donde se formalizo la adquisición de la aeronave por la cantidad mencionada (667 millones de dólares aproximadamente), resulta indispensable esperar el dictamen correspondiente para que en caso de no cumplir con los requerimientos que el Estado mexicano estipulo en el contrato se pueda proceder a su posible cancelación sin ser sujetos de aplicación de la clausula penal por incumplimiento.

Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de esta honorable Soberanía, la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que proporcione a la brevedad un informe detallado al honorable Congreso de la Unión, en el que explique los siguientes aspectos:

A) Qué proceso de selección, análisis, evaluación e investigación se siguió para elegir el modelo de avión 787-8 de la empresa Boeing Commercial Airplanes para que forme parte de la flota del Estado mexicano y, en particular, para que sea utilizado como avión presidencial, y su determinación como el avión que concreta los máximos estándares en seguridad, y por ende, en cumplimiento al mandato de seguridad nacional.

B) Las ventajas que presenta la elección de esta reciente línea de avión, respecto de otras aeronaves existentes en el mercado, sobre todo en materia de seguridad.

C) Exponga los motivos por los cuales no se ha suspendido y/o cancelado la operación de adquisición a pesar de las fallas presentadas por esa línea de aeronave.

Así como el exhorto que respetuosamente se hace al titular del Ejecutivo federal, al ser el encargado de preservar la seguridad nacional en términos del artículo 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que instruya a la Secretaría de la Defensa Nacional la suspensión de la contratación de la aeronave 787-8 hasta en tanto culminen las investigaciones y certificaciones correspondientes que acrediten la completa seguridad de la aeronave, a fin de garantizar que su posible operación no ponga en riesgo la seguridad nacional del Estado mexicano.

Lo anterior ya que resulta prudente la espera del dictamen de la autoridad competente en los Estados Unidos de Norteamérica y el dictamen correspondiente que las autoridades mexicanas encargadas de la seguridad del presidente realice sobre la información que reciba y así resolver si continua o no la compra del avión 787 que transportara al Presidente de República Mexicana.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente, diputados: María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga, Mariana Dunyaska García Rojas, Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica); senadores: Graciela Ortiz González (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).»

EDUCACION DE CALIDAD

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que forme un fideicomiso específico para garantizar equidad en las oportunidades de acceso y permanencia en una educación de calidad

Honorable Asamblea:

Con fecha 23 de enero de 2013 a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, del primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que forme un fideicomiso específico que garantice equidad en las oportunidades de acceso a una educación de calidad y permanencia en ella, presentado en el pleno por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los Legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la Comisión.

En el apartado denominado “. III Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la Proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de enero de 2013 el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal forme un fideicomiso específico que garantice equidad en las oportunidades de acceso a una educación de calidad y permanencia en ella.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, para su estudio y dictamen correspondiente, con el número de oficio D.G.P.L. 62-II-3-388 fue recibido con fecha de 24 de enero de 2013.

3. En sesión ordinaria de la Segunda Comisión de fecha de 29 de enero 2013, se entregó a los integrantes de la mencionada comisión el punto de acuerdo en comento para su respectivo estudio.

4. Los miembros de esta Segunda Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía con los siguientes argumentos:

En el marco de un ejercicio sin precedentes, de atender los reclamos y necesidades de la sociedad mexicana, las diversas fuerzas políticas, poderes y niveles de gobierno hemos decidido conformar una agenda nacional denominada Pacto por México; con ello, nos comprometimos, en primer lugar, a integrar los temas pendientes para la sociedad mexicana y, en segundo término, hacerlos posible.

No obstante esta tarea conjunta, en el Partido de la Revolución Democrática estamos fuertemente convencidos de que un país que no invierte en la educación de su población no tiene ninguna esperanza de desarrollo, en consecuencia, siempre estaremos a favor de fortalecer la educación en todos sus niveles.

En este mismo sentido, el artículo 2 de la Ley General de Educación refrenda el compromiso del estado para garantizar el derecho que tiene todo individuo de recibir educación y acceso al sistema educativo nacional, por ser ésta una herramienta de progreso y el medio fundamental para acrecentar la cultura y obtener una mejor calidad de vida.

El factor económico es el más recurrente cuando de deserción escolar hablamos, por lo que la falta de apoyos concretos y dirigidos específicamente a este sector de la población da como consecuencia altos índices de deserción y en consecuencia un porcentaje cada vez menor respecto a los índices de absorción de un año escolar a otro o incluso a los subsecuentes niveles académicos.

Sin duda el gobierno federal se ha visto rebasado por este grave problema, por ello es urgente la implementación de acciones que fortalezcan la equidad y contribuyan a la formación integral de los estudiantes, tales como:

• Otorgar un estímulo económico que permita a los estudiantes de escuelas públicas continuar con su formación, en el nivel medio superior y superior.

• Apoyar a aquellos estudiantes sobresalientes, con el fin de reconocer su esfuerzo y a contribuir, mediante diversas actividades académicas, culturales y deportivas, al desarrollo de liderazgo y competencia desde la infancia.

• Garantizar que todo aquel estudiante, de entre 16 y 24 años, que habiendo sufrido la pérdida del sostén económico (padre, madre o tutor), no abandone su educación por este motivo.

En consecuencia, someto a consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, el presente.

Punto de Acuerdo

Único. La LXII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal conforme un fideicomiso específico que garantice equidad en las oportunidades de acceso y permanencia a una educación de calidad, independientemente de la condición económica, social, étnica o cultural de todos los estudiantes de nivel medio superior y superior de las escuelas públicas del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2013.

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica).

III. Consideraciones

Ante los argumentos que expone la proposición, esta Comisión Dictaminadora se avocó al estudio de los mismos. En consecuencia, los miembros de esta Comisión se manifiestan en contra del punto de acuerdo con base en:

Como es de todos conocido, el pasado 02 de Diciembre de 2012, fue firmado por el titular del Poder Ejecutivo y abalado en conjunto por los distintos líderes de los principales partidos políticos, un Acuerdo denominado “Pacto por México”, que señala lineamiento generales, de la Política Nacional a seguir de la Nueva Administración. Por tal motivo el Punto de Acuerdo que establece el Senador Robles Montoya, nos dice que para abatir la desigualdad se requiere de un fideicomiso, siendo que un fideicomiso es: un contrato o convenio en virtud del cual una o más personas, transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona, para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero.

En lo consecuente a la alusión del “Pacto por México” el objetivo del Punto de Acuerdo que establece el Senador Robles Montoya relacionado tanto con el aumento de la matrícula escolar en los niveles media superior y superior, estos ya se encuentran referidos en el compromiso número 14, donde se estipula tomar las medidas necesarias tanto programáticas, como presupuestales para aumentar esta matricula en un 80 % en nivel medio superior y 40 % en el nivel superior, a pesar de no ser una obligación constitucional la rectoría del estado en este último. En el aspecto referente a recursos económicos de apoyo hacia los estudiantes de estos niveles igualmente se encuentra contemplado en el compromiso número 15, éste refiriéndose a la creación de un “Programa Nacional de Becas” justamente para alumnos de Educación Media Superior y Superior, focalizado en una primera etapa en la totalidad de los alumnos provenientes de las familias ubicadas en los 4 deciles con menos recursos, de esta manera procurando la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos asignados a educación.

De igual forma, se tiene previsto impulsar un programa piloto de “beca-salario” en tres estados de la República para evaluar su eficiencia, impacto en la deserción y el aprovechamiento escolar que permita determinar el modelo más adecuado para generalizarlo gradualmente al resto del país.

Por ese punto consideramos de igual forma inviable el punto de acuerdo anteriormente referido, por proyectar una duplicidad de acciones y recursos.

De igual forma ante las justificadas necesidades de la población juvenil referentes a su permanencia en los sistemas de educación pública, no podemos tomar decisiones de gran envergadura como se pretende con un solo estudio de caso como son los resultados de las causas mencionadas de deserción académica, basados en un estudio sobre los estudiantes de educación media superior tecnológica del Cecytej número 7 Puerto Vallarta Jalisco, pues experiencias anteriores con buenas intenciones donde se ha pretendido generalizar un algún caso particular a la inherente diversidad social, económica y cultural de nuestro país, han terminado en rotundo fracaso y actualmente nuestro país no posee el lujo de seguir desperdiciando más tiempo con experimentos fallidos desde su concepción y escaza planeación.

En consiguiente, sólo se estaría combatiendo la inequidad que hay entre un estudiante de escasos recursos con uno de abundantes recursos, dejando de lado las condiciones sociales, étnicas y culturales. Porque si bien lo que se desea es combatir estos distintos rubros se necesita de distintas políticas públicas que se aboquen a cada uno de estos.

Por otro lado, la idea de crear un fideicomiso para apoyar a estudiantes sobresalientes, es inviables, ya que se ha incrementado el recurso destinado a becas para actividades, académicas, culturales y deportivas. Datos obtenidos por el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal nos muestra que en 2008 se destinaban 204 mil, 026 millones, 993 mil 500 pesos, a becas para estudiantes de escasos recursos y/o destacados en alguna actividad académica, cultural o deportiva; donde hoy se destinan 264 mil 625 millones, 161 mil 573 pesos, casi 60 millones de pesos más que en 2008.

Igualmente en el aspecto del Punto de Acuerdo que establece el Senador Robles Montoya, a la creación de dicho fideicomiso, lo consideramos inviable, pues en el referido punto de acuerdo, no establece el número de Fideicomisarios, ni la Fiduciaria correspondiente, tampoco los montos necesarios y mucho menos el alcance correspondiente a corto, mediano y largo alcance que implicaría esta política en los alumnos de los niveles medio superior y superior, por falta ahondar en estos alcances, hacer un estudio de proyección y de igual forma elaborar otras medidas para atacar el problema educativo de una manera integral

Para lograr la equidad de oportunidades, en una educación de calidad, no solo se requiere de financiamiento, sino de un estudio a fondo de cuál es la realidad social, que se vive en cada una de las distintos Estados y localidades, ya que cada una de estas cuenta con sus distintas condiciones materiales, por tanto no podemos encerrar la solución de cada uno de los problemas en un solo frasco.

De esta manera, damos certeza que para tener una educación más Equitativa, se requiere no sólo de un fideicomiso, sino de políticas públicas que nivelen las condiciones de los estudiantes, independientemente de su condición, social, étnica o cultural.

Es por ello, que esta Segunda Comisión, considera improcedente la proposición del senador Ángel Benjamín Robles Montoya, ya que como se ha analizado debería estar más sustentada con datos más precisos sobre la realidad social del estudiantado de nivel medio superior y superior que permita un acercamiento con la problemática planteada por el senador que pueda ofrecernos una gama de alternativas y no únicamente con apoyos económicos que finalmente puedan ser tachadas de ineficientes, ineficaces y decisiones temporales que solo aplacen el problema a futuras generaciones, pues nuestra responsabilidad como legisladores de la federación, es promover y plantear respuestas que den solución real y permanente a las necesidades sociales

Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Seguridad Publica, somete a consideración de esta honorable Soberanía la siguiente proposición:

IV. Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, que forme un fideicomiso que garantice equidad en las oportunidades, de acceso a una educación de calidad y permanencia en ella.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido

Congreso de la Unión a 29 de enero de 2013.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente, diputados: María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga, Mariana Dunyaska García Rojas, Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica); senadores: Graciela Ortiz González (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).»

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE ENERGIA - REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a derogar el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, y el Reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.

Honorable asamblea:

Con fecha 23 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía y el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica porque son contrarios a lo establecido sobre la materia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta tercera comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición,

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de enero de 2013; los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía y el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica porque son contrarios a lo establecido sobre la materia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio DGPL 62-II-5-433.

3. Los miembros de esta tercera comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a derogar el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía y el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por ser contrarios a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la materia.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión considera que el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía y el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica aprobado por el Poder Ejecutivo, pasa por alto el artículo 27 constitucional relativo a la imposibilidad de privatizar algunos organismos.

Particularmente señala que a mediados del mes de septiembre, y en pleno proceso de transición gubernamental, comenzaron a emitirse varias modificaciones a reglamentos sobre materia energética, las cuales contemplarían “la participación de particulares en el proceso de generación, transmisión, distribución y venta de electricidad”. Lo que, según el proponente, contraviene al artículo constitucional que a la letra dice:

Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgaran concesiones a los particulares y la nación aprovechara los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

Los reglamentos antes mencionados, señala el proponente, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre y el 30 de noviembre de 2012, respectivamente, es decir, un día antes de que Enrique Peña Nieto tomara protesta como titular del Ejecutivo.

A criterio del proponente resulta evidente la urgencia de modificar la legislación por parte de la administración panista y de los posibles beneficiarios, tan sólo en el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se vieron afectados 77 de los 173 artículos que conforman el reglamento. Entre los artículos modificados destaca el 11: “El suministrador podrá celebrar convenios y contratos con.los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, los municipios, las entidades paraestatales o con particulares, para realizar actos relacionados con la prestación del servicio y actividades conexas, con el fin de mejorar el aprovechamiento de sus recursos, así como simplificar y facilitar las labores administrativas relativas al servicio”.

Añade otros puntos de controversia:

• Los cambios al artículo 72 que “estipula que los particulares podrán generar energía eléctrica con el fin de vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad” y el artículo 73 que “autoriza que los particulares realicen transmisión, transformación y entrega de energía eléctrica a los beneficiarios”.

• Los cambios en determinados artículos denotan la intención de restar autonomía a la Comisión Federal de Electricidad, a la par de que será la Secretaría de Energía quien decida sobre los puntos clave de las licitaciones así como autorizar todo proyecto de dicho organismo.

• Una de las modificaciones que amerita mayor atención es el artículo 5 del mencionado reglamento, en donde se estipulaba que las para estatales coordinadas por la Secretaría de Energía estaban agrupadas en tres subsectores: el de la electricidad, el de los hidrocarburos y el de tecnología energética. En el “nuevo reglamento desaparecieron los subsectores y no se menciona por su nombre a las paraestatales ni a los institutos”, lo cual claramente deja abierta la puerta a una interpretación del artículo que podría representar intereses del sector privado.

Por último, como ya se evidenció, debemos señalar que los decretos de Felipe Calderón “también permitieron subsanar las irregularidades que cometió al decretar la extinción (de) Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009 y dejan abierta la posibilidad de que el gobierno de Peña Nieto acuda a fórmulas privatizadoras de las paraestatales”.

El artículo 6 del nuevo Reglamento Interno de la Secretaría de Energía, en su fracción XXIII, establece como facultad genérica de los subsecretarios: “Someter a la consideración del secretario los estudios y análisis previos, así como los anteproyectos de instrumentos jurídicos, cuyo objeto sea crear, modificar, disolver, liquidar, extinguir, fusionar, enajenar o transferir entidades paraestatales coordinadas del sector, con la opinión de la Unidad de Asuntos Jurídicos”.

Comenta además, la situación atípica que representa que dichos reglamentos y otras disposiciones y permisos sean aprobados o los decretos sean emitidos en los últimos días de la gestión

III. Consideraciones

1. Por lo que se refiere al Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, en la propuesta se hace mención al artículo 6, fracción XXIII pero no se expone ningún motivo por el que ese texto es contrario a la Constitución. En ese sentido, no hay materia sobre la que esta comisión pudiera emitir un dictamen que tuviera como base la posible vulneración de la Constitución por la modificación de este Reglamento Interior.

2. Por lo que hace al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en la propuesta se da a entender que el 30 de noviembre de 2012 hubo reformas a 77 de los 173 artículos de ese ordenamiento y se hace referencia específica a las supuestas reformas a los artículos 11, 72 y 73; sin embargo, esta reforma únicamente modificó los artículos 2°, 70, inciso b), 72, inciso b), 73, 149 y 151 de ese Reglamento.

3. Es decir, la reforma del 30 de noviembre de 2012 no modificó 77, sino únicamente 5 artículos de este Reglamento y no son los que se especifican en la propuesta que se dictamina.

4. El artículo 72 se reformó para otorgar a los particulares la facultad de vender energía eléctrica; sin embargo, dicha hipótesis ya estaba prevista en el inciso a) de ese artículo, el cual no fue objeto de reforma alguna y, además, coincide con los términos previstos en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, concretamente con lo previsto en su artículo 36, fracciones III y IV, que autorizan la producción independiente y la pequeña producción de energía eléctrica destinada a su venta a la Comisión Federal de Electricidad

5. La parte del artículo 72 del Reglamento que sí se modificó el 30 de noviembre de 2012 fue el inciso b) que autoriza a los particulares la generación de energía eléctrica para su consumo en las modalidades de autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con “punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía y el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica porque son contrarios a lo establecido sobre la materia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González, Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez; diputados: Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González, Juan Francisco Cáceres de la Fuente), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.»

ESTADOS DE ZACATECAS Y AGUASCALIENTES

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de Zacatecas y de Aguascalientes a no aprobar las iniciativas que pretenden proteger el derecho a la vida desde la concepción

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 16 de enero de 2013, en sesión de la Comisión Permanente, el senador Mario Martín Delgado Carrillo y la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales de Zacatecas y Aguascalientes a retirar las iniciativas que pretenden proteger el derecho a la vida desde la concepción.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición para su estudio y dictaminación correspondiente a la Primera Comisión –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los legisladores autores de la proposición con punto de acuerdo citan que en los congresos de los estados de Aguascalientes y Zacatecas se presentaron iniciativas para reformar sus respectivas Constituciones para reconocer el derecho a la vida del no nacido y su calidad de persona desde el momento de la concepción o fecundación. Reformas en el mismo sentido ya fueron aprobadas en 16 de las 32 entidades federativas que integran a la República Mexicana: Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. En la opinión de los proponentes, dichas reformas coartan el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y maternidad. Por lo anterior, los legisladores proponentes estiman pertinente que la Comisión Permanente emita un exhorto a las legislaturas de los estados de Aguascalientes y Zacatecas para que las reformas que buscan proteger la vida del no nacido no sean aprobadas y para que emitan la legislación que corresponda a fin de eliminar obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir su embarazo.

Consideraciones

1. El 9 de enero de 2013 el diputado local José Luis Alférez Hernández presentó ante el Congreso de Aguascalientes iniciativa para reformar el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, por la que se busca proteger la vida desde la concepción.

2. Durante el primer período ordinario del tercer año de ejercicio constitucional, la diputada local Noemí Berenice Luna Ayala, junto con otros diputados, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas iniciativa por la cual busca proteger, desde el texto constitucional, el derecho a la vida del no nacido.

3. Actualmente, dieciséis de las treinta y dos entidades del país han aprobado reformas para proteger la vida desde la concepción.

4. El 26 de diciembre de 2008, el artículo 7o. de la Constitución Política de Baja California fue reformado para proteger la vida desde la concepción. A partir de dicha reforma, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California promovió la acción de inconstitucionalidad 11/2009 en contra del artículo referido. No obstante, el proyecto que proponía invalidar el artículo 7o. de la Constitución de Baja California no contó con la mayoría calificada necesaria. Los ministros Margarita Luna Ramos y Jorge Pardo Rebolledo argumentaron que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece en qué momento se inicia la vida, por lo que los Congresos estatales están en la libertad de hacerlo. Con el mismo criterio fue desechada la Acción de Inconstitucionalidad 62/2009, que buscaba se declarará inconstitucional el artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí, el cual también protege la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción.

5. Por mandato constitucional, el Congreso de la Unión, ya sea través de sus respectivas Cámaras o de la Comisión Permanente durante el período de receso de ambas, debe acatar el principio de separación de poderes que se especifica en el balance y equilibrio que deben guardar entre sí las facultades y el ámbito de competencia de cada uno de ellos que la doctrina denomina “pesos y contrapesos” entre los órganos del Estado. En razón del pleno acatamiento de este principio, es improcedente que el Congreso de la Unión emita opinión alguna ya sea en sentido afirmativo o, en su caso, en sentido negativo, sobre una cuestión cuya hipotética inconstitucionalidad ha sido resuelta integralmente por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo son las sentencias de las acciones de inconstitucionalidad previamente citadas.

6. Asimismo, es importante hacer notar que en el sistema constitucional mexicano no se encuentra previsto en modo alguno el denominado “control previo de constitucionalidad” que faculta a los órganos del Estado para emitir una declaración general de inconstitucionalidad respecto a un asunto sometido a su conocimiento. En nuestro sistema, de conformidad con el artículo 90 y demás correlativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente el Poder Judicial de la Federación está facultada para ejercer control de constitucionalidad a través de los mecanismos procesales previstos en dicho ordenamiento a saber: juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional, juicio para la protección de los derechos político electorales y juicio de revisión constitucional electoral. Por lo tanto, es improcedente la solicitud formulada en el punto de acuerdo bajo escrutinio, en razón de que no es el medio procesal idóneo para reclamar la posible incompatibilidad de las iniciativas presentadas con algunos posibles derechos previstos en la Constitución como lo alegan los promoventes.

7. Por otra parte, es preciso destacar, que en nuestra forma de Estado corresponde a la de una Federación, en virtud de la cual, cada unidad territorial que la compone denominada “Estado libre y soberano” está compuesta a su vez de órganos de poder cuyas facultades y cuya jurisdicción se encuentra expresamente previstas por la cláusula federal establecida en el artículo 124 constitucional en correlación con los artículos 40, 49 y 116 del mismo ordenamiento que a la letra señalan:

...

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

....

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

...

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

...

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados

...

8. En fortalecimiento de los criterios previamente desarrollado resulta aplicable la Tesis Jurisprudenciales emitidas por el Pleno y la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, que indican ad litteram:

[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Julio de 2009; Pág. 1540

División de poderes. El que este principio sea flexible sólo significa que entre ellos existe una colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna.

El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. Sin embargo, ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte que la división funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado. Como se advierte, en nuestro país la división funcional de atribuciones no opera de manera tajante y rígida identificada con los órganos que las ejercen, sino que se estructura con la finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, mediante un régimen de cooperación y coordinación que funcionan como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando así la unidad del Estado y asegurando el establecimiento y la preservación del estado de derecho. Por su parte, el artículo 133 de la Constitución Federal consagra el principio de supremacía, que impone su jerarquía normativa a la que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que, el hecho de que la división de poderes opere de manera flexible sólo significa que entre ellos existe una colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna. De este modo, para que un órgano ejerza ciertas funciones es necesario que expresamente así lo disponga la Constitución Federal o que la función respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas por efectos de la propia Constitución, así como que la función se ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva la facultad propia.

[TA]; 5a. Época; 2a. Sala; Informes; Informe 1937; Pág. 36

Diputación permanente. La competencia que se niega a la diputación permanente es de orden estrictamente constitucional, porque ese problema nace de la observancia del pacto federal y de la obligación de las entidades federativas de no apartarse de las bases establecidas por la Carta Federal de la República. El Poder Legislativo radica en el Congreso, y toda ley que no sea expedida por éste, o, en último caso, con la delegación expresa de facultades para expedirla, no puede considerarse como un acto del Poder Legislativo.

Si ni la legislatura tiene facultades para tratar en épocas que no sean los periodos de sesiones en que funciona el Poder Legislativo, asuntos para los que no haya sido convocada, sería absurdo suponer, que la Diputación Permanente puede expedir leyes durante periodos extraordinarios sin facultades expresas y usurpando las funciones que son propiamente exclusivas del Poder Legislativo. La Diputación Permanente, sólo como una cooperación al Poder Legislativo, y en casos en que esté expresamente autorizada, puede dictar alguna ley para la que se le haya concedido autorización expresa e ilimitada; pero en ningún caso debe considerarse esa autorización de una manera tácita, ni en virtud de facultades que correspondan al funcionamiento propio de la Diputación Permanente, porque tan sólo en el supuesto de que haya una delegación de facultades, como a veces se concede al Poder Ejecutivo en casos urgentes, se da esa facultad expresa, pero conforme a nuestro derecho administrativo y a la interpretación de los derechos constitucionales, se debe dar cuenta del ejercicio de esa facultad expresa para que la legislatura sancione o repruebe el uso de esas facultades extraordinarias de cooperación, porque de otra suerte no revisten el carácter de ley los actos que no han sido dictados directamente por la legislatura en uso de sus facultades soberanas y propias en ejercicio del mandato conferido por el pueblo a los Poderes de la República, o de los Estados, dentro de los límites de su competencia constitucional o aprobados por ella cuando ha delegado sus facultades. La competencia que se niega a la Diputación Permanente es de orden estrictamente constitucional, porque ese problema nace de la observancia del Pacto Federal y de la obligación de las entidades federativas de no apartarse de las bases establecidas por la Carta Federal de la República. Al contrariar las autoridades la Constitución, se colocan en una situación inconstitucional y contraria a los principios institucionales y democráticos; por lo que debe concluirse que las leyes expedidas por la Diputación Permanente sin autorización expresa, no constituyen un mandamiento escrito y fundado de autoridad competente, como lo exigen los artículos 14 y 16 constitucionales.

9. En razón de lo anteriormente expuesto, resulta inatendible la propuesta formulada por los promoventes en el punto de acuerdo en comento, debido a que el Poder Legislativo Federal no se encuentra facultado para ordenarle a las Legislaturas de los estados el retiro de iniciativas sometidas a la consideración de las mismas, lo cual, resulta notoriamente violatorio del Pacto Federal y contrario al principio de “libertad de configuración legislativa” que tienen dichas Legislaturas sobre las materias no expresamente concedidas a la Federación. Aunado a lo anterior, ad cautelam, cualquier acción legislativa federal que se pretendería ejercer sobre las legislaturas de los estados en la materia deberá ser producto del procedimiento reformador de la Constitución Federal previsto en el artículo 135 de dicho ordenamiento.

Consecuentemente, la comisión dictaminadora considera que en el caso procede remitir el expediente a las legislaturas de los estados de Aguascalientes y Zacatecas, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su competencia.

Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos estatales de Zacatecas y Aguascalientes a retirar las iniciativas que pretenden proteger el derecho a la vida desde la concepción presentado por el senador Mario Martín Delgado Carrillo y la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2013.

La Primera Comisión – Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza; senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica).»

REFORMA LABORAL

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad de la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 16 de enero de 2013 por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo con el objeto de solicitar respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco de la colaboración entre Poderes; que en base a los amparos masivos contra la reforma laboral que han sido interpuestos por más de dos millones de trabajadores y que ya han comenzado a ser admitidos, llegado el momento procesal oportuno y cubiertos los extremos 107 constitucional, haga “declaración general de inconstitucionalidad” en contra de la reforma laboral de cita publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2012.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición para su estudio y dictaminación correspondiente a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

3. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 23 de enero de 2013, el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo con objeto de solicitar respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en los amparos masivos contra la reforma laboral llegado el momento procesal oportuno, haga “declaración general de inconstitucionalidad” en contra de la reforma laboral de cita publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2012.

4. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictaminación correspondiente.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El diputado proponente plantea que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión haga un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Federación para que, en su momento, ésta emita una Declaración General de Inconstitucionalidad de la reforma laboral publicada el 30 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con las recientes reformas al artículo 107 constitucional.

En las consideraciones de las proposiciones con punto de acuerdo, el diputado Blanco Deaquino expone que la declaratoria general de inconstitucionalidad es un procedimiento mediante el cual se garantiza la supremacía constitucional y la igualdad ante la ley.

El texto constitucional establece:

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

Por todo lo anterior, y a partir de los amparos interpuestos por trabajadores en contra la reforma laboral, el legislador proponente considera que se abre la posibilidad de que ésta última sea objeto de la declaración general de inconstitucionalidad.

Consideraciones

1. El 30 de noviembre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

2. Como respuesta a la reforma laboral, han sido presentadas 4,819 demandas de amparo por parte de trabajadores inconformes, especialmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM). Los recursos presentados representan a más de un millón doscientos mil quejosos que consideran que las reformas a la Ley Federal del Trabajo aprobadas por el honorable Congreso de la Unión violan sus garantías individuales.

3. Los amparos de los que se hace mención en el considerando anterior serán atendidos por los juzgados 1 y 2 de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en el Distrito Federal, por acuerdo de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal.

4. Corresponde a los Tribunales de la Federación resolver toda controversia que se suscite por normas generales que presuntamente violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Para que las sentencias de los juicios de amparo tengan efectos generales, es decir, que protejan la supremacía constitucional y no sólo derechos de individuos en concreto, debe ocurrir lo previsto por la fracción II del artículo 107 constitucional. En dicho precepto se establece, como ya se mencionó, que es necesario que exista jurisprudencia por reiteración que determine la inconstitucionalidad de una norma general.

6. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107, prevén plazos y procesos a seguir antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esté en posibilidades de emitir la Declaración General de Inconstitucionalidad contra la Reforma Laboral. En primer lugar, los Tribunales de la Federación deben de declarar la inconstitucionalidad de la norma general en cuestión por segunda vez consecutiva. A partir de ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligada a informar a la autoridad emisora de la norma declarada inconstitucional, a fin de que ésta supere el problema de inconstitucionalidad. Si lo anterior no ocurriere en un plazo máximo de 90 días naturales, la SCJN podrá emitir la respectiva declaratoria general de inconstitucionalidad con el voto de al menos ocho ministros.

7. Esta comisión que dictamina estima que el procedimiento a seguir para que la Suprema Corte emita una declaratoria general de inconstitucionalidad contra el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, no ha sido agotado. No existe certeza con respecto a lo que los Tribunales de la Federación competentes resolverán en el caso de los más de cuatro mil juicios de amparo que han sido interpuestos; del mismo modo, no existe certeza sobre si la autoridad emisora, si se generara jurisprudencia por reiteración, superaría la inconstitucionalidad de la reforma en el plazo de 90 días naturales. Con base en lo expuesto, esta Comisión no considera procedente ni oportuno anticiparse a la resolución sobre la constitucionalidad de la norma referida, que compete al Poder Judicial de la Federación. Por lo anterior, quienes integramos esta Primera Comisión de Trabajo, en un acto de congruencia y respeto al esquema de división de poderes previsto por el artículo 49 constitucional, consideramos que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión no cuenta con materia para emitir un exhorto en el sentido en el que el autor de la Proposición que se dictamina sugiere.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y , para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se desechan las proposiciones con punto de acuerdo por las que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad de la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, presentadas por el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente, diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino, Ricardo Cantú Garza (rúbrica)., senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Delgado Carrillo, secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, secretario.

AVION PRESIDENCIAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tenemos registrado en el uso de la voz, para hablar en contra de estas resoluciones, al senador Mario Delgado, del PRD. El senador Mario Delgado pidió el uso de la voz, se le concede. Y posteriormente al diputado Ricardo Cantú Garza.

El senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, señora presidenta. Compañeros, compañeras, para pedir una reconsideración respecto del punto que se presentó, que no es un tema menor, no es un tema que se pueda soslayar porque es un asunto de seguridad nacional.

Nos enteramos por la prensa que el avión que se pretende, que se seleccionó, para ser el avión presidencial —el Boeing 7878— tiene algunos defectos de fabricación y están en tierra por orden de la autoridad aeroespacial de los Estados Unidos de América.

Independientemente del cuestionamiento que se hizo respecto del costo del avión presidencial, 750 millones de dólares, que hubo un debate amplio en este Congreso por ese costo, porque en el costo comercial es 500 millones de dólares de lo que hay en el mercado. Aparte, ahora nos enteramos que tiene defectos ese avión y es el avión que va a utilizar el presidente de la República. Es una cuestión de seguridad nacional.

Y en ese sentido pues, qué estamos pidiendo. Primero, que se nos informe qué proceso de selección se siguió para determinar que de todas las aeronaves que hay en el mercado, en el mundo, de todas las marcas, éste cumplía con uno de los requisitos fundamentales, que es la mayor seguridad posible.

¿Cómo le hicieron para llegar a la conclusión de que esta marca y este modelo eran los mejores para la institución presidencial? Y que, aprovechando pues esta suspensión que tiene por parte del gobierno de los Estados Unidos de América y que en todo el mundo se ha ordenado que estén en tierra estos aviones, pues reconsideremos esta compra, que hagamos un aterrizaje forzoso de este avión presidencial mientras tengamos dudas, porque es una cuestión, me parece, de elemental seguridad nacional.

Por eso, el punto de acuerdo es muy sencillo y es muy respetuoso, además, con el Ejecutivo, manifiesta la preocupación de este Congreso respecto de la seguridad del presidente y de la seguridad nacional.

Por eso, ¿qué se pide? Pues que el Ejecutivo le solicite, o se exhorta respetuosamente, a la Secretaría de la Defensa Nacional para que nos diga qué proceso de selección, análisis, evaluación e investigación se siguió para elegir el modelo de avión 7878 de la empresa Boeing Commercial Airplanes, para que forme parte de la flota del Estado mexicano y, en particular, para que sea utilizado como avión presidencial y su determinación como el avión que concreta los máximos estándares en seguridad y, por ende, en cumplimiento al mandato de seguridad nacional.

También pedir la ventaja que presenta esta elección, de esta línea, respecto de otras aeronaves existentes en el mercado, sobre todo en materia de seguridad. Debe eso quedar muy claro. Y también, que exponga los motivos por los cuales no se ha suspendido o cancelado la operación de adquisición, a pesar de las fallas presentadas por esta línea de la aeronave.

