Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 253 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:03 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa su lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 13 de diciembre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

Del diputado Salvador Ortíz García.

Del Congreso del estado de Guerrero

Con el que remite acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se asignen recursos para la generación de empleo a través del Servicio Nacional del Empleo.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite un acuerdo y catorce proposiciones con puntos de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se asignen recursos a diversos ramos, presentadas por senadoras y senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Iniciativa de senadores

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por los Senadores Marcela Torres Peimbert, Gabriela Cuevas Barrón, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Salvador López Brito, Martín Orozco Sandoval, Luz María Beristáin Navarrete, Mario Delgado Carrillo, Sofío Ramírez Hernández, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Benjamín Robles Montoya, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Víctor Hermosillo y Celada y Dolores Padierna Luna. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma las fracciones I, III y IV del artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma el quinto párrafo del artículo 10 de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, reforma los artículos Primero y Tercero Transitorios del Artículo Primero del Decreto por el que se expide la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional.(Dispensa de todos los trámites, discusión y votación)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

Dictámenes a discusiónDe ley o decreto

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, primero y tercero del apartado A del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Dictámenes a discusiónDe puntos de acuerdo

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a publicar el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; y a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, armonizar su legislación con base en este ordenamiento jurídico.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Salud, de Educación Pública, de Desarrollo Social y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, desarrolle acciones inmediatas con el fin de prevenir, proteger y atender de manera integral el maltrato infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, garantice la aplicación del artículo 4o. Constitucional, con la finalidad de que en los programas se cumpla con el principio del interés superior de la niñez.

De la Comisión de Energía, con Puntos de Acuerdo por los que exhorta al titular de Pemex, para que en los procesos de licitación de construcción de su flota, privilegie a la Industria Naval Mexicana.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, realizar las acciones necesarias, para dar prioridad al tema migratorio en la agenda bilateral con los Estados Unidos de América.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativa

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Iniciativas

Que reforma los artículos 61, 110 y 111 y deroga el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 14, 17 Bis y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los artículos 4° y 8° de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide el Código de Justicia Agraria y abroga la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40 y 220 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado y suscrita por la Dip. Ana Lilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 272 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 368 Quáter del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De decreto, por el que se declara el año 2013 como Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y crea una Comisión Organizadora de dicha conmemoración, a cargo de la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Ma. del Rosario de Fátima Pariente Gavito y suscrita por la Dip. Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 322 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo relativo al probable desvío de recursos públicos llevado a cabo por el XX Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que derogue el Decreto Oficial del 29 de noviembre de 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SRE, para que establezca un diálogo diplomático con su homólogo Estadounidense, con la finalidad de revisar el Memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos; asimismo al INM, para que implemente la plataforma “México”, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que fortalezca la atención educativa de las niñas, niños y adolescentes de familias mexicanas con experiencia educativa en el extranjero, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para facilitar trámites a favor de los mexicanos residentes en el extranjero, que visitan nuestro país durante la época decembrina, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, instruya a los titulares de la SRE y de la STPS, emitan el dictamen favorable del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, así como para hacer pública la información del estado que guarda su procesamiento, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján y suscrita por el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la CNDH, para que se atienda debidamente su nueva competencia, en materia de Derechos Humanos Laborales, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGJ del estado de Sinaloa, para que en coordinación con la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, aplique las medidas necesarias para atender el creciente índice de Feminicidios en la entidad, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles doce de diciembre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y siete diputadas y diputados, a las doce horas con diez minutos del miércoles doce de diciembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Secretaría de Gobernación, dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a la comercialización del frijol en el periodo agrícola primavera-verano dos mil doce; y al abastecimiento de recursos materiales y humanos en los centros de salud de la Isla de Cedros, Baja California. Se remiten a las Comisiones de Agricultura y Sistema de Riego, y de Desarrollo Metropolitano, respectivamente, para su conocimiento.

b) De la Secretaría de Desarrollo Social, con la que remite la información y criterios correspondientes a los Programas del Ramo Administrativo veinte “Desarrollo Social”. Se remite a las Comisiones de Desarrollo Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Puntos Constitucionales, que reforma los párrafos primero y último del artículo veinticinco, primero y tercero del apartado A del artículo veintiséis, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Relaciones Exteriores, que expide la Ley Reglamentaria de las fracciones segunda del artículo setenta y seis, y séptima del artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la Ratificación de Agentes Diplomáticos y Cónsules Generales.

c) Derechos Humanos, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

d) Hacienda y Crédito Público, que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de haberse cumplido con dicho requisito, en votación económica se autoriza someter a discusión y votación de inmediato el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece.

De conformidad con el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al diputado José Isabel Trejo Reyes. De conformidad con el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la palabra para fijar postura de sus grupos parlamentarios a los diputados: María Sanjuana Cerda Blanco, de Nueva Alianza; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, quien acepta interpelación del diputado José Rangel Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional; Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; Guillermo Sánchez Torres, del Partido de la Revolución Democrática;

A las doce horas con cincuenta y siete minutos por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos sesenta y ocho diputadas y diputados.

Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, del Partido Acción Nacional; y Jorge Herrera Delgado, del Partido Revolucionario Institucional. A discusión en lo general, se concede el uso de la palabra para intervenir en contra al diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; y en pro a los diputados Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática; Humberto Alonso Morelli, del Partido Acción Nacional; y Elsa Patricia Araujo de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional; y para responder alusiones personales a la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo. Sin más oradores registrados, se considera suficientemente discutido en lo general.

De conformidad con el artículo ciento nueve del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos: primero, segundo y sexto, además se recibió propuesta de adición de un artículo tres Bis. En votación nominal, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto por cuatrocientos cuarenta y seis votos a favor; diecinueve en contra; y siete abstenciones.

De conformidad con el artículo ciento diez del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a discusión en lo particular y se concede el uso de la palabra:

a) Para presentar propuesta de modificación al artículo primero del proyecto de decreto a la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios y responde alusiones personales el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

b) Para presentar propuesta de modificación al artículo segundo del proyecto de decreto al diputado José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento y moción de ilustración los diputados Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática; y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

c) Para presentar propuesta de modificación al artículo sexto del proyecto de decreto a la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

d) Para presentar propuesta de adición de un artículo tercero Bis al proyecto de decreto al diputado José Luis Valles Magaña, de Movimiento Ciudadano. En votación económica no se admite a discusión.

En votación nominal, se aprueban en lo particular los artículos primero, segundo y sexto, en los términos del dictamen, por cuatrocientos diecisiete votos a favor; treinta y tres en contra; siete abstenciones. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Se concede el uso de la tribuna para presentar las iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

a) Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, que expide la Ley Federal que Establece el Derecho de los Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Media Superior Públicas a contar con un Apoyo Económico. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

b) Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática:

• Que expide la Ley General del Sistema Nacional de Contralorías Ciudadanas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Que expide la Ley General de la Prevención Social del Delito. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

c) Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos treinta y uno, y treinta y cuatro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

d) Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo treinta y seis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

e) Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo doce de la Ley Federal de Telecomunicaciones y los artículos séptimo y octavo de la Ley de Inversión Extranjera. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Economía, para dictamen.

f) Irazema González Martínez Olivares, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos cuarenta y dos del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Se da cuenta comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que informa de cambios en Comisiones. En votación económica se aprueban.

La Presidencia informa a la Asamblea que las iniciativas registradas en el Orden del Día que no fueron turnadas, serán inscritas para la próxima sesión.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones de los siguientes diputados, registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que corresponden, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Fernando Zamora Morales, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Gobierno Federal a fortalecer las políticas de sustitución de energéticos, por energías limpias. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

b) Erika Yolanda Funes Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en las metas, planeación y programas que implemente dicha dependencia, establezca un programa permanente para la detección temprana y prevención del cáncer de próstata. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

c) Zita Beatriz Pazzi Maza, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para Garantizar la Suficiencia Alimentaria de las Familias Mexicanas. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

d) Lizbeth Loy Gamboa Song, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría Seguridad Pública, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Policía Federal, para que en coordinación con las autoridades estatales, establezcan operativos permanentes en el Aeropuerto Internacional de Cancún, a fin de retirar las unidades irregulares que operan a través de concesiones federales foráneas en dicho destino turístico. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves trece de diciembre de dos mil doce, a las once horas, e informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las nueve horas con treinta minutos. Se levanta la sesión a las quince horas con veintiún minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Con la que se comunica modificación de turno...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es la modificación de turno. A ver, pues sigamos con el oficio del diputado don Salvador Ortiz García.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted para comunicarle mi decisión de retirar la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 39, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 25 de septiembre de 2012, misma que fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; en la que se propone crear la Comisión ordinaria de Agroindustria, en la Cámara de Diputados.

Le agradezco su amable atención y solicitándole hacer del conocimiento de la comisión referida mi determinación, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Diputado Salvador Ortiz García (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

Continúe la Secretaría.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo del Congreso del Estado de Guerrero.— LX Legislatura.— Bicentenario.— Primer Congreso de Anáhuac.

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.— México, DF.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos legales conducentes el acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Congreso de la Unión a asignar más recursos económicos etiquetados a la generación de empleos a través del Servicio Nacional de Empleo, aprobado en sesión celebrada el jueves 15 de noviembre del año en curso.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 15 de noviembre de 2012.— Licenciado Benjamín Gallegos Segura (rúbrica), oficial mayor.»

«Escudo del Congreso del Estado de Guerrero.— LX Legislatura.— Bicentenario.— Primer Congreso de Anáhuac.

La Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 15 de noviembre de 2012, el diputado Eduardo Montaño Salinas presentó la propuesta de acuerdo parlamentario por el que la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con estricto arreglo y respeto a las esferas de competencia, emitimos un exhorto al Congreso de la Unión para que asigne más recursos económicos etiquetados a la generación de empleos a través del Servicio Nacional de Empleo, en los siguientes términos:

En los últimos días hemos sido testigos de un tema que se está discutiendo en el Congreso de la Unión y que es de gran importancia para la vida económica y social del país, la reforma laboral es un asunto que tiene que ver con la vida nacional y, obviamente, de Guerrero.

Debemos estar conscientes de que esta reforma laboral no será la panacea que resolverá los grandes problemas nacionales ni del estado; se requerirán otras iniciativas y acuerdos de gobernabilidad para el desarrollo con justicia y que ello contribuya a restablecer la paz social en el país y en el estado.

Los debates y las discusiones que los actores políticos expresan en torno del tema son diversos; algunos pretenden crear condiciones que permitan a las empresas generar empleos, otros están más preocupados en la democracia y transparencia sindical, por lo que sólo están pensando en los que ya tienen trabajo, sin considerar que un gran porcentaje de la población no lo tiene, siendo estos últimos los que deberían preocuparnos y pensar en ellos.

Considero que en el caso de Guerrero, lo que ha agravado los grandes contrastes son, por un lado, la concentración de la riqueza, por otro, la pobreza y marginación social, porque no hemos sido capaces de pensar en grande, de hacer cosas extraordinarias, pese a ser un estado potencialmente rico, hemos dejado ir oportunidades que se reflejan negativamente, aumentando el desempleo y la precarización de las condiciones laborales, y nos da como resultado un desempeño mediocre de la economía. Por ejemplo, millones de jóvenes en los últimos años han sido lanzados a la desesperanza, algunos han encontrado una alternativa en la emigración al país vecino del norte y, lo que es peor, otros son los famosos ninis, que cada año aumentan considerablemente.

