Presidencia del diputado Jesús Murillo Karam

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 373 diputados y diputadas; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: (a las 11:17 horas) Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 4 de diciembre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Solicitud de licencia

Del diputado Jesús Murillo Karam

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política:

– Cambios en integrantes de comisiones y delegaciones internacionales.

– Proyecto de controversia constitucional en contra del decreto por el que se reforman diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

De la Secretaría de Gobernación

Por el que remite las respuestas a las preguntas formuladas por la Cámara de Diputados, en relación con el sexto informe de gobierno, sobre el estado general que guarda la administración pública del país.

Con el que remite el informe sobre los programas de Comunicación Social para el Ejercicio Fiscal 2012.

Por el que remite el informe sexenal de labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Con el que remite el informe final de la evaluación en materia de diseño del Programa U001 “Apoyos para el desarrollo de la oferta turística”.

Con los que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos al robo de combustibles, a los recursos ahorrados por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, y a la población de Isla de Cedros, Baja California.

De la Secretaría de Desarrollo Social

Con el que remite el informe final de la evaluación de impacto del Programa Hábitat 2008-2011.

Del Congreso del estado de Guanajuato

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se modifiquen diversas reglas normativas y lineamientos generales de los ramos 20 y 33.

Del Gobierno del estado de Jalisco

Con el que remite el tercer informe trimestral del 2012, sobre las características de las obligaciones a que se refiere el artículo 47, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.

De la Cámara de Senadores

Con los que remite seis Proposiciones con puntos de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se asignen recursos a diversos ramos, presentadas por senadoras y senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios.

De Petróleos Mexicanos

Con el que remite el Informe sobre la Reestructuración de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto que adiciona el párrafo cuarto del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que adiciona el párrafo cuarto del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma el cuarto párrafo y adiciona un quinto párrafo al artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por los senadores René Juárez Cisneros, Raúl Aarón Pozos Lanz, Humberto Domingo Mayans Canabal, Fernando Enrique Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, Roberto Armando Albores Gleason, Óscar Román Rosas González, Zoé Robledo Aburto, Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Luis Armando Melgar Bravo. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Energía para el Campo.

De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por las que se desecha la iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, en materia de gas natural no asociado al petróleo.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por las que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Agenda política

Comentarios relativos a los hechos ocurridos el fin de semana pasado en la Ciudad de México, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Tabasco, para que etiquete y transparente los recursos de la solicitud de crédito que le fue autorizada por el Congreso Estatal el 16 de noviembre de 2012, para inversiones públicas productivas, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones correspondientes del sector agropecuario, especialmente a la Sagarpa, a la SE, FIRA y Financiera Rural, para acordar las acciones necesarias y responsables a fin de comercializar la producción de maíz, del ciclo primavera-verano 2012, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia, para que realice una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas, en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., asimismo se exhorta a la SCT, para que expida la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas regulares concesionadas, y a la Comisión de Transportes, para que dictamine la minuta de reformas a la Ley de Aeropuertos que quedó pendiente el 30 de abril de 2012, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Iniciativas

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o. y 19 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, a cargo del diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, y suscrita por el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y expide la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 215-A del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77, 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11 y 89 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Román Alfredo Padilla Fierro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 10 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto Transitorios de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal que establece el derecho de los estudiantes de instituciones de media superior públicas a contar con un apoyo económico, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 32 Bis a la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3° de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo Cuarto Transitorio de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General del Sistema Nacional de Contralorías Ciudadanas, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de la Prevención Social del Delito, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que expida el decreto correspondiente para la creación de un Hospital Indigenista, en la sindicatura de Mochicahui, Sinaloa, a cargo del diputado Roman Alfredo Padilla Fierro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Segob y de la SRE, para promover la eliminación de visa a los ciudadanos de Taiwán, con el objetivo de beneficiar la cooperación e intercambio entre ambas naciones, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión especial encargada del análisis, seguimiento y evaluación al ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que revisen y apliquen las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los accidentes relacionados con el transporte público, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ALDF para que considere recursos destinados al Instituto de Educación Media Superior, para que incremente el gasto de inversión en educación, con el crecimiento de matrícula, fomento al desarrollo de proyectos de investigación y extensión en su infraestructura y actualización de programas y estudios, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud y al director del Instituto Nacional de Perinatología, para que culmine los trabajos de ampliación y resuelvan los problemas internos del mismo, para beneficio de los pacientes, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, instruya a las dependencias y entidades competentes, para que dentro del ámbito de sus atribuciones realicen un estudio sobre las condiciones climáticas imperantes en Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar la correcta clasificación de la tarifa eléctrica que le corresponde, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, convoque a una consulta pública sobre el nuevo paradigma del combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGJ del estado de San Luis Potosí, esclarezca el caso de Carla Pontigo, fallecida el pasado mes de octubre, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y del GDF, para que a través de la SSP y de las Procuradurías Generales de Justicia de su administración, difundan los resultados del operativo de seguridad instalado para salvaguardar el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 1o. de diciembre de 2012, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, realice los procedimientos administrativos y presupuestales necesarios para que en los centros de salud rurales se disponga de un médico residente de base, a cargo del diputado Noé Barrueta Barón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, genere acciones y políticas públicas encaminadas a prevenir, reducir y atender el embarazo adolescente, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno, para que adopten políticas o criterios de selección de ingreso, promoción y permanencia de su planta laboral, que garanticen la igualdad de oportunidades para las personas que cuentan con cualquier tipo de discapacidad, a cargo de la diputada José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SEP, para que decreten la apertura de museos y demás zonas de esparcimiento recreativo, artísticos y culturales, todos los lunes de los fines de semana largos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de los Estados Unidos de América y a la Legislatura del Estado de Nueva York, para que aprueben la ley de trabajadores agrícolas, así mismo se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Oaxaca, para que realice un reconocimiento y se otorgue la condecoración “Miguel Hidalgo”, a la activista migrante Librada Paz Rojas, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se hagan públicos los avances que guarda la atención de la muerte materna en el país, y para que se diseñen y apliquen políticas públicas destinadas a combatirla, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los estados de la federación, para que legislen priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución General de la República, los convenios internacionales y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a los hechos de violencia ocurridos en fin de semana pasado en la Ciudad de México, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Efeméride

Con motivo del 1o. de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintiocho de noviembre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos seis diputadas y diputados, a las once horas con dieciséis minutos del miércoles veintiocho de noviembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, no habiendo oradores registrados en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, en relación a modificación de turno de iniciativa. De conformidad con lo que establece los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De Secretaría de Gobernación, dos, con las que remite contestaciones a punto de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos al Programa del Sistema de Supervisión y Control Vehicular, y a la importación de papa fresca. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

c) De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la que remite acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se destinen recursos al Fondo Metropolitano del Valle de México. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

d) Del Congreso del estado de Puebla, con la que remite acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se incremente el presupuesto del sector educativo. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

e) Del Ejecutivo Federal, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, para dictamen.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) Del Distrito Federal, que reforma la fracción segunda del artículo cuarenta y seis del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

b) De Justicia, que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad, en votación económica se autoriza se someta a discusión y votación de inmediato del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión del Distrito Federal, que reforma la fracción segunda del artículo cuarenta y seis del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión, se concede el uso de la palabra a la diputada Laura Barrera Fortoul. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen los diputados: Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano;

A las once horas con treinta y cuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y un diputadas y diputados.

Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Partido Acción Nacional; y María de la Paloma Villaseñor Vargas, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente informa a la Asamblea que se recibió de la Comisión del Distrito Federal, una Fe de erratas al dictamen con proyecto de decreto. En votación económica se autoriza que la misma forme parte del dictamen.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con la Fe de erratas aceptada por la Asamblea, por cuatrocientos veintiún votos a favor; y ocho abstenciones. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

De conformidad con el artículo setenta y seis, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la tribuna para presentar proposición con punto de acuerdo a la diputada Blanca María Villaseñor Gudiño, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se proteja la producción nacional de maíz blanco y se brinde apoyo a los productores mexicanos. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; José Humberto Vega Vázquez, del Partido del Trabajo; Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; María del Rosario Fátima Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México; Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática; José Ángel González Serna, del Partido Acción Nacional;

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

y Cesario Padilla Navarro, del Partido Revolucionario Institucional. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción tercera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

El Presidente instruye a la Secretaría dar lectura a la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad, se somete a discusión y votación el proyecto de decreto de la Comisión de Justicia, que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública. Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión, se concede el uso de la palabra a la diputada Delvim Fabiola Barcenas Nieves. Se concede el uso de la palabra para fijar postura de sus grupos parlamentarios a los diputados: Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Antonio Cuellar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro Carbajal González, del Partido de la Revolución Democrática; Karina Labastida Sotelo, del Partido Acción Nacional; y Cristina González Cruz, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Gerardo Villanueva Albarrán, del Partido de la Revolución Democrática; y Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; y en pro los diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional; Crystal Tovar Aragón, del Partido de la Revolución Democrática; y Andrés de la Rosa Anaya, del Partido Acción Nacional. En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos ochenta y un votos a favor; diecinueve en contra; y veintidós abstenciones. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo aquellas cuyos proponentes solicitaron a la Secretaría sean inscritas en la próxima sesión. En consecuencia se turnan las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

a) Flor Ayala Robles Linares, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que cumpla con las disposiciones relativas a los derechos de los enfermos en situación terminal e implemente acciones reales en materia de cuidados paliativos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

b) Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

c) María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, elabore, ejecute y evalúe dentro del programa “Mejores Escuelas”, políticas públicas en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de los sanitarios y bebederos en las escuelas de educación básica. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

d) Fernando Jorge Castro Trenti y de diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Comisionado Mexicano de la Comisión Internacional de límites y aguas entre México y Estados Unidos, para que haga pública la información referente al posible acuerdo que modificaría el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, en caso de escases o sequía; y, a que no firme ningún acuerdo hasta que el Congreso de la Unión conozca los perjuicios o beneficios que traería la adopción de tal acuerdo. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

e) Rafael González Reséndiz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo para que incorpore al titular de la Secretaría de Turismo del gobierno de Jalisco, al seno de los trabajos del Comité de Rutas Aéreas Turísticas para Fortalecer la Conectividad del País. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

f) Francisco Javier Fernández Clamont y Gerardo Xavier Hernández Tapia, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que organice e instale el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; asimismo, para que sea instalado antes del primero de Diciembre. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

g) María Leticia Mendoza Curiel, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de las instancias competentes, se implemente una estrategia nacional orientada a detener el alza de los precios de la canasta básica alimentaria, garantizando con ello que las familias mexicanas no se vean afectadas en el cierre del año y la denominada “Cuesta de Enero”. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

h) Fernando Jorge Castro Trenti y diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, garanticen reapertura de la Garita “San Ysidro-Tijuana” en el Estado de Baja California, así como su operación normal. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión de Congreso General que tendrá lugar el sábado primero de diciembre de dos mil doce, a las nueve horas, y levanta la sesión a las catorce horas con veinticuatro minutos.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame secretario. Adelante diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Muchas gracias. Mire, diputado, en relación al orden del día, usted hizo un compromiso la sesión pasada a una solicitud de un servidor de informar, en el transcurso de la sesión, sobre los operativos de seguridad que usted, desde la Presidencia, sin duda tuvo conocimiento que se implementó alrededor del Palacio para garantizar nuestra seguridad.

Decía esa vez que tal vez era un exceso, como creo que se ha demostrado, en tanto iba a ser una sesión de protocolo. No quiero ahondar en eso.

Creo que el costo del operativo, por lo que conocemos, es trágico y estamos hablando de personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte, y estamos conociendo de muchos presos, que desde nuestro punto de vista, muchos de ellos son presos de carácter político, y sobre todo el tema de los desaparecidos, que todavía se están haciendo las listas.

Es por ese motivo que sin duda usted, preocupado por cumplir su palabra y por los ciudadanos, estará en condiciones de darnos esa información del operativo, de los resultados de qué ha ocurrido; a usted le deben de preocupar los ciudadanos que han sido afectados, porque es nuestro deber como diputados. Quería conocer ese informe por parte de usted y que cumpla su palabra, señor diputado.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Señor diputado, cumplí mi palabra, porque lo que comprometí fue pedir información; si usted lee lo que dice el acta verá que le dije que me parecía muy inteligente su idea de pedir información, la pedí. Le dije que le iba a informar después, porque evidentemente le informaría cuando tuviera la información.

Cuando la información nos llegó, es una información que ya es pública en todos los medios; lo que en ese momento se me informó es lo que todo mundo sabe y no podía hacerlo dentro de la sesión, porque entonces todavía no tenía la información.

En el momento en que entremos al área de información política, este tema lo vamos a analizar. En consecuencia, es en ese momento cuando tendríamos la capacidad de poderlo hacer.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Dígame, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Quiero entonces suponer que hay una información escrita en la Presidencia de los informes obtenidos, o cómo es esta información, porque...

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: No, no tengo información escrita. La urgencia hacía que la estuviera tomando por teléfono, pero era —como usted mismo lo puede comprobar con su propia intervención— bastante contradictoria, y lo menos que puede hacer un presidente de Cámara es estar seguro de lo que dice; por eso quise contestarle con plena seguridad, y cuando no tenía la seguridad, no podía contestarle.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Quiero concluir finalmente, en el transcurso de la sesión usted nos va a informar, quiero entender eso.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En el transcurso de la sesión vamos a hablar sobre el asunto.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): ¿Usted nos va a informar?

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Ahorita verá usted por qué no.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante, por favor, señor diputado.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solo para recordar a la asamblea que desde ayer, a las 10 de la noche, como acontece previo a cada sesión, está publicada el orden del día; orden del día que fue aprobado por unanimidad en la propuesta que se presenta a Mesa Directiva por parte de la Junta de Coordinación Política, y donde precisamente hay un punto de agenda política donde vamos a dilucidar este tema en lo particular. Creo que será el momento parlamentario oportuno para debatir sobre él.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Es exactamente lo que le acabo de informar al diputado.

En consecuencia, continúe la Secretaría, porque estábamos en el trámite de someter a consideración el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobada el acta.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Señoras y señores diputados, como es de su conocimiento el señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos ha hecho pública su intención, y tengo información de que se someterá a la ratificación del Senado la designación de mi persona como procurador general de la República.

He tomado la decisión de aceptar con toda seriedad... Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables, muchas gracias.

Les decía que he tomado la decisión de aceptar con toda seriedad esta importante distinción, lo que me lleva en consecuencia a solicitar licencia a este pleno para separarme del ejercicio del cargo de diputado federal y así estar en aptitud legal de ser propuesto para el cargo que he mencionado.

La licencia que solicito implica también mi separación del cargo de la Mesa Directiva, que he procurado ejercer con imparcialidad y apego a las normas que rigen la vida parlamentaria de este recinto.

De ser favorable la resolución de esta licencia, ésta será mi última intervención ante esta soberanía; por ello creo importante que me permitan expresar algunos reconocimientos, aún antes de conocer el sentido de su votación y con pleno respeto a la decisión que al respecto adopte esta asamblea.

Tengo que agradecer la confianza que se deposita en mí, pero más que nada tengo que agradecer la confianza que ustedes depositaron en mí al elegirme presidente de la Mesa Directiva para el primer año de esta Legislatura. Mi muy enorme reconocimiento.

Mi muy enorme reconocimiento y respeto a todos los diputados de todas las fracciones, que me permitieron conducir, en los términos en que mi capacidad lo admitía, de la mejor manera posible, las sesiones que me correspondían.

Me llevo, verdaderamente, el agradecimiento de todos y cada uno de los diputados, con cariño, con respeto y con pleno conocimiento de que las diferencias no impiden, de ninguna manera, mantener siempre la dignidad, el respeto y en muchos casos, hasta la amistad de los diputados y diputadas.

Tengo que agradecerle enormemente a la Mesa Directiva; una Mesa Directiva que tengo que decirle que se comportó verdaderamente de manera ejemplar, que fue solidaria conmigo, en la que discutimos, antes de llegar aquí, todos los días de sesión cuáles eran la decisiones que se iban a tomar, y que su solidez fue muy importante para poder llegar hasta este momento.

Tengo que agradecerle a la Junta de Coordinación Política, que le dio a esta Presidencia respeto, cuidado, atención, información y que siempre encontré en ellos también un enorme respaldo. Todo mi total respeto a todos los coordinadores de las bancadas, a los que considero respetables, responsables y verdaderamente capaces de responder ante la fuerte, profunda convicción y compromiso para esta Cámara de Diputados.

Tengo que agradecer a mi bancada, tengo que agradecer al coordinador de mi bancada, a Manlio, también su respeto, su dignidad, su habilidad y mi aprecio permanente. Y comprometerme con ustedes a hacer mi mayor esfuerzo, en el caso de que el Senado resuelva adecuadamente, para poder corresponder a la confianza que con elegirme presidente me dieron. Muchísimas gracias, por esta oportunidad. Dejo la Presidencia en manos del Vicepresidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputados integrantes de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

En ejercicio del derecho consagrado en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 12, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a ustedes mi formal solicitud de licencia al ejercicio del cargo de diputado federal en esta LXII Legislatura, para que sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado a esa Mesa Directiva atentamente solicito se sirva:

Único.Tener por presentada la presente solicitud de licencia a partir de esta fecha, con efectos inmediato y por tiempo indefinido.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 4 de diciembre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica).»

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Presidente.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Luis Alberto Villarreal, ¿con qué objeto?

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, don Luis Alberto. Me estaba pidiendo el uso de la voz y se la concedemos al diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): Presidente, solicité oportunamente el uso de la voz, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, para poder fundamentar el voto que en unos momentos habremos de otorgar a la licencia de nuestro amigo, el diputado Jesús Murillo Karam.

Lo queremos hacer, primero señalando que tenemos sentimientos encontrados; uno, el de votar una licencia de un legislador que viene precedido de un gran talento político y sobre todo de una firmeza en sus convicciones y de un respeto a la pluralidad de esta compleja asamblea en su formación.

De él hemos tenido, como grupo parlamentario, y reconozco a los demás grupos parlamentarios, siempre su disposición y su sabia opinión. En verdad que ejerció una Presidencia que ennoblece, en mucho, el trabajo de la Mesa Directiva.

Por el otro, dije sentimientos encontrados, porque sabemos que en un nombramiento de la naturaleza de la que él es objeto y que tendrá que ser dilucidado primero con la licencia en esta Cámara y posteriormente con el voto y ratificación, en su caso, de la Cámara de Senadores, de la colegisladora que habrá de atender este nombramiento que viene precedido de una Presidencia de una de las Cámaras y al otorgarlo, podremos tener la seguridad de que ese talento, esa disposición al diálogo, ese apego a la legalidad y esa disposición a respetar la pluralidad, lo podrá ejercer en un encargo que viene y le hace falta a la República, en la Procuraduría General de la República.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI queremos dejar asentado que ha sido un privilegio el tener una Presidencia de la Cámara de Diputados que siempre estuvo distinguida por talento, por reconocimiento, por su seriedad y sobre todo, por su disposición al diálogo, que lo plasmó en el respeto que nos ha brindado a todos nosotros; le deseamos la mejor de las suertes a nuestro amigo, el diputado Jesús Murillo Karam.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Luis Alberto Villarreal.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Gracias, presidente. Antes de que se someta a votación la licencia del compañero diputado don Jesús Murillo Karam, para separarse de su encargo, como lo ha anunciado él personalmente desde la Mesa, a nombre propio y de mi Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional deseo reconocerle la conducción de la Mesa, siempre con pulcritud, siempre con objetividad, siempre con responsabilidad y siempre con un alto sentido de patriotismo.

Coordinar los debates de la Mesa requiere imparcialidad y talento, requiere convicción republicana y seriedad; se lo reconocemos, se lo apreciamos y le deseamos suerte en su futuro. Nuestra bancada votará en pro de aprobar su licencia. Muchas gracias, compañero Murillo Karam, y mucha suerte.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Silvano Aureoles.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Desearle a nuestro compañero Jesús Murillo Karam éxito en su nueva encomienda; reconocerle su papel como presidente de la Mesa Directiva, su tolerancia, conducción serena, respeto a la función y a las posturas de compañeras y de compañeros. A nombre de nuestro grupo parlamentario desearle mucho éxito.

Suerte, Jesús, ya no te vamos a regañar. En este nuevo encargo, presiento que algunos más bien te van a ir a buscar; siento que algunos van a requerir apoyo.

Pero de veras, muchas felicidades, reconocemos la capacidad de Jesús; de manera personal tuve la oportunidad de convivir seis años, previos a esta Legislatura y mi reconocimiento a tu profesionalismo, capacidad, tolerancia, respeto y tengo la seguridad, tenemos la certeza de que en este nuevo encargo, en esta nueva responsabilidad también habrás de cumplir cabalmente, porque te conocemos y sabemos de tu capacidad. Muchas felicidades y enhorabuena y muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Arturo Escobar.

El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): Gracias, presidente. Querido Chucho, quiero decirte que ésta también es tu bancada, si no de forma oficial, sí por respeto y por cariño.

Quiero felicitar al Presidente Peña, porque esta posibilidad de nombramiento de procurador —una vez que el Senado te ratifique—, no podría caer en un mejor mexicano; eres un hombre de Estado, un hombre sin fobias, un hombre sin filias, un hombre que entiende que la institucionalidad, que la República es lo más relevante.

Quiero puntualizar tu excepcional manejo de la sesión del pasado sábado, le regresaste respetabilidad a la Cámara de Diputados, al Congreso mexicano y a las tomas de protesta.

Quiero decirte que vas a un espacio que sin duda requiere fortalecimiento; si México requiere de regresar espacios de respetabilidad en materia de estado de derecho, hay que fortalecer a la PGR y no tenemos la menor duda que lo vas a hacer, Chucho.

Te adelanto que los ocho votos del Senado de la República del Grupo Parlamentario del Partido Verde serán a favor allá; hoy serán a favor. Ésta es tu bancada. Muchas felicidades.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Lucila Garfias.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (desde la curul): Presidente, compañeras y compañeros diputados, personalmente y a nombre de quienes integramos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, expresar que nuestro voto será a favor de la solicitud de licencia que presenta hoy aquí, en este pleno, el diputado Jesús Murillo Karam.

Reconocer en nuestro compañero el talento, la experiencia, la visión que personalmente tiene, pero particularmente como se condujo en la Mesa Directiva de esta Legislatura.

Desde luego, desearle éxito en la tarea, que seguramente será aprobada por las diferentes Cámaras; sabemos que lo va a tener, no puede ser de otra manera. Nuestro país necesita de hombres, de mujeres talentosos, con experiencia, con visión y desde nuestro punto de vista el diputado Karam lo tiene; ojalá que sea así. Le deseamos éxito por nuestro país.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, presidente. Ciudadano presidente, he sido durante varios años integrante del Poder Legislativo y Ejecutivo local, y en estos años he compartido responsabilidades con el licenciado Jesús Murillo Karam; hemos coincidido en algunas tareas y hemos también diferido en muchas formas del quehacer político y público. A veces no compartimos el ideal y los principios de una nueva nación.

No es extraño reiterarles que nosotros no creemos en la restauración; no vemos un renacer o una nueva, renovada actitud, pero es un derecho de los ciudadanos diputados pedir licencia y aceptar responsabilidades que les ofrecen.

Recuerdo hace casi dos años, siendo senador, nos sometieron a la consideración la propuesta de la procuradora que concluyó; yo tenía serias dudas, escepticismo y puedo decir que la procuradora que salió no hizo mal las cosas. ¿Cuál era mi preocupación? Que se judicializara la política o que se politizara la justicia.

Conozco a Jesús Murillo desde hace muchos años; somos adversarios políticos, fuertes, intransigentes. Pero en esta ocasión, nosotros respetaremos su decisión, no descalificaremos su decisión. Es un asunto que le compete a él y a su partido.

Quiero además decir que nos preocupa la criminalización de la protesta y la inconformidad social. Los actos de violencia y de conductas antijurídicas deben, sin duda, ser sancionados; sin embargo, no se puede, so pretexto de combatirlos, violar los derechos humanos, el debido proceso y el principio de presunción de inocencia. Quienes lo hagan deben rendir cuentas.

Es condenable el clima de represión y terror con el que inicia este gobierno. Hay heridos graves, decenas de detenidos y procesados por los sucesos y sus consecuencias, del día primero de diciembre.

Desde esta tribuna afirmé el fallecimiento de un ciudadano, que por fortuna no se confirmó. Aunque hay ciudadanos gravemente heridos por impactos de bala de goma.

Sin embargo, es mi deber, mi convicción, expresarle al pueblo de México y a ustedes una disculpa. Aceptar equivocaciones no demerita posiciones políticas; los políticos, como cualquier ser humano somos falibles. No culpo a nadie, es mi responsabilidad.

Estoy seguro que el país, cuando se hable con autenticidad y sinceridad, será otro. Pero ojalá y corrijan todos aquellos que han incurrido en un linchamiento mediático contra los jóvenes. No les ayuda ni a los que están ni a los que intentar perpetuarse en el poder.

Por esa razón, deseo sinceramente que cese este clima de hostigamiento, linchamiento, terror y satanización contra los jóvenes y los ciudadanos que no aceptamos la imposición. De no ser así, les aseguro que no claudicaremos, seguiremos firmes en nuestra lucha por la transformación del país.

Personal gris de esta Cámara y de otras legislaturas afirmaron —concluyo— que era protagónico, expresaron peyorativamente descalificaciones a mi persona; claro, aparecieron con una cobertura mediática impresionante de radio. Era su día estelar. Atacar y distraer a un compañero, a un adversario incómodo.

Sí, soy protagónico, se los aseguro que sí lo soy, y soy protagónico porque todos ustedes, cada uno de ustedes es protagónico, si no, no estarían en esta Cámara de Diputados. Todos los integrantes. Pero les aseguro que nunca seré corrupto, ratero, menos traidor a mis principios —menos traidor a mis principios— ni tapadera del poder, que esos que chiflan lo saben hacer muy bien: tapaderas del poder.

Jesús Murillo, con todo respeto, que le vaya bien al país. Ojalá y nuestro escepticismo no se convierta en pesadilla; vamos a ver con el tiempo. De nuestra parte solo tiene respeto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Muchas gracias. Con el permiso, presidente. He decidido pasar a tribuna, porque tiene importancia y porque además quiero decirle de frente al compañero todavía diputado, que lamento mucho que no haya querido informar lo que en los últimos días le he estado exigiendo que informe.

Obviamente estoy hablando a título personal; también he dicho aquí que las cuestiones no son personales, menos cuando alguien tiene una representación que me inmiscuye, como ser presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y por eso he exigido y sigo exigiendo que se nos informe.

Entiendo que mi fracción también ejercerá su voto en conciencia, como el que voy a ejercer. No es nada personal y creo que —como habla el diputado Monreal— hay que apoyar algunas decisiones personales, si son para el bien del país.

Sigo teniendo todavía la duda de cómo voy a ejercer mi voto, porque decía que los hechos que ocurrieron en días pasados no son menores; ya lo vamos a debatir, no necesitan decírmelo, ya sé que es parte de la agenda política. Sin embargo, el presidente de la Cámara tiene una responsabilidad sobre lo que ocurrió aquí también.

Y digo que lamento que no suba a tribuna a informar, porque ahorita, una vez que voten, ahora sí que votan y te vas y eludes la responsabilidad de informar.

Por eso también pregunté si había información escrita. Se dice que no, que todo fue telefónico. Luego entonces, ¿quién nos va a informar? Pero lo peor es que sí hay información escrita. Debería de haber información escrita. Ya los medios de comunicación reportan información escrita.

Decía que por fuentes sabíamos que existían documentos que a mismos diputados de este Congreso nos tildaban adjetivos radicales, violentos, etcétera. Cuando nosotros hemos dicho aquí: nosotros somos pacifistas, nosotros somos gente que en muchos años hemos luchado por la transformación del país.

No, no y aunque se rían, porque ustedes se ríen de lo que desgraciadamente es el sufrimiento del pueblo.

La verdad es que los violentos, sobre todo en la sesión del primero, demostraron quiénes son y lo vamos a debatir al rato. Insisto, lamento que el diputado Murillo Karam no suba antes de irse a la tribuna a informar en algo que es trascendental, no en lo personal sino como presidente de esta Cámara, para inclusive normar el criterio del debate que vamos a tener posteriormente, y sobre todo, de cara al encargo que seguramente no dudamos le van a ratificar en esta sesión, en la Cámara de Diputados, porque va a ser el procurador de justicia de la nación, y yo en lo personal, como ciudadano y como diputado, a mi nombre y al de mi familia, quisiera tener una persona en la que se pueda confiar.

Yo se lo decía, y estoy muy molesto, porque no ha enfrentado a la sociedad —desde el cargo que tenía como presidente de la Cámara— a informar oficialmente qué fue lo que ocurrió y con la información que él tenía, como presidente de la Cámara.

Espero que lo haga antes de irse y si no, pues la historia lo juzgará. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría someter a la consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Están a discusión los siguientes puntos.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jesús Murillo Karam, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la quinta circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha y surte sus efectos de inmediato.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.Enhorabuena.

En virtud de la licencia concedida al señor diputado Jesús Murillo Karam, presidente de la Cámara de Diputados, se estará a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a la Secretaría dar lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación con la Comisión de Desarrollo Municipal.

COMISION DE DESARROLLO MUNICIPAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de este órgano de gobierno, por el que se integran las 54 comisiones ordinarias de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobado en sesión ordinaria del 16 de octubre de 2012, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la integración de la Comisión de Desarrollo Municipal:

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 27 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión la propuesta del acuerdo de la Junta de Coordinación Política. No habiendo quien solicite la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Ruego a la Secretaría dé lectura a otra comunicación de la Junta de Coordinación Política, que tiene que ver con la junta directiva de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento:

• Que el diputado Jorge Herrera Delgado cause alta como presidente en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 27 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias.

COMISION DE DESARROLLO MUNICIPAL

El Presidente diputado José González Morfín: Antes de pasar al acuerdo que tiene que ver con la integración de delegaciones de esta Cámara, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si aprueba que con la reunión celebrada el martes 20 de noviembre, de la Comisión de Desarrollo Municipal, se pueda dar ésta por instalada.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba que con la reunión celebrada el martes 20 de noviembre, se dé por instalada la Comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se da por instalada la Comisión.

CONFEDERACION PARLAMENTARIA DE LAS AMERICAS Y DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO

El Presidente diputado José González Morfín: Informo a la asamblea que se recibió de la Junta de Coordinación Política comunicaciones por las que informa la integración de las delegaciones de esta Cámara ante la Confederación Parlamentaria de las Américas y del Parlamento Latinoamericano.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la lista de los diputados que integrarán la delegación de esta Cámara ante la Confederación Parlamentaria de las Américas (Copa).

Cinco integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

1. Cristina Ruiz Sandoval;

2. Angelina Carreño Mijares;

3. Sergio Armando Chávez Dávalos;

4. Miriam Cárdenas Cantú;

5. María Guadalupe Sánchez Santiago.

Tres integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

1. María Guadalupe Mondragón González;

2. Diego Sinhué Rodríguez Vallejo;

3. Glafiro Salinas Mendiola.

Dos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

1. José Ángel Ávila Pérez;

2. Agustín Barrios Gómez Segués;

Un integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

1. Carlos Octavio Castellanos Mijares.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 28 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la lista de los diputados que integrarán la delegación de la Cámara ante el Parlamento Latinoamericano:

Veintiocho integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

1. Heriberto Galindo Quiñones, a quien se propone para ocupar la presidencia de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración.

2. Marco Antonio Bernal Gutiérrez.

3. Javier Treviño Cantú.

4. Eloy Cantú Segovia.

5. Manuel Añorve Baños.

6. Abel Octavio Salgado Peña.

7. Flor Ayala Robles.

8. Kamel Athié Flores.

9. Sue Ellen Bernal Bolnik.

10. Aurora Denisse Ugalde Alegría.

11. Maricela Velázquez Sánchez.

12. Adriana Hernández Íñiguez.

13. Lourdes Quiñones Canales.

14. William Oswaldo Ochoa Gallegos.

15. Fernando Donato de las Fuentes.

16. Jaime Chris López Alvarado.

17. Pedro Gómez Gómez.

18. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.

19. Fernando Salgado Delgado.

20. Jesús Antonio Valdés Palazuelos.

21. Roy Argel Gómez Olguín.

22. Alma Marina Vitela Rodríguez.

23. Samuel Gurrión Matías.

24. José Rubén Escajeda Jiménez.

25. Fernando Charleston Hernández.

26. Mauricio Sahuí Rivero.

27. María de las Nieves García Fernández.

28. Jorge Herrera Delgado.

Quince integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

1. José Ángel González Serna, a quien se propone para ocupar la vicepresidencia de la Comisión de Asuntos Económicos, la Deuda Social y Desarrollo Regional.

2. Enrique Alejandro Flores Flores.

3. J. Jesús Oviedo Herrera.

4. Rocío Esmeralda Reza Gallegos.

5. Alberto Coronado Quintanilla.

6. Mario Alberto Dávila Delgado.

7. Carlos Fernando Angulo Parra.

8. Carmen Lucía Pérez Camarena.

9. Humberto Armando Prieto Herrera.

10. Genaro Carreño Muro.

11. Esther Quintana Salinas.

12. Máximo Othón Zayas.

13. Germán Pacheco Díaz.

14. Gerardo Peña Avilés.

15. Margarita Licea González.

Catorce integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

1. Mario Miguel Carrillo Huerta, a quien se propone para ocupar la vicepresidencia de la Comisión de Energía y Minas.

2. María del Socorro Ceseñas Chapa.

3. Alejandro Carbajal González.

4. Lorenia Iveth Valles Sampedro.

5. Carlos de Jesús Alejandro.

6. Agustín Miguel Alonso Raya.

7. Fernando Belaunzarán Méndez

8. Teresa de Jesús Mojica Morga.

9. Israel Moreno Rivera.

10. Josefina Salinas Pérez.

11. Víctor Manuel Bautista López.

12. Crystal Tovar Aragón.

13. Gerardo Villanueva Albarrán.

14. Roxana Luna Porquillo.

Cuatro integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

1. Rosa Elba Pérez Hernández.

2. María del Rosario de Fátima Pariente Gavito.

3. Felipe Arturo Camarena García.

4. Ernesto Núñez Aguilar.

Dos integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

1. José Francisco Coronato Rodríguez.

2. Zuleyma Huidobro González.

Dos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

1. Ricardo Cantú Garza.

2. Héctor Hugo Robledo Gordillo

Un integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

1. Sonia Rincón Chanona.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 28 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a la Secretaría, si no hubiera quien solicite la palabra, que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobadas. Comuníquense.

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría, siguiendo puntualmente con lo que establece el orden del día, que dé lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que remite solicitud de controversia constitucional, que promueve el diputado Héctor García García, en contra del decreto por el que se reforman diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

De conformidad con lo establecido en la fracción II del numeral 1 del artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y en virtud de que está por vencerse el plazo constitucional para la interposición de la Controversia Constitucional solicitada por el diputado Héctor García García,  en contra del decreto por el que se reforman diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado en la fracción III del artículo precitado, ruego a usted que instruya la publicación en la Gaceta Parlamentaria de la sesión del día 4 de diciembre del presente año, del proyecto de demanda de controversia constitucional referido, para permitir la discusión y, en su caso, aprobación por el Pleno a  efecto de que se le dé curso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otra parte le informo que la Junta de Coordinación Política acordó solicitar que la opinión técnica de la Dirección General de Asuntos Jurídicos sobre este proyecto, sea publicada en la Gaceta y distribuida entre las y los diputados en cuanto sea desahogada por dicha instancia.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de diciembre de 2012.— Licenciado Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»

«Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.— Presente.

Jesus Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, actuando en representación del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, numeral 1, inciso 1), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y citando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones el ubicado en Palacio Legislativo de San Lázaro, Av. Congreso de la Unión #66, Col. El Parque, México DF, C.P. 15960 Edificio E, Primer Piso, Ala Norte, y autorizando en carácter de Delegados para que en forma conjunta o separada se impongan de los autos en los términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los Licenciados   comparezco a exponer lo siguiente:

Que en el carácter de Representante Legal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y que justifico plenamente mediante la Certificación de la Versión Estenográfica de fecha 29 de Agosto del año 2012, en la que se declara integrada la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para el Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura, ocurro por medio del presente escrito y anexos que acompaño, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 11 del Artículo 105 Constitucional; 4° y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto tercero, fracción I, del Acuerdo General Plenario 5/2001 publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno; a interponer, como medio de defensa de la Constitución, la presente Controversia Constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal a través del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Secretario de Gobernación.

Al efecto manifiesto los requisitos exigidos por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, al tenor de lo siguiente:

I.- Entidad, poder u órgano actor.

La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, actuando en representación del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, numeral 1, inciso I), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y citando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones el ubicado en Palacio Legislativo de San Lázaro, Av. Congreso de la Unión #66, Col. El Parque, México D.F., C.P. 15960 Edificio E, Primer Piso, Ala Norte.

II.- Entidad, poder u órgano demandado.

1.- Poder Ejecutivo de la Unión a través del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,con domicilio en su respectivo recinto oficial, se estima que es el ubicado en la Puerta 2, Casa Miguel Alemán Planta Baja, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, México Distrito Federal.

2.- C. Secretario de Gobernación,con domicilio en su respectivo recinto oficial, se estima que es el ubicado en Abraham González # 48, Edificio Cobian, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc C. P. 06600, México, D. F.

III.- Entidades, poderes u órganos terceros interesados.

Se estima que no existe.

IV.- Norma general o acto administrativo concreto cuya invalidez se demanda.

Se reclama la invalidez, refrendo, efectos y consecuencias de la aplicación de los artículos 2°, 3° Fracción XII Bis, 9°, 39 Bis, del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 19 de Octubre del año 2012, expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y con el refrendo del Secretario de Gobernación.

Oportunidad de presentación de demanda

La demanda es presentada oportunamente tomando en consideración, que se demanda -por su sola entrada en vigor- la nulidad de un norma general como es el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos” publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 19 de octubre del 2012.

Por tanto, para determinar el plazo para la presentación de la demanda debe estarse al artículo 21, fracción segunda, de la ley reglamentaria de la materia que establece lo siguiente:

”

De lo anterior se sigue que el plazo para la presentación de la demanda en este caso es de 30 días contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma reglamentaria controvertida.

Por tanto, si el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al viernes 19 de octubre del 2012, resulta entonces que el plazo de 30 días corrió del lunes 22 de octubre al 6 de diciembre, ambas fechas del 2012, cómputo que se hace con las reglas previstas al efecto en el artículo 3 fracciones II y III de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional.

Deben descontarse del plazo los días veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho de octubre; tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de noviembre; uno y dos de diciembre, todos del 2012 por ser sábados y domingos, es decir, por ser días inhábiles de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con los mismos fundamentos debe descontarse también el día lunes 19 y martes 20 de noviembre de dos mil doce, por haber sido días festivos e inhábiles en términos de ley, el primero de conformidad al Artículo No. 74 de la Ley Federal de Trabajo, y el segundo de conformidad al Artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo 2/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y por último, en términos del artículo 3, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal deben descontarse también los días 1 y 2 de noviembre de dos mil doce, en virtud de que en Sesión Privada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en fecha 15 de Octubre de 2012, los señores Ministros acordaron suspender las labores en el Alto Tribunal en las fechas antes señaladas.

V.- Los preceptos constitucionales que se estiman violados.

Se estiman violados los artículos 49, 73 en su fracción X, y 133 de la Constitución Federal, y se excede el ejercicio de la facultad reglamentaria del Presidente de la República previsto en el artículo 89, Fracción Primera de la Constitución, además de que se trasgrede y violenta el principio de División de Poderes, dado que la facultad de legislar en materia de juegos y sorteos, corresponde al Congreso de la Unión en términos del artículo 73, fracción X, del Pacto Federal, quien en su caso debe desarrollar el procedimiento legislativo a que se refieren los artículos 71 y 72 del Pacto Federal. Lo anterior respecto a la expedición de los artículos 2°, 3° Fracción XII Bis, 9°, 39 Bis, del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 19 de Octubre del año 2012.

VI.- La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que constituyen los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demanda.

1. El Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de Juegos y Sorteos, misma que se publicó en Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.

En donde de la interpretación de los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de la ley Federal de Juegos y Sorteos, se desprende:

a) Que la ley prevé una prohibición general de los juegos de azar y los juegos con apuestas.

b) Que, de acuerdo con el artículo 2°, fracción I, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, sólo se permiten los siguientes juegos:

• Ajedrez, damas y otros semejantes;

• Dominó, dados, boliche, bolos y billar, el de pelota en todas su formas y denominaciones; y

• Carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes, así como los sorteos en todas sus formas.

c) Así, cuando se indica en el artículo 3° de la ley que: “...para la autorización, control, vigilancia e inspección de los juegos cuando en ellos medien apuestas...” evidentemente se refiere a los juegos permitidos, que son señalados en el artículo 2°, fracción I, de Ley Federal de Juegos y Sorteos.

d) En este orden, los “juegos de azar” no señalados en al artículo 2°, fracción I, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se consideran prohibidos en todo el territorio nacional.

2. En el artículo Segundo Transitoriode dicha ley se facultó al Ejecutivo Federal para expedir el reglamento de dicha ley.

3. Dicho reglamento se expidió, el veintisiete de septiembre de dos mil cuatro, fecha en que se hizo la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.

En congruencia y concordancia con el Artículo 2°, Fracción I de la Ley de materia, en el referido Reglamento se estableció de manera expresa la prohibición sin excepción alguna para autorizar las denominadas “maquinas tragamonedas” en cualquier modalidad -azar, o una combinación de azar y destreza-, y para tal efecto se definió de manera clara, precisa y exacta la interpretación de este tipo de aparatos en su artículo 9° que al efecto me permito reproducir:

4. En fecha 19 de Octubre del año 2012, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 19 de Octubre del año 2012, expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y con el refrendo del Secretario de Gobernación.

5. En este Decreto precitado, y en franca contravención a lo dispuesto por el Artículo 2°, Fracción Primera de la Ley de la materia, pero en especial vulnerando los artículos 49 y 73, fracción X, y 133 de la Constitución Federal, y en exceso del ejercicio de la facultad reglamentaria del Presidente de la República previsto en el artículo 89, Fracción Primera de la Constitución, se reformo medularmente en los siguientes rubros que ahora se impugnan:

— En su artículo 9° se establece de manera inconstitucional que las máquinas tragamonedas podrán ser autorizadas como excepción, disponiendo como único requisito, que el permiso fuera solicitado por permisionarios u operadores autorizados por la Secretaría de Gobernación, en términos de lo previsto en el Artículo 20, Fracción I de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, cuando evidentemente es un juego prohibido por la Ley de la materia, en donde, en términos de la reforma impugnada, la salvedad para el otorgamiento del permiso, no depende de la características particulares de la máquina, sino de la condición del permisionario u operador autorizado, lo cual no subsana la evidente inconstitucionalidad.

— Que conforme a lo anterior, en los términos propuestos por el Presidente de la República en su Decreto publicado en fecha 19 de Octubre de 2012, en donde de manera medular se establece que la supuesta prohibición para autorizar dichas máquinas se condiciona al estatus de solicitante, esto es, que sea permisionario u operador autorizado de la Secretaría de Gobernación, es lo que crea un marco de inconstitucionalidad todavía mayor a las violaciones de los preceptos constitucionales antes señalados, -como resultan ser a los artículos 49, 73, fracción X; 89, Fracción Primera y 133 de la Constitución Federal- ya que inclusive pudiera ser impugnada por particulares, que no sean actualmente permisionarios u operadores autorizados por la Secretaría de Gobernación, y que pretendan obtener permiso para operar dichas maquinas tragamonedas, y aleguen discriminación o violación a la libertad de comercio o de trabajo, prevista en el artículo 5° de la Constitución Federal, por lo que la presente demanda, pretende subsanar y evitar de manera urgente e inmediata una afectación al orden jurídico nacional.

— De igual forma en su artículo 3°, Fracción XII Bis se establece una nueva definición limitada, vaga e imprecisa del concepto de maquinas tragamonedas, que resulta un retroceso jurídico -conforme a lo previsto en el Art. 9° anterior del reglamento - y violación al orden constitucional, pero sobre todo, en un supuesto caso, para la debida vigilancia y supervisión de este tipo de aparatos, y de manera especial permitan que ante la incertidumbre de esta definición se interpongan, admitan y concedan el amparo y protección de la justicia federal los establecimientos con este tipo de maquinas tragamonedas ilegales; transcribo la redacción actual:

Definición de maquinas tragamonedas con la reforma del 19 de octubre del 2012.

Definición de maquinas tragamonedas conforme al reglamento anterior  (27 de septiembre de 2004)

— Aunado a lo anterior, tenemos que diferencia de lo observado en el Reglamento de la Ley Federal del Juegos y Sorteos que fuera publicado el veintisiete de septiembre de dos mil cuatro, en donde se reglamentaron y contemplaron diversos juegos de apuesta y sorteos, y se precisaran sus alcances de una manera exhaustiva, el caso es que en el permiso previsto en el Reglamento reformado no se contempla apartado especial alguno para la debida regulación o reglamentación de las máquinas traga monedas, a diferencia de lo previsto del artículo 38 al 137 del citado reglamento original y que se refiere a los siguientes rubros:

A. Juegos con cruce de apuestas en:

a. Hipódromos

b. Galgódromos

c. Frontones (artículos 20, fracción 1, y 48 a 58).

B. Operación de centros de apuestas remotas (artículos 20, fracción I y 76 a 90).

C. Salas de sorteos de números (artículo 20, fracción I).

D. Cruce de apuestas en ferias(artículos 20, fracciones II y III, y 59 a 75) en las siguientes modalidades:

a. Carreras de caballos en escenarios temporales.

b. Peleas de gallos

c. Naipes

d. Dados

e. Ruleta y

f. Sorteos de símbolos y números.

E. Sorteos celebrados por personas físicas y morales constituidas conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos(artículos 20, fracción IV, y 91 a 137) en las siguientes modalidades:

a. Sorteos con venta de boletos;

b. Sorteos sin venta de boletos;

c. Sorteos instantáneos;

d. Sorteos en sistemas de comercialización;

e. Sorteos de símbolos o números, y

f. Sorteos transmitidos por medios de comunicación masiva.

6. Que no se pierde de vista que existe el Antecedente de la Controversia Constitucional 97/2004, que fuera promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contra diversos preceptos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos expedido por el Ejecutivo Federal y que fuera publicada el veintisiete de septiembre de dos mil cuatro, sin embargo, para el asunto que se reclama actualmente, es relevante la Ejecutoria de Controversia en cita, ya que en esta. Ejecutoria en comento es que se precisa que los juegos de apuesta y sorteos contemplados en aquel reglamento coincidían con lo previsto entonces en la Ley, situación que ahora no acontece en ningún sentido, ya que ni siquiera de manera vaga se deje entrever la posibilidad de que este tipo de máquinas tragamonedas se encuentre autorizadas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mucho menos con la definición y nula regulación con la que se expide por el Ejecutivo Federal en el Decreto que ahora se impugna mediante la presente Controversia, y que trae por consecuencia inmediata y natural el grave perjuicio para la sociedad que acude a este tipo de establecimientos en donde funcionan y habrán de funcionar este tipo de aparatos autorizados por la Secretaría de Gobernación.

7. Igualmente resulta ser un hecho notorio que los reformados artículos 2° párrafo tercero y 39 Bis del Decreto impugnado, establecen la facultad discrecional y única en el Director General de Juegos y Sorteos para el otorgamiento, modificación, renovación o ampliación de permisos; estableciendo inclusive la facultad para que este determine sin lineamiento alguno y de manera arbitraria, los asuntos que se deberán someter al Consejo Consultivo previsto en el Reglamento, mientras que de conformidad al artículo 3° de esta la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se considera que las autorizaciones y/o permisos solamente podrán otorgarse a través de la Secretaría de Gobernación, siendo en este caso a través de su Titular o quien lo sustituya en casos de ausencia, y por consiguiente, se invade la facultad constitucional que tiene esta Cámara de Diputados para legislar en la citada materia, prevista en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que pase desapercibido que el artículo 7° de la Ley de la materia se determina que la Secretaría de Gobernación ejercerá la vigilancia y control de los juegos con apuestas y sorteos, y que con el mismo fin podrá integrar los organismo y comisiones que estime convenientes, en donde resulta necesario destacar que este ámbito de facultades es exclusivo y restrictivo para ejercer sus funciones de vigilancia y supervisión, pero en ninguna parte de la redacción de este artículo, o del propio artículo 3° de esta Ley, se permitió al Ejecutivo Federal para designar a persona distinta al Titular de la Secretaría de Gobernación para autorizar el otorgamiento de los citados permisos, en donde en este caso la Dirección General de Juegos y Sorteos, debe emitir la recomendación técnica y jurídica al titular del área, para su posterior otorgamiento o negativa en su caso.

8. Por lo anterior, y ante la evidente invasión de esferas competencia les por parte del Ejecutivo Federal contra las facultades indelegables de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es que ocurro en su representación legal a interponer la presente Controversia Constitucional en contra de la expedición de los artículos 2°, 3° Fracción XII Bis, 9°, 39 Bis, del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 19 de Octubre del año 2012, ya que se vulneran los artículos 49 y 73, fracción X, y 133 de la Constitución Federal, y se excede el ejercicio de la facultad reglamentaria del Presidente de la República previsto en el artículo 89, Fracción Primera de la Constitución, y violan el principio de división de poderes del 49, dado que la facultad de legislar en materia de juegos y sorteos, corresponde al Congreso de la Unión en términos del artículo 73, fracción X, del Pacto Federal, consideraciones que hacemos valer mediante los siguientes:

VII.- Concepto de invalidez.

Primer Concepto de Invalidez.- El artículo 3°- tercero Fracción XII Bis, en correlación con el artículo 9°-noveno del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”;publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 19 de Octubre del año 2012; vulneran los artículos 49 y 73, fracción X, y 133 de la Constitución Federal, en donde además se pone de manifiesto el exceso del ejercicio en la facultad reglamentaria del Presidente de la República previsto en el artículo 89, Fracción Primera de la Constitución, lo anterior tomando en consideración que con estos artículos impugnados se violenta el principio de división de poderes, dado que la facultad de legislar en materia de juegos y sorteos, corresponde al Congreso de la Unión en términos del artículo 73, fracción X, del Pacto Federal, quien en su caso debe desarrollar el procedimiento legislativo a que se refieren los artículos 71 y 72 del Pacto Federal, por lo que se viola la reserva de ley y subordinación jerárquica.

En este concepto de invalidez se justificara la inconstitucionalidad de este reglamento reformado, en donde de manera particular se impugna la autorización que prevé en su artículo 9-nueve para que operen con permiso de la Secretaría de Gobernación las máquinas tragamonedas en cualquier modalidad, lo cual resulta ilegal al contraponerse a lo previsto en la Ley General de Juegos y Sorteos, aún y cuando el planteamiento sea para otorgar el permiso en caso de excepción para los operadores y permisionarios autorizados por la propia Secretaría de Gobernación, ya que el simple hecho de cumplir ciertos requisitos para operar otro tipo de juegos con apuestas o sorteos -Art. 20 y 21 del Reglamento de la Ley General de Juegos y Sorteos-, no legitima este tipo de actividades, ni ningún otra prohibida o no prevista por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, ya que el Reglamento no es un instrumento u oportunidad para legislar una actividad y facultad exclusiva para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Pero además resulta igualmente violatorio que se hubiera establecido una deficiente, vaga e imprecisa definición de este tipo de máquinas en su artículo tercero; y el porqué de la importancia de esta definición?, porque precisamente a través de este concepto reformado es que se definen las características particulares de este tipo de maquinas para prohibir su autorización y permiso conforme a la Ley General de. Juegos; por lo que además de que el reglamento reformado prevé ilegalmente un caso de excepción para autorizar este tipo de actividades el problema es todavía más grave porque se requiere una definición ajustada a la Ley; por lo que se pone en evidencia que la autorización de una actividad prohibida, pero además deficientemente reglamentada, trae por consecuencia una afectación de manera directa a la colectividad que acude a este tipo de establecimientos en la búsqueda de esparcimiento, sin alguna certeza jurídica de su vigilancia y supervisión debida por la autoridad.

Para un mejor análisis y comprensión, me permito reproducir el artículo 9° reformado del Reglamento de la Ley General de Juegos y Sorteos:

Artículo 9.- Quedan prohibidas las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades, salvo las que cuenten con el permiso de la Secretaría expedido expresamente para tales efectos, en los términos de la Ley y este Reglamento.

Para obtener el permiso a que se refiere el párrafo anterior, el solicitante deberá cumplir con los requisitos siguientes:

I. Ser permisionario u operador autorizado por la Secretaría, bajo los supuestos previstos en la fracción I del artículo 20 de este Reglamento, y

II. Contar con la autorización de apertura de la Secretaría, para los establecimientos en los que se pretenda utilizar dichas máquinas.

La vigencia del permiso para la utilización de las máquinas tragamonedas a que se refiere el presente artículo estará, a su vez, sujeta a la vigencia del permiso a que se refiere la fracción I del artículo 20 de este Reglamento.

La Secretaría otorgará el permiso correspondiente en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la recepción de la solicitud.

La solicitud se presentará en los términos establecidos en la fracción I del artículo 21 de este Reglamento

De conformidad a lo anterior, analizamos en primer orden, este concepto de invalidez para hacer valer las cuestiones de inconstitucionalidad de los citados artículos reformados, para justificar la prohibición de este tipo de juegos ­máquinas tragamonedas- en la Ley Federal del Juegos y Sorteos en cualquier modalidad, y en especial respecto al artículo 2° de la citada Ley de la materia, que contempla diversos juegos con apuestas y sorteos, y en donde no se desprende de manera expresa o tácita la inclusión y/o autorización de las referidas máquinas, destacando especialmente lo siguiente:

a) Que la ley prevé una prohibición general de los juegos de azar y los juegos con apuestas.

b) Que, de acuerdo con el artículo 2°, fracción I, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, sólo se permiten los siguientes juegos:

• Ajedrez, damas y otros semejantes;

• Dominó, dados, boliche, bolos y billar, el de pelota en todas su formas y denominaciones; y

• Carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes, así como los sorteos en todas sus formas.

c) Que en todo caso existe invasión de esferas, al legislar una cuestión exclusiva de la Cámara de Diputados conforme a lo previsto por el Artículo 73, Fracción X de la Constitución Federal.

En donde, aún y tomando en consideración el tiempo transcurrido desde que fue publicada la Ley en el año de 1947, y de que se efectúe una interpretación progresiva al efecto de actualizar supuestos sociales que antes no están contemplados y/o previstos en la Ley reglamentaria; independientemente de lo anterior se debe respetar el orden constitucional, y reconocer que los artículos impugnados de la referida reforma, violentan además y de manera directa la Exposición de Motivos de la Iniciativa del nueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, para reformar la Constitución Federal-aprobada entonces sin discusión en Comisiones- que planteo la facultad exclusiva al Congreso de la Unión para legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos mediante la reforma al artículo 73, fracción X constitucional, donde se instituye dicha atribución del legislativo federal, y se desprende un principio e imperativo social, que se transforma en orden constitucional, y el cual me permito reproducir para una mejor ilustración:

“El poder público tiene obligación de velar por que las energías y los recursos económicos de la colectividad se encaucen hacia fines de producción útil, evitando su despilfarro en actividades que tradicionalmente se han considerado nocivas para el individuo y para la sociedad, tales como los juegos de azar, las apuestas y los sorteos o rifas en donde muchas veces con el aliciente de una ganancia fácil se explota al público y se corrompe a la juventud.”

En este sentido, es que precisamente encontramos que la facultad otorgada a la Cámara de Diputados mediante la reforma a la Constitución Federal, el nueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, para regular los juegos con apuestas y sorteos, no descansa o se limita con la simple expedición reglamentaria de la ley, sino que además, deberá salvaguardar y ser garante en todo momento del respeto irrestricto de los recursos económicos de la colectividad, evitando su despilfarro en actividades que tradicionalmente se han considerado nocivas, tales como los juegos de azar, y que como ciertamente refiere la exposición de motivos en cita, muchas veces se explota al público y se corrompe a la juventud. Es precisamente esta motivación histórica que constriñe una responsabilidad permanente que obliga a esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a interponer la presente demanda.

De igual forma, se plantea de manera formal que en el Decreto impugnado, existe una omisión absoluta de regulación para la inclusión de esta figura de “maquinas tragamonedas” en el multireferido reglamento, que plante los supuestos jurídicos, mecanismos, lineamientos, parámetros para su debida supervisión y vigilancia -inclusive para el otorgamiento de su permiso, situación que se aborda más adelante-, esto en equiparación con otros juegos con apuesta y sorteos que si están debidamente colmados en este Reglamento desde su artículo el artículo 38 al 137 del citado reglamento original, y como a continuación me permito citar textualmente:

F. Juegos con cruce de apuestas en:

a. Hipódromos

b. Galgódromos

c. Frontones (artículos 20, fracción I, y 48 a 58).

G. Operación de centros de apuestas remotas(artículos 20, fracción I y 76 a 90).

H. Salas de sorteos de números(artículo 20, fracción I).

I. Cruce de apuestas en ferias(artículos 20, fracciones II y III, y 59 a 75) en las siguientes modalidades:

a. Carreras de caballos en escenarios temporales.

b. Peleas de gallos

c. Naipes

d. Dados

e. Ruleta y

f. Sorteos de símbolos y números.

J. Sorteos celebrados por personas físicas y morales constituidas conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos(artículos 20, fracción IV, y 91 a 137) en las siguientes modalidades:

a. Sorteos con venta de boletos;

b. Sorteos sin venta de boletos;

c. Sorteos instantáneos;

d. Sorteos en sistemas de comercialización;

e. Sorteos de símbolos o números, y

f. Sorteos transmitidos por medios de comunicación masiva.

Como se refiere con anterioridad, existe una grave omisión en esta reforma para regular la inclusión de este tipo de máquinas tragamonedas, para su debida supervisión y vigilancia, pero además se impugna en el mismo sentido la ilegal condición que prevé para otorgar su permiso, por lo que se reclama la invalidez del reformado artículo 9° del Decreto, en donde se establece de manera inconstitucional que las máquinas tragamonedas podrán ser autorizadas como excepción, aduciendo como único requisito, que esta fuera solicitada por permisionarios u operadores autorizado por la Secretaría de Gobernación, en términos de lo previsto en el Artículo 20, Fracción I de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, cuando evidentemente es un juego prohibido por la Ley de la materia, en donde, en términos de la reforma impugnada, la salvedad para su permiso no depende de las  características particulares de la máquina, sino de la condición del permisionario u operador autorizado, lo cual no subsana la evidente inconstitucionalidad, y provoca una afectación grave al orden social, y falta de certeza jurídica que debe prevalecer en este tipo de juegos para su debida autorización, vigilancia y supervisión a los cuales tienen mayor, acceso la juventud y sociedad.

Que conforme a lo anterior, en los términos propuestos por el Presidente de la República en su Decreto publicado en fecha 19 de Octubre de 2012, en donde de manera medular se establece que la supuesta prohibición para autorizar dichas máquinas se condiciona al estatus de solicitante, esto es, que sea permisionario u operador autorizado de la Secretaría de Gobernación, es lo que crea un marco de inconstitucionalidad todavía mayor a las violaciones de los preceptos constitucionales antes señalados, - como resultan ser a los artículos 49, 73, fracción X, 89, Fracción Primera y 133 de la Constitución Federal-ya que inclusive pudiera ser impugnada por particulares, que no sean actualmente permisionarios u operadores autorizados por la Secretaría de Gobernación, y que pretendan obtener permiso para operar dichas maquinas tragamonedas, y aleguen discriminación o violación a la libertad de comercio o de trabajo, prevista en el artículo 5° de la Constitución Federal, por lo que la presente demanda, pretende subsanar y evitar de manera urgente e inmediata una afectación al orden jurídico nacional.

En este caso, el Ejecutivo Federal permite que se autorice un juego ilegal ­que además de vulnerar la competencia del Congreso de la Unión y violar lo previsto en la Ley reglamentaria de la materia-, es el caso de que en los términos propuestos, con una deficiente definición de lo que son las máquinas tragamonedas, así como la omisión absoluta de su regulación para su debida supervisión y vigilancia, es que se pone en evidencia una grave violación al orden nacional, que no solo afecta o impacta a este tipo de establecimiento, sino a la sociedad que acude a este tipo de lugares para su sano esparcimiento, encontrando, ante estas omisiones y violaciones a la Constitución, una posibilidad de explotación a la sociedad, sin que ninguna Ley o Autoridad observe o evite el despilfarro de los recursos económicos de la sociedad en este tipo de actividades y juegos con apuestas.

Aunado a lo anterior, se demanda la violación del Poder Ejecutivo respecto del uso y facultad de la facultad reglamentaria, transgrediendo el principio de reserva de ley que encuentra su justificación en la necesidad de preservar los bienes jurídicos de mayor valía de los gobernados (tradicionalmente libertad personal y propiedad), prohíbe que en el reglamento se aborden materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso, como son las relativas a la definición de los tipos penales, las causas de expropiación y la determinación de los elementos de los tributos, mientras que el principio de subordinación jerárquica, exige que el reglamento esté precedido, por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida. Lo anterior conforme a lo dispuesto en las siguientes Jurisprudencias:

Facultad reglamentaria del Presidente de la República. Principios que la rigen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al presidente de la República para expedir normas reglamentarias de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, y aunque desde el punto de vista material ambas normas son similares, aquéllas se distinguen de éstas, básicamente, en que provienen de un órgano que al emitirlas no expresa la voluntad general, sino que está instituido para acatarla en cuanto dimana del Legislativo, de donde, por definición, son normas subordinadas, de lo cual se sigue que la facultad reglamentaria se rige por dos principios: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El principio de reserva de ley que encuentra su justificación en la necesidad de preservar los bienes jurídicos de mayor valía de los gobernados (tradicionalmente libertad personal y propiedad), prohíbe que en el reglamento se aborden materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso, como son las relativas a la definición de los tipos penales, las causas de expropiación y la determinación de los elementos de los tributos, mientras que el principio de subordinación jerárquica, exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida

“Facultad reglamentaria. sus límites. La facultad reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa  reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento. El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley, es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición.”

Por lo anterior y tomando en consideración lo previsto en este apartado violación a la facultad reglamentaria por el Presidente de la República en las reformas impugnadas, es que sirve de referencia lo previsto en la Controversia Constitucional 97/2004.

De lo anterior se obtiene que, la facultad reglamentaria concedida al Poder Ejecutivo Federal tiene como principal objeto un mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas.

En este sentido, es claro que el reglamento depende de la ley, ello, porque el primero actúa en observancia de la segunda. Así, es competencia exclusiva de la ley, la determinación de qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, a diferencia del reglamento el cual sólo podrá operar dentro del límite de la ley.

De esta forma, el reglamento no puede ir más allá de la ley, ni extenderla a supuestos distintos, ni mucho menos, contradecirla.

De igual forma, el reglamento no debe violentar el principio de reserva de ley, porque esta figura tiene el objeto de proteger el ámbito de regulación que corresponde a los ciudadanos, el cual se ejerce a través de sus representantes democráticos (Congreso de la Unión), lo cual no sucede con el reglamento, ya que éste tiene la naturaleza de ejecutar a las primeras.

Asimismo, el reglamento del Poder Ejecutivo no puede invadir la esfera del Poder Legislativo, debido a que las leyes emanadas del órgano legislativo se ubican en un plano superior del reglamento. Ello, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Federal, el cual establece que las leyes emitidas por el Congreso de la Unión, serán  Ley Suprema en toda la Unión.

De todo lo expuesto en esta parte, se concluye lo siguiente:

a) Derivado del artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal está facultado para expedir reglamentos para proveer a la exacta observancia de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión.

Lo anterior, obedece principalmente al principio de jerarquía de normas.

b) Existen limitaciones a la facultad reglamentaria que se concede al Ejecutivo Federal, ya que se le constriñe a expedir normas generales, abstractas e impersonales que tengan por objeto la ejecución de la ley emitida por el Congreso de la Unión desarrollando y completando en detalle sus disposiciones, sin exceder el alcance de sus mandatos o alterar sus disposiciones, ya que es la ley la que lo justifica.

c) El Ejecutivo sólo puede hacer uso de esta facultad, cuando así expresamente lo disponga la Constitución y dentro de los límites y atribuciones que la misma autoriza.

Pero de igual forma, se denuncia en este concepto la invalidez de los términos en que se encuentra redactado el artículo 3°, Fracción XII Bis se establece una nueva definición limitada, vaga e imprecisa del concepto de máquinas tragamonedas, que resulta un retroceso jurídico -conforme a lo previsto en el Art. 9° anterior del reglamento - y violación al orden constitucional, pero sobre todo, en un supuesto caso, para la debida vigilancia y supervisión de este tipo de aparatos, y de manera especial permitan que ante la incertidumbre de esta definición se concedan permisos y autorizaciones de máquinas ilegales, se interpongan, admitan y concedan el amparo y protección de la justicia federal a los establecimientos y personas físicas, con este tipo de máquinas tragamonedas ilegales. Las diferencias se ilustran en el cuadro comparativo siguiente.

Como se comento con anterioridad, la importancia de la definición de este tipo de máquinas en el Reglamento reformado, debe ser precisa, clara y exacta, con elementos objetivos y técnicos que no provoque confusiones en su interpretación, y sobre todo en mayor medida para evitar que se deje al arbitrio o discreción de la autoridad su interpretación al momento de otorgar permisos, así como para vigilar y supervisar este tipo de aparatos; lo cual se satisfacía con la redacción anterior del reglamento en su artículo 9-nueve, como se ejemplifica en el cuadro comparativo antes descrito, sin embargo ahora el artículo tercero establece una nueva definición incompleta de este tipo de aparatos por las consideraciones que más delante se precisan, pero además inserta la palabra “apuesta” como un elemento a considerar para su identificación y clasificación; sin embargo, en primer orden se insiste que la definición anterior era más completa, ya que aún y cuando no tenía incluida la palabra “apuesta” si era más clara y precisa su redacción para prohibir este tipo de máquinas, y además la nueva definición del multireferido reglamento reformado, considera que las máquinas que operen por destreza deben estar reguladas, cuando anteriormente únicamente se establecía que se prohibían las máquinas de azar o que operaban con una combinación de azar y destreza; por lo que evidentemente no debe estar contemplada este elemento destreza para ser autorizadas o contempladas para la regulación de juegos y sorteos, lo anterior toda vez que la Ley de la materia establece la prohibición en su artículo primero de juegos con azar y con apuestas.

