Presidencia del diputado José González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría si es tan amable de decirle a la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras diputadas y de los señores diputados.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 268 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín (a las 11:12 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 6 de diciembre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

De la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Antonio de la Barrera Fernández, Iván Alejandro Rivas Sánchez y Antonio Alberto Pineda Ronzón, puedan prestar servicios en las Embajadas de la República de Guatemala, y de los Estados Unidos de América en México, e informa que los ciudadanos Cecilia Isabel Galicia Rodríguez, Mónica Patricia Reyes López y Javier Villanueva Guerrero, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Con el que remite el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, correspondiente al periodo enero-septiembre de 2012.

Por los que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo, relativos al caso de líderes barzonistas en el estado de Chihuahua, y asesinato del C. José Antonio Rodríguez.

Con el que remite acuerdo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de octubre de 2012, y la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente con el mes de octubre de 2011.

De la Cámara de Senadores

Con los que remite un Acuerdo y veintiún Proposiciones con puntos de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se asignen recursos a diversos ramos, presentadas por senadoras y senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Del Poder Judicial de la Federación

Con el que remite el informe semestral de labores del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, correspondiente al periodo del 1o. de junio al 15 de noviembre de 2012.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de los congresos de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nayarit y Puebla

Con los que remiten acuerdos, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se asignen y etiqueten recursos a diversos ramos.

Iniciativa del Congreso del estado de Veracruz

Con proyecto de decreto que reforma la fracción II, inciso c) del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Educación. (Turno a Comisión)

Iniciativa de senador

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en materia de productos del tabaco, presentada por el senador Francisco Salvador López Brito del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Dictámenes a discusiónDe leyes y decretos

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Energía para el Campo.

De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México.

Dictámenes a discusiónNegativos de iniciativas

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo, por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo, por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 18, y los artículos 18 Bis y 18 Ter a la Ley Agraria.

Agenda política

Comentarios relativos a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia, para que realice una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas, en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., asimismo se exhorta a la SCT, para que expida la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas regulares concesionadas, y a la Comisión de Transportes, para que dictamine la minuta de reformas a la Ley de Aeropuertos que quedó pendiente el 30 de abril de 2012, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, realice las acciones pertinentes para la implementación del programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo”, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP para que constituya un fondo de contingencia para la infraestructura social, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Iniciativas

Que reforma el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11 y 89 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Román Alfredo Padilla Fierro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 10 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto Transitorios de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal que establece el derecho de los estudiantes de instituciones de media superior públicas a contar con un apoyo económico, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General del Sistema Nacional de Contralorías Ciudadanas, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de la Prevención Social del Delito, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4° y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Zita Beatriz Pazzi Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 229 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 32 Bis a la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 23 y adiciona un artículo 25 Ter a la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 36 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 14, 17 Bis y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SCT y de la Dirección General de Autotransporte Federal, se verifique la Norma 12 de Pesos y Dimensiones que aplica al transporte de carga de todo el país, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a las solicitudes para la siembra comercial de maíz transgénico a campo abierto que actualmente se encuentran en trámite en los estados de Sinaloa y Tamaulipas, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SRE, para que establezca un diálogo diplomático con su homólogo Estadounidense, con la finalidad de revisar el Memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos; asimismo al INM, para que implemente la plataforma “México”, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial con el fin de esclarecer la inseguridad y la presencia de la delincuencia organizada en las Minas denominadas “Pocitos”, en la región carbonífera del estado de Coahuila, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, para que libere los recursos correspondientes al ciclo Julio-Diciembre de 2011, del programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, incluidos en el PEF 2012, a cargo del diputado Noé Barrueta Barón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SSA, se hagan públicos los avances que guarda la atención de la muerte materna en el país, y para que se diseñen y apliquen políticas públicas destinadas a combatirla, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que derogue el decreto oficial del 29 de noviembre de 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las SE y de la SHCP, para que den respuesta pronta y satisfactoria a las solicitudes de apoyo realizadas por los productores vitivinícolas del país, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados de la Federación, para que legislen priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución General de la República, los convenios internacionales y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al GDF, para que consideren poner en marcha la construcción de dos Centros de Atención Integral a la Salud, en la Delegación Tlalpan, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Sectur, inicie los preparativos de la celebración del tianguis turístico de Acapulco, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la Sener, de Pemex, de la CFE y del Gobierno del Estado de México, realicen las acciones tendientes a evitar desastres por causas antropogénicas en las zonas afectadas por el derecho de vía, en los que se encuentran instalados ductos subterráneos para la conducción de hidrocarburos o gas, o en los que existen instaladas líneas de alta tensión, en el Estado de México, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Efeméride

Con motivo del 1o. de diciembre, Día Mundial de la lucha contra el Sida, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, antes de eso; permítame un momento, diputada secretaria. Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, le solicito que en el momento de poner a consideración el orden del día, me conceda el uso de la palabra para referirme al orden del día y solicitar a la asamblea la incorporación de un punto de acuerdo.

El Presidente diputado José González Morfín: Correcto.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): En el mismo sentido que el diputado Monreal, también para que nos conceda el uso de la tribuna, porque queremos proponer un punto del orden del día.

El Presidente diputado José González Morfín: Correcto. Continúe la Secretaría con el trámite e inmediatamente después lo hacemos.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal, para referirse justamente al orden del día, por tres minutos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Presidente, muchas gracias. Ciudadanos legisladores, he solicitado el uso de la palabra para pedirle a la asamblea pueda autorizar que se incluya en el orden del día de esta sesión el tema del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, que fue modificado el 30 de noviembre, precisamente unas horas antes de que feneciera el anterior sexenio.

¿Por qué razón estoy solicitando que este cuerpo colegiado pueda discutir el tema de la modificación del reglamento? Primero, porque con esta modificación al artículo 11 del reglamento, el jefe del Estado Mayor Presidencial tiene nuevas facultades.

Como ustedes saben, es una facultad del Ejecutivo modificar el reglamento y ahora el artículo 11 señala que el Estado Mayor Presidencial debe prestar seguridad física, no solo a los ex presidentes de la República, sino también a su familia, en casos particulares.

Con esta medida, el Estado Mayor Presidencial está obligado a todo aquél que sea familiar del ex presidente, a recibir protección y seguridad física de parte del Estado Mayor Presidencial.

Me parece un despropósito, no es correcto, porque entonces pudieran surgirle al ex presidente, o a los ex presidentes vivos cientos de familiares; alegar que de acuerdo con esta disposición tiene la obligación el Estado Mayor Presidencial de prestarles seguridad y me parece muy grave este exceso en las familias presidenciales. De por sí que cumplieron o no cumplieron, la historia los juzgará; pero ¿esta medida?

Nosotros hemos planteado que se supriman las pensiones de los ex presidentes de la República en la ley de austeridad que todavía está en comisiones; no se ha dictaminado. Pero no solo el ex presidente goza de las pensiones, sino que el último día, unas horas antes de concluir su mandato modificó el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, en su artículo 11 y a partir de esas horas el Estado Mayor Presidencial está obligado a darle seguridad a la familia del ex presidente. Es muy amplia la disposición.

Les pregunto a ustedes, legisladores ¿quiénes son la familia del ex presidente? ¿Hermanos? ¿Cuñados? ¿Sobrinos? ¿O quiénes? ¿Cuántos cientos? ¿Cuánto es el impacto presupuestal para la nación?

No estoy de acuerdo y que se analizara, pero no me parece correcto que dejemos pasar una decisión de tanta trascendencia por la noche, en el sigilo y con una actitud francamente deleznable.

Le pido, ciudadano presidente, que someta a consideración de la asamblea, que este punto pueda ser discutido.

¿Qué es lo que estoy planteando? Es una cosa muy sencilla lo que estoy planteando: que se exhorte al Ejecutivo federal para que derogue esta disposición y para que quede como anteriormente estaba, aún cuando nosotros estamos en contra de que se les otorguen pensiones a los ex presidentes de la República. Pero no solo no se quita eso, sino que se está ampliando de manera desmesurada la protección del Estado Mayor Presidencial a toda la familia de los ex presidentes de la República y me parece una ofensa y un castigo.

Aparte de malos gobernantes, tenemos que todavía sostener a toda su familia y su parentela. No me parece correcto y por eso apelo a la actitud prudente de algunos legisladores del PAN, del PRI y de todas las fracciones parlamentarias.

Nada se pierde. Lo que pido es exhortar al Ejecutivo a que modifique el Reglamento, porque me parece un exceso que se cometió en beneficio propio, unas horas antes de concluir el sexenio.

No solo es para el ex presidente que terminó, porque la disposición abarca para todos los ex presidentes y toda su familia. Me parece —les repito— muy grave si no lo corregimos; al menos discutámoslo. Presidente, muchas gracias por su tolerancia.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Permítame un momento, diputado Huerta, porque necesitamos darle trámite a esta petición concreta que ha hecho el diputado Monreal.

El punto de acuerdo en comento está inscrito en el orden del día como solo de turno a Comisión, en el lugar número 7 del apartado del orden del día que corresponde. Lo que el diputado Monreal está planteando es que se discuta en esta sesión, que se modifique el orden del día para que se incluya entre los puntos de acuerdo que habrán de discutirse y creo que lo que procede, en todo caso, es que sea la asamblea la que decida si se autoriza o no la modificación del orden del día.

Voy a pedir a la secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si autoriza la modificación al orden del día, planteada por el diputado Monreal, para que se considere de urgente resolución el punto de acuerdo que está agendado solo como turno a comisión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se autoriza a que se modifique el orden del día con la propuesta que ha presentado el diputado Ricardo Monreal. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se modifica el orden del día. El punto sigue inscrito como corresponde como de turno a comisión. También para plantear una modificación al orden del día tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Manuel Huerta.

Sonido en la curul de la diputada Córdova.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (desde la curul): Con su venia, señor Presidente. Es para hacer un pronunciamiento, ya que es para mí una obligación presentar mi más profundo rechazo a los acontecimientos en los que perdió la vida Edna Delfina Rodríguez González y su hijo de tan solo 14 años, en el poblado de Creel, en Chihuahua.

Sí le solicitaría, porque es un punto muy importante ya que se trata de un asesinato, que por favor me den más volumen. No es suficiente el volumen que tengo. No creo que los compañeros que están allá platicando me estén escuchando, ¿verdad? Perfecto.

Edna era conocida por ser una colaboradora del licenciado y senador actual, Javier Corral Jurado; es una víctima más de la ola de violencia que aqueja a mi estado en Chihuahua.

Señor presidente, ruego a usted solicite a esta asamblea un minuto de silencio por esta tragedia acontecida el día de antier en Chihuahua, en la sierra Tarahumara, específicamente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Su intervención queda registrada. Estamos apenas en el momento del procesamiento del orden del día.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Manuel Huerta, que también va a proponer una modificación al orden del día.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Muchas gracias, presidente, por darnos la palabra, porque hemos sido enfáticos de que esta Cámara debería de tener ya información sobre los operativos que se instauraron el primero de diciembre y que hoy están dándole la vuelta a la nación y al mundo.

Esto es una cuestión que no es menor. Es parte de, pues todos los medios de comunicación están hablando de esto, y no entendemos por qué.

He estado —a través de mi fracción— proponiendo un punto de obvia o urgente resolución a esta Cámara de Diputados, en torno a un exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo federal y al gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y las procuradurías generales de justicia de cada administración, difundan la más amplia información de los resultados del operativo de seguridad instalada para salvaguardar el Palacio Legislativo de San Lázaro, el pasado primero y de lo que ocurrió después de ese operativo en zonas del centro de la ciudad.

Esto para nosotros es muy importante, inclusive por la corresponsabilidad que esta propia Cámara de Diputados —por haber solicitado parte de estos operativos— pudiera tener de información y que pudiera ayudar a dilucidar este tema.

Nosotros vemos con preocupación y al mismo tiempo con agrado; preocupación, que no exista la sensibilidad de abordar este tema y tener un punto de acuerdo con todos los partidos; con agrado, porque vemos que la sociedad mexicana está rebasando a la sociedad política.

Ya en las redes de comunicación que existen, en los medios que están abiertos a los ciudadanos, ya están dando cuenta de las detenciones ilegales y arbitrarias, violatorias a derechos humanos que existen; ya estamos viendo cómo están cada vez más claros los montajes de provocación, que desde el gobierno federal, que entró la madrugada de ese día a hacerse cargo de la seguridad, concretamente el secretario de gobierno actual, preparó como un montaje de provocación y obviamente nos preocupa —y culmino— la situación de las víctimas y sobre todo también por lo del montaje de provocación hecho por el gobierno federal, los responsables materiales e intelectuales de esta tragedia nacional, que ha enlutado a todos los mexicanos, por lo que sucedió esos días.

Por eso nosotros insistimos en que hoy se aborde este punto de acuerdo de obvia o urgente resolución, exhortando a autoridades federales y del Distrito Federal, para hacer pública la información y a las Comisiones de Derechos Humanos que vemos que están haciendo parte del trabajo, pero que la Cámara pudiera hacer también ese exhorto para que puedan reafirmar y ser más fuertes en la petición de que no se están violando los derechos humanos de los ciudadanos, y obviamente poder atender a las víctimas, ya que existe de todo en este montaje de provocación instaurado por el gobierno federal. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. En este caso no hay un punto de acuerdo registrado, pero voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea si autoriza que se modifique el orden del día, en los términos planteados por el diputado Manuel Huerta.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se autoriza la modificación del orden del día en los términos que  lo planteó el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Las diputadas y  los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Siguiendo con nuestro orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cuatro de diciembre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos setenta y tres diputadas y diputados, a las once horas con diecisiete minutos del martes cuatro de diciembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, y no habiendo oradores registrados en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación al Orden del Día, los diputados Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

El diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Cámara de Diputados, dirige un mensaje a la Asamblea.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) Del diputado Jesús Murillo Karam, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la Quinta Circunscripción Plurinominal, con efectos de inmediato.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Intervienen con relación al tema los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Partido Revolucionario Institucional; Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional; Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática; Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México; Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; y Rafael Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo. En votación económica se aprueba con efectos de inmediato. Comuníquese. Llámese al suplente.

En virtud de la licencia concedida al diputado Jesús Murillo Karam, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se estará a lo dispuesto en el artículo diecinueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

b) De la Junta de Coordinación Política:

• En relación con la integración de la Comisión de Desarrollo Municipal. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

• En relación con alta del Presidente de la Junta Directiva de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Por la que informa la integración de las Delegaciones de esta Cámara, ante la Confederación Parlamentaría de las Américas, y del Parlamento Latinoamericano. En virtud que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, se dispensa su lectura y en votación económica se aprueban. Comuníquense.

• Con la que remite solicitud de Controversia Constitucional en contra del decreto por el que se reforman diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Para referirse al proyecto intervienen los diputados: Héctor García García, del Partido Revolucionario Institucional;

A las doce horas por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos setenta y dos diputadas y diputados.

Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Fernando Belauzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; y Antonio Cuellar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México. En votación económica se aprueba la presentación de la Controversia Constitucional. Comuníquese a la Mesa Directiva.

c) De Secretaría de Gobernación:

• Por la que remite las respuestas a las Preguntas formuladas por la Cámara de Diputados, en relación con el Sexto Informe de Gobierno, sobre el Estado General que guarda la Administración Pública del país. Se remite a las Comisiones correspondientes para su conocimiento.

• Con la que remite el Informe sobre los Programas de Comunicación Social para el Ejercicio Fiscal dos mil doce. Se remite a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Gobernación, para su conocimiento.

• Por la que remite el Informe Sexenal de Labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

• Con la que remite el Informe Final de la Evaluación en materia de diseño del Programa U001 “Apoyos para el desarrollo de la oferta turística”. Se remite a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Turismo, para su conocimiento.

• Con las que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos al robo de combustibles, a los recursos ahorrados por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, y a la población de Isla de Cedros, Baja California. Se remite a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Desarrollo Social, con la que remite el Informe Final de la Evaluación de Impacto del Programa Hábitat dos mil ocho-dos mil once. Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

e) Del Congreso del estado de Guanajuato, con la que remite Proposición con Punto de Acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se modifiquen diversas reglas normativas y lineamientos generales de los ramos veinte, y treinta y tres. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

f) Del Gobierno del estado de Jalisco, con la que remite el Tercer Informe Trimestral del dos mil doce, sobre las características de las obligaciones a que se refiere el artículo cuarenta y siete, fracción segunda de la Ley de Coordinación Fiscal. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

g) De la Cámara de Senadores, con las que remite seis proposiciones con puntos de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se asignen recursos a diversos ramos, presentadas por senadoras y senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

h) De Petróleos Mexicanos, con la que remite el Informe sobre la Reestructuración de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

i) De la Cámara de Senadores, con la que remite iniciativas con proyecto de decreto:

• Que adiciona el párrafo cuarto del artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Que adiciona el párrafo cuarto del artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Ernesto Ruffo Appel, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Que reforma el cuarto párrafo y adiciona un quinto párrafo al artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por los senadores René Juárez Cisneros, Raúl Aarón Pozos Lanz, Humberto Domingo Mayans Canabal, Fernando Enrique Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, Roberto Armando Albores Gleason, Óscar Román Rosas González, Zoé Robledo Aburto, Mónica Tzasna Arriola Gordillo y Luis Armando Melgar Bravo, de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Energía, que adiciona un segundo párrafo al artículo nueve de la Ley de Energía para el Campo.

b) De Marina, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

De acuerdo con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Presidente instruye a la Secretaría dar lectura a los encabezados de los dictámenes en sentido negativo de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que desechan iniciativas con proyecto de decreto:

a) De Ley Reglamentaria del artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Gas Natural no Asociado al Petróleo.

b) Que reforma el artículo treinta y dos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

En el capítulo de Agenda Política, hacen comentarios relativos a los hechos ocurridos el fin de semana pasado en la Ciudad de México, los diputados: Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; Antonio Cuellar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México; Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Jesús Aquino Calvo, del Partido Acción Nacional; y Arnoldo Ochoa González, del Partido Revolucionario Institucional. Se concede el uso de la palabra para responder alusiones personales a los diputados Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Aleida Alavez Ruiz, y Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, ambas del Partido de la Revolución Democrática.

Desde su curul realiza moción de orden el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

De conformidad con el artículo setenta y seis, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

a) Ricardo Monreal Ávila, a nombre propio y de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Tabasco, para que etiquete y transparente los recursos de la solicitud de crédito que le fue autorizada por el Congreso Estatal el dieciséis de noviembre de dos mil doce, para inversiones públicas productivas.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al punto de acuerdo los diputados: Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Partido Acción Nacional; y Raymundo King de la Rosa, del Partido Revolucionario Institucional. Para responder alusiones personales se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción tercera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

b) Héctor Narcia Álvarez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a las instituciones correspondientes del sector agropecuario, especialmente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Economía, FIRA y Financiera Rural, para acordar las acciones necesarias y responsables a fin de comercializar la producción de maíz, del ciclo primavera-verano dos mil doce. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al punto de acuerdo los diputados: Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano; Pedro Porras Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional; y Noé Barrueta Barón, del Partido Revolucionario Institucional. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción tercera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Se da cuenta con comunicación del diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano por la que informa que los diputados Gerardo Villanueva Albarrán, y Rodrigo Chávez Contreras, se incorporan a este grupo parlamentario, a partir del tres de diciembre del año en curso. De enterado. Comuníquese.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a cambios de integrantes y de Juntas Directiva de Comisiones Ordinarias. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

a) Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

b) Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo Cuarto Transitorio de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

Se concede el uso de la tribuna para presentar las iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

c) Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, a nombre propio y del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos sexto, y diecinueve de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

d) Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

e) Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y expide la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

f) Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo doscientos quince-A del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

g) Rosa Elia Romero Guzmán, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo veintiuno de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

h) Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos setenta y siete, ochenta y dos, y ochenta y tres de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

i) Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, que reforma el artículo tercero de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea, que las iniciativas registradas en el Orden del Día que no fueron turnadas, serán inscritas para la próxima sesión.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

a) Román Alfredo Padilla Fierro, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que expida el Decreto correspondiente para la creación de un Hospital Indigenista, en la sindicatura de Mochicahui, Sinaloa. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

b) Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para promover la eliminación de visa a los ciudadanos de Taiwán, con el objetivo de beneficiar la cooperación e intercambio entre ambas naciones. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, para dictamen.

c) Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial Encargada del Análisis, Seguimiento y Evaluación al Ejercicio de las Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

d) Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que revisen y apliquen las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los accidentes relacionados con el transporte público. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

e) José Arturo López Cándido, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que considere recursos destinados al Instituto de Educación Media Superior, para que incremente el gasto de inversión en educación, con el crecimiento de matrícula, fomento al desarrollo de proyectos de investigación y extensión en su infraestructura y actualización de programas y estudios. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

f) Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud y al Director del Instituto Nacional de Perinatología, para que culminen los trabajos de ampliación y resuelvan los problemas internos del mismo, para beneficio de los pacientes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

g) Carlos Alberto García González, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a las dependencias y entidades competentes, para que dentro del ámbito de sus atribuciones realicen un estudio sobre las condiciones climáticas imperantes en Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar la correcta clasificación de la tarifa eléctrica que le corresponde. Se turna a las Comisiones de Cambio Climático, y de Energía, para dictamen.

h) Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, convoque a una consulta pública sobre el nuevo paradigma del combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

i) Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de San Luis Potosí, esclarezca el caso de Carla Pontigo, fallecida el pasado mes de octubre. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

j) Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y del Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de las Procuradurías Generales de Justicia de su administración, difundan los resultados del operativo de seguridad instalado para salvaguardar el Palacio Legislativo de San Lázaro, el primero de diciembre de dos mil doce. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen.

k) Noé Barrueta Barón, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, realice los procedimientos administrativos y presupuestales necesarios para que en los centros de salud rurales se disponga de un médico residente de base. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

l) Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, genere acciones y políticas públicas encaminadas a prevenir, reducir y atender el embarazo adolescente. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

m) José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno, para que adopten políticas o criterios de selección de ingreso, promoción y permanencia de su planta laboral, que garanticen la igualdad de oportunidades para las personas que cuentan con cualquier tipo de discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

n) Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Educación Pública, para que decreten la apertura de museos y demás zonas de esparcimiento recreativo, artísticos y culturales, todos los lunes de los fines de semana largos. Se turna a la Comisión de Cultura, y Cinematografía, para dictamen.

o) Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobierno de los Estados Unidos de América y a la Legislatura del Estado de Nueva York, para que aprueben la ley de trabajadores agrícolas, así mismo se exhorta al Ejecutivo Federal y al Gobierno del estado de Oaxaca, para que realice un reconocimiento y se otorgue la condecoración “Miguel Hidalgo”, a la activista migrante Librada Paz Rojas. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves seis de diciembre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cincuenta y cinco minutos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobada el acta.

EDNA DELFINA RODRIGUEZ GONZALEZ

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Rocío Reza, por favor.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (desde la curul): Gracias, presidente. Como diputada por Chihuahua, solidarizarnos.

Con el hecho ruin, con el asunto que aconteció en el municipio Bocoyna y también con el comentario que hace la diputada del PRD, en relación a solicitar, presidente, un minuto de silencio por el asesinato de Edna Rodríguez; una mujer, allá en Bocoyna, y de su pequeño hijo de 14 años, quienes fueron asesinados el día de antier.

Solicitar que nos pronunciemos por el esclarecimiento de este hecho y que se solicite a las autoridades estatales y federales el esclarecimiento del mismo. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia no tiene inconveniente en hacer suya la petición de las diputadas aquí expresadas y voy a pedir que...

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (desde la curul): Gracias, señor presidente. Sumarnos a la petición que realizan las compañeras diputadas del Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional, a este minuto de silencio; señalar que en el estado de Chihuahua las cosas van marchando y van marchando bien, lamentablemente tenemos aún hechos aislados de esta naturaleza, que enlutan a los chihuahuenses en general, pero el avance que hemos vivido los chihuahuenses en materia de seguridad pública se ha visto reflejado, no solamente en las estadísticas, sino en la percepción de los ciudadanos. Sin embargo, con todo el corazón, el grupo de diputados priistas del estado de Chihuahua nos sumamos a esta petición.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Entonces, voy a pedir que nos pongamos todos de pie y guardemos un minuto de silencio en memoria de Edna Rodríguez y de su hijo, que fallecieron el día de ayer en el poblado de Creel, en Chihuahua.

(Minuto de silencio)

Descansen en paz.

Continúe la Secretaría. Sonido en la curul del diputado Raya.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidente, nada más, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, sumarnos a la exigencia de esclarecimiento de los hechos en Chihuahua y que tengamos los resultados y no más impunidad en estos casos. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Ya quedó registrada su intervención en el Diario de los Debates.

Continúe la Secretaría.

MODIFICACION DE TURNO DE INICIATIVAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se rea-lizaron modificaciones de turno, a las siguientes iniciativas y proposiciones:

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, el 15 de noviembre de 2012.

“Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género, para dictamen.”

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 133 de la Ley del Seguro Social y 135 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 13 de noviembre de 2012.

“Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen, y a la Comisión de Equidad y Género, para opinión.”

3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 350 Bis 6 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 22 de noviembre de 2012.

“Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Equidad y Género, para opinión.”

4. Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a crear un modelo que otorgue atención e investigación que permita mejorar la salud de los adolescentes, concretamente en lo que respecta a salud reproductiva, presentada por la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 15 de noviembre de 2012.

“Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Equidad y Género, para opinión.”

Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y actualícense los registros parlamentarios.

México, DF, a 6 de diciembre de 2012.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente en funciones de Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León cause baja como integrante de la Comisión de de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado Abel Guerra Garza cause baja como integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que el diputado Jorge Herrera Delgado cause baja como integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

• Que la diputada Dulce María Muñiz Martínez cause baja como integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Que el diputado Carlos Sánchez Romero cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que la diputada Silvia Márquez Velazco cause baja como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez cause baja como secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez cause baja como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que la diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez cause alta como secretaria en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que la diputada Socorro de la Luz Quintana León cause baja como integrante de la Comisión de Competitividad.

• Que la diputada Socorro de la Luz Quintana León cause alta como secretaria en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada Leticia Calderón Ramírez cause baja como secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada Leticia Calderón Ramírez cause alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que el diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia cause baja como integrante de la Comisión de Protección Civil.

• Que el diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia cause alta como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que la diputada Pilar Moreno Montoña cause baja como integrante de la Comisión de Ganadería.

• Que el diputado Sergio Torres Félix cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.

• Que la diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez cause baja como secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo cause alta como secretaria en la Comisión de Asuntos Migratorios.

• Que la diputada Leticia Calderón Ramírez cause baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada Leticia Calderón Ramírez cause alta como secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez cause baja como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que la diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez cause alta como secretaria en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que el diputado Miguel Sámano Peralta cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.

• Que el diputado Miguel Sámano Peralta cause alta como integrante en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que el diputado José Everardo Nava Gómez cause baja como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Eduardo Román Quain Alcocer cause baja como integrante de la Comisión de Reforma Agraria.

• Que el diputado Juan Manuel Carbajal Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Juventud.

• Que el diputado Juan Manuel Carbajal Hernández cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado Pedro Gómez Gómez cause baja como integrante de la Comisión de Defensa Nacional.

• Que la diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas cause baja como integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Que la diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas cause alta como secretaria en la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Que el diputado Roy Argel Gómez Olguín cause alta como secretario en la Comisión de Marina.

• Que el diputado Roy Argel Gómez Olguín cause baja como integrante de la Comisión de Juventud.

• Que el diputado Gabriel Gómez Michel cause baja como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado Gabriel Gómez Michel cause alta como integrante en la Comisión de Marina.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Ramón Montalvo Hernández cause alta como secretario en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Ramón Montalvo Hernández cause baja como secretario de la Comisión de Población.

• Que el diputado Arturo Cruz Ramírez cause alta como secretario en la Comisión de Población.

• Que el diputado Arturo Cruz Ramírez cause baja como secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo cause alta como integrante en la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado Jorge Salgado Parra cause alta como integrante en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo:

• Que el diputado José Humberto Vega Vázquez cause baja como integrante de la Comisión de Reforma Agraria.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta a si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquense.

Continúe la Secretaría.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP- 1558/ 12, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Antonio de la Barrera Fernández.

Puesto: Encargado de asuntos administrativos.

Lugar de trabajo: Embajada de la República de Guatemala en México.

Nombre: Iván Alejandro Rivas Sánchez.

Puesto: Auxiliar contable.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Antonio Alberto Pineda Ronzón.

Puesto: Especialista en protocolo.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de los expedientes copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos donde solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Cecilia Isabel Galicia Rodríguez.

Puesto: Cajera.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Mónica Patricia Reyes López.

Puesto: Asistente administrativa de la Oficina del Departamento de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Javier Villanueva Guerrero.

Puesto: Supervisor de mantenimiento de residencias.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado José González Morfín: Las solicitudes de permiso, túrnense a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, comuníquese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 100.2012.DGE.0687, la ciudadana Augusta Valentina Díaz de Rivera, directora general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, remite el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, correspondiente al periodo de enero-septiembre de 2012.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 27, fracción IV, de la Ley de Inversión Extranjera, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se menciona.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Como es de su conocimiento, de conformidad con el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Inversión Extranjera, se establece que es atribución del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras presentar un informe estadístico cuatrimestral sobre el comportamiento de la inversión extranjera en el país, que incluya los sectores económicos y las regiones en las que ésta se ubica.

Por lo anterior, me permito enviar a usted el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México durante el periodo enero-septiembre de 2012, para que por su amable conducto sea remitido al Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 29 de noviembre de 2012.— Augusta Valentina Díaz Rivera (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

ISMAEL SOLORIO URRUTIA Y MANUELA MARTHA SOLIS CONTRERAS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0279, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/2973/12, suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al caso de los líderes del Movimiento Barzonista, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, ocurrido el 23 de octubre pasado, en el estado de Chihuahua.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SEL/UEL311/2985/12, por el que comunica a esta Procuraduría el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 31 de octubre del año en curso , que en los resolutivos conducentes señala, en lo que atañe a esta Institución:

“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, expresa su condena por el asesinato de los líderes del Movimiento Barzonista, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, ocurrido el 23 de octubre en el estado de Chihuahua. Asimismo, se solicita se esclarezcan los hechos, se deslinden las responsabilidades y se castigue a los culpables de dicho crimen.”(sic)

Sobre el particular informo a usted que la delegación de la institución en el estado de Chihuahua, comunicó a esta dirección general que inició las investigaciones pertinentes y en su oportunidad, de ser jurídicamente procedente realizará las diligencias correspondientes.

No obstante lo anterior, esta Procuraduría no puede pronunciarse sobre su contenido y alcance en virtud de que se trata de información reservada y confidencial atento a lo dispuesto por los artículos 40, fracción XXI, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, 14, fracciones I, III y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 97, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 5, 6, y 63, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2012.— Maestro Jorge Nader Kuri (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

ASESINATO DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-8-0209, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGPPCI /V/ 2974/ 12, suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al caso de José Antonio Rodríguez, así como del injustificado y desproporcionado uso de fuerza por las autoridades estadounidenses que resguardan la frontera.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 2921/12, por el que comunica a esta procuraduría el punto de acuerdo, aprobado por el Congreso de la Unión en sesión celebrada el 23 de octubre del año en curso, que en los resolutivos conducentes señala por lo que atañe a esta institución:

Tercero. Se Exhorta a la Procuraduría General de la República a agilizar las investigaciones sobre el homicidio de José Antonio Rodríguez y mantener informada a la ciudadanía sobre los avances y desarrollo del caso.

Sobre el particular informo a usted que la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, por conducto de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero, comunicó a esta dirección general que inició las respectivas investigaciones y de las cuales se han derivado varias solicitudes de antecedentes e información a diversas autoridades, tanto en México como en Estados Unidos.

Por otra parte, no es posible abundar sobre el contenido de la indagatoria relacionada con esos lamentables hechos en virtud de que se trata de información reservada y confidencial, atento a lo dispuesto en los artículos 40, fracción XXI, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica; 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 6, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 63, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 16 y 225, fracción XXVIII, del Código Federal de Procedimientos Penales; 5 y 63, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 13, fracción V, y 14, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental; y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2012.— Maestro Jorge Nader Kuri (rúbrica), director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en la fracción I del artículo 13 del decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal como una instancia de coordinación y en seguimiento a la instrucción del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal que informará a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión sobre los acuerdos de su competencia, aprobados en la IX sesión de ese consejo de coordinación, celebrada el 23 de noviembre de 2012.

Me permito enviarle copia de los acuerdos COCO/05/ IX/12 y COCO/06/IX/12:

COCO/05/IX/12. Acuerdo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal por el que se solicita de la manera más atenta al Congreso de la Unión, a que una primera instancia, tenga a bien retomar los trabajos de análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Código Federal de Procedimientos Penales, ajustando a la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en materia de justicia penal.

Primero. Se solicita de la manera más atenta al Congreso de la Unión, a que en una primera instancia, tenga a bien retomar los trabajos de análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Código Federal de Procedimientos Penales, ajustado a la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en materia de justicia penal.

Segundo. Se instruye al secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, para que a nombre y cuenta del consejo de coordinación realice las gestiones necesarias tendientes a transmitir ante las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión el presente acuerdo.

COCO/06/IX/12. Acuerdo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal por el que se solicita respetuosamente al Congreso de la Unión, analice la posibilidad de implementar las medidas legislativas tendientes a lograr una codificación procesal penal única en la república mexicana, ajustada al sistema acusatorio y adversarial.

Primero. Se solicita respetuosamente al Congreso de la Unión, analice la posibilidad de implementar las medidas legislativas tendientes a lograr una codificación procesal penal única en la república mexicana, ajustada al sistema acusatorio y adversarial.

Segundo. Se instruye al secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, para que a nombre y cuenta del consejo de coordinación realice las gestiones necesarias tendientes a transmitir ante las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión el presente acuerdo.

Lo anterior, para los efectos que esa Mesa Directiva considere pertinentes.

Saludos cordiales.

Atentamente

México, DF, a 28 de noviembre de 2012.— Licenciado Felipe Borrego Estrada (rúbrica), secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a octubre de 2012.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para calcular el pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con octubre de 2011.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para octubre de 2012. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mismo mes del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 30 de noviembre de 2012.— José Antonio Meade Kuribreña (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con el siguiente punto de acuerdo:

“Único.El Senado de la República solicita a la Cámara de Diputados incluya en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, a los Tribunales Agrarios en el rubro de ‘ramos autónomos’; quienes gozan de plena autonomía constitucional.”

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el proyecto y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, respectivamente, los recursos suficientes para la construcción de un hospital general en la zona indígena del Alto Balsas, en el estado de Guerrero.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, René Juárez Cisneros, senador de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La población indígena del estado de Guerrero, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), representa 17.2 por ciento del total de la población estatal y 5.4 por ciento de la población indígena nacional. La entidad ocupa el séptimo lugar entre los estados con mayor población indígena del país.

Dentro de las diversas etnias de la entidad, destaca la que se asienta en el llamado Alto Balsas, región conformada por veintitrés pueblos y varias rancherías dispersas, que se asientan en los municipios de Tepecoacuilco, Huitzuco, Atenango del Río, Copalillo, Eduardo Neri (antes Zumpango del Río), Mártir de Cuilapa (antes Apango) y Zitlala, con una población en hogares indígenas cercana a los 52 mil habitantes. Náhuatl es el nombre que se le da tanto a la cultura como a la lengua de las personas que la hablan.

Sus comunidades tienen una vida campesina con alta diversificación en su economía, que articula la agricultura de autoconsumo, el mercado artesanal y la producción agroindustrial en pequeña escala. Sus ingresos provienen, primordialmente, de la venta de artesanías que ellos mismos producen, como las conocidas pinturas en papel amate y la producción de alfarería que comercializan en las zonas turísticas del estado.

Otras alternativas económicas de la región del Alto Balsas se limitan a la venta de la fuerza de trabajo, con bajos sueldos y la mayoría de las veces en condiciones muy desfavorables. En algunas comunidades de la zona, sus pobladores, incluyendo familias enteras, se alquilan como peones migrantes para la pizca de agricultura comercial en Sonora y Sinaloa, quienes en temporada de lluvias regresan a sus pueblos a sembrar sus parcelas.

En otros casos, los hombres van al corte de caña de azúcar en Sinaloa, Nayarit o al estado vecino de Morelos. Los hombres pueden dedicarse a la albañilería o trabajar como peones en los centros urbanos, y las mujeres pueden entrar en el servicio doméstico, esa es lamentablemente su condición.

Hace más de diez años que en esta región empezó la migración a Estados Unidos; desde entonces, sus habitantes se suman a los millones de mexicanos que buscan mejores sueldos y oportunidades de vida en el vecino país.

Es de destacar que, como casi en todas las regiones indígenas del país, las comunidades del Alto Balsas están catalogadas con un índice de “alta marginalidad”, donde es casi nula la cobertura básica de servicios, como agua y drenaje, por lo que más de 90 por ciento de las viviendas carecen de ellos; asimismo, la deficiencia en la distribución de agua potable provoca una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales como el cólera, que vale la pena recordar, en 1991 se presentó como epidemia en el Alto Balsas.

Los pueblos y comunidades indígenas del Alto Balsas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para el mejor desarrollo humano; su población se caracteriza por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de significativa desventaja.

Ante las condiciones de marginación anteriormente descritas, es una exigencia y una necesidad asignar recursos que vayan en beneficio de la salud y la nutrición tanto de jóvenes y personas adultas mayores, como de mujeres y niños; de ahí el presente punto de acuerdo.

Mejorar las condiciones de salud de la población indígena implica ofrecer servicios efectivos, seguros, sensibles y que respondan a las expectativas de los usuarios.

Con la construcción de un hospital general en la zona, se tendrá la oportunidad de saldar una deuda con ese sector de la población; impulsar su construcción reforzará las redes de servicio a la salud de la población indígena y se proporcionará una atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria de calidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, incluyan en el proyecto y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, respectivamente, los recursos suficientes para la construcción de un hospital general en la zona indígena del Alto Balsas, en el estado de Guerrero.

Dado en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de diciembre de 2012.— Senador René Juárez Cisneros (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados incluir en el paquete económico de 2013 un incremento al presupuesto que se destina a los atletas paralímpicos.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Fernando Torres Graciano, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal  y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir en el paquete económico de 2013 un incremento al presupuesto que se destina a los atletas paralímpicos al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los Juegos Paralímpicos son la competencia olímpica oficial para atletas con ciertos tipos de discapacidades físicas, mentales y/o sensoriales, como discapacidades motoras, amputaciones, ceguera, parálisis cerebral y deficiencias intelectuales.

Históricamente el desempeño de nuestros atletas paralímpicos ha constituido un ejemplo de determinación y superación de la adversidad. En el desarrollo de los Juegos Paralímpicos desde 1976 a la fecha, nuestros atletas han conseguido 252 medallas, de las cuales 87 han sido de oro, 84 de plata y 81 de bronce.

En los recientes Juegos Paralímpicos de Londres 2012, la delegación mexicana quedó en el lugar 23 del medallero general, obteniendo 21 preseas, 6 de oro, 4 de plata y 11 de bronce.

En esta ocasión la Cámara de Senadores rinde un merecido homenaje a quienes día con día se enfrentan a todos los obstáculos posibles para continuar su vida a pesar de la adversidad y mostrar que los límites, para ellos, no existen.

A pesar de ello, la admiración y el reconocimiento público se da cada cuatro años, diluyéndose rápidamente y dejando a nuestros atletas, sus familias y entrenadores sin el respaldo necesario para seguir su desempeño.

Si bien es cierto que en los últimos años las condiciones han mejorado, premiándose su participación con montos económicos importantes, no solo para los atletas que obtuvieron medallas y sus entrenadores, sino también para los finalistas, lo cierto es que lamentablemente estos estímulos, se otorgan una vez que se han dado los resultados.

Consideramos que esta dinámica no es la más adecuada, si bien nos congratula el reconocimiento que se hace de nuestros atletas triunfadores, lo cierto es que la obtención de esos triunfos se dio a pesar de la adversidad.

En este orden de ideas es que se platea esta proposición de modo que los triunfos paralímpicos se gesten desde la infancia, desde la juventud.

Que nuestros atletas cuenten con el impulso necesario previo al oropel y entusiasmo que genera una olimpiada, que el estímulo económico  se otorgue con antelación y con una planeación que garantice resultados positivos.

Que la preocupación de los atletas y sus familias no sea el sustento diario sino las metas alcanzadas. Ese es el camino adecuado para que un atleta consolide sus triunfos, y ese es el criterio que debe tener un país que reconoce a quienes, a pesar de las limitaciones físicas consiguen la gloria olímpica.

Por estos motivos presento a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a proponer en el paquete económico del ejercicio fiscal de 2013 un incremento a los recursos destinados a la Conade para el impulso de los atletas paralímpicos.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la distribución de los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 destinen un incremento a los recursos destinados al desarrollo de atletas paralímpicos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de diciembre de 2012.— Senador Fernando Torres Graciano (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 recursos suficientes para modernizar y ampliar el tramo carretero Ciudad Altamirano-Iguala, en el segmento Arcelia-Crucero de Cocula, en Guerrero.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, René Juárez Cisneros, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Guerrero cuenta con una red de infraestructura carretera que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene 17 mil 742 kilómetros, de los cuales mil 910 son carreteras troncales federales, mil 647 carreteras alimentadoras estatales, 9 mil 219 caminos rurales y 4 mil 966 brechas.

Esa red carretera ha permitido la comunicación de los habitantes y la introducción de servicios de educación, salud, energía, comercio y otros, indispensables para el desarrollo de las comunidades. Sin embargo, las vías de comunicación no presentan la calidad requerida para proporcionar a los usuarios un servicio de calidad, acorde con sus necesidades.

El principal problema que se observa en infraestructura carretera es la falta de una política efectiva de mantenimiento y conservación de obras y de servicios, pues su mayor parte ha tenido deterioro en diferentes grados de importancia; gran parte de las carreteras, caminos y brechas, por ejemplo, presenta malas condiciones de tránsito, lo cual provoca que disminuya en gran medida el índice de servicios de éstos y que aumente el riesgo para los usuarios.

Sin embargo, contar con una infraestructura de caminos nos obliga a reconocer que en algunos rubros no se han destinado los recursos necesarios para mantenimiento y mejor operación; tal es el caso de la carretera federal Ciudad Altamirano-Iguala.

Los 186 kilómetros de longitud de esta carretera federal constituyen una ruta de gran importancia en Guerrero: es la principal ruta de acceso a la región de Tierra Caliente e importante conexión con las regiones norte y centro del estado, así como al exterior con Michoacán, México, Morelos y Distrito Federal.

La modernización y ampliación de tan importante tramo carretero han sido olvidadas por las autoridades. En 1999, con recursos estatales, el gobierno local de entonces inició la modernización, mediante la ampliación a 12 metros (2 carriles de circulación y acotamiento en ambos lados), con un avance de 62 kilómetros a la fecha.

La población de Tierra Caliente demanda que se continúe la modernización, en tanto que esta vía de comunicación es de gran relevancia para el desarrollo económico, pues la actividad agropecuaria, la industria y el comercio cobran mayor auge.

Tierra Caliente envía al resto del estado y a entidades circunvecinas una importante cantidad y variedad de productos. La modernización y ampliación favorecerán también el impulso de la actividad económica de la región norte del estado, donde se generan importantes volúmenes de producción agrícola.

Por su trascendencia estatal y regional, se beneficiarían varios municipios de contarse con recursos suficientes para ampliar y modernizar tan importante carretera, entre ellos Arcelia, Acapetlahuaya, Teloloapan, Pedro Ascencio, Ixcateopan, Cocula e Iguala.

En nuestra consideración, es prioritario integrar, mediante el desarrollo de la infraestructura carretera, las regiones del estado, a fin de que eso permita comercializar los productos artesanales, agrícolas y ganaderos de la entidad, así como acercar de manera eficiente los servicios básicos, acortando distancias y costos de traslado.

De ahí nuestra solicitud de que en el Presupuesto de 2013 se autoricen recursos para ampliar y modernizar la carretera federal Ciudad Altamirano-Iguala, en el tramo Arcelia-Crucero de Cocula, de 122 kilómetros, con una inversión estimada en 2 mil 200 millones de pesos, para una proyección de ejecución de 6 años, considerándose necesarios para el primer año 300 millones.

Rehabilitar y ampliar la infraestructura de tan importante arteria contribuye a comunicar en forma rápida y segura los destinos que ofrece Guerrero, lo cual beneficiaría a casi 734 mil habitantes.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 recursos suficientes para modernizar y ampliar el tramo carretero Ciudad Altamirano-Iguala de la Independencia, en el segmento Arcelia-Crucero de Cocula, en Guerrero.

Dado en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a 4 de diciembre de 2012.— Senador René Juárez Cisneros (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se realicen las gestiones necesarias fin de que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se consideren recursos presupuestales suficientes, destinados a la concreción y desarrollo del puerto de Matamoros, en Tamaulipas.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito senador de la República Francisco García Cabeza de Vaca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numerales 1, fracciones I y II; 87; y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que realicen las gestiones necesarias a fin de que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se consideren recursos presupuestales suficientes destinados a la concreción y desarrollo del puerto de Matamoros, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La zona de El Mezquital, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, se habilitó con carácter de puerto por decreto presidencial del fecha 6 de julio de 1997. Para el año siguiente se delimitó y determinó el recinto portuario con una superficie de poco más de 496 hectáreas, de las cuales 339 corresponden a terrenos del dominio público y 157 a mar territorial.

Con fecha 29 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto presidencial por el que se modificó la denominación del puerto “El Mezquital” por la de “Puerto de Matamoros”, con el propósito de su fácil identificación para su difusión a nivel nacional e internacional, que se refuerza con el conocimiento de la ciudad fronteriza de Matamoros.

En fechas recientes, el presidente de la República anunció el descubrimiento de Petróleos Mexicanos de un yacimiento en aguas profundas nacionales, ubicado a 180 kilómetros hacia el Golfo de México a 40 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos, frente a Matamoros, puerto de El Mezquital.

Sobre este descubrimiento, se habla de la perforación de tres pozos exploratorios, los primeros serán los denominados Supremus-1 y Trion-1 y posteriormente el Maximino-1.

Para su exploración se instalan plataformas semisumergibles de alto costo por lo que se ha requerido el apoyo de dos proveedores, el Grupo R y Seadrill.

La primera de estas plataformas ya instalada, es la denominada Bicentenario que perforará el pozo Trion-1 a una profundidad de 7 mil 592 metros y a 2 mil 435 metros tirante de agua para buscar crudo ligero.

La segunda Plataforma West Pegasus, con la cual se exploró el Pozo Supremus-1, a una profundidad de 4 mil metros y un tirante de agua a 2 mil 900 metros, se confirma que existen reservas de entre 75 mil y 125 millones de barriles de crudo sólo en este pozo, para toda la zona se espera un potencial total equivalente a un tercio de la producción anual de petróleo de Pemex.

Aunado a estos descubrimientos de gran trascendencia, el Puerto de Matamoros considerado ya primer acceso con la frontera de Estados Unidos de América, puede constituirse con el impulso necesario como el más importante acceso marítimo para la zona.

Sobre el Puerto del Matamoros, se tiene a la fecha el Programa maestro del puerto que plantea un horizonte de 25 años para alcanzar sus objetivos de consolidación, expansión y modernización. Para los primeros 5 años se pretende lograr la operación eficiente del puerto con una inversión en infraestructura básica necesaria para el acceso a las embarcaciones. Fecha que coincide con la estimada para la producción del primer barril de crudo que se derive de los últimos descubrimientos de Pemex.

La ubicación estratégica del puerto respecto de los flujos terrestres de comercio internacional en México con Estados Unidos de América, representa actualmente un 30% de las importaciones y exportaciones que cruzan por Tamaulipas, mismas que con el desarrollo del proyecto integral del Puerto de Matamoros pueden incrementarse así como ampliar su zona de influencia a la parte norte de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Aguascalientes.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se aprobaron 300 millones de pesos para ejercer en este año 2012, con los que se han invertido recursos para obras complementarias como la adecuación de los casi 60 kilómetros de carretera de El Mezquital, con el propósito de hacerla más accesible, para reducir los tiempos de traslado de mercancía y producción pesquera.

Sin embargo dichos recursos resultan insuficientes debido a la magnitud del proyecto ya que se requiere de un presupuesto multianual, estimado en más de mil millones de pesos, para concretar los programas de construcción, expansión y modernización de la infraestructura y del equipamiento para hacer funcionar el puerto, existe una gran oportunidad de aprovechar el potencial que se presenta más allá del petrolero y que se refiere al desarrollo comercial, industrial, turístico y pesquero.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que se realicen las gestiones necesarias fin de que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se consideren recursos presupuestales suficientes, destinados a la concreción y desarrollo del Puerto de Matamoros.

Senado de la República, a 20 de noviembre de 2012.— Senador Francisco García Cabeza de Vaca (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Programa de Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Ferroviaria, una partida especial suficiente para que se realice la obra de Libramiento Ferroviario de la ciudad de Tepic, Nayarit.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe Manuel Humberto Cota Jiménez, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República del Congreso de la Unión, exhorta a la Cámara de Diputados para que, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, en el programa de Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Ferroviaria se considere una partida especial suficiente para que se realice la obra Libramiento Ferroviario de la ciudad de Tepic, Nayarit, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, cuenta con una población de 380 mil 249 habitantes, de acuerdo al último censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se encuentra, conurbada con la ciudad de Xalisco, entre ambas concentran cerca de 50 por ciento de la población estatal y conforman la zona metropolitana Tepic-Xalisco, donde residen cerca de medio millón de habitantes, es considerada una de las 47 zonas metropolitanas del país.

Adicionalmente, al ser capital del estado, Tepic es visitado diariamente por miles de nayaritas de los municipios del interior del estado que acuden a la capital, por ser ésta un centro natural del comercio, la industria, el gobierno y la salud, entre otras actividades cotidianas.

La estación de ferrocarril de la ciudad de Tepic, data del año de 1912, teniendo su mayor auge a partir de su remodelación en 1927, cuando Tepic llega a tener conexión hacia el norte y sur del país. Originalmente, estación, patio de maniobras, y vías, fueron construidas en las afueras de la ciudad y atendían principalmente el movimiento de azúcar de las grandes empresas asentadas en Tepic y sus alrededores.

En la actualidad, tanto la estación, el patio de maniobras y un tramo de 26 kilómetros de longitud, no sólo atraviesan la ciudad hasta el centro de la misma, sino que en determinadas horas del día el tránsito y maniobras del ferrocarril aíslan una tercera parte de la ciudad capital por lapsos de al menos 30 minutos, en perjuicio de la población, ya que además de que en la zona que se aísla residen más de 50 mil familias, se encuentran importantes centros de trabajo.

Más allá de la movilidad de la población de Tepic, a lo largo de los 26 kilómetros de vías ferroviarias, se generan graves problemas que afectan a gran parte de la población, como son los relacionados con la seguridad y la emisión de contaminantes, ya que la contaminación ambiental que se origina es mayúscula, por lo que se hace aún más necesario que en beneficio de la ciudadanía, se construya un libramiento, de tal manera que el ferrocarril no atraviese la ciudad.

Cotidianamente miles de familias que viven en los diferentes fraccionamientos, colonias populares o unidades habitacionales como la zona de la Cantera, sufren de los perjuicios y pérdida de tiempo que ocasionan los trenes que hacen alto, tapan las vialidades, y provocan caos y largas filas de vehículos particulares o del servicio público, que solamente se lamentan y forzosamente tienen que esperar hasta que los maquinistas mueven sus pesados transportes de acero para entonces poder llegar a su destino.

Por lo anterior, el proyecto del Libramiento Ferroviario de Tepic, representa no sólo un incalculable beneficio social al reducir la inseguridad, el tráfico vehicular, la emisión de contaminantes, sino que incrementaría la productividad de la población y generaría grandes beneficios al acortar distancias, facilitar maniobras y garantizar la seguridad del ferrocarril.

El proyecto del Libramiento Ferroviario de Tepic, contempla sustituir los actuales 26 kilómetros que ingresan a la ciudad, para reducirlo a 16 kilómetros, y es un proyecto que se encuentra contemplado como prioritario dentro del programa sectorial y los planes de trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En síntesis, el proyecto del Libramiento Ferroviario de Tepic, mejorará la seguridad y la sustentabilidad del sistema ferroviario en su paso por la ciudad de Tepic, dará continuidad al programa de Convivencia Urbano-Ferroviaria, a través de infraestructura que mejore su operación, y se reducirían en su mayoría, los impactos negativos en la población.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República del Congreso de la Unión, exhorta a la Cámara de Diputados para que, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, en el programa de Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Ferroviaria se considere una partida especial suficiente para que se realice la obra de Libramiento Ferroviario de la ciudad de Tepic, Nayarit.

Senado de la República, a 29 de noviembre de 2012.— Senador Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 recursos etiquetados a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, destinados al rescate del chalet de Juana Cata, ubicado en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca.

La presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados y el segundo a la Comisión de Cultura.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Eviel Pérez Magaña, senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1. fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, para que se consideren en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 recursos etiquetados para la adquisición a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, destinada al rescate del chalet de Juana Cata, ubicado en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Oaxaca representa uno de los destinos turísticos más importantes del país, por su trascendencia cultural y sus múltiples referentes históricos, tangibles e intangibles.

A nadie es ajeno que la belleza de la entidad radica en sus imponentes vestigios arqueológicos y hermosas edificaciones de época, sin menoscabo de cultura y tradiciones.

La ciudad de la Verde Antequera, concentra fundamentalmente en los valles centrales un amplio catálogo del patrimonio cultural de la humanidad, no obstante debe decirse que también en la zona del Istmo se ubican edificaciones importantes, dieciséis barrios con sus respectivos templos dan cuenta de ello.

A esta singular arquitectura del lugar, se suma la mansión de Juana Catalina Romero, benefactora de Tehuantepec, nacida en el año de 1835, india zapoteca conocida como la Didjaza –que en su lengua de origen significa– La Zapoteca, identificada en el estado de Oaxaca, y particularmente en la zona del Istmo, por su importante obra humanista, y cuyos logros a nivel regional indiscutiblemente contribuyeron a la modernidad de la franja istmeña.

Compañera sentimental del entonces presidente de la Republica, don José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, doña Juana Cata, como se le conoce en el estado, habitó una imponente mansión inspirada en el Castillo de Chapultepec, y construida por los mismos ingenieros ingleses encargados de llevar el ferrocarril a esta zona del estado, bajo las instrucciones de don Porfirio, lo que abonó al impulso del istmo de Tehuantepec, –no es casualidad que las vías del tren se alojen desde entonces y hasta ahora, a las puertas de dicha mansión–.

Es lamentable que el histórico chalet de tres fachadas estilo neoclásico, con sus cúpulas de cuatro torres, domo de vidrio veneciano, escalinatas de ébano, mobiliario francés, libros y demás enceres de la época, se encuentre actualmente en el abandono.

El inmueble tehuano, consta de un predio de mil cuatrocientos metros cuadrados, chalet en dos niveles con ochocientos metros, y zona de servidumbre y caballerizas en doscientos sesenta metros cuadrados, es una edificación que sin duda bien podría sumarse a los múltiples atractivos culturales del estado, proporcionando además un servicio a los lugareños, como centro cultural con museo de sitio y exposiciones diversas, que favorezcan el impulso al turismo en la zona.

El chalet de Juana Cata, ha sido mudo testigo de pasajes históricos, particular importancia reviste durante la época conocida como el Porfiriato. Más allá de las motivaciones de su origen.

La propiedad reúne sin duda, las condiciones necesarias para su rescate o salvamento por las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, esta mansión es, como casi todo en Oaxaca, testigo material que narra historia, y aguarda incólume su rescate, valuado de conformidad con la ficha técnica correspondiente, en alrededor de cincuenta y un millones de pesos, en proyección al 2013.

En este contexto, el asunto que hoy presento, a su consideración compañeras y compañeros senadores, es el rescate, preservación y catálogo del chalet de Juana Cata. El punto de acuerdo que se propone, conlleva implícito el incremento del abanico del atractivo cultural de mi entidad y concretamente de la zona del istmo de Tehuantepec, con el consecuente beneficio de la población del lugar, derivado de la derrama económica de las actividades turísticas y la generación de empleos que involucra, como ya he mencionado.

Tampoco es menor la importancia en torno al destino, como centro cultural para el desarrollo de actividades artísticas y culturales de los habitantes de la zona, y fuereños que acerquen toda clase de expresiones artísticas a aquella comunidad, por el magnificente escenario que ofrece.

Con base en lo anterior, y atendiendo a la obligación impostergable de los representantes populares, de dar respuesta a las demandas sociales de nuestras entidades federativas de origen, les solicito compañeros senadores, su apoyo para exhortar a las instancias competentes para la autorización presupuestal que permita adquirir este preciado inmueble artístico, hoy en manos de particulares, que por desconocimiento o necesidad, eventualmente lo destinen a la venta para utilidad diversa, permitiendo la lamentable pérdida de dicho acervo histórico no sólo de los oaxaqueños, sino de todos los mexicanos.

No debemos olvidar que el patrimonio cultural y artístico representa en cualquier caso pero particularmente en el caso que nos ocupa, un recurso estratégico para el desarrollo, por lo que resulta indispensable, prever en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2013, en el apartado de Proyectos de Cultura, los recursos suficientes para la adquisición de la propiedad de referencia.

Por lo anterior, y con base en la responsabilidad del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en torno a la preservación de inmuebles culturales e históricos en el país, compañeras senadoras, senadores, me permito poner a su consideración, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, para que se consideren en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 recursos etiquetados para la adquisición a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, destinada al rescate del chalet de Juana Cata, ubicado en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes, y Literatura, para que en uso de sus atribuciones, sea declarado monumento artístico el inmueble antes señalado, y una vez realizadas las acciones de adquisición, restauración y catálogo, correspondientes, se habiliten: el museo de sitio; y el centro cultural Juana C. Romero, en esas instalaciones.

Notas:

1. Ayuntamiento de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca.

Cámara de Senadores, a 4 de diciembre de 2012.— Senador Eviel Pérez Magaña (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores integrantes de la Comisión de la Reforma Agraria presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como a la Secretaría de la Reforma Agraria, a realizar las gestiones necesarias a fin de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se considere un incremento a los recursos asignados a dicha Secretaría con relación al año anterior, destinados a los programas sociales que promueve la dependencia.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos, senadores integrantes de la Comisión de la Reforma Agraria en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numerales 1, fracciones I y II; 87; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, así como a la Secretaría de la Reforma Agraria, a realizar las gestiones necesarias a fin de que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se considere un incremento a los recursos asignados a dicha secretaría con relación al año anterior, destinados a los programas sociales que promueve la dependencia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Secretaría de la Reforma Agraria tiene entre sus objetivos impulsar el desarrollo rural y promover la incorporación de las familias campesinas al desarrollo del país, para lo cual apoya proyectos productivos en ejidos y comunidades a través de sus programas, entre los que se encuentran:

Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA);

Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag);

Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT); y

Fomento al Desarrollo Agrario (Formar).

Con estos programas, la Secretaría de la Reforma Agraria apoya la capacidad emprendedora de mujeres, hombres y jóvenes que habitan en núcleos agrarios, para que con sus proyectos productivos y su esfuerzo generen empleos, ingreso y puedan mejorar la calidad de vida sus familias y de su comunidad.

El comportamiento de los programas que opera la Secretaría de la Reforma Agraria, citados anteriormente presenta constante, una limitada asignación de recursos para su cumplimiento en comparación con el alto número de solicitudes que se ingresan año con año a nivel nacional.

En 2011, el presupuesto asignado para el Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)fue de 730 millones de pesos. El número total de solicitudes que se ingresaron en ese año fue de 29 mil 689 solicitudes, de los cuales se autorizaron 3 mil 613 proyectos productivos. Lo que equivale a una concreción del orden del 12.16 por ciento del total de solicitudes recibidas en ese año.

Para 2012 el comportamiento es muy similar, el presupuesto asignado fue de 772 mil 500 millones de pesos, el número total de solicitudes recibidas fue de 29 mil 52, de las cuales se autorizaron 3 mil 772 proyectos que representaron el 12.98 por ciento del total de los ingresos.

Con relación al Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag)se observa un mayor apoyo con relación al programa de proyectos productivos en núcleos agrarios, del orden del 10 por ciento. Lo anterior no significa que el cumplimiento de los programas de apoyo a la mujer sea satisfactorio, por el contrario se requiere de más recursos en todos los rubros.

En el 2011 este programa recibió recursos por 872.5 millones de pesos y un total de 19 mil 256 solicitudes recibidas, de las cuales se autorizaron 4 mil 489 proyectos, equivalentes al 23.31  por ciento del total de solicitudes.

Para el 2012 este programa recibió recursos por 1,000 millones de pesos y 23,521 solicitudes, de las cuales únicamente se aprobaron 5 mil 148 proyectos, que representan el 21.88 por ciento del total de solicitudes.

El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT),tiene como objetivo general lograr que el joven emprendedor rural cree su propia agroempresa rentable y sustentable, preferentemente en el núcleo agrario al que pertenece, o en otro cercano que no implique su cambio de residencia; a través de capacitación y adquisición o renta de derechos parcelarios, insumos y servicios de acompañamiento empresarial; a fin de propiciar el arraigo, relevo generacional en la tenencia de la tierra social y mejora de sus ingresos.