Según datos del Inegi, el desempleo es de 5.6 por ciento a escala nacional, y Guerrero no queda exento de esta problemática. Por eso es fundamental que sea éste el centro de las estrategias económicas y sociales. Con ello lucharemos con la persistencia de la pobreza que hoy nos está ganando. Ciertamente, la iniciativa privada te da implementos de desarrollo, con políticas de trabajo, pero el principal motor para crear empleo, sin duda, debe ser el gobierno del estado, a través de programas, proyectos y acciones en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo Guerrero.

El 13 de julio de 2011 se firmó por el titular del Poder Ejecutivo del estado el decreto para crear la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, acto al que asistió el ciudadano Javier Lozano Alarcón, en su carácter de secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, en el cual expresó: “Guerrero es el único estado que no sólo no ha generado empleo, sino que perdió más de 2 mil 600 plazas, ocupa el lugar 31 en la lista de 32 entidades en cuanto a competitividad”.

En este año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado, que es la instancia de coordinación de acciones entre la federación a través del Servicio Nacional de Empleo y el gobierno del estado, se canalizaron 47 millones de pesos por la federación, más 17 millones de pesos presupuestados por el Ejecutivo del estado, para su aplicación y estar en condiciones de implantar acciones reales que ayudaran a crear empleos en el estado, de los que sólo se ejecutaron 2 millones de pesos. Conviene comentar que no basta presupuestar: lo más importante es ejercer esos recursos en los programas para los que fueron etiquetados. Tampoco es suficiente ser interlocutor de las llamadas “ferias del empleo” o implantar programas relámpago sin resultados positivos que ayuden a mitigar el desempleo y la pobreza. Guerrero en esta materia ha ido a la baja: ocupa el decimoquinto y el vigésimo noveno lugares en 2009 y 2010, respectivamente, pero lo que es aún peor, en los últimos dos años, es decir, 2011 y 2012, ni siquiera figuramos en las estadísticas, no se consideró nuestro estado para la evaluación, obviamente por no crear empleos. Estos datos revelan la crisis en que vivimos, lo cual es preocupante. ¿Cómo llegamos a estos lugares?, ¿tal vez será porque no se han inyectado recursos a esta dependencia? Se requiere un mayor esfuerzo por la Secretaría del Trabajo y del Servicio Nacional de Empleo del estado, por lo que será interesante conocer los resultados o avances que guardan actualmente estas dependencias y cómo han ayudado para generar empleos.

El Servicio Nacional de Empleo es la única dependencia gubernamental donde los programas aplicados en los estados son evaluados para verificar su eficiencia en la generación de empleo. Así, en 2008 la entidad ocupó el honroso quinto lugar nacional, pero desafortunadamente de esa fecha a nuestros días hemos perdido competitividad. Considero que este tipo de dependencias no debe ser castigado sino estimulado con mayor presupuesto.

En mi etapa como presidente municipal pude cerciorarme de que efectivamente el Servicio Nacional de Empleo tiene bondades, programas nobles y de buenos resultados, que generan bienestar a quienes participan en él, pues está centrado para que a través de la capacitación se fortalezcan y se adquieran las habilidades laborales necesarias, para aprender un oficio o profesión y así poder insertarse en el campo laboral o crear su propia fuente de empleo. Por eso estoy convencido de que a esta generación nos corresponde pensar y actuar con visión de Estado, de ver por las generaciones presentes y en las del porvenir. Se trata de combatir un asunto de preocupación nacional y toral en el desarrollo económico del país. Adam Smith, padre de la economía, afirmaba que “la riqueza de las naciones no radica en la acumulación de la riqueza sino en el trabajo”. Federico Engels señalaba: “El hombre antes de hacer política, arte o literatura necesita alimentarse y para alimentarse requiere un trabajo”. Considero que ése es el secreto a voces del desarrollo del estado: crear empleos reales, pues hasta el momento sólo nos hemos dedicado a dar paliativos a nuestros grandes problemas.

Sin duda, el tema rector y de prioridad en el país y en Guerrero es generar oportunidades de empleo y de educación. Ambos rubros son el motor del desarrollo y de bienestar social que nos van a permitir disminuir la pobreza y, por ende, el aumento económico y social, fundamental para la vida de una nación.

Si el trabajo dignifica, el gobierno del estado debe ser el principal promotor de ello. En ese sentido, debe etiquetar mayor presupuesto para generar empleos en Guerrero.

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 15 de noviembre de 2012, la Sexagésima Legislatura del Congreso del estado aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de acuerdo parlamentario presentada por el diputado Eduardo Montaña Salinas. Asimismo, se sometió a discusión y aprobación, en su caso, la propuesta de modificación del artículo segundo de la citada propuesta, presentada por el diputado Nicanor Adame Serrano, aprobándose por unanimidad de votos.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y 8, fracción I, y 127, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, el Congreso de Guerrero expide los siguientes

Acuerdos Parlamentarios

Primero.La Sexagésima Legislatura del Congreso de Guerrero, con estricto arreglo y respeto a las esferas de competencia, emitimos un exhorto al Congreso de la Unión para que asigne más recursos económicos etiquetados a la generación de empleos a través del Servicio Nacional de Empleo.

Segundo.La Sexagésima Legislatura del Congreso del estado exhorta al Ejecutivo del estado, licenciado Ángel Aguirre Rivero, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que instruya al secretario del Trabajo y Previsión Social en el estado para que de manera coordinada con el Servicio Nacional de Empleo implante políticas que generen empleos reales, y promuevan la iniciativa empresarial en el estado, estableciendo los mecanismos y las acciones necesarios para que los recursos económicos se apliquen en tiempo y forma y cumplan así su propósito fundamental: crear empleos.

Transitorios

Primero.El presente acuerdo parlamentario entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.

Segundo.Comuníquese el presente acuerdo parlamentario a los integrantes del Congreso de la Unión, para los efectos legales conducentes.

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo parlamentario al ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, en su carácter de gobernador de Guerrero, para los efectos legales conducentes.

Cuarto. Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno Estado y en la página web del Congreso del estado, para conocimiento general.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, a 15 de noviembre de 2012.— Diputados: Antonio Gaspar Beltrán, presidente; Laura Arizmendi Campos, Delfina Concepción Oliva Hernández, secretarias.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

“Primero.El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar las Reglas de Operación del Fondo Regional, para establecer que el ingreso per cápita no petrolero por entidad federativa, sea el indicador de ingreso que se utilice para el cálculo del Índice de Desarrollo Humano.

Segundo.El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar las Reglas de Operación del Fondo Regional, a efecto de incrementar a doce el número de entidades federativas con menor Índice de Desarrollo Humano en el país, respetando y mejorando las condiciones que guardan las entidades más rezagadas y permitiendo la oportunidad de participar a otras entidades como Campeche.

Tercero.De tal forma, el Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados, para que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, incremente de manera considerable la bolsa general de recursos destinados al Fondo Regional, para que todas entidades federativas que están en este fondo tengan un incremento real e importante en los recursos presupuestados, y las entidades que formen parte del mismo, no se vean perjudicadas por los cambios propuestos.

Cuarto.En este sentido, exhortamos a la Cámara de Diputados para que el Fondo Regional sea una prioridad en el Presupuesto de Egresos para 2013, dado que todas las entidades federativas que participan de éste, necesitan de mayores recursos para el desarrollo de sus comunidades”.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 incorpore a los recursos asignados en el Programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural en el Programa del Derecho a la Alimentación un rubro específico para atender el abasto de huevo.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe senador Fidel Demédicis Hidalgo, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, incorpore a los recursos presupuestales asignados en el Programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural (PEC) en el Programa del Derecho a la Alimentación, para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, un recurso especifico para atender el abasto de huevo en bien de la población que menos tiene en el país, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La crisis del precio del huevo durante 2012, significó un golpe a los más necesitados del país, ya que privó a miles de familias mexicanas que dejaron de consumir la proteína básica más importante en la dieta de los más pobres de México.

Ante la negligencia de diversas instancias gubernamentales, la propagación de la gripe aviar H3N7, implicó el sacrificio de más de 23.5 millones de gallinas ponedoras, estimado casi en 10 por ciento de la población productora, generando una crisis en el precio final al consumidor, generando la inaccesibilidad a este producto, que conforme a las estadísticas nacionales, constituye la principal proteína de consumo en México, ya nos sitúa como el primer consumidor de ese producto.

Que es por demás injustificado que ante la pérdida de sólo 8.7 por ciento de la planta productiva se tuvo un incremento promedio de 18 a 45 pesos por kilo de huevo, que no corresponde ni a la situación de los costos de producción que se mantuvieron, ni a la reposición de la planta productiva, ya que fue atendido con importaciones. Visto así, el precio del kilo de huevo se triplicó.

Debemos considerar que la rama de producción avícola y de huevo, se ha concentrado en 7 empresas, que monopolizan más de 70 por ciento de la producción de este insumo. Y sólo la intervención de algunos importadores en el lapso de julio a septiembre por lo que fueron muy deficientes las acciones gubernamentales en la Secretaría de Economía (SE) y la Procuraduría del Consumidor (Profeco), para poder realizar un verdadero control de precios de este producto básico.

El incremento de 300 por ciento del precio final, y el efecto que tuvo en el índice del precio de los alimentos, arrojó un daño mayor en el poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos, que quedó muy lejos de lo que fue para el abasto alimenticio de la población, y en afectación especialmente de los más pobres.

Trascurridos cinco meses de la epidemia, tenemos que no se ha logrado regresar al precio, antes del fenómeno de la crisis.

Durante la LXI Legislatura, en la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, se autorizó un monto de 38 mil 830 millones de pesos en acciones para la instrumentación del Programa del Derecho a la Alimentación, de los cuales 33 mil 982.3 millones de pesos fueron asignados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 4 mil 848.4 millones a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), identificados como programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural (PEC) con la siguiente estructura:

Debemos tener presente que la promulgación del 13 de octubre de 2011, la Reforma Constitucional al artículo 4o. reconoce y garantiza el derecho a la alimentación sana y suficiente de todos los mexicanos, así como una adición a la fracción XX del artículo 27 de la misma constitución donde se establece que deberán de adecuarse las políticas públicas del desarrollo rural para que el estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Es por eso que se hace indispensable que dicho programa además de incrementarse para el presente presupuesto anual, considere como mínimo la inclusión de un nuevo programa, por el cual se destinen recursos suficientes para financiar el abasto del huevo en México, aprovechando la estructura de los programas sociales, como les Liconsa, para lo cual no debe dejarse desprotegido el sector, antes bien, debe atenderse la gravedad del problema incrementando en forma substancial el monto presupuestado con respecto al año anterior, atendiendo las condiciones y problemática del campo mexicano.

Para poder avanzar en materia de atención del derecho a la alimentación, es fundamental garantizar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 incremente el monto asignado en el programa 11 del PEC, particularmente respecto a la asignación de recursos para garantizar el abasto de huevo:

La operación es a partir de Liconsa, que se abastecerá como política de apoyo particularmente de los pequeños productores de huevo del país mediante compras directas al precio de mercado, y distribuirá este producto mediante tiendas en que distribuye la leche el programa social de distribución de leche Liconsa. Por tratarse de un producto medianamente perecedero que no requiere instalaciones especiales como la leche, el abasto no tendrá mayor gasto de operación por lo que no se requerirá de mayor presupuesto de operación para la institución de los que ya tiene el sistema de tiendas de Liconsa.

El padrón de beneficiarios será inicialmente el mismo que tiene Liconsa, estimado en 60 por ciento de la población que vive en condiciones de pobreza alimentaria en México. La distribución se hará a solicitud de los beneficiados, misma que se hará a la par de la adquisición de la leche del programa existente.