Pedimos otra consideración. Que se exhorte, por parte de este Congreso de la Unión, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo, al ser el encargado de preservar la seguridad nacional en términos del artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que instruya a la Secretaría de la Defensa Nacional la suspensión de la contratación de la aeronave 787-8 hasta en tanto culminen las investigaciones y certificaciones correspondientes, que certifiquen la completa seguridad de la aeronave, a fin de garantizar que su posible operación no ponga en riesgo la seguridad nacional del Estado mexicano.

Es una petición muy respetuosa, muy seria. Creo que lo que ha ocurrido a nivel internacional abre la posibilidad de que nos replanteemos cómo llegamos a esta aeronave y si nos conviene mantener la operación, habida cuenta de que es una aeronave que ya presentó en sus primeras etapas riesgos que representan un peligro para la seguridad de quienes la utilicen.

Ahí está, lo dejo a su consideración. No tiene ningún otro tipo de intencionalidad este punto de acuerdo, sino que nos demos la oportunidad de replantear lo que estamos haciendo y que no vamos a poner en riesgo la seguridad del Presidente de la República. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senador Mario Delgado.

REFORMA LABORAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Ahora tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, vengo a manifestarme categóricamente en contra del punto de acuerdo que nos presenta la Primera Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente.

En el punto de acuerdo que se nos presenta se desechan las proposiciones con punto de acuerdo por medio de las cuales se propone exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a emitir la Declaración general de inconstitucionalidad de la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre pasado.

Cuando las mayorías que integran las Cámaras del Congreso aprobaron la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentada por el Ejecutivo federal, argumentaron que la flexibilización de la fuerza de trabajo sería una de las panaceas para incrementar la generación de empleos en beneficio de los millones de mexicanos que reclaman un empleo estable, formal y bien remunerado. Argumentaban que los trabajadores en activo verían con beneplácito estos cambios a la legislación laboral.

Sin embargo, la terca realidad se empeña en demostrarnos que el escenario antes descrito no es el correcto, ya que, a la fecha del término para interponer el juicio de garantías en contra de la publicación de la reforma se habían promovido amparos por más de dos millones de trabajadores.

Con estos amparos masivos se pretende que se suspenda la aplicación de la ley, que la misma sea declarada inconstitucional y sea expulsada del orden jurídico. Además que, conforme al segundo párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita la declaratoria de inconstitucionalidad que corresponde.

De manera reiterada los legisladores del Partido del Trabajo sostuvimos que la iniciativa de Calderón era contraria a los artículos 1o., 123 y 133 de nuestra norma fundamental, además de que también violaba el contenido de los tratados internacionales en materia de trabajo suscritos por el Estado mexicano.

Esta Legislación —lo reiteramos— violenta el contenido del párrafo segundo y tercero del artículo 1o. de nuestra Constitución que establece el respeto irrestricto a los derechos humanos y resulta evidente que la legislación laboral en el tema del outsourcing y de los periodos de trabajo a prueba y del pago de salarios vencidos hasta por 12 meses, entre otros, es claramente violatorio de los derechos humanos y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por estas razones, compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tenemos la firme convicción de que se debe votar en contra del contenido de la proposición que se nos presenta, y que exhortemos a la Suprema Corte a que emita de una vez, sustanciados los juicios, la declaratoria de inconstitucionalidad correspondiente.

Apoyamos el contenido de las dos proposiciones que presentó nuestro compañero Silvano Blanco Deaquino, que quede perfectamente claro que no se pretende influir en la decisión que tomen los órganos jurisdiccionales en materia de amparo. Sabemos que su determinación será a favor del respeto de los derechos humanos, como lo establece la Constitución y los tratados internacionales, y la consecuencia natural de su actuación será otorgar el amparo a los quejosos. Y por parte de la Corte la emisión de la Declaratoria general de inconstitucionalidad. Si la mayoría de esta Comisión Permanente persiste en mantener el contenido de la proposición, nuestro voto será en contra.

Por último, el Partido del Trabajo y sus senadores y diputados expresamos nuestra solidaridad fraterna con los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, desde que de manera arbitraria e ilegal se les dejó sin trabajo, y hoy que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá el amparo en revisión que interpusieron, para que la Comisión Federal de Electricidad sea considerada como patrón substituto y se les restituya en su fuente de trabajo.

Esperamos que la autoridad judicial actúe conforme a derecho y se haga justicia a estos miles de trabajadores electricistas. Es cuanto, senadora presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor diputado. En virtud que no hay más oradores, consulte la Secretaría a la asamblea...

El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (desde la curul): Presidenta, ¿me puede dar el uso de la palabra, por favor?

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: No lo tengo registrado, pero con mucho gusto se le concede, señor diputado. Adelante.

El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena: Con la venia de la Presidencia; legisladores, legisladoras. Mi participación va en pro del punto de acuerdo presentado por el diputado Silvano Blanco Deaquino, y en contra del dictamen que hoy se nos quiere presentar.

Estos puntos de acuerdo se desechan por lo aleatorio de las resoluciones de la Suprema Corte en torno a los masivos amparos interpuestos por los trabajadores contra la reforma laboral del 30 de noviembre de 2012. Lo curioso es que en la misma sesión del 28 de enero de los corrientes, la Comisión Primera aprobó otro punto de acuerdo cuya base también es la aleatoria resolución de la Corte en torno a una controversia entre Chiapas y Oaxaca.

Aunque se sigan bloqueando nuestros puntos de acuerdo que buscan apoyar la lucha justa de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país para rescatar la legalidad y la justicia, no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede ocultar la profunda inconstitucionalidad de esta contrarreforma ni la protesta masiva contra la misma que están llevando a cabo los trabajadores y trabajadoras no solo en las calles, sino a través de millones de amparos interpuestos cuyo número seguirá creciendo ante las diversas oportunidades que existen legalmente para hacerlo, derivado del carácter autoaplicativo de esta vergonzosa reforma laboral.

De ser nuestro país el maestro, el impulsor que construyó los derechos sociales a nivel constitucional, ahora lo transforman en un simple imitador de reformas cuyos resultados negativos contra los trabajadores de otros países ya están plenamente probados, además de que este decreto es apenas el primer paso, inaugurándose a partir de este momento un proceso para profundizar la anulación de los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional y diversos instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte.

Aunque la reforma laboral podría parecer lejana a los trabajadores al servicio del Estado, cual es el caso de los maestros y los profesores, en realidad les afecta de manera directa ya que el artículo 11 de la ley federal burocrática establece la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo respecto a su relación de trabajo en los siguientes términos.

Artículo 11. En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, entre otras, lo que provoca de manera directa que, por ejemplo, sus salarios caídos también queden limitados a solo 12 meses en franca injusticia e inconstitucionalidad.

Por lo que hace a los trabajadores del gobierno estatal y municipal, recordemos que los artículos 115 y 116 constitucionales señalan que las leyes que regulen sus relaciones de trabajo se basan en lo dispuesto por el artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, incluidas en éstas la Ley Federal del Trabajo. De ahí que alguna de estas leyes locales también señalen como supletoria la Ley Federal del Trabajo.

Esta reforma regresa, a la normativa laboral, a la criminal y mentirosa igualdad formal meramente jurídica, raíz de todo tipo de inequidades. Después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, al artículo 123 de la Ley Federal de Trabajo, se deben conceptuar plenamente como compendios de derechos humanos a favor de los trabajadores del país, por lo que igualmente deben ser protegidos en respeto del principio de progresividad.

La subcontratación precariza el empleo, el salario, las prestaciones, y representa un golpe de muerte para los sindicatos. En general, para el ejercicio de los derechos colectivos. Las nuevas modalidades de contratación, destacadamente los contratos de capacitación inicial y a prueba, junto con la subcontratación, hacen añicos la estabilidad en el trabajo y por tanto todo proyecto de vida para el trabajador.

El salario mínimo, al autorizar la contratación por hora, semana y jornada reducida, permite que el trabajador reciba el salario de una jornada, por regla general el salario mínimo que, siendo tan bajo en nuestro país, incluso menor que el de otros países, como Haití, lo sumirá en una mayor pobreza.

El impulso y abatimiento del despido, además de los despidos legalizados en el marco de los contratos por hora que prueban capacidad inicial, aumentan las injustas causas de despido y reducen a 12 meses los salarios caídos.

En fin, que estos y otros aspectos lesionan de manera directa los derechos humanos de los trabajadores y hacen prever que los jueces de distrito evitan sentencias otorgando la protección de la justicia federal no solo a favor de los trabajadores y trabajadoras que se amparen, sino con efectos generales. Es decir, que será procedente una declaración general de inconstitucionalidad. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor diputado Cuevas.

ESTADOS DE ZACATECAS Y AGUASCALIENTES

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tengo una nueva participación del senador Mario Delgado. Tiene usted la palabra, señor senador, y posteriormente a su participación procederíamos ya entonces a la votación económica de los puntos de acuerdo. Adelante, senador.

El senador Mario Martín Delgado Carrillo: Muchas gracias, presidenta. Vemos con mucha preocupación iniciativas que hay en el estado de Zacatecas y Aguascalientes, que pretender proteger el derecho a la vida desde la concepción.

El derecho a la salud de las mujeres, es un derecho humano, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales.

El Estado mexicano tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a la atención de la salud. De acuerdo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas, para garantizar este derecho se debe ampliar la cobertura de los servicios de salud, en particular la atención de la salud reproductiva y los servicios de planificación de la familia y tratar de eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres tengan acceso a esos servicios.

Además, se debe promover –dice la ONU– e impartir ampliamente la educación sexual entre hombres y mujeres, y adolescentes de ambos sexos. Asimismo se debe contar con mecanismos eficaces que permitan el acceso a servicios de aborto seguro en las circunstancias previstas por la ley.

Como todos sabemos, en 97 ocurrió una reforma muy importante en la Ciudad de México y a partir de ahí, a partir de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán se reformaron sus constituciones para reconocer, con diversas fórmulas, el derecho a la vida del no nacido y su calidad de persona desde el momento de la concepción o fecundación.

Estas reformas provocaron que en muchos de estos 16 estados, el aborto, en todas sus modalidades, sea perseguido por las autoridades penales, violando derechos de miles de mujeres, obligándolas a ser madres o privándolas de su libertad aun en casos de abortos espontáneos e incluso estimando el hecho como homicidio agravado.

Esto ya se discutió en la Corte. En el 2011 se analizó si las reformas de Baja California y San Luis, que garantizaban el derecho a la vida desde la concepción, eran inconstitucionales. Es decir, contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto por cuestiones de la competencia del legislador local, como por el riesgo en el que ponen los derechos humanos de las mujeres.

Fue una discusión muy interesante, de las más importantes que ha tenido la Corte en los últimos años. Ahí la Suprema Corte reafirmó que indudablemente debe protegerse la vida prenatal, pero que dicha protección no puede ser absoluta ni restringir los derechos de las mujeres, tal y como lo señaló el ministro presidente Juan Silva Mesa en aquella ocasión.

La intervención del Estado para proteger al no nacido debe ser en función de la vinculación que existe entre uno y otro, pues al no poderse separar se debe tener la posibilidad de graduar la protección de derechos de uno y otro. El mensaje es muy claro: la protección de la vida prenatal debe ser compatible con los derechos de las mujeres.

De ahí que hubo una votación donde faltó apenas un voto para que se declarara inconstitucional. Pero es claro que existe una mayoría jurídica, una opinión jurídica mayoritaria sobre la inconstitucionalidad de este tipo de reformas.

Adicionalmente tenemos que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió un documento en agosto de 2012, en este documento el comité externa su preocupación por las enmiendas introducidas en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción porque han puesto en peligro el disfrute de la mujer, de su salud y de sus derechos sexuales y reproductivos.

Por eso presentamos este punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los Congresos locales de Aguascalientes y Zacatecas —sabemos de la independencia que tienen ellos y la facultad constitucional de legislar— a que no vayan a legislar en contra de los derechos de las mujeres.

Se exhorta a no aprobar reformas que criminalizan a las mujeres, como las que protegen el derecho a la vida desde la concepción por contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados en materia de derechos humanos, así como por atentar contra el carácter laico de la República Mexicana.

Y en segundo exhortar —y con esto termino presidenta— a los Congresos de Aguascalientes y Zacatecas a que armonicen su legislación relativa al aborto, a fin de eliminar los obstáculos que enfrenten las mujeres que deseen interrumpir su embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal, teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, la recomendación general 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, así como las medidas adoptadas en materia de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Muchísimas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senador Mario Delgado. En virtud de que no hay más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

El senador Mario Martín Delgado Carrillo (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Un minuto, por favor. Me está solicitando la palabra el senador Mario Delgado. ¿Con qué objeto, senador?

El senador Mario Martín Delgado Carrillo (desde la curul): Gracias. Me parece que los temas que aquí se abordan en estos puntos son muy diversos, de tal manera que en una sola votación sería difícil que cada legislador pudiera manifestarse. Entonces, pedirle respetuosamente que cada uno de estos puntos a los que hubo reservas se pudieran votar por separado.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senador Mario Delgado. En razón de su solicitud, le pediría entonces a la Secretaría proceda a la votación de uno en uno de los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: De la Primera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos estatales de Zacatecas y Aguascalientes a no aprobar las iniciativas que pretenden proteger el derecho de la vida desde su concepción. Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Le pido dé lectura para aclarar nuevamente, señor secretario, el sentido de la votación.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Estamos votando dictámenes en sentido negativo.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Si gusta, nuevamente pedirles la votación en virtud de que estamos ya procediendo en ese tema, a los dictámenes en negativo.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Están en negativo. Si se vota a favor se está a favor del dictamen de la Comisión, de desechar, y si se vota en contra está a favor de que sea positivo.

Repetimos. De la Primera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos estatales de Zacatecas y de Aguascalientes a no aprobar las iniciativas que pretenden proteger el derecho a la vida desde su concepción. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Es mayoría por la negativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por la afirmativa de como está el dictamen. Estamos...

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Parece que hay una confusión en la...

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por favor repita. Si hay inconveniente o si hay alguna duda repita la votación. Y que quede claro que el dictamen está en sentido negativo, y puede nuevamente leer el resolutivo para que quede claro, por favor. Adelante, diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidenta, con el debido comedimiento debemos señalar que este dictamen es en sentido negativo. Quienes votan a favor es que queda en sentido negativo y se rechaza. Si votan en contra, entonces no se rechaza y por tanto se tiene que reformular un nuevo sentido del proyecto de dictamen en sentido positivo, no negativo.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Así es, es correcto. Gracias, diputado. Nuevamente entonces, solicito al senador secretario proceda.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Una vez aclarado esto, repetimos. De la Primera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos estatales de Zacatecas y de Aguascalientes a no aprobar las iniciativas que pretenden proteger el derecho a la vida desde su concepción. Los legisladores y legisladoras que estén a favor sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra sírvanse manifestarlo. Ciudadana presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Aprobado el punto de acuerdo. Archívese el expediente como asunto concluido.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Dos. Con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de...

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Momento por favor. Señor senador, un momento por favor.

El senador Mario Martín Delgado Carrillo (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Adelante, senador Mario Delgado.

El senador Mario Martín Delgado Carrillo (desde la curul): Presidenta, debido a la confusión, que van dos votaciones en el mismo punto de acuerdo, le pido que sea de manera personal que cada quien manifieste su voto, por favor, en este punto.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: El trámite ya fue dictado, estamos ahora procediendo a la votación, si hay alguna duda pudiéramos repetirla, pero yo creo mi estimado senador que en esto ya ha sido concluido el procedimiento, y estamos votando de uno por uno, tal cual usted lo solicitó y se lo hemos concedido.

En la anterior votación quedó claro que fue aprobado tal cual el dictamen. Se votó nuevamente y en esa segunda votación quedó claro. Gracias. Adelante, secretario.

REFORMA LABORAL

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a emitir la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Estamos en el mismo trámite de dictámenes negativos para reiterar, y que no haya ninguna inquietud o duda, quien vote a favor está el sentido expuesto en el dictamen.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Aprobado el punto de acuerdo, archívese el expediente como asunto concluido.

AVION PRESIDENCIAL

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional un informe sobre la seguridad del avión presidencial Boeing 787, y suspender el proceso de compra. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, ciudadana presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Aprobado el punto de acuerdo, archívese el expediente como asunto concluido.

EDUCACION DE CALIDAD

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Dos. Con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal conforme un fideicomiso específico que garantice equidad en las oportunidades de acceso y permanencia a una educación de calidad. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, ciudadana presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, secretario. Aprobado el punto de acuerdo, archívese el expediente como asunto concluido.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE ENERGIA - REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: De la Tercera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición de punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a derogar el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, y el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Ciudadana presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Aprobado el punto de acuerdo, archívese el expediente como asunto concluido. Gracias, secretario.

HIPOGLUCEMIA REACTIVA

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Solicito continúe la Secretaría con la lectura de los dictámenes restantes de la Tercera Comisión.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud a crear una estrategia de información acerca del control de la hipoglucemia reactiva.

Honorable Asamblea:

Con fecha 23 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud a crear una estrategia de información sobre el control de la hipoglucemia reactiva, suscrita por la Diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de enero de 2013, la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a crear una estrategia de información sobre el control de la hipoglucemia reactiva.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio DGPL 62-II-5-434.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la ciudadana secretaria de Salud, doctora Mercedes Juan, a crear una estrategia de información acerca de este padecimiento y a que en las clínicas y hospitales del sector salud se lleven a cabo los análisis pertinentes para su detención.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión considera a la diabetes mellitus o diabetes tipo 2 como la enfermedad crónica con mayor prevalencia en México. Se calcula que existen alrededor de ocho millones de pacientes con este padecimiento en el país, según datos de la Federación Mexicana de Diabetes.

Sin embargo señala que uno de los puntos más críticos en la vida de un paciente diabético insulinodependiente es la aparición de crisis de hipoglucemia, es decir, cuando los valores de glucosa descienden por debajo de las 60 unidades de glucosa en sangre debido a la presencia de fármacos orales o inyectados que reemplazan la insulina natural, misma que los diabéticos no producen.

En el documento se explica que existe una clase de hipoglucemia, no relacionada con fármacos, en la que los pacientes producen un exceso de insulina y la liberan al torrente sanguíneo en respuesta a la ingesta de carbohidratos. Esta clase de hipoglucemia, se subdivide, además, en hipoglucemia en ayunas, que se produce después del ayuno, y en hipoglucemia reactiva, que surge como una reacción al ingerir hidratos de carbono. El nivel de glucosa en sangre de una persona hipoglucémica sube después de las comidas y tiene un descenso significativamente más bajo de lo normal al cabo de entre 2 y 5 horas. Los efectos son exactamente los mismos que en los pacientes diabéticos: daño neurológico.

La hipoglucemia reactiva no es detectada con facilidad, ya que muchas veces se le confunde con crisis de ansiedad o desórdenes de tipo psicológico, pues los síntomas de la baja de azúcar son: debilidad, llanto, angustia, visión borrosa, confusión, fatiga, irritabilidad, pánico, nerviosismo, falta de concentración, incoordinación, depresión. Cuando las glándulas suprarrenales responden al exceso de insulina, los síntomas que se presentan son: sudor, sofoco, taquicardia, mareos, nausea, temblores, vértigo, sensación de pánico y miedo, ansiedad, dolores de cabeza, espasmos intestinales, ahogo, sensación de hormigueo.

Estos síntomas, mejoran al comer pero cuando se consumen azúcares (azúcar, miel, fructosa etc.) o carbohidratos refinados (harinas refinadas como pan blanco, pasta, bollería etcétera), los niveles de glucosa aumentan desproporcionadamente y provocan la liberación de una fuerte cantidad de insulina, con lo que se activa una baja brusca de glucosa, causando el episodio de hipoglucemia. Con los años, y si la costumbre de comer azúcares y carbohidratos refinados continúa, el organismo produce más y más insulina, hasta generar un agotamiento tanto del páncreas como de las suprarrenales, llegando, también, a afectar la forma en que el cuerpo se enfrenta a cualquier situación de estrés. En el mejor de los casos, la hipoglucemia reactiva se estanca y brota en estados de ansiedad; en el peor, es el estadio previo a la diabetes tipo 2.

El exponente concluye señalando que la hipoglucemia reactiva puede ser un problema de salud pública infravalorado y es una de las causas de diabetes. También se encuentra detrás del tabaquismo.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta Comisión Dictaminadora se avocó al estudio de los mismos y del resolutivo que le da pie, procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV.

2. A través de la campaña de información sobre hipoglucemia re activa se deberá buscar informar a la población sobre los factores de riesgo de desarrollar hipoglucemia, ya sea la relacionada a la diabetes y la que no está asociada a este padecimiento. Se deberán ofrecer herramientas adecuadas para que en hospitales y clínicas del sector salud se lleven a cabo análisis para su detección, y así en función de los resultados obtenidos ofrecer recomendaciones personalizadas sobre las medidas más adecuadas para reducir el riesgo de padecer o retrasar la aparición de hipoglucemia.

3. La estrategia de información sobre la hipoglucemia deberá contener, entre otras cosas, la definición de hipoglucemia (asociada a la diabetes) e hipoglucemia reactiva (no asociada a la diabetes), cuáles son sus síntomas, qué causa la hipoglucemia y cómo puede prevenirse, información clara y detallada sobre los niveles normales y recomendados de glucosa en la sangre, etcétera.

4. Para ayudar a prevenir la hipoglucemia, es necesario informar a las personas diabéticas sobre qué medicamentos para la diabetes pueden causar hipoglucemia. También se les deberá asesorar en su dieta con la finalidad de que las personas que padecen hipoglucemia reactiva puedan elaborar un plan de comidas que se ajuste a sus preferencias y que les permita controlar su padecimiento. Finalmente la campaña informativa deberá incluir recomendaciones sobre el control intensivo de la diabetes, ya que mantener la glucosa en la sangre lo más cerca del nivel normal con la finalidad de prevenir complicaciones futuras, puede aumentar el riesgo de padecer hipoglucemia.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría a de Salud, a crear una estrategia de información acerca de las causas, síntomas, control y medidas de prevención de la hipoglucemia reactiva.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que en clínicas y hospitales del país se lleven a cabo los análisis pertinentes para la detección temprana de hipoglucemia asociada a la diabetes e hipoglucemia reactiva.

Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica); diputados: Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.»

DROGAS ILEGALES

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud y demás autoridades federales y locales competentes, a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento respecto de las adicciones de drogas ilegales.

Honorable Asamblea:

Con fecha 23 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y demás autoridades federales y locales competentes a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento respecto a las adicciones de drogas ilegales, presentada por los diputados Rodrigo González Barrios, Uriel Flores Aguayo y Silvano Blanco Deaquino del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente Dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de enero de 2013, los diputados Rodrigo González Barrios, Uriel Flores Aguayo y Silva no Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y demás autoridades federales y locales competentes a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento respecto a las adicciones de drogas ilegales.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta Comisión recibió el oficio DGPL 62-II-7-363.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenido en el punto de acuerdo que a la letra señala:

La Comisión Permanente, exhorta al titular de la Secretaría de Salud y, a las demás autoridades federales y locales competentes, ya la sociedad civil en general, a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento en materia de adicciones de drogas ilegales, en pleno respeto a los derechos de los usuarios. En este sentido, como instrumento básico de diagnóstico del problema, se valore el reducir la periodicidad para realizar la Encuesta Nacional de Adicciones, que actualmente es de aproximadamente 6 años y, se lleve a cabo a la brevedad, la encuesta nacional de estudiantes sobre consumo de estas sustancias.

Adicionalmente, la proposición con punto de acuerdo en cuestión, señala que el consumo de drogas ilegales, se ha duplicado en diez años entre las personas de 12 a 65 años y, respecto a los adolescentes de 12 a 17 años, se ha incrementado más de un cincuenta por ciento, esto conforme a la Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

El punto de acuerdo refiere que esta Encuesta, comienza señalando, que: “El abuso de sustancias psicotrópicas, constituye uno de los problemas de salud pública de nuestra época, que se presenta tanto a nivel nacional como internacional”. Este fenómeno de salud afecta, sin distinción de género, incidiendo principalmente en niños y adolescentes, de cualquier estrato social y de todas las regiones de nuestro país.

La Encuesta continúa diciendo, que “Los estudios epidemiológicos, tanto nacionales como mundiales nos demuestran que este fenómeno es cambiante y se presenta con mayor frecuencia en jóvenes y con sustancias más dañinas. Se observa además un aumento en el uso de drogas en la mujer, tanto legales como ilegales...”

El proponente indica que de acuerdo a la Ley General de Salud, “Farmacodependiente” es toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos. En la lucha por la prevención y debido tratamiento de estas personas, debemos recordar que La Ley General de Salud, establece en su artículo 2o., que el derecho a la protección de la salud, tiene, entre otras finalidades, el lograr el bienestar físico y mental de las personas, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; por su parte el artículo 3o. del mismo ordenamiento, establece como materia de salubridad general, la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia.

Como sabemos, el Consejo Nacional Contra las Adicciones, tiene por objeto promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las Adicciones, mismo que está integrado por el Secretario de Salud, quien preside, por los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud.

Otro aspecto que merece subrayarse, de acuerdo con los diputados proponentes es que para mejorar la prevención y tratamiento a las adicciones, durante la pasada administración, se crearon la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), así como el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (Cenadic), siendo el propósito de éste último el propiciar la calidad de los servicios de atención y tratamiento de las Adicciones, según la encuesta ya múltiples referida.

La edad promedio para el inicio en el consumo de drogas disminuyó entre 2002 y 2008, en las mujeres son 20 años y entre los varones, los 18 años.

Finalmente el punto de acuerdo menciona que la encuesta señala, que: “El diseño de las encuestas de 2008 y 2011 permite dividir al país en 8 regiones, analizar sus prevalecías y comparar las tendencias. Los datos muestran que la Región Noroccidental (Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa es la que tiene las prevalencias más elevadas de consumo de drogas ilegales (2.8%), seguida muy de cerca por la región nororiental (Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí) (2.4%). Estas dos regiones tienen cifras de prevalencia anuales significativa mente más altas que la media nacional. El tercer lugar lo ocupa la Ciudad de México (1.7%), con cifras muy similares a las de la región norcentral (Chihuahua, Coahuila y Durango) (1.6%) y occidental (Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco) (1.5%); le siguen las regiones centro Sur (Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guerrero) (1.3%), Centro (Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala ) (1.2%) y la Región Sur (Campeche, Quintana Roa, Chiapas, Tabasco, Yucatán) (0.6% que tiene las prevalencias más bajas, menos de la mitad de la media nacional (1.5%)”.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta Comisión Dictaminadora se avocó al estudio de los mismos y de los resolutivos que le dan pié, procediendo a revisar información relacionada. Aunado a los datos que refiere el proponente sobre la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, también habría que resaltar que el norte del país reportó la mayor tendencia con un 2.3 por ciento, lo que representa un 50 por ciento más que la media nacional y con respecto al sexo de los consumidores, destaca el sector masculino, pues el 2.2 por ciento admitir consumir sustancias ilegales ocasionalmente, dato que también representa el 50 por ciento no a nivel nacional, sino global; mientras que en las mujeres la incidencia también es creciente, pues el dato actual representa el triple de la registrada en el 2002, situándose hoy en día en un 0.9 por ciento.

2. Quienes signamos el presente dictamen consideramos importante mencionar que en cuanto a las personas que admitieron ser adictas también se notó un incremento pues registró un 0.7 por ciento de la población, representativo de 550 mil personas de entre 12 y 65 años de edad. Con respecto a las zonas de mayor concentración dé la población, es decir zonas urbanas, se registró un gran número de consumidores, pues correspondió al 1.9 por ciento a nivel nacional, de los cuales el 2.7 por ciento corresponde a los hombres el 1.1 por ciento a las mujeres.

3. Por otra parte, con respecto a las sustancias que más se consumen en nuestro país, sigue liderando la marihuana, con una prevalencia del 1.2 por ciento, seguida de la cocaína con el 0.5 por ciento y el resto de las drogas reportan un consumo del 0.2 por ciento; sin embargo en el norte del país se reportan altas tasas de consumo de heroína, que se suele consumir por vía intravenosa, con un alto riesgo de transmisión del VIH/Sida y Hepatitis B y C.

4. Resulta imprescindible referir que en el sexenio pasado, el gobierno Federal invirtió alrededor de 6 mil 600 millones de pesos en la construcción de centros y la implementación de programas de prevención y tratamiento contra la dependencia a sustancias, sin embargo se reportó un aumento de 1.6 a 1.8% en el consumo de todo tipo de estimulantes, los mismos jóvenes aceptan que se inician en este vicio por la curiosidad y las amistades.

5. México ocupa los primeros lugares del continente en cuanto al consumo de inhalables y cocaína entre adolescentes de 15 a 16 años de edad. En el caso de los inhalables, son la droga preferida antes de los 14 años, sobre todo por las mujeres, lo que coloca a México en niveles de consumo similares a los de Brasil, Jamaica, Trinidad y Tobago y Guyana.

6. La Organización de Estados Americanos (OEA), ha advertido que el crecimiento de consumo de alcohol, mariguana y cocaína entre jóvenes de 12 a 17 años en América Latina, va en aumento, lo que en diez años dará como resultado una población adicta, pero sobretodo esta población se encontrara liderada por las mujeres menores de 15 años.

7. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos con el proponente en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y tratamiento en materia de adicciones de drogas ilegales respetando siempre los derechos de los usuarios y respaldamos la sugerencia de reducir la periodicidad para realizar la Encuesta Nacional de Adicciones, toda vez que la misma funciona como una herramienta básica de diagnóstico de la problemática referida.

Así los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con el resolutivo señalado en el apartado IV y que se plantea con base en las anteriores consideraciones.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso, exhorta a la titular de la Secretaría de Salud y, a las demás autoridades federales y locales competentes, y a la sociedad civil en general, a fortalecer las acciones de prevención y tratamiento en materia de adicciones de drogas ilegales, en pleno respeto a los derechos de los usuarios. En este sentido, como instrumento básico de diagnóstico del problema, se valore el reducir la periodicidad para realizar la Encuesta Nacional de Adicciones y, se lleve a cabo a la brevedad, la encuesta nacional de estudiantes sobre consumo de estas sustancias.

Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica); diputados: Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.»

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la relación contractual entre Pemex y la empresa denominada Mexichem.

Honorable Asamblea:

Con fecha 23 de. enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo respecto a la relación contractual entre Pemex y la empresa Mexichem, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna y el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto que puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de enero de 2013, la senadora Dolores Padierna Luna y el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una proposición con punto de acuerdo respecto a la relación contractual entre Pemex y la empresa Mexichem.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio DGPL 62-II-1-505.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

Respetuosamente solicitamos al Presidente del Consejo de Administración del Petróleos Mexicanos, que en un término no mayor a diez hábiles envíe a esta Soberanía todo la información relativa a la alianza y/o contrato firmado entre los representantes y/o apoderados legales de las empresas Pemex y/o “Complejo petroquímico Pajaritos” y Mexichem, del día miércoles 16 de enero de 2013.

Se instale una Comisión Bicamaral de Investigación a fin de obtener información sobre el tema de la alianza y/o contrato firmado entre los representantes y/o apoderados legales de las empresas Pemex y/o “Complejo. Petroquímico Pajaritos” y Mexichem, del miércoles 16 de enero de 2013.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en el apartado primero de las “Consideraciones” que en el sexenio de Vicente Fox Quesada se inició el proyecto de modernización de la Planta Derivados Cloruros III, la cual consistía en la adición de algunos equipos y la adecuación de la estructura original para incrementar la capacidad de producción de cloruro de vinilo de 200 mil a 405 mil toneladas anuales.

Antes de concluir los trabajos se realizaron pruebas de arranque, que provocaron daños al equipo, cuya reparación implico otros 300 millones de pesos. Posteriormente los directivos recibieron la planta sin las pruebas correspondientes, dando como resultado 180 mil toneladas de producción al año, es decir la producción decreció. Esto provocó una disminución en la venta de cloruro de vinilo importándose a un alto precio para satisfacer los compromisos de venta a precio más bajo, dejando cuantiosas pérdidas a Pemex.

En el segundo apartado de las “Consideraciones” se menciona que el 8 de diciembre de 2004, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el honorable Congreso de la Unión solicitó a través de un punto de acuerdo que la Auditoría Superior de la Federación auditará esta fallida obra y emitiera el dictamen correspondiente.

El resultado del punto de acuerdo fue el siguiente: 5 empleados de confianza inhabilitados y 2 mil 500 millones de pesos de daño patrimonial y cuantiosas sumas por pérdida de producción. Al respecto, los titulares de Pemex argumentaron posteriormente la falta de recursos para invertir en el sector petroquímico, utilizando este pretexto para concesionar y argumentar una coinversión con la iniciativa privada.

Por otra parte la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública de 2010, en la auditoría financiera y de cumplimiento 10-1-18T40-02-0767 DE-187, encontró que el “Complejo Petroquímico Pajaritos” sólo programó una utilización de la capacidad del 55 por ciento, es decir hubo una subutilización de la capacidad instalada de producción del 45 por ciento.

En el reporte de esta misma auditoría en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, informa sobre un subejercicio de 2 mil 317 millones de pesos respecto al presupuesto original de la subsidiaria.

En el siguiente apartado de las “Consideraciones” se añade que en la revisión de la Cuenta Pública de 2011, de acuerdo con la cedula de resultados finales de la auditoría número 179, denominada “Capacidad Productiva y Eficiencia Operativa de las Plantas de Petroquímicos Básicos y Desregulados” realizada a Petróleos Petroquímicos, se puede observar que existió un subejercicio de 1,165 millones de pesos señalando exceso de liquidez.