Sirve de apoyo el siguiente criterio:

Valor agregado. el artículo 47 del reglamento de la ley del impuesto relativo, en cuanto delimita considerar actividades con el público en general a las operaciones efectuadas por contribuyentes dedicados a actividades comerciales, vulnera el principio de subordinación jerárquica ( legislación vigente en 2004 y 2005).Época: Novena Época. Registro: 164872 Instancia: Segunda Sala Tipo Tesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización: Tomo XXXI, Marzo de 2010 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a. VIII/2010 Pág. 1055.

El citado precepto, al delimitar que cuando se trate de operaciones efectuadas por contribuyentes dedicados a actividades comerciales, en términos del artículo 16, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se entenderá que se realizan con el público en general, para efectos de la expedición de los comprobantes fiscales, vulnera el principio de subordinación jerárquica contenido en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en dicho apartado normativo no se desarrolla ni concreta lo dispuesto en el artículo 32, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, o en otra ley, sino que a partir de su texto se crea una nueva obligación para los contribuyentes que no se dediquen a esas actividades, ya que deben expedir los comprobantes con el tributo repercutido en forma expresa y por separado, en cualquier operación, dado que no quedaron incluidos en la definición, siendo que la actividad a la que se dedican los sujetos obligados no es un aspecto relevante para cumplir con las obligaciones fiscales en el impuesto al valor agregado, antes bien, es un elemento ajeno a la tributación, según se advierte de los artículos 1o., 2o.-A y 8o. de la Ley indicada, 29-A del Código Fiscal de la Federación y 37 de su Reglamento, porque únicamente se requiere que se realicen las operaciones gravadas en la ley para estar obligados a pagar el impuesto, así como a cumplir con la expedición de comprobantes fiscales, en particular, con el requisito de separar expresamente el tributo causado si el acto o actividad no se llevó a cabo con el público en general, o bien, de no realizar el desglose relativo cuando las operaciones se hagan con ese público, sin importar la calidad del contribuyente -persona física, moral, privada, pública u oficial- o la actividad a la que esporádica o permanentemente se dediquen -empresarial o no-. Cabe aclarar que este criterio no abandona el contenido en la jurisprudencia 2a./J. 91/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “Valor agregado. el artículo 47 del reglamento de la ley del impuesto relativo no viola el principio de subordinación jerárquica (legislación vigente en 2005).”, en tanto que ésta analizó otro supuesto del artículo 47 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el que se exceptúa de las operaciones realizadas con el público en general a las desarrolladas por mayoristas, medio mayoristas o envasadores.

Segunda Sala

Amparo directo en revisión 2225/2009. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C. 20 de enero de 2010. Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

Nota: La tesis 2a./J. 91/2009 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 459.

Segundo Concepto de Invalidez.- El artículo 2°-segundo en correlación con el artículo 39 Bis, del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”; publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 19 de Octubre del año 2012, vulnera los artículos 49 y 73, fracción X, y 133 de la Constitución Federal, en donde además se excede el ejercicio de la facultad reglamentaria del Presidente de la República previsto en el artículo 89, Fracción Primera de la Constitución, se viola el principio de división de poderes del 49, dado que la facultad de legislar en materia de juegos y sorteos, corresponde al Congreso de la Unión en términos del artículo 73, fracción X, del Pacto Federal, quien en su caso debe desarrollar el procedimiento legislativo a que se refieren los artículos 71 y 72 del Pacto Federal.

Como se precisó con anterioridad, resulta ser un hecho notorio que los reformados artículos 2° párrafo tercero y 39 Bis del Decreto impugnado, establecen la facultad discrecional y única en el Director General de Juegos y Sorteos para el otorgamiento, modificación, renovación o ampliación de permisos; estableciendo inclusive la facultad para que esta autoridad determine sin lineamiento alguno y de manera arbitraria, los asuntos que se sometan a consideración y opinión al Consejo Consultivo previsto en el Reglamento, mientras que de conformidad al artículo 3° de esta la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se considera que las autorizaciones y/o permisos solamente podrán otorgarse a través de la Secretaria de Gobernación, siendo en este caso a través de su Titular o quien lo sustituya en casos de ausencia, y por consiguiente, se invade la facultad constitucional que tiene esta Cámara de Diputados para legislar en la citada materia, prevista en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin que pase desapercibido que el artículo 7° de la Ley de la materia se determina que la Secretaria de Gobernación ejercerá la vigilancia y control de los juegos con apuestas y sorteos,y que con el mismo fin podrá integrar los organismo y comisiones que estime convenientes, pero en ningún rubro se estableció en la ley que pudiera delegarse en otras autoridades la facultad de otorgar las autorizaciones o permiso, sino exclusivamente las funciones de vigilancia y supervisión; por lo que resulta necesario destacar que este ámbito de facultades es exclusivo y restrictivo para ejercer sus funciones de vigilancia y supervisión, pero en ninguna parte de la redacción de este artículo, o del propio artículo 3° de esta Ley, se permitió al Ejecutivo Federal a designar a persona distinta al Titular de la Secretaría de Gobernación para el otorgamiento de los citados permisos, en donde en este caso la Dirección General de Juegos y Sorteos, debe emitir la recomendación técnica y jurídica al titular del área, para su posterior otorgamiento o negativa en su caso.

Sirve de apoyo los siguientes criterios del Poder Judicial de la Federación:

Concesiones y permisos en materia de radiodifusión. El artículo 5o., fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al otorgar al secretario del ramo la facultad indelegable para declarar administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o revocación, viola el artículo 89, fracción i, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (J); 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXXII, Septiembre de 2010; Pág. 947

Los artículos 9-A, fracción XVI y cuarto transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y 9o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, otorgan facultades exclusivas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones en materia de radiodifusión (radio y televisión abierta). En ese tenor, el artículo 5o., fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado en el indicado medio de difusión oficial el 8 de enero de 2009, al otorgar al secretario del ramo la facultad indelegable para declarar administrativamente la caducidad, nulidad, rescisión o revocación de las concesiones y permisos en materia de radiodifusión, viola el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, desconoce las facultades exclusivas que directamente le fueron otorgadas por el Congreso de la Unión en las leyes referidas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones con autonomía plena para dictar sus resoluciones, las cuales no pueden modificarse en un reglamento que por su naturaleza se encuentra subordinado jerárquicamente a la ley.

Controversia constitucional 7/2009. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 24 de noviembre de 2009. Mayoría de nueve votos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ydalia Pérez Fernández Ceja. El Tribunal Pleno, el seis de septiembre en curso, aprobó, con el número 90/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de septiembre de dos mil diez.

Cuadro nacional de atribución de frecuencias. El artículo 5o., fracción XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al otorgar al secretario del ramo la facultad indelegable para aprobarlo, es inconstitucional. (J); 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXXII, Septiembre de 2010; Pág. 948

El artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, establece que la Comisión Federal de Telecomunicaciones constituye un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, así como para dictar sus resoluciones, y señala sus atribuciones, precisando cuándo existe la necesidad de someter a la aprobación de la Secretaría sus resoluciones, como acontece en el caso del programa de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, en términos de su fracción V, lo que no sucede en el supuesto del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, pues en su fracción VIII establece como facultades de la Comisión elaborado y mantenerlo actualizado, las cuales desarrolla el Pleno y, por tanto, debe ejercer con plena autonomía atendiendo a lo señalado en el primer párrafo del propio artículo 9-A. En esos términos, la fracción XIX del artículo 5o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado en el indicado medio de difusión oficial el 8 de enero de 2009, que otorga como facultad indelegable al secretario del ramo la de aprobar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, viola los artículos 72, apartado F, 73, fracción XVII, 89, fracción I, y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vulnerar la autonomía de la Comisión por desconocer la facultad que de manera directa le otorgó el Congreso de la Unión en una norma legal y subordinada al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, siendo que la relación jerárquica entre ésta y aquélla, por su carácter de órgano desconcentrado de esa dependencia, debe atender a las competencias específicas que le son atribuidas en las leyes.

Pleno_ Controversia constitucional 7/2009. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 24 de noviembre de 2009. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Sergio A.Valls Hernández. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Ydalia Pérez Fernández Ceja

A fin de acreditar los antecedentes y conceptos de invalidez que fueron expuestos a través del presente documento, a continuación me permito ofrecer como de la intención de mí representado, las siguientes:

VIII.- Pruebas.

Documental pública.-La que se hace consistir en la Certificación de la Versión Estenográfica de fecha 29 de Agosto del año 2012, en la que se declara integrada la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para el Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura, y mediante la cual se designa al suscrito en carácter de Presidente, con la presente documental se justifica plenamente el carácter de Representante Legal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión.

Documental pública.-La que se hace consistir en un ejemplar del Diario Oficial de la Federación publicado en fecha 19 de Octubre del año 2012, en el que se hace constar el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”, expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y con el refrendo del Secretario de Gobernación. Siendo en este caso la materia de la presente Controversia, en que medularmente se impugnan los artículos 2°, 3° Fracción XII Bis, 9°, 39 Bis, del Decreto de referencia.

IX.- Incidente de suspensión.

De conformidad a lo previsto en los Artículos 14 y 15 Ley Reglamentaria de las Fracciones II y III del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita formalmente la Suspensión de todos los actos que emita la Secretaría de Gobernación y/o el Director General de Juegos y Sorteos, que sean efecto o consecuencia del reglamento que se impugna, en lo particular, los actos a los que se refieren sus artículos 3°, Fracción XII Bis, 9°, 39 Bis, del reglamento, y relativos al permiso que se otorguen para el uso y/o explotación de las máquinas tragamonedas en cualquier modalidad, que otorgue el Titular o Encargado de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.

La medida cautelar solicitada, se motiva precisamente en observar quejas supuestos o requisitos jurídicos previstos en el reformado Reglamento Federal de Juegos y Sorteos -publicado en fecha 19 de octubre del 2012-, y que permiten autorizar el funcionamiento de las máquinas tragamonedas como caso de excepción, no establecen las condiciones, características, pero en especial el buen funcionamiento de estas máquinas que aseguren su operación legal, aún y en los casos de juegos de azar o destreza que contempla el  reglamento reformado.

Los requisitos que establece el reglamento reformado para el otorgamiento del permiso de estas máquinas tragamonedas en cualquier modalidad, plasmados en el artículo 9° no se encuentran encaminados o dirigidos a revisar los lineamientos generales o mínimos indispensables para el permiso de este tipo de máquinas, en este sentido, sino que estos resultan ser meramente condiciones preestablecidas de los negocios o casinos en donde habrán de funcionar este tipo de máquinas, por ende, los requisitos y casos de excepción planteados por el Ejecutivo Federal en este caso, resultan ser ajenos a la calidad, carácter o modalidad de las máquinas tragamonedas; en donde mención aparte merece destacar las diferencias abismales en la definición de máquinas tragamonedas previstas entre el Reglamento original del 2004 en contra del reformas del Reglamento ahora impugnado, para hacer ver que las obscuridades de sus interpretaciones y definiciones de este tipo de aparatos provocará en primer orden complejidades para el otorgamiento de permisos, pero en especial para el debido funcionamiento de supervisión y vigilancia de este tipo de aparatos, en donde además de estar prohibido por la Ley de la materia, el planteamiento del Ejecutivo Federal es carente de regulación en este sentido, por lo que ante el temor fundado de que se otorguen permisos sin control de este tipo de máquinas tragamonedas y de que no existe regulación alguna del Ejecutivo Federal en este sentido, es que resulta debidamente motivado y fundado nuestra petición de solicitar se suspenda el otorgamiento de permisos en los términos previstos por el artículo 9° del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos publicado en fecha 19 de Octubre del 2012.

De igual forma, es de observarse en el reglamento reformado, que no existe una obligación de llevar a cabo un registro que contenga el número de máquinas que en todo caso se autorizaran mediante permiso por la autoridad designada para tal efecto, con lo cual se lograría obtener el folio particular de cada uno de estos aparatos para su debido permiso, monitoreo, vigilancia y supervisión.

Bajo el contexto antes descrito, es que se confirma que el permiso -ilegal- de las máquinas tragamonedas que se plantea por ejecutivo federal como caso de excepción en el reglamento reformado, crea una nueva situación jurídica, ya que la reglamentación federal anterior prohibía este tipo de aparatos sin excepción alguna; en consecuencia, ante esta nueva visión, la reglamentación implica un nuevo marco jurídico que en primer orden regule este tipo de aparatos y sobre todo se precise en el mismo reglamento los mecanismos que resultan ser propios al tipo o modalidad de máquina para que esta sea autorizada, de una manera clara, precisa y exacta, sin que sea el caso que el Ejecutivo hubiera contemplado este regulación, a diferencia de otros juegos con apuesta y sorteos, para el otorgamiento del permisos, y su debida vigilancia y supervisión.

Al permitir el Ejecutivo Federal que se autorice un juego ilegal -que además de vulnerar la competencia del Congreso de la Unión y violar lo previsto en la Ley reglamentaria de la materia-, es el caso de que en los términos propuestos en el reglamento impugnado, que contiene una deficiente definición de lo que son las máquinas tragamonedas, así, como la omisión absoluta de su regulación para su debida supervisión y vigilancia, y donde además se condiciona su permiso de manera exclusiva y por discriminatoria a casineros, permisionarios y operadores autorizados, es que se pone en evidencia una grave violación al orden nacional, que no solo afecta o impacta a este tipo de establecimiento, sino a la sociedad que acude a este tipo de lugares para su sano esparcimiento, encontrando, ante estas omisiones y violaciones a la Constitución, una posibilidad de explotación a la sociedad, sin que ninguna Ley o Autoridad observe o evite el despilfarro de los recursos económicos de la sociedad en este tipo de actividades y juegos con apuestas, en donde el poder público tiene la facultad y obligación constitucional de velar en todo momento que este tipo de actividades no afectan o vulneren a la sociedad, en este sentido es que se solicita formalmente la Suspensión de todos los actos que emita la Secretaría de Gobernación y/o el Director General de Juegos y Sorteos, que sean efecto o consecuencia del reglamento que se impugna, en lo particular, los actos a los que se refieren sus artículos 3°, Fracción XII Bis, 9°, 39 Bis, del reglamento, y relativos al permiso que se otorguen para el uso y/o explotación de las máquinas tragamonedas en cualquier modalidad, que otorgue el Titular o Encargado de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, sin que lo anterior limite o restringa sus facultades de supervisión y vigilancia en términos de lo previsto en la Ley y reglamento de la materia.

Sirven de apoyo a lo anterior los siguientes criterios recientes del Poder Judicial de la Federación:

Suspensión en controversia constitucional. naturaleza y fines. [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXVII, Marzo de 2008; Pág. 1472

La suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que en primer lugar tiene como fin preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente y, en segundo, tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general en tanto se resuelve el juicio principal, vinculando a las autoridades contra las que se concede a cumplirla, en aras de proteger el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de responsabilidades cuando no la acaten. Cabe destacar que por lo que respecta a este régimen, la controversia constitucional se instituyó como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, que tiene entre otros fines el bienestar de la persona que se encuentra bajo el imperio de aquéllos, lo que da un carácter particular al régimen de responsabilidades de quienes incumplen con la suspensión decretada, pues no es el interés individual el que se protege con dicha medida cautelar, sino el de la sociedad, como se reconoce en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pleno. Recurso de queja derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 71/2005. Municipio de Tecomán, Estado de Colima. 5 de noviembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.

El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número 27/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil ocho.

Suspensión en controversia constitucional. procede otorgarla contra el decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2010. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1; Pág. 272

El citado decreto fue emitido en ejercicio de la facultad ejecutiva genérica del Presidente de la República como un instrumento de política pública a través del cual se dan lineamientos a la Administración Pública Federal y, con fundamento en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se crea una comisión intersecretarial, la cual no constituye un órgano dotado de un ámbito propio de atribuciones, sino más bien un grupo de trabajo integrado por distintos órganos, en cuyo marco cada uno ejerce sus facultades legales existentes orientadas hacia la consecución de la política pública que pretende instrumentarse. De lo anterior se sigue que ese decreto no goza de las características de generalidad, impersonalidad y abstracción, ya que no se dirige a un grupo indeterminado de personas, sino a ciertas dependencias de la Administración Pública Federal, a las cuales se instruye actuar en determinado sentido, no en función de que se ubiquen en determinados supuestos normativos abstractos, sino en el marco de sus atribuciones legales. De esta manera el efecto que el decreto tiene en una parte general de la población, y que se traduce en la conclusión de las transmisiones en señal analógica, no lo dota de generalidad, pues ello no deriva de que personas indeterminadas se ubiquen en sus supuestos normativos, sino del impacto de los actos concretos que se ordena realizar a las dependencias involucradas. Esto es, los efectos generalizados en la población no son consecuencia de una facultad regulatoria o materialmente legislativa, sino de la que permite al Presidente de la República organizar a los integrantes de la Administración Pública Federal. Por tanto, como el Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre, no constituye una norma de carácter general, por lo que contra él no opera la prohibición legal de conceder la suspensión en materia de controversia constitucional. En efecto, el hecho de que el decreto sea una individualización de las normas que prevén la rectoría económica en materia de telecomunicaciones, la administración eficiente de los bienes del dominio de la Nación y de los recursos económicos, así como la función social de la radio y la televisión, no implica que su suspensión ponga en peligro las instituciones del orden jurídico mexicano, pues no se trastocan ni quedan en suspenso las facultades conforme a las cuales el Ejecutivo Federal y la Administración Pública Federal ejercen la rectoría económica, administran recursos económicos y vigilan la función social de la radio y la televisión. Asimismo, con el otorgamiento de esa medida cautelar no se produce una afectación grave a la sociedad, porque los beneficios que se pretenden obtener con el decreto no derivan automáticamente de su entrada en vigor, sino que serían el resultado de la aplicación exitosa de las medidas que prevé a lo largo del tiempo. Además, el diferimiento de las acciones contenidas en el citado decreto, hasta en tanto se resuelve el fondo del asunto, no frustra los objetivos que persigue, pues su obtención no depende de la inmediatez con que se adopten, sino de la idoneidad de la política y de su debida instrumentación, lo que requiere de un proceso previsiblemente más largo que el necesario para la tramitación y resolución de la controversia constitucional.

Primera Sala. Recurso de reclamación 36/2010-CA, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 73/2010. Poder Ejecutivo Federal. 29 de junio de 2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Fabiana Estrada Tena.

Suspensión en controversia constitucional. el acuerdo por el que se delega en los titulares de las direcciones generales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda las facultades que se indican y se establecen las bases de coordinación y colaboración para la ejecución de acciones, construcciones, obras e instalaciones en los corredores de integración y desarrollo y en el centro histórico de la ciudad de México, no es una norma general y, por ende, su aplicación es susceptible de suspenderse. [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXX, Julio de 2009; Pág. 1546

Si se tiene en cuenta, por una parte, que el indicado Acuerdo es un acto formal y materialmente administrativo, pues la esencia de la delegación de facultades es adaptar la distribución competencial a las exigencias de la realidad, sin modificar las normas atributivas de competencia, es decir, su objeto es delegar facultades ya existentes, sin crear supuestos jurídicos distintos de los previamente establecidos en la ley, además, de que no tiene efectos generales, ya que se trata de una manifestación unilateral de la voluntad del Jefe de Gobierno, autorizada expresamente en la ley, consumada en el momento de exteriorizarse, de manera que aquél no se despoja de las facultades delegadas y que le son propias, sino que en cualquier momento puede ejercerlas o reasumirlas parcial o totalmente, revocando la delegación otorgada y, por otra, que ese Acuerdo se encuentra individualizado, al tener como destinatarios a los Directores Generales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y su aplicación es concreta, porque la delegación de facultades se circunscribe al registro de manifestaciones de construcción y expedición de licencias, permisos, autorizaciones y constancias, así como sus prórrogas, únicamente para el desarrollo y ejecución de acciones, construcciones, obras e instalaciones de particulares en los Corredores de Integración y Desarrollo y en el Centro Histórico de la Ciudad de México, es indudable que su aplicación es susceptible de suspenderse, pues no se encuentra dentro de la prohibición prevista en el artículo 14, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual la suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales.

Pleno. Recurso de reclamación 9/2008-CA, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 28/2008. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 29 de mayo de 2008. Mayoría de cinco votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. El Tribunal Pleno, el primero de julio en curso, aprobó, con el número XLVIII/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a primero de julio de dos mil nueve.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, de Usted C. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pido:

Primero: Tenerme en tiempo y forma interponiendo la presente Controversia Constitucional en mi carácter de Representante Legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en que se reclama la invalidez, refrendo, efectos y consecuencias de la aplicación de los artículos 2°, 3° Fracción XII Bis, 9°, 39 Bis, del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 19 de Octubre del año 2012, expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y con el refrendo del Secretario de Gobernación.

Segundo:Se sirva admitir a trámite la presente Controversia Constitucionalpor encontrarse ajustada a derecho, designándose al Ministro Instructor, para que se sirva emplazar a la parte demandada para que en el término de treinta días produzca su contestación, asimismo se ordene dar vista a las demás partes para que dentro del mismo plazo manifiesten lo que ha su derecho convenga.

Tercero:Se conceda la suspensión de los efectos de los actos demandados, en los términos que se mencionan en el capítulo correspondiente al Incidente de Suspensión.

Cuarto:En el momento procesal oportuno se sirva señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas a la que se refiere el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez concluida ésta se ordene dictar la sentencia correspondiente en la que se declare la inconstitucionalidad de la norma e invalidez de los actos demandados.

Quinto:En los términos del artículo 11 párrafo segundo de la Ley reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se designa como delegados autorizados en este procedimiento judicial, a los C.C. Licenciados

Protesto lo necesario en derecho

Ciudad de México, Distrito Federal.— Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Para:Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva.

De:Licenciado Juan Alberto Galván Trejo, Director General de Asuntos Jurídicos

Asunto:Proyecto de demanda de Controversia Constitucional contra el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”.

En relación al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual solicita opinión técnica sobre los argumentos para la procedencia o improcedencia del proyecto de demanda de controversia constitucional contra el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”, publicado en el Diario. Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2012; con fundamento en lo dispuesto por el numeral 1, la fracción II del artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y en atención a que el término constitucional para su presentación esta por vencerse; se realizan los siguientes comentarios:

Análisis del Proyecto

I. Término.

El proyecto de controversia constitucional que se analiza, señala como acto cuya invalidez se demanda:

“IV. Norma General o Acto Administrativo Concreto cuya invalidez se demanda.

Se reclama la invalidez, refrendo, efectos y consecuencias de la aplicación de los artículos 2°, 3° Fracción XII Bis, 9°, 39 Bis, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 19 de Octubre del año 2012, expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y con el refrendo del Secretario de Gobernación.”

Al respeto, se advierte que el elemento cuya invalidez se pretende demandar, reviste la naturaleza de una norma de carácter general, por lo que el plazo para su impugnación se regiría por lo dispuesto por el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el cual establece:

El plazo para la interposición de la demanda será:

II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia...”

Del artículo transcrito se desprende que tratándose de normas de carácter general, el plazo para presentar demanda de Controversia Constitucional es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

Por tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 21, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia, el término para la interposición de la demanda de Controversia Constitucional propuesta corre a partir del 22 de octubre (día hábil siguiente a la publicación) y fenece el próximo 6 de diciembre del 2012, sin contar los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de octubre, tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de noviembre, por ser sábados y domingos; así como los días diecinueve y veinte de noviembre por ser inhábiles en términos del artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de conformidad con lo dispuesto en el punto primero, inciso c), del acuerdo 2/2006, del Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, en relación con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo; así también descontando los días uno y dos de noviembre, inhábiles de conformidad con los artículos 2° y 3° de la misma ley reglamentaria, en relación a lo acordado por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de quince de octubre del año en curso.

II. Requisitos de forma.

El escrito de demanda reúne los requisitos esenciales de forma previstos en el artículo 22 de la Ley Reglamentaria de la materia; no obstante se realizan las siguientes observaciones:

a) Representación Jurídica:A fin de acreditar la representación jurídica del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, debe ofrecerse como documental, copia certificada del Diario de los debates de la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, de fecha 29 de agosto del 2012 (foja 1), y no así la “Versión Estenográfica” de dicha fecha, por ser éste el medio oficial de difusión e información de la Cámara de Diputados, de conformidad con los artículos 133 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 184 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Delegados: En caso de presentarse el proyecto de analizado, se deben agregar como delegados a la plantilla de abogados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos que conocen de las controversias constitucionales donde este órgano Legislativo es parte; en términos de los artículos 4°, último párrafo y 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que conjunta o separadamente, realicen todo tipo de promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas o formulen alegatos, promuevan los incidentes y recursos que conforme a derecho procedan (foja 1).

c) Domicilio del Órgano Actor:De presentarse el proyecto analizado, debe señalarse como domicilio de este Órgano Legislativo, el ubicado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Av. Congreso de la Unión #66, Col. El Parque, México D.F., C.P. 15960, Edificio E, Cuarto Piso, Ala Norte; por ser esta la correcta ubicación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados.

d) Tercero Interesado: Se advierte que la legitimación activa para presentar la controversia se funda en la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos, establecida en la fracción X del artículo 73 de la Constitución Federal, por lo cual se desprende como tercer interesado en esta vía, al Senado de la República, mismo que deberá señalarse en el apartado correspondiente del escrito de demanda.

III. Legitimación de este Órgano Legislativo.

1. Legitimación procesal del Presidente de la Mesa Directiva.

Por lo que respecta a la legitimación del Presidente de la Mesa Directiva para representar a la Cámara de Diputados, el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que “El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos”.

En este sentido, el artículo 23, numeral 1, inciso 1), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, señala que es el Presidente de la Mesa Directiva de este órgano legislativo en quien recae la representación legal de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por lo cual cuenta con la legitimación procesal a efecto de presentar controversia constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, cabe mencionar que en términos del artículo 233, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Pleno de la Cámara de Diputados, debe aprobar la presentación de la demanda de controversia constitucional.

2. Legitimación en la Causa.

La legitimación de un órgano originario del Estado, a efecto de promover una controversia constitucional, nace de la afectación que resiente en su esfera de atribuciones, siendo más que un elemento de la litis, un requisito para la procedencia de la acción intentada.

En el caso particular, a efecto de que este órgano cuente con interés legítimo para promover la acción de controversia constitucional en contra del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”,publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2012, resulta menester la actualización de al menos un principio de agravio entorno a las atribuciones constitucionales de este órgano legislativo, ya sea como ente individual, o como integrante del Congreso de la Unión.

Al respecto, no existiendo un capítulo específico que justifique el interés legitimo de este Órgano Legislativo, el mismo debe desprenderse de la lectura integral del escrito de demanda; así las cosas, se advierte que los preceptos constitucionales que se estiman violados son los artículos 49, 73 en su fracción X, y 133 de la Constitución Federal, alegando un exceso en el ejercicio en la facultad reglamentaria del Presidente de la República prevista en el artículo 89, fracción primera, constitucional.

En este sentido, se advierte que el interés legítimo de este Órgano Legislativo, derivaría de la posible afectación a la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en toda la República sobre juegos con apuestas y sorteos, establecida en el artículo 73, fracción X de la Constitución Federal.

Al respecto resulta dable mencionar que al resolver la Controversia Constitucional 26/1999, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que, tanto la Cámara de Diputados, como el Senado de la Republica, como órganos legislativos del Congreso de la Unión, se encuentran legitimados de manera aislada para plantear una controversia constitucional en defensa de las atribuciones que el artículo 73 de la Constitución Federal establece a favor de éste, criterio que se encuentra plasmado en la tesis de jurisprudencia bajo rubro: “Cámaras de Diputados y de Senadores, están legitimadas aisladamente para plantear la defensa de las atribuciones que el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a favor del Congreso de la Unión”, por lo que se estima se satisface en principio con el requisito de interés legítimo.

IV. Conceptos de Invalidez

Primero:Se argumenta en esencia que el artículo 3°, fracción XII Bis, en correlación con el artículo 9° del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2012, vulneran los artículos 49, 73, fracción X, y 133 de la Constitución Federal, al establecer la autorización para que máquinas tragamonedas en cualquier modalidad operen con permiso de la Secretaría de Gobernación, en contraposición a lo previsto por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que en el artículo 2°, contempla diversos juegos con apuestas y sorteos permitidos, dentro de los cuales no se encuentran de manera expresa o tácita la inclusión y/o autorización de las referidas máquinas.

En este sentido, se menciona que existe una invasión de la esfera competencial de la Cámara de Diputados, en virtud de que el Ejecutivo Federal mediante la expedición de las normas impugnadas, estaría legislando una cuestión exclusiva del H. Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal.

Aunado a lo anterior, se arguye que existe en el referido reglamento una omisión absoluta en la regulación para la inclusión de la figura de “máquinas tragamonedas”, que señale los supuestos jurídicos, mecanismos, lineamientos, parámetros para su debida supervisión y vigilancia, en comparación con otros juegos de apuesta y sorteos que están debidamente regulados.

Asimismo, se menciona que las normas impugnadas condicionan la autorización de la operación de las máquinas tragamonedas al estatus del solicitante, esto es, a que sea permisionario u operador autorizado de la Secretaría de Gobernación, lo que podría dar lugar a que particulares que no cuenten actualmente con ese estatus, que pretendan obtener el permiso respectivo para operar dichas máquinas, aleguen discriminación o violación a la libertad de comercio o de trabajo.

En igual tesitura, se argumenta que el Ejecutivo Federal se excede en el uso de su facultad reglamentaria, al trasgredir los principios de reserva de ley, que prohíbe que en el reglamento se aborden materias reservadas en exclusiva a leyes del Congreso de la Unión, y de subordinación jerárquica, que exige que el reglamento este precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida.

Segundo:Se menciona que el artículo 2° en correlación con el 39 Bis, del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos”,vulnera los artículos 49, 73, fracción X, y 133 de la Constitución Federal, pues los artículos impugnados establecen la facultad discrecional y única del Director General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, para el otorgamiento, modificación, renovación o ampliación de permisos, estableciendo inclusive la facultad para que determine sin lineamiento alguno y de manera arbitraria, los asuntos que se someten a consideración y opinión del Consejo Consultivo previsto en el reglamento, siendo que de conformidad con el artículo 3 ° de la ley de la materia, se considera que las autorizaciones y/o permisos solamente podrán otorgarse por la Secretaría de Gobernación, a través de su titular o de quien lo sustituya en caso de ausencia; en consecuencia, se alude que se invade la facultad que tiene la Cámara de Diputados para legislar en la materia que nos ocupa.

En esta sentido, en atención a la litis constitucional planteada en el proyecto de demanda, y con base en las consideraciones desarrolladas anteriormente, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en el ámbito de su competencia determinará si existe afectación a las facultades del Congreso de la Unión.

V. Solicitud de Suspensión

El proyecto de demanda que se analiza, solicita la suspensión de todos los actos que emita “la Secretaría de Gobernación y/o el Director General de Juegos y Sorteos, que sean efecto o consecuencia del reglamento que se impugna, en lo particular, los actos a los que se refieren sus artículos 3°, Fracción XII Bis, 9°, 39 Bis, del reglamento, y relativos al permiso que se otorguen para el uso y/o explotación de las máquinas tragamonedas en cualquier modalidad, que otorgue el Titular o Encargado de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación”.

La medida cautelar solicitada se funda en los artículos 14 y 15 de la ley reglamentaria de la materia, así como en la tesis bajo rubro: “suspensión en controversia constitucional. Naturaleza y fines”, “suspensión en controversia constitucional. Procede otorgarla contra el decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre, publicado en el diario oficial de la federación el 2 de septiembre de 2010”, y suspensión en controversia constitucional. El acuerdo por el que se delega en los titulares de las direcciones generales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda las facultades que se indican y se establecen las bases de coordinación y colaboración para la ejecución de acciones, construcciones, obras e instalaciones en los corredores de integración y desarrollo y en el Centro Histórico de la Ciudad de México, no es una norma general y, por ende, su aplicación es susceptible de suspenderse”.

Consideraciones respecto de la suspensión solicitada

En relación a la solicitud de suspensión contenida en la demanda analizada, y en caso de interponerse la presente controversia constitucional, esta debe fundarse en los artículos 14 y 18 de la ley reglamentaria de la materia, y no así en el artículo 15 de dicho ordenamiento, pues este precepto se refiere a los casos en los que no puede concederse la medida cautelar solicitada.

De igual forma es procedente señalar, respecto de las tesis jurisprudenciales que se invocan en el proyecto de demanda, que las mismas no obstante resultar ilustrativas en relación a la solicitud del acto impugnado, no resultan aplicables ni aún por analogía, pues estas abordan el caso en el cual se considera superada la prohibición establecida en el artículo 14 de la ley reglamentaria de la materia, respecto de la conceder la medida cautelar en relación a normas generales, al advertir que el elemento impugnado no reviste tal naturaleza.

En el caso concreto, resulta dable mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como criterio, que si bien la citada prohibición tiene como finalidad, que no se paralice el despliegue de los efectos de la norma, que se traducen en su fuerza obligatoria; resulta posible suspender los efectos y consecuencias de los actos concretos de aplicación de aquélla, sin restar validez a la disposición tildada, por lo que se estima solicitar la suspensión con base en dicho criterio plasmado en la tesis bajo rubro: “Suspensión en controversias constitucionales. La prohibición de otorgarla respecto de normas generales, no rige cuando se concede en contra de su acto de aplicación”, así como en la diversa, aplicada por analogía: “Suspensión en controversia constitucional en contra del procedimiento de juicio político. No procede el otorgamiento de ésta, tratándose de la sustanciación de dicho procedimiento, pero sí respecto de sus efectos y consecuencias”.

En todo caso, será el Ministro Instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tomando en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional, resuelva conceder o negar la medida suspensional, así como proveer en relación a los efectos de la misma.

Conclusiones

Primera.El proyecto de demanda de Controversia Constitucional motivo de análisis, reúne los requisitos esenciales de forma previstos en el artículo 22 de la Ley Reglamentaria de la materia; no obstante, se sugiere atender las observaciones realizadas en los respectivos apartados.

Segunda.De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, 3, 21, fracción II de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el término para la interposición de la demanda de Controversia Constitucional propuesta corre a partir del 22 de octubre de 2012 y fenece el próximo 6 de diciembre de 2012.

Tercera. El interés legítimo de esta Cámara de Diputados para presentar controversia constitucional deriva de la posible afectación a la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en toda la República sobre juegos con apuestas y sorteos, establecida en el artículo 73, fracción X de la Constitución Federal.

Cuarta. De presentarse la demanda de la controversia constitucional de mérito, se estima que la litis que se pretende someter a consideración del Máximo Tribunal, versaría sobre si el contenido de los artículos 2°, 3°. Fracción XII Bis, 9°, 39 Bis, reformados mediante el tildado decreto, se ciñe o no a los principios de reserva de ley y estricta sujeción a la norma, a los que se encuentra sujeto el ejercicio de la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.— Licenciado Juan Alberto Galván Trejo, director general de Asuntos Jurídicos (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el proyecto de controversia constitucional, mismo que informo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y está disponible en los monitores de sus curules.

También está disponible en los monitores de sus curules la opinión jurídica de la Cámara de Diputados, por la que establece que técnicamente es viable la controversia; también puede ser consultada en este momento en los monitores.

Informo a la asamblea que se han inscrito para la discusión el promovente, el diputado Héctor García García; también el diputado Marcelo Torres Cofiño, del PAN; también el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, y también el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

En consecuencia, tiene la palabra el promovente, el diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Héctor García García: Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que fuera informado y reformado además, por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, y se publicó en fecha 19 de octubre de 2012, resulta inconstitucional, porque invade la esfera del Ejecutivo federal en el ámbito de competencia de la Cámara de Diputados, por permitir las máquinas tragamonedas en la modalidad de juegos de azar, sin que este tipo de juegos se encuentren permitidos y por consecuencia, están prohibidos por la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Por consecuencia, la vía correcta de impugnación es la controversia constitucional por la Cámara de Diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El término vence el 6 de diciembre de 2012 y es procedente solicitar suspensión de cualquier autorización vinculada a esta reforma.

Segundo. Se impugna además la falta de regulación para autorizar, vigilar y supervisar este tipo de máquinas tragamonedas, ya que el reglamento no contempla absolutamente nada en materia de regulación en este reglamento, a diferencia de otro tipo de juegos de apuesta que sí están contemplados, en cuya regulación y vigilancia, por ejemplo, las carreras de caballos, de galgos, salas remotas, etcétera.

Además se solicita la suspensión a la Suprema Corte de Justicia para el efecto de que la Secretaría de Gobernación y el director de Juegos y Sorteos no autoricen ni surta efecto la autorización otorgada para el funcionamiento de máquinas tragamonedas, ya que es más grave la afectación a la sociedad que el beneficio recaudatorio que pudiera tener dicha reforma.

Además se reclama que el reglamento establezca que la dirección de Juegos y Sorteos tenga la facultad exclusiva y discrecional para otorgar este tipo de permisos de máquinas tragamonedas y de otro tipo de juegos con apuestas, cuando por disposición, únicamente, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos es la Secretaría de Gobernación directamente y en su caso, esta dirección solo debe supervisar y vigilar su debido cumplimiento.

Aún y tomando en consideración el tiempo transcurrido desde que fue publicada la Ley Federal de Juegos y Sorteos en 1947, y de que se pretenda efectuar una interpretación progresiva al efecto de actualizar supuestos sociales que antes no estaban contemplados o previstos en la ley reglamentaria, es que se debe respetar el orden constitucional y reconocer que los artículos impugnados de la referida reforma al reglamento violentan, además y de manera directa, la exposición de motivos de la iniciativa del 9 de diciembre de 1947.

Para reformar la Constitución federal, aprobar entonces sin discusión en comisiones, se planteó la facultad exclusiva al Congreso de la Unión —exclusiva al Congreso de la Unión, insisto— para legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos mediante el artículo 73, fracción X, donde se instituye dicha atribución del Legislativo federal y se desprende un principio e imperativo social, que se transforma en orden constitucional y el cual me permito reproducir para una mejor ilustración.

El poder público tiene obligación de velar por que las energías y los recursos económicos de la colectividad se encuentren hacia fines de producción útil, evitando su despilfarro en actividades que tradicionalmente se han considerado nocivas para el individuo y para la sociedad, tales como los juegos de azar, las apuestas y los sorteos o rifas, en donde muchas veces con el aliciente de una ganancia fácil se explota al público y se corrompe a la juventud.

En ese sentido es que precisamente encontramos que la facultad otorgada a la Cámara de Diputados, mediante la reforma constitucional federal, el 9 de diciembre de 1947, para regular, exclusivamente, los juegos con apuestas y sorteos, no descansa o se limita con la simple expedición reglamentaria de la ley, sino que además deberá salvaguardar y ser garante, en todo momento, del respeto irrestricto de los recursos económicos de la colectividad, evitando su despilfarro en actividades que tradicionalmente se han considerado nocivas, tales como los juegos de azar, y como ciertamente refiere la exposición de motivos en cita, muchas veces se explota al público y se corrompe a la juventud.

Es precisamente ésta la motivación que constriñe una responsabilidad permanente que obliga a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a interponer la presente demanda de controversia constitucional. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Marcelo Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a hablar a favor de la promoción de la controversia constitucional que propone el diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del PRI, en el sentido de impugnar la constitucionalidad de las reformas al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Efectivamente, el 19 de octubre del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, específicamente por lo que hace a la reglamentación de las máquinas tragamonedas, que se refiere en la fracción XII Bis del artículo 3, y en el artículo 9 del decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del reglamento de dicha Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Es evidente que existe un exceso en la facultad reglamentaria que invade el principio de reserva de ley en materia de juegos y sorteos, de acuerdo a lo que dispone el artículo 73, fracción X, que reserva al Congreso de la Unión la atribución exclusiva de expedir las normas en materia de juegos y sorteos.

Ello en sí, en razón de que en la Ley Federal de Juegos y Sorteos no están previstos los juegos con apuestas a través de máquinas tragamonedas, por lo que su reglamentación y permisión por la autoridad administrativa claramente va más allá de lo que dispone la multicitada ley.

No se niega la existencia de la facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo federal en términos de la fracción I del artículo 89 constitucional; sin embargo, la misma debe ceñirse estrictamente al contenido previsto en la ley, ya que en caso de excederse —como en el caso particular—, el Ejecutivo federal se estaría convirtiendo y subrogando en el papel de legislador ordinario, desde luego en clara contravención al principio funcional de las atribuciones que corresponde a cada poder público.

En tal tesitura, existe un exceso o invasión a las atribuciones de este Congreso General, con la emisión del decreto de reformas y adiciones al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, por lo que —tal y como lo afirma el diputado proponente de la interposición de la controversia constitucional— se atenta contra el principio de subordinación estricta de la ley.

No podemos dejar de reconocer que nosotros los mexicanos, por naturaleza somos fajadores, apostadores; nos gustan las peleas de gallos, las carreras de caballos, los albures. Pero otro hecho importante a considerar es el grave problema de ludopatía que exista en el país, y como representantes populares estamos llamados a proteger el patrimonio individual y familiar de aquellas personas que padezcan este trastorno.

Es evidente que pululan en las calles maquinas tragamonedas en tiendas, estanquillos, a las afueras de las escuelas, en los paradores de autobuses, etcétera, lo que conlleva un riesgo de salud pública y de bienestar en el patrimonio familiar de las personas, que desde el Congreso se debe discutir y prevenir.

En ese sentido, es igualmente oportuno referir que se hace necesario revisar y actualizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, ya que se trata de un ordenamiento que se emitió desde el 31 de diciembre de 1947, como lo indica el diputado que me precede y que no se ha actualizado desde entonces. De ahí la necesidad de contar con normas jurídicas pertinentes y actualizadas y que respondan a la dinámica y condiciones actuales del país.

En esa tesitura, compañeras y compañeros diputados, pido su voto a favor de la interposición de la controversia constitucional en contra del decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado el pasado 19 de octubre del año en curso en el Diario Oficial de la Federación. Esto, a fin de recuperar la plena atribución del Congreso para legislar en materia de juegos y sorteos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente; compañeras y compañeros diputados, el PAN y Felipe Calderón han copiado mal al PRI su habilidad para dotar de apariencia jurídica a sus ilegalidades; si bien ha sido una práctica común que el titular del Ejecutivo rebase sus facultades, competencias y atribuciones e invada las del Poder Legislativo, dispuestas en el artículo 89, fracción I de nuestra Carta Magna, pocas veces se pueden ver casos tan extravagantes y paradigmáticos, en los que el presidente hace uso de supuestas facultades extraordinarias de reglamentación, que lo erigen en todo un legislador plenipotenciario, como el caso que hoy estamos analizando.

En el artículo 1o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos se dispone expresamente la prohibición de los juegos de azar y los juegos con apuestas; sin embargo, el reglamento de dicha ley ha servido para evadir las prohibiciones expresas contenidas en ésta, auspiciando con ello una serie de irregularidades que responden con toda seguridad a intereses específicos de grupo.

No satisfecho con eso último, Calderón pretendió dar un paso más en el camino del cinismo, la ilegalidad, la corrupción y la impunidad en materia de juegos y sorteos; mediante el decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2012, se pretende regularizar el uso y explotación de las llamadas máquinas tragamonedas.

No obstante lo dispuesto el los artículos 1o. y 2o. de dicha ley, se manifiesta en el artículo 3o. del reglamento que la máquina tragamonedas es el artefacto o dispositivo de cualquier naturaleza, a través del cual el usuario, sujeto al azar —sujeto al azar—, a la destreza o a una combinación de ambas, realiza una apuesta con la finalidad de obtener un premio.

Lo que es más increíble, en el artículo 9 de este mismo reglamento, se concede de manera totalmente ilegal la facultad a la Secretaría de Gobernación para expedir los permisos correspondientes para usar y explotar este tipo de artefactos o dispositivos. Con ello no solo se vulnera el estado de derecho, sino el principio de separación de poderes, contemplado en el artículo 49 de nuestra Constitución política.

Por ello resulta impostergable e imperante apoyar la interposición —a la brevedad— de la controversia constitucional en contra del decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Tras los sexenios panistas se esconde multiplicidad de actos de corrupción, de chicanas y de argucias legales, o más bien pretendidamente reglamentarias, que propiciaron el enriquecimiento ilegítimo de funcionarios y particulares rapaces, mediante el saqueo de las paraestatales, la celebración de contratos y la expedición de permisos ilegales, como el tema que hoy nos ocupa.

La proliferación exponencial, desmesurada de los casinos, máquinas tragamonedas y casas de apuestas, en el último decenio, dan muestra de ello.

Por otro lado, luego de la tragedia que suscitó la muerte de 52 personas, en el casino Royale, de Nuevo León, se pusieron al descubierto todas las maniobras y las confabulaciones de grupos enquistados en el poder que actúan como mafias, protegiéndose los unos a los otros, obteniendo dinero ilegal, otorgando inmunidad, impunidad y protección para la instalación de casas y casinos de juegos y sorteos prohibidos por la ley.

La posibilidad de conceder permisos para operar casas de apuestas, casinos y autorizar juegos de azar y máquinas tragamonedas debe de ser, en todo caso, objeto única y exclusivamente de una ley en sentido formal y material, no del capricho de un estulto titular del Ejecutivo, encerrado en su doble moral.

A propósito de lo anterior, cabe señalar el descaro con el que el Grupo Parlamentario del PRI ha hecho valer en todo tipo de asuntos su aplanadora; el principio retrógrada de la mayoría aplastante.

Cuando los grupos de izquierda promovieron una controversia constitucional en contra de la iniciativa de trámite preferente, presentada hace no mucho por el pasado titular del Ejecutivo, los máximos órganos de esta Cámara aplicaron todo el rigor del Reglamento y la formalidad, en aras de dilatar el procedimiento.

Ahora que esta controversia constitucional es promovida por el Grupo Parlamentario del PRI, la celeridad que se le impone al asunto es extraordinaria.

No obstante esta reserva de forma, apoyaremos esta propuesta, en virtud de las razones antes expuestas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial bienvenidas a esta sesión de la Cámara de Diputados, a un grupo de alumnos de preparatoria del CETIS 67, de San Pedro Cholula, Puebla, que están aquí invitados por el diputado Julio Lorenzini.

También invitados por el diputado Julio Lorenzini se encuentran aquí los alumnos del Colegio Santa María Basave, también de preparatoria, grupo 1, de Cholula, Puebla.

También saludo a un grupo de alumnos de la Primaria Ricardo Flores Magón, del municipio de Naucalpan, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Irazema González Martínez. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

Informo a la asamblea que tengo a tres compañeros diputados más inscritos. Voy a darles el uso de la tribuna a los tres, e inmediatamente después preguntaremos a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido; son: el diputado Manuel Huerta, el diputado Fernando Belaunzarán y el diputado Antonio Cuéllar.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Partido el Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Con el permiso. Compañeras y compañeros diputados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, como facultad del Congreso de la Unión, en el artículo 73, fracción X, la atribución para legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos.

En tal virtud, el Congreso de la Unión expidió el 30 de diciembre del 47 —como aquí se ha dicho ya—, el decreto de Ley Federal de Juegos y Sorteos, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 del mismo mes y año.

En el transitorio segundo del decreto en cuestión se faculto al Ejecutivo federal para expedir las disposiciones reglamentarias de esta ley. Desde luego, la facultad reglamentaria del Ejecutivo federal, conforme al artículo 89, fracción I de la propia Constitución quedaba en salvaguarda.

Es el caso y contra este acto que va aderezada la controversia constitucional en comento que el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero del año en curso.

Como ya muchos compañeros lo han sostenido aquí, en este reglamento, en particular en el artículo 3o., fracción XII Bis, y en el 9, se establece lo referente a las denominadas máquinas tragamonedas cuya existencia, como práctica de juego, no está expresamente prevista en el artículo 2o., fracciones I y II de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, máxime cuando en el último párrafo del artículo 2o. de la ley se establece con claridad que los juegos no señalados se considerarán como prohibidos para efectos de esta ley.

En consecuencia y conforme a lo que establece el artículo 1o. de la propia Ley Federal de Juegos y Sorteos, que a la letra establece: Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas. Así como en el artículo 3o., fracción XII del reglamento, se establece: Máquinas tragamonedas, el artefacto dispositivo de cualquier naturaleza, a través del cual el usuario, sujeto al azar, a la destreza o a la combinación de ambas, realice una apuesta mediante la inserción de un billete, moneda, ficha o cualquier dispositivo electrónico de pago u objeto similar, con la finalidad de obtener un premio.

Ahí es donde está la contradicción y ésta sola disposición del reglamento es contraria a la ley; bastaría para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara su invalidez al violentar el principio jurídico de primacía de la ley que rige en materia reglamentaria y que señala que los límites de la ley fijan lo de su reglamento. Esto es, los reglamentos no pueden ir más allá de la ley, regular lo que no prevé y mucho menos contravenirla o hacerla inoperante.

Bajo estas consideraciones, queda claro que el Ejecutivo federal, en el decreto de reformas al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se excedió en su facultad reglamentaria creando figuras jurídicas que la ley expresamente no considera y que antes prohíbe; por lo tanto, este reglamento invade la facultad legislativa que tiene el Congreso de la Unión y que se encuentra prevista —como ya dijimos—, en el artículo 73, fracción X de la Constitución política.

El diputado Durazo ya lo dijo: muchas de las triquiñuelas, de las chicanadas jurídicas que hicieron los que se fueron del Ejecutivo y que sin duda prohijaron a lo largo y ancho del país este asunto de los juegos y de las apuestas en casinos, en diferentes mecanismos.

Lo grave y lo urgente —por eso el Partido del Trabajo va a apoyar esta controversia— es que ya se estén llevando hasta a lo más chicos en las familias, a los niños que alrededor de las escuelas, que es donde instalan estas máquinas, esté siendo fomentada una adicción, porque hay que decir que el juego es una ludopatía —como hoy lo dicen—; es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud y que está trayendo muchos problemas a la población. Ya se han dicho aquí casos concretos, donde ha trascendido cómo inclusive se ha incubado delincuencia organizada alrededor de esto.

Aparte nosotros de estar en plena concordancia con lo expresado con el diputado Durazo, también como fracción hemos decidido apoyarla, pero es necesario entrar, no como aquí han dicho unos, a ordenar lo que ya está desordenado, sino hacer una reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos que sea totalmente complementaria y que vea por la población, en términos de su salud mental, y no como hoy están legislando y aprovechándose estas trampas jurídicas para perjudicar a la población y beneficiar a los que están atrás de todos estos asuntos. No hablo nada más en particular de las máquinas tragamonedas, sino de los casinos; ya sabemos los excesos que se cometieron.

Voy a culminar con estos permisos que se dieron, al amparo de estos reglamentos y que favorecieron, fundamentalmente, a una empresa televisiva que todo mundo ya conoce, y que por cierto hoy ese personaje ya está en estas comisiones que están haciendo para componer el futuro del país, obviamente cosa que nosotros pensamos que no va a ocurrir así, verdad, porque ya habrá tiempo de debatir eso.

Sin embargo, nosotros hoy queremos dejar constancia de que apoyamos la controversia, pero dejando enmarcado la necesidad de entrar a una auténtica reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, señor presidente. Vengo a hablar a favor de la controversia constitucional, por dos razones; una, porque están en juego las atribuciones del Poder Legislativo, de esta Cámara y lo correcto es que defendamos estas atribuciones, sus alcances, etcétera, y otro es, porque no es ni el primer caso ni el único ni la primera vez en donde hay un abuso en la facultad reglamentaria que tiene constitucionalmente el presidente de la República.

Lo que no pueden conseguir con la ley, lo que le correspondería decidir al Legislativo, en muchas ocasiones lo cubren con reglamentos de una manera excesiva que invade facultades —insisto— de nuestro Poder, y en otras ocasiones incluso los reglamentos se oponen a las leyes que están, con otras leyes de alguna manera y nos meten en muchos problemas, y en donde el reglamento se pone por encima de la ley, algo que sería absolutamente inaceptable.

Por supuesto, los reglamentos nunca pueden contradecir a la ley, y además estamos en un caso delicado, porque se trata de negocios muy importantes y por lo tanto, tendremos que ser muy cuidadosos.

Vengo aquí a defender la controversia para que quede muy claro que es facultad del Legislativo hacer la ley, y si es que la ley que existe ahora no satisface, es perfectible, es labor de nosotros y responsabilidad de nosotros modificarla, no así que por o de manera unilateral y saltándose a la Cámara y saltándose al Poder Legislativo, simplemente por una decisión el Poder Ejecutivo invada nuestras funciones.

No voy a quitarles más su tiempo, vamos a ir a favor de la controversia para defender nuestras atribuciones, solo me gustaría que quedara un precedente asentado; en nuestro Reglamento, en el artículo 233 se dice que tenemos que conocer la opinión jurídica de la Cámara 24 horas antes de que aprobemos la controversia. Eso dice nuestro Reglamento.

Esto se hizo de una manera fast track otra vez, atropellando un poco los tiempos. Sabemos que se vencen los plazos, pero lo único que pedimos es que quede el precedente; si así se va a procesar la controversia constitucional en este caso, que en otros casos también así se haga y no se aplique este criterio para las controversias solo cuando un partido le interesa, sino que sea un criterio para todos.

Ahora sí que en la aplicación de la ley tenemos que estar parejos, tiene que haber la cancha plana y no solamente apelar al Reglamento cuando a una parte conviene; por lo tanto, vamos a ir a favor, pero dejamos claro que así como se procesó esta controversia se procesen otras que pudieran venir en el futuro, para que haya igualdad de trato.

Vamos a defender las atribuciones; finalmente, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero una vez revisada la controversia —estamos seguros o estamos convencidos, ya decidirá la Corte, y obviamente seremos respetuosos de lo que decida, somos respetuosos de las instituciones y de lo que éstas resuelvan—, pero estamos seguros que nos dará la razón y de esta manera estaremos defendiendo nuestras atribuciones, que es parte fundamental de nuestras atribuciones. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente, tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Muchas gracias, diputado presidente. Todas las actividades económicas que tienen que ver con la organización de juegos y sorteos, a pesar de que puedan llegar a ser una actividad de entretenimiento, que acaba siendo beneficiosa para el gobernado, no podemos negar también que puede ser una actividad terriblemente perniciosa para su patrimonio. De ahí que sea un principio y una determinación fundamental del Estado el regularla.

Para la organización de estas actividades en torno de los juegos y sorteos se tiene que contar con un permiso previo, y nos interesa —desde luego— que el Estado sea vigilante con relación a la calidad moral, a la capacidad económica y financiera de aquellas personas que se involucran en la organización de juegos y sorteos.

El Estado tiene por consiguiente este interés primigenio y el poder para regular las actividades en torno de los juegos y sorteos; el artículo 73, fracción X de la Constitución le concede a este Congreso de la Unión la facultad para expedir las leyes en materia de juegos y sorteos.

Sin embargo, esta facultad es amplísima y no determina ninguna limitante por cuanto a la forma en que éstas habrán de regularse, de ahí que sea propiamente el Congreso al que le corresponda definir las directrices conforme a las cuales los juegos y sorteos habrán de realizarse en México.

No es la primera ocasión, el presidente de la República también, con motivo de un reglamento anterior, ha expedido ya a través de esta función administrativa, materialmente legislativa, reglas que permiten la organización de juegos y sorteos que van más allá de lo que establece la ley, siendo que la ley establece con claridad en qué casos se pueden realizar las apuestas o los sorteos de número, siendo las primeras, las apuestas, las que permitan a los permisionarios que inviertan en galgódromos o en hipódromos hacerse de un mayor ámbito de alcance con relación a su negocio, para alcanzar un equilibrio financiero del permiso; en materia de sorteos, de números, ésta es un poco más amplia.

Los books, las casas para la captación de apuestas y de sorteos de números, van a estar siempre vinculadas, con la posibilidad de que alguien alcance un equilibrio con relación a una inversión productiva para el país.

No estamos de acuerdo en que a través del reglamento se dé una carta abierta, un cheque en blanco al secretario de Gobernación, para que discrecionalmente se permita, indiscriminadamente, la apertura de este tipo de establecimientos mercantiles, que les repito, puede ser desastroso para el patrimonio de familias que caen en la adicción al juego.

Es por ello que siendo evidente que el reglamento contraviene a los principios de supremacía y de reserva de ley que tutelan los artículos 89, 133, con relación al artículo 73, fracción X, de la Constitución, el juicio de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este medio de control constitucional que se propone es precisamente el idóneo.

Esperamos —desde luego— que tramitado el juicio y comprobada la validez de los conceptos de invalidez constitucional que se están proponiendo en la demanda, los ministros de la Corte concuerden con esta opinión y con la interpretación correcta que tiene que darse a la ley, por tratarse ésta y el reglamento dentro de los márgenes que ésta establece, disposiciones de interés público.

Esperamos —al final de todo este proceso— que se pueda llegar a dictar una sentencia invalidante con relación al reglamento, que impida la distribución discrecional, indiscriminada de estos permisos que nos preocupan.

Por esta razón, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, desde luego, se adhiere al juicio de controversia constitucional que se propone y votaremos a favor de que se firme éste y se presente, dentro de los plazos que establece la ley, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No habiendo otra intervención solicitada, es obvio que el asunto está suficientemente discutido. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, se aprueba la aceptación de la controversia. Comuníquese a la Mesa Directiva.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

VI INFORME DE GOBIERNO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Jesús Murillo Karam, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, remite las respuestas a las preguntas formuladas por ese órgano legislativo*, en relación con el Sexto Informe de gobierno sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país.

Por lo anterior y con  fundamento en lo establecido por los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27, fracción XIV de la Ley  Orgánica de la Administración Pública federal, le acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de noviembre de 2012.— Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría Particular.— Secretaría Técnica.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

Me refiero al oficio número SEL/300/411/12, por medio del cual informa al ingeniero Tarsicio Rodríguez Martínez, secretario particular del Presidente de la República, del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta el titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar las respuestas a las preguntas que se le formularon en el contexto del Sexto Informe de Gobierno.

Al respecto remito las respuestas correspondientes, para que sean entregadas a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y se cumpla con la obligación establecida en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de noviembre de 2012.— Eduardo Álvarez Ponce (rúbrica), secretario técnico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Subsecretaría de Enlace Legislativo.

Ingeniero Tarcisio Rodríguez Martínez, secretario particular del presidente de la República.— Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DGPL 62-II-8-0267, el diputado Jesús Murillo Karam, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica al titular de esta dependencia el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que responda a las preguntas parlamentarias que se formularon para ampliar la información contenida en su Sexto Informe de Gobierno.

Por lo anterior, le acompaño copia del documento de referencia y de su anexo, para que sea el amable conducto de hacerlo del  conocimiento del Presidente de la República.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de octubre de 2012.— Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

PROGRAMAS DE COMUNICACION SOCIAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número SNM/145/2012, el licenciado Álvaro Luis Lozano González, subsecretario de Normatividad de Medios, envía el informe sobre los Programas de Comunicación Social para el ejercicio fiscal de 2012.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita en formato impreso y medio magnético.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por este conducto, le anexo en forma impresa y electrónica el informe sobre los Programas de Comunicación Social para el ejercicio fiscal 2012 remitido por la Dirección General de Normatividad de Comunicación que contiene los programas y campañas desglosados por dependencia y entidades de la administración pública federal.

Lo anterior para los efectos procedentes.

Aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Noviembre 26 de 2012.— Licenciado Álvaro Luis Lozano González (rúbrica), subsecretario de Normatividad de Medios.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación, también para conocimiento.

COMISION FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número COFEME/12/3947, el licenciado Alfonso Carballo Pérez, director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, remite el informe de labores de ese organismo del periodo de 2006-2012.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 69-E, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el original de su anexo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por este medio, me permito remitir a usted dos tantos del informe de labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para el periodo 2006-2012. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69-E, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el artículo 9, fracción XXII, y último párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Por lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito solicitarle atentamente que a través de su conducto se haga llegar este Informe a ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de noviembre de 2012.— Licenciado Alfonso Carballo Pérez (rúbrica), Director General.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

APOYOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA TURISTICA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número SPT/ 271/ 2012, el licenciado Jorge Mezher Rage, subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo, envía la evaluación de diseño del programa U001, “Apoyos para el desarrollo de la oferta turística”.

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 32, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, le acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y de su anexo, en formato impreso y medio magnético.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Turismo.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En cumplimiento del artículo 32, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, y con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I, II y IV del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el lineamiento décimo séptimo de los lineamientos federales para la evaluación de los programas federales de la administración pública federal; y los numerales 11, 19 y 23 del Programa Anual de Evaluación 2012, expedido por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Secretaría de Turismo coordinó la evaluación de diseño del programa U001, “Apoyos para el desarrollo de la oferta turística”.

Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le solicito su valiosa intervención a fin de enviar el informe final de la evaluación en comento a las Cámaras de Diputados (por conducto de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Turismo), y de Senadores (por conducto de la Comisión de Turismo), para lo cual se adjuntan tres tantos del informe en formatos impreso y electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de noviembre de 2012.— Licenciado Jorge Mezher Rage (rúbrica), subsecretario de Planeación Turística.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Turismo, también para conocimiento.

ROBO DE COMBUSTIBLES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0246, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SSP/PF/OCG/02157/2012, suscrito por la maestra Maribel Cervantes Guerrero, comisionada general de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a fortalecer las acciones para reducir el robo de combustibles en el sistema nacional de gasoductos y poliductos, así como fortalecer la ejecución de su estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito de combustibles.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Seguridad Pública.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/UEL/311/2972/12, a través del cual da a conocer que el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión comunica los puntos de acuerdo aprobados por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 30 de octubre del año en curso, que en lo que interesa a esta institución señala lo siguiente:

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos a que en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal fortalezcan las acciones para reducir el robo de combustibles en el sistema nacional de gasoductos y poliductos, así como fortalecer la ejecución de su estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito de combustibles.

Al respecto, me permito mencionar que el 19 de septiembre de 2008 se aprobó la creación del Grupo Interinstitucional para el Combate al Robo, Adulteración, Transporte y Comercialización Ilícita de Combustibles, en el que participan la Secretaría de Seguridad Pública-Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría  General de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria y Petróleos Mexicanos, mediante la colaboración y coordinación de estas dependencias, se estableció un grupo operativo para erradicar el robo de combustible en la red de ductos, así como desarticular a organizaciones criminales dedicadas a esta ilícita actividad.

Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2010, por acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, se creó una unidad enfocada a la atención del robo de hidrocarburos, con la participación de Pemex, Policía Federal, Procuraduría General de la República y Secretaría de la Función Pública, enfocada a la atención del robo de hidrocarburos.

En este contexto y como resultado de las acciones derivadas de los trabajos de investigación, de 2007 al 26 de noviembre de 2012, la Policía Federal ha detenido a un total de 654 personas vinculadas al robo de combustible en 29 entidades de la República Mexicana como se desglosa a continuación:

Estado                                Personas aseguradas

Estado de México                                           89

Sonora                                                             70

Tamaulipas                                                      44

Tabasco                                                           43

Guanajuato                                                      37

Veracruz                                                          35

Hidalgo                                                           33

Nuevo León                                                    32

Chiapas                                                           29

Puebla                                                             23

Distrito Federal                                               22

Querétaro                                                        22

Coahuila                                                          21

San Luis Potos                                              20

Jalisco                                                              16

Sinaloa                                                            16

Chihuahua                                                       14

Colima                                                             14

Oaxaca                                                            14

Michoacán                                                       13

Baja California                                                10

Tlaxcala                                                           9

Morelos                                                           5

Yucatán                                                           5

Zacatecas                                                        5

Aguascalientes                                                3

Nayarit                                                            3

Baja California Sur                                         2

Guerrero                                                          2

Asimismo, la Policía Federal ha logrado los siguientes aseguramientos:

• 2, 251, 359 litros de petróleo.

• 1,847,977 litros de combustible.

• 1, 718, 932 litros de gasolina.

• 1, 582, 743 litros de diesel recuperados y asegurados.

• 1, 155, 252 litros de combustóleo.

• 265, 337 litros de diesel marino.

• 211,300 litros de gas LP.

• 92, 020 litros de turbosina.

• 49, 200 litros de gas nafta.

• 30, 000 litros de gas licuado.

• 1, 400 litros de gas tolueno.

• 1, 280 litros de diesel y gasolina.

Finalmente, le reitero que la Policía Federal en apoyo y colaboración con Pemex, continúa realizando operativos para prevenir, disuadir la comisión del delito en materia de robo de hidrocarburos y combustible en todo el territorio mexicano, así como la investigación de personas y organizaciones criminales vinculadas a éste ilícito.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 28 de noviembre de 2012.— Maestra Maribel Cervantes Guerrero (rúbrica), comisionada general de la Policía Federal.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0203, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SSP/PF/OCG/02156/2012, suscrito por la maestra Maribel Cervantes Guerrero, comisionada general de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a eficientar las labores de prevención en la comisión del robo de hidrocarburos, mejorando la red nacional de ductos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Seguridad Pública.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su Oficio SEL/UEL/311/2919/12, a través del cual da a conocer que el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 23 de octubre del año en curso, mismo que señala:

“ Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal, que destinen labores de inteligencia, más recursos económicos y humanos, así como la adquisición de nuevas tecnologías para eficientar las labores de prevención en la comisión de robo de hidrocarburos, mejorando y ampliando la supervisión y vigilancia que se haga sobre la Red Nacional de Ductos, principalmente en las zonas en las que se presenta mayoritariamente este ilícito asó como el derrame de hidrocarburos. De igual forma, se exhorta a Pemex Refinación para que resguarde y equipe con tecnología las válvulas que aún no se encuentran protegidas, y además realice labores de mantenimiento en la Red Nacional de Ductos en forma necesaria y suficiente para garantizar seguridad y se prevengan pérdidas humanas y materiales, así como un posible desastre ecológico.”

En este sentido, me permito mencionar que desde el 10 de diciembre de 2010 a la fecha, por acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, se llevan a cabo acciones orientadas a proponer y ejecutar el desarrollo tecnológico de la Institución, en materia de recursos informáticos, telecomunicaciones y equipo especializado, para promover la optimización y estandarización de estos sistemas con un alto nivel de servicios e impulsar la implantación, operación y modernización de los sistemas administrativos vigentes o en proceso de incorporación, para contribuir y aplicar estrategias, establecer mecanismos y procesos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones del fenómeno delictivo en México, desarrollar e implementar sistemas de información y comunicaciones de alta tecnología para el combate a la delincuencia e incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial.

Este desarrollo tecnológico, en materia de recursos informáticos, telecomunicaciones y equipo especializado a través de la administración de los sistemas e infraestructura tecnológica, facilita el intercambio de información en materia de seguridad pública en los tres niveles de gobierno y en consecuencia fortalece los sistemas de información que apoyan las labores de inteligencia.

Para el cumplimiento de actividades de prevención y combate al delito, se han venido desarrollando diversos sistemas, entre ellos el orientado a la atención de instalaciones estratégicas, en caso de presentarse algún incidente delictivo, técnico o de índole natural que pudiera afectar la operatividad y funcionamiento de dichas instalaciones.