En este sentido el subsidio de mil 200 millones de pesos contempla, una población beneficiada aproximada de 3 millones 300 mil familias, con un alcance de mil 900 municipios atendidos, mediante un apoyo por kilo de siete pesos sobre un volumen de distribución de 171 mil 426 toneladas de huevo; lo que se traduce en un apoyo por familia 51.9 kilogramos de huevo, siendo un volumen de la producción nacional subsidiada de 2.25 por ciento para 2013.

En ese sentido y por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este honorable pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo para turno directo a la Cámara de Diputados.

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos, mantenga este programa en la estructura presupuestal e incremente los recursos asignados en el programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural (PEC), considerando específicamente la inclusión de la cantidad de mil 200 millones de pesos para garantizar el abasto de huevo a nivel nacional mediante Liconsa, en el Programa del Derecho a la Alimentación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los seis días de diciembre de dos mil doce.— Senador Fidel Demédicis Hidalgo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con puntos de acuerdo que exhortan a la Cámara de Diputados y al Congreso de Tlaxcala a asignar en sus respectivos Presupuestos de Egresos de 2013 recursos para la debida aplicación del Plan Sexenal contra la Trata de Personas en Tlaxcala, por el Consejo Estatal contra la Trata de Personas.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados y el segundo a la Comisión contra la Trata de Personas.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita, Adriana Dávila Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Congreso de Tlaxcala a asignar en los respectivos Presupuestos de Egresos de 2013 recursos para la debida aplicación del Plan Sexenal contra la Trata de Personas en Tlaxcala por el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, con las siguientes

Consideraciones

La esclavitud constituye una de las mayores afrentas que sufre la humanidad. Por ello, la trata de personas, conocida como la moderna esclavitud, es una de las conductas que más lastiman las entrañas de la sociedad mexicana.

Este delito va en aumento en todo el mundo, así como en nuestro país, pues lamentablemente y de acuerdo con la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, somos país de alta incidencia y se reconoce como uno de origen, tránsito y destino.

Debemos recordar que la trata de personas es un delito que no se limita a un Estado: rebasa cualquier frontera, y tiene consecuencias nacionales e internacionales.

Muchos estados de la república sufren hoy incremento significativo de este crimen. Tlaxcala es uno de ellos, por su elevada incidencia y denunciada por organizaciones de la sociedad civil.

Desgraciadamente, las familias tlaxcaltecas viven sometidas a la voluntad de las redes delictivas dedicadas a la trata de personas.

Estas bandas, con el paso de los años se han expandido territorialmente y perfeccionado sus mecanismos operativos, consolidando y aumentando su poder contra la sociedad tlaxcalteca, pero también de otras entidades del país.

Por eso es de suma importancia que las autoridades de Tlaxcala articulen acciones firmes y concretas para combatir a los tratantes; asimismo, es menester que la sociedad civil se siga involucrando en esta difícil lucha contra la criminalidad.

En la Ley para la Prevención de la Trata de Personas del Estado de Tlaxcala, aprobada en 2009, se crea el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, como un organismo consultivo del gobierno estatal que se encarga de coordinar las acciones en favor de la prevención y la atención de las víctimas del delito de trata de personas que desarrolle el Estado, a través de la Estrategia Estatal contra la Trata de Personas.

El 17 de noviembre de 2011, durante la sesión del Consejo Estatal contra la Trata de Personas, fue presentado el Plan Estatal Sexenal contra la Trata de Personas, elaborado con las propuestas de los integrantes de las dependencias gubernamentales, de las instituciones y de las organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo Estatal contra la Trata de Personas.

Dicho plan opera en cuatro ejes fundamentales, señalados en la Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala:

1. Eje de Prevención.

2. Eje de Atención y Protección Integral y Multidisciplinaria.

3. Eje de Investigación y Judicialización.

4. Eje de Coordinación de la Administración Pública.

Lo anterior se registra como grandes avances en materia legislativa y de construcción de política pública contra la trata de personas en Tlaxcala, en respuesta de la presencia, exigencia y propuesta ciudadana; sin embargo, no se han tenido los resultados esperados para la ejecución de la estrategia y el plan sexenal.

Por tal razón, las autoridades de Tlaxcala deben asumir la responsabilidad de ejecutar las acciones necesarias para detectar factores de riesgos, combatir eficazmente a los delincuentes, y la promoción de medidas eficaces para atender y proteger interdisciplinaria e integralmente a las víctimas de este delito.

Las acciones señaladas deben impulsarse mediante la generación de infraestructura, recursos humanos y tecnológicos suficientes.

No obstante, para ello se requiere el interés del Ejecutivo estatal para hacer asignaciones presupuestarias que permitan la debida operación del Plan Sexenal contra la Trata de Personas. Lamentablemente, en la propuesta de Presupuesto estatal de 2013, presentado por el gobernador, no se consideraron recursos para la aplicación del citado plan.

Asimismo, es necesario que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión asigne recursos económicos para la implantación de este plan y con ello dar operatividad a cada una de las acciones que permitan prevenir y atender a las víctimas del delito de trata de personas.

Debemos tomar en cuenta que en este momento la trata de personas es un foco rojo en Tlaxcala, y que por tratarse de un delito propio del crimen organizado causa estragos en toda la nación.

El Congreso y el Ejecutivo de Tlaxcala deben asumir y reconocer la urgencia de garantizar los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de los hombres víctimas del delito de trata de personas. Por ello resulta indispensable que se destine dinero suficiente para implantar el Plan Sexenal contra la Trata de Personas.

La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Tales Delitos considera la responsabilidad de las entidades federativas para coincidir con la federación en el financiamiento de la prevención, sanción y erradicación de los delitos relativos a la trata de personas.

La misma ley establece que los recursos federales que reciban los estados y el Distrito Federal para el combate de los delitos de trata de personas y la respectiva atención de las víctimas no pueden transferirse a otros rubros y, en consecuencia, deberán aplicarse exclusivamente a la prestación de servicios y acciones para los cuales fueron aprobados.

En tal virtud, es oportuno exhortar a la Cámara de Diputados federal y al Congreso de Tlaxcala a asignar en sus respectivos Presupuestos de Egresos de 2013 recursos para la debida aplicación de la Estrategia y el Plan Sexenal contra la Trata de Personas en Tlaxcala.

Por lo expuesto se someten a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 asigne recursos para la debida aplicación de la Estrategia y el Plan Sexenal contra la Trata de Personas en Tlaxcala por el Consejo Estatal contra la Trata de Personas.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Congreso de Tlaxcala para que en su Presupuesto de Egresos de 2013 asigne recursos específicos para la debida aplicación de la Estrategia y el Plan Sexenal contra la Trata de Personas en Tlaxcala por el Consejo Estatal contra la Trata de Personas.

Senado de la República, a 11 de diciembre de 2012.— Senadora Adriana Dávila Fernández (rúbrica)»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con puntos de acuerdo que exhortan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 una ampliación presupuestal a fin de crear el fondo de desarrollo del sur-sureste, como parte del ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 164, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como consecuencia de la desterritorialización de las políticas públicas en favor de su implantación desde lo nacional (e incluso desde lo global) y desde una perspectiva sectorial y no integral, las disparidades económicas y sociales se multiplicaron en México, traduciéndose en grandes desigualdades entre regiones, en el incremento de las brechas entre pobres y ricos, en polarización de la distribución de la riqueza y acceso a oportunidades de desarrollo, en iniquidades entre los sectores urbano y rural, en el acceso a benefactores como salud y educación de calidad, e incluso en el acceso a servicios públicos básicos. Por tanto, el rescate de las regiones como espacios para el desarrollo resulta hoy más vigente que nunca.

Dada la relevancia de las regiones como ámbitos prioritarios y funcionales para la implantación de políticas de desarrollo, es muy importante que los programas públicos así como los recursos que les corresponden puedan incorporar una visión integral, sustentable, participativa y de largo plazo, que hasta ahora no han tenido.

Con el propósito de fortalecer el presupuesto que se destina a la región sur-sureste, formada por Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, y en pleno alineamiento con el compromiso 67 del recientemente firmado Pacto por México “Aplicar una Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste”, que de acuerdo con el pacto está comprometida para iniciar su aplicación a partir de 2013 y con el fin de no afectar a los estados que hoy se benefician con los recursos del Fonregion, donde cuatro de los nueve estados que integran la región sur-sureste no son beneficiados con recursos del fondo, siendo éstos Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, es sumamente deseable que se integre en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 un fondo específico de recursos para el desarrollo de la región sur-sureste, el que denominaremos Fonsur.

Presupuestalmente, el Fonsur deberá ser parte del renglón “Otras provisiones económicas” del ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”, el cual deberá iniciar su operación con una asignación igual a la que se asigne al Fonregion para el ejercicio de 2013 y deberá distribuirse entre los nueve estados miembros con el mismo principio con que se distribuyen hoy los recursos del Fonregion; es decir, los recursos del Fonsur tendrán carácter de subsidio federal y se destinarán a programas y proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento. El monto por asignar a cada Estado se determinará conforme al índice de desarrollo humano de los nueve estados del sur-sureste, considerando la desviación de cada uno de ellos respecto a la media nacional.

El Fonsur tendrá un efecto mayor que el que se tiene hoy con el Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (Fidesur). De entrada, el Fonsur de ninguna manera es un fideicomiso al cual los estados de la región tendrían que estar haciendo aportaciones de su ya de por sí escaso presupuesto. En segundo lugar, por no depender de la aportación que la Secretaría de Hacienda haga al fideicomiso según las aportaciones de los estados, éstos tendrían mayor libertad para determinar dónde aplicar sus recursos y no estarían sujetos a la camisa de fuerza que les implican las reglas de operación del Fidesur. De ninguna manera estamos señalando que debería darse una nula regulación, sino que se requiere mayor holgura para determinar en que deben aplicarse los recursos.

Es urgente que tomemos medidas legislativas que ayuden a recortar las grandes asimetrías que se viven en esta región respecto al resto del país.

Por lo expuesto se propone a esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea el Fondo de Desarrollo del Sur-Sureste (Fonsur), como parte del renglón “Otras provisiones económicas” del ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Segundo. Los recursos del Fonsur tendrán el carácter de subsidio federal y se destinarán a programas y proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento. El monto por asignar se determinará conforme al índice de desarrollo humano de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, considerando la desviación de cada uno de ellos respecto a la media nacional.

Transitorio

Único. En el primer año de operación del Fonsur, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, la asignación presupuestal del fondo deberá ser igual a la que se asigne al Fonregion.

Dado en el salón de sesiones, a 11 de diciembre de 2012.— Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2013 una partida presupuestal para el saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan, en Iguala, Guerrero.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados y el segundo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Sofío Ramírez Hernández, Senador de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Tuxpan es un pueblo pequeño y atractivo de la región norte del estado de Guerrero en el municipio de Iguala. Ahí está el paisaje natural que hace algunos años era considerado un espectáculo para aquellos que lo visitaban: la laguna de Tuxpan, que tiene una superficie de alrededor de 3 kilómetros cuadrados; cuenta con una gran diversidad de recursos naturales, desgraciadamente deteriorados por el mal uso de ellos.

La laguna de Tuxpan es el único lugar considerado como zona turística del municipio de Iguala, Guerrero. Existen algunos intentos por lanzar a la zona como un proyecto ecoturístico, desafortunadamente, lo contaminado de la Laguna, no contribuyen mucho al desarrollo del mismo.