Derivado y a consecuencia de todo lo anterior los dueños de la empresa Mexichem (antes Cloro de Tehuantepec) empezaron a buscar la manera de quedarse con la planta de Clorados III que se encuentra en el “Complejo Petroquímico Pajaritos”, bajo el pretexto de que Pemex no puede operaria. En 2011 y 2012 se presentó la propuesta de la alianza entre Pemex y Mexichem ante el Consejo de Administración de Pemex, los consejeros del sindicato y el doctor Gasca Nery, no lo autorizaron, usando argumentos legales sobre la violación al artículo 27 constitucional y la Ley Reglamentaria de Petróleos.

Sin embargo el miércoles 16 de enero de 2013, el Consejo de Administración de Pemex autorizó una alianza entre las empresas Pemex y Mexichem, escudándose en un permiso otorgado por la Comisión Federal de Competencia, que es un ente dependiente de la Secretaría de Economía, donde planean coinvertir 560 millones de dólares (aludiendo un supuesto rescate), de los cuales Mexichem invertía solamente 200.

El documento concluye señalando que las acciones realizadas, autorizadas y avaladas por el Consejo de Administración de Pemex en la alianza entre las empresas Pemex y Mexichem del 16 de enero de 2013 y también con el consentimiento de la Comisión Federal de Competencia, son completamente violatorios de lo señalado en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos; el exceso de facultades del Consejo de Administración como lo señala el artículo 19 y por consecuencia violenta completamente lo señalado en el artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos en relación con el artículo 4o. del Estatuto de Petróleos Mexicanos; en concatenación con lo anterior es necesario revisar la responsabilidad de los servidores públicos en la multicitada autorización como lo señala el artículo 110 en relación con 134 ambos de nuestra Carta Máxima.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta Comisión Dictaminadora se avocó al estudio de los mismos y del resolutivo que le da pie, procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV.

2. La aprobación de la coinversión con Pemex solo beneficia a Mexichem en su cadena de Cloro Vinilo, ya que en los últimos doce meses éste representó el 35 por ciento de sus ventas, por lo que esta alianza le permitirá desarrollar una mayor producción y mejores márgenes, al no depender de terceros para la obtención de sus insumos. En cambio Pemex perderá las ganancias por transformación de etileno que en 2012 ascendieron a 52 millones de dólares aun cuando produjo sólo 168,000 toneladas de cloruro de vinilo, subexplotando la planta que tiene una capacidad de producción de 240,000 toneladas anuales.

3. La alianza satisface enormemente los intereses de Mexichem ya que la coinversión hará a Mexichem partícipe de la cadena productiva Sal-Cloro/Sosa-Etileno-MC, en los cuales participaba como comprador de las materias primas que elabora Pemex Petroquímica con la cadena, la cual es fundamental para la elaboración de productos como el PVC. No es de extrañarse que esta empresa una de las más grandes empresas del sector químico le interese asegurar su posición como productor más grande de PVC en México.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Presidente del Consejo de Administración del Petróleos Mexicanos, que en un término no mayor a diez días hábiles envíe a esta soberanía todo la información relativa a la alianza y/o contrato firmado entre los representantes y lo apoderados legales de las empresas Pemex y/o “Complejo Petroquímico Pajaritos” y Mexichem, del día miércoles 16 de enero de 2013.

Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma, Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González, Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica); diputados: Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños, Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.»

ESTADO DE MEXICO

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, mantener las actuales tarifas en el transporte público de la entidad.

Honorable Asamblea:

Con fecha del 23 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, a mantener las actuales tarifas en el transporte público de la entidad, suscrita por el diputado Trinidad Morales Vargas y la diputada Juana Bonilla Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido de La Revolución Democrática.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de enero de 2013, el diputado Trinidad Morales Vargas y la diputada Juana Bonilla Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido, de la Revolución Democrática presentaron proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, a mantener las actuales tarifas en el transporte público de la entidad.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta Comisión recibió el oficio DGPL 62-II-2-333.

3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenido en el punto de acuerdo y que a la letra señala:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al licenciado Eruviel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a efecto de mantener las actuales tarifas en el transporte público de la entidad, con el propósito de no lesionar la economía de sus habitantes.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” el fuerte impacto que tendría el aumento de las tarifas para seis millones de mexiquenses utilizan diariamente el transporte público de la entidad en sus diversas rutas y ramales, abordando unidades colectivas, como autobuses, microbuses, combis, y aproximadamente más de medio millón de ciudadanos usa taxi para trasladarse a sus destinos en todo el territorio del estado de México.

Se señalan también el perfil económico de los usuarios del transporte colectivo quienes gastan como mínimo diariamente entre 14 y 30 pesos por viaje redondo; cantidades que pulverizan los bajos salarios que percibe la población, en su mayoría obreros y empleados con percepciones no mayores a dos o tres salarios mínimos. Y que ubican a las tarifas en el estado de México como las más altas del país.

Y se considera la reciente petición de los transportistas quienes exigen un incremento “emergente” de entre 2 a 3 pesos a la tarifa del pasaje en la entidad, con lo cual la tarifa llegaría a los 9 o 10 pesos sólo por un primer tramo de recorrido que abarcaría hasta 4.5 kilómetros como máximo; de ahí, y de acuerdo a la pirámide tarifaria, el precio se incrementaría de acuerdo al avance del recorrido que cada usuario del transporte tenga que hacer, tal como ocurre actualmente mediante lo autorizado por la Secretaría del Transporte del Estado de México. Dicha petición de los transportistas se basa en el hecho de que los insumos y refacciones para sus unidades se han incrementado en el lapso del año que ha transcurrido; no obstante entidades como Morelos o el Distrito. Federal han mantenido las tarifas por un lapso de más de un año y el servicio sigue operando sin lesionar la economía de los usuarios.

En fecha reciente se instaló la Comisión Tarifaria para estudiar la viabilidad de la solicitud, y no obstante que la Secretaría del Transporte señaló que ello no significa un incremento en la tarifas, resulta pertinente no perder de vista el desarrollo de las actividades que se lleven a cabo en el seno de la comisión para conocer su resultado, deseando que en ello se privilegie el interés general que ve cómo los actuales salarios son insuficientes para cubrir sus satisfactores básicos.

III. Consideraciones

1. El precio de los servicios en el sector de transporte urbano impacta directamente sobre la economía de la mayoría de los trabajadores para quienes representa su medio de transporte fundamental y cotidiano. En este sentido representa uno de los “bienes salariales” que impacta directa y contundentemente sobre su capacidad de gasto. Y se trata de un gasto que impacta de forma más significativa a los trabajadores de menores salarios.

2. En México, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, con datos para el tercer trimestre del 2012, reporta un 58.4% de trabajadores que perciben menos de tres salarios mínimos. Para este grupo de trabajadores, un gasto en transporte de 30 pesos diarios significa desde un 16% (para quienes perciben 3 salarios mínimos) a casi la mitad de su salario (47% para quien percibe un salario mínimo vigente) en este rubro.

3. En este sentido contener el aumento de los precios del servicio de transportes representa una importante política para la economía de los trabajadores y para la competitividad de la economía.

4. Si bien, se ha dado un aumento considerable de los insumos en el sector transporte tanto en refacciones como en combustibles se ha demostrado que pueden desarrollarse políticas como estímulos fiscales, abaratamiento de trámites y servicios a los transportistas y mejoramiento de la infraestructura ligada a este sector que abarate la operación y aumente la eficiencia y permita mantener tarifas bajas.

Por tanto sometemos a su consideración el siguiente:

IV. Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al licenciado Eruviel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a efecto de valorar políticas públicas estratégicas tendientes a mantener las actuales tarifas en el transporte público de la entidad y mejorar sus condiciones con el propósito de no lesionar la economía de sus habitantes y mejorar su calidad de vida.

Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma, Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González, Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica); diputados: Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila .»

CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, generar por la Secretaría de Desarrollo Social, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar la alimentación de niños, niñas y adolescentes.

Honorable Asamblea:

Con fecha 23 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, genere acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar la alimentación de niños, niñas y adolescentes, observando los principios fundamentales previstos en la convención de los Derechos del Niño, como son: el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto por los puntos de vista del niño, suscrito por el diputado Rodrigo González Barrios y la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta tercera comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce el resolutivo a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de enero de 2013, el diputado Rodrigo González Barrios y la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, suscribieron una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, genere acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar la alimentación de niños, niñas y adolescentes, observando los principios fundamentales previstos en la convención de los Derechos del Niño, como son: el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto por los puntos de vista del niño.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio DGPL 62-II-3-368.

3. Los miembros de esta tercera comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, genere acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar la alimentación de niños, niñas y adolescentes, observando los principios fundamentales previstos en la Convención de los Derechos del Niño, como son: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto por los puntos de vista del niño.

Adicionalmente, la proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” que a pesar de que la iniciativa del Poder Ejecutivo, la cual inició el pasado 21 de enero del año en curso, es acertada, los recursos destinados inicialmente a la cruzada son reducidos para resolver la situación.

Esa aserción se elabora tras tomar en cuenta las mediciones del informe de acceso a la alimentación 2011 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), las cuales señalan que el porcentaje de los 112 millones de mexicanos que viven sufren carencias alimentarías consta de un 25%; y de seguir la tendencia en aumento, para 2013 alrededor de 30 millones de mexicanos necesitarán apoyos alimentarios. Las expectativas empeoran al sumar los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, que señalan que 70 de cada 100 hogares en México revelan algún grado de inseguridad alimentaria.

Los números anteriores señalan un incremento en la pobreza nacional, que aumentó de un número de 28 millones de mexicanos con dificultad de adquirir la canasta básica a 52 millones entre 2008 y 2010. Y que la solución al hambre y la pobreza se encuentra en la inversión en los ámbitos donde se que combaten la desigualdades sociales.

Las consideraciones del punto de acuerdo señalan que es particularmente alarmante la situación de los grupos más vulnerables, los menores de 18 años, quienes para 2010 componían el 35% de la población nacional de acuerdo con datos del INEGI. Es por ello que el Poder Ejecutivo, debe tomar medidas para procurar las garantías de este grupo vulnerable. Las garantías de este grupo se encuentran en la Convención de los Derechos de los Niños, y en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que ahora forman parte de la Ley Suprema de México.

Nuevamente el punto de acuerdo señala que a pesar de que en México han existido avances como la reducción de los índices de mortalidad infantil, cobertura casi universal de educación primaria y reformas legislativas que elevan el interés superior del niño a rango constitucional; estos son aún insuficientes debido a la profunda desigualdad social de la nación, la que existe entre los estratos socioeconómicos, la que existe entre las regiones del país, por mencionar algunas. Y es dentro de esta desigualdad social donde la constante es que los niños y jóvenes son los más vulnerables. Primero como víctimas de desnutrición, y si logran llegar a la juventud, se enfrentan a nuevas dificultades que truncan sus oportunidades de desarrollo.

A punto de conclusión en las consideraciones, se señala que las decisiones políticas correspondientes a los tres distintos ámbitos de gobierno se deben enfocar a combatir los problemas estructurales de la sociedad si el fin es la erradicación del hambre y la pobreza. Es por ello que la Cruzada Contra el Hambre es un buen inicio pero que este debe trascender más allá de lo mediático y lograr una estructuración que permita la eficaz acción y colaboración entre los tres niveles de gobierno y la sociedad.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta Comisión Dictaminadora se avocó al estudio de los mismos y del resolutivo que le da pie, procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados, en el apartado IV.

2. Esta comisión reconoce el esfuerzo por crear un programa de lucha contra el hambre y la pobreza. Sin embargo, tomando en cuenta que la cruzada contra el hambre está basada en el programa Hambre Cero de Brasil, podemos hacer uso de las experiencias aprendidas por Brasil para prepararnos para los problemas que se pueden presentar. De acuerdo con la investigación realizada por Cecilia Rocha, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad Alimentaria de la Universidad de Ryerson en su ensayo “Desarrollo en las Políticas Públicas para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Brasil” (2009), estos son:

a. El inminente peligro de convertirse en un programa asistencia lista que solo resuelve un síntoma y no la causa del problema.

b. Que el éxito desprograma necesita de una comunidad capaz de accesar a la información necesaria para aprovechar los beneficios del programa y del mercado; además que necesitan de una educación en general que le permita organizarse e incluso ser capaces de crear cooperativas.

c. Que la efectividad del programa también depende de la preparación de los servidores públicos que sirven como vínculo con la comunidad; donde las comunidades son víctimas de corrupción y cacicazgos locales.

d. La misma desigualdad que se desea combatir hace que los recursos y las acciones no se implementen de la misma manera en una comunidad que en otra.

3. Por ello, con el fin de combatir los problemas anteriores, Rafael Pérez Escamilla, director de la Oficina de Salud Comunitaria de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale nos dice que se deben implementar las medidas socialmente progresivas de lo que se le conoce como “El Buen Gobierno”. Estas medidas deben garantizar en cualquiera de los tres ámbitos de gobierno:

a. Un planeamiento, toma de decisiones e implementación responsable y claramente participativos.

b. Instituciones eficientes, efectivas, transparentes y responsables.

c. Respeto por el estado de derecho, equidad y justicia en la distribución de recursos y servicios.

d. Políticas, instituciones y acciones coherentes y coordinadas.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso en pleno respeto al ámbito de sus facultades exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, genere acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar la alimentación de niños, niñas y adolescentes, observando los principios fundamentales previstos en la Convención de los Derechos del Niño, como son: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto por los puntos de vista del niño.

Nota:

1 Rafael Pérez Escamilla. Can experienc-based household food security scales help improbé food security governance?, 2012

Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica); diputados: Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.»

ESTADO DE MEXICO

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los ayuntamientos del Estado de México a conducirse con responsabilidad, con apego a derecho y bajo los principios de transparencia en la conducción de las finanzas públicas.

Honorable Asamblea:

Con fecha 3 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos del Estado de México a conducirse con responsabilidad, con apego a derecho y bajo los principios de transparencia en la conducción de las finanzas públicas, presentado por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta tercera comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce el resolutivo a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 3 de enero de 2013, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos del Estado de México a conducirse con responsabilidad, con apego a derecho y bajo los principios de transparencia en la conducción de las finanzas públicas.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio DGPL 62-II-7-273.

3. Los miembros de esta tercera comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

Se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos del Estado de México que iniciaron sus funciones el primero de enero de 2013, a conducirse con responsabilidad, con total apego a derecho y bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, en la conducción de las finanzas públicas del municipio, particularmente en el manejo de la deuda pública, tanto la contraída con anterioridad, como la que durante el periodo de su gestión se pretenda contratar, en beneficio de sus habitantes y de los mexiquenses en general.

Adicionalmente, la proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” que de acuerdo con el índice de Información Presupuestal Municipal 2012 que elaboró el Imco (Instituto Mexicano para la Competitividad) los estados con mayor deuda municipal son Jalisco en primer lugar, Estado de México en segundo y Nuevo León en tercero.

También se hace mención que de acuerdo a los registros de la Secretaría de Hacienda la deuda de los municipios del Estado de México representa el 13 por ciento del total de débitos que tienen los ayuntamientos del país, monto equivalente a 5 mil 765.2 millones de pesos de un total de 44 mil 633.2 millones. El informe sobre las obligaciones financieras de municipios con la Banca Comercial, de Desarrollo, Emisiones Bursátiles y Otros, con saldos al 31 de marzo del 2012, señala que los municipios mexiquenses se ubican como los segundos más endeudados de México, luego de los jaliscienses, por arriba de los ayuntamientos de Nuevo León.

En las “Consideraciones” se informa que el 74 por ciento de la deuda de los municipios mexiquenses fue adquirida con la banca comercial, lo que representa 4 mil 261.4 millones de pesos, mientras que con la banca de desarrollo tienen mil 259.9 millones y el resto lo clasifican con el rubro de “otros”. El informe indica que de los 125 municipios mexiquenses, 69 tienen algún adeudo. Los más altos corresponden a Ecatepec, quien ocupa el noveno lugar entre los más endeudados del país con 735.9 millones de pesos, Naucalpan 484.2 millones, Huixquilucan 468.1 millones, Tlalnepantla 457.2 millones, Atizapán de Zaragoza 415.6 millones, Coacalco 316.8 millones, Toluca 302.5 millones, Cuautitlán Izcalli 229.1 millones y Nicolás Romero 209.3 millones de pesos. Otros son Metepec, Ixtapaluca y Texcoco que tienen cada uno entre 156 y 199 millones de pesos. Finalmente, la suma de la deuda de estos 13 municipios asciende a los 4 mil 300.3 millones de pesos de los 5 mil 765.2 millones de pesos, que representan el 74.59 por ciento del total de la deuda de los municipios en el Estado de México.

El punto de acuerdo continúa afirmando que los datos contenidos en el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública de los municipios del Estado de México correspondiente al ejercicio de año 2011, presentado por el Órgano Superior de Fiscalización en septiembre pasado, revelan que otros municipios del Estado se encuentran en una situación de grave crisis financiera debido a otro tipo de pasivos que no están registrados ante la SHCP, como pueden ser, adeudos a proveedores. Entre estos municipios, se encuentran Melchor Ocampo (con una deuda equivalente a 163.4 por ciento de sus ingresos ordinarios), Coyotepec (141.0 por ciento), Otumba (94.6 por ciento), Tianguistenco (93.6 por ciento), Capulhuac (61.8 por ciento), Teotihuacán (60.9 por ciento), Jaltenco (57.1 por ciento), Chiautla (54.5 por ciento) y Tenango del Aire (51.18 por ciento).

Asimismo el punto de acuerdo señala que la renovación de los ayuntamientos, representa una oportunidad para reconducir las finanzas públicas, que permitan dar a sus administraciones un sentido responsable de compromiso con la gente y con el ejercicio del poder público y sus bienes.

Finalmente, el pasado 26 de septiembre de 2012, el Senado de la República exhortó por unanimidad para que las legislaturas de los estados legislen en materia de deuda pública. Por lo que en el entendido de que se trata de una responsabilidad compartida por los diferentes ámbitos de gobierno y los diferentes poderes públicos, debemos aprovechar la oportunidad para invitar a los nuevos funcionarios públicos para que emprendan gestiones transparentes, comprometidas con la gente, responsables y de visión a mediano y largo plazo, en cumplimiento al propio artículo 129 de la Constitución Política Estado Libre y Soberano de México que señala que los recursos económicos del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta Comisión dictaminadora se avocó al estudio de los mismos y del resolutivo que le da pie, procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados .en el apartado IV y que se plantean con base en las siguientes consideraciones y propuestas de modificación.

2. Esta comisión reconoce que el mal manejo de la deuda pública puede significar un freno al desarrollo futuro de los estados. Debido a que el elevado nivel de endeudamiento representa un estado crítico que perjudica a la mayor parte del país, esta comisión considera factible que el Pleno de la Comisión Permanente solicite a los alcaldes municipales, síndicos y regidores mexiquenses la implementación de medidas que fortalezcan los ingresos propios de los gobiernos locales, a elevar la calidad del gasto con un enfoque basado en resultados y evaluación de desempeño y a desarrollar una administración prudente y responsable de las finanzas públicas que reduzca el déficit fiscal y los niveles de endeudamiento.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso en pleno respeto al ámbito de sus facultades exhorta respetuosamente a los ayuntamientos del Estado de México que iniciaron sus funciones el primero de enero de 2013, a conducirse con responsabilidad, con total apego a derecho y bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, en la conducción de las finanzas públicas del municipio, particularmente en el manejo de la deuda pública, tanto la contraída con anterioridad, como la que durante el periodo de su gestión se pretenda contratar, en beneficio de sus habitantes y de las y los mexiquenses en general.

Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién , Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica); diputados: Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.»

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se tomen medidas respecto del endeudamiento, déficit y posible medidas ante el precipicio fiscal de los Estados Unidos de América, informando a la brevedad sobre las acciones acordadas.

Honorable Asamblea:

Con fecha 3 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se tomen medidas respecto al endeudamiento, déficit y posibles medidas ante el precipicio fiscal de los Estados Unidos de América, informando a la brevedad sobre las acciones acordadas, presentado por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta tercera comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición..

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 3 de enero de 2013, el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se tomen medidas respecto al endeudamiento, déficit y posibles medidas ante el precipicio fiscal de los Estados Unidos de América, informando a la brevedad sobre las acciones acordadas.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio DGPL 62-II-7-276.

3. Los miembros de esta tercera comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que tome medidas respecto del endeudamiento, déficit y posibles medidas de precipicio fiscal de Estados Unidos de América, informando con la brevedad sobre las acciones acordadas, considerando para ello.

1. Formular y difundir una estrategia que permita frenar y reducir la actual política de endeudamiento y en consecuencia déficits del gobierno federal, evitando a partir de la experiencia norteamericana, caer en medidas de precipicios o abismos fiscales.

2. Informar las medidas que se tomarán ante el posible desmantelamiento de los subsidios agrícolas en los Estados Unidos de manera que no se afecte el precio de los alimentos en México.

3. Informar en concordancia con la sección 2.8 y compromisos 64 y 65 del Pacto por México, qué medidas se tomaran para eliminar lo antes posible la dependencia alimentaria del país, ya que el presupuesto asignado al campo en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, resulta insuficiente para cumplir este compromiso.

4. Informar qué medidas va a tomar para eliminar totalmente o reducir a una mínima expresión el Presupuesto de Gasto Fiscal, y en congruencia con las modificaciones hechas a la Ley de Contabilidad Gubernamental, dé a conocer de inmediato a los beneficiarios de dicho presupuesto.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” que en la madrugada del 1 de enero de 2013, el Senado de Estados Unidos aprobó una serie de medidas que técnicamente evitarían que ese País aplique las medidas de choque presupuestal a las que se llamó precipicio fiscal” o “abismo fiscal”. El punto de acuerdo presentado considera que nuevas medidas harán poco por controlar el gran déficit presupuestario anual que ha llevado la deuda estadounidense hasta los 16.4 billones de dólares.

El secretario del tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, indicó que ha puesto en marcha una serie de medidas de emergencia que dotarán temporalmente al país de unos 200 mil millones de dólares, lo que mantendrá financiadas las actividades del gobierno a corto plazo y evitará que Estados Unidos caiga en una declaratoria de bancarrota.

En las semanas próximas se tendrán que llegar a acuerdos que permitan bajar realmente el déficit y el endeudamiento, además de la aprobación de eliminar los subsidios agrícolas equivalentes a 300 mil millones de dólares, su aprobación provocará un incremento generalizado de los alimentos, lo que se traducirá en más hambre para los segmentos más desfavorecidos de la población mexicana, debido a la dependencia alimentaría de México con Estados Unidos. De acuerdo con los datos de la Auditoria Superior de la Federación las importaciones de alimentos significan ya el 42 por ciento del consumo nacional total de alimentos. De acuerdo con el último informe presidencial importamos 26 mil 475 millones de dólares en alimentos durante 2011, importe mayor a la generación de divisas por remesas que mandan nuestros migrantes. Si lo vemos por producto significa que importamos el 95 por ciento de la soya que consumimos, el 80 por ciento del arroz, el 33 por ciento del maíz, el 56 por ciento del trigo, el 30 por ciento del fríjol, el 40 por ciento de la carne de res y puerco y tenemos el primer lugar como importadores de leche en polvo.

El punto de acuerdo argumenta que se gasta más en importar alimentos que en producirlos. Según el mismo informe presidencial,- las importaciones agroalimentarias en 2011 significaron 344 mil 175 millones de pesos mientras que el gasto productivo fue solo el 17 por ciento del Programa Especial Concurrente del Sector Rural (PEC) esto es 51 mil 850 millones de pesos, seis veces menor que las importaciones.

Señala el documento que por lo anterior el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ya reconoció que durante 2013 el crecimiento económico del país será menor a lo que se creció durante 2012, por lo que ha declarado resulta indispensable llevar a cabo una reforma hacendaria que permita mayor captación de recursos a través de la tributación, fortaleciendo la capacidad financiera del Estado para cumplir con sus obligaciones, como es el caso del presupuesto educativo.

III. Consideraciones

1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta Comisión Dictaminadora se avocó al estudio de los mismos y del resolutivo que le da pie, procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV.

2. Que los temas que trata esta iniciativa son de mayor relevancia, por lo que deben formar parte de una agenda nacional que sea ampliamente discutida y consensuada con todas las fuerzas políticas del país, por lo que un avance en este sentido será conocer los planteamientos concretos del Ejecutivo federal, sobre las medidas que se tomarían en caso de que se llegará a concretar el llamado “precipicio fiscal” en los Estados Unidos de América y su impacto en la economía mexicana.

3. También se considera de la mayor relevancia conocer las medidas que el Ejecutivo federal tiene planeado instrumentar para resolver el enorme problema de la dependencia alimentaria, que de manera creciente está afectando al país.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo a instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que tome medidas respecto del endeudamiento, déficit y posibles medidas de precipicio fiscal de Estados Unidos de América, informando a la brevedad sobre las acciones acordadas, considerando para ello:

1. Formular y difundir una estrategia que permita frenar y reducir la actual política de endeudamiento y en consecuencia déficits del Gobierno Federal, evitando a partir de la experiencia norteamericana, caer en medidas de precipicios o abismos fiscales.

2. Informar las medidas que se tomarán ante el posible desmantela miento de los subsidios agrícolas en los Estados Unidos de manera que no se afecte el precio de los alimentos en México.

3. Informar en concordancia con la sección 2.8 y compromisos 64 y 65 del Pacto por México, qué medidas se tomaran para eliminar lo antes posible la dependencia alimentaria del País, ya que el presupuesto asignado al campo en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, resulta insuficiente para cumplir este compromiso.

4. Informar qué medidas va a tomar para eliminar totalmente o reducir a una mínima expresión el Presupuesto de Gasto Fiscal, y en congruencia con las modificaciones hechas a la Ley de Contabilidad Gubernamental, dé a conocer de inmediato a los beneficiarios de dicho presupuesto.

Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica); diputados: Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.»

DEUDA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS

El Secretario senador Miguel Romo Medina: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las legislaturas de los estados a que por medio de las entidades de fiscalización correspondientes realicen auditorías en materia de deuda pública y la contratación de obligaciones de pago por parte de las entidades federativas y los municipios.

Honorable Asamblea:

Con fecha 23 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras públicas Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales a realizar por las entidades de fiscalización correspondientes auditorías en materia de deuda pública y contratación de obligaciones de pago por los estados y los municipios, suscrita por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de les Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta tercera comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:

Metodología

En el apartado denominado “I. Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se reproduce el resolutivo a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.

En el apartado “III. Consideraciones”, se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de enero .de 2013, el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales a realizar por las entidades de fiscalización correspondientes auditorias en materia de deuda pública y contratación de obligaciones de pago por los estados y los municipios.

2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio DGPL 62-II-7-356.

3. Los miembros de esta tercera comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las entidades federativas a que por medio de las entidades de fiscalización correspondientes realicen auditorias en materia de deuda pública y contratación de obligaciones de pago, tanto por parte de los municipios como por parte de las propias entidades.

Se exhorta a las legislaturas de los estados a que los resultados de dichas auditorias, se hagan del conocimiento público, se remita copia de esta al Congreso de la Unión y a las autoridades correspondientes en materia administrativa y penal.

La proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” que de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, el total de las obligaciones financieras de las entidades en 1994 era de 26 mil 728 millones de pesos y para marzo del 2012 la cifra alcanzó los 396 mil 832 millones de pesos. El porcentaje respecto de las participaciones federales pasó de 64.5 por ciento en el año 1994, a 78.6 por ciento en el 2012.

En segundo lugar menciona que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha manifestado no rescatar las finanzas de las entidades. Sin embargo, de acuerdo a las facultades económicas que le corresponden al Congreso de la Unión, así como por las dimensiones nacionales de un programa de rescate de las finanzas locales, de ser el caso en que este fuera necesario, debe ser aprobado por el Poder Legislativo y no debe ser resuelto por una disposición administrativa, ni mucho menos por un intercambio de favores entre el Ejecutivo federal y las entidades.

En tercer lugar, en el contenido de las “Consideraciones” se menciona que antes de pensar en si debe o no procederse con un rescate financiero, en primera instancia deben deslindarse las responsabilidades legales de cada caso, para evitar que una eventual intervención por parte de la legislatura federal termine por encubrir conductas ilícitas o abusivas por parte de quienes tuvieron la responsabilidad de manejar y autorizar los endeudamientos o la suscripción de compromisos de pago.

Por lo anterior, las auditorias son indispensables en términos de legalidad y transparencia, de manera que sólo sobre esas bases se puede iniciar una intervención por parte de la federación, en la que incluso se pueden desarrollar acciones sancionatorias.

El último apartado de las “Consideraciones” del punto de acuerdo añade que es importante la necesidad de transparentar y auditar los recursos destinados a deudas o compromisos de pago sea atendida por parte de quien tiene las facultades correspondientes y en cumplimiento de lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 115 en su fracción III, por lo que no es correcto asumir que la fiscalización de las cuentas públicas de los municipios, le corresponda en principio a la Federación o a la Cámara de Diputados, puesto que sólo puede intervenir en cuanto al gasto realizado con recursos federales, por medio de la Auditoría Superior de la Federación.

Finalmente, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 117 en el segundo párrafo de la fracción VIII establece límites, de forma que el gasto corriente no sea financiado con deuda u obligaciones de pago. Por lo tanto, aun cuando pudieran existir disposiciones o autorizaciones en el ámbito local, es indispensable verificar que lo que se haya financiado sean inversiones públicas productivas y no proyectos de otra naturaleza en los que no exista el beneficio para la sociedad sino, pudiera ser, para algunos contratistas, bancos, agentes financieros e incluso servidores públicos.

III. Consideraciones

l. Ante los argumentos que expone la proposición, esta Comisión Dictaminadora se avocó al estudio de los mismos y del resolutivo que le da pie, procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV.

2. Con la finalidad de evitar que la deuda de los estados y municipios se torne un riesgo sistémico para la estabilidad y sustentabilidad de las finanzas públicas, deberá existir responsabilidad compartida entre el Ejecutivo, el. Congreso, los gobiernos estatales y municipales, para la contratación, supervisión y mecanismos de corrección de los empréstitos gubernamentales.

3. Es indispensable transparentar el total de deudas que han contraído los gobiernos estatales y municipales, así como su costo financiero, los plazos de vencimiento, sus tendencias y los posibles riesgos, todo ello con la finalidad de tener claridad en las acciones que deban aplicarse para disminuir el número de recursos que están y estarán comprometidos con el pago de éstas.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

IV. Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las entidades federativas a que por medio de las entidades de fiscalización correspondientes realicen auditorías en materia de deuda pública y contratación de obligaciones de pago, tanto por parte de los municipios como por parte de las propias entidades.

Se exhorta a las legislaturas de los estados a que los resultados de dichas auditorías, se hagan del conocimiento público, se remita copia de esta al Congreso de la Unión y a las autoridades correspondientes en materia administrativa y penal.

Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica); diputados: Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.»

Es cuanto, señora presidenta.

PETROLEOS MEXICANOS

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, secretario. Tengo registrado como orador al diputado Ricardo Monreal, que ha solicitado la palabra. Tiene usted la palabra, señor diputado. Ha solicitado la palabra para reservarse el punto de acuerdo relativo a la relación contractual entre Pemex y la empresa denominada Mexichem.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: En efecto, ciudadana presidenta, y ciudadanos legisladores, el país se cierne en negros presagios. Quienes están operando políticamente en este nuevo episodio de la vida pública lo están haciendo con torpeza.

El valor del dinero, de los negocios, de los contratos es lo único que les interesa, no el país, no la población. Y hay problemas graves en Pemex. El contratismo subsiste, el tráfico de influencias subsiste. La corrupción subsiste. La simulación subsiste y no ha cambiado absolutamente nada.

Quizá lo único que ha cambiado es que ahora el apetito por esta empresa pública sea más voraz. Lo único que ha cambiado es que ahora hay la completa condescendencia del PRI por la privatización de Pemex. Antes había un sector dentro del PRI que se oponía, hoy creo que ya ese sector se ha desdibujado.

Este punto de acuerdo lo votaremos a favor porque encierra un problema severo que no ha salido a la luz pública. ¿De qué se trata? Es conocer la relación contractual, por el órgano legislativo federal, por este Congreso de la Unión, respecto de Pemex y una empresa denominada Mexichem.

Suponemos que los términos del contrato son ilegales, que violan el 27 constitucional y por eso queremos conocer qué es lo que está sucediendo ahí. Es un asunto de la mayor importancia, ciudadanas y ciudadanos diputados y senadores, porque están esperando grandes empresas y contratistas saber cuál es el desenlace de esta relación contractual entre Mexichem y Pemex.

Están a la puerta otras empresas extranjeras porque ésta, me temo, tiene capital extranjero y están a la entrada de ver qué pasa con este contrato para poder apoderarse de otras actividades exclusivas de Pemex.

Por eso estamos de acuerdo en todo el contenido. Creo que fue, lamentablemente, mochada una parte del proyecto original, solo se reduce a la información. Pero les pediría que tomemos en cuenta que éste es uno de los asuntos más emblemáticos que se están presentando en este nuevo ciclo.

Poca información tenemos en el Congreso, ha sido prácticamente subrepticia la información. Por cierto, ya en este momento, legisladoras y legisladores, hay explosiones sociales o de protestas sociales en muchos pueblos en donde se están abriendo muchos campos de exploración, como en el caso de Tabasco.