Me permito precisar que en apoyo al Grupo de Coordinación de Instalaciones Estratégicas (GCIE), se estableció la interconexión de las comunicaciones con los centros de monitoreo y alarmas. A la fecha se encuentran interconectadas a este grupo: Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Comisión Federal de Electricidad, Instituto Nacional de Migración, Petróleos Mexicanos, Banco de México, Consejo de la Judicatura del Estado de México, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y Servicio de Administración Tributaria.

Finalmente, le reitero que la Policía Federal en apoyo y colaboración de otras instancias bajo la coordinación de Pemex, continúa realizando operativos para prevenir, disuadir la comisión del delito en materia de robo de hidrocarburos y combustible en todo el territorio mexicano, así como la investigación de personas y organizaciones criminales vinculadas a éste ilícito.

Adicionalmente le informo que como resultado de las acciones derivadas de los trabajos de investigación, de 2007 al 26 de noviembre de 2012, la Policía Federal ha detenido a un total de 654 personas vinculadas al robo de combustible en 29 entidades de la República Mexicana como se desglosa a continuación:

Estado                                                  Personas                                              

                                                         Aseguradas

Estado de México                                           89

Sonora                                                             70

Tamaulipas                                                      44

Tabasco                                                           43

Guanajuato                                                      37

Veracruz                                                          35

Hidalgo                                                           33

Nuevo León                                                    32

Chiapas                                                           29

Puebla                                                             23

Distrito Federal                                               22

Querétaro                                                        22

Coahuila                                                          21

San Luis Potos                                              20

Jalisco                                                              16

Sinaloa                                                            16

Chihuahua                                                       14

Colima                                                             14

Oaxaca                                                            14

Michoacán                                                       13

Baja California                                                10

Tlaxcala                                                           9

Morelos                                                           5

Yucatán                                                           5

Zacatecas                                                        5

Aguascalientes                                                3

Nayarit                                                            3

Baja California Sur                                         2

Guerrero                                                          2

Asimismo, la Policía Federal ha logrado los siguientes aseguramientos:

• 2, 251, 359 litros de petróleo.

• 1,847,977 litros de combustible.

• 1, 718, 932 litros de gasolina.

• 1, 582, 743 litros de diesel recuperados y asegurados.

• 1, 155, 252 litros de combustóleo.

• 265, 337 litros de diesel marinos.

• 211, 300 litros de gas LP.

• 92, 020 litros de turbosina.

• 49,200 litros de gas nafta.

• 30,000 litros de gas licuado.

• 1, 400 litros de gas tolueno.

• 1, 280 litros de diesel y gasolina.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 28 de noviembre de 2012.— Maestra. Maribel Cervantes Guerrero (rúbrica), comisionada general de la Policía Federal.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-249, signado por el diputado José González Martín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/0160/2012 suscrito por el ciudadano Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario de Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al destino del producto del ahorro que hicieron 96,000 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, durante el período comprendido de 1950 a 1990.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/2966/12, recibido 31 de octubre del presente, mediante el que se remitió punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 30 de octubre, relativo a el destino que se dio a los $638,000 millones de pesos actualizado, producto del ahorro que hicieron 96,000 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), durante más de 40 años de vida laboral, mismo que a continuación se transcribe:

“ Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Trabajo y Previsión Social, al secretario de Energía y al director de la Comisión Federal de Electricidad, para que expliquen a detalle el destino que se dio a los $638,000 millones de pesos actualizado, producto del ahorro que hicieron 96,000 trabajadores de la CFE durante más de 40 años de vida laboral, en el periodo comprendido de 1950 a 1990.

”Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a los secretarios de Trabajo y Previsión Social, de Energía y al director de la Comisión Federal de Electricidad, a que coadyuven en el cumplimiento del pago y devolución del fondo mutualista del Suterm a los 86,000 accionantes que ejercitaron su derecho de petición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.”

Al respecto, me permito informar que la licenciada María Eugenia Navarrete Rodríguez, presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ha reportado sobre el tema que se han desahogado los procedimientos iniciados por los actores, de la siguiente forma:

De 2005 a 2012 se han iniciado 26 expedientes en la Junta Especial Número Cinco, que involucran 7,297 actores, pendientes de dictarse el laudo, en los que se reclama de la CFE y del Suterm lo conducente al fondo mutualista.

De igual manera señala que, en aquellos asuntos en los que ya se ha emitido un laudo, con base en las manifestaciones vertidas por las partes, así como las pruebas que ofrecieron en juicio, esa Junta ha considerado declarar procedentes las excepciones de prescripción opuestas por las demandadas ya citadas, toda vez que la obligación reclamada por los actores era exigible a partir del día siguiente al que éstos tuvieron conocimiento de que se les dejaron de efectuar los descuentos relativos al fondo mutualista, con motivo de la desaparición de éste, es decir, del 2 de mayo de 1990 al 2 de mayo de 1991, en atención a lo establecido en la jurisprudencia que lleva por rubro:

“Comisión Federal de Electricidad. La acción de devolución de las aportaciones que integran el fondo mutualista previsto en las cláusulas 68 y 71 del contrato colectivo de trabajo, vigente hasta el 30 de abril de 1990, se encuentra sujeta al término prescriptivo contenido en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.

El fondo mutualista fue creado como una prestación extralegal para ayudar a los deudos de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en caso de fallecimiento, la cual se constituía con aportaciones periódicas derivadas de los descuentos que se hacían en sus salarios y con las que la empresa realizaba anualmente; de ahí que su naturaleza sea laboral y contractual, sujeta a prescripción, por derivar de la relación de trabajo existente entre la Comisión Federal de Electricidad y sus trabajadores. En tal virtud, si como consecuencia de la conclusión del mencionado fondo, los ex trabajadores de la referida comisión reclaman la devolución de las cantidades correspondientes al fondo mutualista que no se destinaron a ese fin, es evidente que para determinar el tiempo en que prescribe la acción relativa debe atenderse al plazo genérico de un año previsto por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que la indicada devolución no encuadra en ninguna otra hipótesis de la ley.

Contradicción de tesis 3/2003-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo Primero, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 6 de agosto de 2004. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.

Tesis de jurisprudencia 117/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de agosto de dos mil cuatro”.

Así también pone de relieve que las reclamaciones se presentaron extemporáneamente, ya que transcurrió en exceso el término a que se refiere el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo por lo que se ha extinguido el derecho de los actores para exigir el cumplimiento de lo reclamado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de noviembre de 2012.— Rafael Adrián Avante Juárez (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-249, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.DGVE.080/2012, suscrito por el ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez, director general de Vinculación y Enlace Energético de la Secretaría de Energía, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al destino del producto del ahorro que hicieron los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad durante el periodo comprendido de 1950 a 1990.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/2967/12, que contiene punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados mediante el cual

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social, al secretario de Energía y al director de la Comisión Federal de Electricidad a explicar en detalle el destino que se dio a los 638,000 millones de pesos actualizados, producto del ahorro que hicieron 96 mil trabajadores de la CFE durante más de 40 años de vida laboral, en el periodo comprendido de 1950 a 1990.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir a los secretarios del Trabajo y Previsión Social, de Energía y al director general de la Comisión Federal de Electricidad a que coadyuven en el cumplimiento del pago y devolución del Fondo Mutualista del SUTERM a los 8 mil 600 accionantes que ejercitaron su derecho de petición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Al respecto, adjunto al presente sírvase encontrar la información que remite la Subsecretaría de Electricidad.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de noviembre de 2012.— Ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez (rúbrica), director general de Vinculación y Enlace Energético.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Licenciada Susana Gordillo Carrillo, subdirectora de Área de la Dirección General de Vinculación y Enlace Energético de la Secretaría de Energía.— Presente.

Hago referencia al oficio número SEL/UEL/311/2967/12, del 31 de octubre de 2012, mediante el cual la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación remite a esta secretaría el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 30 de octubre del presente año, acordándose lo siguiente:

Primero.La Cámara de Diputados exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social, al secretario de Energía, y al director de la Comisión Federal de Electricidad a explicar en detalle el destino que se dio a los 638 mil millones de pesos actualizados, producto del ahorro que hicieron 96 mil trabajadores de CFE durante sus 40 años de vida laboral, en el periodo comprendido de 1950 a 1990.

Segundo.Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir a los secretarios del Trabajo y Previsión Social, de Energía y al director general de la Comisión Federal de Electricidad a que coadyuven en cumplimiento del pago y devolución el Fondo Mutualista del SUTERM a los 8 mil 600 accionistas que ejercitaron su derecho de petición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Al respecto, le informo que mediante oficio número 300.0.1.373/2012, del 5 de noviembre de 2012, esta subsecretaría remitió a la CFE el punto de acuerdo de referencia para que enviaran el informe necesario que permita dar respuesta al mismo.

En atención a lo anterior, el 16 de noviembre del año en curso, la Comisión Federal de Electricidad remitió el oficio número DG/SP/ST/463/2012, de fecha 15 del mismo mes y año, el cual se adjunta para los efectos conducentes (anexo oficios).

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Licenciada Ana Cristina Sánchez Muro (rúbrica), coordinadora de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— CFE Una Empresa de Clase Mundial.

Licenciada Ana Cristina Sánchez Muro, coordinadora de asesores del Subsecretario de Electricidad.— Presente.

Me refiero a su oficio número 300.0.1.373/2012, en el que envía el oficio número SEL/UEL/311/2967/12, de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, mediante el cual remite el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el pasado 30 de octubre, en el que se solicita “un informe detallado que esclarezca la imputación relativa a la desaparición de 638,000 millones de pesos actualizados, producto del ahorro que hicieron 96 mil trabajadores de Comisión Federal de Electricidad durante más de 40 años de vida laboral.

Al respecto, se reitera la nota informativa que se envió con oficio número DG/SP/ST/370/2012, de fecha 3 de agosto de 2012 que preparó la Dirección de Administración de CFE sobre el mismo asunto. Le agradezco, de ser procedente, ser el amable conducto para responder al órgano legislativo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2012.— Ingeniero César Bustamante García (rúbrica), secretario técnico.»

«CFE Comisión Federal de Electricidad.

Nota informativa

1 de agosto de 2012

Asunto:Fondo Mutualista.

A fin de dar contestación al dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno federal informe por escrito sobre la desaparición de 638 mil millones de pesos, producto del ahorro que hicieron 96 mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad durante más de 40 años de vida laboral emitido por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se informa lo siguiente:

En atención al punto de acuerdo antes mencionado, se hace notar que el contenido de dicho documento, no corresponde a la controversia que se está ventilando ante las autoridades laborales, ya que únicamente se han emitido dos condenas que han quedado firmes en este tipo de asuntos, en las que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje condenó al SUTERM a devolver las cantidades que se cuantificaron entre 50.00 y 300.00 pesospor cada uno de los aproximadamente 140 trabajadores jubilados que demandaron. Cabe señalar que estos asuntos tienen más de tres años que fueron resueltos y a la fecha no han sido ejecutados.

En este sentido, derivado de diversas demandas infructuosas interpuestas ante las autoridades laborales, por parte de varios trabajadores jubilados y retirados de CFE, en las cuales se reclama la devolución de las cantidades aportadas al Fondo Mutualista, es de señalar:

En primer término, es importante hacer notar que con fundamento en la cláusula 62, fracción II, inciso a), del contrato colectivo de trabajo 1976-1978, el Fondo Mutualista fue creado con la naturaleza de un fondo de previsión social en beneficio de los aportadores, ya que el fin del mismo es proporcionar a los beneficiarios, deudos o familiares de los mutualizados que murieran, la cantidad que les corresponde, por lo que para que les sea entregado dicho fondo es requisito que el mutualista muera.

Este sentido, es claro que el fondo mutualista no pude ser considerado como un fondo de ahorro para el retiro como lo pretenden señalar los actores en las demandas promovidas.

Por otro lado, en relación al Fondo Mutualista, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entró al estudio del tema que nos ocupa, aprobando el 27 de agosto de dos mil cuatro, la Tesis Jurisprudencial117/2004, cuyos puntos relevantes son:

Comisión Federal de Electricidad. La acción de devolución de las aportaciones que integran el Fondo Mutualista previsto en las cláusulas 68 y 71 del contrato colectivo de trabajo, vigente hasta el 30 de abril de 1990, se encuentra sujeta al término prescriptivo contenido en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.El Fondo Mutualista fue creado como una prestación extra legal para ayudar a los deudos de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en caso de fallecimiento, la cual se constituía con aportaciones periódicas derivadas de los descuentos que se hacían en sus salarios y con las que la empresa realizaba anualmente; de ahí que su naturaleza sea laboral y contractual, sujeta a prescripción, por derivar de la relación de trabajo existente entre la Comisión Federal de Electricidad y sus trabajadores. En tal virtud, si como consecuencia de la conclusión del mencionado fondo, los trabajadores de la referida Comisión reclaman la devolución de las cantidades correspondientes al fondo mutualista que no se destinaron a ese fin, es evidente que para determinar el tiempo en que prescribe la acción relativa debe atenderse al plazo genérico de un año previsto por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que la indicada devolución no encuadra en ninguna otra hipótesis de la ley.

Contradicción de tesis 3/2003-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo Primero, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en materia de Trabajo del Primer Circuito. 6 de agosto de 2004. Mayoría de votos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria Estela Jasso Figueroa.

Tesis de Jurisprudencia 117/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en sesión privada del 27 de agosto de 2004.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XX, Septiembre de 2004. Pág. 218. Tesis de Jurisprudencia.

Lo anterior, se resume en los siguientes puntos:

A)La improcedencia de la reclamación de devolver las aportaciones que integraron el fondo, en virtud de que el mismo fue liquidado con los pagos efectuados a los deudos de los trabajadores fallecidos, y por tanto en el año de 1990 quedó extinguido.

B)Que el SUTERM durante la vigencia de dicha prestación cumplió con los fines por los que fue creado dicho Fondo, así como con todas las disposiciones contractuales y legales correspondientes.

C)Ante la extinción legal del Fondo en el año 1990 y el cabal cumplimiento de sus fines, el más Alto Tribunal del país resolvió que toda acción derivada del reclamo del Fondo Mutualista está prescrita,y en consecuencia resulta improcedentey ociosa cualquier demanda.

En tal virtud y de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las resoluciones y tesis de jurisprudencia que emite la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación son obligatorias e inapelables,de tal manera que la jurisprudencia sustentada no puede ser objeto de impugnación, y por tanto deberá ser observada y cumplida por cualquier tribunal laboral de nuestro país.

Es importante señalar que la Comisión Federal de Electricidad afronta un total de 82 demandas laborales, en las cuales se reclama la devolución de las cantidades aportadas al Fondo Mutualista, de las cuales Oficinas Nacionales atiende 61 juicios y 21 juicios corresponden a diversos departamentos jurídicos de áreas foráneas.

Cabe mencionar, que las 82 demandas laborales en contra de CFE y el SUTERM, representan aproximadamente 2 mil 680 de actores.

La gran mayoría de las demandas se encuentran en trámite en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, por lo que de acuerdo la tesis jurisprudencial antes mencionada, consideramos que se cuenta con elementos jurídicos suficientes para obtener un resultado favorable a los intereses del organismo.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0340 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/0166/2012 suscrito por Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la implementación de políticas económicas y sociales para apoyar a los habitantes de la Isla de Cedros, Baja California, que no cuentan con empleo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al atento oficio número SEL/UEL/311/3094/12, mediante el cual se remite punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 13 del actual, relativo al apoyo de los habitantes en la Isla de Cedros, Baja California, en especial de aquellos que no cuentan con empleo, mismo que a continuación se transcribe en su parte relativa:

“... Tercero.La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Economía, a diseñar, instrumentar e implementar las políticas económicas y sociales adecuadas para apoyar a todos los que habitan en la Isla de Cedros, en especial de aquellos que no cuentan con empleo, dándoles una opción legal y digna para mejorar su nivel de vida y así evitar que se desvíen a las actividades ilícitas, como la piratería de marisco, el robo y narcomenudeo.

Cuarto... "

Al respecto, comunico a usted que se ha tomado debido conocimiento del acuerdo de mérito, siendo importante resaltar por parte de esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo siguiente:

La Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la STPS, a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), cuenta con una serie de programas que tienen por objeto tanto la creación de empleos formales como la vinculación entre la oferta y la demanda de los sectores productivos.

Los servicios que ofrece el SNE a la población de todo el país se agrupan en tres grandes rubros que engloban una gran variedad de opciones para las actividades laborales, siendo uno de ellos el otorgar apoyos económicos y capacitación, a través de las denominadas Becas a la Capacitación para el Trabajo (Bécate) y Fomento al autoempleo, en las que se otorgan subsidios dirigidos a las personas desempleadas o subempleadas y se propicia la adquisición de competencias, la actualización y reconversión de habilidades que permitan a los buscadores de trabajo emplearse, mejorar sus oportunidades laborales o desarrollar una ocupación productiva.

En este sentido, si existiera interés en que se cree un curso específico para las personas a que se refiere el punto de acuerdo, se recomienda a los interesados asistir a las oficinas del SNE ubicadas en calle Calafia número 1100 y avenida Pioneros, Centro Cívico, código postal 21000, Mexicali o en calle Primavera número 2228, local 3, fraccionamiento Playa Ensenada, código postal 22830, Ensenada, o bien, comunicarse a los teléfonos 01(686) 555 4990 o 01 (646) 1740297, o a través de los correos electrónicos seebc_direccion@stps.gob.mx y seebc@stps.gob. mx, para que reciban los informes necesarios sobre el número mínimo de personas para integrar el o los grupos a capacitar y de acuerdo con la vocación económica de la región se pueda programar un curso de autoempleo.

Cabe mencionar que en 2012 el SNE ha ejercido en el estado de Baja California 48.67 millones de pesos, de los cuales 5.78 millones de pesos fueron aportados por la entidad.

Asimismo, es de señalarse que los otros dos rubros de servicios que ofrece el SNE, que de igual forma se ponen a la disposición de la población son:

Información, vinculación y orientación ocupacional: bolsa de trabajo: www.empleo.gob.mx; talleres para buscadores de empleo; ferias de empleo; información laboral vía telefónica; vinculación por Internet; centros de intermediación laboral; kioscos de información; periódicos de ofertas de empleo y boletines informativos. Mediante estas estrategias se acerca a los buscadores de empleo con empresas que demandan personal para cubrir vacantes con el objetivo de reducir los tiempos y costos de contratación.

Movilidad laboral interna y externa: programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (México-Canadá); programa Especial para Repatriados y programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas. Con estos programas se contribuye a acercar a los buscadores de empleo a cubrir las vacantes disponibles en regiones o sectores productivos que por sus características de estacionalidad, atraen temporalmente fuerza de trabajo de otros lugares del país (acciones de reclutamiento, selección y apoyos económicos para el traslado de buscadores de empleo).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

México, DF, a 29 de noviembre de 2012.— Rafael Adrián Avante Juárez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Desarrollo Municipal, para su conocimiento.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Me refiero a la evaluación de impacto del Programa Hábitat 2008-2011, realizada en cumplimiento del numeral 19 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2008, a cargo del Colegio de la Frontera Norte, AC (El Colef).

Al respecto, con fundamento en el artículo 79 de la Ley General de Desarrollo Social, en el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el artículo 24, fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) 2008, el artículo 27, fracción V, del DPEF 2009, el artículo 28, fracción III, del DPEF 2010, el artículo 29, fracción III, del DPEF 2011, el artículo 32, fracción III, del DPEF 2012, así como el numeral 12 y 24 del PAE 2009, en los numerales 10 y 31 del PAE 2011 y los numerales 11 y 29 del PAE 2012 y en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; anexo al presente se hace entrega, en disco compacto, del informe final de la evaluación de impacto del Programa Hábitat 2008-2011.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de noviembre de 2012.— Maestro César Nájera Tijera (rúbrica), Director General.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social, también para conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Para los efectos conducentes, con fundamento en el artículo 53, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, remitimos el acuerdo aprobado por la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha; así como sus consideraciones, mediante el cual esta Legislatura formula un respetuoso exhorto a dicha soberanía, para que se realicen las adecuaciones al marco jurídico presupuestario federal, a fin de que se pueda crear un Fondo de Compensación que aminore la reducción presupuestal secundaria al buen desempeño en el combate a la pobreza; asimismo, para que se revisen y en su caso, se modifiquen las reglas normativas y lineamientos generales del Fondo I del Ramo 33, denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y del Ramo 20 contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Guanajuato, a 22 de noviembre de 2012.— Mesa Directiva del Congreso del Estado: diputada Karla Alejandrina Lanuza Hernández (rúbrica), secretaria; diputado Galo Carrillo Villalpando (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Acuerdo

Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:

Único. El Congreso del Estado formula un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se realicen las adecuaciones al marco jurídico presupuestario federal, a fin de que se pueda crear un Fondo de Compensación que aminore la reducción presupuestal secundaria al buen desempeño en el combate a la pobreza; asimismo, para que se revisen y en su caso, se modifiquen las reglas normativas y lineamientos generales del Fondo I del Ramo 33, denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y del Ramo 20 contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con la finalidad de alentar a aquellos municipios y entidades federativas que cumplan con el objetivo del combate a la pobreza, generando incentivos para mantener e incrementar los esfuerzos dirigidos a la atención de los que menos tienen.

Comuníquese el presente punto de acuerdo con sus consideraciones, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos precisados en el mismo; asimismo, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las legislaturas de los Estados para que en caso de estimarlo conveniente se adhieran al mismo.

Guanajuato, Gto., a 22 de noviembre de 2012.— Diputado Alfonso Guadalupe Ruiz Chico (rúbrica), Presidente; diputada Karla Alejandrina Lanuza Hernández (rúbrica), secretaria; diputado Galo Carrillo Villalpando (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

ESTADO DE JALISCO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Ejecutivo.— Secretaría General de Gobierno.

Del gobierno de Jalisco, con la que remite el tercer informe trimestral de 2012 sobre las características de las obligaciones a que se refiere el artículo 47, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 30, fracción VIII, de1a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Jalisco, y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 10, fracción VII, del Presupuesto de Egresos de 1a Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 que a la letra dice: “Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán informar trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre las características de las obligaciones a que se refiere el artículo 47, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal”, y de conformidad a la información remitida por el titular de la Secretaría de Finanzas, se anexa al presente la información requerida de Jalisco, correspondiente al tercer trimestre del presente año.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 7 de noviembre de 2012.— “2012, Año de la Equidad entre Mujeres y Hombres”. Víctor Manuel González Romero (rúbrica), Secretario General de Gobierno.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó proposición con puntos de acuerdo que exhortan a la Cámara de Diputados a etiquetar los recursos asignados a Baja California Sur.

La Presidencia dispuso que el primero y segundo resolutivos de dicho punto de acuerdo, los cuales se anexan, se turnaran a la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y el tercero, a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 27 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Isaías González Cuevas, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 1, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados a etiquetar en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 los recursos asignados a Baja California Sur.

Consideraciones

Baja California Sur es una de las entidades federativas con menor tiempo de haberse unido al pacto federal. Fue constituida por decreto presidencial el 8 de octubre de 1974; es decir, cuenta con 38 años de existencia en la federación.

Su vocación económica es el turismo, por sus bellezas naturales y una infraestructura en crecimiento. Es reconocida como uno de los sitios turísticos favoritos a escala mundial. Sin embargo, ha logrado diversificar sus actividades, tanto en la agricultura y la ganadería, el comercio y un incipiente desarrollo industrial.

Baja California Sur recibió 5 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa en 2010. Esto ha obligado a los tres órdenes de gobierno a considerar mayores recursos económicos para atender sus necesidades y proyectos estratégicos de obra pública en el ramo de la salud, educación, y proyectos de infraestructura urbana y social.

Con tales razones, el gobierno de Baja California Sur presentó a la Cámara de Diputados los proyectos estratégicos que requerirán un monto cercano a 3 mil millones de pesos. En consecuencia, solicitó que se incluyeran en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

De las acciones prioritarias por atender se encuentran mil 150 millones de pesos para 17 proyectos de carreteras, recursos para la implantación del nuevo sistema judicial y la conclusión de dos presas.

Entre los proyectos destaca concluir el acueducto El Carrizal-La Paz, iniciado en 2012, y la creación de plazas en el sector salud para los nuevos hospitales.

La educación también fue un sector considerado prioritario por el jefe del Ejecutivo estatal. Solicitó recursos federales para dar continuidad a la construcción de la Universidad Tecnológica y asignar recursos al Instituto Politécnico Nacional para la edificación de la escuela de medicina.

El presupuesto solicitado considera también la conclusión del centro de convenciones de La Paz. El gobernador comunicó a los diputados federales que todos sus programas estratégicos cuentan con registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cumplen los estudios de impacto ambiental.

No obstante que el gobierno de Baja California Sur informó a los legisladores del Partido Acción Nacional tener todo en regla para obtener las participaciones federales correspondientes en el Presupuesto de Egresos de 2013, es importante exponer que se han presentado inconsistencias de ciertos fondos federales de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, cuando reveló que el gobierno federal entregó a las 32 entidades 2 mil 212.1 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) en el primer trimestre de este año y se encontró que 13 estados reportaron un subejercicio, entre ellos Baja California Sur.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, al aprobar los criterios para la distribución de los recursos del FASP ha procurado que su erogación y aplicación se realicen dentro del ejercicio fiscal correspondiente y se alcancen las metas. Sin embargo, el propósito no se ha cumplido, pues los recursos no se han ejercido en tiempo ni en forma. Un caso similar ha ocurrido con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica.

Ahora bien, eso fue a escala estatal, pero también es necesario revisar la situación de los municipios respecto a las aportaciones federales.

Por ello debe refrendarse el apoyo permanente del Senado de la República a este orden de gobierno para que en términos de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, se haga puntual entrega de los recursos que recibirán del Fondo General de Aportaciones.

La misma norma faculta en la fracción IV del artículo 21 a la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales para “vigilar la creación e incremento de los fondos señalados en esta ley, su distribución entre las entidades y las liquidaciones anuales que de dichos fondos formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como vigilar la determinación, liquidación y pago de participaciones a los municipios que de acuerdo con esta ley deben efectuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades”.

Adicionalmente, en el artículo décimo séptimo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se estableció: “ Las entidades federativas deberán establecer consejos de armonización contable, en los que se incluyan a los municipios,órganos de fiscalización estatales y colegios de contadores, con el propósito de que coadyuven en el proceso de implantación de los acuerdos aprobados en el Consejo Nacional de Armonización Contable”.

Con tal motivo, varias entidades procedieron a formar sus consejos estatales de armonización contable. Sin embargo, de acuerdo con datos de la memoria técnica correspondiente a 2011 de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a noviembre de ese año sólo 20 entidades habían dado cabal cumplimiento al artículo señalado, y entre los omisos 1 se encontraba Baja California Sur.

Ello originó que de inmediato el titular del Ejecutivo estatal publicara el decreto correspondiente en noviembre de 2011, pero con la salvedad de que a los municipios confiere carácter de “invitados” y no de “miembros” del consejo, como sucede con otras entidades que a continuación se señalan:

En ese tenor, resulta fundamental para esta soberanía insistir en el respeto del marco legal que permita a los estados hacer uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. Desterrar la opacidad y los criterios de discrecionalidad que se han manejado con los municipios del país. Si Nuevo León mismo integra sus 51 municipios como integrantes del Consejo Estatal de Armonización Contable, ¿por qué no hacer lo mismo con los 5 de Baja California Sur?

Máxime cuando en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, en el artículo 61, se aprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgara subsidios para la capacitación respectiva de los funcionarios de las entidades federativas y de los municipios en materia de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable de los tres órdenes de gobierno,conforme a lo dispuesto en el artículo noveno transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Por lo expuesto se presenta consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal remita a esta soberanía el Informe de participaciones en ingresos federales entregadas a estados, municipios y al Distrito Federal de enero a septiembre de 2012, derivado de la reunión CCLXXIX de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales el 27 de septiembre de 2012 en Tamaulipas.

Segundo.El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a los 31 congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en atención de las mejores prácticas que deben privar en la contabilidad gubernamental, homologuen en los acuerdos o las leyes –según sea el caso en la entidad– que crean los consejos estatales de armonización gubernamental la incorporación de los municipios o jefes delegacionales como integrantes con derecho a voz y voto.

Tercero. Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y en el marco de la revisión, el análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se etiqueten y establezcan candados que eviten desviar recursos de cada una de las asignaciones presupuestales solicitadas y, en su caso, aprobadas, particularmente para los municipios de Baja California Sur.

Notas:

1 Cfr. http://www.sncf.gob.mx/Publicaciones/memoria2011.pdf P. 141

2 Cfr. http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/consejo_conformacion.pdf

3 Ramo 23, “Provisión para la armonización contable” 51 millones 750 mil pesos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 23 de noviembre de 2012.— Senador Isaías González Cuevas (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 recursos para crear proyectos de instalación de energía biomasa del nopal.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 27 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita, Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, y en los artículos 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se etiqueten recursos para crear proyectos de instalación de energía biomasa del nopal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, en el último sexenio se ha hecho un esfuerzo importante por diversificar las fuentes de energía limpia y renovable a través de construcción de campos de energía eólica y presas para energía hidroeléctrica para el desarrollo sustentable del país.

De acuerdo con datos proporcionados de Proméxico, entre 2008 y 2011 México ha logrado inversiones por 5 mil 931 millones de dólares para la inversión de proyectos de energía renovable, y a la fecha hay una cartera por otros 8 mil 648 millones de dólares de potenciales negocios hidroeléctricos, eólicos y solares.

El nuestro es uno de los 15 países con mayor biodiversidad. Entre sus recursos naturales, como planta endémica se encuentra el nopal, que hasta ahora sólo ha sido utilizado como alimento y en algunos casos como previsor de ciertas enfermedades, pero cuyo valor de biomasa hay que comenzar a considerar entre sus opciones de uso, explotación y fuente de energía, y de impulso del desarrollo sustentable. Su producción es de bajo costo y el beneficio es mucho mayor que sus costos.

Además, el uso del nopal para generar energía vendría a romper paradigmas, pues su transformación y uso agroindustrial con algo de rendimiento de producción por hectárea ayudaría a desarrollar proyectos paralelos y nutriría la tierra donde está muy cansada.

La lombricultura está ligada al proceso de generación de energía del nopal, pues produce humus orgánicos que tienen como beneficio, además, que el agua utilizada para este proceso de generación de gas sea reutilizada como fertilizante.

Enfatizo sobre las características fundamentales que hacen del nopal uno de los vegetales idóneos, desde el punto de vista de la ingeniería: se trabaja a bajas presiones y temperaturas ambientales, permite crear plantaciones en climas desérticos y semidesérticos; también permite el desarrollo exponencial de las plantaciones a un bajo costo. Y lo más importante, el nopal es la planta cuyo componente de biomasa es el de mayor proporción: una planta madre produce una biomasa de 7 a 15 años siendo en el largo plazo la producción de 800 a mil 200 toneladas.

La generación de gas, electricidad y etanol a partir de la biomasa del nopal es sin duda la aplicación de las energías renovables que tiene mayor potencial para México. Los productores están dispuestos a sumarse a proyectos de transformación; sólo falta el impulso financiero. Por ello se requiere que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 la Cámara de Diputados etiquete recursos para realizar proyectos que generen energía renovable a partir de la biomasa del nopal.

Ante lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la distribución de los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 destine y etiquete recursos para crear proyectos de instalación que genere energía renovable a partir de la biomasa del nopal.

Senado de la República, a 22 de noviembre de 2012.— Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Ángel Benjamín Robles Montoya y Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a autorizar un aumento adicional en el recurso que se destina a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el objeto de llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización del modelo educativo.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 27 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, senador de la República por la LXII legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el Presupuesto de la Federación 2013 se autorice un aumento adicional en el recurso que se destina a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el objeto de llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización del modelo educativo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) es la institución de nivel medio superior y superior más importante en el Estado de Oaxaca.

En el presente ciclo escolar, 2012-2013, brinda servicios educativos a 23 mil 663 alumnos que cursan sus estudios en 28 Unidades Académicas, en cuatro regiones del estado.

En la UABJO se imparten actualmente 29 licenciaturas, 6 especialidades, 11 maestrías y 5 doctorados en Escuelas, Facultades e Institutos, las cuales, en su mayoría, se encuentran desarrollando procesos de evaluación con ?nes de acreditación así como el programa educativo correspondiente al bachillerato.

Los programas educativos de licenciatura y posgrado de la UABJO atienden al 73 por ciento del total de la población escolar de estos niveles, los cuales re?ejan la trascendencia de la Universidad en la entidad.

A la fecha, 14 programas educativos tienen reconocimiento de calidad. En estos 14 programas educativos de buena calidad se atiende al 67 por ciento de la matrícula del nivel superior de la Universidad.

Con un subsidio para el año 2011 de 717 millones 367 mil pesos, la UABJO es la universidad estatal con el menor subsidio por alumno del país: 26 mil 904 pesos. En contraste, la Universidad de la Cañada percibe 140 mil 100 pesos por alumno, y la Universidad Tecnológica de la Mixteca 81 mil pesos por alumno.

Para el ciclo escolar 2011-2012, que recién concluyó la UABJO, atendió a una población escolar total de 22 mil 60 alumnos, correspondiendo a educación media superior 6 mil 3 estudiantes y a educación superior a 16 mil 57 estudiantes; para atender éste último nivel se tienen 264 profesores de tiempo completo, de los cuales 224 cuentan con posgrado, 51 cuentan con el per?l deseado y 21 se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores. Con 22 cuerpos académicos, la UABJO se sitúa a la cabeza de ese sector dentro de las universidades y tecnológicos públicos del estado de Oaxaca.

De acuerdo con estos indicadores estatales, se demuestra que la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca se encuentra posicionada como una institución de calidad, con una alta responsabilidad social y valores de?nidos.

Está plenamente comprobado que el conocimiento es la base de la sociedad del futuro, es por ello que la educación debe considerarse prioritaria y estratégica en la agenda del desarrollo de toda comunidad, lo cual obliga a que ésta se transforme y adecue a los tiempos que se viven.

Hoy se hace necesaria la reconstrucción de una Universidad que recupere, fomente y cumpla con sus valores fundamentales, y para ello se requiere del apoyo de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como de los diversos sectores de la sociedad.

La Universidad debe de ser concebida como una comunidad cientí?ca autónoma, comprometida con el desarrollo del conocimiento y su transmisión; igualmente debe de ser propedéutica y social, pública, gratuita, plural y democrática; así como promotora de los altos valores sociales.

La ruta más clara para lograr este objetivo es la integración y operación de un Plan Institucional de Desarrollo que encause verdaderamente la docencia universitaria y replantee el proceso de enseñanza aprendizaje, que ordene el desempeño de los servidores públicos universitarios, que proteja a la comunidad que integra la UABJO y que garantice la participación en sus diversas actividades, además de que fortalezca la vinculación con los diversos sectores de la sociedad.

Un proyecto de esta naturaleza tiene que estar cimentado en la legalidad, la transparencia y la honestidad; de esa manera, se contribuirá a construir una Universidad con valor y con valores.

Por lo tanto, se requiere la autorización de la asignación de un recurso suficiente para llevar a cabo un proyecto del Plan Institucional de Desarrollo en donde se enmarquen los ejes centrales para la construcción de la Universidad que demandan los universitarios y la sociedad en su conjunto.

Es necesario señalar de manera enfática lo injusto e incorrecto de cuestionamientos y críticas que se re?eren al desempeño de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y que consisten en señalar que está postrada en varios de los indicadores de capacidad académica y competitividad académica en el último lugar nacional.

Al respecto en el reciente ejercicio del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012-2013, la Subsecretaría de Educación Superior presentó información sobre los indicadores para un padrón de 47 instituciones de educación superior, de esta información se tiene que la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca ocupa los siguientes lugares:

Profesores de tiempo completo con posgrado, lugar 36.

Profesores de tiempo completo con doctorado, lugar 34.

Profesores de tiempo completo con perfil deseable, lugar 43.

Profesores de tiempo completo en el SNI, lugar 32.

Cuerpos académicos en consolidación, lugar 35.

Cuerpos académicos consolidados, lugar 32.

Matrícula atendida en programas educativos de calidad, lugar 38.

Con lo cual se muestra que la Universidad en ninguno de estos indicadores se encuentra en las últimas posiciones del panorama nacional.

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca tiene como principal desafío en cuanto a su oferta educativa, el incorporar programas educativos de posgrado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

A continuación se presenta de manera breve el posicionamiento de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca en el contexto de las universidades públicas que en los últimos cuatro periodos gubernamentales se han impulsado, las cuales son la Universidad de la Cañada, de la Sierra Juárez, de la Sierra Sur, del Istmo, del Papaloapan, del Mar y la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

En el análisis se consideran ocho indicadores:

a. Alumnos por profesor de tiempo completo

El número de alumnos por profesor de tiempo completo para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio 19 alumnos por cada profesor de tiempo completo, siendo el valor más alto el correspondiente a la Universidad con 58 estudiantes por cada profesor de tiempo completo.

Las universidades públicas del Estado de Oaxaca todas están por abajo del indicador de diez alumnos por profesor de tiempo completo, lo que muestra en una perspectiva positiva que tienen condiciones para desarrollar no sólo docencia, sino involucrarse en la generación y aplicación del conocimiento mientras que la UABJO no tiene esta posibilidad ya que el indicador re?eja la carga excesiva a nivel de impartir cursos que tienen sus profesores de tiempo completo.

b. Profesores de tiempo completo con posgrado.

El porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio un 84 por ciento, en donde la UABJO está mejor posicionada que las universidades del Mar y Tecnológica de la Mixteca.

c. Profesores de tiempo completo con per?l deseable.

El porcentaje de profesores de tiempo completo con per?l deseable para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, da en promedio un 23 por ciento, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca está mejor ubicada que las universidades del Mar y la Sierra Sur.

d. Profesores de tiempo completo, SNI.

El porcentaje de profesores de tiempo completo en el SNI para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, da en promedio un 12 por ciento, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca está mejor posicionada que las universidades de la Sierra Sur y del Istmo.

e. Cuerpos académicos.

El porcentaje de cuerpos académicos en consolidación para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, da en promedio un 12 por ciento, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca ocupa el segundo lugar.

En lo que corresponde al porcentaje de cuerpos académicos consolidados para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, da en promedio un 1 punto porcentual, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca ocupa el primer lugar.

f. Programas educativos de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura de buena calidad.

El porcentaje programas educativos de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da un promedio de 32 puntos porcentuales, lo que ubica a la UABJO en el primer lugar.

g. Matrícula en programas educativos de Técnico Superior Universitario y de Licenciatura de buena calidad.

El porcentaje de matrícula atendida en programas educativos de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio un 57 porciento, lo que ubica a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca en el primer lugar.

h. Subsidio por alumno.

El subsidio por alumno para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio un ?nanciamiento de 30,000 pesos, siendo la UABJO la que tiene el menor subsidio por alumno.

Es de señalar que se tienen tres universidades públicas del estado de Oaxaca que el subsidio por alumno resulta desorbitado si se contrasta con los subsidios por alumno más altos de las universidades públicas estatales del país.

Es de señalar que se tienen tres universidades públicas del estado de Oaxaca que el subsidio por alumno resulta desorbitado si se contrasta con los subsidios por alumno más altos de las universidades públicas estatales del país.

Por lo anteriormente expuesto, es de urgente aplicación: La Ampliación, diversi?cación y desconcentración de la oferta educativa, El Fortalecimiento y consolidación de la planta académica, El Apoyo a la formación integral del estudiante, La Consolidación del Modelo Educativo, La Reestructuración integral de la investigación y el posgrado, El Impulso a la planeación integral, La Preservación y acrecentamiento de extensión y difusión cultural, La Solución a los problemas estructurales, Y un programa efectivo de Gestión de la calidad.

En razón de las causas expuestas, se somete a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta atentamente a la honorable Cámara de Diputados a través de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación para que a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 se autorice un incremento adicional al actualmente asignado de 708 millones anuales en el recurso que se destina a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con el objeto de llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización del modelo educativo como son: Ampliación, diversi?cación y desconcentración de la oferta educativa, Fortalecimiento y consolidación de la planta académica, Apoyo a la formación integral del estudiante, Consolidación del Modelo Educativo, Reestructuración integral de la investigación y el posgrado, Impulso a la planeación integral, Preservación y acrecentamiento de extensión y difusión cultural, Solución a los problemas estructurales y un programa efectivo de Gestión de la calidad.

Se adjunta al presente tabla de propuesta de distribución de los recursos por programa.

Atentamente

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica), Senador Adolfo Romero Lainas (rúbrica).»

«Propuesta de tabla de distribución de recursos:

Programa: Sedes UABJO-UNAM con Educación a Distancia.

Presupuesto: 105 millones.

Programa: Sedes UABJO Bachillerato a Distancia.

Presupuesto: 40 millones.

Programa: Licenciatura en Gastronomía Tradicional Oaxaqueña.

Presupuesto: 11 millones.

Programa: Escuela Superior de Artes.

Presupuesto: 5 millones.

Programa: Escuela de Rehabilitación.

Presupuesto: 15 millones.

Programa: Sedes para Prácticas.

Presupuesto: 20 millones.

Programa: Incremento de matricula al Nivel Medio Superior.

Presupuesto: 17 millones.

Monto del proyecto 1: 213 millones.

Proyecto de fortalecimiento y consolidación de la planta académica.

Objetivo: Habilitar una planta académica de calidad privilegiando el trabajo en equipo, la cooperación y colaboración con pares de otras instituciones en alianzas estratégicas y redes, en un marco normativo que detone el desempeño del personal académico.

Programa: Fomento a la creación y trabajo de los Cuerpos Académicos.

Presupuesto: 4.5 millones.

Programa: Titulación de grado.

Presupuesto: 6 millones.

Programa: Educación Continua e Inserción al Posgrado.

Presupuesto: 8 millones.

Programa: Inserción al Promep y SNI.

Presupuesto: 4 millones.

Programa: Concurso de Tiempos Completos.

Presupuesto: 30 millones

Monto del proyecto 2: 52.5 millones.

Proyecto de apoyo a la formación integral del estudiante Eje estratégico sustento: Estudiantes

Objetivo. Cubrir integralmente los requerimientos de los jóvenes alumnos, con el ?n de fomentar entre ellos la sana competencia y el compromiso social.

Programa: Orgullo del valor UABJO.

Presupuesto: 8 millones.

Programa: Becas Fundación UABJO.

Presupuesto: 25 millones.

Programa: Educación Holista.

Presupuesto: 8.5 millones.

Programa: Políticas Sociales en la UABJO.

Presupuesto: 25 millones.

Monto del proyecto 3: 66.5 millones.

Proyecto de consolidación del Modelo Educativo. Eje estratégico sustento: Modelo educativo

Objetivo: Impulsar un esquema teórico propio que sustente la transición al paradigma educativo “Aprender a aprender”.

Programa: Nuevo Modelo Educativo UABJO. Competencias y Aprendizaje Signi?cativo.

Presupuesto: 3 millones.

Programa: Modelo Pedagógico. Nivel Superior.

Presupuesto: 1 millón.

Programa: Modelo Pedagógico. Nivel Medio Superior.

Presupuesto: 1 millón.

Programa: Aplicación del Nuevo Modelo Educativo.

Presupuesto: 5 millones.

Monto del proyecto 4: 10 millones.

Proyecto de reestructuración integral de la investigación y el posgrado. Eje estratégico sustento: Investigación y posgrado.

Objetivo: Implementar políticas y acciones que permitan la consolidación de cuerpos académicos con líneas de investigación estrechamente vinculadas con el quehacer del posgrado.

Programa: Revisión, actualización y de?nición de las líneas de investigación en las DES.

Presupuesto: 1.5 millones.

Programa: Incorporar las líneas de investigación al trabajo de los Cuerpos Académicos y miembros SNI.

Presupuesto: 2 millones.

Programa: Creación del Fondo UABJO para investigación.

Presupuesto: 25 millones.

Programa: Revisión, actualización y regularización de los programas de posgrados en las DES.

Presupuesto: 3 millones.

Programa: Fortalecimiento en la participación Cuerpos Académicos y SNI, en los programas de posgrados.

Presupuesto: 2 millones.

Programa: Inclusión de los Programas de Posgrados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad CONACYT.

Presupuesto: 2 millones.

Monto del proyecto 5: 35.5 millones

Proyecto de impulso a la planeación integral.

Objetivo: Impulsar esquemas para plani?car el desarrollo institucional como garante de una universidad con certidumbre en el futuro, la cual se encuentra en un proceso de mejora permanente.

Programa: Revisión, actualización y generación de normatividad en la planeación estratégica.

Presupuesto: 1 millón.

Programa: Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Institucional.

Presupuesto: 2.5 millones.

Programa: Participación Directiva, de Cuerpos Académicos y miembros SNI, en la evaluación e integración del PIFI UABJO 2013 y PID.

Presupuesto: 3 millones.

Programa: Interconexión en la integración, operación y evaluación de las acciones derivadas de PIFI, CIEES, Copaes, y diversos fondos concursables.

Presupuesto: 1 millón.

Monto del proyecto 6: 7.5 millones.

Proyecto de preservación y acrecentamiento de extensión y difusión cultural. Eje estratégico sustento: Extensión y difusión de la cultura.

Objetivo: Mantener el quehacer educativo y social de la UABJO, así como acrecentarlo más allá del campus universitario, en respuesta a la comunidad Oaxaqueña.

Programa: Brigadas Comunitarias UABJO.

Presupuesto: 18 millones.

Programa: Agencia de Desarrollo Social UABJO-Sedesol.

Presupuesto: 10 millones.

Programa: Quince Letras. Fomento a la Lectura.

Presupuesto: 2 millones.

Programa: Mundo UABJO. Fundación UABJO.

Presupuesto: 4 millones.

Programa: Comedor Universitario.

Presupuesto: 10 millones.

Programa: Edi?cio San Pablo. Circuito CU. Museo UABJO. Barda Perimetral CU.

Presupuesto: 58 millones.

Monto del proyecto 7: 102 millones

Proyecto de solución a los problemas estructurales.

Objetivo: Atender los problemas de la estructura administrativa universitaria, tales como: costo por alumno; pensiones y jubilaciones; reconocimiento de plantilla; tabuladores de salarios; renovación de planta académica y; actualización del sistema legislativo.

Programa: Nuevo Tabulador Salarial para Docentes.

Presupuesto: 71 millones.

Programa: Nuevo Tabulador salarial para Administrativos.

Presupuesto: 65 millones.

Programa: Revisión y actualización del sistema de pensiones UABJO.

Presupuesto: 28 millones.

Programa: Revisión y actualización de políticas fnancieras para generar certidumbre en el manejo e incremento al subsidio.

Presupuesto: 2 millones.

Programa: Revisión y actualización de la normatividad universitaria.

Presupuesto: 15 millones.

Monto del proyecto 8: 181 millones.

Proyecto de gestión de la calidad.

Objetivo: Mantener y desarrollar nuevos procesos administrativos, sujetos a evaluación ISO, para consolidar el sistema de gestión de calidad. Programa: Evaluación al sistema de gestión de la calidad.

Presupuesto: 5 millones.

Programa: Creación de sistema de gestión de calidad.

Presupuesto: 12 millones.

Programa: Implementación, difusión y evaluación del sistema de gestión de la calidad.

Presupuesto 23 millones.

Monto del proyecto 9: 40 millones.

Monto total solicitado: Incremento de 708 millones anuales en el recurso que se destina a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con el objeto de llevar a cabo diversos programas de fortalecimiento y modernización del modelo educativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, incremente los recursos presupuestales asignados al Programa Especial Concurrente del Sector Rural en el Programa de Derecho a la Alimentación.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 27 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe senador Fidel Demédicis Hidalgo, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, incremente los recursos asignados en el Programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural (PEC) en el Programa del Derecho a la Alimentación, para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

México no ha podido avanzar contra la pobreza alimentaria, frente a lo realizado por otras naciones latinoamericanas que han reducido efectivamente esta problemática, el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó que del 2001 al 2010, hay más de 339 municipios en México, donde más del 50% de las personas viven con hambre cotidianamente, y que han fallecido 85 mil 343 personas por desnutrición, cifra a la cual debemos sumar que hay 12 millones de mexicanos que no tienen ingreso suficiente para comprar la canasta básica de alimentos”, por lo que “si no mueren por desnutrición, morirán por enfermedades generadas por ésta” como lo declarara el Director de ese centro Mario Luis Fuentes.

La tragedia que vivimos es inusitada, las políticas públicas para atender la pobreza alimentaria han sido desarticuladas y fragmentadas, con alto impacto en el campo y las ciudades, donde prevalece la exclusión y la desigualdad en el acceso a bienes y servicios básicos, la comunidad se ha dispersado generando las más diversas formas de violencia e inseguridad que dejan fuera el ejercicio de los derechos, la vida pública democrática se soslaya en esas condiciones.

Pese a lo complejo del problema, un avance fundamental ha sido la promulgación el 13 de octubre del 2011 la Reforma Constitucional al artículo 4º donde se reconoce el Derecho a la Alimentación sana y suficiente de todos los mexicanos, así como una adición a la fracción XX del artículo 27 de la misma constitución donde se establece que deberán de adecuarse las políticas públicas del desarrollo rural para que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca,.

Durante la LXI Legislatura, en la cámara de diputados, en el presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se autorizó un monto de $38,830 millones de pesos en acciones para la instrumentación del Programa del Derecho a la Alimentación, de los cuales $33,982.3 millones de pesos fueron asignados a la SEDESOL y $4,848.4 millones a la SAGARPA, identificados como programa 11 del PEC, con la siguiente estructura:

11. Programa de Derecho a la Alimentación: 38,830.7

Ramo 20 Desarrollo Social: 33,982.3

Oportunidades: 28,102.5

Programa Alimentario: 4,083.8

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa: 1,796.0

Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: 4,848.4

Promaf: 770.0

Acciones emergentes de alimentos básicos deficitarios siniestrados: 400.0

PESA: 2,628.4

Fondo para acciones de alimentación en concurrencia en zonas alta y muy alta marginación: 250.0

Agricultura de autoconsumo, apoyo a pequeños agricultores de hasta 3 hectáreas.: 400.0

Modernización sustentable de la agricultura tradicional.: 400.0

El panorama no es alentador, sin embargo, no podemos arriesgar a eliminar o disminuir el presupuesto social en la materia, que haría más complicada la atención del problema, pues sin los recursos mínimos, el impacto que mitiga el presupuesto asignado, puede convertirse en un problema trascendental para la vida institucional nacional.

La situación actual es de crisis alimentaria y abandono del campo, requiere de una profunda reforma institucional que responda a los intereses de la población, ya señalamos que se carece de una instancia para atender y superar el hambre, también de que se carece de metas para atender el problema alimentario, razón por la que se requiere que exista una verdadera política de estado para solucionar el problema alimentario.

Por nuestra parte, el pasado 16 de octubre, hemos presentado en el día mundial de la Alimentación, la iniciativa de la “Ley General que Reglamenta el Derecho Constitucional a la Alimentación”, como un instrumento jurídico cuya columna vertebral tiene como ejes fundamentales:

• Promover y favorecer con los programas públicos la producción social y local de alimentos. Cambiar el paradigma y la perspectiva de que será el mercado internacional quien nos dé la solución a la crisis alimentaria, recuperar formas y modelos de producción local que permitirán que la producción familiar, multimodal, multifuncional y campesina produzca sus propios alimentos.

• Apoyarse en la organización social para salir de la crisis, recordemos que todo proceso de apoyo social sí no genera organización se convierte solo en apoyo asistencial. La experiencia nos indica que los grandes procesos sociales han siempre estado acompañados de grandes procesos organizativos.

• Realizar una conversión del gasto asistencial (que actualmente es la mayoría) hacia gasto productivo.

• Fortalecer la coordinación de políticas, programas y acciones institucionales. Avanzar en la construcción de una profunda reforma institucional que significa la implementación del Instituto Mexicano de la Alimentación.

Para orientar dicho gasto, se requieren los instrumentos jurídicos que se dictaminaran en el debido proceso legislativo, pero no debe dejarse desprotegido el sector, antes bien, debe atenderse la gravedad del problema incrementando en forma substancial el monto presupuestado con respecto al año anterior, atendiendo las condiciones y problemática del campo mexicano.

Para poder avanzar en materia de atención del derecho a la alimentación, es fundamental garantizar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 incremente el monto asignado en el programa 11 del PEC.

En ese sentido y por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este honorable pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo para turno directo a la Cámara de Diputados.

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos, mantenga este programa en la estructura presupuestal e incremente en un 50% de los recursos asignados en el programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural en el Programa del Derecho a la Alimentación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013.

Dado en el salón de sesiones, a los veintisiete días de noviembre del dos mil doce.

Atentamente

Senador Fidel Demédicis Hidalgo (rúbrica).»

«Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Enviándole un cordial saludo, y en alcance al “punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 incremente los recursos presupuestales asignados en el programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural en el Programa del Derecho a la Alimentación”, para su presentación en la sesión de este día, existe la omisión involuntaria de un cuadró de datos en la redacción final del documento:

Se omitió poner un cuadro de datos posterior al párrafo décimo cuarto en el apartado de consideraciones (página 4)

Dice:

(Párrafo catorce...) Para poder avanzar en materia de atención del derecho a la alimentación, es fundamental garantizar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 incremente el monto asignado en el programa 11 del PEC,

(Párrafo quince) En ese sentido y por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este honorable pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo para turno directo a la Cámara de Diputados.

Debe decir:

Para poder avanzar en materia de atención del derecho a la alimentación, es fundamental garantizar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 incremente el monto asignado en el programa 11 del PEC:

En ese sentido y por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo para turno directo a la H. Cámara de Diputados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de noviembre de 2012.— Senador Fidel Demedicis Hidalgo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a etiquetar en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera, recursos destinados a Guerrero.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados y el segundo a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Atentamente

México, DF, a 27 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Presidente.»

«Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se etiqueten en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera, recursos destinados para la infraestructura carretera en el estado de Guerrero

El suscrito, Sofío Ramírez Hernández, senador de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante el segundo año de gobierno, de la actual administración, se puso en marcha por parte del Ejecutivo federal, el Programa Nacional de Infraestructura Carretera enfocado a la construcción, modernización y mantenimiento de las carreteras nacionales y caminos rurales.

Para lograr los objetivos impuestos en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera, se anunció por parte del titular de la administración pública, la construcción y modernización de 17 mil 598 kilómetros de carreteras y caminos rurales incluyendo 12 mil 260 kilómetros que corresponden a 100 proyectos carreteros que se encuentran comprometidos a concluir en éste año 2012.

Los senadores proponentes coincidimos en que es necesario generar diferentes acuerdos que faciliten la construcción de proyectos regionales que sirvan como plataforma de desarrollo cada vez más justo y equilibrado para la zona sur del país.

Es fundamental realizar la consolidación de una infraestructura carretera que sirva para abrir más corredores turísticos y comerciales entre Guerrero, Oaxaca y Chiapas que genere mayor comunicación entre éstos estados y que ayuden a consolidar un proyecto de modernización de las entidades del sur sureste del país.

En el tema de vías de comunicación, el sur del país ha estado al margen del desarrollo, podríamos decir que en hasta en cierto abandono de parte del gobierno federal.

En los últimos sexenios nada trascendente se ha realizado en la zona del pacífico sur del país.

La construcción y modernización de la red carretera del país, ha disminuido en un alto porcentaje, lo que impacta directamente a la población en general al dejar de contar con accesos seguros y rápidos que interconecten a las distintas comunidades del país, demeritando el impulso de la actividad turística, la generación de empleos, la salvaguarda de la seguridad de los usuarios de los servicios carreteros y el fomento del comercio nacional e internacional.

Por ello, es necesario retomar las demandas de la sociedad para la realización o llevar a cabo la conclusión de la infraestructura carretera que comuniquen a la zona de la montaña Tlapa y Mixteca. En específico quiero citar al proyecto del “Eje Carretero número 15”, para comunicar la costa del Pacífico, como ya se dijo, de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con el centro del país.

Las obras de infraestructura carretera representan el desarrollo económico y social de los pueblos, pero también se requiere darles mantenimiento. La puesta en marcha del proyecto carretero Tlapa-Huajuapan de León, tendrá un impacto favorecedor en la zona y grandes beneficios para las poblaciones que integran la región, además de ampliar la generación de oportunidades de crecimiento económico.

Es incuestionable que con ello, se aprovecharán oportunidades derivadas de la capacidad productiva de esta zona, al mejorar la relación costo beneficio por el intercambio en los mercados locales; además de otorgar mejores rutas de comunicación y acceso al turismo, nacional y extranjero de aquélla región. Con este proyecto, además de conectar a los centros de producción, se alienta a la inversión que siempre contribuye a generar más empleos.

Debemos compañeras y compañeros senadores, garantizar la conservación, ampliación y modernización de las vías de comunicación, en virtud de que representan la oportunidad de que los habitantes de nuestras comunidades tengan acceso al desarrollo económico y social.

Por ello, compañeras y compañeros senadores, es necesario exhortar al Ejecutivo federal para que se lleve a cabo el desarrollo y reactivación de la infraestructura carretera de Guerrero.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, a que en el proceso de discusión y aprobación del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2013, se etiqueten en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera, recursos destinados para la infraestructura carretera en el estado de Guerrero.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se dé continuidad de forma inmediata a los trabajos de construcción del proyecto carretero Tlapa-Huajuapan de León.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre de 2012.— Senador Sofío Ramírez Hernández (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal para que, frente a los problemas de inseguridad en el municipio de Olinalá, se implemente un plan estratégico de desarrollo regional para los municipios de la región de la montaña de Guerrero.

La Presidencia dispuso que el primer y segundo resolutivos de dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Comisión de Seguridad Pública y a la Cámara de Diputados el tercero.

Atentamente

México, DF, a 27 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Presidente.»

«Proposición con punto de acuerdo, que presentan los senadores Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y René Juárez Cisneros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de exhortar al gobierno federal para que, frente a los problemas de inseguridad en el municipio de Olinalá, se implemente un plan estratégico de desarrollo regional para los municipios de la región de la montaña del estado de Guerrero.

Los que suscriben senadores Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD y René Juárez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del honorable pleno del Senado, la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Vengo a esta tribuna a platicarles de uno de los muchos municipios de Guerrero, que se privilegia por tener gente trabajadora, y que lucha cada día por el bienestar y la seguridad de su familia.

El municipio de Olinalá cuenta con una población de 24 mil 723habitantes, su principal actividad productiva está basada en la agricultura y la ganadería, por lo que hace a transformación de materias primas destaca la manufactura de productos como la madera y el corcho, la elaboración de muebles y accesorios.

Hablar de Olinalá, es hablar de sus artesanos y la fabricación de verdaderas obras de arte en la confección de hermosas cajas y arcones que le han dado la vuelta al mundo y han ganado fama mundial a Guerrero. Y debido a este trabajo muchos de estos artesanos han ganado diversos premios debido a las técnicas ancestrales que ocupan, con el uso de pigmentos naturales para captar los colores alegres y brillantes que dan vida a diversos gravados, además del aceite de chía para el pulido de estas obras de arte donde las técnicas de elaboración son totalmente artesanales.

En contraste, es un pueblo que se enfrentan a realidades tan crueles como la que nos arroja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde se muestra que 9 mil 913 guerrerense originarios de este pueblo trabajador, no cuentan con los mínimos servicios de salud. La Secretaría de Desarrollo Social en su catálogo de localidades lo tiene marcado con un grado de marginación muy alto.

Los pobladores de este municipio tienen más de 10 años buscando la manera de mantener a sus familias seguras y alejadas de la delincuencia organizada, haciendo diversos llamados a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sin obtener respuesta a su constante inseguridad.

La comunidad de este municipio está viviendo en la incertidumbre ante la inseguridad, por ello, el pasado 27 de octubre se organizó para armarse y vigilar los accesos a la cabecera municipal por la presunta existencia de la delincuencia organizada.

Las autoridades municipales han quedado rebasadas y en estado de ilegitimidad para buena parte de la población de Olinalá, por lo que se manifestaron a favor de la intervención del Ejército Mexicano como garante de la seguridad de la entidad.

Compañeros Legisladores, es triste que tengan que pasar situaciones como la que vivieron en Olinalá en pasados días, para que los ojos de las principales autoridades pongan atención a este empobrecido municipio.

Una vez más queda demostrado que la unión de los ciudadanos puede más que las autoridades locales, fue la oportuna intervención del Ejecutivo Estatal para tomar en sus manos el asunto y lograr que la Fuerza Armada se hiciera cargo de la seguridad del municipio.

Aunque esta situación no generó violencia, ni vulneración de los derechos humanos, los pobladores han visto afectado su desarrollo social y económico debido a la suspensión de actividades productivas, y en el aspecto educativo por el cierre de las escuelas.

El impacto regional de la actual situación en Olinalá, puede hacerse sentir en otros municipios al ver afectada la actividad económica de la región de La Cañada, la región de la montaña con sus artesanías forman parte de los pueblos que aún mantienen sus tradiciones y defensa de los territorios. Esas mismas tradiciones de Olinalá pueden ser mermadas por la situación de conflicto.

Aunque ya han sido anunciadas algunas medidas inmediatas en materia de seguridad, y apoyo para la reactivación de la economía, no son suficientes para brindar a los pobladores de Olinalá la certeza de lograr un desarrollo económico sustentable, atendiendo sus más urgentes necesidades.

Es responsabilidad de este Senado de la República como garantes del pacto federal, velar por el estado de derecho de la nación, para el caso que nos ocupa salvaguardar la seguridad de los pobladores de Olinalá, de igual forma es imperativo hacer un llamado a las titulares de poder Ejecutivo federal y local a que instruyan a sus diversas secretarias a fin de que se pongan en marcha y se ejecuten políticas públicas de manera permanente con la finalidad de reactivar la economía, seguridad social, vivienda, educación y todo aquellos servicios que logren sacar a este municipio de la grave pobreza a la que se enfrentan.

No podemos dejar de reconocer lo delicado del momento y la situación que se vive en esta parte de la región de la montaña.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la Republica exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a realizar las acciones conducentes para resguardar la seguridad y regresar la gobernabilidad de los habitantes del municipio de Olinalá, Guerrero, a través de la Fuerzas Armadas.

Segundo. El Senado de la Republica exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal y local a que instruyan a titulares de sus diversas secretarias para que pongan en marcha y ejecuten acciones, programas y políticas públicas de manera permanente, en materia de desarrollo social y reactivación de la derrama económica de la región de la Cañada en Guerrero (Olinalá, Cualác, Tlapa de Comonfort, Alpoyeca, Huamuxtitlan y Xochihuehuetlan) a fin de buscar el desarrollo económico sustentable de la comunidad, logrando así abatir el alto grado de marginación en que se encuentra.

Tercero. Este Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2013 una partida presupuestal que sustente diversos proyectos de financiamiento y reactivación en las actividades productivas que incrementen la derrama económica y la seguridad del estado de Guerrero.

Notas:

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, censo poblacional del 2010 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default. aspx?e=12

2 Ibídem.

Senado de la República, a 27 de noviembre de 2012.— Senadores: Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter, René Juárez Cisneros (rubrica Alejandro Encinas por ausencia).»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Petróleos Mexicanos.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del doctor Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo decimoquinto transitorio del Decreto por el cual se expide la Ley de Petróleos Mexicanos, mismo que se trascribe a continuación:

“Decimoquinto. En un plazo máximo de un año, a partir de la publicación del presente decreto, el director general de Petróleos Mexicanos deberá proponer al Consejo de Administración, para su aprobación, un programa de reestructuración del organismo, basado en los principios de racionalidad administrativa y eficiencia para evitar la duplicidad de actividades y reducir los costos de operación, así como para aumentar la eficiencia de y entre las áreas corporativas, los organismos subsidiarios y las estructuras administrativas y operativas regionales. Una vez aprobado el programa, el director general de Petróleos Mexicanos informará, de inmediato, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores sobre los alcances, metas y acciones que se deriven de su aplicación.”

Al respecto, y para los fines a que haya lugar, hago de su conocimiento que en la sesión 851 extraordinaria del Consejo de Administración, celebrada el pasado 20 de noviembre, se presentó el informe en comento, mismo que se anexa en su versión impresa y electrónica.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 28 de noviembre de 2012.— Licenciado Javier Vega Casillas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona al párrafo cuarto del artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el estado de Campeche.

La Presidencia dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 27 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, senador Jorge Luis Lavalle Maury, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Cámara de Senadores proyecto de decreto por el que se adiciona al párrafo cuarto del artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el estado de Campeche, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las fronteras son, en su sentido llano, las líneas divisorias de al menos dos Estados independientes entre sí; son el principio y el fin de una soberanía. Sin embargo, en un sentido más profundo, las fronteras forman, sistemas sociales, económicos y comerciales que tienen sus propias características y problemáticas, toda vez que las fronteras no son naturales, son límites establecidos por el hombre por lo cual, estas adquieren las formas y funciones que les son designadas por sus respectivos gobiernos.

De esta manera, las características que adquieren las regiones fronterizas se explican por la forma en cómo un determinado país organiza su economía, en virtud de que estas son las puertas de sus sistemas económicos hacia las mercancías y servicios que exporta o que le son necesarios importar. Así pues, las regiones fronterizas se identifican por el grado de especialización que adquieren en el proceso económico nacional y/o por el rol que cumplen en la distribución y consumo de las mercancías o servicios.

En México contamos con dos regiones fronterizas, la norte y la sur y en las cuales, se han implementado diversos programas económicos y políticas fiscales que han buscado desarrollar estas regiones de manera especial. Sin embargo, acorde a nuestra definición de frontera, no es ninguna novedad declarar que de acuerdo al modelo de desarrollo económico adoptado por México, ha existido una predilección por la región del norte sobre la del sur.

En principio, este fenómeno está determinado por la vecindad con Estados Unidos, país hacia donde nuestra economía ha dirigido históricamente sus exportaciones ya sea de productos acabados o materias primas. Por otro lado, la región sur de nuestro país ha estado limitada a ser proveedora de recursos naturales que contribuyan a la transformación de productos que se fabrican en el centro y norte del país.

De acuerdo a cifras de la Secretaria de Economía, en los estados del sur, es decir, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, se concentra apenas el 1.7% de la Inversión Extranjera Directa en nuestro país. Mientras que en los estados norteños de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, el 25% de esta.

De suerte que a pesar de las riquezas naturales que se vislumbran en la región sur de México, el desarrollo económico, social y humano que esta zona presenta no corresponde con ello. Acorde a lo anterior, el Coneval señala que seis de los diez estados que presentan mayor rezago social están en el sur –Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Campeche y Veracruz- y, en contraste, ocho de los diez estados que cuentan con el menor atraso social, pertenecen al norte y centro del país – Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Baja California y Sinaloa.