En los últimos meses se ha tratado de mantenerla como la alternativa turística de Iguala, por la zona restaurantera y balnearios ahí ubicados; se han llevado a cabo eventos  con el apoyo y organización entre pobladores y autoridades que buscan atraer al turismo, como son vuelos en parapente y papalotes.

No obstante que el ayuntamiento municipal no cuenta con recursos para actividades de rescate de la laguna, ha buscado éstos para inyectarle y convertirlo en el principal destino turístico.

Para contribuir de manera oportuna en la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales de una manera sustentable y sostenible, el H. ayuntamiento de Iguala, ha decidido participar dentro del programa nacional de micro cuencas.

Sin embargo, a consecuencia, entre otras cosas, del azolvamiento del arroyo de El Tomatal, la inconsciencia de pobladores y visitantes, y en su momento, el vertido del drenaje del penal de Iguala, han propiciado evidentes niveles de contaminación. Esto mismo está originando que varias especies de animales y vegetales estén en proceso de desaparición.

Ya la misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se han pronunciado y han advertido la necesidad de hacer un frente común para rescatar la laguna de Tuxpan y de esa forma resolver la problemática ambiental que existe en dicho manto acuífero. Es necesario hacerle frente a la problemática de la Laguna con la creación de fondos concurrentes en los tres órdenes de gobierno.

También la Semaren ha advertido la posibilidad de que el lago de Tuxpan desaparezca en un corto periodo de tiempo si no se realiza de manera urgente una reforestación en su entornó; calificando como grave la problemática de contaminación por la que atraviesa este atractivo natural. Si no se reforesta el contorno del lago, en pocos años, se va a azolvar e irá desapareciendo.

Este cuerpo de agua ha sido objeto de un acelerado proceso de degradación, principalmente por las descargas de aguas residuales y de desechos sólidos, azolvamiento derivado de la deforestación y las actividades pecuarias.

Asimismo, si no se detiene la contaminación por las aguas negras o residuales que van a dar directamente al espejo de agua, se volverá un peligroso foco de infección para los pobladores de la zona.

Durante los seis años del gobierno anterior, no se liberó ningún recurso para atender esta situación, por eso, consideramos que tanto la Semarnat como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no han hecho nada para evitar que este lago siga contaminándose.

Por ello queremos hacer un llamado a los tres órdenes de gobierno para que se trabaje en el rescate de este importante manto acuífero, considerado como uno de los principales atractivos turísticos de la Zona Norte del Estado.

El deterioro presente en esta microcuenca hace notar la necesidad de establecer estrategias integrales con la participación interinstitucional, que permitan lograr el rescate ecológico de la zona y mejorar el desarrollo de la población.

Se está muy a tiempo de atender el rescate de esta importante zona de Guerrero. Es necesario contar con recursos para realizar los trabajos que se deban hacer a favor del medio ambiente y rescate de la zona.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se contemple en el Proyecto de Presupuesto de egresos para el ejercicio 2013, una partida presupuestal para el saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan, en Iguala Guerrero.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Comisión Nacional Forestal, y a la Comisión Nacional del Agua para que realicen un estudio exhaustivo de contaminación ambiental en la Laguna de Tuxpan, Guerrero.

Dado en la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a los once días del mes de diciembre de dos mil doce.— Senador Sofío Ramírez Hernández (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el que suscribe presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2013 destine mayores recursos para la operación del programa de Fonhapo –denominado Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular– y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que modifique los esquemas de participación de financieros públicos y privados en la operación del programa mencionado.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados y el segundo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José Rosas Aispuro Torres, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre propio y con fundamento en lo que se establece en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a fin de que en el presupuesto 2013, destine mayores recursos para la operación del programa de Fonhapo –Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular– y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que modifique los esquemas de participación de financieros públicos y privados en la operación del programa mencionado, lo anterior, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra “vivienda” como lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas.

La casa, la vivienda, es el lugar donde los seres humanos afianzan sus hogares; donde crecen y se desarrollan sus familias; es pues, el lugar donde se generan las condiciones para que los habitantes encuentren los elementos de convivencia, realización y estabilidad que traen como consecuencia la felicidad de sus moradores.

Todos aspiramos a alguna vez tener nuestra casa propia; la vivienda es un derecho humano de segunda generación y es un derecho constitucional de los mexicanos, reconocido en el párrafo 8 del artículo 4 de la Carta Magna, el cual establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

En razón de lo anterior, el Estado es el responsable de que la población cuente con una vivienda digna donde pueda alcanzar sus aspiraciones, sus sueños.

Cabe mencionar que en relación con la segunda parte del párrafo leído, el Estado mexicano cuenta con instituciones encargadas de facilitarle a los mexicanos la obtención de créditos para adquirir vivienda, sobre todo si pertenecen al sistema de seguridad social; ya sea a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo cual cotizan en el Infonavit; o si pertenecen al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, con lo cual cotizan el Fovissste, de igual forma el caso de trabajadores de que cotizan en sistemas autónomos de seguridad social con los del sector petrolero o de las fuerzas armadas, cuentan con esquemas de financiamiento para adquisición de vivienda; sin embargo, existe un número indeterminado de mexicanos que son parte de la fuerza productiva de nuestro país que no tiene pertenece a ninguno de los esquemas de seguridad oficiales.

Para atender a esta población, el 28 de marzo de 2011, el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) acordó la creación del Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular (Fonagavip), con el objetivo principal de incrementar el otorgamiento de crédito formal para vivienda a las familias en situación de pobreza patrimonial y/o con ingresos menores a los 5 salarios mínimos, a través de cubrir a los otorgantes del crédito las posibles pérdidas derivadas del incumplimiento de los acreditados.

Asimismo, se estableció el alcance del programa en 300 mil acciones de vivienda con una inversión total de 8 mil millones de pesos; sin embargo, con todos los esfuerzos presupuestales que se han hecho hasta ahora, no se ha logrado cubrir con la demanda de la población que se encuentra en los supuestos que el programa requiere.

Tan sólo en los meses junio y julio de este año, el Fonhapo detectó, a través del programa Fonagavip, una demanda superior a las 17 mil acciones de vivienda en 23 entidades federativas, de las cuales se procesaron 10 mil 352 expedientes.

Es necesario fortalecer este esquema de financiamiento de vivienda ya que los beneficiarios objetivo son familias de recursos económicos limitados que no son parte del esquema de seguridad nacional, sin embargo, tienen derecho a obtener su propia vivienda, su propio hogar.

Con base en lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero:El Senado de la República exhorta, de manera respetuosa, a la Cámara de Diputados a fin de que en la integración del Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2013 destine mayores recursos para la operación del programa de Fonhapo, denominado Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular.

Segundo:El Senado de la República exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que mediante su órgano de gobierno autorice la participación de los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura y la participación de financiaros privados, que operan con recursos propios, en el otorgamiento del servicio de créditos del Programa Nacional de Garantías para la Vivienda Popular.

Dado en el salón de plenos del Senado de la República, a siete de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Adolfo Romero Lainas, a nombre propio y de diversos senadores, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 un incremento en el presupuesto asignado para la construcción de infraestructura hospitalaria, para la contratación de recursos humanos médicos, afines y administrativos; y para el abasto de medicamentos que permitan lograr los objetivos del Sistema de Protección Social en Salud, Seguro Popular, en el estado de Oaxaca.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos senadoras y senadores Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin Navarrete, Angélica de la Peña Gómez, Lorena Cuéllar Cisneros, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Alejandra Barrales Magdaleno, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Adolfo Romero Lainas, Mario Delgado Carrillo, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Fidel de Médicis Hidalgo, Fernando Enrique Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, Sofío Ramírez Hernández, Raúl Morón Orozco, Zoé Robledo Aburto, Isidro Pedraza Chávez, Manuel Camacho Solís, Armando Ríos Píter, Benjamín Robles Montoya, Rabindranath Salazar Solorio, Venancio Luis Sánchez Jiménez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Eviel Pérez Magaña, Miguel Romo Medina y José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Martha Palafox Gutiérrez y David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1, incisos b) y c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente

Proposición con punto de  acuerdo

Por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, un incremento en el presupuesto asignado para la construcción de infraestructura hospitalaria, para la contratación de recursos humanos médicos, afines y administrativos; y para el abasto de medicamentos que permitan lograr los objetivos del Sistema de Protección Social en Salud, Seguro Popular, en el estado de Oaxaca, donde sus habitantes presentan uno de los mayores rezagos a nivel nacional en materia de protección a la salud, con los siguientes

Considerandos

Primero. El derecho a la salud está reconocido como una garantía individual en el artículo 4o. de nuestra Constitución, ahí se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y que la federación concurrirá con las entidades federativas para asegurar el acceso por igual de todos los mexicanos a este servicio fundamental. La protección social en salud debe ser garantizada por el estado de manera oportuna, de calidad, sin desembolso en el momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, servicios que deben ser proporcionados bajo los criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, tal y como establece el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud.

Segundo.Por su parte, el Seguro Popular debe contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, según establece esa misma ley.

Tercero. El Seguro Popular surgió como una política para ofrecer en todo el territorio nacional los servicios de salud al sector de la población que no gozaba de protección social al no estar inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o en otra entidad pública del sector. Desde el año 2002 y hasta 2011 el Sistema de Protección Social en Salud o Seguro Popular, incrementó sustancialmente su cobertura, pasando de 1.1 millones a 51.8 millones de afiliados, lo que ha significado un notable esfuerzo del segmento más pobre de la población por sufragar los costos que implica recibir este servicio.

Cuarto. El estado de Oaxaca tiene una población de poco más de 3.8 millones de personas, cerca del 70 por ciento está afiliada al Seguro Popular, sin embargo, 65 por ciento, más de 2.4 millones de oaxaqueños, vive en condiciones de alta marginación según el último Censo de Población y Vivienda de 2010. Además, la población está distribuida en casi 94 mil kilómetros cuadrados, separada por una orografía accidentada con medios de transporte y comunicación insuficientes e ineficientes; en el estado existen 536 municipios que tienen menos de 20 mil habitantes, y de los 570 que conforman el estado de Oaxaca, 269 municipios tienen menos de 2 mil 500 personas, situación que hace más difícil la cobertura médica.

Quinto. Oaxaca necesita fortalecer su sistema de salud con acciones de estado bajo la perspectiva de la transversalidad y con la participación subsidiaria y coordinada de los tres órdenes de gobierno, que tome en cuenta las necesidades específicas de la entidad; que considere que la única homologación aceptable es la igualdad que tienen los oaxaqueños para acceder a los servicios de salud, derecho hasta hoy no cumplido ya que según datos del Instituto Nacional de Estad´sitica y Geografía (Inegi) de 2008, en el estado sólo hay 1.2 médicos por cada mil habitantes; 1.6 enfermeras por cada mil; 0.5 camas censables de hospital por cada mil; 0.6 consultorios médicos por cada mil; y 0.02 quirófanos por cada mil habitantes; si regionalizamos estos datos las carencias serían aún mayores.

Sexto. La homologación que hace la Secretaría de Salud para la planeación de los centros de salud en el medio rural, sólo contempla la instalación de Unidades Básicas de Servicios de Salud, tomando como referencia el número de habitantes, sin considerar que en Oaxaca, por ejemplo, las localidades son pequeñas y están dispersas en extensas superficies, con comunicaciones insuficientes, lo que incrementa los costos de transporte de las familias para recibir ese servicio; esto, en situaciones de emergencia médica tiene graves riesgos para los enfermos.