Etapa 1: Proyecto Escuela. Es un modelo de agroempresa a escala que permite el aprendizaje y desarrollo de habilidades técnico-productivas y empresariales, el cual desarrolla un comité de jóvenes en los núcleos agrarios.

Etapa 2: Proyecto Agroempresarial. Consiste en un proceso de planeación, gestión e implementación de una agroempresa, asociada a la explotación sustentable de la tierra y sus recursos, desarrollado por el joven emprendedor rural.

Para 2011 en la etapa 1 se autorizaron 9 proyectos escuela con una inversión de 5.4 millones de pesos, con lo que se benefició a 269 jóvenes. En este mismo año, en la etapa 2 se autorizaron 183 proyectos agroempresariales, con un presupuesto total de 264.5 millones de pesos y un total de mil 632 beneficiarios.

Para el 2012, se autorizaron 69 proyectos escuela, con un monto total de 41.36 millones de pesos y mil 943 beneficiarios. Mientras que en la segunda etapa solo se autorizaron 2 proyectos agroempresariales, ambos en el Estado de San Luis Potosí, con una inversión de 5.47 millones de pesos, beneficiando a 27 jóvenes emprendedores rurales.

Programa Fomento al Desarrollo Agrario (Formar)

Con los apoyos otorgados por el Formar se fomenta el desarrollo de capacidades y habilidades en los habitantes de las regiones de mayor marginalidad del medio rural. Dichos apoyos son otorgados a través de grupos y organizaciones de la sociedad civil que beneficien a la población de los núcleos agrarios, colonias olocalidades rurales vinculadas.

Durante 2011, a través del programa Formar, se apoyaron 278 proyectos, con una inversión de 235 millones 338 mil 438 pesos y se beneficiaron 118 mil 642 personas.

Durante el 2011, el Formar recibió 980 solicitudes, de las cuales se aprobaron 278, que representaron 28.4 por ciento respecto al total de solicitudes.

Durante el primer semestre de 2012 se apoyaron 164 proyectos, con una inversión de 139 millones 117 mil 756 pesos, con lo que se beneficiaron 71 mil 744 personas.

En este mismo periodo el programa recibió 928 solicitudes, de las cuales se  atendieron 164, equivalentes al 17.7 por ciento del total de solicitudes.

Las cifras anteriores, ponen de manifiesto varios aspectos: primero una creciente demanda de las solicitudes de apoyos para la gente que vive en el campo; segundo que a pesar de los esfuerzos realizados en estos rubros el porcentaje de atención a los proyectos productivos no rebasa el 25 por ciento con relación a las solicitudes en todos los programas; tercero no se percibe un incremento considerable en la aprobación y concreción de proyectos productivos para el campo y por último una imperante necesidad de concientizar a los tres órdenes de gobierno para gestionar y atender de manera prioritaria las necesidades del campo, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes del país.

Basta recordar que en México de los casi 200 millones de hectáreas que componen su superficie, más del 50 por ciento se constituye por núcleos agrarios, es decir que el 52 por ciento mantiene rasgos agrarios, por lo que se requiere de manera inminente apoyar a los más de 40 millones de mexicanos que viven en alrededor de 180,000 localidades rurales de menos de 2 mil 500 habitantes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, así como a la Secretaría de la Reforma Agraria, a realizar las gestiones necesarias fin de que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se considere incremento en los recursos asignados a dicha Secretaría, con relación al ejercicio presupuestal de 2012, destinado exclusivamente a la atención prioritaria de los programas sociales que promueve la dependencia.

Dado en el Senado de la República, a 29 de noviembre de 2012.— Por la Comisión de la Reforma Agraria, senadores: Francisco García Cabeza de Vaca, presidente; Braulio Manuel Fernández Aguirre, Adolfo Romero Lainas, Eviel Pérez Magaña, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se autorice un recurso por 10.5 millones de pesos para fortalecer la cadena del sistema producto de hule natural en el estado de Oaxaca, a favor de la empresa social Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca, SA de CV.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con moción de urgente resolución con objeto de exhortar respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados a través de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Competitividad, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2013 se autorice un recurso por 10.5 millones de pesos a ejercerse mediante la Semarnat, con objeto de fortalecer la cadena del sistema producto de hule natural en el estado de Oaxaca a favor de la empresa social Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca, SA de CV.

Lo anterior, con base en las siguientes

Consideraciones

En México una de las mejores alternativas productivas para el desarrollo de las regiones del trópico húmedo es el cultivo del hule (Hevea brasiliensis), ya que adicionalmente a las excelentes condiciones naturales para el desarrollo de plantaciones, se tiene la cercanía al mayor centro de consumo mundial (formado por Estados Unidos y Canadá), cuyas necesidades de hule natural son cubiertas con hule importado del sudeste asiático.

Esta actividad genera economías colaterales que son importantes para el desarrollo económico de nuestro país, ya que el hule natural es materia prima indispensable en la elaboración de más de cuarenta y cinco mil artículos manufacturados.

Desde el punto de vista ambiental, aporta beneficios ecológicos, ya que a través del cultivo se están recuperando las áreas arboladas que fueron desforestadas con motivo de la introducción de la ganadería extensiva y al establecimiento de cultivos como el maíz y la caña de azúcar.  Esto se refleja en el mejoramiento ambiental, ya que las plantaciones fijan o capturan grandes cantidades de carbono, generan oxígeno a la atmósfera, actúan como mejoradores de los suelos y filtran grandes cantidades de agua ayudando a la recarga de los mantos freáticos, además de que propician la proliferación de fauna silvestre y otras especies vegetales.

Por lo general el país ha dependido de las importaciones para satisfacer las necesidades de consumo del hule natural, estimándose que en promedio lo que se produce a nivel nacional sólo abastece el entre 10 y 30 por ciento de la demanda anual.

En el escenario mundial existe una tendencia altamente favorable en términos de demanda y precio del hule natural, la cual se podría mantener durante los próximos 15 años, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Grupo Internacional de Estudios del Hule. Dicha tendencia se debe a condiciones macroeconómicas, destacando el crecimiento industrial sostenido de China, el mantenimiento constante de los altos precios del petróleo –que harán poco atractivo sustituir el uso de hule natural por compuestos sintéticos–, y la consolidación de bloques económicos que demandarán cantidades mayores de hule, caucho y látex para usos industriales en ramas como la automotriz, la médica, y del calzado, principalmente.

México en particular, sólo genera el 0.13 de la producción mundial de hule natural. Se han consumido internamente alrededor de 87 mil 400 toneladas de hule al año y en promedio año con año importa del 70 al 90 por ciento de sus requerimientos de hule para la industria, lo que da idea de la oportunidad de mercado para la producción generada en el país. En 2010 importó 47 mil 943 toneladas de hule seco (FAO, 2012) y sus principales proveedores fueron Zimbawe, India, Nigeria y Guatemala.

La cadena productiva del hule natural (Hevea brasiliensis) tiene una gran importancia en el estado de Oaxaca, la cual se refleja en los siguientes datos: en 2010 se tenían un total 4,413 hectáreas en etapa de producción, con un volumen de producción de alrededor de 11 mil 500 toneladas de hule fresco al año y valor de la producción de 103.5 millones de pesos, lo que representa un derrama económica significativa.

Alrededor de mil 600 productores de 77 localidades distribuidas en 15 municipios se dedican al cultivo del hule, por lo cual un total de 8 mil personas dependen total o parcialmente de este cultivo. Los productores se caracterizan por ser en su gran mayoría ejidatarios, con una dotación agraria promedio de 10 hectáreas y una superficie destinada al cultivo del hule de 3.7 hectáreas; su edad promedio es de 56 años y más del 50 por ciento hablan alguna lengua indígena; el 61 por ciento no tienen educación formal o no terminaron la primaria; profesionales.

Para el 76 por ciento de estos productores y sus familias, la mitad o más de sus ingresos dependen de esta actividad. Además se tiene la ventaja de que la producción de hule genera empleo e ingreso monetarios durante la mayor parte del año y durante aproximadamente 30 a 35 años. Se estima que por cada 2.5 hectáreas de plantación de hule en producción se genera un empleo directo, lo que representa cerca de mil 900 empleos fijos en el estado de Oaxaca.

En el último año se generó una producción de 5,750 toneladas de hule seco en el estado de Oaxaca, lo que constituye sólo el 4 por ciento del consumo nacional y el 0.06 por ciento del consumo mundial.

La Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca, SA de CV (BYCHOSA) es la  única empresa social del estado de Oaxaca en el giro de la transformación del hule natural, ya que las demás beneficiadoras existentes son sociedades de inversión privada o de personas físicas con actividad empresarial.

Esta empresa fue constituida el 23 de enero de 1999 con 22 socios. Más recientemente, el 7 de junio de 2010 tuvo su última restructuración, quedando con mil 370 accionistas, que representan alrededor del 92 por ciento del total de productores de hule del estado de Oaxaca.

Desde su constitución la empresa ha pasado por varias etapas que le han permitido avanzar en su consolidación, contando actualmente con una capacidad de procesamiento de 12 toneladas de hule seco por día en dos turnos de trabajo, la mayor en su giro en el estado de Oaxaca.

Por lo cual, constituye una fuente de ingreso y empleo para los mil 370 productores socios y por tanto para las familias de éstos, lo que implica un beneficio directo para 6,850 personas del medio rural oaxaqueño.

Representa un canal de comercialización seguro para los productores al garantizar la compra de hule fresco a precios atractivos a nivel regional en relación con otras agroindustrias y los intermediarios, ya que BYCHOSA por lo general ofrece un precio de compra mayor en un 10%, lo cual es posible debido a que al ser una empresa social más que operar en busca de lucro, pretende garantizar un precio de compra aceptable para los productores.

Da valor agregado al producto al transformar el hule fresco en hule seco, en beneficio de sus socios, todos ellos productores de hule, lo que significa que éstos incursionan en la fase de industrialización primaria y participan más en la red de valor. Oferta el hule seco a las industrias consumidoras a un precio más competitivo, sin que eso implique trabajar con pérdidas, sino sólo con la utilidad necesaria para mantener un buen nivel de operación y la sostenibilidad de la agroindustria.

Sin embargo, actualmente hay una serie de problemas que enfrenta la empresa, los cuales limitan su nivel de rentabilidad y competitividad, e incluso ponen en riesgo su viabilidad a largo plazo, mismos que requieren atenderse para que mejore su operación y ello derive en mayores beneficios para los productores y demás agentes socioeconómicos involucrados en la cadena productiva del hule, catalogada como prioritaria a nivel estatal y nacional.

En el periodo 2011-2012 se ha dado un descenso del precio del hule natural en el mercado internacional. Después de haber llegado a estar en forma inusual hasta en 5 mil 452 dólares por tonelada de hule seco en enero de 2011 y un promedio de 4,570 en dicho año, actualmente el precio es de 2 mil 770 dólares por tonelada, equivalente a 35.95 pesos por kilogramo de hule seco según la tasa de cambio vigente.

Ante la entrada indiscriminada de hule natural al país, con bajos niveles de aranceles, procedente de India, Indonesia, Malasia, Tailandia, Zimbawe, Nigeria y Guatemala, el comportamiento negativo de los precios internacionales en el periodo en mención ha incidido de manera directa en los precios pagados a los productores en México y en el estado de Oaxaca no es la excepción. En este último caso, se llegó a pagar a los productores hasta 21.00 pesos por kilogramo de hule fresco en el primer trimestre de 2011, con precio promedio de 17.00 pesos a lo largo de ese año, mientras que en septiembre de 2012 el precio es de 13.0 a 14.00 pesos, con los consecuentes efectos de desestímulo de los productores primarios y la propia agroindustria.

En función de que BYCHOSA hace esfuerzos por mantener un precio de compra aceptable del hule fresco en beneficio de sus 1,370 productores socios y productores libres, ante la tendencia de baja de los precios y la especulación en que incurren los intermediarios y agroindustrias beneficiadoras privadas, muchos productores solicitan con mayor énfasis que la primera adquiera su producto, pero ésta se encuentra limitada para ello ante la escasez de recursos financieros para la adquisición de materia prima.

Ante la disminución del precio del hule natural a nivel internacional, BYCHOSA se ve afectada al tener un precio de venta bajo del hule seco granulado y por lo tanto está aún más limitada para mantener su operación con niveles de proceso acordes con su capacidad instalada, más aún al no contar con apoyos gubernamentales para capital de trabajo. Ante ello muchos productores se encuentran a la deriva, expuestos a la especulación de los intermediarios comerciales o “coyotes”, con los riesgos de que los primeros abandonen el cultivo del hule, una actividad de gran beneficio social, económico y ambiental, como ya se ha dicho.

En atención a la problemática anterior, existen muchos requerimientos de acciones por los diversos integrantes de la cadena productiva del hule. La agroindustria BYCHOSA en particular solicita con carácter urgencia lo siguiente para garantizar su sostenibilidad a corto, mediano y largo plazos:

Establecer un mecanismo de financiamiento de capital de trabajo con carácter de crédito a la palabra a la empresa, a fin de mantener la compra de hule fresco a los productores primarios, para que éstos no estén expuestos a la especulación de los intermediarios o “coyotes”. De esa manera, no se estará en riesgo de pérdida de la fuente de ingreso y de empleo de mil 370 familias oaxaqueñas con 6 mil 850 integrantes que dependen total o parcialmente del cultivo del hule y de la operación de esta agroindustria. Se procesan anualmente un promedio de 3 mil toneladas de hule fresco pero se requiere contar con recursos a manera de fondo revolvente para la operación de 3 meses, lo que implica comprar por lo menos 750 toneladas de hule fresco en ese periodo. En la expectativa de mantener al menos el precio de compra actual de 14 pesos por kilogramo, se requiere entonces un crédito a la palabra de 10.5 millones de pesos.

En razón de las causas expuestas, se somete a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta atentamente a la honorable Cámara de Diputados a través de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Competitividad, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2013 se autorice un recurso por 10.5 millones de pesos a ejercerse mediante la Semarnat,  con el objeto de fortalecer la cadena del sistema producto de hule natural en el Estado de Oaxaca a favor de la empresa social Beneficiadora y Comercializadora de Hule de Oaxaca, SA de CV.

México, DF, a veintinueve de noviembre de dos mil doce.— Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar mayores recursos al Fondo de Apoyo a Migrantes, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013; y exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que actualice los lineamientos de operación de dicho fondo.

La presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el segundo.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, René Juárez Cisneros, senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La migración hacia los Estados Unidos de América (EUA) es un fenómeno que se da, principalmente, por la falta de oportunidades en nuestro país, lo que ha orillando a que miles de nuestros connacionales busquen oportunidades de desarrollo y crecimiento personal en el vecino del norte.

De acuerdo con información difundida por la Oficina del Censo de EUA, 12 millones de mexicanos, así como 21 millones de segunda y tercera generación descendiente de mexicanos, radican en los Estados Unidos; siendo California (11.5 millones), Texas (7.9 millones), Arizona (1.6 millones), Illinois (1.6 millones) y Colorado (700 mil) los principales estados de la unión americana receptores de migrantes mexicanos.

En su último estudio denominado Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2010, el Consejo Nacional de Población (Conapo) señala que no obstante disminuyó 3.6 por ciento el porcentaje de viviendas que reciben remesas en el país, más de un millón de viviendas recibieron remesas en 2010, lo que representa alrededor de 4 por ciento del total de las viviendas censadas en dicho año.

Para el caso de mi estado, Guerrero, 6.62 por ciento de las viviendas reciben remesas provenientes de mexicanos en el exterior, un porcentaje menor en 1.5 puntos con relación al año 2000, cuando registraba un 8.1 por ciento de viviendas receptoras de remesas, pero que nos demuestra que la entidad sigue teniendo un alto grado de intensidad migratoria, aún cuando también Guerrero registra una reducción de 3.3 por ciento en el porcentaje de viviendas con emigrantes hacia Estados Unidos.

Con todo ello, las remesas representan para el país una segura y considerable fuente de ingresos, ya que en el periodo enero-septiembre de 2012 están por el orden de los 17 mil millones de dólares a nivel nacional.

Esta reducción en el porcentaje de viviendas que reciben remesas y la disminución en la emigración hacia Estados Unidos, vino no obstante acompañada de un importante aumento en el retorno de migrantes, nos dice Conapo ya sea porque se redujeron los intentos para cruzar a Estados Unidos o bien porque las condiciones legales y económicas en aquel país en los últimos años impidieron su permanencia.

El aumento en el retorno de migrantes se manifestó en las viviendas de todas las entidades del país, oscilando –nos dice el estudio de Conapo- entre 0.2 puntos porcentuales de incremento en el Distrito Federal, hasta 3.1 por ciento en el estado de Hidalgo. Para el caso de Guerrero, el porcentaje pasó de 1.12 a 3.44 por ciento, con respecto al año 2000.

El Instituto Nacional de Migración (INM) reporta que para el mes de septiembre del presente año, han sido repatriados 288 mil 498 mexicanos provenientes de los Estados Unidos; siendo Michoacán el estado que mayor connacionales en retorno ha recibido con 26 mil 737. Oaxaca, por su parte, recibió 23 mil 579; y Guerrero lo hizo con 22 mil 029 personas. En el año 2011, el Instituto Nacional de Migración registró 405 mil 457 repatriaciones a nivel nacional.

Estos datos sin lugar a dudas son un llamado de atención para que los tres niveles de gobierno generen condiciones mínimas necesarias para insertar a los mexicanos repatriados en el mercado laboral y brindarles los servicios necesarios, principalmente en materia de salud y educación.

En el marco del Memorándum de Entendimiento sobre Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de Nacionales Mexicanos y por noveno año consecutivo, las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Gobernación, conjuntamente con el Departamento de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, anunciaron el inicio del Programa de Repatriación Voluntaria al Interior, que para este año estará vigente hasta el 29 de noviembre, el que procura ayudar a quienes deseen regresar a México procedentes de Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Migración informó que este procedimiento de repatriación pretende salvaguardar la integridad física y seguridad de los migrantes, toda vez que las repatriaciones a la zona fronteriza, los expone a agresiones de la delincuencia organizada, quedando fuera del programa los migrantes que residan en algún estado fronterizo o Baja California Sur.

Lo que habría que observarle al gobierno federal, empero, es la suscripción de este tipo de acuerdos de repatriación sin que para nuestro país haya generado políticas adecuadas de integración de los connacionales que retornan a sus comunidades de origen, pues en nuestra consideración no basta se les entregue tan sólo una guía informativa sobre los servicios públicos disponibles en sus comunidades, información sobre cómo afiliarse al Seguro Popular y sobre programas que les ayuden a obtener oportunidades productivas.

Un programa que consideramos sí busca ofrecer oportunidades productivas a los migrantes mexicanos en retorno, lo es el Fondo de Apoyo a Migrantes, constituido por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, que tiene por objetivo apoyar a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas para que, mediante la ejecución de proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, puedan encontrar una ocupación en el mercado formal; cuenten con opciones de autoempleo, generen ingresos y mejoren su capital humano y vivienda, así como para apoyar la operación de albergues que los atiendan y retornar a su lugar de origen, en su caso.

De conformidad a los Lineamientos para la operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, el fondo operará de manera descentralizada en 24 entidades federativas, específicamente en los municipios ubicados en los estratos de bienestar 1 a 4 definidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los que más del diez por ciento de los hogares reciben remesas, distribuidos en las principales ciudades fronterizas receptoras de trabajadores en retorno y en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y del Valle de México.

Para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, se consideraron recursos para el Fondo de Apoyo a Migrantes por 300 millones de pesos; sin embargo, consideramos que estos recursos no son suficientes para atender el creciente flujo de migrantes en retorno, máxime cuando las repatriaciones vienen aumentando ampliamente, si tomamos en consideración que el documento Índices de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos 2010 nos señala que del año 2000 al 2010 el porcentaje de viviendas con migrantes en retorno aumentó a nivel nacional 1.5 veces, al pasar de 0.87 a 2.19 por ciento de las viviendas censadas, lo que obliga a que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere ampliar los recursos para el Fondo de Apoyo a Migrantes del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 con la finalidad de beneficiar a un mayor número de connacionales en situación de retorno.

Una justificación más para que el presupuesto federal del Fondo de Apoyo a Migrantes sea aumentado para 2013, lo constituye el hecho de que los recursos que se tienen definidos para los diferentes tipos de proyectos, obras y acciones que se podrán apoyar resultan ser insuficientes por el alza del precio en bienes y servicios. Para el caso del apoyo financiero para la operación de albergues y el retorno de migrantes a sus comunidades de origen, por ejemplo, los lineamientos establecen que el monto máximo para el traslado de migrantes repatriados podrá ser de hasta un mil pesos, pero si un migrante tomara un camión de Chihuahua a Chilpancingo, verbigracia, erogaría un gasto aproximado de un mil quinientos pesos, gasto que no podría soportar el connacional repatriado si se toma en cuenta las carencias con las que regresa.

Si bien cierto es que los Lineamientos para la Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes disponen que los recursos federales del mismo podrán ser complementados con aportaciones de recursos adicionales que realicen las entidades federativas, los municipios o cualquier otra instancia pública o privada, el apoyo financiero de cinco mil pesos por hogar, en otro ejemplo, para la adquisición de materiales para piso firme resultaría igualmente insuficiente, si tomamos en consideración que construir un piso firme en Guerrero de aproximadamente treinta y cinco metros cuadrados, de concreto hidráulico, con una resistencia de 150 kilogramos por centímetro cuadrado, armado con malla electro soldada 6-6-10/10, con acabado escobillado y espesor de ocho centímetros, cuesta siete mil pesos.

Aunado a lo anterior, se presenta otro problema con respecto a la forma en que se realiza la distribución de los recursos financieros del fondo hacia las entidades federativas beneficiarias, pues como se puede advertir en los actuales Lineamientos para la Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, específicamente en su anexo 1, la distribución correspondiente fue determinada con base a información estadística del documento del Inegi, Regiones socioeconómicas de México, elaborado a partir de información del Censo General de Población y Vivienda 2000; a información sobre eventos de repatriación de 2008 del Instituto Nacional de Migración; y respecto del documento de Conapo, Hogares que Reciben Remesas, de diciembre de 2008.

Luego entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe actualizar los Lineamientos para la Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor, a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, tomando en consideración el documento Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2010 y con base en la información del Instituto Nacional de Migración sobre eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos durante 2012, pues apoyarse en información actualizada resulta en nuestra consideración básico para una distribución equitativa de los recursos financieros del fondo entre las entidades federativas y entre la población objetivo, así como para una mejor toma de decisiones en la ejecución de proyectos, obras y acciones en beneficio de los trabajadores migrantes en retorno y de sus familias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere ampliar los recursos para el Fondo de Apoyo a Migrantes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, con la finalidad de beneficiar a un mayor número de migrantes mexicanos en retorno.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revise, actualice y, en su caso, modifique los lineamientos para la operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, recalculando la fórmula de distribución de los recursos entre las entidades federativas y el valor de los apoyos financieros hacia la población objetivo, tomando como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el Censo de Población y Vivienda 2010, el documento Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2010, así como la información sobre eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos durante 2012, para una mejor toma de decisiones en la ejecución de proyectos, obras y acciones en beneficio de los trabajadores migrantes en retorno y de sus familias.

Senado de la República, a 29 de noviembre de 2012.— Senador René Juárez Cisneros (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván y Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2013, considere incorporar una partida suficiente con el fin de dotar al Hospital General de Ciudad Acuña de los recursos humanos y materiales necesarios para brindar los servicios a la población.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Las que suscriben, Silvia Guadalupe Garza Galván y Maki Esther Ortiz Domínguez, senadoras de la república por los estados de Coahuila y de Tamaulipas, respectivamente, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo previsto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en el cual, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que considere en el Presupuesto de Ingresos de la Federación 2013 recursos suficientes para la mejora de los servicios de salud del Hospital General de Ciudad Acuña, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho universal a recibir servicios de salud de calidad debe ser prioridad de todo gobierno, esta premisa solo se hará realidad con una rigurosa planeación y con la implementación de políticas públicas efectivas que beneficien a la población.

Para establecer circunstancias de modo y lugar y constituir en perspectiva la problemática que se expone en el presente punto de acuerdo, es de señalar que en el Estado de Coahuila según el Censo de Población y Vivienda 2010, cuenta con 3, 055,395 habitantes divididos en 38 municipios, el Estado tiene bajo su responsabilidad trece Hospitales Generales uno de ellos es el de Ciudad Acuña.

Ciudad Acuña es uno de los municipios más poblados del Estado, pues cuenta según el citado censo con 136,755 habitantes. En materia de infraestructura hospitalaria Ciudad Acuña dispone de diversos hospitales públicos dentro de los cuales se citan, un Hospital General del IMSS, un Hospital General a cargo del Gobierno Estatal, la clínica 81 del IMSS y una clínica del ISSSTE.

Como antecedente se da cuenta que en el año 2003 el entonces Presidente Vicente Fox, presentó el Plan Maestro de Infraestructura (PMI), documento en el cual se plasmaba un diagnóstico estructural de las necesidades más urgentes en materia de infraestructura hospitalaria, en dicho documento se establece como prioridad la remodelación del Hospital General de Ciudad Acuña.

En secuencia de lo anterior, durante la administración del entonces Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila el Profesor Humberto Moreira se retoma la sugerencia hecha en el Plan Maestro de Infraestructura antes citado, y anuncia los trabajos de remodelación, ampliación y equipamiento del Hospital General de Acuña, cabe señalar que por más de 25 años no se habían invertido los recursos suficientes para mantener su infraestructura básica de dicha unidad médica en buenas condiciones.

Es así que se invierten recursos por más de 25 millones de pesos de acuerdo a lo que señalan notas periodísticas, con estos recursos, según dice la autoridad, se amplío la capacidad de hospitalización de 16 a 32 camas censables, se renovó y amplió el área de Urgencias, mismas que se equipó con sala de choque; se añadieron 6 camas de observación y monitoreo, asimismo se amplió el Laboratorio de Análisis Clínicos y se modernizó el área de imagenología, la obra fue entregada en un evento público en el año 2010.

En este sentido señalo de manera contundente que no basta solo invertir recursos públicos en la remodelación del Hospital, que por cierto eran urgentes, sino hay que invertirlos bien; es lamentable que del dicho propagandístico de los gobiernos a la realidad haya tanto trecho según versa el refrán.

En este punto de acuerdo recojo esta queja ciudadana que durante mis recorridos tanto en la campaña electoral y ahora como Senadora los habitantes de Ciudad Acuña me han manifestado, una queja reiterada respecto al funcionamiento y la atención del personal del Hospital General de la ciudad, es una desgracia que se presuman los millones de pesos en la obra y se genere una expectativa en la población y la atención que reciba la ciudadanía sea deficiente.

Solo basta darse una vuelta al nosocomio, las largas filas en urgencias para ser atendido, la falta de personal médico es evidente, el hospital no ofrece todos los servicios que la comunidad requiere, es decir, no cuenta con una unidad especializada en oftalmología, endocrinología, otorrinolaringología y cardiología, esto obliga a los acuñenses a trasladarse a hospitales de localidades tan alejadas como Saltillo o Monterrey que están a más de seiscientos kilómetros de distancia para ser atendidos.

Es importante señalar que dicho hospital no cuenta con turno nocturno en la unidad de traumatología, por lo cual quien sufre de algún accidente no podrá recibir en ese horario, una atención digna de calidad y con la calidez que la población merece, a esto cabe hacer mención que las pocas ambulancias con que cuenta ésta unidad no están equipadas para solventar una emergencia médica.

Otro aspecto que no debe de dejar de tocarse en este punto de acuerdo es el referente a la adquisición del equipo de rayos X, resulta que este aparato tan caro y publicitado por el gobernador al entregar la remodelación del hospital, no cuenta con el contrato del proveedor que surte los consumibles y al no tener los acetatos para imprimir las radiografías, hacen del aparato en la práctica inservible, ésta es solo una muestra de la negligencia y falta de pericia con las que se realizan las licitaciones en mi estado.

Por las razones antes expuestas hago un respetuoso exhorto al gobernador del estado de Coahuila, a fin de que instruya al Titular de la Secretaria de Salud del Estado, para que implemente un programa urgente en el que incluya la aplicación de políticas públicas para la mejora de la atención que brinda el Hospital General de Ciudad Acuña, dichas políticas públicas a mi criterio deben incluir mecanismos para la mejora de la gestión, el abastecimiento de medicamentos a la población y la eficacia en el manejo tanto de recursos humanos y materiales del nosocomio.

Asimismo solicito a mis compañeros diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto, para que al momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2013, asignen al Hospital General de Ciudad Acuña recursos suficientes para la mejora y la ampliación de los servicios que brinda a la población.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de ésta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que durante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2013, considere incorporar una partida suficiente con el fin de poder dotar al Hospital General de Ciudad Acuña de los recursos humanos y materiales necesarios para brindar servicios de calidad y calidez a la población.

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica), senadora Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, María Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Martha Elena García Gómez, Martín Orozco Sandoval, María del Pilar Ortega Martínez, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Domínguez Servién, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Javier López Brito, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Fernando Herrera Ávila, José María Martínez Martínez y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que destine los recursos necesarios para la nivelación de los inspectores adscritos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Silvia Guadalupe Garza Galván, María Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Martha Elena García Gómez, Martín Orozco Sandoval, María del Pilar Ortega Martínez, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Domínguez Servién, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Javier López Brito, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Fernando Herrera Ávila, José María Martínez Martínez y Jorge Luis Lavalle Maury, senadoras y senadores integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta a la honorable Cámara de Diputados para que en uso de sus atribuciones destine los recursos necesarios para la renivelación de los inspectores adscritos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Antecedentes

Los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente representan el grupo de servidores públicos que coadyuvan en la Procuración de Justicia Ambiental en todo el territorio nacional, mediante la realización de visitas de inspección y verificación, con apego a la normatividad ambiental con la finalidad de prevenir el deterioro a los recursos naturales y la contaminación ambiental, actividad que representa un riesgo en su quehacer diario derivado de la complejidad de enfrentarse en ocasiones a grupos delictivos que atentan contra el medio ambiente.

Dentro de sus principales objetivos están el realizar visitas de inspección y verificación de acuerdo al programa anual de visitas en materia de vida silvestre, forestal, impacto ambiental, zona federal marítimo terrestre, emisiones a la atmósfera, contaminación de suelos, riesgo, programa de contingencias ambientales y atención a las denuncias ciudadanas.

En materia de Zona Federal Marítimo Terrestre, las acciones de los inspectores abarcan 167 municipios de 17 estados costeros, a lo largo de aproximadamente 11,800 kilómetros de litoral mexicano.

Asimismo, realizan actos de inspección y vigilancia en materia de quelonios y mamíferos marinos, Áreas Naturales Protegidas marinas y litorales, especies acuáticas en riesgo (amenazadas, sujetas a protección especial y en peligro de extinción).

Es importante señalar que el ámbito forestal, las tareas de inspección y vigilancia también representa un gran reto por su extensión y dimensión de derrama económica lícita e ilícita, para lo anterior los inspectores tienen que enfrentarse a que el país cuenta con una superficie forestal de 141.7 millones de hectáreas, de las cuales 65 millones, corresponden a bosques y selvas. La superficie con potencial de producción maderable es de 17.8 millones de hectáreas, y un universo de atención de 30 mil autorizaciones, lo que representa un volumen aproximado de corta de 6.5 millones de metros cúbicos de madera anual. Para su traslado se estima que circulan 1.2 millones de remisiones forestales autorizadas (10 metros cúbicos por viaje en promedio). Existen registrados aproximadamente 9 mil centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales (CAT) con una capacidad instalada de 27 millones de metros cúbicos rollo (3 veces más de lo autorizado anualmente).

Las principales funciones de los inspectores de la Profepa son:

• Participar en operativos de inspección y vigilancia ambiental, en coordinación con otras instancias federales, estatales y/o municipales, lo anterior en virtud del riesgo que representa esta actividad, por lo que normalmente se hacen acompañar de fuerzas federales (Marina, Secretaria de Seguridad Pública Federal o bien fuerzas locales)

• Presentar ante el agente del Ministerio Público Federal a los infractores de la normatividad ambiental.

• Realizar el aseguramiento o decomiso de especímenes o productos, incautados durante las visitas de inspecciones u operativos, así como su respectiva canalización a la instancia correspondiente.

• Realizar visitas de inspección derivada de una denuncia ciudadana, en materia industrial o de recursos naturales.

• Realizar notificaciones de emplazamientos, acuerdos y resoluciones derivados de los actos de inspección y vigilancia.

• Levantar actas de inspección en materia ambiental y de recursos naturales.

• Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención, control, mitigación y restauración, señaladas en las resoluciones, autorizaciones, permisos y licencias.

En la política ambiental integral de inspección y vigilancia, se conjugan la definición e implementación de actividades de inspección y vigilancia en materia de recursos naturales por parte de la Profepa y la coordinación de acciones (transversalidad) de éstas con otras dependencias públicas, federales, estatales y municipales en materia de protección al ambiente.

Para contribuir a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país, atendiendo prioritariamente las áreas con alto valor ambiental o grave deterioro, sin dejar por ello de actuar en todo territorio, la Profepa ha identificado 97 sitios prioritarios, que cubren una superficie de 364,345 kilómetros, que incluye 735 municipios en 30 entidades federativas y el Distrito Federal, mediante la conjunción de los siguientes mapas:

1. Manglares

2. Sitios Ramsar

3. Áreas protegidas federales

4. Regiones prioritarias Terrestres y Marinas de la Conabio

5. Corredor Biológico Mesoamericano-México

6. Especies Prioritarias

7. Temas Prioritarios (Vida Silvestre, forestal, impacto ambiental, Áreas Protegidas Federales, Zona Federal Marítimo Terrestre)

Para la atención de los sitios prioritarios los inspectores instalan y operan Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, los cuales tienen por objetivo involucrar a la sociedad en la protección y conservación de los recursos naturales.

Con las estrategias antes señaladas, se contribuye a combatir la problemática ambiental derivada de la tala clandestina, el aprovechamiento y comercio ilegal de especies de vida silvestre, los impactos ambientales negativos generados por el desarrollo de obras y actividades de competencia federal y la ocupación ilegal de la zona federal marítimo terrestre, entre otros problemas.

El objetivo primordial de la Auditoría Ambiental es la identificación, evaluación y control de los procesos industriales que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo provocando contaminación al ambiente o haciendo uso de los recursos naturales, y consiste en la revisión sistemática y exhaustiva de las operaciones, procedimientos y prácticas de una empresa de servicios o comercio, con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de la legislación ambiental, así como , la adopción de buenas prácticas de operación e ingeniería, parámetros internacionales y procesos de autorregulación, a fin de detectar, posibles situaciones de riesgo e impactos al ambiente y emitir las recomendaciones preventivas y correctivas a que haya lugar.

Por lo anterior, se propone la renivelación de los 605 inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a nivel nacional, buscando a través de este incentivo una correlación directa con los resultados y objetivos que se tienen trazados Institucionalmente.

La percepción económica de los inspectores no ha cambiado desde 2005, teniendo sueldos mensuales desde 7,850 pesos el más bajo correspondiente al nivel PQ1; el nivel PQ2 8,900 pesos; el nivel PQ3 10,500 pesos; PA1 14,200 Pesos; PA3 16, 120 pesos.

Ahora bien, se propone una renivelación, para que el nivel PQ1 pase al PQ2, y así sucesivamente PQ2 a PQ3, cabe destacar que el nivel PQ3 recibiría un aumento del 30 % sueldo al pasar al nivel PA 1, sin embargo, es el nivel inmediato superior que le correspondería, el PA1 pasaría al PA2 y el PA3 pasaría a PB3.

Como se observa en los cuadros propuestos la renivelación de los 605 inspectores activos en plazas presupuestales a nivel nacional, se requerirían recursos adicionales por 15,9 millones de pesos, costo anualizado.

Es importante señalar que la atención directa de los diversos temas mencionados anteriormente y en que se encuentra actuando la Profepa, exige una labor comprometida en materia de inspección y vigilancia, misma que es realizada por este segmento de servidores públicos.

Es imperativo reconocer a través del salario de estos servidores públicos su labor, la cual, cada día se amplía a más funciones, y es justo que obtengan un aumento después de tantos años de no recibir ningún aumento.

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la H. Cámara de Diputados, para que realice los esfuerzos necesarios para incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, para la renivelación de los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los cuales ascienden a la cantidad de 15.9 millones de pesos.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en ejercicio de sus facultades al momento de realizar la planeación y programación de su Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, destine los recursos necesarios para la renivelación de los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los cuales ascienden a la cantidad de 15.9 millones de pesos.

Tercero.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, destine los recursos necesarios para la renivelación de los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los cuales ascienden a la cantidad de 15.9 millones de pesos.

Senadores: Ernesto Cordero Arroyo, Fernando Herrera Ávila, José María Martínez Martínez, Jorge Luis Lavalle Maury, Silvia Guadalupe Garza Galván, María Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Martha Elena García Gómez, Martín Orozco Sandoval, María del Pilar Ortega Martínez, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Domínguez Servién, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Javier López Brito, Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que considere recursos destinados a la mitigación de daños ocasionados por incendios en la sierra de Coahuila.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita, Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se consideren recursos presupuestales destinados a la mitigación de daños ocasionados por incendios en las sierras de Coahuila.

Antecedentes

El tema de la sequía en México, es importante y de dimensiones mayúsculas, sobre todo si se conceptualiza como una problemática consecuente del cambio climático o calentamiento global, cuya solución en este momento no tenemos ni conocemos, ya que no se ha podido establecer un programa o acción que revierta los daños a los elementos naturales, que regresen las hoy ausentes temporadas de lluvia en el Norte de nuestro país y Sur de los Estados Unidos.

Las consecuencias visibles e inmediatas de la sequía son, la muerte del ganado, pérdida de las cosechas, incendios, sobrexplotación de las reservas subterráneas de agua, y falta de abasto del vital líquido a las poblaciones; sin embargo, quizá la consecuencia más grave es la pérdida irreversible de los ecosistemas; con estas pérdidas se agravan las consecuencias de cambio climático.

Según datos de la Comisión Nacional Forestal, en México, tan solo en los Estados de Chihuahua, Sonora, Jalisco y Coahuila, se concentra el 53% de las afectaciones en materia de sequía e incendios.

La presencia del fuego en los bosques es una dinámica natural que propicia

Regeneración  y equilibrio en las especies que de forma original coexisten; asimismo, los efectos positivos de un incendio es la presencia material orgánico que funge como abono para los suelos y especies en pie.

Sin embargo, la visión del fuego se ha transformado, porque la mano del hombre interviene y provoca incendios en el 70 % de los casos,  en el resto, la naturaleza nos está cobrando la factura, tal es el caso de los incendios ocurridos en el mes de abril de 2011 en los municipios de Arteaga, Ocampo, Múzquiz y Acuña de mi estado natal Coahuila, los cuales durante un mes de actividad, devastaron más de 400 mil hectáreas.

Personalmente acudí a apoyar en las causa; sobre toda para la protección a la fauna silvestre (venados, osos negros, guajolotes silvestres, palomas, jabalíes, codornices, conejos, liebres, zorros, mapaches, gatos  montés y pumas) que por falta de alimento y agua se estaban muriendo, y fue lamentable ver los tornados de fuego de hasta 65 kilómetros por hora, que consumían más y más las sierras de Coahuila.

Como Bióloga de profesión les digo, que la naturaleza se encarga de restaurar las zonas incendiadas, pero bajo un sistema equilibrado y de un fuego benéfico, mas no ante una catástrofe de dimensiones como las que he descrito por la ocurrencia de un fuego dañino. Regenerar más de 437, 265  hectáreas de suelos naturales, no pueden exigirse a la naturaleza, debemos ayudarle.

Considerandos

Tan sólo para poder controlar y abatir el fuego en las sierras de Coahuila, se gastaron más de 378 millones de pesos,( 240 de Fondo de Desastres Naturales FONDEN, 21 millones de CONAFOR, 66.7 millones las Secretaria de Seguridad Publica y Marina y 50 millones de Gobierno del Estado de Coahuila); su restauración, sin duda será más costosa, pero no se debe escatimar en ello, ya que la lección, me parece, fue bien aprendida, debemos actuar como restauradores y previsores y no encaminar únicamente las acciones de combate cuando el incendio esté en su punto máximo; debemos actuar preventivamente a estos fenómenos, haciendo brechas cortafuego, creando más brigadas de combate de incendios forestales, capacitación de combatientes y aplicar acciones de contratación de aeronaves o helicópteros que nos permitan trasladar a los brigadistas en acciones de reacción rápida, evitando pérdidas mayúsculas de nuestros recursos naturales, ya que la topografía tan accidentada del Estado y las enormes distancias entre un punto y otro dificulta el acceso ciertas zonas

La Comisión Nacional Forestal mantiene un programa preventivo y correctivo durante todo el año, por lo que su apoyo será de gran ayuda, pero adicionalmente a ello, es de vital importancia que se destine una cantidad de recurso económico suficiente para que exclusivamente se atienda la restauración de las más de 437,265 hectáreas perdidas.

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se consideren recursos presupuestales destinados exclusivamente a la mitigación de daños ocasionados por incendios ocurridos en abril de 2011 en las sierras de Coahuila.

Atentamente

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»

«Anexo Único

Incendios forestales 2011 en el estado de Coahuila

Se presentaron en la entidad 140 incendios forestales los cuales afectaron:

Los principales municipios que se vieron afectados fueron 26 de los 38 con los que se encuentran en el Estado de Coahuila.

Para restaurar una Hectárea depende de varios factores como seria la distancia, especies a restaurar, si ha y que elaborar trabajos de restauración, reforestación, material de la región acomodado, cercado, etc. Variando su costo promedio entre los $3,000  a los $8,000.

La determinación de los costos de las obras y prácticas de restauración de suelos, reforestación y su mantenimiento es, junto con el diseño técnico de las obras de restauración de suelos y reforestación, una de las partes fundamentales en los proyectos de restauración.

Metodología para la determinación de costos

Al desarrollarse las actividades para lograr la restauración de un terreno forestal incendiado, mediante acciones de restauración de suelos y reforestación se requiere la planeación y desarrollo de diferentes actividades y para ello se deben tener sistemas de administración que permitan conocer los costos de la realización de las diferentes actividades que se requieren para la restauración de un terreno y con ello determinar los costos para determinar la conveniencia económica y ecológica de llevar a cabo la restauración de un terreno.

Obras y prácticas de restauración de suelos, reforestación y mantenimiento, se puede agrupar en tres tipos:

• Cargos por consumos

• Cargos por mano de obra

• Cargos por maquinaria equipo y herramienta

Los costos promedios por hectáreas oscilan entre los $3000 a los $8000.

Se verá incrementado estos en la zona que más sufrió perdida  de vegetación debido a incendios en el 2011, la cual corresponde a área compacta mas devastada que es la serranía del burro al norte del estado de Coahuila siendo su población más cercana la ciudad de Múzquiz Coahuila.

Aproximadamente a 5 horas promedio de los predios afectados, aunado a la poca población civil que habita esos lugares.

El ecosistema a sufrido un grave deterioro a causa de los incendios forestales, debido a lo anterior se torna urgente la restauración de las áreas afectadas, para detener la pérdida de suelo, el cual quedo expuesto al no contar con vegetación se acelera la erosión por el viento y cuando exista la precipitación por acarreo de partículas por el agua, además de permitir con estas acciones que se tenga nuevamente la infiltración de humedad  esto traerá como beneficio el que se tenga material vegetativo el cual sirve de alimento, refugio, hábitat de la fauna silvestre que caracteriza la región norte del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 los recursos requeridos por la Agencia Espacial Mexicana.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Héctor Yunes Landa, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento  del Senado de la República, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Exposición de Motivos

En la actualidad, el espacio provee oportunidades únicas para crear bienes y servicios útiles y redituables, públicos y privados, con una diversidad de actividades en las comunicaciones, posicionamiento vía satélite y la observación de la Tierra en su conjunto, entre otras.

Las decisiones gubernamentales en materia espacial deben basarse en una perspectiva socioeconómica destinada a impulsar e invertir en el sector espacial mexicano, en busca de satisfacer necesidades sociales como la seguridad, la atención de desastres naturales, el acceso a la información, el desarrollo agrícola y pesquero, agua, energía, sustentabilidad ambiental, educación, salud y transporte.

El país tiene la premura de implantar programas espaciales a fin de cumplir demandas específicas y constituirse en un nicho de oportunidades en la materia para el desarrollo de México, que ayuden a la solución de los problemas sociales, impulsen las innovaciones tecnológicas, extiendan el conocimiento científico en todo el país, y permitan el establecimiento de empresas de gran tecnología que impulsen a las compañías existentes.

El sector aeroespacial experimenta un vigoroso crecimiento mundial. En México, en los últimos 15 años se ha creado un escenario de desarrollo espacial industrial con amplias posibilidades de avanzar y posicionarse en un futuro inmediato de manera sólida en la materia.

Las nuevas órbitas, frecuencias, sensores e instrumentos de teledetección a bordo, sistemas de propulsión, funcionamiento en red y formación con enlaces de banda ancha y la incorporación de grandes capacidades de procesamiento a bordo están apareciendo en el escenario tecnológico, con relevantes oportunidades de aplicaciones públicas y privadas de gran trascendencia social, como telemedicina y teleeducación vía satélite, sistemas de información geográfica para atención a desastres, desarrollo agrícola, pesquero y monitoreo ambiental.

Por lo anterior, la Agencia Espacial Mexicana realiza diversas acciones nacionales para la innovación en el sector, con el objetivo central de atender las necesidades sociales del país, desarrollando capacidades empresariales, tecnológicas y científicas. La agencia también ha implantando estrategias con la comunidad espacial internacional para participar en la atención de problemas de escala global, como la sustentabilidad ambiental, el cambio climático, la brecha digital y la seguridad mundial.

De ese modo, el espacio se posiciona en un importante nicho generador de desarrollo socioeconómico y proveedor de valiosa información a los gobiernos en la toma de decisiones; contribuye a construir una sociedad cada vez más científica y tecnológicamente educada.

Como tema de prioridad nacional que significa la seguridad, el espacio es pieza clave para el país y debe atenderse para potenciar al menos tres grandes actividades: comunicar, observar y localizar.

El gobierno mexicano ha dado un impulso importante al desarrollo de plataformas de comunicaciones terrestres para seguridad nacional y realizado gran inversión en sistemas satelitales, a fin de aprovechar la valiosa información que el espacio brinda a través de las plataformas de observación del territorio y de posicionamiento. Esto facilita el desarrollo de sistemas y redes espaciales mexicanos que respondan a las necesidades nacionales en materia de seguridad.

Si bien hay en el plano internacional plataformas espaciales para observar la Tierra a diferentes escalas y en diversas regiones del espectro, el acceso a la información tiene un costo elevado y su disponibilidad frecuentemente es limitada, sobre todo cuando se requiere en condiciones de urgencia, como en el caso de atención de desastres causados por fenómenos naturales o por actividades humanas.

Por su localización geográfica, México está sometido constantemente a la inclemencia de los fenómenos naturales. De esa manera se requiere la implantación de plataformas espaciales con las características necesarias para contar con los instrumentos y sensores para teledetección de tierra, océano y atmósfera, a fin de prevenir y atender cualquier desastre.

Los países que exploraron y usaron el espacio durante los últimos 55 años desarrollaron una serie de aplicaciones espaciales, gubernamentales y comerciales que han mejorado el nivel de vida y de seguridad de su población, e impulsado el descubrimiento científico y tecnológico.

La Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana, en la cuarta sesión ordinaria del presente año, aprobó a ésta gestionar los recursos requeridos para el ejercicio fiscal de 2013.

Por lo expuesto, y por el encauzamiento del desarrollo aeroespacial del país, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 a la Agencia Espacial Mexicana 622 millones de pesos, a fin de cumplir los objetivos establecidos en la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, en los lineamientos generales de política espacial y en el Programa Nacional de Actividades Espaciales.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de noviembre de 2012.— Senador Héctor Yunes Landa (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar la asignación de mayores recursos para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y para la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para el Proyecto de Modernización de Embarcaciones Menores.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

A nivel nacional existe un programa impulsado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), apoya a los productores del sector pesquero regularizado del país dedicados a la actividad pesquera.

Dicho proyecto comenzó a operar a nivel nacional en 2008 y hasta 2010 se denominó “Proyecto de Sustitución de Motores fuera de Borda para Embarcaciones Menores”. En 2011 el programa adquirió el nombre de “Modernización de Embarcaciones Menores”, y para 2012 el componente se denomina “Sustitución de Motores Marinos Ecológicos”.

Los objetivos que persigue este programa son reactivar al pescador ribereño como sujeto de crédito y generar un historial crediticio; contribuir a la modernización tecnológica del sector mediante la reducción de costos y el incremento de la seguridad de los pescadores; disminuir los impactos negativos en el medio ambiente al evitar la emisión de hidrocarburos no quemados al recurso agua; y, finalmente, favorecer el ordenamiento de la actividad pesquera ribereña.

El programa contempla apoyos en forma de subsidios para la obtención de nuevos motores fuera de borda, en sustitución de un motor que se encuentre en uso actualmente. Establece que el motor nuevo deberá ser amigable con el medio ambiente y que tendrá que ser de menor o igual potencia al motor que sustituirá.

El Gobierno Federal, a través de Sagarpa y en coordinación con Conapesca, otorga un subsidio de 40 por ciento del valor total del motor fuera de borda que se apoye por el proyecto. Asimismo, el proyecto contempla la participación del gobierno estatal, mediante escrito dirigido a la Conapesca en el cual se define el monto total de recursos y porcentaje del costo total del motor.

En suma, el proyecto impulsa el incremento de los bienes de capital estratégicos de la población pesquera a través del apoyo subsidiario para la obtención de equipo moderno y ecológico, que en los últimos años ha contribuido al cuidado y preservación del medio ambiente, así como al ahorro de combustible para los pescadores.

Al respecto, y con base en la evaluación positiva del programa llevada a cabo en 2009, hay que mencionar que con el motor anterior de dos tiempos se consumían, en promedio, 58 litros de gasolina por viaje de pesca. Con los nuevos motores de cuatro tiempos se consumen 33 litros de gasolina en promedio por día de pesca. Por tanto, se reportó una reducción en el consumo de combustible de 43 por ciento. Es indudable que contar con motores modernos contribuye a garantizar un regreso seguro al pescador.

Por otra parte, sobresale que gracias a estos apoyos se ha logrado reactivar al pescador ribereño como sujeto de crédito, al comenzar a generar un historial que le ha permitido acceder a créditos del sector privado.

De acuerdo con Sagarpa, entre 2008 y 2010 se atendieron 55 por ciento de las solicitudes de apoyo ingresadas en las ventanillas de las delegaciones de dicha secretaría y de los Gobiernos Estatales que participaron en este programa. A nivel nacional, hasta la fecha, se han beneficiado 46 mil 414 pescadores ribereños del país con equipamiento y modernización tecnológica, mediante la sustitución de motores fuera de borda, obsoletos y usados por aparatos nuevos.

Para Yucatán durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2011, a través del componente de Modernización de Embarcaciones Menores (sustitución de motores fuera de borda) se modernizó a 221 embarcaciones, con una inversión de 8.4 millones de pesos, y se logró un ahorro de combustible y mayor seguridad para los 564 pescadores que realizan su actividad en estas embarcaciones.

No obstante los beneficios del programa, la cobertura no ha sido suficiente para satisfacer la demanda de los pescadores que aún se encuentran en la espera de recibir los apoyos. Basta citar el caso del estado de Yucatán en donde, según reportes de Sagarpa, sólo se han atendido los municipios de Río Lagartos, Tizimín, San Felipe y Progreso, sin que reporte subsidio alguno para los pescadores de los puertos de Celestún, Dzilam de Bravo y Hunucmá (Sisal).

Por lo anterior, y dado que el programa es de carácter multianual  (2008-2012), en el Partido Acción Nacional consideramos que es urgente extender los beneficios de este programa, así como dotar a Sagarpa y Conapesca de mayores recursos presupuestales para otorgar los subsidios a los pescadores ribereños. Con base en este deber, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único:La Cámara de Senadores exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se consideren y destinen mayores recursos para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para el Proyecto de Modernización de Embarcaciones Menores.

Nota:

1 Sagarpa-FAO-Universidad Marista de Mérida (2009). Evaluación Específica del Proyecto de Sustitución de Motores fuera de Borda para Embarcaciones Menores, página 19.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 29 de noviembre de 2012.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se otorguen los recursos necesarios a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para la realización del proyecto cultural Museo Antiguo Hospital Militar Real de San Carlos, ubicado en el centro histórico de la Heroica Ciudad y Puerto de Veracruz.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Héctor Yunes Landa, senador de la República en la LXII Legislatura, integrante de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Exposición de Motivos

El puerto de Veracruz es una de las ciudades con mayor valor cultural de México, convertido en un destino por excelencia para el turismo nacional y extranjero. Su riqueza cultural se aprecia a través de diversos edificios históricos como el Museo de Historia Naval, la Catedral de Veracruz, el Museo de la Ciudad, el Baluarte de Santiago, el Museo Faro Venustiano Carranza, el Fuerte de San Juan de Ulúa y su centro histórico.

Es precisamente en el centro histórico del Puerto de Veracruz, donde se ubica el Hospital Militar Real de San Carlos, considerado el primer hospital fijo en nuestro país y en América, cuya portentosa edificación del siglo XVIII fue inaugurada en diciembre de 1764 y fungió como nosocomio durante 236 años ininterrumpidos, hasta septiembre del año 2000.

El Hospital Militar Real de San Carlos fue denominado así en honor de Carlos III, Rey de España en esa época, y construido por órdenes de don Joaquín de Montserrat, marqués de Cruillas, virrey de la Nueva España. Está situado entre la Tercera Calle de Loreto, la Tercera Calle de Barrios de Mina y La Muralla, hasta la calle Cruz Verde, formando parte de las históricas edificaciones coloniales que se conservan en la ciudad de Veracruz.

A pesar de su gran valor histórico-cultural, este inmueble actualmente está en desuso, habiendo un válido interés por conservarlo y convertirlo en museo, en beneficio de la historia cultural de México y como un atractivo turístico, además de sede para la realización de actividades artísticas y educativas requeridas para el desarrollo integral del ser humano, promotoras de la convivencia familiar y social.

Cabe destacar que el proyecto de rescate de este inmueble se contempla culminarlo antes del año 2014, para que entre en operación como museo al cumplirse los 100 años de la invasión de Estados Unidos de América al Puerto de Veracruz, y a los 250 años de que fue construido, aunado a que en el 2014 se realizarán en esta ciudad los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe, con la participación de deportistas de 31 países.

Asimismo, se concibe como un escenario para la realización de festivales culturales, presentación de conciertos, eventos de danza y folklóricos, con proyección nacional.

Con la creación del museo Antiguo Hospital Militar de San Carlos, la sociedad veracruzana ejercerá de manera plena y responsable su derecho a la cultura, reconociendo el carácter plural de su identidad y diversidad cultural; por lo que dicho proyecto cultural se realiza de forma profesional, comprometida, respetuosa, eficiente y transparente.

Por lo anteriormente expuesto, y con el propósito de promover y ejercer el reconocimiento de la cultura y el turismo en México, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se destine la cantidad cincuenta millones de pesos a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para la realización del proyecto cultural Museo Antiguo Hospital Militar Real de San Carlos, ubicado en el centro histórico de la Heroica Ciudad y Puerto de Veracruz.

Cámara de Senadores, a 29 de noviembre de 2012.— Senador Héctor Yunes Landa (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, se destinen mayores recursos federales al estado de Yucatán, a fin de prevenir y combatir el dengue en el estado.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

La ubicación geográfica del estado de Yucatán, su clima tropical y vasta hidrografía así como su extensa ecología a lo largo de su territorio le dan al estado una enorme riqueza natural. Sin embargo, también propician el brote de enfermedades que, año con año, afectan la salud, bienestar y productividad de parte de su población. Además, representan costos enormes para el erario público, pues el estado debe emprender acciones para su prevención y combate. Uno de los padecimientos que más afectan a nuestro estado, así como a otras entidades de la península, es el dengue. Y hay que recordar que en su versión más dañina, el dengue hemorrágico, tiende a ser mortífera.

El dengue es una enfermedad aguda y autolimitativa que se transmite al ser humano por un virus de la familia de los “flavivirus”, del cual existen cuatro variedades diferentes (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4) que son capaces de producir inmunidad específica a cada serotipo (tipos de microorganismos infecciosos) en particular.

Cuando un paciente se enferma por un serotipo, es posible que vuelva a contraer la enfermedad debido a los otros 3 serotipos existentes. Las infecciones posteriores causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de desarrollar complicaciones.

Así, a una persona infectada con dengue se le puede desencadenar el dengue hemorrágico, que es más severo y que se caracteriza por la disminución de líquidos en la sangre, produce fiebre, dolor abdominal, vómito y hemorragias. Esto lo hace potencialmente fatal en las personas, principalmente entre niños y jóvenes, por lo que requiere urgente hospitalización.

El virus se transmite solamente a través de la picadura de la hembra del mosquito. Un mosquito portador, infectado con sangre de una persona con dengue, puede contagiar el virus durante todo su ciclo de vida y a sus descendientes, lo que representa un riesgo latente de brote epidémico entre la población.

A nivel mundial, durante las últimas décadas la incidencia de dengue ha aumentado enormemente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año se producen entre 50 y 100 millones de infecciones por el virus del dengue clásico en el mundo, y medio millón de casos de fiebre hemorrágica, con varios miles de defunciones anuales, de las cuales una buena parte corresponden a niños. Alrededor de 2.5 por ciento de todos los menores hospitalizados fallecen a consecuencia de la enfermedad.

Lo peor es que en la actualidad más de 50 por ciento de la población mundial (aproximadamente 3 mil 500 millones de personas) están en riesgo de contraer la enfermedad.

Lamentablemente México no está excluido de este alto riesgo; de acuerdo con el actual Programa de Acción Específico de Dengue, la enfermedad se encuentra presente en nuestro país con variaciones anuales en su incidencia y brotes epidémicos de diferentes magnitudes, principalmente en los estados de la región sur-sureste. Yucatán, por el número de personas infectadas, ocupa el primer lugar nacional en la materia.

En 2011, por ejemplo, Yucatán encabezó el primer sitio a nivel nacional en el número de personas infectadas al alcanzar los 6 mil 195 casos, de los cuales, según cifras oficiales, 25 tuvieron un desenlace fatal. Le siguieron los estados de Veracruz, con mil 869 casos, y Quintana Roo, con mil 781 casos.

La siguiente tabla revela parte del daño que dicha enfermedad ha causado en el estado de Yucatán, a partir de la situación nacional:

Durante el presente año la situación no ha mejorado. De acuerdo con el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (Cenavece), de la Secretaría de Salud federal, al término del mes de octubre los casos de dengue en la entidad ya ascendían a 4 mil 805 personas infectadas; cinco habían fallecido.

Ante este problema de salud pública en el estado, los recursos y la atención médica han sido insuficientes.

Por un lado, de los recursos asignados al sector salud en Yucatán se han tenido que reasignar partidas especiales para hacerle frente al dengue; tan sólo en el periodo comprendido entre septiembre de 2011 y junio de 2012 el gobierno local destinó 60 millones 658 mil 457 pesos, situación que obligó al gobierno de la entidad a dejar de atender otros problemas de salud de la población yucateca.

Por otro lado, con el incremento de la demanda de atención médica y hospitalaria a consecuencia del incremento explosivo de infectados de dengue, la atención hospitalaria ha resultado insuficiente. Ello se debe en gran parte a que existen obras de infraestructura hospitalaria que el gobierno estatal no ha podido concluir, como el caso del hospital de segundo nivel de Tekax, y el centro de salud de Teabo.

Por todo lo anteriormente expuesto, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, incremente los recursos destinados al sector salud para el estado de Yucatán, a fin de ampliar las acciones de prevención y combate de la enfermedad del dengue, que azota a la población.

Segundo. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, incremente los recursos destinados a la infraestructura hospitalaria del estado de Yucatán, a fin de concluir las obras que aún están pendientes en las localidades de Tekax y Teabo.

Notas:

1. OMS. Nota descriptiva número 177. Dengue y dengue hemorrágico, 2012.

2. Ídem.

3. SSA. Programa de Acción Especifico de Dengue, 2007-2008.

4. Elaboración del gobierno del estado de Oaxaca, con información del SINA VE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue.

5. V Informe de Gobierno, gobierno de Yucatán.

Senado de la República, a 4 de diciembre de 2012.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Víctor Hermosillo y Celada, en nombre de senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a que en el paquete económico de 2013 no se considere aumentar la tasa del IVA en la región fronteriza.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos senadores Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Francisco J. García Cabeza de Vaca, Héctor Larios Córdova, Carlos Mendoza Davis, Jorge Luis Lavalle Maury, Javier Corral Jurado, Raúl Gracia Guzmán, Maki Esther Ortíz Domínguez, Silvia Guadalupe Garza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Braulio Manuel Fernández Aguirre, Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Marco Antonio Blásquez Salinas y Ana Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Cámara de Diputados a que en el paquete económico para 2013 no se considere aumentar la tasa del IVA en la región fronteriza, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. Según el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas –a leyes como las del impuesto al valor agregado o la del impuesto sobre la renta–, relativas a las fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal.