En lo que respecta a los municipios, la tendencia se mantiene: en el sur se localizan seis de los diez municipios más pobres – Cochoapa el Grande, Guerrero; San Juan Petlapa, Oaxaca; Mixtla de Altamirano y Tehuipango, Veracruz; Chalchihuitán, Chiapas y; Metlatónoc, Guerrero- y, entre el centro y el norte se distribuyen los 10 más ricos – Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Azcapotzalco, DF; San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Apodaca y Guadalupe, Nuevo León; Coacalco de Berriozábal, México; Chihuahua, Chihuahua.

La riqueza natural en forma de materias primas de alto valor como petróleo, gas, oro, etcétera, que en su mayoría se encuentran en los estados del sur de México y que deberían fomentar el desarrollo económico, en muchas regiones se han traducido en todo lo contrario pues han generado desigualdad y pobreza. Este fenómeno se conoce a nivel mundial como la “paradoja de riqueza”, el cual no se explica simplemente por la abundancia de recursos naturales, sino que se debe fundamentalmente a los vínculos entre una excesiva dependencia económica y las políticas relativas al reparto de los beneficios y los costos sociales y medioambientales de la explotación de dichos recursos, tal y como ocurre en el sur de nuestro país.

Una de las políticas que México históricamente ha implementado para el fomento del comercio y dinamismo económico en nuestras regiones fronterizas es mantener en las zonas así consideradas, una tasa menor del Impuesto al Valor Agregado al que se cobra en el resto del territorio nacional. Actualmente, la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece en su artículo segundo lo siguiente:

Artículo 2°.-El impuesto se calculará aplicando la tasa del 11% a los valores que señala esta Ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa del 11% siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta Ley la tasa del 16 por ciento.

Y precisa en su último párrafo:

Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Como puede observarse, la mayoría de las demarcaciones consideradas fronterizas, pertenecen al norte, lo que implica que el Legislador ha juzgado pertinente respaldar la competitividad en la zona, porque este impuesto del lado de la frontera de Estados Unidos fluctúa entre el 6 por ciento y 8 por ciento.

Asimismo, de acuerdo a datos del Coneval estas entidades figuran entre las que cuentan con menor rezago social. Baja California es el número cuatro; Baja California Sur el once; Quintana Roo el doce y Sonora el seis.

En ese orden de ideas, Campeche no es considerado estado fronterizo dentro de la Ley del IVA, a pesar de ser la única entidad de la República que hace frontera con dos países: Guatemala y Belice. Así como también, ser el principal estado productor de petróleo en el país, ya que produce en promedio 860 mil barriles diarios de petróleo, misma producción que de acuerdo a la planeación de Pemex se mantendrá hasta por lo menos el año de 2017.

La sonda de Campeche aporta el 65.7 por ciento de la producción total nacional de crudo. Lo que le representa ser el quinto estado con mayor participación en el PIB nacional con el 5.2 por ciento, toda vez que de los ingresos federales totales, aproximadamente el 30 por ciento proviene del petróleo. Esta entidad es capital para el sostenimiento y desarrollo de nuestra economía nacional y sin embargo, de esta valiosa aportación no recibe ninguna especie de incentivo fiscal o económico, sólo los daños colaterales en materia ambiental e incluso también económicos.

En efecto, tal y como lo explica “la paradoja de riqueza”, la economía de esta entidad depende en su mayoría de las actividades que se desarrollan alrededor de la extracción del petróleo lo que ha provocado que las demás actividades económicas no prosperen, pues más del 84% del total de los ingresos del estado están relacionados con actividades petroleras.

En el cuadro 1 pueden observarse las actividades económicas de Campeche, su participación en el PIB de la entidad y también, lo relegadas que muchas de estas se encuentran debido a la extracción del petróleo. Cabe destacar la distancia porcentual que guardan entre ellas las dos primeras actividades económicas que es de 81 puntos. Esta segunda actividad es la construcción, misma que también está relacionada con la actividad petrolera toda vez que el 83% de esta, se encuentra vinculada al desarrollo de infraestructura para la explotación del crudo.

Asimismo, a pesar de que el comercio representa apenas el 2 por ciento del PIB estatal, está compuesto en su 90 por ciento por ventas al por menor. Mientras que las actividades agropecuarias, ganaderas y de pesca prácticamente no llegan ni al 1% de participación en el PIB.

De suerte que, como las actividades comerciales y financieras en Campeche son de bajo impacto, la inscripción de dicha entidad como estado fronterizo no traería consigo alguna descompensación fiscal en lo que respecta a la recaudación del impuesto al valor agregado, sino que más bien se estaría brindando a la entidad una importante herramienta para la captación de inversiones que le generen un desarrollo económico en el mediano y largo plazos.

El Análisis de Competitividad Estatal 2010, señala que el principal obstáculo para el desarrollo económico de Campeche es la alta dependencia que tiene su economía doméstica a la producción petrolera pues ello provoca inestabilidad, en virtud de que depende de las variantes comerciales del mercado internacional del crudo, así como también de la reducción de la producción futura de petróleo.

Sin embargo, de decretarse esta entidad como estado fronterizo en materia de IVA se brindaría un importante impulso a la diversificación de su economía, ya que además del petróleo, Campeche cuenta con valiosos recursos naturales y vestigios de la Cultura Maya que bien podrían detonar importantes inversiones en el estado.

Campeche cuenta con la segunda biósfera más grande del mundo -comparable sólo con el Amazonas en Brasil- misma que alberga la zona arqueológica de Calakmul, declarada por la UNESCO en 2002 como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Esta biosfera tiene una superficie de 723 hectáreas en las que habitan 86 especies de mamíferos, de entre los que destacan los felinos, pues en ella habitan cinco de las seis especies conocidas en México que son: el jaguar, el puma, el ocelote, el tigrillo y el leoncillo. De igual forma se han registrado cerca de 400 especies de aves, 75 de reptiles, 18 de anfibios, 31 de peces y cerca de 380 especies de mariposas. En lo que respecta a la flora, la biosfera de Calakmul cuenta con 390 géneros y alrededor de 1,500, especies entre los que se encuentran ejemplares de interés económico como son la caoba y el chico zapote.

De igual forma, además de la biosfera de Calakmul, La Laguna de Términos, La Playa Tortuguera de Chenkan y los Humedales de los Petenes, son consideradas Zonas Naturales Protegidas porque en estas habitan numerosas especies de aves, peces, reptiles y mamíferos que se encuentran en serio peligro de extinción. En ese sentido, cabe señalar que de los 57 mil Km2 de superficie terrestre con los que cuenta Campeche, cerca de 20 mil están protegidos por la biodiversidad que en ellos habita.

También, en estos ambientes se encuentran importantes centros prehispánicos representativos de la Cultura Maya. Uno de ellos, se encuentra dentro de la biosfera de Calakmul, que posee más de seis mil estructuras arqueológicas en un perímetro de aproximadamente setenta kilómetros cuadrados. Estos vestigios pertenecen a un sistema de grandes ciudades mayas construidas entre los años 500 a. de N.E y 900 d. de N.E. Su importancia como centro urbano y comercial durante el periodo Clásico fue comparable solo con la importante ciudad de Tikal en Guatemala. Otros sitios sobresalientes en esta región son El Ramonal, X´pujil, Becan, Chicanná y Hormiguero, además de muchos vestigios arqueológicos mayas que aún se encuentran integrados dentro de todos los tipos de vegetación.

Sin embargo a pesar de todos los atractivos turísticos mencionados, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, Campeche ocupa el último lugar del país en captación de recursos a través del turismo, lo cual significa un desaprovechamiento absoluto de una fuente importante de ingresos. Atraer inversiones en materia de turismo, generaría condiciones para sacar de la pobreza al medio millón de campechanos que habita en medio de estas riquezas naturales y hasta ahora no se ha visto beneficiado con ello.

Sin duda, la principal actividad económica que Campeche podría desarrollar de mejor manera bajo el esquema de la reducción del IVA del 16 al 11 por ciento, en tanto estado fronterizo, sería propiamente el turismo. Tal incentivo fiscal sumado a otras acciones complementarias dirigidas a la promoción y fortalecimiento sustentable de las zonas turísticas, generarían inversión y empleos que terminarían desarrollando económicamente a la región.

El Banco Interamericano de Desarrollo en su nota “La Inserción de México en la Economía Internacional: Integración, Competitividad y Desarrollo Regional”, reconoce que el turismo es factor determinante en la participación de México en la economía global y refiere una definición del turismo que se apega a las condiciones de los estados del sur de México y en particular de Campeche:

El turismo se caracteriza por exportar servicios cuya producción y consumo ocurre localmente, favoreciendo la participación de las Pymes en la exportación y de regiones con pocas alternativas productivas, pero ricas en atractivos naturales y culturales.

Decretar a Campeche como estado fronterizo dentro de la ley del Impuesto al Valor Agregado, brindaría al estado la posibilidad de posicionarse como una entidad competitiva que atraiga inversiones que genere empleos y con esto se eleve el nivel de vida de la población.

Asimismo, reducir la tasa del IVA en Campeche del 16 al 11 por ciento, le brindaría al estado la posibilidad de competir con los países vecinos de Belice y Guatemala, la captación de inversiones que pretendan obtener utilidades en la región de Centroamérica, en virtud de que en dichos países, se cobra el 10% y 12% respectivamente sobre el valor agregado.

En lo que respecta a la competitividad hacia el interior del país, la vecindad de Campeche con Quinta Roo, territorio que sí es contemplado como fronterizo dentro de la Ley del IVA, persiste hasta ahora un criterio desigual que afecta directamente la posibilidad de desarrollar transacciones y entregas de productos y servicios en el mismo estado de Campeche, lo cual representa una importante fuga de divisas para esta entidad.

Otro factor que señalan como negativo diversos estudios en materia de competitividad y que a través de la inclusión de Campeche como estado fronterizo se establecería un importante mecanismo para resarcirlo, es que cerca del 50% de la Población Económicamente Activa labora en el Sector Público y en particular de Pemex.

Dicho fenómeno en pocos años generará problemas de desempleo y desocupación, ya que la tendencia fiscal del país que se dirige a paulatinamente depender cada vez menos de los recursos petroleros, así como el proceso natural propio de la producción del crudo es propensa al decremento, lo que provocará, en conjunto, una disminución importante en la derrama de capital en el estado.

Tal factor, sumado a que cerca del 30% de la población de Campeche es menor de 15 años y de estos el 94.3% asiste a la escuela; además de que de 2005 a 2010 se incrementó la escolaridad preparatoria y universitaria de la población en 1% y casi 4% respectivamente, por lo que sin duda será necesario en el estado un desarrollo económico e industrial adecuado que logre soportar este cambio poblacional pues de lo contrario es muy probable que se presente una fuga de recursos humanos, lo cual sería perjudicial para las finanzas de la entidad.

Derivado de toda esta exposición del potencial económico que guarda el estado de Campeche, así como de sus importantes contribuciones a la economía nacional, es menester incluirlo en este beneficio fiscal que en cierto sentido implicaría devolverle algo de lo mucho que ha brindado al país.

No permitir la inserción de Campeche como estado fronterizo en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, implicaría continuar fomentando una política de desarrollo desigual en nuestro país, en virtud de que no se le estaría permitiendo a un estado con un alto potencial económico acceder a un beneficio fiscal que sin duda, contribuiría con creces a la economía nacional.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado presento el siguiente

Proyecto de Decreto

Único: Se adiciona al párrafo cuarto del artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado la palabra Campeche, para quedar como sigue:

Articulo 2o. ...

...

...

Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Campeche, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora; así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a los 26 días del mes de noviembre de 2012.— Senador Jorge Luis Lavalle Maury (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Presidencia dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 27 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos Silvia Guadalupe Garza Galván y Ernesto Ruffo Appel , senadores de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 163, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169, numerales 1 y 4, 172, numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el noreste del estado de Coahuila, existe la denominada Región Cinco Manantiales, que comprende a los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, cuyas características geográficas la hacen susceptible de pertenecer a la Región Fronteriza, que actualmente se encuentra jurídicamente determinada, por lado, por la Franja Fronteriza Norte, es decir, el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país; y por otro lado, por los estados de Baja California, Baja California Sur y la región parcial de Sonora, así como sus municipios de Caborca y Cananea.

La cercanía que tiene la Región Cinco Manantiales con los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente con las ciudades de Eagle Pass y Del Río, Texas, es un elemento fundamental para que sea incorporada a la Región Fronteriza. Basta mencionar que la Región se encuentra conectada con ambas ciudades norteamericanas: por la autopista 59 se comunica con la ciudad vecina de Eagle Pass, Texas; y por la carretera 29 con la ciudad vecina Del Paso, Texas.

No es ocioso mencionar, que la Región Fronteriza presenta enormes retos para el desarrollo económico y social, derivado de la cercanía con los Estados Unidos de Norteamérica, que se reflejan en las relaciones comerciales, de intercambio de productos y servicios, así como en las actividades de los diferentes sectores productivos, en las que nuestros connacionales se ven ampliamente en desventaja, no sólo por las ofertas menos costosas que se presentan al otro lado de la frontera, sino también por la disminución en las tasas de los impuestos que se ofrecen en los Estados Unidos de Norteamérica. Es preciso mencionar, que tan sólo en las ciudades de Eagle Pass y Del Río, Texas, el impuesto al consumo conocido como TAX tiene una tasa del 8%, cuyo impacto se puede observar en un menor precio de los productos y servicios en relación con los precios mexicanos.

La intercomunicación que por su propia cercanía se da entre las ciudades de Eagle Pass y Del Río, Texas, con la Región Cinco Manantiales de Coahuila, nos obliga a reflexionar sobre la disparidad que existe en las tasas de los impuestos, toda vez que en la Región mantiene el 16% respecto del Impuesto al Valor Agregado, es decir, el doble que existe para las ciudades vecinas de los Estados Unidos de Norteamérica.

Precisamente por este tipo de disparidades y para favorecer nuestra actividad comercial y productiva, es que en el orden jurídico mexicano se ha establecido el 11% respecto del Impuesto al Valor Agregado para la Región Fronteriza, con el ánimo de fortalecer el desarrollo económico y social; sin embargo, la Región Cinco Manantiales de Coahuila, no ha sido incluida en este supuesto jurídico que actualmente determina la Ley del IVA.

La Región Cinco Manantiales representa un área de oportunidad, no sólo para el estado de Coahuila, sino para toda la Región Fronteriza Norte. Sus propias características geográficas y poblacionales lo muestran. Actualmente la Región cuenta con un territorio aproximado de 11,593.81 kilómetros cuadrados; y de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene una población aproximada de 77,801 habitantes, que de acuerdo con la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, se proyecta que la población alcanzará los 117 mil habitantes para el año 2020. Tan sólo los municipios de Allende y Nava, cuentan con una población aproximada de 27,928 y 22,675 habitantes respectivamente.

La región Cinco Manantiales se caracteriza por tener diversas actividades comerciales y productivas, entre las que destacan: la agricultura, la ganadería, la minería, así como el comercio de bienes, productos y servicios. Por ello, incluir a los municipios coahuilenses de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, dentro de la Región Fronteriza, permitirá que los mexicanos dedicados a las actividades comerciales y productivas, tengan mejores condiciones para competir con nuestros vecinos del norte; asimismo, permitirá el desarrollo de políticas públicas enfocadas a la actividad económica, que aprovechen las ventajas y oportunidades de la Región Fronteriza Norte, impulsando así un desarrollo económico y social que se vea reflejado en la generación de empleos y en el nivel de vida de los mexicanos que viven en esta zona fronteriza.

Luego entonces, la propuesta implica dar tratamiento de Región Fronteriza para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a las actividades realizadas en la denominada Región Cinco Manantiales del estado de Coahuila, partiendo de que actualmente, la aplicación de una tasa menor del IVA en la Región Fronteriza, obedece a la necesidad de mantener la competitividad entre los contribuyentes que residen en la mencionada región y los comerciantes de nuestro país vecino, establecidos en las poblaciones limítrofes a la línea divisoria internacional del norte del país.

Con el ánimo de reforzar el espíritu del legislador que ha venido imperando para establecer un régimen fiscal diferenciado para la Región Fronteriza, es importante señalar que desde la entrada en vigor de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y hasta el 21 de noviembre de 1991, estuvo vigente el antecedente inmediato del actual artículo 2o., en el que se establecía la tasa preferencial del 6% del IVA aplicable a los actos o actividades gravados por la Ley, realizados por residentes en las franjas fronterizas de 20 kilómetros paralelas a la línea divisoria internacional del norte del país, y la colindante con Belice, Centro América, o en las zonas libres de Baja California, y parcial de Sonora y Baja California Sur.

De acuerdo con la exposición de motivos correspondiente, la constitución de dicha tasa preferencial tuvo como propósito auxiliar a las empresas nacionales residentes o con establecimientos en la región fronteriza, frente a la competencia férrea que enfrentaban en dichas áreas, en relación a los bienes provenientes de los países vecinos, tomando en consideración que existían tasas impositivas menores en esos países y que los residentes en la mencionada franja tenían fácil acceso a las poblaciones fronterizas del extranjero a adquirir bienes y servicios, en el caso de que el impuesto al valor agregado hiciera más cara su adquisición en territorio nacional.

Este tratamiento diferencial se eliminó en 1991 derivado de que la tasa general de pago del IVA se redujo del 15% al 10%. Sin embargo, el 27 de marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una reforma mediante la cual se elevó la tasa general del impuesto al valor agregado al 15%, volviéndose a establecer un régimen preferencial con la tasa del 11% para algunas regiones del país colindantes con países vecinos del norte y del sur del país. Nuevamente, en la exposición de motivos de esta reforma se argumentaron razones de competitividad del comercio mexicano en la región fronteriza, frente al comercio que se desarrolla en los mencionados países vecinos.

De lo anterior se concluye, que la finalidad de establecer una tasa menor a la general en determinadas zonas del país, es la de apoyar a las empresas mexicanas para que puedan competir en mejores condiciones con las empresas de los países vecinos cercanas a las líneas divisorias internacionales del norte y del sur del país.

En este orden de ideas, la citada cercanía, intercomunicación e interrelación comercial que existe entre la Región Cinco Manantiales y algunas ciudades del país vecino del norte, específicamente las ciudades de Eagle Pass y Del Río, Texas, justifican la presente propuesta de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para efectos de hacer una ampliación geográfica a la Región Fronteriza Norte de nuestro país.

Este esfuerzo legislativo propuesto, que bastante beneficio traería aparejado para la Región Cinco Manantiales del estado de Coahuila, tiene algunos antecedentes tal y como se puede observar en la iniciativa presentada en la LXI Legislatura del Senado de la República, de fecha 22 de febrero del año 2011, misma que por su propia y especial naturaleza, fue turnada y recibida en la Cámara de Diputados, con fecha 24 de febrero del mismo año, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En este sentido, la presente Iniciativa, tiene como objeto fundamental continuar con este esfuerzo legislativo, para que no sea un tema que quede en los asuntos pendientes e incluso no dictaminados en las respectivas Comisiones legislativas, sino que se reafirme el compromiso que la actual legislatura tiene con el desarrollo económico y social de la frontera norte.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Único. Se reforman el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo 2o. ...

Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional ; así como los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, todos del estado de Coahuila.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los 13 días del mes de noviembre de dos mil doce.

Atentamente

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica), Senador Ernesto Ruffo Appel (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXII Legislatura.

Doctor Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.— Presente.

Por este medio solicito a usted tomar en cuenta una Fe de Erratas sobre la iniciativa que el día de hoy subí a tribuna y que se denomina iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, misma que será turnada a la honorable Cámara de Diputados.

La fe de erratas se fija en el primer párrafo de la página 2, que dice:

“...para que sea incorporada a la Región Fronteriza. Basta mencionar que la Región se encuentra conectada con ambas ciudades norteamericanas: por la autopista 59 se comunica con la ciudad vecina de Eagle Pass, Texas; y por la carretera 29 con la ciudad vecina Del Paso, Texas.”

Debe decir:

“...para que sea incorporada a la Región Fronteriza. Basta mencionar que 1a Región se encuentra conectada con ambas ciudades norteamericanas: por la autopista 57 se comunica con la ciudad vecina de Eagle Pass, Texas; y por la carretera 29 con la ciudad vecina Del Río, Texas.”

Atentamente

México, DF, a 27 de noviembre de 2012.— Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores René Juárez Cisneros, Raúl Aarón Pozos Lanz, Humberto Domingo Mayans Canabal, Fernando Enrique Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, Roberto Armando Albores Gleason, Óscar Román Rosas González, Zoé Robledo Aburto, Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Luis Armando Melgar Bravo presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 27 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los que suscriben, senadores René Juárez Cisneros, Raúl Aarón Pozos Lanz, Humberto Domingo Mayans Canabal, Fernando Enrique Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, Roberto Armando Albores Gleason, Óscar Román Rosas González, Zoé Robledo Aburto, Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Luis Armando Melgar Bravo, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que se fundamenta en la presente

Exposición de Motivos

Las fronteras norte y sur del país comparten un espacio geográfico distinto. Sin embargo, también coinciden en temas de interés común por su naturaleza limítrofe. Las fronteras compartidas entre México y los vecinos Estados Unidos de América, Belice y Guatemala, implican una gestión conjunta de una serie muy amplia de temas, que van desde lo social, lo ambiental y lo comercial hasta lo regional.

Los estados fronterizos en el norte son Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en el sur se encuentran Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Las fronteras de México, además de marcar los límites donde inicia y termina la república, son el lugar donde se experimentan relaciones dinámicas por ser polos de atracción para las personas que buscan una mejor calidad de vida.

La frontera sur es un destino obligado para ciudadanos centroamericanos y sudamericanos en su paso hacia Estados Unidos de América.

De igual forma, la frontera norte es un espacio donde parte de estos extranjeros y los propios connacionales transitan en su búsqueda de una mejor calidad de vida hacia el vecino país o, en muchos, se establecen en las zonas fronterizas al conseguir algún empleo y otras oportunidades de desarrollo que resultan atractivas para ellos y sus familias.

Lo anterior trae aparejados retos sumamente complejos de urbanización y población, sobre todo para las regiones que padecen los referidos flujos migratorios y que al final se reflejará en mayor demanda de servicios. Ello implica retos en la política pública para atender dichos aspectos que se vislumbran como asuntos apremiantes para las fronteras del país.

En la frontera sur del país hay regiones con amplio potencial de desarrollo que, de ser debidamente apoyadas, podrían fomentar actividades económicas que permitirían mayor avance social y mejores condiciones de vida para los pobladores. Sin embargo, es importante un federalismo más solidario que permita estímulos fiscales compensatorios para el desarrollo del sur-sureste.

Al Estado mexicano ha faltado visión para desarrollar la frontera sur, dotarla de incentivos fiscales y rescatarla de la inseguridad, la parálisis económica y la falta de oportunidades. De ahí que sea necesario establecer condiciones para fomentar mayor crecimiento regional, a través de condiciones fiscales diferenciadas del resto del país.

Lo anterior, para abatir graves conflictos en la región, generados fundamentalmente por los flujos migratorios y por las condiciones de inseguridad motivadas por delitos como el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, el uso de documentos falsos, o el trasiego de drogas y de armas, y por la falta de inversiones para fortalecer la infraestructura y vigilancia para la seguridad nacional en la línea fronteriza.

Debe reconocerse que la aparición recurrente de conflictos sociopolíticos en el sur de México tiene como característica común las condiciones arraigadas de pobreza, desigualdad y olvido que ha caracterizado a la región.

Las condiciones de marginación y pobreza en el sur-sureste se deben a un tejido histórico complejo de factores de muy diversa naturaleza. Esta región de México se caracteriza por su dispersión en pequeñas localidades; tiene 98.7 por ciento con menos de 2 mil 500 habitantes, pero en ella se genera sólo 22.5 por ciento del producto interno bruto nacional.

La región comprende 28.2 por ciento de la población nacional, y representa 73 por ciento de la población que habla lengua indígena, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en la región sur-sureste 69.3 por ciento de la población vive en pobreza y 19.2 se sitúa en pobreza extrema, mientras que a escala nacional en estas condiciones se encuentran 46.2 y 10.4 de la población, respectivamente.

Los 21 millones de personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar representan 65.8 por ciento de la población de la región, mientras que a escala nacional el promedio es de 52 por ciento.

Las cuatro entidades federativas que forman la frontera sur del país tienen como marco de referencia geográfica una superficie de 84 mil 511 kilómetros cuadrados y forman una franja fronteriza de colindancia de mil 149 kilómetros con Guatemala y Belice.

México, además de compartir límites internacionales con esas dos naciones, comparte historia, cultura y problemáticas diversas, pero sobre todo gran movilidad migratoria, donde el respeto de los derechos humanos debe ser fundamental.

Al hablar de la región fronteriza sur nos referimos a una de las zonas con mayor retraso social, donde contrastan las riquezas de los recursos naturales con rezagos sociales ancestrales.

En este sentido vemos que los estímulos fiscales de la federación para fomentar actividades económicas en las zonas más pobres en el país son nulos y no se conciben como parte de una política pública de desarrollo social y regional.

En los municipios que se busca beneficiar con esta propuesta legislativa habitan más de 1.5 millones de mexicanos, y más de 700 mil personas pertenecen a alguna etnia indígena de predominio maya, con altos índices de analfabetismo, pobreza, desnutrición, incertidumbre y falta de oportunidades para obtener los mínimos de bienestar, lo cual hace que gran número de los habitantes de la región vivan en condiciones de pobreza extrema o alto grado de marginación.

La grandeza histórica y cultural en el sur-sureste no corresponde en forma alguna a los últimos lugares de analfabetismo, nutrición, salud, vivienda y otros indicadores de los mínimos de bienestar que la convierten en una región empobrecida y de grandes contrastes socioeconómicos.

Esta región otorga al conjunto de la federación la generosidad de sus vastos recursos naturales, turísticos y energéticos, como el petróleo, el gas natural y la energía hidroeléctrica, para soportar el crecimiento y el desarrollo nacionales mediante el usufructo centralizado y desigual de éstos y otros importantes recursos como café, cacao, plátano, carne bovina y productos del mar, y en cambio es visible una lejanía institucional histórica que constituye un saldo desfavorable a su desarrollo político, económico, social y cultural.

La frontera sur demanda de la federación y del Congreso de la Unión un trato desigual a desiguales. A nadie conviene que se profundicen los desequilibrios entre las regiones del país. Por ello es necesario tomar decisiones, diseñar e instaurar políticas públicas que permitan la institucionalización para atacar el rezago y la desigualdad con una visión de mediano y largo plazos.

En el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se establece que la región fronteriza sólo comprende los territorios de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, y los municipios de Caborca y Cananea, así como una determinada región parcial en Sonora, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país.

Por ello consideramos que un territorio más amplio de la frontera sur del país requiere contar con tasas más competitivas frente a las naciones vecinas y del resto del país, para promover inversiones y lograr mayor intercambio comercial que ayude a la creación de empleo e intercambio de mercancías en mejores condiciones fiscales que ayuden a superar las circunstancias desfavorables que padece la población en esta región del país. Por ello se propone una reforma del artículo 2o. de la Ley del IVA, para reducir la tasa de éste en los municipios de Campeche, Chiapas y Tabasco colindantes con la frontera sur más allá de la franja fronteriza.

En Estados Unidos de América, los impuestos al consumo rondan tasas de 6 a 8 por ciento, mientras que en Guatemala el IVA causa una tasa única de 12 por ciento y en Belice de 10. En cambio, hay centros urbanos municipales cercanos a la frontera sur del país con infraestructura económica básica que escapan de la franja fronteriza de los 20 kilómetros, y donde el impuesto al consumo es de 16 por ciento, lo que desincentiva las actividades comerciales y productivas de la región.

Por ello, este proyecto de decreto promueve la anuencia del Congreso de la Unión para decretar que se incluya todo el territorio de los municipios de Campeche, Chiapas, y Tabasco colindantes con la frontera de Belice y Guatemala para que sean considerados en la región fronteriza, a fin de obtener los beneficios fiscales y la tasa de 11 por ciento o menos, de acuerdo con lo que estime la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la idea de coadyuvar a su desarrollo social, productivo, comercial e industrial desde la lógica de un desarrollo regional más integral.

Los sectores económicos, políticos y sociales de la región exigen incentivos fiscales. Por ello, esta iniciativa contiene una propuesta incluyente que define con mayor precisión los municipios de Campeche, Chiapas y Tabasco que podrían considerarse en la región fronteriza del sur, con objeto de fomentar un área geográfica con enormes potenciales comerciales y de desarrollo.

La actividad económica y social de la región es fundamental para aprovechar los recursos naturales, la biodiversidad, la posición geopolítica e infraestructura carretera existente, para insertar proyectos integrales que permitan el avance y la sustentabilidad de las economías de dichas entidades federativas, fomentando una estrecha negociación e intercambio comercial con Belice y Guatemala.

El establecimiento de zonas diferenciadas en la aplicación del IVA se remonta originalmente al decreto publicado el 29 de diciembre de 1978, que incluía sólo una franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, y en las zonas libres de Baja California, norte de Sonora y de Baja California Sur, omitiendo a los estados del sur país que siempre han quedado marginados de los beneficios fiscales, siendo que las situaciones precarias prevalecientes en la zona son de marginación y desigualdad.

En una segunda instancia, el 31 de diciembre de 1979, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, se extendió el beneficio de la aplicación de la tasa menor a la franja fronteriza sur de 20 kilómetros colindante con Belice.

El 21 de noviembre de 1991, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, en un retroceso en el ámbito de política fiscal, se estableció la desaparición del tratamiento diferencial que existe para las franjas fronterizas y zonas libres del país, derogándose el artículo 2o. de la Ley del IVA, homologándose la tasa de dicho impuesto en todo el país.

El 27 de marzo de 1995, como medida para reactivar el consumo en la producción nacional en las zonas fronterizas, se retornó al tratamiento diferenciado de tasas en el IVA, demarcando esta zona “además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, el municipio de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora”, estableciéndose ya una simetría en el tratamiento al incluirse ambas fronteras en el artículo 2o. de la Ley del IVA. En la última modificación del mencionado artículo se incluyó en la zona de tasa diferenciada Caborca, disposición publicada en 30 de diciembre de 2002.

La Ley del IVA, en el párrafo cuarto del artículo 2o., establece con marcadas excepciones una tasa reducida de 11 por ciento para los estados de las regiones fronterizas, considerando región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Esta tasa reducida se explica por la necesidad de contar con tasas competitivas frente a naciones vecinas como Estados Unidos de América, donde los impuestos al consumo rondan tasas de 6 a 8 por ciento. De ahí la necesidad de que nuestros connacionales habitantes de las regiones fronterizas colindantes con dicho país, o las entidades federativas cuyos principales negocios se realizan con él, como es el caso de Quintana Roo, gocen de esta tasa preferencial reducida en el IVA, siendo que, para los demás estados del sur-sureste, se incluye exclusivamente la franja de 20 kilómetros en torno de la frontera con los países de Centroamérica.

La región fronteriza del sur-sureste del país necesita incentivos fiscales más allá de los 20 kilómetros permitidos, para estimular la creación de empleos y la activación económica de la región, como el caso de Calakmul y Candelaria, en Campeche; Amatenango de la Frontera, Benemérito de las Américas, Bejucal de Ocampo, Cacahoatán, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Maravilla, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Suchiate, Tapachula, Tenejapa, Tuxtla Chico y Unión Juárez, en Chiapas; y Balancán y Tenosique, en Tabasco.

Estos 25 municipios de la frontera sur-sureste cuentan con una economía poco desarrollada, basada en actividades económicas correspondientes fundamentalmente al sector primario, por lo que estimamos impostergable promover su desarrollo económico, tratándolos cuando menos en los mismos términos fiscales que la región fronteriza del norte o Quintana Roo, con un tipo de estímulo fiscal de 11 por ciento según la Ley del IVA.

Se propone la adición de un quinto párrafo al referido artículo 2o. de Ley del IVA, para establecer que podrá aplicarse temporalmente una tasa inferior a la de las regiones fronterizas, con una temporalidad y magnitud que podrá ser revisada por la SHCP, siempre que los bienes y servicios sean enajenados, prestados o realizados por personas físicas y morales residentes en la región fronteriza sur, logrando con ello áreas territoriales en el sur-sureste más competitivas de sus destinos, productos y servicios turísticos, fomentando con ello la diversificación, la atracción de inversiones, la integración de cadenas productivas y, por supuesto, la creación de empleos.

Lo anterior permitirá la implantación de acciones efectivas para potenciar el impulso del comercio y del turismo en Campeche, Chiapas y Tabasco, tres de las entidades colindantes con la frontera sur que requieren reactivar los flujos turísticos y crear mercados que permitan intensificar y mejorar la economía de los municipios beneficiados, promoviendo las ventajas competitivas con que actualmente no cuentan, respetando siempre los usos, las costumbres y las especificidades culturales de las comunidades y los pueblos indígenas.

Los municipios que se beneficiarían con esta iniciativa atraviesan por momentos difíciles en cuanto a sus índices económicos. Por otra parte, el comercio informal proveniente de Centroamérica hace difícil mantener una competitividad en precios en los municipios señalados, donde los habitantes de las cabeceras municipales que viven fuera del ámbito de influencia de la “franja fronteriza” se inclinan por adquirir sus productos en dicha zona, dejando en desventaja importantes sectores económicos y comerciales por el diferencial de las mencionadas tasas del IVA.

Promover el desarrollo regional equilibrado tiene como propósito lograr un efecto de competitividad para cada una de las regiones del país. Ésta es una de las premisas del Plan Nacional de Desarrollo. Por ello, el establecimiento diferenciado de la tasa del IVA por áreas de influencias específicas que amalgame zonas geográficas delimitadas por municipios, como sucedió con el otorgamiento de ese beneficio a Caborca, Sonora, ayudaría sin duda a potenciar la economía de entidades federativas como Campeche, Chiapas y Tabasco.

El artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción IV propone la participación proporcional y equitativa para contribuir a los gastos públicos. El principio de proporcionalidad en materia tributaria estriba en que las contribuciones deberán respetar la capacidad contributiva de los sujetos pasivos de las contribuciones, teniendo en todo momento congruencia la base del tributo con la capacidad de pago de quien lo enfrenta.

El principio de equidad establece que las contribuciones traten de manera igualitaria a todos quienes la enfrentan, no sólo en cuanto a la imposición de éste sino, incluso, en prerrogativas de pago, exenciones, deducciones y franquicias fiscales.

Esta propuesta legislativa busca principios de proporcionalidad y justicia a partir de un esquema de principios tributarios diferenciado para los municipios fronterizos de Campeche, Chiapas y Tabasco, cercanos a la frontera sur y más allá de los 20 kilómetros de franja fronteriza, con la idea de que puedan enfrentar problemas de competitividad impositiva con Belice y Guatemala.

Por todo lo expuesto y fundado se propone ante esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único. Se reforma el cuarto párrafo y se adiciona uno quinto al artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

...

...

Para los efectos de esta ley se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo. Así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional. Como también los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora; Calakmul y Candelaria, Campeche; Amatenango de la Frontera, Benemérito de las Américas, Bejucal de Ocampo, Cacahoatán, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Maravilla, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Suchiate, Tapachula, Tenejapa, Tuxtla Chico y Unión Juárez, Chiapas; Balancán y Tenosique, Tabasco.

Tratándose de las regiones fronterizas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá aplicar temporalmente una tasa inferior en las mismas, siempre que los bienes y servicios sean enajenados, prestados o realizados por personas físicas y morales en ese ámbito territorial.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de noviembre de 2012.— Senadores: René Juárez Cisneros (rúbrica), Raúl Aarón Pozos Lanz (rúbrica), Ricardo Barroso Agramont (rúbrica), Humberto Domingo Mayans Canabal (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández (rúbrica), Roberto Armando Albores Gleason (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Zoé Robledo Aburto (rúbrica), Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Luis Armando Melgar Bravo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), María Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), Miguel Ángel Chico Herrera (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad.

LEY DE ENERGIA PARA EL CAMPO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Energía para el Campo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción I; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 2010, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Energía para el Campo.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Energía.

3. Mediante comunicado número D.G.P.L. 62-II-8-0194, de fecha 24 de octubre de 2012, la Mesa Directiva informó a esta Comisión de Energía que el plazo reglamentario para dictaminar la minuta en comento comenzó a contabilizarse a partir del 29 de octubre de 2012, toda vez que se trata de un asunto correspondiente a la LXI Legislatura y que permanece vigente para ser resuelto por esta LXII Legislatura.

II. Contenido y objeto de la minuta

A través de la minuta proyecto en comento se pretende adicionar segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Energía para el Campo, con la siguiente redacción:

Artículo 9o. ...

La asignación de la cuota energética será pública, para lo cual al inicio de cada ciclo productivo se publicará en internet el listado de los beneficiarios de la misma, así como el de las solicitudes desechadas y estará a disposición de los usuarios en las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores señalaron como argumentos para sustentar el dictamen respectivo los siguientes:

Los integrantes de ambas comisiones coinciden con el planteamiento y preocupación expresados por el senador Adolfo Toledo respecto a la necesidad y conveniencia de que en la Ley de Energía para el Campo se establezcan disposiciones que favorezcan la transparencia de las decisiones públicas, en cuanto al consumo de energéticos en el sector agropecuario.

En concordancia con lo anterior, se considera pertinente reformar la ley para que los usuarios de energía para el campo cuenten con información oportuna y suficiente respecto a las solicitudes tramitadas ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). En ese sentido, cabe subrayar que en la ley vigente no se prevén los mecanismos necesarios que certifiquen la transparencia en la asignación de las cuotas energéticas para el campo.

Para atender esa necesidad se propone la adición, a efecto de establecer que en la asignación de la cuota energética se privilegie el aspecto público, para que los sujetos obligados cuenten con las herramientas y elementos suficientes para la conservación de la información en la ejecución de esos recursos, sus programas y resultados, fomentando una cultura de la transparencia y de la información.

Estas comisiones coinciden en que la reforma propuesta permitirá que los beneficiarios de los programas de apoyo energético en el campo tengan mayor certidumbre jurídica sobre la tramitación de sus solicitudes, así como permitir mejoras en la gestión pública a cargo del Ejecutivo federal.

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la minuta, los integrantes de esta Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes

III. Consideraciones

Primera.Esta Comisión de Energía coincide con la colegisladora en que la Ley de Energía para el Campo carece de un señalamiento expreso relativo al tema de transparentar la asignación de las cuotas energéticas; que es necesario establecer disposiciones que favorezcan la transparencia de las decisiones públicas, en cuanto al consumo de energéticos en el sector agropecuario; que los beneficiarios de programas de apoyo energético en el campo deben tener certidumbre jurídica sobre la tramitación de sus solicitudes; y que, en general, se debe fomentar la cultura de la transparencia e información.

Segunda.Esta Comisión de Energía considera importante destacar que la asignación de la cuota energética, entendida como el volumen de consumo de energéticos agropecuarios –gasolina, diesel, combustóleo y energía eléctrica-, por beneficiario a precio y tarifas de estímulo, resulta ser una medida prevista en la Ley de Energía para el Campo, con la finalidad de impulsar la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias de nuestro país.

Dicha medida se otorga previo dictamen de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la solicitud de la misma se realiza por cada ciclo productivo. Los mecanismos de supervisión y verificación de la cuota energética, en cuanto a su aplicación y asignación, se deberán prever en el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, conforme al artículo 9 de la misma ley.

Tercera. Los integrantes de esta Comisión de Energía consideran que la reforma planteada por la colegisladora representa la oportunidad para adecuar nuestro marco normativo en materia de transparencia y acceso a la información.

La Ley de Energía para el Campo debe ser acorde con lo establecido en nuestra Constitución, la cual garantiza y protege el derecho a la información. De igual forma, se deben prever disposiciones en dicho ordenamiento que sean acordes con las diversas establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El artículo 6 de la Carta Magna señala que el derecho a la información será garantizado por el Estado y específica diferentes bases y principios que rigen el ejercicio de ese derecho, entre ellos, se encuentra el que precisa que las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

Asimismo, el artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental precisa que los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.

Así, esta Comisión de Energía concluye que el otorgamiento y establecimiento de la cuota energética por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía implica, evidentemente, el manejo de recurso públicos y que como parte de la administración pública federal, dicha dependencia resulta ser un sujeto obligado, según lo dispuesto en el inciso a) de la fracción XIV del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para transparentar y hacer pública, en el caso que nos ocupa, la asignación de la cuota energética citada.

Cuarta. Por tanto, ante la omisión en la Ley de Energía para el Campo para establecer que la asignación de la cuota energética sea pública y su otorgamiento transparente, así como para adecuar dicho ordenamiento con lo dispuesto en nuestra Constitución y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta Comisión de Energía estima necesario aprobar la minuta en comento para establecer que los solicitantes de la cuota energética, en cada ciclo productivo, tengan acceso a las listas de beneficiarios así como de las solicitudes rechazadas; de igual forma, que se publiquen en la página electrónica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y se encuentren disponibles en las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Por lo anteriormente expuesto, es que los integrantes de esta Comisión de Energía sometemos al pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Energía para el Campo

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Energía para el Campo, para quedar como sigue:

Artículo 9o. ...

La asignación de la cuota energética será pública, para lo cual al inicio de cada ciclo productivo se publicará en internet el listado de los beneficiarios de la misma, así como el de las solicitudes desechadas y estará a disposición de los usuarios en las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2012.

Se adjuntan al presente dictamen la firma de la mayoría de los integrantes de esta Comisión de Energía.

La Comisión de Energía, diputados:Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto, Javier Treviño Cantú (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximenea Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Dictamen de la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Marina de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México.

Con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, 84, 85, 94 y 95 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Comisión de Marina somete a consideración de esta soberanía el presente

Dictamen

Antecedentes

1. Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 1 de octubre de 2009, se recibió del Ejecutivo Federal la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México. Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

2. En sesión ordinaria del 2 de marzo de 2010 fue aprobada por el pleno del Senado de la República la iniciativa y remitida a la Cámara de Diputados. El 4 de marzo del mismo año, la Colegisladora dio cuenta de la minuta en comento, la cual fue turnada a la Comisión de Marina para su estudio y dictamen.

3. Durante la sesión ordinaria del 8 de septiembre de 2011 la Cámara de Diputados aprobó la minuta con modificaciones. La minuta fue devuelta al Senado de la República para efectos de lo dispuesto en el apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Con fecha 20 de septiembre de 2011, durante la sesión ordinaria del Senado de la República, se dio cuenta de la minuta devuelta, y la Mesa Directiva dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de Marina y Estudios Legislativos, Primera.

5. En sesión ordinaria del 17 de abril de 2012 fue aprobada por el pleno del Senado de la República la iniciativa con modificaciones y remitida a la Cámara de Diputados para efectos de lo dispuesto en el apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Con fecha 19 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la minuta en comento, la cual fue turnada a la Comisión de Marina para su estudio y dictamen.

7. La Comisión de Marina valoró el dictamen presentado y como resultado de los consensos alcanzados, se formula el presente dictamen que recoge el espíritu del debate y las expresiones de los legisladores ratificando en sus términos la motivación, fundamentación y reformas de la colegisladora.

Consideraciones

Primera. El artículo 73 fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Congreso de la Unión tiene facultad para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio.

Segunda. El artículo 89 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las facultades y obligaciones del Presidente son las de preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea el Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Tercera. En ese contexto, es deber constitucional del Congreso de la Unión actualizar y adecuar las normas legales que rigen la actuación de la Armada de México como institución militar nacional de carácter permanente, con facultades para emplear el poder naval de la Federación para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Cuarta. La comisión que suscribe, reconoce que las reformas que se pretenden realizar a la Ley Orgánica de la Armada de México, son de suma importancia, pues permiten adaptar el derecho a las necesidades relativas a la actuación del personal del Instituto Armado, así como para comprender con mayor exactitud el funcionamiento, estructura y atribuciones de la Armada de México contenidas básicamente en la Ley Orgánica, materia de la presente minuta.

Quinta. Se destaca el hecho de que con estas reformas, adiciones y derogaciones se moderniza toda la institución naval, sus mandos se hacen más ejecutivos y operativos, la estructura naval y táctica va a responder mejor a los grandes imperativos de seguridad interior y defensa exterior que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le ordena, y lo que es más importante, la Armada de México seguirá siendo una institución de protección de todos los mexicanos.

Sexta. Esta Comisión Dictaminadora comparte los razonamientos que sustentaron las diversas modificaciones realizadas a la iniciativa presentada por la Cámara de Senadores, así, en el artículo 1o., se establece que la Armada de México, empleará el poder naval de la Federación para la defensa exterior y seguridad interior del país, adicionándose que en el cumplimiento de sus atribuciones las llevará a cabo “en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales”.

Séptima. De esta misma forma en cuanto al artículo 3, sólo se modifica la redacción para evitar una incorrecta interpretación en el ordenamiento del mando supremo con los tres niveles de gobierno, respecto a la coordinación con la Armada de México, para quedar como sigue: “La Armada de México ejerce sus atribuciones por sí o conjuntamente con el Ejército y Fuerza Aérea o en coadyuvancia con las dependencias del Ejecutivo Federal, cuando lo ordene el Mando Supremo, y podrán coordinarse con otros órganos de gobierno que así lo requieran, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales.”

Octava. Los diputados de la Comisión de Marina consideran que las observaciones son adecuadas y procedentes por lo que aprueban en sus términos la minuta en comento.

En mérito de las razones y consideraciones expuestas, los Diputados integrantes de la Comisión de Marina, tomando en cuenta las modificaciones formuladas por la Colegisladora a la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, se pronuncian a favor de la minuta que se analiza, por lo que someten a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México.

Artículo Único. Se reforman los artículos 1; 2, fracciones IV, V, VI, VIII, X, XI, XIII, XIV y XV; 3; 7, párrafo primero, fracciones I y IV; 8, fracción III y párrafo segundo; 9, fracciones I, II y III; 11, fracciones I y II en su apartado B; 12, segundo párrafo; 13; 15; 16, párrafo primero; 17, párrafos primero y tercero; 18; 20; 21; 22; 23; 25, fracciones I y III; 26, párrafo segundo; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 36, párrafo primero, párrafo segundo, fracciones II y III y párrafo tercero; 38, párrafo primero y fracción III; 40; 42; 43; 44; 45; 46, fracciones V, X y XI; 47, fracciones II y V; 48, párrafo primero; 51; 52, fracciones I y II; 54, párrafo primero; 56, párrafo primero y fracción I; 58; 59, párrafo primero; 61; 62; 64; 65, fracción I y los apartados A y B; 66, párrafo primero; 67; 68; 69; 72, fracción V; 73, fracciones I y II; 74; 81, párrafo segundo; 85, fracción I y los apartados C, D y E, fracción II en sus apartados D, numeral 1 y E, y fracción III en sus apartados B y actual C; y 87 sustituyéndose los incisos a y b por las fracciones I y II; y la denominación del Capítulo Cuarto “Grados y Escalafones”; se adiciona la fracción XVI al artículo 2; la fracción III Bis al artículo 8; el artículo 15 Bis; el artículo 22 Bis; la fracción IV al artículo 25; el artículo 27 Bis; el artículo 32 Bis; la fracción XII al artículo 46; un párrafo segundo al artículo 52; un rubro a la fracción IV del artículo 60; el apartado C a la fracción I del artículo 65; y un apartado F, un párrafo segundo a la fracción I, un párrafo segundo a la fracción II, el apartado C a la fracción III y un párrafo segundo a la fracción III del artículo 85; y se deroga el artículo 19; la fracción II del artículo 25; el artículo 34; el artículo 63; el artículo 70; las fracciones III y IV del artículo 73; y el apartado C de la fracción II del artículo 85; todos de la Ley Orgánica de la Armada de México, para quedar como sigue:

Artículo 1.La Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales.

Artículo 2. ...

I. a III. ...

IV. Proteger el tráfico marítimo, fluvial y lacustre, en las zonas marinas mexicanas, aguas interiores navegables y donde el Mando Supremo lo ordene, así como establecer las áreas restringidas a la navegación, incluidos los espacios aéreos correspondientes, en coordinación con las autoridades competentes y de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos jurídicos internacionales y la legislación nacional;

V. Salvaguardar la vida humana mediante operaciones de búsqueda y rescate en las zonas marinas mexicanas, aguas internacionales y en todas aquéllas en las que el Mando Supremo lo ordene;

VI. Proteger instalaciones estratégicas del país en su ámbito de competencia y donde el Mando Supremo lo ordene;

VII. ...

VIII. Proteger los recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales, así como participar en toda actividad relacionada con el desarrollo marítimo nacional;

IX. ...

X. Realizar actividades de investigación científica, oceanográfica, meteorológica, biológica y de los recursos marítimos, actuando por sí o en colaboración con otras instituciones nacionales o extranjeras, o en coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XI. Intervenir, sin perjuicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la prevención y control de la contaminación marítima, así como vigilar y proteger el medio marino dentro del área de su responsabilidad, actuando por sí o en colaboración con otras dependencias e instituciones nacionales o extranjeras;

XII. ...

XIII. Ejecutar los trabajos hidrográficos de las costas, mares, islas, puertos y vías navegables; publicar la cartografía náutica y la información necesaria para la seguridad de la navegación, y organizar el archivo de cartas náuticas y las estadísticas relativas;

XIV. Administrar y fomentar la educación naval en el país;

XV. Participar en los órganos del Fuero de Guerra, y

XVI. Las demás que le señalen las disposiciones aplicables y le encomiende el Mando Supremo.

Artículo 3. La Armada de México ejerce sus atribuciones por sí o conjuntamente con el Ejército y Fuerza Aérea o en coadyuvancia con las dependencias del Ejecutivo Federal, cuando lo ordene el Mando Supremo, y podrán coordinarse con otros órganos de gobierno que así lo requieran, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales.

Artículo 7. El Alto Mando es ejercido por el Secretario de Marina, responsable ante el Mando Supremo del desempeño de las atribuciones siguientes:

I. Planear, elaborar, determinar y ejecutar la política y estrategia naval;

II. y III. ...

IV. Establecer, mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la creación y organización de sectores navales, así como las áreas de control naval del tráfico marítimo;

V. a VIII. ...

Artículo 8. ...

I. y II. ...

III. Regiones, zonas y sectores navales;

III Bis. Cuartel General del Alto Mando;

IV. a VII. ...

Asimismo, y para el despacho de los asuntos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, el Alto Mando se auxiliará con el Subsecretario, Oficial Mayor, Inspector y Contralor General de Marina, Directores Generales, Agregados Navales y demás servidores públicos, órganos y unidades que establezcan los reglamentos respectivos.

Artículo 9. ...

I. Superiores en Jefe: los titulares de las fuerzas navales, regiones navales y el del Cuartel General del Alto Mando;

II. Superiores: los titulares de las zonas navales y otros que designe el Alto Mando, y

III. Subordinados: los titulares de sectores, flotillas, escuadrillas, unidades de superficie, unidades aeronavales, batallones de infantería de marina, y otros que designe el Alto Mando.

Artículo 11. ...

I. El Alto Mando será suplido por el Subsecretario y, en ausencia de éste, por el Oficial Mayor;

II. ...

A. ...

B. En las regiones navales por el comandante de zona más antiguo de su jurisdicción y en el Cuartel General del Alto Mando por el Jefe del Estado Mayor;

III. y IV. ...

...

Artículo 12. ...

Estará integrado con personal Diplomado de Estado Mayor y el personal especialista que sea necesario para el cumplimiento de sus atribuciones. El titular será de la categoría de Almirante.

Artículo 13. Las fuerzas navales son el conjunto organizado de mujeres y hombres, buques, aeronaves y unidades de infantería de marina capacitados para el cumplimiento de la misión y atribuciones asignadas a la Armada de México, conforme a las prescripciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Comandantes de las Fuerzas Navales serán de la categoría de Almirante.

Artículo 15. Las regiones navales son áreas geoestratégicas, determinadas por el Mando Supremo, que agrupan a zonas, sectores, flotillas, escuadrillas y otras unidades y establecimientos.

Tienen a su cargo la concepción, preparación y conducción de las operaciones navales para el cumplimiento de la misión y atribuciones asignadas a la Armada de México en su área jurisdiccional.

Los comandantes de las regiones serán de la categoría de Almirante y estarán subordinados directamente al Alto Mando.

Artículo 15 Bis. El Cuartel General del Alto Mando se integra con las unidades operativas y establecimientos navales de la Capital de los Estados Unidos Mexicanos.

Tiene a su cargo la concepción, preparación y conducción de las operaciones, proporcionando seguridad y apoyo logístico a las unidades y establecimientos en dicha Capital.

El Comandante del Cuartel General del Alto Mando será de la categoría de Almirante y estará subordinado directamente al Alto Mando.

Artículo 16. Las zonas navales son las áreas geográfico-marítimas determinadas por el Mando Supremo, que agrupan a sectores navales, flotillas, escuadrillas y otras unidades y establecimientos que determine el Alto Mando.

...

...

Artículo 17. Los sectores navales son las subdivisiones geográfico-marítimas determinadas por el Alto Mando, que tienen bajo su mando a las flotillas, escuadrillas, unidades, establecimientos y fuerzas adscritas, incorporadas o destacadas.

...

Los comandantes serán de la categoría de Almirante y estarán subordinados al mando de la región o zona naval que corresponda.

Artículo 18. Las flotillas y escuadrillas tienen a su cargo la supervisión de las actividades operativas de las unidades de superficie adscritas, a fin de mantenerlas con un alto grado de alistamiento, incrementar su eficiencia y optimizar los medios disponibles para el desarrollo de las operaciones que se les asignen.

Están integradas por personal y unidades de superficie de acuerdo a los requerimientos operativos. Los comandantes serán de la categoría de Capitán del Cuerpo General y estarán subordinados al comandante de región, zona o sector naval que corresponda.

Artículo 19. Se deroga.

Artículo 20. Las unidades operativas son los buques, aeronaves y unidades de infantería de marina, mediante los cuales se cumplimentan las funciones que se derivan de la misión y atribuciones de la propia Armada. Contarán con el personal necesario de los cuerpos y servicios.

Artículo 21. Las unidades de superficie de la Armada de México, adscritas a los mandos navales, se agruparán en diferentes tipos y clases de acuerdo a su misión, empleo táctico, equipamiento y sistemas de armas.

Artículo 22. Las unidades de infantería de marina, adscritas a los mandos navales, se integran en batallones, fuerzas especiales y otras que designe el Alto Mando.

Artículo 22 Bis. Las unidades aeronavales, adscritas a los mandos navales, son de ala fija o móvil, de diferentes tipos y clases, encuadradas a bases, estaciones y escuadrones aeronavales.

Artículo 23. Los establecimientos de educación naval tienen por objeto adiestrar, capacitar, formar y proporcionar estudios de posgrado al personal de la Armada de México y, en su caso, de los becarios en los términos del Plan General de Educación Naval.

La Armada de México cantará con los establecimientos educativos necesarios para preparar los recursos humanos que requiera a nivel técnico, técnico-profesional, profesional y posgrado, de acuerdo con los recursos financieros que le sean asignados.

Artículo 25. ...

I. El Consejo del Almirantazgo, en sus modalidades de reducido y ampliado;

II. Se deroga.

III. La Comisión Coordinadora para Ascensos, y

IV. Otros que establezca.

Artículo 26. ...

Funcionará y se integrará en los términos que establece la presente Ley.

Artículo 27. El Consejo del Almirantazgo tiene las funciones siguientes:

I. En su modalidad de ampliado:

A. Asesorar al Alto Mando en asuntos de carácter estratégico;

B. Proporcionar los elementos de juicio que sustenten la toma de decisiones en asuntos relacionados con el desarrollo del poder naval, y

C. Proponer las políticas de la institución relacionadas con el ámbito marítimo que impacten en el desarrollo del país, y

II. En su modalidad de reducido, conocerá de las inconformidades a que se refieren los artículos 31 y 33 de la presente Ley.

Artículo 27 Bis. El Consejo del Almirantazgo se integrará de la manera siguiente:

I. En la modalidad de reducido por:

A. Secretario;

B. Subsecretario;

C. Oficial Mayor;

D. Inspector y Contralor General de Marina;

E. Jefe del Estado Mayor General de la Armada;

F. Comandante de la Fuerza Naval del Golfo, y

G. Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, y

II. En la modalidad de ampliado, además de los servidores públicos señalados en la fracción anterior, por los Comandantes de las regiones navales.

En ambas modalidades, será presidido por el Alto Mando.

Artículo 29. Los órganos de disciplina son competentes para conocer, resolver y sancionar las faltas graves en contra de la disciplina naval, así como calificar la conducta o actuación del personal de la Armada de México.

Artículo 30. Los órganos de disciplina son:

I. La Junta de Almirantes;

II. Los Consejos de Honor Superior;

III. Los Consejos de Honor Ordinario, y

IV. Los Consejos de Disciplina.

Funcionarán y se organizarán conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 31. Los órganos de disciplina funcionarán con carácter permanente y sus resoluciones serán autónomas.

Dichas resoluciones se aplicarán en tiempo y forma sin que ello coarte la posibilidad de interponer el recurso de inconformidad ante el órgano de disciplina superior al que emitió el fallo, en un término de 15 días naturales.

El Consejo del Almirantazgo, en su modalidad de reducido, conocerá de las impugnaciones en contra de las resoluciones que emita la Junta de Almirantes.

Artículo 32. La Junta Naval es un órgano administrativo de carácter permanente y estará integrada de un Presidente y dos Vocales de la Categoría de Almirantes en servicio activo de los diferentes Cuerpos y Servicios de la Armada de México, designados por el Alto Mando; el Segundo Vocal fungirá como Secretario.

Será competente para conocer de la inconformidad que manifieste el personal respecto a:

I. Situaciones escalafonarias;

II. Antigüedad en el grado;

III. Exclusión en el concurso de selección para ascenso;

IV. Postergas;

V. Adecuación de grado, y

VI. Pase a la milicia permanente.

Artículo 32 Bis. La inconformidad a que se refiere el artículo anterior, deberá interponerse por escrito ante la Junta Naval, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación.

La resolución de la inconformidad deberá ser emitida en un término no mayor a noventa días naturales posteriores a aquel en que se interpuso la inconformidad.

Las inconformidades se regularán conforme a las disposiciones reglamentarias respectivas.

Artículo 33. Las resoluciones emitidas por la Junta Naval serán autónomas y obligatorias. En caso de inconformidad, deberán ser analizadas por el Consejo del Almirantazgo en su modalidad de reducido.

Artículo 34. Se deroga.

Artículo 36. El personal de la milicia permanente se caracteriza por su estabilidad en el servicio.

...

I. ...

II. El que habiendo causado alta como Marinero, obtenga por ascensos sucesivos el grado de Primer Maestre o equivalente y haya cumplido ininterrumpidamente cuatro años de servicio;

III. El que obtenga el grado de Primer Maestre o equivalente y no se encuadre en la fracción anterior, al cumplir quince años de servicio ininterrumpidos y reúna los requisitos establecidos en el Reglamento respectivo, previa solicitud, podrá participar en el proceso de pase de Oficiales de la milicia auxiliar a la milicia permanente, y

IV. ...

A. a D. ...

Al personal mencionado que haya sido adecuado de grado por estudios efectuados, se le computará el tiempo de servicios en cada uno de los grados que haya ostentado.

...

Artículo 38. El personal de la milicia permanente, núcleo o escala de los diferentes servicios, podrá obtener los distintos grados conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada de México o realizando estudios acordes a su profesión, por su cuenta y sin perjuicio del servicio, pudiendo obtener los grados de:

I. y II. ...

III. Teniente de Navío, con segunda especialidad afín o doctorado.

...

Artículo 40. El personal de la milicia auxiliar podrá ascender por adecuación de grado al haber realizado estudios por su cuenta acordes a su profesión sin perjuicio del servicio y que sean de utilidad para la Armada, pudiendo obtener los grados de:

I. Tercer Maestre, con estudios de nivel técnico profesional;

II. Segundo Maestre, con estudios de nivel técnico profesional con especialidad;

III. Primer Maestre, con estudios de nivel técnico superior universitario;

IV. Teniente de Corbeta, con estudios de licenciatura;

V. Teniente de Fragata, con especialidad o maestría, y

VI. Teniente de Navío, con segunda especialidad afín o doctorado.

La adecuación de grado estará sujeta a la consideración del Alto Mando, a que exista vacante y a la presentación de título o diploma y cédula profesional.

Artículo 42. El personal se agrupa en Cuerpos y Servicios en atención a su formación y funciones.

A su vez, los Cuerpos y los Servicios están constituidos por núcleos y escalas. Los núcleos agrupan al personal profesional, y las escalas al técnico profesional y no profesional.

Artículo 43. Los Cuerpos son los siguientes:

I. Cuerpo General;

II. Infantería de Marina;

III. Aeronáutica Naval, y

IV. Otros que sean necesarios a juicio del Alto Mando.

Los núcleos de los cuerpos señalados están constituidos por personal egresado de la Heroica Escuela Naval Militar, quien podrá realizar las especialidades que resulten necesarias para la Armada de México, en los términos previstos en el Plan General de Educación Naval.

Los núcleos de los servicios están constituidos por personal profesional procedente de establecimientos educativos superiores de la Armada de México, o de otras instituciones de educación superior tanto nacionales como extranjeras. Los estudios en estas últimas, para su reconocimiento, deberán ser revalidados por la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 44. La escala técnico profesional de los Cuerpos y Servicios está integrada por el personal que haya realizado estudios en escuelas reconocidas por la Secretaría de Educación Pública, de nivel técnico profesional, con una duración mínima de tres años lectivos y que obtengan el título o diploma y la cédula profesional correspondiente.

Artículo 45. La escala no profesional de los Cuerpos y Servicios está integrada por el personal no considerado en los artículos 43 y 44 de esta Ley.

Artículo 46. ...

I. a IV. ...

V. Logística Naval;

VI. a IX. ...

X. Sanidad Naval;

XI. Trabajo Social Naval, y

XII. Otros que sean necesarios a juicio del Alto Mando.

Artículo 47. ...

I. ...

II. No contar con otra nacionalidad;

III. y IV. ...

V. Reunir los requisitos de edad, de aptitud física y académica, de conducta, así como encontrarse médica y clínicamente sano y apto para el servicio de las armas, en términos de las normas aplicables.

Artículo 48. El reclutamiento del personal se efectuará:

I. y II. ...

Artículo 51. La educación naval tiene por objeto proporcionar al personal los principios doctrinarios navales, conocimientos y habilidades para el cumplimiento de sus funciones dentro de la Armada de México, en los términos establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias.

La educación naval se conforma por los siguientes niveles educativos:

I. Adiestramiento;

II. Capacitación;

III. Formación, y

IV. Posgrado.

Estos niveles, se llevaran a cabo en las unidades y en los establecimientos de la Armada, así como en otros centros educativos nacionales o extranjeros.

Artículo 52. ...

I. En planteles nacionales, un tiempo equivalente a dos veces el que duren sus estudios, y

II. En planteles extranjeros, un tiempo equivalente a tres veces el que duren sus estudios.

El personal que solicite su separación del servicio activo y no haya concluido con el tiempo de servicio especificado en las fracciones anteriores, cubrirá el total o la parte proporcional del importe erogado por la Institución para la realización de dichos estudios.

Artículo 54. El personal desempeñará los cargos y comisiones acordes a su cuerpo, servicio y grado establecidos en las planillas orgánicas de las unidades y establecimientos de la Armada de México, así como los que se le nombren por necesidades del servicio, de conformidad con lo establecido en esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

...

Artículo 56. Al personal de los Cuerpos le corresponden las funciones siguientes:

I. Ejercer los niveles y tipos de mando que establece esta Ley;

II. y III. ...

Capítulo CuartoGrados y Escalafones

Artículo 58.Los grados en el personal tienen por objeto el ejercicio de la autoridad, otorgando a su titular los derechos y consideraciones establecidos en las leyes y reglamentos respectivos, e imponiendo las obligaciones y deberes inherentes a la situación en que se encuentre.

Artículo 59.El personal, por su grado, se agrupará en las categorías siguientes:

I. a VI. ...

Artículo 60. ...

I. a III. ...

IV.CADETES       CADETES      CADETES

     Cadetes              Cadetes                      Cadetes

     Alumnos             Alumnos          Alumnos

V. y VI. ...

Artículo 61. Al personal que se encuentre cursando estudios en los diferentes establecimientos de educación naval se les denominará Cadetes a nivel licenciatura, y Alumnos a nivel técnico profesional o técnico.

Tendrán los grados que establezcan los reglamentos de los establecimientos educativos y estarán sujetos a la legislación militar con el grado de Segundo Maestre.

Artículo 62. Los ascensos del personal naval se conferirán con arreglo a lo previsto en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 63. Se deroga.

Artículo 64. El grado tope es el grado máximo que puede alcanzar el personal de la Armada.

Quien alcance el grado tope, en los términos en que lo establece esta Ley o la Ley de Ascensos de la Armada de México, al cumplir cinco años en dicho grado percibirá una asignación mensual igual a la diferencia de percepciones que exista entre el grado que ostenta y el inmediato superior.

Cada cinco años dicha asignación será aumentada a las percepciones que correspondan al grado inmediato superior de los que perciba.

Artículo 65. ...

I. Para los Cuerpos:

A. Núcleo: de Guardiamarina hasta Almirante;

B. Escala técnico profesional: de Primer Maestre hasta Capitán de Corbeta, y

C. Escala no profesional: de Marinero hasta Teniente de Navío, y

II. ...

A. a C. ...

...

Artículo 66. El escalafón de la Armada de México se integra de acuerdo a la normatividad aplicable, agrupando al personal de la milicia permanente por cuerpos y servicios, núcleos y escalas en orden descendente, en razón de la categoría, grado y la antigüedad, señalando las especialidades que ostenten.

...

Artículo 67. El personal de la Armada de México podrá ser cambiado de Cuerpo, Servicio, Núcleo o Escala, por necesidades del servicio; recomendación de un Consejo Médico integrado por médicos especialistas navales o a petición del interesado, sujetándose a las siguientes reglas:

I. Si el cambio es por necesidades del servicio o recomendación de un Consejo Médico como resultado de lesiones en actos del servicio, no perderá el grado ni la antigüedad, y

II. Si el cambio es a solicitud del interesado o recomendación de un Consejo Médico como resultado de lesiones en actos no imputables al servicio, ocupará el último lugar del grado que ostente en el cuerpo o servicio del escalafón al que vaya a pertenecer a partir de la fecha del cambio.

Para efectos de retiro no perderá el tiempo de servicio en el grado.

Para efectos de ascenso, la antigüedad en el grado cantará a partir de la fecha del cambio.

Artículo 68. Al término de los estudios en la Heroica Escuela Naval Militar, el personal de cadetes perteneciente a los Cuerpos será promovido al grado de Guardiamarina y el de los Servicios a Primer Maestre; los egresados de los demás establecimientos de educación naval de nivel licenciatura, al de Primer Maestre, y los de nivel técnico profesional al de Segundo Maestre.

Artículo 69. El personal de clases que concluya satisfactoriamente algún curso en los centros de capacitación de la Armada de México, se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Ascensos de la Armada de México.

Artículo 70. Se deroga.