Séptimo. Atendiendo las necesidades propias del estado, la Secretaría de Salud de Oaxaca, requiere para el ejercicio fiscal de 2013, recursos para concluir 98 obras en proceso de construcción y su equipamiento por un monto de 609 millones de pesos, más mil 265 millones para su operación, incluyendo los servicios personales; en tanto que necesita mil 415 millones de pesos para realizar 34 obras nuevas incluyendo su equipamiento. Para el mantenimiento y fortalecimiento a infraestructura, está requiriendo un total de 844.9 millones de pesos para 612 acciones en obra y equipo en 487 centros de salud de un núcleo básico, y 54 centros de salud de 2 y 3 núcleos básicos; para 16 centros de salud urbanos; para 7 centros de salud con servicios ampliados, para 30 hospitales y para 18 unidades médicas. Para mantenimiento complementario, la Secretaría de Salud estatal está solicitando 415.5 millones de pesos para las regiones de valles centrales, Istmo, Papaloapan, Costa, Mixteca y Sierra.

Octavo. Al solicitar los recursos necesarios para proporcionar los servicios de salud, en Oaxaca no se ignora la difícil situación económica que se cierne sobre el futuro inmediato para México, pero estamos seguros que no es aceptable posponer el desarrollo social de los mexicanos si contamos con el talento y el esfuerzo de mujeres y hombres que diariamente construyen la riqueza de esta nación. Al solicitar estos recursos no se procuran privilegios para Oaxaca, sino justicia ante la historia de atraso y pobreza que tristemente nos distingue; el desarrollo regional constituye una base sólida para que México logre un crecimiento y desarrollo nacional viable y conjure de la mejor manera las amenazas que provienen de la economía global.

Por lo antes expuesto, sometemos al pleno de esta honorable Cámara de Senadores el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Para hacer un exhorto al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 sea tomada en cuenta la urgente necesidad de asignar más recursos presupuestales para dotar al estado de Oaxaca de una mayor infraestructura hospitalaria, con personal médico general y especializado y con abasto suficiente de medicamentos para cubrir las necesidades del amplio sector de la población que no tiene acceso a la protección social en salud, y para que las familias inscritas en el Seguro Popular tengan cerca de sus localidades los servicios de salud que ese sistema ofrece reduciendo los altos costos de transporte que hasta ahora deben cubrir para recibir atención médica oportuna y para la obtención de sus medicamentos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de noviembre de 2012.— Senadores: Dolores Padierna Luna, Luz María Beristain Navarrete, Angélica de la Peña Gómez, Lorena Cuéllar Cisneros, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Alejandra Barrales Magdaleno, Luis Miguel Barbosa Huerta, Adolfo Romero Lainas, Mario Delgado Carrillo, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Fidel de Médicis Hidalgo, Fernando Enrique Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, Sofío Ramírez Hernández, Raúl Morón Orozco, Zoé Robledo Aburto, Isidro Pedraza Chávez, Manuel Camacho Solís, Armando Ríos Píter, Benjamín Robles Montoya, Rabindranath Salazar Solorio, Venancio Luis Sánchez Jiménez, Eviel Pérez Magaña, Miguel Romo Medina, José Francisco Yunes Zorrilla, Maki Esther Ortíz Domínguez, Francisco Salvador López Brito, María Elena Barrera Tapia, Martha Palafox Gutiérrez, David Monreal Ávila (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores, integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se asignen recursos para la adquisición de parque vehicular y aeronaves para la Secretaría de Defensa Nacional.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos, senadores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto en los artículos 8, párrafo 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se asignen recursos para la adquisición de parque vehicular y aeronaves para la secretaría de defensa nacional, con base en las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de la Defensa Nacional es una institución prestigiada en nuestro país y reconocida en gran parte del mundo. Su valor y amor por México le han valido igualmente el reconocimiento de todos los mexicanos.

Los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos han trabajado a lo largo de nuestra historia bajo el lema “La patria es primero”. Es precisamente este lema el que ha permitido que los militares se entreguen a su país, con los recursos disponibles, siempre buscando maximizar estos, y sin más que su convicción de luchar por su país.

No sólo en cuanto a combate al crimen se refiere, si no también haciendo labores de rescate, el Ejército Mexicano es ejemplo de eficiencia y disciplina. Sin embargo, los recursos económicos que reciben podrían parecer siempre insuficientes, ya que una institución como éstas debe estar siempre a la vanguardia y acorde a las necesidades de todos los mexicanos.

En ese sentido, es importante señalar que el parque vehicular se va haciendo obsoleto para seguir cumpliendo su función básica y que es el estar al servicio de la ciudadanía. De acuerdo a los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los vehículos del Ejército tienen en promedio 22 años de operación. Actualmente se cuenta con 13 mil 763 vehículos, de los cuales 4 mil 760 son operativos, 6 mil 733 administrativos y 2 mil 269 de propósito múltiple.

Asimismo, algunas de las aeronaves con que cuenta la Fuerza Aérea comienzan a ser obsoletas por el largo período de vida que han tenido.

Actualmente la Secretaría cuenta con 387 aeronaves, de las cuales, 90 son de combate, 96 de reconocimiento, 114 de transporte y 57 de adiestramiento. Estas aeronaves tienen en promedio 30 años de antigüedad.

Es importante señalar que los vehículos y las aeronaves con que cuenta la Secretaría, son tan importantes como los elementos castrenses, ya que el parque vehicular y las aeronaves son los que transportan a los valiosos elementos del Ejército Mexicano, así como están siempre a la disposición de su uso, ya sea para el combate al crimen, o para el rescate de seres humanos en casos de desastres naturales.

Para continuar consolidando a esta digna institución, es imperante que se tomen nuevas medidas, como la modernización del parque vehicular y aeronaves con que actualmente cuenta la Secretaría.

En los últimos años el ejercicio de las fuerzas armadas han estado a la vista de todos, los resultados están igualmente a la vista de todos.

Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, en diversos momentos, han mostrado su apoyo a las labores que realiza el Ejército. Como integrantes de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, mostramos nuestra capacidad de diálogo y de acuerdo, para emitir el presente punto de acuerdo.

Este apoyo económico que debe recibir la Secretaría, está fuera de colores, fuera de distingos partidistas y fuera de ideologías. Lo que nos une es el amor por México y el valor democrático de emplear nuestros esfuerzos para coadyuvar a que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, sigan renovándose y preparándose para enfrentar las vicisitudes que tenga nuestro país.

En ese tenor, resulta fundamental para esta Soberanía, solicitar de manera respetuosa a la Cámara de Diputados, a que con amor a México y de igual forma bajo el lema “La patria es primero”, realicen los acuerdos necesarios para asignar recursos especiales a fin de actualizar el parque vehicular, así como las aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se etiqueten recursos presupuestales dirigidos a renovar el parque vehicular y las aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de diciembre de dos mil doce.— Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Senadores: Fernando Yunes Márquez, presidente; Joel Ayala Almeida, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Carlos Romero Deschamps, Arturo Zamora Jiménez, Patricio Martínez García, Manuel Cavazos Lerma, Javier Lozano Alarcón, Francisco Domínguez Servién, Luis Armando Melgar Bravo (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Isaías González Cuevas, Adolfo Romero Lainas y Lorena Cuéllar Cisneros presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y destinar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 mayores recursos con relación al Presupuesto de 2012 a la Conavi, particularmente al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Ésta es tu Casa, que permita dar continuidad y fortalecer el acceso a la vivienda de la población de menores ingresos.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Isaías González Cuevas, Adolfo Romero Lainas y Lorena Cuéllar Cisneros, senadores de la república en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se consideren y destinen mayores recursos en relación con lo asignado en el Presupuesto de 2012 a la Conavi, particularmente al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Ésta es tu Casa, que permita dar continuidad y fortalecer el acceso a la vivienda de la población de menores ingresos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Ésta es tu Casa tiene como objetivo ampliar el acceso al financiamiento de la población de bajos ingresos para soluciones habitacionales en un entorno sustentable.

Operado por la Conavi, el programa Ésta es tu Casa tiene como finalidad apoyar a personas de bajos ingresos para adquirir una vivienda digna y decorosa con un subsidio para vivienda con recursos del gobierno federal.

Ésta es tu Casa tiene justificación teórica y empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población más vulnerable. La justificación es consistente con el diagnóstico del problema, y hay evidencia nacional e internacional de los efectos positivos atribuibles a los beneficios otorgados a la población de bajos ingresos.

Con su creación, en 2007, se pretendió que el programa atendiera la demanda de vivienda en los sectores socioeconómicos más bajos. En el país existe hoy la necesidad de vivienda. Para dimensionar la necesidad de la inversión patrimonial de los próximos años como punto de partida, es preciso apuntar que en el país hay un rezago habitacional de 9 millones de hogares, de los cuales 6.5 millones pertenecen al segmento de no afiliados a la seguridad social.

Esta realidad se suma al hecho de que en la actualidad más de 67 por ciento de la población ocupada en el país se mantiene con ingresos de hasta 3 salarios mínimos, de los que sólo 25 por ciento tiene acceso a la seguridad social; el poder adquisitivo individual y las condiciones laborales de estos trabajadores son insuficientes para acceder a una vivienda en el mercado habitacional con sus propios medios o a través de las instituciones de crédito hipotecario. Sin duda, éste es el segmento de la población con mayor necesidad de vivienda presente y futura.

Desde la creación del programa, el gobierno federal ha realizado una inversión acumulada por 34 mil 286 millones de pesos en subsidios a la vivienda, apoyando a poco más de 1 millón 86 mil 381 familias que han mejorado su calidad de vida con una solución habitacional, sin este apoyo, por ejemplo en el Infonavit existen 2.3 millones de derechohabientes, que representan 49.5 por ciento de su demanda actual de vivienda, que sin el refuerzo del programa Ésta es tu Casa no podrían adquirir vivienda.

El programa genera un efecto multiplicador de aproximadamente 175 mil millones de pesos; es decir, por cada peso de subsidio por pagar en 2013 hay una derrama de 4.97 pesos que repercute de manera positiva en las 37 ramas de la economía que participan en la cadena productiva, por lo que dicho subsidio a la vivienda es una inversión que representa ingresos fiscales para el gobierno, es decir, por cada peso invertido en subsidios al fisco se le regresan 1.36, lo que proporciona rendimientos económicos tangibles, además de patrimonio para las familias.

La vivienda en el país representa el núcleo familiar. Por ello es vital que los subsidios a la vivienda en México sean considerados elemento fundamental en la constante lucha por cerrar brecha a la pobreza, ya que con su obtención los beneficiarios acceden a una solución no sólo habitacional sino la de crear patrimonio de manera directa, permitiéndoles mejorar de manera sustantiva la calidad de vida y su economía familiar.

Ahora bien, en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados para 2012 se destinaron 9 mil 236 millones de pesos al programa Ésta es tu Casa, por lo que para 2013 se requieren 11 mil millones de pesos, lo cual permitirá satisfacer todas las necesidades de subsidios para dicho año y no sería necesario realizar un programa especial.

Resultaría lamentable que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 el programa tuviera una reducción en los recursos económicos, más aún porque sus reglas de operación son claras y transparentes, por lo que recortarle suficiencia económica para otorgarla a otro programa sin las mismas reglas de transparencia representaría un descalabro para la vivienda de los más desprotegidos.