Acabo de ir a Tabasco y ya los indígenas de Nacajuca, y de algunos municipios, están empezando a organizarse para protestar y cerrar este tipo de actividades, porque no han sido tomados en cuenta y porque desean y merecen ser informados.

Es un tema delicado, es la punta del iceberg de la enorme corrupción que existe en la empresa Pemex. Y que están preparando la privatización de Pemex. Por eso atendemos este dictamen y lo vamos a votar a favor aunque se haya disminuido el propósito original y solo se reduzca a la información, pero van a surgir de esta información si no la simulan, si no la maquillan, van a salir cosas muy importantes que vamos a demostrar con claridad la transparencia, y transparencia a la violación a la Constitución. Muchas gracias.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado. En virtud de que no hay más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En votación económica se pregunta si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados. Las legisladoras y los legisladores que se estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

A continuación procederemos a pasar al tema de proposiciones. Le pido a la Secretaría proceda con este punto del orden del día.

ESTADOS DE SONORA Y SINALOA

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se implanten instrumentos para atender a las comunidades de Sonora y Sinaloa afectadas por las recientes heladas, suscrita por el diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Comisión Nacional del Agua, implementen, con carácter de urgente, los mecanismos necesarios para la atención de las comunidades del estado de Sonora y norte de Sinaloa, afectadas por las heladas ocurridas los días 13 y 14 de enero de 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que resultado de las ondas gélidas que han acaecido en el país en lo que va del mes de enero, los días 13 y 14 se presentaron temperaturas extremas en el estado de Sonora, y en la región norte de Sinaloa, llegando a registrarse menos once grados centígrados.

Que dichas temperaturas provocaron daños severos en cultivos como maíz, frijol, garbanzo, papa, calabaza, tomate, tomatillo, sandía, melón y hortalizas como zanahorias, brócoli, rabanito, pepino, entre otras.

Que en estos casos resulta fundamental que una instancia técnica como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) corrobore la ocurrencia del fenómeno en los municipios donde pudieran existir afectaciones.

Que es necesario realizar una evaluación puntual de daños en el campo para elaborar el diagnóstico de las afectaciones en los diferentes sectores.

Que se requiere por parte de los distintos órdenes de gobierno establecer comunicación entre dependencias estatales y sus contrapartes federales para coordinar los trabajos de atención a la población afectada.

Que en caso de contar con esquemas de aseguramiento agropecuario catastrófico, es importante iniciar el proceso de apoyos directos ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Que el gobierno federal identifique y defina cuanto antes, los instrumentos existentes para la atención a los productores y que les permita reincorporarse a sus actividades productivas a la brevedad.

Que el gobierno federal, en atención a la población, tiene como responsabilidad poner a disposición de los gobiernos locales programas y recursos de manera expedita.

Que a fin de solidarizarse con la población más afectada, se requiere la coordinación oportuna entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para instrumentar las acciones a un segundo y tercer nivel de atención, según las regiones y nivel de productores afectados.

Por lo anterior, y con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116, numeral 1, someto a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que identifique e implemente, lo antes posible, los instrumentos para la atención a los productores afectados, y lleve a cabo de manera coordinada entre las dependencias a su cargo, las acciones necesarias para la rehabilitación, reconstrucción y reincorporación productiva de las comunidades de los estados de Sonora y Sinaloa que resultaron afectadas por las heladas ocurridas en fechas recientes.

Segundo. Se hace un atento exhorto a los gobiernos estatales de Sonora y Sinaloa para que ejecuten de manera conjunta y coordinada con el gobierno federal, las acciones y programas institucionales que permitan una pronta atención a la población afectada.

Tercero. Se hace un atento exhorto a la Comisión Nacional del Agua, para que revise los correspondientes planes de riego y, de ser posible, autorice nuevos cultivos, ajustándolos a la disponibilidad de agua en cada uno de los distritos que correspondan, y facilite el apoyo técnico y humano a los productores afectados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de enero de 2013.— Diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados, para dictamen.

ESTADO DE MEXICO

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a implantar medidas urgentes ante la creciente inseguridad en la entidad, suscrita por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Laura Angélica Rojas Hernández, senadora de la república de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, en relación con exhortar al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a implementar medidas urgentes ante la creciente inseguridad pública que sufre el estado de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las preocupaciones más sensibles de los ciudadanos es su seguridad, por ello es fundamental que en todos los órdenes de gobierno se vele por la protección y salvaguarda de su integridad física y patrimonial.

De acuerdo con la definición del jurista Sergio García Ramírez, “la seguridad pública es una cualidad de los espacios públicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad”.

No obstante en el estado de México se ha observado un preocupante crecimiento en la inseguridad pública, que afecta de forma directa a miles de ciudadanos día a día.

En los primeros 15 días de enero de 2013 se registraron 75 muertes vinculadas con el crimen organizado, más del 10 por ciento de lo contabilizado durante 2012, cuando la cifra de muertes relacionadas fue de 523. Ésta violencia ha ubicado el promedio diario de crímenes en 3.4, cuando durante todo 2012 se ubicó en 1.5.

Ciertamente se puede tratar de fenómenos regionales, que se comparten de otras entidades federativas, pero no todo el crimen organizado en el estado de México proviene de entidades vecinas como Guerrero o Michoacán, algunos grupos son originarios y residentes del propio Estado, entre ellos podemos señalar al Cártel de Neza, el llamado Cártel del Centro y, La Mano con Ojos, los cual se han caracterizado por conducirse con alta violencia en los delitos que cometen.

Aunado a ello, cabe señalar que la violencia no se encuentra circunscrita a sólo una zona del estado, sino que ha permeado las distintas regiones: el sur, el valle de Toluca, la zona oriente, el valle de México, lo cual demuestra que no sólo es un problema que se haya detonado por otro estado vecino, como se ha querido difundir por las autoridades. La crisis de gobernabilidad actual es un síntoma de un problema estructural de gran calado que se viene advirtiendo de tiempo atrás; sin embargo las autoridades no han sido capaces de atender con prontitud y eficiencia este problema.

Cabe también señalar, que el estado de México, desde hace varios años se encuentra en los primeros lugares de inseguridad en el país, de acuerdo a diversos indicadores. Los secuestros, los feminicidios, el robo de autos, las extorsiones y otros delitos hacen de nuestro estado uno de los lugares más inseguros de México para vivir.

A partir del 25 de enero de 2013 el Ejército realizará operativos en municipios de la zona conurbada del estado de México para disminuir la incidencia delictiva. David Sánchez, alcalde de Naucalpan, confirmó que tras una reunión con personal de seguridad federal, estatal y municipal, se acordó implementar rondines con integrantes del Ejército en los municipios de Naucalpan, Huixquilucan, Tlalnepantla, Atizapán y Nezahualcóyotl, que se suman a los operativos que ya se aplican en Ecatepec y municipios del Valle de Toluca.

Sin embargo, no se trata nada más del crimen organizado, también se ha incrementado el número de delitos del fuero común, como el robo. Durante 2012 en todo el país, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) registró un total de 3 mil robos con violencia a transportistas; mil 278 de ellos en el estado de México.

En el entendido de este preocupante fenómeno, se requiere que el gobierno del Estado y los gobiernos municipales incrementen las medidas destinadas a la seguridad de los mexiquenses. El periódico El Universal informó que el estado de México será la entidad que más recursos recibirán para combatir el crimen organizado, por parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).

El artículo 77 fracción IX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México a la letra señala, que es obligación del gobernador del estado “Conservar el orden público en todo el territorio del Estado; mandar personalmente las fuerzas de seguridad pública del Estado y coordinarse en esta materia con la Federación, otras entidades y los municipios en términos de ley”

Es imperativo que el gobierno del estado busque implementar una política integral que coordine esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno para el combate al crimen organizado, con acciones de inteligencia, operativos de acción y reacción, así como la generación de políticas públicas eficaces en contra de los delitos del fuero común, sobre todo en la fase de prevención.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a implementar medidas urgentes en el ámbito de su competencia e informar de su avance, así como generar mayor vinculación con las autoridades federales y municipales para combatir el crimen organizado, dada la creciente inseguridad pública que sufre el estado de México.

Nota:

1 Sergio García Ramírez, En torno a la seguridad pública. Desarrollo penal y evolución del delito, en Pedro José Peñaloza y Mario A. Garza Salinas (coordinadores), Los desafíos de la seguridad pública en México, Universidad Iberoamericana, UNAM, PGR, México, 2002.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 30 de enero de 2013.— Senadora Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE CHIAPAS

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar medidas y programas para combatir en definitiva la infección del hongo de la roya naranja que afecta la producción de café en Chiapas, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para implementar medidas y programas para combatir de forma definitiva, la infección del hongo de la roya naranja que afecta la producción de café en el estado de Chiapas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La roya naranja, mejor conocida como “roya” entre los productores de café en Chiapas, es un hongo que debilita las plantas y provoca que el fruto del café caiga antes de su maduración. Se trata de una infección muy agresiva que ocasiona la perdida total de follaje en las plantas y como consecuencia la perdida de granos del café en Chiapas, afectando tanto a las familias cuyos ingresos dependen de la producción de este grano como al mercado nacional debido a que Chiapases el principal productor de café en nuestro país, con 2 millones 380 mil quintales, que representan el 65 por ciento de la producción nacional.

Las causas más comunes del brote del hongo derivan del incremento inusual en la cantidad de lluvia, un manejo deficiente de podas de los cafetales, la escasa regulación entre la sombra y la luz solar que reciben las plantas, la nula aplicación de fertilizantes e insumos para el control de plagas y enfermedades, así como la inobservancia de calidad fitosanitaria y genética de las plantas y semillas.

Cuando una hoja de café se infecta con la roya naranja, no puede respirar lo que llega a afectar al tronco, reduciendo su capacidad para producir café, no solo en esa cosecha, sino durante toda su vida útil.

Los caficultores chiapanecos tienen años conviviendo con este hongo, afrontando las pérdidas económicas que esto conlleva. Sin embargo, en este año sus efectos se han extendido y maximizado, por lo que se prevé que habrá pérdidas importantes en la producción de café.

Por lo menos los cultivos de café de los municipios de Chicomuselo, Siltepec, La Grandeza, El Porvenir, Motozintla, Bellavista, Amatengo, Frontera Comalapa y Mazapa de Madero se encuentran plagados por la roya naranja. De extenderse la infección, podría llegar a afectar a los más de 175,000 productores chiapanecos, de los cuáles cerca del 85por ciento son indígenas.

Asimismo, de no controlarse la plaga podrían verse afectados los cultivos de los estados vecinos de Oaxaca, Tabasco y Veracruz, razón por la cual deben tomarse medidas preventivas y correctivas para combatir a la roya naranja.

En Guatemala y Nicaragua dos de los principales productores de café en Centroamérica, se han observado los efectos devastadores de esta plaga. En el caso de Guatemala, el hongo afecta a cerca del 80 por ciento del total de las 274.000 hectáreas de plantaciones. Por lo que respecta a Nicaragua, donde el café es el principal producto de exportación junto a la carne bovina, el 35 por ciento de los cultivos se han perdido a causa del hongo, lo que equivale a unas 41.095,9 hectáreas.

En casos inmediatos para que no se siga afectando la plantaciónse deben podar las partes enfermas de la plantas para evitar que pase la infección de un tallo enfermo a uno sano. Asimismo se debe evitar la humedad y practicar fumigaciones a base fungicidas.

Por otro lado, la forma de corregir este problema en definitiva es promover la siembra de nuevas variedades en el estado de Chiapas, pues ya existe una variedad en específico que es resistente a la roya naranja, llamada Catimor, resultante de un híbrido entre un café procedente de Timor (de una especie no cultivable, resistente a un éste hongo roya) y café Arábica Caturra.

Por este motivo, se deben implementar programas de almácigos de café, con la nueva variedad resistente al hongo, para El Catimor se cultiva con éxito en toda Sudamérica y Centroamérica, por lo que Chiapas es un estado ideal por su geografía y clima, y es un punto importante que se tiene con la oportunidad de poder forjar esta variedad para que así a través del programa, se combata este hongo.

Por las razones anteriormente expuestas, se somete al pleno, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El honorable Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de la Reforma Agraria, para que en sus respectivos ámbitos de competencia implementen de manera urgente y prioritaria medidas y programas de gobierno enfocados a combatir, de forma definitiva, la infección del hongo de la roya naranja que afecta la producción de café en el estado de Chiapas.

Segundo. Que el Ejecutivo federal informe al Senado acerca de los programas implementados, su avance y las listas de beneficiarios de los mismos.

Tercero. Al considerarse un tema prioritario, una vez sea aprobado este punto de acuerdo, la autoridad correspondiente, contará con 30 días naturales para dar respuesta a los requerimiento de la honorable Cámara de Senadores.

Notas:

1 Según datos de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) en http://www.fira.gob.mx

2Según datos de la Asociación Nacional Guatemalteca de Café.

3De acuerdo a la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos.

Dado ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 30 de enero de 2013.— Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores. Gracias, secretario.

BANCO MONEX

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: A continuación tiene la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los consejeros del IFE a una reunión de trabajo ante la Cámara de Diputados para abordar el denominado caso Monex.

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Adelante, diputado.

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Comentaba hace unos minutos con los senadores Mariana Gómez del Campo, Dolores Padierna, Mario Delgado, lo inverosímil que resulta el informe que ha presentado el señor Alfredo Cristalinas, titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral.

En ese informe nos advierte que se realizaron 2 mil 383 diligencias relativas a la fiscalización del proceso electoral 2011-2012. Ese informe se destaca sobre todo por la falta de información y la ausencia de resultados eficaces de las investigaciones realizadas por esta Unidad de Fiscalización, que no resuelven las quejas que en su momento presentó el Partido Acción Nacional, para determinar la responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional en el financiamiento paralelo que recibió la campaña presidencial del año pasado.

No resolvió la Unidad de Fiscalización, y tampoco el Consejo General del IFE, preguntas que están en el aire y que desgraciadamente los ciudadanos no han escuchado una respuesta. Por ejemplo, preguntas como cuánto dinero se ha encontrado en los fondos paralelos que financiaron la campaña presidencial del PRI, además del reportado en junio pasado que asciende a casi 70 millones de pesos.

No se resolvió si existen otras series de tarjetas utilizadas por el PRI, además de las contratadas con el Banco Monex, que en junio pasado ascendían a nueve mil tarjetas. No se responde quiénes fueron las personas físicas o morales responsables del depósito en las empresas intermediarias que a su vez contrataron y pagaron al Baco Monex la emisión de las tarjetas y tampoco se dice si están relacionadas con el Partido Revolucionario Institucional.

Tampoco nos ha respondido el IFE si existen sociedades mercantiles, además del citado Banco Monex y de las dos empresas intermediarias, que hayan aportado recursos a las cuentas reportadas para la emisión de tarjetas.

Esos cuestionamientos, compañeros legisladores, no fueron solventados por la autoridad electoral en dichas resoluciones y continúan generando suspicacias en la opinión pública y una falta absoluta de certeza en la revisión de la fiscalización de la campaña presidencial del PRI.

Particularmente a raíz de las quejas presentadas, nosotros queremos cuestionar el silencio de la autoridad electoral ante la primera negativa del PRI para reconocer la utilización de estas tarjetas y su posterior aceptación.

Asimismo genera también sospecha el número de vistas que se le dieron al PRI y los plazos para responder las vistas, ante los requerimientos de la autoridad electoral sobre este caso, así como la falta de información en relación con el número y manejo de las cuentas que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportó haber encontrado para el financiamiento paralelo de la citada campaña presidencial.

La certeza y la autenticidad de las elecciones quedaron, por lo tanto, en entredicho, cuando el Instituto Federal Electoral resolvió que no existían actos ilícitos por parte del PRI en lo relativo al financiamiento de su campaña presidencial.

Es por eso que pedimos respetuosamente la comparecencia de los consejeros del Instituto Federal Electoral ante la Cámara de Diputados, en el marco de un ejercicio democrático de rendición de cuentas, de diálogo y colaboración entre las instituciones públicas.

Nosotros por supuesto respetamos la autonomía del Instituto Federal Electoral, pareciera que son otros los partidos que quieren vulnerar esta autonomía, pero precisamente porque el IFE es también un órgano público y está sujeto al control constitucional, no puede estar ajeno, precisamente, a este marco de rendición de cuentas que cualquier institución política debe rendir a los ciudadanos, y por lo tanto también debe tener pesos y contrapesos, y tener también controles.

Nosotros como diputados, legisladores, que encarnamos la soberanía popular, consideramos que tenemos la posibilidad de llamar a cuentas en una muy respetuosa reunión de trabajo a los consejeros del IFE, para que den respuesta a estas preguntas que existen en la opinión pública, que existen en la ciudadanía y que no quisieron responder en su momento en el Consejo General.

Y por supuesto también nos pronunciamos para que se pueda considerar la remoción de Alfredo Cristalinas, el titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral.

Justamente hoy determina el IFE posponer la revisión de los informes de gastos de campaña en una aceptación tácita de que no confían en este informe de la Unidad de Fiscalización que presentó el señor Alfredo Cristalinas.

Por lo tanto, y termino ya, señora presidenta, propongo a esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo.

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la remoción del ciudadano Alfredo Cristalinas Kaulitz, titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral.

Segundo. La Comisión Permanente cita a la brevedad a una reunión de trabajo a los nueve consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, a efecto de que expliquen ante las Comisiones Unidas de la Comisión de Investigación para la Revisión del Funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros y de la Comisión de Gobernación de este órgano legislativo, sobre los criterios aplicados en la resolución del caso Monex, emitida en la sesión del pasado 25 de enero de 2013.

Tercero. La Comisión Permanente, derivado de la escueta investigación realizada por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, solicita la remisión integral en copia certificada del expediente de las quejas 42/2012, 58/2012 y las diversas quejas que motivaron la resolución en comento de fecha 25 de enero de 2013, así como las respectivas diligencias de investigación que se realizaron sobre las mismas al pleno de este órgano legislativo.

Cuarto y último. La Comisión Permanente solicita un informe pormenorizado a la Contraloría General del IFE sobre la gestión de los consejeros electorales durante el año 2012, a efecto de deslindar responsabilidades administrativas y aplicar las sanciones que en su caso correspondan por el inadecuado ejercicio del cargo en relación con la emisión de la resolución en comento. Es cuanto, diputada presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los consejeros del IFE, a una reunión de trabajo ante la Cámara de Diputados, para abordar el denominado caso Monex, suscrito por el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Fernando Rodríguez Doval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 61, 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 117, 122, 123 y 124 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta al pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con puntos de acuerdo de carácter de urgente y obvia resolución.

Consideraciones

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional durante el proceso se pronunció insistentemente para resguardar la legalidad de las actuaciones de todos los partidos que participaron en la contienda electoral, presentado diversas quejas ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral y su Unidad de Fiscalización, en relación con actos que violaban la normatividad electoral, y que constituían evidentes infracciones al financiamiento público de las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional. Muestra cabal de ello son las quejas identificadas bajo los expedientes 42/2012 y 58/2012, mediante las cuales el Partido Acción Nacional, por medio del C. Rogelio Carbajal Tejada, Representante General del PAN ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, hizo originalmente del conocimiento de dicha autoridad electoral, antes que cualquier otro partido político, el hecho ilegal consistente en la adquisición de tarjetas Monex por parte del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Guanajuato para pagar a los representantes generales y representantes de casilla para la estructura electoral del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.

Del atento análisis del informe remitido por Alfredo Cristalinas Kaulitz, titular de la Unidad de Fiscalización del IFE a esta Comisión, y de la resolución del Consejo General de dicho Instituto sobre el caso Monex emitida el pasado 25 de enero del 2013, se puede advertir que se realizaron 2383 diligencias relativas a la fiscalización del proceso electoral 2011/2012. No obstante lo anterior, es preciso destacar la falta de información y la ausencia resultados eficaces de las investigaciones realizadas por la Unidad de Fiscalización, originado por las quejas del PAN, para determinar la responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional en el financiamiento paralelo que recibió la campaña de su entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.

Sobre este particular, es importante destacar que la autoridad electoral no ha dado respuesta a los cuestionamientos realizados por Acción Nacional en las quejas presentadas que evidencian el financiamiento paralelo e ilegal del candidato presidencial del PRI, las cuales, en este momento formulamos, esperando tener respuesta de esta autoridad electoral.

¿Cuánto dinero se ha encontrado en los fondos paralelos que financiaron la campaña presidencial del PRI, además del reportado en junio pasado, que asciende a 68 de millones de pesos? ¿Existen otras series de tarjetas utilizadas por el PRI además de las contratadas con Banco Monex que en junio pasado ascendían a nueve mil tarjetas? ¿Quiénes fueron las personas físicas o morales responsables del depósito en las empresas intermediarias que a su vez contrataron y pagaron al Banco Monex la emisión de las tarjetas, acaso están relacionados con el Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto? ¿Existen sociedades mercantiles además del Banco Monex y de las dos empresas intermediarias que hayan aportado recursos las cuentas reportadas para la emisión de tarjetas?.

Estos cuestionamientos no fueron solventados por la autoridad electoral en dichas resoluciones y continúan generando suspicacias en la opinión pública y una falta absoluta de certeza en la revisión de la fiscalización de la campaña presidencial del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Esta falta de diligencia en atender las quejas de Acción Nacional ha provocado que el caso de las “Tarjetas Monex” represente una seria deficiencia en la legalidad de la fiscalización de los recursos utilizados en el pasado proceso electoral por el Partido Revolucionario Institucional y que ha merecido la vigilancia y exigencia continua por parte de Acción Nacional para que se otorguen respuestas transparentes, claras y concisas sobre el financiamiento paralelo e ilegal de esta campaña presidencial.

Particularmente, a raíz de las quejas presentadas, cuestionamos el silencio de la autoridad electoral ante la primera negativa del PRI en la utilización de las tarjetas y su posterior aceptación. Asimismo, genera sospecha en Acción Nacional, el número de vistas que se le dieron al PRI y los plazos para responder las vistas ante los requerimientos de la autoridad electoral sobre este caso, así como, la falta de información en relación con el número y manejo de las cuentas que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportó haber encontrado para el financiamiento paralelo de la citada campaña presidencial.

En razón de lo anterior, Acción Nacional exige una respuesta clara y contundente a estos cuestionamientos para sancionar a los responsables del financiamiento paralelo del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, y, que la autoridad electoral determine el grado de responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional en las infracciones cometidas. Acción Nacional no permitirá que las quejas presentadas sean tiradas al basurero de la historia por la autoridad electoral y que una vez más resulte vulnerada la normatividad electoral en nuestro país.

La certeza y la autenticidad de las elecciones quedo en entredicho, cuando el Instituto Federal Electoral resolvió que no existían actos ilícitos por parte del Partido Revolucionario Institucional en lo relativo al financiamiento de la campaña presidencial que dio como resultado la elección del actual Jefe del Ejecutivo.

En Acción Nacional estimamos que el fondo de las cuestiones políticas debe estar por encima de las formas que pretenden encubrir las actuaciones subrepticias, que en fraude a la Ley electoral, el Partido Revolucionario Institucional incurrió para obtener un beneficio indebido en la pasada contienda electoral.

Por ello, pedimos la comparecencia de los consejeros del Instituto Federal Electoral ante la Cámara de Diputados, en el marco de un ejercicio democrático de rendición de cuentas o de dialogo y colaboración entre instituciones públicas, que tenga por objeto esclarecer los hechos ilícitos de un partido político.

Es claro que la reciente aparición de órganos constitucionales autónomos como el Instituto Federal Electoral viene a romper con el esquema clásico de división de poderes y la existencia de controles entre los poderes, y estimamos que el Instituto Federal Electoral no debe estar ajeno a un marco de control constitucional, ya que cualquier institución política debe tener controles y contrapesos.

De igual forma es indudable que la Cámara de Diputados representa la soberanía popular, misma que como poder soberano está plenamente facultado para llamar a rendir cuentas sobre cualquier hecho que afecte la Nación, en razón de lo siguiente:

1. La Cámara de Diputados integrada por representantes populares debe exigir rendición de cuentas de los órganos autónomos financiados con recursos públicos mismos que aprueba este órgano legislativo bajo el principio de transparencia y evaluación del desempeño de los cargos encomendados.

2. Los órganos autónomos como lo es el IFE no se encuentran exentos del control constitucional de sus actos por la vía política está obligado a realizarlo la Cámara de Diputados con fundamento en los artículos 39, 40, 73, 74 y 110 y demás correlativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que los facultan para exigir la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño de los servidores del Estado como lo son los Consejeros Electorales del IFE.

3. La Cámara de Diputados representa (mediante el voto) la soberanía popular, misma que como poder soberano puede llamar a rendir cuentas sobre cualquier hecho que afecte la Nación.

4. La Cámara de Diputados nombra a los Consejeros del IFE, por lo que dado su poder de nombramiento y designación, tiene en origen un mayor peso político que el IFE.

5. Como antecedente inmediato, en marzo del 2005, el entonces Presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, compareció ante las comisiones de Población y de Gobernación de la Cámara de Diputados y posteriormente ante el Senado de la República, por lo que existe un antecedente parlamentario para citar a comparecer a los Consejeros del Instituto Federal Electoral para rendir cuentas sobre el ejercicio del cargo desempeñado.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita la remoción del C. Alfredo Cristalinas Kaulitz, Titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral.

Segundo. La Cámara de Diputados cita, a la brevedad, a una reunión de trabajo a los nueve Consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral a efecto de que expliquen ante las Comisiones Unidas de la Comisión de Investigación para la Revisión del Funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros y la Comisión de Gobernación de este órgano legislativo, sobre los criterios aplicados en la resolución del Caso Monex emitida en la sesión del pasado 25 de enero del 2013.

Tercero. La Cámara de Diputados, derivado de la escueta investigación realizada por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, solicita la remisión integral en copia certificada del expediente de las quejas 42/2012, 58/2012 y las diversas quejas que motivaron la resolución en comento de fecha 25 de enero del 2013, así como, las respectivas diligencias de investigación que se realizaron sobre las mismas, al Pleno de este órgano legislativo.

Cuarto. La Cámara de Diputados solicita un informe pormenorizado a la Contraloría General del IFE sobre la gestión de los Consejeros Electorales durante el año 2012 a efecto de deslindar responsabilidades administrativas y aplicar las sanciones que en su caso correspondan, por el inadecuado ejercicio del cargo en relación con la emisión de la resolución en comento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de enero de 2013.— Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado. Está pidiendo la palabra la senadora Mariana por alusiones. Tiene la palabra por alusiones. Sin embargo, no estamos discutiendo este tema aún, senadora Mariana. Le pediría fuera tan amable de permitirnos continuar con el trámite legislativo en virtud de que esto no ha lugar.

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Solamente estoy pidiendo el uso de la palabra, y usted me la dio, presidenta, por alusiones. Fui aludida al arranque de la intervención del diputado Fernando Rodríguez Doval. Yo no veo que haya algún inconveniente.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se la concedí. Sin embargo, le comento que retomamos esta consideración y le pediría entonces que se consultara a la asamblea que defina si se le otorga la palabra o no.

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Presidenta, usted me concedió el uso de la palabra.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Se la concedí e inmediatamente después le comenté que retomábamos el trámite.

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: No pasa nada, presidenta, es una intervención breve, si no tienen inconveniente.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Pediría entonces que se consultara a la asamblea, señora senadora, y le pido al secretario consulte el otorgarle la palabra.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se consulta...

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Una disculpa, secretario, una disculpa. Se me concedió el uso de la palabra por alusiones personales y pediría que se me diera el uso de la palabra, no creo que se tenga que solicitar al pleno de la Comisión Permanente si se me da el uso de la palabra o no.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Senadora, reconsidero y le comento que el asunto no está en discusión aún. Por lo tanto, le estoy pidiendo consultar a la asamblea y que la asamblea decida si se le otorga o no la palabra. Por favor permítanos continuar con la votación.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: En votación económica se pregunta a la asamblea si están de acuerdo en que la ciudadana senadora haga uso de la palabra en este momento. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano... Espero instrucciones, presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: A ver. No está a discusión el tema, sin embargo se está solicitando la palabra y por tanto estamos pidiéndole a la asamblea que sea la propia asamblea la que decida si se le otorga o no el uso de la palabra. Es simple y sencillamente que la asamblea decida, por favor.

El Secretario senador Fidel Demédicis Hidalgo: Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias. Tiene palabra, señora senadora.

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, presidenta. Agradezco al pleno de esta Comisión Permanente que se me pueda dar el uso de la palabra por alusiones personales, aunque creo que esa es meramente una facultad de la Presidencia de la Mesa Directiva.

Primero, destacar que el miércoles 23 de enero el IFE resolvió la queja que el PAN interpuso contra el PRI por un financiamiento ilegal por más de 66 millones de pesos. Esta queja fue presentada en junio de 2012.

La ilegalidad de esos hechos es innegable por dos razones: el día de hoy no conocemos el origen de esos recursos porque simple y sencillamente no está demostrado. Segundo, tampoco está demostrado en qué se emplearon esos recursos y seguimos sin tener la certeza del destino que tuvieron.

Desde luego que lamentamos que el IFE haya exonerado al PRI, pero hay que ser claros, no es un tema de partidos políticos, es un tema de reglas del juego y sin duda alguna las reglas del juego deben ser claras, por un lado, y el IFE debe supervisar también si se cumplen o no se cumplen.

Las reglas son importantes porque dan confianza en las instituciones. Dan credibilidad a las instituciones. El fallo del IFE careció de certeza y deja en claro el estado de incertidumbre al sistema de partidos políticos y, por supuesto, a la ciudadanía en general.

En ninguna auditoría o proceso de fiscalización es permisible que no se conozca el origen de los recursos o que quede en duda la comprobación de dicho ejercicio de recursos. No puede quedar impune un acto ilegal.

No se hizo uso de argumentos y criterios que el IFE ya había adoptado antes en resoluciones sobre rebase a topes de campaña. También lo que podemos decir el día de hoy es que no se hizo una investigación exhaustiva y por eso la importancia de este punto de acuerdo, por eso la importancia de que vengan a comparecer ante la Cámara de Diputados los consejeros del IFE, porque no podemos permitir una resolución de este tipo, porque al final del día daña a nuestras instituciones, genera dudas entre los ciudadanos, y mucho menos que exista discrecionalidad en la toma de decisiones.

Acción Nacional no permitirá que las quejas presentadas se tiren al basurero de la historia por la autoridad electoral, y que una vez más resulte vulnerada la normatividad electoral en nuestro país.

Yo hago una invitación para que podamos resolver este punto de acuerdo para que le podamos dar claridad a la resolución del IFE, escucharlos aquí en la Cámara de Diputados y por supuesto darle certeza por un lado a las instituciones, y por otro lado también a los ciudadanos. Es cuanto, senadora presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senadora Mariana Gómez. Nada más permítanme por favor, porque fue publicado en la Gaceta Parlamentaria que esta proposición fuera considerada de urgente u obvia resolución. Esta Presidencia obsequia entonces que se considere si es de urgente u obvia resolución, una vez que la asamblea lo determine. Si esto así procede, entonces abriríamos la discusión de esta proposición y en ese momento, señora senadora, se les concedería la palabra.

Luego entonces, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución esta proposición.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Al no cumplimentarse la votación por mayoría calificada, es por la negativa, señora presidenta.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias, señor secretario. Por lo tanto no se considera de urgente resolución y se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para dictamen.

¿Hay alguna inquietud y duda en relación a la votación. Sin ningún problema se repite la votación, y que lea por favor el artículo 59 la Secretaría, donde obviamente requerimos de las dos terceras partes de los presentes para poder determinar la urgente u obvia, por lo tanto hay... por favor lea nuevamente el artículo 59, por favor señor secretario.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: En los casos de urgencia u obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de la lectura.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En tal virtud, quedó claro y por lo tanto ya se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para dictamen. Por tanto no está en discusión.

PETROLEOS MEXICANOS

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: A continuación tiene la palabra el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades investiguen casos de corrupción por parte de funcionarios de Pemex.

El senador Mario Martín Delgado Carrillo: Gracias, presidenta. Compañeros, compañeras, senadores, senadoras, diputados, diputadas, otra perlita más en el caso de Pemex. Otro asunto de corrupción del que nos enteramos por los medios de comunicación y éste obedece a una red internacional, donde lo que se busca es dañar el patrimonio de Pemex.

Cuántos casos como el que vamos a abordar el día de hoy se han presentado en los últimos años y ahora se manifiesta que desde hace varios años uno de los temas urgentes de este país es la reforma energética.

Hay que empezar por limpiar la corrupción de Pemex. Hay que hacerla una empresa que pueda competir con las otras empresas petroleras en el mundo, que a pesar de todo este cáncer que la aqueja sigue siendo una empresa que genera excedentes equivalentes al 6 por ciento del PIB.

Sigue siendo una empresa competitiva a nivel internacional, que si la imagináramos con mayores niveles de transparencia y de control, imagínense lo que podría llegar a ser, lo que podría llegar a representar.

Entonces, creo que como condición indispensable a la famosa reforma energética, antes de ver quién debe invertir o no, si se cambia la Constitución, pues hay que atacar la corrupción que está allá adentro.