2. El artículo 43 de esta misma ley señala que en el año en que termina su encargo, el Ejecutivo Federal deberá elaborar anteproyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos en apoyo al presidente electo, incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste último los presente a la Cámara de Diputados, a más tardar y como se estipula en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 15 de diciembre. Esta es la razón por la cual la presente proposición con punto de acuerdo exhorta a la actual administración federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

3. Varios actores empresariales, como el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Baja California y el presidente de la Canaco Mexicali, han expresado su preocupación por la posibilidad o, para algunos, la certeza de que en el paquete económico que presente el nuevo gobierno, se proponga una reforma a la Ley del IVA, en concreto al artículo dos, que conlleve la homologación del IVA fronterizo con el de toda la república, por lo que dicho impuesto en la frontera también sería del 16 por ciento y no del 11 por ciento como es actualmente. Esta tasa del 16 por ciento es sólo una posibilidad, por lo que no se descartan propuestas que, dado el caso, fijarían el IVA fronterizo en una tasa mayor o menor a ese 16 por ciento.

4. En este mismo sentido, el vicepresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana y los representantes de esta organización en Tijuana, Mexicali y Ensenada, rechazaron la posible homologación del IVA en la franja fronteriza norte, y señalaron que sus estudios demuestran que la captación fiscal incrementaría sólo 1.14 por ciento. Argumentaron que de aplicarse un aumento al IVA en Baja California se perderían más de 300 millones de dólares en un año, en cálculos que calificaron como muy conservadores.

5. Cabe mencionar que ya se han presentado en legislaturas anteriores iniciativas que modifican o derogan la tasa del IVA en la frontera. Por ejemplo, en una de estas iniciativas se señala que “de la tasa general ­nominal del impuesto al valor agregado (del 16 por ciento), 3 puntos de esa tasa serían rembolsados por la autoridad hacendaria al consumidor, a través de depósito o transferencia bancaria, en un plazo no mayor a un mes”. Y del mismo modo se señala que “dada la reducción que proponemos de la tasa efectivamente pagada de impuesto al valor agregado y para evitar distorsiones en el cobro del impuesto, que además son fuente de prácticas de evasión o elusión, proponernos suprimir la actual diferencia de tasa en las zonas fronterizas”.

6. Sin embargo, considero que la propuesta de homologar el IVA fronterizo con el del resto del país es inviable y contraproducente. En efecto, esta homologación tendría como consecuencia inmediata el aumento de los precios en los productos y a los comerciantes los pondría en desventaja con Estados Unidos donde el impuesto es casi 50 por ciento menor. Se sacaría del mercado a las empresas de la frontera al restarles competitividad, ya que éstas compiten directamente con Estados Unidos.

7. La tasa del 11 por ciento se aplica cuando los actos o actividades se realizan por residentes en la región fronteriza. Responde a que el consumo no se presenta en idénticas condiciones en la región fronteriza con el resto del país, pues la cercanía de aquélla con Estados Unidos modifica los patrones de consumo. De esta forma, el trato preferencial tiene la finalidad de no afectar la competitividad y de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios del extranjero.

8. Otros argumentos en contra de la homologación se encuentran en el estudio Impactos de la homologación del IVA en Baja California, realizado por el doctor Noé Arón Fuentes, investigador de El Colegio de la Frontera Norte. En este estudio se afirma que a) el aumento de precios asociado al IVA causaría un desplazamiento en el consumo de bienes y servicios de procedencia nacional a externos; b) la aplicación del IVA a bienes que aumentan en importancia como proporción del gasto cuando los ingresos disminuyen resultaría en una mayor regresividad; c) el IVA causaría un efecto riqueza regresivo en Baja California; d) el IVA concentraría aún más el bienestar de la población residente al redistribuir el potencial del consumo a favor de las clases económicamente más altas; e) el IVA podría afectar a las exportaciones bajacalifornianas bajo ciertas condiciones; y f) el gasto externo en bienes nacionales disminuiría en Baja California.

9. Estas son sólo algunas razones que se esgrimen en dicho estudio cuya conclusión es que la política tributaria no puede ser ajena a estos efectos sociales y regionales ni basarse sólo en consideraciones de recaudaciones globales. En consecuencia, repito, la propuesta me parece inviable y contraproducente.

Por lo anteriormente expuesto en el cuerpo de este documento, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero.El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en la elaboración del anteproyecto del Paquete Económico para el año 2013 no se considere aumentar la tasa del IVA en la región fronteriza.

Segundo.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el año 2013 no se considere aumentar la tasa del IVA en la región fronteriza.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 23 de noviembre de 2012. — Senadores: Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova, Carlos Mendoza Davis, Jorge Luis Lavalle Maury, Javier Corral Jurado, Raúl Gracia Guzmán, Maki Esther Ortiz Domínguez, Silvia Guadalupe Garza, Braulio Manuel Fernández Aguirre, Patricio Martínez García, Marco Antonio Blásquez Salinas, Ana Guevara Espinoza (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Luis Armando Melgar Bravo, Humberto Domingo Mayans Canabal y Zoé Robledo Aburto, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a restablecer y fortalecer el Programa Nacional del Cacao con un enfoque regional, para su explotación rentable y sustentable.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Agricultura y Ganadería, y a la Cámara de Diputados el segundo.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos senadores, Humberto Domingo Mayans Canabal, Zoé Robledo Aburto y Luis Armando Melgar Bravo, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Entre los productos de consumo mundial y masivo, sobresale el chocolate. De acuerdo con la Organización Internacional del Cacao (ICO, por sus siglas en inglés), la producción actual de cacao es de 3.9 millones de toneladas a nivel mundial. El continente Africano es la región más productiva, con 70% del total; Latinoamérica con 15%; Asia y Oceanía con 14%. Los países más productivos son Costa de Marfil, Ghana e Indonesia.

El consumo es mayor en Estados Unidos con 32%, Alemania con 11% y Francia con 10%, siendo los mercados más atractivos, además de ser muy exigentes en su calidad. De acuerdo con el diagnóstico que sustentó el Convenio Internacional del Cacao, aprobado en 2010 y vigente hasta el año 2020, más de 5,5 millones de  minifundistas cultivan el 90% del cacao mundial, resultando que 14 millones de trabajadores rurales dependen directamente de su producción.

Dicho diagnóstico enfatiza, además de los problemas de la pobreza, factores importantes como:

• La persistencia de técnicas de cultivo obsoletas.

• Las plagas, como la monilia, que es un hongo que está devastando las plantaciones.

• La falta de incentivos para la producción y la comercialización.

• Las plantaciones mal atendidas y las superficies fumigadas, lo que ha provocado pérdidas del 30% al 40% de la producción.

• Explotación infantil, marginalidad, inequidad, discriminación y destrucción ambiental, y

• Ausencia de políticas públicas integrales y eficaces.

Nuestro país generó un máximo de 28,000 toneladas de grano, en el año 2000, en una superficie de 61,000 ha. Las entidades con mayor superficie plantada son Tabasco (67.2%) y Chiapas (31.9%) seguidos de Oaxaca y Guerrero.

Desafortunadamente, hoy día este cultivo se encuentra en crisis productiva. El Sistema-Producto cacao actualmente tiene un valor de producción de 1,018 millones de pesos, lo que representa solamente el 0.3% de los Sistemas-Producto del país. Además, la producción ha disminuido hasta a 24,000 toneladas y la superficie cultivable también se está reduciendo, para establecer cultivos como el rambután, el litchi, el mangostán o bien para abrirlas al pastoreo de ganado bovino.

Ante el decrecimiento de la producción, el déficit de materia prima demandada por parte de la industria internacional, nacional y los talleres artesanales se cubre con la importación de 43 mil 400 toneladas.

A fin de enfrentar la crisis del cacao, entre 1996 y 2001, se planteó un Programa Nacional del Cacao, en el marco de la Alianza Nacional para el Campo. Lo cierto es que tuvo un enfoque insuficiente e ineficaz, por lo que fracasó en revitalizar esta actividad agropecuaria y aprovechar las ventajas competitivas de México.

Posteriormente, los apoyos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México (Sagarpa) para los cacaoteros se redujeron, concentrándose en el Proyecto Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región Sur-Sureste de México (Trópico Húmedo), que desde 2009 brinda apoyos para 1,230 hectáreas de cultivo de cacao.

Frente a esta grave situación, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en apoyo al Programa del Trópico Húmedo de la Sagarpa, organizó una misión en el mes de enero de 2011, formada por funcionarios y consultores, que derivó en un amplio diagnóstico con muchas recomendaciones, para su rescate.

Algunas de tales recomendaciones, no citamos todas, pero se enviará a Sagarpa dicho informe, son:

• Atender con urgencia el estado sanitario de las plantaciones

• Fortalecer la asistencia técnica, con especialistas para que junto con los técnicos de las Agencias para la Gestión de la Innovación realicen prácticas agronómicas para rehabilitar las plantaciones, especialmente con productores líderes y parcelas demostrativas.

• Adoptar nuevos materiales de países y entidades con experiencia en monilia, agilizando los trámites para su introducción y garantizar la disponibilidad de recursos.

• Plantean la elaboración de una tabla sugerida de pago, al inicio de cada cosecha con indicación de los parámetros correspondientes a un precio base (grano violeta, humedad y otros factores).

• Relanzar la actividad productiva con una visión de sustentabilidad y rentabilidad, sustituyendo el esquema de subsidios fragmentados y mal dirigidos, por otro dirigido a reestructurar las capacidades productivas y establecer nuevo canales de comercialización.

Con base en estas recomendaciones, es preciso establecer un nuevo acuerdo productivo para el cacao, involucrando a las organizaciones de productores, legitimadas por el artículo 4º constitucional y por la Ley sobre Cámaras Agrícolas, encabezadas por la Unión Nacional de Productores de Cacao, y las uniones estales de Chiapas y de Tabasco, más las regionales de productores. Este nuevo acuerdo debe enfocarse a generar opciones productivas reales, establecer clústeres para la producción y la comercialización y utilizar más y mejor los recursos públicos, a la par de establecer indicadores de resultados y de gestión, que favorezcan la maximización de los apoyos, la recuperación y rentabilidad y la transparencia.

Por ello, solicitamos la solidaridad de las Legisladoras y Legisladores de la República con la producción del cacao mexicano, apoyando esta propuesta, para recuperar una actividad agrícola de gran impacto económico y social.

Por lo expuesto, presentamos a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a restablecer y fortalecer el Programa Nacional del Cacao, sobre la base de un nuevo pacto productivo, que permita atender su problemática actual y garantizar su explotación rentable y sustentable de largo plazo. Dicho pacto debe incluir un conjunto de programas de apoyo para el Sistema-Producto Cacao, que contemple asignaciones a través del Programa Especial Concurrente y opciones de créditos blandos y fondos de financiamiento suficientes, con matrices de indicadores de gestión y de resultados, para la formación de capacidades, mejor infraestructura, reconversión, saneamiento y comercialización, en diálogo permanente con las organizaciones productivas.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar recursos suficientes para las acciones señaladas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013.

Notas:

1 ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVIII, No. 3, Cocoa year 2011/12 Published: 28-08-2012 http://www.icco.org/statistics/production-and-grindings/production.html

2 Sexto informe de labores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Septiembre de 2012.

Dado en el recinto del Senado de la República, el día 29 de noviembre de 2012.— Senadores: Humberto Mayans Canabal, Zoé Robledo Aburto, Luis Armando Melgar Bravo (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Raúl Morón Orozco e Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo sobre la situación financiera de las universidades e instituciones de educación superior en México y su impacto económico, social y político, especialmente en el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para exhortar a la Cámara de Diputados a encontrar una solución presupuestal que resuelva la grave crisis económica por la que atraviesa.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos Raúl Morón Orozco e Iris Vianey Mendoza Mendoza, senadores de la República a la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Senadores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con punto de Acuerdo sobre la situación financiera de las Universidades Públicas e Instituciones de Educación Superior en México y su impacto económico, social y político, especialmente en el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para exhortar a la Cámara de Diputados a encontrar una solución presupuestal que resuelva la grave crisis económica por la que atraviesa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El financiamiento público a la educación superior en México es un tema capital en los debates sobre el futuro de la misma, la cual requiere de un gran impulso para continuar mejorando su calidad y ponerla a nivel competitivo en medio de esta nueva realidad global. Sin embargo, es también urgente la necesidad de ampliar su cobertura y así, hacerla más equitativa, dando la posibilidad de acceso por igual a este nivel educativo a jóvenes de todos los estratos sociales.

Hoy día el tema del financiamiento de la educación superior adquiere relevancia en los debates sobre el futuro no sólo de nuestras universidades, institutos tecnológicos y centros de investigación, sino del país en su conjunto, dado el papel estratégico que éstos tienen en el desarrollo de la sociedad en todos sus campos. En todo el mundo los gobiernos nacionales, los organismos internacionales, las asociaciones de universidades, las instituciones de educación superior y las organizaciones políticas y sociales coinciden en que la educación superior es estratégica para el desarrollo de un país. También coinciden en que esta importancia debe reflejarse en la asignación de un financiamiento suficiente por parte de la sociedad.

El financiamiento a la educación superior, por tanto, no debe ser considerado como un gasto sino como una inversión. La mejor inversión de un país es aquella que se hace en su gente; es la que forma a las personas desde la educación inicial hasta la educación superior; es una inversión económica y social que debe protegerse de los embates de las crisis recurrentes que sufrimos como país. Es reclamo ampliamente compartido por los diversos actores relacionados con el devenir educativo el que las instituciones públicas de educación superior cuenten con los medios económicos y materiales suficientes y con las condiciones internas necesarias para que puedan alcanzar niveles de excelencia en las actividades que realizan. Para ello, es imperativo incrementar significativamente la inversión pública en educación superior, con la participación de los gobiernos federal y estatales, sin descuidar la concurrencia de la inversión privada en este rubro.

Las instituciones de educación superior, en el momento actual, deben hacer frente a grandes desafíos como son: mejorar la calidad y pertinencia de sus programas académicos, diversificar su oferta educativa y flexibilizar sus programas de estudio para dar respuesta a los requerimientos crecientes de la sociedad por una educación de mayor calidad y pertinencia.

Cabe señalar que la ampliación de la cobertura con equidad, la introducción de nuevas prácticas educativas, el impulso a programas de mejoramiento de la calidad y la modernización de la infraestructura, requieren de recursos crecientes. Tan sólo el incremento de la planta de profesores de tiempo completo con una mayor formación académica repercute en una mayor necesidad de mejores bibliotecas, aulas, cubículos, centros de cómputo, talleres y laboratorios para la docencia y la investigación, así como de una plataforma moderna y eficiente de telecomunicaciones. La ampliación de la infraestructura y la modernización del equipo didáctico y científico, por su parte, requiere de recursos para su mantenimiento y actualización.

Si a la necesidad de incrementar el financiamiento para cubrir los rezagos existentes, para la creación de nuevas instituciones públicas de educación superior o para ampliar la capacidad de muchas de las que existen actualmente, se agrega el fenómeno de la tendencia a aumentar los costos unitarios de la educación superior con mayor rapidez que los demás costos unitarios de la economía, se configura un escenario preocupante en el ámbito del financiamiento de este nivel educativo. De lo anterior se desprende la necesidad de que las Universidades públicas y demás Instituciones de Educación Superior públicas, cuenten con los recursos necesarios para su funcionamiento eficaz, a la vez de que exista un nuevo esquema de financiamiento a la educación superior pública que, en un contexto de certidumbre, genere las condiciones propicias para enfrentar los retos anteriormente  mencionados. Esta certidumbre será posible en la medida en que la asignación del subsidio y apoyos adicionales se sustente en criterios, lineamientos y principios conocidos por todas las instituciones y aplicados con transparencia y objetividad (ANUIES).

El nuevo contexto político que hoy vivimos -en el que se da la alternancia de partidos en los gobiernos federal, estatales y municipales, es necesario discutir una reforma hacendaria y educativa que permita destinar más recursos públicos a los gobiernos locales, en el marco del federalismo y la descentralización educativa, con un mínimo de acuerdos en materia de desarrollo sostenido de la educación superior y su financiamiento.

En materia de asignación del presupuesto a las instituciones de educación superior se enfrentan diversos problemas. Dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que presenta el Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, se encuentran las partidas destinadas a las Universidades e Instituciones de Educación Superior y a los programas de financiamiento extraordinario. La SEP presenta su propuesta de presupuesto a la SHCP supuestamente con base en la estimación de las necesidades de financiamiento de los distintos programas bajo su responsabilidad y las metas del Pronae, no obstante la SHCP practica recortes a este preproyecto y lo ajusta en función de los criterios de política económica de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de PEF que presentará al Congreso.

De ahí que el proyecto de presupuesto a educación superior que se presenta a la Cámara de Diputados conlleve recortes, tal como ha sucedido al menos en los tres últimos años. Una vez que el proyecto de PEF se encuentra en el Congreso, se realizan negociaciones entre las fracciones parlamentarias de los partidos políticos, las coordinaciones de las diputaciones de los estados y las comisiones correspondientes (Educación Pública y Servicios Educativos, Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Cuenta Pública), en las cuales intervienen diversos actores gubernamentales, sociales y políticos, así como grupos de interés. Las reasignaciones que se hacen en los distintos ramos y partidas presupuestales son resultado de estas negociaciones, sin que el presupuesto aprobado obedezca a planteamientos racionales desde la perspectiva de las necesidades del desarrollo de las universidades e Instituciones de Educación Superior en su conjunto. Lo que predomina más bien es una negociación que obedece a intereses políticos focalizados y en un marco de estrechez de los recursos.

En los tres años de la presente administración, el Consejo Nacional de la ANUIES consideró que los proyectos de presupuesto que presentó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados contenían insuficientes recursos para las instituciones de educación superior y centros de investigación -tanto en sus gastos de operación y de inversión- y por la disminución de recursos que tenían, para los dos primeros años, las partidas destinadas a diversos programas de apoyo extraordinario, poniendo en riesgo a las instituciones y el cumplimiento de las propias metas del Pronae, en particular las relacionadas con el mejoramiento de la calidad.

En las distintas reuniones se expuso la urgente necesidad de modificar la propuesta presupuestal, para lo cual la ANUIES presentó solicitudes de incrementos. Incluso, el presupuesto de algunas instituciones decrecía en términos nominales, sin ninguna razón o explicación.

La integración de los presupuestos por la SHCP carecía de lógica. Gracias a los acercamientos que la ANUIES y otros actores tuvieron con los miembros de las Comisiones correspondientes del Poder Legislativo, la asignación a educación superior fue mayor en estos tres años a lo originalmente planteado por la Secretaría de Hacienda, aunque insuficiente para cubrir las necesidades mínimas.

Adicionalmente hay que considerar que una vez aprobado el PEF, en el curso del año, y en los términos del decreto correspondiente, la SHCP está facultada para autorizar ampliaciones o recortes, habitualmente ligados al comportamiento de las finanzas públicas, a la recaudación y a los precios del petróleo, que son variables cruciales en los ingresos del gobierno. Para este año, se suma la petición que ha formulado la SHCP de que todas las universidades y centros de investigación reduzcan aún más su gasto de operación, bajo el mismo trato de la burocracia central y sin considerar la especificidad de las tareas educativas, situación que agrava la estrechez financiera para operar.

En síntesis, se puede sostener que en la determinación de los montos que se asignan a la educación superior, no se parte de la identificación de las necesidades presupuestales reales de las Universidades Pública e Instituciones de Educación Superior, ni del sistema en su conjunto de acuerdo con los objetivos y metas que se persiguen en el Pronae. Una visión de largo plazo exige rebasar las estimaciones anuales ante la intensidad y la emergencia de nuevas demandas educativas, los retos del crecimiento con equidad del sistema, el mejoramiento de la calidad en el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y difusión y extensión de la cultura, así como ante la magnitud de los rezagos existentes en prácticamente todas las casas de estudios superiores. Se presupuesta más por inercia histórica que por un cálculo de necesidades de las IES y del sistema. De tomarse éstas en cuenta a la hora de elaborar el PEF, los montos se incrementarían de manera significativa, tal como ha quedado reflejado en algunos ejercicios realizados en la ANUIES.

Por otro lado, como resultado de la presupuestación inercial para el caso de las universidades públicas, y la aplicación de criterios distintos en el pasado, hoy tenemos grandes inconsistencias y disparidades que no encuentran ninguna explicación racional.

En los últimos años se ha planteado  la necesidad de incrementar las aportaciones y buscar alternativas para su financiación. También, se han tomado medidas con el objeto de mejorar los mecanismos de financiamiento público, tratando de superar los esquemas incrementalistas que operaban de forma exclusiva hasta la década de los ochenta, y que además operaban mediante criterios subjetivos de las autoridades educativas poco claros y transparentes, muchas veces resultado de negociaciones entre los rectores y los responsables de definir las asignaciones. Posteriormente, el gobierno definió programas novedosos para la distribución de un financiamiento tratando de considerar criterios que tomen en cuenta los controles de calidad y eficiencia de las IES públicas.

El financiamiento público en la última década, si bien ha mostrado una evolución e incrementos significativos, no deja de mostrar altibajos debido a las crisis  económicas por las que ha atravesado nuestro país.

Estudios sobre la evolución del  financiamiento público a la educación superior nos hablan de tres momentos. (Hernández Pérez Víctor, El financiamiento de la Educación Superior en México). El primero se refiere un periodo de expansión del sistema de educación superior en la década de los setenta, e impulsado fundamentalmente por el gasto público. Este impulso se sustentó en la teoría del capital humano, pues había la convicción de que este nivel educativo contribuiría favorablemente al desarrollo social y económico del país. Durante estos años,  de 1970 a 1985, la matrícula de este nivel pasó de 271 mil a más de un millón de alumnos.

Un segundo periodo lo ubicamos en la década de los ochentas, donde la educación superior padece los efectos de  la crisis económica producto del endeudamiento externo y el descenso de los precios del petróleo, provocando un decremento significativo del gasto público y de los recursos destinados a las IES.

De esta manera, la tasa de crecimiento de la matrícula de educación superior, que años atrás presentaba un crecimiento acelerado, cayó drásticamente al pasar del 100.2% al 22.4% en los últimos 30 años y que actualmente en el nivel nacional representa alrededor de 3 millones de estudiantes, que significa apenas el 8% de la matricula escolar general de todos los niveles educativos.

Y así, el tercer periodo  que inicia a finales de los ochenta hasta la fecha, se caracteriza por la sucesión de reajustes estructurales y crisis económicas que el país atravesó, ocasionando variaciones importantes en los recursos destinados a las Universidades e Instituciones de Educación Superior, además, se manifestaron críticas a la subvención del Estado a este nivel educativo (Banco Mundial 2000 a y b, Psacharopoulus, 1982, 1992, 1994 et al.; cit. por Márquez, 2004).

En estos cuestionamientos se considera que debido a la inequidad existente en el acceso a la educación superior la participación del Estado sólo favorece a los estratos de más altos ingresos, que son los que cuentan con estudios de este nivel educativo, según estos argumentos, esta subvención tiene efectos negativos que favorecen la desigualdad en la distribución del ingreso nacional. De esta manera, las recomendaciones de esta perspectiva sugerían al Estado disminuir el gasto en educación superior y aumentarlo en los niveles básicos, a los que acceden los sectores más pobres. Así, aun cuando las últimas administraciones federales incluyendo la actual, han manejado en sus planes de desarrollo la prioridad de la educación superior, en la práctica las políticas de financiamiento han favorecido al nivel básico. Por último, un indicador relevante respecto al gasto público en educación superior es el gasto por alumno. Tomando como base el año de 1990, el gasto público por alumno (federal), presentó una tendencia ascendente hasta alcanzar en 1997 un valor de 4.7 veces a la inversión por alumno en 1990. De 1998 a 2004 se incrementó esta inversión en 1.6 veces. Así, en el año 2004 la inversión por alumno de educación superior fue de 43.8 miles de pesos, es decir, 9.5 veces la misma inversión en el año de 1990, pero al año 2012, la media nacional del gasto promedio por alumno creció a 50 mil pesos por alumno.

En México la inversión pública en educación superior con respecto al PIB comparada con la realizada por otros países al año 2012, está por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE cuyo valor es del 1.0% en inversión pública y 0.32% de inversión privada. En países desarrollados como Estados Unidos la inversión pública alcanzó un 0.92%, Canadá alcanzó el 1.6% y Suecia el 1.48%

En este sentido, la educación superior de nuestro país  se muestra en desventaja con otras economías. México se encuentra ubicado en el lugar treinta de los países miembros de la OCDE en cuanto al gasto por alumno en educación superior, sólo arriba de los tres últimos lugares en la lista de este grupo de países que son: Turquía, Grecia y Polonia. En el caso de los Estados Unidos, que ocupa el primer lugar en este indicador, gasta 4.34 veces el gasto por alumno que hace México. (OCDE). Según datos de la misma fuente México con respecto a otros países latinoamericanos también se encuentra en desventaja. Como ejemplo, los casos de Brasil y Chile, que invierten en promedio 11,946 y 7,483 dólares  por alumno respectivamente (OCDE, 2011), mientras que México invierte 3,571 dólares por alumno aproximadamente.

Analizando el subsidio federal a la educación superior para el año 2012, en relación con otros aspectos financieros, tenemos que representó el 3.6% del gasto programable del sector público y el 13.4% invertido con respecto al gasto total de la SEP. El subsidio total asignado a las Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas para el año 2012 fue al 0.76% del PIB; compuesto con aportaciones de 0.60% del PIB de recursos federales y 0.16% provenientes de los gobiernos estatales.

Por otra parte, respecto a la distribución del subsidio ordinario por subsistema, los que mayores recursos reciben como subsidio ordinario son las Universidades Públicas Federales (UPF). En el año 2012 las universidades federales captaron por este concepto  cerca del 60%, mientras que a las universidades estatales les fueron asignados sólo el 35% y el resto de los subsistemas recibieron el 5% del subsidio ordinario. El subsidio ordinario que reciben las universidades públicas estatales está compuesto por un 69% federal y 31% de subsidio que aportan los gobiernos de los estados, lo más lamentable es que el crecimiento real del subsidio ordinario no ha sufrido gran variación, de 1994 a la fecha ha sido apenas de un 40.0%

En promedio las universidades públicas estatales reciben un 69% de subsidio de origen federal y son quince universidades que se ubican debajo de éste valor, entre las que se encuentra la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien a pesar de atender alrededor de 57,000 alumnos, que representa el 80% de la oferta educativa de Michoacán y de estar colocada entre las 10 mejores universidades del país por su calidad de posgrados, certificaciones de licenciaturas y producción académica en investigación científica y tecnológica, de contribuir vía el ejercicio de su gasto en educación e investigación, a generar el 15% del PIB de la ciudad del Morelia y el 4% del Estado de Michoacán, cuenta con un déficit proyectado de $317 Millones para fin del año en curso.

La Universidad Michoacana, logró llegar al mes octubre sin detener su operatividad, gracias a los anticipos de subsidio federal otorgados por la SEP, agotándose dicho subsidio, por lo que para el 30 de septiembre de 2012 se llegó a un acuerdo con la Oficialía Mayor de la SEP, a fin de que se otorgara a esta institución de educación superior, un Presupuesto Extraordinario Federal de $200 millones, que se destinarían al pago parcial de nómina, prestaciones y aguinaldo en los meses de noviembre y diciembre del presente ejercicio.

A pesar de ello, el 2 de noviembre del año en curso, el gobernador del estado de Michoacán informó a la Rectoría de la UMSNH, que todos los apoyos acordados con la Oficialía Mayor de la SEP, se suspenden y que la institución no recibirá recursos hasta que se realice el cambio de Poder Ejecutivo Federal, dejando descubierta la nómina de noviembre y diciembre, sin que hasta la fecha, el gobierno federal o el gobierno estatal hubieran atendido tan urgente y necesaria situación.

Es el caso que al día 15 de noviembre, la UMSNH no contó con recursos suficientes para cubrir el total de los servicios mencionados, disponiendo de recursos etiquetados para no detener la operación de la Institución, evitando también un conflicto laboral en esta Casa de Estudios y social en el Estado. Sin embargo, es incuestionable que para que la Universidad Michoacana y otras Universidades Estatales del país, puedan tener viabilidad financiera a un mediano y largo plazo y estar en condiciones más favorables para atender sus problemas estructurales, es urgente y necesario incrementar su subsidio promedio por alumno que actualmente es en el caso de la Michoacana de $38 mil, muy por debajo de la media nacional que es de $50 mil y que de llegar este incremento a otorgarse por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos del 2013, al igual que el incremento de otros fondos y subsidios para la educación superior, podría representar para la Universidad Michoacana, el incremento requerido por el orden de los  $922,372,003.43 millones de pesos respecto al presupuesto anual del 2012, al pasar de los $1,833,081,193.00 a $2,755,453,196.43 millones de pesos, que resultan indispensables para resolver la grave crisis económica por la que atraviesa.

Lo cierto es que en el caso de Michoacán, de no atenderse urgentemente esta problemática financiera, se complicaría poder sostener el nivel académico en postgrado e investigación que han posicionado a la UMSNH entre las 10 mejores del país, no poder consolidar la descentralización de la cobertura al interior del estado, no poder garantizar el pago de prestaciones laborales de los trabajadores, así como de pensiones y jubilaciones, que dificultaría gravemente el clima de estabilidad política, social y económica que ahora se tiene, con altos riesgos de ingobernabilidad por estallidos colectivo a través de tres vertientes: a) Movilizaciones de estudiantes, los cuales tienen nexos estrechos con los movimientos, catalogados como “revolucionarios”, de la Normal de Tiripetío, Cherán y Arteaga, b) Movilizaciones del Sindicato de Empleados y Profesores que tiene nexos con otras organizaciones sindicales y sociales y c) Una situación política y financiera inestable para el Estado, que puede llegar a impactar negativamente al PIB de Morelia y el del Estado.

Bajo este contexto, similar al que actualmente se vive en el resto de las Universidades e Instituciones de Educación Superior del país, es indudable que el siglo XXI muestra significativos retos que generarán presión sobre la educación superior, es decir, sobre la necesidad de generar mayor infraestructura que atienda la demanda creciente que se proyecta para este nivel educativo. Estos retos son: el cambio demográfico del nuevo siglo, el proceso de urbanización del país y el mejoramiento de los indicadores de educación del país.  Uno de los retos fundamentales a enfrentar en los próximos años será por tanto, el de desarrollar la infraestructura necesaria para atender a la creciente población escolar en este el nivel y ello obliga necesariamente al incremento sustancial del financiamiento público, mediante subsidios ordinarios reales superiores a los obtenidos hasta ahora.

México requiere con urgencia una gran reforma educativa, en todos los niveles, con una perspectiva de mediano y largo plazos. Una que brinde calidad a la enseñanza básica, que permita incrementar la cobertura en instrucción media superior y superior, que fortalezca la investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación, pero también el conocimiento que generan las ciencias sociales y las humanidades.

México, como lo ha expresado el propio rector de la UNAM, doctor José Narro, requiere más escuelas, muchas más, porque constituyen el principal antídoto contra las conductas antisociales. “Tenemos que volver a dar a la enseñanza la importancia histórica que ha tenido y, sobre todo, ofrecer opciones a los jóvenes”. Según palabras del propio Dr. Narro, el sector educativo ha sido el camino para que México progrese y así debe continuar, en momentos en los que en la historia de la humanidad, el conocimiento ha adquirido importancia extraordinaria para el avance de los sistemas productivos. Particularmente, ahora es válido porque se enfrenta una crisis de valores extendida.

“Es evidente la urgencia de instrumentar en México una gran reforma del sistema educativo, integral, que abarque desde la primaria hasta el posgrado. Sólo puede implementarse desde el Estado y se requiere una política pública con objetivos y metas claras, diseñada para el mediano y largo plazos, pero también la participación de la sociedad. La educación no es un asunto sólo del gobierno”. (Narro, 2012). De la misma manera que se han diseñado y aplicado con destreza —siempre con la disposición de los fondos públicos necesarios— programas para el rescate al sistema bancario, a empresas constructoras de carreteras, a ingenios azucareros, o a las cuotas obrero-patronales en la seguridad social, “así tenemos la obligación de rescatar a los jóvenes mexicanos de la situación en que se encuentran”. A México, añadió Narro Robles, le urge un enfoque que permita entender la compleja realidad de ese segmento poblacional para construir un futuro favorable, no sólo para ellos, sino para la sociedad en su conjunto. Hace falta una nueva generación de políticas públicas que les propicie situaciones favorables; que tengan en cuenta las desigualdades, las diferencias económicas, sociales, culturales e, incluso, geográficas. La educación superior requiere apoyo e impulso; necesita una política de Estado, “sobre todo en un país como el nuestro, donde el desarrollo del conocimiento se realiza en gran medida en las instituciones públicas de educación superior”. (Narro, 2012).

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 24 por ciento de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años de edad, es decir, más de siete millones 200 mil, no estudia ni trabaja. Para el caso de los que tienen entre 25 y 29 años, la tasa es más elevada, cercana al 30 por ciento. Por eso compartimos con el Rector de la Máxima Casa de Estudios, la idea de que “El hecho de tener a jóvenes que no pueden estudiar y tampoco trabajar, es una tragedia nacional”.

Ajustar el déficit mediante la reducción de las partidas sociales, sobre todo en educación superior, es un grave error, pues propicia mayores gastos en desempleo y una espiral de caídas del Producto Interno Bruto (PIB) y del consumo. Con esta medida se reducen los ingresos del Estado, pero no la deuda, ni el déficit de las Universidades. (Enrique Casais, académico de la Universidad Complutense de Madrid).

Por su parte, Óscar Ugarteche Galarza, investigador de la UNAM, ha señalado al respecto que la falta de financiamiento a las políticas sociales, como la educación superior, se debe a un problema sistémico y no sólo financiero, pues ha puesto a debate los mecanismos de integración diseñados en los años 80, que incluyen no sólo el movimiento de bienes y personas sino el de capitales, así como la desregulación homogénea en todos los aspectos del mercado de capitales. La propuesta de salida a esta situación, según lo ha dicho, no puede ser la misma que se empleó en Latinoamérica: desregular, privatizar la educación, reducir salarios, reducir el financiamiento de la educación pública, internacionalizar la producción y basar el crecimiento en las exportaciones.

Así, es que la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, como la instancia que decide sobre el subsidio para cada una de las universidades estatales cuando aprueba el presupuesto nacional, debe considerar un incremento considerable de los subsidios ordinarios y extraordinarios que se deberán otorgar a las universidades para los próximos tres años, por lo menos.

Como en el caso de otros países, como Argentina y Brasil, donde se ha impulsado una importante transformación económica de sus universidades públicas, caracterizada por una ampliación de las  fuentes de financiamiento, deben proyectarse para los próximos años, cambios estructurales y de fondo en la forma de asignar el presupuesto público a las instituciones de educación superior, con el fin de buscar mejorar la eficiencia con que se emplean los recursos y orientar los aportes en base a indicadores que consideren el desempeño académico, y que además permitan controlar la forma en que se administran los recursos. De esta manera, la Ley para la Planeación de la Educación Superior debe disponer que el presupuesto se distribuya entre ellas, teniendo en cuenta indicadores de eficiencia, calidad educativa y equidad social.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del pleno de la Cámara de Senadores con carácter de urgente resolución, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y al Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que el presupuesto destinado para el Financiamiento de Educación Superior y la Investigación Científica y Tecnológica para el año 2013, obedezca a planteamientos racionales desde la perspectiva de las necesidades del desarrollo de las universidades e Instituciones de Educación Superior en su conjunto, bajo criterios de mayor equidad social, eficiencia, calidad, desarrollo educativo, científico y tecnológico.

Segundo. Se solicita respetuosamente al pleno del Congreso de la Unión, que dentro de los incrementos presupuestales para el financiamiento de la Educación Superior, se considere un incremento real de los subsidios ordinarios y extraordinarios para las Universidades Estatales, especialmente para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que urge del apoyo necesario para estar en condiciones de cubrir a sus trabajadores docentes y administrativos los salarios y demás prestaciones correspondientes al año 2012, por el orden de los  $200 Millones de pesos, previamente acordado con la Federación.

Tercero. Asimismo se le exhorta para que en el presupuesto del año 2013 asignado para la UMSNH y los sucesivos, se le autorice un incremento del subsidio por alumno por año, equiparable al monto de la media nacional que es de 50 mil pesos por alumno y otros subsidios, con la finalidad de pasar de los $1,833,081,193.00 a $2,755,453,196.43 millones de pesos, que resultan indispensables para resolver la grave crisis económica por la que atraviesa.

Presentado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 29 de noviembre de 2012.— Senador Raúl Morón Orozco (rúbrica), senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en la sesión del 31 de octubre de 2012, el senador Roberto Albores Gleason presentó propuesta con punto de acuerdo para que se decrete 2013 como Año de Belisario Domínguez.

La Mesa Directiva dictó turno a la Cámara de Diputados al resolutivo octavo del referido punto de acuerdo, que a la letra dice:

Octavo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y etiquetar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 para que el gobierno federal y el gobierno estatal realicen una magna obra en Comitán de Domínguez de carácter artístico-cultural que contemple auditorio, museo, teatro, áreas recreativas, entre otros, denominada Centro Cultural Belisario Domínguez.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo, para que se declare 2013 como Año de Belisario Domínguez, a propósito del 150 aniversario de su natalicio y el centenario de su fallecimiento y se emprendan diversas acciones conmemorativas por el Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo federal, así como de las entidades federativas y los municipios para recordar a este gran prócer de la patria, a cargo del senador Roberto Armando Albores Gleason, presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, y en nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Roberto Armando Albores Gleason, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8o., numeral I, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo para declarar 2013 como Año de Belisario Domínguez Palencia, a propósito del 150 aniversario de su natalicio y el centenario de su fallecimiento y se emprendan diversas acciones conmemorativas por el Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo federal, así como de las entidades federativas y municipios para recordar a este gran prócer de la patria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Cito al trágico héroe:

La representación Nacional debe deponer de la Presidencia de la República a Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan con mucha razón, todos nuestros hermanos alzados en armas y de consiguiente por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos.

Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa, porque Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz que asesina sin vacilación ni escrúpulo a todo aquél que le sirve de obstáculo: ¡No importa, señores! La patria os exige que cumpláis con vuestro deber aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. Si en vuestra ansiedad de volver a ver reinar la paz en la República os habéis equivocado, habéis creído las palabras falaces de un hombre que os ofreció pacificar a la nación en dos meses, y le habéis nombrado presidente de la República, hoy que veis claramente que este hombre es un impostor inepto y malvado, que lleva a la patria con toda velocidad hacia la ruina. ¿Dejaréis por temor a la muerte que continúe en el poder?

Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta: ¿qué se diría de la tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso nombrara piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco?

Vuestro deber es imprescindible, señores, y la patria espera de vosotros que sabréis cumplirla.

Cumpliendo ese primer deber, será fácil a la representación nacional cumplir los otros que de él se derivan, solicitándose en seguida de todos los jefes revolucionarios que cese toda hostilidad y nombren sus delegados para que de común acuerdo elijan al presidente que deba convocar a elecciones presidenciales y cuidar que éstas se efectúen con toda legalidad.

El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional mexicano, y la patria espera que la honréis ante el mundo evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y asesino.

Belisario Domínguez Palencia, 23 de septiembre de 1913

Amigas y amigos senadores, estas palabras cambiaron a nuestro país. Belisario Domínguez Palencia con un valor extremo y determinación férrea no vaciló en denunciar la opresión y el autoritarismo que se vivía en México después de la “decena trágica” cuyo desenlace fueron los arteros asesinatos del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez.

Las palabras y acciones de Belisario Domínguez, que le costaron la vida, fueron parteaguas e inicio de la concatenación del derrocamiento de Victoriano Huerta. Su aportación es de invaluables proporciones tanto históricas como morales. Es denuncia valiente pero también eje de acción. Es terrible diagnóstico pero también prospección de lucha en un país habido de libertades y de democracia.

La pregunta es obligada amigas y amigos senadores: ¿qué habría pasado en México sin la intervención valiente de Belisario Domínguez contra el gobierno huertista y el dictador? Mientras otros callaron, el senador chiapaneco dejaba muestras de que la nación es mucho más que nosotros como individuos y que los sacrificios –el mayor que es la vida– eran indispensables en tiempos de sosiego e incertidumbre.

Al mártir trágico, a su inteligencia, a su calidad humana, a sus valores incuestionables de libertad, de democracia y de bienestar social, México y los mexicanos debemos honrarlo permanentemente.

Sin duda, don Belisario Domínguez es referente del país de la libertad, de la democracia, del equilibrio de poderes y de la justicia social que día a día los mexicanos construimos. Su vida y sus acciones deben estar presentes en el colectivo nacional hoy y siempre.

En este sentido, 2013 será un año de profundo sentido histórico ya que se conmemorará el 150 aniversario del natalicio y el centenario del fallecimiento de don Belisario Domínguez.

El Senado de la República está obligado a rendir el máximo tributo a este distinguido mexicano y prócer chiapaneco, que nació el 25 de abril de 1863 en el otrora municipio de Comitán de las Flores, Chiapas –hoy llamado oficialmente Comitán de Domínguez, en su honor–, y falleció en la Ciudad de México el 7 de octubre de 1913.

Desde el Senado Belisario Domínguez alzó la voz y cambio para bien la historia de este país, formando sobre sus cenizas las instituciones constitucionales que cimientan hoy día el Estado mexicano.

A lo largo del tiempo, el Senado mexicano ha reconocido a este magnífico ser humano. No es casualidad que en 1953 el Senado de la República haya decretado la orden de la Medalla de Honor Belisario Domínguez para premiar a los mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de la patria o de la humanidad. No es casualidad que el instituto de investigaciones del Senado lleve el nombre del prócer chiapaneco.

Por lo expuesto, esta legislatura en los años por venir está obligada a liderar las acciones de reconocimiento a don Belisario Domínguez, y más cuando coincidiremos el próximo año con el centenario de su trágica muerte.

En otras palabras, es tiempo de Belisario Domínguez como referente de democracia y libertad. Es tiempo de destacar, reconocer y celebrar el gran legado que este talentoso médico y político chiapaneco, le heredó a México. Hablar de la vida de don Belisario Domínguez, en sus múltiples facetas, es aprender y conocer a Chiapas, a México y a nosotros mismos.

No es motivo de este punto de acuerdo enumerar su vida y sus circunstancias. Eso sería pretensioso. Sin embargo, lo es reconocer en Belisario Domínguez uno de los más ilustres mexicanos y distinguidos chiapanecos del siglo XX.

Tanto como médico de profesión, militante del Partido Liberal, maderista, presidente municipal de Comitán, periodista de El Vate, defensor del Plan de Guadalupe y Senador de la República, entre otras facetas, encontramos en don Belisario Domínguez a un hombre capaz, valiente, congruente, liberal, altruista y humanitario. Nunca perdió la sensibilidad, ni la solidaridad hacia sus pares.

Vivió conforme a la sentencia del escritor romano, Terencio: “Nada humano me es ajeno”.

Hoy, en esta nueva etapa de la vida política y democrática del país, donde la libertad, la tolerancia, y la igualdad de oportunidades son valores fundamentales de una democracia eficaz, la vida y obra del senador Belisario Domínguez adquiere especial relevancia.

Por lo expuesto, con la intención de que todos los mexicanos reconozcamos las altas virtudes cívicas que demostró el doctor Belisario Domínguez Palencia y por tratarse en 2013 del 150 aniversario de su natalicio y el centenario de su aniversario luctuoso, acudo a esta asamblea en nombre de mis compañeras y compañeros senadores del Grupo Parlamentario del PRI –con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8o., numeral I, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República– para presentar la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al Senado de la República que declare 2013 como Año de Belisario Domínguez y se exhorta a los demás poderes federales y entidades federativas declaren 2013 como Año de Belisario Domínguez.

Segundo. Se solicita al Banco de México expedir una moneda conmemorativa del 150 aniversario del natalicio y 100 aniversario luctuoso del doctor Belisario Domínguez Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Anexo el decreto que establece las características de la moneda.

Tercero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez coordine todos los trabajos y actividades del Congreso de la Unión tendentes a conmemorar las celebraciones alusivas a don Belisario Domínguez, que tendrán lugar el próximo año.

Cuarto. Se exhorta a los Poderes de la Unión, así como a los gobiernos de los estados y municipios, y congresos locales, lleven a cabo acciones conmemorativas a la vida y obra de don Belisario Domínguez, y a que en todas las plataformas de comunicación y documentos oficiales se inscriba la leyenda “2013, Año de Belisario Domínguez”.

Quinto. Se exhorta a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a que, por conducto de sus respectivas Juntas de Coordinación Política, coordinaciones de comunicación social y del Canal del Congreso, se difundan las acciones sobre el 150 aniversario del natalicio y el centenario del aniversario luctuoso del doctor Belisario Domínguez Palencia durante 2013. En específico se exhorta a

I. El Senado de la República y la Cámara de Diputados difundan en sus páginas de Internet, redes sociales y demás medios electrónicos –radio y televisión– e impresos las actividades conmemorativas respecto a Belisario Domínguez.

II. El Senado de la República, por conducto de la Comisión Medalla Belisario Domínguez, creará una página de Internet alusiva a la vida y obra de Belisario Domínguez, que difundirá las actividades de la Cámara alta del Congreso de la Unión y de los demás poderes, y niveles de gobierno, sobre las actividades conmemorativas de este prócer de la patria.

III. El Senado de la República diseñará y difundirá cápsulas informativas y promocionales sobre la vida y obra del doctor Belisario Domínguez Palencia, así como de las actividades conmemorativas que lleven a cabo el Senado de la República y la Cámara de Diputados.

Sexto. Se solicita al Senado de la República celebrar la sesión solemne de la entrega de la medalla de honor Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República, correspondiente a 2013, en Comitán de Domínguez, Chiapas, en virtud de que en ese lugar nació el ilustre chiapaneco; y no habría mejor manera de honrarlo que entregando esta máxima distinción en el lugar que lo vio nacer, crecer y luchar en defensa de los derechos de sus compatriotas.

Séptimo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República instalar el parque Senador Belisario Domínguez Palencia, en el espacio público exterior a la nueva sede del Senado, sobre Paseo de la Reforma y avenida Insurgentes. Asimismo, el Senado deberá colocar en dicho parque una estatua de Belisario Domínguez y develar una placa conmemorativa del 150 aniversario del natalicio y 100 aniversario luctuoso del gran prócer chiapaneco.

Octavo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y etiquetar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 para que el gobierno federal y el estatal realicen una magna obra en Comitán de Domínguez de carácter artístico-cultural que considere auditorio, museo, teatro y áreas recreativas, entre otras, denominada “Centro Cultural Belisario Domínguez”.

Noveno. Se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez que organicen el Concurso Nacional de Oratoria Belisario Domínguez Palencia, convocando a los adolescentes y jóvenes de las escuelas secundarias y preparatorias del sistema educativo nacional, premiando a los estudiantes que a través de la palabra resalten lo valores de libertad y democracia a juicio de un jurado de alto nivel.

Décimo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que instruya a todas las escuelas públicas del sistema educativo nacional, en los niveles básico, medio superior y superior, y exhorte a las instituciones de educación privada del mismo nivel educativo para que rotulen en alguno de sus muros exteriores alguna cita de los discursos que pronunció el senador Belisario Domínguez Palencia en favor de la verdad, la libertad y la justicia social.

Undécimo. Se solicita al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en coordinación con la Comisión Medalla Belisario Domínguez, difunda la vida y obra del senador Belisario Domínguez Palencia –a través de libros, revistas o medios electrónicos–, y lleve a cabo foros abiertos a la ciudadanía donde se den a conocer el legado, los valores democráticos y la trascendencia de este prócer de la democracia mexicana.

Duodécimo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, otorgue la beca Belisario Domínguez, dirigida a estudiantes talentosos del nivel medio superior y superior, para realizar intercambios y estancias académicas en el extranjero y adquieran conocimientos y experiencias académicas que fortalezcan la visión, criterio e intelecto de los jóvenes mexicanos, como lo hizo el doctor Belisario Domínguez Palencia cuando viajó a París, a fin de proseguir sus estudios académicos y culminó su doctorado.

Decimotercero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, actualice y fortalezca el contenido de los textos dirigidos a los estudiantes de educación primaria y secundaria, en el sentido de ampliar la vida y obra de don Belisario Domínguez Palencia.

Decimocuarto. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a autorizar la emisión extraordinaria de estampillas postales conmemorativas y especiales correspondientes a 2013 con motivo de la celebración del Año de Belisario Domínguez Palencia, y a que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Correos de México difundan y distribuyan dichas estampillas en todo el territorio nacional.

Decimoquinto. Se exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a emitir durante el presente año y el próximo billetes de lotería alusivos a Belisario Domínguez Palencia. Los que se impriman en 2013 deberán contener la leyenda “2013, Año de Belisario Domínguez Palencia”.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 30 de octubre de 2012.— Senador Roberto Armando Albores Gleason (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se aprueben recursos públicos federales para el proyecto de ecoturismo y salud El Vigía.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual que se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La que suscribe, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se aprueben recursos públicos federales para el proyecto de ecoturismo y salud El Vigía, al tenor de las siguientes

Antecedentes

1. En el marco del análisis, la discusión y la modificación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, los integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobaron en lo general con 449 votos el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, por un monto de 2 billones 569 mil 450 millones 200 mil pesos, de los cuales se aprobó una ampliación presupuestaria por 7 millones 620 mil 868 pesos para el proyecto de ecoturismo y salud Mujeres Volcán de Colima,presupuestado en el anexo 27, “Ampliación al sector turismo. Fondo para Desarrollo de Proyectos Turísticos”.

2. Desafortunadamente, por negligencia de las autoridades federales de la Secretaría de Turismo durante la gestión del licenciado Rodolfo Elizondo Torres (1 de diciembre de 2006 a 10 de marzo de 2010) no se concretaron la asignación y distribución de dichos recursos públicos en pro de los habitantes de Villa de Álvarez, Colima.

Consideraciones

1. Que el objetivo del proyecto de ecoturismo y salud El Vigía consiste en elevar el nivel vida de la población que reside en el Villa de Álvarez, Colima, en razón que de la población total –119 mil 956 personas–, 30 mil 905 habitantes viven en pobreza, cifra mayor en 20 mil 599 personas que la registrada en Comala –10 mil 306 personas.

2. Que con la asignación de recursos públicos federales al proyecto de ecoturismo y salud El Vigía, la población que vive con al menos una carencia social en el Villa de Álvarez se reduzca debido a que se tienen registradas 69 mil 812 personas, cifra 9.8 y 10.4 veces mayor que la observada en Ixtlahuacán y Minatitlán.

3. Que el proyecto de ecoturismo y salud El Vigía permitirá elevar el nivel de bienestar de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar, pues se tienen registradas en este concepto 38 mil 589 personas, cifra superior en 24 mil 354 y 26 mil 269 personas respecto a las registradas en Armería –14 mil 235 personas– y Cuauhtémoc –12 mil 320.

4. Que con la aprobación de recursos públicos federales al proyecto de ecoturismo y salud El Vigía podrá incrementarse el personal ocupado total debido a que en Villa de Álvarez se tienen registradas 13 mil 900 personas; es decir, apenas 29.3 por ciento de las registradas en Comala, 47 mil 452 personas.

5. Que con el proyecto de ecoturismo y salud El Vigía se logrará reducir la población vulnerable por ingresos en Villa de Álvarez, en razón de que existen 7 mil 684 personas en esa condición, cifra superior en 4 mil 200 personas a las que se tienen contabilizadas en Tecomán, 3 mil 484 personas.

6. Finalmente, con el proyecto de ecoturismo y salud El Vigía se fortalecerán las políticas públicas del gobierno de Colima con Villa de Álvarez para incrementar la superficie reforestada, pues a escala estatal se observó un incremento de 299.4 por ciento de la superficie reforestada de 2010 a 2011: en 2010 se reforestaron 1 mil 424 hectáreas y para 2011 ascendieron a 4 mil 264 hectáreas.

Por todo lo expuesto y con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el ejercicio de sus facultades conferidas en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el marco del análisis, la discusión, la aprobación y la modificación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, se autoricen y etiqueten recursos públicos federales al proyecto de ecoturismo y salud El Vigía, con el objetivo de detonar e impulsar el crecimiento económico con base en la actividad turística al Villa de Álvarez, Colima.

Notas:

1 Lunes 12 de noviembre de 2007, http://www.diputados.gob.mx/Votaciones.htm

2 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, página 114.

Fuente estadística

1 Coneval. Medición de pobreza 2010 por municipio, http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval./rw/pages/medicion/medicion_pobreza_munici al2010.es.do

2 Inegi. Estadísticas sobre la superficie reforestada por entidad federativa, 2001 a 2011, http://www.ineai.org.mx/sistemas/sisept/default. aspx?t=mamb07&s=est&c=21517

3 Inegi. Zonas metropolitanas de los Estados Unidos Mexicanos. Censos Económicos de 2009.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de diciembre de 2012.— Senadora Mely Romero Celis (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La relativa a la Ley del IVA se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Judicial de la Federación.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 311, fracción XV de la Ley de Concursos Mercantiles, así como de la decisión tomada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 698/2000, notificada a este órgano por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEP/PLE/003/8422/2000 de fecha 25 de octubre de 2000, presento a esta honorable asamblea, en mi carácter de directora general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, el informe semestral de labores ordenado por dichas disposiciones.

Atentamente

México, DF, 4 de diciembre de 2012.— Licenciada Gricelda Nieblas Aldana (rúbrica), directora general.»

«Poder Judicial de la Federación

Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles

Informe correspondiente al semestre del 1 de junio al 15 de noviembre de 2012

Señoras ministras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; señores consejeros de la Judicatura Federal;

Vocales y colaboradores del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles;

Distinguidos invitados; Señoras y señores:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 311, fracción XV, de la Ley de Concursos Mercantiles y a la resolución del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adoptada en el expediente 698/2000, el 25 de septiembre de 2000, con el carácter de directora general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (“Instituto”) y en representación de su Junta Directiva, informo sobre el desempeño de sus funciones durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 15 de noviembre de 2012.

Introducción

El concurso mercantil es un procedimiento concebido por el legislador para resolver una litis de alta complejidad, dada la multiplicidad de pretensiones que involucra. Su propósito es atender la insolvencia empresarial, no sólo para proteger derechos individuales, sino también para salvaguardar los derechos sociales que se encuentran involucrados en esta problemática.

A pesar de que el procedimiento concursal está diseñado para ese propósito, observamos que las empresas con problemas financieros, no acuden oportunamente a exponer ante la autoridad jurisdiccional su estado de iliquidez y de insolvencia. Quienes han acudido al concurso mercantil en una etapa temprana, se han beneficiado de las bondades del procedimiento, porque les ha permitido conservar su fuente de negocio.

En este semestre, se registró una tendencia positiva respecto de la conservación de las empresas a través de la reestructuración de pasivos, pactada entre comerciantes concursados y sus acreedores, presentando el mayor número de convenios en relación al promedio histórico observado durante la vigencia de la Ley de Concursos Mercantiles.

En la intelección de que el Instituto es fundamentalmente auxiliar de los órganos jurisdiccionales, en quienes recae la responsabilidad de fungir como rectores de los procedimientos de concurso mercantil, unidos en la búsqueda de la mejor solución económica y socialmente posible, ejercemos nuestras atribuciones bajo los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia y profesionalismo.

Como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto ha ejercido la responsabilidad de supervisar que la labor de los especialistas aporte, desde el punto de vista técnico, los conocimientos que los jueces de distrito requieren para la debida tramitación y óptima solución de los procedimientos concursales, lo cual redunda en el fortalecimiento del desarrollo económico nacional.

Sin embargo, estamos conscientes de que se requiere explorar nuevas fórmulas, que no sólo conduzcan a mantener el nivel de calidad que requieren los servicios especializados que el Instituto presta, sino también que propicien mayor atención de otras funciones que nos han sido encomendadas por la Ley de Concursos Mercantiles.

Inmersos en esa visión, durante el semestre, tuvimos resultados importantes en materia de asesoramiento y consultoría a los especialistas para el adecuado ejercicio de sus funciones y a los órganos jurisdiccionales para coadyuvar en su labor de rectoría; así como avances significativos en modernización funcional y administrativa, al incorporar progresivamente mejores tecnologías de la información a nuestros procesos y, en particular, a las que se destinan al servicio de los especialistas.

Las actividades y avances que se reportan son producto del esfuerzo de visitadores, conciliadores y síndicos, y de los servidores públicos que conforman este órgano. Para todos ellos nuestro reconocimiento por su dedicación.

En el marco expuesto, informo a los honorables plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, sobre el desempeño de las funciones del Instituto en el segundo semestre de 2012, y al efecto, remitimos copia al Congreso de la Unión.

1. El Instituto

1.1. Plan de trabajo

Hemos desarrollado nuestras labores de conformidad con el Plan de Trabajo 2011-2014, que prevé diversas líneas de acción tendientes, principalmente, a la modernización administrativa d~ los principales procesos, a través de su automatización. Se cumplió en tiempo y forma con el diseño de los proyectos operativos previstos en el Programa Anual de Trabajo 2012, a fin de cumplir los objetivos delimitados en los proyectos estratégicos que programamos.

El presupuesto asignado se administra por la Dirección General, de acuerdo con las instrucciones y normatividad aplicables.

1.2. Estructura administrativa

La Junta Directiva del Instituto está apoyada por una estructura administrativa de 28 servidores públicos, de los cuales 8 son técnicos operativos, es decir, únicamente 20 mandos medios y superiores para la realización de funciones sustantivas. El cúmulo de actividades a cargo de este órgano auxiliar, hace necesario reforzar esos niveles, para el óptimo ejercicio de las atribuciones previstas por la Ley de Concursos Mercantiles, así como el diseño y desarrollo de nuevos proyectos.

1.3 Junta directiva

Realizó 20 sesiones en las que se analizaron, discutieron y aprobaron, entre otros, temas relativos a designaciones, honorarios, procedimientos de sanción administrativa, actualización y capacitación de los especialistas, consultoría requerida por los órganos jurisdiccionales y otras autoridades, que en total produjeron 109 acuerdos.

1.4. Transparencia y acceso a la información pública

En términos del artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mantuvimos en el Portal de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, a disposición de la sociedad, la información pública relevante de este Instituto.

En cumplimiento al artículo 62 constitucional y la normativa aplicable, el Instituto determinó e informó a la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, aquellos asuntos que deben permanecer con el carácter de reservados temporalmente. Cuando así lo requirió la citada Unidad, nos pronunciamos sobre la naturaleza de la información que los particulares solicitaron; en una ocasión se negó el acceso a la información requerida por existir un claro impedimento legal, en lo que coincidió el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al confirmar nuestra clasificación.

2. Sistema de especialistas

2.1. Registro de especialistas de concursos mercantiles

En el periodo que se informa, 3 aspirantes presentaron solicitudes de inscripción, que se encuentran en proceso de evaluación.

2.2. Estado del registro

La plantilla está integrada por 136 especialistas, con residencia en 27 entidades federativas. Existen 269 registros de especialistas activos, de los cuales 76 corresponden a visitadores, 101 a conciliadores y 92 a síndico. Durante este semestre se registraron 3 bajas.

Se concluyó la etapa de construcción del Proyecto Operativo “Automatización en la generación de los formatos que integran el sistema documental del Registro de especialistas”, que tiene el propósito de fortalecer el citado Registro.

2.3. Designaciones

Los jueces de distrito ordenaron al Instituto la designación de especialistas en 35 concursos mercantiles, para el mismo número de empresas. Como se ha informado en semestres pasados, dado que en relación con varios de ellos, los nombrados presentaron excusa en términos de ley o fue necesaria la designación de otro especialista dentro de un mismo asunto, por cambio de etapa, se efectuaron 48 designaciones, a través del procedimiento previamente establecido y reglamentado.

2.4. Apoyo, consultoría y supervisión de su actividad

2.4.1. Apoyo y consultoría

El Instituto dio asesoramiento en aspectos técnicos y jurídicos a los especialistas o a sus auxiliares en 752 ocasiones.

2.4.2. Supervisión

Ejercimos puntualmente la supervisión de los especialistas y, cuando fue necesario, se iniciaron en contra de éstos, los procedimientos de sanción administrativa que resultaron conducentes a fin de garantizar a la sociedad, el desempeño correcto de las funciones que ejercen en los concursos mercantiles. En este semestre se iniciaron 8 procedimientos para determinar si la conducta observada por los especialistas, es susceptible de ser sancionada desde el punto de vista administrativo.

Con el propósito de reforzar los mecanismos de supervisión de los servicios que prestan los especialistas y modernizar nuestros procesos, concluimos la construcción de los módulos de sistema relativos a los proyectos operativos denominados, el primero

“Automatización de la supervisión del desempeño de los especialistas en los procedimientos de concurso mercantil en la etapa de conciliación”, y el segundo, “Fortalecimiento del sistema de supervisión del desempeño de los visitadores mediante la automatización del reporte integral de alertas”.

2.5. Honorarios

En observancia de lo dispuesto en las Reglas de Carácter General de la Ley de Concursos Mercantiles, se verificó el cálculo correcto, así como, que las partidas incluidas en las planillas de liquidación de honorarios correspondieran al trabajo realizado, en las 25 ocasiones en que le fue solicitado; como consecuencia, dio su visto bueno o sugirió modificaciones a las propuestas de honorarios de los especialistas y de sus auxiliares, y desahogó 17 vistas que nos dieron los órganos jurisdiccionales ante quienes se promovieron los incidentes relacionados.