El país tiene que continuar atendiendo la necesidad de dotar de vivienda de manera rápida y eficiente a la población de estratos socioeconómicos bajos.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y destinar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 mayores recursos con relación a los de 2012 a la Conavi, particularmente al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Ésta es tu Casa, que permita dar continuidad y fortalecer el acceso a la vivienda de la población de menores ingresos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 diciembre de 2012.— Senadores: Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Isaías González Cuevas, Adolfo Romero Lainas, Lorena Cuéllar Cisneros, Francisco García Cabeza de Vaca, María Elena Barrera Tapia, Angélica Araujo Lara, Joel Ayala Almeida, Fernando Herrera Ávila (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para asignar una partida presupuestal a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para la creación del espacio educativo interactivo denominado Tú tienes Derechos.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita, Angélica de la Peña Gómez, senadora de la república a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para asignar una partida presupuestal a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para la creación del espacio educativo interactivo denominado Tú tienes Derechos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) diseñó en colaboración con el Museo Interactivo de Economía (MIDE) un proyecto maestro, el cual consiste en la creación de un espacio interactivo educativo denominado Tú tienes Derechos, en la Ciudad de México, como un centro de difusión, promoción y educación de los derechos humanos para todo el público en general tanto nacional como internacional.

Este proyecto fue presentado a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Cultura, del Distrito Federal, de Derechos Humano y de Gobernación de la Cámara de Diputados de la legislatura pasada mediante diversos escritos, resaltando el oficio número CDHDF/OE/P/0217/2011 de fecha 10 de octubre de 2011, dirigido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sin que el proyecto hubiera sido analizado y discutido por dichas comisiones.

Ante la V Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se presentó el proyecto en mención y se aprobó etiquetar en el ejercicio fiscal 2012 a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la cantidad de 5 millones de pesos para la construcción del espacio educativo interactivo, con lo que se acredita la posibilidad de concretar este proyecto tan noble.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal pretende ampliar sus horizontes y nos presenta la oportunidad de participar y contribuir en la creación de un espacio para todas y todos basado en el conocimiento de los derechos humanos, a través de un museo cultural, interactivo y educativo que incida en la sociedad civil para que conozca y ejerza a plenitud sus derechos humanos.

El proyecto de este espacio, es producto del trabajo interdisciplinario de un equipo de expertas y expertos de diferentes áreas museográfica, cultural, conceptual, arquitectónica, de diseño e instalación de equipos interactivos, infraestructura, seguridad, evaluación y administración, por lo que se garantiza el debido funcionamiento y cumplimiento del objeto para lo cual se pretende crear.

Asimismo, el equipo de trabajo tanto de la CDHDF como del MIDE, proyectaron un espacio espléndido y único para que la Comisión abra sus puertas a todo tipo de público con diferentes deseos, intereses y necesidades alrededor de los derechos humanos. Se pretende dar una atención especializada a quienes integran el servicio público, a la sociedad y a la comunidad escolar.

Las personas y grupos que se sumen a esta estrategia educativa, serán capaces de visibilizar las relaciones de poder en su vida cotidiana, analizar los desequilibrios, enfrentarlos de manera efectiva y asertiva para modificar su realidad y establecer una deseable convivencia solidaria, en la cual los derechos humanos son el sustento ético, legal, histórico, cultural y político.

El proyecto garantiza la accesibilidad de las personas visitantes diversas, de todas las edades, de cualquier nivel de escolaridad, de cualquier sexo y condición social; el motivo de su visita puede ir de lo personal a lo institucional, por su propia voluntad o acompañando a un grupo de niños y niñas, de jóvenes, de personas con distintas capacidades o discapacidades, entre otros grupos, con el fin de conocer, entender y comprender qué son los derechos humanos desde sus propios esquemas, aprendizajes previos y experiencias.

Este espacio educativo interactivo abre posibilidades y permite a las personas visitantes identificarse como parte de la humanidad capaz de construir humanidad.

Presenta posibilidades para descubrir cómo hacer valer los derechos, para reducir los niveles de violencia estructural, cultural y directa y elevar los niveles de justicia.

Ayuda a recuperar la esperanza en lo propio y en lo ajeno.

Es un espacio en donde los derechos humanos transitan de la desesperanza a la esperanza para la convivencia solidaria, sin violencia, en donde cada persona visitante se ve como artífice de su propio espacio vital, pasando por la indignación, la lucha, la exigencia y la construcción de puentes entre las personas y las instituciones.

Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y para la suscrita, la construcción del espacio interactivo educativo Tú tienes Derechos es un proyecto de sustantiva importancia, porque representa la cristalización de años de trabajo y refleja la participación activa de diversos sectores involucrados en la defensa y promoción de los derechos humanos en México, este espacio será seguramente una fuente de difusión nacional e internacional de las actividades de la propia Comisión, de las organizaciones de la sociedad civil que han dedicado sus esfuerzos por lograr la apropiación de los derechos humanos, a través de la capacitación, educación, cultura y promoción de los mismo.

Actualmente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un espacio 100 por ciento accesible dentro de sus instalaciones, así como por su ubicación; y desde la remodelación de su sede, quedó proyectada la construcción de un tercer edificio para albergar el espacio interactivo educativo Tú tienes Derechos, el cual contará con

• La Casa del Árbol (espacio lúdico-educativo en derechos humanos);

• La biblioteca o centro de documentación;

• Un museo especializado;

• Las aulas de capacitación; y

• El archivo histórico de la institución.

Debido a la crisis financiera del 2009, la ampliación presupuestal que se había prometido para este objeto no pudo ser otorgada, de tal manera que el proyecto del edificio C, en dónde se pretende construir el espacio interactivo educativo, quedó suspendido.

Aprobar la asignación presupuestal del proyecto permitirá colocar a la comisión como uno de los centros más importantes de difusión de la cultura de derechos humanos, multiplicando su capacidad de atención directa al público en general, y contribuyendo a la construcción de la ciudadanía a través de la apropiación de los derechos humanos y la convivencia en la diversidad.

La proyección estimada de visitantes al espacio interactivo educativo podría ascender aproximadamente a 100 mil personas anualmente.

En concordancia con la reforma al artículo 1 constitucional del 2011, y sabedora del compromiso de esta LXII Legislatura con los derechos humanos, estoy segura de contar con su apoyo para impulsar este proyecto y aprobar el presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta atentamente a la honorable Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2013 se asigne una partida presupuestal a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para la creación del espacio educativo interactivo denominado Tú tienes Derechos, en la Ciudad de México, por la cantidad de 113 millones 100 mil pesos, en su sede oficial para la educación, promoción, cultura y difusión de los derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de diciembre de 2012.— Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a diseñar una estrategia con perspectiva de género con presupuesto etiquetado, que contemple las desigualdades y obstáculos a las que se enfrentan las mujeres jefas de familia y las que son víctimas de violencia intrafamiliar; y exhorta a las Comisiones de Equidad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 recursos para la vivienda de mujeres jefas de familia y las que son víctima de violencia intrafamiliar.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Comisión de Equidad y Género y el segundo a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La que suscribe, Martha Elena García Gómez, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La desigualdad de género, surge a partir de las construcciones socioculturales e históricas que transforman las diferencias sexuales en situaciones discriminatorias, las cuales se expresan en la división sexual del trabajo y en un acceso diferencial a los bienes y recursos materiales entre mujeres y hombres.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la división sexual del trabajo consiste en la asignación casi exclusiva de las tareas domésticas de carácter reproductivo y de cuidado de las mujeres. Además de otorgarles una sobrecarga de trabajo, que les resta tiempo para la capacitación, la recreación y constriñe sus opciones de incorporarse al mercado laboral formal. Por lo tanto, impide su acceso a puestos de trabajo más diversificados y a la obtención de ingresos suficientes que les permitan acceder en igualdad de condiciones al uso y control de los recursos productivos tales como el trabajo, la tierra, la información, la tecnología, la vivienda o los recursos naturales.

Lo anterior, explica algunas de las limitaciones que tienen las mujeres para generar ingresos y acceder a cuestiones tan básicas como el derecho a la vivienda. No obstante, las mujeres que por diversas situaciones tienen a su cargo la jefatura de su hogar se ven mayormente afectadas que los varones.

La jefatura de hogar desagregada por sexo permite una aproximación al vínculo entre género y pobreza. Datos proporcionados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), con base en las estadísticas del Censo de Población y Vivienda 2010, el 24.5 por ciento de los hogares mexicanos tienen a una mujer como jefa de familia. Para el año 2008 el ingreso de las mujeres representaba el 70.5 por ciento del aporte económico en los hogares que cuentan con ingresos femeninos, es decir, en 7 de cada 10 hogares las mujeres realizan una aportación a los ingresos familiares.

En este marco, datos estadísticos diversos revelan que

De los hogares con jefatura femenina (6.9 millones): 82.3 por ciento son familiares y 17.3 por ciento no familiares; de los familiares, 56.9 por ciento son nucleares, 39.6 por ciento son ampliados y 1.7 por ciento compuestos; de los no familiares, 94.9 por ciento son unipersonales y 5.1 de corresidentes.

Lo anterior implica que casi 5.6 millones de mujeres son jefas de familia en hogares que se integran con hijos e hijas, con cónyuges y/o con otros familiares o con personas ajenas a la familia en el menor de los casos. Por otra parte, las que son jefas de hogar no familiar son aproximadamente 1.2 millones que viven solas o que son corresidentes.

En las zonas rurales, aproximadamente el 19.3 por ciento de los hogares tienen al frente a una mujer como jefa de familia. Casi el 80 por ciento de los hogares rurales jefaturados por una mujer son familiares, es decir, aproximadamente 950 mil mujeres en el sector rural son jefas de hogar que se integran por cónyuges y/o hijos, familiares no nucleares y personas ajenas en algunos casos.

En este sentido, 5.6 millones de mujeres tienen la carga de sostener económicamente un hogar con todo y su familia. Por otra parte, de estas mujeres casi un millón se encuentran ubicadas en el sector rural, donde en ocasiones las condiciones son más desfavorables respecto a los niveles de ingreso.

Asimismo, el trabajo doméstico no remunerado, imprescindible para la supervivencia en los hogares, históricamente se encuentra asignado de manera casi exclusiva a las mujeres.

De acuerdo con datos del Inmujeres, cuando el jefe de la familia es varón, dedica en promedio 13.02 horas a la semana para las labores domésticas, en cambio, la mujer que se encuentra esta misma condición, dedica en promedio 38.19 horas a la semana a este tipo de actividades. Esto constituye un obstáculo para compatibilizar el trabajo reproductivo con el trabajo remunerado, situación particularmente difícil para mujeres jefas de un hogar e implica una sobrecarga de responsabilidades para las mujeres en comparación con los hombres y visibiliza una clara brecha de desigualdad.

Una grave problemática a las que se enfrentan deriva en la posibilidad de acceder a la adquisición de un patrimonio. Esta situación, se agrava cuando las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar permanecen en casas donde en la mayoría de las ocasiones la propiedad es del cónyuge, por lo que las mujeres se ven en la necesidad de permanecer en ellas por no contar con una residencia propia, para ellas y para sus hijos.

Por otra parte, la Ley de Vivienda mandata la creación de una política nacional de vivienda cuyo órgano rector será la Comisión Nacional de Vivienda y del mismo modo, establece la creación de un programa nacional de vivienda.

No obstante, que la ley es clara en que las disposiciones deberán aplicarse bajo los principios de equidad e inclusión social de manera tal que cualquier persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil puedan ejercer su derecho constitucional a la vivienda; las mujeres no acceden por igual a las oportunidades de hacerse de un patrimonio.

Ante la problemática, desde hace varios ejercicios fiscales, la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Equidad y Género ha destinado recursos etiquetados específicos para que las mujeres tengan la oportunidad de contar con créditos y/o subsidios para adquirir o remodelar sus hogares.