Nos hemos enterado por los medios de comunicación de que ahora existe un litigio ahí, por un contrato muy viejo pero de muchos millones de dólares. Un contrato que tiene su origen en 1997, de casi 3 mil millones de dólares, según esto para reconfigurar Cadereyta.

Sabemos, nos enteramos ahora por los medios, que hay una buena cantidad de litigios y ahora hasta en los tribunales de Nueva York, que lo que pretenden es que Pemex pague más de 600 millones de dólares, para los cuales existe todavía una duda de si efectivamente se deben o no esos millones de dólares, porque existe un arbitraje por lo menos ahí dudoso.

Y también nos enteramos que participan en la empresa, en el consorcio Conproca, SA de CV, empresas como Siemens, Sunking y Constructions Sk, Triturados Basálticos, y que una de estas empresas fue condenada por la SEC de Estados Unidos de América en esos tiempos y que la SEC delató una red de corrupción por parte de Siemens a nivel internacional, para obtener favores en contratos a lo largo de todo el mundo.

Como país, es un tema siempre pendiente. Ahora se envía, por parte del Ejecutivo, una comisión anticorrupción y se ha manifestado, incluso por el director de Pemex, así empezó en su discurso inaugural de toma de posesión, dijo: vamos a combatir la corrupción. Bueno, aquí hay un caso ya, tiene en sus manos un primer caso que atender, que data de muchos años atrás.

Y aprovechar esto para hacer un llamado a que discutamos el tema en serio. En serio, el tema de la corrupción en nuestro país. Que nos vayamos a fondo. Hay una iniciativa pendiente de aprobar para crear el Sistema Nacional de Fiscalización, una minuta en el Senado que, por cierto, aprobó esta Cámara de Diputados. Pero ir más allá, justamente donde se rompe la rendición de cuentas.

Nos enteramos de escándalos todos los días, por todos los medios, pero nunca encontramos sancionados. La rendición de cuentas está rota a la hora de fijar sanciones. Y por supuesto, si son penales más.

Por eso, pues llamamos a que se atienda. El PRD va a tener como de sus principales puntos, en el siguiente periodo, discutir la iniciativa que presentamos para combatir la corrupción, tener un Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el servicio público, para que haya tribunales autónomos independientes que efectivamente puedan sancionar los actos de corrupción.

Por eso, me parece muy importante que el Congreso no deje pasar esto que vemos en los medios, de un nuevo caso de corrupción sin que hagamos nada.

¿Qué es lo que estamos pidiendo? Pues elemental, lo más básico, pedir información, por supuesto a Pemex, a la Secretaría de la Función Pública —o lo que quede de ella—, a la Secretaría de Hacienda, a la PGR, para que nos informen de qué se trata este asunto y si ha habido sancionados al respecto y qué pasa también con los funcionarios y con las empresas que están ahí involucradas.

Me parece de urgente y obvia resolución, porque si una de las prioridades de este país es la reforma energética, pues empecemos limpiando la casa. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas autoridades que investiguen casos de corrupción por funcionarios de Pemex, suscrita por el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Mario Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos sexto y undécimo del acuerdo de la Comisión Permanente por el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, somete a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

En los últimos días, se han ventilado en diversos medios de comunicación posibles actos de corrupción en que pudieren haber incurrido algunos servidores públicos de Petróleos Mexicanos, producto del contrato adjudicado el 27 de noviembre de 1997, que tuvo por objeto la reconfiguración de la refinería “Héctor R. Lara Sosa”, en Cadereyta, Nuevo León, asignado al consorcio Conproca, SA de CV, conformado por Siemens AG, (Siemens), Sunkyong Engineering & Construction (SK) y Triturados Basálticos, SA de CV, (Tribasa), por un monto aproximado de 2 mil 961 millones de dólares.

Lo anterior, como se ha señalado en los medios, derivó de un informe publicado en 2008 por la Securities and Exchange Commission, SEC, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, en el cual se hizo público que Siemens reconoció que incurrió en prácticas de actos de corrupción al involucrarse en una conducta de pagos ilícitos a funcionarios de más de 20 países, entre ellos México, a través de un consultor de negocios, como parte de una práctica generalizada de sobornos a funcionarios relacionados con al menos 290 proyectos o ventas individuales, entre ellos de Pemex, por un monto de 2.6 millones de dólares.

Según las declaraciones de Siemens, el objeto del acto de corrupción fue obtener una ventaja de negocios y poder, en su oportunidad, obtener el pago de sobrecostos.

Siemens llegó a una conciliación con la SEC y pagó la multa correspondiente. Se tiene conocimiento de que, derivado denuevos elementos, Pemex recientemente presentó una demanda civil en Estados Unidos en contra de Siemens, SK y Conproca, por posibles actos de corrupción que pudieran estar vinculados con lo señalado por la SEC en 2008.

De acuerdo con estudios y estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el impacto de la corrupción se mantiene en alrededor de 10 por ciento del valor del producto interno bruto, PIB.

“La corrupción es el problema mundial del que más se habla”, afirmó Cobus de Swardt, director ejecutivo de Transparencia Internacional. “Las principales economías del mundo deberían también dar el ejemplo y asegurarse de que sus instituciones sean completamente transparentes y que sus líderes rindan cuentas por sus decisiones. Se trata de una condición crucial, ya que estas instituciones son fundamentales para impedir que la corrupción se propague a nivel mundial”, indicó Cobus de Swardt.

De acuerdo con Transparencia Mexicana (Índice de Percepción de la Corrupción 2012), México recibe una puntuación de 34 que lo ubica en la posición 105 muy por debajo de sus principales socios comerciales; Canadá y Estados Unidos se encuentran en la posición número 9 y 19 respectivamente. Estas son las posiciones relativas de México.

Bloque/Región Posición Total de países

América 22 32

BRICS + México 5 6

G20 17 19

OCDE 34 34

En el primer período ordinario de esta LXII Legislatura, senadores del PRD presentaron una iniciativa para atender el problema de la corrupción e impunidad en el ejercicio de los recursos públicos. Se propuso contar con un sistema nacional de fiscalización y, en consecuencia, dotar y fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En el ejercicio de los recursos públicos, los servidores públicos deben actuar con suma responsabilidad. La opacidad, la corrupción y la impunidad no deben ser toleradas. Dentro de la propuesta destaca:

• Dotar a la ASF de facultades para iniciar procedimientos ante jueces penales por delitos cometidos contra las finanzas públicas, con independencia del Ministerio Público, y para iniciar procedimientos administrativos ante el Tribunal General de Responsabilidades Financieras.

• Dar facultad al Congreso de la Unión para expedir la Ley del Sistema Nacional de Fiscalización e incorporar la participación ciudadana.

• En la Cuenta Pública se revisarán no sólo los objetivos sino también las metas de los programas y la evaluación de las políticas públicas.

• La ASF podrá solicitar información del ejercicio en curso o realizar revisiones preliminares, pudiendo emitir recomendaciones y sugerencias de carácter preventivo.

• Se crea el Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, con facultades para sancionar por irresponsabilidades en el ejercicio de los recursos públicos.

Durante el período de transición gubernamental, el actual jefe del Ejecutivo promovió la iniciativa para crear la Comisión Nacional Anticorrupción. La creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, como un órgano autónomo con mayor capacidad, es “para realmente asegurar el que en todos los órdenes de gobierno exista una verdadera y auténtica rendición de cuentas”.

La propuesta que actualmente se discute en el Senado de la República es que dicho organismo sea el encargado de velar porque los actos de corrupción que en cualquier orden de gobierno eventualmente se presenten, puedan ser sancionados y vigilados desde esa instancia, dotada de plena autonomía, que habrá de contar con la participación ciudadana.

Hoy, debemos considerar con seriedad que no habrá crecimiento económico si antes no atendemos el grave problema de la corrupción. Por lo tanto, cualquier reforma estructural que se plantee no tendrá efectividad si antes no atendemos, en primer lugar, este problema que afecta las posibilidades de crecimiento económico y de desarrollo nacional.

En consecuencia, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente u obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos para que proporcione a la brevedad un informe detallado al Congreso de la Unión, en el que informe a esta soberanía de las acciones legales que esa entidad ha realizado en relación con los hechos antes señalados.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, informen si se han realizado las investigaciones correspondientes y el estado que guardan éstas, para deslindar las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales en que hayan incurrido servidores públicos de esa entidad, así como de aquellas personas físicas o empresas involucradas en los posibles ilícitos aquí señalados. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad contractual.

Tercero. Que la Secretaría de la Función Pública, informe si se han realizado las investigaciones conducentes de estos eventos, para que, de ser procedente, inicie los procedimientos administrativos necesarios para imponer las sanciones previstas en las disposiciones legales aplicables, inclusive su inhabilitación para contratar con dependencias y entidades de la administración pública federal, a todos aquellos contratistas y proveedores que hayan incumplido con lo previsto en las disposiciones legales aplicables en detrimento del patrimonio de esa entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 30 de enero de 2013.— Senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.

ARTICULOS 25 Y 26 CONSTITUCIONALES

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: A continuación tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las entidades federativas para que aprueben la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por él mismo y por el diputado Adolfo Orive, del Grupo Parlamentario del PT. Tiene la palabra, señor diputado.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, senadora presidenta. Efectivamente, este punto de acuerdo está firmado por el diputado Adolfo Orive, presidente de la Comisión de Competitividad en la Cámara de Diputados.

El 13 de diciembre de 2012, la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, con 432 votos en pro y 6 abstenciones, la minuta con proyecto de decreto que reforma el apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la que se introduce la norma suprema al concepto de “competitividad”, al señalar que por ésta se entenderá al conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

A la fecha, solamente siete Congresos locales, entre los que se encuentran Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, estado de México, Nayarit y Zacatecas han aprobado la minuta con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como el primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La competitividad es un tema que ha cobrado enorme relevancia a nivel mundial, pues de ella depende en una gran medida la posibilidad de que los países generen un crecimiento económico.

En el caso de México, los retos que enfrentamos en esta materia son enormes e impostergables, muestra de ello es que en el Reporte Global sobre la Competitividad 2012-2013, el Foro Económico Global nos ubica en el lugar 53 de 144 países.

En esta tesitura, si bien el artículo 135 constitucional no señala plazos para que los Congresos de las entidades federativas se pronuncien a favor o en contra de las reformas constitucionales, propuestas a su consideración por el Congreso de la Unión, es imperioso que lo hagan respecto a la minuta en comento, pues le urge al país contar con un marco jurídico que regule el tema de la competitividad, para así sentar las bases que conduzcan a la economía mexicana a salir del estancamiento en el que se haya desde hace ya tres décadas.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán a aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como los párrafos primero y tercero del Apartado A, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, senadora presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a aprobar la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo Cantú Garza y Adolfo Orive Bellinger, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Adolfo Orive Bellinger, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 78 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59, 60, 171 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas a aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado a, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones y antecedentes

El artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el procedimiento para la adición o reforma de la misma, señalando al respecto que “se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados”.

El 13 de diciembre de 2012 la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó con 432 votos en pro y 6 abstenciones la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la que se introduce en la norma suprema el concepto de competitividad al señalar que por ésta se entenderá al “conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.

A la fecha solamente 7 congresos locales (Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Nayarit y Zacatecas), han aprobado la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como el primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La competitividad es un tema que ha cobrado enorme relevancia a nivel mundial pues de ella depende en gran medida la posibilidad de los países para generar crecimiento económico. En el caso de México los retos que enfrentamos en esta materia son enormes e impostergables, muestra de ello es que el Reporte Global sobre la Competitividad 2012-2013 del Foro Económico Global nos ubica en el lugar 53 de 144 países.

En esta tesitura, si bien el artículo 135 constitucional no señala plazos para que los congresos de las entidades federativas se pronuncien a favor o en contra de las reformas constitucionales puestas a su consideración por el Congreso de la Unión, es imperioso que lo hagan respecto a la minuta en comento pues le urge al país contar con el marco jurídico que regule al tema de la competitividad. Para así sentar las bases que conduzcan a la economía mexicana a salir del estancamiento en el que se haya desde hace ya tres décadas.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán a aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado a, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de enero de 2013.— Diputado Adolfo Orive Bellinger (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Cambió el turno, pero no es peyorativo. Túrnese a la Comisión de Competitividad de la Honorable Cámara de Diputados.

BANCO MONEX

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, tiene el uso de la voz don Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Ya es la última.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No se preocupe, la última y nos vamos. Don Ricardo Monreal, para presentar punto de acuerdo relativo al caso Monex.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Presidente, sé que tienen ustedes eventos pero es importante tocar este tema, que es clave. Este punto de acuerdo plantea tres cosas. Una, el tema del juicio político contra los consejeros electorales porque han incurrido, desde nuestro punto de vista, en violaciones flagrantes a la Constitución. Han incurrido en afectación al principio de imparcialidad, de objetividad, de profesionalismo.

Los consejeros han pasado a ser parte del PRI, es como una especie de consejo asesor del PRI, un órgano de consulta del PRI, es un apéndice del PRI. Es muy lamentable lo que vimos en uno de los consejeros que sería recusado y luego que fue obligado a que regresara.

Lo platicábamos con el diputado Cáceres, ¿cómo es posible que tengamos estas instituciones tan, de verdad, envilecidas? Hoy me enteré, acabo de enterarme, que suspendió la sesión el IFE para ver ese dictamen. Cuando ve uno dictámenes como estos de la Unidad de Fiscalización, de verdad, el sentido común te rebasa. Este dictamen de la Unidad de Fiscalización es un fiasco, contabiliza millones de pesos donde se gastaron centavos y reporta centavitos donde se gastaron millones de dólares. Utilizó una doble metodología y una doble contabilidad para medir los mismos eventos y los actos de campaña.

Les daré solamente dos ejemplos muy conocidos por la opinión pública. Fíjense ustedes, el evento del cierre de campaña presidencial, del PRI y del Verde en el Estadio Azteca, de acuerdo con diversas mediciones contables realizadas por medios de comunicación, operadores, auditores y diversas organizaciones. El evento costó 35 millones de pesos, contabilizando desde el equipo de sonido, renta, camiones, playeras y demás utilitarios repartidos ahí.

Bien, la Unidad de Fiscalización informó —fíjense ustedes— que el total del evento fue para el PRI de 20 mil pesos. El evento del Estadio Azteca. O sea que le hubiera salido más barato rentar en el Pontevedra, en el Hotel Pontevedra el saloncito que cuesta 27 mil pesos. Bueno les costó —y me va a tener que dar algo de regalías este hotel— les costó 20 mil pesos el Estadio Azteca con toda la movilización, renta, 20 mil pesos es lo que hizo el señor Cristalinas.

Por eso me parece muy pertinente que renuncie este señor. Cómo es posible que lo mantengan. No lo dudo y lo vayan a hacer ministro de la Corte, porque son capaces de eso. Si hicieron al del SAT ministro de la Corte, por qué no a Cristalinas que los ha tapado en todo. Es una tapadera.

El diputado Fernando Rodríguez Doval (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Fernando, ¿con qué objeto?

El diputado Fernando Rodríguez Doval (desde la curul): Por su conducto, si el orador me permite una pregunta.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Sí, por supuesto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No estoy seguro de que se permitan en este espacio, pero me dice que sí. Bueno, hágale la pregunta.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Además, usted últimamente ha estado muy tolerante, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esas cosas pasan, a ver.

El diputado Fernando Rodríguez Doval (desde la curul): Gracias, presidente, y gracias por supuesto al diputado Monreal. Preguntarle diputado, ¿usted qué opina de que el día de hoy el Consejo General del IFE haya decidido posponer la discusión de los gastos? Esto de alguna manera, desde mi punto de vista, no sé si usted comparta mi opinión, significa que desconfía la autoridad electoral del propio señor Cristalinas, que ni siquiera están tomando como bueno el informe que presentó. No sé usted, diputado Monreal, ¿qué opina al respecto?

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Conteste, diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, presidente. Me parece que su pregunta es pertinente y es oportuna. Yo opino que este tipo de informes, como el presentado por la Unidad de Fiscalización del IFE, desprestigia más a su autor y a la institución que lo patrocina, que al destinatario del mismo.

Creo que este informe del IFE, estos informes del IFE, que ha presentado no suenan lógicos en materia de fiscalización, y lo que no suena lógico suena a metálico. Se puede atentar contra la ciencia contable, pero no contra el sentido común. Algunos se podrán chupar el dedo, pero pocos, muy pocos se chupan el brazo. Algunos podrán meter la mano, pero son pocos los que meten la pata y se tropiezan. Asimismo, como este señor que usted me pregunta, el señor Cristalinas, responsable de la Unidad de Fiscalización del IFE que, por cierto, resultó ser un cristal opalino.

Yo recuerdo —hay que investigarlo—, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia, el cristalino, el cristal opalino, es un cristal entre blanco y verde. Así lo dice el diccionario, entre blanco y verde, con reflejos irisados.

Es decir, este informe, los informes y el trabajo de la Unidad de Fiscalización no pueden ser aceptados por nadie. Es más, hasta los priistas no creen que Andrés Manuel haya gastado más que Peña Nieto. Hombre, por supuesto los mismos priistas dicen: qué vergüenza este señor. Pues déjenlo que renuncie, este señor.

¿En qué les ayuda un IFE subordinado, un IFE hincado, un IFE arrodillado? Un IFE abyecto, mediocre, ¿para qué le sirve al país, a la democracia? Por eso yo les digo que fíjense lo que está sucediendo, aquí le termino de responder su pregunta, diputado. García Luna era el autor de los montajes y ahora él se fue, pero dejó su táctica y su estrategia al IFE, porque el IFE se ha convertido ahora en un instituto de montaje contable electoral.

El IFE ha hecho un montaje de sus dictámenes y por eso me parece muy grave que este montaje contable del IFE tiene dos propósitos desde mi punto de vista. Desprestigiar a los candidatos de oposición, fundamentalmente al de la izquierda, que denunciamos sistemáticamente el gasto dispendioso del candidato del PRI, por un lado; y trata de ocultar lo inocultable, que en la pasada elección presidencial no se votó el cargo de presidente de México, sino que se compró la Presidencia de México.

Por eso, diputado, debieron haber aceptado su punto de acuerdo. Yo hubiera votado y vaya que a mí me cuesta mucho trabajo votar por una propuesta que provenga de la derecha, pero tiene sentido común el hecho de que haya pedido la renuncia y que los someta el Poder Legislativo a una comparecencia, me parece muy lógico.

Entonces, ciudadano presidente, terminé la respuesta. Pero mire, aquí me enseñaron en el IPad, la cantidad de vehículos que al Estadio Azteca se llevaron, más de mil. Este evento, Cristalinas dice que al PRI le costó 20 mil pesos. ¿Creen ustedes que sea esto correcto?

Por cierto, creo les platiqué uno, pero déjenme platicarles otro. ¿Saben cuánto costó en la Plaza de Los Mártires en Toluca, el cierre de campaña? Quince mil pesos. No puede ser. ¿A quién quieren engañar? Cómo permitimos que nos engañen y que estos señores todavía se manejen con la actitud de respetables. Hay que decir lo que son: burladores de la ley, cínicos, simuladores, traidores a la democracia. ¿Algún otro adjetivo que me quieran soplar? Porque eso es lo que son. Ahora se escudan y dicen que la semana que entra van a hacer eso.

El otro ejemplo —y termino— es el de las tarjetas Monex, éste era el tema. Este banco reconoció que emitió más de 22 mil tarjetas y monederos electrónicos, y entregó los respectivos contratos. Aquí el reporte del IFE solo reconoce 7 mil de 22 mil, con un monto total de 66 millones de pesos. Y 14 mil restantes que amparaban más de 130 millones de pesos adicionales, la Unidad de Fiscalización simplemente las desconoció y desapareció de su reporte.

¿Por qué? Por la sencilla razón de que esta cifra le descuadraría su reporte final sobre los gastos del PRI. Es decir, la Unidad de Fiscalización y el IFE montaron, actuaron impunemente, montando contablemente sanciones y exenciones en gastos electorales.

Presidente, muchas gracias y espero que, yo sé, pido mucho pero sé que no van a votar a favor, pero...

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al caso Monex, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Derivado de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) resolvió en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre el Monexgate, pese a las múltiples pruebas presentadas por la oposición, queda claro que esta institución se ha convertido en un apéndice del partido en el poder.

La decisión de votar en el último momento por el consejero electoral Sergio García Ramírez en favor de la legalidad de origen y destino del dinero utilizado en la campaña de la coalición Compromiso por México, sin siquiera justificar el sentido de su voto, quita seriedad al organismo.

Dicho voto decisivo proviene de un consejero que cuenta con una excelente relación con la familia Fraga, lo cual demuestra que en este caso han quedado subordinados los intereses de la ciudadanía a beneficios particulares.

Es claro, para quienes dieron seguimiento al procedimiento en comento, que la Unidad de Fiscalización del IFE no cumplió a cabalidad lo expresado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), pues no investigó sobre la procedencia de los recursos utilizados por la campaña de Enrique Peña Nieto.

Ejemplo de ello es que el IFE no sanciona los 66 millones de pesos que fueron gastados en tiendas departamentales por el PRI. Ésa es una erogación que nada tiene que ver con activismos o gastos de operación para las campañas políticas.

Aunado a esto, el Cofipe no especifica que los partidos políticos puedan recibir apoyos económicos por empresas mercantiles, como hizo la coalición Compromiso por México. Sin embargo, sí sanciona a los partidos de izquierda por presumir que 28 millones de pesos no fueron utilizados para fines electorales.

Por tanto, hay falta de equidad en los criterios utilizados por el Consejo General del IFE pues, por ley, deberían garantizarse las mismas condiciones para todos los partidos, aunque en la práctica vemos todo lo contrario.

Por otro lado, el IFE determinó que la única coalición que rebasó el tope de campaña, de 336 millones de pesos, fue la del candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador, si bien el ejercicio denominado “auditoría ciudadana” determinó que, a sólo 20 días de campaña, el candidato presidencial de la coalición Compromiso por México había rebasado –y por mucho– ese límite.

Con base en lo expuesto, podemos observar que las instituciones encargadas de aplicar la ley, lejos de ser objetivas y satisfacer las demandas sociales, han quedado reducidas a intereses partidarios.

La falta de mecanismos que garanticen un desempeño objetivo de los consejeros ha ocasionado que el IFE se convierta en un instrumento más del partido en el poder. En unos años, dicha institución ha pasado de ser el órgano con mayor legitimidad y credibilidad ante la sociedad a ser una extensión del Poder Ejecutivo.

Derivado de lo anterior se someten a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Unidad de Fiscalización y a los consejeros del Instituto Federal Electoral a conducirse en el ejercicio de sus funciones con independencia, imparcialidad, certeza, legalidad y objetividad.

Segundo. Por conducto de los órganos internos de la Cámara de Diputados se instaure juicio político contra el consejero Sergio García Ramírez porque emitió su voto en favor de la alianza Compromiso por México en el caso Monex, después de haberse excusado, demostrando su falta de seriedad y compromiso, y en clara contravención de la legalidad y de todo principio de derecho.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de enero de 2013.— Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja (rúbricas).»

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (desde la curul): Presidente, pido la palabra para alusiones personales, si me permite.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Fíjese que tendría que preguntarle a la asamblea si se considera de urgente resolución, porque no lo aludieron.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (desde la curul): Le haría la petición respetuosa que me permita hacer uso de la tribuna, con el compromiso de que no alargaremos el debate.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Haga uso de la tribuna y refiérase a las alusiones. Después preguntaremos a la asamblea si se considera de urgente resolución y entonces abriremos una lista de oradores.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente: Buenas tardes. Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia y de esta soberanía.

Revisando el famoso caso Monex, me puse a leerlo y esta es una operación financiera, señores amigos del PRI, se los digo claramente, que parece una de esas películas de las operaciones encubiertas, donde se mandan fondos para comprar armas y cosas de esas de la CIA y demás. De ese calibre estuvo el manejo financiero de lo que se hizo.

Sin embargo, vayamos a cosas puntuales. Se localizó que en el estado de Guanajuato hubo fe pública de representantes generales que en la elección se les daban 17 mil 500 pesos más 2 mil 500 pesos de compensación después de la elección, más lo que se les daba a los delegados de distritos y a toda la estructura electoral.

Esto nos lleva a un cálculo de que en solo este concepto de las tarjetas Monex, en la elección del presidente Peña Nieto, se gastaron 701 millones de pesos, más todo lo demás. ¿Cuánto se gastó: mil, dos mil, tres millones? No lo sabemos y deberíamos de estar todos preocupados porque esto se aclarara, y que vinieran los consejeros y viniera quien tuviera que venir porque lo que está de por medio es la legitimidad de la elección, pésele a quien le pese.

Les quiero decir que para nosotros en Acción Nacional el presidente Peña es el presidente de los mexicanos, estamos claros en eso, eso no está a discusión. Pero nos interesa en Acción Nacional tener un presidente que —va a sonar un poco a broma— que sea legítimo. Y con estos gastos pareciera que la elección no lo fue.

Por otro lado, y lo digo en serio, no ganamos nada con descalificar a las instituciones. Porque al final de cuentas hemos tardado dos mil años en construir para que lo vengamos a destruir de un plumazo. Sin embargo, los que las manejan, desde el presidente de la República, los consejeros del IFE, nosotros en el Congreso, tenemos que dignificar con nuestro comportamiento el hecho de que sigan fungiendo estas instituciones. Hay que ocuparnos de que los consejeros del IFE se legitimen. Va a estar un poco complicado.

Y voy a hablar específicamente de un personaje, el señor Sergio García Ramírez. Del señor García Ramírez siempre oí que es un gran jurista, y sí lo es. Había oído su currículum y lo leí hoy: impresionante. Mención honorífica, más que la mención honorífica —dice el currículum— que tuvo en la Universidad, todos los cargos habidos y por haber, incluso precandidato a la Presidencia de la República por el PRI, aspirante.

Y hoy desafortunadamente está en el IFE. Y yo me pregunto ahí una cosa, el señor hace dos días, o no sé cuándo, se esconde a la hora de votar y luego lo traen y vota, y con ese voto se logra que no se revise este asunto de Monex.

Y yo me pregunto: ¿dónde está la frontera del derecho y la ética? Porque el señor García Ramírez, sus conocimientos jurídicos no están a discusión, ni su currículum está a discusión en cuanto a la parte académica y profesional. Sin embargo, y para concluir, les voy a decir: recordando a Diego Fernández de Cevallos, es un hombre brillante en lo jurídico, de grandes calificaciones, es un buen chico, pero en ética está reprobado, señores. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea, en términos del 58 y el 59, si se considera de urgente resolución.

El Secretario senador Miguel Romo Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

ARTICULOS 94 Y 127 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, hemos acordado dar la palabra para la presentación de dos iniciativas, y tiene el uso de la voz hasta por tres minutos la senadora Mariana Gómez del Campo, para presentar iniciativa que reforma los 94 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, diputado presidente. El día de hoy tengo interés en presentar esta iniciativa de ley de la mano con el diputado Fernando Rodríguez Doval, y consiste en dos modificaciones a artículos de la Constitución.

El primero tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la duración del encargo, y sabemos que la Suprema Corte ha cobrado importancia mediática a partir de ciertas controversias.

En los últimos días está el caso claro de Florence Cassez, sin embargo, pues como institución no ha logrado alcanzar los niveles de credibilidad que desearíamos todos. Una encuesta rápida reveló que poco más del 80 por ciento de los encuestados desaprobó el fallo de la Corte en el caso de Florence Cassez por considerarlo injusto para las víctimas. Y por ello es importante impulsar los cambios institucionales que le permitan modernizarse, adecuarse a las necesidades del país y a la evolución democrática.

Actualmente, el párrafo 12 del artículo 94 de la Constitución Política establece que el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durará 15 años. Tenemos ejemplos en América Latina y en Europa, en los que por ejemplo en Uruguay y Panamá, el cargo dura 10 años, en España, Alemania, Ecuador y el Salvador, el cargo es por 9 años y hay muchos otros ejemplos.

La duración tiene implicaciones. En los países en los que el cargo es vitalicio, de duración amplia, la Corte se mueve ideológicamente mucho más lento que las preferencias de los ciudadanos en materia electoral, pero son países con una vida democrática añeja, como es el caso de Estados Unidos de América, en donde su democracia tiene más de 200 años.

En Europa y en Latinoamérica los tribunales constitucionales se ajustan más rápido a dichos cambios, eso nos hace falta para dar mayor legitimidad democrática al Poder Judicial.

Nuestra propuesta consiste en reformar el artículo 94 de la Constitución para que el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia dure 9 años en lugar de 15, y la segunda parte de la propuesta constitucional es establecer el salario máximo de servidores públicos.

Lo que estamos buscando para esta consolidación democrática es que ningún servidor público gane por encima del Presidente de la República. Y tenemos ejemplos de consejeros electorales del IFE, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de presidentes municipales que ganan por encima del Presidente de la República.

Con estas dos medidas estamos dando respuesta a exigencias de los ciudadanos, y yo espero lleguen a buen fin. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 94 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora, y Fernando Rodríguez Doval, diputado, ambos de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8o., numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169, 171, numeral 1, y 172 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman el párrafo XII del artículo 94, y el primer párrafo y la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la temporalidad del cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reducción de la remuneración de funcionarios públicos que reciben mayores salarios que el presidente de la República, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha logrado alcanzar niveles constantes y amplios de confianza por parte de la ciudadanía, la percepción social respecto al que hacer de la Corte tiene dos características 1) Cambia mucho a través del tiempo y 2) a partir de julio del 2007, el porcentaje de personas que tienen “mucha” confianza en la Corte ha sido mucho menor que el porcentaje de quienes afirman tener poca o nada de confianza.

La bibliografía académica en la materia, por lo menos la producida desde el ámbito del derecho, indica que los tribunales constitucionales que han alcanzado los mayores niveles de legitimidad han sido los que han logrado acertar en la definición de su papel en el delicado equilibrio de poderes de un régimen democrático.

Según Marian Ahumada, en su texto La jurisdicción constitucional en Europa. Bases teórica y políticas,España, Thomson-Civitas, 2007, página 31, la jurisdicción constitucional, tanto en Europa como en Estados Unidos, logró afianzar su legitimidad cuando “su potencial se puso al servicio de la defensa de los intereses sociales que no lograban representación en las asambleas, que quedaban sistemáticamente al margen de la agenda política”, es decir, se requiere una jurisdicción constitucional entendida como aliada de los grupos vulnerables y de la defensa de una sociedad verdaderamente pluralista y tolerante.

El control constitucional en Europa y Estados Unidos, desde mediados del siglo pasado y hasta la década de 1980, se concibió como un instrumento básico para la construcción de un piso común de derechos propios del estatus jurídico del ciudadano, los tribunales constitucionales que lograron desempeñar exitosamente esta tarea adquirieron, en palabras de Ahumada, “una popularidad hasta entonces desconocida” (ídem).

La Suprema Corte mexicana se ha quedado lejos de desempeñar este papel, pues su diseño no estuvo pensado para ese objetivo, ni tampoco los ministros han sabido utilizar estratégicamente su facultad de atracción para definir una agenda jurisdiccional que les permita construir una alianza con la ciudadanía.

Es decir, una hipótesis de por qué la Corte no alcanza a afianzar su legitimidad tiene que ver con que, a fin de cuentas, no ha logrado definir correctamente su papel en el proceso de consolidación de la democracia mexicana; es un tribunal que ha puesto demasiada atención a los conflictos políticos y a los litigios de la élite y ha relegado a un segundo plano los asuntos que de verdad importan a la mayoría de los ciudadanos.

La Suprema Corte es ya el árbitro último de muchos de los conflictos importantes entre poderes, como entre ciudadanos y autoridad, tan solo en 2009, al inicio del periodo de sesiones, el Pleno tenía en puerta una gran cantidad de asuntos que iban desde controversias constitucionales importantes, como la despenalización del aborto, amparos en materia fiscal y financiera, y la investigación del caso Oaxaca, a últimas fechas el pasado miércoles 23 de enero en el nuevo periodo de sesiones el caso de Florence Cassez.

Asimismo, la visibilidad mediática de la Corte ha ido en aumento de forma permanente, sus sentencias son cada vez más seguidas por los medios de comunicación, sin embargo, como institución, no ha logrado alcanzar los niveles de credibilidad deseable en un órgano de esta naturaleza, a decir de esto una encuesta rápida practicada por el periódico Reforma a la ciudadanía revelo que poco más el 80 por ciento de los encuestados desaprobó el fallo de la Corte en el caso del juicio de amparo promovido Florence Cassez, por considerarlo injusto para las víctimas.

Ahora bien, en México, de conformidad con lo establecido en el párrafo XII del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dura 15 años, este es un esquema intermedio entre lo que sucede en Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile en donde el cargo es vitalicio frente a lo que sucede en Europa y la mayoría de los países de Latino América; en donde por ejemplo en Venezuela el cargo es por 12 años, en Uruguay y Panamá el cargo dura 10 años, mientras que España, Alemania, Ecuador y El Salvador el cargo es por nueve años, en tanto que en Colombia y Costa Rica es por 8 años, en Bolivia es por 6, en Guatemala y Paraguay es por 5; pero en casi ningún país como sucede en México el cargo tiene una duración tan amplia, revisemos la temporalidad que señala el texto constitucional de algunas de las naciones antes invocadas:

Argentina

Artículo 110. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones.

Bolivia

Artículo 183.

I. Las magistradas y los magistrados no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años.

II. Las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley.

Brasil

Art. 95. (*) Os juízes gozam das seguintes garantias:

I. - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse periodo, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

II. - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII; III - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o que dispõem os arts. 37, XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2o., I.