3. Estadísticas relativas a los concursos mercantiles

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3, fracción XIII, de la Ley de Concursos Mercantiles, durante el periodo que se informa, este Instituto elaboró la siguiente estadística relativa a los procedimientos de concurso mercantil:

3.1. Juicios iniciados

Se admitieron a trámite 14 asuntos, todos relativos a personas morales11. Con base en la clasificación de los 20 sectores de actividad económica que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se obtiene que 36 por ciento de estos comerciantes corresponde a “Industrias Manufactureras”, 36 por ciento a “Servicios”, 21 por ciento a “Construcción” y 7 por ciento a “Comercio”.

De ellos, 57 por ciento se planteó por solicitud del propio comerciante y 43 por ciento por demanda que presentaron acreedores. Desde que entró en vigor la Ley de Concursos Mercantiles, el 53 por ciento de los concursos iniciaron por solicitud y el 47 por ciento por demanda.

42 por ciento se radicó en juzgados de distrito en el Distrito Federal, 15 por ciento en Jalisco, 15 por ciento en el estado de México, 7 por ciento en Nuevo León, 7 por ciento en Puebla, 7 por ciento en Michoacán y 7 por ciento en Baja California.

El 92 por ciento se encuentra en fase de visita de verificación y 8 por ciento concluyó por desistimiento.

3.2. Fase de visita de verificación

Al cierre del semestre se encuentran en etapa de visita 28 asuntos.

Asimismo durante el periodo los jueces de Distrito dictaron 6 órdenes de visita.

Se emitieron 4 dictámenes y en todos se concluyó que los comerciantes verificados se “ubicaron en las hipótesis a que hace referencia el artículo 10 de la Ley de Concursos Mercantiles. En ningún caso fue necesario prorrogar el plazo para terminar la visita y emitir el dictamen.

3.3. Sentencias de concurso

Se dictaron 4 sentencias en las que se declaró a los comerciantes en concurso mercantil.

3.4. Etapa de conciliación

Se resolvió la apertura de esta etapa en 4 asuntos relativos al mismo número de comerciantes. Al cierre del semestre, 48 expedientes se encuentran en etapa de conciliación y en ellos están involucrados, pasivos por alrededor de 34 mil 221 millones de pesos y 29 mil 132 acreedores.

Los especialistas sometieron a la consideración de la autoridad jurisdiccional para su aprobación 8 convenios, para reestructurar la forma de pago de créditos por 6 mil 628 millones de pesos, respecto de 612 acreedores.

En este semestre se reflejó un incremento del 86 por ciento en el número de convenios presentados, con respecto al promedio observado en los semestres anteriores. Ello constituye un logro importante para la conservación de las empresas, en cumplimiento al interés público que prevé la Ley de Concursos Mercantiles.

3.5. Etapa de quiebra

Los órganos jurisdiccionales declararon abierta la etapa de quiebra en 2 procedimientos correspondientes al mismo número de comerciantes, y al cierre del semestre se encuentran en esa etapa 120 asuntos relativos a 142 comerciantes.

3.6. Asuntos terminados

Concluyeron 11 procedimientos: 4 por insuficiencia de bienes para cubrir créditos contra la masa, 3 por convenio, 2 por haber quedado sin efectos el auto admisorio, 1 porque no fue procedente el concurso mercantil y 1 por desistimiento.

3.7. Juicios de amparo

Se promovió y está en trámite 1 juicio de amparo indirecto por actos reclamados a este Instituto como autoridad ordenadora, por la aplicación de sanción administrativa a un especialista, consistente en la cancelación de su registro. Asimismo fue concluido otro en el que fue señalado como autoridad responsable en su carácter de ejecutora, por la designación de un especialista realizada en cumplimiento a una orden judicial.

3.8. Tesis de jurisprudencia y aisladas

Los órganos jurisdiccionales emitieron 3 tesis de jurisprudencia y 2 tesis aisladas; entre ellas destacan una que guarda relación con la visita de verificación, en la que se definió que no constituye un acto privativo y otra que se refiere a la naturaleza de tercero extraño a juicio, que por equiparación tiene el síndico de una empresa demandada en un procedimiento laboral.

3.9. Automatización del sistema de estadística

Se desarrollaron las etapas de diseño y de construcción del proyecto “Implementación del sistema automatizado de información estadística de los procedimientos de concurso mercantil en la etapa de conciliación”, que en adición al similar diseñado para la visita de verificación, concluido el semestre pasado, y al que se instrumentará durante el año 2013 relativo a la etapa de quiebra, conformarán el sistema integral automatizado de estadísticas relativas a los concursos mercantiles, que permitirá optimizar el procesamiento y difusión de la información.

Es primordial que se asuman políticas que permitan al Instituto el acceso integral a la información jurisdiccional, para el estricto cumplimiento de su atribución establecida en la ley de elaborar y dar a conocer estadísticas relativas a los concursos mercantiles.

4. Apoyo a órganos jurisdiccionales, otras autoridades y público en general

4.1. Órganos jurisdiccionales

Se ha dado atención en 147 ocasiones a los órganos jurisdiccionales, cuando han necesitado intercambiar opiniones sobre aspectos técnicos y jurídicos del concurso y, cuando así lo requirieron, se pusieron a su disposición, los diversos materiales diseñados ex profeso para apoyar su función.

Asimismo, este Instituto desahogó las vistas que ordenaron, en 108 ocasiones y, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 311, fracción IX, de la Ley de Concursos Mercantiles, emitió opinión en torno a los criterios de interpretación y aplicación de sus disposiciones, con el propósito de preservar el interés público que la misma protege.

4.2. Autoridades no jurisdiccionales y público en general

Participamos en reuniones de trabajo y atendimos consultas formuladas por acreedores, autoridades no jurisdiccionales federales y locales o público en general, para abordar temas concursales, en 179 ocasiones.

5. Estudios y biblioteca

5.1. Estudios

Se presentaron 4 estudios cuya publicación está en proceso de evaluación por el Consejo de Administración y Editorial del domicilio en Internet del Instituto.

5.2. Catálogo interactivo

El Instituto diseñó, elaboró y publicó en su página de Internet, un catálogo interactivo con más de 500 obras que versan sobre la materia concursal mercantil y disciplinas afines, que obran físicamente en su Biblioteca Especializada. Dado su carácter interactivo, desde el sitio, el usuario puede acceder para identificar no sólo al autor, título o país de edición de una obra, sino también para visualizar la portada e índice para determinar si el contenido es de su interés. En la primera etapa se han digitalizado la portada e índice de 271 títulos.

5.3. Red de bibliotecas del Poder Judicial de la Federación

Como parte integrante de la Comisión de Organización, Seguimiento y Evaluación de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la federación, en el contexto de la línea de acción “Investigación sobre la satisfacción del usuario bibliotecario de la Red” del cual el Instituto es responsable, se elaboró y presentó a la comisión un informe de resultados de las diversas encuestas practicadas en todo el país y de las áreas de oportunidad para la implementación de las acciones de mejora conducentes.

6. Difusión

6.1. Cursos y conferencias

En coordinación con la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llevó a cabo en las Casas de la Cultura Jurídica ubicadas en Cuernavaca, Morelos; Guadalajara, Jalisco; y Monterrey, Nuevo León, el “Seminario de Actualización en Especialidad de Concursos Mercantiles” (Tercera Región), en los que participaron como expositores servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal y de este Instituto, así como titulares de órganos jurisdiccionales y especialistas de concursos mercantiles.

Dichos eventos fueron diseñados con el propósito de que especialistas, jueces, magistrados y funcionarios del Instituto, presenten y sean motivo de análisis las tendencias que la práctica del concurso mercantil revela sobre aspectos técnicos y jurisdiccionales.

Debido al gran interés que el seminario generó, se planea que el próximo año se realicen al menos otros 6 eventos similares.

En la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac de Querétaro, se impartió una conferencia magistral sobre el concurso mercantil.

6.2. Página de Internet del instituto

La página fue consultada 33 mil 701 ocasiones, lo que acumula un histórico de 841 mil 323 visitas desde su creación. En ella se reporta la información relativa a los procedimientos concursa les vigentes, a través de la Pizarra Concursal, así como el Registro de especialistas, estudios, normativa, entre otros aspectos.

Se aplicaron al sitio 23 movimientos específicos sobre eventos, avisos, publicaciones de edictos, convocatorias de subastas y difusión de tesis jurisprudenciales y aisladas.

Es importante destacar que la información que se publica en la página de Internet, contribuye a la transparencia del Poder Judicial de la Federación, al mismo tiempo que es de utilidad para la sociedad interesada en los aspectos vinculados al concurso mercantil y a las tareas de este órgano auxiliar.

6.3. Otros medios de difusión

Con el propósito de generar sinergias para una mayor difusión de la materia concursal, continuamos la interacción con instituciones académicas y financieras, públicas y privadas, vinculadas con las disciplinas inherentes; al efecto, durante el semestre sostuvimos 9 reuniones de trabajo.

Asimismo, tuvieron lugar 4 reuniones con organismos cúpula del sector empresarial, para divulgar temas relativos al Derecho Concursal Mercantil, las funciones del Instituto, sus objetivos y procedimientos, así como las disposiciones que conforme a la Ley expide y para fortalecer relaciones de cooperación y participación. Con el mismo propósito, se realizaron 4 pláticas en Colegios profesionales y Universidades de los estados de Puebla, Sinaloa y Veracruz.

En coordinación con la Dirección General de Imagen Institucional del Consejo de la Judicatura Federal, se grabaron 27 capítulos del programa de televisión “El Concurso Mercantil”, que se transmite en el Canal Judicial. En varios de los capítulos transmitidos se presentaron los aspectos más relevantes de lo ocurrido en el VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Concursal realizado este año, en la Ciudad de México.

Se dieron 30 entrevistas para prensa escrita y 13 para radio y televisión.

El Instituto colaboró con el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y la Secretaría de Economía, para la elaboración y publicación del Reporte Doing Bussines 2013. El documento tiene como objetivo medir la facilidad para hacer negocios en cada país y evalúa 10 pilares, siendo el concurso mercantil, el único procedimiento jurisdiccional sujeto a medición.

En el reporte se aprecia cómo México mejoró su clasificación entre 183 naciones, al ascender de la posición 53 en 2012 a la 48 para 2013; destacamos que el pilar relativo a la “resolución de la insolvencia”, es el que mejor califica a México, al situarlo en el lugar 26 de 183 países; ello impacta de manera significativa y favorable en el promedio general que el reporte asigna a nuestro país.

Consideración final

El incremento en el número de convenios celebrados entre los comerciantes y sus acreedores, que se presentaron para su aprobación judicial durante este semestre, indica que un tema pendiente de atender es la generación de estímulos que permitan al empresario, valorar al concurso mercantil, cada vez más, como una opción jurídico financiera para la reestructuración económica y social de su empresa.

Una mayor facilidad de acceso al procedimiento jurisdiccional, esquemas legales de financiamiento post-reestructura, así como el otorgamiento de quitas fiscales y la previsión de estímulos tributarios, son algunos de los elementos que coadyuvarán a que en el futuro se celebren más convenios entre los comerciantes y sus acreedores, inclusive a través de acuerdos previos.

Muchas gracias por su atención.

Notas:

1 Articulo 313 de la Ley de Concursos Mercantiles.

2 Articulo 322 Ídem.

3 Articulo 6o. constitucional, así como 7 y 13 a 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

4 Articulo 311, fracciones I, II, III, VI, VII y VIII de la ley de Concursos Mercantiles.

5 Ver gráficas 1 y 2.

6 La diferencia entre el número de especialistas que integran la plantilla y el número de registros existentes, obedece a que algunos especialistas tienen registro para más de una especialidad. Ver gráfica 3.

7 Artículo 311, fracciones IV y V de la Ley de Concursos Mercantiles.

8 Ver gráfica 4.

9 Artículos 311, fracciones VIII y IX Y 332, fracción VII de la Ley de Concursos Mercantiles.

10 Título VI de las Reglas de Carácter General de la Ley de Concursos Mercantiles, denominado: “De la Remuneración de los Especialistas”.

11 Ver gráficas 5, 6 y 7.

12Ver gráfica 8.

13 Ver gráficas 9 y 10.

14. Algunos asuntos que se reportan como concluidos están sujetos a futuras resoluciones judiciales.

15 Ver gráfica 13.

16 Ver gráfica 11.

17 Ver gráfica 12.

18 Ver gráficas 14 y 15.

19 Ver gráficas 13 y 16.

20 Ver gráfica 17.

21 Articulo 311, fracción IX, de la Ley de Concursos Mercantiles.

22 Articulo 311, fracción XII, ídem

23 Regla 2 de las Reglas de Carácter General de la Ley de Concursos Mercantiles.

México, Distrito Federal, a 4 de diciembre de 2012.— Rendido por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, a través de la Junta Directiva integrada por los vocales: Licenciado José Alberto Lona Sánchez, doctora Judith Saldaña Espinosa, contador público Noé García Mendoza, licenciada María Esther Sandoval Salgado y representada por la directora general, licenciada Gricelda Nieblas Aldana.

Licenciada Gricelda Nieblas Aldana (rúbrica), directora general;licenciado José Alberto Lona Sánchez (rúbrica), vocal;doctora Judith Saldaña Espinosa (rúbrica), vocal;contador público Noé García Mendoza (rúbrica), vocal;licenciada María Esther Sandoval Salgado (rúbrica), vocal.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VI Legislatura.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública otorgue al director general del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa la cantidad de 180 millones de pesos para que a su vez sean otorgados al Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal para la construcción, remodelación y rehabilitación de la escuela secundaria diurna número 51 “Profesor Carlos Benítez Delorme” en la delegación Benito Juárez.

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del conocimiento de la diputada Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Sírvase encontrar, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 29 de noviembre de 2012.— Diputado César Daniel González Madruga (rúbrica), presidente.»

«La que suscribe, diputada Cipactli Dinorah Pizano Osorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, fracción VI, 18 fracción VII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como 93 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; solicito que la presente proposición con punto de acuerdo sea resuelto de obvia y urgente resolución, para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica otorgue al Director General del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa la cantidad de 180 millones de pesos para que a su vez, sean otorgados al Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal para la construcción, remodelación y rehabilitación de la Escuela Secundaria Diurna Número Cincuenta y Uno “Profesor Carlos Benítez Delorme”, en la delegación Benito Juárez, en atención a los siguientes

Antecedentes

En el año 2007 se solicitó que se realizara un peritaje para la valoración de la remodelación de la Escuela Secundaria Diurna Número Cincuenta y Uno “Profesor Carlos Benítez Delorme”, ubicada en Niños Héroes de Chapultepec número 101, en la colonia Postal.

En el año 2008 se hizo entrega del dictamen y se notificó a las autoridades de la escuela, que el inmueble era inhabitable y sugiere su demolición.

Para el año 2011 la Secretaría de Educación Pública y la delegación Benito Juárez anunciaron que la escuela se encontraba con las características para entrar al programa emergente de mantenimiento de escuelas.

En el 2011 la delegación Benito Juárez propuso que se demoliera el 2do piso y reforzar el primero y planta baja. Sin embargo las autoridades de la escuela solicitaron nuevamente la demolición completa de todo el inmueble, ya que las instalaciones no eran aptas para ser ocupadas de acuerdo al resultado del dictamen previamente entregado.

Dicha escuela requiere de las siguientes características para el mejor desarrollo y aprendizaje de las y los educandos:

• Laboratorios (Química, Física y de Computación)

• Aula de música

• Sala de maestros

• Remodelación de talleres y cooperativa: ya que los talleres y la cooperativa se encuentran de manera provisional, construidos con madera y techo de lámina.

En total la Escuela Secundaria Diurna Número Cincuenta y Uno “Profesor Carlos Benítez Delorme” en los turnos matutino y vespertino cuentan con 650 alumnos aproximadamente y con un total de 1000 personas entre docentes y autoridades, mismas que se encuentran en riesgo permanente.

Considerando

Primero. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria y secundaria como educación básica.

Segundo. Que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa tiene por objeto fungir como organismo con capacidad normativa, consultoría, certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las entidades estatales.

Tercero. Que el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal tiene como atribución realizar acciones de seguimiento técnico y administrativo de los programas aplicables con entidades y organismos locales cuando dichos programas incorporen recursos federales así como los convenios con la entidades federales y delegacionales, la coordinación con las instancias correspondientes en la planeación programación y seguimiento técnico con los recursos autorizados para la ejecución de los proyectos como construir, equipa, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el Distrito Federal o cuando así se convengan con las autoridades Federales.

Cuarto. Es compromiso de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lograr avances en materia de Educación así como de garantizar el respeto a los Derechos Humanos, particularmente el derecho de la educación que tiene todas y todos las niñas y los niños, las y los jóvenes del Distrito Federal.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica otorgue al director general del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa la cantidad de 180 millones de pesos para que a su vez, sean otorgados al Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal para la construcción, remodelación y rehabilitación de de la Escuela Secundaria Diurna Número Cincuenta y Uno “Profesor Carlos Benítez Delorme”, en la delegación Benito Juárez,

Dado en el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 29 de noviembre de 2012, suscriben la presente proposición con punto de acuerdo, diputados: Cipactli Dinorah Pizano Osorio, Ana Julia Hernández Pérez, Arturo Santana Alfaro, Antonio Padierna Luna, Ernestina Godoy Ramos, Alfredo Pineda Silva, Óscar Octavio Miguel Ballado, Roberto Candia Ortega, Jorge Zepeda Cruz (rúbricas).»

«Escudo.— Poder Legislativo del Estado de Baja California.— XXLegislatura.— El Poder Ciudadano.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— México, DF.

Por este conducto, nos dirigimos muy respetuosamente a usted, a fin de hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria de la honorable XX Legislatura constitucional del estado de Baja California, celebrada el día 21 de noviembre del año en curso, se aprobó el siguiente

Acuerdo

Primero. Esta soberanía exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a fin de incrementar los recursos destinados a las actividades científicas y tecnológicas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Segundo. Se declare el 2013 como “Año de la Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Tercero.Envíese copia del punto de acuerdo al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, diputado Jesús Murillo Karam, para los efectos conducentes y a todos los Congresos de los estados de la República Mexicana, para que en el caso de considerarlo procedente, se sumen al presente.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, hacemos propicia la ocasión para reiterarle nuestra distinguida consideración.

Atentamente

Mexicali, BC, a 21 de noviembre de 2012.— Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, presidenta del Congreso.»

«Escudo.— Poder Legislativo del Estado de Baja California.— XXLegislatura.— El Poder Ciudadano.

Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Baja California.

Honorable Asamblea:

El suscrito diputado del Partido Estatal de Baja California, de conformidad con lo establecido en los artículos 27 fracción I y 28 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 110 fracción III, 115 fracción I, 116, 117 y 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, me permito someter al pleno de este honorable Congreso del estado, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En días recientes, el rector de la UNAM, José Narro Robles, presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el documento denominado “Hacia una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación”, en el cual más de 60 instituciones educativas y organizaciones públicas, privadas y sociales, demandan el crecimiento del presupuesto destinado en el rubro que nos atañe, a efecto de poder alcanzar en el año 2018 el 1.0 por ciento del producto interno bruto que establece el artículo 9 Bis de la Ley de la Ciencia y Tecnología federal.

El referido documento “Hacia una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación”, plantea como objetivo estratégico el hacer del conocimiento y la innovación, una palanca fundamental para el crecimiento económico sustentable de México, que favorezca el desarrollo humano, posibilite una mayor justicia social, consolide la democracia y la paz, y fortalezca la soberanía nacional.

En este sentido, el citado texto reconoce más de cien acciones que buscan crear una política de Estado en el sector para el periodo 2012-2018, y que como tal, fue presentada en el Congreso de la Unión, así como al presidente electo, Enrique Peña Nieto.

Asimismo, el ciudadano Narro Robles comentó que las condiciones geoeconómicas del país anticipan la posibilidad de “un rápido crecimiento de la economía en los próximos años”, y por lo cual es indispensable llevar a cabo varias reformas estructurales con el objeto de apoyar e invertir en el conocimiento y desarrollo del capital humano e intelectual”.

Por otra parte, en Baja California, el pasado mes de septiembre del año en curso, el pleno de esta soberanía acordó la creación de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objeto de establecer entre otros aspectos, los principios y criterios en los que se basará el gobierno del Estado para impulsar y fortalecer las actividades científicas y tecnológica que realicen personas o instituciones de los sectores público, privado o social.

Ahora bien, cabe destacar que el honorable Congreso del estado dio un paso muy importante, al actualizar el marco jurídico estatal; sin embargo, resta una ardua labor por realizar en nuestra Entidad en materia de ciencia y tecnología, tal y como lo indican el Diagnóstico en Ciencia, Tecnología e Innovación 2004-2011, elaborado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico; así como el Diagnóstico para el Mejoramiento en Ciencia, Tecnología e Innovación: Una Evaluación de los Fondos Públicos en Baja California (2012), este último publicado bajo la coordinación de la investigadora Patricia Moctezuma Hernández, donde también se hace una reflexión de los esfuerzos realizados en esta materia y estimar el impacto del trabajo científico, el desarrollo tecnológico y la innovación en las distintas esferas y actividades de la vida estatal.

Sin lugar a duda, estamos convencidos que para llevar a cabo el proceso de construcción de una sociedad democrática, equitativa y con desarrollo sustentable, requerimos que la ciencia, la tecnología y la innovación formen parte medular de la agenda nacional, local y regional, así como también que la ciudadanía forme parte del mismo, en la toma de decisiones y que conozca los retos, los avances, las dificultades y alternativas que hoy tenemos para promover la generación y difusión del conocimiento.

En virtud de lo señalado, es que mediante el presente punto de acuerdo se propone exhortar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a fin de incrementar los recursos destinados a las actividades científicas y tecnológicas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, así como para que se declare a dicho año, como el “Año de la Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de este pleno, con dispensa de trámite legislativo para su aprobación, el siguiente punto de acuerdo, en virtud de que se trata de un asunto calificado como urgente y de obvia resolución, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California

Acuerdo

Primero. Está soberanía exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a fin de incrementar los recursos destinados a las actividades científicas y tecnológicas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Segundo. Se declare el 2013 como “Año de la Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Tercero.Envíese copia del punto de acuerdo al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, diputado Jesús Murillo Karam, para los efectos conducentes y a todos los Congresos de los estados de la República Mexicana, para que en el caso de considerarlo procedente, se sumen al presente.

Atentamente

Dado en salón de sesiones “Benito Juárez García, del honorable Poder Legislativo del Estado de Baja California, a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil doce.— Diputado Marco Antonio Vizcarra Calderón (rúbrica).»

«Escudo.— LXIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, DF-

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del Acuerdo No. 565/2012 I P.O., así como de la iniciativa que le dio origen, por medio del cual este honorable Congreso exhorta respetuosamente al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que analice la viabilidad de incluir dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, recursos económicos amplios y mayores para los institutos tecnológicos y centros especializados federales; asimismo, al pleno del honorable Congreso de la Unión, en la medida de lo posible, se apruebe dentro del Presupuesto de Egresos citado, recursos económicos indispensables y suficientes para el logro de las metas señaladas en el próximo Programa Sectorial de Educación.

Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 21 de noviembre de 2012.— Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez (rúbrica), presidente del honorable Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Chihuahua.— Secretaría.

La LXIII Legislatura del honorable Congreso de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional

Acuerda

Primero.Solicitar respetuosamente al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que analice la viabilidad de incluir dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, recursos económicos amplios y mayores para los Institutos Tecnológicos y Centros Especializados Federales; así mismo, exhortar al pleno del honorable Congreso de la Unión, para que en la medida de lo posible, se apruebe dentro del Presupuesto de Egresos citado, recursos económicos indispensables y suficientes para el logro de las metas señaladas en el próximo Programa Sectorial de Educación.

Segundo.Remítase copia del presente acuerdo y de la Iniciativa que le dio origen, a las autoridades señaladas en el punto que precede, para su conocimiento y los efectos a que haya lugar.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil doce.— Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez (rúbrica), presidente; diputada Inés Aurora Martínez Bernal (rúbrica), secretaria;diputada Alva Melania Almazán Negrete (rúbrica), secretaria.»

«Escudo.— LXIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Honorable Congreso del Estado.— Presente.

Los suscritos, diputados Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Enrique Serrano Escobar, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, César Alberto Tapia Martínez, Brenda Ríos Prieto, Rubén Aguilar Jiménez, Héctor Elías Barraza Chávez, en nuestro carácter de Diputados, a la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Chihuahua, así como de los integrantes del la Junta de Coordinación Parlamentaria, y con fundamento en el artículo 99 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudimos ante esta elevada asamblea, a fin de presentar propuesta de punto de acuerdo, para solicitar en el carácter de urgente y dentro de nuestros atributos como gestores el que esta Legislatura, sugiera al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados, para que incluya dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, recursos económicos amplios y mayores para los institutos tecnológicos y centros especializados federales, asimismo sugerir en la medida de lo posible al pleno del honorable Congreso de la Unión, a aprobar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, recursos económicos indispensables para el logro de las metas señaladas en el próximo Programa Sectorial de Educación.

Exposición de Motivos

El interés que mueve a los suscritos para presentar, ante esta elevada asamblea, la presente propuesta de iniciativa de punto de acuerdo, se encuentra fundado en el espíritu de colaboración y respaldo a nuestras Instituciones Educativas, es el caso que por las cuestiones propias de la tarea que nos fue encomendada como diputados, hemos tenido acercamiento con distintos sectores en materia educativa, como es el caso de los secretarios generales de los institutos tecnológicos y centros especializados federales del estado de Chihuahua, quienes en un dialogo abierto y franco buscan empatía para las condiciones que afectan a sus Instituciones y buscan que se les apoye desde la máxima tribuna del honorable Congreso de Chihuahua.

Lo anterior dado que El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos nace en 1948, cuando el gobierno de la república siguiendo la mística del maestro Vasconcelos y del general Lázaro Cárdenas, llevan la Educación Superior Tecnológica al interior de la República mediante la fundación de los dos primeros institutos tecnológicos en las ciudades de Chihuahua y Durango, generando con ello el estimulo de polos de desarrollo Industrial, en este entramado esta medida ha permitido la movilidad social, y lo argumento en el sentir de jóvenes que en el caso especifico de nuestra Entidad, con ilusión cursan alguna carrera profesional, logrando ser posteriormente unos excelentes profesionistas.

En esta temática tan importante como legisladores, debemos ser partícipes que hace 64 años, de esta disposición y hoy la sociedad mexicana, cuenta en la república, con 137 institutos tecnológicos y centros especializados federales, que atienden a una planta educativa de 270 mil alumnos, en las carreras de Ingeniería y otras a nivel Licenciatura y Maestría, así como Doctorado, y cuenta con una plantilla de Trabajadores de más de 30 mil docentes, administrativos e investigadores.

Son evidentes las bondades educativas que los institutos tecnológicos y los centros especializados federales ofrecen a las entidades de nuestra república, por lo que en el tenor del pensamiento e ideología del maestro Vasconcelos y del general Lázaro Cárdenas, que vislumbraron a un futuro cercano en la educación la llave para el desarrollo de nuestra sociedad, aspecto que hoy en día sería difícil de concebir uno sin el otro pues para el desarrollo, es parte fundamental de su estructura la formación educativa que se logra con el alcance de este tipo de Instituciones Educativas, comprometidas con la tarea que les fue encomendada.

Por lo que con la inquietud planteada nos damos a la tarea de sugerir la posibilidad de presentar propuesta de Punto de Acuerdo, para solicitar en el carácter de urgente y dentro de nuestros atributos como gestores el que esta Legislatura, sugiera al C. Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados, para que incluya dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, recursos económicos amplios y mayores para los Institutos Tecnológicos y Centros Especializados Federales, así mismo sugerir en. la medida de lo posible al pleno del honorable Congreso de la Unión, a aprobar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, recursos económicos indispensables para el logro de las metas señaladas en el próximo Programa Sectorial de Educación.

Por lo expuesto los suscritos, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado vigente, y el artículo 22, fracción V, 99, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo vigente, sometemos a la consideración de esta honorable representación popular, la siguiente propuesta de punto de

Acuerdo

Único.La Sexagésima Tercera Legislatura constitucional del estado de Chihuahua, atentamente, solicita en carácter de urgente y dentro de nuestros atributos como gestores el que se sugiera al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados, para que incluya dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, recursos económicos amplios y mayores para los institutos tecnológicos y centros especializados federales, asimismo, sugerir en la medida de lo posible al pleno del honorable Congreso de la Unión, a aprobar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, recursos económicos indispensables y suficientes para el logro de las metas señaladas en el próximo Programa Sectorial de Educación.

Atentamente

Presentado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, a los 21 días del mes de noviembre del año dos mil doce.— Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez (rúbrica), presidente del Congreso;diputado Enrique Serrano Escobar (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del PRI;diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del PAN;diputado César Alberto Tapia Martínez (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;diputada Brenda Ríos Prieto (rúbrica), representante del PVEM;diputado Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), representante del PT;diputado Héctor Elías Barraza Chávez (rúbrica), representante del PRD.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Por considerarlo de su competencia, me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del Congreso del estado de Coahuila, acuerdo por el que exhorta a ampliar los recursos del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2013.

La Presidencia dispuso que dicha documentación, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo.— Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

En la sesión celebrada el 6 de noviembre de 2012, el pleno del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a una proposición con punto de acuerdo “con relación a que se exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo estatal, a las y los legisladores federales del estado de Coahuila de Zaragoza y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el ejercicio de análisis y aprobación respecto del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se consideren dentro del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación una ampliación de recursos económicos para llevar a cabo los estudios y proyectos de factibilidad técnica, económica y financiera para la creación del Instituto Tecnológico Minero Metalúrgico, campus Región Laguna; y campus Región Carbonífera, en el estado de Coahuila de Zaragoza”, planteada por el Diputado Simón Hiram Vargas Hernández, del Grupo Parlamentario “Apolonio M. Avilés, Benemérito de la Educación”, del Partido Nueva Alianza, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

Al tratarse este asunto, el Pleno de éste Congreso, resolvió sobre la aprobación de un acuerdo, mediante el cual se determinó lo siguiente:

Único. Que este honorable Congreso Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila de Zaragoza exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo estatal, a las y los legisladores federales del estado de Coahuila de Zaragoza y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el ejercicio de análisis y aprobación respecto del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se consideren dentro del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Una ampliación de recursos económicos para llevar a cabo los estudios y proyectos de factibilidad técnica, económica y financiera para la creación del Instituto Tecnológico Minero Metalúrgico, campus Región Laguna; y campus Región Carbonífera, en el estado de Coahuila de Zaragoza en el estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley Orgánica este Congreso, se comunica a usted este acuerdo, para su debido conocimiento y la consideración de lo consignado en el mismo.

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguid consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 7 de noviembre de 2012.— Licenciado Francisco Javier Rangel Castro (rúbrica), oficial mayor del Congreso del Estado.»

«Escudo del Congreso del Estado de Guerrero.— LX Legislatura.— Bicentenario.— Primer Congreso de Anáhuac.

Cámara de Diputados del del honorable Congreso de la Unión.— México, DF.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos legales conducentes, el Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta al Congreso de la Unión para que asigne más recursos económicos etiquetados a la generación de empleos a través del Servicio Nacional del Empleo.

Aprobado en sesión celebrada el día jueves 15 de noviembre del año en curso.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 15 de noviembre de 2012.— Licenciado Benjamín Gallegos Segura (rúbrica), oficial mayor.»

«Escudo del Congreso del Estado de Guerrero.— LX Legislatura.— Bicentenario.— Primer Congreso de Anáhuac.

La Sexagésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 15 de noviembre de 2012, el diputado Eduardo Montaño Salinas, presentó la propuesta de acuerdo parlamentario por el que la Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en estricto apego y respeto a las esferas de competencia emitimos un exhorto al Congreso de la Unión para que asigné más recursos económicos etiquetados a la generación de empleos a través del Servicio Nacional del Empleo, en los siguientes términos:

“En los últimos días, hemos sido testigos de un tema que se está discutiendo en el Congreso de la Unión y que es de gran importancia para la vida económica y social del país, la reforma laboral es un asunto que tienen que ver con la vida nacional y obviamente del Esta.do de Guerrero.

Debemos estar conscientes que esta reforma laboral, no será la panacea que resolverá los grandes problemas nacionales ni de estado, se requerirán de otras iniciativas y acuerdos de gobernabilidad para el desarrollo con justicia y que ello contribuya a restablecer la paz social, en el país y en el Estado.

Los debates y discusiones que los actores políticos expresan en torno al tema, son diversos; algunos pretenden crear las condiciones que permitan a las empresas generar empleos, otros están más preocupados en la democracia y transparencia sindical, por lo que solo están pensando en los que ya tienen trabajo, sin considerar que un gran porcentaje de la población no lo tiene, siendo estos últimos, los que nos deberían también de preocupar y pensar en ellos.

Considero que en el caso de Guerrero lo que ha agravado los grandes contrastes son: por un lado la concentración de la riqueza, por otro, la pobreza y marginación social, porque no hemos sido capaces de pensar en grande, de hacer cosas extraordinarias, a pesar de ser un Estado potencialmente rico, hemos dejado ir oportunidades que se reflejan negativamente aumentando el desempleo y la precarización de las condiciones laborales, y nos da como resultados un desempeño mediocre de la economía; Por ejemplo son millones de jóvenes que en los últimos años, han sido lanzados a la desesperanza, algunos han encontrado una alternativa en la emigración al país vecino del norte, y lo que es peor, otros son los famosos ninis que cada año aumentan considerablemente.

Según datos del Inegi, el desempleo es del 5.6% a nivel nacional y Guerrero no queda exento de esta problemática, por eso es fundamental y necesario que sea este, el centro de las estrategias económicas y sociales, con ello lucharemos con la persistencia de la pobreza que hoy nos está ganando; ciertamente la iniciativa privada te da implementos de desarrollo, con políticas de trabajo, pero el principal motor para crear empleo, sin duda, debe ser el Gobierno del Estado, a través de programas, proyectos y acciones en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo Guerrero.

El 13 de julio de 2011, se firmó por parte del titular del Poder Ejecutivo del estado el decreto para la creación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, acto al que asistió el ciudadano Javier Lozano Alarcón, en su carácter de secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, en el cual expresó textualmente “Guerrero es el único estado que no sólo no ha generado empleo, sino que perdió más de 2, 600 plazas, ocupa el lugar 31 en la lista de 32 entidades a nivel de competitividad.

En este mismo año la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, que es la instancia de coordinación de acciones entre la Federación a través del Servicio Nacional de Empleo y el gobierno del estado, se canalizaron 47 millones de pesos por la federación, más 17 millones de pesos presupuestado por el ejecutivo del Estado, para su aplicación y estar en condiciones de implementar acciones reales que ayudaran a crear empleos en el Estado de los que solo se ejecutaron 2 millones de pesos; es conveniente comentar que no basta con presupuestar, sino lo más importante es ejercer esos recursos en los programas para los que fueron etiquetados; tampoco es suficiente ser interlocutor de las llamadas “ferias del empleo” o implementar programas relámpagos sin resultados positivos que ayuden a mitigar el desempleo y la pobreza, Guerrero en esta materia ha ido a la baja, ocupando el decimo quinto y el vigésimo noveno lugar en 2009 y 2010 respectivamente, pero lo que es aún peor, en los últimos dos años, es decir, 2011 y 2012, .ni siquiera figuramos en las estadísticas, no se considero nuestro estado para la evaluación, obviamente por no crear empleos.  Estos datos revelan la crisis en la que vivimos, lo cual es preocupante, ¿cómo es que llegamos a estos lugares?, ¿tal vez será porque no se le han inyectado recursos a esta dependencia? Se requiere de un mayor esfuerzo por parte de la Secretaría del Trabajo y del Servicio Nacional del Empleo del Estado, por lo que será interesante conocer los resultados o avances que guardan actualmente estas dependencias y como han ayudado para generar empleos.

El Servicio Nacional del Empleo, es la única dependencia gubernamental donde los programas aplicados en los estados son evaluados para verificar su eficiencia en la generación de empleo, fue así como en el 2008 la Entidad ocupó el honroso quinto lugar a nivel nacional, pero desafortunadamente de esa fecha a nuestros días, hemos perdido competitividad. Considero que este tipo de dependencia, no debe ser castigada sino estimula con un mayor presupuesto.

En mi etapa como presidente municipal pude cerciorarme que efectivamente el Servicio Nacional del Empleo tiene bondades, programas nobles y de buenos resultados, que generan un mejor bienestar a quienes participan en él, porque está enfocado para que a través de la capacitación, se fortalezcan y se adquieran las habilidades laborales necesarias, para aprender un oficio o profesión y así poder insertarse en el campo laboral o crear su propia fuente de empleo. Por eso estoy convencido que a esta generación nos corresponde pensar y actuar con visión de Estado, de ver por las generaciones presentes y en las del porvenir, se trata de combatir un asunto de preocupación nacional y toral en el desarrollo económico del país. Adams Smith padre de la Economía, afirmaba que “la riqueza de las naciones, no radica en la acumulación de la riqueza, si no en el trabajo”, Federico Engels por su parte señalaba. “el hombre antes de hacer política, arte o literatura necesita alimentarse requiere de un trabajo”, considero que este es el secreto a voces del desarrollo de nuestro Estado, que es precisamente el crear empleos reales, porque hasta el momento sólo nos hemos dedicado en dar paliativos a nuestros grandes problemas.

Sin duda, el tema rector y de alta prioridad en el país y en Guerrero, es la de generar oportunidades de empleo y de educación, estos dos rubros, son el motor del desarrollo y de bienestar social, que nos van a permitir disminuir la pobreza y por ende el aumento económico y social que son fundamentales para la vida de una nación.

Si él trabajo dignifica, el gobierno del estado debe ser el principal promotor de ello, en ese sentido, debe etiquetar un mayor presupuesto para la generación de empleos en Guerrero”.

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 15 de noviembre del 2012, la Sexagésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de Acuerdo Parlamentario presentada por el diputado Eduardo Montaño Salinas.

Asimismo, se sometió para su discusión y aprobación, en su caso, la propuesta de modificación al artículo segundo de la citada propuesta, presentada por el diputado Nicanor Adame Serrano. Aprobándose por unanimidad de votos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8, fracción I, y 127 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, este honorable Congreso del estado de Guerrero, expide el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Primero: La Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del estado de Guerrero, en estricto apego y respeto a las esferas de competencia emitimos un exhorto al Congreso de la Unión para que asigne más recursos económicos etiquetados a la generación de empleos a través del Servicio Nacional del Empleo.

Segundo: La Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del estado, exhorta al Ejecutivo del estado, licenciado Ángel Aguirre Rivero, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que instruya al secretario del Trabajo y Previsión Social en el estado, para que de manera coordinada con el Servicio Nacional de Empleo, implemente políticas que generen empleos reales, y promuevan la iniciativa empresarial en el Estado; estableciendo los mecanismos y acciones necesarias para que los recursos económicos se apliquen en tiempo y forma y cumplan así con su propósito fundamental: crear empleos.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo parlamentario entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo parlamentario a los integrantes del honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales conducentes.

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo parlamentario al ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero en su carácter de Gobernador del Estado de Guerrero, para los efectos legales conducentes.

Cuarto. Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno Estado y en la página Web del Honorable Congreso del Estado, para conocimiento general.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil doce.— Diputado Antonio Gaspar Beltrán (rúbrica), presidente;diputada Laura Arizmendi Campos (rúbrica), secretaria;diputada Delfina Concepción Oliva Hernández (rúbrica), secretaria.»

«Escudo.— Poder Legislativo.— Gobierno del Estado de Hidalgo.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Los diputado integrantes de la Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, de la Sexagésima Primera Legislatura, emitieron acuerdo económico, relativo al Planteamiento realizado por el diputado Reymundo Pérez Soní, con el tema: “exhorto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, PEF”, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de esta fecha, del cual le estoy enviando copia, en suplencia de la secretaría, para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Pachuca, Hidalgo, a 15 de noviembre de 2012.— Licenciado Lamán Carranza Ramírez (rúbrica), secretario de Servicios Legislativos del Congreso del estado de Hidalgo.»

«Escudo.— Poder Legislativo.— Gobierno del Estado de Hidalgo.

Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura:

A los diputados Reynaldo Pérez Soní, Oscar Damián Sosa Castelán, Humberto Pacheco Miralrío, Adrián López Hernández, Nora, Liliana Oropeza Olguín, Hemeregilda Estrada Díaz, Christian Pulido Roldán y Carlos Alberto Anaya de la Peña, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en Sesión Ordinaria de fecha 11 de octubre del presente año y por instrucciones de la Mesa Directiva, nos fue turnado el planteamiento del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional con el tema “exhorto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, PEF”, por lo que con fundamento en lo establecido por los artículos 75, 77, fracción III, 85 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, se procedió al estudio con base en los siguiente:

Antecedentes

Primero.El asunto de mérito, quedó registrado en el Libro de Gobierno de la Comisión actuante bajo el número 144/2012.

Segundo.En su intervención, el diputado Reynaldo Pérez Soní, a nombre del. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, menciona que “la desigualdad social que caracteriza a México ha persistido a pesar de los avances tan importantes que han experimentado distintos indicadores sociales, económicos y demográficos, lo que obliga al Gobierno Mexicano a refrendar el compromiso por continuar combatiendo las condiciones que provoca desventajas para ciertos grupos poblacionales y ciertas regiones del país.”

Tercero.Asimismo, el diputado expuso que “la esencia del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal consiste en lo siguiente: la Federación y los Estados pueden firmar Convenios de Coordinación Fiscal, por medio de los cuales los Estados se comprometen a limitar sus potestades tributarias a favor de la Federación a cambio de obtener una participación en los Ingresos Fiscales Federales.”

Cuarto. En este tenor, el diputado Reynaldo Pérez Soní comenta que “En la actualidad todos los Estados han signado este tipo de Convenios, lo cual ha hecho que los dos impuestos más importantes (ISR e IV A), sean establecidos y administrados por la Federación. Esta situación ha hecho que la Federación controle alrededor del 80% de los Ingresos Fiscales totales generados en el País, lo cual es un indicador del grado de dependencia financiera de los Estados y de los Municipios en relación con la Federación.”

Quinto. De igual forma, menciona que “Por otro lado, la Ley de Coordinación Fiscal prevé otro tipo de transferencia de la Federación a los Estados, que constituye “Aportaciones” de diverso tipo. Estas son definidas por el artículo 25 de dicha Ley, como recursos que la Federación transfiere a las Haciendas Públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley. Particularmente el Fondo de” Aportaciones para la Infraestructura Social se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con Recursos Federales por un monto equivalente al 2.5% de la Recaudación Federal participable. Este Fondo es distribuido por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Desarrollo Social, conforme a una fórmula que toma en cuenta criterios de pobreza extrema. El objetivo de este Fondo es, en esencia, la realización de obras y acciones de alcance regional o intermunicipal que beneficien directamente a los sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.”

Por lo anteriormente expuesto; y

Considerando

Primero.Que la Comisión Legislativa que suscribe es competente para conocer sobre el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 77 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Segundo.Que los recursos transferidos de la federación hacia estados y municipios han sido de vital importancia en la conformación de las haciendas estatales y municipales. Tradicionalmente las transferencias federales han representado la principal fuente de recursos con que las entidades federativas y municipios cuentan para su desarrollo y financiamiento, asimismo se han convertido en el centro del debate actual so r el fortalecimiento y la autonomía hacendaria de los municipios.

Tercero.Que la Ley de Coordinación Fiscal prevé transferencias de la federación a los estados, que constituyen “aportaciones” de diverso tipo. Estas son definidas por el arto 25 de dicha ley, como “recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la ley...”. Con esas aportaciones se crean los siguientes fondos:

• Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;

• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

• Fondo de Aportaciones para la. Infraestructura Social;

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal;

• Fondo de Aportaciones Múltiples;

• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos;

• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Los criterios para fijar el importe de dichas transferencias dependen del tipo de fondo de que se trate.

Cuarto.Que el fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente al2.5% de la recaudación federal participable. Este Fondo es distribuido por el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, conforme a una fórmula que toma en cuenta criterios de pobreza extrema. La idea es que las aportaciones de este fondo se realicen en función de la proporción que corresponda a. cada Estado en la pobreza extrema a nivel nacional.

Quinto. Que el objetivo de este Fondo es, en esencia, la realización de obras y acciones de alcance regional o intermunicipal que beneficien directamente a los sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

Sexto.Que la aplicación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal está condicionada a los fines específicos para lo que fue creado el fondo, cuyos propósitos principales son:

• Fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades estatales, con estricto respeto de la autonomía de gestión en el ejercicio del gasto, que les permita elevar la eficiencia y eficiencia en la atención de las demandas de infraestructura que les plantea la población que habita en las regiones más marginadas;

• Contribuir a superar la pobreza extrema y el rezago social, mediante el destino de los recursos para incrementar la cantidad y calidad de la infraestructura básica de servicios e impulsar un desarrollo más equilibrado.

Séptimo.Que mediante las obras y acciones realizadas con el fondo, se promueve la creación de infraestructura, la cual es un catalizador del desarrollo que contribuye a reducir la exclusión y vulnerabilidad de la población de escasos recursos. La creación de infraestructura .básica facilita la provisión de servicios vinculados con el desarrollo humano e incrementa la cantidad y calidad de éstos en zonas de alta marginación.

Octavo.Que con los recursos recibidos a través de este Fondo, el Gobierno y los Municipios del Estado de Hidalgo, han realizado importantes obras que han abatido la marginación, como está determinado en el Índice de Marginación del 2010, realizado por el Consejo Nacional de Población, ya que del 2005.al 2010, se pasó del quinto al sexto lugar, derivado de la reducción en el déficit de los servicios básicos, como se muestra en la siguiente tabla:

Sin embargo, como la fórmula de distribución para este Fondo utiliza variables que contienen información sobre ingresos por persona, nivel educativo promedio por hogar, disponibilidad de espacio de la vivienda disponibilidad de drenaje, disponibilidad de electricidad, .mismas que están relacionadas con las que se presentan en ,la tabla anterior, en un momento dado, el factor calculado para la distribución de recursos, pueda incidir negativamente en los recursos, que de este Fondo se destinan a los Municipios, tal como sucedió en él ejercicio 2012 cuando 50 de los 84 Municipios de Hidalgo vieron reducidas sus aportaciones. Principalmente aquellos Municipios que abatieron su marginación al disminuir el déficit de servicios. Pareciera que estos avances se castigan.

Noveno.Que es necesario precisar que los recursos de este Fondo están debidamente etiquetados para los fines que la propia Ley de Coordinación Fiscal determina, lo que en alguno casos no permite atender con oportunidad la realidad de cada entidad, Municipio y/o localidad presenta. Impidiendo, por ejemplo, dar mantenimiento y rehabilitación a los caminos que comunican al Municipio, o construir otro tipo de infraestructura que la comunidad exige a la autoridad local, como puede ser infraestructura deportiva, galeras públicas, muros de contención, entre otros.

Decimo.Que los Municipios del Estado de Hidalgo que tuvieron una reducción en el Fondo de Infraestructura Social Municipal en el año en curso:

Con base en las consideraciones antes vertidas y con fundamento en lo establecido por los artículos 85, 87, 133 fracción II 134, 136, 137 y demás relativos y aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, se permite someter a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo Económico

Primero.Los diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura exhortan respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que:

1. Se destinen más recursos al estado de Hidalgo y sus municipios para continuar con el abatimiento de la marginación y pobreza.

2. Se cree un Fondo para los Estados y Municipios que vieron una disminución en el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social en el ejercicio fiscal 2012.

3. Que se actualicen las formulas de distribución de la Ley de Coordinación Fiscal con nuevos criterios que garanticen que las aportaciones dadas a las entidades federativas y a los municipios no sean reducidas con respecto a las dadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior para que no queden vulnerables en cuestiones de infraestructura social, tomando como ejemplo lo ocurrido con las participaciones hace algunos años, en donde se estipuló en la ley en comento, que los Estados y los Municipios no pueden recibir un monto menor a lo recibido en el 2007.

4. Que se flexibilicen las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su apartado municipal, para que toda la infraestructura construida con esta fuente de financiamiento pueda recibir mantenimiento y rehabilitación con recursos de este mismo fondo, teniendo siempre infraestructura en las mejores condiciones y que satisfaga oportunamente las necesidades de la población. Así mismo, para aquellos municipios que ya cubrieron más del 95% de los servicios básicos considerados para calcular la marginación, puedan realizar otras obras y acciones que la ciudadanía exige, además de la ya estipuladas por la Ley en comento, como puede ser el mantenimiento y rehabilitación de caminos rurales, construcción de auditorios, galeras públicas, infraestructura deportiva, infraestructura urbana, entre otros. Además, se pueda destinar hasta un 15% de los recursos de este Fondo para la Elaboración de Estudios y Proyectos, permitiendo a los municipios contar con proyectos ejecutivos que .son básicos para gestionar más recursos para diferentes obras y acciones’ ante las instancias correspondientes.

5. Por último, se realice un análisis y estudio de las reglas de operación de los diferentes programas de inversión y sociales que tienen como finalidad abatir la marginación y pobreza, ya que hay varios Municipios que no pueden entrar a ninguno de ellos por no cumplir con algunos requisitos, quedando sin ayuda para mejorar su situación.

Segundo.Para los efectos precisados en el punto que antecede, gírese oficio a la citada autoridad anexando copia de este acuerdo.

Elaborado en la sala de comisiones del Congreso del estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil doce.— Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, diputados: Reymundo Pérez Soní, Óscar Damián Sosa Castelán, Humberto Pacheco Miralrío, Adrián López Hernández, Nora Liliana Oropeza Olguín, Hemeregilda Estrada Díaz, Christian Pulido Roldán, Carlos Alberto Anaya de la Peña (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados-— Presentes.

Por considerarlo de su competencia, me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del Congreso del estado de Nayarit, acuerdo por el que exhorta a ampliar los recursos del rubro educativo en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2013.

La Presidencia dispuso que dicha documentación, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo.— Nayarit.

Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento a la resolución dictada por la Trigésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, comunico a usted copia simple del acuerdo que se adjunta, mediante el cual se exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión, a través de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en un marco de diálogo y colaboración entre los Poderes Federales Ejecutivo y Legislativo, se otorgue prioridad y mayores recursos al rubro educativo que habrá de contemplar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, en términos de los dispuesto por el artículo 25 de la Ley General de Educación.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tepic, Nayarit, a 12 de noviembre de 2012.— Diputado Armando García Jiménez (rúbrica), presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo.— Nayarit.

El Congreso del Estado libre y Soberano de Nayarit, representado por su XXX Legislatura, dicta:

Acuerdo

Que exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Único:La Trigésima Legislatura al honorable Congreso del Estado de Nayarit exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que un marco de diálogo y colaboración entre los Poderes Federales Ejecutivo y Legislativo, se otorguen prioridad y mayores recursos al rubro educativo que habrá de contemplar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, en términos de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley General de Educación.

Transitorios

Artículo Primero.El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del honorable Congreso del estado de Nayarit.

Artículo Segundo.Para los efectos conducentes, comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Artículo Tercero.Para su conocimiento, comuníquese el presente acuerdo a los legisladores federales por Nayarit ante el honorable Congreso de la Unión, de conformidad al artículo 97, párrafo segundo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

Artículo Cuarto.Comuníquese a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su conocimiento y adhesión al presente acuerdo legislativo.

Dado en la sala de sesiones “Licenciado Benito Juárez García, recinto oficial del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.— Diputado Víctor Eloy Jiménez Partida (rúbrica), Presidente;diputada Fátima del Sol Gómez Montero (rúbrica), secretaria;diputada María Dolores Porras Domínguez (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente nos permitimos enviar, copia simple del acuerdo aprobado en sesión pública ordinaria del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla celebrada en esta fecha, por virtud del cual esta Soberanía acordó lo siguiente:

“Primero.Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que incremente los recursos designados para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, a fin de dar cumplimiento a la Ley, destinando el equivalente a 1% del PIB para el impulso de este sector.

”Segundo.Se exhorta respetuosamente la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que aumente en términos reales el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, incrementando particularmente los recursos destinados para el otorgamiento de becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad.”

Lo anterior para su conocimiento y efectos procedentes.

Sin otro particular reitero a Usted, la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

Heroica Puebla de Zaragoza, a 27 de noviembre de 2012.— Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado;diputado Enrique Nacer Hernández (rúbrica), presidente;diputado Ramón Felipe López Campos (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.

El honorable Quincuagésimo Octavo Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla

Considerando

Que en sesión pública ordinaria de esta fecha, vuestra soberanía tuvo a bien aprobar con dispensa de trámite, el Acuerdo presentado por los Diputados integrantes del Grupo Legislativo de Nueva Alianza, de la Quincuagésimo Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; por virtud del cual, se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que incremente los recursos designados para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, así como también para que aumente en términos reales el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.

Que la Ley General de Educación señala, en su artículo 25, que el Estado habrá de destinar recursos equivalentes a al menos el 1% del producto interno bruto (PIB), a la investigación científica y al desarrollo tecnológico.

Que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es la entidad encargada de “promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país”, como lo define la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Que, entre otras, son atribuciones del Conacyt:

• Formular y proponer las políticas nacionales en materia de ciencia y Tecnología;

• Apoyar la investigación científica y la conformación de grupos de investigadores;

• Proponer los lineamientos programáticos y criterios de asignación del gasto para ciencia y tecnología;

• Conducir el Sistema Nacional de Investigadores;

• Diseñar, organizar y operar un sistema nacional de estímulos e incentivos para la formación de investigadores;

• Aportar recursos a las instituciones académicas, centros de investigación y a personas físicas y morales para fomentar el desarrollo tecnológico y de investigación;

• Financiar programas de becas para la formación de recursos humanos; y

• Fomentar programas de formación de recursos humanos de alto nivel e intercambios de investigadores y académicos con instituciones académicas y empresas, nacionales y extranjeras.

Que el presupuesto de egresos de la federación para el año 2012, asignó un monto de casi 21.9 mil millones de pesos al Conacyt, de acuerdo con cifras publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Que, de dicho monto, 27.0% fue asignado a los programas relacionados con becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad.

Que esto significa que el presupuesto asignado al Conacyt para el 2012 es equivalente al 0.1% del PIB, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Que de acuerdo al Presidente de la República, el Licenciado Felipe Calderón, el gasto total en ciencia y tecnología fue de aproximadamente 50.0 mil millones de pesos en el 2011, menos del 0.4% del PIB.

Que el progreso tecnológico y la inversión en capital humano permiten desarrollar sectores de alta competitividad en el país, generando empleos de alta remuneración. Que, además, el intenso uso de tecnología en los procesos productivos permite el crecimiento a largo plazo de la economía, traduciéndose en mejores condiciones de vida para las personas.

Que la construcción de una sociedad más próspera y justa transita indiscutiblemente por el desarrollo de su capacidad productiva y por la inversión en la educación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 134, 135 y 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 93 y 121 del Reglamento Interior del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se emite el siguiente

Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que incremente los recursos designados para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, a fin de dar cumplimiento a la Ley, destinando el equivalente a 1% del PIB para el impulso de este sector.

Segundo.Se exhorta respetuosamente la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que aumente en términos reales el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, incrementando particularmente los recursos destinados para el otorgamiento de becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil doce.— Diputado Enrique Nacer Hernández (rúbrica), presidente;diputado Ramón Felipe López Campos (rúbrica), vicepresidente;diputado Jesús Salvador Zaldívar Benavides (rúbrica), secretario;diputado Alejandro Oaxaca Carreón (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

VOLUMEN II

ARTICULO 3O. CONSTITUCIONAL - LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo.— Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad que a las legislaturas de los estados le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anexo al presente nos permitimos enviar la iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión de decreto que reforma la fracción II, inciso c), del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, aprobada en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, por la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sin otro particular, le reiteramos la seguridad de nuestras atentas y distinguidas consideraciones.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Xalapa, Veracruz, noviembre 22 de 2012.— Diputado Eduardo Andrade Sánchez (rúbrica), presidente;diputado Juan Carlos Castro Pérez (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo.— Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión de decreto que reforma la fracción II, inciso c) del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Educación

Artículo Único. Preséntese ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en nombre de la LXII Legislatura del honorable Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la presente iniciativa con proyecto de decreto con que reforma la fracción II, inciso c), del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, en los términos siguientes:

Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

La Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las atribuciones señaladas por los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción III, y 38 de la Constitución Política del Estado; y 47, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, somete a consideración de esa soberanía, el presente dictamen de decreto que reforma la fracción II, inciso c), del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Educación; con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Esta Sexagésima Segunda Legislatura de Veracruz de Ignacio de la Llave, formula el presente dictamen de remisión al honorable Congreso de la Unión, de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Educación, para que en su momento sea presentado y discutido en el pleno de esta soberanía, con el propósito de fomentar la cultura de protección civil a nivel nacional.

II. Sabedores que el Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012 reconoce que “México es una de las naciones que cuenta con el mayor número de población absoluta expuesta al peligro de todos los fenómenos perturbadores previstos, y la gestión integral del riesgo es una de las más importantes respuestas para ello, es el espacio de oportunidad que permite mejorar significativamente la comprensión de las causas de los fenómenos e identificar soluciones más adecuadas e integrales”.

Es facultad del Congreso de la Unión conforme al artículo 73 fracción treinta y cuatro letra “I”, expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinen sus acciones en materia de protección civil; asimismo la Ley General de Protección Civil en su artículo 9 dice:

“Artículo 9o. El Sistema Nacional de Protección Civil es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección contra los peligros que se presenten y a la recuperación de la población, en la eventualidad de un desastre.”

Pero primordialmente el artículo 10 de dicha ley en su párrafo segundo refiere como “propósito primordial del Sistema Nacional promover la educación para la autoprotección que convoque y sume el interés de la población en general, así como su participación individual y colectiva”, así con la finalidad de impulsar la educación en la prevención y en la protección civil, las dependencias e instituciones del sector público, con la participación de organizaciones e instituciones de los sectores social, privado y académico, afirma, entre otras acciones, la fracción VI del artículo de referencia que existe la obligación de:

“El establecimiento de programas educativos y de difusión, dirigidos a toda la población, que les permita conocer los mecanismos de ayuda en caso de emergencia, así como la manera en que pueden colaborar en estas actividades...”

Pero aun más el artículo 12, fracción XVIII, de la Ley General de Protección Civil confiere a La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional, dependiente de la Secretaría de Gobernación, la atribución en materia de protección civil, gestionar ante las autoridades correspondientes, la incorporación de la materia de protección civil en el sistema educativo nacional.

Siendo a su vez obligación del Consejo Nacional, que es el órgano consultivo en materia de planeación de la protección civil, conformado, entre otros, por Presidente de la República, quien lo preside y por los titulares de las Secretarías de Gobernación y de educación Pública; el promover la generación, desarrollo y consolidación de una educación nacional de protección civil (artículo 16 Ley General de Protección civil) y gestionar ante las autoridades correspondientes, la incorporación de la materia de protección civil en el sistema educativo nacional.

III. Derivado de lo mencionado debemos de velar por el respeto de las normas de protección civil que no son sólo nacionales sino normas de protección civil que no son sólo nacionales sino internacionales, que pueden llevarnos a culturizar a la población de la importancia de la labor de protección civil.

México es un país con tradición de protección civil derivado de los desastres naturales, no obstante, no debemos olvidar ni dejar de precisar que la protección civil nace en conflictos armados y para reprimir las violaciones del derecho internacional humanitario, incluidas las normas que amparan las actividades de protección civil, tal y como lo establece el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), que contiene una lista de tareas humanitarias, en caso de guerra o desastres cuyo objetivo es:

• Proteger a la población civil contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes;

• Ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos;

• Facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia;

• Servicio de alarma;

• Evacuación;

• Habilitación y organización de refugios;

• Aplicación de medidas de oscurecimiento;

• Salvamento;

• Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa;

• Lucha contra incendios;

• Detección y señalamiento de zonas peligrosas;

• Descontaminación y medidas similares de protección;

• Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia;

• Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en las zonas damnificadas;

• Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables;

• Servicios funerarios de urgencia;

• Asistencia para la preservación de los bienes esenciales parta la supervivencia.

• Actividades complementarias necesarias para el desempeño de una cualquiera de las tareas mencionadas.

Dichas tareas se reproducen de una u otra forma en el Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012 emitido en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2008, en donde se establece que la aplicación de la Protección civil se debe basar en un esquema transversal, que “también supone como indispensable, el desarrollo de políticas que alienten la participación de la población y de las organizaciones civiles, y en el escenario en cuestión, se debe contar con áreas de vinculación que promuevan el trabajo voluntario y la participación organizada de la sociedad en busca de una mayor corresponsabilidad, cercanía, comunicación y colaboración con la población... “Se pretende involucrar de manera integral al mayor número posible de actores gubernamentales en la realización de proyectos en la materia, haciendo que estas acciones de colaboración e intercambio de experiencias permitan establecer objetivos comunes”.

Sí como lo establecen el propósito del Programa Nacional de Protección Civil, es presentar los objetivos, estrategias, metas y líneas de acción, que modernicen la protección civil actual sentando las bases de la protección civil del mañana, como desarrollaremos dicha cultura y conciencia de protección civil cuando no existen programas formales y obligatorios en los planes educativos.