Artículo 72. ...

I. a IV. ...

V. Con licencia, a excepción de la ilimitada.

Artículo 73. ...

I. El personal en espera de órdenes para que le sea asignado cargo o comisión, y

II. El personal que pase a esta situación por resolución de Órgano de Disciplina en los términos que dispone la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México.

III. Se deroga.

IV. Se deroga.

Artículo 74. El personal a que hace referencia la fracción II del artículo anterior, estará sujeto a las normas siguientes:

I. Mientras permanezca en esta situación, no será convocado para efectos de ascenso;

II. Se le deducirá de la antigüedad del grado que ostente, el tiempo que dure a disposición y pasará a ocupar el lugar que le corresponda del escalafón, y

III. El Alto Mando tendrá la facultad para suspender o dar por terminada la situación a disposición a todo aquel personal que se encuentre considerado en la fracción II del artículo anterior.

Artículo 81. ...

Se dará por terminada cuando el interesado sea dado de alta o hasta que se expida el certificado de incapacidad permanente.

...

Artículo 85. ...

I. Por ministerio de ley, al concretarse alguna de las circunstancias siguientes:

A. y B. ...

C. Ser declarados prófugos de la justicia, tratándose de almirantes, capitanes y oficiales de la milicia permanente, sin perjuicio del proceso que se les siga;

D. El personal de la milicia auxiliar, por faltar injustificadamente tres días consecutivos, sin perjuicio del proceso que se les siga;

E. Cuando se adquiera otra nacionalidad, o

F. Por resolución firme del órgano de disciplina competente para el personal de la milicia auxiliar.

Las bajas previstas en esta fracción serán comunicadas por la autoridad competente o el mando naval correspondiente;

II. ...

A. y B. ...

C. Se deroga.

D. Tratándose del personal de la milicia auxiliar, por incapacidad para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al servicio, en los casos siguientes:

1. Encontrarse sujeto a un proceso penal en las jurisdicciones federal o común, que amerite prisión preventiva sin derecho a libertad caucional. De resultar absuelto, podrá reingresar al servicio siempre y cuando cumpla con los requisitos de ingreso establecidos en esta Ley, y

2. ...

E. Tratándose de personal de la milicia auxiliar, por terminación de su contrato o anticipadamente por no ser necesarios sus servicios, conforme a las cláusulas de su contrato y demás disposiciones legales.

El afectado será escuchado en defensa dentro de los quince días naturales siguientes a su notificación, y

III. ...

A. ...

B. Por observar mala conducta determinada por el Consejo de Honor de la unidad o dependencia a que pertenezca;

C. Por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares por causa no imputable a la Armada de México, y

D. Por terminación de su contrato o anticipadamente por no ser necesarios sus servicios o cuando se detecten hechos de falsedad en declaraciones o en la documentación presentada para la acreditación de su situación y de sus derechohabientes.

Para los casos señalados en los apartados C y D, el interesado será escuchado en defensa dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación correspondiente.

Artículo 87. ...

I. Primera Reserva, y

II. Segunda Reserva.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2012.

Por la Comisión de Marina, diputados:José Soto Martínez (rúbrica), presidente; Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), secretarios; Luis Ricardo Aldana Prieto, Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Máximo Othón Zayas (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Víctor Serralde Martínez, Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE GAS NATURAL NO ASOCIADO AL PETROLEO

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros diputados, el siguiente punto del orden del día son dictámenes en sentido negativo.

Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes en sentido negativo que a continuación se discutirán. Proceda la Secretaría a dar lectura solo a sus encabezados.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en materia de Gas Natural no Asociado al Petróleo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción II; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 22 de septiembre de 2005, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en Materia de Gas Natural No Asociado al Petróleo, presentada por Vicente Fox Quesada, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Contenido y objeto de la iniciativa

El proponente plantea adicionar una nueva ley al sistema jurídico vigente. Dicho instrumento se denomina Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Gas Natural No Asociado al Petróleo.

Acorde a su proponente la iniciativa tiene por objeto establecer el marco jurídico conforme al cual concurrirán los sectores público, social y privado en las actividades de exploración y explotación del gas natural no asociado al petróleo.

Los principales objetivos que se buscan establecer por parte de su proponente son:

• Permitir la participación de los sectores social y privado en las actividades exploración y explotación del gas natural no asociado al petróleo; lo cual incluye al gas grisú e hidratos de gas.

• Complementar los esfuerzos de Petróleos Mexicanos para incrementar la disponibilidad de gas natural.

• Transformar el marco jurídico de la industria del gas natural en el que se concrete la rectoría del estado, se garantice la seguridad jurídica a todos los agentes involucrados y se otorgue transparencia en las funciones gubernamentales y las actividades que realicen los sectores participantes.

• Permitir que la producción de petróleo crudo y gas natural asociado a éste quede reservada en exclusiva a Petróleos Mexicanos. No así el gas natural no asociado al petróleo, en cuya exploración y explotación podrán concurrir, además de este organismo, los sectores social y privado.

• Propiciar el crecimiento económico ya que se detonará el crecimiento de las demás actividades económicas y se elevará la disponibilidad de recursos públicos para el desarrollo de programas sociales.

Para lo anterior, el proponente distribuye 52 artículos de la ley propuesta en diez capítulos: Capítulo I. Descripciones generales; Capítulo II. De la autoridad; Capítulo III. De las concesiones y de las asignaciones (incluye tres secciones); Capítulo IV. De la cesión de derechos; Capítulo V. De la ocupación temporal y la explotación; Capítulo VI. Del registro y el catastro; Capítulo VII. De la verificación; Capítulo VIII. De los seguros; Capítulo IX. De la seguridad; Capítulo X. De las sanciones. Asimismo, consta de cinco artículos transitorios.

La iniciativa pretende que la nueva ley sea orden público y con el objeto de regular la exploración y explotación del gas natural no asociado al petróleo. Su aplicación corresponderá al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Energía.

Destaca en el apartado de definiciones que se incluye al gas grisú, gas no asociado al petróleo e hidratos de gas, como parte de la regulación propuesta. También propone la creación de una Zona de Reservas Gaseras por el Ejecutivo federal.

Asimismo, la iniciativa otorga a la Secretaría de Energía diversas facultades relacionadas con la exploración y explotación de gas no asociado al petróleo. De igual forma, plantea la creación de un régimen de asignaciones y concesiones para dichas actividades así como para la exploración y explotación de gas grisú. Se propone un Registro de la Industria del Gas Natural No Asociado, así como un Catastro Gasero. También, se prevé un capítulo de sanciones y deja como autoridad encargada a la Secretaría de Energía.

Finalmente, en el régimen transitorio destaca el señalamiento de que las actividades que se realicen la Secretaría de Energía, Pemex y sus organismos subsidiarios, se atenderán con cargo al presupuesto que para el sector energético apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio fiscal correspondiente.

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la iniciativa, los integrantes de esta Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes:

III. Consideraciones

Primera.La iniciativa propuesta por el licenciado Vicente Fox Quesada, en su carácter de presidente de los Estados Unidos Mexicanos consiste en crear una nueva ley denominada Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Gas Natural No Asociado al Petróleo, para regular las actividades de exploración y explotación de gas no asociado al petróleo, lo cual incluye, según el articulado planteado, al gas grisú e hidratos de gas.

Segunda. Esta Comisión de Energía, estima necesario señalar que en fecha posterior a la presentación de la iniciativa en comento, ocurrieron una serie de sucesos que culminaron en la creación de diversa normatividad directamente relacionada con el tema planteado por la iniciativa en comento.

El 8 de abril de 2008 se inició un proceso de reformas en materia energética, con motivo de la entrega de una serie de iniciativas al Senado de la República por parte del titular del Ejecutivo federal, terminando dicho proceso con la publicación de diversas disposiciones en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2008, a saber:

• Decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos; se adicionan el artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y un párrafo tercero al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

• Decreto por el que se expide la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

• Decreto por el que se expide la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

• Decreto por el que se expide la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

• Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y,

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

Tercera. Así, se reformaron cinco diversas leyes y se crearon cuatro, entre ellas, la Ley de Petróleos Mexicanos y la correspondiente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

En lo que corresponde a la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se puede señalar que con su promulgación se instituyó la Comisión Nacional de Hidrocarburos como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía.

Su objeto consiste en regular y supervisar la exploración y extracción de carburos de hidrógeno, que se encuentren en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que compongan el aceite crudo, lo acompañen o se deriven de él, así como las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos.

Cuenta con capacidades administrativas, técnicas y económicas requeridas para procurar que los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos alcancen los siguientes objetivos: a) Maximizar la renta petrolera y reponer las reservas de hidrocarburos; b) Emplear la tecnología más adecuada; c) Proteger el ambiente y la sustentabilidad de los recursos naturales; y, d) Cuidar las condiciones necesarias en materia de seguridad industrial.

Entre las atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos destacan las siguientes:

• Aportar los elementos técnicos para el diseño y definición de la política de hidrocarburos del país.

• Formular programas sectoriales en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, conforme a los mecanismos establecidos por la Secretaría de Energía.

• Dictaminar técnicamente los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como sus modificaciones sustantivas.

• Formular propuestas técnicas para optimizar los factores de recuperación en los proyectos de extracción de hidrocarburos.

• Establecer y llevar un registro petrolero.

Además, deberá crear mecanismos de evaluación de la eficiencia operativa en la exploración y extracción de hidrocarburos, así como supervisar, verificar, vigilar y, en su caso certificar el cumplimiento de sus disposiciones.

Para la consecución de su objetivo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá ajustarse a la política de hidrocarburos, a la Estrategia Nacional de Hidrocarburos y a los programas que emita la Secretaría de Energía, en términos del artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

En esa forma, esta Comisión de Energía considera que la motivación de la iniciativa se encuentra rebasada por la realidad normativa vigente; es decir, no corresponde con las circunstancias ni problemática actual. Por lo tanto, debe desecharse el proyecto de creación de una Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Gas Natural No Asociado al Petróleo.

Cuarta. Asimismo, en materia de exploración y explotación de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, también ha cambiado la referencia normativa en fecha posterior a la presentación de la iniciativa que se dictamina.

El segundo párrafo de la fracción II del artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo establece que la Ley Minera regulará la recuperación y aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral. El 16 de diciembre de 2008, se publicó el Reglamento de la Ley Minera en materia de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral.

Así las cosas, ante la existencia de nueva normatividad en la materia expedida con posterioridad a la presentación de la iniciativa que se dictamina, esta Comisión de Energía estima que la ley propuesta se encuentra en un contexto distinto del que se propuso y, por lo tanto, no corresponde con la realidad normativa vigente; motivo por el cual debe desecharse la iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Gas Natural No Asociado al Petróleo.

Asimismo, existen otras circunstancias que imperan en la realidad actual relacionada con la explotación de hidrocarburos, por ejemplo, la exploración y desarrollo de campos en aguas profundas y los nuevos yacimientos de gas de lutita (gas shale). Por lo que respecta a éste último, ha modificado por completo el panorama del mercado del gas natural, de modo que nuevas disposiciones para la regulación de la producción del gas natural deben tomar en cuenta estas circunstancias.

Por lo anteriormente expuesto, es que los diputados integrantes de esta Comisión de Energía sometemos al pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

IV. Acuerdo

Primero.Se desecha la iniciativa Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Gas Natural No Asociado al Petróleo.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 noviembre de 2012.

La Comisión de Energía, diputados:Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente, Juan Bueno Torio (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto, Javier Treviño Cantú (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Erick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villareal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García (rúbrica en abstención), Agustín Miguel Alonso Raya.»

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción II; 85 y 157, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 4 de julio de 2012, los secretarios de ésta dieron cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, presentada por la diputada Elvira de Jesús Pola Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados”.

3. Mediante comunicado número D.G.P.L. 62-II-8-0194, de fecha 24 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó a esta Comisión de Energía que el plazo reglamentario para dictaminar la iniciativa en comento comenzó a contabilizarse a partir del 29 de octubre de 2012; toda vez que se trata de un asunto correspondiente a la LXI Legislatura y que permanece vigente para ser resuelto por esta LXII Legislatura.

II. Contenido y objeto de la iniciativa

En primer término, la diputada proponente señala la importancia del servicio eléctrico nacional y de la Comisión Federal de Electricidad; sin embargo, precisa que dicha entidad tiene una alta ineficiencia en su funcionamiento; que existe falta de “voluntad y compromiso para acabar con el robo de luz, a pesar de que se han identificado los puntos en donde se presenta esta situación.” Considera que existen pérdidas por este concepto de alrededor de 21 mil millones de pesos al año y señala como causa de ello a los asentamientos irregulares, el comercio informal y la manipulación de medidores.

Posteriormente, la diputada Elvira de Jesús Pola Figueroa señala que el objetivo de su iniciativa consiste en “...que los recibos que emite la CFE (Comisión Federal de Electricidad) para el cobro de la electricidad sean más claros en su contenido a fin de evitar confusiones y que se realice un cobro justo, de acuerdo al nivel de consumo que presente cada usuario.”

De igual forma indica que “...para mejorar el servicio es necesario que la Comisión Federal de Electricidad sea más clara en los recibos de cobro, al momento de indicar los conceptos que se consideran en la medición y facturación.”

Asimismo, propone “... que en el propio recibo se realice un desglose mensual del consumo, lo que permitirá a los usuarios poder tener mayores elementos para conocer cuál es el consumo real.”

Para tal fin, la iniciativa pretende adicionar segundo párrafo al artículo 32 de la Ley de Energía para el Campo, con la siguiente redacción: “La Comisión Federal de Electricidad tomará lectura del consumo de energía con una periodicidad mensual y cobrará el servicio de manera bimestral, estableciendo en el recibo para cobro, la separación del consumo mensual registrado.”

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes

III. Consideraciones

Primera.La diputada proponente señala en su exposición de motivos diversos problemas como el robo de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad; la falta de cobertura del sistema eléctrico nacional; y, por último, la ineficiencia en el servicio por parte de la misma entidad; sin embargo, en el proyecto de decreto planteado no refleja ningún planteamiento normativo que permita atacarlos o disminuirlos.

Segunda. En lo relativo a la propuesta de adicionar un segundo párrafo al artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que la Comisión Federal de Electricidad tome lectura mensual y cobre de manera bimestral el servicio por suministro de energía eléctrica, estableciendo en el recibo la separación del consumo mensual registrado, esta Comisión de Energía estima necesario realizar las siguientes observaciones:

1. La iniciativa fue presentada de forma previa a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de fecha 24 de agosto de 2012. Es decir, la normatividad aplicable en la materia ha cambiado desde la fecha de presentación de la iniciativa que se dictamina, sobre todo en el tema de facturación y formas de pago; por lo cual, las circunstancias que motivaron la iniciativa en comento no contaban con el contexto normativo actual.

2. Conforme al contenido del vigente artículo 43 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, “las disposiciones correspondientes a la contratación, facturación, prepago de energía eléctrica, medición, contenido del aviso-recibo, períodos de consumo y demás conceptos relacionados con la venta de energía eléctrica, estarán contemplados en el Manual de disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinada al servicio público, que elaborará el suministrador y aprobará la Secretaría. Dicho manual se publicará en el Diario Oficial de la Federación.”

El Manual de Disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinada al servicio público vigente será el expedido el 20 de octubre de 2000, en tanto se expide el ordenado en el artículo Cuarto transitorio del referido decreto de 24 de agosto de 2012.

En la Disposición General vigésima segunda del manual vigente se prevé que “el suministrador (Comisión Federal de Electricidad) facturará los servicios normalmente de manera mensual o bimestral. Para aquellos servicios en tarifas con cargos por demanda, la facturación será mensual.”  Por otra parte, dicho ordenamiento precisa que “para cada usuario, el suministrador emitirá un aviso-recibo en el que aplicará las cuotas y los conceptos previstos expresamente en la(s) tarifa(s) respectiva(s) y sus disposiciones complementarias al suministro correspondiente por un periodo determinado.”

Las disposiciones arriba citadas, permiten establecer a esta Comisión de Energía que la iniciativa resulta confusa, toda vez que la normatividad vigente ya prevé ambas formas de facturación, tanto mensual como bimestral y no señala en su exposición de motivos a que tipo de servicios hace referencia.

3. Adicionalmente se debe indicar que la reforma propuesta no modifica los ámbitos de aplicación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en beneficio de los usuarios del servicio de suministro de energía eléctrica. Lo anterior, en atención a que la diputada propone de forma indistinta la lectura mensual y una facturación bimestral, sin establecer las razones, motivos o circunstancias que la llevan a considerar que esa metodología reflejará un beneficio en el cobro del servicio a los usuarios.

4. La reforma propuesta implicaría gastos adicionales en la administración de Comisión Federal de Electricidad, debido a la reducción en la periodicidad de lectura del consumo de energía eléctrica, para el caso de las que se realizan de forma bimestral. Dichos gastos y cambios no se justifican en pro del usuario del servicio del suministro de energía eléctrica. Es decir, la iniciativa es omisa en señalarla forma en que reducir un mes el periodo de lectura del consumo de energía eléctrica beneficiará a los usuarios que lo tienen de forma bimestral.

Tercera. La iniciativa establece que existe confusión y poca claridad en el cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, por lo cual, esta Comisión de Energía considera preciso señalar que existe diversa normatividad con la finalidad de garantizar la certeza en la medición y cobro de la energía eléctrica.

De acuerdo con la legislación actual, corresponde al gobierno federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los instrumentos de medición que se comercialicen en territorio nacional sean seguros y exactos, con el propósito de que presten un servicio adecuado conforme a sus cualidades metrológicas y aseguren la confiabilidad de las mediciones que se realicen en las transacciones comerciales. Lo anterior, se realiza a través de cada una de las dependencias de la administración pública federal.

En la fracción XIII del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establece que corresponde  a la Secretaría de Economía “Establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias para la actividad comercial; así como las normas y especificaciones industriales”. Así, en la vigente Ley Federal Sobre Metrología y Normalización se establece que las Normas Oficiales Mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para la protección de los intereses del consumidor; en este caso, también lo son respecto de los consumidores del servicio de suministro de energía eléctrica.

En el artículo 29 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se establece que los productos, equipos, maquinaria, instrumentos o sistemas que utilicen para su funcionamiento y operación la energía eléctrica, quedan sujetos al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas.

En el caso que nos ocupa, se debe hacer referencia a los instrumentos con los que es posible determinar con precisión y claridad el consumo de energía eléctrica, los W atthorímetros. Estos se encuentran regulados por la Norma Oficial Mexicana NOM-044-SCFI-2008, Watthorímetros electromecánicos-Definiciones, características y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2009.

Es decir, conforme a la normatividad referida, esta Comisión de Energía estima que se puede concluir que la medición y visualización clara y correcta de la energía consumida por un usuario del suministro de energía eléctrica ya se encuentra prevista y regulada, a través de diversa legislación, así como por todas y cada una de las características que exige para ese efecto la Norma Oficial Mexicana NOM-044-SCFI-2008; es decir, la iniciativa no fundamente ni justifica de forma fehaciente la necesidad de modificar el artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para garantizar la certeza en la medición y cobro de la energía eléctrica.

Cuarta. En síntesis, los integrantes de esta Comisión de Energía consideran que la reforma planteada por la diputada Pola Figueroa fue presentada en un contexto normativo distinto al vigente, toda vez que en fecha posterior a su presentación se ha expedido nueva normatividad en materia de facturación y formas de pago; no se aprecia la forma en que impactaría de forma positiva en la esfera del usuario del servicio de suministro de energía eléctrica; es omisa en establecer las razones, motivos o circunstancias por las que considera que la metodología en la periodicidad de lectura del consumo de electricidad que se propone dará mayor certeza al usuario del servicio eléctrico nacional en el importe de su factura; y, finalmente, podría ocasionar gastos adicionales en la administración de Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, se estima viable desechar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Por lo expuesto, es que los diputados integrantes de esta Comisión de Energía sometemos al pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

IV. Acuerdo

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2012.

La Comisión de Energía, diputados:Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto, Javier Treviño Cantú (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), German Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximenea Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.»

El Presidente diputado José González Morfín: Están a discusión. No habiendo quien solicite la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

1o. DE DICIEMBRE

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos a los hechos ocurridos el fin de semana pasado en la Ciudad de México. Informo a la asamblea que se han registrado para referirse al tema los siguientes oradores: la diputada Sonia Rincón, el diputado Manuel Huerta, la diputada Luisa María Alcalde, el diputado Antonio Cuéllar, la diputada Aleida Alavez, el diputado Juan Jesús Aquino y el diputado Arnoldo Ochoa.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza rechazamos de manera categórica la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones y promoventes; desde aquel acto vandálico que destruye la propiedad privada y atenta contra la integridad de las personas, hasta la violencia institucional, que por falta de capacidad recurre a la arbitrariedad y violación de los derechos humanos.

Tampoco debemos olvidar que la violencia no solo es física, también se manifiesta a través del discurso de odio y rencores.

Cada quien es responsable de sus actos y quienes quebrantaron la ley deben asumir su responsabilidad. Pero no podemos ignorar que estos acontecimientos son consecuencia de la virulencia de ciertos grupos radicales.

En épocas de crisis y confusión —como las que vivimos— cuando la violencia y los conflictos hacen que peligre la convivencia pacífica y obstaculicen el ejercicio de la libertad, es necesario que prevalezca el estado de derecho democrático, en el cual se observen y se respeten principios fundamentales, como el de la supremacía del derecho y de la racionalidad, y otros como el de la equidad social de profesionalismo, eficacia y honradez en el desempeño de la función pública.

Bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que la libre expresión y manifestación de las ideas sea pretexto para actuar fuera de la ley. Todas las voces deben de ser escuchadas y atendidas. Esa es una obligación de cualquier gobierno democrático, pero siempre atendiendo principios, como la tolerancia, el respeto a la ley y a la legalidad.

Sabemos que es responsabilidad primordial del Estado velar por los derechos y libertades del ciudadanos y entre los derechos, el relativo a la seguridad, a la protección de la integridad física de la persona y a la salvaguarda de sus bienes, constituye la base y condición necesaria para el ejercicio de los demás derechos indispensables para gozar de una vida digna.

En este mismo contexto es obligado señalar que para el Estado debe de ser una prioridad la necesidad de que todos los servidores públicos, especialmente los encargados de la fuerza pública, actúen en el marco de la ley y siempre velando por la protección de los derechos humanos, como elemento constitutivo del sistema democrático.

Nos parece grave que de confirmarse la información de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, existan grupos que de manera abierta y premeditada hayan participado en las protestas del primero de diciembre, con el único objetivo de generar violencia.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que la acción social es una forma de participación que tienen algunos grupos para manifestar su rechazo o inconformidad siempre de algún tema determinado. Con lo que no estamos de acuerdo, bajo ninguna circunstancia, es con el uso de la violencia física que atente contra la paz social.

De igual forma, consideramos que las autoridades encargadas del orden deben actuar de manera oportuna y eficaz para garantizar el orden e impedir el quebranto de la ley, pero eso no significa que actúen de manera desproporcionada y ejerzan la misma violencia que estamos condenando; las autoridades deben ser el primer referente para actuar con profesionalismo, prontitud y con apego irrestricto a los derechos humanos de los detenidos.

Finalmente, exhortamos a que las autoridades encargadas de realizar las investigaciones actúen de manera imparcial, profesional y objetiva para deslindar responsabilidades de todos los involucrados. No podemos aceptar que en aras de resolver este asunto de manera mediática se fabriquen delitos y culpables, o se quiera estigmatizar a personas o grupos.

Compañeras y compañeros legisladores, la violencia no es una solución para resolver los múltiples problemas que nos aquejan como sociedad; la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, siempre va en contra de cualquier régimen democrático y es obligación del Estado preservar la seguridad de la ciudadanía velando por la protección de los derechos humanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con su permiso, presidente. Contrastando con nuestra vocación pacifista —que inclusive nuestro vicecoordinador parlamentario, en su discurso de posicionamiento enunció y hasta dijimos porqué veníamos vestidos de blanco, pues algo así nos temíamos que iba a pasar— cada uno de los miembros de esta Cámara de Diputados y toda la nación fuimos testigos de que el primero de diciembre este recinto legislativo era una fortaleza.

Cada una de las calles o avenidas que circundan al Poder Legislativo fueron bloqueadas con barreras metálicas de más de dos metros de altura, resguardadas por militares del Estado Mayor Presidencial, policías federales, granaderos y policías judiciales del Distrito Federal.

Este operativo inició con bastantes días de anticipación, generando el descontento de los ciudadanos que habitan en la periferia, por la instalación de miles de vallas, medidas de seguridad que fueron calificadas por el jefe de Gobierno de la ciudad como excesivas.

Sobre el particular, el diputado Murillo Karam, entonces diputado presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara y responsable de la seguridad del recinto, señaló que se trataba de una medida de prevención sana.

Ya lo dije en su presencia, es una lástima que no haya contribuido desde su todavía representación a esclarecer los hechos. Habrá tiempo y esperamos que lo haga en su nuevo encargo.

Nosotros queremos dar algunas ideas que ayuden a esclarecer y a quitar este clima que ha tensado a la nación. Miren, en el ámbito político un gobierno autoritario implementa estrategias y acciones para someter mediante la fuerza, la amenaza o el chantaje a los disidentes. La construcción del discurso de la violencia para justificar la agresión y represión a la disidencia adopta diversas estrategias:

Primero. El mediático, a través del uso y abuso de los medios de comunicación para permear un ambiente social de violencia, en el que solo una de las partes en el conflicto expone su visión o punto de vista.

En los canales de televisión abierta se ha reiterado la vinculación de actos violentos con los nombres de organizaciones de la sociedad civil como ASTAC, Yo soy 132 y organizaciones sindicales como la CNTE, y en forma más simple e intolerante con Andrés Manuel López Obrador, cuando éste y éstos, y él convocó en forma pacífica a manifestarse en diversos puntos del país en los que no se presentaron actos vandálicos. Sin embargo, la intolerancia política y los comentarios irresponsables lo han conectado con los hechos que hoy se comentan.

Segundo. El logístico. A través de la presencia abierta y provocativa de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad pública, no solo a través de la construcción del muro en torno a San Lázaro, sino a través de rondines que se realizaban en la periferia.

Tercero. La muestra de la fuerza dirigida para inhibir la participación en grupos sociales de oposición. Si partimos de la buena fe de las declaraciones de los detenidos y sus familiares, se procesa a ciudadanos que no corresponden a quienes realizaron actos vandálicos en la periferia de San Lázaro y en el Centro Histórico.

En la construcción del sistema democrático, es necesario abonar a la legalidad y consecuentemente a la transparencia para construir la legitimidad en el gobierno y más en el uso ocasional de la fuerza pública, con el objeto de evitar la distorsión de la protesta social legítima.

Debe entenderse que en política el disenso es el mejor ejemplo de la superioridad ética y política de la democracia sobre otros sistemas políticos. A estas alturas del desarrollo de la política nacional debe entenderse que la democracia institucional y las estructuras de gobierno deben estar preparadas y sensibles, no solo para tolerar la disidencia, sino para considerar sus razones y argumentos como vía de reforma, cambio social e integración de políticas públicas.

Los titulares del poder político deben comprender que las manifestaciones sociales, en oposición a ciertas leyes o políticas públicas, no tienen por qué ser interpretadas como actos de desobediencia a la ley; disidencia que tampoco debe criminalizarse, porque al hacerlo, con ello se construye un ambiente de intolerancia y se justifican actos represivos de fuerza y violencia que atentan contra los derechos humanos que obligadamente deben garantizarse en un sistema político democrático.

Señores y señoras diputados, esta Cámara a través de sus leyes y posicionamientos políticos claros y razonables, debe prever vías para garantizar que la construcción de consensos y de nuevas instituciones se realicen atendiendo a la dignidad humana y a los intereses sociales de quienes nos eligieron como sus representantes.

En una sociedad, que pretende ser calificada de democrática, la desobediencia civil o la objeción de conciencia deben ser referentes de cambio para la actualización de los ideales del estado de derecho con bases justas. Es indispensable implementar políticas y prácticas que abonen a la transparencia y legalidad del uso de la fuerza pública.

Es necesario conocer la verdad de los hechos y la responsabilidad, no solo de los jóvenes que participaron en los actos del primero de diciembre, sino además de los resultados de la coordinación de las fuerzas de seguridad pública federal y del Distrito Federal, de sus estrategias de disuasión y contención de los actos de ataque, atendiendo a que sea publicitado el conocimiento por parte de los órganos de gobierno y cuerpos de seguridad, de que determinados grupos y personas que atendían a actos de provocación previamente definidos.

Voy a culminar. Por ello, esta Cámara de Diputados se encuentra obligada a esclarecer los hechos de violencia, que desde nuestro análisis constituyen una estrategia política cuyo objeto es crear ambientes que justifiquen el uso de la fuerza pública ante cualquier manifestación social de inconformidad, con la finalidad de que el Estado preserve el orden y la paz pública, condiciones necesarias en todo régimen.

Nuestra Constitución, al proponer la inviolabilidad de los derechos humanos de los individuos, establece un límite insuperable a la acción de los gobernantes y las instituciones.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal está obligada a garantizar los derechos de los detenidos, en base a la legalidad e imparcialidad —culmino— en su actuación. De igual forma, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y su similar del Distrito Federal deberán de informar de sus acciones.

Es por eso también que nos solidarizamos —y con eso me bajo— con las demandas de los jóvenes del país. Queremos justicia; queremos libertad para los presos políticos; queremos la presentación de los desaparecidos, y queremos un castigo a los responsables intelectuales y materiales del operativo y montaje, que desde nuestro punto de vista se dio el primero de diciembre, y del cual aquí la Cámara de Diputados —lo seguimos reiterando— es corresponsable, hasta que no nos aclaren los que fungieron como representantes de nosotros cómo se dieron estos mecanismos de coordinación con la propia Cámara de Diputados. Esperamos la respuesta de todos ustedes.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame. Sonido en la curul en que se encuentra el diputado. Dígame, diputado.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (desde la curul): Creo que me escucha así. Señor presidente, nada más para dejar constancia que así como usted ha sido benevolente al otorgarle al orador más de dos minutos con 53 segundos, esta misma actitud tenga con todos los legisladores, aunque no pertenezcamos a esa bancada. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Siempre lo he sido, diputado. A nadie le he quitado la palabra, pero sí les he llamado a través de la campanilla al tiempo, cuando se pasan un minuto del tiempo que les corresponde, pero seré igualmente tolerante con todos. No puedo serlo de otra manera.

Tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:El día de hoy vengo a hablar acerca de los acontecimientos ocurridos el primero de diciembre pasado, sin duda, desafortunados.

Estamos dolidos de que nuestro país haya sufrido una vez más el desconsolador azote de la indiferencia ante su gente; estamos dolidos de ver lo que somos capaces de hacernos los unos a los otros, cuando nos olvidamos que todos somos seres humanos y que pese a nuestras diferencias, compartimos todos la misma esencia.

Estamos desconcertados por confirmar que nuestras propias creaciones, el dinero y el poder, más que servir al desarrollo de la sociedad sirven solo para demostrar que la codicia y el egoísmo no solo están a la orden del día, sino que son capaces de desencadenar batallas tan cruentas, como las que vivimos el sábado; una batalla que perdimos todos los mexicanos y no sé si alguien tenga el cinismo de decir que la ganó. Espero por el bien de nuestro país que no.

Estamos sorprendidos por los acontecimientos que sucedieron el sábado, no porque hayan sido eventos sin precedentes en este país; al contrario, por desgracia sí tienen precedentes, y muchos.

Lo que nos sorprende es que la fórmula siga funcionando a quien la aplica, a quien lucra con dividir al país a través de infiltrados, cadenas y gas lacrimógeno.

El sábado, los diputados y las diputadas de esta Cámara presenciamos, bajo estado de sitio, encerrados, aislados de la sociedad, la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, quien compró la Presidencia lucrando con la gente más pobre de este país.

Pero la gente no se quedó tranquila en su casa, decidieron que si Peña Nieto vendría aquí, entonces los que iban a salir a tomar la protesta, como estandarte, serían ellas y ellos, la ciudadanía; con consignas y pancartas, como herramientas de manifestación, salieron a las calles a decirle al PRI, que podrían haber regresado al gobierno, pero que ellos no iban a regresar a ser los mismos gobernados.

Ni se nos acerquen, pretendía decir el cerco. Pero la gente salió y cuando llegaron a las vallas se percataron que ya los esperaban miles de elementos de la Policía Federal, armados con equipos antimotines, lanzagranadas de gas, cascos, escudos, macanas y esos terroríficos rifles de balas de goma, que fueron capaces de perforarle el cráneo a un profesor de 63 años y hacer que un joven perdiera un ojo.

Ante ese escenario, con todos los elementos para el caos, servidos a la mesa, sucedió algo inevitable: emergieron los provocadores, los infiltrados, que cobardemente se escondieron entre los ciudadanos pacíficos, entre los profesionistas, los estudiantes, los artistas, los niños y las abuelas, surgieron —no sé de dónde, no sé si pagados o no— pero surgieron, a jugar el juego de la violencia y vaya que se encontraron con sus pares.

A los policías les lanzaron de todo, aquellos que absolutamente nada tenían que ver con la población, que se manifestaba pacíficamente. Pero la policía respondió parejo, comenzaron las agresiones, usaron su armamento para embestir a provocadores y pacifistas indistintamente; no les importó si eran o no responsables de alterar la paz social, empezó todo un día de persecuciones, de golpes por igual y al por mayor.

Ahí están los videos que muestran una y otra vez cómo a quienes aprehendían eran a los que se separaban de sus grupos, a jóvenes que cargaban libros y aguas en sus mochilas. Sin duda había agresores, pero ante la incapacidad policiaca por controlarlos, decidieron detener a quien cayera. Daño colateral, le llaman ellos.

Pues déjenme decirles algo, para nosotros no hay daños colaterales; Edgar, Marcos, Jorge Alberto, Eduardo, Elizabeth o Regina no son daño colateral, son estudiantes ejerciendo sus derechos. No permitiremos que impunemente aprisionen a quien su único delito fue sucumbir ante unas fuerzas armadas que desproporcionadamente los agredían y perseguían; no permitiremos que califiquen como delincuentes a quienes son víctimas. Que se castigue a los que causaron los daños, pero solo a ellos ni a uno solo de quienes ejercían su derecho a la libertad de expresión.

Es cierto, estamos desconcertados, pero también estamos listos, listos para defender a quienes lo merecen, no solo a los detenidos injustamente, sino a todas las demás personas que no quieren un régimen de control, de autoritarismo y temerario.

Hoy es un día de luto, es cierto, pero no voy a pedir un minuto de silencio por las víctimas de los eventos del primero de diciembre, que somos la mayoría; voy a pedir seis años de alzar la voz a favor de los mexicanos y las mexicanas que no permitiremos que nos dobleguen por la fuerza, pero que tampoco usaremos la violencia para doblegar. Nada por la fuerza. No al autoritarismo. Todo por la razón, el entendimiento, la organización, la justicia y la paz. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Quiero aprovechar el momento para saludar y dar la bienvenida a esta sesión de la Cámara de Diputados a un grupo de ciudadanos procedentes del estado de Tlaxcala, que están aquí invitados por la diputada Leonor Romero. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También un saludo de bienvenida a un grupo de 50 alumnos del Colegio Hidalgo, de Texcoco, estado de México, invitados aquí por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de diputados.

Tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputado presidente. Honorable asamblea, son muchos los factores que confluyen en la vida de miles de mexicanos que los han arrojado a la marginación; para algunos, los servicios de salud no son suficientes o no son dignos; para otros, la falta de trabajo les impide tener una vida plena; para muchos, la violencia los hace presos en las esquinas y les arrebata su tranquilidad y sosiego. La discriminación aplasta y segrega; la distancia entre la gente nos divide.

En la fracción del Partido Verde Ecologista de México somos conscientes de nuestra realidad —dolorosa en ese grado— que se acentúa cuando tenemos en cuenta que vivimos en un estado democrático de derecho, en una democracia como una forma de convivencia política, social y jurídica, en la que lo que se hace debe manifestarse a ultranza para beneficio del pueblo; democracia en la que todos deben ser oídos para tomar las decisiones que, al menos con la mayor generalidad posible, cumpla ese objetivo.

En toda la historia y en todo el planeta hay líderes, una figura paradigmática es Mahatma Gandhi, en la India; él demostró que sin ejercer ningún acto de violencia ni de resistencia se pudo liberar a una nación del yugo impuesto por una de las potencias más poderosas del orbe. Solo a él se atribuye el éxito de la resistencia civil pacífica, actos verdaderos de oposición que no violentaron la tranquilidad y la seguridad pública, actos que generaron un clima de legitimación de tan alto nivel, que desembocó en la independencia de su país.

El valor de Gandhi en este movimiento se debió a la máxima racional de obrar de modo tal, que el actuar sea un ejemplo para todos.

La historia de México no podría ser más abundante de ejemplos sobre actos de violencia, pero es más rica aún con respecto a actitudes nobles. Son las posiciones divergentes e incluso contrarias las que siempre nos han enriquecido, porque un Estado democrático es aquel en el que las voces de todos se escuchan, y es en ese contexto que los opositores del gobierno no solo son convenientes, sino necesarios, en la medida en que constituyen la voz y el sentir de una minoría social pujante.

A lo largo de los últimos años México ha venido construyendo las instituciones a través de las cuales se logre afianzar un mismo propósito que todos los mexicanos nos hemos planteado: la gobernabilidad democrática con estabilidad. El reclamo de nuestra gente se atiende y se seguirá atendiendo cada vez con más vigor, porque su sentir y sus demandas se han canalizado siempre a través de las formas y conductos que establece la ley.

México tiene hoy un Congreso cada vez más representativo. Ningún Estado democrático se erige en el aire, siempre requiere de los cimientos firmes del derecho y con él de sus instituciones. Errada e ignominiosa es la apreciación de algunos que se ufanan de mandar al diablo las instituciones.

Los actos vandálicos perpetrados el sábado pasado, en las proximidades de este recinto legislativo o en el centro de la Ciudad de México y en las cercanías de la columna de la Independencia, no constituyen un reclamo legítimo del pueblo mexicano, no es la voz ni el sufrimiento de la mayoría ni siquiera de los que sufren.

La percepción de los que ven en el esfuerzo de México un Estado putrefacto constituye una visión distorsionada de la realidad; una postura que más bien se ajusta a una agenda de intereses personales, en la que quienes la enarbolan se conciben como vencedores en su propósito, en la misma medida en la que la mayoría de los mexicanos se tropiezan y pierden; un anarquismo premeditado cuyo fin perverso consiste en volverse profetas de una desgracia por ellos mismos construida; sueños de gigantismo, que han hecho del descrédito, la violencia, la cerrazón y la agresión un modo de operación. El pueblo de México no quiere seguir ese camino.

Condenamos enérgicamente y categóricamente los acontecimientos que tuvieron lugar el primero de diciembre pasado. En el Partido Verde reprobamos lo que hicieron, así como cualquier acto que —con el mismo propósito y de quien venga— se lleve a cabo fuera de las limitaciones y condiciones que prudencialmente fijen las leyes.

Demandamos que se realicen a fondo las investigaciones y que tras que se identifiquen y procesen a los responsables, se les haga y se les imponga el castigo que establece la ley; exigimos que se esclarezcan los hechos y que se descubra a los que desde la sombra manipularon a los jóvenes. La revelación de su identidad, de sus intereses y objetivos constituye una razón de seguridad nacional.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado Cuéllar. Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Si le puede preguntar al orador si acepta una pregunta.

El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto. ¿Acepta o no? ¿Acepta una pregunta, diputado?

El diputado Antonio Cuéllar Steffan: No. No la acepto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No, no la acepta, diputado. Adelante, continúe con su intervención.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Pedimos que se aplique el castigo más riguroso que contemple la ley en contra de todos ellos y de los que pretendan la anarquía violenta como mecanismo de destrucción del Estado.

La voluntad mayoritaria del pueblo de México, aquí representado, se ha pronunciado a favor de la libertad, de la igualdad y del pluralismo, y en esta Legislatura con esa directriz seguiremos trabajando. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Roberto López Suárez: Gracias, señor presidente. Sobre los hechos acontecidos en la Ciudad de México el pasado primero de diciembre, en el marco de las protestas por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, como presidente de la República, el Grupo Parlamentario del PRD repudia todos los actos violentos que sucedieron el pasado sábado, cometidos por individuos no identificados, infiltrados en una protesta pacífica, y hay que reconocerlo, por algunos manifestantes, pero también por las fuerzas policiales que actuaron con brutalidad.

Exigimos una investigación pronta y exhaustiva del uso de la fuerza pública, excesiva, desproporcional contra manifestantes, así como la utilización de artefactos, como balas de goma, gases lacrimógenos, para la contención de manifestaciones que fueron convocadas por el movimiento Yo soy 132 de forma pacífica.

Que quede claro, esta manifestación estaba convocada de forma pacífica y sin embargo, se les recibió con un muro de más de dos metros, con balas de goma, con gases lacrimógenos y con un uso excesivo de policías vestidos de civil infiltrados y policías armados. A las puertas de San Lázaro pudimos ver como se pudo agredir a los estudiantes inicialmente por parte de la PFP.

De igual manera exigimos una investigación sobre la participación y relación de algunos grupos vestidos de civil, con el rostro cubierto y los guantes blancos en la mano derecha, que ahora se transformaron en negros, porque es la nueva versión de Los Halcones; peculiarmente la Policía Federal en todo momento estuvo en coordinación con ellos, antes y después de los disturbios.

En el Grupo Parlamentario del PRD expresamos nuestra extrañeza y preocupación por la forma en la que se quiere criminalizar las manifestaciones públicas, por la forma en la que se trata hoy a los detenidos.

El primero de diciembre es un ejemplo de lo que no puede volver a pasar en esta ciudad. Nos preocupa en especial la consignación de 11 mujeres, porque además en las fotografías, en los vídeos, en todos los testimonios de los enfrentamientos y saqueos, no hay mujeres participando y sin embargo, hay 11 mujeres que ya fueron consignadas al penal de Santa Martha.

También el PRD se solidariza con las familias de todos los que están detenidos injustamente. Hay que decirlo con claridad, no todos los detenidos estuvieron involucrados en los actos vandálicos y en los enfrentamientos, hay estudiantes y jóvenes inocentes detenidos en estos momentos.

Expresamos que esta investigación profunda, que además el gobierno del Distrito Federal ha señalado que se orquestó desde antes un complot —y hay que decirlo claramente— organizado por grupos extraños en coordinación con la Policía Federal; esta investigación que ha señalado el gobierno del Distrito Federal nos tiene que llevar a descubrir —como han dicho aquí algunos legisladores— quiénes son los que están detrás de estos disturbios; quiénes provocaron e incitaron a que manifestantes se enfrentaran con la policía.

La libre manifestación de las ideas es un derecho constitucional; las manifestaciones y las reuniones públicas son derechos que tiene que garantizar este nuevo gobierno y no puede emplearse la fuerza pública simplemente por manifestar su inconformidad con un nuevo gobierno.

El descontento y la protesta social que se caracterizó el primero de diciembre no fue particular en la Ciudad de México, fue en varias ciudades del país y en varias ciudades del país se demostró la nueva cara del gobierno, la nueva cara del PRI.

El PRD seguirá pendiente del proceso penal y las investigaciones de todos los detenidos y no vamos a defender a quien se demuestre que participó en los hechos violentos, que quede claro, pero sí vamos a pedir la liberación de quienes son inocentes.

Reiteramos que nuestro partido es un partido pacífico, que siempre está en el marco de la ley y que no vamos a tolerar arbitrariedades ni represión contra quienes quieran manifestar su inconformidad.

El ejemplo de ayer, de la marcha del Yo soy 132, es un ejemplo pacífico y sin embargo, los estudiantes ayer pidieron la liberación de muchos de los inocentes.

Que quede claro, no todo aquél que se manifestó el primero de diciembre participó en los disturbios; que quede claro, sí hubo infiltrados, y que quede claro, el gobierno federal no da un paso para poder atender las demandas sociales. Es una demostración de fuerza lo que hace en cada manifestación.

Durante estos últimos años, en la Ciudad de México se han dado más de siete mil eventos masivos que han congregado a más de seis millones de personas y no ha habido conflictos. Solamente hemos tenido dos conflictos precisamente en las marchas del 2 de octubre, y esos conflictos han sido generados por grupo porriles priistas. Así lo señalan las investigaciones que se han dado en los últimos años.

No estamos ajenos a que muchos de los manifestantes se hayan dejado llevar por los grupos de infiltrados, pero también sabemos que hay muchos inocentes.

Por último, quisiera señalar el uso de la fuerza excesiva por parte de la Policía Federal; sí se utilizaron armas, balas de goma. Lo han negado. Hay personas que están en coma en estos momentos en los hospitales y de eso no se dice nada, solamente de los actos vandálicos.

Pero también sabemos que hay videos que afortunadamente se tienen —y quien lo quiera ver— de cómo hubo una coordinación de grupos vestidos de civiles con la Policía Federal que infiltraron a los manifestantes y provocaron los enfrentamientos.

También quisiera decir que en el primer informe que presenta el doctor Mondragón, ya como funcionario federal, no aceptamos que señale a legisladores como posibles incitadores de la violencia.

Hoy Reporte Indigo da cuenta de ello, donde se señala al diputado Monreal, a la diputada Aleida Alavez, al diputado José Luis Muñoz, entre otros, como posibles incitadores a la violencia. No vamos a aceptar eso y pedimos que el gobierno federal investigue quiénes, desde el gobierno, incitaron la violencia el pasado primero de diciembre aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Juan Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, sonido en la curul del diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Pido la palabra antes, para alusiones, por favor, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Para alusiones de qué, diputado, perdón.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): El diputado me aludió por un tema de una información que aparece ahora en un medio de comunicación.

El Presidente diputado José González Morfín: Si me permite, diputado Monreal, quedan dos oradores en el uso de la palabra; es una agenda política pactada y al término del último de los oradores le doy la palabra para hechos, para que usted responda a esas alusiones, si no tiene inconveniente.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ha sido usted correcto en la conducción. Me espero al turno que me asigne, para hacer uso de la palabra.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Adelante.

El diputado Juan Jesús Aquino Calvo: Con su permiso, diputado presidente. El Estado democrático es aquel que garantiza todas las expresiones, las libertades y los derechos de sus habitantes.

En los últimos 12 años México ha consolidado su vida democrática gracias a que —entre otras cosas— sus gobiernos asumieron el respeto absoluto a la libertad de expresión, manifestación, prensa y demás libertades políticas fundamentales para consolidar la democracia.

En Acción Nacional creemos firmemente que en función de la dignidad y de la libertad humana todo régimen democrático debe respetar, promover y garantizar el ejercicio real de los derechos fundamentales de las personas; todo régimen que se considere asimismo como democrático debe respetar los derechos consagrados en nuestra Carta Magna, como son el derecho a la vida, a las libertades espirituales, a la justicia, a la educación, a la cultura, al trabajo y al descanso, a la propiedad, a la seguridad social, a la salud y al bienestar.

El ejercicio de estas libertades es una responsabilidad que no se limita únicamente a las instituciones; son, en primerísimo lugar, los ciudadanos quienes damos vida a los derechos y libertades de la vida democrática, y la democracia se fortalece con el voto libre, la participación directa, la expresión propia, la crítica, la exigencia, la tolerancia y el respeto.

Consideramos que cuando los ciudadanos se expresan, la democracia se fortalece y se generan bienes públicos, y justamente por nuestra lucha democrática hoy los panistas aquilatamos con toda precisión la genuina participación de los demócratas.

Fuimos en su momento oposición perseguida y denostada; participamos en la transición política que transformó nuestro régimen de un modelo autoritario a la vida democrática; hicimos un gobierno cuyas herramientas fueron siempre el diálogo y el respeto para todas las expresiones y todas las manifestaciones. Por eso sabemos bien que existen actores que no tienen esa vocación democrática y civil y que aprovechan las libertades democráticas para trastocar la convivencia y sembrar el virus de la confusión en nuestra sociedad.

Las provocaciones no son nuevas ni tampoco espontáneas ni ciudadanas. El camino de la violencia y la provocación no son el camino de los demócratas en México; por tanto, dando cuenta de quienes sí se manifestaron de manera libre, ejerciendo su derecho dentro del marco de la ley y cuidando a las instituciones, también el pasado primero de diciembre hubo una turba, sin el más mínimo afán de expresarse pacíficamente, que ocasionó daños al patrimonio de esta capital, que oscilan —según los cálculos— entre 950 millones y mil 700 millones de pesos.

Particularmente reprobables resultan los daños a edificios históricos, como el Hemiciclo a Juárez y a la Alameda Central, que apenas el pasado lunes 26 de noviembre habían sido reabiertos al público, después de varios meses de remodelación.

Las autoridades capitalinas —frecuentemente solapadoras de actores políticos radicales y violentos— no toleraron esta vez los excesos cometidos el pasado sábado y nos informan ya que hay detenciones y consignaciones de varias personas. Pero lo que más se lamenta, es que entre esas consignaciones y detenciones existen jóvenes y menores de edad.

Señoras y señores diputados, constituye una amenaza para la vigencia del estado de derecho y la democracia pretender quebrantar o mandar al diablo a las instituciones, por quienes so pretexto de manifestar inconformidades, lastiman a terceros, sin la más mínima consideración, poniendo en peligro siempre a los más vulnerables, poniendo en peligro la vida e integridad de personas inocentes.

El pluralismo político de México, la diversidad de sus convicciones, de nuestras convicciones y las tendencias e intereses políticos nos imponen la necesidad de discutir y de dialogar civilizadamente entre los diversos grupos y actores políticos del país, entre los grupos y entre el gobierno federal entrante. Ese mandato responsable que nos exige el ciudadano, en Acción Nacional lo tenemos bien claro.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional condena los hechos violentos registrados el pasado primero de diciembre del año en curso, que dañaron el patrimonio de la Ciudad de México y por ende, el patrimonio de todos los mexicanos y de la nación, y exige a las autoridades correspondientes investigar y aplicar todo el peso de la ley a los responsables de dichos actos, así como indemnizar conforme a derecho a los particulares que hayan sido perjudicados por estas acciones vandálicas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Arnoldo Ochoa González: Señor presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional expresamos nuestro respeto irrestricto a la libertad de expresión y de manifestación, y hacemos un enérgico rechazo a los actos de violencia y vandalismo que ocurrieron en la Ciudad de México el día primero de diciembre, pues constituyen a todas luces actos delictivos, que deben ser castigados como tales en el marco estricto de la ley.

Hubo conductas que nada tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación que consagra nuestra Constitución y que todos apreciamos como uno de los derechos inherentes a nuestra vida democrática.

La sociedad mexicana, como toda sociedad moderna, presenta una pluralidad de intereses, proyectos, aspiraciones, necesidades, visiones que dan muestra de una amplísima diversidad social, étnica, cultural, ideológica y política, que robustece nuestra democracia cuando se dan en un contexto de respeto y tolerancia.

Ese respeto necesariamente implica el reconocimiento del otro y el entendimiento pleno de que su conjunto de valores o ideologías es tan atendible y legítimo como el propio; de otra manera lo que se está perpetrando es la intolerancia hacia el distinto, del que no piensa igual ni comparten una visión determinada del mundo. Eso es lo que ha abierto paso en otros tiempos a las concepciones excluyentes que llevan al totalitarismo.

Nuestro grupo parlamentario reconoce que en la pluralidad está una de las principales fuerzas de la sociedad mexicana y una de las principales palancas de su vocación de cambio. Por eso rechazamos la violencia como mecanismo de imposición de la voluntad de los menos sobre los más, que corresponde un modo de relación no civil ni civilizado.

Llamamos a todas las fuerzas políticas a unirnos en ese rechazo a la violencia y a privilegiar los instrumentos de la política para que este Congreso asuma el papel determinante que le corresponde, junto con los otros dos Poderes de la Unión, en la recuperación de la paz y la tranquilidad que la sociedad reclama.

Es tiempo de construir una democracia en la que quepamos todos, con una participación activa de los órganos de gobierno, pero sobre todo de los ciudadanos y sus organizaciones. La única fórmula capaz de ofrecer un cauce productivo a la pluralidad es el espacio donde quepan por igual el respeto, la estabilidad y el cambio.

Éste es el tiempo del diálogo, de los acuerdos y del consenso; es el momento de construir canales de comunicación para estar en posibilidad de hacer realidad los anhelos y aspiraciones de la sociedad nacional.

Esta Cámara debe ser un factor clave de la gobernabilidad democrática; estamos convencidos de que nuestra posición debe ser a favor de la política, como expresión más alta de la civilización; estimamos indispensable que las personas detenidas sean procesadas conforme a derecho, apegadas al marco legal y constitucional vigentes, que tengan, en suma, un debido proceso.

Corresponderá a las autoridades del Distrito Federal garantizar derechos e impartir justica. Nuestro reconocimiento a las autoridades capitalinas, que desde un principio solicitaron la presencia e intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En nuestro grupo parlamentario estamos por el respeto a la libertad de expresión, pero no creemos que este derecho pueda hacerse valer mediante el empleo de petardos, la destrucción de mobiliario urbano y el ataque a las fuerzas encargadas de la preservación del orden público.

Nuestra libertad de derecho —como cualquier otro derecho humano— termina justo cuando se transgrede la ley, cuando se afecten otras prerrogativas, como la libertad de tránsito y la propiedad.

Las bombas molotov no construyen la democracia ni la sociedad moderna a la que aspiramos todos quienes queremos preservar el estado de derecho y aspiramos a una sociedad más democrática. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Ha concluido la lista formal de oradores en agenda política. Sin embargo, en razón de que fueron aludidos y mencionados en una comunicación, le voy a conceder el uso de la palabra al diputado Ricardo Monreal y a la diputada Aleida Alavez, por tres minutos a cada uno e inmediatamente después preguntaremos a la asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, miren, cuando escucho estos discursos retóricos me hacen recordar y revivir los discursos de Díaz Ordaz, cuando hablaba —como aquí se habla— de la preservación del orden jurídico, del estado de derecho, del ataque a las instituciones y a nuestra democracia; es un discurso que están sacando de los enlatados más arcaicos para justificar actitudes totalitarias y actitudes francamente insostenibles e inaceptables.

Claro que vemos con preocupación y con indignación lo que está pasando. Es una pena que el señor Mondragón ahora sea policía político; no me preocupa, el que nada debe nada teme. Estoy acostumbrado a luchar contra estos lambiscones, que cambian de color de piel cada vez que la temporada se termina y se inicia la otra. No me preocupa.

Pero fíjense ustedes que en efecto, no solo agredieron a ciudadanos, incluso la diputada Yazmín Copete fue agredida, ahora está lesionada, estaba frente al Senado y fue agredida por la policía.

El sábado y el domingo estuve en la agencia 50, con los familiares y padres de familia; les aseguro que la desesperación, la impotencia, el agravio que sentían no se podía ocultar. Estuvimos ahí y con quienes platicamos, todos ellos, gente humilde, maestros universitarios, maestros de primaria y de secundaria, jóvenes muy lejanos a estos jóvenes seguidores de Hitler, que su dios es el dinero, el yate, el pasar por aeropuertos con millones de pesos, con toda impunidad, y ahora con la cantaleta de que el discurso del dirigente social más importante del país, López Obrador, es el que es el responsable de todo.

Es impresionante que estos jóvenes mediocres, que estos jóvenes parecidos a Hitler culpen a Andrés Manuel López Obrador. No lo admitimos. No podemos aceptarlo y me parece que lo único que provocan es incendiar más la pradera, cuando deberían tener un tono más mesurado, un tono más ecuánime, un tono más republicano.

A nosotros nos parece muy grave que se encarcele a los jóvenes; se les ha secuestrado a los jóvenes, se les ha robado de la esperanza, se les ha condenado a no tener alternativas, a no tener posibilidades de estudiar o de emplearse en un lugar digno, y ahora su único lugar es la cárcel, encarcelarlos porque se atrevieron a mostrar su inconformidad contra la imposición.

Por eso nos preocupa y por esa razón no me preocupa lo que diga este bribón de mí; soy un hombre honesto y me enfrentaré a este tipo de pelafustanes que hay en todo régimen. Desde la Revolución Francesa, con Fouché, sé a lo que se dedican. Pero cuando uno está limpio, no pasa nada.

Por esa razón le reclamo a la policía política, que encabeza Mondragón, cese la persecución y la investigación política contra dirigentes políticos; se dedique a perseguir delincuentes y deje trabajar a quienes nos oponemos a este régimen de oprobio y de corrupción. Presidente, muchas gracias por su tolerancia.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Antes de darle la palabra a la diputada Aleida Alavez, quiero saludar a un grupo de alumnos de la Escuela Libre de Derecho, de segundo año, que asisten hoy aquí a nuestra sesión, junto con su profesor, el licenciado Francisco Borrego. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

También saludo a un grupo de alumnos de la Universidad Hispana de Derecho, de Puebla, del campus Puebla, que están aquí invitados por el diputado Víctor Manuel Manríquez González.

También, de la misma universidad, del campus Ciudad Serdán, a otro grupo de alumnos que están, también de derecho, invitados por la diputada Ana Isabel Allende Cano.

Finalmente, también saludamos y le damos la bienvenida a esta sesión a un grupo de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Economía, que están aquí invitados por el diputado Edilberto Algredo Jaramillo. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): Diputado presidente, solicito a usted el uso de la voz para hechos sobre el tema y además, por alusiones personales.

El Presidente diputado José González Morfín: Le daré el uso de la palabra después de la diputada Aleida Alavez, también por tres minutos, para que conteste alusiones personales. Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado presidente. Ya mi compañero Roberto López, del Grupo Parlamentario del PRD, fijó la postura de mi partido al respecto.

Obviamente la condena unánime que hemos hecho sobre la violencia en esta ciudad, que además ha costado mucho trabajo edificarla, no solamente en cuanto a su infraestructura —que mucho trabajo cuesta a veces que se nos reconozca el presupuesto necesario— sino también en cuanto a las libertades —creo que es una ciudad de libertades— y que ahora tuvimos un hecho que no podemos dejar pasar sin un análisis detenido, que sí me gustaría llamar a la atención para que todos los grupos parlamentarios lo hagamos con responsabilidad, porque de los hechos más lamentables que estamos documentando, este coma inducido del profesor Juan Francisco Kuykendall, no hemos tenido información alguna.

Hay personas que se han señalado de los agravios que tuvieron a los alrededores de esta Cámara de Diputados; disparos de balas de goma, que no sabíamos si se seguían utilizando por parte de la policía y que la Policía Federal ocupó el pasado sábado en las inmediaciones de esta Cámara de Diputados.

¿Quién dio la orden? ¿Cómo fue que la agresión llegó al grado de quitarle la vida, porque prácticamente se le quitó la vida a este profesor? Porque todos vimos y tenemos los testimonios de la masa encefálica que está expuesta y que por eso tiene el coma inducido.

Entonces, sí quisiera hacer un llamado muy puntual para que nos indique el Estado Mayor Presidencial, la propia Procuraduría General de la República si tiene detenidos, porque hay 11 que todavía no se detectan en dónde están y qué fue lo que pasó con ellos.

Estamos haciendo una revisión muy puntual de quiénes fueron los detenidos, en qué momento, si hay o no esta vinculación con los hechos violentos. Lamentablemente en algunos casos no lo hay, y por eso hemos estado sugiriendo y pidiendo que se apegue a un debido proceso toda esta vinculación de quienes se manifestaron en los hechos violentos.

Creo que ésa es nuestra máxima responsabilidad, porque además solamente por la información pública nos hemos enterado que a pesar de estar en coma inducido, los elementos de la Policía Federal están a las afueras de donde lo atienden, con una orden de aprehensión en contra de quien fue agredido por la Policía Federal.

Esto es un absurdo, creo que no podemos empezar con estos hechos esta nueva etapa que va a vivir el país y que no le queremos augurar el regreso al pasado. Eso es lo que creo.

Necesitamos todos cerrar filas para evitar esa policía política, esa forma de criminalizar a detractores políticos, que es muy fácil señalar con efectos ideológicos o políticos el que puedan ser solamente los partidos o quienes son afines a los partidos. Esto va más allá, creo que es la responsabilidad de la actuación de la autoridad, y eso es lo que no se ha señalado.

Necesitamos ubicar a los responsables de un uso excesivo de la fuerza, el que hayan ocupado y que hayan disparado en contra de los manifestantes. Es muy distinto a estar estableciendo las responsabilidades de los manifestantes por medio de videos, a nosotros también solicitar que haya ese señalamiento puntual de porqué dispararon los policías federales a las afueras de esta Cámara.

Creo que ésa es la parte que necesitamos aclarar y nosotros sí hacemos un llamado enérgico para que la PGR nos diga si hay detenidos allá, quién dio la orden del disparo aquí, en las inmediaciones de la Cámara, y que además solicitamos que haya apego al debido proceso en todas las órdenes de aprehensión que se desataron en contra de los manifestantes. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Finalmente, tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, la diputada Copete Zapot.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados; medios de comunicación; público presente. La represión del primero de diciembre en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, es una muestra de cómo se impondrá la violencia del Estado para reprimir y criminalizar la protesta y la movilización social.

Fui testigo presencial de cómo se utilizó de manera excesiva y desproporcional el uso de la fuerza pública para reprimir la manifestación pacífica que se llevaba a cabo en las inmediaciones del Senado de la República, sobre el Paseo de la Reforma.

Al percatarme de este abuso de la fuerza pública, con uso, abuso de violencia y sin ninguna tolerancia agredían a una persona de la tercera edad y jóvenes para llevárselos, intervine para impedirlo y afortunadamente pude impedir que a muchos ciudadanos se los llevaran en el autobús que traían ex profeso para irlos metiendo, como quien mete animales a un corral.

En ese momento fui empujada, los policías se me fueron encima, hasta que me provocaron un esguince, y el médico de aquí de la Cámara me ha ordenado radiografías para dar un dictamen médico fidedigno.

Compañeras y compañeros diputados, entregaré a la Presidencia de la Mesa Directiva videos en donde se acredita cómo la manifestación que se desarrollaba era pacífica, para acabar con esta política mediática y de linchamiento, en donde se señala de manera irresponsable que militantes de la izquierda y los movimientos sociales fuimos los responsables de los acontecimientos violentos del primero de diciembre.

La represión fue definida y diseñada días antes del primero de diciembre, esto quedó claro cuando se ordenó sitiar y tomar posesión de los espacios estratégicos de la Cámara de Diputados y enviar el mensaje de fuerza por parte de quien ha asumido el poder. Esto es, de que no se permitirán las manifestaciones.

Ha quedado exhibido este regreso por aplicar la violencia del Estado; esto quedó de manifiesto cuando los medios de comunicación y los corresponsales extranjeros han sido los que han difundido las imágenes de cómo los policías utilizaban las bombas lacrimógenas, los carros lanza-agua, la utilización de balas de goma, para reprimir a los manifestantes.

Estos actos violentos nos trajeron a la memoria la República de Chile, bajo la bota de Pinochet. Pero lo más grave de la violencia del Estado mediante la represión del primero de diciembre fue la coexistencia represiva, la participación y coordinación de personas vestidas de civil y con el rostro cubierto, que aparecen con elementos de la Policía Federal y de la Policía del Distrito Federal. Un gobierno de izquierda no debe utilizar la violencia del Estado y la fuerza bruta para reprimir a los manifestantes.

Es por eso que desde aquí exigimos una investigación escrupulosa de los hechos y se deslinden responsabilidades, con estricto apego a derecho, y en consecuencia, la liberación inmediata de los inocentes que mantienen en las cárceles.

Compañeras y compañeros diputados, su servidora fue agredida, golpeada y no porque estuviera incitando; al contrario, fui a rescatar —valga la expresión— a compañeros, a ciudadanos, a gente que estaba siendo violentada en su libre derecho de manifestación y afortunadamente lo pudimos impedir; cuando se corrió la voz de que era diputada, la misma policía se replegó, pero el mal ya estaba hecho.

Aquí está el vídeo que en un momento determinado prueba lo que estoy dejando de manifiesto en esta tribuna.

Diputado presidente, gracias por su tolerancia. Desde aquí lanzamos nuestra más enérgica protesta y rechazo a estos actos violentos, que no pueden ser el distintivo de nuestra patria.

También es oportuno hacer el llamado a Televisa, a TV Azteca, a estos medios vendidos, para que digan lo que realmente pasó y no se vuelvan tapadera de quien ahora gobierna. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Sí, señor presidente, usted ha dirigido desde mi punto de vista, muy bien esta sesión. Solamente, como entiendo que ya va a culminar, quisiera hacerle una pregunta a usted, porque el día de hoy para mí es muy importante saber si ha recibido alguna información escrita o verbal de parte del diputado, que ya no es diputado hoy, sobre los hechos.

Ya oí a la diputada Aleida, en calidad de vicepresidenta manifestarse y decir que no conoce nada; pero usted hoy que presidió, porque Murillo Karam dijo que él había estado telefoneando, que tenía información, y los hechos a mí se me hacen —por acción u omisión— criminosos y quisiera saber si usted nos puede informar algo de lo que hemos estado exigiendo aquí los diputados conocer. Quisiera saberlo de su propia voz.

El Presidente diputado José González Morfín: Lo que ofrezco, diputado, es que la información que llegue a la Mesa Directiva, a la Presidencia, la haremos pública en el momento en que la tengamos; en cuanto la tengamos, diputado, con mucho gusto.

No tengo en mis manos algo que pueda hacer en este momento público, pero ofrezco que lo que llegue de información se hará del conocimiento de todos los diputados y diputadas, con mucho gusto.

ESTADO DE TABASCO

El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día y de conformidad con el artículo 76 del Reglamento, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Tabasco, para que etiquete y transparente los recursos de la solicitud de crédito que le fue autorizado por el congreso estatal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Es un día triste, desde hace varios. Hoy abriendo la prensa —nada más como muestra un botón de cómo se está convirtiendo este país en un país de cínicos— encontramos tres noticias en las primeras planas; una, Monex y Soriana, quejas infundadas; dos, Alanís, mujer del año; tres, credibilidad del Tribunal Electoral consolidada. Es impresionante.

La corrupción, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, se ha convertido en un cáncer que permea en todos los niveles del gobierno de nuestro país, haciendo que los recursos públicos, lejos de ocuparse en las múltiples necesidades de la sociedad, se gasten en intereses particulares. En Movimiento Ciudadano creemos que una de las mayores exigencias de la Cámara de Diputados debe ser acabar con este vicio, el cual se ha vuelto sistemático, descarado e incluso muchas veces premiado.

Las finanzas públicas en los estados han sido verdaderamente lamentables actos de una corrupción que no es castigada. Muchos incluso están aquí, con fuero o con pactos políticos que les permiten la impunidad.

Del 2008 al 2011 el saldo de la deuda de las entidades federativas y los municipios pasó de 203 mil a 390 mil millones de pesos; es decir, un incremento de las obligaciones financieras de los estados y municipios de casi 200 mil millones de pesos, en tan solo tres años.