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

I. - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;

II. - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;

III. - dedicar-se a atividade político-partidária.

(*) Emenda constitucional número 19, de 1998

Chile

Artículo 77. Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento; pero los inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes.

No obstante lo anterior, los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad; o por renuncia o incapacidad legal sobreviniente o en caso de ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no regirá respecto al Presidente de la Corte Suprema, quien continuará en su cargo hasta el término de su periodo.

En todo caso, la Corte Suprema, por requerimiento del presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento.

El presidente de la República, a propuesta o con acuerdo de la Corte Suprema, podrá autorizar permutas u ordenar el traslado de los jueces o demás funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría.

Colombia

Artículo 233. Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos para un periodo de ocho años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso.

Costa Rica

Artículo 158. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un periodo de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para periodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas para periodos completos de ocho años.

(Así reformado por ley número 8365, del 15 de julio de 2003.)

Ecuador

Artículo 182. La Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de veinte y uno, quienes se organizarán en salas especializadas, y serán designados para un periodo de nueve años; no podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años.

Cesarán en sus cargos conforme a la ley. Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán de entre sus miembros a la presidenta o presidente, que representará a la Función Judicial y durará en sus funciones tres años.

En cada sala se elegirá un presidente para el periodo de un año. Existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la función judicial, quienes serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas responsabilidades y el mismo régimen de incompatibilidades que sus titulares.

La Corte Nacional de Justicia tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y su sede estará en Quito.

El Salvador

Artículo 186. Se establece la carrera judicial. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un periodo de nueve años, podrán ser reelegidos y se renovarán por terceras partes cada tres años. Podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley.

Tanto para la elección como para la destitución deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los diputados electos.

La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se hará de una lista de candidatos, que formará el Consejo Nacional de la Judicatura en los términos que determinará la ley, la mitad de la cual provendrá de los aportes de las entidades representativas de los abogados de El Salvador y donde deberán estar representados las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico.

Los magistrados de las Cámaras de segunda instancia, los jueces de primera instancia y los jueces de paz integrados a la carrera judicial, gozarán de estabilidad en sus cargos. La ley deberá asegurar a los jueces protección para que ejerzan sus funciones con toda libertad, en forma imparcial y sin influencia alguna en los asuntos que conocen; y los medios que les garanticen una remuneración justa y un nivel de vida adecuado a la responsabilidad de sus cargos.

La ley regulará los requisitos y la forma de ingresos a la carrera judicial, las promociones, ascensos, traslados, sanciones disciplinarias a los funcionarios incluidos en ella y las demás cuestiones inherentes a dicha carrera.

Artículo 187. El Consejo Nacional de la Judicatura es una institución independiente, encargada de proponer candidatos para los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz. (1)

Será responsabilidad del Consejo Nacional de la Judicatura, la organización y funcionamiento de la Escuela de Capacitación Judicial, cuyo objeto es el de asegurar el mejoramiento en la formación profesional de los jueces y demás funcionarios judiciales. (1)

Los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos y destituidos por la Asamblea Legislativa con el voto calificado de las dos terceras partes de los diputados electos. (10)

La ley determinará lo concerniente a esta materia. (1)

Guatemala

Artículo 208. Periodo de funciones de magistrados y jueces. Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante ese periodo no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley.

Honduras

Artículo 314. El periodo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia será de siete (7) años a partir de la fecha en que presten la promesa de ley, pudiendo ser reelectos.

En caso de muerte, incapacidad que le impida el desempeño del cargo, sustitución por causas legales o de renuncia; el magistrado que llene la vacante, ocupará el cargo por el resto del periodo y será electo por el Congreso Nacional, por el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. El sustituido será electo de los restantes candidatos propuestos por la Junta Nominadora al inicio del periodo.

* Modificado por decreto 262/2000 y ratificado por decreto 38/2001.

Nicaragua

Artículo 163. La Corte Suprema de Justicia estará integrada por dieciséis magistrados electos por la Asamblea Nacional, por un periodo de cinco años.

La Corte Suprema de Justicia se integrará en salas, cuya organización e integración se acordará entre los mismos magistrados, conforme lo estipula la ley de la materia. La Corte plena conocerá y resolverá lo recursos de inconstitucionalidad de la ley y los conflictos de competencias y constitucionalidad entre los poderes del Estado. La Asamblea Nacional nombrará por cada magistrado a un Conjuez. Estos conjueces serán llamados a integrar Corte plena o cualquiera de las salas, cuando se produjera ausencia, excusa, implicancia o recusación de cualquiera de los magistrados.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia toman posesión de su cargo ante la Asamblea Nacional, previa promesa de ley y eligen de entre ellos a su presidente y vicepresidente por mayoría de votos para un periodo de un año, pudiendo ser reelectos (2).

Panamá

Artículo 203. La Corte Suprema de Justicia estará compuesta del número de magistrados que determine la ley, nombrados mediante acuerdo del Consejo de Gabinete, con sujeción a la aprobación del órgano legislativo, para un periodo de diez años.

La falta absoluta de un magistrado será cubierta mediante nuevo nombramiento para el resto del periodo respectivo. Cada magistrado tendrá un suplente nombrado en igual forma que el principal y para el mismo periodo, quien lo reemplazará en sus faltas, conforme a la ley.

Sólo podrán ser designados suplentes los funcionarios de carrera judicial de servicio en el órgano judicial. Cada dos años, se designarán dos magistrados, salvo en los casos en que por razón del número de magistrados que integren la Corte, se nombren más de dos o menos de dos magistrados.

Cuando se aumente el número de magistrados de la Corte, se harán los nombramientos necesarios para tal fin, y la ley respectiva dispondrá lo adecuado para mantener el principio de nombramientos escalonados.

No podrá ser nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia

1. Quien esté ejerciendo o haya ejercido el cargo de diputado de la república o suplente de diputado durante el periodo constitucional en curso.

2. Quien esté ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el órgano ejecutivo durante el periodo constitucional en curso. La ley dividirá la Corte en salas, formadas por tres magistrados permanentes cada una.

Paraguay

Artículo 252. De la inamovilidad de los magistrados

Los magistrados son inamovibles en cuanto al cargo, a la sede o al grado, durante el término para el cual fueron nombrados. No pueden ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento previo y expreso. Son designados por periodos de cinco años, a contar de su nombramiento.

Los magistrados que hubiesen sido confirmados por dos periodos siguientes al de su elección, adquieren la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 261. De la remoción y cesación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo podrán ser removidos por juicio político. Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años.

Uruguay

Artículo 237. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia durarán diez años en sus cargos sin perjuicio de lo que dispone el artículo 250 y no podrán ser reelectos sin que medien cinco años entre su cese y la reelección.

Venezuela

Artículo 264. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único periodo de doce años. La ley determinará el procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse candidatos o candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual hará la selección definitiva.

Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, o ante la Asamblea Nacional.

La experiencia comparada permite constatar las ventajas que tiene que el cargo de ministro sea temporal y no vitalicio, porque por ejemplo en los países en los que el cargo es vitalicio la Corte se mueve ideológicamente mucho más lento que las preferencias electorales de sus connacionales, en Europa y en Latinoamérica, los tribunales constitucionales se ajustan más rápido a dichos cambios, ello, hace que la falta de legitimidad democrática en los jueces constitucionales sea un problema menos acentuado en Europa y en los países Latinoamericanos que en las democracias que optaron por tener jueces constitucionales con duración en el cargo de forma vitalicia.

La segunda ventaja de los nombramientos temporales, sobre todo en el caso de nuestro país, es que mantiene abierto el debate sobre qué tipo de Corte necesitamos; el hecho de que, como señalamos, la Corte haya sido una institución que se diseñó e implantó en las postrimerías de una régimen autoritario, ha inhibido el debate que se dio en otro países respecto del sentido y significado de la jurisdicción constitucional en un régimen democrático, el hecho de que cada tres años existan dos vacantes para el puesto de ministro puede ir generando las condiciones para que se dé ese debate, poco a poco quizá, podremos perfilar de mejor manera el tipo de ministro que se requiere para emular las mejores prácticas de la jurisdicción constitucional en el mundo.

Y para conseguir tal fin, los proponentes estimamos que es necesario modernizar nuestra carta magna a fin de reducir la temporalidad de la duración del cargo de los ministros de la Corte, con objeto de conseguir que el pensamiento de nuestra Corte se modernice en aras de tener una impartición de justicia mucho más eficaz, sensible, más a fin a la ciudadanía y a las necesidades colectivas actuales, que atienda y resuelva conforme al interés público ciudadano legitimo y verdadero, en mérito de lo anterior creemos fielmente que un promedio de años prudente es el de nueve, pues se trata de un número impar y corresponde a una realidad mucho más adecuada y que permite que peerme el tiempo necesario para que fluya el nuevo pensamiento y las nuevas doctrinas constitucionales en la Corte, aunado a que sin duda esto ayudara en gran medida a fortalecer la visión de los ciudadanos sobre la Corte.

Por otro lado, un hecho que sin duda ha ocasionado que también exista cierto desdén ciudadano es el que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtengan percepciones económicas tan onerosas, incluso mayores que las que percibe del presidente de la República; esto, pese a la disposición constitucional que lo prohíbe, derivado de una interpretación inadecuada y perniciosa de tal disposición, ya que el artículo 127 de la Carta Magna, reformado mediante decreto promulgado en agosto de 2009, donde se estableció una prohibición salarial a los servidores públicos de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público para ser remunerados con una percepción económica mayor que la que recibe el presidente de la República, en tal tenor y bajo un análisis perverso, al no precisar dicho artículo expresamente al Poder Judicial de la Federación y al Congreso de la Unión, se escapan de la prohibición algunos entes públicos y poderes de la unión, lo cual es inadecuado porque al señalar la norma que “ningún servidor público” podrá tener mayor compensación que la que recibe el presidente de la República, expresamente se genera una disposición prohibitiva extensiva a todo el servicio público relativo los tres poderes, puesto que los tres se integran por servidores públicos para su debido funcionamiento.

Sin embargo, esta disposición no ha sido interpretada del modo correcto, ya que por ejemplo en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganará 6 millones 118 mil 837 pesos al año, con lo que percibirá más que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto , en 2013; entre otros beneficios recibirá un “ estímulo del día de la madre” de mil pesos.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, el resto de los ministros tendrá una remuneración anual de 4 millones 200 mil pesos.

Todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán una “ayuda de anteojos”, de 3 mil 100 pesos, un aguinaldo de 335 mil pesos (con excepción del presidente, quien recibirá 494 mil pesos), así como un “pago por riesgo” de 906 mil 213 pesos.

El sueldo del presidente de México, Enrique Peña Nieto, será de 204 mil 310 pesos, mientras que los secretarios de Estado percibirían 198 mil 186, es decir, sólo 6 mil pesos menos que el titular del Ejecutivo, es decir, al año, Enrique Peña Nieto ganaría 2 millones 451 mil 720 pesos.

Para los consejeros del Instituto Federal Electoral se contempla un salario de 252 mil 801 pesos mensuales, lo que representa 3 millones 33 mil 612 pesos anuales, otra vez más que el presidente.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ganará 198 mil 629 pesos al mes, es decir, 2 millones 583 mil 548 pesos al año.

Otros salarios destacables son el del auditor superior de la Federación, quien recibiría 200 mil 473 pesos al mes y los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal ganarán 4 millones 200 mil pesos al año; mientras, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibiría 6 millones 118 mil 837 pesos en 2013.

Para el salario de los diputados federales se efectuó un aumento mensual de 29 mil 921 pesos, que son 359 mil 52 más al año.

Mientras, los senadores ganarán 2 millones 57 mil 328, es decir, 171 mil 444 pesos al mes.

Uno de los asuntos que más indignan a la población está asociado con los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que con frecuencia los servidores públicos se asignan; el problema se agrava dado el enorme sacrificio que implica para los ciudadanos el cumplir con sus responsabilidades fiscales, por una parte, y por la otra, por la terrible situación económica en la que viven millones de mexicanos.

No puede ignorarse, además, el hecho de que la abrumadora mayoría de estos sueldos públicos, aún en los ámbitos locales y municipales, son sufragados cada día en mayor medida, con cargo a partidas que tienen su origen en fondos de la federación, recaudadas por mandato de este Congreso de la Unión; se trata, en efecto, de un gasto que es aplicado localmente, pero que su origen está determinado por esta soberanía, la cual es responsable de vigilar la adecuada aplicación de dichos recursos públicos y que no puede renunciar, de manera alguna, a propiciar su debida aplicación en todos los ámbitos; se trata de consagrar, en una norma eficaz y claramente vinculatoria, el compromiso de que la sobriedad republicana será garantizada en la erogación de las percepciones de todo servidor público.

La democracia se sustenta en el principio de representación, cuya expresión más simple es la que define al servidor público como mandatario y a los ciudadanos como mandantes. En esa virtud, todo servidor público, sea por elección o designación, tiene la obligación de vincular sus decisiones al marco constitucional y legal que rige el ejercicio de la función que le ha sido confiada, amén de la responsabilidad de actuar con apego a la ley y con sensibilidad y prudencia para que se aprovechen de manera eficiente los recursos de un país con rezagos como el nuestro.

Acción Nacional reconoce la necesidad de contar con servidores públicos competentes, profesionales y honestos, que accedan a su cargo mediante el voto popular o mediante o un proceso de nombramiento basado en criterios de honestidad, capacidad, eficiencia y transparencia. Para ello es imposible prescindir de una adecuada remuneración de los funcionarios públicos dentro de las posibilidades presupuestales del gobierno y en orden a la realidad socioeconómica nacional.

En razón de ello, Acción Nacional considera pertinente revisar el marco constitucional que sustenta tales remuneraciones de los servidores públicos, incluidas las de los legisladores, en forma tal que permita crear un justo y verdadero equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados, y el eficiente desempeño del cargo con la remuneración que reciben sus gobernantes.

Consideramos que el servicio público debe ser remunerado de manera tal que el Estado se asegure de que en el desempeño de los cargos públicos se cuente con ciudadanos que por su preparación, capacidad y honestidad, puedan desempeñar con eficacia y profesionalismo las responsabilidades que les han sido confiadas, al tiempo que, quien presta el servicio público, pueda obtener también un ingreso digno.

Por ello, nuestra intención no es sólo evitar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean remunerados en mayor cantidad que el presidente de la República sino que sea remunerado mayormente ningún servidor público de ninguno de los tres Poderes de la Unión, sin que escape a tal prohibición bajo ningún concepto algún funcionario público.

En mérito de lo anterior proponemos adecuar el texto del artículo 127 con el objeto de establecer con claridad quienes estarán sujetos a esta disposición y con ello desarticular la perniciosa interpretación que se hace de tal disposición en perjuicio del erario y por ende de todos los mexicanos.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el párrafo XII del artículo 94, y el primer párrafo y la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman la fracción XII del artículo 94, y el primer párrafo y la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 94. (...)

(...)

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(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo nueve años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.

(...)

Artículo 127. Los servidores públicos de la federación, del Poder Judicial de la Federación, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

(...)

II. Ningún servidor público integrante de algún ente u órgano federal, estatal o del Distrito Federal, municipal o de algún órgano político administrativo, o de alguno de los poderes públicos de los señalados en el primer párrafo del presente artículo, podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan al presente decreto.

Tercero. Las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la máxima establecida en el presente decreto deberán ser ajustadas o disminuidas en los Presupuestos de Egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquel en que haya entrado en vigor el presente decreto.

Cuarto. Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 30 de enero de 2013.— Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbricas).»

Presidencia de la senadora Hilda Esthela Flores Escalera

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senadora Mariana Gómez. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

ARTICULOS 16, 21, 76 Y 109 CONSTITUCIONALES - LEY ORGANICA DEL INSTITUTO NACIONAL ANTICORRUPCION Y DE CONTROL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: A continuación tiene el uso de la palabra el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16, 21, 76 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Orgánica del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control. Adelante, senador.

El senador José María Martínez Martínez: Gracias, senadora presidenta. No hay un ejemplo con mayor vigencia, una mayor actualidad para hablar de lo que motiva esta iniciativa, como el caso Monex. En este caso, cuando se dio la discusión por alusiones que intervino la senadora Mariana Gómez del Campo, de mi partido, es una afirmación en la que no estoy de acuerdo, que no estaba claro el destino del beneficio en el caso Monex. Está muy claro, fue para comprar electores a favor de Peña Nieto.

No solo eso, sino que no comparto los dos puntos de acuerdo en su totalidad, que se presentaron en el caso Monex, porque están dejando de lado un acto de corrupción que es claro, un delito, el delito de lavado de dinero, por haber triangulado a través de cuatro empresas distintas el caso de los monederos electrónicos de la financiera Monex, a favor del PRI.

Hasta aquí me parece que el ejemplo es claro para que le pueda dar soporte y sustento a nuestra iniciativa en materia de anticorrupción.

El presidente Peña Nieto no solo burló la ley en las elecciones pasadas. Está burlándose de los mexicanos en la presentación de algunas de sus iniciativas, en particular la que presentó a través de los partidos, de su partido el PRI y del Partido Verde Ecologista de México, para crear la Comisión Nacional Anticorrupción.

Una burla a los mexicanos porque es una simulación, un órgano sin dientes, sin sustento. Un órgano que viene a sustituir la función pública, pero no vela por el control, la mejora administrativa de la administración pública.

Esto también es motivo de que hoy presente una iniciativa para complementar esta pretensión de los mexicanos de tener un gobierno eficiente, pero sobre todo ya confiable en todos sus ámbitos y niveles de gobierno.

En síntesis, lo que propongo es un órgano constitucional autónomo, supremo, que tenga atribuciones sobre los tres Poderes de la Unión y demás órganos constituidos autónomos, en el caso en particular del IFE para revisar su actuación, que pueda castigar en materia administrativa y también que de este instituto pueda depender una Fiscalía Especial en Materia Penal, con la capacidad de ejercer acción penal, como no la propone el PRI, para que pueda directamente estar persiguiendo los delitos cometidos por los servidores públicos y con atribución específica de poder consignar ante los órganos jurisdiccionales para su seguimiento y eventual sanción.

Hay tratados internacionales donde México ha sido parte. No podemos sustraernos de ellos y menos en razón del reconocimiento constitucional que ellos tienen para nuestro país.

Ello obliga a que no aceptemos órganos como los que propone Peña Nieto, solamente decorativos. Obliga a que tengamos órganos eficientes que busquen como fin último la mejora administrativa, pero sobre todo que en ese camino castiguen a los corruptos que laceran la vida pública de este país. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 16, 21, 76 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Orgánica del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, suscrita por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8o., fracción I, 164, numeral 1, y 169 del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma los artículos 16, 21, 76 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se expide la Ley Orgánica del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Dado que la corrupción en México opera de manera sistémica, institucional y estructural, el concepto se transforma en un multifacético y complejo sistema que permea diversas áreas de la sociedad. Las modalidades de la corrupción son, el tráfico de influencias, el contrabando, el soborno, el uso privado de bienes públicos y el premio a quien no lo merece. Se trata, como puede fácilmente apreciarse, de prácticas por todos conocidas, de formas de conducta familiares y en las que, de uno u otro modo, incurre la inmensa mayoría de la población. Lo que, sin embargo la gente resiente pero no comprende, es que la corrupción significa, de manera gradual, la destrucción de la vida institucional, el desprecio por el marco de legalidad y el triunfo de la ilegitimidad y de la inmoralidad. Una sociedad corrupta no puede ser sino una sociedad en estado de descomposición y, por consiguiente, tiene necesariamente que ser una sociedad injusta.

Dicho de otro modo: ningún mal se puede contener si previamente no se le comprende. Combatir la corrupción sin un diagnostico claro, sin tener de ella una visión global y clara de sus múltiples manifestaciones, no se puede atacar certeramente el problema.

Es importante hacer consiente a la población de que de una u otra forma, tarde o temprano los daños engendrados por la corrupción repercute siempre en el individuo. Todo acto de corrupción tiene un precio, cuesta. Realizar un acto en el cual se agilicen los trámites es concebible pero tiene un precio.

Esto es un hecho: hay sociedades más corruptas unas que otras y no hay ninguna en la que la corrupción este totalmente ausente. En este sentido, hablar de un “estado ideal” o de un “estado perfecto” no es más que aludir a posibilidades lógicas, pero no a realidades.

En nuestro país, la explicación genuina de la corrupción que nos aqueja, el ciudadano mexicano es corrupto porque su sociedad (sus instituciones, sus hombres, su organización política y social, su vida cultural y académica, etc.) esta corrompida y porque, salvo en casos excepcionales, no se puede escapar sencillamente del medio ambiente.

México, como cualquier otro país, se pagan impuestos, pero es un hecho que además de pagar impuestos por nuestros salarios o ganancias o por lo que adquirimos o los servicios que utilizamos se tiene muy a menudo que pagar el “extra” de la corrupción: la propina, el adelanto, la prebenda, la mordida, la invitación, el regalito, la agilización del trámite, etc. Pero lo que empieza a ya no quedar en lo más mínimo claro, es si este impuesto no oficial que nos imponemos unos a otros no solo hace que las cosas o los servicios nos salgan finalmente más caros, sino que impide que las instituciones funcionen de manera normal. En este sentido, el diagnostico es claro: en gran medida, el sistema general normativo no se armoniza con la realidad que vivimos, con los salarios por ejemplo. Esto nos obliga a vivir al margen de la Ley, lo cual debilita las instituciones y encarece la vida de manera sistemática.

La corrupción es un fenómeno sumamente complejo que afecta de manera significativa en el desarrollo de una nación, pero sobre todo del bienestar de la sociedad en general.

Las prácticas de corrupción que se presentan en un Estado se expanden desde el interior de la sociedad hasta el ejercicio de las funciones públicas, generando con ello una serie de repercusiones negativas cuyos efectos impactan en distintos ámbitos de la realidad nacional; ejemplo de ello es la capacidad que tiene el fenómeno de inhibir el desarrollo equitativo de la población; favorecer la consolidación de elites y burocracias políticas y económicas; afectar la credibilidad y legitimidad de los gobiernos, e impedir que los recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar de la sociedad.

A este respecto, Transparencia Internacional documenta que en los países en desarrollo son, a menudo, los grupos de la sociedad más vulnerables los que acaban pagando por la existencia de corrupción, ya que son los que más necesitan de políticas públicas y servicios.

En la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares. Este instrumento hace mención de que una “mordida” costó a los hogares mexicanos un promedio de $165.00. Es decir, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso a este rubro. Para los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo, este impuesto regresivo representó 33% de su ingreso.

México se ha comprometido a nivel internacional a tomar medidas para combatir la corrupción. Ha firmado y ratificado tres importantes convenciones anticorrupción: la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU), también conocida como la Convención de Mérida.

Estos instrumentos jurídicos establecen mecanismos para combatir diferentes dimensiones de la corrupción, además de que promueven y facilitan la cooperación entre los países. Entre las recomendaciones y los temas que aún están pendientes de atender por nuestro país se encuentran los siguientes:

• Cooperación y asistencia técnica entre autoridades federales y estatales para la efectiva implementación de la Convención.

• Fortalecer normas jurídicas y códigos de conducta con respecto a conflictos de intereses, preservación y uso adecuado de los recursos públicos.

• Fortalecer la verificación de las declaraciones de situación patrimonial.

• Fortalecer los mecanismos para el acceso a la información pública.

• Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación.

• Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación.

• Diseñar e implementar campañas de concientización en materia de transparencia, dirigidos a la ciudadanía y a quienes participen en actividades políticas.

• Participación de la sociedad civil en el diseño de políticas y en la gestión pública.

• Asistencia judicial recíproca y cooperación en materia de cumplimiento de la ley.

• Extradición y recuperación de activos.

• Fortalecer medidas para prevenir el blanqueo de dinero.

• Prevención de la corrupción mediante mejores normas contables y de auditoría.

• Establecer legislación, mecanismos e infraestructura en materia de protección a denunciantes, testigos, peritos y víctimas.

En los últimos diez años se han logrado importantes avances institucionales en materia de rendición de cuentas, entre los que destacan: la creación de la Auditoría Superior de la Federación; la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información; la instauración del Servicio Profesional de Carrera; la suscripción de convenciones contra la corrupción; la independencia de los Órganos Internos de Control respecto de las dependencias y entidades controladas; la aplicación de programas de monitoreo ciudadano y testigos sociales, y el lanzamiento de los portales de obligaciones de transparencia.

Aunado a lo anterior, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006, se orientó a cambiar el enfoque correctivo de la fiscalización y el control para darle un carácter preventivo y de corresponsabilidad de la Administración Pública Federal en el combate a la corrupción. Además como parte de las reformas para garantizar los derechos ciudadanos respecto al acceso a la información y la rendición de cuentas, se amplió la aplicación de la transparencia como mecanismo de prevención y detección de irregularidades.

Asimismo, entre 2007 y 2008, se realizaron reformas relevantes para fortalecer la rendición de cuentas, como la reforma constitucional que reconoce el acceso a la información como un derecho fundamental, estableciendo principios y criterios que deben cumplir las instituciones públicas en todos los niveles de gobierno; la reforma hacendaria, entre otros aspectos establece la obligación de adoptar esquemas de evaluación del desempeño vinculados al presupuesto en todos los órdenes de gobierno; las reformas que amplían el alcance de la fiscalización de recursos públicos a todo ente público o privado, y la reforma en materia de seguridad y justicia.

Aún con estos cambios institucionales, la percepción de corrupción en nuestro país no ha variado, lo que refleja una falta de correlación entre las políticas emprendidas y la opinión pública, explicada en buena medida por las particularidades que adoptó el cambio democrático en nuestro país y los avances desiguales entre reformas estructurales, institucionales y desarrollo social y humano.

Con esta propuesta se replanteará la relación de la sociedad con el propio gobierno; se fortalecerá el estado de derecho, el principio de legalidad y combate a la corrupción, se suprimirá cualquier posibilidad de intervención partidista o política en la procuración de justicia que pueda afectar la imparcialidad.

A la propuesta de reforma Constitucional que crea un organismo autónomo, es necesario que paralelamente se proponga la ley que regule determinado organismo, es por ello que la presente iniciativa propone el establecimiento claro de las funciones y modo de operación del Instituto Nacional Anticorrupción y Control, que como órgano constitucional autónomo se encuentre conformado por ciudadanos.

Si bien en México se han dado avances institucionales importantes para la prevención y control de la corrupción el problema continua y en la opinión de la ciudadanía éste se incrementa cada vez más. Ello, se convierte en un impedimento para la legitimidad de la democracia social, pues, la corrupción se vuelve inseparable de la impunidad, y compromete la coexistencia civil en nuestro país.

La Creación del Instituto Nacional Anticorrupción y Control es una propuesta que en búsqueda de iniciativas estratégicas, generen un espacio para la prevención, desde la mejora administrativa como herramienta de control y combate de la corrupción.

La complejidad del combate a la corrupción muestra las dificultades de plantear soluciones y acciones que evidencien resultados concretos y esos resultados no son de corto plazo, ni se producen sin transformaciones importantes en torno a las instituciones, las políticas y la participación de la ciudadanía.

En la actualidad existe un debate sobre la manera en que debe combatirse la corrupción de manera efectiva, la disyuntiva se centra por una parte, en reconocer la importancia de la cultura de la legalidad como la vía para asegurar la transparencia y el Estado de derecho, ello se fundamenta en la solidez de las instituciones, su marco jurídico y las acciones en respuesta a la ciudadanía.

Por otro lado, se busca demostrar que el combate a la corrupción no es posible sin una cultura de la participación ciudadana efectiva y real, ello se fundamenta en el argumento de que las instituciones y las leyes por sí solas no producen el cambio hacia la transparencia, sino existe a la par una participación activa de la ciudadanía.

Conceptos como el de la captura del Estado o el Estado fallido evidencian que en muchos países en vías de desarrollo las leyes no se cumplen, generando una cultura de la impunidad que se basa en la indiferencia o debilidad de la ciudadanía, por lo tanto, no hay estrategia de combate a la corrupción que pueda ser efectiva sin una participación de la sociedad civil. Ello implica una estrategia de organización, formación, movilización e incidencia ciudadana, por ello la propuesta para la creación de un órgano de combate a la corrupción forzosamente debe implicar no solo la opinión sino al activa participación ciudadana.

El Banco Mundial define la participación ciudadana como un proceso a través del cual los actores influyen y participan del control sobre el desarrollo de iniciativas y las decisiones y los recursos que los afectan a ella. El concepto se refiere al espacio constituido por los ciudadanos a fin de trabajar cerca de sus autoridades en la formulación del proceso de tomas de decisiones en el proceso de la gestión pública.

La comprensión más global de cómo opera la corrupción y su complejidad, hacen más claro que es necesario un enfoque diferenciado, más integral y profundo para lograr resultados y avances en su combate. Ello debe apuntar no sólo al análisis de los resultados y costos sociales, sino también a las causas de la corrupción.

El enfoque administrativo de la corrupción es rebasado por un Estado integral, esto ha impactado y cambiado radicalmente la forma de diseñar y plantear el combate a la corrupción. Los esfuerzos de reducir corrupción se han movido del estrecho alcance de la capacidad de Gobierno (reformas hacia abajo) a un más amplio espectro que se orienta a las relaciones estructurales, tales como la relación del Estado con la empresa privada, el funcionamiento del sistema político, un sistema de rendición de cuentas con la sociedad civil, por lo tanto proyectos de reformas anticorrupción no son más dirigidas a una manifestación inmediata anticorrupción sino al conjunto complejo de relaciones. Es importante que esta coalición anticorrupción o frente moral, mantenga la autonomía del Gobierno y del sector económico empresarial. Su agenda y la incorporación de la ciudadanía es fundamental para el logro de avances en sus objetivos de combate a la corrupción.

La corrupción es un tema central en la agenda internacional del desarrollo. En México, el tema de la corrupción está mediatizado y requiere no una, sino varias intervenciones estratégicas que haga creíble y efectiva la lucha contra la corrupción y que evidencien un éxito o resultados positivos antes de que puedan surgir cuestionamientos.

Iniciativas recientes de cooperación internacional hacen más urgente la definición de políticas de transparencia en el uso de los recursos.

La debilidad en la respuesta del sistema de justicia y de los organismos contralores y de fiscalización, es que continúan siendo muy esporádicos, con avances, retrocesos y con la percepción de que la corrupción aumenta y que los esfuerzos por detenerla son insuficientes.

La corrupción se entrelaza con el crimen organizado, el narcotráfico, la pobreza y con la injusticia, creando un sentido de desesperanza enorme con vacíos y lagunas jurídicas, institucional y de compromiso de cómo enfrentarlos.

Por ello es necesario para la consolidación de un Estado de derecho con una sociedad donde predominan la moral, la ética y los principios democráticos, dentro de una nación libre de corrupción, con un sistema de vida digno para todos por medio de la implementación de políticas públicas y privadas que establezcan las bases institucionales necesarias para combatir la corrupción en todos los niveles y actividades de la sociedad.

Por ello, en aras de fortalecer la participación ciudadana y con la intención de que ésta se involucre en las decisiones que le conciernen, se propone que la conformación del Instituto sea de ciudadanos, a través de convocatoria abierta llevada a cabo por el Senado de la República.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, en cuanto a la facultad de presentar iniciativas; así como 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad específica para reformar el texto constitucional, someto a la consideración de esta asamblea el estudio, discusión y en su caso, aprobación del presente Proyecto Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se modifican los párrafos quinto, sexto, octavo, décimo, decimo primero y décimo tercero del artículo 16, se modifican el primer, segundo y séptimo párrafo del artículo 21, y se adiciona una fracción XII al artículo 76, recorriendo en su numeración a la actual, para que quede como XIII; se modifica el artículo 109 fracción II y III, segundo y tercer párrafo y se adiciona un apartado A; todo lo anterior de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público o a la Fiscalía Especial del Instituto Anticorrupción y de Control en caso de delitos cometidos por servidores públicos. Existirá un registro inmediato de la detención.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público o la Fiscalía Especial del Instituto Anticorrupción y de Control en caso de delitos cometidos por servidores públicos podrán, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público o de la Fiscalía Especial del Instituto Anticorrupción y de Control en caso de delitos cometidos por servidores públicos y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público o la Fiscalía Especial del Instituto Anticorrupción y de Control en caso de delitos cometidos por servidores públicos acrediten que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público o la Fiscalía Especial del Instituto Anticorrupción y de Control por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público o la Fiscalía Especial del Instituto Anticorrupción y de Control, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente o de la Fiscalía Especial del Instituto Anticorrupción y de Control, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquellas en ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público y en su caso a la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

..

..

...

El Ministerio Público y la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control podrán considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

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..

...

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. a XI. (...)

XII. Designar a los Consejeros del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia que le sometan dichos funcionarios;

XIII . Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será investigada por la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control en los términos de las leyes aplicables y perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. El Instituto Nacional Anticorrupción y de Control será el competente para conocer de dichos procedimientos. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. La Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control será la competente para conocer e investigar sobre estos casos, hasta el momento que determine el ejercicio de la acción penal y en su caso consigne ante el tribunal competente o, decida sobre el no ejercicio de la acción penal fundando y motivando su determinación.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo o en su caso ante la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control.