El esquema transversal presupone como indispensable, el desarrollo de políticas que alienten la participación de la población y de las organizaciones civiles, habla de áreas de vinculación que promuevan el trabajo voluntario y la participación organizada de la sociedad en busca de una mayor corresponsabilidad, cercanía, comunicación y colaboración con la población, pero no se ha establecido en los programas, planes, reglamentos y acciones vinculadas a la protección civil la obligatoriedad de la enseñanza a quienes, en el futuro, serán los responsables, considerando que el fin primordial es integrar al mayor número posible de actores, pero los estudiantes no tienen la información en la base de su educación como lo son los libros de texto.

Precisamente es por conducto de la educación en las aulas que se puede cerrar el círculo virtuoso de la autoprotección y la preparación que tiene como consecuencia la generación y transmisión de conocimientos de protección civil a fin de que se reconozcan “los procesos de construcción y percepción social del riesgo, y de los rasgos históricos y culturales de la misma comunidad como factores de la protección civil ante los propios riesgos”.

La falta de educación y cultura de la Protección civil sólo “desincentivan y deslegitiman la participación de las comunidades en su autoprotección y preparación, refuerzan la alta vulnerabilidad natural existente, mantienen activo el riesgo social y obstruyen el desarrollo del conocimiento en materia de previsión, prevención y mitigación de riesgos”.

El Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012 a dejado claro que “la falta de transferencia del conocimiento debilita el plano comunitario de la autoprotección y preparación, limita el desarrollo de su sensibilidad preventiva ante los riesgos, y obstruye la construcción de sus propias capacidades para anticiparse, prepararse, enfrentar y recuperarse de los desastres, en forma autogestionaria, coordinada, organizada y solidaria. Asimismo, la rotación de funcionarios municipales de protección civil limita la transferencia efectiva del conocimiento en la materia y la continuidad en su aplicación. En consecuencia, toda transmisión de conocimientos deberá hacer de la previsión y la prevención un ejercicio para socializar, asimilar, intercambiar e innovar todo tipo de conocimiento en materia de protección civil. Así, la transferencia del conocimiento es una vertiente de la protección civil con mayores necesidades de desarrollo y por lo tanto un área prioritaria en el diseño de la política pública.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción III, y 38 de la Constitución Política local; y 47, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a la consideración de esta soberanía la presente:

Iniciativa ante el Congreso de la Unión del Decreto que reforma la fracción II, inciso c), del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Educación.

Artículo Primero. Se reforma la fracción II, inciso c) del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

II. ...

...

c)Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad y la cultura de la protección civil, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

...

XI. Mediante la inclusión a los libros de texto, inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.”

Transitorios del Dictamen

Primero.Remítase el presente decreto en los términos establecidos, a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos procedentes.

Segundo.Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Dada en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil doce.— Diputado Eduardo Andrade Sánchez (rúbrica), Presidente;diputado Juan Carlos Castro Pérez (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en materia de productos del tabaco.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe Francisco Salvador López Brito, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 76 fracción I, 164, numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en materia de productos del tabaco, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El tabaquismo es uno de los factores de riego más alarmantes de la actualidad para la salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha catalogado como una epidemia global, debido a la forma descomunal que durante el siglo pasado se incrementó su consumo y, por ende, las enfermedades y decesos relacionados al tabaquismo.

Las cifras mundiales de muertes atribuibles al tabaquismo se estiman que son alrededor de 6 millones de personas anualmente. En la actualidad, se estima que alrededor de mil millones de personas consumen tabaco en todo el mundo, por lo cual, se prevé que el número de muertes excederá los 8 millones de personas para el año 2030 Cabe aclarar que sobre esta estimación, la mayoría de las muertes ocurrirá en países en vías de desarrollo. Hay más de 120 millones de fumadores en la región de Latinoamérica y más de la mitad de ellos morirán a consecuencia de alguna enfermedad relacionada con el tabaco.

El consumo de tabaco es factor de riesgo para 6 de las 8 principales muertes en el mundo. Fumar tabaco se relaciona con el desarrollo de cáncer de pulmón, laringe, riñón, vejiga, estómago, colon, cavidad oral, esófago, leucemia, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica, infarto, enfermedad cerebrovascular, aborto y parto prematuro, defectos de nacimiento e infertilidad, entre otros padecimientos. Además de éstas, el consumo de tabaco disminuye significativamente los años productivos de vida de las personas.

Asimismo, diversos estudios señalan que la edad a la que comienza el consumo de tabaco es un factor importante en el grado de adicción y en la intensidad del consumo durante su vida adulta, medido con el número de cigarrillos que consumirá diariamente en su vida adulta. Así, un individuo que comienza a consumir tabaco a una edad temprana tiene mayor probabilidad de que aumente el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el tabaco.

Para el caso del tabaquismo en jóvenes, Mackay en el Atlas del Tabaco señala que una gran mayoría varones jóvenes fumadores empezó a consumir tabaco antes de alcanzar la edad adulta. Casi un cuarto de la gente joven que fuma probó su primer cigarrillo antes de los diez años. La aceptación del tabaquismo entre varones jóvenes se incrementa con la comercialización por parte de la industria del tabaco, el fácil acceso a los productos del tabaco, los precios bajos, la venta de cigarros por unidad, el uso y aprobación del tabaco por sus padres y hermanos, que fumen los amigos y la concepción errónea sobre que el fumar aumenta la popularidad social.

Pero no sólo el consumo directo de los productos derivados del tabaco tiene una incidencia negativa en la salud de las personas. Los estudios científicos demuestran que el humo de segunda mano es perjudicial para quien se encuentra expuesto a éste. Así, por ejemplo, los no fumadores expuestos al humo de tabaco tienen entre 20% y 30% más de probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, y 25% más de probabilidad de padecer enfermedades del corazón; que los no fumadores que no están expuestos habitualmente al humo de segunda mano.

Las enfermedades que se encuentran relacionadas con el humo de segunda mano son: cáncer de pulmón, exacerbación de bronquitis asmática, infartos al corazón, partos prematuros, bajo peso del al nacer, derrame cerebral, infecciones del oído medio en menores de edad, infecciones respiratorias bajas como bronquitis y neumonía en menores, inducción o exacerbación de bronquitis asmática en menores.

De acuerdo con los datos que ofrece la OMS, existen alrededor de 700 millones de niños que respiran humo de segunda mano de tabaco. Todo esto sólo corrobora la existencia de evidencia que corrobora como el humo de segunda mano no tiene niveles seguros sobre su exposición. A continuación se presentan algunos datos:

a) No existen niveles de exposición al humo de tabaco de segunda mano que estén libres de riesgos para la salud.

b) La separación de fumadores y no fumadores, la purificación del aire y la ventilación de los edificios no elimina la exposición de los no fumadores al humo de tabaco de segunda mano.

c) Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado existentes por sí solos no permiten evitar la exposición al humo de tabaco de segunda mano.

d) El funcionamiento de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado permite distribuir el humo de tabaco de segunda mano a todo un edificio.

e) La eliminación total de la actividad de fumar en espacios interiores sí protege a los no fumadores de la exposición al humo de tabaco de segunda mano.

Los efectos más serios del consumo de tabaco sobre la salud ocurren generalmente después de décadas de fumar, pero también causa efectos inmediatos sobre la salud en los jóvenes, tal como la reducción de la capacidad física, mayor riesgo significativo de disfunción eréctil que aquéllos que no fuman y el riesgo de impotencia aumenta con cada cigarrillo fumado. El riesgo más notable para los adolescentes es la adquisición de una adicción que dificulta dejar el hábito. Los fumadores que se convierten en adictos al tabaco durante su juventud enfrentan mayor riesgo de contraer y sufrir enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco: cáncer y enfisema pulmonar.

Pese a todo lo mencionado, el tabaquismo es la principal causa de muerte y de enfermedades que puede ser prevenible el mundo. Esta epidemia se ha expandido, principalmente, en los países en desarrollo, como el nuestro, debido a las agresivas campañas publicitarias de la industria tabacalera, las cuales “desinforman” al público, pues no reflejan las consecuencias reales del consumo del tabaco e inducen a adquirir el hábito de fumar.

Debido a su naturaleza preventiva, los Estados tienen la obligación de tomar medidas eficaces para la protección de la salud de las personas, con base en regulaciones efectivas del control del tabaco.

México, como se menciona, no escapa a los daños y problemas atribuibles al tabaquismo. Los datos que reflejan los estudios estiman que el tabaquismo produce más de 60 mil muertes por año, a razón de 165 muertes por día, aproximadamente. En las encuestas más recientes, se establece que durante la última década, la edad promedio de inicio en el consumo de tabaco ha ido disminuyendo de manera alarmante, y hoy fluctúa ente los 11 y 12 años, e incluso menos.

De acuerdo a diversos estudios mientras los países desarrollados mantendrán tasas de consumo estables e incluso disminuirán debido a las políticas de control del tabaco, en aquellos que se encuentran en desarrollo se prevé que estas tasas aumenten desproporcionalmente. En el caso de México el problema es igualmente preocupante, ya que ocupa el sexto lugar mundial en número de fumadores y el segundo en fumadoras, además de que la edad crítica de inicio para el consumo diario de tabaco es entre los 15 y 17 años.

En el ámbito nacional y de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública en la Encuesta Nacional de Adicciones 2011-ENA, entre la población general de 12 a 65 años, la edad promedio de consumo de tabaco por primera vez fue de 20.4 años. En la población adolescente, de 14.1 años y en la adulta, de 20.6 años. El 21.7 de los adultos mexicanos fuma actualmente: 12.6% de las mujeres y 31.4% de los hombres. El consumo promedio de los fumadores diarios es de 6.5 cigarros por día.

Las dos razones más importantes para el inicio del consumo de tabaco fueron la curiosidad y la convivencia con fumadores. El 60% de los fumadores hombres y mujeres inició el consumo de tabaco por curiosidad; 29.8% de los hombres y 26.9% de las mujeres iniciaron el consumo por convivencia con familiares, amigos o ambiente de fumadores. En tanto, entre los adolescentes 68.6% inició el consumo por curiosidad y 24.1% por influencia de familiares, amigos o ambiente de fumadores.

Los fumadores activos de entre 12 y 65 años, en promedio, inician el consumo diario de cigarrillos a los 16.7 años; los hombres, a los 16 años y las mujeres, a los 18; y esta diferencia es estadísticamente significativa. Cuando se compara por grupos de edad, la edad promedio de inicio de consumo diario de cigarrillos fue de 13.7 años y de 16.8 años en adolescentes y adultos, respectivamente.

El humo de segunda mano, denominado también, Humo de Tabaco Ambiental (HTA) representa otro problema en nuestro país. Se estima que éste afecta al 23.3%de los mexicanos, cerca de 11 millones, quienes nunca han fumado. Así, se informó que la cifras sobre la exposición al humo de tabaco ambiental son: 25.5% de los hombres y 22% de las mujeres. Asimismo, el 27.3% de los adolescentes y 22% de los adultos informaron estar expuestos a esta emisión. El 19.7% de los adultos que trabajan en interiores o en exteriores con un área cerrada reportaron estar expuestos al humo de tabaco ambiental en el trabajo. Por último, el 17 % de los adultos que visitaron oficinas de gobierno en el último mes estuvieron expuestos al humo de tabaco ambiental, 4.3 % de los que visitaron instituciones de salud, 29.6 % en el caso de los restaurantes, 24.2% en el transporte público y 81.2 % en bares y clubes nocturnos. Esto implica, como se menciona, un daño directo en la salud de estas personas.

Por su parte, la ENA 2011 reporta una prevalencia de exposición al humo de tabaco ambiental de 30.2%, lo cual representa un total de 12.5 millones de mexicanos que nunca han fumado, pero se encuentran expuestos al humo de segunda mano. Los porcentajes fueron 26.1% de los adultos y el 36.4% de los adolescentes. Esta exposición es más frecuente entre la población joven de 15 a 17 años y los adultos jóvenes de 18 a 25 años. Lo anterior implica que 3.8 millones de adolescentes que nunca han fumado están expuestos al HTA. Por último, la población en general está expuesta principalmente en el hogar, con un 18% de representación; y en los lugares de trabajo, con el 10.2%. Todos estos datos reflejan únicamente un aumento con respecto a la población que fue expuesta al HTA de acuerdo con la ENA 2008.

Los hogares fumadores gastan en promedio 808 pesos al trimestre en cigarros, lo cual representa el 3.9% de su gasto total. El 20% de los hogares fumadores más pobres gasta 632 pesos al trimestre en promedio, o bien el 5.5% de su gasto total. Por su parte, la ENA 2011 calcula un gasto de 397.4 pesos al mes por parte de los fumadores activos.

Al ser un problema del cual no se encuentra ajeno el Estado mexicano, el tabaquismo debe de buscar las formas de ser prevenido mediante políticas públicas integrales sobre el control del tabaco. Como indican los datos citados, los enfoques de regulación que se deben de abordar son distintos. Los espacios libres de humo podrá proteger los derechos de personas en situación de desventaja, como niños o trabajadores; la regulación de la promoción, publicidad y patrocinio puede evitar, en cierta medida, la principal causa de consumo de tabaco; y las advertencias sanitarias están enfocadas en que las personas que consumen el producto, lo hagan de una manera realmente libre e informada. Por lo tanto, la legislación debe de estar encaminada a posibilitar la realización de medidas eficaces para lograr dicho fin.

No sólo basta que los argumentos económicos y la evidencia científica apoyen este tipo de políticas, sino que, para poder presentar la actual iniciativa, es necesario que se sustente en determinadas facultades y fundamentos jurídicos. Esto permitirá esclarecer la constitucionalidad y viabilidad de la norma.

El Convenio Marco para el Control del Tabaco ( CMCT) del cual, el Estado Mexicano es signatario y este Senado de la Republica, lo ha ratificado, razones y compromisos que obliga a una política pública de cumplimiento irrestricto hacia los connacionales, en beneficio de la salud individual y las finanzas públicas estatales.

Esta norma internacional tiene el carácter de un tratado de derechos humanos, pues impone obligaciones al Estado mexicano y amplía la esfera jurídica sobre el derecho a la salud de todos las y los mexicanos.

Además, se debe mencionar que, con la reforma al artículo 1 constitucional, el CMCT adquirió el carácter de una norma de protección a los derechos fundamentales mediante su inclusión a la constitución por el bloque de constitucionalidad. Así, este artículo dota a todos los tratados internacionales el mismo nivel jerárquico que el de los derechos fundamentales inscritos en la Constitución.

De conformidad con este Convenio son cuatro los pilares en los que se sustentan las políticas públicas para la prevención y combate a la epidemia del tabaquismo:

a) Promoción de espacios 100% libres de humo de tabaco.

b) Prohibición total de toda forma de publicidad, patrocinio y promoción

c) Incorporación de advertencias sanitarias a todo empaquetado y etiquetado de los productos del tabaco, y

d) Política fiscal para disminuir la demanda de productos de tabaco, entre la población general, pero principalmente entre los jóvenes y las mujeres.

El último punto se encuentra regulado en el artículo 6 del CMCT el cual reconoce los argumentos antes dichos: los impuestos en productos del tabaco son mecanismos eficaces para que se reduzca su consumo, especialmente en jóvenes. Si bien la disposición que habla sobre las acciones impositivas carece de una directriz como la tienen los artículos 8 (espacios 100% libres de humo) y 11 (empaquetado y etiquetado), por mencionar algunos, es necesario hacer mención del grupo de trabajo y los documentos que han emitido en la Cuarta Conferencia de las partes

Uno de los principales temas que se habla en el documento generado por la Conferencia de las Partes es la elasticidad-precio, así, una subida de precios del 10% haría reducir el consumo general de cigarrillos en un 5%. Cuanto más baja la elasticidad-precio en términos absolutos, menos sensible es la demanda a los cambios de precios. De igual manera, todos los estudios realizados en países de ingresos altos estiman la elasticidad-precio de los cigarrillos en un rango que oscila entre -0,25 y -0,5. Esto implica, de acuerdo a las estimaciones, que un aumento del 10% en el precio de los cigarrillos es susceptible de hacer disminuir en esos países el consumo, en la mayoría de los casos, en alrededor de un 4%.

Los aumentos importantes de los impuestos indirectos sobre el tabaco dan lugar a una subida de los precios, lo que alienta a los consumidores actuales a abandonar el hábito, previene el tabaquismo en los consumidores potenciales y reduce el consumo entre quienes continúan consumiendo tabaco, observándose un impacto especialmente acusado entre los jóvenes y las personas económicamente desfavorecidas.

Si bien el propósito fundamental de las contribuciones es la recaudación de los recursos necesarios para sufragar el gasto público, diversas interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han reconocido como constitucional la utilización de la política fiscal para impulsar a su vez políticaseconómicas, financieras y sociales, como las que se relacionan con la prevención y cesación de conductas consideradas nocivas para la salud, sin que ello represente una transgresión a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este tipo de medidas se reconocen como fines extrafiscales, las cuales son utilizadas por las contribuciones para servir como instrumentos eficaces de política pública sobre los cuales el Estado tiene un interés particular en impulsar:

“se advierte que las mencionadas finalidades económicas o sociales, o bien, las razones de política fiscal o extrafiscal que sustenten las categorías diferenciadoras establecidas por el legislador, cuando se materializan a través de bases objetivas y bajo parámetros razonables, no son una causa que justifique la violación a la garantía de equidad tributaria, sino que tal concatenación de circunstancias es lo que permite salvaguardar dicha garantía, es decir, cuando los indicados fines persiguen una finalidad avalada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aportan elementos adicionales para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un determinado precepto.”

Estas medidas se corroboran dentro de la exposición de motivos, de su proceso legislativo o incluso del precepto legislativo. Tal es el caso el IEPS en tabaco, en la que se puede apreciar tanto en la exposición de motivos como en el dictamen realizado por las Comisiones correspondientes, como se menciona en reiteradas ocasiones que la finalidad de este impuesto no sólo tiene la obligación de recaudar ingresospara el fisco sino de inhibir el consumo de tabaco en los sectores mencionados.

Época: Novena Época, Registro: 175499, Instancia: Segunda Sala, Tipo tesis: tesis aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: XXIII, Marzo de 2006, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 2a. XXIV/2006 Pág. 534

Producción y servicios. Los fines que justifican la exención establecida en el artículo 8o., fracción I, inciso f), de la Ley del Impuesto Especial relativo, se sustentan en el interés de proteger a la industria azucarera (legislación vigente en 2004).

Independientemente de que el tributo tenga como característica principal un fin recaudatorio, la excepción a los principios tributarios contenidos en la f racción IV del artículo 31 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos se fundamenta en la persecución de fines constitucionalmente legítimos, de manera que frente a estos objetivos, los principios de proporcionalidad y equidad no suponen límites estrictos, es decir, caben excepciones a dichos valores fundamentales cuando el tributo persigue fines extrafiscales que estén justificados, esto es, siempre que la utilización extrafiscal se dirija a la consecución de otros fines de interés público. En ese sentido, se concluye que la exención establecida en el artículo 8o., fracción I, inciso f), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigente en 2004, está sustentada en el interés público y constitucional de proteger a la industria azucarera, lo cual se enmarca en el capítulo económico de la Constitución Federal, concretamente en su artículo 28; de ahí que al tener rango constitucional el instrumento fiscal, por suponer la persecución de fines concretos constitucionales motivados en el proceso legislativo, debe estimarse acorde a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad a la finalidad que el legislador pretendió alcanzar.

De acuerdo con la teoría económica, la intervención estatal se puede justificar al existir fallas de mercado suficientemente grandes para asumir los costos de dicha intervención. En el caso del tabaquismo existen dos grandes fallas de mercado: la información asimétrica y las externalidades negativas. La información asimétrica se deriva del desconocimiento que tienen los consumidores sobre los efectos dañinos que producen los productos del tabaco. Lo anterior implica que las personas subestiman los riesgos para su salud o para convertirse en adictos. En cambio, las externalidades negativas son bastantes variadas. Principalmente se tienen los altos costos a la salud que asumen los estados por las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, pero también se deben considerar los costos por la disminución de su población económicamente activa, o las llamadas “externalidades de cuidado “en las que los no fumadores sufren por la enfermedad o muerte de los fumadores.

Pero más allá de los costos monetarios que generan las externalidades, estas fallas de mercado tienen como consecuencia directa muertes prematuras en la población y enfermedades crónicas. Estas dos consecuencias justifican, incluso desde la teoría económica, la intervención del estado dentro del mercado. Como menciona la teoría económica, generalmente se utilizan estrategias de intervención de “first best” que son aquellas que atacan directamente la externalidad. El problema de estas es que su efectividad no se puede considerar que sea de bajo costo. Por lo tanto, se utilizan otro tipo de medidas denominadas “second best” que atacan indirectamente la externalidad, pues su finalidad no es eliminarlas sino disminuirlas. Ejemplo de estas son los impuestos y las regulaciones.

La razón de los impuestos radica en que esta medida tiene una doble finalidad; Primero; D escincentiva a los consumidores, sobre todo de dos grupos específicos sobre los que siente un interés particular: jóvenes y hogares con menos recursos; Segundo; Permite recaudar dinero para subsanar costos que asume el estado relacionados con la morbilidad del tabaquismo.

La entrada de nuevos consumidores en el mercado resulta ser uno de los principales, si no es que el principal, problema que debe ser atendido por las políticas para el control del tabaco. Si bien, la atención a los adictos a la nicotina o al cigarrillo, los programas de educación y prevención, así como las medidas de concientizar a la población resultan clave para la lucha contra el tabaquismo; todas éstas carecen de sentido y efectividad si no se acompañan de medidas inmediatas que reduzcan el consumo tabaco, desincentiven a los actuales consumidores y eviten la entrada de los consumidores potenciales. Y esto sólo se logra mediante políticas sobre los precios e impuestos.

Como se menciona anteriormente, los jóvenes son el principal punto de atracción para la industria tabacalera por representar un “consumidor potencial”. Así, el grado de adicción que puede desarrollar un joven, aunado a las facilidades con las que se puede conseguir productos de tabaco (ventas de cigarros por unidad, venta a menores, bajos precios) representan un factor de riesgo que debe de ser tomado en cuenta. De igual manera, los hogares con ingresos menores son los que gastan mayor parte de su presupuesto en productos de tabaco en comparación con aquellos hogares que perciben más. El consumo de estos grupos debe ser atacado y la mejor forma es mediante impuestos a los productos del tabaco.

A nivel nacional, los impuestos al tabaco se encuentran regulados en la Ley Impuesto Especial sobre Producción y Servicios-LIEPS. Actualmente, esta regula una tasa del impuesto de 160% a cigarros y una cuota específica $0.35 por cigarro enajenado o importado.

El LIEPS fue implementado en 1981 como un impuesto al consumo ad valorem. Inicialmente los cigarros sin filtro y otros productos del tabaco como los puros pagaban una tasa muy inferior a la de los cigarros con filtro (20.9% del precio al minorista en comparación con el 139.9%). Sin embargo, a finales del 2001 se aprobaron aumentos graduales a la tasa impositiva de los cigarros sin filtro para que se equiparara con la tasa impositiva de los cigarros con filtro, con lo cual desaparecieron varias marcas.

Desde 2005 el ieps ad valorem se ha aplicado uniformemente a los productos del tabaco con excepción de los fabricados enteramente a mano, siendo las tasas 160% y 30.4% respectivamente. Adicionalmente, en noviembre del 2010, se reformóla Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios añadiéndole un componente específico de $0.35 por cigarrillo lo cual representa $7.00 por cajetilla de 20 cigarrillos.

Sin embargo, el impuesto como porcentaje del precio final se estima en 68.06%, mismo que es menor al 75% compatible con las mejores prácticas internacionales y característico de países con políticas de control el tabaquismo exitosas. Esto simplemente refleja la necesidad y posibilidad de un aumento de impuestos.

Los aumentos de impuestos, aunque en un primer momento pueden parecer que carecen de un respaldo por parte de los ciudadanos, encuestas recientes mencionan la aceptación de los consumidores. El Consejo Mexicano Contra el Tabaquismoreveló en su encuesta “Situación del tabaquismo en México 2012: análisis de las políticas públicas para el control del tabaco” que el 37% de los encuestados opinaba que los impuestos de los últimos 2 años han protegido la salud de las personas. Pero incluso más importante es el nivel de aceptación que tendría un aumento al impuesto de tabaco, el cual contaría, según esta encuesta, con el apoyo del 68% con la finalidad de que se reduzca su consumo y los daños a la salud que causa. Por último, el mismo número considera que estos efectos deberían ajustarse a la inflación con tal de que no pierdan su efecto inhibitorio.

De este modo, la obligación del Estado mexicano para cumplir con los acuerdos internacionales, con base en los artículos 1 y 133, en específico con el CMCTen su artículo 6, al encontrarse nuestra regulación por debajo de los índices internacionales; conlleva a proponer las siguientes reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Como se menciona en el apartado anterior, en el 2010 se hizo un aumento al IEPS en un $0.35 por cigarrillo. Si bien la industria tabacalera ha desestimado dicha política, la realidad es que este ha sido un impuesto que no sólo ha permitido la disminución de consumidores, sino que ha sido un impuesto recaudatorio para el fisco.

Como primer punto, es necesario mencionar que de acuerdo con algunos estudios el consumo aparente de cigarros en el país se ha reducido en los últimos años en que los precios de los productos del tabaco se han incrementado.

Continuando con los efectos de las reformas, en específico con la del 2010, se estima que la recaudación por concepto de IEPS a los tabacos ha aumentado en los últimos dos años. De enero de 2011 a junio de 2012 el gobierno mexicano recaudó 16,548 millones de pesos, esto es 15% más en términos reales respecto al primer semestre de 2010. A continuación una gráfica que explica esta afirmación:

Tenemos que en 2011 se recaudaron alrededor de 30 mil millones de pesos por concepto de impuestos al tabaco, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, al analizar la evolución de las políticas fiscales, resulta nula la afirmación de que no se tiene un efecto positivo sobre la prevalencia del cigarro, pues se demuestra como el consumo ha disminuido

La opinión pública sobre los impuestos al tabaco, revela que siete de cada diez mexicanos considera conveniente o muy conveniente que se aumenten los impuestos para evitar que menores de edad fumen o sigan fumando. De igual manera, siete de cada diez mexicanos considera que aumentar el impuesto al tabaco es la mejor opción para resolver el problema del déficit fiscal.

El comercio ilícito, de acuerdo con el CMCT, se define como “toda práctica o conducta prohibida por la ley, relativa a la producción, envío, recepción, posesión, distribución, venta o compra, incluida cualquier práctica o conducta destinada a facilitar esa actividad”. Algunos ejemplos que el CMCT menciona son el contrabando, la falsificación de marcas y la fabricación ilícita de los productos del tabaco, pero, de acuerdo con la definición que establece, existen muchas más conductas que se pueden considerar como prácticas comerciales ilegales.

Las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS, así como sus organismos interiores  recomienden el aumento de impuestos a la par de medidas para la creación de tipos penales que regulen dichas conductas. Lo anterior, pues, de acuerdo a la teoría económica, los aumentos fiscales importantes pueden ofrecer incentivos financieros para el contrabando, pero sólo si los sistemas de observancia de la ley y la legislación fiscal son débiles. Ejemplo de esto son los países con ingresos mayores y mayores tasas fiscales para cigarros, en los que tienen menores niveles de contrabando de cigarros que los países con ingresos menores y cigarrillos más caros.  Esto responde a una lógica bastante simple: el contrabando y demás comercio ilícito no se correlaciona con las tasas impositivas, sino con la eficacia en aplicación de la ley. Afortunadamente, en nuestro país tenemos casi el camino recorrido.

En la regulación federal se encuentran los actos de comercio ilícito más graves: contrabando y falsificación de marcas. Si bien, estos no se encuentran tipificados en la LGCT, se desprenden de otros instrumentos normativos como lo son el Código Fiscal de la Federación  y la Ley de Propiedad Industrial. En este aspecto, la LGCT y el Reglamento para la Ley General del Control del Tabaco (RLGCT) establecen actos de prevención al mercado ilícito, al obligar a los importadores y exportadores de productos de tabaco a tener licencias para el tránsito internacional de esta mercancía, así como permisos únicos por cada importación o exportación. Ejemplo de este tipo de medidas preventivas son los diversos aseguramientos que ha realizado la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) en los meses pasados. El conjunto de estas medidas presupone un sistema normativo claro, conciso y con distribución de competencias para cada actor en casos tanto de prevención al comercio ilícito como para su sanción y erradicación.

Si a esto se suma que, de acuerdo a las actualizaciones del consumo de tabaco, en las que se menciona que existe una disminución del consumo de cigarrillos entre 2005 y 2011, por lo cual, la última cifra estimada de consumo es de 23 mil 373 millones 659 cigarrillos (2011); si existe un comercio ilícito corresponde a 150 millones de cigarrillos, de acuerdo a las incautaciones de COFEPRIS, esto representa únicamente el 0.5911 % del consumo estimado.

Como se puede ver, el comercio ilícito sigue sin ser un tema representativo en nuestro país. Pese a esta fortuna, es necesario empezar a considerar acciones que fortalezcan este aspecto para mantenernos como tal. Por lo tanto, en caso de querer tomar acciones concretas, sería recomendable considerar los elementos que propone el reciente protocolo contra el comercio ilícito que fue aprobado por la Conferencia de las Partes, órgano de la OMS.

En específico, se propone reformar la cuota específicaseñalada en el artículo 2, fracción I, inciso C), segundo párrafo, de la LIEPS para que se aumente en 0.90 pesos por cigarro enajenado o importado, actualmente es de 0.35 pesos por cigarro, así como que su entrada en vigor sea inmediata. Esto implicaría que la cuota específica total por cajetilla de 20 cigarros pasa de $7.00 a $18.00 . Esto nos permitiría ajustarnos a los estándares internacionales.

De igual manera, con el objeto de que la cuota específica, antes referida, no pierda su valor por el transcurso del tiempo, se propone su ajuste o actualización anual, en el mes de enero de cada año, de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México, en el diario oficial de la federación, ajustándose a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Por todo lo anteriormente expuesto, el que suscribe, presenta ante esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reformael segundo párrafo y se adiciona un cuarto párrafo, del inciso C) fracción I, del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

“Artículo 2o. ...

I. ...

A) y B). ...

C). ...

1. a 3. ...

Adicionalmente a las tasas establecidas en este Inciso, se pagará una cuota de $0.90por cigarro enajenado o importado. Para los efectos de esta Ley se considera que el peso de un cigarro equivale a 0.75 gramos de tabaco, incluyendo el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco. ...

La cuota de $0.90 por cigarro enajenado o importado, se actualizará anualmente. Dicha actualización se efectuará en el mes de enero de cada año, aplicando el factor que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor, reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, correspondiente al mes de diciembre del año anterior, entre el citado Índice correspondiente al mes de enero del mismo año. Esta disposición se ajustara a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

D) a H). ...

II. ...”

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2013.

Notas:

1 WHO (2008 a). WHO Report on the global tobacco epidemic. 2008. The MPOWER package. Geneve. Worlds Health Organization. ISBN 9789241596282

2 Ídem.

3 Supra nota 1, WHO, 2008, The MPOWER package.

4 Mackay, Judith, et. al. The Tobacco Atlas, 2ª ed, American Cancer Society, 2006, p. 35.

5 Taioli, E., Wynder, E. (1991). Effect of the Age at Which Smoking Begins on Frequency of Smoking in Adulthood. The New England Journal of Medicine. Vol. 325:968-969

6 Supra nota 5, MacKay, Op. Cit.p. 36.

7 Ídem .p. 37.

8 Department of Health and Human Services, The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke. A report of the Surgeon General, Executive Summary, U.S. Department of Health and Human Services, 2006, p. 9.

9 Ídem.

10 Ibídem p. 10.

11 Ídem.

12 Supra nota 6 Taioli, E. et al. Op. Cit., p.23.13Supra nota 1; Informe de la OMS sobre la epidemia mundial del tabaquismo.

14 Da Costa e Silva, Audera-López C. Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco: una respuesta global para una epidemia global. Primer Informe sobre el Combate al Tabaquismo. 2005:335-363

15 Valdés-Salgado R, Meneses-González F, Lazcano-Ponce EC, Hernández-Ramos MI, Hernández-Ávila M. Encuesta sobre Tabaquismo en Jóvenes 2003. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública, 2004

16 Supra nota 2. McKay.

17 Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Tabaquismo en México: análisis y recomendaciones de mejora regulatoria, Documentos de Investigación en Regulación No. 2012-01. P. 15.

18 Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

19 Encuesta nacional de adicciones 2008.

20 Op. Cit, T abaquismo en México: análisis y recomendaciones de mejora regulatoria, p. 27.

21 Ibídem, p. 32.

22 Supra nota 6; Encuesta Nacional de Adicciones 2008, p. 36.

23 Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos 2009.

24 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008 y 2010 (INEGI). Las bases de datos y cuestionarios de la ENIGH se encuentran disponibles en www.inegi.org.mx.

25 Ratificado por el Estado mexicano el 28 de mayo de 2004

26 Véase Chaloupka F.J. et al., «Taxation of tobacco products», en: Jha P., Chaloupka F.J. (editores). Tobacco control in developing countries. Oxford, Oxford University Press, 2000.

27 Cuarta Conferencia de las Partes, “Políticas de precios e impuestos (en relación con el artículo 6 del Convenio)”Informe técnico de la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco, Cuarta reunión, Punta del Este (Uruguay), 15-20 de noviembre de 2010, FCTC/COP/4/11, 15 de agosto de 2010, p. 2.

28 Época: Novena Época, Registro: 161079, Instancia: Primera Sala, Tipo tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 107/2011, Pág. 506,[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, septiembre de 2011; Pág. 506, fines fiscales y extrafiscales.

29 Época: Novena Época, Registro: 168133, Instancia: Primera Sala, Tipo tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: XXIX, Enero de 2009, Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 1a. XX/2009, Pág. 551

30 Época: Novena Época, Registro: 170741, Instancia: PLENO, Tipo tesis: Tesis aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Administrativa Tesis: P. XXXIII/2007

31 Waner, E. “The economic of tobacco and health: an overview” The economics of tobacco control,1998, South África: applied fscal research centre, University of Cape Town. Visto en Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Tabaquismo en México: análisis y recomendaciones de mejora regulatoria, Documentos de Investigación en Regulación No. 2012-01, p. 48.

32 Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Tabaquismo en México: análisis y recomendaciones de mejora regulatoria, Documentos de Investigación en Regulación No. 2012-01, Abril 2012, p. 49.

33 “The General Theory of Second Best”. The Review of Economic Studies, 24(1), pp. 11–32. Reprinted in Robert E. Kuenne, ed. (2000), Readings in Social Welfare: Theory and Policy.

34 Supra Cofemer, p. 57. Además, véase nota 1 McKay.

35 Supra Cofemer, p. 58

36 Ídem.

37 Consejo Mexicano Contra el Tabaquismo Situación del tabaquismo en México 2012: análisis de las políticas públicas para el control del tabaco,p. 9.

38 Ibídem p. 10.

39 Waters, H, Sáenz de Miera, B, Ross, H, Reynales Shigematsu LM. La economía del tabaco y los impuestos al tabaco en México, Paris: Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, 2010.

40 OP. Cit. Consejo Mexicano Contra el Tabaquismo Situación del tabaquismo en México 2012: análisis de las políticas públicas para el control del tabaco.

41 Artículo 1.a del CMCT.

42 Artículo 15 del CMCT.

43 Supra nota 27 Conferencia de las Partes.

44 Ross, H, et al. How Eliminating the Global Illicit Cigarette Trade would Increase Tax Revenue and Save Lives, Paris, Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares, 2009. Resumen disponible en http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/es/ ILL_global_cig_trade_summary_es.pdf

45 Artículos 103 a 106 del Código Fiscal de la Federación.

46 Artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial.

47 Artículos 7 a 29 del RLGCT.

Dado en el Palacio Legislativo, a 22 de noviembre de 2012.— Senadores: Francisco Salvador López Brito, Dolores Padierna Luna, Mariana Gómez del Campo Gurza, María Marcela Torres Peimbert,  Adolfo Romero Lainas,  Ángel Benjamín Robles Montoya, Rosa Adriana Díaz Lizama, Adán Augusto López Hernández, Héctor Yunes Landa, Fidel Demédicis Hidalgo.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DE ENERGIA PARA EL CAMPO

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 9o. de la Ley de Energía para el Campo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Energía para el Campo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción I; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 2010, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Energía para el Campo.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Energía.

3. Mediante comunicado número D.G.P.L. 62-II-8-0194, de fecha 24 de octubre de 2012, la Mesa Directiva informó a esta Comisión de Energía que el plazo reglamentario para dictaminar la minuta en comento comenzó a contabilizarse a partir del 29 de octubre de 2012, toda vez que se trata de un asunto correspondiente a la LXI Legislatura y que permanece vigente para ser resuelto por esta LXII Legislatura.

II. Contenido y objeto de la minuta

A través de la minuta proyecto en comento se pretende adicionar segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Energía para el Campo, con la siguiente redacción:

Artículo 9o. ...

La asignación de la cuota energética será pública, para lo cual al inicio de cada ciclo productivo se publicará en internet el listado de los beneficiarios de la misma, así como el de las solicitudes desechadas y estará a disposición de los usuarios en las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores señalaron como argumentos para sustentar el dictamen respectivo los siguientes:

Los integrantes de ambas comisiones coinciden con el planteamiento y preocupación expresados por el senador Adolfo Toledo respecto a la necesidad y conveniencia de que en la Ley de Energía para el Campo se establezcan disposiciones que favorezcan la transparencia de las decisiones públicas, en cuanto al consumo de energéticos en el sector agropecuario.

En concordancia con lo anterior, se considera pertinente reformar la ley para que los usuarios de energía para el campo cuenten con información oportuna y suficiente respecto a las solicitudes tramitadas ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). En ese sentido, cabe subrayar que en la ley vigente no se prevén los mecanismos necesarios que certifiquen la transparencia en la asignación de las cuotas energéticas para el campo.

Para atender esa necesidad se propone la adición, a efecto de establecer que en la asignación de la cuota energética se privilegie el aspecto público, para que los sujetos obligados cuenten con las herramientas y elementos suficientes para la conservación de la información en la ejecución de esos recursos, sus programas y resultados, fomentando una cultura de la transparencia y de la información.

Estas comisiones coinciden en que la reforma propuesta permitirá que los beneficiarios de los programas de apoyo energético en el campo tengan mayor certidumbre jurídica sobre la tramitación de sus solicitudes, así como permitir mejoras en la gestión pública a cargo del Ejecutivo federal.

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la minuta, los integrantes de esta Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes

III. Consideraciones

Primera.Esta Comisión de Energía coincide con la colegisladora en que la Ley de Energía para el Campo carece de un señalamiento expreso relativo al tema de transparentar la asignación de las cuotas energéticas; que es necesario establecer disposiciones que favorezcan la transparencia de las decisiones públicas, en cuanto al consumo de energéticos en el sector agropecuario; que los beneficiarios de programas de apoyo energético en el campo deben tener certidumbre jurídica sobre la tramitación de sus solicitudes; y que, en general, se debe fomentar la cultura de la transparencia e información.

Segunda.Esta Comisión de Energía considera importante destacar que la asignación de la cuota energética, entendida como el volumen de consumo de energéticos agropecuarios —gasolina, diesel, combustóleo y energía eléctrica—, por beneficiario a precio y tarifas de estímulo, resulta ser una medida prevista en la Ley de Energía para el Campo, con la finalidad de impulsar la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias de nuestro país.

Dicha medida se otorga previo dictamen de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la solicitud de la misma se realiza por cada ciclo productivo. Los mecanismos de supervisión y verificación de la cuota energética, en cuanto a su aplicación y asignación, se deberán prever en el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, conforme al artículo 9 de la misma ley.

Tercera. Los integrantes de esta Comisión de Energía consideran que la reforma planteada por la colegisladora representa la oportunidad para adecuar nuestro marco normativo en materia de transparencia y acceso a la información.

La Ley de Energía para el Campo debe ser acorde con lo establecido en nuestra Constitución, la cual garantiza y protege el derecho a la información. De igual forma, se deben prever disposiciones en dicho ordenamiento que sean acordes con las diversas establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El artículo 6 de la Carta Magna señala que el derecho a la información será garantizado por el Estado y específica diferentes bases y principios que rigen el ejercicio de ese derecho, entre ellos, se encuentra el que precisa que las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

Asimismo, el artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental precisa que los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.

Así, esta Comisión de Energía concluye que el otorgamiento y establecimiento de la cuota energética por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía implica, evidentemente, el manejo de recurso públicos y que como parte de la administración pública federal, dicha dependencia resulta ser un sujeto obligado, según lo dispuesto en el inciso a) de la fracción XIV del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para transparentar y hacer pública, en el caso que nos ocupa, la asignación de la cuota energética citada.

Cuarta. Por tanto, ante la omisión en la Ley de Energía para el Campo para establecer que la asignación de la cuota energética sea pública y su otorgamiento transparente, así como para adecuar dicho ordenamiento con lo dispuesto en nuestra Constitución y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta Comisión de Energía estima necesario aprobar la minuta en comento para establecer que los solicitantes de la cuota energética, en cada ciclo productivo, tengan acceso a las listas de beneficiarios así como de las solicitudes rechazadas; de igual forma, que se publiquen en la página electrónica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y se encuentren disponibles en las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Por lo anteriormente expuesto, es que los integrantes de esta Comisión de Energía sometemos al pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Energía para el Campo

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Energía para el Campo, para quedar como sigue:

Artículo 9o. ...

La asignación de la cuota energética será pública, para lo cual al inicio de cada ciclo productivo se publicará en internet el listado de los beneficiarios de la misma, así como el de las solicitudes desechadas y estará a disposición de los usuarios en las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2012.

Se adjuntan al presente dictamen la firma de la mayoría de los integrantes de esta Comisión de Energía.

La Comisión de Energía, diputados:Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto, Javier Treviño Cantú (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximenea Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión, de conformidad con el artículo 104 de nuestro Reglamento, tiene el uso de la tribuna la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier: Buen día. Con el permiso de la Mesa Directiva. Diputadas y diputados, medios de comunicación, público en general, mi participación se debe al posicionamiento referente al dictamen emitido por la Comisión de Energía relativo al proyecto de decreto por el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 9o. de la Ley de Energía para el Campo.

La transparencia gubernamental es un tema que resulta de suma importancia, la corrupción se ha convertido en un cáncer que permea en todos los niveles de gobierno de nuestro país, haciendo que los recursos públicos, lejos de ocuparse en las múltiples necesidades de la sociedad, se gasten en intereses particulares. Es así que el rezago económico del país, principalmente en el campo, no solo se debe a la falta de recursos sino al destino de los mismos.

El dictamen que hoy ponemos a consideración de esta asamblea responde al propósito de transparentar la asignación de apoyos energéticos a los productores agropecuarios, mediante una reforma a la Ley de Energía para el Campo, que ha sido votada favorablemente por quienes integramos la Comisión de Energía y que representamos las diferentes fuerzas políticas, tales como el Partido Verde, el Partido de Nueva Alianza, el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional.

Se trata de una reforma que fue aprobada originalmente en el Senado de la República en 2010, a propuesta del entonces senador Adolfo Toledo, y que había quedado pendiente de dictamen en esta Cámara de Diputados.

Los integrantes de la Comisión de Energía retomamos su estudio por su trascendencia, considerando que al inicio de esa LXI Legislatura la Mesa Directiva estableció que el plazo reglamentario para dictaminar la minuta correspondiente comenzó a contabilizarse a partir del 29 de octubre de este año.

Hay que tomar en cuenta que le mencionada ley prevé el establecimiento de lo que se llama cuota energética, que consiste en la asignación de un determinado volumen de insumos energéticos, como diesel, gasolina, combustóleo o energía eléctrica, a precios accesibles como medida de estímulo a la producción agropecuaria, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Con la adición que se propone en el artículo 9o de la Ley de Energía para el Campo se establece la obligación de esa dependencia de hacer público, vía Internet, el listado de beneficiarios de dichos apoyos, así como las solicitudes rechazadas, información que deberá estar disponible en las oficinas delegacionales de la Sagarpa para su consulta por parte de los interesados, al inicio de cada ciclo productivo.

Consideramos que esta reforma corresponde al planteamiento del espíritu del artículo 6o. constitucional, que establece la obligación del Estado de garantizar el derecho del ciudadano a la información pública, a través de la transparencia y la accesibilidad, bajo el principio de la máxima publicidad.

Es decir, no existe información que el sector público pueda reservarse, salvo en los casos que expresamente se señalan y tienen que ver con la protección de datos personales o con los asuntos que puedan comprometer la seguridad nacional.

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece las normas a seguir para dar cumplimiento al derecho de información antes citado. De esta manera, la adición que se propone, además de garantizar un derecho ciudadano, reduce los márgenes de discrecionalidad en la asignación de apoyos energéticos al campo, con lo que podrán combatirse posibles casos de favoritismo o franca corrupción en el manejo de recursos públicos.

Hay que eficientar los recursos públicos con el lema de que la legalidad y la transparencia en los apoyos no deben tener tintes políticos ni mucho menos partidistas; cuando los recursos públicos se pintan del color que prevalece no hay un desarrollo equitativo y por lo tanto, no existe el progreso anhelado en un país que se dice ser imparcial.

El acceso sin cortapisas a la información fortalece una relación de confianza de los ciudadanos en las instituciones, tan necesaria en un sector como el campo mexicano, que está urgido de atención efectiva, que aliente la recuperación de sus actividades productivas. Pero también es importante la veracidad de esta recuperación de actividades del campo y acabar con los viejos vicios, que no aportan al progreso a nuestro país; que se pueda tener certeza de quien otorga el apoyo, pero también de quien lo recibe.

Estamos convencidos que apostar por la transparencia en la asignación de recursos públicos dirigidos al estímulo de las actividades agropecuarias ofrece certidumbre a los ciudadanos, fortalece la credibilidad de las instituciones y alienta la eficacia de sus programas.

Queremos resaltar, que si bien éste es un primer esfuerzo rescatable, aún faltan muchos programas y organismos por transparentar. Utilicemos este ejemplo para hacer que la publicación de todos los recursos sea un requisito real en todo el sector energético.

Por lo anteriormente expuesto es que los integrantes de la Comisión de Energía, por unanimidad, consideramos necesaria y viable la adición del segundo párrafo del artículo 9o. de la Ley de Energía para el Campo, que hoy ponemos a su consideración. Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Como el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, está a discusión en lo general y en lo particular.

Esta Presidencia no tiene conocimiento de que se vaya a solicitar alguna otra intervención; en consecuencia, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 368 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por 368 votos en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 9o. de la Ley de Energía para el Campo. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Ya se cerró el sistema de votación, mejor lo registramos económicamente. Yo digo que sí. Saquen el dato.

LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen relativo a las modificaciones que la Cámara de Senadores realizó a la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Marina de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México.

Con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, 84, 85, 94 y 95 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Comisión de Marina somete a consideración de esta soberanía el presente

Dictamen

Antecedentes

1. Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 1 de octubre de 2009, se recibió del Ejecutivo federal la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México. Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

2. En sesión ordinaria del 2 de marzo de 2010 fue aprobada por el pleno del Senado de la República la iniciativa y remitida a la Cámara de Diputados. El 4 de marzo del mismo año, la Colegisladora dio cuenta de la minuta en comento, la cual fue turnada a la Comisión de Marina para su estudio y dictamen.

3. Durante la sesión ordinaria del 8 de septiembre de 2011 la Cámara de Diputados aprobó la minuta con modificaciones. La minuta fue devuelta al Senado de la República para efectos de lo dispuesto en el apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Con fecha 20 de septiembre de 2011, durante la sesión ordinaria del Senado de la República, se dio cuenta de la minuta devuelta, y la Mesa Directiva dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de Marina y Estudios Legislativos, Primera.

5. En sesión ordinaria del 17 de abril de 2012 fue aprobada por el pleno del Senado de la República la iniciativa con modificaciones y remitida a la Cámara de Diputados para efectos de lo dispuesto en el apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Con fecha 19 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la minuta en comento, la cual fue turnada a la Comisión de Marina para su estudio y dictamen.

7. La Comisión de Marina valoró el dictamen presentado y como resultado de los consensos alcanzados, se formula el presente dictamen que recoge el espíritu del debate y las expresiones de los legisladores ratificando en sus términos la motivación, fundamentación y reformas de la colegisladora.

Consideraciones

Primera. El artículo 73 fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Congreso de la Unión tiene facultad para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio.

Segunda. El artículo 89 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las facultades y obligaciones del Presidente son las de preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea el Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Tercera. En ese contexto, es deber constitucional del Congreso de la Unión actualizar y adecuar las normas legales que rigen la actuación de la Armada de México como institución militar nacional de carácter permanente, con facultades para emplear el poder naval de la Federación para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Cuarta. La comisión que suscribe, reconoce que las reformas que se pretenden realizar a la Ley Orgánica de la Armada de México, son de suma importancia, pues permiten adaptar el derecho a las necesidades relativas a la actuación del personal del Instituto Armado, así como para comprender con mayor exactitud el funcionamiento, estructura y atribuciones de la Armada de México contenidas básicamente en la Ley Orgánica, materia de la presente minuta.

Quinta. Se destaca el hecho de que con estas reformas, adiciones y derogaciones se moderniza toda la institución naval, sus mandos se hacen más ejecutivos y operativos, la estructura naval y táctica va a responder mejor a los grandes imperativos de seguridad interior y defensa exterior que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le ordena, y lo que es más importante, la Armada de México seguirá siendo una institución de protección de todos los mexicanos.

Sexta. Esta Comisión Dictaminadora comparte los razonamientos que sustentaron las diversas modificaciones realizadas a la iniciativa presentada por la Cámara de Senadores, así, en el artículo 1o., se establece que la Armada de México, empleará el poder naval de la Federación para la defensa exterior y seguridad interior del país, adicionándose que en el cumplimiento de sus atribuciones las llevará a cabo “en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales”.

Séptima. De esta misma forma en cuanto al artículo 3, sólo se modifica la redacción para evitar una incorrecta interpretación en el ordenamiento del mando supremo con los tres niveles de gobierno, respecto a la coordinación con la Armada de México, para quedar como sigue: “La Armada de México ejerce sus atribuciones por sí o conjuntamente con el Ejército y Fuerza Aérea o en coadyuvancia con las dependencias del Ejecutivo Federal, cuando lo ordene el Mando Supremo, y podrán coordinarse con otros órganos de gobierno que así lo requieran, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales.”

Octava. Los diputados de la Comisión de Marina consideran que las observaciones son adecuadas y procedentes por lo que aprueban en sus términos la minuta en comento.

En mérito de las razones y consideraciones expuestas, los Diputados integrantes de la Comisión de Marina, tomando en cuenta las modificaciones formuladas por la Colegisladora a la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, se pronuncian a favor de la minuta que se analiza, por lo que someten a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México.

Artículo Único. Se reforman los artículos 1; 2, fracciones IV, V, VI, VIII, X, XI, XIII, XIV y XV; 3; 7, párrafo primero, fracciones I y IV; 8, fracción III y párrafo segundo; 9, fracciones I, II y III; 11, fracciones I y II en su apartado B; 12, segundo párrafo; 13; 15; 16, párrafo primero; 17, párrafos primero y tercero; 18; 20; 21; 22; 23; 25, fracciones I y III; 26, párrafo segundo; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 36, párrafo primero, párrafo segundo, fracciones II y III y párrafo tercero; 38, párrafo primero y fracción III; 40; 42; 43; 44; 45; 46, fracciones V, X y XI; 47, fracciones II y V; 48, párrafo primero; 51; 52, fracciones I y II; 54, párrafo primero; 56, párrafo primero y fracción I; 58; 59, párrafo primero; 61; 62; 64; 65, fracción I y los apartados A y B; 66, párrafo primero; 67; 68; 69; 72, fracción V; 73, fracciones I y II; 74; 81, párrafo segundo; 85, fracción I y los apartados C, D y E, fracción II en sus apartados D, numeral 1 y E, y fracción III en sus apartados B y actual C; y 87 sustituyéndose los incisos a y b por las fracciones I y II; y la denominación del Capítulo Cuarto “Grados y Escalafones”; se adiciona la fracción XVI al artículo 2; la fracción III Bis al artículo 8; el artículo 15 Bis; el artículo 22 Bis; la fracción IV al artículo 25; el artículo 27 Bis; el artículo 32 Bis; la fracción XII al artículo 46; un párrafo segundo al artículo 52; un rubro a la fracción IV del artículo 60; el apartado C a la fracción I del artículo 65; y un apartado F, un párrafo segundo a la fracción I, un párrafo segundo a la fracción II, el apartado C a la fracción III y un párrafo segundo a la fracción III del artículo 85; y se deroga el artículo 19; la fracción II del artículo 25; el artículo 34; el artículo 63; el artículo 70; las fracciones III y IV del artículo 73; y el apartado C de la fracción II del artículo 85; todos de la Ley Orgánica de la Armada de México, para quedar como sigue:

Artículo 1.La Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales.

Artículo 2. ...

I. a III. ...

IV. Proteger el tráfico marítimo, fluvial y lacustre, en las zonas marinas mexicanas, aguas interiores navegables y donde el Mando Supremo lo ordene, así como establecer las áreas restringidas a la navegación, incluidos los espacios aéreos correspondientes, en coordinación con las autoridades competentes y de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos jurídicos internacionales y la legislación nacional;

V. Salvaguardar la vida humana mediante operaciones de búsqueda y rescate en las zonas marinas mexicanas, aguas internacionales y en todas aquéllas en las que el Mando Supremo lo ordene;

VI. Proteger instalaciones estratégicas del país en su ámbito de competencia y donde el Mando Supremo lo ordene;

VII. ...

VIII. Proteger los recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales, así como participar en toda actividad relacionada con el desarrollo marítimo nacional;

IX. ...

X. Realizar actividades de investigación científica, oceanográfica, meteorológica, biológica y de los recursos marítimos, actuando por sí o en colaboración con otras instituciones nacionales o extranjeras, o en coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XI. Intervenir, sin perjuicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la prevención y control de la contaminación marítima, así como vigilar y proteger el medio marino dentro del área de su responsabilidad, actuando por sí o en colaboración con otras dependencias e instituciones nacionales o extranjeras;

XII. ...

XIII. Ejecutar los trabajos hidrográficos de las costas, mares, islas, puertos y vías navegables; publicar la cartografía náutica y la información necesaria para la seguridad de la navegación, y organizar el archivo de cartas náuticas y las estadísticas relativas;

XIV. Administrar y fomentar la educación naval en el país;

XV. Participar en los órganos del Fuero de Guerra, y

XVI. Las demás que le señalen las disposiciones aplicables y le encomiende el Mando Supremo.

Artículo 3. La Armada de México ejerce sus atribuciones por sí o conjuntamente con el Ejército y Fuerza Aérea o en coadyuvancia con las dependencias del Ejecutivo Federal, cuando lo ordene el Mando Supremo, y podrán coordinarse con otros órganos de gobierno que así lo requieran, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales.

Artículo 7. El Alto Mando es ejercido por el Secretario de Marina, responsable ante el Mando Supremo del desempeño de las atribuciones siguientes:

I. Planear, elaborar, determinar y ejecutar la política y estrategia naval;

II. y III. ...

IV. Establecer, mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la creación y organización de sectores navales, así como las áreas de control naval del tráfico marítimo;

V. a VIII. ...

Artículo 8. ...

I. y II. ...

III. Regiones, zonas y sectores navales;

III Bis. Cuartel General del Alto Mando;

IV. a VII. ...

Asimismo, y para el despacho de los asuntos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, el Alto Mando se auxiliará con el Subsecretario, Oficial Mayor, Inspector y Contralor General de Marina, Directores Generales, Agregados Navales y demás servidores públicos, órganos y unidades que establezcan los reglamentos respectivos.

Artículo 9. ...

I. Superiores en Jefe: los titulares de las fuerzas navales, regiones navales y el del Cuartel General del Alto Mando;

II. Superiores: los titulares de las zonas navales y otros que designe el Alto Mando, y

III. Subordinados: los titulares de sectores, flotillas, escuadrillas, unidades de superficie, unidades aeronavales, batallones de infantería de marina, y otros que designe el Alto Mando.

Artículo 11. ...

I. El Alto Mando será suplido por el Subsecretario y, en ausencia de éste, por el Oficial Mayor;

II. ...

A. ...

B. En las regiones navales por el comandante de zona más antiguo de su jurisdicción y en el Cuartel General del Alto Mando por el Jefe del Estado Mayor;

III. y IV. ...

...

Artículo 12. ...

Estará integrado con personal Diplomado de Estado Mayor y el personal especialista que sea necesario para el cumplimiento de sus atribuciones. El titular será de la categoría de Almirante.

Artículo 13. Las fuerzas navales son el conjunto organizado de mujeres y hombres, buques, aeronaves y unidades de infantería de marina capacitados para el cumplimiento de la misión y atribuciones asignadas a la Armada de México, conforme a las prescripciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Comandantes de las Fuerzas Navales serán de la categoría de Almirante.

Artículo 15. Las regiones navales son áreas geoestratégicas, determinadas por el Mando Supremo, que agrupan a zonas, sectores, flotillas, escuadrillas y otras unidades y establecimientos.

Tienen a su cargo la concepción, preparación y conducción de las operaciones navales para el cumplimiento de la misión y atribuciones asignadas a la Armada de México en su área jurisdiccional.

Los comandantes de las regiones serán de la categoría de Almirante y estarán subordinados directamente al Alto Mando.

Artículo 15 Bis. El Cuartel General del Alto Mando se integra con las unidades operativas y establecimientos navales de la Capital de los Estados Unidos Mexicanos.

Tiene a su cargo la concepción, preparación y conducción de las operaciones, proporcionando seguridad y apoyo logístico a las unidades y establecimientos en dicha Capital.

El Comandante del Cuartel General del Alto Mando será de la categoría de Almirante y estará subordinado directamente al Alto Mando.

Artículo 16. Las zonas navales son las áreas geográfico-marítimas determinadas por el Mando Supremo, que agrupan a sectores navales, flotillas, escuadrillas y otras unidades y establecimientos que determine el Alto Mando.

..

...

Artículo 17. Los sectores navales son las subdivisiones geográfico-marítimas determinadas por el Alto Mando, que tienen bajo su mando a las flotillas, escuadrillas, unidades, establecimientos y fuerzas adscritas, incorporadas o destacadas.

...

Los comandantes serán de la categoría de Almirante y estarán subordinados al mando de la región o zona naval que corresponda.

Artículo 18. Las flotillas y escuadrillas tienen a su cargo la supervisión de las actividades operativas de las unidades de superficie adscritas, a fin de mantenerlas con un alto grado de alistamiento, incrementar su eficiencia y optimizar los medios disponibles para el desarrollo de las operaciones que se les asignen.

Están integradas por personal y unidades de superficie de acuerdo a los requerimientos operativos. Los comandantes serán de la categoría de Capitán del Cuerpo General y estarán subordinados al comandante de región, zona o sector naval que corresponda.

Artículo 19. Se deroga.

Artículo 20. Las unidades operativas son los buques, aeronaves y unidades de infantería de marina, mediante los cuales se cumplimentan las funciones que se derivan de la misión y atribuciones de la propia Armada. Contarán con el personal necesario de los cuerpos y servicios.

Artículo 21. Las unidades de superficie de la Armada de México, adscritas a los mandos navales, se agruparán en diferentes tipos y clases de acuerdo a su misión, empleo táctico, equipamiento y sistemas de armas.

Artículo 22. Las unidades de infantería de marina, adscritas a los mandos navales, se integran en batallones, fuerzas especiales y otras que designe el Alto Mando.

Artículo 22 Bis. Las unidades aeronavales, adscritas a los mandos navales, son de ala fija o móvil, de diferentes tipos y clases, encuadradas a bases, estaciones y escuadrones aeronavales.

Artículo 23. Los establecimientos de educación naval tienen por objeto adiestrar, capacitar, formar y proporcionar estudios de posgrado al personal de la Armada de México y, en su caso, de los becarios en los términos del Plan General de Educación Naval.

La Armada de México cantará con los establecimientos educativos necesarios para preparar los recursos humanos que requiera a nivel técnico, técnico-profesional, profesional y posgrado, de acuerdo con los recursos financieros que le sean asignados.

Artículo 25. ...

I. El Consejo del Almirantazgo, en sus modalidades de reducido y ampliado;

II. Se deroga.

III. La Comisión Coordinadora para Ascensos, y

IV. Otros que establezca.

Artículo 26. ...

Funcionará y se integrará en los términos que establece la presente Ley.

Artículo 27. El Consejo del Almirantazgo tiene las funciones siguientes:

I. En su modalidad de ampliado:

A. Asesorar al Alto Mando en asuntos de carácter estratégico;

B. Proporcionar los elementos de juicio que sustenten la toma de decisiones en asuntos relacionados con el desarrollo del poder naval, y

C. Proponer las políticas de la institución relacionadas con el ámbito marítimo que impacten en el desarrollo del país, y

II. En su modalidad de reducido, conocerá de las inconformidades a que se refieren los artículos 31 y 33 de la presente Ley.