Pero además, en este momento que habremos de aprobar el Presupuesto, los gobernadores están tocando las puertas de sus partidos y de sus diputados para que puedan salvar la quiebra de muchos estados y municipios, que por haber destinado recursos al proceso electoral, hoy no saben cómo tapar los hoyos. Este problema de endeudamiento parece nunca terminar, varios estados han hecho lo mismo.

Pero ahora me toca hablar sobre Tabasco. El gobernador Andrés Granier, solicitó al Congreso 4 mil 130 millones de pesos apenas unas semanas antes de concluir su mandato. Es impresionante que tengamos planteando este punto desde hace cuatro semanas, antes de que se autorizara el empréstito; cuando aquí lo planteamos un martes, el gobernador hábilmente maniobró con la mayoría de diputados que tiene a su favor y el miércoles lo autorizaron sigilosamente, como una pandilla de truhanes que trabajan por la noche para cometer fechorías.

Cuatro mil 130 millones de pesos que le autorizaron 30 días antes de concluir su gestión. Resulta indignante, porque en Tabasco la deuda pública que contrajo el gobernador del 2006 al 2012 creció un 179 por ciento. El gobernador es famoso por su dispendio.

Son sátrapas que viven en pueblos pobres, que gobiernan a ciudadanos con muchas carencias, pero ellos se transforman en inmensamente ricos, ellos, sus hijos, sus hijas, sus generaciones, tres o cuatro generaciones por delante.

Nosotros planteábamos originalmente que el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados se pronunciara y exhortara al Poder Legislativo local que no aprobara este empréstito, que además no se justifica, y se pague 30 días antes de terminar la administración; sin embargo, repito, se hizo con rapidez.

Hasta ahora estamos tratando el asunto, pero nosotros estamos planteándole a los diputados que de cualquier forma enviemos un exhorto para que los recursos que se autorizaron de 4 mil 130, se etiqueten y transparenten todos y cada uno de ellos, y que nosotros también estamos planteando a los diputados de grupos parlamentarios distintos al nuestro, que hagamos un llamado a los miembros directivos de la banca comercial a no otorgar préstamo alguno que solicite en este momento el gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, porque lo vamos a impugnar constitucionalmente.

Hemos enviado una comunicación a las instituciones de crédito los diputados de Movimiento Ciudadano, y les pedimos a los diputados de las otras fracciones puedan también suscribir. Son cartas misivas dirigidas al consejo de administración de la institución financiera para que no otorgue ese crédito y no le otorguen tampoco más daño al estado de Tabasco.

No podemos permitir que esto esté sucediendo, ciudadanos diputados, es un saqueo impune, es un robo descarado en despoblado, y me parece que los ciudadanos de Tabasco no merecen este tipo de gobernantes.

Por eso creo que a todos nos debe exigir que podamos enviar el exhorto, que se etiqueten los recursos y pedirle a las instituciones financieras y de crédito, de banca y crédito, que no otorguen los recursos, porque vamos a inconformarnos por la vía jurisdiccional, como lo establece la Constitución y la ley. Muchas gracias, presidente, de nueva cuenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tabasco a etiquetar y transparentar los recursos de la solicitud de crédito autorizada por el Congreso estatal el 16 de noviembre de 2012 para inversiones públicas productivas, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Nelly del Carmen Vargas Pérez, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La corrupción se ha convertido en un cáncer que permea en todos los niveles de gobierno de nuestro país, haciendo que los recursos públicos lejos de ocuparse en las múltiples necesidades de la sociedad, se gasten en intereses particulares.

En Movimiento Ciudadano creemos que una de las mayores exigencias de la Cámara de Diputados debe ser acabar con este vicio, el cual se ha vuelto sistemático, descarado e incluso, muchas veces, premiado.

Entre los múltiples casos de corrupción destaca el endeudamiento constante de las entidades federativas. Tan sólo entre 1994 y 2010, se ha registrado un crecimiento sostenido de las deudas estatales de 1.6 a 2.4 por ciento, respecto al Producto Interno Bruto, y un aumento de 64.5 a 72 por ciento, en relación con las participaciones federales.

Como consecuencia, en los últimos años, las finanzas públicas estatales se han vuelto insostenibles. Al primer trimestre del 2012 los estados que más incrementaron su deuda fueron Tabasco en 19.3 por ciento; Jalisco en 9.9 por ciento; Chiapas en 6.1 por ciento; Morelos en 5.6 por ciento y Yucatán con 3.4 por ciento, entre otros.

De 2008 a 2011 el saldo total de la deuda de las entidades federativas y los municipios pasó de 203 mil 70.2 a 390 mil 777.5 millones de pesos, es decir, se suscitó un incremento en el saldo total de las obligaciones financieras de estados y municipios de casi 200 mil millones de pesos en tan sólo 3 años.

Analizando estas cifras nos damos cuenta que podría señalarse al sexenio 2006-2012 como la administración del endeudamiento exponencial y progresivo de las entidades federativas y municipios.

El problema es que dicho endeudamiento no parece terminar. Apenas en septiembre del presente año el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, pidió al Congreso local la aprobación de 5 mil millones de pesos, cuando le faltaban tres meses para terminar su gestión.

Hoy nuevamente nos encontramos ante un caso de esta naturaleza. El gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, ha solicitado al Congreso del estado, a 48 días de concluir su administración, contratar deuda pública por 4 mil 130 millones de pesos.

Resulta indignante este suceso debido a que la cantidad que se pretende obtener supera en sí misma a la deuda actual del estado, la cual es de 3 mil 450 millones de pesos.

Tal parece que el propósito del gobernador no es tan sólo el rezago de Tabasco en sus seis años de mandato, sino la imposibilidad de implementar medidas efectivas de crecimiento económico a la administración entrante, debido a la alarmante cantidad de pasivos que dejaría dicho préstamo.

Las razones que se utilizan para la solicitud de la deuda resultan contradictorias y absurdas. Se ha argumentado que entre los principales objetivos de la misma se encuentran la infraestructura y la seguridad. ¿Qué acciones destinadas a estos rubros pueden implicar el gasto de más de 4 mil millones de pesos en un mes?

Asimismo, se ha sustentado la petición del préstamo con el fin de la reestructuración de pagos de créditos a corto plazo que fueron contraídos con anterioridad, utilizando un esquema de pago a 20 años.

Los recursos que las entidades federativas reciben son limitados, la mayoría funcionan gracias a los impuestos a nóminas, al turismo y a las aportaciones federales. ¿Qué tan grande sería el impacto de atar por 20 años los ingresos de Tabasco en el ritmo de crecimiento del estado? Resulta evidente que es necesario que el Congreso local rechace esta propuesta.

La razón por la que los estados han llegado a una situación insostenible surge al depositar en legislaturas locales la autorización de pago de obligaciones. La división de poderes estatales existe, en muchas entidades federativas, tan sólo en papel.

El Congreso de Tabasco está a tiempo de romper con este vicio y demostrar que no es un estado más en el que el control hegemónico del gobernador es innegable.

Sólo así las deudas contraídas dejarán de reflejar demandas de intereses particulares que no satisfacen las necesidades de la ciudadanía en general.

Sólo así se podrá garantizar un crecimiento para Tabasco en los próximos seis años, de no hacerlo se estarían limitando las posibilidades económicas del estado aún antes de empezar el gobierno entrante.

Con base en lo anteriormente expuesto proponemos

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco, Andrés Granier Melo, a etiquetar y transparentar todos y cada uno de los recursos de la solicitud de crédito que le fue autorizada por el Congreso estatal el 16 de noviembre de 2012 para inversiones públicas productivas, y se evite cualquier posible malversación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Para los efectos del 100, pregunte la Secretaría, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Ricardo Cantú, hasta por tres minutos.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, desde esta tribuna expresamos nuestro más rotundo reproche a la aprobación del endeudamiento para el estado de Tabasco, puesto que la intención de saldar cuentas pendientes, como deudas, empréstitos y pagos de deuda pública, en general, originará un mayor peso a los contribuyentes e impondrá mayores limitaciones, hasta el grado de hacer insostenibles aquellas políticas públicas que han de dar inicio a partir del año entrante.

De acuerdo con lo que estipula el artículo 117 de la Constitución, en su fracción VIII, párrafo segundo, que a la letra dice: Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente, en los respectivos presupuestos.

Así éste, como otros estados, claramente se encuentra imposibilitado para endeudarse sin motivo alguno no contemplado en la ley. Pese a lo antes descrito, el Congreso local prácticamente está aprobando un endeudamiento extra de poco más de 4 mil millones de pesos para terminar los escasos 40 días aún del gobierno de Andrés Granier.

No está por demás decirlo, compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hemos sostenido que este tipo de maniobras políticas solo logran afectar el margen de maniobra fiscal y financiero de los gobiernos entrantes. Lo real de este caso es que sin lugar a dudas estos últimos 40 días del gobierno del actual mandatario tabasqueño no serán suficientes para preparar todas las licitaciones necesarias que puedan cubrir el recurso presupuestal correspondiente a su ejecución.

En este sentido, todo tipo de proyecto de infraestructura nueva y la culminación de proyectos pendientes todavía para este 2012, no serán los bastantes para cubrir este fuerte endeudamiento. Nos queda claro que se trata de una estrategia para dar paso a otras acciones, como el canalizar el recurso al refinanciamiento de otros empréstitos, poder cubrir la falta de liquidez originada por el gasto corriente y el pago de los sobreprecios elevados colocados por proveedores.

Finalmente, compañeras y compañeros diputados, debemos sumar esfuerzos porque este tipo de acciones no se repitan más; es necesario llamar al consenso y cuidar que las finanzas sanas en los gobiernos estatales prevalezcan, se coordinen los mecanismos de fiscalización y evitar las erogaciones por encima de los ingresos fiscales de los mismos.

En este sentido, las diputadas y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente punto de acuerdo, frente a ello hacemos un exhorto para que el Ejecutivo estatal de Tabasco se apegue a los principios constitucionales y de manera explícita señale cuáles son los proyectos en los que serán destinados los poco más de 4 mil millones de pesos, autorizados por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso local, además de señalar su calendarización para su ejecución, así como el monto desglosado de los pagos liquidados por conceptos de deudas adquiridas hasta el día de hoy. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Ricardo Cantú.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a quienes participaron en la demostración de portes de rebozo en la expo artesanal Tenancingo 2012, invitadas por nuestra muy apreciable secretaria la diputada Tanya Rellstab Carreto.

Doña Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Trabajar para transformar, es el lema con el que Andrés Granier Melo, todavía gobernador del estado de Tabasco, abanderó su administración, la cual está a punto de culminar; trabajar hacia el descaro, donde no cabe la vergüenza, y transformar para que el cinismo impere y la moral se olvide.

A 27 días de dejar la Quinta Grijalva, 4 mil 130 millones de pesos fueron autorizados por el Congreso de la entidad, de mayoría priista, solo para acrecentar aún más la deuda con la que ya se cuenta en el estado.

Antes de la llegada —en el 2006— de Granier a la gubernatura, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda de Tabasco era de las más reducidas dentro de la federación, ubicándose en el sexto lugar de los estados menos endeudados de la República.

Al primer año del actual gobierno, de ese sexto lugar se pasó al lugar 19 de los estados con mayor deuda contraída. Por si fuera poco, el año pasado, Tabasco se encontró en el segundo lugar que más incurre en prácticas y falta de transparencia, según un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Del ejercicio de 2006 al 2012, los recursos federales recibidos por el estado son más de 196 mil millones de pesos, recursos no reflejados hoy en Tabasco, cuando medio millón de personas se encuentra en pobreza extrema y alimentaria, otras 400 mil en pobreza patrimonial, y somos la tercer peor infraestructura educativa en el país.

¿Dónde podemos constatar el ejercicio de estos recursos, cuando vemos un estado paralizado, en donde el tiempo se ha detenido y los responsables se irán con costales llenos de dinero?

Es inaudita la corrupción que gobernó estos seis años en el estado de Tabasco, ya que no solo Granier Melo es bien conocido por ser el gobernador más corrupto de la historia de la entidad, sino también por los grandes escándalos generados por sus más allegados y su círculo primero emocional. Es solo cuestión de simples números para observar el incremento de la deuda, año con año; en el 2006 cerró con un monto de 639 millones; en el 2007 se llegó a una deuda pública de 4 mil 562 millones, y en el 2012, con el crédito otorgado por mayoría en la Cámara priista, abarca más de 6 mil 477 millones de pesos. En el sexenio se ha adquirido una deuda pública de más de 20 mil 843 millones de pesos.

No es nada justificable la aprobación de más deuda pública, ya que el tiempo restante para su salida no es coherente para su implementación. El mal manejo y la irresponsabilidad de las finanzas públicas se vieron reflejados en la sociedad tabasqueña; en las finanzas públicas y en la sociedad tabasqueña, al ejercer el voto de castigo, que consecuentemente se transformó en una nueva alternancia de gobierno que está próximo a entrar.

El daño está hecho y con dicha aprobación la situación solo puede empeorar, dejando al gobierno entrante con una crisis financiera heredada de esta administración.

Es una burla cruel y un mal chiste para los tabasqueños la aprobación de dicha solicitud por parte del gobernador saliente; es cuestión de sentido común y moral actuar de manera responsable para que Tabasco no se convierta en una entidad completamente quebrada.

La situación difícil por la que atraviesa el país demanda sensatez para que el endeudamiento de las entidades federativas desaparezca de las primeras planas, la cual se ha vuelto un vicio y una insana costumbre.

Por lo anterior, en Movimiento Ciudadano condenamos el préstamo aprobado por el Congreso local al gobernador Andrés Granier Melo, por más de 4 mil 130 millones de pesos, a 27 días —concluyo, presidente— de concluir su administración.

Hacemos un llamado firme y fuerte para que estos recursos se manejen de manera sana y transparente, etiquetados en temas que beneficien a los más de dos millones de tabasqueños y no respondan a intereses personales de unas cuantas personas, como se han venido manejando en años atrás.

De verdad, no podemos permitir que esta falta de control y este cinismo con el que se ha regido esta administración pasen inadvertidos. Este periodo de Granier quedará registrado como el más oscuro, inepto, irresponsable, el más corrupto y descarado en la historia de Tabasco.

Un exhorto firme al Banco Interacciones para que reconsidere su postura de darle el préstamo de más de 4 mil millones de pesos a Granier y al gobierno que está cerrando. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. La deuda de los estados y municipios se ha convertido ya en un tema prioritario de la agenda nacional; su insostenibilidad es evidente y tanto la federación como los gobiernos locales han hecho caso omiso a la gravedad del asunto y en algunos casos, siguen solicitando créditos.

En el segundo trimestre del 2012 las haciendas públicas, tanto locales como municipales, han presentado niveles deficitarios en su balance fiscal mucho muy elevados. Son tres entidades federativas las que concentran el 81.1 por ciento del total de las obligaciones financieras. Este problema es grave y relevante, el monto total de estas obligaciones financieras representan el 2.7 por ciento del producto interno bruto estatal.

En la actualidad, no se cuenta con techos de crédito ni la etiquetación de recursos solicitados, y eso hace poco transparente el uso de los mismos; el porcentaje de los ingresos propios y de participaciones que los estados endeudados reciben está por debajo del nivel de endeudamiento que tienen. Es decir, la suma de las participaciones y el nivel de ingresos no alcanzan a cubrir sus compromisos con la banca.

Es necesario poner mucha atención a estos hechos, ya que sin duda, al final la más afectada será como siempre la ciudadanía, que no ve reflejado el beneficio de esas severas deudas con mejores servicios de salud, mejoras en infraestructura, mejoras en la educación o indicadores de bienestar, que generen crecimiento económico estatal.

La deuda financiera que los estados han contraído ha comprometido sus participaciones en un porcentaje alarmante y nuestra obligación, como legisladores, es evitar que esto siga creciendo a grado tal, que las entidades federativas puedan caer en una situación de emergencia, como la que ya viven muchas de ellas.

Estos hechos han tenido que ver con una falta de planeación financiera estratégica, que permite evitar a la medida de lo posible el endeudamiento más allá del nivel de sus recursos y que evite a toda costa reestructurar sus deudas con la solicitud de más empréstitos, que representa un lastre en las finanzas públicas estatales.

Un caso específico —y aquí coincidimos mucho con don Ricardo Monreal— es el caso de Michoacán. Que también no se nos olvide que es uno de los estados que mayores problemas enfrentan, por 10 años de malas administraciones de gobiernos perredistas, que tampoco supieron hacer las cosas y que así como lo señalan hoy, se van con los bolsillos llenos.

Ante este negro panorama, resulta inevitable que las siguientes administraciones seguirán teniendo este lastre en sus finanzas, debilitando acciones que pudieran beneficiar en lo social y económico a los michoacanos.

Solo con medidas eficaces y responsables se logrará estimular el crecimiento económico de las entidades federativas, lo cual daría como resultado mayor inversión, que genere empleos y bienestar en la población.

Por todo lo anterior, creemos que es de imperiosa necesidad crear los elementos que permitan asegurar que los estados ya no contraerán deudas irresponsablemente, pero que sí contarán con los recursos suficientes para poder cubrir las necesidades de la población. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Marcos Rosendo Medina Filigrana, del PRD, tiene el uso de la voz.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Ciudadano presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna, a la más alta tribuna de la nación, en mi doble carácter: de diputado federal y de ciudadano tabasqueño; como diputado federal, fijo la posición del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática de que votaremos a favor del punto de acuerdo; como tabasqueño, expreso mi pensar, mi pesar y mi sentir, en torno a la grave crisis financiera en la que Andrés Granier y su camarilla han hundido al pueblo de Tabasco.

Hace seis años la deuda de Tabasco era de alrededor de 639 millones de pesos; hoy, a menos de un mes de concluir su mandato, Andrés Granier solicita un crédito por más de 4 mil millones de pesos y sus funcionarios del área financiera anuncian que el quebranto financiero de Tabasco supera los 10 mil millones de pesos.

Los tabasqueños nos preguntamos, ¿dónde están esos recursos? ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están las unidades médicas con medicamentos? ¿Dónde están los apoyos a los miles de tabasqueños que fueron afectados por las inundaciones artificiales? ¿Dónde están los programas sociales de adultos mayores, de madres solteras que fueron impunemente recortados?

¿De qué sirvió la famosa reingeniería financiera de Granier, que envió a la calle a más de 4 mil burócratas y que presuntamente era con el fin de sanear las finanzas públicas? ¿Dónde están los apoyos al campo tabasqueño? Al contrario, tenemos grave crisis en el cacao, en la copra, en la ganadería, en los productos básicos, y hoy Granier nos manda un decreto con una lista de presuntas acciones que va a realizar y que si no las pudo hacer en seis años, menos podrá hacerla en 30 días.

Llamo hoy a todos los diputados a que veamos esto más allá de los partidos; se trata de luchar en contra de la omisión, de la negligencia, de la falta de eficiencia en el manejo de los recursos públicos, de la corrupción, porque mientras miles de tabasqueños estábamos inundados, la pandilla de Andrés Granier sacaba en avionetas costales de dinero, como fue la avioneta que se detuvo en el aeropuerto internacional de Mérida.

Les pido respetuosamente a las diputadas y los diputados del PRI, que voten a favor de este punto de acuerdo, a favor de un estado como Tabasco, que ha sido generoso con su partido, que de allí han salido históricamente presidentes de su comité ejecutivo nacional, candidatos presidenciales, líderes del Senado y de la Cámara de Diputados.

Les pido que voten, no pensando en proteger a un correligionario, sino en reivindicar a un pueblo, como Tabasco; que voten pensando en que no es posible frenar el desarrollo de las tabasqueñas y de los tabasqueños. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente: Con su permiso, señor presidente. Vengo a esta tribuna, en la misma condición del diputado que me antecedió, como diputado federal por el Partido Acción Nacional, por el estado de Tabasco y como ciudadano tabasqueño.

Lo que ha venido sucediendo en Tabasco, amigas y amigos diputados, es un asunto recurrente, recurrente en todas las entidades federativas. No solamente es un asunto de Tabasco, es un asunto que sucedió en Nuevo León, que sucedió en el caso Moreira, y que seguirá sucediendo, si nosotros no tomamos medidas al respecto.

Dejemos de simular, señores, tenemos que tomar medidas al respecto; si no, se seguirán endeudando las entidades federativas de manera brutal.

Por supuesto —le digo al diputado Ricardo Monreal— que la bancada de Acción Nacional se suma a este punto de acuerdo y se suma a la indignación que tenemos los tabasqueños, porque Andrés Granier, emanado de las filas del PRI —y no todos los priistas son malos, se los aclaro, seguramente hay malos y buenos, como en todos los partidos— llevó a Tabasco y entendió que el mandato ciudadano no era para servir al pueblo, sino era una patente de corzo para enriquecerse él y sus amigos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente:Dígame, diputado Monreal.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Monreal, ¿con qué objeto? Sonido

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde su curul): Presidente, ¿le puede preguntar al orador si me permite hacerle una pregunta?

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Acepta una pregunta?

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente: Sí, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Haga la pregunta, por favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): No deben de preocuparse los de su bancada; cuando se trata de gente correcta, no hay ningún problema.

Le preguntaría, diputado Juan, si usted estaría en posibilidad —junto con su bancada— de firmar un documento con los diputados de Movimiento Ciudadano y del PRD o de quienes quieran, para enviárselo sobre todo a la banca comercial y a Interacciones, que sus negociaciones van muy avanzadas, para solicitarles, exhortarles que no otorguen este préstamo para efecto de que se transparente, se etiquete y se pueda aplicar de manera correcta este crédito, que es desmedido y que lamentablemente si no lo hacemos así, puede derivar en mayor corrupción.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Conteste, por favor.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente:Diputado Monreal, por supuesto que nosotros estaríamos dispuestos a firmar. Acción Nacional siempre estará dispuesto a ir en las causas que privilegien la transparencia en el manejo de los recursos. Claro que sí, diputado Monreal.

Volviendo al tema, el gobernador Granier entendió que Tabasco era como su rancho. No se llamó la administración de Andrés Granier, el gobierno del estado de Tabasco, se llamó Andrés Granier y Asociados, SA. Así lo digo de claro. Saquearon el estado, señores.

No es un asunto —como lo dijo el diputado que me antecedió— de que protejamos a nuestros correligionarios, es un asunto del mínimo de dignidad y compromiso con el pueblo de Tabasco y el pueblo de México.

Si no tomamos medidas los diputados para controlar esto, se va a convertir en otro problema de deuda, que al final del sexenio que está comenzando quizá sea tan grave, como en los tiempos de López Portillo y demás presidentes que hubo.

Señores, lo digo con todo respeto, el 58 por ciento de las deudas de los estados y municipios son por municipios y estados gobernados por el PRI, el 22 por ciento por municipios gobernados por el PRD y el 20 por ciento gobernados por el PAN.

Hoy la deuda —y le aclaro, diputado Monreal— de los estados y municipios, al reporte de junio, vale 4 mil 400 millones de pesos; hoy ya vale 4 mil 800 cuando menos, porque tenemos 4 mil millones que además, de acuerdo al análisis del estado de Tabasco, que de acuerdo al análisis que hemos hecho, es sujeto de acción de inconstitucionalidad. No podemos seguir permitiendo eso, señores.

Hay diversas iniciativas que tenemos que empujar en la Comisión de Hacienda o en las que correspondan; una presentada por Ricardo Monreal, otra presentada por el diputado Anaya, de Coahuila, del Partido Acción Nacional.

Ahí mismo hay una presentada en el Senado, del senador de Nuevo León. Tenemos que dejar los intereses de partido y controlar esto, señores. Hoy la deuda de los estados y municipios vale el 3 por ciento del producto interno bruto y es nuestra responsabilidad buscar mecanismos de control.

Para finalizar, voy a parafrasear al señor presidente. Lo normal es que dijera que es cuanto. No, señores, es mucha la responsabilidad que tenemos y es mucho lo que endeudó y se robó el gobernador Granier, para que aquí lo solapemos. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El diputado Ricardo Monreal ha sido aludido y tiene derecho al uso de la voz. Perdón, diputado Raymundo King, tenemos que privilegiar las alusiones personales, inmediatamente después usted.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, normalmente no coincido con la derecha, no coincido con los diputados de Acción Nacional, porque ideológicamente somos distintos.

No se preocupen, o sea, eso debería ser lo normal, y además me he dado cuenta que los que chiflan son los de Acción Nacional, pero normalmente no lo hago.

Esta vez quiero referirme al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, de origen tabasqueño y quiero expresarle mi felicitación, porque el tema de Tabasco nos debe de unir a todos.

Soy de Zacatecas, pero conozco y me une un gran cariño a Tabasco, por mi amiga la diputada Nelly y por otros amigos.

Pero en esta ocasión por eso quise volver a intervenir para decirle que a su bancada le expreso simplemente mis respetos y que es conveniente, no solo en el caso de Tabasco, sino en todo el país, porque la deuda de los estados y los municipios es criminal y me parece muy grave que se deje como si nada pasara, que no haya ninguna consecuencia y se mantenga la impunidad, por encima de todo.

Lo que pasa en Tabasco —conozco Tabasco, he estado en los últimos días, tengo un gran respeto por la gente— no puede pasar desapercibido. También reconozco la actitud del PRI.

El anterior comentario del compañero del Verde, que me aludió, ahí sí no vale la pena comentarlo, pero también lo respeto. Es parejo, es todos los estados. Tenemos que estar preocupados por los que tengan la misma condición, porque finalmente están saqueando al país, es un saqueo a la nación imperdonable.

Así es que, diputado, estaremos juntos firmando esta comunicación a las instituciones comerciales, sobre todo bancarias y sobre todo a Interacciones.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (desde la curul): Pido la palabra para hacerle una pregunta al diputado.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no aceptaría una interpelación, en función de que sería una moción sobre moción. El diputado Monreal está ejerciendo su derecho de responder una moción por alusiones personales y dentro de esta moción sería irregular aceptar una interpelación, sería moción por moción. Le ruego por favor su comprensión.

Continúe señor diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Tiene razón, presidente y como tal la acepto y la respeto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Raymundo King, tiene el uso de la voz.

El diputado Raymundo King de la Rosa: Con su venia, señor presidente. El proyecto de decreto que se propone respecto a Tabasco menciona en su exposición de motivos aspectos muy importantes de un problema real, que afecta a las haciendas públicas de las entidades federativas, como lo es la deuda. Eso es innegable, pero en todo caso el resolutivo debería dirigirse a todos los gobiernos, incluidos los de los municipios y no únicamente al actual gobierno del estado de Tabasco. Pero tal generalización requiere de una atención distinta, que por supuesto el Grupo Parlamentario del PRI está dispuesto a abordar.

Es cierto, el endeudamiento ha vuelto en muchos casos insostenibles las finanzas públicas estatales, como se ha mencionado. Por ejemplo, en el período 2000 al 2012, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vemos una variación en las deudas de los gobiernos estatales, como por ejemplo, Zacatecas, con 12 mil 890 por ciento; Michoacán, con más de 7 mil 700 por ciento, y así vemos otros estados como Chiapas y Guanajuato.

No es un problema aislado, sino un problema estructural, que tiene su explicación en la caída brutal de las participaciones, y en el caso de Tabasco debe considerarse que en el 2001 se utilizaron más de 12 mil millones del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas para cubrir la disminución de participaciones respecto a lo que se había programado.

Solo en el caso Tabasco, en lo que va del sexenio, la disminución de las participaciones ha sido superior a más de 10 mil millones de pesos.

En este mismo período el estado de Tabasco ha tenido más de 11 contingencias climatológicas inéditas y catastróficas. El diagnóstico de daños en el estado, del 2007 al 2010, fue estimado en más de 50 mil millones de pesos, de acuerdo a la Cepal y al Cenapred.

Por otra parte, en el 2007 se redujeron los ingresos por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios de gasolina y de diesel.

En resumen, en los últimos seis años Tabasco dejó de recibir —de libre disposición— 10 mil 739 millones de pesos.

Es cierto que el tema de la demanda su solución es de fondo, real, efectiva y sin sesgos de ningún tipo, porque de lo contrario solo estaríamos abonando al uso político a conveniencia de un tema que no es coyuntural, sino que afecta desde hace mucho a la gran mayoría de los estados y de los municipios, pudiendo llegar a tener un grave problema en los servicios públicos y básicos fundamentales que le dan beneficios a la población.

Creemos que el camino a seguir en este tema es una ley nacional de responsabilidad hacendaria y deuda pública, como la que ha propuesto el nuevo gobierno de la República, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto y el cual ha sido parte del Pacto de México, firmado por las principales fuerzas políticas y que habremos de debatir en su momento en esta Cámara. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

PRODUCCION DE MAIZ

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Héctor Narcia Álvarez, del Verde Ecologista, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones correspondientes del sector agropecuario, para acordar las acciones necesarias y responsables a fin de comercializar la producción de maíz del ciclo primavera-verano 2012.

Esta Presidencia informa que inmediatamente después de esta proposición con punto de acuerdo vamos a dar lectura a comunicaciones de la Junta, a comunicaciones de legisladores y a una ronda de iniciativas.

El diputado Héctor Narcia Álvarez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es triste y lamentable la situación actual que hoy día aqueja el campo mexicano; hoy es sinónimo de pobreza, de marginación, de migración y de inseguridad.

Actualmente ser productor es apostar a la lotería, pero sin derecho a ganar. Desde hace algunas décadas este sector ha sufrido el peor abandono y desmantelamiento en la historia de producir alimentos; por ello, no puede asumir la responsabilidad de proveer de alimento a su población, o más bien al pueblo de México, pese a que muchos conocemos que en los próximos años nos depara un futuro no alentador en materia agroalimentaria, por la escasez de alimentos.

Las instituciones gubernamentales involucradas a orientar y a diseñar las mejores políticas públicas y el anterior Ejecutivo federal hicieron caso omiso de los reclamos, de las demandas de las necesidades y propuestas que las organizaciones campesinas han hecho llegar a nosotros, los legisladores, como sus dignos representantes políticos y sociales, pero lo más preocupante es que el Poder Legislativo, o más bien esta Cámara de Diputados, no hemos podido dar respuestas satisfactorias a estos reclamos, que por muchos años este sector tan vulnerable ha demandado.

Por eso, hoy de nuevo vengo a referirme al tema comercialización de maíz, considerado como el último eslabón de la cadena productiva. Históricamente se ha convertido en un escenario caótico, frustrante y desolador para los productores, convirtiéndose cada vez en un cuello de botella, generado por los cupos de importación autorizados de este producto y que compiten en el mercado mexicano, justo en los tiempos de la comercialización del producto nacional, y para mí eso es traición, lo cual es deplorable y esto obliga al productor a ser presa fácil de los intermediarios, de las industrias harineras y otros comercializadores de empresas privadas mexicanas y trasnacionales, quienes aprovechan tal situación pagando al productor un precio mísero por su producto, muy por debajo de los precios regionales y de los precios internacionales, provocando con todo esto que las actividades del campo cada día sean menos atractivas y menos rentables para aquellos que la practican y que muchas veces es su único ingreso.

En estas fechas, a partir del día primero de noviembre inició la cosecha primavera-verano 2012-2013, en diferentes estados de la República y de continuar esta competencia desleal y oportunista de seguir importando este grano, se verán desfavorecidos los productores agrícolas nacionales. Asimismo esta cosecha se caracteriza por ser espontánea y que no llegará más allá del mes de enero del año entrante a su comercialización.

Por ello la urgencia de rediseñar o crear un programa de comercialización que atienda a todos los productores, fincando además precios de acuerdo a la oferta y la demanda que generan los movimientos cambiarios del mercado internacional, o más bien, la bolsa de valores, ya que hasta hoy se desconoce el programa, la regla de operación, la apertura de ventanilla, los precios coberturados y las políticas a seguir para esta atención, debido a que en los supuestos programas que existen para esta comercialización, se está considerando atender exclusivamente a aquellos productores que hayan tenido la oportunidad de ser sujetos de crédito con instituciones financieras.

Mi pregunta es, compañeros, ¿qué pasará con aquellos productores libres, que con gran esfuerzo se han autofinanciado y que son ellos que representan el 80 por ciento de la producción a comercializar?

Por todo lo anterior expuesto y toda vez que ya existe un punto de acuerdo —al cual nos sumamos— presentado el 27 de septiembre del año en curso, en esta honorable asamblea, por el diputado Alfonso Inzunza Montoya, y turnado a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, en el sentido de que se apoyen a los productores nacionales de maíz para que se comercialice toda su cosecha, sin diferencia alguna, a productores libres y productores acreditados.

Asimismo exigimos, como integrante del Partido Verde Ecologista de México, se ponga a consideración de esta honorable asamblea —termino, señor presidente— la siguiente proposición de obvia o urgente resolución, con punto de acuerdo, se exhorta al Ejecutivo federal, a las instituciones, como la Sagarpa, la Secretaría de Economía, a que frenen las autorizaciones de los cupos de importación de maíz blanco, de dudosa calidad fitosanitaria, que regularmente se importa y que han arribado, el pasado mes de noviembre, 27 mil toneladas de maíz blanco, provenientes de Sudáfrica, en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, con destino a Chiapas y a otros estados del país, a un precio de 5 mil 48 pesos por tonelada en la zona de consumo, cuando estas personas, estas empresas quieren salir a un precio de 3 mil 800 pesos tonelada de maíz.

Por eso, hacemos un llamado a la Sagarpa, a la Secretaría de Economía, para que en coordinación con FIRA, Financiera Rural, Diconsa y comercializadores, tomen con gran responsabilidad cartas en el asunto y en forma inmediata participen en la creación de un programa para esta comercialización, con la finalidad de establecer un programa confiable y honesto, que permita asumir la responsabilidad de atender a los productores, garantizando la comercialización durante los periodos de cosecha, incluyendo el presente.

Por la estabilidad social y el bienestar de una vida digna de los hombres del campo, les agradezco su atención. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones correspondientes del sector agropecuario, especialmente la Sagarpa, la SE, FIRA y Financiera Rural, a acordar acciones responsables para comercializar la producción de maíz del ciclo primavera-verano 2012, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Héctor Narcia Álvarez, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El campo mexicano hoy es sinónimo de pobreza, de migración, inseguridad y presenta un déficit importante en materia agroalimentaria.

México desde hace décadas se le ha caracterizado como un país con insuficiencia en la producción de alimentos básicos, pese a que se encuentra ubicado geográficamente en las mejores condiciones del continente americano, donde países vecinos por el norte con Estados Unidos de Norteamérica; y en el sur  Argentina y Brasil se les ha considerado grandes productores de granos básicos en el continente.

Además México cuenta con regiones que tienen abundantes recursos naturales como agua, suelos, climas y una gran biodiversidad, para que pueda ser gran productor y proveedor de alimentos a su población.

Sin embargo, las políticas públicas aplicadas fueron insuficientes y mal dirigidas, provocando con ello que a mediano plazo las importaciones del grano del maíz no disminuyeran como sería su propósito, sino que por el contrario, de 2004 a 2012 las importaciones de este grano se han visto incrementadas en un 360 por ciento.

Lo anterior da como resultado una crisis agrícola que financia parte de la industrialización y el desarrollo del país con productos agrícolas pagados por debajo de su valor. Pero, sobre todo, es el resultado final de las políticas agrícolas neoliberales que buscan deliberadamente subordinar a la agricultura mexicana principalmente a los intereses  de la agricultura estadounidense aplicadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Es por ello que debe retomarse con seriedad y oportunidad, la implementación de verdaderas políticas públicas, que protejan a los productores nacionales haciéndolos más competitivos, pero sobre todo privilegiar las acciones que involucren la comercialización de productos del campo.

Hoy una vez más como ocurre año con año, enfrentamos la problemática de la comercialización de la producción del maíz del ciclo primavera-verano 2012, debido a los altos volúmenes de importación que saturan el mercado justo en la época de cosecha, provocando pérdidas a los productores quienes ante esta situación se ven obligados a comercializar a bajos precios su grano con intermediarios y las grandes industrias transnacionales, por no existir un contrato de compra-venta o cobertura de precios futuros, ocasionando un fuerte deterioro económico a los productores de éste cultivo.

Por todo lo anterior expuesto y toda vez que ya existe un punto de acuerdo al cual nos sumamos, presentado el 27 de septiembre del año en curso a esta honorable asamblea por el diputado Alfonso Inzunza Montoya y turnado a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, en el sentido de que se apoye a productores nacionales de maíz para que se comercialice toda su cosecha, y se analicen y, en su caso, rediseñen los programas en favor del campo, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones correspondientes al sector agropecuario, especialmente a Sagarpa, Secretaría de Economía, FIRA y Financiera Rural, a acordar de inmediato acciones necesarias y responsables a fin de comercializar la producción de maíz del ciclo primavera-verano 2012, que inició a partir de este mes de noviembre, y no sólo de los productores  que trabajan con esquemas de financiamiento, sino de todos aquellos productores libres que están fuera de este esquema y que representan el 80 por ciento. Asimismo que se ajusten los programas que se tengan con este propósito y se rediseñen las reglas de operación correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.— Diputado Héctor Narcia Álvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. En términos del 100, pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz Fernando Bribiesca.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, saludo con gusto esta proposición del Partido Verde, dado el valor del sector agropecuario en el desarrollo nacional y la importancia de apoyar al campo mexicano.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza exhortamos al Ejecutivo federal acordar de manera urgente las acciones necesarias para comercializar el maíz del ciclo primavera-verano 2012.

La afectación a la agricultura nacional, derivada de la volatilidad en el precio internacional de maíz, no se ha visto subsanada por la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Economía, FIRA y Financiera Rural, puesto que no se han creado mecanismos necesarios para impulsar la agricultura por contrato entre los compradores y los productores.

Lo anterior, en conjunto con el difícil momento que atraviesa el campo mexicano, requiere que el gobierno federal implemente mecanismos para restablecer el esquema de agricultura por contrato para la cosecha del ciclo primavera-verano, para brindarles un significativo apoyo a los productores de maíz, específicamente a todos aquellos que no trabajan con ningún esquema de financiamiento; es decir, más del 80 por ciento de los productores del país.

Estamos convencidos que de entablar acciones en coparticipación con los productores mexicanos lograremos superar los retos que demanda el mercado nacional, en pro y beneficio de las familias que dependen del campo.

De lo contrario, empresas comercializadoras que ansían adquirir cosechas a bajo costo y colocarlas en los mercados a precios altos, perjudicarían a los productores agroalimentarios y en última instancia, al consumidor final.

Las diputadas y los diputados de Nueva Alianza, respetuosamente nos suscribimos al exhorto al presidente de la República y al secretario de Agricultura, así como las demás instancias que instrumentan la política agrícola nacional, para restablecer e incentivar el esquema de agricultura por contrato, e invitamos a todas las fuerzas políticas representadas en esta soberanía a buscar mayores recursos públicos para establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 un recurso extraordinario para la compra de coberturas y compensaciones para la producción del ciclo otoño-invierno 2012-2013.

Por lo anterior, votaremos a favor de la presente proposición de urgente u obvia resolución en los términos expuestos por el proponente. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, el punto de acuerdo de obvia o urgente resolución, que ha presentado nuestro amigo y compañero Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, referente a que las instancias que corresponden se aboquen de inmediato a acordar lo necesario a fin de que la comercialización de la cosecha de maíz del ciclo primavera-verano 2012, merece el saludo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Más aún, si se comenta que desde septiembre de este año se planteó un diverso sobre el particular, dirigido a la Sagarpa, para que se apoyara a los productores nacionales del insumo y se comercializara toda la cosecha del grano.

Es un hecho que los agricultores del país si no están debidamente y oportunamente fundados tienen que caer en las garras de los especuladores y de los intermediarios, lo que origina que las cosechas del maíz tengan que venderse por abajo del precio que debiera tener en el mercado.

El efecto ya se conoce, ocasiona pérdidas porque el precio de venta siempre es por debajo del costo de la producción. En esa circunstancia es indispensable que la comercialización de la producción del ciclo referido se haga cuanto antes para que el grano no pierda humedad, peso y precio.

Es atendible entonces que la Sagarpa, como cabeza del sector, y los organismos que en el tema forman parte del organigrama respectivo, como la Secretaría de Economía, el FIRA y la Financiera Rural, asuman el papel que les corresponde, con el fin de que —en lo que falta de este año— se apoye a los productores de maíz multicitados, ya que se ha perdido un valioso tiempo por la falta de las decisiones correspondientes.

Cobra relevancia entonces lo anterior, si mencionamos que con el cambio de administración los trámites relativos por razón natural se ven mediatizados, y ello abonará el camino de ocasionar más pérdidas a los agricultores.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acompañará este punto de obvia o urgente resolución. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero agradecer la presencia aquí y dar la más cordial bienvenida a un grupo de padres de familia de la Escuela Secundaria 43 del Distrito Federal, que están aquí invitados por la diputada Flor Pedraza Aguilera. Bienvenidos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

También a un grupo de alumnas y alumnos de la Escuela Preparatoria 229, Héroes de Tecámac, en el estado de México, invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Bienvenidos a la sesión de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores, el tema del apoyo gubernamental para procurar una adecuada comercialización de la producción de maíz del ciclo primavera-verano 2012, tanto para productores que trabajan con esquemas de financiamiento como para todos aquellos productores libres, que están fuera de este esquema y que son la mayoría, bien puede constituir una medida justa y necesaria.

Si en los últimos años la producción del campo mexicano había estado sufriendo una caída estrepitosa, ésta fue aún más catastrófica a consecuencia de la disminución en la producción de granos causada por la sequía de 2011. A esto habrá que agregar las heladas tempranas, las inundaciones e incendios de que fueron objeto principalmente los estados del norte de la República.

La falta de planeación y la ausencia de una adecuada política que garantice la soberanía alimentaria nos ha condenado a ser un país importador de granos y bienes básicos de consumo; en el caso del maíz, grano básico de la dieta de todos los mexicanos, de manera absurda tenemos que tolerar que millones de toneladas de este valioso cereal sean importadas cada año.

Este esquema depredador del campo mexicano encierra la enorme contradicción que representa auspiciar una serie de permisos otorgados a empresas agroquímicas transnacionales para desarrollar actividades relacionadas con la combinación genética novedosa de vegetales.

La utilización de maíz transgénico no solo ha puesto en riesgo al país como centro de origen, sino que ha contribuido al debilitamiento de la producción nacional y ha obstruido la comercialización de los productores locales, so pretexto de aumentar la producción y beneficiar a la nación.

En los cargamentos, el maíz modificado viene revuelto con el convencional y gran parte de dicho maíz se vende a tiendas de Diconsa de todo el país como grano para consumo humano, volviéndose un circulo vicioso, pues cuando a los campesinos se les acaba la semilla es común que utilicen la semilla de Diconsa repitiendo el mismo proceso, pero con la agravante de que se les contamina aún más el suelo donde siembran.

Los cambios de modelo de producción y de desarrollo agropecuario son indispensables para propiciar la seguridad alimentaria; en este sentido, debe atenderse el hecho de que se han detectado importantes implicaciones de las reformas rurales energéticas y de desarrollo sustentable en el agro, por lo que urge adoptar el principio precautorio respecto de las actividades con organismos genéticamente modificados al momento de su liberación al medio ambiente, evitando con ello que estos organismos causen daños graves o irreversibles a la salud humana, al medio ambiente, a la diversidad biológica, así como a los centros de origen y de diversidad genética de los cultivos de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Le damos la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados a un grupo de alumnas y alumnos de la carrera de ciencias políticas de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, que están aquí invitados por el diputado Fernando de las Fuentes.

También recibimos con gusto a quienes nos visitan del Centro de Atención Integral para Personas con Autismo, AC, de Guanajuato, invitados por la diputada María Esther Garza Moreno.

También a los alumnos y maestros de la Universidad Autónoma Indígena, de los Mochis, Sinaloa, que están aquí invitados por el diputado Rubén Benjamín Félix Hays.

Finalmente, también a los alumnos de administración pública de la Universidad Cuauhtémoc, de Querétaro, Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Pedro Porras Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Pedro Porras Pérez: Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Pedro Porras Pérez: Compañeras y compañeros legisladores, el tema que hoy nos ocupa es uno de los más sensibles para la población mexicana, pues al hablar de la atención a los agricultores dedicados al cultivo del maíz y de los problemas que enfrentan por la comercialización, en realidad estamos hablando de un asunto estratégico para nuestra soberanía.

Estamos hablando de la alimentación básica de nuestros compatriotas, pues aquí todos entendemos el papel fundamental que tiene el maíz en la dieta de nuestro pueblo.

En esta ocasión el reclamo al gobierno federal se debe a la falta de apoyos a la comercialización del maíz del ciclo primavera-verano 2012; apoyos que reclaman con razón miles de pequeños y medianos productores de este grano básico.

Aunque el Ejecutivo federal presume que ha gastado cifras históricas en relación al desarrollo rural, los resultados obtenidos son de plano negativos; el campo fue abandonado por las instituciones federales; más de la mitad de la población rural vive en pobreza y en pobreza extrema; el aparato productivo de almacenamientos de asistencia técnica y comercialización está desmantelado por completo. El país se ha convertido en importador neto de productos agropecuarios.

Aunque ciertamente las partidas presupuestales del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, han aumentado año con año, esos subsidios no capitalizaron al campo ni aliviaron la situación de la población rural, sino que sirvieron para incrementar las utilidades de los monopolios agroindustriales, que hoy controlan el campo mexicano.

Lo real es que no ha existido por parte del Ejecutivo federal la voluntad política para reorientar el gasto público bajo una perspectiva diferente; es decir, una política nacionalista orientada a la soberanía y seguridad alimentaria, una política que tenga como prioridad el apoyo a la producción de los productos básicos y estratégicos para la dieta promedio nacional de los mexicanos, particularmente los granos básicos: maíz, trigo, arroz y frijol.

De acuerdo a las cifras oficiales, en este ciclo agrícola primavera-verano se espera una cosecha nacional de 19.8 millones de toneladas de maíz blanco, de las que 13.3 millones de toneladas son susceptibles de comercializarse.

El punto es que el gobierno federal no tiene considerado ninguna política eficaz para apoyar la comercialización de esta cosecha, en sentido contrario a la política de los países de mayor grado de desarrollo, donde protegen, subsidian y apoyan al máximo la producción interna de alimentos.

El gobierno federal mexicano de manera irresponsable ha negado y abandonado a su suerte a miles de familias campesinas. Ante esta situación, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nuevamente reitera su posición respecto a la importancia de apoyar a los pequeños y medianos productores y de construir una reserva estratégica nacional de granos básicos que nos permita que la seguridad alimentaria de los mexicanos no dependa de la especulación de los monopolios agroindustriales.

Por esa razón, el Grupo Parlamentario del PRD está a favor y votará a favor el punto de acuerdo en comento, aunque debo decir que poco va a servir, porque la mayoría de productores de maíz prácticamente han levantado y malbaratado su cosecha. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Juan Bueno Torio: Gracias, presidente; buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Evidentemente, el tema del maíz sin duda está relacionado con la pobreza que se da en muchísimos lugares en México, y no es para las personas que viven en el campo y que lamentablemente están marginados del desarrollo y padecen pobreza extrema; no vamos a resolver el problema de ellos con algún esquema de comercialización del maíz, pues tienen parcelas muy pequeñas y la rentabilidad que están logrando por su siembra, por su cultivo es muy bajo, algunos no alcanzan ni siquiera una tonelada por hectárea, cuando quienes han tecnificado su campo ya pasan de siete toneladas por hectárea, en promedio.

El tema en el campo en este caso es un problema social; por un lado, de desarrollo y atención de la pobreza, y por el otro, es el tema de alentar la productividad en el campo. En este esquema de alentar la productividad en el campo debemos reconocer que en el año 2000, teniendo prácticamente ocho millones de hectáreas cultivables, tuvimos una producción de alrededor de 17 millones de toneladas de maíz.

En este 2012, con prácticamente las mismas ocho millones de hectáreas estamos teniendo cerca de 22 millones de toneladas de maíz, reconociendo que en el 2011 perdimos cinco millones de producción, por las sequías, habiendo venido de un 2008 de prácticamente 24 millones de toneladas de producción de maíz.

Esto quiere decir que el gobierno hizo su parte, los productores hicieron su parte y pudimos incrementar la productividad y por ende, el volumen de maíz que se oferta al mercado nacional.

El maíz que importamos es el maíz forrajero, que atiende la demanda de la industria y que está atendiendo —por otro lado— el suministro de productos pecuarios. Aquí es donde está el volumen de maíz que se importa, el maíz amarillo, que no es el que se utiliza en México para el consumo nacional. Este maíz amarillo tiene prácticamente el mismo precio que el maíz blanco y por ende, estamos alentando, con la importación de maíz amarillo que viene a precios superiores de los 4 mil 500 pesos, éste está jalando el precio hacia arriba de 4 mil 200, 4 mil 500 pesos hoy, el precio del maíz amarillo.

Quiere decir que la política ha ido avanzando adecuadamente y que debemos aprovechar este momento para mejorar las condiciones y sobre todo, el esquema de coberturas que también ha funcionado muy bien, lo que hace Aserca para cuidar el interés del productor y del industrial; de tal manera que puedan fijar un precio razonable y que este precio les permita tener una buena utilidad por su hectárea.

Con una buena productividad por hectárea, como la que hoy se tiene en los distritos de riego de poco más de siete toneladas por hectárea, hoy un productor puede ingresar libres cerca de 30 mil pesos por hectárea de utilidad. Eso desde luego es bueno, sobre todo en un cultivo como éste.

Sí es importante abonar en el tema del financiamiento y es importante abonar en el tema de la comercialización; por eso desde el gobierno debemos impulsar, y este punto de acuerdo va en ese sentido y por eso lo vamos a votar a favor.

Debemos de impulsar que se fortalezca el esquema de coberturas de Aserca, así como la cultura de cumplimiento en la agricultura por contrato. Es así como se fortalecerá la comercialización, porque hoy por hoy tenemos demanda de maíz y hay muy buen precio. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:  Gracias, diputado. Finalmente, en este punto de acuerdo tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Noé Barrueta Barón, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Noé Barrueta Barón: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional también nos preocupa la grave situación por la que atraviesan la gran mayoría de los pequeños y medianos productores de maíz.

Efectivamente, hay diversos factores que han contribuido al desastre del campo, en general y a la difícil situación de los productores de maíz, en particular. Entre estos factores destacan las importaciones de maíz, casi 10 millones de toneladas al año.

Los efectos del cambio climático que han contraído a la producción mundial y los acuerdos comerciales firmados en el marco del Tratado de Libre Comercio, particularmente con Estados Unidos de América. Pero la afectación más grave es la derivada de las incorrectas políticas de fomento y apoyo a los productores de maíz que venía operando el gobierno federal.

En la política social de apoyo al campo, no solo se dio una dispersión de recursos en programas federales, sino que el potencial beneficio de los subsidios venía siendo entregado a los productores más grandes y que monopolizan el mercado.

Si bien el aumento de la producción de maíz en México desde hace más de tres décadas ha sido constante, al pasar de un promedio de 12 millones de toneladas al año en el período 1985-1991, a 21.7 millones de toneladas al año en el período 2000-2010, la demanda del mercado interno ha sido mayor que la producción, teniendo un déficit aproximado de 8 millones de toneladas de maíz por año, principalmente de maíz amarillo, que se cubren con la importación, principalmente desde Estados Unidos de América.

Por otro lado, los diversos programas que se implementaron en apoyo a los productores nacionales presentaron importantes deficiencias, tal es el caso del programa de Apoyos Directos al Campo, el cual según datos del Informe de Evaluación de la Política Social 2011, el Procampo es un programa que tiene un desfase significativo entre su padrón y los productores del país, además que es un programa que beneficia proporcionalmente a los mayores productores.

En el mismo sentido y confirmando lamentablemente la misma tendencia, está el Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (Promasa), programa donde el Coneval precisa que el diagnóstico en el diseño del programa para contrarrestar el problema que afecta a este sector no establece claramente la problemática en la industria de nixtamal, ya que solo se concentra en el análisis del precio de la tortilla en México y en la importancia para la canasta básica.

Ante esta situación, es urgente que este Congreso se pronuncie a favor de este punto de acuerdo y que en coordinación con la administración que va iniciando se realicen los ajustes necesarios a las políticas públicas de atención a los productores nacionales de maíz, especialmente a los pequeños y medianos.

No omito mencionar que hace tres sesiones fue turnado a las Comisiones Unidas de Agricultura y de Hacienda una proposición con punto de acuerdo firmada por el de la voz, donde se solicita una asignación de recursos adicionales por 3 mil millones de pesos al Programa de Agricultura por Contrato, para beneficiar a pequeños productores que han quedado fuera del lesivo Programa de Administración de Riesgos de Mercado a través de Intermediarios Financieros.

Por esto es que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional —por mi conducto— hace de su conocimiento que votará a favor de este punto de acuerdo, que hoy presenta el diputado Narcia Álvarez, del Partido Verde Ecologista. Sería cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Una vez que se ha agotado la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con la comunicación del coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

DIPUTADOS QUE CAMBIAN DE GRUPO PARLAMENTARIO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados

Doctor Fernando Serrano Migallón, Secretario General de la Cámara de Diputados.— Presente

Por medio de la presente, me permito distraerlo de sus múltiples actividades para informarle que a partir del día de hoy, se integran al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, los diputados federales Gerardo Villanueva Albarrán y Rodrigo Chávez Contreras, de los cuales anexo al presente oficio, sus solicitudes de separación del Grupo parlamentario del PRD, así como de inclusión al grupo que me honra coordinar.

Aprovecho también para solicitarle que gire sus apreciables instrucciones con el fin de que se tomen las medidas pertinentes, tanto administrativas como de otro orden, para que los diputados federales en comento puedan continuar con su trabajo legislativo, dentro de nuestro grupo parlamentario.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de diciembre de 2012.— Doctor Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), coordinador Movimiento Ciudadano.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador General del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.— Presente.

Con fundamento en el artículo 6, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle tenga la amabilidad de realizar las gestiones que considere correspondientes con el fin de ser integrado en el grupo parlamentario bajo su coordinación. Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2012.— Diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 6, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle tenga la amabilidad de realizar las gestiones que considere correspondientes con el fin de ser separado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2012.— Diputado Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De enterado. Comuníquese.

Ruego a la Secretaría dé lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación a los integrantes y junta directiva de comisiones ordinarias.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Enrique Alejandro Flores Flores cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Enrique Alejandro Flores Flores cause alta como secretario en la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que el diputado Víctor Rafael González Manríquez cause baja como integrante de la Comisión de Pesca.

• Que el diputado Víctor Rafael González Manríquez cause alta como secretario en la Comisión de Desarrollo Municipal.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a las diputadas y los diputados si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente,

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquense.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: Se recibió de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe la presente, diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículo 6, fracción I, y 79, numeral II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se solicita la modificación del nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por la Comisión de Atención a Personas o Grupos en condición de Vulnerabilidad, de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

1. Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos como grupos sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas de las políticas públicas, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas.

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) define la vulnerabilidad como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales. Considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) concibe a la vulnerabilidad como un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y se ha arraigado en nuestras sociedades. La acumulación de desventajas, es multicausal y adquiere varias dimensiones. Denota carencia o ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar situaciones en desventaja, estructurales o coyunturales.

Desde una perspectiva alimentaria, la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define un grupo vulnerable al que padece de inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla. El grado de vulnerabilidad de una persona, un hogar o un grupo de personas está determinado por su exposición a los factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas.

Para lo cual, es importante entender que el significado de la palabra  “Vulnerable”; ésta se entiende como “que puede ser herido o dañado física o moralmente”, por consiguiente se debe de entender que Grupos Vulnerables, son aquellos que pueden ser violentados por cualquier persona o acción en sus derechos fundamentales.

Y la finalidad de los que busca la comisión en comento, es la de ayudar a las personas que se encuentra en alguna situación de vulnerabilidad, misma situación que los hace pertenecer en a este tipo de grupos, pero no lo son por el simple hecho de ser personas, la vulnerabilidad de debe definir por la situación en la que viven o cuando otro ente vulnera sus derechos.

Por lo expuesto, me permito poner a la consideración de este honorable pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VII numeral 2 del artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 39.

1. Las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

...

2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Las comisiones ordinarias serán:

...

Fracción VII. La Comisión de Atención a Personas o Grupos en Condición de Vulnerabilidad.

Artículo Transitorio

Único. Las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contenidas en el presente decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el 28 de noviembre de 2012.— Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY DE TRANSPARENCIA Y DE FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CREDITO GARANTIZADO

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 19 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, suscrita también por el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Muchas gracias, señor presidente. Como usted lo ha mencionado, suscrita por el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de un servidor suyo; queremos poner a su consideración una modificación de los artículos 6 y 19 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.

¿En qué consiste esta iniciativa? Se trata de hacer posible que la subrogación en una operación hipotecaria se haga posible en los hechos, para que muchos mexicanos que se ven en la necesidad de contratar un crédito hipotecario y que luego de contratado requieren de cambiar su crédito hipotecario para tener mejores condiciones en otra entidad financiera, lo puedan realizar.

En México existe la posibilidad de mejorar las condiciones contratadas de un crédito hipotecario —como lo dije— a través de la figura de la subrogación, conocida en el medio financiero como el traspaso de crédito hipotecario.

A pesar de que la ley lo establece como un derecho para el cliente y una obligación para las entidades de aceptar el cambio de condiciones en beneficio del cliente, la realidad es que este es inoperante, a razón de que las entidades que tienen las mejores condiciones procesan el traspaso como un nuevo crédito que implica que el cliente tenga que cumplir con una serie de requisitos, que lo hace —como dijéramos— volver a comenzar o comenzar de cero.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros menciona que algunos oferentes no permiten que sus clientes subroguen sus derechos con otro acreedor que mejore las condiciones de su crédito actual; de esta manera, aunque el acreditado tenga ese derecho como lo marca la ley, evidentemente que la legislación como está no hace factible que esto suceda.

En algunas entidades para los casos de subrogación al cliente se cobra aproximadamente el 1.5 por ciento por la reescrituración con el cambio de nombre de la entidad a cargo de la hipoteca, cobro que la ley no prevé; en algunas otras, el costo de cambiar el crédito es de un 6 por ciento promedio al valor del inmueble.

Se trata entonces, compañeras y compañeros diputados, de hacer posible que esta subrogación de crédito se dé y que haya realmente una competencia que implique, a final de cuentas, el beneficio para los clientes que tienen a su disposición diversos créditos hipotecarios.

Pareciera que éste es un beneficio marginal, pero he de decirles que sin duda este beneficio vendría a reactivar, en mucho, el crédito hipotecario y evidentemente la competencia entre las entidades financieras para que pueda resolverse de esta manera.

Proponemos entonces, señor presidente, las modificaciones a los artículos 6 y al 19 de la Ley de Transparencia y de Competencia en el Crédito Garantizado, en los términos que están en la Gaceta Parlamentaria, esperando contar con la consideración y el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, por su atención.

«Iniciativa que reforma los artículos 6o. y 19 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, a cargo del diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Del diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, tomando en cuenta la siguiente

Exposición de Motivos

La subrogación es una operación prevista en Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado vigente desde el año 2003, que promueve el acreditado para cambiar su crédito hipotecario de una entidad a otra, buscando reducir su deuda a través de un menor pago de intereses y plazos.

En México, existe la posibilidad de mejorar las condiciones contratadas de un crédito hipotecario a través de la figura de la subrogación, conocida en el medio financiero como el “traspaso del crédito hipotecario”. A pesar de que la ley lo establece como un derecho para el cliente y una obligación para las entidades, de aceptar el cambio de condiciones en beneficio del cliente, la realidad es que es inoperante, a razón de que las entidades que tienen las mejores condiciones procesan el traspaso como un nuevo crédito, lo que implica que el cliente tenga que cumplir con la mayoría de los requisitos que se enumeran a continuación:

I. Tendrá que iniciar el proceso desde cero y cumplir con todas las condiciones de iniciales, incluyendo revisión de buró de crédito;

II. Obtener la mejora por el monto del adeudo vigente al momento que se haga el “traspaso”;

III. Pagar comisión de apertura de crédito, aunque existen instituciones que no la cobran;

IV. Reiniciar el plazo o ampliarlo, es decir los años ya cubiertos sirvieron para pagar parte del crédito con el banco anterior;

V. Pagar gastos de escrituración del “traspaso”, que implican realizar un desembolso antes de ver los beneficios del “traspaso”.

Todos estos son costos ocultos en el proceso de traspaso o subrogación del crédito, que desalientan al cliente a cambiar de Entidad y limita la competencia. Por lo que podemos concluir, que en México no se da una subrogación del crédito hipotecario, se da más bien una novación de los términos y condiciones. La subrogación de créditos hipotecarios no ha tenido eco entre los clientes, porque hay un desconocimiento a las disposiciones vigentes y porque lograr una subrogación, implica diversas complicaciones.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros menciona que algunos oferentes no permiten que sus clientes subroguen sus derechos con otro acreedor que mejore las condiciones de su crédito actual, de esta manera, aunque el acreditado tenga ese derecho como lo marca la ley, de hacer la sustitución de su crédito, es necesario el consentimiento de ambas entidades para efectuar el movimiento.

La información en diversos bancos, por ejemplo, sobre los trámites para la subrogación de un crédito hipotecario, constata que cada entidad aplica su propio criterio, y no el que está previsto en la ley. En este sentido, el artículo 19 de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, establece que:

La Secretaría de Economía podrá celebrar convenios de coordinación con los estados y municipios para eliminar los costos registrales y los aranceles notariales, procurando que en los casos de subrogación no se carguen los mismos costos de una nueva transacción y si es posible, eliminarlos.

Sin embargo, todas las entidades que otorgan crédito cobran diferentes tasas y montos del llamado pago de reescrituración, haciendo valer un criterio que es contrario a la ley.

En algunas entidades, para los casos de subrogación al cliente, se le cobra aproximadamente el 1.5 por ciento por la reescrituración con el cambio de nombre de la entidad a cargo de la hipoteca, cobro que la ley no prevé. En algunas otras, el costo de cambiar un crédito es del 6 por ciento promedio del valor del inmueble.

De esta manera, el mayor problema de la subrogación es que el usuario tiene que volver a desembolsar gastos que ya hizo con una apertura normal de crédito.

Aunado a lo anterior, la subrogación de créditos hipotecarios no ha tenido penetración entre los clientes, porque hay un desconocimiento a las disposiciones vigentes y porque lograr una subrogación, implica diversas complejidades y costos que desincentivan su aprovechamiento. El monto del saldo de crédito que se ve beneficiado con la opción de la subrogación en crédito a la vivienda es de 404.3 mil millones de pesos al cierre de febrero del presente año, representando el 20 por ciento del crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector privado. Cabe señalar que de acuerdo al Banco de México, el CAT del crédito hipotecario promedio se ha mantenido estable en niveles del 15 por ciento aunque el CAT mínimo está a niveles entre el 12 por ciento y 13 por ciento. El efecto de la subrogación eleva la competencia entre los oferentes de crédito hipotecario, disminuyendo el nivel de CAT promedio del sistema.

Por lo anterior, proponemos adicionar un párrafo al artículo 6 de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado estableciendo lo siguiente:

“...A las entidades, tratándose de una subrogación de créditos queda prohibido el cobro de penalizaciones, así como de cualquier otro costo asociable al proceso de subrogación. Los gastos por concepto de registro y aranceles notariales a cargo del acreditado por concepto de reescrituración de un bien inmueble en garantía del crédito no deberán ser proporcionales al valor del inmueble sujeto a la subrogación debiendo ser de mínimo monto o nulos...”

Con el objeto de que dicho artículo no sea omiso con las entidades que otorgan crédito y disminuir los costos de transacción asociados con la subrogación de créditos hipotecarios destinados a la vivienda, considerando que la subrogación es el mecanismo mediante el cual la competencia entre las diferentes entidades que ofertan crédito a la vivienda se intensifica prolongándose a lo largo de la vigencia de los créditos.

Los beneficios a los usuarios de créditos hipotecarios a la vivienda deben de provenir de una intensa competencia entre entidades oferentes y ser incorporados tanto a los nuevos créditos como a los créditos vigentes. Por ello la subrogación de los créditos es un elemento fundamental para que las Entidades mantengan los beneficios de mejores términos y condiciones a todos los acreditados, incrementado el alcance de elección a los usuarios de un crédito vigente con lo que la presión competitiva entre las entidades se amplifica a todos los usuarios de crédito hipotecario, nuevos y existentes.

Asimismo, proponemos reformar el artículo 19 del mismo ordenamiento, para que quede de la siguiente manera:

“...A efecto de lograr plenamente el objetivo de disminuir los costos de transacción para la subrogación de deudor y la subrogación de acreedor conforme a los artículos 13, 14 y 15 de la presente ley, la Secretaría de Economía podrá celebrar convenios de coordinación con los estados y municipios para que los costos registrales y aranceles notariales, no sean proporcionales al valor del inmueble sujeto a la subrogación. Lo anterior, con el objeto de beneficiar a los acreditados incentivar la reactivación del crédito...”

Con el objeto de exhortar a que la Secretaría de Economía lleve a cabo estos convenios de coordinación con los estados y municipios y, estableciendo que los gastos por concepto de registro y aranceles notariales a cargo del acreditado por concepto de reescrituración de un bien inmueble en garantía del crédito no deberán ser proporcionales al valor del inmueble sujeto a la subrogación, ya que en este sentido, los gastos por concepto de registro y aranceles notariales, en la práctica, guardan relación proporcional al valor de la propiedad, así el costo de reescriturar una propiedad no debería depender del valor del mismo, es decir, el costo operativo por reescriturar una propiedad de alta o baja cuantía es el mismo y por lo tanto, el monto de dicho pago debe ser mínimo o nulo.

La subrogación del crédito a la vivienda significa un elevado costo por el cambio a los usuarios de tales créditos, lo que imposibilita a los acreditados de optar por los beneficios de mejores términos y condiciones de crédito que surjan con posterioridad al otorgamiento del crédito. Es decir, que la subrogación de los créditos a la vivienda es una forma de portabilidad a la que el deudor puede recurrir para mejorar los términos y condiciones originales del crédito. Tal portabilidad es un incentivo a las entidades a competir no sólo en ofrecer las mejores condiciones de los nuevos créditos, sino que estas condiciones incorporen elementos flexibles que puedan ofrecer a sus acreditados a lo largo de la vida del crédito.

Por último, haciendo referencia al contexto internacional, en diversas naciones de Europa (España, Francia, Inglaterra), se establece expresamente en la ley que tratándose de una subrogación de créditos queda prohibido el cobro de penalizaciones, así como los costos registrales y aranceles notariales a cargo del acreditado por concepto de reescrituración de un bien inmueble.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado

Artículo Único. Se reforma el artículo 6, fracción VII, y el artículo 19; y se adiciona al artículo 6 un párrafo cuarto, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia e el Crédito Garantizado, para quedar como sigue:

Artículo 6. Las entidades, tratándose de créditos garantizados a la vivienda, estarán obligadas a extender sin costo alguno, una oferta vinculante a petición del solicitante y con base en la información que de buena fe declare éste, sin requerir la presentación de los documentos que soporten dicha información.