En este sentido, los recursos etiquetados a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) se destinan para que las mujeres obtengan créditos para adquisición, mejoramiento, adquisición con lote de servicios o la autoconstrucción de vivienda. Por ejemplo, en 2011 se etiquetaron 2,189.3 millones de pesos de los cuales se ejercieron 2,064.6 millones de pesos en estas actividades dentro del programa esquema de financiamiento y subsidio federal de vivienda. Sin embargo, de acuerdo a la Cuenta Pública 2011, con este recurso se atendió únicamente a 68,862 mujeres y 73,370 hombres. Es decir, a pesar de estar etiquetado para mujeres la Conavi ejerció este recurso de manera desigual. Sin embargo estas políticas no han sido suficientes para cubrir las necesidades de vivienda del sector de la población antes descrito.

En el ramo de desarrollo social se encuentra el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), el cual ejerce dos programas denominados: Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa y Vivienda Rural, cuyos objetivos son entregar subsidios a la población para contribuir mediante acciones de vivienda a la disminución del hacinamiento y a la carencia de calidad y espacio de la vivienda, de los hogares en pobreza patrimonial. Estos programas también han sido incorporados a los programas con presupuesto etiquetado específicamente para mujeres.

En 2011, el Programa Tu Casa atendió a 39,755 mujeres jefas de familia otorgándoles subsidios para adquisición, mejoramiento o ampliación.

Del mismo modo, el Programa Vivienda Rural, en 2011, otorgo subsidios en el medio rural a cerca de 38,753 mujeres jefas de familia para la adquisición, ampliación o mejoramiento de vivienda.

Los recursos etiquetados en materia de gasto para la igualdad entre mujeres y hombres en 2011 para estos tres programas ascendió a un monto de 3,077.2 millones de pesos, esto implica que esta asignación del presupuesto, cubrió aproximadamente 110 mil mujeres de acuerdo a la cifras arrojadas en la Cuenta Pública 2011. Es decir, de lo anterior se desprende que estas mujeres fueron beneficiadas en promedio con 27,974 pesos en promedio para adquirir, mejorar o ampliar su hogar.

La situación económica que se vive actualmente implica que dichos recursos son necesarios para que las mujeres y en especial las jefas de familia mejoren sus condiciones de vivienda, sin embargo, estos esfuerzos pueden ser aislados si no se contempla una política pública que visualice las dificultades que presentan este sector de la población.

En ocasiones, las condiciones de las que son sujetas les impiden acceder a las solicitudes de un crédito o subsidio o les dificultan cumplir con los requisitos que se establecen en las reglas de operación.

Por lo anterior, es necesario que la política nacional de vivienda, así como el programa nacional de vivienda, establezcan una estrategia específica para este sector de la población, en específico para las jefas de familia y aquellas mujeres que son víctimas de violencia y que necesitan de un patrimonio propio para romper con los círculos de violencia que viven en su entorno.

Por lo antes expuesto, presento ante esta honorable Cámara de Senadores la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a diseñar una estrategia con perspectiva de género y con presupuesto etiquetado, que contemple las desigualdades y obstáculos a las que se enfrentan las mujeres jefas de familia y las que son víctimas de violencia intrafamiliar, para su acceso a una vivienda digna y adecuada.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Comisiones de Equidad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a que asignen dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, la etiquetación de recursos para la vivienda de mujeres jefas de familia y las que son víctima de violencia intrafamiliar.

Notas:

1 Disponible en http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Hogares.pdf, consultado en octubre de 2012.

2 Hogares familiares están formados por personas relacionadas por alguna forma de parentesco; hogares nucleares son hogares familiares formados por una pareja conyugal con o sin hijos y/o hijas solteros (as), o por padre con hijos y/o hijas solteras (os), o madre con hijos y/o hijas solteras (os); hogares familiares ampliados son los que están conformados por un hogar nuclear y algún otro pariente; hogares familiares compuestos están formados por un hogar familiar más alguna persona sin relación de parentesco. Los hogares no familiares se forman por personas que no tienen lazos de parentesco; los unipersonales están formados por una sola persona y los hogares de corresidentes por personas sin lazos de parentesco que comparten la misma vivienda.

3 Disponible en http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/ Hogares.pdf, consultado en octubre de 2012

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de diciembre de 2012. — Senadora Martha Elena García Gómez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 considere un incremento a la infraestructura y los servicios turísticos para el desarrollo del estado de Guerrero.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados y el segundo a la Comisión de Turismo.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Sofío Ramírez Hernández, senador del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del honorable pleno del Senado la presente proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El estado de Guerrero es un lugar lleno de historia y tradiciones. Es uno de los estados más privilegiados por las riquezas naturales que posee, con una diversidad de playas, montañas, bosques e infinidad de ecosistemas que lo hacen único.

Este día compañeros legisladores, quiero hacer una pequeña radiografía de mi estado, destacando sus principales características, la entidad ha sido semillero de grandes literatos como Juan Ruiz de Alarcón, nacido en Taxco a finales del siglo XVI.

Por lo que hace a su historia durante la etapa de la Independencia, Guerrero es un territorio importante desde diversas aristas, un hecho trascendente fue la expedición de la Constitución de Apatzingán en 1814, primer documento en la historia del constitucionalismo mexicano. Otro hecho histórico es la firma del Plan de Iguala o de las tres garantías (independencia, libertad y religión) que realizaron Iturbide y Guerrero.

Por lo que hace a sus características geográficas, Guerrero es uno de los estados de la República Mexicana con más caudales hidrológicos; ocupa el duodécimo sitio en cuanto a disponibilidad acuífera, su aprovechamiento es de 602,626 millones de metros cúbicos.

Conforme a los resultados del segundo Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Guerrero tenía hasta entonces un total de 3 millones 388 mil 768 habitantes, por lo que ocupa el lugar décimo segundo a nivel nacional; el municipio más poblado es Acapulco de Juárez con 789 mil 971 habitantes, y el que tiene menos habitantes es Juchitán con un total de 7 mil 166 habitantes.

Es necesario considerar las condiciones de pobreza en que, dolorosamente se encuentra la entidad, el cual  ocupa el tercer lugar a nivel nacional, superado sólo por Chiapas y Oaxaca, en este estado se localiza una de las zonas más pobres de México, la Región de la Montaña, donde se ubica el municipio más pobre de México, Cochoapa el Grande.

La migración es un fenómeno que ya forma parte de la vida de Guerrero, ya que cada año 73 mil guerrerenses emigran a Estados Unidos; por lo que hace a este penoso fenómeno, Guerrero ocupa a nivel nacional el primer lugar en migración interna y el quinto en migración externa.

Por lo que hace a sus actividades económicas en el sector agrícola se producen importantes cantidades de granos, leguminosas y frutas; los productos agrícolas, principalmente los tropicales, van no sólo a los mercados nacionales, sino también al extranjero, principalmente a Estados Unidos.

La ganadería se lleva a cabo más en la Costa Chica; en los municipios de las costas se desarrolla la pesca, como una actividad principalmente de manutención. Sus principales puertos pesqueros son Zihuatanejo y Acapulco.

Por lo que hace a los productos del sector artesanal son apreciados tanto en el interior de México como en el extranjero; esta actividad económica se localiza en Olinalá, Zitlala, Xochistlahuaca, Taxco y Tetipac.

El sector turístico es la actividad económica que más recursos deja a la entidad, 30.689.750 pesos al PIB total del estado, y emplea a 140.000 trabajadores. Entre sus atractivos turísticos, a parte de las playas, se encuentran las grutas de Juxtlahuaca, Oxtotitlán y las Grutas de Cacahuamilpa.

Todo ello, le dio la oportunidad de ser anfitriones de diversos promotores del sector turístico, desde hace más de treinta y seis años, Guerrero sirvió de cuna para el reconocido tianguis turístico. Este es un evento comercial donde los expositores ofrecen una gran gama de productos, servicios y paquetes turísticos mexicanos, invitando a los compradores de los tour operadores y agencias de viajes mayoristas, atractivas promociones que permiten por un lado, una mayor derrama económica y por el otro, la promoción de las principales zonas turísticas de toda la República Mexicana.

Durante muchos años ha sido el mejor escenario para aquellos dedicados a la industria de los productos y servicios turísticos mexicanos. Este exitoso modelo fue inspiración para eventos similares realizados en Latinoamérica y el evento catalogado como el segundo más grande del mundo, el Fitur en Madrid, España.

Por otro lado, es una realidad que en la última década, se ha venido desvirtuando la parte comercial y este evento de promoción comercial ha dejado de ser atractivo para aquellos dedicados al sector turístico.

Para el estado, el tianguis turístico es determinante para el desarrollo de su economía, ya que la derrama que deja a los lugareños representa un porcentaje importante de ingresos. Uno de los principales motivos en los que se han fundado para tomar la decisión de trasladar a otra entidad este importante evento, es que Acapulco ha dejado de ser la mejor cara de turismo en México, justificándose en los altos índices de inseguridad que se viven en el puerto, sin embargo les puedo decir compañeros legisladores que el gobernador del estado y el presidente municipal del puerto han tomado como uno de los principales asuntos el tema de la seguridad en el Estado y en especifico en el puerto.

Si bien es cierto se ha decidido cambiar de ciudad el evento, también es cierto que durante la gira de campaña que realizó el ahora titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, externó: Vamos a trabajar para recuperar y potencializar y modernizar el Acapulco tradicional que ha perdido esplendor (...) Vamos a recuperar el tianguis turístico pero también lo vamos a compartir con otros destinos. Hoy vengo a comprometerme a Acapulco, que de llegar a la Presidencia de la República devolvamos el tianguis turístico a los acapulqueños.

En ese tenor, estamos conscientes de la importancia que reviste a cada estado este importante evento y al mismo tiempo de la derrama económica que el tianguis representa para su anfitrión.

Es necesario considerar una inversión turística de aproximadamente 90 millones de pesos que permitan generar una derrama económica alrededor de 200 millones de pesos; es decir la derrama económica será una cifra superior en un 25 por ciento a la obtenida en el 2012 cuando se celebró en la sede compartida Puerto Vallarta-Riviera Nayarit.

La inversión del gobierno federal deberá ser de por lo menos 35 por ciento del total (35 millones de pesos aproximadamente); y la administración guerrerense aportará el importe restante, es decir, entre 40 y 45 millones  de pesos.

Los recursos que se asignen se destinarán a obras de infraestructura y a operaciones propias del evento, pero sobre todo enfocadas a la promoción en medios electrónicos y redes sociales.

Además junto con los municipios, habrá una inversión vinculada al turismo por concepto de imagen urbana por más de 1,000 millones de pesos.

Sobre todo para recuperar el papel que se ha tenido en el pasado y ofrecer una excelente imagen y proyección del estado a los más de 33 países participantes; entre ellos Estados Unidos de América, así como de Asia y América Latina. Se estima concretar 35 mil citas de negocios y contar con alrededor de mil 550 compradores tanto nacionales como internacionales.

Por lo antes expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Prepuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2013 considere un incremento a la partida que corresponde a infraestructura y servicios para el desarrollo del estado de Guerrero y una detonación del sector turístico.

Segundo. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a cumplir con el compromiso firmado con los guerreases de devolver el evento denominado “tianguis turístico”, a fin de promocionar la industria turística de todas las entidades federativas que conforman los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en la honorable Cámara de Senadores, a once de diciembre de 2012.— Senador Sofío Ramírez Hernández (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo relativo al decreto emitido por el ex presidente de la República por el que se modifica la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y diversos relacionados con la materia.