Artículo 27 Bis. El Consejo del Almirantazgo se integrará de la manera siguiente:

I. En la modalidad de reducido por:

A. Secretario;

B. Subsecretario;

C. Oficial Mayor;

D. Inspector y Contralor General de Marina;

E. Jefe del Estado Mayor General de la Armada;

F. Comandante de la Fuerza Naval del Golfo, y

G. Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, y

II. En la modalidad de ampliado, además de los servidores públicos señalados en la fracción anterior, por los Comandantes de las regiones navales.

En ambas modalidades, será presidido por el Alto Mando.

Artículo 29. Los órganos de disciplina son competentes para conocer, resolver y sancionar las faltas graves en contra de la disciplina naval, así como calificar la conducta o actuación del personal de la Armada de México.

Artículo 30. Los órganos de disciplina son:

I. La Junta de Almirantes;

II. Los Consejos de Honor Superior;

III. Los Consejos de Honor Ordinario, y

IV. Los Consejos de Disciplina.

Funcionarán y se organizarán conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 31. Los órganos de disciplina funcionarán con carácter permanente y sus resoluciones serán autónomas.

Dichas resoluciones se aplicarán en tiempo y forma sin que ello coarte la posibilidad de interponer el recurso de inconformidad ante el órgano de disciplina superior al que emitió el fallo, en un término de 15 días naturales.

El Consejo del Almirantazgo, en su modalidad de reducido, conocerá de las impugnaciones en contra de las resoluciones que emita la Junta de Almirantes.

Artículo 32. La Junta Naval es un órgano administrativo de carácter permanente y estará integrada de un Presidente y dos Vocales de la Categoría de Almirantes en servicio activo de los diferentes Cuerpos y Servicios de la Armada de México, designados por el Alto Mando; el Segundo Vocal fungirá como Secretario.

Será competente para conocer de la inconformidad que manifieste el personal respecto a:

I. Situaciones escalafonarias;

II. Antigüedad en el grado;

III. Exclusión en el concurso de selección para ascenso;

IV. Postergas;

V. Adecuación de grado, y

VI. Pase a la milicia permanente.

Artículo 32 Bis. La inconformidad a que se refiere el artículo anterior, deberá interponerse por escrito ante la Junta Naval, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación.

La resolución de la inconformidad deberá ser emitida en un término no mayor a noventa días naturales posteriores a aquel en que se interpuso la inconformidad.

Las inconformidades se regularán conforme a las disposiciones reglamentarias respectivas.

Artículo 33. Las resoluciones emitidas por la Junta Naval serán autónomas y obligatorias. En caso de inconformidad, deberán ser analizadas por el Consejo del Almirantazgo en su modalidad de reducido.

Artículo 34. Se deroga.

Artículo 36. El personal de la milicia permanente se caracteriza por su estabilidad en el servicio.

...

I. ...

II. El que habiendo causado alta como Marinero, obtenga por ascensos sucesivos el grado de Primer Maestre o equivalente y haya cumplido ininterrumpidamente cuatro años de servicio;

III. El que obtenga el grado de Primer Maestre o equivalente y no se encuadre en la fracción anterior, al cumplir quince años de servicio ininterrumpidos y reúna los requisitos establecidos en el Reglamento respectivo, previa solicitud, podrá participar en el proceso de pase de Oficiales de la milicia auxiliar a la milicia permanente, y

IV. ...

A. a D. ...

Al personal mencionado que haya sido adecuado de grado por estudios efectuados, se le computará el tiempo de servicios en cada uno de los grados que haya ostentado.

...

Artículo 38. El personal de la milicia permanente, núcleo o escala de los diferentes servicios, podrá obtener los distintos grados conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada de México o realizando estudios acordes a su profesión, por su cuenta y sin perjuicio del servicio, pudiendo obtener los grados de:

I. y II. ...

III. Teniente de Navío, con segunda especialidad afín o doctorado.

...

Artículo 40. El personal de la milicia auxiliar podrá ascender por adecuación de grado al haber realizado estudios por su cuenta acordes a su profesión sin perjuicio del servicio y que sean de utilidad para la Armada, pudiendo obtener los grados de:

I. Tercer Maestre, con estudios de nivel técnico profesional;

II. Segundo Maestre, con estudios de nivel técnico profesional con especialidad;

III. Primer Maestre, con estudios de nivel técnico superior universitario;

IV. Teniente de Corbeta, con estudios de licenciatura;

V. Teniente de Fragata, con especialidad o maestría, y

VI. Teniente de Navío, con segunda especialidad afín o doctorado.

La adecuación de grado estará sujeta a la consideración del Alto Mando, a que exista vacante y a la presentación de título o diploma y cédula profesional.

Artículo 42. El personal se agrupa en Cuerpos y Servicios en atención a su formación y funciones.

A su vez, los Cuerpos y los Servicios están constituidos por núcleos y escalas. Los núcleos agrupan al personal profesional, y las escalas al técnico profesional y no profesional.

Artículo 43. Los Cuerpos son los siguientes:

I. Cuerpo General;

II. Infantería de Marina;

III. Aeronáutica Naval, y

IV. Otros que sean necesarios a juicio del Alto Mando.

Los núcleos de los cuerpos señalados están constituidos por personal egresado de la Heroica Escuela Naval Militar, quien podrá realizar las especialidades que resulten necesarias para la Armada de México, en los términos previstos en el Plan General de Educación Naval.

Los núcleos de los servicios están constituidos por personal profesional procedente de establecimientos educativos superiores de la Armada de México, o de otras instituciones de educación superior tanto nacionales como extranjeras. Los estudios en estas últimas, para su reconocimiento, deberán ser revalidados por la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 44. La escala técnico profesional de los Cuerpos y Servicios está integrada por el personal que haya realizado estudios en escuelas reconocidas por la Secretaría de Educación Pública, de nivel técnico profesional, con una duración mínima de tres años lectivos y que obtengan el título o diploma y la cédula profesional correspondiente.

Artículo 45. La escala no profesional de los Cuerpos y Servicios está integrada por el personal no considerado en los artículos 43 y 44 de esta Ley.

Artículo 46. ...

I. a IV. ...

V. Logística Naval;

VI. a IX. ...

X. Sanidad Naval;

XI. Trabajo Social Naval, y

XII. Otros que sean necesarios a juicio del Alto Mando.

Artículo 47. ...

I. ...

II. No contar con otra nacionalidad;

III. y IV. ...

V. Reunir los requisitos de edad, de aptitud física y académica, de conducta, así como encontrarse médica y clínicamente sano y apto para el servicio de las armas, en términos de las normas aplicables.

Artículo 48. El reclutamiento del personal se efectuará:

I. y II. ...

Artículo 51. La educación naval tiene por objeto proporcionar al personal los principios doctrinarios navales, conocimientos y habilidades para el cumplimiento de sus funciones dentro de la Armada de México, en los términos establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias.

La educación naval se conforma por los siguientes niveles educativos:

I. Adiestramiento;

II. Capacitación;

III. Formación, y

IV. Posgrado.

Estos niveles, se llevaran a cabo en las unidades y en los establecimientos de la Armada, así como en otros centros educativos nacionales o extranjeros.

Artículo 52. ...

I. En planteles nacionales, un tiempo equivalente a dos veces el que duren sus estudios, y

II. En planteles extranjeros, un tiempo equivalente a tres veces el que duren sus estudios.

El personal que solicite su separación del servicio activo y no haya concluido con el tiempo de servicio especificado en las fracciones anteriores, cubrirá el total o la parte proporcional del importe erogado por la Institución para la realización de dichos estudios.

Artículo 54. El personal desempeñará los cargos y comisiones acordes a su cuerpo, servicio y grado establecidos en las planillas orgánicas de las unidades y establecimientos de la Armada de México, así como los que se le nombren por necesidades del servicio, de conformidad con lo establecido en esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

...

Artículo 56. Al personal de los Cuerpos le corresponden las funciones siguientes:

I. Ejercer los niveles y tipos de mando que establece esta Ley;

II. y III. ...

Capítulo CuartoGrados y Escalafones

Artículo 58.Los grados en el personal tienen por objeto el ejercicio de la autoridad, otorgando a su titular los derechos y consideraciones establecidos en las leyes y reglamentos respectivos, e imponiendo las obligaciones y deberes inherentes a la situación en que se encuentre.

Artículo 59.El personal, por su grado, se agrupará en las categorías siguientes:

I. a VI. ...

Artículo 60. ...

I. a III. ...

IV.CADETES       CADETES      CADETES

     Cadetes              Cadetes                      Cadetes

     Alumnos             Alumnos          Alumnos

V. y VI. ...

Artículo 61. Al personal que se encuentre cursando estudios en los diferentes establecimientos de educación naval se les denominará Cadetes a nivel licenciatura, y Alumnos a nivel técnico profesional o técnico.

Tendrán los grados que establezcan los reglamentos de los establecimientos educativos y estarán sujetos a la legislación militar con el grado de Segundo Maestre.

Artículo 62. Los ascensos del personal naval se conferirán con arreglo a lo previsto en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 63. Se deroga.

Artículo 64. El grado tope es el grado máximo que puede alcanzar el personal de la Armada.

Quien alcance el grado tope, en los términos en que lo establece esta Ley o la Ley de Ascensos de la Armada de México, al cumplir cinco años en dicho grado percibirá una asignación mensual igual a la diferencia de percepciones que exista entre el grado que ostenta y el inmediato superior.

Cada cinco años dicha asignación será aumentada a las percepciones que correspondan al grado inmediato superior de los que perciba.

Artículo 65. ...

I. Para los Cuerpos:

A. Núcleo: de Guardiamarina hasta Almirante;

B. Escala técnico profesional: de Primer Maestre hasta Capitán de Corbeta, y

C. Escala no profesional: de Marinero hasta Teniente de Navío, y

II. ...

A. a C. ...

...

Artículo 66. El escalafón de la Armada de México se integra de acuerdo a la normatividad aplicable, agrupando al personal de la milicia permanente por cuerpos y servicios, núcleos y escalas en orden descendente, en razón de la categoría, grado y la antigüedad, señalando las especialidades que ostenten.

...

Artículo 67. El personal de la Armada de México podrá ser cambiado de Cuerpo, Servicio, Núcleo o Escala, por necesidades del servicio; recomendación de un Consejo Médico integrado por médicos especialistas navales o a petición del interesado, sujetándose a las siguientes reglas:

I. Si el cambio es por necesidades del servicio o recomendación de un Consejo Médico como resultado de lesiones en actos del servicio, no perderá el grado ni la antigüedad, y

II. Si el cambio es a solicitud del interesado o recomendación de un Consejo Médico como resultado de lesiones en actos no imputables al servicio, ocupará el último lugar del grado que ostente en el cuerpo o servicio del escalafón al que vaya a pertenecer a partir de la fecha del cambio.

Para efectos de retiro no perderá el tiempo de servicio en el grado.

Para efectos de ascenso, la antigüedad en el grado cantará a partir de la fecha del cambio.

Artículo 68. Al término de los estudios en la Heroica Escuela Naval Militar, el personal de cadetes perteneciente a los Cuerpos será promovido al grado de Guardiamarina y el de los Servicios a Primer Maestre; los egresados de los demás establecimientos de educación naval de nivel licenciatura, al de Primer Maestre, y los de nivel técnico profesional al de Segundo Maestre.

Artículo 69. El personal de clases que concluya satisfactoriamente algún curso en los centros de capacitación de la Armada de México, se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Ascensos de la Armada de México.

Artículo 70. Se deroga.

Artículo 72. ...

I. a IV. ...

V. Con licencia, a excepción de la ilimitada.

Artículo 73. ...

I. El personal en espera de órdenes para que le sea asignado cargo o comisión, y

II. El personal que pase a esta situación por resolución de Órgano de Disciplina en los términos que dispone la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México.

III. Se deroga.

IV. Se deroga.

Artículo 74. El personal a que hace referencia la fracción II del artículo anterior, estará sujeto a las normas siguientes:

I. Mientras permanezca en esta situación, no será convocado para efectos de ascenso;

II. Se le deducirá de la antigüedad del grado que ostente, el tiempo que dure a disposición y pasará a ocupar el lugar que le corresponda del escalafón, y

III. El Alto Mando tendrá la facultad para suspender o dar por terminada la situación a disposición a todo aquel personal que se encuentre considerado en la fracción II del artículo anterior.

Artículo 81. ...

Se dará por terminada cuando el interesado sea dado de alta o hasta que se expida el certificado de incapacidad permanente.

...

Artículo 85. ...

I. Por ministerio de ley, al concretarse alguna de las circunstancias siguientes:

A. y B. ...

C. Ser declarados prófugos de la justicia, tratándose de almirantes, capitanes y oficiales de la milicia permanente, sin perjuicio del proceso que se les siga;

D. El personal de la milicia auxiliar, por faltar injustificadamente tres días consecutivos, sin perjuicio del proceso que se les siga;

E. Cuando se adquiera otra nacionalidad, o

F. Por resolución firme del órgano de disciplina competente para el personal de la milicia auxiliar.

Las bajas previstas en esta fracción serán comunicadas por la autoridad competente o el mando naval correspondiente;

II. ...

A. y B. ...

C. Se deroga.

D. Tratándose del personal de la milicia auxiliar, por incapacidad para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al servicio, en los casos siguientes:

1. Encontrarse sujeto a un proceso penal en las jurisdicciones federal o común, que amerite prisión preventiva sin derecho a libertad caucional. De resultar absuelto, podrá reingresar al servicio siempre y cuando cumpla con los requisitos de ingreso establecidos en esta Ley, y

2. ...

E. Tratándose de personal de la milicia auxiliar, por terminación de su contrato o anticipadamente por no ser necesarios sus servicios, conforme a las cláusulas de su contrato y demás disposiciones legales.

El afectado será escuchado en defensa dentro de los quince días naturales siguientes a su notificación, y

III. ...

A. ...

B. Por observar mala conducta determinada por el Consejo de Honor de la unidad o dependencia a que pertenezca;

C. Por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares por causa no imputable a la Armada de México, y

D. Por terminación de su contrato o anticipadamente por no ser necesarios sus servicios o cuando se detecten hechos de falsedad en declaraciones o en la documentación presentada para la acreditación de su situación y de sus derechohabientes.

Para los casos señalados en los apartados C y D, el interesado será escuchado en defensa dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación correspondiente.

Artículo 87. ...

I. Primera Reserva, y

II. Segunda Reserva.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2012.

La Comisión de Marina, diputados:José Soto Martínez (rúbrica), presidente; Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), secretarios; Luis Ricardo Aldana Prieto, Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Máximo Othón Zayas (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Víctor Serralde Martínez, Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Raúl Santos Galván Villanueva, para fundamentar el dictamen, en los términos del artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Raúl Santos Galván Villanueva: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, México es un país esencialmente marítimo, como lo demuestra el hecho de poseer 11 mil 122 kilómetros de costa y una superficie de mar, incluyendo mar territorial y zona económica exclusiva de aproximadamente 3.1 millones de kilómetros cuadrados, superficie marítima que supera en más de 1.5 veces el territorio continental.

La mencionada comparación nos da una clara idea de las dimensiones de la vastedad de nuestros mares y es precisamente en esta jurisdicción donde la Armada de México, en su calidad de autoridad garante de la soberanía nacional, tiene la importante misión de emplear el poder naval de la federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país.

Dentro de sus atribuciones está desarrollar actividades para proteger las áreas e instalaciones estratégicas, salvaguardar la vida humana en la mar, auxiliar a la población en los casos y zonas de desastre, intervenir en la prevención y control de la contaminación marítima, así como la de ejercer la autoridad para garantizar el cumplimiento del orden constitucional en las zonas marinas mexicanas.

Lo anterior cobra especial relevancia hoy, en que México enfrenta nuevas amenazas que demandan contar con una Armada capaz de disuadir o neutralizar las actividades ilícitas en las zonas marítimas.

Para el cumplimiento de la misión se llevan a cabo operaciones navales con buques, aeronaves y unidades de infantería de marina, las cuales son conducidas a través de mandos navales de las regiones, zonas y sectores navales, quienes son los responsables de ejercer las atribuciones de la Armada en su área jurisdiccional.

Tanto las tareas de defensa exterior como de seguridad interior requieren contar con un marco jurídico que respalde las labores de la Armada de México, con normas adecuadas a las circunstancias que imponen los fenómenos sociales, nacionales e internacionales.

Es en este contexto que consideramos impostergable la innovación y reorganización para fortalecer a la Armada de México, razón por la que se promueve su apoyo para que aprobemos este dictamen que reforma la ley orgánica de la institución naval para que quede como un instrumento legal que dé certeza jurídica a su estructura y a sus actividades.

El presente dictamen propone reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México, tanto en su estructura operativa como en su organización, adecuándola a los requerimientos operativos actuales y armonizándola con lo dispuesto en la Ley Federal del Mar y en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece las atribuciones y facultades de la Secretaría de Marina, además de agrupar organismos, precisar y ampliar sus funciones e incorporar conceptos más claros y precisos que facilitan su comprensión y aplicación.

Con esta reorganización se tendrá una presencia más efectiva y permanente en las costas y zonas marinas mexicanas, y se estrechará la coordinación con las autoridades marítimas y portuarias, y con las instituciones comprometidas con la seguridad del país, además de regularizar la redistribución de los mandos navales.

Otras reformas destacables son: Eliminación de las figuras de subsectores, apostaderos y brigadas navales; incorporación de la mujer a actividades en unidades operativas; establecer igualdad de oportunidades para que el personal de los diferentes cuerpos pueda aspirar a ocupar puestos de mando superior y mando superior en jefe; creación del servicio de logística naval; la armonización del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con las atribuciones de la Armada de México. Las reformas que se proponen realizar a la ley orgánica son de suma importancia, pues permiten adaptar el derecho a las necesidades relacionadas con la actuación del personal del instituto armado y para comprender con mayor exactitud el funcionamiento, estructura y atribuciones de la Armada de México, contendidas en su ley orgánica.

Se destaca el hecho de que con estas reformas, adiciones y derogaciones se moderniza la institución naval; sus mandos se hacen más ejecutivos y operativos; la estructura naval y táctica va a responder mejor a los grandes imperativos de seguridad interior y defensa exterior que la legislación nacional establece, y lo que es más importante, la Armada de México seguirá siendo una institución de protección de todos los mexicanos.

En mérito de las razones expuestas, la Comisión de Marina consideró fuese aprobado el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Voy a pedir ahora a la Secretaría —para conocimiento de la asamblea— que proceda a dar lectura al inciso E del artículo 72 constitucional.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Artículo 72 constitucional, inciso E: Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos del inciso A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos del inciso A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto solo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, ciudadano secretario. Esta Presidencia informa a la asamblea que la Cámara de Senadores realizó modificaciones a los artículos 1o. y 3o. del proyecto de decreto. En consecuencia, están a discusión en lo general y en lo particular los artículos antes mencionados.

Esta Presidencia no tiene conocimiento de alguna intervención que se vaya a solicitar; en consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de alumnas y alumnos del Colegio Sara María Basave —de tercero de preparatoria— de Cholula, Puebla, que están aquí invitados por el diputado Julio Lorenzini Rangel. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de la Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El diputado José Ángel González Serna (desde la curul): A favor.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): A favor.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña(desde la curul): A favor.

El diputado Rodrigo González Barrios (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Señor presidente, le comunico que son 385 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados en lo general y en lo particular por 385 votos los artículos 1o. y 3o. del proyecto de decreto. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

MIGUEL ANGEL TORRES GUTIERREZ

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Bribiesca. ¿Es para el voto? Sonido en su curul por favor.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún (desde la curul): Presidente, es para solicitar un minuto de silencio por el asesinato de nuestro compañero de Nueva Alianza en Acapulco. ¿Me lo concede?

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún (desde la curul): El asesinato de nuestro compañero Miguel Ángel Torres Gutiérrez, cuando abordaba su vehículo en la costera Miguel Alemán, es para Nueva Alianza un síntoma más de la profunda ineficacia que aqueja a muchos órganos de seguridad en las diversas partes del país. Éste es un evento que nos conmueve como instituto político; debe de ser investigado a fondo, sin concesiones y se debe dar con los responsables materiales e intelectuales de este crimen.

Nos unimos a la profunda pena que embarga hoy a la familia Torres Gutiérrez y reiteramos que estaremos con él, a su lado, en todo este doloroso tránsito.

El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia hace suya la petición del diputado Bribiesca Sahagún. Pido a todos los presentes que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Torres Gutiérrez, dirigente del Partido Nueva Alianza en el estado de Guerrero.

(Minuto de silencio)

Descanse en paz.

LEY AGRARIA

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día son dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes en sentido negativo que a continuación se discutirán. Proceda la Secretaría a dar lectura solo a sus encabezados.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Agraria

A la Comisión de Reforma Agraria fue turnada, para dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Agraria, recibida del diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f)” de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80,157 numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

1. Con fecha 30 de Julio de 2012, la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, mediante Oficio No. CP2R3A.-1976, turnó’ para dictamen a esta Comisión de Reforma Agraria, el Expediente Numero 7469, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el Que adiciona un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Agraria, recibida del diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

2. Con Oficio número D.G.P.L. 62-II-S-0194, la Mesa Directiva informó que los asuntos que no llegaron a resolver las comisiones de la LXI Legislatura se encuentran vigentes y los plazos reglamentarios para dictaminarlos correrán a partir del 29 de octubre de 2012 por lo que esta Secretaria Técnica de la Comisión de Reforma Agraria, se avoca al dictamen de la Iniciativa Que adiciona un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Agraria, recibida del diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

3. La Comisión de Reforma Agraria, integra a través de su secretaría técnica las opiniones de sus diputados integrantes y entra al estudio de la iniciativa con fundamento en el cual, formula proyecto de dictamen para la consideración del pleno de las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión, para su estudio y aprobación en su caso.

4. Con fecha 28 de noviembre de 2012, se reúne en pleno la Comisión de Reforma Agraria para conocer el proyecto de dictamen, estudiarlo, analizarlo y, en su caso, aprobarlo, que al examinar el proyecto de dictamen, además de los antecedentes que aquí se reseñan, se estudiaron de la iniciativa las siguientes motivaciones:

I. Planteamiento del problema a ser resuelto por la iniciativa

El cambio climático global está considerado como uno de los problemas ambientales más urgentes. El impacto negativo más importante del cambio climático es la emisión de gases invernadero (CO2, CH4, N2O), que son la consecuencia directa o indirecta de la combustión de recursos no renovables (carbono ligado al petróleo de origen mineral o al carbón).

La agricultura aporta más del 20 por ciento de las emisiones globales de gas invernadero antropogénico. Más aún, la intensificación agrícola ha tenido impactos considerables en detrimento de los ecosistemas terrestres y acuáticos en todo el mundo. La duplicación de la producción durante los últimos 35 años estuvo asociada con el aumento de 6.9 veces la fertilización con nitrógeno, de 3,5 veces la fertilización con fósforo y de 1.7 veces las tierras irrigadas.

Sin embargo, la agricultura no sólo contribuye con el calentamiento global sino que también, en gran medida, se encuentra afectada por él.

El cambio climático a largo plazo, en particular el calentamiento del planeta, podría afectar a la agricultura en diversas formas, y casi todas son un riesgo para la seguridad alimentaria de las personas más vulnerables del mundo:

• Sería menos previsible el clima en general, lo que complicaría la planificación de las actividades agrícolas.

• Podría aumentar la variabilidad del clima, ejerciendo más presión en los sistemas agrícolas frágiles.

• Los extremos climáticos -que son casi imposibles de prever- podrían hacerse más frecuentes.

Aumentaría el nivel del mar, lo que sería una amenaza para la valiosa agricultura de las costas, en particular en las islas pequeñas de tierras bajas.

• La diversidad biológica se reduciría en algunas de las zonas ecológicas más frágiles, como los manglares y las selvas tropicales.

• Las zonas climáticas y agroecológicas se modificarían, obligando a los agricultores a adaptarse, y poniendo en peligro la vegetación y la fauna.

• Empeoraría el actual desequilibrio que hay en la producción de alimentos entre las regiones templadas y frías y las tropicales y subtropicales.

• Se modificaría espectacularmente la distribución y cantidades de pescado y de otros productos del mar, creando un caos en las actividades pesqueras establecidas de los países.

• Avanzarían plagas y enfermedades portadas por vectores hacia zonas donde antes no existían.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos de vital importancia definir y establecer nuevas modalidades agrícolas para ser menos invasivos con el medio ambiente y frenar, tal y como lo establece el Protocolo de Kyoto, el cambio climático, por ello proponemos adicionar un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Agraria para señalar que el Ejecutivo federal promoverá modalidades agrícolas sostenibles tomando en consideración el cambio climático.

Argumentación

La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. La agricultura orgánica involucra mucho más que no usar agroquímicos. En Centroamérica se está produciendo una gran variedad de productos agrícolas orgánicos para exportación.

Esta actividad no sólo permite que los ecosistemas se adapten mejor a los efectos de los cambios climáticos sino que también ofrece un mayor potencial para reducir la emisión de gases invernadero.

Dado que el cambio climático posee un impacto directo en la agricultura, se necesita desarrollar y aplicar métodos agrícolas ambientalmente sanos.

La agricultura orgánica no sólo permite que los ecosistemas se adapten mejor a los efectos de los cambios climáticos sino que también ofrece un mayor potencial para reducir la emisión de gases invernadero http://www.fao.org/docrep/005/y4137s/y4137s07.htm-fn107. Más aún, la agricultura mixta y la diversidad de rotaciones de cultivos orgánicos protegen la superficie frágil de la tierra e incluso pueden contrarrestar el cambio climático al restablecer el contenido de materia orgánica.

La idea de los sumideros del carbono del Protocolo de Kyoto (artículo 3.4) puede, en parte, llevarse a cabo eficientemente por medio de la agricultura orgánica.

El Protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional asumido en 1997 en el ámbito de Naciones Unidas que trata de frenar el cambio climático. Uno de sus objetivos es contener las emisiones de los gases que aceleran el calentamiento global, y hasta la fecha ha sido ratificado por 163 países entre ellos se encuentra México.

Para llevar a cabo una reducción de emisiones según el Protocolo de Kyoto, se tomaron como base las emisiones generadas en el año 1990, de forma, que los países que acatan el protocolo deberán reducir sus emisiones en un 8 por ciento. Para verificar el cumplimiento se medirá la media de emisiones desde el año 2008 hasta el 2012.

La Unión Europea tiene fijada una reducción del 8 por ciento, si bien se realizó un reparto entre sus países miembros, de forma, que por ejemplo a España, se le consentiría un aumento en sus emisiones de 15 por ciento partiendo como base de sus emisiones en 1990. El problema para España radica, en que, hasta la fecha, estas emisiones han aumentado en un 53 por ciento, lo que complica en gran medida el cumplimiento del protocolo de Kyoto.

El mencionado protocolo establece que los Estados parte deberán fomentar las modalidades agrícolas sostenibles, esto se encuentra en el artículo segundo que a la letra dice:

Artículo 2

1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3:

a) Aplicará y seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales, por ejemplo las siguientes:

i) fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional;

ii) protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación;

iii) promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio climático;

iv) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales;

v) reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que sean contrarios al objetivo de la Convención en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero y aplicación de instrumentos de mercado;

vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal;

vii) medidas para limitar y reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del transporte;

viii) Limitación y reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y utilización en la gestión de los desechos así como en la producción, el transporte y la distribución de energía;

Las implicaciones económicas de que México adopte oficialmente el Protocolo de Kyoto, son las de tener un nuevo modelo económico de desarrollo. Este modelo de crecimiento económico debe estar desvinculado lo más posible de la generación y emisión de gases de efecto invernadero, en donde el crecimiento económico no signifique más daños ambientales a nuestro país y al planeta. Con la entrada en vigor oficial del Protocolo de Kyoto, México requiere de reformas económicas basadas en el desarrollo económico sostenido y sustentable, respetuoso del medio ambiente y socialmente más justo.

Por ello es indispensable que legislemos en pro del medio ambiente fomentando el apoyo agrícola y la reducción de emisiones generadas por esta actividad.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71 fracción II, 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía la Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Agraria

Primero.Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

...

El Ejecutivo federal promoverá modalidades agrícolas sostenibles tomando en consideración el cambio climático.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Congresos de los estados y la Asamblea del Distrito Federal adecuarán realizarán las adecuaciones correspondientes en sus legislación en término de 180 días contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 25 de julio de 2012.— Diputado Jorge Kahwagi Macari (rúbrica).

II. Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6, fracción 1, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de Decreto. Que adiciona un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Agraria, recibida del diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

III. Ordenamientos a modificar

Artículo Único.

Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Agraria, recibida del diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para quedar como sigue:

IV. Texto normativo propuesto

Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4 de la ley agraria para quedar como sigue

Artículo 4. ...

El Ejecutivo federal promoverá modalidades agrícolas sostenibles tomando en consideración el cambio climático.

V. Considerandos

Primero. Esta Comisión de Reforma Agraria coincide con el diputado iniciante Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Sin embargo, la solución del problema señalado en su diagnóstico ya se encuentra prevista en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable así como en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Los cuales a letra dicen:

Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo 36. En materia de investigación agropecuaria, el gobierno federal impulsará la investigación básica y el desarrollo tecnológico; con este propósito y con base en la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y demás ordenamientos aplicables, la secretaría tendrá a su cargo la coordinación de las instituciones de la administración pública federal cuya responsabilidad sea la investigación agropecuaria, socioeconómica y la relacionada con los recursos naturales del país, así como el apoyo a los particulares y empresas para la validación de la tecnología aplicable a las condiciones del país que se genere en el ámbito nacional e internacional, siempre que sean consistentes con los objetivos de sustentabilidad y protección del medio ambiente a que se refieren esta Ley y las demás disposiciones en la materia.

Artículo 56. Se apoyará a los productores y organizaciones económicas para incorporar cambios tecnológicos y de procesos tendientes a:

III. Adoptar innovaciones tecnológicas;

IV. Conservar y manejar el medio ambiente;

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 2o. Se consideran de utilidad pública:

V. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

Artículo 41. El gobierno federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán la investigación científica, desarrollo tecnológico e.

Innovación, asimismo promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento sustentable de los

Recursos naturales, preservar, proteger y restaurar los ecosistemas para prevenir desequilibrios ecológicos y daños ambientales, determinar la vulnerabilidad, así como las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia.

Acuerdo

Primero. Se desecha en todos sus términos la iniciativa por la que adiciona un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Agraria, recibida del diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Gisela Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra, Maricruz Cruz Morales, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), secretarios; Felipe de Jesús Almaguer Torres, Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Eduardo Román Quian Alcocer, Luis Gómez Gómez, Lisandro Arístides Campos Cordova (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya, Óscar Bautista Villegas (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, Darío Zacarías Capuchino, José Antonio Rojo García de Alba, Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), José Antonio León Mendivil.»

LEY AGRARIA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 18, y el 18 Bis y 18 Ter a la Ley Agraria

A la Comisión de Reforma Agraria fue turnada, para dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan dos párrafos al artículo 18, y los artículos 18 Bis y 18 Ter a la Ley Agraria, recibida del diputado Edgardo Chaire Chavero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. Con fecha 23 de julio de 2012, la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, mediante oficio número CP2R3A.1832, turnó para dictamen a esta Comisión de Reforma Agraria el expediente numero 7420, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona dos párrafos al artículo 18, y los artículos 18 Bis y 18 Ter a la Ley Agraria, recibida del diputado Edgardo Chaire Chavero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. Con oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0194, la Mesa Directiva informó que los asuntos que no llegaron a resolver las comisiones de la LXI Legislatura se encuentran vigentes y los plazos reglamentarios para dictaminarlos correrán a partir del 29 de octubre de 2012, por lo que esta secretaría técnica de la Comisión de Reforma Agraria se avoca al dictamen de la iniciativa que adiciona dos párrafos al artículo 18, y los artículos 18 Bis y 18 Ter a la Ley Agraria.

3. La Comisión de Reforma Agraria integra a través de su secretaría técnica las opiniones de sus diputados integrantes y entra al estudio de la iniciativa con fundamento en el cual formula proyecto de dictamen para la consideración del pleno de las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión para su estudio y aprobación, en su caso.

4. Con fecha 28 de noviembre de 2012 se reúne en pleno la Comisión de Reforma Agraria para conocer el proyecto de dictamen, estudiarlo, analizarlo y, en su caso, aprobarlo, misma que al examinar el proyecto de dictamen, además de los antecedentes que aquí se reseñan, se estudiaron de la iniciativa las siguientes motivaciones:

I. Planteamiento del problema a ser resuelto por la iniciativa

Mendieta y Núñez manifestó que en realidad la propiedad ejidal, desde la época de la Colonia, es de carácter familiar en virtud de que se concedían tierras desde entonces a los indígenas cabeza de familia indicando que eran trasmisibles por herencia por parte del titular los derechos sobre la unidad de dotación y sobre los demás inherentes a su calidad de ejidatario, así también resaltaba el principio de indivisibilidad de la parcela ejidal que consagraba la Ley Federal de Reforma Agraria, para conservarla como unidad económica y familiar y evitar a toda costa una pulverización de los ejidos, el derecho que tiene el titular a disponer de sus bienes por causa de muerte viene a configurar una verdadera propiedad para el ejidatario, de tal suerte que la herencia, como en el antiguo derecho romano, se vuelve forzosa, en virtud de tratarse de una propiedad tutelada por la codificación de derecho agrario. Con esta visión, este autor se afilia a “la solidísima tesis sociológica mantenida por Antonio Caso: Nuestra población rural y urbana está formada no de individuos atómicamente pulverizados, sino de moléculas familiares”.

La sucesión en materia agraria surge como parte del derecho positivo mexicano en la ley reglamentaria sobre repartición de tierras ejidales y Constitución del patrimonio parcelario ejidal de 1925, en la que se determinó por primera vez que al fallecer el propietario de la parcela ejidal, sus derechos se transferían al heredero que, a la muerte del autor de la sucesión, adquiriera el carácter de jefe de familia y todos los miembros de la misma gozarían de derechos de habitación y disfrute personal de los productos de la parcela y que a falta de herederos la parcela volvería al poblado para su adjudicación a un nuevo jefe de familia. La ley de 1927 modifica la de 1925 introduciendo dentro de sus reformas, en el caso de herencia el titular podía transferir sus derechos a favor de personas a quienes sostenía, aun cuando no fueran sus parientes pero que hubieran vivido en familia con él, respecto del patrimonio familiar, los miembros de la familia se hacían acreedores a derechos de habitación y disfrute personal de los productos de la parcela ejidal, sobre todo sienta las bases para el fraccionamiento de las tierras de cultivo impulsando las adjudicaciones individuales de parcelas a los ejidatarios.

Posteriormente, el Código Agrario de 1934, retoma en términos generales la transmisión de la parcela por fallecimiento del titular por medio de una lista de sucesores que entregaban al comisariado ante la que podía figurar la mujer, los hijos o personas que formaran parte de la familia. En el Código Agrario de 1940, el régimen sucesorio se encontraba más delimitado, sus derechos pasaban a las personas a quien sostenían pero que hubieren vivido con él, aun cuando no fueran parientes, la lista de sucesores se sujetaban al siguiente orden, la mujer legítima del ejidatario, a falta de ésta la concubina con la que hubiera procreado hijos, en su defecto con la que hubiera hecho vida marital los seis meses anteriores a su fallecimiento y en último término las personas de cualquier sexo que hubiesen formado parte de su familia, con la obligación de los nuevos titulares de estos derechos ejidales para fungir como jefes de familia. El Código Agrario de 1942, era muy amplio el renglón sucesorio, se dejaba en libertad al ejidatario de designar a cualquier persona como sucesor de derechos agrarios, con el requisito de que dependieran económicamente del de cujus aunque no fueran familiares, si no se hacía la designación, se respetaban los lazos conyugales, de concubinato o de descendencia. Así llegamos a la Ley Federal de Reforma Agraria, en la que el derecho sucesorio en materia ejidal, se traducía en la facultad del ejidatario de designar como sucesores en sus derechos ejidales, a su esposa, hijos, a la persona con que hubiere hecho vida marital o en su defecto a personas que dependían económicamente de él, derecho sucesorio circunscrito a que sólo se puede transmitir a una sola persona la que debía reunir los requisitos particulares para ser ejidatario. Cuando el ejidatario no hubiese hecho designación de sucesores, o cuando la esposa, hijos, persona con la que hubiese hecho vida marital, o persona que dependía económicamente de él, estén impedidos legal o materialmente, es decir si los derechos del ejidatario no eran susceptibles de ser transmitidos por testamento, también podía ocurrir que podían transmitirse al intestado con el orden legal que establecía la propia ley correspondiente a la cónyuge sobreviviente, persona con la que hubiera hecho vida marital y procreado hijos, a uno de los hijos del ejidatario, a la persona con la que hubiese hecho vida marital los últimos dos años, a cualquier persona de las que dependen económicamente de él.

Era frecuente que al fallecer el ejidatario hubiera más de una persona con derechos a sucederle, en este caso la asamblea de ejidatarios opinaba quién de entre ellas debía ser sucesor quedando a cargo de la comisión agraria mixta la resolución debía emitir en plazo de treinta días, si algún heredero renunciaba a sus derechos se hacía una nueva adjudicación de acuerdo con el orden de preferencia establecida, si después de todas las alternativas no se adjudicaba, la unidad de dotación quedaba a disposición de la asamblea general para ser asignada a los campesinos que llenaran los requisitos. La otra limitante en materia de sucesión era que debían ser a favor de una sola persona, no operaba para el que ya tuviera una unidad de dotación indicando que eran incapaces para recibir por herencia quienes ya disfrutaran de una unidad de dotación, en todo caso, la herencia se transmitía al favorecido con la carga de sostener a los familiares del finado o destinado los productos de la unidad de dotación al sustento de los hijos menores que dependían económicamente del ejidatario fallecido, hasta la edad de 16 años salvo que estuvieran incapacitados física o mentalmente para trabajar y a la mujer legítima hasta su muerte o cambio de estado civil, esta vertiente configurativo del derecho familiar, prevé que cuando un ejidatario contrajera matrimonio, o haga vida marital con una ejidataria que estuviera disfrutando de una unidad de dotación, se respetarán por separado sus derechos agrarios, en este caso el matrimonio se entenderá bajo el régimen de separación de bienes.

Hoy, la Ley Agraria vigente dispone en su artículo 17 el derecho del ejidatario de de designar a quien deba sucederle en sus derechos parcelarios y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Dicha lista deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Agraria en el caso en el que el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: al cónyuge; a la concubina o concubinario; a uno de los hijos del ejidatario; a uno de sus ascendientes; y a cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.

Se dispone además que en los casos en que resulten dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá referencia cualquiera de los herederos.

No obstante el desarrollo y los avances que han quedado aquí de manifiesto y que, desde el punto de vista legislativo, se han obtenido a lo largo del tiempo en esta materia, encontramos todavía vacíos legales que generan incertidumbre entre la familia del de cujus.

Como se apuntó en lo que establece la ley vigente en cuanto a la sucesión legítima intestamentaria, puede presentarse el supuesto de que existan varias personas con igual derecho a heredar, como los siguientes:

• Cuando el ejidatario o comunero con derechos legalmente reconocidos no designa sucesores y no sobreviven la esposa o concubina, previstas en las dos primeras hipótesis del artículo 18 de la ley de análisis.

• Cuando los sucesores registrados son o se vuelven incapaces material o legalmente para suceder en los derechos del de cujus y nadie se encuentra en las dos primeras hipótesis del artículo de análisis.

• Cuando los sucesores registrados no asuman legalmente la titularidad de los derechos heredados, sea por renuncia o muerte, y nadie se encuadre en las dos primeras hipótesis del artículo en comento.

• Con relación a los ascendientes, cuando estos no cohabitan, y no se ponen de acuerdo quien deba suceder al de cujus.

• Cuando el autor de la herencia tenga más de una persona que dependa económicamente de éste, y éstos no se pongan de acuerdo sobre quién deba sucederlo.

La ley vigente es omisa en contemplar en estos supuestos, qué pasa con los bienes agrarios que componen los derechos del extinto, así como la forma en que se deberán repartir las ganancias que produzca la explotación de estos derechos desde el momento de la denuncia del intestado hasta la venta y partición de la misma, es decir, en la actualidad no existe ninguna figura jurídica que se encargue de representar y administrar los bienes ejidales mientras se resuelve el intestado.

Esto trae como consecuencia la no explotación de estos derechos en ese lapso y por tanto crea un detrimento económico a la familia que dependía de estos, e implica que dejen de percibir el producto con el que se mantenía, siendo esta la principal función para la que fue constituida esta dotación. Esto en razón de que puede darse el caso de que no se obtenga el producto de la siembra, evitando así que se coseche, o cuando la parcela tiene plantaciones con producción en ciclos (cítricos, agave, etcétera) éstas queden sin cosecharse, generando graves pérdidas en la economía familiar.

Por lo anterior se considera indispensable adicionar algunas disposiciones a la Ley Agraria en las que se establezca la figura de un interventor, que haga las veces de albacea, y que. se encargue de las tareas de representación y administración de los bienes ejidales, la forma y el término para nombrarlo, así como las causas por las que cesa dicho encargo.

Estamos seguros de que si prospera la presente iniciativa estaremos contribuyendo a dar certeza jurídica a las familias de los ejidatarios que lamentablemente pierdan la vida y que por la razón que sea, no hayan designado a quien deberá sucederle en sus derechos ejidales.

II. Fundamento Legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6, fracción I, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de Decreto Que adiciona dos párrafos al artículo 18, y los artículos 18 Bis y 18 Ter a la Ley Agraria.

III. Ordenamientos a modificar

Artículo Único.Se adicionan dos párrafos al artículo 18, y los artículos 18 Bis y 18 Ter a la Ley Agraria, para quedar como sigue:

IV. Texto normativo propuesto

Decreto que adiciona dos párrafos al artículo 18, y los artículos 18 Bis y 18 Ter a la Ley Agraria

Único. Se adicionan dos párrafos al artículo 18, y los artículos 18 Bis y 18 Ter a la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

I. a V. ...

...

En los casos establecidos en el párrafo anterior, el Tribunal Agrario hará la declaración de quienes tienen derecho a heredar y concederá un término, que en ningún caso excederá de 20 días hábiles, para que designen a un interventor, quien estará a cargo de la administración de los derechos y bienes materia de la sucesión hasta que se resuelva quien será el heredero o bien, la venta de los derechos ejidales.

En caso de omisión o de no llegar a un acuerdo sobre quién deba ser el interventor, se hará llamar al Consejo de Vigilancia para saber sobre quién de entre sus miembros recaerá este’ encargo, los cuáles no podrán rehusarse a desempeñar este encargo.

Artículo 18 Bis. El interventor tendrá las siguientes obligaciones:

I. Recibir los bienes hereditarios por inventario detallado;

II. Administrar con eficacia, eficiencia y honradez los bienes hereditarios;

III. Procurar la conservación de estos bienes;

IV. Rendir cuentas a los herederos cada vez que el Tribunal así lo determine, las cuales deberán ser aceptadas previa calificación del propio Tribunal;

V. Entregar

Artículo 18 Ter. El cargo de interventor cesará por resolución emitida por el Tribunal Agrario en los siguientes casos:

I. Por designación del heredero o venta de los derechos hereditarios;

II. Por muerte del interventor;

III. Por incapacidad legal declarada en forma

IV. Por revocación de su encargo hecha por los herederos;

V. Por remoción.

En caso de que el interventor sea removido de su encargo por negligencia, el Tribunal Agrario dará vista al agente del Ministerio Público para los efectos que correspondan.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 De Ibarrola, Antonio. Derecho agrario, Porrúa, México, 1983, páginas 407 y 408.

2 Dominio pleno, mecanismo de incorporación del derecho agrario al derecho común. Martha Eréndira Estrada González y Gilberto Mendoza Martínez

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/59/56- 10. pdf

3 Necesidades de la sucesión legítima agraria, Armando González Zúñiga, en

http://www.tribunalesagrarios.gob.mxlimages/stories/publicacion es/REVISTATribunales-Agrarios/rev43_4. pdf

Sede de la Comisión Permanente, a 18 de julio de 2012.— Diputado Edgardo Chaire Chavero (rúbrica).»

(Turnada a la Comisión de Reforma Agraria. Julio 18 de 2012.)

V. Considerandos

Primero. Esta Comisión de Reforma Agraria coincide con el diputado Edgardo Chaire Chavero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que el fundamento de mayor relevancia de su iniciativa, se encuentra dentro del ámbito de la justicia. Sin embargo, la solución del problema señalado en su diagnóstico ya se encuentra previsto en la Ley Agraria vigente, y su propuesta para estudio debe ser debidamente separada de la siguiente forma:

Articulo 18. ..

...

I. a V. ...

Texto propuesto:

“En los casos establecidos en el párrafo anterior, el Tribunal Agrario hará la declaración de quienes tienen derecho a heredar “...

No se señala si esta declaración sería de oficio o a petición de parte

“y concederá un término, que en ningún caso excederá de 20 días hábiles”

la legislación actual concede a las partes sin necesidad de acudir ante un tribunal de la materia situación que en los medios rurales no es fácil el acceso dadas las distancias a recorrer el termino de tres meses y con la adición planteada seria únicamente de dos meses es decir veinte días hábiles...

“para que designen a un interventor”

No se señala que dicho interventor para garantizar su fiel y leal desempeño exhiba garantía de ninguna clase ni alguna pena convencional para el caso de que no funja de acuerdo al mandato que la ley le señala como obligación

“Quien estará a cargo de la administración de los derechos y bienes l11ateria de la sucesión hasta que se resuelva quien será el heredero...

Situación que en la realidad tarda meses e incluso años para la solución de conflictos relacionados con la materia

“o bien, la venta de los derechos ejidales”.

Siguiente párrafo propuesto en la iniciativa:

“En caso de omisión o de no llegar a un acuerdo sobre quién deba ser el interventor...”

No se señala que dicho interventor para garantizar su fiel y leal desempeño exhiba garantía de ninguna clase ni alguna pena convencional para el caso de que no funja de acuerdo al mandato que la ley le señala como obligación...

...“se hará llamar al Consejo de Vigilancia para saber sobre quién de entre sus miembros recaerá este encargo los cuáles no podrán rehusarse a desempeñar este encargo”.

No se señala que dicho interventor para garantizar su fiel y leal desempeño exhiba garantía de ninguna clase ni alguna pena convencional para el caso de que no funja de acuerdo al mandato que la ley le señala como obligación, ni que sucede cuando cambia la mesa directiva o el consejo de vigilancia termina su encargo.

Segundo. Asimismo ofrece una solución parcial para un problema generalizado que es el transferir la posesión de parcelas a terceros ajenos a los herederos.

Acuerdo

Primero. Se desecha en todos sus términos la iniciativa por la que adiciona dos párrafos al artículo 18, y los artículos 18 Bis y 18 Ter a la Ley Agraria, recibida del diputado Edgardo Chaire Chavero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Gisela Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Maricruz Cruz Morales, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), secretarios; Felipe de Jesús Almaguer Torres, Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Eduardo Román Quian Alcocer, Luis Gómez Gómez, Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya, Óscar Bautista Villegas (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, Darío Zacarías Capuchino, José Antonio Rojo García de Alba, Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), José Antonio León Mendivil.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No hay ningún compañero legislador que solicite la palabra. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día, en agenda política, está registrado el tema de comentarios relativos a la Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Se han inscrito para participar en este tema el diputado René Ricardo Fujiwara, la diputada Magdalena Núñez Monreal, el diputado Francisco Coronato, la diputada Mónica García de la Fuente, la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, el diputado Genaro Carreño y la diputada Adriana Hernández; en consecuencia, tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias. Con su permiso, Presidente. Compañeras y compañeros diputados, el pasado 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha que nos recuerda que en México aún tenemos enormes retos en la materia y que, como sociedad, aún no alcanzamos los niveles de inclusión y comprensión de las personas que viven con discapacidad.

Como lo destaca la ONU, en la actualidad casi una quinta parte del total de la población mundial padece algún tipo o grado de discapacidad, ya sea congénita, por enfermedad, mutilación o pérdida de algún órgano por accidente.

En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, viven aproximadamente cinco millones 739 mil personas con discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total.

No podemos aceptar que en pleno siglo XXI gran cantidad de las personas con discapacidad vivan bajo el yugo de la exclusión del desarrollo nacional. A pesar de que el Estado mexicano ha mostrado ciertos avances en la atención de las personas con discapacidad, aún dista de lograr una plena inclusión en todos los ámbitos sociales.

Las políticas y programas gubernamentales deben apartarse de visiones asistencialistas para incorporar enfoques integrales que permitan el desarrollo personal y profesional que merecen las personas en esta condición.

Como sociedad tenemos mucho que aprender sobre cómo incorporarlas a una vida plena, sin discriminación ni prejuicios. Esas actitudes de discriminación, muchas veces inhumanas, resultan incongruentes en una sociedad que se jacta de moderna; desde aquellos automovilistas que se estacionan en los lugares reservados a personas con sillas de ruedas, hasta la conducta omisa frente a una persona con debilidad visual; del funcionario que no tiene la sensibilidad para atender a una persona que requiere atención especial, hasta la falta de equipamiento urbano que facilite su movilidad.

Las personas con discapacidad tienen derecho al desarrollo integral y aspiran a tener una vida personal y profesional al máximo de sus capacidades.

Existen muchos ejemplos de personas que al nacer o al adquirir una discapacidad desarrollan talentos que muchas veces rebasan nuestra propia capacidad. Lo vemos en nuestros atletas paralímpicos, que con carácter y perseverancia, entrenan a diario para lograr el triunfo, o en la persona que no cuenta con sus miembros superiores, pero que realiza verdaderas obras de arte con sus pies, o en aquella persona que al no contar con el sentido de la vista tiene una mayor visión de la que nosotros podemos imaginar.

Las personas con discapacidad que logran un éxito personal o profesional son doblemente triunfadoras, porque, además de superar su propia condición, tienen que sortear la discriminación de la sociedad y la exclusión de las autoridades.

Como legisladores, nuestra responsabilidad primordial consiste en legislar a favor de las personas con discapacidad para responder a sus necesidades y demandas; al gobierno le corresponde implementar las políticas y programas adecuados para lograr su desarrollo, y como sociedad, aprender de su ejemplo, pero sobre todo generar un ambiente de inclusión a partir de la empatía y el respeto.

Paradójicamente la discapacidad no es una condición de vida que limite las capacidades de una persona. Lo que realmente los limita es nuestra ignorancia para reconocer en ellos el valor que tienen como personas y los obstáculos que a diario le son impuestos para lograr su pleno desarrollo.

Compañeras y compañeros legisladores, dejemos a un lado el discurso de lo políticamente correcto y de los lugares comunes. Las personas con discapacidad requieren más de eso, requieren y exigen que asumamos compromisos concretos que beneficien y transformen su vida cotidiana.

El primer paso es establecer en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios, repito, necesarios para cumplir las demandas de este grupo, para que niñas, niños y adolescentes que tienen una discapacidad, no tengan impedimento para asistir a las escuelas públicas, para que la discapacidad no sea limitante al momento de ingresar al mercado laboral, para que quienes son emprendedores y emprendedoras tengan los apoyos necesarios que les ayude a abrir su propio negocio, para que al salir de sus casas tengan la movilidad suficiente con un equipamiento urbano incluyente y acorde a sus necesidades.

Estos compromisos son ineludibles, porque ineludible es nuestra responsabilidad con las personas con discapacidad. No por un acto de filantropía, sino como una obligación del Estado mexicano. Muchas gracias, compañeros y compañeras; muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad es una oportunidad para dos cosas; una, realizar una proyección del trabajo legislativo que tendremos en esta LXII Legislatura, y dos, ser partícipes desde el Poder Legislativo en la construcción de una política de Estado en materia de discapacidad.

En la LXI Legislatura se aprobaron 24 dictámenes vinculados directamente con la vida de las personas con discapacidad. De las reformas aprobadas, 12 ya están publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 9 se encuentran en las comisiones del Senado de la República, una está en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, y uno fue devuelto a esta Cámara, y finalmente, otro dictamen fue desechado por la revisora.

Mi grupo parlamentario, el del Partido del Trabajo, refrenda su compromiso de continuar con la reforma integral en materia de discapacidad, que propicie la armonización del marco jurídico nacional a los instrumentos internacionales suscritos por México y se ajuste al modelo de derechos humanos que en el mundo se está aplicando para este importante sector, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se estima es del 10 por ciento de la población nacional. En materia legislativa, el reto es poner en la prioridad legislativa la perspectiva de la discapacidad.

Fundamentalmente —y es una propuesta del Partido del Trabajo— la discusión de cuatro temas estructuralmente urgentes:

Primero. Una reforma fiscal integral, que alivie las cargas impositivas sobre su trabajo, sobre sus implementos ortopédicos, sobre los servicios médicos; en síntesis, sobre los bienes y servicios que ocupan en realización de sus actividades sociales y productivas.

Segundo. Una reforma electoral, que les dote de acciones afirmativas que les permitan acceder a los espacios de poder en donde se toman las decisiones nacionales y además les brinde las garantías para ejercer con plenitud sus derechos políticos y sociales.

Tercero. Una reforma al Sistema Nacional de Justicia, ya que aún no se cuenta con el andamiaje para que las personas sordas y ciegas accedan a los medios de justicia por sí mismos.

¿De qué les sirve un sistema de justicia oral a ambos, si no escuchan ni hablan?

Cuarto. El tema legislativo; es un Presupuesto de Egresos de la Federación suficiente, que le permita al Estado cumplirle a las mexicanas y los mexicanos con discapacidad, en el ejercicio de sus derechos humanos; un Presupuesto que permita el desarrollo de la política de estado que le mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y principalmente, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

El otro asunto y compromiso que asume nuestra bancada es la construcción de una política de estado en materia de discapacidad, instrumento que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo concebimos como aquella política basada en la ley, en un diagnóstico realista, con una visión de corto, mediano y largo plazo, que pone en el centro de la misma la participación directa de las personas con discapacidad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de estas políticas públicas de estado.

Convocamos al titular del Ejecutivo federal a enriquecer la Agenda por México y en consecuencia, ascender a prioridad nacional el asunto de la inclusión de las personas con discapacidad. La realidad en la que viven nos la reclama.

Finalmente, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su voluntad política para que como Estado nación alcancemos los acuerdos para erradicar la discriminación, la exclusión y la marginación en la que a diario viven las personas con discapacidad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2007 cuyo propósito desde su origen ha sido impulsar programas y políticas públicas tendientes a garantizar todos los derechos a las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

Con ello se busca visibilizar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, reorientando las políticas públicas de carácter asistencialista y focalizadas a políticas integrales que permitan un desarrollo pleno en igualdad de oportunidades, eliminando obstáculos, barreras físicas y culturales que impiden su pleno acceso al disfrute de sus derechos.

Las personas con discapacidad constituyen el 15 por ciento de la población mundial en nuestro país. La situación se agudiza diariamente a consecuencia de la guerra contra la delincuencia organizada, entre otras, que deja a su paso víctimas que han sufrido tortura, lesiones, mutilaciones y daños irreparables.

Una cuarta parte de la población mundial se ve afectada directamente por la discapacidad de algún familiar, simultáneamente con la responsabilidad, tanto emocional, económica y social de sus seres queridos.

Nuestro país fue uno de los impulsores y firmantes de la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el año 2008, por lo que el Estado mexicano está obligado a armonizar la legislación nacional para cumplir con los acuerdos y lineamientos que en ella se estipulan.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalaron que en el Censo de Población y Vivienda del año 2010, en México hay 5.7 millones de personas con discapacidad. No obstante, se identifica una subestimación de los datos, al no contemplarse discapacidades que no son identificadas ni reportadas en el levantamiento del censo.

En realidad, se calcula que al menos el 10 por ciento de la población en México tiene algún tipo de discapacidad, de las cuales más de la mitad tienen alguna dificultad para caminar y moverse; tres de cada 10 para usar brazos y manos.

Cabe recalcar que respecto a la discapacidad visual una quinta parte la padece y una décima la auditiva. Entre las limitaciones menos frecuentes están la del habla, con el 4 por ciento y la discapacidad mental, con el 0.05 por ciento.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1o. de la Convención, el propósito de ésta es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

A pesar de que México firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en diciembre de 2007, no se han cumplido con los compromisos adquiridos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2010, la población con discapacidad considera que el desempleo es el principal problema que las personas con esa condición enfrentan hoy en día en el país, y en segundo lugar, la gran discriminación galopante que existe.

No obstante que tenemos organismos como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, queda mucho por hacer en los rubros de no discriminación respecto a la diferencia, igualdad de oportunidades, accesibilidad, entre otros.

Ante esta problemática, resulta urgente una agenda integral, que contemple políticas públicas que garanticen verdaderamente el acceso a los derechos humanos de las personas con discapacidad, principios plasmados en la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En Movimiento Ciudadano tenemos el compromiso de impulsar el proceso de armonización legislativa y transversalización de las políticas públicas para que en nuestro marco legal se consideren de manera integral las normas que reconozcan y garanticen sus derechos, a través de concretar —como ya lo dijeron otros compañeros— un Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 a este grupo que ha sido olvidado y marginado.

Finalmente, quiero reiterar nuestro respeto y admiración a todas y todos los seres humanos que padecen alguna discapacidad, reiterando el reconocimiento a su dignidad, a su valor intrínseco que les corresponde, por ser seres únicos e irrepetibles y sin duda, extraordinarios. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Coronato. Tiene ahora el uso de la tribuna, por cinco minutos, la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Mónica García de la Fuente: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Día Internacional de las Personas Con Discapacidad tiene como meta fomentar la comprensión de los asuntos relativos a la discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, reconocer los derechos y el bienestar de todas estas personas con algún tipo de discapacidad.

Asimismo intenta aumentar la sensibilidad sobre los beneficios que se derivan de la integración de las personas con discapacidad, en cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor el 3 de mayo de 2008 y fue firmada y ratificada por el gobierno mexicano. Este documento adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben estar en posibilidad de gozar de todos los derechos humanos y libertades que nos son fundamentales como seres humanos.

La Convención marca dos cambios de paradigma en cuanto a la discapacidad; primero, al entender la discapacidad desde una perspectiva de derechos y desarrollo y no desde una perspectiva asistencial y de salud; segundo, a través de su definición de discapacidad, la cual pone el énfasis en el ambiente socialmente construido. Así, la discapacidad es el resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona y los obstáculos, tales como barreras físicas y actitudes imperantes, que impiden su completa participación en la sociedad.

Según la Organización Mundial de la Salud las personas con discapacidades conforman uno de los grupos más marginados del mundo. Esas personas presentan los peores resultados sanitarios, obtienen resultados académicos más bajos, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidades.

En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, alrededor de 5.7 millones de personas en nuestro país tienen algún tipo de discapacidad.

Si bien en México las personas con discapacidad son titulares de la totalidad de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, hoy en día las personas con discapacidad continúan sin oportunidades reales de acceder al sistema educativo, al empleo digno, a la cultura o al deporte, tampoco a la salud ni a la recreación. Aunado a esto, no existen las condiciones de accesibilidad para su desplazamiento en las ciudades y comunidades.

Existe una gran cantidad de barreras que limitan la inclusión de este sector de la población en las actividades colectivas; sin embargo, ellos y sus familias, con una gran valentía enfrentan la falta de medios de transporte adecuados, de acceso a instalaciones y recintos, a la discriminación y a la no garantía de sus derechos.

Es vital trabajar en el cumplimiento de la aplicación de las leyes que garanticen sus derechos, ya que la mayoría de las leyes vigentes en el país carecen de reglamentos para ser aplicadas, y esto dificulta su cumplimiento.

En el Partido Verde creemos que es de suma importancia elaborar políticas sociales sin provocar conductas paternalistas, que garanticen la igualdad de oportunidades para lograr la plena integración social, política, económica y cultural de todas las personas con discapacidad, niños y niñas, jóvenes, mujeres y adultos mayores.

Por ello, los legisladores del Partido Verde queremos pasar de las palabras a los hechos; estaremos atentos y apoyaremos las acciones y programas del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que respondan al enfoque social y el desarrollo que marca la convención. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Corresponde ahora el uso de la tribuna a la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez: Diputado presidente; compañeros diputados, primero que nada me siento profundamente agradecida con mi fracción parlamentaria por haberme dado la oportunidad de posicionar el sentir hacia un grupo tan importante y olvidado.

Al conmemorar un año más del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre de cada año, se tiene por objeto analizar, entender y atender las cuestiones relacionadas con esta condición: los derechos de las personas con discapacidad y los beneficios que se deriva-rían de la integración de estas personas en todo y en cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de todos los países.

El día brinda la oportunidad de promover actividades encaminadas a lograr el objetivo en el disfrute pleno e igualitario de los derechos humanos y la participación en la sociedad de las personas con discapacidad.

Esta conmemoración se estableció dentro del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982.

Según la Organización Mundial de la Salud cerca del 15 por ciento de la población mundial viven con algún tipo de discapacidad. En nuestro país, según datos del Inegi, al 2010 vivían 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad, limitados, ya sea para hablar, para ver, escuchar, mover, pero no para sentir, teniendo que vivir dentro de una realidad que se muestra insensible a sus necesidades, padeciendo día con día, no solo la discriminación de la que son sujetos, sino también padecen la falta de atención a sus problemas, que no es ni será nunca una cuestión de caridad, es una responsabilidad del Estado.