I. a VI. ...

VII. Las causas por terminación o resolución anticipada, y

VIII. ...

A las entidades, tratándose de una subrogación de créditos queda prohibido el cobro de penalizaciones, así como de cualquier otro costo asociable, al proceso de subrogación. Los gastos por concepto de registro y aranceles notariales a cargo del acreditado por concepto de reescrituración de un bien inmueble en garantía del crédito no deberán ser proporcionales al valor del inmueble sujeto a la subrogación debiendo ser de mínimo monto o nulo.

...

...

...

...

Artículo 19. A efecto de lograr plenamente el objetivo de disminuir los costos de transacción para la subrogación de deudor y la subrogación de acreedor conforme a los artículos 13, 14 y 15 de la presente ley, la Secretaría de Economía podrá celebrar convenios de coordinación con los estados y municipios para que los costos registrales y aranceles notariales, no sean proporcionales al valor del inmueble sujeto a la subrogación. Lo anterior, con el objeto de beneficiar a los acreditados incentivar la reactivación del crédito.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Economía en coordinación con los estados, el Distrito Federal y los municipios y con la participación de los Colegios de Notarios representativos llevará a cabo los convenios de colaboración para atender las disposiciones contenidas en el presente decreto en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la fecha de su entrada en vigor.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 28 de noviembre de 2012.— Diputado Ricardo Fidel Pacheco (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el deporte en México se ha transformado, la práctica amateur de las diferentes disciplinas deportivas aumenta para bien del futuro del país. Probado está que la práctica regular de algún deporte o actividad física trae múltiples beneficios para la salud del individuo, además de generar modelos de convivencia sanos para la comunidad.

El deporte tiene ganado un espacio fundamental en el desarrollo de las sociedades y es sobre el deporte la iniciativa que presento hoy ante ustedes.

Además, nuestro México camina peligrosamente en contrasentido a la esperanza de vida de sus habitantes; el sobrepeso y la falta de actividad física son las causas principales de enfermedades que ponen todos los años en peligro de muerte a las y los mexicanos.

Dicen los expertos que si no atendemos con prontitud este tema, nuestra esperanza de vida como mexicanos podría bajar de los 75 a los 60 años, en un claro retroceso a los avances que mucho esfuerzo nos han costado en materia de salud.

Como lo dije al inicio de mi intervención, la medicina más efectiva contra el sobrepeso y la obesidad está ganando lugar entre las actividades recreativas de nuestros jóvenes y buena parte de nuestros adultos. Además, esta medicina cuesta muy poco dinero y está al alcance de todo aquel que se preocupe por su salud. Las disciplinas deportivas son esa solución que puede cambiar un futuro tendencialmente preocupante.

Esta propuesta busca modificar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en lo particular, atendiendo el tema de la detección, del seguimiento y el desarrollo de los talentos deportivos; si los jóvenes ya practican con entusiasmo una disciplina deportiva, generemos un modelo de seguimiento y continuidad, en donde se puedan desarrollar las potencialidades de nuestros talentos.

Existiendo un adecuado seguimiento a la detección y proceso de preparación de los deportistas, generaremos expectativas positivas en la población de nuestro país y ello aumentará su participación en las actividades deportivas.

El deporte, además, ha demostrado ser una herramienta muy eficaz para impulsar el desarrollo, fomentar la paz y promover el cambio social.

La iniciativa que les comparto busca fortalecer los procesos para la temprana detección y estímulo de los nuevos talentos deportivos. Esto en el marco del proceso integral donde se capacite, asesore, asista a los jóvenes talentos y además, se apoye en el ingreso económico, la educación, alimentación y salud para que los deportistas alcancen la excelencia y tengan un respaldo para continuar con las carreras deportivas, generando en ello agentes de cambio que contribuyan a mejorar el entorno de sus familias y sus comunidades.

Por lo anterior, se propone la creación del Sistema Nacional para la Detección de Talentos Deportivos y se definen los criterios de apoyo para los mismos fines. Además en el cuerpo de la ley se dejan claros los criterios para homologar los medios de identificación y de selección a través de un sistema de detección y apoyo de talentos deportivos en cada una de las modalidades y disciplinas deportivas en todo nuestro país.

Teniendo claros los criterios también dejaremos claros los lineamientos para el seguimiento, ejecución y evaluación de la política deportiva, y el bien llevar de sus obligaciones. En el deporte, como en la vida, las reglas claras no dan margen a sospechas; el cumplimiento estricto de la norma garantiza la equidad y la igualdad, valores fundamentales en las disciplinas deportivas.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, no hace mucho tiempo recibimos a los medallistas olímpicos y paralímpicos, y tuvimos la oportunidad de platicar con ellos; una de las exigencias más recurrentes era precisamente sobre la falta de apoyo a la detección de talentos y el seguimiento a los mismos.

A veces juzgamos duro la actuación de nuestra representación nacional en competencias internacionales, pero poco nos detenemos a pensar en los abismos que existen en las políticas deportivas de los países en competencia, y si vemos el desarrollo humano de otros países en comparación con el nuestro, podremos ver cómo el deporte se convierte en una vía de acceso a mejores oportunidades a la educación y al desarrollo integral como personas.

Estoy convencido que el deporte forja el carácter de las personas, lo revela, lo muestra, saca lo mejor de nosotros y nos hace ir a romper cualquier barrera, incluso —y está demostrado— las limitaciones físicas.

De ahí esta propuesta del ejemplo de estos ímpetus, que a pesar de las limitaciones dan resultados, que a pesar de las vicisitudes nos traen medallas y rompen récords. Demos respuesta a esas peticiones, a las sabias palabras del que vive la realidad deportiva en los ejercicios de alto rendimiento; preparemos y detectemos a las generaciones que serán las glorias futuras de nuestra nación.

Igual que en los deportes, el trabajo de equipo está detrás del éxito, y debemos seguir actuando juntos para avanzar hacia un mundo más equitativo, seguro, sostenible, mediante el deporte.

Démosle la oportunidad a miles de mujeres y hombres que tienen la capacidad y el talento para llegar muy alto; seamos su apoyo, seamos su impulso. Nunca menospreciemos el corazón de los campeones. Es cuanto, ciudadano presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, diputado de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XII, XIII, XIV y XV al artículo 3, se reforma la fracción XXIII y se recorren las fracciones vigentes en orden subsecuente del artículo 29, se reforma el artículo 101, se adiciona una fracción IV al artículo 137 y se adiciona una fracción IV al artículo 139, todos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y se agrega un título quinto a la Ley General de Cultura Física y Deporte destinado a la detección y apoyo para deportistas y talentos deportivos mexicanos al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Este trabajo parlamentario presenta una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XII, XIII, XIV y XV al artículo 3, se reforma la fracción XXIII y se recorren las fracciones vigentes en orden subsecuente del artículo 29, se reforma el artículo 101, se adiciona una fracción IV al artículo 137 y se adiciona una fracción IV al artículo 139, todos de la Ley General de Cultura Física y Deporte y se agrega un título quinto a la Ley General de Cultura Física y Deporte destinado a la detección y apoyo para deportistas y talentos deportivos mexicanos, con la finalidad de darle a la Conade instrumentos para la detección y apoyo de deportistas y talentos deportivos mexicanos y armonizar el marco jurídico vigente en la materia.

Para dar la adecuada motivación a este trabajo parlamentario me permito presentar la siguiente

Exposición de Motivos

El desarrollo social en nuestro país es un concepto que abarca distintos ámbitos, y es parte fundamental para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. El tema de desarrollo social en México es sumamente sensible, toda vez que somos un país de profundas desigualdades y con elevados niveles de pobreza y subdesarrollo en gran parte del territorio nacional.

Esta situación de desigualdad y exclusión, combinada con las secuelas sociales resultado de las crisis económicas han dejado un  profundo deterioro del tejido social, el cual por medio de la práctica deportiva puede mejorar de una forma notable, más porque desde nuestros orígenes como nación forma parte de nuestra historia.

Es muy importante darle su lugar al tema del desarrollo deportivo pues este genera reacciones y resultados muy positivos en la sociedad porque el deporte contribuye a la interiorización de normas y reglas, a mejorar la salud de los individuos, a mejorar su voluntad frente a los obstáculos que puedan presentarse posteriormente en la vida, a la canalización social de la agresividad, a la intrepidez, a trazarse metas elevadas como el que por medio del deporte se pueda lograr alcanzar una mejor preparación académica y por tanto mejorar las posibilidades de tener mayor acceso a mejores oportunidades.

Para alcanzar todas esas metas contribuye el deporte, incluso hay trabajos comunitarios que por medio de actividades deportivas en zonas de alto riesgo de nuestro país han dado resultados notables.

Por ello desde ese enfoque buscamos en este trabajo legislativo contribuir desde un punto de vista social a la formación y detección de los deportistas y así convertir al deporte en una herramienta importante para la formación armónica e integral de un individuo y su desempeño social posteriormente.

La identificación y selección de talentos deportivos debe de constituirse en una de las premisas fundamentales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Analicemos la historia entre los antiguos pobladores de nuestro país pasado glorioso en que el desarrollo físico era sumamente estimado, pues los guerreros se ejercitaban como verdaderos atletas expertos en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo en donde la destreza y rapidez eran fundamentales.

En este contexto podemos señalar que la práctica física entre los pueblos antiguos de Mesoamérica tenía tres razones fundamentales:

• La primera: la defensa de su territorio y alimento,

• La segunda: aumentar el poderío geográfico y económico, abasteciendo a los pueblos vencedores de alimento a través del tributo; y

• La tercera: abastecer de prisioneros para realizar ofrendas fundamentales a los dioses protectores, señalando que la muerte en batalla era casi nula ya que no se hacía la guerra con la finalidad de matar al adversario sino de hacerlo prisionero para posteriormente sacrificarlo; por lo que las técnicas de sometimiento e inmovilización del contrincante, tomaban el papel básico de esta práctica.

Lo anterior es sustentado por algunos historiadores, quienes afirman que en las actividades del Calmecac y el Tepochcalli se impartían ejercicios y entrenamientos rigurosos equiparables con el entrenamiento deportivo actual.

Sin lugar a dudas, uno de los ejemplos más conocidos de la escultura prehispánica olmeca, es la conocida como “El Luchador”. Esta figura tallada en piedra, y encontrada en Tabasco, representa a un atleta sentado; las proporciones de su cuerpo, su movimiento, el tratamiento de sus músculos, así como la naturalidad y la perfección del tallado, la convierten en una excepcional escultura que deja muestra palpable de lo importante que era este tema para nuestros antepasados.

El enfrentamiento cuerpo a cuerpo fue, una práctica generalizada e importante en las sociedades del México prehispánico.

Múltiples vestigios arqueológicos sitúan su práctica en casi la totalidad de la América central. Sus variantes fueron muchas, pero todas dependían del esfuerzo humano y muscular. Un ejemplo son los sacrificios que en honor de Huitzilopoztli, dios de la guerra, se llevaban a cabo en la ciudad de México Tenochtitlán.

En el Temalácatl (piedra redonda que se encontraba cerca del templo mayor), se daba a prisioneros armas cortas, atándolos de un pie a la piedra, enfrentándose a guerreros mejor armados. La práctica de lucha directa, fue mucho más importante de lo que hasta la fecha se ha dado por reconocer ya que, era base fundamental en la vida guerrera, social y religiosa de los pueblos del México antiguo, dando un horizonte mucho más abierto a técnicas y estrategias de tipo específico, inclusive a reglas y características determinadas.

Los representantes de la casta guerrera, se ejercitaban constantemente, para lograr una magnífica condición física. Durante, ciertos festivales, y muy especialmente aquellos dedicados a Huitzilopochtli, se llevaban a cabo demostraciones públicas en forma de simulacros de batalla campal, en las que se ponían de manifiesto las habilidades y destrezas de sus participantes.

En cuanto a las carreras a pie, eran juegos públicos que se realizaban en ciertas festividades, subiendo y bajando las escaleras del Templo Mayor y en las que participaban incluso niños.

Bernal Díaz del Castillo, en su obra sobre la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, menciona que con frecuencia, de los mejores corredores se seleccionaba a los mensajeros reales e incluso a quienes transportaban alimentos específicos de una parte del reino a la ciudad de Tenochtitlán para el consumo del mandatario.

Las carreras de distancia y resistencia, fueron y son hoy en día, de las actividades deportivas favoritas de muchos pueblos indígenas, como los tarahumaras y los yaquis; que se enorgullecen justificadamente de haber llegado a alcanzar y cansar venados en su persecución.

En los 7 pueblos que habitaron el valle de Anáhuac, en el altiplano mexicano, se practicaba habitualmente una actividad necesaria al encontrarse situados 6 de ellos, a orillas de un lago y el séptimo prácticamente el centro del mismo (el Azteca). El canotaje se realizaba, en pequeñas embarcaciones denominadas “Acalli” con las cuales, se trasladaban por agua a las diferentes rutas comerciales o sociales de manera más práctica.

Durante las festividades del dios de la lluvia, entre muchas de las actividades se llevaban a cabo singulares carreras de estas embarcaciones; donde se realizaban fuertes apuestas a los remeros más hábiles, así mismo esta práctica se sigue transmitiendo por tradición.

En Michoacán se practica la pelota tarasca, que como la pelota mixteca de Oaxaca y el ulama de Sinaloa, están vinculados con el antiguo juego de pelota practicado por los pueblos mesoamericanos. Este juego de pelota dramatizaba el movimiento de los astros en el firmamento, y en teoría sus descendientes actuales también lo hacen; claro está que ahora los equipos vencidos no son sacrificados a los dioses.

En Chihuahua, los tarahumaras realizan carreras rituales llamadas rarajípara y ariweta. La primera es para varones, y es jugada en equipos que se relevan para completar un recorrido de varios kilómetros por la sierra pateando una pequeña pelota. La segunda es para mujeres, y ellas deben hacer el recorrido empujando un aro.

El juego de pelota mesoamericano fue un juego ritual cuya práctica se extendió a lo largo de los tres mil años de historia precolombina mesoamericana, en todas las culturas de la región, e incluso en sitios oasis americanos como Paquimé y algunos de la cultura Fremont.

Si bien México ha figurado dentro de las principales competiciones internacionales deportivas a lo largo de su historia, en el país se ha alejado de la práctica generalizada del deporte, ya que fue visto como un privilegio y hasta como una moda en distintas etapas de la historia moderna.

Actualmente en nuestro país se practican profesionalmente deportes como el fútbol y béisbol (ambos de gran tradición), así como el baloncesto, pelota vasca, boxeo, lucha libre, automovilismo, el tae kwon do, la natación, los clavados y el atletismo entre otros.

Por ejemplo el tiro con arco, el cual es el deporte más antiguo registrado por el hombre, ya que se tienen noticias de pinturas rupestres de cazadores en las cuevas de Valltorta y Morella en España, y en México es mencionado desde las antiguas leyendas que hablan de la creación del sol y la luna en las distintas culturas prehispánicas hasta las medallas de Aída Román y Mariana Avitia quienes ganaron plata y bronce, respectivamente, en el tiro con arco individual de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Tras la creación de la Federación Mexicana de tiro con arco en 1930, México participa en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, realizando un excelente papel al quedar Francisca de Gutiérrez en décimo lugar. En el tiro con arco, México fue uno de los principales impulsores para que el deporte entrara a los Juegos Panamericanos y a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en los cuales se ha estado siempre dentro de los primeros lugares, como lo vivimos en los recientes Juegos Olímpicos donde se obtuvieron medallas.

Otro ejemplo es la esgrima la cual tras ganar adeptos como pasatiempo entre las clases acomodadas, en 1924 se da la primera competición femenina de esgrima en la categoría florete. Los maestros franceses e italianos hacen su aparición en América a fines del siglo 19 para enseñar la esgrima y se inician las exhibiciones de competidores locales, los cuales causan sensación.

El dato más antiguo que se tiene de la esgrima en México se remonta a la Nueva España, donde existían centros de estudios específicos en los que enseñaba el arte, los maestros de esa época requerían de un permiso especial para impartir sus clases por lo que debían aprobar un examen que les otorgaba el título de Doctorado de Espada.

En la época de la Nueva España se acostumbraba que los maestros de esgrima visitaran a sus alumnos en sus casas, ya que generalmente tenían una buena posición económica y contaban con salones donde podían tomar sus clases libremente. Este deporte le dio a nuestro país una medalla Olímpica y distintos logros internacionales en la persona de Pilar Roldán, una atleta muy completa en ataque y defensa, hábil, rápida y pragmática. Su padre Ángel El güero Roldán, fue uno de los mejores raquetistas en el ámbito nacional, seleccionado mexicano de Copa Davis (1934). Su madre María Tapia, La Chata, también tenista, fue triple medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (El Salvador 1935), campeona en singles, dobles y mixtos; además, ganó dos medallas de plata en dobles y mixtos en los Centroamericanos y del Caribe de México 1954. Pilar Roldán a los 13 años pidió tomar clases de esgrima; para después especializarse con el florete, hasta encumbrarse a la gloria en los Juegos Olímpicos de 1968, efectuados en su propio país, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en lograr una medalla olímpica en la historia.

Pilar Roldán es también la primera mujer que funge como abanderada al frente de una delegación olímpica. Es la segunda mujer en representar a México en Juegos Olímpicos (Esgrima, Melbourne 1956) –Eugenia Escudero lo hizo en Los Ángeles 1932–. Pilar es la primera mujer de todo el continente americano en ganar una presea olímpica en la disciplina de esgrima.

Otro deporte de gran tradición en nuestro país es la Equitación. Pese a no contar con un comité olímpico constituido, México participó por primera vez en los Juegos de París en 1900.

Los hermanos Manuel, Pablo y Eustaquio Escandón Barrón obtuvieron la tercera posición la especialidad de Polo, esta victoria se considera extraoficialmente la primera medalla olímpica de México, además de las distintas victorias y satisfacciones que han dado a nuestro país personajes como el teniente Humberto Mariles Cortés, el único mexicano que ha ganado dos medallas de oro y el único que consiguió tres preseas en una sola edición en la cita olímpica de 1948, en Londres.

Los Ángeles 1932 fue la tercera vez que México compitió en los Juegos Olímpicos de la era moderna y la primera en conseguir un éxito.

Francisco Cabañas Pardo fue el primer mexicano que ganó una medalla olímpica. Boxeador en la categoría peso mosca, ganó medalla de plata en los juegos Los Ángeles 1932. Pero no fue fácil participar en esa competencia. En aquel entonces, el general Tirso Hernández presidía el Comité Olímpico Mexicano y daba mayor apoyo al esgrima y al tiro. Entonces, no había fondos para el atletismo ni el boxeo. Los directivos, con el fin de reducir los costos de enviar a la escuadra, intentaron conseguir pugilistas de ascendencia mexicana radicados en Los Ángeles. Tras un torneo clasificatorio, se logró reunir un equipo mexicano pero se les informó, a pocos días de su salida, que no había dinero para el viaje. La única forma de participar en las Olimpiadas sería pagando sus propios gastos de viaje y estancia. Sumando a la ya altísima responsabilidad de representar a su país, se unió la deuda moral que adquirió con quienes creyeron en él y lo apoyaron, su madre le entregó todos sus ahorros y en una pelea de box, el público cooperó. Tras una larga travesía en ferrocarril desde la Ciudad de México hasta Los Ángeles, llegó a la Villa Olímpica para competir.

El tercer round contra el húngaro Stephan Enekes terminó con el contrincante colgado de las cuerdas, demasiado golpeado y exhausto para moverse, mientras el público gritaba ¡México! ¡México! De repente el réferi, un europeo que no había hecho ningún intento por disimular su favoritismo, se dirigió al húngaro y le levantó el brazo en señal de triunfo. La rechifla que el público dedicó al jurado duró varios minutos. Con rabia y desencanto, Cabañas aceptó la medalla de plata.

El tirador Gustavo Huet Bobadilla, nacido en la Ciudad de México en 1911, obtuvo la medalla de plata en tiro con rifle de aire a 50m de distancia, tras quedar empatado con el sueco Bertil Ronnmark. Murió el 20 de noviembre de 1951 al ser arrollado por un conductor ebrio en la carretera a Puebla, donde se celebraba la Carrera Panamericana y cumplía su deber como policía de caminos.

En los Juego Olímpicos Berlín 1936, los equipos mexicanos ganaron las medallas de bronce en baloncesto y polo. Fidel Ortiz Tovar ganó bronce en boxeo.

Londres 1948 fue un gran escenario para el deporte mexicano. Las primeras medallas de oro en la historia de México las ganaron Humberto Mariles Cortés en la prueba de salto individual de equitación y se convirtió en el único mexicano en ganar dos medallas de oro olímpicas, la segunda con la prueba de salto por equipos junto a sus compañeros Rubén Uriza Castro y Alberto Valdés Ramos. Rubén Uriza Castro también ganó la de plata en la prueba de salto individual. Convirtiendo a la prueba de salto individual en el primer “1-2” de la historia olímpica mexicana.

Humberto Mariles Cortés, Raúl Campero y Joaquín Solano Chagoya ganaron la medalla de bronce en equitación por la Prueba de los Tres Días por Equipos.

Joaquín Capilla Pérez ha sido el mejor clavadista en toda la historia del país. Nació el 23 de diciembre de 1928 en la Ciudad de México. Ganó medalla de bronce en clavados desde la plataforma de 10 metros en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. En Melbourne 1956, ganó una medalla de bronce por clavado desde trampolín y una de oro por clavado desde plataforma. Este gran clavadista mexicano fue el único en ganar una medalla en Helsinki 1952 y plata en la competencia que siempre destacó, la plataforma. Es el máximo medallista mexicano de todos los tiempos con 4 medallas olímpicas y el único que ha logrado medallas en más de una edición olímpica. Su extraordinario dominio de esta disciplina le ganó ocho medallas de oro en repetidas ediciones de los Juegos Panamericanos y Centroamericanos.

Juan Botella Medina fue el único competidor de México en ganar medalla en Roma 1960 y bronce en la competencia de clavados desde el trampolín de 3 metros. En Tokio 1964, Juan Favila Mendoza fue el único mexicano en ganar medalla, bronce en boxeo.

Los atletas mexicanos corrieron con mucha mejor suerte cuando México fue el anfitrión de los Juegos Olímpicos en 1968. Felipe Muñoz ha sido el único mexicano en ganar una medalla de oro en natación, por la prueba de 200 metros estilo pecho. Fue el Presidente del Comité Olímpico Mexicano del 2000 al 2005. Ricardo Delgado Nogales, ganó la medalla de oro en box categoría de 48 a 51 kilogramos Antonio Roldán ganó la medalla de oro en box categoría de 54 a 57 kilogramos. José Pedraza Zúñiga ganó la medalla de plata en marcha de 20 kilómetros. Álvaro Gaxiola Robles ganó la medalla de plata en clavados desde la plataforma de 10 metros. María del Pilar Roldán fue la primera mujer mexicana en ganar una presea olímpica, plata en esgrima, categoría florete individual. Joaquín Rocha ganó la medalla de bronce en box categoría más de 81 kilogramos y Agustín Zaragoza la medalla de bronce en box categoría de 71 a 75 kilogramos. María Teresa Ramírez ganó otra de bronce en la prueba de 800 m estilo libre de natación.

La única medalla obtenida en los Juegos Olímpicos de Munich en 1972 fue plata en box categoría de 51 a 54 kilogramos, por Alfonso Zamora.

En Montreal 1976 Daniel Bautista ganó la de oro en marcha de 20 kilómetros y Juan Paredes Miranda la de bronce en box categoría de 54 a 57 kilogramos.

Los Juegos Olímpicos celebrados en Moscú 1980 fueron un gran escenario para los atletas de México. Carlos Girón Gutiérrez ganó medalla de plata en clavados de trampolín de 3 metros. Joaquín Pérez de las Heras ganó medalla de bronce en equitación, por la prueba de salto individual. Este gran atleta junto con Jesús Gómez Portugal, Gerardo Tazzer y Alberto Valdés Lacarra ganaron la medalla de bronce en equitación, prueba de salto por equipos. Valdés Lacarra es hijo del teniente coronel Alberto Valdés Ramos, campeón olímpico en Londres 1948. Este caso es único, jamás se ha repetido que padre e hijo ganen medallas en equitación olímpica. También en equitación, en la prueba de los tres días, ganó medalla de bronce el equipo formado por los mexicanos Manuel Mendivil, David Barcena, José Pérez Soto y Fabián Vázquez.

En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, Ernesto Canto ganó la medalla de oro en la competencia de marcha de 20 kilómetros. Raúl González Rodríguez ganó medalla de oro en marcha de 50 kilómetros y medalla de plata en marcha de 20 kilómetros. El resultado en la prueba de marcha en esta edición fue el segundo “1-2” en la historia olímpica de México. Héctor López Colín ganó la medalla de plata en box, Daniel Aceves Villagrán la medalla de plata en lucha grecorromana y Manuel Youshimatz medalla de bronce en ciclismo.

En los Juegos Olímpicos celebrados en Seúl en 1988, Mario González ganó la medalla de bronce en box y Jesús Mena Campos medalla de bronce en clavados desde plataforma de 10 m.

En Barcelona 1992 Carlos Mercenario ganó la única medalla obtenida por México, la de plata en marcha de 50 kilómetros. México también sólo pudo ganar una medalla en Atlanta 1996, bronce por el gran triunfo de Bernardo Segura en marcha de 20 kilómetros.

Los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 contaron con una mejor participación de los atletas mexicanos. Soraya Jiménez Mendívil ganó la medalla de oro en halterofilia y Fernando Platas la medalla de plata en clavados desde trampolín de 3 metros.

En marcha, Noé Hernández ganó la medalla de plata por la competencia de 20 kilómetros y Joel Sánchez Guerrero la de bronce por 50 kilómetros. Christian Bejarano Benítez ganó bronce en box y Víctor Manuel Estrada Garibay obtuvo la de bronce en tae-kwon-do.

La participación de la representación mexicana también fue buena en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. La famosa corredora mexicana Ana Guevara obtuvo la medalla de plata en 400 m y Belém Guerero Méndez obtuvo plata en ciclismo. Pero la gran presencia de México fue ejecutada por los hermanos Salazar Blanco en tae-kwon-do, donde Óscar gano la medalla de plata e Iridia la de bronce.

Durante los juegos olímpicos de Beijing 2008, México obtuvo 3 medallas. Lo importante de estos juegos fue que de esas 3 medallas, 2 fueron de oro. Paola Espinoza y Tatiana Ortiz ganaron la medalla de bronce en clavados sincronizados desde la plataforma de los 10 metros. En tae-kwon-do, Guillermo Pérez y la originaria de Guasave, Sinaloa, María del Rosario Espinoza fueron los ganadores de dichas medallas de oro.

Y en la pasada edición de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en los que se obtuvo la medalla de oro en futbol, una medalla de bronce de la sinaloense María del Rosario Espinoza, una medalla de plata en tiro con arco de Aída Román así como un bronce de Mariana Avitia, una medalla de bronce en clavados de 3 metros de Laura Sánchez, una medalla de plata de Iván García y Germán Sánchez en clavados sincronizados, una medalla de plata en clavados sincronizados en plataforma de Paola Espinoza y Alejandra Orozco.

Es importante señalar, que si analizamos el proceso de cada uno de estos deportistas, muy pocos pasaron por un proceso de formación y detección temprana, es decir, en general, estos deportistas, no nacieron de un programa diseñado para su desarrollo a edades tempranas, y los que sí lo hicieron, es notable la calidad con la que se destacan a nivel mundial.

Y si vamos más profundo en el tema deportivo, estos antecedentes históricos, sociales y deportivos contrastan con las cifras actuales que indican que tres de cada siete mexicanos tienen una cintura más grande de lo que deberían, según datos dados a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

México es el segundo país con más obesidad o con sobrepeso de una lista que incluye a 40 naciones, según los datos arrojados por la más reciente actualización del informe Obesidad y la economía de la prevención del 2010.

Esta proporción solo es superada por Estados Unidos, donde el 33.8 por ciento de sus habitantes sufre de sobrepeso.

El exceso de peso también tiene implicaciones económicas para las personas y los países: las personas con obesidad  ganan en promedio 18 por ciento menos, piden más incapacidades, tienden a ser menos productivos y gastan 25 por ciento más en su salud. Es para destacar que los países de la OCDE emplean entre el 1 y 3  por ciento de sus presupuestos de salud en atender enfermedades relacionadas con el sobrepeso.

Aunque en los últimos tres años la epidemia de la obesidad creció a un ritmo más lento de lo que la OCDE esperaba el pronóstico a futuro es negativo. El organismo prevé que para 2020 dos de cada tres habitantes de los países que integran esta organización tendrán problemas de peso.

Uno de cada cinco menores de entre 5 y 17 años tiene peso de más en los países de la OCDE. En la mayoría de las naciones, los hombres se ven más afectados por esta epidemia que las mujeres, alerta el informe, aunque no explica por qué ocurre este fenómeno. México ocupa el cuarto lugar con más menores con obesidad. El primero en la lista es Grecia, seguido de Estados Unidos e Italia. Por ellos es necesario incentivar a los niños y a los jóvenes para que tomen el deporte como un estilo de vida que incluso les pueda facilitar el acceso a nuevas oportunidades y a los adultos y adultos mayores a participar en las actividades deportivas con la finalidad de mejorar su nivel de vida y de salud.

En este aspecto, el organismo UNICEF de la ONU, reconoce la función esencial del deporte y la actividad física en la vida de la infancia. Pues el deporte y la diversión, además de ser un medio para alcanzar los principales objetivos de este organismo internacional, constituyen objetivos en sí mismos, dado que garantizan el derecho de todos los niños y niñas a jugar. Pues todos los niños y niñas tienen derecho a un comienzo saludable; todos los niños y niñas tienen derecho a una educación. Y todos los adolescentes tienen derecho a poder convertirse en ciudadanos responsables y comprometidos.

La práctica regular de deportes y juegos desde la primera infancia y durante la adolescencia es esencial para el desarrollo físico, mental, psicológico y social. La participación en actividades deportivas puede fortalecer la salud de la infancia, al mejorar el rendimiento escolar y contribuir a reducir el nivel de delincuencia aunado a que nuestro país padece de una grave epidemia de obesidad que no podrá ser contenida por el aparato de salud, el cual que no tendrá capacidad humana, financiera, ni de infraestructura para enfrentar la alta incidencia de casos causados por enfermedades crónico degenerativas generadas como la diabetes y la hipertensión arterial, y el deporte representa en buena medida una solución para dicho problema.

Se requiere una estrategia urgente para revertir la tendencia actual en la que la expectativa en el nivel de vida del mexicano promedio se reduce hasta en un 15 por ciento, asumiendo que el record actual de es 75 a 78 años. Estaríamos hablando que más de la mitad de la población no llegaría ni a los 60 años de mantener una nula actividad física en su vida.

El sobrepeso y la falta de actividad está asociado con un gran número de enfermedades graves crónica de la salud que están empezado a sembrar el pánico en muchos sectores de la población porque hay un alto número de casos de diabetes mellitus, astro esclerosis múltiple que derivan en infartos al miocardio, insuficiencia vascular periférica y problemas renales y riesgo de contraer cáncer. Uno de los objetivos que se buscan con este trabajo parlamentario, es generar una dinámica en la cual los deportistas puedan acceder a los diversos apoyos contemplados en la Ley, pero también generar un interés en la población para la práctica deportiva, ya que la práctica de este puede significar el acceso a la educación e incluso, traer beneficios extras a nuestra sociedad.

Debemos hacer conciencia ya que estos problemas a gran escala representarían el colapso del sistema de salud nacional por qué simplemente no habría medicamentos, ni equipo para cubrir las necesidades de atención mínimas de alto número de pacientes y muchas de las enfermedades crónico degenerativas causadas por la obesidad, no tienen tratamiento, solo control.

Ha llegado el momento de prender los focos de atención preventiva, empezando por generar una cultura deportiva adecuada en la población, para tratar de contrarrestar los efectos de la obesidad, porque sin duda alguna el deporte ha cobrado gran importancia en nuestro país toda vez que su práctica programada y sistematizada trae como consecuencia mejoras en la salud, así como una condición física adecuada, con un adecuado programa de detección de talentos deportivos lo que se puede generar es una perspectiva diferente, en donde la práctica deportiva permita el acceso a nuevas oportunidades y además traer beneficios de salud para toda la población.

Por ello proponemos en este trabajo legislativo, en la lógica de que existiendo adecuado seguimiento a la detección y proceso de preparación de los deportistas, se genere la expectativa en la población de aumentar su participación en las actividades deportivas.

Es necesario fortalecer los procesos de detección atendiendo a los principios técnico metodológico establecidos por la CONADE, y así se generar mejores posibilidades de desarrollo deportivo y crear una dinámica en la que por medio de la práctica deportiva podamos brindar apoyos y capacitación, homologando a nivel nacional los criterios para la temprana detección y estimulo de los nuevos talentos, así como de los deportistas en general.

Es muy importante señalar que el deporte no se encuentra relacionado solamente con la preparación para obtener grandes resultados, sino con un largo proceso que sin duda inicia con la detección temprana de los talentos deportivos, y continúa con su desarrollo y se complementa con la posibilidad de brindar acceso a la educación superior.

En esta propuesta señalamos que los apoyos consistirán en

I. Dinero o especie;

II. Capacitación;

III. Asesoría;

IV. Asistencia y alimentación;

VI. Seguros;

VII. Educación; y

V. Gestoría.

De tal forma que sea atractivo para todos el practicar deporte y por ende, buscar alcanzar la excelencia en el mismo.

No estamos hablando solamente del deporte de alta competencia, estamos hablando de generar entre toda la población el ánimo para lograr destacar en el deporte y sobre todo generalizar la actividad física.

El camino para fortalecer la cultura deportiva, es iniciar con la detección de una forma adecuada. estas actividades son propuestas con una visión de desarrollo social, ya que tienen la finalidad de generar individuos que por medio de la práctica deportiva se desarrollen y puedan convertirse en agentes del cambio contribuyendo a crear comunidades y una sociedad más justa, más sana y pacífica.

En esta iniciativa con proyecto de decreto se adicionan las fracciones XII, XIII, XIV y XV al artículo 3 con la finalidad de insertar en el cuerpo de la ley los conceptos que permitan trabajar de forma adecuada la detección de talentos.

De la misma forma se reforman la fracción XXIII y se recorren las fracciones vigentes en orden subsecuente del artículo 29, se reforma el artículo 101, se adiciona una fracción IV al artículo 137 y se adiciona una fracción IV al artículo 139, todos de la Ley General de Cultura Física y Deporte para adecuar la legislación actual a los conceptos vertidos en este trabajo legislativo.

Quiero destacar, que por medio de la reforma de la fracción XXIII del artículo 29 y sobre todo con la adición de un título quinto a la Ley General de Cultura Física y Deporte, Detección y Apoyo para Deportistas y Talentos Deportivos Mexicanos, se le brindan a la Conade atribuciones muy claras para que los criterios de identificación y selección de talentos deportivos a través de un sistema nacional permitan el acceso a estos apoyos y a la práctica deportiva a toda la población de nuestro país, homologando los criterios de identificación y selección a través de un sistema nacional de detección y apoyo de talentos deportivos en cada una de las modalidades deportivas y en todo nuestro país.

Esto permitirá alcanzar el fin que se persigue a largo plazo y en las etapas que le restan a los talentos para cumplir su proceso, en ese sentido, por el tiempo que media entre la aplicación de los instrumentos de detección y la estabilización de los resultados de importancia, podemos hablar de 3 niveles, que a la luz del rendimiento deportivo constituyen la suma optima de picos a los que debe arribar un deportista, entre los que se encuentra el que incluye su máximo resultado.

En un primer nivel se enmarca la selección para la conformación de equipos escolares, un segundo nivel responde a la agrupación de atletas como futuros integrantes o futuras reservas de los equipos nacionales para eventos de importancia y el tercer nivel es donde se realiza la selección con vistas a integrar los equipos o selecciones para confrontaciones de rango mundial.

El primer tipo de selección tiene como fin la identificación de las características individuales que facilitan la organización de grupos para su preparación, según indicadores que se asignan respondiendo al interés de los profesores, entre las que deben estar presente factores de preparación inicial, como la evaluación de la relación entre la edad biológica y edad cronológica, junto a otros indicadores sociales, que cumplen la función de aportar información sobre las condiciones generales y actuales que posee el talento para recibir determinado contenido acorde a la etapa.

En el resto de los tipos de selección se realizan evaluaciones de factores que conjugan índices sociales y motores, en estos últimos se incluyen los que valoran el estado actual y la posible dinámica de desarrollo de la condición física y técnico táctica.

Sin duda La obtención de grandes logros deportivos depende de un proceso de, Identificación, Selección y Desarrollo de atletas con aptitudes para una disciplina, mediante la aplicación de programas a largo plazo.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones XII, XIII, XIV y XV al artículo 3, se reforma la fracción XXIII y se recorren las fracciones vigentes en orden subsecuente del artículo 29, se reforma el artículo 101, se adiciona una fracción IV al artículo 137 y se adiciona una fracción IV al artículo 139, todos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y se agrega un título quinto a la Ley General de Cultura Física y Deporte, “Detección y Apoyo para Deportistas y Talentos Deportivos Mexicanos”

Único. Se Adicionan las fracciones XII, XIII, XIV y XV al artículo 3, se reforma la fracción XXIII y se recorren las fracciones vigentes en orden subsecuente del artículo 29, se reforma el artículo 101 de la Ley General de Cultura Física y Deporte y se agrega un Titulo Quinto a la Ley General de Cultura Física y Deporte, Detección y Apoyo para Deportistas y Talentos Deportivos Mexicanos, para quedar como sigue:

Se adicionan las fracciones XII, XIII, XIV y XV al artículo 3 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para quedar como sigue:

Artículo 3. Para efectos de la presente ley, se entenderá por

I. a XI. ...

XII. Sinadectade: Sistema Nacional para la Detección de Talentos Deportivos.

XIII. Apoyos: Referente a los recursos destinados al desarrollo de los deportistas y talentos deportivos detectados, los cuales pueden ser económicos y en especie.

XIV. Deportista: Todo aquel practicante de un deporte ya sea de forma individual o colectiva, que cumpla con lo estipulado en la normatividad establecida por las instancias oficiales de la Conade y que se encuentre en los estándares de calidad establecidos por la propia Conade, en la Ley General de Cultura Física y Deporte, su Reglamento y en él.

XV. Talentos deportivos detectados: Todo aquel deportista que cumpla con las especificaciones, marcas y requisitos exigidas por la Conade para la práctica del deporte y el deporte adaptado a un nivel de competencia que se encuentre en los estándares de calidad establecidos por la propia Conade en la presente ley y en él.

Se reforma la fracción XXIII y se recorren las fracciones vigentes en orden subsecuente del artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte:

Artículo 29. ...

I. a XXII. ...

XXIII. Homologar los criterios de identificación y selección a través de un sistema nacional de detección y apoyo de talentos deportivos en cada una de las modalidades y disciplinas deportivas.

Los lineamientos para su seguimiento, ejecución y evaluación se contienen en el Reglamento de esta ley, en la cual la Conade será la responsable de su cumplimiento;

XXIV. Celebrar todos aquellos contratos y convenios que le permitan cumplir con el objetivo para el cual fue creado; y

XXV. Las demás que esta ley u otras disposiciones legales determinen.

Se reforma el artículo 101 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para quedar como sigue:

Artículo 101. Los candidatos a obtener estímulos y apoyos a que se refiere este capítulo y el título quinto de esta ley deberán satisfacer además de los requisitos que establezca el Reglamento de la presente ley y los establecidos en el Reglamento, los siguientes:

I. Formar parte del Sinade, y en su caso del Sinadectade.

II. Ser propuesto por la asociación deportiva nacional correspondiente.

El trámite y demás requisitos para ser acreedores de los estímulos a que se refiere este capítulo y el título quinto de esta ley, se especificarán en el Reglamento de la presente ley y su otorgamiento y goce estará sujeto al estricto cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, los reglamentos técnicos y deportivos de su disciplina deportiva, así como a las bases que establezca el Ejecutivo federal por conducto de la Conade.

Se adiciona una fracción IV al artículo 137 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para quedar como sigue:

Artículo 137....

I.  a III. ...

IV. Para la aplicación de sanciones por faltas a estatutos y reglamentos, los organismos que pertenecen al Sinadectade habrán de prever lo siguiente:

I. Un apartado dentro de sus estatutos que considere las infracciones y sanciones correspondientes, de acuerdo a su disciplina deportiva, el procedimiento para imponer dichas sanciones y el derecho de audiencia a favor del presunto infractor;

II. Los criterios para considerar las infracciones con el carácter de leves, graves y muy graves; y

III. Los procedimientos para interponer los recursos establecidos en el artículo anterior.

Se adiciona una fracción IV al Artículo 139 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para quedar como sigue:

Artículo 139. A las infracciones a esta ley o demás disposiciones que de ella emanen, se les aplicarán las sanciones siguientes:

I. a III. ...

IV. A los beneficiarios del programa Detección y Apoyo para Deportistas y Talentos Deportivos Mexicanos:

a) Amonestación privada o pública;

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos; y

c) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sinade y al Sinadectade.

El trámite para la imposición de sanciones a las infracciones previstas en el presente título, se señalará en el Reglamento de esta ley.

Se adiciona el capítulo Detección y Apoyo para Talentos Deportivos para quedar como sigue:

Título QuintoDetección y Apoyo para Deportistas y Talentos Deportivos Mexicanos

Título PrimeroDisposiciones Generales

Artículo 141. Son prospectos y talentos deportivos detectados, todos aquellos que cumplan con las marcas y records exigidos por la Conade para la práctica deportiva en sus distintas modalidades, para los efectos de esta ley, serán todos los que reúnan los siguientes requisitos:

1o. Los que hayan cubierto las marcas, récords y requisitos señalados en el reglamento de la presente ley, así como con el reconocimiento de sus respectivos organismos nacionales e internacionales; y

2o. Cumplir con las normas y requisitos para la práctica deportiva establecidas por el Comité Olímpico Internacional, en su caso, el Comité Paralímpico Internacional, por el Comité Olímpico Mexicano y la Conade previo estudio y dictamen de las hojas de servicios correspondientes.

Artículo 142.Todos los mexicanos practicantes de un deporte tienen derecho a ser evaluados y ser candidatos a los apoyos que contempla la presente ley.

Artículo 143. La Conade tendrá la rectoría de la detección y estimulo para deportistas y talentos deportivos detectados en términos del artículo 29 XXIII de esta Ley General de Cultura Física y Deporte.

El otorgamiento de estímulos y apoyos se ajustará a lo establecido en el capítulo IV de la presente ley y en el Reglamento se establecerán los mecanismos de evaluación y seguimiento.

Artículo 144. El estudio y resolución de los problemas que afectan al desarrollo y detección de los talentos deportivos mexicanos, corresponden a la Conade, los términos relativos y correspondientes a este proceso se contemplarán en el reglamento de esta ley.

Artículo 145. Los deportistas y talentos deportivos detectados que se consideren excluidos indebidamente de los apoyos contemplados por esta ley podrán ocurrir ante la CAAD, quien decidirá en definitiva su situación.

Artículo 146. Los practicantes de un deporte que soliciten ser evaluados para ser acreedores a los apoyos contenidos en la presente ley deberán conducirse de acuerdo a la normatividad establecida en el Reglamento.

Artículo 147. Los deportistas y talentos deportivos detectados, cualquiera que sea el empleo lícito que desempeñen, gozarán de todos los beneficios y garantías que establece esta ley. La Conade capacitará y formará a los Entrenadores que formarán parte del Sistema Nacional de Detección de Talentos Deportivos.

Título SegundoDe los Apoyos para los Deportistas y talentos deportivos detectados

Artículo 148. El otorgamiento de apoyos para los deportistas y talentos deportivos detectados se observarán los términos señalados en el capítulo IV de esta ley y se realizará de la siguiente manera:

I. Los apoyos para los deportistas y talentos deportivos detectados se otorgarán de acuerdo a los lineamientos contenidos en el ., en los cuales se establecerá el monto que corresponde a cada deporte y se contemplará claramente cuándo serán económicos y cuándo serán en especie.

II. Los apoyos se les entregarán a los deportistas y talentos deportivos detectados de manera personalísima y de manera intransferible, el monto de los mismos se establecerá en el .

III. Los apoyos para los deportistas y talentos deportivos detectados, se les entregarán siempre que cumplan con los requisitos y criterios establecidos en él.

La calidad de deportistas y talentos deportivos detectados se acreditará ante la Conade con el oficio de reconocimiento expedido en el que se han acreditado con las marcas y records establecidos por la propia Conade.

IV. Los deportistas y talentos deportivos que cumplan con todos los requisitos señalados por la presente ley y el Reglamento serán inscritos en el Sinadectade.

Título TerceroObligaciones Relativas a los Apoyos para los entrenadores, deportistas y talentos deportivos detectados

Capítulo IDel Sector Público

Sección PrimeraDe la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Artículo 149. Los estímulos previstos en esta sección podrán consistir en

I. Dinero o especie;

II. Capacitación;

III. Asesoría;

IV. Asistencia y Alimentación;

VI. Seguros;

VII. Educación; y

V. Gestoría.

El procedimiento y lineamientos se establecerán en el Reglamento de esta ley.

Artículo150. Es obligación de los entrenadores, deportistas y talentos deportivos detectados beneficiados con los apoyos cumplir con los entrenamientos, la capacitación señalada en la normatividad así cumplir con los promedios académicos y cumplir con los requisitos señalados por el Reglamento de esta Ley.

Artículo 151. Los beneficiarios en el programa de de detección y desarrollo deportivo serán inscritos en el Sinade y en el Renade, y serán dados de alta en el Sinadectade por medio del cual recibirán los estudios básicos y superiores brindados por la SEP en las instalaciones para la práctica deportiva que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento.

Los beneficiarios que cumplan con los requisitos exigidos por el Reglamento de esta ley podrán acceder a la Educación Superior en los términos y mecanismos que el propio Reglamento establezca para ese fin.

Artículo 152. Si un entrenador, deportista ó talento deportivo detectado reconocido oficialmente falleciere, la Conade suministrará, a sus familiares desde luego y para gastos de funeral, un auxilio igual al importe de seis meses del apoyo económico que disfrutaba al morir.

Sección SegundaDe la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte

Artículo 153.La CAAD como lo describe la sección cuarta de la Ley General de Cultura Física y Deporte, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es mediar o fungir como árbitro en las controversias que pudieran suscitarse entre deportistas, entrenadores y directivos con la organización y competencia que esta ley establece; dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones e independiente de las autoridades administrativas y será la instancia para la resolución de cualquier situación derivada de los Apoyos para los Deportistas y talentos deportivos detectados.

Sección TerceraConformación del Sinadectade

Artículo 154. El Sinadectade se conformara por las dependencias, organismos e instituciones públicas y privadas, sociedades y asociaciones de carácter local y tendrán como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la detección de talentos deportivos, fomentar su práctica deportiva y participación en competencias, apoyo, promoción, difusión y desarrollo del deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito de sus competencias ya sean federales, estatales o municipales. Estas serán registradas ante la Conade y deberán cumplir con las especificaciones y requisitos en los términos y condiciones que establezca el Reglamento de esta ley.

De las instalaciones para la práctica deportiva y la detección de talentos deportivos

Artículo 155. Para efecto de que la Conade otorgue el registro correspondiente a las instalaciones deportivas, éstas deberán cumplir con el trámite previsto por el Reglamento de esta ley para ser registradas en el Sinadectade.

En todos los estados y municipios del país se establecerán instalaciones deportivas que permitan cumplir con la finalidad de realizar la detección e impulso de deportistas y talentos deportivos.

Artículo 156. En el caso de que desaparecieran las condiciones que dieron lugar al registro de una instalación de las reconocidas por la Conade en los términos de esta ley y cuando se estime que existe incumplimiento de los objetivos para los cuales fue acreditada, se seguirá el trámite que prevé el Reglamento de la presente ley, para la revocación del registro inicial y se emitirá la convocatoria respectiva para el registro de una nueva instalación que sustituirá a la que sea desaparecida.

Artículo 157.Cualquier órgano ya sea público o privado de los reconocidos en este título que reciba recursos del erario público, deberá presentar un informe semestral sobre la aplicación de los mismos y estarán sujetos a las auditorias financieras y evaluaciones que determine la Conade.

Transitorios

Primero. Las reformas contenidas en el presente decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Conade expedirá en el Reglamento de la Ley de Cultura Física y Deporte los lineamientos para la detección y apoyo para talentos deportivos mexicanos a más tardar en 60 días hábiles, contados a partir de la publicación de esta reforma.

Tercero.Para dar cumplimiento de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 29 del presente Decreto, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte podrá realizar convenios de colaboración con las dependencias y entidades que requiera para tales efectos.

Cuarto.El titular del órgano ejecutivo de la administración pública deberá incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, la partida que corresponda al sustento financiero a los apoyos económicos contenidos en el cuerpo de la Ley de Cultura Física y Deporte destinados para la detección y apoyo para talentos deportivos y así dar cumplimiento a la creación del Sistema Nacional de Detección y Apoyo de Talentos Deportivos.

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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.— Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Deporte, para su dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO - LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y expide la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya:Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, en primer lugar quiero agradecer el respaldo, la confianza, a los diputados Silvano Aureoles, Aleida Alavez, Ángel Cedillo, Amalia García, Fernando Belaunzarán, del PRD, y a Marco Antonio Bernal, Héctor Gutiérrez de la Garza, del PRI; Jorge Villalobos, del Partido Acción Nacional, y a otros compañeros más, diputadas y diputados, por apoyar y firmar esta iniciativa.

La iniciativa que exhorto a ustedes, compañeras y compañeros, a que respalden y aprueben en su momento en las comisiones respectivas, tiene como fin reformar la Ley del ISSSTE para crear el Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores del Estado como un órgano descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Esta transformación permitirá al Instituto de la Vivienda de los Trabajadores del Estado tener autonomía y un nivel técnico necesarios para el debido cumplimiento de sus atribuciones, sin menoscabo de la necesaria vigilancia que se debe ejercer sobre los recursos que administra.

Al tener personalidad jurídica, el instituto tendrá más agilidad para el cumplimiento de sus funciones, lo que conllevará a tener una mayor cobertura, sentando las bases para una mejor atención a su derechohabiencia; le permitirá ser más operativo en su toma de decisiones y adquirir mayor especialización. Lo que se ha pospuesto por la gama tan amplia de temas y responsabilidades del ISSSTE del que depende hoy.

Al separar el Fondo de la Vivienda se deben reformar varios artículos de la Ley del ISSSTE vigente para evitar duplicidades y ambigüedades que pudieran suscitarse en la aplicación de la nueva ley.

Además, se reforman diversas disposiciones, tal es el caso de los derechos de portabilidad entre el nuevo Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores del Estado y el Infonavit.

La nueva ley que se propone se compone de 38 artículos y ocho transitorios organizados en cuatro títulos; en el primer título de disposiciones generales, se describe el objeto del instituto, su cobertura, las definiciones legales que se instrumentan en la ley, así como las obligaciones de dependencias y entidades; en el título segundo, trata sobre el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores del Estado, que al igual que el Fovissste, se constituirá con aportación del 5 por ciento sobre el sueldo básico definido en la Ley del ISSSTE, que entrarán a la subcuenta de la vivienda de las dependencias y entidades.

El tercer título, determina la organización administrativa y las facultades del instituto. Éste tendrá como órganos de gobierno a la junta directiva, a la comisión de vigilancia y la integración de estos órganos es bipartita. Al frente de la junta directiva se encontrará un director general, con un perfil profesional adecuado para esta responsabilidad y que será nombrado por la junta directiva, a propuesta del Ejecutivo federal.

La normatividad para la elección de los representantes de las organizaciones de trabajadores en los órganos de gobierno será regulada por el Ejecutivo federal, bajo criterios de pluralidad y representatividad.

En el último título se establecen las características de los créditos que se otorgan al amparo del Fondo de Vivienda.

En esta iniciativa no se trasladan mecánicamente las disposiciones que contiene la Ley del ISSSTE vigente, se busca perfeccionar este ordenamiento, a fin de hacer más viable el fondo y darle el sentido social que ha tenido desde su origen.

En este tenor, se propone fortalecer las funciones de vigilancia al prever la creación de una comisión de vigilancia y de los comités de auditoría, riesgos, crédito a inversiones, como auxiliares de la junta directiva para colocar al instituto dentro de las mejores prácticas del sector.

Se establece que los créditos que se otorguen sean en pesos, conforme a las reglas que al efecto determine la junta directiva, previendo en todo momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos. Además, se agrega la posibilidad de acceder a un segundo crédito de vivienda una vez liquidado el primero y en función del saldo en la subcuenta de vivienda que tengan los derechohabientes.

En el artículo transitorio se prevén términos para que el Ejecutivo decrete las normas reglamentarias que den viabilidad a esta ley, y hasta en tanto éstas no estén en vigor, se mantendrán las actuales, siempre y cuando no se opongan a lo dispuesto en la ley.

También se da certeza jurídica a quienes tengan un crédito o realicen algún trámite conforme a la Ley del ISSSTE vigente para que hasta su término se resuelvan de acuerdo a dicha ley.

Finalmente, se garantiza a los trabajadores al servicio del Fovissste que se mantengan sus derechos adquiridos y sus condiciones generales de trabajo.

Honorable asamblea; compañeras y compañeros, esta iniciativa pretende modernizar el marco jurídico que rige el financiamiento de los créditos de vivienda que reciben los trabajadores al servicio del Estado, mejorar la operación de este instrumento y reforzar las funciones de vigilancia y auditoría e impulsar esta nueva institución de fomento en las mejores prácticas financieras, siempre con una visión de interés y contenido social. Por su atención y su apoyo, muchas gracias, compañeras y compañeros.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y expide la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Desde sus inicios, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el otorgamiento de prestaciones relacionadas con la vivienda de los trabajadores. El Instituto otorgaba como una prestación créditos hipotecarios para la adquisición en propiedad de casas, o terrenos para la construcción de las mismas, destinados a la habitación familiar del trabajador.

La Constitución, en su artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso f), prevé como parte de su régimen obligatorio el otorgamiento de créditos hipotecarios. Como parte de las bases mínimas que debe comprender la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado.

Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado –mediante las aportaciones que haga– establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Esta disposición constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 1972, dio lugar a sendas reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, así como una reforma a la Ley del ISSSTE, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1972, dando lugar a la constitución de dicho Fondo, a través de aportaciones a favor de los trabajadores otorgadas por dependencias y entidades, adscritas al instituto.

Posteriormente, la Ley del ISSSTE, vigente desde 1983, añadió a las prestaciones a que tenían derecho los afiliados al régimen obligatorio, el arrendamiento o venta de casas propiedad del Instituto, prestación que se mantuvo en la ley hasta 2007.

El Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste) se ha mantenido como tal, en la administración de dicho fondo y en el otorgamiento de créditos hipotecarios. Sin embargo, desde entonces se ha mantenido como un órgano desconcentrado del Instituto, sin una personalidad jurídica y un patrimonio propio.

Argumentación

La presente iniciativa propone transformación de Fovissste en el Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores del Estado.

Al crear este instituto se busca que la vivienda de los servidores públicos tenga como marco una ley propia y un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de administrar el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores y el otorgamiento de créditos hipotecarios para sus derechohabientes, que serían los mismos del ISSSTE.

Esta transformación permitirá al Instituto de la Vivienda de los Trabajadores del Estado tener autonomía y un nivel técnico necesarios para el debido cumplimiento de sus atribuciones, sin menoscabo de la necesaria vigilancia que se debe ejercer sobre los recursos que administra. Al tener personalidad jurídica, el Instituto tendrá mayor agilidad para el cumplimiento de sus funciones, lo que conllevará a tener una mayor cobertura, sentando las bases para una mejor atención a su derechohabiencia, le permitirá ser más ágil en su toma de decisiones y adquirir mayor especialización, lo que se ha pospuesto por la gama tan amplia de temas, responsabilidades y funciones que tiene hoy día el ISSSTE.

Fundamento legal

Los artículos 71, fracción II, y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que crea la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores del Estado.

Ordenamientos a modificar

Al separar del ISSSTE al Fondo de la Vivienda, se impone reformar varios artículos de su ley vigente, para evitar duplicidades y ambigüedades que pudieran suscitarse en la aplicación de la nueva ley. En ese sentido, se reforman y derogan diversas disposiciones para dar viabilidad a este proyecto. Tal es el caso de los derechos de portabilidad entre el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores del Estado y el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que beneficia a los trabajadores del Apartado A del artículo 123.

La nueva Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores del Estado se compone con 38 artículos y ocho transitorios, organizados en cuatro títulos.

En el primero, de disposiciones generales, se describe el objeto del Instituto, su cobertura, las definiciones legales que se instrumentan en la ley, así como las obligaciones de dependencias y entidades; en el título segundo, trata sobre el fondo de vivienda de los trabajadores del estado que, al igual que el Fovissste, se constituirá con aportaciones del cinco por ciento sobre el sueldo básico definido en la Ley del ISSSTE, que enterarán a la subcuenta de la vivienda las dependencias y entidades.

El tercer título determina la organización administrativa y las facultades del Instituto. Éste tendrá como órganos de gobierno a la junta directiva y a la Comisión de Vigilancia. La integración de estos órganos es bipartita.

Al frente de la junta directiva se encontrará un director general, con un perfil profesional adecuado para esta responsabilidad y que será nombrado por la junta directiva, a propuesta del Ejecutivo federal.

Las bases para la elección de los representantes de las organizaciones de los trabajadores en los órganos de gobierno serán establecidas por el Ejecutivo Federal bajo criterios de pluralidad y representatividad.

En un último título se establecen las características de los créditos que se otorgarán al amparo del Fondo de la Vivienda. En esta iniciativa no se trasladan mecánicamente las disposiciones que contiene la Ley del ISSSTE vigente; se busca perfeccionar este ordenamiento y no sólo trasladarlo tal cual a una nueva ley.

En ese sentido, se busca al mismo tiempo hacer más viable el Fondo y darle el sentido social que ha tenido desde su origen.

Asimismo, se propone fortalecer las funciones de vigilancia al prever la creación de una Comisión de Vigilancia y de los Comités de Auditoría, Riesgos, Crédito e Inversiones, como auxiliares  de la Junta Directiva, para colocar al Instituto dentro de las mejores prácticas del sector.

Se establece que los créditos se otorguen en pesos, conforme a las reglas que al efecto determine la Junta Directiva, previendo en todo momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos.

Además se agrega una disposición en vigor reciente a la Ley del Infonavit: la posibilidad de acceder a un segundo crédito de vivienda, una vez liquidado el primero y en función del saldo en la subcuenta de vivienda que tenga el derechohabiente.

En artículos transitorios se prevén términos para que el Ejecutivo decrete las normas reglamentarias que den viabilidad a esta ley y hasta en tanto, éstas no estén en vigor, se mantendrán las actuales, siempre y cuando no se opongan a lo dispuesto en la ley; también se da certeza jurídica a quienes tengan un crédito o realicen algún trámite conforme a la Ley del ISSSTE vigente, para que hasta su término, se resuelvan de acuerdo a dicha ley.

También se garantiza a los trabajadores al servicio de Fovissste que se mantengan sus derechos adquiridos y sus condiciones generales de trabajo.

Texto normativo propuesto

Artículo Primero. Se reforman los artículos 4, 5, 154, 155, 156, 157, 220 y 230 y se derogan los artículos 167 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 209, fracción III, y 214, fracción XVI, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Artículo 4. ...

I. Préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda, en sus modalidades de adquisición en propiedad de terrenos o casas habitación, construcción, reparación, ampliación o mejoras de las mismas; así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos, conforme a la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores del Estado;

II. a IV. ...

Artículo 5. La administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en el presente ordenamiento, estarán a cargo de los siguientes organismos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios:

I. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene como objeto contribuir al bienestar de los Trabajadores, Pensionados y Familiares Derechohabientes, en los términos, condiciones y modalidades previstos en esta ley y el

II. Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene como objeto administrar las aportaciones que las dependencias y entidades realicen con el objeto establecido en el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso f), en el marco de las atribuciones que le otorgue su ley reglamentaria.

Artículo 154. Los trabajadores que hubieren cotizado al Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado y que por virtud de una nueva relación laboral se inscriban al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, podrán transferir a este último los recursos acumulados en la Subcuenta del Fondo de la Vivienda. De la misma manera, los Trabajadores inscritos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que inicien una relación laboral que los sujete al régimen de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado podrán transferir al Instituto los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda respectiva.

...

Artículo 155. Los trabajadores que obtengan un crédito de vivienda bajo el régimen del Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado o del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que tengan recursos acumulados por concepto de vivienda en su Cuenta Individual conforme al régimen de los dos institutos antes citados, podrán solicitar que se acumulen para aplicarse como pago inicial de su crédito y que las Aportaciones sucesivas a cualquiera de los institutos o a ambos, sean destinadas a reducir el saldo insoluto a cargo del propio Trabajador.

Artículo 156. Los trabajadores que se encuentren amortizando un crédito de vivienda otorgado por el Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado o por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que, por virtud de una nueva relación laboral, cambien de régimen de seguridad social deberán seguir utilizando sus Aportaciones de vivienda para el pago del crédito correspondiente.

A efecto de lo anterior, el Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores podrán celebrar convenio para determinar el procedimiento para la transferencia de las Aportaciones de vivienda entre ambos institutos.

Artículo 157. ...

I. ...

II. Préstamos hipotecarios, conforme a la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 167. Se deroga.

Artículo 168. Se deroga.

Artículo 169. Se deroga.

Artículo 170. Se deroga.

Artículo 171. Se deroga.

Artículo 172. Se deroga.

Artículo 173. Se deroga.

Artículo 174. Se deroga.

Artículo 175. Se deroga.

Artículo 176. Se deroga.

Artículo 177. Se deroga.

Artículo 178. Se deroga.

Artículo 179. Se deroga.

Artículo 180. Se deroga.

Artículo 181. Se deroga.

Artículo 182. Se deroga.

Artículo 183. Se deroga.

Artículo 184. Se deroga.

Artículo 185. Se deroga.

Artículo 186. Se deroga.

Artículo 187. Se deroga.

Artículo 188. Se deroga.

Artículo 189. Se deroga.

Artículo 190. Se deroga.

Artículo 191. Se deroga.

Artículo 192. Se deroga.

Artículo 194. Se deroga.

Artículo 209. ...

I. a II. ...

III. Se deroga

IV. y V. ...

Artículo 214. ...

I. a XV. ...

XVI. Se deroga.

XVII. a XX. ...

Artículo 220....

I. a XVII. ...

XVIII. Presidir las sesiones de la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, facultad que podrá ser delegada en el vocal ejecutivo;

XIX. Proponer a la Junta Directiva el nombramiento del vocal ejecutivo del Pensionissste, y

XX. ...

Artículo 230. ...

Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Instituto estarán exentos de toda clase de impuestos y derechos.

...

Artículo Segundo. Se crea la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado, para quedar como sigue:

Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores del Estado

Título IDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la república, reglamentaria del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se aplicará a las dependencias, entidades, trabajadores al servicio civil, pensionados y familiares derechohabientes de:

I. La Presidencia de la República, las dependencias y entidades de la administración pública federal, incluyendo al propio instituto;

II. Ambas Cámaras del Congreso de la Unión, incluidos los diputados y senadores, así como los trabajadores de la entidad de fiscalización Superior de la Federación;

III. El Poder Judicial de la federación, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces, así como consejeros del Consejo de la Judicatura Federal;

IV. La Procuraduría General de la República;

V. Los órganos jurisdiccionales autónomos;

VI. Los órganos con autonomía por disposición constitucional;

VII. El gobierno del Distrito Federal, sus órganos político administrativos, sus órganos autónomos, sus dependencias y entidades, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluyendo sus diputados, y el órgano judicial del Distrito Federal, incluyendo magistrados, jueces y miembros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, conforme a su normatividad específica y con base en los convenios que celebren con el instituto, y

Los gobiernos de las demás entidades federativas de la república, los Poderes Legislativos y Judiciales locales, las administraciones públicas municipales, y sus trabajadores, en aquellos casos en que celebren convenios con el instituto en los términos de esta ley.

Artículo 2. Se crea el organismo descentralizado, de seguridad social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denomina Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores del Estado, cuyo domicilio será el que dentro del territorio nacional determine su Reglamento Orgánico. La duración del Instituto será indefinida.

Artículo 3. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Administradora, las administradoras de fondos para el retiro;

II. Aportaciones, los enteros de recursos que cubran las dependencias y entidades en cumplimiento de las obligaciones que respecto de sus trabajadores les impone esta ley;

III. Cuenta individual, aquélla que se abrirá para cada trabajador en una administradora para que se depositen en la misma las cuotas y aportaciones de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de ahorro solidario, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones voluntarias y de ahorro de largo plazo, y se registren las correspondientes al Fondo, así como los respectivos rendimientos de éstas y los demás recursos que puedan ser aportados a las mismas;

IV. Dependencias, las unidades administrativas de los Poderes de la Unión, la Procuraduría General de la República, los órganos jurisdiccionales autónomos, los órganos ejecutivo, legislativo y judicial del Distrito Federal, así como las unidades administrativas de las entidades federativas y municipios que se incorporen al régimen de esta ley;

V. Derechohabiente, a los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes;

VI. Descuento, las deducciones ordenadas por el Instituto a las percepciones de los trabajadores o pensionados con motivo de las obligaciones contraídas por éstos, que deberán aplicar las dependencias, entidades o el propio instituto, a través de sus nóminas de pago;

VII. Entidades, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y demás instituciones paraestatales federales y del gobierno del Distrito Federal, así como los organismos de las entidades federativas o municipales y organismos públicos que por disposición constitucional cuenten con autonomía, que se incorporen a los regímenes de esta ley;

VIII. Entidades federativas, a los estados de la república y el Distrito Federal;

IX. Fondo, al Fondo de la Vivienda para los Trabajadores del Estado;

X. Instituto, al Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores del Estado;

XI. ISSSTE, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

XII. Junta directiva, la Junta Directiva del instituto;

XIII. Ley, la presente Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores del Estado;

XIV. Pensionado, toda persona a la que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le reconozca tal carácter;

XV. Salario mínimo, el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal;

XVI. Subcuenta, cualquiera de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, del Fondo de la Vivienda, de ahorro solidario, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones voluntarias y de ahorro a largo plazo que integran la cuenta individual;

XVII. Sueldo básico, el definido en el artículo 17 de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y

XVIII. Trabajador, las personas a las que se refiere el artículo 1o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado reconozca como tales.