Apartado A. Corresponde al Instituto Nacional Anticorrupción y de Control consolidar un gobierno honesto y confiable mediante la prevención y el combate de la corrupción, la vigilancia, seguimiento, control, inspección, evaluación y en su caso sanción de todos los servidores públicos de los poderes de la unión, así como de los órganos constitucionales autónomos y cualquier otra institución o persona que utilice, participe, aplique, maneje o administre recursos federales. Las resoluciones del Instituto serán definitivas, inatacables y vinculatorias.

También es facultad del Instituto el perfeccionamiento del desempeño de cualquier servidor público de los que se hace mención en el párrafo anterior; y la innovación de los procesos para hacer efectivo su actuar así como la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos a través de la Fiscalía Especial a su cargo y en caso de ser procedente el ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes en los términos de la ley.

La Fiscalía Especial estará presidida por el Fiscal Superior que será nombrado por el Pleno del Consejo del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control según lo establecido por la ley. Para ser Fiscal Superior se requiere: Ser ciudadano mexicano, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. Solo podrá ser removido en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

El Instituto Nacional Anticorrupción y de Control será un órgano con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios. Estará presidido por un Consejo que será integrado por cinco Consejeros designados por las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos, por la Comisión Permanente con la misma votación calificada. Las propuestas se harán a través de convocatoria pública según como lo disponga la Ley.

El Instituto Nacional Anticorrupción y de Control resolverá sobre las quejas administrativas por responsabilidad de los servidores públicos y en su caso sancionará a los responsables en los términos de las leyes aplicables.

El Presidente del Consejo del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control será nombrado por el Pleno del Consejo en los términos de la ley y será quien represente al Consejo. Deberá presentar anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

Para ser Consejero del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control se requieren los mismos requisitos que para ser Procurador General de la República establecidos en el párrafo primero del inciso A del artículo 102 de esta Constitución Política.

Los Consejeros del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control durarán siete años en su cargo, podrán ser reelectos una sola vez hasta por cuatro años más y solo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La Ley establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control el cual deberá regirse por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos autónomos de la misma naturaleza que el Instituto Nacional Anticorrupción y de Control.

Artículo Segundo. Se expide la Ley Orgánica del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control bajo las siguientes bases:

Título I Disposiciones Generales

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en el territorio nacional.

Artículo 2. El Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, en adelante Instituto, creado por mandato constitucional es un órgano de carácter permanente con autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objetivo es consolidar un gobierno honesto y transparente mediante la vigilancia, seguimiento, control, inspección, evaluación y en su caso sanción de la función pública, así como la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos y en caso de ser procedente ejercitar la acción penal ante los tribunales correspondientes en los términos de la ley.

Artículo. 3. El Instituto ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común, a la transparencia y a la participación ciudadana.

La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos .

Artículo 4. La presente Ley tiene como objeto organizar al Instituto Nacional Anticorrupción y de Control en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y cumplir con el objetivo que le encomienda la Constitución Política al Instituto, consolidar un gobierno honesto y confiable mediante la prevención y el combate a la corrupción, la vigilancia, seguimiento, control, inspección, evaluación y en su caso sanción de la función pública, así como la mejora del desempeño de todo servidor público y la innovación de procesos para hacer efectivo su actuar, así como la investigación de los delitos correspondientes y en su caso el ejercicio de la acción penal.

Artículo 5. Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el artículo 109 A. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos federales.

Artículo 6. Todo servidor público tendrá las obligaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, destinadas a salvaguardar la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, disciplina y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan según la Ley antes referida.

Artículo 7. El Instituto Nacional Anticorrupción y de Control se encargará de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 8. El Instituto será competente para aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y determinará las sanciones o medidas correspondientes contempladas en la referida ley según sea el caso.

Artículo 9. Cualquier ciudadano podrá presentar quejas ante el Instituto por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente.

De la misma manera toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito por uno o varios servidores públicos está obligada a denunciarlo ante la Fiscalía Especial de este Instituto.

Artículo 10. Las bases para el funcionamiento y la organización interna del Instituto serán establecidas además de esta Ley, en los ordenamientos legales conducentes y que al efecto se expidan.

Título II De la Conformación del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control

Capítulo I Del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control

Artículo 11. El Instituto depositario de la vigilancia, control y mejora continua de la administración pública, es responsable de la investigación e identificación e individualización, así como de la difusión de valores y principios de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Artículo 12. Para los efectos del artículo anterior el Instituto vigilará que la aplicación y manejo adecuado de los recursos públicos se ejecute con fundamento en los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, y rendición de cuentas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo, investigará actos, hechos u omisiones que causen daño al patrimonio público.

Artículo 13. Para el cumplimiento de sus fines el Instituto contará con las siguientes atribuciones:

I. Formular programas y dirigir campañas contra la corrupción, así como diseñar un Plan Nacional de Prevención en materia de Anticorrupción, que será puesto en conocimiento de todas las autoridades del Estado. El plan se presentará hasta ciento veinte días después de haber iniciado sus actividades. Contendrá las políticas, objetivos, programas y acciones, orientadas a cumplir con este propósito;

II. Promover la participación y organización de la ciudadanía en la creación de una cultura de la legalidad y honestidad;

III. Conocer e investigar las denuncias de los delitos cometidos por los servidores públicos, que hayan sido presentadas a través de la Fiscalía especializada;

IV. Solicitar informes o documentos a cualquier institución pública o privada a fin de verificar los fundamentos de los casos que se investigan, constatar y pronunciarse sobre situaciones que impliquen conflictos de intereses o utilización indebida de información privilegiada relacionada con el patrimonio del Estado. Las autoridades, funcionarios públicos o administradores requeridos, deben suministrar la información en el plazo de veinte días. Toda solicitud o inspección deberá concretarse a los hechos y documentos relacionados con los casos que se investiga.

V. Imponer sanciones;

VI. Organizar el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales , así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública federal;

VII. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo;

VIII. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y la fiscalización de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

IX. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control;

X. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores;

XI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia.

XII. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal, y verificar su contenido con las disposiciones aplicables; así como los contratos que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XIII. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la Administración Pública Federal;

XIV. Formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere, y

XV. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 14. Para su funcionamiento el Instituto, contará con los siguientes órganos:

a) El Pleno;

b) La Presidencia del Consejo;

c) La Secretaría Ejecutiva;

d) La Comisión de Control y Mejora Administrativa;

e) La Fiscalía Especial, y

f) La Contraloría Interna del Instituto.

Capítulo IIDel Pleno de Consejeros y su Presidencia

Artículo 15. El pleno del Consejo se integrará por cinco consejeros, incluyendo al Presidente. Los consejeros deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 16. Los miembros del Consejo del Instituto serán elegidos por el Senado de la Republica, a propuesta en terna de la comisión correspondiente que para el efecto designe el Senado y bajo las bases que establezca la propia comisión. La designación deberá atender al principio de participación e inclusión ciudadana, y será con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas.

Artículo 17. La comisión correspondiente, emitirá convocatoria pública abierta para recibir de las universidades del país, gremios profesionales legalmente reconocidos, Organizaciones No Gubernamentales en materia de transparencia y anticorrupción, y Organizaciones Nacionales de derechos humanos las propuestas de quienes deberán ocupar el cargo de consejeros.

Artículo 18. Una vez recibidas las propuestas, la Comisión encargada presentará dos ternas al pleno del Senado, con la finalidad de llevar a cabo la votación correspondiente, y en caso de no resultar la votación requerida, se llevará a cabo una segunda vuelta donde resultarán elegidos aquellos que cuenten con mayoría de votos.

Artículo 19. Los Consejeros del Instituto deberán reunir para su elección los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener cumplidos treinta y cinco años el día de su elección;

III. Contar con experiencia en materia de transparencia, vigilancia, control o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales;

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, ni militar como activo o simpatizante en algún partido político en los últimos diez años anteriores a su designación;

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección;

VI. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión;

VII. Haber residido en el país durante los últimos cuatro años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses, y

VIII. Tener preferentemente actividades en organizaciones civiles en el impulso de transparencia y combate a la corrupción.

Artículo 20. Los consejeros del Instituto durarán en su encargo siete años, y podrán ser reelectos por una sola vez por un periodo de cuatro años.

Artículo 21. Las funciones de los Consejeros del Instituto son incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo, empleo o comisión de la Federación, los Estados, Municipios u órganos constitucionales, exceptuando las actividades académicas.

Artículo 22. Los Consejeros del Instituto no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio de las funciones propias de sus cargos que les asigna esta ley.

Artículo 23. Los consejeros del Instituto podrán ser removidos de sus funciones y, en su caso, sujetos a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 24. Las sesiones del Pleno podrán ser ordinarias o extraordinarias. Y deberán de atender a las siguientes reglas:

I. Para la celebración de las sesiones ordinarias, el Secretario Ejecutivo notificará la convocatoria a cada Consejero con una antelación mínima de 48 horas.

II. Serán sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Presidente con tal carácter debido a la urgencia de los asuntos a tratar.

III. Las convocatorias a sesiones ordinarias o extraordinarias deberán contener el lugar, la fecha y la hora para su celebración, así como el orden del día correspondiente.

Artículo 25. Al inicio de las sesiones, el Secretario Ejecutivo se cerciorará de que hayan sido satisfechos los requisitos de instalación. En consecuencia, el Presidente hará la declaratoria de apertura y someterá a la consideración de los Comisionados el orden del día, el cual sólo podrá ser modificado por votación mayoritaria de los Comisionados presentes.

Artículo 26. El Pleno conocerá de las excusas que tengan los Consejeros para deliberar, resolver y votar asuntos determinados. Los Comisionados deberán exponer los razonamientos que impidan su participación en la sesión en la cual hayan de discutirse esos asuntos.

Artículo 27. Cuando no pueda realizarse una sesión ordinaria o extraordinaria por falta de quórum, el Secretario Ejecutivo lo hará constar en el acta respectiva se convocará a una nueva sesión.

Artículo 28. Los asuntos contenidos en el orden del día serán considerados sucesivamente hasta ser agotados.

Artículo 29. En las sesiones participarán los Consejeros y el Secretario Ejecutivo, quien tendrá derecho a voz, pero no de voto.

Artículo 30. El Presidente dirigirá los debates sobre los asuntos que se traten, vigilará que se respete la libertad de expresión de los que tengan voz, y velará por que se mantenga el orden entre los asistentes a las sesiones.

Artículo 31- Las votaciones serán económicas salvo que, a solicitud de cualquiera de los consejeros, se determine que alguna votación sea nominal, en cuyo caso se hará constar en el acta el nombre y el sentido del voto de cada Consejero.

El Secretario Ejecutivo hará el cómputo de las votaciones y dará cuenta del resultado al Pleno.

Artículo 32- El Secretario Ejecutivo levantará las actas de las sesiones, en las que se transcribirán o a las que se anexarán las resoluciones y los acuerdos que hayan sido aprobados. El proyecto de acta será sometido a la aprobación de los Consejeros y será firmado por los que hayan asistido a la sesión correspondiente.

Artículo 33. Las resoluciones y los acuerdos del Pleno se inscribirán en un registro público, que se pondrá a disposición del público en general por los medios electrónicos que se establezcan para tal efecto, además de ello el Pleno podrá determinar que éstos o extractos de los mismos se difundan en periódicos o publicaciones especializadas.

Artículo 34. El Consejero Presidente será elegido por todos los miembros de consejo, en votación, y por mayoría absoluta y durara en su encargo cuatro años, pudiendo ser reelegido para un periodo inmediato hasta de tres años más.

Artículo 35. El Consejero Presidente del Pleno tendrá las siguientes obligaciones:

I. Ejercer la representación legal del Instituto;

II. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las funciones del Instituto;

III. Distribuir y delegar funciones en los términos del Reglamento Interno;

IV. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones y los acuerdos del Pleno;

V. Proponer al Pleno el nombramiento del Secretario Ejecutivo;

VI. Proponer al Pleno el anteproyecto de presupuesto anual y su estructura programática y, una vez aprobado, remitirlo como proyecto a las autoridades competentes;

VII. Informar al Pleno sobre el ejercicio del presupuesto de la Comisión

VIII. Presentar anualmente, en representación del Instituto, a los Poderes de la Unión, un informe de actividades, en los términos de la Ley;

IX. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos de control y combate a la corrupción, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de sus fines;

X. Convocar y conducir las sesiones del Pleno de Consejeros;

XI. Las demás que le señalen la presente Ley, el reglamento y otros ordenamientos legales.

Artículo 36. Los consejeros no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal.

El consejero que disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en el acta respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo.

Artículo 37. Son Atribuciones del Pleno de Consejeros las siguientes:

I. Aprobar o rechazar el proyecto de presupuesto anual que le presente el Presidente. En caso de aprobarlo presentarlo ante la cámara de Diputados para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Elegir al integrante del Consejo que tomará el cargo de Presidente;

III. Establecer las comisiones que considere pertinentes para el cumplimiento del objeto del Instituto y de la presente ley, y para el adecuado funcionamiento del Consejo, así como designar a los Consejeros que presidirán cada comisión;

IV. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas del Instituto, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad;

V. Expedir los reglamentos o disposiciones legales necesarias que regulen todo lo no previsto en la presente ley a fin de cumplir con el objeto de la misma;

VI. Formular y difundir un Plan Nacional de Prevención y Combate a la Corrupción que contendrá las políticas públicas, objetivos, programas y acciones orientadas a crear una cultura de legalidad y honestidad dentro de las labores desempeñadas por servidores públicos;

VII. Resolver sobre quejas administrativas y responsabilidad de servidores públicos en los términos de lo dispuesto en el artículo 109 apartado A de la Constitución Política Mexicana;

VIII. Solicitar información y documentación de cualquier institución pública o privada que tenga relación con algún procedimiento de su competencia;

IX. Dictar las medidas que exijan el buen servicio, la legalidad y la disciplina en las oficinas en que desempeñen sus funciones los servidores públicos;

X. Observar y aplicar lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

XI. Imponer las sanciones correspondientes atendiendo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y vigilar su cumplimiento;

XII. Dar vista inmediatamente a la Fiscalía Especial del Instituto en caso de que durante el trámite del procedimiento administrativo aparecieren indicios o presunción de la comisión de algún delito de los contemplados por esta Ley en los términos de las disposiciones legales aplicables;

XIII. Lograr una coordinación eficiente y continua con las distintas autoridades de los tres niveles de gobierno;

XIV. Promover entre los servidores públicos del Instituto y en general de cualquier servidor público una cultura de respeto a los derechos humanos;

XV. Atender las visitas, quejas y recomendaciones tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito federal y de las entidades federativas, conforme a los ordenamientos aplicables;

XVI. Coordinarse en el ámbito de su competencia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito federal y entidades federativas para promover el respeto de los Derechos Humanos en la procuración e impartición de justicia;

XVII. Diseñar el modelo orgánico, operativo y funcional para garantizar que la actuación de los servidores públicos del Instituto garantice el respeto a los derechos humanos, en concordancia con los instrumentos internacionales en la materia, de los que México sea parte;

XVIII. Implementar una capacitación permanente en materia de derechos humanos para el personal que labora en el Instituto.

XIX. Aprobar la organización y funcionamiento de la Contraloría Interna del Instituto;

XX. Las demás que establezcan las normas legales aplicables.

Capítulo III De los Consejeros

Artículo 38. Los Consejeros tendrán las facultades siguientes:

I. Participar en las sesiones y votar libremente respecto de los asuntos de la competencia del Pleno;

II. Fungir como ponentes de los asuntos que les estén encomendados, y coordinar las comisiones de trabajo que se conformen para tal efecto;

III. Informar al Presidente sobre los asuntos a incluir en el orden del día de su competencia y que deba ser sometido ante él, o para que convoque a sesión para tratarlo, y

IV. Hacer solicitudes de la información y documentación que requieran.

Capítulo IV Del Secretario Ejecutivo del Instituto

Artículo 39. El Secretario Ejecutivo del Instituto será propuesto por el Presidente y aprobado por la mayoría de votos del Pleno de Consejeros.

Artículo 40. Los requisitos para ser Secretario Ejecutivo, son los mismos que para ser Consejero del Instituto establecidos en el artículo 19 de la presente ley.

Artículo 41. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:

I. Auxiliar al Pleno y a su presidente en el ejercicio de sus atribuciones;

II. Preparar el orden del día de las sesiones del Pleno de Consejeros, declarar la existencia del quórum, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta correspondiente y someterla a la aprobación del Pleno

III. Someter al acuerdo del Presidente los asuntos relativos a las sesiones del Pleno;

IV. Asistir a las sesiones;

V. Proveer al cumplimiento de las resoluciones y los acuerdos del Pleno;

VI. Proporcionar a los Consejeros la información, la documentación y el apoyo que requieran para el desempeño de sus funciones;

VII. Dar cuenta con los proyectos de dictamen de las Direcciones y comisiones del Instituto;

VIII. Firmar, junto con el presidente del Consejo, todos los acuerdos y resoluciones que emita el Pleno de Consejeros;

IX: Coordinar los actos necesarios para someter a la consideración del Presidente o del Comisionado ponente, los proyectos de resoluciones y de acuerdos que pongan fin a los procedimientos administrativos;

X. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la Comisión, a instancia de parte interesada o por orden de la autoridad competente, para su exhibición y efectos consiguientes dentro de cualquier procedimiento, proceso o averiguación

XI. Organizar, operar y custodiar el registro público

XII. Proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos y resoluciones que pronuncie el Pleno de Consejeros;

XIII. Lo demás que le sea conferido por esta Ley, el Pleno o su Presidente.

Capítulo V De la Comisión de Control y Mejora Administrativa

Artículo 42. La Comisión de Control y Mejora Administrativa deberá resolver los asuntos de vigilancia y control de las funciones y de los servidores públicos así como velar por el cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás leyes aplicables a la materia.

Articulo 43. La Comisión se integrará por dos Consejeros quienes serán designados, para un periodo de tres años, por el Pleno del Consejo y el Director General de Control Interno y Mejora Administrativa.

Artículo 44. El Director General de Control Interno y mejora Administrativa, será elegido por el Pleno del consejo a propuesta del Presiente, y deberá cubrir los requisitos establecidos en el artículo 19 de esta Ley.

Artículo 45. Corresponde a la Comisión de Control Interno y Mejora Administrativa, las siguientes funciones:

I. Someter a la consideración y aprobación del Pleno de Consejeros los proyectos de disposiciones, bases y reglas de carácter general, normas, lineamientos y políticas que se elaboren en el área de su responsabilidad;

II. Vigilar que se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las disposiciones reglamentarias o administrativas en el despacho de los asuntos de su competencia;

III. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de las unidades administrativas adscritas a su dirección;

IV. Substanciar y resolver los recursos o procedimientos administrativos que conforme a las disposiciones legales y reglamentarias les correspondan;

V. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el Presidente y por los demás Comisionados;

VI. Preparar los proyectos de resoluciones y acuerdos relativos a las facultades que les correspondan, a efecto de que sean sometidos a la consideración del Pleno, y darles seguimiento una vez aprobados;

VII. La atención de trámites, consultas o peticiones que inicie cualquier interesado, que sean de su competencia, o en su caso, canalizarlos al área que corresponda;

VIII. Revisar los aspectos jurídicos de los convenios y contratos que deban suscribir el Instituto y hacer del conocimiento del Pleno las opiniones al respecto;

IX. Coordinar criterios para la resolución de los recursos administrativos de su competencia;

X. Emitir los acuerdos de admisión y desahogo de pruebas, acumulación y, en general, cualquier otro que requiera la substanciación de los recursos administrativos que corresponda conocer a la Dirección;

XI. Dar vista a los terceros interesados con los recursos o procedimientos interpuestos para que manifiesten lo que a su derecho convenga;

XII. Presentar al Secretario Ejecutivo las resoluciones que se hayan emitido para que sean aprobadas por el Pleno de Consejeros;

XIII. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le encomienden el Secretario Ejecutivo y el Pleno de Consejeros del Instituto.

Artículo 46. Para el cumplimiento de sus fines la Comisión de Control y mejora Administrativa, contara con las siguientes unidades, de las cuales tendrán director al frente de cada una:

a) Unidad de Control y auditoria;

b) Unidad de Responsabilidades Quejas y denuncias; y

c) Unidad de Situación Patrimonial.

Artículo 47. Corresponderá a la Unidad de Control y auditoria

I. Establecer criterios, así como metodologías o modelos en materia de control de la gestión gubernamental;

II. Proponer a la Comisión un programa anual de auditorías y visitas de inspección;

III. Realizar las auditorías o visitas de inspección que agendadas en el programa anual o las que ordene el Pleno, a fin de promover la eficacia en la gestión de los servidores públicos, propiciar la consecución de los objetivos contenidos en sus programas, así como detectar e inhibir prácticas de corrupción, estas deberán:

1. Verificar que sus actos se ajusten a lo establecido en las disposiciones legales aplicables;

2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en materia de sistemas de registro y contabilidad; contratación y remuneraciones al personal; contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios; conservación, uso, destino, afectación, enajenación, almacenamiento y baja de bienes muebles, inmuebles, derechos y demás activos y recursos materiales, así como en materia de sistemas y equipos informáticos, tecnológicos y de comunicación;

3. Verificar y evaluar los sistemas y equipos informáticos y de comunicaciones, así como la calidad, fiabilidad y seguridad de la información almacenada y procesada en los mismos, para opinar cerca del grado de eficiencia, eficacia y economía con que están siendo usados o administrados sus recursos de tecnología informática;

4. Verificar que su información financiera refleje en forma razonable su situación conforme a las normas contables, en términos de las disposiciones aplicables;

5. Proponer las acciones necesarias para el logro eficaz, eficiente y económico de sus metas y objetivos, así como para el mejoramiento de su control interno;

6. Verificar que sus operaciones sean congruentes con los procesos aprobados de planeación, programación y presupuesto;

7. Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías o visitas;

8. Requerir la información y documentación que sea necesaria para cumplir sus funciones;

9. Emitir guías en materia de auditoría, para orientar y facilitar el desarrollo de las actividades correspondientes, y

10. Presentar al Pleno de Consejeros los informes de resultados de las auditorías y visitas de inspección, a fin de que se emitan las recomendaciones procedentes o se turnen a las autoridades competentes, cuando resulten presuntas responsabilidades.

Artículo 48. Corresponderá a la Unidad de Responsabilidades Quejas y denuncias:

I. Conocer de las quejas y denuncias que se formulen por el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, así como dar vista al Fiscal Especial del Instituto en caso de considerar la que exista posibilidad de que se haya cometido algún delito;

II. Tramitar, sustanciar y resolver los procedimientos disciplinarios e imponer las sanciones que correspondan;

III. Solicitar información y documentación necesaria para resolver los procedimientos;

IV. Levantar y suscribir las actas administrativas relativas al desahogo de las audiencias a que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, incluidas las correspondientes al desahogo de pruebas, así como las que deriven de las comparecencias que hagan los presuntos responsables en el procedimiento de investigación; emitir, asimismo, los acuerdos y llevar a cabo las actuaciones y diligencias que requiera la instrucción del procedimiento;

V. Elaborar los proyectos de resolución para la imposición de sanciones administrativas a servidores públicos por incumplimiento de sus obligaciones administrativas para ser presentadas ante el Pleno de Consejeros;

VI. Las demás que las disposiciones legales aplicables.

Artículo 49. Corresponderá a la Unidad de Situación Patrimonial el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Coordinar la integración de un padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial;

II. Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos, recibiendo para ello las declaraciones respectivas;

III. Proponer, previa opinión del Plano de Consejeros, las normas y formatos conforme a los cuales los servidores públicos deberán declarar su situación patrimonial, así como los manuales e instructivos correspondientes;

IV. Coordinar las investigaciones que deriven de las aclaraciones que formulen los servidores públicos en relación con las incongruencias detectadas respecto de los bienes que integran el patrimonio de los servidores públicos de conformidad con la ley de la materia, así como imponer las sanciones que correspondan;

V. Resolver las inconformidades que presenten los servidores públicos en contra de las notificaciones que se les practiquen para comunicarles de incongruencias detectadas en las investigaciones o auditorías realizadas en relación con su patrimonio;

VI. Llevar los registros relativos a los servidores públicos y a los bienes a que se refiere el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, así como coordinar la recepción, seguimiento y control de los obsequios, donativos o beneficios;

VII. Proponer la celebración de bases y convenios de coordinación en materia de situación patrimonial con las dependencias, las entidades, la Procuraduría y los organismos constitucionales autónomos, así como con los poderes legislativo y judicial y los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a los municipios;

VIII. Administrar la información de los sistemas informáticos que se requieran para el control y seguimiento de los asuntos de su competencia y el fortalecimiento de los enlaces institucionales;

IX. para el intercambio y suministro de información conforme a las disposiciones jurídicas establecidas al efecto;

X. Elaborar las normas y demás disposiciones en materia de responsabilidades y situación patrimonial, así como emitir criterios en esas materias para efectos internos de la Secretaría;

XI. Elaborar guías no vinculatorias en materia de situación patrimonial, para orientar y facilitar el desarrollo de las actividades correspondientes;

XII. Emitir la declaración prevista en el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, cuando los servidores públicos no cumplan con su obligación de presentar declaración de situación patrimonial, en los términos del propio ordenamiento, y

XIII. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomiende el Pleno de Consejeros.

Título III

Capítulo IV De la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control

Artículo 50. La Fiscalía Especial, será el órgano del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, que por mandamiento constitucional, se encargará de la prevención, el combate, la investigación, y en su caso, el ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos relacionados con la corrupción y en los que estén involucrados servidores públicos.

Artículo 51. Al frente de la Fiscalía Especial estará el Fiscal Superior del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, quien presidirá la Fiscalía Especial y será designado por mayoría absoluta de votación de los integrantes del Pleno del Consejo del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control. Solo podrá ser removido en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

Artículo 52. El Fiscal Superior del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, intervendrá por sí o por conducto de agentes de la Fiscalía Especial, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables. Las resoluciones de ejercicio o no ejercicio de la acción penal, deberán ser revisadas y avaladas por la Comisión Especial de Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, así mismo lo serán todas las que impliquen la privación de la libertad de los indiciados, y en caso de que por su importancia así lo amerite deberán ser avaladas por el Pleno del Consejo del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control.

Artículo 53. Corresponde a la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control investigar de los delitos del orden federal relacionados con la corrupción y cometidos por servidores públicos. El ejercicio de esta atribución comprende:

A. Durante la investigación:

I. Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir algún delito relacionado con la corrupción o cometido por algún servidor público, así como ordenar a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados mediante informaciones anónimas, en términos de las disposiciones aplicables;

II. Proveer lo legalmente conducente, por escrito y sin dilación alguna, cuando tenga conocimiento de la probable comisión de un delito de los de su competencia, de oficio, a fin de resolver lo conducente;

III. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y personas que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de sus atribuciones.

IV. Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren;

V. Ejercer la facultad de mando de las policías en la función de la investigación de los delitos, e instruirles respecto de las acciones que deban llevarse a cabo en la investigación del delito y de sus autores y partícipes, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. Decretar la libertad provisional bajo caución del o los presuntos responsables cuando sea procedente;

VII. Llevar a cabo las acciones necesarias para solicitar las órdenes de aprehensión de los inculpados y la reparación del daño correspondientes;

VIII. Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención;

IX. Tomar conocimiento de las detenciones que en flagrancia o caso urgente se lleven a cabo y que le deban ser notificadas, así como llevar un registro de las mismas y realizar las actualizaciones respectivas;

X. Llevar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito;

X. Cerciorarse de que se han seguido los procedimientos para preservar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; asentar cualquier violación a las disposiciones para la recolección, el levantamiento, preservación y el traslado de los mismos, y dar vista a la autoridad competente para efectos de las responsabilidades a que hubiere lugar;

XII. Realizar el aseguramiento de bienes de conformidad con las disposiciones aplicables;

XIII. Ordenar a la policía que brinde protección a personas respecto de las cuales exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal por su intervención en procedimientos penales del orden federal cometidos por servidores públicos y los contemplados en esta ley, de conformidad con los acuerdos que para tal efecto se emitan;

XIV. Restituir provisionalmente a la víctima u ofendido en el goce de sus derechos, en los términos de las disposiciones aplicables;

XV. Solicitar al órgano jurisdiccional la prisión preventiva de los indiciados en términos de las disposiciones legales aplicables;

XVI. Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, la imposición del arraigo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, la protección de personas o bienes jurídicos y el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte;

XVII. Practicar las diligencias de cateo en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial correspondiente, para lo que podrá auxiliarse de la policía;

XVIII. Prestar apoyo a los particulares en la captación de las comunicaciones en las que éstos participen cuando los mismos lo soliciten para su aportación a la averiguación previa o al proceso penal;

XIX. En aquellos casos en que la ley lo permita, propiciar la conciliación de los intereses en conflicto, proponiendo vías de solución que logren la avenencia;

XX. Determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba conocerlo así como la acumulación de las investigaciones cuando sea procedente;

XXI. Determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa, conforme a las disposiciones aplicables;

XXII. Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando:

1. Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito;

2. Una vez agotadas todas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no se acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado;

3. La acción penal se hubiese extinguido en los términos de las normas aplicables;

4. De las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una causa de exclusión del delito, en los términos que establecen las normas aplicables;

5. Resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delito por obstáculo material insuperable, y

6. En los demás casos que determinen las normas aplicables;

XXIII. Acordar el no ejercicio de la acción penal y notificarlo personalmente a denunciante o querellante y a la víctima u ofendido y

XXIV. Las demás que determinen las normas aplicables.

Artículo 54. Cuando la Fiscalía Especial tenga conocimiento por sí, por el Fiscal Superior, o por conducto de sus auxiliares de la probable comisión de un delito de los de su competencia cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro acto equivalente, que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a la autoridad competente, a fin de que resuelva con el debido conocimiento de los hechos lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito a la Fiscalía Especial la determinación que adopten.

Artículo 55. En los casos de detenciones en delito flagrante, en los que la Fiscalía Especial inicie la investigación con detenido, deberá solicitar por escrito y de inmediato a la autoridad competente que presente la querella o cumpla el requisito equivalente, dentro del plazo de retención que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 56. Todas las actuaciones practicadas por la Fiscalía Especial deberán de atender a los principios de pronta y expedita impartición de justicia y a las reglas para la práctica de diligencias previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales, así como las disposiciones legales que se expidan al respecto.

Artículo 57. La Fiscalía Especial podrá intervenir en los procesos penales incluso después de ejercitada la acción penal, como coadyuvante el Ministerio Público adscrito al Tribunal que le toque conocer el asunto. También podrá impugnar las resoluciones dictadas por el Tribunal que considere le causen un agravio a la víctima del delito.

A. En materia de atención y seguridad a la víctima o el ofendido por algún delito de su competencia:

I. Proporcionar asesoría jurídica a la víctima u ofendido e informarle de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Recibir todas aquellas pruebas que presente la víctima u ofendido, que considere que ayuden a acreditar el cuerpo del delito de que se trate, la probable responsabilidad del indiciado y la procedencia y cuantificación por concepto de reparación del daño, fundando y motivando la recepción o negativa de las mismas;

III. Ordenar la práctica de las diligencias conducentes en la investigación que soliciten la víctima o el ofendido o, en su caso, fundar y motivar su negativa;

IV: Otorgar las facilidades para identificar al probable responsable y dictar todas las medidas necesarias para evitar que se ponga en peligro la integridad física y psicológica de la víctima u ofendido;

V. Informar a la víctima u ofendido que desee otorgar el perdón en los casos procedentes, el significado y trascendencia jurídica de dicho acto;

VI. Dictar las medidas necesarias y que estén a su alcance para que la víctima u ofendido reciba atención médica y psicológica de urgencia. Cuando el Fiscal Especial lo estime necesario, tomará las medidas conducentes para que la atención médica y psicológica se haga extensiva a otras personas;

VII. Solicitar a la autoridad judicial, en los casos en que sea procedente, la reparación del daño;

VIII. Solicitar a la autoridad judicial que el inculpado sea separado del domicilio de la víctima cuando se trate de delitos que pongan en peligro su integridad física o mental, así como otras medidas cautelares que sean procedentes;

IX. Solicitar a la autoridad judicial dicte providencias para la protección a las víctimas u ofendidos y sus familiares, así como a los bienes, posesiones y derechos de dichas víctimas u ofendidos, cuando existan datos que establezcan la posibilidad de que se cometan actos de intimidación o represalias por parte de los probables responsables o por terceros relacionados con los mismos;

X. Ejercer las acciones que las disposiciones normativas en materia de extinción de dominio de bienes prevean a favor o en beneficio de las víctimas y ofendidos;

XI. Promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido, cuando sean menores de edad; se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, y en los demás casos que se considere necesario para su protección, y

XII. Informar a la víctima o al ofendido menor de edad, que no está obligado a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, las declaraciones respectivas se efectuarán conforme lo establezcan las disposiciones aplicables.

B. Intervenir en la extradición, entrega o traslado de indiciados, procesados o sentenciados, en los términos de las disposiciones aplicables, así como en el cumplimiento de los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte;

C. Es obligatorio proporcionar los informes que solicite el Fiscal Especial del Instituto Anticorrupción y de Control. El incumplimiento a los requerimientos que formule el Fiscal Especial será causa de responsabilidad en términos de la legislación aplicable;

D. Promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia.

E. Ejercitar la acción de extinción de dominio y las atribuciones que le corresponden en el procedimiento respectivo, de conformidad con la ley de la materia, y demás disposiciones aplicables;

F. Atender las solicitudes de información sobre el registro de detenidos;

H. Conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública e intervenir en las acciones de coordinación que le correspondan para cumplir los objetivos de la seguridad publica en términos de las disposiciones aplicables, y

I. Las demás que las leyes determinen.

Artículo 58. Corresponde a la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control:

I. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con la ley de la materia y demás disposiciones aplicables.