Responsabilidad que debe materializarse en leyes que garanticen la igualdad de los derechos; infraestructura especializada, que permita potencializar con plenitud las capacidades; programas de empleo, de atención médica, de fomento al deporte, dando una atención desigual por condición, no, sino que hay que integrar a todos y cada uno de los hermanos que conforman la nación mexicana, dando vida a los preceptos de la democracia, que ve en la pluralidad y en la diferencia fortalezas que hay que reconocer y mejorar.

El PRD ha sido, es y seguirá siendo un protagonista muy importante en la dignificación de los derechos de las personas con discapacidad. Lo digo con mucha responsabilidad, pero sobre todo con autoridad política y social que en el acto represento.

Esto lo señalo, porque han sido los gobiernos de izquierda los precursores e iniciadores de la implementación de programas sociales que han beneficiado a los sectores más vulnerables de este país, de los que son las personas con discapacidad.

Como prueba de lo que he señalado en líneas anteriores, es en el Distrito Federal, en cuyo caso desde que ha gobernado el partido al que pertenezco, se ha convertido en la punta de lanza de programas que apoyan a este sector de la sociedad.

Ahora bien, vemos con asombro que una televisora tiene la capacidad de mover a toda la nación mexicana cada año para recaudar fondos que son aplicados en este rubro.

Señoras y señores diputados, ¿no es acaso vergonzoso —por decir lo menos— que los sectores privados asuman las tareas que por mandato constitucional le correspondan al Estado? Reflexionemos en este sentido.

Finalmente, hago un llamado y exhorto al Presidente de la República, para que en total concordancia con los compromisos que asumió en su campaña y que además suscribió ante notario público, desde este momento haga una prioridad en su mandato el constante apoyo a este sector de nuestra sociedad y que no quede solo en letra muerta.

A las y los mexicanos que se encuentran en esta condición les digo: que como mexicana me siento orgullosa de ustedes, ya que son un ejemplo a seguir, y como muestra basta ver el resultado tan positivo que tuvieron en los pasados Juegos Paralímpicos, en donde demostraron que cuando se quiere, se puede.

Por ello les manifiesto que recuerden que el PRD siempre estará velando por sus derechos. Felicidades por sus logros. Un saludo fraterno y mi enorme reconocimiento a este sector. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos y maestros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que están aquí hoy invitados por el diputado Enrique Cárdenas del Avellano. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También saludo a un grupo de empresarios transportistas de Naucalpan, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Cristina Ruiz Sandoval. Bienvenidos todos a esta sesión.

Tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Genaro Carreño Muro: Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, para Acción Nacional sí es motivo de reconocimiento y celebración el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora año con año el día 3 de diciembre.

Agradezco la distinción de mi fracción parlamentaria para externar el posicionamiento de agenda política de uno de los grandes temas que en esta Legislatura me propongo promover y llevar de un tema de vulnerabilidad a uno de pleno ejercicio de los derechos de quienes viven alguna discapacidad en nuestro país.

Primeramente, se hace obligado definir el término de personas con discapacidad, con respeto hacia las propias personas y sus organizaciones, que en todo momento nos hacen referencia y es de suma importancia que este pleno así lo entienda. Persona con discapacidad es toda aquella persona que, por razón congénita o adquirida, presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanentemente o temporal, y que el actuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión social y efectiva en igualdad de condiciones con los demás.

Ése es el término correcto que la Ley General y la Convención Internacional definió y México adoptó como tal. Olvidémonos de todos los términos y ocurrencias, para dirigirnos con respeto y dignidad a este sector de la sociedad.

El Censo de Población y Vivienda del año 2010 estima que en México viven alrededor de 5.7 millones de personas con discapacidad. No obstante, la Organización Mundial de la Salud estima que en países con una economía y desarrollo como el nuestro, más de 13 por ciento de su población vive con una o varias discapacidades y que requieren de políticas públicas y presupuestarias que les vinculen al desarrollo e inclusión con la sociedad.

México sí ha cambiado en los últimos 12 años y este tema no puede ser la diferencia, ya que al gobernar Acción Nacional, como partido humanista, tenía que ser congruente con su doctrina, con nuestra doctrina, y que como antecedentes, me gustaría enunciar que hasta los años noventa las políticas públicas que atendían a este grupo social solo se centraban en un rubro: el de la asistencia social.

Decir que México cambió es argumentar las acciones que los gobiernos de Acción Nacional realizaron a favor de las personas con discapacidad y sus propias familias. Una de esas acciones fue la manera de atender sus demandas; cuando antes su atención era asistencialista, los gobiernos panistas adoptaron la perspectiva de los derechos humanos para atender sus demandas y necesidades, con el objetivo de incluirlos en todos los ámbitos de la vida y lograr así su plena inclusión al desarrollo de nuestro país.

Siendo presidente de la República el licenciado Vicente Fox, el Estado mexicano promovió ante el pleno de las Naciones Unidas la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad.

En esta misma administración y con una mayoría de nuestra fracción parlamentaria en la LIX Legislatura, presidiendo la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se promulgó la Ley General de las Personas con Discapacidad, en el ejercicio 2005.

En esa misma legislatura la fracción parlamentaria de Acción Nacional logró, por primera ocasión, etiquetar recursos destinados a las políticas públicas para las personas con discapacidad en México, como fue el incremento de unidades básicas de rehabilitación por parte del DIF, educación especial, entre otros.

Siendo presidente el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, promovió la firma de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad en el ejercicio 2008, lo que se sumó a la voluntad de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, que en ese momento presidía la presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en el Senado, con lo que se logró la ratificación de ese importante ordenamiento internacional.

En materia presupuestaria, durante la administración del presidente Calderón, la Cámara de Diputados logró que se incorporaran en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación los anexos para el seguimiento del gasto destinado a los programas para la atención de los grupos vulnerables.

Sin duda, uno de los más significativos avances para las personas con discapacidad y sus organizaciones es la creación del organismo público encargado de las políticas públicas para las personas con discapacidad y que el presidente Felipe Calderón, bajo un compromiso de campaña y ya en funciones, promovió; primero, como una unidad administrativa de la Secretaría de Salud, denominada Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Todo esto nos ha permitido realizar programas, que sin duda han trascendido la vida de las personas con discapacidad, con políticas públicas transversales.

En general, en todas las áreas de la administración pública —termino, presidente— se ejercieron políticas públicas con perspectiva de inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad.

Hoy se cuenta con Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y su reglamento, y con un organismo público descentralizado, que tiene como objeto el establecimiento de la política pública en su beneficio, mediante la coordinación institucional e interinstitucional.

Compañeras y compañeros diputados, el tema para este ejercicio 2012 es eliminar las barreras para crear una sociedad incluyente y accesible a todos. Sabemos que una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas con discapacidad éstas pueden participar activa y productivamente en la vida social y económica de nuestro país.

Los convoco desde la tribuna a que trabajemos conjuntamente para que sigamos avanzando y consolidemos una política que facilite el ejercicio pleno de sus derechos, así como una participación efectiva en la vida social, económica y política del país, en condiciones de igualdad de oportunidades con los demás miembros de la sociedad.

Señor Presidente, muchas gracias; compañeras y compañeros diputados, por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene finalmente el uso de la tribuna la diputada Adriana Hernández Íñiguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Adriana Hernández Íñiguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el respeto irrestricto a los derechos humanos es base esencial de toda democracia auténtica y hoy en día una de las metas más sentidas de la humanidad.

Las personas con discapacidad constituyen un grupo social especialmente en situación de vulnerabilidad cuyos derechos han sido violados o relegados a través de la historia; por ello es preciso apoyarlos con más firmeza y eficacia. Ser discapacitado no es un impedimento para desarrollarse plenamente en la vida. Hay muchas personas que hasta antes de ser personas con discapacidad no conocieron el enorme potencial y capacidad en su cuerpo y su mente.

Los seres humanos somos seres naturalmente sociales y difícilmente subsistimos sin canales de cooperación con los demás. Formamos parte de una comunidad de individuos con objetivos diversos, pero fundamentalmente nos asociamos para vivir mejor. Esta cooperación implica la aceptación del otro, el reconocimiento a la identidad humana, la capacidad de compartir valores e intereses.

En la igualdad entre las personas que la ley reconoce y protege, descansa el aseguramiento de que las diferencias propias de los individuos resultan irrelevantes cuando se trata de la óptima convivencia y el desarrollo de la humanidad.

La tarea de respetar, proteger y garantizar derechos fundamentales de todo ser humano se basa en la dignidad, la autonomía, la igualdad, la no discriminación, la participación, la inclusión, la accesibilidad y la solidaridad. Todos ellos principios fundamentales para la construcción de una sociedad libre, armónica y propicia para el desarrollo de sus individuos.

Es importante reconocer que la responsabilidad primordial de garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad recae sobre el Estado mexicano. Tenemos la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para el ejercicio pleno de estos derechos.

La discapacidad es un problema sumamente complejo. La estrategia del Estado debe estar orientada a promover una sociedad preparada para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la inserción comunitaria, además de un compromiso permanente con una educación cívica que fomente la unión social, teniendo como marco de aceptación las diferencias entre los individuos.

Asegurar que las personas con discapacidad logren un desarrollo integral, que tengan acceso a todos los servicios públicos, así como a las diversas oportunidades de trabajo, como integrantes activos de la comunidad y miembros realmente iguales de la sociedad, es tarea de todos.

El actual modelo social ha puesto en evidencia la presencia de barreras que discriminan. No olvidemos que la peor discapacidad es la de no darse cuenta que todos somos iguales.

Se ha avanzado mucho en lo que se entiende como un impedimento físico en términos de infraestructura urbana; sin embargo, las barreras sociales que condicionan a las personas con discapacidad no han sido del todo superadas. El reto consiste en que hombres y mujeres con discapacidad participen dé y en la sociedad, en condiciones de verdadera igualdad.

La discapacidad es una circunstancia que debería involucrar a toda la sociedad en la tarea de ser respetuosos, sensibles, solidarios y subsidiarios con quienes la tienen —por cualquier razón— y viven esa situación. Entender la discapacidad para comportarse a la altura de ésta es una tarea de formación cotidiana y constante, que comienza en el hogar.

El pasado 3 de diciembre conmemoramos la discapacidad, por ser un camino más para alcanzar la sensibilización de todos los sectores de la sociedad, en la enorme necesidad de trabajar unidos por lograr un México que ofrezca condiciones óptimas de bienestar social para las personas en esta situación de vulnerabilidad.

Hoy aprovechamos esta oportunidad para llamar a la reflexión, a la conciencia y a la motivación por alcanzar una sociedad moderna, que brinde oportunidades óptimas para este sector tan importante de la población. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

GRUPO AEROMEXICO

El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día, y de conformidad con el artículo 76 del Reglamento, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cofeco para que investigue la posible existencia de prácticas monopólicas en la aviación civil.

El diputado Javier Filiberto Guevara González: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy vengo a presentar un punto de acuerdo con relación a las prácticas abusivas que frecuentemente imponen las líneas aéreas a los usuarios.

En el año 2008 existían 13 aerolíneas en el mercado aéreo nacional; a partir del cese de operaciones de Mexicana de Aviación y en los últimos cuatro años, un total de siete líneas aéreas han dejado de prestar el servicio. Esto ha hecho que los actuales concesionarios del servicio público aéreo de pasajeros hayan incrementado las tarifas en diversas rutas, quedando en una posición dominante; en particular, es el caso del Grupo Aeroméxico, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, que al finalizar el año 2009 tenía una participación de mercado del 25.7 por ciento, misma que ha incrementado a 38 por ciento, a septiembre de 2012.

Lo anterior ha causado elevado costo en tarifas y cargos extraordinarios que se aplican a los usuarios, y en un deterioro del servicio, en lo general, tal como sobreventa de capacidad, cancelaciones de vuelo, retrasos significativos en salidas y llegadas al destino en cada ruta y excesivos sobrecostos por cambios de fecha u horario a petición del usuario.

De acuerdo a cifras de Profeco, en el mes de octubre de este año se han presentado mil 216 quejas por pasajeros de las actuales líneas aéreas en servicio. Esta cifra solamente representa el 10 por ciento de los afectados, el otro 90 por ciento no levanta queja alguna. De hecho, las recomendaciones de Profeco respecto a los derechos de los usuarios no son respetadas por las líneas aéreas.

El que la línea aérea imponga sobrecargos por cambios de horario o de día a petición del usuario actualmente alcanza un incremento equivalente a un 50 por ciento del precio original del boleto. Tal práctica puede considerarse como evidencia de poder sustancial en el mercado, al igual que la imposición de otros sobreprecios a costos adicionales a los usuarios ante eventualidades, como cancelaciones, retrasos o sobreventa, cuando tales cargos se presentan sin alternativas a los pasajeros.

Los usuarios deben tener la posibilidad de elegir libremente las modificaciones a fecha u horario en el uso de boleto, con un cargo que se encuentre económicamente justificado, sin que esto sea evidencia de un abuso de poder de mercado por parte de la línea aérea, que de hecho está forzando a los usuarios a que por alguna razón tenga que modificar su itinerario e incurran en un gasto significativo y sin alternativa de elección.

Por lo anterior, considero necesario expedir una normatividad que proteja los derechos de los pasajeros respecto a las deficiencias del servicio del elevado costo para el usuario, tales como sobreventa de capacidad, cancelaciones, retrasos sustantivos en los vuelos, como lo hizo la Unión Europea.

Asimismo es necesario hacer una reestructuración de la industria de la aviación civil en lo general para procurar mayor concurrencia de líneas aéreas, desregular el procedimiento de concesionamiento para la prestación del servicio del transporte aéreo nacional para propiciar concurrencia de nuevas líneas aéreas y de las existentes, y liberar la movilidad del concesionario entre rutas, tanto del servicio regular como del servicio no regular.

Respecto a la infraestructura aeroportuaria, es necesario crear la normatividad que haga realidad la competencia entre aeropuertos, tal y como ocurre en Estados Unidos de América y Europa, para ello —de igual forma— es necesario desregular el concesionamiento para la construcción y operación de infraestructura aeroportuaria, con diversas escalas de operación y además, crear el entorno de competencia para los servicios que ofrecen los operadores de las concesiones aeroportuarias, eliminando privilegios o exclusividades. De tal forma que en su conjunto la industria eleve sus niveles de competencia y de eficiencia operativa en beneficio de los usuarios, con tarifas en destinos nacionales competitivas conforme a parámetros internacionales.

Por lo anterior, exhorto a la Comisión Federal de Competencia que dé inicio una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica al Grupo Aeroméxico, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, de las rutas nacionales que actualmente está operando.

Además, exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que expida la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas regulares concesionadas, en particular respecto a los cargos adicionales por cambio de itinerario a petición del usuario, y además respecto a la compensación y asistencia en casos de sobreventa de capacidad, cancelación y retraso de vuelos.

Finalmente, se extiende excitativa para que respetuosamente la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados enliste en los dictámenes a discusión, el dictamen a la minuta relativo a la reforma de la Ley de Aeropuertos, la cual quedó pendiente de aprobarse el 30 de abril de 2012.

Señor presidente, pido que el texto íntegro del presente punto de acuerdo se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia a investigar sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros que aplica Grupo Aeroméxico, SAB de CV; a la SCT, a expedir la normativa referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas regulares concesionadas; y a la Comisión de Transportes, a dictaminar la minuta de reformas de la Ley de Aeropuertos que quedó pendiente el 30 de abril de 2012, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Javier Filiberto Guevara González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica Grupo Aeroméxico, SAB de CV, de las rutas nacionales que actualmente está operando, con base en las siguientes

Consideraciones

Al finalizar 2008, existían 13 aerolíneas en el mercado aéreo nacional, a partir del cese de operaciones de Mexicana de Aviación, y en los últimos 4 años un total de 7 líneas aéreas han dejado de prestar sus servicios: Azteca, Aerocalifornia, Aviacsa, Avolar, Alma, Nova Air y Aladia, a raíz de esto, los actuales concesionarios del servicio público aéreo de pasajeros han  incrementado las  tarifas en diversas rutas quedando con una posición dominante. En particular, en el caso de Grupo Aeroméxico, SAB de CV, al finalizar el año 2009 tenía una participación de mercado de 25.7 por ciento, misma que ha incrementado a 38 por ciento a septiembre de 2012, lo que es un crecimiento significativo en su participación de mercado en solo 3 años, el restante 62 por ciento se distribuye entre las restantes líneas aéreas regulares.

Lo anterior ha causado elevados costos en tarifas y cargos extraordinarios que se aplican a los usuarios y en un deterioro del servicio en lo general, tales como, sobreventa de capacidad, cancelaciones de vuelo, retrasos significativos en salidas y llegadas al destino en cada ruta, y excesivos sobrecostos por cambios de fecha u hora a petición del usuario. De acuerdo a cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al mes de octubre del presente año se han presentado 1,216 quejas por pasajeros de las actuales líneas aéreas en servicio, cabe considerar, que menos del 10 por ciento de los usuarios que son afectados levantan una queja ante esta instancia, de hecho, las recomendaciones de la Profeco respecto a los derechos de los usuarios, no son respetadas por las líneas aéreas.

Los parámetros de calidad en el servicio de las líneas aéreas aceptados internacionalmente, son medidos a través de indicadores de puntualidad, así como en el porcentaje de cancelaciones de vuelos programados. Tales parámetros de calidad son aceptados internacionalmente para evaluar el servicio de las líneas aéreas. Los organismos internacionales reconocen que el nivel de puntualidad y el número de cancelaciones son fundamentales para evitar costos a los usuarios. Por ejemplo, el desempeño de Grupo Aeroméxico SAB de CV, con respecto a las líneas aéreas a nivel global es mediocre, Aeroméxico está clasificada en un nivel de calidad de 2.5 respecto a 5 puntos posibles. Sus indicadores de calidad se ubican en un nivel relativamente bajo al promedio de las líneas aéreas a nivel internacional, por lo que puede interpretarse como contrario a lo que establece el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, que considera que la prestación del servicio se debe ofrecer en condiciones satisfactorias, de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

El que la línea aérea imponga sobrecargos por cambios de horario y/o día a petición del usuario actualmente alcanza un incremento equivalente a un 50% del precio original del boleto, tal práctica puede considerarse como evidencia de poder sustancial en el mercado. Al igual que la imposición de otros sobreprecios o costos adicionales a los usuarios ante eventualidades como cancelaciones, retrasos o sobreventa cuando tales cargos se presentan sin alternativas a los pasajeros. Los usuarios deben de tener la libertad de elegir modificaciones de fecha y/o de hora en el uso de su boleto con un cargo que se encuentre económicamente justificado, sin que esto sea evidencia de un abuso de poder de mercado por parte de la línea aérea que de hecho está forzando a los usuarios, a que por alguna razón tengan que modificar su itinerario, incurran en un gasto significativo y sin alternativa de elección.

Por lo anterior, es necesario expedir una normatividad que proteja los derechos de los pasajeros respecto a las deficiencias del servicio de elevado costo para el usuario tales como sobreventa de capacidad, cancelaciones y retrasos sustantivos en los vuelos, siguiendo el ejemplo de la experiencia internacional como se hizo en la Unión Europea sobre la asistencia y compensación de los usuarios. En dicha normatividad se considera que:

i. Las denegaciones de embarque y las cancelaciones o los grandes retrasos de los vuelos ocasionan sustanciales costos a los pasajeros.

ii. Debe ofrecerse a los pasajeros a los que se deniega el embarque contra su voluntad la posibilidad de cancelar sus vuelos, con reembolso de su dinero, o de proseguirlo en condiciones satisfactorias, así como el derecho a ser adecuandamente atendidos mientras esperan un vuelo posterior o a modificar su itinerario sin costo o a un costo económicamente justificable..

iii. Reducir las molestias que ocasiona a los pasajeros la cancelación de un vuelo. A fin de alcanzar este objetivo, debe inducirse a las líneas aéreas a informar a los pasajeros de las cancelaciones antes de la hora de salida prevista y ofrecerles, además, un transporte alternativo razonable, de modo que los pasajeros puedan optar por otra solución.

iv. Los pasajeros cuyos vuelos queden cancelados han de tener la posibilidad de obtener el reembolso de su dinero o un transporte alternativo en condiciones satisfactorias, y deben recibir atención adecuada mientras esperan un vuelo posterior.

v. Se debe informar exhaustivamente y con transparencia a los pasajeros de los derechos y los cargos adicionales en caso de cambios en su itinerario, de tal forma que las aerolíneas compitan en este aspecto de flexibilidad para los usuarios.

vi. Se debe establecer el régimen de sanciones aplicables en caso de infracción. Dichas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Por otro lado, es necesario superar el rezago que existe en la oferta de infraestructura aeroportuaria, dado que México tiene un aeropuerto por cada 10 mil km2, mientras que la media internacional es de 37 aeropuertos por cada 10 mil km2. Es necesario retomar el principio de libre concurrencia para todos los servicios de apoyo en tierra a las líneas aéreas que actualmente se encuentran integradas al operador aeroportuario.

Desde la salida de operaciones de las 7 líneas aéreas anteriormente citadas, el mercado se ha visto afectado con la disminución de más de un millón pasajeros, aunado al aumento de las tarifas de vuelo hasta en un 40 por ciento en determinadas rutas de elevado tráfico de pasajeros. Es de resaltar, que el precio promedio antes de la salida de Mexicana de Aviación, era casi 3 veces mayor que el precio promedio en Estados Unidos en rutas domésticas (0.35 dólares/milla en México vs 0.13 dólares /milla en Estados Unidos). Lo anterior explica las abismales diferencias de tarifas entre vuelos en rutas domésticas y vuelos en rutas internacionales.

Por lo anterior, es necesario hacer una restructuración de la industria de la aviación civil en lo general para procurar mayor concurrencia de líneas aéreas, desregular el procedimiento de concesionamiento para la prestación del servicio de transporte aéreo nacional para propiciar concurrencia de nuevas líneas aéreas y de las existentes, liberar la movilidad del concesionario entre rutas, tanto de servicio regular como de servicio no regular.

Respecto a la infraestructura aeroportuaria es requerido, crear la normatividad que haga realidad la competencia entre aeropuertos, tal y como existe en la experiencia norteamericana y europea, para ello, de igual forma es necesario desregular el concesionamiento para la construcción y operación de infraestructura aeroportuaria con diversas escalas de operación y además, crear el entorno de competencia para los servicios que ofrecen los operadores de las concesiones aeroportuarias, eliminando privilegios o exclusividades. De tal forma que en su conjunto, la industria eleve sus niveles de competencia y de eficiencia operativa en beneficio de los usuarios con tarifas en destinos nacionales competitivas conforme a parámetros internacionales.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía apruebe el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Competencia que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica Grupo Aeroméxico, SAB de CV, de las rutas nacionales que actualmente está operando.

Segundo. Se exhorta a Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que expida la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas regulares concesionadas, en particular, respecto a los cargos adicionales por cambios de itinerario a petición del usuario, y además respecto a la compensación y asistencia en casos de sobreventa de capacidad, cancelación y retraso de vuelos.

Tercero. Se extiende excitativa para que respetuosamente la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, enliste en los dictámenes a discusión, el dictamen a la minuta relativo a la reforma de la Ley de Aeropuertos, la cual quedó pendiente de aprobarse el 30 de abril de 2012.

Notas:

1 Reglamento (CE) No. 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

2 Ros, Agustín, “The determinants of pricing in the Mexican domestic airline sector: the impact of competition and airport congestion”, Review of Industrial Organization, volume 38, Number 1.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 6 de diciembre de 2012.— Diputado Javier Filiberto Guevara González (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado, así se hará, el texto íntegro de su propuesta quedará insertado en el Diario de los Debates.

Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución. Solamente pregunte si se considera de urgente resolución, compañera secretaria o compañero secretario.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Sí se considera de urgente resolución. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza está a favor del presente punto de acuerdo, porque abre la oportunidad de resarcir los derechos de los usuarios de las líneas aéreas, así como incentivar la competitividad en el sector aeronáutico para la expansión económica del turismo y la productividad, lo que será posible si desaparecen las prácticas monopólicas en este sector de la economía.

Como se ha señalado, a partir del cese de operaciones de Mexicana de Aviación en los últimos cuatro años un total de siete líneas aéreas han dejado de prestar sus servicios Este hecho ha propiciado graves consecuencias para la aviación y para 13 millones de pasajeros durante el primer semestre de 2012.

Uno de los aspectos más perversos de la crisis por la que atraviesa la aviación civil en nuestro país es la presunta concentración monopólica de varios destinos en manos de la empresa Aeroméxico, con lo que están lejos de cumplir su responsabilidad social como prestadora de servicios. Este problema no puede ni debe ser ajeno a esta Legislatura.

Por lo expuesto, desde esta soberanía exhortamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Federal de Competencia, a que en el marco de sus atribuciones establezcan mecanismos que regulen este tipo de prácticas, evitando así la afectación de los derechos de los usuarios.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza asume con responsabilidad la tarea de coadyuvar para la expedición de un marco normativo que proteja y garantice los derechos de los pasajeros, procurando que se les compense por los recurrentes problemas, tales como cancelaciones de último minuto por parte de la empresa, el elevado costo de los boletos, que en ocasiones llega a ser el doble con relación a otras aerolíneas para una misma ruta, los retrasos injustificados, así como la práctica ya permanente de sobrevender los cupos.

De los lineamientos de la aeronáutica mexicana, la Dirección General de la Aeronáutica Civil —dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes— señala lo siguiente: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fomenta la competencia en el mercado nacional de aviación para maximizar las opciones de elección del consumidor. Principio que actualmente no se respeta.

Por lo que en Nueva Alianza consideramos que es urgente exhortar a la Comisión Federal de Competencia, para que investigue estas acciones de la línea aérea citada y aclarare si se trata de un caso de monopolio, o si dicha empresa debe ser sancionada por los graves abusos que afectan a miles de pasajeros. Lo anterior, en virtud de que la empresa y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han hecho caso omiso a las quejas de los usuarios.

Es momento, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, de poner un alto a este tipo de abusos, con un marco que garantice la seguridad operativa de la industria aeronáutica, que respete y haga valer los derechos de los usuarios. Gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Adolfo Orive Bellinger, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Adolfo Orive Bellinger: Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en relación al punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, presentada por el diputado Javier Filiberto Guevara González, debo hacer las siguientes reflexiones ante mis compañeras legisladoras y compañeros legisladores.

El punto de acuerdo al que hago referencia es resultado en buena medida de la suspensión de actividades, en agosto de 2010, de Mexicana de Aviación. Este acto —no hay que pasarlo de forma soslayada— fue provocado con toda seguridad por la incapacidad empresarial del dueño de esa empresa, que llevó a la quiebra a Mexicana de Aviación como consecuencia de sus especulaciones financieras y por tanto, de la crisis mundial que inició en 2008.

Cinco mil 815 trabajadores quedaron desempleados, de los cuales dos mil 274 eran administrativos, un mil 252 sobrecargos, 761 pilotos, 785 trabajadores de mantenimiento y 743 trabajadores de operación.

En 2009 Mexicana de Aviación transportó un millón más de pasajeros que Aeroméxico; sin embargo, para 2011, Aeroméxico se benefició de la quiebra de Mexicana y transportó 900 mil más pasajeros que dos años antes.

El día de ayer el secretario de Comunicaciones y Transportes expresó la decisión del gobierno federal de no rescatar a Mexicana, lo cual nos tiene —creo— muy preocupados a muchos mexicanos.

La nueva posición de Aeroméxico, que es de hecho una posición protegida por el gobierno, al no rescatar a Mexicana, ha significado deterioro del servicio por sobreventa de capacidad, cancelaciones de vuelos, retrasos significativos en salidas y llegadas al destino en cada ruta.

En los parámetros de calidad en el servicio de las líneas aéreas establecidas internacionalmente Aeroméxico tiene un nivel global mediocre, apenas de 2.5 respecto a los 5 puntos posibles.

Además de los problemas mencionados que tienen que ver con la Cofeco, es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expida una normatividad que proteja los derechos de los pasajeros ante las deficiencias del servicio, cancelaciones y retrasos sustantivos en los vuelos, siguiendo el ejemplo de la experiencia internacional.

Ante lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya el punto de urgente u obvia resolución, suscrito por el diputado Javier Filiberto Guevara González, en el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia a que dé inicio una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica el Grupo Aeroméxico SAB de CV, en las rutas nacionales que actualmente está operando. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas a esta sesión a un grupo de estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que están aquí invitados por el diputado Eligio Cuitláhuac González Farías. Bienvenidos todos a esta sesión.

Les damos la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de diversas universidades del estado de Guerrero, que están invitados aquí por el diputado Manuel Añorve Baños, también nos da mucho gusto que estén aquí.

También a un grupo de estudiantes de la Universidad Europea, campus Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para referirse a este tema.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Ha sido una constante, en los gobiernos federales que han conducido la vida de nuestro país, cerrar los ojos ante las violaciones reiteradas de grupos de cuello blanco, que cometen en contra de nuestra Carta Magna y del pueblo.

En razón de que, a pesar de que existen disposiciones expresas que prohíben las prácticas monopólicas, tal y como lo reza el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 2o. de la Ley Federal de Competencia Económica, que respectivamente establecen:

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

Estas disposiciones simplemente han sido letra muerta. Hoy por hoy, el afán de los gobiernos por pretender globalizar a nuestro país nos sumerge en un modelo de desarrollo económico injusto e insostenible; beneficiar no únicamente a las grandes empresas, que al día de hoy se han convertido en grupos precisamente monopólicos que acaparan el mercado y lo que es peor, se conducen bajo un propio régimen, por cierto muy precario y sin la vigilancia de alguna instancia.

Tal es el caso del Grupo Aeroméxico, aerolínea comercial que constantemente incurre en graves prácticas monopólicas, que van desde abusos y aumentos en las tarifas, ¿quién de nosotros no ha sufrido esto? La cancelación y retrasos injustificados de vuelos, exclusividad en la ocupación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además de vejaciones y violaciones a los derechos de los pasajeros, así como la omisión a las recomendaciones enviadas por la Profeco sobre los derechos de los usuarios.

Es claro que los excesos con los que actúa esa aerolínea solo tienen una explicación y se llama complicidad; una complicidad con altos funcionarios corruptos, a quienes no les importa frenar la competitividad nacional. De lo contrario, atenderían estas violaciones y erradicarían el poder de las empresas de esta naturaleza.

Por tal motivo, es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes —en esta etapa en que inicia un gobierno— expida, en el marco de su competencia, una normatividad que beneficie a los usuarios de los servicios aéreos, garantizando la libre competencia en el mercado, erradicando la concentración de los beneficios en un solo grupo, puesto que con ello se incentiva la violación a nuestro marco jurídico.

Es tiempo de olvidar al México de grupos; por el contrario, se debe buscar la equidad en las políticas de mercado.

Por eso, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se pronuncia a favor de este punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia para que realice una investigación sobre prácticas monopólicas del Grupo Aeroméxico SAB de CV, ya que la política de libre competencia es un instrumento esencial para mejorar la competitividad de las empresas y el bienestar de los consumidores.

Enhorabuena que ahora vamos a protestar, porque todos los días ocurren las injusticias en el aeropuerto y muchas veces la gente apenas puede juntar para trasladarse, por necesidad, no por lujo; por eso es necesario que aprobemos por unanimidad este punto. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Aída Fabiola. Don Tomás Torres Mercado, tiene el uso de la voz.

El diputado Tomás Torres Mercado:Con su permiso, señor presidente. Por la asistencia de colegas, diputados y diputadas, puedo prologar que ya hay en esta Cámara un ambiente de paquete económico, porque están trabajando en las diversas comisiones, seguramente en el contexto de la inminente presentación del proyecto de Ley de Ingresos y del decreto para el gasto nacional del año que viene; sin embargo, para quienes están aquí, les anticipo mi gratitud por la atención sobre este tema.

Miren, hemos visto con beneplácito el que al inicio de esta gestión gubernamental hayan concurrido las diversas fuerzas políticas para la firma de un Pacto por México, abordando temas fundamentales de la vida nacional para el presente y para el futuro: paz, justicia, empleo, desarrollo económico, una política social redefinida, etcétera. Pero debemos de tener claro que ese pacto en buena parte va a tener que pasar por el Congreso para lograr una concreción de estos pronunciamientos políticos.

Sin embargo —y me coloco de esa parte— algunos legisladores consideramos que hay algo que no tiene que ver necesariamente con lo legislativo, tiene que ver con el ejercicio de la autoridad, tiene que ver con la práctica de gobierno, tiene que ver con la aplicación de la ley.

En la legislatura inmediata pasada, no menos de una docena de proposiciones fueron formuladas y unánimemente votadas para que la autoridad, que es la garante de la aplicación de la ley en materia del transporte de pasajeros por la vía aérea, voltee a ver a sus usuarios.

Hemos escuchado dentro del Pacto, el día de ayer —y también con beneplácito— un diagnóstico hecho por un servidor público, que tiene sentido político y tiene experiencia en el servicio público, de Gerardo Ruiz Esparza, y hemos escuchado su diagnóstico sobre el tema de los ferrocarriles; un país sin ferrocarriles está condenado al atraso, pero un país sin la definición sobre su política estratégica en el tema aéreo, es un país subdesarrollado.

Va el Partido Verde a favor de este punto de acuerdo. Somos partidarios de abrir el debate y de decirles a los funcionarios públicos —aquí debe haber alguien de enlace de Comunicaciones y Transportes y de la oficina del nuevo titular de Economía, de don Ildefonso Guajardo— que este tema es central. Los puntos de acuerdo no son vinculatorios, pero sí son materia del debate político y de la denuncia.

Por la salida de Mexicana —y lo digo entre paréntesis— logramos una ley, un decreto por su temporalidad para resarcir a los usuarios en aquellas ventas anticipadas particularmente a migrantes. Un fraude extraordinario. No solo eso, sino impuestos retenidos y no enterados, muchos, y en la mesa, en el escritorio del gobierno que llega debe estar ese tema. Vamos a seguir denunciándolo. Vamos con la propuesta del diputado Guevara González, sin mucha expectativa sobre su contenido.

El proceso de investigación de si existen o no prácticas monopólicas puede llevarse un lustro. Hay cosas que pasan por el Congreso, hay otras que pasan por una decisión auténtica de gobierno. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe hacer posible la aplicación de la ley.

Pero también llamar nuestra atención a esto. La proposición aborda tres puntos específicos; uno, para que de oficio la Comisión Federal de Competencia realice una investigación y constate o no si hay una práctica monopólica de Aeroméxico; dos, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emita disposiciones administrativas relativas a los derechos de los usuarios, y la número tres —que el Partido Verde comparte, pero hasta por trámite legislativo, estimado presidente, debe ser separada— es una excitativa a la propia Cámara de Diputados para que haga su chamba, para que haga su trabajo, para que emita el dictamen a una iniciativa de ley de aeropuertos.

En cuanto al trámite, debe ser separada y repito, acompañamos y votaremos a favor la proposición con estos puntos específicos, pero sin adicionar el texto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dirija su mirada a los usuarios, que si bien no va al rescate de Mexicana, vaya al rescate con una política pública concreta del mercado nacional estratégico de esta agraviante situación de las concesionarias.

Recuerdo que el propio presidente ahora en funciones, el diputado Arroyo Vieyra, envió una carta comedida y cuidada, haciendo del conocimiento el trato a veces ofensivo y denigrante de esta empresa irresponsable con el mercado nacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y aprecio mucho la gentileza del recuerdo de la misiva, que efectivamente existe, como su contenido y con el sentimiento que en ella se contenía. Le ofrezco, diputado Tomás Torres, que de aprobarse este punto de acuerdo en trámite parlamentario —porque no se violenta el Reglamento— haremos la bifurcación de las comunicaciones.

Don Luis Manuel Arias Pallares, tiene el uso de la voz.

El diputado Luis Manuel Arias Pallares: Muchas gracias, señor presidente. Con fundamento en el artículo 13, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe, diputado Luis Manuel Arias Pallares, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se manifiesta porque —de conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos— la Comisión Federal de Competencia realice una investigación sobre la presunta realización de prácticas monopólicas en el sector de aviación civil de pasajeros en el territorio nacional, a la luz de las siguientes consideraciones.

A partir de que Mexicana de Aviación suspendió operaciones aéreas, el 28 de agosto de 2010, aunado a la falta de interés real del gobierno federal para su reanudación, expresado con toda claridad en las reiteradas licitaciones fallidas de la empresa —que aún no tiene solución y que urgimos a resolver— en el sector aeronáutico nacional, se ha registrado un incremento ascendente en los precios, tarifas y cargos extraordinarios que se aplican a los usuarios.

Todo esto ha provocado el deterioro general del servicio, que se expresa principalmente por sobreventa de capacidad, cancelación de vuelos, sobreprecio, costos adicionales a los usuarios, retrasos frecuentes en salidas y llegadas, entre otros. Todo esto con cargo al usuario y sin responsabilidad para las líneas áreas; por lo que los pasajeros quedan en indefensión y sujetos a los costos que transgreden los derechos como usuarios, elevando igualmente de manera considerable sus propios gastos en transportación. Ejemplo de ello es el rechazo a reembolsar una cancelación por parte de las líneas aéreas, lo que implica retrasar por varias horas la salida de los pasajeros.

La retirada de otras seis compañías aéreas ha permitido que las rutas bajo la operación de Grupo Aeroméxico, así como a la operación del resto de las líneas aéreas que se mantienen operando este sector en el país incrementen sus precios y tarifas, dejando a las líneas aéreas mexicanas por debajo de los parámetros de calidad en el servicio aceptados a nivel internacional.

Todo ello es contrario al espíritu del 42 de la Ley de Aviación Civil, el cual establece que la prestación se debe ofrecer en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Por lo anterior, es necesario expedir una normatividad que proteja los derechos de los pasajeros respecto a las deficiencias del servicio aéreo, siguiendo los ejemplos de la experiencia internacional, como en la Unión Europea, que en sus leyes estableció la asistencia y compensación a los usuarios, lográndose con ello a la vez la ubicación de aerolíneas mexicanas al nivel de los estándares internacionales.

Así, se hace inaplazable y necesario iniciar una reestructuración de la industria aeronáutica civil en general, para lograr mayor concurrencia y competitividad en las líneas aéreas nacionales.

La Comisión Federal de Competencia es la encargada de aplicar la ley en la materia y proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, previniendo y eliminando prácticas monopólicas y restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, por lo que deberá hacer una investigación que permita el fortalecimiento del sector aeronáutico nacional.

De igual manera, nos parece pertinente el llamado para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expida la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros, considerando también necesario que se revise el dictamen de la minuta relativa a la reforma de la Ley de Aeropuertos; por ello, se propone que esta soberanía apruebe el punto de acuerdo que nos ocupa.

Con el fortalecimiento de las empresas gubernamentales, como Aeroméxico y la restitución de las operaciones de Mexicana de Aviación, se fortalecerá el Estado mexicano y a sus instituciones, de modo que de ningún modo se deberá apostar por la enajenación de las mismas, ya que en ello perderemos como nación independiente y soberana.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz don José Guadalupe García Ramírez, del Partido Acción Nacional.

El diputado José Guadalupe García Ramírez:Con su venia, señor presidente. La proposición que está a discusión tiene que ver con tres resolutivos.

Primero, que se exhorte a la Comisión Federal de Competencia para que inicie una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas en la aviación por el Grupo Aeroméxico.

Segundo. Para que la SCT expida la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros, sobre la compensación y asistencia, en caso de sobreventa de capacidad, cancelación y retraso de vuelos.

Tercero. Que se refiere a una extensión de una excitativa para que la Comisión de Transportes enliste la minuta de Ley de Aeropuertos, la cual quedó pendiente de aprobarse el 30 de abril de este año.

El asunto que se encuentra a discusión tiene que ver con la correcta aplicación de nuestro marco jurídico. Nuestras leyes son claras y en consecuencia, es determinante que la SCT regule de manera eficaz y eficiente, a fin de evitar distorsiones de mercado, que generen concentraciones y abusos de los usuarios de estos servicios.

Acción Nacional no se opone a la propuesta, al contario, con el afán de fortalecer nuestro sector de aviación civil consideramos pertinente que el Ejecutivo federal, a través de la Comisión Federal de Competencia, lleve a cabo un estudio integral sobre la existencia de las posibles prácticas monopólicas relativas a la aviación civil de pasajeros, en la que participa el Grupo Aeroméxico.

En nuestro partido político somos respetuosos de las leyes y creemos en las instituciones. En este sentido, debemos sujetarnos a lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Competencia Económica, las cuales señalan que están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

Nuestro actuar debe estar enfocado a proteger el proceso de competencia y la libre concurrencia en el sector aeronáutico nacional, ya que estos principios son de observancia general en toda la República Mexicana y aplicable a todas las áreas de la actividad económica.

Por otro lado, en nuestro partido estaremos siempre legislando a favor de los derechos de los usuarios; por lo tanto, estamos a favor de que el Ejecutivo federal, a través de la SCT y la Profeco, haga respetar la normatividad existente y proteja a los usuarios de los servicios de aviación. Cabe destacar, que el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil establece la protección al usuario, cuando se hayan expedido boletos en acceso a la capacidad disponible de la aeronave, o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tenga por consecuencia la denegación del embarque.

Asimismo la Ley Federal de Protección al Consumidor protege los derechos de los consumidores, procura la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Además de que todo proveedor está obligado a informar, respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor, la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancias serán negados estos bienes y servicios a persona alguna.

Señoras y señores legisladores, la ley existe, lo que se requiere es hacerla efectiva para que a los usuarios se les protejan sus derechos y no reciban abusos en la prestación de estos servicios.

En lo referente a la extensión de una excitativa para que la Comisión de Transporte enliste la minuta a la Ley de Aeropuertos, la figura de la excitativa ya desapareció de nuestro Reglamento; en este sentido, es la Comisión de Transportes quien debe darle el tratamiento correspondiente a la minuta, a fin de que sean sus integrantes quienes analicen, la discutan y la aprueben en beneficio de este importante sector. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, como dice el clásico. Doña Erika Yolanda Funes Velázquez, del PRI, tiene usted el uso de la voz, hasta por tres  minutos.

La diputada Erika Yolanda Funes Velázquez: Con el permiso de nuestro presidente. Compañeras y compañeros diputados, me presento ante esta soberanía para llamar su atención en relación al punto de acuerdo que ha suscrito mi compañero, el diputado Javier Filiberto Guevara, respecto a las prácticas abusivas y frecuentemente injustificadas que imponen las líneas aéreas a los usuarios.

La gran mayoría de nosotros —como cualquier otro usuario de una aerolínea— hemos padecido los cargos extras, las penalizaciones, los cobros extraordinarios que imponen estos concesionarios de un servicio público de transporte; una vez que se adquiere un boleto de avión para una ruta nacional, el pasajero queda sujeto a una serie de restricciones e inflexibilidades que equivalen a una condena inevitable, a ser una posible presa de cargos a niveles abusivos.

En caso de que una eventualidad ocurra, el pasajero tiene que pagar un costo excesivo por un cambio de boleto, hasta el 50 por ciento adicional del costo del mismo o perder el costo total del boleto que había pagado.

¿A caso existe alguna justificación económica para tales cargos extras? ¿Qué decir de las cancelaciones de vuelos, de los retrasos por horas, de la sobreventa de boletos? Todas aquellas son con cargo al usuario, aunque hubiera sido por causa de la aerolínea o de las operaciones de los aeropuertos.

Los pasajeros, ante tales eventualidades, carecen de los mecanismos de atención y comprensión de calidad de servicio aéreo, que el concesionario debe dar, conforme a la Ley de Aviación Civil.

Tal parece que tales conductas abusivas y de deterioro de la calidad están relacionadas con la concentración que se ha dado en el mercado, desde el cese de operaciones de Mexicana de Aviación y la salida de otras siete líneas aéreas. Tal disminución en la oferta ha incrementado la participación del Grupo Aeroméxico, en casi un 26 por ciento, en el 2009 y cerca de un 40 por ciento, en este año.

Tal cambio en la concentración es de importancia en cualquier mercado, pues tiene como consecuencia efectos nocivos en contra de la competencia y en la calidad del servicio que reciben los usuarios.

El Grupo Parlamentario del PRI, por mi conducto, exhorta a esta soberanía a legislar sobre los derechos de los pasajeros del transporte aéreo concesionado, a poner un alto a los abusos y reivindicar al usuario al ejercicio de sus derechos soberanos como consumidor de un servicio público.

Como en el punto de acuerdo se establece, lo anterior no es una ocurrencia. La experiencia internacional establece que existen parámetros en la normatividad de la calidad a los que deben sujetarse las líneas aéreas en su servicio cotidiano.

Trabajemos en una reestructura de las posibilidades de mayor competencia en el mercado aéreo nacional y también en los derechos que los pasajeros tienen cuando le confían a una línea aérea su transporte, su seguridad en el trayecto de su viaje, en la certidumbre de tener opciones ante eventualidades, tanto del oferente del servicio como del cliente. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted por su intervención. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueban los resolutivos.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquense,en los términos que sugirió el señor diputado Torres Mercado.

PROGRAMA DIPUTADA AMIGA, DIPUTADO AMIGO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, tiene el uso de la voz don Raúl Gómez Ramírez, del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía para que realice las acciones pertinentes para la implementación del programa denominado Diputada amiga, Diputado amigo.

El diputado Raúl Gómez Ramírez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia.

El 6 de abril de 1989, el Ejecutivo federal expidió el acuerdo por el que se instrumentaron acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales, donde su objetivo era la generación de mayores divisas de turismo, fomentar las exportaciones, mejorar las condiciones para una eficiente transportación de personas y de mercancías, otorgar mayor seguridad al público, simplificación administrativa en trámites, promoción de mejoras e implementación de sistemas de quejas y denuncias.

A partir de diciembre de ese mismo año, durante varios años después se puso en funcionamiento solo en los periodos vacacionales y posteriormente se aplicaron considerablemente las acciones para salvaguardar los derechos de los migrantes en su ingreso a territorio en México.

Con la instauración del programa Paisano, diseñado por el Ejecutivo federal en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se ha buscado implementar los criterios para dignificar el trabajo de los mexicanos en el extranjero; que los mexicanos al retornar reciban un trato justo, orientación adecuada y respeto a sus derechos humanos y bienes patrimoniales; reconocer la importancia de afianzar los vínculos culturales y nexos sociales y económicos con las comunidades mexicanas, y de personas con raíces mexicanas, principalmente en los Estados Unidos de América y Canadá.

Desde noviembre de 2000, la Cámara de Diputados ha aprobado la operación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, con la finalidad de combatir las prácticas de extorsión contra los migrantes por diferentes autoridades en distintos órdenes de gobierno; apoyar la supervisión de protección de sus derechos humanos, velar con respeto y estrictas garantías individuales; asistir a los cruces fronterizos internacionales y aduanas de la frontera norte del país, a terminales de autobuses y aeropuertos, a puntos de revisión carretero para orientar a los migrantes, turistas y transmigrantes, así como recibir sus denuncias de extorsión, maltrato y hostigamiento por parte de los funcionarios públicos. Todo esto para apoyar y proteger a los migrantes mexicanos en su regreso a nuestro país.

Posteriormente aprobó que el programa operara de manera permanente y autorizó el presupuesto para cumplir con su finalidad, participando en forma complementaria con el programa Paisano, durante el periodo de noviembre a enero de cada año, y solicitó al titular del Poder Ejecutivo Federal que apoyara a los legisladores que participaron en su ejecución.

Es imperante para esta soberanía continuar y redoblar los esfuerzos para proteger el derecho que tienen nuestros migrantes de regresar, asegurarles un trato digno y conforme a derecho, velar por la protección de su integridad física y patrimonial, sensibilizar a las autoridades, a los servidores públicos y sociedad, y dar seguimiento a sus quejas y denuncias. Por ello se hace necesario dar continuidad a los programas que han sido diseñados para fortalecer los mecanismos de protección a los sectores vulnerables y en consecuencia, deben mantenerse vigentes y reforzarse.

Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que les extiendo una formal convocatoria para apoyar este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, para exhortar a la Junta de Coordinación Política para que lleve a cabo las acciones pertinentes para la implementación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, de manera permanente durante la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados.

Exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatales, Congresos y presidentes municipales de los estados fronterizos del norte y del sur del país, además de los gobiernos de las entidades relacionadas con migración internacional, que consideren participar para que contribuyan a la implementación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, de manera permanente durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, así como con la instrumentación de programas alternos que se cumplimenten y coadyuven con los objetivos del programa.

Se exhorte a los Ejecutivos federal, estatales y municipales a apoyar, a través de sus instancias gubernamentales correspondientes, a los legisladores federales y locales participantes en el programa. Por su parte, se invitará a los diputados a mantener contacto permanente con las diferentes autoridades que participan en el programa Paisano.

Exhorto a la Cámara de Diputados elabore un plan de difusión de sus compromisos con el programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, utilizando todos los medios de comunicación nacionales e internacionales para dar —termino, señor presidente— a conocer los teléfonos de contacto de todos los participantes en el programa y los apoyos que ofrecerán.

Además, que la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados suscriba los acuerdos pertinentes con las instancias gubernamentales y determine la coordinación para la aplicación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, así como la convocatoria a los legisladores que manifiesten su deseo de participar; que se conformen, a la brevedad posible, los grupos plurales de diputados federales.

Compañero presidente, le voy a decir una cosa, con todo el debido respeto que se merece. Hace un momento a un compañero del Verde le dio cuatro minutos y exijo que se me respete.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le damos el tiempo, diputado.

El diputado Raúl Gómez Ramírez: Finalmente, exhorto a la Junta de Coordinación Política para proporcionar los recursos necesarios a la mayor brevedad posible para el cumplimiento de los objetivos del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Así que se implemente a partir del 12 de diciembre del presente año y culmine el 6 de enero de 2013. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a realizar acciones para implantar el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Raúl Gómez Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La migración de las personas es un fenómeno mundial, y está presente en todas las épocas de la historia y en todas partes de nuestro planeta; en muchas culturas y grupos religiosos se encuentran vestigios, mitos y referencias a las migraciones que se remontan a tiempos muy antiguos; así, en la historia de la humanidad se documentan grandes movimientos culturales, económicos, geográficos y políticos que dieron origen a desplazamientos de la población.

La migración la podemos entender como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, espontáneamente o inclusive de manera forzada, y generalmente con la intención de mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y familiar, donde sus principales causas se determinan dentro del ámbito laboral, por situaciones familiares, de estudios, algún padecimiento relacionado con la salud para acceder a mejores tratamientos, por huir o protegerse de los altos índices de violencia e inseguridad, en menor medida, por fenómenos naturales, entre otros.

Las personas migran principalmente para acceder a mejores oportunidades y condiciones de vida, hoy la globalización y los avances tecnológicos han alentado el deseo de las personas para trasladarse; pues debido al aumento de la competencia en los mercados internacionales por el auge de la globalización, las economías desarrollas se ven obligadas a buscar mano de obra barata que les permita estar al nivel sus antagonistas comerciales; desde luego, esta mano de obra la encuentran en países en desarrollo creando un flujo migratorio constante entre países.

Los medios a los que recurren la personas para emigrar y el tratamiento de la inmigración ilegal en los distintos países que varían según sus políticas migratorias, traen en consecuencia que los migrantes sean sumamente vulnerables a diversos riesgos, por ejemplo a ser víctimas de traficantes o caer en las redes de trata de personas, pues estas redes criminales toman como negocio la migración ilegal, ya que las personas con tal de llegar a países desarrollados en busca de oportunidades pagan buenas sumas de dinero y el riesgo está en que muchas veces estas organizaciones engañan, secuestran o matan a los migrantes para quedarse con su dinero o usarlos para trabajos forzados, prostitución o tráfico de órganos.

El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), teniendo en cuenta que existe un gran número de inmigrantes en el mundo que continúa incrementándose, y aunado a la proclamación del Día Internacional del Migrante, había adoptado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; así, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y toda persona disfruta de los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de raza, color u origen nacional...”; y en consecuencia, se pretende reconocer y valorar la enorme contribución de todas estas personas en el avance económico, social y cultural de los países en todo el mundo.

Es por lo anterior que los estados miembros de la ONU, así como organizaciones gubernamentales y organizaciones no-gubernamentales, están invitados a observar y difundir información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, el intercambio de experiencias y la formulación de medidas para protegerlos.

En el caso de nuestro país, por su situación geográfica, su historia, su cultura y sus condiciones económicas y sociales de profunda desigualdad, históricamente ha sido país de origen, tránsito y destino de migrantes; y por ende, es también un país interesado en el tema, comprometido en la comunidad internacional en la promoción de instrumentos que, por un lado, faciliten y protejan la cooperación internacional, y por otro, se convoquen a los países principalmente de este continente para crear el entramado legal e institucional necesario.

En el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia...”. Además, el 25 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que expide la Ley de Migración, en su artículo 1 establece que su objeto es “...regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales...”.

En 1989, el 6 de abril, el Ejecutivo federal expidió el acuerdo por el que se instrumentaron acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país; donde sus objetivos se centraron en la generación de mayores divisas por medio del turismo, fomento a las exportaciones, mejorar las condiciones para una eficiente transportación de personas y mercancías, otorgar mayor seguridad al público, simplificación administrativa en trámites, promoción de mejoras e implementación de sistemas de quejas y denuncias, entre otros. A partir del mes de diciembre de ese mismo año, y varios años después se puso en funcionamiento sólo en los periodos vacacionales; y posteriormente, se ampliaron considerablemente las acciones para salvaguardar los derechos de los migrantes en su ingreso o transito a México.

Con la instauración del programa Paisano, diseñado por el Ejecutivo federal en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se ha buscado implementar los criterios para dignificar el trabajo de los mexicanos en el extranjero, que los mexicanos al retornar, reciban un trato justo, orientación adecuada y respeto a sus derechos humanos y bienes patrimoniales, y reconocer la importancia de afianzar los vínculos culturales y nexos sociales y económicos con las comunidades de mexicanos y de personas con raíces mexicanas principalmente en Estados Unidos de América y Canadá.

Para el 28 de noviembre de 2000, el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en la LVIII Legislatura, aprobó una proposición con punto de acuerdo para implementar la operación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, con la finalidad de apoyar y proteger a los migrantes mexicanos en su regreso a nuestro país, dirigido principalmente a aquellos que radican en Estados Unidos de América y Canadá, como principal consecuencia a las denuncias de violaciones a sus derechos humanos por los constantes abusos de autoridad y asaltos que son víctima, sobre todo en puntos fronterizos, terminales de autobuses, aeropuertos y aduanas; para el 10 de diciembre de ese mismo año, se puso en operación el programa.

En su LX Legislatura, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó que este programa operara de manera permanente, además de autorizarle el presupuesto que le permitiera cumplir con su finalidad y contar con recursos materiales necesarios y la elaboración de propaganda para publicitar su operación según los objetivos trazados de recibir a los migrantes “paisanos” en su llegada a México, atender y canalizar sus quejas y denuncias a las autoridades correspondientes, propiciarles un mejor trato, vigilar la protección y el respeto de sus derechos y libertades, y generar mayor seguridad a los migrantes “paisanos” en su destino hacia sus lugares de origen.

Para la LXI Legislatura, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados propuso que el programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, se mantuviera vigente durante toda la legislatura, además de participar de forma complementaria con el programa Paisano, implementado por el gobierno federal en el periodo de noviembre a enero de cada año; la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, llevó a cabo las acciones para mantener vigente dicho programa y la elaboración, el diseño y logística que se emplearía en la temporada vacacional; aunado a ello, la Junta de Coordinación Política analizaría la posibilidad de destinar los recursos suficientes para la ejecución eficaz del programa y se solicitó al titular del Poder Ejecutivo federal se diera a la tarea de apoyar a los legisladores que participaron en la ejecución del programa referido.

Los principales objetivos en los que se enmarca la labor que habrán de desempeñarse en el programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo son los de combatir las prácticas de extorsión contra migrantes por autoridades de los distintos órdenes de gobierno cuando sucedan; apoyar la supervisión de la protección de sus derechos humanos; velar por el respeto irrestricto de sus garantías individuales; asistir a los cruces fronterizos internacionales y aduanas de la frontera norte del país, a terminales de autobuses y aeropuertos, a puertos de revisión carreteros, para orientar a los migrantes, turistas y transmigrantes; así como recibir sus denuncias de extorsión, maltrato y hostigamiento por parte de funcionarios públicos.

En el periodo de diciembre a enero de cada año en los que se ha aplicado el programa, los diputados recibieron a miles de paisanos, se instalaron módulos portátiles de atención en los diferentes puntos de cobertura, se distribuyeron más de 28 mil folletos promocionales para difundir sus derechos, se fabricó más de 40 mil materiales para ser distribuidos por los legisladores entre los paisanos y que pudieran utilizarlos en sus vehículos como protección para prevenir y evitar que fuesen extorsionados o maltratados.

Es imperante para esta soberanía continuar y redoblar los esfuerzos tendientes a proteger el derecho que tienen nuestros migrantes de regresar; asegurarles un trato digno y conforme a derecho; velar por la protección de su integridad física y patrimonial; sensibilizar a servidores públicos y sociedad; y dar seguimiento a sus quejas y denuncias; por ello, se hace necesario dar continuidad a los programas que han sido diseñados para fortalecer los mecanismos de protección a los sectores vulnerables; y en consecuencia, deben mantenerse vigentes y reforzarse.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Primero.Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que lleve a cabo las acciones pertinentes para la implementación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, de manera permanente durante la LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatales, congresos y presidentes municipales de los estados fronterizos del norte y del sur del país, además de los gobiernos de las entidades relacionadas con migración internacional que consideren participar, para que contribuyan a la implementación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, de manera permanente durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, así como con la instrumentación de programas alternos que se cumplimenten y coadyuven con los objetivos del programa.

Tercero.Se exhorte a los Ejecutivos federal, estatales y municipales a apoyar, a través de sus instancias gubernamentales correspondientes, a los legisladores federales y locales participantes en el programa. Por su parte, se invitará a los diputados a mantener contacto permanente con las diferentes autoridades que participan en el programa Paisano.

Cuarto.Que la Cámara de Diputados elabore un plan de difusión de sus compromisos con el programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, utilizando el Canal del Congreso y otros medios de comunicación nacionales e internacionales, para dar a conocer principalmente en estados de la Unión Americana donde existe el mayor número de connacionales, la ubicación, los teléfonos de contacto y demás datos de los legisladores federales y locales, y de los funcionarios de los ayuntamientos participantes en el programa, así como el tipo de apoyo que éstos ofrecerán.

Quinto.Que la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados suscriba los acuerdos pertinentes con las instancias gubernamentales y determine la coordinación para la aplicación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, así como la convocatoria a los legisladores que manifiesten su deseo de participar y que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, coadyuven con el funcionamiento del programa Paisano.

Sexto.Que se conformen, a la brevedad posible, los grupos plurales de diputados que participarán en el programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, para que puedan iniciar sus labores, y que los materiales que se utilizarán sean elaborados de manera inmediata para ser enviados a los puntos establecidos y contar con ellos desde su inicio.

Séptimo.Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a proporcionar los recursos necesarios, a la brevedad posible, para el cumplimiento de los objetivos del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo; el cual, por esta ocasión corresponderá al periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2012.— Diputado Raúl Gómez Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y fue mucho. Mire usted, vamos —en términos del artículo 100— a preguntarle a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En estas condiciones, don Fernando Bribiesca tiene el uso de la voz.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el fenómeno de migración en nuestro país representa una de las principales preocupaciones y complejidades para aquellos a quienes nos corresponde defender el respeto y la garantía de los derechos humanos de los migrantes.

Respecto a las razones que motivan a nuestros paisanos a emigrar ante la falta de oportunidades, destacan la búsqueda de un empleo digno, una mejor calidad de vida, o en su caso, la propia migración forzada.

Como producto de este fenómeno se ha observado un incremento considerable en el retorno de nuestros paisanos a sus hogares, sobre todo en esta temporada de fiestas decembrinas.

En virtud de lo anterior, es nuestra obligación emprender y llevar a cabo la instalación estratégica de puestos de vigilancia y políticas de seguridad para resguardar el regreso de nuestros paisanos a sus lugares de origen, con el correspondiente cumplimiento y plena observancia de los derechos humanos.

No olvidemos que el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo tiene como propósito la protección y prevención de extorsiones, maltratos y hostigamientos por parte de las autoridades a los migrantes, provenientes principalmente de los Estados Unidos de América y Canadá, lo que hace necesario implementar a la brevedad las acciones correspondientes que contribuyan al cumplimiento de dicho programa, en aras de atender la denuncia a las violaciones a los derechos humanos de los migrantes mexicanos.

Derivado de lo anterior, desde esta tribuna queremos expresarles a nuestros paisanos que es voluntad del Congreso federal la de emprender todas las medidas necesarias para el respeto y la garantía de sus derechos humanos, haciendo particular énfasis en la prevención de futuras violaciones a los mismos.

Por ello, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con la finalidad de proteger los derechos de cientos de miles de migrantes mexicanos, nos sumamos al llamado que hace el proponente del PAN, Raúl Gómez, exhortando a la Junta de Coordinación Política, a los Ejecutivos del federal, estatal y municipal, así como al Congreso federal y locales, a proporcionar los recursos necesarios a la brevedad posible para el cumplimiento de los objetivos del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo.

Por lo antes expuesto, votaremos a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Fernando. Don José Humberto Vega Vázquez, del PT.