Artículo 4. Son obligaciones de las dependencias y entidades:

I. Inscribir a sus trabajadores y beneficiarios en el Fondo de la Vivienda, y

II. Efectuar las aportaciones al fondo y hacer los descuentos a sus trabajadores en su salario por concepto de amortización de crédito. El pago de las aportaciones será en los términos previstos por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. En lo que se refiere a los descuentos, éstos se realizarán con la misma periodicidad que el pago de salarios o retribuciones, deberán ser enterados a más tardar cinco días naturales después de haberlos efectuado.

Artículo 5. Las dependencias y entidades, deberán remitir al Instituto en los términos que determine el reglamento respectivo, toda la información referente a los movimientos afiliatorios, sueldos, modificaciones salariales, descuentos, derechohabientes, nóminas, recibos, así como certificaciones e informes y en general, todo tipo de información necesaria para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios del instituto.

Dicha información deberá enviarse a través de medios electrónicos, magnéticos, digitales, ópticos o de cualquier naturaleza, en los términos que determine la Junta Directiva conforme al reglamento respectivo.

En todo tiempo, las dependencias y entidades deberán expedir los certificados e informes que les soliciten tanto los interesados como el instituto y proporcionar los expedientes y datos que el propio Instituto les requiera de los Trabajadores, ex trabajadores y pensionados, así como los informes sobre la forma en que se integran los sueldos de los trabajadores cotizantes, las aportaciones hechas a su favor, y designarán a quienes se encarguen del cumplimiento de estas obligaciones.

El instituto se reserva la facultad de verificar la información recibida. En caso de negativa, demora injustificada o cuando la información se suministre en forma inexacta o falsa, la autoridad competente fincará la responsabilidad e impondrá las sanciones que correspondan en los términos de las leyes aplicables.

El instituto hará público mensualmente el estado que guarda el entero de las aportaciones y descuentos previstos en esta ley, por parte de las dependencias y entidades.

En casos de los adeudos por parte de las entidades federativas, municipios o sus dependencias y entidades, se podrá hacer el cargo directamente a las participaciones y transferencias federales de dichas entidades federativas.

Título SegundoDel Fondo

Artículo 6. El fondo se constituirá con una aportación del cinco por ciento del sueldo básico con las aportaciones que las dependencias y entidades realicen a favor de los trabajadores.

Artículo 7. El instituto administrará el fondo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias conducentes.

El fondo tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Junta Directiva.

El instituto podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración con las autoridades federales, Entidades Federativas y municipios, según corresponda, para el mejor cumplimiento de su objeto.

Artículo 8. Los recursos para la operación del Instituto se integran con:

I. Las aportaciones que las dependencias, entidades, entidades federativas y municipios enteren al Instituto a favor de los trabajadores;

Las aportaciones a la subcuenta de vivienda, que junto con los intereses y rendimientos que generen, son patrimonio de los trabajadores. Dichas aportaciones a la subcuenta de vivienda y sus intereses y rendimientos, estarán exentos de toda clase de impuestos;

II. Los bienes y derechos adquiridos por cualquier título;

III. Los rendimientos que se obtengan de las inversiones de los recursos a que se refieren las anteriores fracciones; y

IV. Los recursos provenientes de las bursatilizaciones de cartera de crédito.

Artículo 9. Los recursos afectos al fondo se destinarán:

I. Al otorgamiento de créditos a los trabajadores que sean titulares de las subcuentas del Fondo de la Vivienda de las cuentas individuales y que tengan depósitos constituidos a su favor por más de dieciocho meses en el instituto. El importe de estos créditos deberá aplicarse a los siguientes fines:

a. A la adquisición o construcción de vivienda;

b. A la reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y

c. A los pasivos contraídos por cualquiera de los conceptos anteriores;

II. Al pago de capital e intereses de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores en los términos de ley;

III. A cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del fondo conforme a esta ley;

IV. A la inversión de inmuebles destinados a sus oficinas y de muebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines, y

V. A las demás erogaciones relacionadas con su objeto.

Artículo 10. Las aportaciones al fondo de la vivienda previstas en esta ley, se deberán registrar en la subcuenta del fondo de la vivienda.

El saldo de las subcuentas del fondo de la vivienda pagará intereses en función del remanente de operación del fondo.

Para tal efecto, la Junta Directiva procederá al cierre de cada ejercicio, a calcular los ingresos y egresos del Fondo, de acuerdo con los criterios aplicables y ajustándose a sanas técnicas contables y a las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar el remanente de operación. Se considerará remanente de operación del Fondo a las cantidades que existan al finalizar cada ejercicio fiscal una vez que se hayan constituido las Reservas que con cargo al propio Fondo deban constituirse, en razón de los estudios actuariales respectivos y las disposiciones de esta ley.

La Junta Directiva efectuará, a más tardar el quince de diciembre de cada año, una estimación del remanente de operación del fondo de la vivienda para el año inmediato siguiente a aquél al que corresponda. El cincuenta por ciento de la estimación citada se abonará como pago provisional de intereses a las Subcuentas del fondo de la vivienda, en doce exhibiciones pagaderas el último día de cada mes. Una vez determinado por la Junta Directiva, el remanente de operación del fondo en los términos del párrafo anterior, se procederá en su caso, a efectuar el pago de intereses definitivo, lo que deberá hacerse a más tardar en el mes de marzo de cada año.

Una vez que la Junta Directiva haya fijado tanto la estimación, como determinado el remanente de operación a que se refiere este artículo, deberá publicarlos en periódicos de amplia circulación en el país a más tardar el quinto día hábil siguiente al de la fijación de la estimación, así como al de la determinación del remanente citado.

La Junta Directiva deberá observar en todo momento una política financiera y de créditos, dirigida a lograr que los ahorros individuales de los trabajadores, conserven permanentemente por lo menos, su valor real de conformidad con la fórmula que al efecto determine.

En ningún caso el fondo podrá ceder a título gratuito u oneroso, enajenar o transferir a particulares los créditos otorgados de conformidad con esta Ley que de acuerdo con los criterios y disposiciones emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se consideren vencidos.

Título TerceroDel Instituto

Artículo 11. El instituto tiene como objeto establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a los derechohabientes un crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Artículo 12. El instituto tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

I. El otorgamiento de créditos a los trabajadores que sean titulares de las subcuentas del fondo de la vivienda y que tengan depósitos constituidos a su favor por más de dieciocho meses en el instituto;

II. Efectuar el pago de capital e intereses de la subcuenta del fondo de la vivienda en los términos de ley;

III. Establecer los procedimientos y canales de comunicación para prestar servicio y atención a sus acreditados, derechohabiencia y público en general, bajo condiciones adecuadas de oportunidad, transparencia y certeza jurídica;

IV. Emitir valores para su colocación en el mercado y realizar aquellas otras operaciones necesarias para el cumplimiento de su objeto, en los términos y condiciones que apruebe la Junta Directiva;

V. Celebrar los convenios a que se refieren las fracciones VII y VII del artículo 1 de esta ley;

VI. Cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto conforme a esta ley;

VII. La inversión en inmuebles destinados a sus oficinas y de muebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines;

VII. Contratar cualquier tipo de servicio necesario para el cumplimiento de su objeto;

VIII. Promover y celebrar los convenios necesarios con los gobiernos de los estados y municipios, así como con colegios de notarios, valuadores, entidades fianncieras y demás participantes en el proceso crediticio del Instituto,  que permitan a los trabajadores obtener los mejores precios y en general las mejores condiciones y beneficios en el trámite de adquisición o mejora de su vivienda y contratación del crédito;

IX. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y con los sectores social y privado, relacionadas con el crédito a la vivienda;

X. Elaborar estudios relacionados con el financiamiento de la vivienda que permitan al Instituto alcanzar las mejores prácticas para el cumplimiento de su objeto;

XI. Realizar las demás erogaciones relacionadas con su objeto, incluyendo la constitución de estimaciones preventivas para cubrir adecuadamente el riesgo de crédito y de extensión de su cartera, así como las reservas, provisiones, baja de valor y otros ajustes que se requieran para soportar o respaldar los diferentes riesgos que se deriven de su operación, y

XII. Llevar a cabo las operaciones y actividades análogas y conexas a sus objetivos que al efecto le autorice la Junta Directiva, de conformidad con la legislación aplicable.

Articulo 13. Los órganos de gobierno del instituto serán la Junta Directiva y la Comisión de Vigilancia.

Artículo 14. La Junta Directiva estará integrada por catorce miembros, como a continuación se indica:

I. El director general del instituto;

II. El director general de ISSSTE;

III. Un vocal nombrado por cada una de las siguientes instituciones: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de Vivienda, y

IV. Siete vocales nombrados por las organizaciones de trabajadores.

Por cada vocal propietario se designará un suplente que actuará en caso de faltas temporales del propietario, debiendo tratarse de un funcionario cuando menos con el rango inmediato inferior al del vocal propietario. En el caso de los representantes de las organizaciones de Trabajadores, la designación del suplente se hará en los términos de las disposiciones estatutarias aplicables.

Artículo 15. El director general del instituto será nombrado por la Junta Directiva, a propuesta del titular del Ejecutivo federal, y durará en su encargo por un periodo de seis años, renovable por un solo período.

Para ocupar dicho cargo se requiere ser mexicano, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, no haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público ni haber sido condenado por delito intencional y tener experiencia en materia económica, financiera, jurídica o de seguridad social.

Artículo 16. La Junta Directiva sesionará por lo menos una vez cada dos meses. Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes y en caso de empate su presidente tendrá voto de calidad.

Las sesiones de la Junta Directiva serán válidas con la asistencia de por lo menos ocho de sus miembros, entre los cuales deberá estar su presidente, tres representantes del gobierno federal y cuatro de las organizaciones de trabajadores al servicio del Estado. Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes y en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 17. La Junta Directiva tendrá las atribuciones y funciones siguientes:

I. Examinar y, en su caso, aprobar el presupuesto de ingresos y egresos, así como los programas de labores y de financiamiento del Fondo para el siguiente año;

II. Establecer las reglas para el otorgamiento de créditos;

III. Examinar y, en su caso, aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del fondo, los que no deberán exceder del cero punto setenta y cinco por ciento de los recursos totales que maneje;

IV. Aprobar los programas de inversión y de reservas que deben constituirse para asegurar la operación del fondo y el cumplimiento de los demás fines y obligaciones del mismo;

V. Vigilar que los créditos y los financiamientos que se otorguen se destinen a los fines para los que fueron programados;

VI. Resolver sobre las operaciones del fondo;

VII. Establecer el programa de constitución de Reservas, las reglas para el otorgamiento de créditos y el programa de inversión de los recursos de vivienda;

VIII. Expedir el Reglamento Orgánico que regule la organización, atribuciones y funcionamiento del instituto;

IX: Establecer Comités de Auditoría, de Crédito, de Inversiones y de Riesgos, como órganos colegiados especializados auxiliares de los órganos de gobierno así como los que se considere necesarios para el mejor desempeño de las atribuciones del instituto;

X. Enviar al Congreso de la Unión, durante el mes de octubre de cada año, un Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa que guarda el instituto, y

XI. Las demás que le señale la presente ley.

Artículo 18. El director general representará legalmente al instituto y tendrá las obligaciones y facultades siguientes:

I. Realizar los actos para el cumplimiento del objeto del Instituto, en los términos que le autorice esta ley, la Junta Directiva y demás disposiciones aplicables.

II. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva;

III. Convocar a las sesiones de la Junta Directiva y presidirlas;

IV. Presentar anualmente a la Junta Directiva, dentro de los dos primeros meses del año siguiente, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior;

V. Presentar a la Junta Directiva, a más tardar el último día de septiembre de cada año, los presupuestos de ingresos y egresos, el proyecto de gastos y los planes de labores y de financiamientos para el año siguiente;

VI. Presentar a la consideración de la Junta Directiva, un informe mensual sobre las actividades de la propia Junta Directiva;

VII. Presentar a la Junta Directiva para su consideración y en su caso aprobación, los programas de crédito a ser otorgados por el instituto;

VIII. Proponer a la Junta Directiva la organización administrativa del Instituto y los nombramientos y remociones del personal directivo del segundo nivel jerárquico;

IX. Establecer las oficinas de atención en el territorio nacional para operar y difundir los programas de crédito y oferta de vivienda entre los Trabajadores para el cumplimiento de su objeto, y

X. Las demás que señalen esta ley y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 19. La Comisión de Vigilancia estará integrada por doce miembros, con voz y voto, como a continuación se indica:

I. Dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

II. Dos representantes de la Secretaría de la Función Pública;

III. Un representante de la Comisión Nacional de Vivienda;

IV. Un representante del Instituto, designado por el director general que actuará como secretario técnico, y

V. Seis representantes designados por las organizaciones de trabajadores.

El presidente de la Comisión de Vigilancia deberá ser uno de sus miembros y será designado por la Junta Directiva cada doce meses de manera rotativa.

Por cada miembro de la Comisión de Vigilancia, se nombrará un suplente que actuará en caso de faltas temporales del titular debiendo tratarse de un funcionario con el rango inmediato inferior al del miembro propietario, cuando menos.

Artículo 20. La Comisión de Vigilancia se reunirá en sesión cuantas veces sea convocada por su presidente o a petición de dos de sus miembros.

La Comisión de Vigilancia presentará un informe anual a la Junta Directiva sobre el ejercicio de sus atribuciones. Los integrantes de la Comisión de Vigilancia podrán solicitar concurrir a las reuniones de la Junta Directiva, para tratar asuntos urgentes relacionados con las atribuciones de la comisión.

Artículo 21. La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al instituto;

II. Verificar que las inversiones y los recursos del Instituto se destinen a los fines previstos en los presupuestos y programas aprobados;

III. Verificar el estado que guarden los créditos cofinanciados que otorgue el instituto conforme a lo que establece el artículo 21 de la presente ley;

IV. Disponer la práctica de auditorías en todos los casos en que lo estime necesario, pudiendo auxiliarse con las áreas afines del propio Instituto;

V. Proponer a la Junta Directiva o al director general, según sus respectivas atribuciones, las medidas que juzgue apropiadas para alcanzar mayor eficacia en la administración del fondo;

VI. Examinar los estados financieros y la valuación financiera y actuarial del fondo, verificando la suficiencia de las aportaciones y el cumplimiento de los programas anuales de constitución de reservas;

VII. Analizar la información relativa al entero de aportaciones;

VIII. Designar a los auditores externos que auxilien a la comisión en las actividades que así lo requieran;

IX. Conformar, a través de la secretaría técnica, los grupos de trabajo que estime necesarios, para el cumplimiento de las fracciones I, II y III del presente artículo, y

X. Las que le fijen las normas administrativas del Instituto y las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 22. El Ejecutivo federal establecerá las bases para determinar, con criterios de pluralidad y representatividad, las organizaciones de Trabajadores que intervengan en los órganos de gobierno del instituto.

Título CuartoDe los Créditos

Artículo 23. Al momento en que el trabajador reciba crédito para vivienda, el saldo de la subcuenta del fondo de la vivienda de su cuenta individual se aplicará como pago inicial de alguno de los conceptos a que se refiere la fracción I del artículo 9 de esta ley.

Durante la vigencia del crédito concedido al trabajador, las aportaciones a su favor a que se refiere este título se aplicarán a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador.

El trabajador que obtenga un crédito de alguna entidad financiera para aplicarlo al pago de la construcción o adquisición de su habitación, podrá utilizar como pago inicial para la construcción o adquisición, el saldo de su subcuenta del fondo de la vivienda. Asimismo, las aportaciones que se efectúen a la subcuenta citada con posterioridad al otorgamiento del crédito se aplicarán a cubrir el saldo insoluto.

El instituto podrá otorgar créditos a los trabajadores en cofinanciamiento con entidades financieras o con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en cuyo caso, el trabajador también podrá utilizar los recursos de la subcuenta del fondo de la vivienda como pago inicial. Las aportaciones que se efectúen a la subcuenta citada con posterioridad al otorgamiento del crédito se aplicarán a cubrir el saldo insoluto del crédito que haya otorgado el fondo de la vivienda.

En el supuesto de cofinanciamiento a que se refiere el párrafo inmediato anterior, el fondo deberá otorgar crédito al trabajador cuando el crédito que reciba de la entidad financiera de que se trate, se otorgue en base a fondos de ahorro establecidos en planes de previsión social que reúnan los requisitos de deducibilidad que se establezcan en las disposiciones fiscales correspondientes.

En el caso de que el trabajador obtenga crédito de alguna entidad financiera en términos de lo dispuesto en el párrafo inmediato anterior o de que el trabajador obtenga crédito del instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y el fondo no pueda otorgar crédito, el trabajador tendrá derecho a que durante la vigencia de dicho crédito, las subsecuentes aportaciones a su favor se apliquen a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador y a favor de la entidad financiera de que se trate o del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Previo convenio con la entidad financiera participante o el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el fondo podrá incluir en el porcentaje de descuento que la dependencia o entidad efectúe al sueldo del trabajador acreditado, el importe que corresponda a los créditos otorgados en los términos del presente artículo.

Artículo 24. El trabajador tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada, a la que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al fondo.

Artículo 25. Los créditos a que se refiere esta Ley se otorgarán y adjudicarán tomando en cuenta, entre otros factores, la oferta y demanda regional de vivienda, el número de miembros de la familia de los trabajadores, los saldos de la subcuenta del Fondo de la Vivienda del Trabajador de que se trate y el tiempo durante el cual se han efectuado aportaciones a la misma, si el trabajador es propietario o no de su vivienda, así como su sueldo o el ingreso conyugal si hay acuerdo de los interesados.

La Junta Directiva expedirá las reglas operativas conforme a las cuales se otorgarán los créditos a que se refiere el párrafo anterior.

Los trabajadores tienen derecho a recibir un crédito del instituto, y una vez que lo haya liquidado podrá acceder a un nuevo financiamiento.

Para este segundo crédito, el trabajador podrá disponer de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda y su capacidad crediticia estará determinada por la proyección de aportaciones subsecuentes.

Artículo 26. La Junta Directiva, mediante disposiciones de carácter general que al efecto expida, determinará:

I. Los montos máximos de los créditos que otorgue el fondo, en función de, entre otros factores, la capacidad de pago de los trabajadores;

II. Los métodos para la asignación de los créditos incluidas las formulas aleatorias en grupos de trabajadores que reúnan iguales condiciones de elegibilidad, con objeto de dar transparencia, equidad y suficiencia, al otorgamiento de créditos, y

III. Los casos en que, mediante disposiciones de carácter general puedan otorgarse créditos extraordinarios de manera directa en casos de trabajadores damnificados a causa de desastres naturales, en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 27. Los créditos que se otorguen con cargo al fondo deberán darse por vencidos anticipadamente si los deudores, sin el consentimiento del instituto, enajenan las viviendas, gravan los inmuebles que garanticen el pago de los créditos concedidos o incurren en las causas de rescisión consignadas en los contratos respectivos.

Artículo 28. En los casos de invalidez, incapacidad total permanente o de muerte, el instituto liberará al trabajador o pensionado o a sus respectivos beneficiarios, de las obligaciones derivadas del crédito, siempre y cuando se encuentre al corriente en el cumplimento de sus obligaciones de pago. El instituto establecerá los mecanismos al efecto, previa autorización de la Junta Directiva.

Los trabajadores o pensionados podrán manifestar expresamente y por escrito su voluntad ante el Instituto en el acto del otorgamiento del crédito o posteriormente, para que en caso de muerte, la adjudicación del inmueble se haga a quien hayan designado como beneficiario. Para que proceda el cambio de beneficiario, el Trabajador o Pensionado deberá solicitarlo igualmente por escrito acompañado de dos testigos ante el Fondo; una vez presentada dicha solicitud, éste deberá comunicar al Trabajador o Pensionado su consentimiento y el registro de los nuevos beneficiarios en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días calendario. En caso de controversia el Instituto procederá exclusivamente a la liberación referida y se abstendrá de adjudicar el inmueble.

A falta de beneficiario designado, la adjudicación del inmueble deberá hacerse conforme al orden de prelación que establece la sección de pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El instituto solicitará al Registro Público de la Propiedad correspondiente, efectuar la inscripción de los inmuebles en favor de los beneficiarios, cancelando en consecuencia la que existiere a nombre del trabajador o pensionado con los gravámenes o limitaciones de dominio que hubieren.

Artículo 29. Cuando un trabajador deje de prestar sus servicios a las dependencias o entidades sujetas al régimen de beneficios que otorga esta ley y hubiere recibido un préstamo a cargo del fondo, se le otorgará una prórroga sin causa de intereses en los pagos de amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses. La prórroga tendrá un plazo máximo de doce meses y terminará anticipadamente cuando el trabajador vuelva a prestar servicios a alguna de las Dependencias o Entidades o ingrese a laborar bajo un régimen con el que el instituto tenga celebrado convenio de incorporación.

Las dependencias y entidades a que se refiere esta ley seguirán haciendo los depósitos para el Fondo, sobre los sueldos de los trabajadores que disfruten licencia por enfermedad en los términos del artículo 111 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional y 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de los que sufran suspensión temporal de los efectos de su nombramiento conforme a las fracciones I y II del artículo 45 de la citada Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, debiendo suspenderse dicho depósito a partir de la fecha en que cese la relación de trabajo.

La existencia del supuesto a que se refiere este artículo deberá comprobarse ante el instituto.

Artículo 30. En los casos de trabajadores que a la fecha de pensionarse presenten saldo insoluto en su crédito de vivienda se descontarán de su pensión los subsecuentes pagos al fondo.

Artículo 31. Los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 9, se contratarán y pagarán en pesos, conforme a las reglas que al efecto determine la Junta Directiva, previendo en todo momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos.

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa qué determine la Junta Directiva. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.

Las cantidades que se descuenten a los trabajadores con motivo de los créditos a que alude el presente artículo, no podrán exceder del treinta por ciento de su sueldo básico o su pensión, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de treinta años.

Artículo 32. Todos los inmuebles adquiridos o construidos por los trabajadores para su propia habitación con los recursos del fondo, quedarán exentos a partir de la fecha de su adquisición o construcción de todos los impuestos federales por el doble del crédito y hasta por la suma de diez veces el salario mínimo elevado al año, durante el término que el crédito permanezca insoluto.

Gozarán también de exención los convenios, contratos o actos en los que se hagan constar las correspondientes operaciones, los cuales tendrán el carácter de escritura pública para todos los efectos legales y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad respectivo, incluyendo la constitución del régimen de propiedad en condominio que haga constar el instituto en relación con los conjuntos que financie o adquiera, sin menoscabo de que el trabajador pueda acudir ante notario público de su elección en las operaciones en que sea parte. Los gastos que se causen por los referidos conceptos serán cubiertos por mitad entre el m; para tal efecto la Junta Directiva tomando como base el arancel que establece los honorarios de los notarios, determinará el porcentaje de reducción de los mismos, sin que dicha reducción pueda ser inferior al cincuenta por ciento. Las exenciones quedarán insubsistentes si los inmuebles fueran enajenados por los trabajadores o destinados a otros fines.

El instituto gestionará los convenios correspondientes con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para que los trabajadores protegidos por esta ley gocen de las exenciones de impuestos que correspondan a la propiedad raíz, en los términos de este artículo.

Artículo 33. El instituto no podrá intervenir en la administración, operación o mantenimiento de conjuntos habitacionales, ni sufragar los gastos correspondientes a estos conceptos.

Artículo 34. Las aportaciones al fondo, así como los intereses de las subcuentas del fondo de la vivienda, estarán exentos de toda clase de impuestos.

Artículo 35. Las aportaciones al fondo, así como los descuentos para cubrir los créditos que otorgue el instituto, que reciban las entidades receptoras conforme a esta ley, deberán ser transferidas a la cuenta que el Banco de México le lleve al Instituto por lo que respecta al fondo, en los términos y conforme a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Dichos recursos deberán invertirse, en tanto se aplican a los créditos a favor de los Trabajadores a que se refiere esta sección, en valores a cargo del gobierno federal, a través del Banco de México e instrumentos de la banca de desarrollo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que los recursos del fondo se inviertan en valores diversos a los señalados, siempre que sean de alta calidad crediticia.

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto, con cargo a dicha cuenta, podrá mantener en efectivo o en depósitos bancarios a la vista las cantidades estrictamente necesarias para la realización de sus operaciones diarias con respecto al fondo.

Artículo 36. El gobierno federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, ejercerán el control y evaluación de la inversión de los recursos del fondo, vigilando que los mismos sean aplicados de acuerdo con lo que establece la presente ley.

El régimen de inversión que establezca la Junta Directiva, deberá tener como objeto otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos del fondo. Dicho régimen podrá operar con los instrumentos que establezca la Junta Directiva mediante disposiciones de carácter general, oyendo previamente la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada para supervisar las operaciones y la contabilidad del fondo, contando para ello con las mismas facultades de dicha comisión respecto de las instituciones de banca de desarrollo, incluida la de establecer reglas prudenciales a las que deberá sujetarse el fondo.

Artículo 37. Los recursos de la subcuenta del Fondo de la Vivienda que no hubiesen sido aplicados para otorgar créditos a favor de los Trabajadores de acuerdo a lo dispuesto en esta Sección, serán transferidos, a elección del trabajador, al Instituto, al Pensionissste o a las administradoras para el pago de la pensión correspondiente o su entrega en una sola exhibición, según proceda, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

A efecto de lo anterior, el Instituto deberá transferir los recursos de la subcuenta del fondo al instituto, al Pensionissste o a las administradoras a más tardar el segundo día hábil siguiente a que le sean requeridos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se mantendrá en vigor el Reglamento Orgánico del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2011, con sus reformas y adiciones, en todo lo que no se oponga a este decreto, hasta en tanto se expida el Reglamento Orgánico del Instituto.

Tercero. Las dependencias y entidades, y el propio instituto, contarán con un término no mayor a noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para ajustar los mecanismos de administración, los sistemas informáticos y los formatos de sus bases de datos; los sistemas de recaudación y entero aportaciones y descuentos, de tal modo que garanticen la capacidad de operación para la gestión del fondo.

En ese mismo término, el instituto expedirá las normas administrativas que sean necesarias para la aplicación del presente decreto. Hasta en tanto no se emitan dichas normas, los órganos de gobierno del instituto continuarán desahogando los asuntos y trámites relativos al Fondo de la Vivienda previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007.

Cuarto.Pasan a propiedad del Instituto todos los bienes y derechos a que se refieren los artículos 8 y 9 de la presente ley que actualmente tiene asignados el Fondo de la Vivienda previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Quinto. Las viviendas propiedad del Instituto que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley tenga en arrendamiento se regularán por las disposiciones que, al efecto, emita la Junta Directiva.

Sexto. Los trámites y procedimientos pendientes de resolución, que se vieran afectados por las disposiciones contenidas en el presente decreto, se resolverán conforme a las disposiciones que se encontraban en vigor al momento de su inicio.

Séptimo. La propuesta de terna para designar al servidor público que ocupe el cargo de director general del instituto, será presentada por el titular del Ejecutivo federal en un plazo no mayor a los treinta días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Mientras tanto, permanecerá de manera provisional, como director general del instituto, el servidor público que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto ostente el cargo de vocal ejecutivo, conforme al artículo 70, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Octavo. Los derechos individuales y colectivos adquiridos por los trabajadores que al momento de la entrada en vigor del presente decreto hayan prestado sus servicios al Fondo de la Vivienda del ISSSTE, así como sus condiciones generales de trabajo serán respetados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.— Diputado Agustín Miguel Alonso Raya, Silvano Aureoles Conejo, Aleida Alavez Ruiz, Ángel Cedillo Hernández, Amalia Dolores García Medina, Fernando Belauzarán Méndez, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Jorge Iván Villalobos Seáñez, Trinidad Secundino Morales Vargas, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Javier Salinas Narváez, José Ángel Ávila Pérez, Carlos Augusto Morales López, Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 215-A del Código Penal Federal.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente; compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa que sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados tiene como propósito central modificar el artículo 215-A del Código Penal Federal. Lo que estamos planteando es modificar la tipificación del delito de desaparición forzada.

Desaparición forzada es el término que designa a un delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos, y cometido en determinadas circunstancias constituye un crimen de lesa humanidad.

El delito de desaparición forzada está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes de Estado, grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraer a este individuo de la protección que le brinda la ley.

A partir de los años setenta se empieza a escuchar constantemente de personas desaparecidas, principalmente en el estado de Guerrero; sin embargo, en los últimos años y a pesar del esfuerzo que se ha emprendido para erradicar este tipo de prácticas, organismos internacionales, como la ONU y Amnistía Internacional han venido documentando una serie de desapariciones forzadas en nuestro país.

En el contexto de la guerra contra el narcotráfico, las víctimas de desaparición forzada se cuentan por centenas, además de que este delito es inexistente en el 62.5 por ciento del país. Solo en dos entidades se contempla a nivel federal, pero su regulación es inadecuada y no satisface a los estándares internacionales.

La Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional estima que en los últimos seis años hay cuando menos 24 mil personas desaparecidas; por lo tanto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone una mejor tipificación en el Código Penal Federal, a efecto de que este delito quede debidamente regulado.

Actualmente dice el artículo 215-A: Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.

Nos parece insuficiente esa redacción y estamos proponiendo lo siguiente: Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado, presidente de la República, personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguido de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.

La figura jurídica actual de la que estamos proponiendo su modificación restringe la autoría del delito a servidores públicos, contrario a nuestra reforma que plantea, no solamente a los servidores públicos o agentes de Estado, sino a todas aquellas personas que participan en la desaparición, con el apoyo o la tolerancia de los servidores públicos.

Finalmente, algo que es muy importante, estamos planteando también, como parte de este tipo penal, la negativa de reconocer la privación de la libertad o de proporcionar información sobre el paradero de la víctima.

Nos parece que en las circunstancias actuales, donde hay un grave retroceso en los últimos años en materia de derechos humanos, tenemos que hacer un esfuerzo en la materia; por eso hemos propuesto ya desaparecer la figura del arraigo y estamos planteando en este caso modificar el tipo penal del delito de desaparición forzada para adecuarlo a los estándares internacionales y para que la ciudadanía tenga una mayor protección.

Nos preocupa este Estado policiaco que se está empezando a prefigurar; nos preocupa que se partidice o se politice la procuración de justicia, sobre todo a raíz de que el titular va a ser Murillo Karam, que nos merece respeto y tiene la posibilidad de pedir licencia, pero no deja de ser un militante destacado de un partido político.

Por eso estamos planteando que se blinde jurídicamente el Estado mexicano y la legislación penal para evitar tentaciones autoritarias, para evitar que se criminalice la protesta social y para evitar que líderes políticos o sociales, en diferentes rincones del país sean víctimas de estos delitos de lesa humanidad. Es cuanto, y lo sometemos a la consideración. Estaremos pendientes del turno que le dé la Mesa Directiva.

«Iniciativa que reforma el artículo 215-A del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y los suscritos, Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidrobro González, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 215-A del Código Penal Federal, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Desaparición forzadaes el término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad.

El delito de desaparición forzada está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, a fin de sustraerla de la protección de la ley.

El fenómeno de la desaparición forzada de personas no es nuevo en nuestro país, a partir de los años 70 se empieza a escuchar constantemente de personas “desaparecidas” , principalmente en el Estado de Guerrero, donde los movimientos insurgentes tuvieron mucha fuerza en esa década. Familiares y amigos de la gente que “desapareció” en esos años aún desconocen su paradero y hoy reclaman justicia.

Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuenta con un programa de presuntos desaparecidos al cual se remiten los casos en que las quejas apuntan a una posible desaparición forzada, los resultados hasta ahora han sido escasos cuando los casos que se presentan son recientes. Su método de investigación para estos casos consiste en pedir información a las autoridades señaladas como presuntas responsables. En todos los casos éstas niegan su participación en los hechos por lo que la CNDH considera no tener pruebas jurídicas suficientes para señalar a dicha autoridad. Los casos son usualmente cerrados por orientación al quejoso para que éste acuda a la procuraduría de justicia respectiva y denuncie el secuestro de la persona en cuestión, por lo que comienza un proceso de orden penal que hasta ahora no ha tenido resultado alguno. En los casos en que la participación de agentes de autoridad es innegable las personas son declaradas “ausentes” y se inicia su búsqueda a través de instituciones de asistencia ciudadana como si se tratase de personas extraviadas.

En los últimos años, pese al esfuerzo mundial para erradicar este tipo de prácticas y de los documentos nacionales e internacionales que se han creado, en México se sigue practicando la desaparición forzada. Bajo muchos rubros que van desde la lucha contra la guerrilla o el narcotráfico hasta la delincuencia común se tienen reportes de desapariciones.

Según Amnistía Internacional, en 1996 desaparecieron veinte personas y no se registró progreso alguno en la investigación de centenares de desapariciones de activistas políticos en los años anteriores.

En el contexto de la guerra contra el narcotráfico, las víctimas de desaparición forzada se cuentan por centenas, además de que el delito es inexistente en 62.5 por ciento del país.

Las desapariciones de personas se incrementan, pero el tipo penal no existe en la mayoría de los estados. Las definiciones en las 12 entidades que ya contemplan el delito, así como en el Código Penal Federal, son inadecuadas y no satisfacen los estándares internacionales.

De las 12 entidades federativas de las 32 se ha tipificado la desaparición forzada: Distrito Federal, Oaxaca, Durango, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Aguascalientes, guerrero, Baja California, Colima, Coahuila y Puebla. La figura jurídica aparece también en el artículo 215 A del Código Penal Federal.

El grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias puso de relieve la falta de investigaciones adecuadas de las denuncias de desaparición forzada y secuestro.

La ONU ha recibido información en la cual sigue sin conocerse el paradero de alrededor de 3 mil personas que han sido víctimas de secuestros perpetrados por bandas criminales o de desapariciones forzadas, ocurridas, con la participación de las fuerzas de seguridad, en el marco de la crisis constante de seguridad pública.

Debido a la falta habitual de investigaciones efectivas sobre tales casos, a menudo se han ignorado o desestimado los datos aportados por los familiares de las víctimas para demostrar la colusión de las fuerzas de seguridad. Como resultado de ello casi todos los casos se han atribuido injustificadamente a la delincuencia organizada, haciendo caso omiso de la participación de funcionarios públicos en muchos de estos delitos o restándole importancia.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que las personas que sufren angustia y tensión debido a la desaparición forzada de un familiar y a la incertidumbre permanente sobre su suerte y su paradero son también víctimas de una violación del derecho a no sufrir tortura ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, proclamado en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Amnistía Internacional recalca que la falta de medidas de las autoridades federales y estatales para garantizar un recurso judicial efectivo a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y de secuestros no investigados completamente para determinar la posible participación de agentes del Estado podría constituir trato cruel, inhumano o degradante.

Argumentación

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone una tipificación adecuada, la mejor definición para el delito de desaparición forzada en el Código Penal Federal.

Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.

En cambio, el Código penal Federal establece: “Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidos público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. Esta tipificación al igual que las doce que existen a nivel local es inadecuada y carece de tres elementos sustanciales.

La figura jurídica del Código Penal, en el artículo 215-A, restringe la autoría del delito a servidores públicos,contrariamente a nuestra reforma agentes del Estado, lo que deja fuera a todas las personas que no siendo agentes del Estado participan en la desaparición, con apoyo o aquiescencia de éste.

Además, el Código Penal no hace una distinción expresa entre sujeto activo, perpetrador y aquellas personas que facilitan el apoyo, autorización y aquiescencia; es decir, entre las distintas formas de participación de diversos agentes del estado o incluso terceras personas en la comisión del delito.

Finalmente, la legislación en el artículo que hacemos referencia no considera uno de los elementos fundamentales del tipo penal: la negativa de reconocer la privación de la libertad o de proporcionar información sobre el paradero de la víctima.

La desaparición forzada es un delito complejo, múltiple y acumulativo, ya que atenta contra un conjunto de derechos fundamentales:

• derecho a la vida;

• derecho a la libertad y a la seguridad;

• derecho a trato humano y respeto a la dignidad;

• derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;

• derecho a la identidad y a la vida familiar, especialmente en el caso de niños;

• derecho a reparación, incluso mediante la indemnización;

• derecho a la libertad de opinión, expresión e información; y

• derechos laborales y políticos.

Por lo anterior podemos concluir que las desapariciones forzadas aumentan de manera alarmante en México y no hay coacción para evitar que las autoridades incurran en ese tipo de prácticas.

La CNDH ha demostrado su ineficacia para prevenir el fenómeno de la desaparición forzada de personas.

Debido a que la CNDH no informa el número de denuncias que recibe sobre casos de desaparición forzada sino que se limita a informar los casos resueltos, es imposible hacer una comparación entre los casos recibidos y resueltos. A la luz de los datos proporcionados por este informe, consideramos que el número de casos resueltos es muy inferior al de los recibidos.

El gobierno mexicano no ha mostrado disposición suficiente para frenar el fenómeno de las desapariciones forzadas, prueba de ello es que no responde internacionalmente por su incidencia, ya que sólo la CNDH responde por las desapariciones forzadas de personas, no estando obligado ningún órgano del estado a perseguirlas sino hasta que el desaparecido es torturado o privado de la vida.

Fundamento legal

La presente iniciativa se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 215-A del Código Penal Federal

Artículo Único.Se reforma y adiciona el artículo 215-A del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 215-A. Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro, o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida dela negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Con el permiso de la Presidencia. La que suscribe, Rosa Elia Romero Guzmán, diputada federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, adicionando una fracción IV, corriendo la actual fracción IV para pasar a ser fracción V, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

A través de la presente iniciativa se propone proteger el derecho fundamental de todo ser humano de accesar a una vida digna y decorosa, enfocándose particularmente a las personas con discapacidades.

Existen múltiples motivos que producen discapacidad en las personas; sin embargo, el Inegi los clasifica en cuatro grupos de causas principales: al nacimiento, por enfermedad, por accidente, por edad avanzada.

De estas cuatro causas el gobierno federal se ha enfocado en cubrir solo una con un apoyo económico: por edad avanzada.

Aún quedan descubiertas otras tres causas, lo cual es realmente preocupante, ya que continuamente las personas con discapacidades se ven impedidas para lograr insertarse en actividades que les permitan una vida plena.

Según datos del Inegi, un aproximado de cuatro millones 527 mil 784 mexicanos tienen alguna discapacidad, esto representa el 5.1 por ciento de la población total del país.

Principalmente durante la niñez surgen diversos obstáculos, ya que su impedimento físico se convierte en una barrera, no solo para el menor con discapacidad, sino también para los padres, quienes en la mayoría de los casos tienden a descuidar al menor, ya que los tratamientos y medicamentos resultan costosos, por lo que ambos padres recurren a buscar un empleo para solventar dichos gastos.

El abandono del menor entonces puede resultar en un peligro para la integridad física y emocional del mismo.

Por tanto, consideramos que una legislación que ayude a brindar apoyos a las personas con discapacidad y a sus familias podría derivar en el fortalecimiento y en el pleno desarrollo de estas.

Considerando que el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad habla sobre el desarrollo social de éstas y en su primer párrafo dice: La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad.

En su fracción IV dice: Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar las capacidades de las personas con discapacidad.

La que suscribe el presente, considera que es menester crear un programa de aportación económica a las personas con discapacidad, principalmente entre los 0 y los 17 años, y a quienes después de esta edad se vean totalmente impedidos para desempeñar un trabajo que les genere una percepción económica, el cual consista en un apoyo mensual de 500 pesos que será entregado de manera bimestral. Lo antes expresado generaría inicialmente un gasto de 3 mil 814 millones 512 mil pesos, basado en los 635 mil 752 menores de edad con una discapacidad, lo cual equivale al 0.09 por ciento del PEF.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Único. Se adiciona la fracción IV y se recorre la actual fracción del artículo 21 para quedar como sigue:

IV. Promover la creación de un programa de apoyo económico a las personas con discapacidad, que consiste en la entrega de un apoyo económico mensual equivalente a 500 pesos mensuales, a las personas que presenten un certificado médico emitido por una institución pública, señalando cédula profesional y firma del médico, el cual certifique que la persona requerirá ingresar al programa de apoyo. Comprobar tener entre 0 y 17 años de edad. En el caso de los mayores de edad, entre 18 y 69 años de edad con discapacidad, deberán demostrar clínicamente que tienen un impedimento total que les impida realizar un trabajo. Comprobar que el interesado reside en unidades de muy alta, alta o media marginación.

V. Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar las capacidades de las personas con discapacidad.

Solicito se inserte íntegra la presente iniciativa con proyecto de decreto en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Rosa Elia Romero Guzmán, diputada federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, adicionando una fracción IV, corriendo la actual fracción IV para pasar a ser la V al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A través de la presente iniciativa se propone proteger el derecho fundamental de todo ser humano de tener acceso a una vida digna y decorosa enfocándose particularmente en las personas con discapacidades, es decir; toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

Existen múltiples motivos que producen discapacidad en las personas, sin embargo el Inegi los clasifica en cuatro grupos de causas principales:

• Al nacimiento

• Por enfermedad

• Por accidente

• Por edad avanzada

De estas cuatro causas el gobierno federal se ha enfocado en cubrir solo una con un apoyo económico que ayude a estas personas a tener una vida más digna; Por edad avanzada. Aún quedan descubiertas otras tres causas lo cual es realmente preocupante ya que continuamente las personas con discapacidades se ven impedidas para lograr insertarse en actividades que les permitan una vida plena.

Según datos del Inegi, un aproximado de 4 millones 527 mil 784 mexicanos tienen alguna discapacidad, sin duda una cantidad significativa ya que representa el 5.1 por ciento de la población total del país.

Principalmente durante la niñez, surgen diversos obstáculos ya que su impedimento físico se convierte en una barrera no solo para el menor con discapacidad sino también para los padres, quienes en la mayoría de los casos tienden a descuidar al menor ya que los tratamientos y medicamentos en ocasiones no son brindados por las instituciones de salud del Estado y sus costos resultan excesivos por lo que ambos padres recurren a buscar un empleo para solventar dichos gastos y los propios.

El abandono del menor entonces, puede resultar en un peligro para la integridad física y emocional de éste.

En principio hay que aceptar que nos enfrentamos a un problema ante el cual el Estado  ha permanecido omiso y ya no puede seguir así. De no hacer nada al respecto, las garantías y  el derecho de las personas con discapacidad a una vida digna y decorosa se verían sesgadas. Por tanto, consideramos que una legislación que ayude a brindar apoyos a las personas con discapacidad y a sus familias podría derivar en el fortalecimiento y el pleno desarrollo de estas.

Considerando

1. Que el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad pertenece al capítulo VI de dicha ley que a su vez habla sobre el desarrollo social de las personas con discapacidad y que en su primer párrafo dice a la letra;

La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad.

2. Que el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su fracción IV dice a la letra;

Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar las capacidades de las personas con discapacidad.

La que suscribe el presente considera que es menester crear un Programa de Aportación Económica a las Personas con Discapacidad, principalmente entre los 0 y los 17 años y a quienes después de esta edad se vean totalmente impedidos para desempeñar un trabajo que les genere una percepción económica, el cual consista en un apoyo mensual de 500 pesos y que será entregado de manera bimestral.

Lo antes expresado generaría inicialmente un gasto de 3 mil 814 millones 512 mil pesos basado en los 635 mil 752 menores de edad con una discapacidad, lo cual equivale al 0.09 por ciento del PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) para 2013, el cual es de 4 billones 236 mil 257 millones 698 pesos. (Cantidad prevista a efectos de la inflación.)

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona al artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Único. Se adiciona la fracción IV y se recorre la actual fracción del artículo 21 para quedar como sigue:

Artículo 21. ...

I. a III. ...

IV. Promover la creación y operatividad Programa de Apoyo Económico a las Personas con Discapacidad que consiste en la entrega de un apoyo económico mensual equivalente a quinientos pesos a las personas que:

1. Presenten un certificado médico emitido por una institución pública o reconocida por las autoridades competentes, señalando cédula profesional y firma del médico, el cual certifique el estado médico de la persona que requerirá ingresar al programa de apoyo.

2. Comprobar tener entre 0 y 17 años de edad con cualquier documento que señale la fecha de nacimiento de la persona con discapacidad (acta de nacimiento).

3. En el caso de los mayores de edad (entre 18 y 69 Años de edad) con discapacidad deberán demostrar clínicamente que tienen un impedimento total que les permita realizar un trabajo que les genere una percepción económica.

4. Comprobar que el interesado reside en unidades de muy alta, alta o media marginación.

V. Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar las capacidades de las personas con discapacidad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputados: Rosa Elia Romero Guzmán, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada, así se hará. Se inserta la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Aprovecho la oportunidad para saludar y dar la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados a los ciudadanos del estado de Morelos, que se encuentran hoy aquí, invitados por el diputado Luis Miguel Ramírez Romero. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, por cinco minutos...

Perdón, sonido en la curul del diputado Néstor Gordillo, por favor.

El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo(desde la curul): Señor presidente, le solicitaría pregunte a la diputada si me permite suscribir su iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Si la diputada no tiene inconveniente, le pedimos que aquí en la Secretaría pueda suscribir también la iniciativa. Con mucho gusto, diputado Gordillo.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es la hora y el momento de que se den los cambios con dirección y rumbo para México; es el tiempo de acordar lo necesario para que la federación avance, y cito la federación, por supuesto, considerando a todos y cada uno de los estados de nuestro país; es momento de legislar sin colores y sin preferencia partidista para todos los municipios de nuestro país.

Por supuesto, el trabajo de esta iniciativa es el poder dar las herramientas necesarias presupuestarias y que se vean reflejadas en las familias de todos los mexicanos.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconocemos la responsabilidad social que tenemos, pero también las insuficiencias y problemas pendientes de la administración pública federal, y me refiero a lo que tiene que ver con las reglas de operación, la equidad y transparencia en la administración oportuna y el respeto a los calendarios para las partidas presupuestales de los estados y sobre todo, de los municipios.

Estamos proponiendo reformar el artículo 77, 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y que tiene que ver en el que se pueda asegurar la entrega oportuna de los recursos, a través de los pagos puntuales, de manera que se eviten los subejercicios.

También que se asegure de que los beneficiarios ejerzan en tiempo y forma todo lo que tiene que ver con el presupuesto, y también que se establezca dentro del convenio modelo las fechas de entrega para todos los municipios.

Con la presente iniciativa, que exponemos en este momento, se evitarán que rubros tan importantes, como la salud, desarrollo social, sean rezagados y se tenga que caer en subejercicios, en el peor de los casos devolución de recursos por no ejercerlos, porque no han llegado a tiempo.

La finalidad de esta iniciativa es que los recursos sean aplicados oportunamente en cada estado, en cada municipio y en cada unidad social, que son las familias de todo México.

Aquí entre nosotros, compañeros legisladores, hay ex presidentes municipales, ex regidores, ex síndicos, miembros del ayuntamiento, y saben perfectamente a lo que me refiero, en que los presupuestos se aprueban en el mes de noviembre y diciembre; en marzo apenas están saliendo reglas de operación, y en algunos de los casos el recurso llega a los municipios en el mes de junio o julio, inclusive, hasta los meses de octubre, por supuesto, provocando los déficit y los subejercicios para que no puedan ser ejercidos.

Un dinero que no es aplicado y ejercido es un anhelo no alcanzado. Porque en el Partido Verde pensamos y sentimos que por supuesto los municipios también tienen anhelos y que estos anhelos es la suma de sueños de todos los ciudadanos que viven dentro de la demarcación y que están esperando, cada tres años, el poder cambiar y tener acceso a una mejor calidad de vida, mediante los programas, los proyectos, por supuesto, en las comunidades y sobre todo, el poder tener acceso a los polígonos de pobreza, que muchas veces hoy están desfasados con la realidad, porque tenemos diferencias en adultos mayores que viven en una demarcación rural a una metropolitana y el simple hecho de no estar dentro una zona rural, como lo marcan los programas, es no tener el acceso a estos apoyos.

A eso estamos apostando con esta iniciativa, en la que dentro de esta Legislatura las entidades federativas de nuestro país y todos los municipios se sientan realmente representados por todos nosotros, aquí, en este Congreso y que estén seguros y ciertos que estamos nosotros trayendo la voz de todos ellos a esta máxima tribuna. Es cuanto, señor presidente y no sin antes invitarlos a que digamos sí a este proyecto de iniciativa de reforma para que pueda ser aplicado al siguiente año. Muchas gracias, compañeros.

«Iniciativa que reforma los artículos 77, 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante de la LXII Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 77, la fracción III del artículo 82 y el segundo párrafo del artículo 83, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Una forma de asignación directa de recursos, que el gobierno federal otorga a través de dependencias y entidades a los diversos sectores de la sociedad con el propósito de apoyar sus operaciones, son los subsidios.

Estos se hacen se aplican a través de programas con reglas de operación, las cuales se crearon para lograr los niveles de eficiencia, equidad y transparencia a la población objetivo a los que van dirigidos. Sin embargo, muchas de estas reglas de operación son poco efectivas, y retrasan los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y no se ejercen de manera oportuna, induciendo la generación de subejercicios.

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 74, fracción cuarta, primer párrafo, que es facultad de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, asimismo, podrá autorizar las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura, que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos

Para la asignación de recursos presupuestarios, cada año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envía a la Cámara de Diputados el Paquete Económico; un documento estructurado en tres partes fundamentales. La primera, presenta los aspectos contenidos en los Criterios Generales de Política Económica. La segunda expone la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, así como la política de ingresos y la política de crédito público. La tercera, analiza el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, destacando la política de gasto.

Una vez determinado el nivel de ingresos, se procede a establecer el destino de recursos que le corresponde a cada uno de los actores de la economía. En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación se consideran los siguientes puntos:

• Los ramos autónomos.

• Ramos administrativos.

• Ramos generales, como aportaciones a seguridad social, deuda pública y aportaciones federales de entidades y municipios, entre otros.

• Entidades de control directo

• Entidades de control indirecto

• Programas y proyectos de inversión

• Analítico de plazas y remuneraciones

• Entre otros.

Entre los principales documentos normativos que inciden de manera directa en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se encuentran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Planeación.

En la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se definen que, tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos de la Federación, son elaborados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Congreso de la Unión.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tiene por objeto reglamentar la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, programas de inversión así como los recursos federales transferidos a las entidades federativas.

De acuerdo con el artículo 77 del mencionado ordenamiento, en el Presupuesto de Egresos se señalan los programas a través de los cuales se otorgan subsidios, y cuales deben sujetarse a reglas de operación, que tienen por objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.

De forma tal que las reglas de operación pueden definirse, como un conjunto de disposiciones que precisan la forma de aplicar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.

Por su parte los recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, son normados por convenios de coordinación, y tienen como propósito descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales. Es importante destacar que los recursos no pierden su naturaleza jurídica de recursos públicos federales.

De acuerdo con el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los convenios deberán establecer entre otros puntos, los plazos y calendarios de entrega de los recursos que garanticen la aplicación oportuna de los mismos, esto de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y atendiendo los requerimientos de las entidades federativas.

La ministración de los recursos debe ser oportuna y respetar los calendarios establecidos por la norma, sin embargo, sabemos que en la realidad esto no ocurre así.

A pesar de que las entidades cumplen con todos y cada uno de los lineamientos exigidos por la Ley, la entrega oportuna de los recursos es ineficaz. Lo anterior se deriva de las deficiencias en los procesos de planeación, programación y presupuestación en las dependencias federales que transfieren los recursos, así como de la inoperatividad de los sistemas de control de pagos, también existen atrasos en la suscripción de convenios, acuerdos y anexos de ejecución y, en consecuencia, en la autorización y radicación de dichos recursos, entre algunas otras cosas.

Estas causas han provocado que los recursos comprometidos por los gobiernos de los estados, en muchas ocasiones sean entregados al término del ejercicio fiscal correspondiente, ocasionando subejercicios e inclusive la pérdida del recurso destinado para una función, programa o proyecto federal comprometido, debiendo los Gobiernos de los Estados, regresar estos dineros a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, no logrando con ello el objeto de los programas federales.

De acuerdo al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al tercer trimestre del 2012, el saldo total de subejercicio no subsanado reasignado, de abril a junio, sumó 2,876.8 millones de pesos, concentrando el 60.4 por ciento de éste saldo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud y un saldo acumulado de enero a septiembre de 6,050.4 millones de pesos, concentrando el 57.4 por ciento del saldo, las mismas secretarías.

Estos datos son relevantes debido a que en estricto sentido no debería existir subejercicio, puesto que esos recursos ya están etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin embargo, esta situación se presenta debido a las deficiencias antes mencionadas, las cuales pueden ser suprimidas de forma que se cubra perfectamente bien a los beneficiarios en tiempo y forma para llevar a cabo sus operaciones.

Por lo anterior, es necesario generar acciones que inhiban el que al final del año se ministren a las dependencias, entidades federativas y beneficiarios, el mayor porcentaje de recursos, afectando la creación y desarrollo de actividades productivas y generación de empleos, estrangulando el flujo de recursos, la consecución de metas y orillando a los estados un ejercicio apresurado de éstos si fuera el caso.

Ante tal situación la presente iniciativa, busca que los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas para proyectos a través de reglas de operación, sean entregados en tiempo y ejecutados oportunamente, a razón de los convenios entre el Ejecutivo Federal y los Gobiernos estatales, así como en las reglas de operación de las entidades de la Administración Pública Federal.

Por todo ello, sometemos a su consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 77, la fracción III del artículo 82 y el segundo párrafo del artículo 83, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

Decreto

Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 77, la fracción III del artículo 82, y el segundo párrafo del artículo 83, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 77. ...

...

I. y II. ...

...

...

Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas. Asimismo, se deberá asegurar la entrega oportuna de los recursos, a través de pagos puntuales de manera que se eviten los subejercicios. Además, la Secretaría informará el avance de la entrega de los recursos, para que el proceso de entrega de los mismos sea transparente.

Artículo 82. ...

...

I. y II. ...

III. Establecer los plazos y calendarios de entrega de los recursos que garanticen la aplicación oportuna de los mismos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y atendiendo los requerimientos de las entidades federativas. La ministración de los recursos deberá ser oportuna y respetar dichos calendarios, asegurando que los beneficiarios ejerzan los recursos asignados en tiempo y forma.

IV. al XII. ...

Artículo 83. ...

Las dependencias o entidades que requieran suscribir convenios de reasignación, deberán apegarse al convenio modelo emitido por la Secretaría y la Función Pública, así como obtener la autorización presupuestaria de la Secretaría. En el convenio modelo se deberán establecer las fechas de entrega de recursos que garanticen la aplicación oportuna de los mismos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto se modificarán las reglas de operación y los convenios a que se refiere las reformas correspondientes, para su aplicación en el siguiente ejercicio presupuestal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de noviembre de 2012.— Diputado Ricardo Astudillo Suarez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores, la desigualdad en un país como el nuestro se traduce en situación de pobreza para grandes porciones de la población. Más de la mitad de la población vive en la pobreza y una quinta parte de los mexicanos padece de pobreza alimenticia.

Es decir, familias que aunque destinaran el total de sus ingresos a comprar alimentos no les alcanzaría para cubrir sus necesidades. Eso en el caso de que estos mexicanos y sus familiares tuvieren algún ingreso.

Frente a este panorama, en Nueva Alianza consideramos que es necesario integrar una política nacional de desarrollo social que vaya más allá del asistencialismo y que fije las bases para promover el desarrollo de las capacidades productivas de las personas. De tal manera que se puede romper el ciclo de la pobreza actual; es decir, que los hijos de quienes hoy viven en situación de pobreza puedan, gracias a la política social, contar con las herramientas y la protección necesaria para salir de esta situación.

Por eso, es indispensable que nos pongamos de acuerdo para decidir y diseñar las líneas generales de la política de desarrollo social, con base en principios sólidos que la fortalezcan para atacar las causas profundas de la pobreza.

La Ley General de Desarrollo Social establece, en su artículo 3, que la política de desarrollo social se sujetará a los principios de libertad, justicia, respeto a la diversidad, libre determinación de los pueblos indígenas, transparencia y perspectiva de género.

Con estos principios las distintas etapas de concepción, diseño, ejecución y evaluación de la política de desarrollo social tienen referencias para evitar que se pierda el rubro y los esfuerzos se desaprovechen; sin embargo, hace falta incorporar el principio de imparcialidad.

Es indispensable el principio de imparcialidad, porque el reto del desarrollo social es muy complejo y hay que tomar en cuenta todas las concepciones, todas las propuestas, todas las teorías, todos los enfoques, todas las regiones, sin favorecer o perjudicar deliberadamente ninguna propuesta; es decir, se debe construir la política de desarrollo social con imparcialidad.

Como todos sabemos, cada partido político, cada grupo social tiene distintas concepciones sobre lo que debe ser la política social, pero a la hora de definir sus características no debe haber imposiciones sin que se deba considerar la pluralidad, intereses, concepciones en torno al tema.

La cuestión de qué papel debe jugar el Estado en la política de desarrollo social, si se privilegia el asistencialismo o el desarrollo de capacidad, si se fortifican los programas, o son universales, si participan más los gobiernos locales o el gobierno federal, entre muchas otras, tienen que decidirse con el principio y las bases de imparcialidad.

En función de lo anterior, presentamos esta iniciativa que propone reformar el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, con el objeto de que en estos principios rectores de la política social exista el principio de imparcialidad, entendida como la perspectiva que garantice que en las etapas de concepción, diseño, gestión y evaluación de la política de desarrollo social no favorecerá o perjudicará deliberadamente ninguna perspectiva filosófica, teórica o metodológica, así como ningún interés legítimo regional democrático, cultural, político, electoral de los actores involucrados en la construcción de dicha política.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que la imparcialidad es un valor fundamental de la democracia, que garantiza un ejercicio justo e incluyente de las atribuciones relativas al desarrollo social, político y económico de los mexicanos.

La imparcialidad llegó para quedarse y debemos implementarla en todos los ámbitos de la vida política nacional; por eso solicitamos su apoyo a la presente iniciativa que presentamos este día. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del Problema

México se caracteriza por una profunda desigualdad social y económica, que se manifiesta en situación de pobreza para más de la mitad de la población, con expresiones inaceptables de pobreza extrema que padecen al menos una quinta parte de los mexicanos. Las estrategias para enfrentar y buscar soluciones a esta situación han sido diversas, de acuerdo con la época y la orientación política, ideológica y cultural de los gobernantes en turno.

En 2004 entró en vigor la Ley General de Desarrollo Social, producto de un intenso proceso de negociación, donde se planteó la necesidad de construir una Política Social que se propusiera, como objetivo fundamental, la superación de las causas estructurales de la desigualdad, la pobreza y la marginación, a partir del desarrollo de las capacidades humanas de la población, en consonancia con el impulso de una política económica propiciadora de crecimiento sostenido, mejores empleos, mejores salarios y una expansión armónica entre las distintas regiones del país y entre los distintos grupos sociales.

Ello, con el objeto de establecer las bases para superar el ciclo intergeneracional de la pobreza, para que los hijos de las personas en situación de pobreza tengan cada vez mejores oportunidades de lograr un desarrollo personal y el bienestar social en niveles crecientes. Sin embargo, la Ley General de Desarrollo Social necesita una serie de reformas para fortalecerla en sus objetivos e instrumentos.

Uno de los temas pendientes, motivo de la presente Iniciativa, es el relativo a incorporar el principio de Imparcialidad como un principio rector de la Política de Desarrollo Social.

En su artículo 3, la Ley General de Desarrollo Social establece que la Política de Desarrollo Social se sujetará a los principios de Libertad, Justicia distributiva, Solidaridad, Integralidad, Participación social, Sustentabilidad, Respeto a la diversidad, Libre determinación de los pueblos indígenas, Transparencia y Perspectiva de género. Estos principios son de lo más pertinente y deben observarse en los distintos momentos de concepción, diseño, gestión y evaluación de la Política de Desarrollo Social.

En nuestra consideración, es necesario incorporar el principio de Imparcialidad, porque la dimensión de la desigualdad, la marginación y la pobreza que presenta la geografía nacional, requiere que en la construcción de la Política de Desarrollo Social se pongan en juego las distintas concepciones del Estado, de la sociedad, del ejercicio del poder, del bienestar social, de las formas de relación entre ciudadanos y gobernantes, de los vínculos entre población y sistema político.

Cada partido político, cada grupo social, tienen distintas concepciones al respecto y cuando, como resultado de la disputa política institucional, uno de ellos accede al poder público, tiene la legítima atribución de definir los puntos fundamentales de la Política de Desarrollo Social; pero esa definición no debe imponerse sin considerar la pluralidad de intereses y concepciones en torno al tema.

Argumentación

En este contexto, resulta indispensable que el principio de Imparcialidad se incorpore al cuerpo de referentes axiológicos que rigen la Política de Desarrollo Social, porque la complejidad del problema de la desigualdad y la pobreza, la diversidad social, cultural y regional del país, así como la dimensión demográfica, política y económica del reto del desarrollo social, hacen ineludible que la Política de Desarrollo Social incorpore realmente todos los intereses, necesidades y particularidades de los actores involucrados, sin discriminar o favorecer deliberadamente a alguno de ellos; es decir se debe construir la Política de Desarrollo Social con Imparcialidad.

Esto así, porque desde la propia definición de prioridades y estrategias para enfrentar el gran problema de la desigualdad social y la pobreza, se producen tentativas de imposición y manipulación, resolviendo de manera poco democrática y poco incluyente el debate y la polarización en torno a la acción y el papel del Estado en materia social.

Las tendencias ideológicas de los grupos gobernantes, la manera en que conciben la desigualdad y la pobreza, la manera en que ponderan sus orígenes, la jerarquía que le otorgan a los derechos sociales, el mecanismo ideológico por el cual deciden si la población en situación de pobreza tiene tales derechos o si deben conformarse con dádivas que alivien su situación de miseria; todos estos particularismos necesariamente influyen en las decisiones públicas, en la confección de planes, programas, estrategias, políticas públicas, acciones e inversiones que integran la Política de Desarrollo Social.

De esta manera, difícilmente se puede evitar que en la Política de Desarrollo Social se incluyan elementos que favorezcan, o perjudiquen, una región, una concepción ideológica, un interés político, algún grupo social específico, o incluso una determinada forma de ejercer el poder público y de encauzar la participación social. En estos casos, es evidente que la Política de Desarrollo Social tendrá un sesgo de origen.

Como ejemplo de lo anterior, podemos mencionar los debates a entorno a si se debe dar prioridad al asistencialismo, los subsidios y las transferencias monetarias, o bien se debe enfatizar el combate a las causas estructurales de la desigualdad y la pobreza; si los beneficios de la Política de Desarrollo Social se deben distribuir a partir de criterios de universalización o con base en complejos procesos de focalización; si los programas sociales deben diseñarlos y ejecutarlos los gobiernos locales sin mayor participación de la Federación o viceversa; si esta última cuestión puede o no favorecer electoralmente a un partido político y a sus candidatos; si los pueblos indígenas requieren o no un tratamiento diferenciado en materia de desarrollo social; si las mujeres constituyen o no un grupo humano que obliga a replantear la política social; entre muchos otros debates que precisan una definición para construir la Política de Desarrollo Social.

Muchos de estos dilemas y dificultades inherentes a la construcción de la Política de Desarrollo Social, en sus momentos de concepción, diseño, gestión y evaluación, pueden resolverse si en esa construcción se observa de manera efectiva el principio de Imparcialidad, es decir, si en ese proceso se evita favorecer o perjudicar deliberadamente los intereses políticos, regionales, culturales e institucionales de los involucrados.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, es necesario un gran acuerdo nacional para superar la desigualdad, la marginación y la pobreza. Es preciso construir una Política de Desarrollo Social integral, incluyente, sustentable y democrática; que tenga como base un amplio consenso, que se conciba como un conjunto de acciones y decisiones que involucra a todos los actores políticos, sociales y económicos, que desde la concepción hasta la evaluación sea una Política de Desarrollo Social cuyo éxito dependa del compromiso social y político de todos los participantes, en cada una de las etapas de construcción y realización de dicha Política.

Esta meta solamente se podrá lograr si la construcción de la Política de Desarrollo Social conlleva la suficiente legitimidad; y ésta no podrá conseguirse si en el proceso descrito deja de observarse honesta y generosamente el principio de Imparcialidad.

Es por ello, que la presente Iniciativa propone adicionar una Fracción X al Artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, para establecer que entre los principios que rigen la Política de Desarrollo Social se encuentre el de Imparcialidad, entendida como:

La perspectiva que garantiza que en las etapas de concepción, diseño, gestión y evaluación de la Política de Desarrollo Social no se favorecerá o perjudicará deliberadamente ninguna perspectiva filosófica, teórica o metodológica, así como ningún interés legítimo de tipo regional, demográfico, cultural, político o electoral de los actores involucrados en la construcción de dicha Política.

Finalmente, con el objeto de establecer de la manera más precisa el alcance y sentido de la presente Iniciativa, es necesario asentar que el principio de Imparcialidad incluye el aspecto de la aplicación imparcial de los recursos públicos por parte de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, en el sentido de lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo dispuesto en los ordenamientos citados obedece a la necesidad de preservar la equidad en la competencia entre los partidos políticos.

Es decir, el principio de Imparcialidad contempla, pero no se agota en ello, la obligación de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno de aplicar de manera imparcial los recursos públicos destinados a los programas sociales, sin favorecer o perjudicar a un candidato o a un partido político, y se refiere al momento de la ejecución de la Política de Desarrollo Social.

La disposición propuesta en la presente iniciativa no se contrapone ni se subsume con la legislación electoral, dado que ésta tiene claramente definido su ámbito de competencia y, para el asunto que nos interesa, establece, entre otras cosas, las obligaciones de los servidores públicos en materia electoral; mientras que la Ley General de Desarrollo Social tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, señalar las responsabilidades del gobierno y las instituciones en la materia, así como definir los principios de la Política de Desarrollo Social.

En este sentido, la incorporación del principio de Imparcialidad como referente de la Política de Desarrollo Social, en el aspecto de la aplicación de los recursos públicos de los programas sociales, tiene como objetivo principal preservar y fortalecer la integridad, eficiencia y legitimidad de dicha política; y como efecto secundario contribuye, sin invadir ámbitos de aplicación legislativa, a la preservación de la equidad en la competencia político electoral.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social

Artículo Único. Se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:

I a IX...

XI. Imparcialidad: Garantiza que en las etapas de concepción, diseño, gestión y evaluación de la Política de Desarrollo Social no se favorecerá o perjudicará deliberadamente ninguna perspectiva filosófica, teórica o metodológica, así como ningún interés legítimo de tipo regional, demográfico, cultural, político o electoral de los actores involucrados en la construcción de dicha política.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 4 de diciembre de 2012.— Diputada Cristina Olvera Barrios (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

* INICIATIVA Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Las iniciativas que no fueron posibles presentarlas el día de hoy serán agendadas en el orden del día de la sesión del jueves, así como la efeméride inscrita hoy. En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Presidente, se agotaron los asuntos en cartera.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín(a las 15:55 horas): Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el jueves 6 de diciembre, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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