En el ejercicio de esta atribución el Fiscal Superior deberá:

a) Participar en las instancias de coordinación que correspondan en el ámbito de competencia de la Fiscalía Especial, y dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas;

b) Ejercer las facultades que le confiere la ley por cuanto hace a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y

c) Participar en los demás órganos del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

II. Recabar, capturar, procesar, administrar y resguardar la información de los asuntos que conozca, utilizando dispositivos tecnológicos adecuados para alimentar las bases de datos correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en las normas jurídicas aplicables y los acuerdos del Fiscal Superior, así como consultar, analizar y explotar la información sobre seguridad pública contenida en dichas bases de datos;

III. Instrumentar y aplicar mecanismos de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y con otras instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios para la investigación de los delitos. En el ejercicio de esta función, las policías actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación;

IV. Establecer indicadores y procedimientos que sirvan para evaluar la actuación de la Fiscalía Especial del Instituto Anticorrupción y de Control con la participación ciudadana en los términos del reglamento de esta ley y de conformidad con las normas aplicables en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin perjuicio de otros sistemas de evaluación que le sean aplicables;

V. Velar por el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos en la esfera de su competencia. En el ejercicio de esta atribución la Procuraduría General de la República deberá:

a) Fomentar entre sus servidores públicos una cultura de respeto a las garantías individuales y los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano y los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte;

b) Atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales de protección de derechos humanos cuya competencia haya sido reconocida por el Estado mexicano, conforme a las normas aplicables, y

c) Proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la solicite en ejercicio de sus funciones, siempre que no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas;

d) Diseñar e implementar políticas públicas que tengan como finalidad la actuación respetuosa y garante de los derechos humanos, en concordancia con las normas e instrumentos internacionales en la materia en los que México sea parte.

VI. Participar en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en los términos que prevea la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables;

VII. Promover la celebración de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales en asuntos relacionados con sus atribuciones, así como vigilar su cumplimiento, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las demás dependencias de la Administración Pública Federal involucradas;

VIII. Opinar y participar en los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas para la exacta observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que estén vinculadas con las materias de su competencia;

IX. Establecer medios de información sistemática y directa a la sociedad, para dar cuenta de sus actividades. En todo caso se reservará la información cuya divulgación pueda poner en riesgo las investigaciones que realice la Fiscalía Especial y mantendrá la confidencialidad de los datos personales, de conformidad con lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales y demás normas aplicables;

X. Orientar a los particulares respecto de asuntos que presenten ante la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control que no constituyan delitos de su competencia, sobre el trámite que legalmente corresponda al asunto de que se trate;

XI. Ofrecer y entregar recompensas en numerario, en un solo pago o en exhibiciones periódicas, a personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones que realice, así como a aquéllas que colaboren en la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos, en los términos y condiciones que mediante acuerdo determine el Fiscal Superior;

XII. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas para garantizar a los inculpados, ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, la disponibilidad de intérpretes y traductores;

XIII. Emitir disposiciones para la recolección, el levantamiento, la preservación y el traslado de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, y de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los procedimientos y protocolos para asegurar su integridad;

XIV. Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, quienes estarán obligadas a participar, cuando así se los solicite la Fiscalía Especial en las reuniones que al efecto se programen, para formularle sugerencias respecto de sus actividades, así como, de advertir o prevenir la comisión de cualquier acto ilegal en perjuicio de una persona o grupo de personas, o de proponerles se eviten perjuicios o se reparen los daños causados a éstos con su ilegal emisión, o por cualquier causa que la justifique. A tales reuniones podrán asistir, e intervenir, en compañía del personal de la Fiscalía Especial, los síndicos, y representantes de colegios profesionales, grupos organizados de consumidores, sindicatos, cámaras empresariales y sus confederaciones y, en general, de grupos de contribuyentes legalmente constituidos, quienes habrán de acreditarse oportunamente ante la Fiscalía Especial;

XV. Especializar a las y los agentes de la Fiscalía Especial, peritos, policías y en general al personal que atiende a víctimas de delitos, a través de programas y cursos permanentes en:

a) Derechos humanos y género;

b) La aplicación de la perspectiva de género en la debida diligencia, la conducción de investigaciones relacionadas con discriminación, violencia de género y feminicidios;

c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales;

d) Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres;

e) Los que se consideren pertinentes para la debida investigación de los delitos que son cometidos contra niñas y mujeres;

XVI. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de niñas y mujeres, por supuesto, los cometidos por servidores públicos, registro que deberá incluir la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos en caso de homicidio o feminicidio, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia;

XVII. Elaborar y aplicar protocolos de investigación de delitos con perspectiva de género, primordialmente para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de feminicidio, contra la libertad y normal desarrollo psicosexual, la trata de personas y la discriminación.

XVIII. Coordinarse con la autoridad encargada de la base nacional de información genética para remitir la información personal disponible de niñas y mujeres desaparecidas de que tenga conocimiento; la información genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada.

XIX. Realizar las funciones que deriven de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables respecto de la constitución y administración de fondos que le competan, y

XX. Las demás que prevean otras disposiciones legales.

Artículo 59. Son atribuciones indelegables del Fiscal Superior:

I. Comparecer ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión en los casos y bajo las condiciones que establecen los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas comparecencias deberá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, aquélla que conforme a la ley se encuentre sujeta a reserva y los datos confidenciales en términos de las normas aplicables;

II. Celebrar convenios, bases, programas e instrumentos de coordinación con la Procuraduría General de la República, las instancias encargadas de la procuración de justicia de las entidades federativas y las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal del Distrito Federal, de los Estados y Municipios de la República, organismos privados y en el ámbito de su competencia con instancias internacionales, instituciones educativas, públicas o privadas, así como personas físicas y morales de los diversos sectores sociales;

III. Concurrir en la integración y participar en las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las facultades que determina la ley de la materia;

IV. Celebrar acuerdos, bases de colaboración, convenios y demás instrumentos jurídicos con autoridades federales y con los gobiernos del Distrito Federal, de los estados integrantes de la Federación y municipios, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, así como con organizaciones de los sectores social y privado;

V. Crear consejos asesores y de apoyo que coadyuven en la solución de la problemática propia de las distintas actividades de la Fiscalía Especial, y

VI. Las demás que prevean otras disposiciones aplicables.

Artículo 60. Los servidores públicos que determine el reglamento de esta ley podrán emitir o suscribir instrumentos jurídicos, de acuerdo con sus atribuciones, que faciliten el funcionamiento y operación de la Fiscalía Especial el Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, siempre que no sean de los previstos en el artículo anterior.

Capítulo II Bases de Organización

Artículo 61. El Fiscal Superior ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, pero su autoridad estará supeditada siempre al Consejo del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control en los términos de esta Ley, así como las normas legales aplicables.

Artículo 62. El Fiscal Superior emitirá los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades administrativas y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Fiscalía Especial, así como de todos los servidores sobre los cuales ejerce autoridad jerárquica.

Artículo 63. Para el despacho de los asuntos que competen a la Fiscalía Especial, de conformidad con el presupuesto que se le asigne, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables la Fiscalía contará, además de su titular, con:

I. Subfiscales;

II. Oficial Mayor;

III. Coordinadores;

V. Titulares de unidades especializadas;

VI. Directores generales;

VII. Titulares de órganos desconcentrados;

X. Agentes de la Fiscalía Especial, agentes de la Policía, oficiales, y peritos, y

XI. Directores, subdirectores, subagregados, jefes de departamento, titulares de órganos y unidades técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, y demás servidores públicos que establezca el reglamento de esta ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 64. El reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Fiscalía Especial, así como sus atribuciones.

El Fiscal Superior, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de su función, de las policías y de los peritos, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

Artículo 65. El Fiscal Superior, para la mejor organización y funcionamiento de la Fiscalía Especial, podrá delegar facultades, excepto aquellas que por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás ordenamientos aplicables, deban ser ejercidas por el Fiscal Superior. Asimismo, podrá adscribir orgánicamente las unidades y órganos técnicos, desconcentrados y administrativos que establezca el reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 66. Los acuerdos por los cuales se disponga la creación de unidades administrativas especializadas, fiscalías especiales y órganos desconcentrados, se deleguen facultades o se adscriban los órganos y unidades, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 67. Para ser Fiscal Superior se requiere: Ser ciudadano mexicano, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

Artículo 68. Los subsficales y Oficial Mayor serán nombrados y removidos por el Fiscal Superior.

Artículo 69. Para ser Subfiscal se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación;

III. Contar con título profesional de licenciado en derecho, con ejercicio profesional de cinco años;

IV. Gozar de buena reputación, y

V. No haber sido condenado por delito doloso.

Los Subfiscales, para suplir al Fiscal Superior, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, deberán cumplir con los mismos requisitos que para éste se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Oficial Mayor deberá cumplir los requisitos que establezca el reglamento de esta ley.

Artículo 70. Los coordinadores, titulares de unidad y de órganos desconcentrados, directores generales y agregados deberán reunir los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables, y serán designados y removidos por el Fiscal Superior del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control.

Los demás servidores públicos serán nombrados y removidos en los términos del presente ordenamiento, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Capítulo IIIDe los Auxiliares del Fiscal Superior

Artículo 71. Son auxiliares del Fiscal Superior:

I. Directos:

a) Los oficiales;

b) La policía federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, y

c) Los servicios periciales.

II. Suplementarios:

a) Los agentes de las fiscalías especiales o homólogos y las policías del Distrito Federal, de los estados integrantes de la Federación y de los Municipios, así como los peritos de las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas, en términos de las disposiciones legales aplicables y los acuerdos respectivos;

b) El personal del Servicio Exterior Mexicano acreditado en el extranjero;

d) Los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales, y

e) Los funcionarios de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, en términos de las disposiciones aplicables.

El Fiscal Especial ordenará la actividad de los auxiliares suplementarios en lo que corresponda exclusivamente a las actuaciones que practiquen en su auxilio.

Artículo 72. Los oficiales auxiliarán a los agentes de la Fiscalía Especial de la Federación en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezcan el reglamento de esta ley y los acuerdos que emita el Fiscal Especial.

Para ser oficial se requiere:

a) Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;

b) Acreditar que se han concluido estudios de educación medio-superior o equivalente;

c) Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;

d) Aprobar el proceso de evaluación del Instituto, así como los cursos que se determinen conforme la presente ley y de las normas aplicables;

e) No estar sujeto a proceso penal;

f) No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;

g) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave;

h) No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, e

i) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables.

Artículo 73. En la investigación de los delitos de la competencia de la Fiscalía Especial, las policías actuarán bajo la conducción y el mando del Fiscal Superior, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones aplicables y los protocolos de actuación que se establezcan al respecto.

Artículo 74. Los peritos actuarán bajo la autoridad y mando inmediato de la Fiscalía Especial, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen.

Artículo 75. El Ejecutivo federal determinará las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que deban quedar sujetas a la coordinación de la Fiscalía Especial, en cuyo supuesto serán aplicables a ésta las disposiciones que para las dependencias coordinadoras de sector establecen la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales y demás ordenamientos que resulten aplicables.

Artículo 76. El Fiscal Superior o los servidores públicos en quienes delegue esta función, podrán autorizar al personal de la Fiscalía Especial para colaborar con la policía federal en el ejercicio de sus funciones de investigación para la prevención de los delitos conforme con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normas aplicables, así como auxiliar a otras autoridades que lo requieran en el desempeño de una o varias funciones, que sean compatibles con las que corresponden a la Fiscalía Especial.

Artículo 77. De conformidad con los artículos 21 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas aplicables en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Fiscal Superior acordará con las autoridades locales competentes de los tres órdenes de gobierno la forma en que deban desarrollarse las funciones de auxilio local a la Fiscalía Especial.

Sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, cuando los agentes de las Fiscalías Especiales del fuero común auxilien al Fiscal Superior, recibirán denuncias y querellas por delitos federales, practicarán las diligencias de investigación que sean urgentes, resolverán sobre la detención o libertad del inculpado, bajo caución o con las reservas de ley, y enviarán sin dilación alguna el expediente y el detenido a la Fiscalía Especial del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control, siempre respetando el plazo máximo de retención previsto por el artículo 16 Constitucional.

Artículo 78. Los auxiliares del Fiscal Superior deberán, bajo su responsabilidad, dar aviso de inmediato a éste, en todos los casos sobre los asuntos en que intervengan con ese carácter, haciendo de su conocimiento los elementos que conozcan con motivo de su intervención.

Capítulo V De la Contraloría Interna del Instituto

Artículo 79. La Contraloría Interna del Instituto queda adscrita directamente al Pleno de Consejeros y estará a cargo de un Contralor Interno designado por la mayoría de votos del Consejo.

El Contralor Interno tendrá además de las atribuciones que específicamente le confieran el Pleno de Consejeros.

Artículo 80. Corresponderá a la Contraloría Interna el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Aplicar las normas fijadas por la ley de responsabilidades administrativas; fiscalización y evaluación; atención de quejas y denuncias, y responsabilidades e inconformidades;

II. Verificar que las actuaciones de la Secretaría y su órgano desconcentrado se apeguen a la ley, mediante el ejercicio de las siguientes acciones:

1. Programar, ordenar, instruir y realizar auditorías y revisiones de control a las unidades administrativas del Instituto y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones y acciones de mejora que realice la propia Contraloría Interna;

2. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones o por inobservancia del Instituto; practicar las investigaciones correspondientes; acordar el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y el cierre de la instrucción; fincar las responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan y llevar a cabo, en su caso, las acciones que procedan, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que hayan sido impuestas;

3 Instruir y resolver el recurso de revocación que hagan valer los servidores públicos del Instituto, respecto de las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas en su contra, y dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales;

4. Conocer previamente a la presentación de una inconformidad, las irregularidades que a juicio de los interesados se hayan cometido en los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como respecto de la obra pública que lleven a cabo el Instituto y su órgano desconcentrado, a efecto de que las mismas se corrijan cuando así proceda;

5. Resolver los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones dictadas por el Director General Adjunto de Responsabilidades e Inconformidades en las inconformidades que se promuevan en los términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como aquéllos otros que le correspondan en términos de las disposiciones legales aplicables, y

III. Requerir a las unidades del Instituto, así como a las dependencias, las entidades y la Procuraduría, información para cumplir con sus atribuciones, así como brindar la asesoría que le requieran en el ámbito de su competencia;

IV. Promover el establecimiento de acciones que coadyuven a mejorar la gestión de las unidades del Instituto, cuando derivado de la atención de los asuntos de su competencia así se determine; y

V. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes homologas, en un término no mayor a seis meses después a partir de la entrada en vigor de este Decreto

Tercero. El Congreso de la Unión deberá destinar los recursos necesarios para el funcionamiento del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control. Las partidas presupuestales para cumplir con lo anterior deberán ser contempladas en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los sucesivos.

Cuarto. El Instituto Nacional Anticorrupción y de Control deberá expedir las normas legales y/o reglamentos conducentes.

Quinto. El Congreso de la Unión deberá destinar los recursos en las partidas presupuestales correspondientes necesarios que el Instituto cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para dar eficaz cumplimiento a las atribuciones conferidas en esta ley con la finalidad de cumplir con el objeto del Instituto.

Sexto. Todos los asuntos que con motivo de esta Ley ahora sean de competencia del las unidades de control de la Secretaria de Función Pública permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado hasta que las unidades administrativas que los tramiten se incorporen al Instituto, en casos de urgencia o sujetos a plazos improrrogables por ningún motivo se detendrá su trámite.

Séptimo. Los recursos humanos, materiales y presupuestales destinados a las dependencias que realicen funciones y/o atribuciones de las que esta ley le confiere al Instituto Nacional Anticorrupción y de Control pasarán al mismo.

Notas:

1 Crf . Kaufmann D. y J. Jones G. Captura del Estado, corrupción e influencia en la transición, Instituto del Banco Mundial, División gobierno, regulación y finanzas, Grupo del sector público región de Europa y Asia Central y Banco europeo de reconstrucción y desarrollo. 2000

2Cfr. Chomsky, Noam Estados fallidos. El abuso del poder y el ataque a la democracia, traducción de Gabriel Dols, Barcelona, Ediciones B, 2007

3 Cfr. Carother Civil Society. Washington, DC. (1999, 2005).

4 Cfr . María González de Asís Creando coaliciones para combatir la corrupción. IDIDE, The Word Bank. Washington. (2005).

5 Cfr . D. Kauffman La Gobernabilidad Importa. Washington. D.C. 2005

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 30 días del mes de enero de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, senador. Túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción, y de Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores.

ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por él mismo y por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: ¿Qué es, ciudadanos legisladores, la delincuencia organizada? Se trata de un grupo social, con una estructura bien establecida y con miembros que se organizan para cometer acciones delictivas, conductas delictivas.

A diferencia del delincuente que actúa en solitario, los individuos que forman parte de una banda de delincuentes organizados deben responder a una estructura y cumplir con una determinada función.

El crecimiento exponencial, acompañado de la impunidad y complicidad de actores políticos, gobernantes, jefes policiacos con estos grupos ha generado indignación en la población. En el país hay un problema severo con la seguridad pública, regiones completas asoladas por el crimen organizado. Pueblos completos donde el impuesto es cobrado por la delincuencia organizada, donde se paga derecho de piso, derecho a la seguridad, para que no secuestren a uno de los tuyos pagas mensualmente una cantidad de dinero. O para realizar actividades de comercio pagas por tener un restaurante, una casa de cambio o una miscelánea. Es un cáncer lo que está pasando en el país.

Piensan, en el gobierno actual, que disminuyendo la atención a estos delitos, es decir, minimizándolos en la opinión pública y desapareciéndoles, como en la política del avestruz, se va a terminar el crimen organizado. Están equivocados. Aunque minimices, ellos dicen que porque aluden a la apología del delito, aunque lo mandes a la página 38, lo que antes estaba en primera plana, la inseguridad en este país es deplorable, es indignante y es, quizá, el cáncer más grave que la sociedad tiene, porque destruye el tejido social. A una gente que secuestran, a una gente que extorsionan, a un hombre que desaparecen, destruyen su familia.

Tengo amigos y ustedes tienen amigos conocidos; Fresnillo, la familia de Juan Carlos desapareció, fue presidente municipal de Fresnillo y a los meses desapareció, eso destruyó a su familia. Su madre destruida, sus hermanos destruidos. Y entonces, ¿quién responde por ellos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Dónde está la justicia para esa gente?

Eso es lo que intenta esta iniciativa que hoy presento, de modificación al artículo 16 constitucional, en materia de delincuencia organizada, y que agrega un párrafo en el cual se fijarán las sanciones correspondientes para los miembros de dichas organizaciones, hablo del crimen organizado, y se juzgará con el mismo rigor a aquel sujeto que cometa individualmente actos de delincuencia organizada, con o sin orden expresa de algún miembro o líder de alguna organización que se hace referencia en párrafos anteriores. ¿Qué es lo que pasa? Que antes el cártel dominaba todas las actividades.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Concluya, diputado, por favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Concluyo. Sé que tiene que irse a la comida con su presidente pero ésta es la Permanente y hay que estar aquí. Ésa es nuestra obligación. Entonces, lamento que le tenga que decir eso. O sea, se suspende la Permanente porque hay una comida y no son capaces de tolerar dos minutos a un orador. Es más, no hay quórum.

Si hay otro vicepresidente de otro partido, que se quede para que presida la Comisión, pero es una descortesía a los diputados que abandonen la Permanente para irse a una comida de cortesía. No estoy de acuerdo.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Estamos solamente ajustándonos a los tiempos, señor diputado, que marca nuestro Reglamento.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: No, no estoy de acuerdo. Se quieren ir. Va a ver que, terminando, ellos se van. Es que ya no hay diputados ni senadores, me parece. Bueno, de otros partidos, no del PRI. Ustedes sí. Pero a ustedes ya no las invitaron. A ustedes no las invitaron.

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Concluya, señor diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Concluyo, concluyo. Ése es un tema muy delicado y ojalá lo lean, porque eso es lo que a la gente le interesa, que reformemos la Constitución y la ley en temas que a la gente le duelen. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 constitucional al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

¿Qué es la delincuencia organizada? Se trata de un grupo social con una estructura bien establecida y con miembros que se organizan para cometer acciones delictivas. A diferencia del delincuente que actúa en solitario, los individuos que forman parte de una banda de delincuencia organizada deben responder a la estructura y cumplir con una determinada función.

El crecimiento exponencial y la impunidad de estos grupos han creado cambios constantes en el entorno de México que han representado fuertes retos para el gobierno. Esto en razón de la preparación que las organizaciones delictivas tienen en la actualidad. Muchos de los miembros de la delincuencia organizada estudian carreras universitarias, asisten a conferencias, seminarios, diplomados o hasta posgrados; toman cursos de tácticas paramilitares; contratan administradores y demás personal capacitado para que lleven la contabilidad y los pormenores de los diferentes negocios, etcétera. Creando con lo anterior estructuras económicas y financieras cada vez más complejas.

Considerando que es un hecho irrebatible la industria de la delincuencia organizada. Luego entonces cabría preguntarse si el delincuente que actúa en solitario infringiendo una norma ¿No estará acaso coadyuvando con su acto u omisión jurídicamente punibles al crecimiento o sostenimiento de la Delincuencia Organizada?

Para contestarnos con precisión este cuestionamiento, resulta pertinente considerar lo que se conoce como Actos final. De modo que si este último implica un comportamiento que en última instancia beneficia por cualquier vía a las redes de la Delincuencia Organizada, estaríamos hablando que el sujeto activo cometió un Acto de delincuencia organizada.

De acuerdo con el carácter finalista de la acción, la acción humana encierra el ejercicio de una actividad dotada de sentido, de finalidad. La acción es, por lo tanto, un acontecimiento Finalista y no solamente casual. La finalidad o actividad finalista de la acción se fundamenta en que el hombre, sobre la base de su conocimiento casual, puede prever en determinada escala las consecuencias de una actividad.

Los grupos de la delincuencia organizada han conformado sociedades complejas, con estructuras de funcionamiento, como las que son propias de las empresas bien establecidas que tienen por objeto la realización de actos de comercio o de lucro lícitos. La delincuencia organizada puede formar parte del desarrollo económico, político, cultural y social de las entidades federativas del país ¿Como logran esto? Sencillo; infiltrándose en el núcleo fundamental, en la base de la sociedad, que es la familia; creando escenarios temporales de prosperidad y de monopolios de impunidad, para evadir la punibilidad de los delitos asociados con sus actividades.

Los grupos de la delincuencia organizada han recurrido al chantaje, a los sobornos y a las amenazas, para corromper a los funcionarios públicos, así como a las corporaciones policiacas en todos sus sectores y niveles, logrando con esto una infiltración considerable en los órganos públicos, para así llevar a cabo sus fines ilícitos, en los que enfocan sus actividades.

El fenómeno de la delincuencia organizada, se ha convertido en una verdadera pandemia en nuestro país; ha infectado a gran parte de la sociedad, logrando que las diferentes demarcaciones político jurídicas sean seducidas en su momento por el poder económico y de fuego de los diversos grupos criminales, bajo la creencia de que representaban cuando menos una solución al grave problema del casi nulo crecimiento o desarrollo económico, y ofreciéndoles a cambio una casi completa impunidad.

La impunidad a que se está haciendo referencia, también obedece a otros factores que operan a favor de la delincuencia organizada, verbigracia: los intereses económicos de la clase política, industrial o empresarial – los cuales se benefician con las diversas actividades que implica el lavado de dinero-; la desigualdad, la falta de oportunidades y el desempleo; el mal funcionamiento de los órganos Judiciales y de procuración de justicia, y finalmente, la inadecuada o deficiente forma de combatir el problema desde la dimensión normativa.

Es sobre esto último donde se pondrá especial énfasis, pues no sobra decir, que México ha sido omiso en adoptar o incorporar en su legislación los estándares internacionales contemplados en instrumentos del derecho internacional como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o la llamada Convención de Mérida contra la Corrupción. Algunas disposiciones contenidas en estos instrumentos internacionales, hacen énfasis en la necesidad de orquestar a nivel institucional nacional y externo, una serie de medidas que posibiliten un ataque contundente y efectivo a la estructura financiera de la delincuencia organizada; que erradiquen de guisa radical la corrupción de las altas esferas políticas y burocráticas; que optimicen los sistemas de administración y de procuración de justicia.

Sin embargo, se puede comenzar por lo más mínimo, es decir, analizar concienzudamente si en nuestro ordenamiento fundamental y leyes secundarias, se establece el concepto de delincuencia organizada transnacional, como una categoría conceptual provista de los elementos considerados en los estándares internacionales. Pues no se puede augurar un combate efectivo a dicho fenómeno, si no se estudia, analiza y se visualiza a la luz de las experiencias y los conocimientos técnicos aportados por la comunidad internacional. Máxime cuando se trata precisamente, de un fenómeno de carácter transnacional.

Por ende, por este conducto se pretende reformar el artículo 16 constitucional así como los artículos de las leyes secundarias correlacionados, para adoptar una definición de delincuencia organizada que contenga los elementos incorporados en las definiciones del derecho convencional internacional.

La definición vigente de delincuencia organizada contemplada en el artículo 16 Constitucional y en la ley secundaria correspondiente, no garantiza la plena imputabilidad y punibilidad de los agentes que caen en las diferentes situaciones de hecho que son consideradas como delitos que con carácter de delincuencia organizada transnacional, vistos desde la óptica del derecho internacional.

Ciertamente la delincuencia organizada no expide identificaciones o credenciales que acrediten la pertenencia a los diferentes grupos criminales, por lo que la acreditación de los extremos legales para configurar la agravante del delito en comento, suele ser compleja, y en consecuencia, en algunas ocasiones miembros de la delincuencia organizada quedan impunes. Sobre todo, cuando se trata de elementos de operación o de mando medio que no son muy conocidos por las corporaciones policiacas o de procuración de justicia.

Con el propósito de remediar el cáncer que constituyen estos grupos delincuenciales, es que se propone modificar el artículo 16 constitucional, así mismo de manera correlacionada, el artículo 2 de La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

De forma tal que las autoridades de administración y de procuración de justicia encuentren mayores elementos en la norma, para inculpar y enjuiciar a los presuntos responsables de la comisión de delitos que encuadren en la agravante de delincuencia organizada. Llevando a cabo para ello, aportaciones teóricas y conceptuales, que permitan dilucidar de una mejor manera lo que debe entenderse verbigracia por actos de delincuencia organizada.

Con lo cual, se podrían juzgar con mayor certidumbre los supuestos de hecho tipificados como delitos, en los que los agentes, aun cuando no pertenezcan formalmente a las organizaciones criminales, e incluso actuando en solitario, beneficien de cualquier modo a la delincuencia organizada. Con lo anterior, se complementarían las hipótesis jurídicas para poder encuadrar la agravante de delincuencia organizada, en los casos que en la actualidad están escapando del brazo coercitivo del Estado. No obstante que encierran hechos delictivos, que favorecen a dicho lastre y alimentan la impunidad.

La estructura del crimen organizado ha pasado por un largo proceso de maduración y consolidación, por lo que se conoce como funciona y como opera, y cuales son los delitos en específico en los que éste concentra su actividad criminal. Pero cabe reconocer que, por ejemplo, si bien es cierto, como conducta tipificada, robar un pan es sustancialmente lo mismo que robar un carro, también es cierto que el pan no lo utilizarían el agente o los agentes activos para matar, secuestrar o perpetrar otros delitos más. En cambio, tratándose del carro, éste sí puede ser objeto del delito e instrumento del delito al mismo tiempo, para favorecer en este último caso a la industria criminal.

Y si estamos en el entendido que las actuales organizaciones criminales, funcionan como una industria que busca acrecentar sus recursos para poder invertir y reinvertir en la diversificación de sus negocios ilícitos, en delitos más graves y más complejos, no debe pasarse por alto que el delincuente que actúa en “solitario”, también podría estar fomentando la industria del crimen organizado, al perpetrar un acto de delincuencia organizada.

De cierta guisa, con la incorporación de la categoría conceptual de ‘acto de delincuencia organizada’, se pretende adoptar algunas de las premisas contempladas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, como por ejemplo lo relacionado con los ‘delitos determinantes’. Asimismo, se persigue echar mano de las valiosas orientaciones que se desprenden de dicho instrumento internacional, por lo que ve a la variedad de conductas que podrían ser tipificadas como delitos relacionados con la delincuencia organizada. Orientaciones que se contemplan verbigracia en el artículo 5 de la Convención.

En este sentido, estamos de acuerdo que los hombres que pertenecen a estas organizaciones y los que no pertenecen, terminan siendo parte de las estructuras de la delincuencia organizada o apoyo de éstas, en razón del carácter finalista de la acción. Tomando en cuenta las acciones u omisiones de los agentes, como acontecimientos finalistas y no solamente casuales.

El párrafo noveno del artículo 16 constitucional establece lo que debe entenderse por delincuencia organizada. De este modo, los actos de la delincuencia organizada, se constituyen por delitos que se cometen en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. Así, tenemos que el dispositivo constitucional en comento, es escueto o insuficiente al contemplar una única hipótesis para encuadrar al fenómeno de la delincuencia organizada.

Pues según el texto en comento, se entiende por ésta una organización de hecho de tres o más personas, que tiene por objeto el que se ya se apuntó en el párrafo anterior. Por lo cual, se deja fuera a aquellos sujetos que actúan por sí solos, con o sin orden de algún jefe o líder de algún grupo de delincuencia organizada, pero cuyas acciones u omisiones redundan en beneficio directo o indirecto de ésta. Con lo que estarían llevando a cabo actos de delincuencia organizada.

Esto último, tomando en consideración las aportaciones teóricas del jurista Hans Welzel, el cual es precursor de la teo- ría de la acción finalista, que plantea una sistematización jurídico penal del delito, con base en que la acción, encierra una conducta voluntaria, que persigue siempre un fin.

Las estructuras de la delincuencia organizada tienen mucho tiempo operando, y los actos o actividades de los que se sirve, en muchas ocasiones provienen no necesariamente de los miembros de una organización de hecho o de las órdenes de los jefes de éstas. Imaginemos un sujeto que comete individualmente robo de automóviles, que no pertenece a ninguna organización de delincuencia organizada, pero que vende sistemáticamente los autos robados a quienes si se asumen como miembros de ésta (fruto del acto), cuando estos últimos cometen otra serie de delitos, como secuestros, trasportes de estupefacientes, etcétera, utilizando a los autos como instrumentos del delito.

En tal supuesto, el individuo que originalmente roba automóviles, finalmente estaría cometiendo un acto de delincuencia organizada. ¿Por qué entonces la agravante de delincuencia organizada no debe imputársele también a éste?

La propuesta que se somete a consideración de esta honorable asamblea, consiste en reformar levemente el noveno párrafo del artículo 16 constitucional. Con la intención de establecer qué es un acto de la delincuencia organizada y así encuadrar un abanico más amplio de hipótesis, que en el contexto internacional constituyen conductas que deben ser sancionadas por considerarse que son propias la delincuencia organizada transnacional. Con lo cual se apoyaría la labor jurisdiccional del Poder Judicial y la de la procuración de justicia, al momento de combatir este fenómeno.

El párrafo noveno del artículo 16 constitucional actualmente dice:

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.

Por lo que cabría hacer algunas adiciones al texto en comento, para incorporar mayores elementos que permitan debilitar de manera integral la estructura de los diferentes grupos de la delincuencia organizada.

En tal virtud, se adiciona el supuesto de que debe compartir la misma suerte que un miembro de la delincuencia organizada, aquel individuo que cometa actos de delincuencia organizada, con o sin orden expresa de algún miembro de alguna organización.

Ya que por virtud del contenido del texto vigente del noveno párrafo del artículo 16 constitucional, se deja fuera de la hipótesis que pretende explicar a la delincuencia organizada, a aquellos sujetos que actúan por sí solos, con o sin orden de algún jefe o líder de algún grupo de delincuencia organizada, pero cuyas acciones u omisiones redundan en beneficio directo o indirecto de ésta.

Cabe mencionar que el desentrañamiento de lo que implica un acto de delincuencia organizada, será materia de la reforma a la ley secundaria correspondiente, es decir, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Por tanto, resulta necesario recalcar que la presente iniciativa está correlacionada con otra diversa, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, y se adicionan los artículos 2o bis y 4o bis a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma el noveno párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona el noveno párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. La cual fijará las sanciones correspondientes para los miembros de dichas organizaciones. Se juzgará con el mismo rigor a aquel sujeto que cometa individualmente actos de delincuencia organizada, con o sin orden expresa de algún miembro o líder de alguna de las organizaciones a que se hace referencia en el párrafo anterior.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de enero de 2013.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para dictamen.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Las iniciativas registradas en el orden del día, estimados legisladores y legisladoras, se turnarán a las comisiones que correspondan, salvo aquéllas en que los grupos parlamentarios soliciten su retiro en el orden del día.

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta senadora Hilda Esthela Flores Escalera (a las 14: 18 horas): En tal virtud, y una vez que se han agotado los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el viernes primero de febrero de 2013 a las 10 horas.

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