Esta Presidencia saluda con mucho afecto al contingente tan importante que viene de Onexpo Nacional; entre otros, a don Ramiro Zúñiga y a su señora esposa, invitados por el diputado Bonilla. Lo hacemos con mucho gusto.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Con la venia de la Presidencia, legisladoras y legisladores, en noviembre del año 2000, la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó una proposición con punto de acuerdo para implementar la operación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, con el propósito de brindar atención y proteger a los migrantes mexicanos en su regreso a nuestro país, primordialmente a los que vienen de los Estados Unidos de América y Canadá.

El programa antes mencionado ha buscado que los representantes del Poder Legislativo, en particular los diputados federales, estén en lugares donde hay un tránsito intenso de mexicanos, como lo es el caso de cruces fronterizos, aeropuertos, terminales de autobuses, puntos de revisión carreteros, para que puedan llegar a sus comunidades sin contratiempos y sin que sean objeto de extorsiones, robos y otros actos de corrupción por parte de las autoridades estatales y federales.

Se busca que los diputados federales puedan apoyar a los mexicanos que sufren algún tipo de delito.

Además la presencia de los legisladores federales permite que se alleguen de manera directa información sobre los problemas que sufren los connacionales, lo cual permite modificar las diversas leyes en materia para garantizar que se tengan todas las garantías y la seguridad jurídica para que visiten a sus familiares.

Tenemos que reconocer la bondad de este programa, sobre todo al considerar que los mexicanos que se van a trabajar a Estados Unidos de América lo hacen como una forma de superación y de tener una oportunidad de desarrollo, que por diversas causas o circunstancias no han tenido en su propio país.

Nos parece muy pertinente que se haya presentado este punto de acuerdo, ya que estamos a unos cuantos días de las fiestas de fin de año, por lo que varias decenas de connacionales ya están planeando su regreso, si no es que ya están viajando desde los diversos puntos de la Unión Americana a nuestro país.

Este programa se lleva a cabo de manera paralela al que usualmente pone en marcha el gobierno federal, denominado programa Paisano. De esta manera, se coordinan los esfuerzos de dos poderes del Estado mexicano en beneficio de las familias que radican aquí en el país y de los familiares que han decidido traer la fuente de su sustento más allá de nuestras fronteras.

Creemos que estamos en un momento muy oportuno para que la Junta de Coordinación Política lleve a cabo las gestiones necesarias para que se implemente el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo.

Por las consideraciones aquí señaladas, los integrantes de la fracción del Partido del Trabajo votaremos a favor de este punto de acuerdo en comento. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Gerardo Villanueva, tiene el uso de la voz.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, señor presidente. Las condiciones de crisis económica en las que ha vivido nuestro país a lo largo de cuando menos cuatro décadas, sumados a la inseguridad y violencia creciente del último sexenio, han propiciado que cada vez más mexicanos, sin importar su edad, sexo e incluso condición socioeconómica, opten por emigrar.

Miles de hogares mexicanos tienen una dependencia de las remesas de miles de paisanos que, ante la falta de oportunidades en el país, migran para obtener un ingreso; en 2011 las remesas representaron ingresos para el país por arriba de los 20 mil millones de dólares y es la tercera fuente de ingresos, por debajo del petróleo y el narcotráfico. También es de las principales razones de vergüenza para todos los mexicanos.

En México se cuenta con una normatividad creada en 2011 para protección de los migrantes; sin embargo, ellos suelen desconocerla, así como el conjunto de instrumentos que los amparan. Conocer los derechos que protegen a quienes, impulsados por la necesidad y deseo de mejorar su calidad de vida emprenden procesos de movilidad internacional, daría a los migrantes medios de defensa frente a los abusos de la autoridad o de particulares.

El programa Diputada Amiga, Diputado Amigo se creó con el fin de combatir las prácticas de extorsión contra migrantes por autoridades de los distintos órdenes de gobierno cuando sucedan; apoyar la supervisión de la protección de sus derechos humanos; velar por el respeto irrestricto de sus garantías individuales; asistir a los cruces fronterizos internacionales y aduanas de la frontera norte, a terminales de autobuses y aeropuertos, a puertos de revisión carreteros para orientar a los migrantes, turistas y transmigrantes, así como recibir sus denuncias de extorsión, maltrato y hostigamiento por servidores públicos.

El programa Diputada Amiga, Diputado Amigo implementa un esquema de observación realizado por los propios diputados y diputadas como representantes populares; el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, es un excelente complemento a los esfuerzos legislativos en la materia.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano votará a favor este punto de acuerdo, en apoyo de todas y todos los migrantes.

Solamente quiero concluir mi intervención, compañeras y compañeros diputados, diciendo un mensaje muy concreto: libertad a los presos detenidos ilegalmente el primero de diciembre pasado. Exigimos su libertad. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Esta Presidencia les da la más cordial bienvenida a invitados del estado de Veracruz, vienen de Coatzacoalcos, los Comités del PRI, invitados por don Joaquín Caballero Rosiñol. Sean ustedes bienvenidos, compañeros.

Dejo la conducción en manos de las expertas y doctas manos de don José González Morfín.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, el punto de acuerdo que nuestro compañero —diputado Raúl Gómez— propone es importante y por eso cuenta con nuestro apoyo.

Los mexicanos que regresan de Estados Unidos de América de trabajar duramente y que han enviado a lo largo del año cientos de millones de pesos para apoyar la economía de sus familias, merecen y tendrán las garantías para un tránsito y estancia segura en territorio nacional de camino a sus estados, rumbo a sus ciudades, pueblos y rancherías, que son la mayoría, por cierto, en las rancherías.

Es incomprensible, sin embargo, que después de tantos años de transmigración, haya autoridades que todavía pretendan seguir aprovechándose de ellos. La historia de la humanidad es la historia de la migración; los humanos nos movemos buscando alimentación; caminamos de la escasez hacia la abundancia, o al menos hacia la disponibilidad de alimento digno.

En la modernidad esta situación no cambia. Las personas nos movemos hacia donde hay trabajo, empleo digno. En cambio, en México sigue habiendo hombres, mujeres, jovencitas y jovencitos migrantes, que dejan México en busca de alimento y empleo digno.

Quienes sí hicimos campaña política para llegar a aquí, visitamos las comunidades de mexicanos en Texas, California, Illinois y tenemos un compromiso con ellos, incluso con los que vienen manejando desde Atlanta, Utah, Carolina del Sur, Illinois, Alaska, Washington, algunas veces más de 60 horas de manejo.

Somos gobierno, fuimos electos por estos paisanos y sus familias residentes en México; ellos confían en nosotros. Hacemos políticas, diseñamos marcos legislativos, y en este caso, proponemos un programa que nos faculta para recibir, ir a recibir a miles de paisanos a su llegada a México.

Efectivamente, el programa Paisano funciona desde hace más de 20 años, pero creemos que hay necesidad de un programa adicional que lo complemente. Esto es el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo; es un elemento adicional de observación y control, realizado directamente por nosotros, los propios diputados, como representantes populares. Así velaremos por la protección y respeto a los derechos y libertades de nuestros paisanos, que son libertad de tránsito, sin extorsiones en cada garita. Esperamos estar ahí todos los diputados que estemos participando.

Durante la pasada LXI Legislatura este programa Diputada Amiga, Diputado Amigo se aplicó solamente en los estados fronterizos, pero proponemos ahora que se amplíe a estados expulsores, como mi estado, el estado de Guanajuato y el estado de México, donde miles de migrantes regresarán a pasar estas navidades.

Solicitamos al diputado que nos permita suscribir y anexar esta petición. Muchas gracias. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Con su permiso, honorable asamblea, hago uso de la voz, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, para manifestar nuestro voto a favor de la propuesta con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, presentada por el diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que lleve a cabo las acciones pertinentes para la implementación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo de manera permanente durante la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados.

En este orden, comentarles que con fecha primero de noviembre del presente año inició el programa Paisano, este operativo estará vigente hasta el 6 de enero de 2013, con el que se busca eliminar los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en las que incurren servidores públicos de las diversas dependencias federales, estatales y municipales, en contra de los connacionales en su ingreso al país al visitar a sus familiares, quienes vienen después de trabajar duro para ayudar a sus seres queridos y a México, con sus remesas, pues gracias a sus aportes económicos este país se mantiene al menos en una tensa calma. Sin ellas y ellos no sabríamos qué pasaría.

Sin embargo, sin demeritar dicho programa en sus alcances y resultados, los reclamos de los connacionales por abusos de parte de servidores públicos ya iniciaron. Basta ver, escuchar y leer los medios de comunicación para darse cuenta cómo en la frontera norte del país a nuestros paisanos les están decomisando los regalos que les traen a sus familiares, y tal parece que las autoridades no informan correctamente de sus derechos y obligaciones para internar mercancías o bienes, lo cual consideramos una injusticia.

Éstos son los encabezados de algunos periódicos que no quisiéramos leer. Quitan mercancía a paisano, pese a que paga impuestos, en Nuevo Laredo, el día 11 de noviembre, a 10 días de empezar el programa Paisano implementado por el Poder Ejecutivo.

Todo esto se repite en todos los estados fronterizos del país: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Con este mecanismo, el de Diputada Amiga, Diputado Amigo, velaríamos también por la situación de las y los migrantes centroamericanos y los turistas centroamericanos que pasan por la frontera sur de nuestro país, evitando abusos en sus derechos humanos y señalando a las autoridades que buscan afectar a estas personas. Ellas y ellos también benefician nuestra economía en su paso por la nación; su persona y sus recursos son de mucha ayuda para México.

En términos económicos, las y los migrantes representan un alto impacto; por citar solo algunos ejemplos, Chihuahua, el gobierno del estado, espera una derrama económica de 320 millones; en Sonora, se espera una derrama que supere los 53.7 millones de pesos.

Como bien sostiene el promovente del punto de acuerdo, con el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, podemos reforzar a las autoridades que hacen su trabajo en esta materia y evitar que se lucre con nuestros paisanos y paisanas, así como de los turistas en general, visitando directamente los lugares donde se están dando las quejas de abuso.

Todo lo anterior, sin duda conllevará al respeto de los derechos humanos de las personas. Además de ayudar directamente a la generación del empleo, las y los empresarios ganan por el paso de los connacionales por los estados fronterizos, al dejar una cuantiosa derrama económica, y los estados, a su vez, recaudan por las contribuciones fiscales que se generan.

Sirvan los ejemplos narrados para que nos convenzamos de que con la implementación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, que en el país se implementó en las 49 aduanas de México, en los cruces fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Campeche, Tabasco y en todas las carreteras federales, donde se facilitaba la información suficiente a través de una tarjeta entregada a las y los migrantes, y donde se señalaba de manera muy clara que no podrían ser molestados, detenidos o privados de su libertad sin una real justificación.

Termino, presidente. Las y los diputados podemos poner un granito de arena para mejorar las instituciones de gobierno, la generación de empleo, las ganancias a la micro, pequeña y mediana empresa, así como la imagen de México en el concierto internacional, como un lugar seguro para visitar, y lo más importante, por encima de todo, con estas medidas coadyuvamos en la protección y respeto a los derechos humanos de quienes visitan nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, la migración corresponde a una realidad en la historia de la humanidad cuyo objetivo principal y razón de ser consiste en el mejoramiento de la calidad de vida del individuo, así como de su familia, por cuestiones laborales, académicas, profesionales o de cualquier otra índole.

No obstante, la migración trae consigo situaciones de alto riesgo para aquellas personas que viven en un contexto de vulnerabilidad, debido a la precaria situación económica en la que se encuentra, en donde son explotadas por parte de la delincuencia organizada, que convierte a los migrantes en víctimas de secuestros, abusos, explotaciones y demás prácticas denigrantes para el ser humano.

A pesar de la existencia de instrumentos internacionales que intentan combatir este flagelo, es necesario reconocer que la comunidad internacional debe seguir avanzando para lograr la consolidación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes y es responsabilidad del Estado mexicano no quedarse atrás en ese compromiso.

Debido a la laxitud anteriormente mencionada, en la que se encuentran los migrantes, muchas veces no se proporciona la atención adecuada al momento de canalizar situaciones de denuncia, de violaciones a sus derechos humanos por los abusos de la autoridad.

Por tanto y en el entendido de velar siempre por la salvaguarda, protección y defensa de nuestros migrantes y como bien lo expuso el diputado Raúl Gómez Ramírez, esta soberanía estableció la implementación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, durante la LVIII Legislatura, con la finalidad de apoyar y proteger a los migrantes mexicanos en su regreso a nuestro país, dirigido principalmente a aquellos que radican en Estados Unidos de América y Canadá.

Este programa supervisa y vigila el trato que se le da a nuestros connacionales en su tránsito hacia sus comunidades y localidades de origen en la temporada navideña, como se hace, por ejemplo, con el programa Paisano.

Gracias al establecimiento de este programa se pretende formar un acercamiento y orientación por parte de los diputados y diputadas con la comunidad migrante, a efecto de realizar esfuerzos para vigilar la protección y el respeto de sus derechos y libertades, y generar, así, mayor seguridad a nuestros paisanos en su destino hacia sus lugares de origen.

Por tanto, provoca que los legisladores federales se alleguen de manera directa de información respecto a las experiencias que sufren los connacionales y sus principales necesidades, de manera tal que ésta pueda ser utilizada para elaborar reformas legales necesarias, en beneficio de sus derechos.

Señoras y señores legisladores, para Acción Nacional la defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos siempre ha sido una prioridad fundamental, debemos garantizar que nuestros connacionales no sean víctimas de robo o extorsiones o que sus quejas y denuncias no tengan el apoyo necesario por parte de las autoridades correspondientes.

La implementación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, representa un mecanismo para velar por la protección y el respeto de los derechos y libertad de nuestros connacionales; representa un esfuerzo por contribuir en la atención y canalización de las quejas y denuncias de los paisanos hacia las autoridades correspondientes, generando con ello un mayor sentimiento de seguridad en los migrantes, en su tránsito hacia sus hogares y propicia un mejor trato hacia los paisanos.

Por tanto, consideramos necesario hacer un llamado a las autoridades, tanto estatales como municipales, para apoyar a los migrantes durante su tránsito por territorio nacional y evitar actos de corrupción que vulneren el principio de legalidad, así como el correcto desarrollo de las funciones del estado de derecho.

Debemos manifestar, con coherencia y responsabilidad, el trato de dignidad y respeto que deseamos sea aplicado para nuestros compatriotas en el extranjero. Por su atención, muchas gracias; es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Le damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la escuela secundaria Mártires de Chicago, del municipio de Atizapán de Zaragoza, estado de México, invitados por la diputada Silvia Márquez Velasco. Bienvenidos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

Finalmente, tiene la palabra en este tema el diputado Luis Alfredo Murguía Lardizabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por tres minutos.

El diputado Luis Alfredo Murguía Lardizabal:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, año tras año la frontera de nuestro país se desborda por miles de migrantes que tras largos meses de arduo trabajo y jornadas extenuantes retornan al territorio mexicano —a casa— a compartir por unos días la felicidad del reencuentro con los suyos y de entregarles los ahorros y regalos, que con tanto esfuerzo han guardado para ellos.

Es un viaje lleno de esperanzas y anhelos, pero también de obstáculos y peligros: las vicisitudes de la travesía, la violencia y la inseguridad a la que están expuestos en el camino a su hogar.

La gran mayoría de los abusos y atropellos cometidos contra los migrantes son obra del crimen organizado; sin embargo, tristemente también hay denuncias que apuntan a la complicidad de las autoridades aduanales migratorias, así como las corporaciones policiales.

Resulta muy lamentable que una vez que se encuentran en territorio mexicano, en casa, nuestros connacionales no se sienten tranquilos y protegidos. Las agresiones y hostigamiento hacia nuestros connacionales no son exclusivos de los empleadores de autoridades extranjeras, sino se repiten en forma de extorsión y chantaje por parte de los funcionarios públicos que tienen la obligación de velar por su seguridad.

Justamente este mes de diciembre se prevé, como cada año, un aumento significativo en el flujo de migrantes que ingresan a nuestro país; por ello, la implementación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, es una medida de política pública que debe ser apoyada con toda la firmeza y compromiso del Estado mexicano.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convenidos que se debe incidir de manera clara y decidida en el fenómeno del abuso de los migrantes que trasciende, entre otras problemáticas apremiantes, como el racismo, la violencia, la xenofobia, la trata de personas y la violación sistemática de los derechos humanos.

Como representantes populares tenemos la obligación de permanecer cercanos y estar pendientes de las necesidades de la población; es por ello que acudiremos a los cruces fronterizos internacionales, a las aduanas del país, a los puestos de revisión carreteros, a las terminales de autobuses y a los aeropuertos, para recibir de primera mano las quejas e inquietudes de nuestros paisanos que regresan al país.

Por lo anteriormente expuesto, apoyamos el punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que se propone, y hacemos eco de la convocatoria a los diferentes niveles de gobierno para que contribuyan a la implementación del programa, así como para que desarrollen otros alternos que coadyuven con los objetivos que nos hemos propuesto.

Compañeras y compañeros, no les demos la espalda a los migrantes, no los abandonemos; ellos son nuestra familia, son nuestras hermanas y hermanos, son nuestra sangre, son raíces de nuestra patria. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

Saludamos con mucho gusto a un grupo de estudiantes de derecho de la Universidad Dorados, de Morelos, que están aquí invitados por el diputado Juan Pablo Adame. Bienvenidos a esta sesión.

También saludamos a otro grupo de alumnos de derecho de la Universidad UPEM, del municipio de Ixtapaluca, estado de México, que están aquí invitados por el diputado César Reynaldo Navarro de Alba. Bienvenidos también a esta sesión.

Por supuesto, con gusto recibimos a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo, Michoacán, que están aquí invitados por el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

FONDO DE CONTINGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día. De conformidad con el artículo 76, del Reglamento, se concede el uso de la tribuna a la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a construir un fondo de contingencia para la infraestructura social.

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga:Con su venia, señor presidente. Como diputada del Partido de la Revolución Democrática, agradezco a mis compañeros diputados José Arturo Salinas Garza, presidente de la Comisión de Federalismo; al diputado Ernesto Aguilar Núñez, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal; a la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, secretaria de la Comisión de Desarrollo Municipal; al diputado Ricardo Monreal Ávila, al diputado Ricardo Cantú Garza, a la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, a la diputada María Beatriz Zavala Peniche, a la diputada Adriana González Carrillo, a la diputada Judit Magdalena Guerrero López, al diputado Ricardo Mejía Berdeja, por haber apoyado, impulsado y firmado este punto de acuerdo.

El Ramo 33, Fondo de Aportaciones Federales para Estados y Municipios, es creado en 1998 con el objetivo de transferir recursos hacia los estados y municipios, otorgándoles responsabilidades en cuanto al ejercicio de recursos públicos en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, vivienda y el campo, entre otros.

Considerando que las obras y acciones que se realizan con el Fondo III, están encaminados a acciones sociales e inversiones, en beneficio de la población que se encuentra en rezago social y pobreza extrema, vemos la evolución de los indicadores.

De acuerdo a datos del Censo 2010, tomados para la distribución del Fondo III, 17 estados vieron reducidos los recursos para la atención de rezago social. Por consecuencia, muchos municipios se vieron afectados, incluyendo aquellos que no están dentro de los 17 estados afectados por reducción.

Chiapas fue el que recibió mayor incremento; por el contrario, Guerrero y Oaxaca fueron los de mayor reducción.

El problema es que aquellos municipios que muestran algún grado de avance en el índice de desarrollo social, urbano y de infraestructura, aunque no necesariamente se perciba, quedan fuera de las valoraciones de la federación sobre marginación y por ende, se les reducen las partidas económicas del Ramo 33 del Presupuesto a los municipios que más trabajan, junto con los municipios con alta migración, por falta de empleo y oportunidades de desarrollo, desplazamiento por inseguridad y rompimiento del tejido social.

Es por eso que el Inegi debe revisar esos indicadores y al mismo tiempo, las dependencias del gobierno federal deben hacer lo propio al momento de ajustar las partidas presupuestales.

La fórmula para la distribución de los recursos a los municipios en pobreza y pobreza extrema debe cambiar para que realmente sean beneficiados quienes menos tienen. Además, tenemos que subrayar que los municipios dependen en un 81 por ciento de los recursos federales frente al 10 por ciento que representan en promedio los ingresos propios directos en el total de sus ingresos. Es decir, aproximadamente solo el uno por ciento de los municipios de todo el país —21 municipios— son capaces de cubrir más del 75 por ciento de sus gastos operativos con ingresos propios.

Por eso, compañeras y compañeros, hago la siguiente propuesta: Que ante la caída de los recursos del Ramo 33 en los estados y municipios, el pleno de la Cámara de Diputados haga un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con objeto de que se destinen recursos para la infraestructura social por un monto de 6 mil 266 millones 879 mil 767 pesos con 12 centavos, de los cuales 5 mil 889 millones se distribuirán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del citado Fondo III, y el resto, que asciende a 377 millones, será para los estados que vieron reducidos sus ingresos del mismo fondo.

Estos recursos beneficiarán a mil 256 municipios de 28 estados de la República. Se destinarán exclusivamente para resarcir a aquellos estados y municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, Aportaciones Federales.

Estos recursos se entregaran mensualmente en los primeros 10 meses del año por partes iguales a los estados y municipios de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo de las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los recursos se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ejercicio de sus atribuciones y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, considere en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ramo 33, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, recursos suficientes, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones del presente acuerdo, que se destinarán directamente a los municipios que se vieron afectados por la reducción de sus ingresos en dicho fondo. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a constituir un fondo de contingencia para la infraestructura social, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada por la LXII Legislatura, Teresa de Jesús Mojica Morga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta soberanía, la siguiente proposición, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Agradezco a mis compañeros diputados, José Arturo Salinas Garza (presidente de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo), Ernesto Núñez Aguilar (presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal), Fernanda Schroeder Verdugo (secretaria de la Comisión de Desarrollo Municipal), Ricardo Monreal Avila, Ricardo cantú Garza, Elena Tapia Fonllem, Beatriz Zavala Peniche, Adriana González Carrillo, Judith Guerrero López y Ricardo Mejía Berdeja por haber apoyado y firmado este punto de acuerdo.

El ramo 33, Fondo de Aportaciones Federales para Estados y Municipios, es creado en 1998 con el objetivo de transferir recursos hacia los estados y los municipios otorgándoles responsabilidades en cuanto al ejercicio de recursos públicos en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, vivienda y campo entre otros.

Considerando que las obras y acciones que se realizan con el fondo III están encaminadas a acciones sociales e inversiones en beneficio de la población que se encuentra en rezago social y pobreza extrema, vemos la evolución de los indicadores.

De acuerdo a datos del Censo 2010 tomados para la distribución del Fondo III, 17 estados vieron reducidos los recursos para la atención del rezago social. Por consecuencia muchos municipios se vieron afectados, incluyendo aquellos que no están dentro de los 17 estados afectados por la reducción.

Chiapas fue el que recibió mayor incremento, por el contrario Guerrero y Oaxaca fueron los de mayor reducción.

El problema es que aquellos municipios que muestran algún grado de avance en el índice de desarrollo social, urbano y de infraestructura –aunque no necesariamente se perciba– quedan fuera de las valoraciones que la federación hace sobre marginación y por ende se les reducen las partidas económicas del Ramo 33 del Presupuesto.

Junto con los municipios con alta migración por falta de empleo y oportunidades de desarrollo, desplazamiento por inseguridad y rompimiento del tejido social.

Es por eso que el Inegi debe revisar esos indicadores y al mismo tiempo las dependencias del gobierno federal deben hacer lo propio al momento de ajustar las partidas presupuestales.

La fórmula para la distribución de los recursos a los municipios en pobreza y pobreza extrema debe cambiar, para que realmente sean beneficiados quienes menos tienen (la actual contempla el ingreso per cápita, nivel educativo, disponibilidad de espacio en: vivienda, drenaje, electricidad y combustible para cocinar.

Además, debemos subrayar que los municipios dependen en un 81.1% de los recursos federales, frente al 10.1% que representa en promedio los ingresos propios directos en el total de sus ingresos, es decir, aproximadamente sólo el 1% por cien de los municipios de todo el país (21 municipios) son capaces de cubrir más del 75% de sus gastos operativos con ingresos propios.

Por eso, compañeros y compañeras, hago la siguiente propuesta:

Que ante la caída de los recursos del ramo 33 en los estados y municipios, el Pleno de la Cámara de Diputados haga un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con objeto de que se destinen recursos para la infraestructura social por un monto de 6266 millones, 879 mil 767pesos, con 12 centavos, de los cuales 5889 millones 573 mil 345 pesos con 24 centavos se distribuirán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo III y el resto que aeciende a 377 millones, 306 mil 421 pesos con 88 centavos será para los estados que vieron reducidos sus ingresos del Fondo III en el año fiscal 2012, con respecto al año 2011.

Este fondo que beneficiará a 1256 municipios de 28 estados de la República, se destinará exclusivamente para resarcir aquellos estados y municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo III, o Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33, Aportaciones Federales.

Este fondo se entregará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados y a los municipios, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los recursos se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

• Agua potable,

• Alcantarillado,

• Drenaje y letrinas,

• Urbanización municipal,

• Electrificación rural y de colonias pobres,

• Infraestructura básica de salud,

• Infraestructura básica educativa,

• Mejoramiento de vivienda,

• Caminos rurales, e

• Infraestructura productiva rural.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ejercicio de sus atribuciones y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, considere en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ramo 33, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, recursos suficientes, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones del presente acuerdo, que se destinarán directamente a los municipios que se vieron afectados por la reducción de sus ingresos en dicho fondo.

Diputados: Teresa de Jesús Mojica Morga, JoaquinaNavarrete Contreras, María Esther Garza Moreno, Petra Barrera Barrera, Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Cantú Garza, Judit Guerrero López,  Ernesto Núñez Aguilar, Elena Tapia Fonllem, Adriana González Carrillo, José Arturo Salinas Garza, Ricardo Mejía Berdeja (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se considera de urgente resolución. En consecuencia, tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el punto de acuerdo que presenta la proponente aborda un tema de la mayor trascendencia para el desarrollo social del país.

La inversión en infraestructura social en los municipios es un factor clave, ya que es el gobierno actual quien debe de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.

Es el gobierno municipal quien tiene la obligación de brindar los servicios básicos más apremiantes para el bienestar social, que son: agua potable, drenaje y alcantarillado, infraestructura básica en salud y educación, entre otros.

De lo anterior radica la importancia de que los municipios cuenten con los recursos públicos suficientes para cumplir con su obligación.

El Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 es el fondo mediante el cual se distribuye el financiamiento para obras, acciones sociales básicas e inversión, que beneficia directamente a los sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

En este fondo se dispone de los recursos presupuestales para prestar servicios adecuados en agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud y educación, mejoramiento de vivienda e infraestructura productiva rural.

Los diputados y diputadas de Nueva Alianza estamos acuerdo en construir un fondo de contingencia para la infraestructura social que beneficiaría a mil 256 municipios de 28 estados de la República, porque la infraestructura social no puede estar en la incertidumbre económica financiera del país. Pero también debemos ser claros, este fondo debe contar con los elementos jurídicos y técnicos para evitar que los recursos utilizados para estos fines no sean utilizados para lo cual están destinados.

De igual forma, consideramos urgente resolver el problema de financiamiento de los municipios. En Nueva Alianza estamos convencidos de que se deben analizar las relaciones de responsabilidad que existen en el gobierno federal y las entidades municipales.

Compañeros y compañeras, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor del punto de acuerdo que se presenta como de urgente u obvia resolución, porque la infraestructura social de los municipios es una demanda legítima de los ciudadanos.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza refrenda su compromiso con los municipios de México; asumimos la tarea de crear los mecanismos que permitan evaluar el pleno ejercicio de dichos recursos, bajo criterios de equidad, eficiencia y transparencia, así como aquéllos que permitan evaluar cómo el gasto incide sobre la calidad de vida de los habitantes de los municipios en rezago social. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo saluda la propuesta que la compañera Teresa de Jesús Mojica ha presentado ante el pleno de esta soberanía, relativa al punto de acuerdo de obvia o urgente resolución sobre la constitución de un fondo dirigido a crear infraestructura social para los municipios que acusan rezagos sociales.

Abundando en las consideraciones que nuestra compañera efectuó para sustentar su proposición; debemos mencionar que los indicadores que el Inegi elabora, con base en los censos de población, deben ser cuidadosamente revisados, con el fin de no caer en la inequidad hacia los municipios marginados del país.

Como bien lo señala la diputada promovente, son pocos los municipios de la República que alcanzan la casi total autosuficiencia con los recursos que generan sus propias leyes de ingresos. La mayoría de esto es de sobra conocido, viven y dependen en porcentajes muy elevados de las participaciones que les envía la federación.

Ante la falta de recursos, los municipios que por mandato constitucional asumen la responsabilidad propia de sus obligaciones, los temas de salud, de educación, infraestructura, seguridad pública, vivienda y atención al campo, acusan rezagos que aunque no son deseables, sí se presentan comúnmente con la inconformidad de la población respectiva.

A lo anterior debe adicionarse el comentario de que los pobladores de esas comunidades, debido a la baja generación de empleos y oportunidades, se ven en la necesidad de emigrar a otras entidades del país o del extranjero para poder solventar las necesidades familiares. Lo anterior demerita aún más la obtención de recursos en las municipalidades respectivas.

En las circunstancias anteriores, es indispensable pensar en apoyar a esos núcleos sociales depauperados con recursos de un fondo que les permita superar las demandas de la población.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se solidariza con la propuesta de nuestros compañeros legisladores para dar un poco de justicia social a las poblaciones marginadas de las comunidades en comento. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano:Con su permiso presidente, un saludo a los paisanos acapulqueños que se encuentran aquí todavía.

Nuestro posicionamiento sobre el Fondo de Contingencia para la Infraestructura Social es de apoyo total; uno de los rubros que más se ha visto afectado por la falta de políticas públicas integrales ha sido el desarrollo de los municipios y los estados.

La columna vertebral con la que se sostienen las entidades federativas son los impuestos a nómina y el turismo. En el caso de los municipios, la fuente más importante de ingresos es el impuesto predial.

La recaudación total de los gobiernos subnacionales fluctúa entre el 3 y 4 por ciento de los ingresos tributarios totales de México, a diferencia de países como Brasil, en los que asciende al 30 por ciento; Argentina y Colombia, en donde es alrededor del 15 por ciento.

Si a la baja percepción de ingresos sumamos la corrupción sistemática que permanece en nuestro país, tenemos finanzas públicas estatales y municipales insostenibles, con casos donde la deuda ha aumentado de 200 a 900 por ciento en cada municipio. Esto ha desembocado en una situación en donde los municipios no cuentan con el recurso para solventar siquiera los gastos básicos de su administración.

Para los estados y municipios del país, para que los municipios puedan gozar de esta libertad en el ejercicio de su gasto, es necesario mejorar el poder recaudatorio y romper la altísima dependencia de las aportaciones federales. Lejos de preocuparse por impulsar reformas que logren dichos objetivos se ha preferido dar recursos que solo satisfacen a corto plazo las demandas.

El Ramo 33; Aportaciones Federales para Estados y Municipios, surge con la finalidad de dar solución inmediata a las necesidades de estados y municipios a través de siete fondos: educación básica y normal; servicios de salud; infraestructura social; fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal; seguridad pública de los estados y del Distrito Federal y aportaciones múltiples.

Dada la necesidad de los rubros mencionados, resulta inaudito que en 2011 a 2012 se hayan recortado los recursos destinados a mil 256 municipios en 28 estados, pero resulta más indignante aún que esto suceda cuando existen organismos a los que se les otorgan ingresos que no requieren, dando origen a un nivel altísimo de subejercicios.

La reasignación discrecional de los recursos realizada por la Secretaría de Hacienda ha tenido como consecuencia el incremento constante del presupuesto público a dependencias como la Secretaría de Gobernación, la Presidencia de la República y Relaciones Exteriores, a expensas de recortes a otras prioridades del gasto, como es el tema que nos compete hoy.

En los primeros seis meses del año, 11 secretarías de Estado registraron subejercicios por más de 28 mil 339 millones 400 mil pesos del Presupuesto de Egresos que le fue asignado para programas.

La situación actual del mundo nos exige dejar a un lado este tipo de prácticas corruptas permeadas en la opacidad para realizar una asignación justa de ingresos, que reflejen las necesidades de cada organismo.

El panorama económico en el futuro cercano para el país no es nada alentador, el crecimiento estimado del producto interno bruto para 2013 es aproximadamente del 3.5, lo cual permitirá crear, en el mejor de los escenarios, 600 mil empleos.

Asimismo podemos esperar algunas declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en donde habla de un incremento de los precios de los alimentos y posibles recesiones a nivel mundial.

Con base en esto, consideramos que si bien es correcto otorgar el fondo de contingencia propuesto para compensar los recursos que se le han reducido a los municipios y estados, el cambio solo se logrará si realmente se ponen los candados que eviten la corrupción en los municipios y en los estados.

Déjenme hacerles mención solamente de este punto, que es la decimoprimer decisión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en donde dice: La deuda de algunos estados y municipios ha llegado a niveles inaceptables, lo que pone en riesgo las finanzas públicas de presentes y futuras generaciones. Con el objeto de encontrar una solución, decide que va a enviar algunas reformas a las leyes de hacienda y de la deuda pública.

Es el momento, presidente de la República, que este exhorto también le llegue a usted para que de inmediato atienda esta deuda de los estados y municipios, y cambiar también las fórmulas para la asignación de los recursos, la reforma a los artículos 32 y al 35 de la Ley de Coordinación Fiscal y crear este fondo de contingencia urgente.

Solicito a nuestra diputada Mojica, que nos haga favor de anexar que el exhorto también le llegue al presidente de la República. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: Con su venia, señor presidente. Diputados y diputadas, actualmente los estados y los municipios están pasando por una situación económica difícil, compleja, lo que se ha visto reflejado en innumerables carencias que imposibilitan un desarrollo social óptimo.

Es el caso que el Ramo 33, concretamente el Fondo de Infraestructura Social Municipal, tiene una disminución severa que ha lacerado el presupuesto de los municipios, tomando como referencia una mejor calidad de vida en supuestamente los municipios que demuestran un mejor desarrollo humano. Eso ha llevado a tener un presupuesto inequitativo, que no logran algunos municipios de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero a satisfacer las demandas, toda vez que se le han disminuido los recursos y en otros, se han sobregirado.

Por eso, es importante que esta fracción parlamentaria del Verde se suma a la petición que hace la compañera diputada del Partido de la Revolución Democrática, haciendo un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, primeramente se reconsideren el destino y los recursos públicos que lleguen de manera justa, equitativa, proporcional, tomando como referencia la pobreza, las necesidades.

De acuerdo al índice de rezago social, que publica el Coneval, en el 2010, los cinco estados con mayor necesidad son: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla; es decir, en cinco años siguen estando en los mismos lugares de rezago, pero en algunas han evidenciado una mejor administración de recursos, y eso no se ha tomado en cuenta, ya que los estados que realizan mayores esfuerzos para superar el rezago social han generado resultados negativos.

Por lo anterior, nos sumamos a que, en virtud que la Secretaría de Hacienda tiene facultades, se constituya un Fondo de Contingencia para la Infraestructura Social, por la cantidad de 6 mil 266 millones 879 mil 767 pesos con 12 centavos para resarcir la reducción de ingresos en el Fondo III, en el año fiscal 2012.

Además, consideramos necesario que dicho fondo se mantenga vigente hasta que se reformen los artículos 32, 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por tres minutos.

La diputada Eva Diego Cruz:Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de las compañeras diputadas, compañeros diputados. Hay que recordar que esta iniciativa surge de la participación democrática de la Asociación de Alcaldes Municipales, de muchas, muchas autoridades, presidentes, presidentas municipales que acudieron al Congreso del estado con la participación de diputadas y diputados de diversos partidos políticos.

De manera constante, en esta tribuna se ha hecho mención de las inmensas disparidades que hay entre los estados. Principalmente, los estados del sur, Oaxaca, Chiapas, Guerrero son claro ejemplo de la carencia de una política real para acabar con la ignorancia, la marginación y la pobreza.

El tema que plantea mi compañera de la fracción parlamentaria del PRD, la diputada Tere Mojica, deja ver nuevamente, deja a la vista la brecha existente entre los municipios más rezagados y el resto del país.

Nuevamente por criterios erróneos e insensibles estados como Oaxaca y Guerrero, estados pobres de la República de México son desfavorecidos en la asignación de sus presupuestos municipales.

Estamos hablando de que la aplicación de los recursos de manera eficiente, objetiva y sobre todo de acciones que tratan de combatir la desigualdad, son sancionadas con la reducción de participaciones municipales; estamos hablando de esas autoridades, de esos presidentes, de esas presidentas municipales, que de municipios pobres aplican de manera responsable su recurso municipal para generar acciones que muestren avances en el índice de desarrollo de sus comunidades y gracias a esas acciones están siendo castigados con recortes presupuestales.

Pero más grave aún es hablar que las comunidades, los municipios de México que presentan un alto índice de migrantes también están siendo desfavorecidos. De esa injusticia social planteada en un presupuesto desfavorecido estamos hablando el día de hoy.

Con los criterios que ahora se exponen, estamos guardando la posibilidad a los municipios de tener que realizar obras sociales importantes para combatir el rezago social, la pobreza y la marginación en México.

Compañeras y compañeros, celebro este punto de acuerdo de urgente resolución, y les pido, a todos nosotros, a las compañeras diputadas y a los compañeros diputados, que es el momento de unir esfuerzos; que esa voluntad de la que hablamos de transformar un México mejor, más equitativo, se demuestre en acciones.

No podemos tener un doble discurso, hablar de buscar el desarrollo de las comunidades más marginadas y por otro lado, seguir permitiendo el recorte presupuestario de las comunidades más pobres.

Recordemos que hablar de desarrollo, hablar de fomentar acciones concretas para beneficiar a las comunidades más pobres sin duda, compañeros, es hablar de presupuesto; por lo que le pido a todas las compañeras diputadas y a todos los compañeros diputados que votemos a favor este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, pero que también exhortemos para que estos criterios erróneos que se están tomando en cuenta para asignar los recursos presupuestales realmente sean considerados de forma más responsable, que no se puedan seguir emitiendo las participaciones municipales en base a criterios erróneos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputadas y diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a esta sesión a un grupo de alumnos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que están hoy aquí invitados por el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo. Bienvenidos a esta sesión.

Saludamos a un grupo de estudiantes del Bachillerato Potrerillos del Río de Pénjamo, Guanajuato, que están aquí invitados por la diputada María Concepción Navarrete Vital. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Enrique Flores Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores:Con el permiso de usted, diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores:Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy vengo a posicionar a favor de este punto de acuerdo, bien posicionado por la diputada Mojica, referente a la creación del fondo que va a resarcir la nueva distribución que se dio a nivel nacional de este ramo.

Pero entendamos bien el problema, aquí no se quitó ni un peso a ningún municipio, aquí se redistribuyó el recurso, simplemente por la aplicación de la fórmula que viene en la Ley de Coordinación Fiscal ese dinero fue destinado a los municipios más pobres del país.

Es preciso resaltar que en la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, es el sexenio donde más recursos se han dotado a los municipios del país. Felipe Calderón combatió la pobreza en los municipios, lamentablemente la fórmula está mal hecha y debemos revisarla.

Votaremos a favor de este punto de acuerdo, en virtud de que es necesario que ese recurso que dejaron de percibir los municipios no se pierda y beneficie a los municipios afectados, en estos 28 estados de la República.

Sin embargo, debemos ir más allá, debemos tomar como ejemplo el estado de Sonora, donde no solamente existe la aplicación del Ramo 33, sino que también además de esto se premia a los municipios que tienen alcances o tienen avances en sus esquemas de recaudaciones fiscales, en el esquema municipal, llámese predial o llámese cobro de uso de suelo.

Voy más allá y le tomo la palabra al diputado Víctor Jorrín, de Movimiento Ciudadano, vamos por esas reformas y seamos generosos con las propuestas que va a hacer Acción Nacional, quien en los próximos días vamos a presentar una reforma a la fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal.

Esperamos que el PRI, en el marco de este pacto nacional que estamos signando, sea responsable y vaya a favor en esas comisiones que necesitan este cambio en estas reformas en favor de los municipios.

Vamos a darle equidad a los municipios. No se trata solamente de darles dinero, se trata de fomentar el combate a la pobreza. Están mal entendidos los esquemas de otorgamiento de recursos públicos; aquí vamos, vamos a darle equidad y vamos a dotarles de facultades a los municipios para que puedan recaudar más y más y no se quede solamente en el esquema de paternalismo, que estamos hartos de vivirlo en México. Vamos a dotarles y vamos a fortalecer ese federalismo que estamos aquí clamando.

Llamo al presidente Enrique Peña Nieto, a que realmente se ponga la camiseta municipalista que necesita México. El día de hoy vamos por esas reformas. Este fondo es solamente por este año, vamos a buscar esas reformas, que no se postergue esto; vamos, diputados; vamos, Movimiento Ciudadano; vamos, fuerzas políticas. Acción Nacional les tiende nuevamente la mano. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente, sobre este tema, tiene la palabra el diputado Juan Marcos Issa Salomón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Juan Marcos Issa Salomón:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha sido una preocupación la viabilidad financiera de los municipios y la preservación de un régimen de coordinación fiscal que contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, en un marco de responsabilidad y de transparencia.

Hemos visto con preocupación la forma en que se aplican las variables de rezago social contenidas en los artículos 34 y 35 de la Ley de la Coordinación Fiscal por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, toda vez que esto ha derivado en una reducción de los recursos federales que se aportan a los municipios más marginados de este país.

Muestra de lo anterior lo es la proposición con punto de acuerdo presentado por nuestros legisladores el pasado 9 de octubre, a través del cual se exhorta a dicho organismo autónomo, a efecto de que revise y en su caso, modifique las variaciones de rezago social de referencia, toda vez que su aplicación ha impactado en las participaciones a más diversos municipios; por ejemplo, el del estado de Puebla, entre otros.

También reconocemos que la generación de infraestructura constituye un elemento central para el desarrollo del país, así como una condición indispensable para elevar la calidad de vida de las y los mexicanos, y en ello es fundamental la participación de todos los municipios del país.

Estamos de acuerdo en la aplicación de medidas tendientes a reforzar las finanzas municipales aparejadas a una aplicación adecuada, puntual y transparente de sus recursos, máxime cuando, en el caso que nos ocupa, los avances obtenidos en el combate a la pobreza, lejos de ser un aliciente para el quehacer público han redundado en la reducción de recursos federales, lo que ha traído como consecuencia que las muchas regiones del país vuelvan a las condiciones de marginalidad de las que ya habían podido sustraerse.

Es pertinente señalar también que existen cuestionamientos en torno a las metodologías de medición del desarrollo social a las que se acusa de no ofrecer una visión objetiva, ya que limitan la aplicación de montos importantes de recursos económicos donde realmente se requieren.

Expresamos nuestro apoyo a la proposición que ahora se discute, en tanto exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto que considere en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Ramo 33, esto en virtud de que tales recursos, de ser incluidos en el paquete fiscal, podrían ser útiles para aquellos municipios que se han visto afectados por la reducción de sus ingresos en dicho fondo.

Con independencia de lo anterior, estimamos que durante la discusión del paquete económico, que presentará el nuevo gobierno, será pertinente canalizar esta clase de peticiones para su análisis y en su caso, aprobación.

Tendemos la seguridad de que aquellos asuntos que tienen que ver con las finanzas municipales, como la coordinación fiscal y el tema del endeudamiento, tendrán un marco muy amplio de discusión en el Pacto por México recientemente anunciado, y en ese espacio, esta Cámara habrá de participar activamente para encontrar las soluciones estructurales que se requieren.

Es en ese ámbito en el que convocamos a todas las fuerzas políticas a discutir asuntos, como el que hoy nos ocupa y sobre el cual mantenemos una preocupación compartida. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. En virtud de que la propuesta publicada en la Gaceta no es la misma que finalmente se presentó en el pleno, voy a pedir a la Secretaría que dé lectura al resolutivo del punto de acuerdo de la diputada Mojica y que inmediatamente después consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ejercicio de sus atribuciones y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, considere en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ramo 33, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, recursos suficientes, de conformidad con lo dispuesto en las consideraciones del presente acuerdo, que se destinarán directamente a los municipios que se vieron afectados por la reducción de sus ingresos en dicho fondo.

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

Ruego a la Secretaría continuar con las proposiciones de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

CONSEJO EDITORIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se constituye el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de los lineamientos para el servicio de los talleres gráficos y trabajos externos de la impresión de la Cámara de Diputados, los suscritos, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea el presente acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que la Cámara de Diputados se distingue por el valor de los libros, revistas, informes, y otras publicaciones impresas y electrónicas que produce.

2. Que la Cámara de Diputados se encuentra comprometida a utilizar con la mayor eficiencia los recursos a su cargo, por lo cual las ediciones que publique deberán ser aquellas que fortalezcan la cultura democrática y al Poder Legislativo, en particular, en el ejercicio y profesionalización de sus funciones de representación, fiscalización y control.

3. Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de 1997, en el artículo 57, establecía la existencia de un Comité de Asuntos Editoriales, el cual dejó de operar como resultado de reformas a la misma.

4. Que por este motivo y para diseñar e implantar una política editorial objetiva y eficiente se creó, a partir de la LIX Legislatura, el Consejo Editorial, organismo que logró establecer los criterios básicos para la evaluación de las publicaciones cuya edición se solicita a la Cámara, así como encauzar la política editorial de este órgano por la vía de respaldar los proyectos en apoyo a la labor legislativa, cuidando la transparencia en la toma de decisiones y la eficiencia en el uso de los recursos. Para consolidar las acciones mencionadas durante la LX Legislatura, en igual forma se constituyó el Consejo Editorial.

Con base en las consideraciones anteriores y con el interés de llevar a cabo un proceso tendente a ordenar las tareas editoriales para fortalecer la utilidad de las publicaciones que realiza la Cámara y racionalizar el uso de los recursos que se destinan para tal fin, se formulan los siguientes

Acuerdos

Primero.Se autoriza la constitución del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura como una instancia técnico-académica de apoyo a la Junta de Coordinación Política.

Segundo.Para efectos de lo dispuesto en el artículo 28 de los lineamientos para el servicio de los talleres gráficos y trabajos externos de impresión de la Cámara de Diputados, el Consejo Editorial se integrará por

• Un diputado de cada grupo parlamentario, que tendrá un suplente.

• El secretario general, el secretario de Servicios Parlamentarios, los directores generales de los Centros de Estudios, el director general del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados.

Tercero.La Presidencia del Consejo Editorial se desempeña por un año e invariablemente estará a cargo del diputado perteneciente al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política.

Cuarto.El Consejo Editorial tomará sus decisiones por consenso. En caso de no lograrse éste, el Consejo adoptará sus decisiones por mayoría absoluta, mediante el sistema de voto ponderado, según el cual cada uno de los votos representará tantos como integrantes tenga su grupo parlamentario.

El quórum requerido será el de la mitad más uno de los votos de los integrantes.

Quinto.El Consejo Editorial deberá reunirse por lo menos una vez al mes y, cuando se requiera, de manera extraordinaria, a solicitud de su presidente.

Sexto.Las funciones bajo la responsabilidad del Consejo Editorial serán las siguientes:

a)  Establecer, con estricta objetividad y equidad, las políticas, criterios y lineamientos editoriales que regirán a las publicaciones que apoye la Cámara.

b) Aprobar la publicación de libros de la Cámara y otros productos, previa evaluación basada en los criterios establecidos respecto de la calidad y pertinencia del contenido, viabilidad, oportunidad y utilidad de las ediciones que se soliciten a este órgano legislativo.

c) Determinar las características de la edición, el tiraje que tendrá cada una de las publicaciones autorizadas, de acuerdo con el objetivo que persiguen y la disponibilidad presupuestal.

d) Atender y vigilar que se cumpla la normatividad emitida para la producción editorial, ya sea en los Talleres Gráficos de la Cámara o a través de empresas externas y, en su caso, definir los criterios que, en un marco de racionalidad y austeridad presupuestaria, se requieran para aprobar las publicaciones de la Cámara.

e) Proponer a la Junta de Coordinación Política y, en su caso, al Comité de Administración la formalización de contratos de coedición y vigilar que éstos sean benéficos para la Cámara, así como coadyuvar a su cumplimiento.

f) Informar a la Junta de Coordinación Política y al Comité de Administración trimestralmente sobre el avance de las actividades bajo su responsabilidad y las publicaciones que autorice.

Séptimo.El Consejo Editorial cuidará que la autorización de recursos para las publicaciones de la Cámara de Diputados corresponda a los criterios de proporcionalidad en atención al número de diputados que conforman cada grupo parlamentario.

Octavo.Todo acuerdo del Consejo Editorial podrá ser revocado por la Junta de Coordinación Política.

Noveno.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorios

Primero.El diputado Juan Pablo Adame Alemán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, será el presidente del Consejo Editorial, durante el primer año de ejercicio de la LXII Legislatura y hasta que se haga la designación que corresponda al segundo año de ejercicio.

Segundo:La Junta de Coordinación Política dará a conocer las propuestas de cada uno de los grupos parlamentarios para integrar el Consejo, considerando propietarios y suplentes, antes de que venza el plazo previsto para su instalación.

Tercero.El Consejo deberá instalarse a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la autorización del presente acuerdo y de su publicación en la Gaceta Parlamentaria y contará con un plazo perentorio de hasta 30 días a partir de su instalación para presentar a consideración de la Junta de Coordinación Política los criterios que regirán a las publicaciones que apoye la Cámara.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

COMISIONES BICAMARALES DE SEGURIDAD NACIONAL, DEL CANAL DE TELEVISION, Y DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integran las representaciones de diputados a la LXII Legislatura que participarán en las Comisiones Bicamarales de Seguridad Nacional, del Canal de Televisión, y del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión

La Junta de Coordinación Política, en uso de las atribuciones que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56 de la Ley de Seguridad Nacional, y 132 y 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comunica para los efectos legales y reglamentarios procedentes la designación de los diputados que participarán en las Comisiones Bicamarales de Seguridad Nacional, del Canal de Televisión, y del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión para la LXII Legislatura, por lo que se someten a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero.Se integra la representación de diputados a la LXII Legislatura ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional.

La comisión bicamaral estará integrada por tres miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: uno del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD):

1. Raúl Macías Sandoval (PRI).

2. Adriana González Carrillo (PAN).

3. Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD).

Segundo.Se integra la representación de diputados a la LXII Legislatura ante la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 34, numeral 1, inciso c), y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La comisión bicamaral estará integrada por tres miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: uno del Grupo Parlamentario del PRI, uno del Grupo Parlamentario del PAN y uno del Grupo Parlamentario del PRD:

1. María de la Paloma Villaseñor Vargas (PRI).

2. Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (PAN).

3. Alfa Eliana González Magallanes (PRD).

Tercero.Se integra la representación de diputados a la LXII Legislatura ante la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La comisión bicamaral estará integrada por tres miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: uno del Grupo Parlamentario del PRI, uno del Grupo Parlamentario del PAN y uno del Grupo Parlamentario del PRD:

1. Heriberto Galindo Quiñones (PRI).

2. Fernando Rodríguez Doval (PAN).

3. Marcelo Garza Ruvalcaba (PRD).

Cuarto.Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de las comisiones bicamarales serán aprobados por el Comité de Administración de acuerdo con lo que prevean las reglas y los procedimientos de operación de cada comisión cuando la presidencia de éstas recaiga en un diputado.

Transitorios

Primero.En los años de ejercicio en que la presidencia de las comisiones bicamarales corresponda a la Cámara de Diputados, cada una será presidida por el integrante de un grupo parlamentario distinto. Los coordinadores de los grupos parlamentarios acordarán qué comisión presidirá el integrante de cada uno de ellos.

Segundo.El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por  la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquense.

Ahora le pediría a la Secretaría, en relación a los cambios de comisiones que ha hecho llegar la Junta de Coordinación Política, que pudiera dar —como tradicionalmente lo hacemos— lectura a dichos cambios y también que inmediatamente después consulte a la asamblea si son de aprobarse.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo cause baja como presidente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo cause alta como secretario en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez cause baja como secretario en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez cause alta como presidente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez cause baja como presidente en la Comisión de Vivienda

• Que el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez cause alta como integrante en la Comisión de Vivienda.

• Que el diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo cause baja como integrante en la Comisión de Vivienda.

• Que el diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo cause alta como presidente en la Comisión de Vivienda.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados los cambios. Comuníquense.

LEY DE SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

El Presidente diputado José González Morfín: Se recibió de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Tania Margarita Morgan Navarrete, diputada federal de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La clasificación de los precios de la energía eléctrica hasta cierto punto, es complejo. Dado que la representación de éstas está dada por “tarifas de uso específico” en donde se consideran las tarifas domésticas, de alumbrado público, de bombeo de aguas potables o negras, de servicio temporal, de bombeo de agua para riego agrícola y la de instalaciones agrícolas; Por otro lado, se encuentran las “tarifas de uso general” que incluyen las tarifas de baja tensión, media tensión, alta tensión y nivel de subtransmisión, alta tensión y nivel de transmisión, servicio interrumpible en alta tensión y servicio interrumpible para falla y mantenimiento en media y alta tensión. Teniendo cada una de ellas, una subclasificación. Se debe tener en cuenta que dichas tarifas varían en costo dependiendo de la localización geográfica a la que se haga referencia (8 regiones en el país) y dependiendo también del momento del día en que sea utilizada la electricidad (periodo de punta, intermedio y base. Y un cuarto periodo aplicable solo para Baja California llamado de semipunta).

Las tarifas domésticas de consumo de electricidad están estructuradas por nivel de temperatura de acuerdo a dos objetivos particulares:

• Para reflejar la variedad de climas que existen en el país.

• Para establecer rangos de consumo que incorporen el efecto del clima en los niveles de consumo medio de los usuarios.

Partiendo de estos objetivos, los rangos de temperatura también son tabulados y van desde los 28°C hasta más de 33°C; la participación de la Comisión Nacional del Agua es vital para poder definir qué tipo de cifra es aplicable para cada región del País, pues es el organismo encargado de realizar la medición diaria de la temperatura y registrarla. De esta manera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la información que la Comisión Nacional del Agua proporcione, formula en concordancia con lo que se establece en los acuerdos tarifarios, los costos por generación y transmisión de la electricidad.

En este sentido, el diseño y la estructura de las tarifas eléctricas deben ser óptimos y eficientes para garantizar el bienestar de la población y para que a través de un consumo responsable, sea la electricidad quien propicie condiciones de bienestar.

En la mayor parte de los estados del norte y noreste del país, las temperaturas máximas registradas por la Comisión Nacional del Agua llegan a rodear los 41.5°C y se requiere por tanto, el uso de aparatos eléctricos de alto consumo de electricidad que minimicen la sensación térmica del calor.

Esta necesidad no excluye a las instituciones de educación pública. Pero si comienza a ser una condicionante para docentes y dicentes quienes en ocasiones tienen que impartir o tomar clases sin poder gozar del uso de estos aparatos, y bajo condiciones climatológicas de más de 40°C; ya que el costo que generan, la mayoría de las veces es impagable; aunado a que la legislación en la materia no contempla tarifas especiales para este sector.

La situación anterior trae consigo severas repercusiones en el aprovechamiento de los estudiantes. Ya que las condiciones de calor, al no ser minimizadas con ayuda de aparatos eléctricos, termina siendo un factor de relevancia para que el aprovechamiento escolar y la calidad en el desarrollo del conocimiento se vean severamente limitados.

En México, el sistema de educación pública comprende 246 mil 341 escuelas. Un total de 169 mil 211 que representan el 31.3 por ciento total de escuelas en el país, cuentan con sostenimiento estatal. Para el ciclo escolar 2010-2011, la matrícula total del sistema educativo nacional escolarizado se conformó por 34.4 millones de alumnos, equivalente al 31.7 por ciento de la población total del país. La educación es pues uno de los servicios administrados por la federación que genera un impacto directo en buena parte de la población. Este servicio, tiene una clara tendencia a disminuir, como resultado de la transferencia paulatina que se ha venido haciendo a los estados.

Por lo que resulta impostergable, que se diseñen esquemas de pago, en los que un servicio público como es la energía, no excluya a otro como es la educación y en donde las políticas ayuden a mantener los equilibrios entre tarifas accesibles para la población y desarrollo aunado a calidad de vida.

En atención a lo expuesto, la suscrita diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Único. Se modifique el segundo párrafo del artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas. Además fijará tarifas preferenciales para los planteles de educación básica y media superior del sector público nacional, en las regiones donde la temperatura promedio durante el ciclo escolar supere los treinta y cinco grados centígrados según lo determine la Comisión Nacional del Agua.

Transitorios

Primero: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público contará con un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar los procedimientos correspondientes y fijar las tarifas preferenciales, materia de la presente reforma.

Notas:

1 Estudio sobre las tarifas eléctricas y costos de suministro. Secretaría de Energía. Gobierno Federal 2006-2012.

2 www.sep.gob.mx Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos; Principales cifras ciclo escolar 2010-2011.

3 http://smn.cna.gob.mx. Registro de Temperaturas máximas reportadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 28 de noviembre de 2012.— Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

* PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Informo a la asamblea que en términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, en tanto que las iniciativas enlistadas para la sesión de hoy volverán a ser enlistadas, salvo la que se pidió el turno, para la próxima sesión, en el mismo orden.

Ruego un segundo para poder dar trámite a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que tiene que ver con una comparecencia, en razón de que ya la Mesa Directiva acordó el día de hoy turnar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública el paquete económico que será presentado el día de mañana.

Pido a la Secretaría someta al pleno el acuerdo de la comparecencia del próximo lunes para la presentación del paquete económico.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION - PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público con motivo del examen y discusión de la Ley de Ingresos de la Federación y del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 34, numeral 1, inciso a) y 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 67, 68, 156, fracción III y 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados, propone al Pleno de la Cámara de Diputados el presente acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que en las próximas horas la Cámara de Diputados recibirá, por parte del Ejecutivo federal, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, tal como lo mandata el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Que tal como lo mandata el precepto legal arriba citado, en su segundo párrafo, el Secretario de Hacienda y Crédito Público debe comparecer ante la Cámara de Diputados para dar cuenta de la iniciativa y proyecto referidos, en el marco de los trabajos de discusión y análisis de los mismos.

III. Que conforme a lo establecido en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 67, 68, 156, fracción III y 198 del reglamento de la Cámara de Diputados, la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el marco de los trabajos de análisis y discusión del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2013, debe desahogarse ante las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

IV. Que por tratarse del año en que inicia el encargo del Ejecutivo federal, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 debe quedar aprobado el 31 de diciembre del presente año es indispensable que los órganos competentes de la Cámara aprovechen al máximo los días disponibles hasta el vencimiento de dicho plazo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 34, numeral 1, inciso a) y 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 67, 68, 156, fracción III y 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados acuerda celebrar la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público a la que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el lunes 10 de diciembre de 2012.

Segundo. La comparecencia se desahogará ante las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tercero.La comparecencia se desahogará conforme a los siguientes lineamientos.

I.Intervención por parte del funcionario compareciente hasta por 10 minutos.

II.Habrá hasta tres rondas de preguntas-respuesta-comentario, con el siguiente orden de intervenciones de los grupos parlamentarios:

Primera Ronda:Intervención de un integrante de cada uno de los grupos parlamentarios en el siguiente orden: Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Pregunta de cada grupo parlamentario, hasta por tres minutos.

• Respuesta del funcionario, hasta por tres minutos.

• Comentario del grupo parlamentario, hasta por tres minutos

Segunda Ronda: Intervención de un integrante de cada uno de los grupos parlamentarios en el siguiente orden: Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Pregunta de cada grupo parlamentario, hasta por tres minutos.

• Respuesta del funcionario, hasta por tres minutos.

• Comentario del grupo parlamentario, hasta por tres minutos.

Tercera Ronda: Intervención de un integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, uno del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y dos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Pregunta de cada grupo parlamentario, hasta por tres minutos.

• Respuesta del funcionario, hasta por tres minutos.

• Comentario del grupo parlamentario, hasta por tres minutos.

III.Intervención final del Secretario compareciente.

Cuarto. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22, numeral. 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 198, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que informe al Secretario de Hacienda y Crédito Público la fecha de la comparecencia.

Quinto.Comuníquese y publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorios

Primero. De conformidad con lo establecido en el artículo 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las presidencias de las comisiones ordinarias de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública podrán emitir los lineamientos necesarios para el adecuado desarrollo de la comparecencia a la que se refiere este acuerdo.

Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Lucila Garfias Gutiérrez, Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se pregunta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputados y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

Antes de concluir con la sesión, con mucho gusto le damos la bienvenida a los alumnos del Cecytej, de El Grullo, Jalisco, que están aquí invitados por el diputado Gabriel Gómez Michel. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Presidente, se han agotado los asuntos que se tenían en cartera.

El Presidente diputado José González Morfín: Antes de levantar la sesión, agradecemos mucho la presencia de los alumnos de la secundaria de la zona escolar 114 del municipio de Chalco, estado de México, que están aquí invitados por el diputado Juan Manuel Carbajal Hernández.

También de los alumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que hoy vinieron aquí invitados por el diputado Fernando Rodríguez Doval. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín (a las 15:17 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el martes 11 de diciembre, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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