La presidencia dispuso que el primer, segundo, tercer y quinto resolutivo de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnaran a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, y el cuarto la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, senador de la República en la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo al Decreto emitido por el ex titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, por el que se modifica la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y diversos relacionados con la materia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El 23 de noviembre próximo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se modifican tarifas contenidas en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y un diverso por el que se modifican aranceles que se establecen en programas de promoción sectorial;

II. En los considerandos del decreto en comento se establece:

a) Que el 18 de junio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que establece la tarifa con los aranceles aplicables a la importación y exportación de mercancías al territorio nacional;

b) Que es necesario ofrecer a la industria nacional y a los consumidores mexicanos mejores condiciones de acceso a los insumos o bienes no producidos en el país o producidos de forma insuficiente para abastecer el mercado nacional, disponibles en los mercados internacionales, a fin de abatir costos y con ello propiciar su competitividad y mejores precios al consumidor final, por lo que es recomendable modificar el arancel de algunas fracciones arancelarias;

c) Que en el país existen algunas tasas arancelarias muy superiores al promedio mundial, por lo que se estima necesario ajustarlas para aproximarlas a aquéllas que aplican países con nivel de ingreso similar al de México y así, reducir la media y la dispersión arancelaria, lo que mejorará la posición competitiva del país en los mercados internacionales; y

d) Que conforme a lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior, las medidas arancelarias a que se refiere el presente decreto fueron opinadas favorablemente por la Comisión de Comercio Exterior.

III. El decreto ordena reducir los aranceles de importación a 315 productos agropecuarios y 165 del sector químico, lo que representa la mayor apertura comercial desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994.

IV. En atención al decreto, la Secretaría de Economía puso en marcha un programa para ejecutar los contenidos, para lo cual se estableció un calendario de aplicación que establece una apertura gradual, que deberá culminar en 2017 y que en suma recortará de 21.7 por ciento a 14.2 por ciento. El arancel promedio aplicado a las importaciones de productos agropecuarios y de 4.2 por ciento a 4 por ciento los aplicables a productos industriales.

V. Al final del proceso de desregulación arancelaria ya no pagarán tarifas de importación 48 productos agropecuarios, entre estos cebada, malta, cacao, pasta y manteca de cacao, pollitos, huevo fértil, alimentos para ganado, alpiste, alforfón, avena, centeno y arroz partido.

VI. Además se tendrán reducciones relevantes a otros productos agrícolas, entre los que destaca el trigo cuyo arancel pasará de 67 por ciento a 15 por ciento, la papa baja de 245 por ciento a 75 por ciento, la leche en polvo baja de 63 por ciento al 45 por ciento y la cebada que pagaba entre 9 por ciento y 115 por ciento, dejará de pagar aranceles.

VII. La anterior medida que beneficia sobre todo al sector industrial y afecta directamente a los medianos y pequeños productores, se toma a unos días de que termine la administración del presidente Calderón.

VIII. Una parte de la industria alimentaria acaba de ser desnacionalizada. Ahora la cerveza se producirá en México con cebadas y maltas americanas, que dejarán de pagar aranceles, o sea que nos convertiremos en “maquiladores” de cerveza para las empresas transnacionales.

IX. El argumento de que México se ubica como el octavo país más proteccionista no es suficiente: al no proteger la producción primaria, ni a los productores y comercializadores nacionales, estamos entregando el mercado a las grandes exportadoras norteamericanas que reciben subsidios agrícolas en los Estados Unidos.

X. Durante la primera década del siglo XXI la balanza de pagos agropecuaria fue crecientemente deficitaria y la dependencia en la importación de alimentos con respecto a los Estados Unidos es abrumadora. En 2011 las importaciones de maíz desde los Estados Unidos representaron 80.0 por ciento del total, en cereales 86.5 por ciento, en oleaginosas 61.8 por ciento, en soya 94.4 por ciento; y en cárnicos y aves que es el producto de mayor consumo nacional, la dependencia también es avasalladora.

XI. Dicho en otras palabras, México depende enteramente para su consumo nacional alimentario del suministro de los proveedores de Estados Unidos, elemento que por definición agudiza la vulnerabilidad existente en este renglón, el cual debe ser parte de la agenda de seguridad nacional.

XII. Concluyo mencionando que la medida en comento fue tomada en una etapa de transito de una administración a otra, y sin haberse realizado consulta alguna a los productores potencialmente afectados por la importación de los productos comprendidos en el decreto, por lo que someto a la consideración de esta soberanía el siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República manifiesta un extrañamiento al ex presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, y al ex secretario de Economía, licenciado Bruno Ferrari García de Alba, por la inoportunidad de la medida que reduce los aranceles a productos agropecuarios y el daño que significa para los productores mexicanos.

Segundo. El Senado de la República con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita la comparecencia del secretario de Economía de la administración entrante, para que explique a esta soberanía las medidas compensatorias que se tomarán para paliar el daño a los productores mexicanos.

Tercero. El Senado de la República, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Secretaría de Economía, información puntual y sustentada sobre los efectos que la medida tiene en la balanza agroalimentaria, en la inflación nacional y en los precios de referencia de los productos que se eximen de aranceles.

Cuarto. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que en uso de la facultad que señala el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, un programa especial emergente para estimular la producción de cebadas, maltas, avena, trigo, maíz, alpiste, huevo, pollitos y cacao, para que los productores mexicanos estén en condiciones de competir.

Quinto. El Senado de la República exhorta a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación entrantes, para que se establezcan las condiciones de operación inmediata del programa emergente de producción de cebadas, malta, avena, trigo, maíz, alpiste, huevo, pollitos, cacao y sus derivados, para reducir los volúmenes de importación de estos productos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 11 días de diciembre de 2012.— Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo con relación a la operatividad del componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua en el Distrito Federal.

La Presidencia dispuso que el primero y segundo resolutivos de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión del Distritito Federal y el tercero a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, senador de la República en la LXII Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de la asamblea, la siguiente: Proposición con punto de acuerdo con relación a la operatividad del componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) en el Distrito Federal, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación entre sus múltiples atribuciones, es la dependencia responsable de articular las Reglas de Operación de diversos Programas a su encargo.

Por lo anterior, el pasado 30 de diciembre de 2011 publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que incluye los lineamientos a seguir para obtener los recursos designados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 al componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.

El componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua deriva del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales operado por la Sagarpa. El objetivo específico del componente COUSSA consiste en contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados en la producción primaria mediante el pago de apoyos y servicios que permitan a los productores rurales desarrollar proyectos integrales que consideren el cálculo, diseño y ejecución de obras  y prácticas para un aprovechamiento adecuado de sus recursos, garantizando así su conservación y beneficio  futuro en favor de las nuevas generaciones de productores rurales.

Los apoyos y servicios que se proporcionan en el marco del COUSSA tienen una cobertura nacional y se dirigen a personas físicas o morales que se dedican a diversas actividades de producción agrícola y pecuaria, sin embargo la Sagarpa realiza de cada entidad federativa una clasificación de los municipios o localidades que necesiten de mayor prioridad según el grado de deterioro, escasez o sobreexplotación de sus recursos productivos primarios.

Las Reglas de Operación adicionalmente señalan que:

I. El anexo XLIX de las Reglas de Operación de la Sagarpa nos señala en primer término que las delegaciones Álvaro Obregón, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco serán las entidades beneficiarias de los apoyos en el marco del COUSSA 2012.

II. Las autoridades o instancias ejecutoras, es decir, a quienes se les otorga la responsabilidad de operar algunos de los programas o componentes y el ejercicio de los recursos públicos federales del COUSSA serán: a) Unidad administrativa de la estructura central de la SAGARPA (Delegaciones estatales); b) órganos administrativos desconcentrados; c) Entidades Federativas; d) Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario en los Estados.

III. El pasado 23 de Julio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de la SAGARPA 2012, mismo en el que se establece que la Unidad Responsableserá la Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias de la Secretaría, en substitución de la Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural.

Lo descrito en la fracción II permite un trato diferenciado para el caso del Distrito Federal, en virtud de que los recursos públicos federales rubricados para el componente COUSSA DF, se asignan vía delegación de la Sagarpa en la Ciudad de México y no directamente como sucede con las entidades federativas.

Es importante que se corrija esta situación porque en el Distrito Federal desde que se aplica el COUSSA (2008-2012), han sido atendidas en superficie 6 mil 731 hectáreas con obras de conservación de suelo y de agua una capacidad de almacenamiento 561 mil 493 metros cúbicos, es decir, que el impacto del apoyo hacia las localidades beneficiarias posibilita el mejoramiento de las condiciones de vida de miles de habitantes.

De acuerdo a la Memoria Documental del componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 2008-2012, en el Distrito Federal se benefició a 7 delegaciones, 31 localidades y 1 mil 471 personas en el año 2009; 5 delegaciones, 9 localidades y 208 personas en el año 2010; 6 delegaciones, 28 localidades y 1 mil 821 personas en 2011. Resultando un total de 3 mil 500 personas favorecidas.

La Cámara de Diputados reconoció la importancia que tiene para los municipios o localidades el apoyo que brinda el COUSSA y por ello, etiquetó una partida presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 para el COUSSA en el Distrito Federal de 400 millones de pesos.

No obstante los esfuerzos y los recursos (económicos y humanos) que se han realizado para fortalecer la operatividad del programa no representaron lo esperado en el caso del Distrito Federal. Se afirma la expresión, en razón de la falta de la delegación de la Sagarpa en la Ciudad de México por no aplicar los 400 millones de pesos del Presupuesto designado para las delegaciones Álvaro Obregón, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Según se informa en el comunicado de prensa 080/12 de la Presidencia de la República, con fecha 7 de febrero de 2012, la delegación de la secretaría en comento invirtió 188.4 millones de pesos para realizar obras dentro del componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA).

Mencionan que en la primera etapa se liberaron más de 55 millones de pesos para realizar obras de captación y almacenamiento de agua para la conservación del suelo en zonas rurales del D.F., bajo el rubro del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.

Sin embargo lo anterior adolece de plena certeza, pues al realizar una consulta directa con las personas encargadas del seguimiento al COUSSA en el DF, detallaron que la delegación de la Sagarpa, se negó a la firma del convenio correspondiente tal y como lo establece el artículo 34 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012.

Lo más preocupante es que pese a los exhortos y esfuerzos constantes de las autoridades del DF, la administración pública federal saliente no asignó los recursos públicos. Necesariamente estamos frente a un esquema sistemático de hacer crecer el subejercicio y mostrar la incompetencia o falta de voluntad de coordinarse con otros órdenes de gobierno en una materia de evidente concurrencia e importancia para los mexicanos.

Resulta preciso en primer término, la aclaración de parte de la autoridad federal sobre el seguimiento real que se le ha dado a los recursos encaminados para diversos proyectos en el Distrito Federal y posteriormente, si es posible revertir los efectos causados por la tardanza o negación de las instancias competentes para utilizar los recursos presupuestales.

Por último, es preciso enfatizar en el sentido de que la operatividad del COUSSA también  generan beneficios adicionales como la generación de empleos, basados fundamentalmente en la obra de mano local comprometida con su territorio de origen, tal y como es el caso de diversas localidades de la delegaciones Milpa Alta y Xochimilco. La Sagarpa en este tenor informa que a nivel nacional, con la aplicación del COUSSA se crearon aproximadamente 7.8 millones de jornales.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que transfiera al gobierno de la Ciudad de México, el presupuesto designado para el componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) del Distrito Federal, por la inactividad de la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la Ciudad de México, frente a la operatividad del componente.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que considere en la realización del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa de 2013, la inclusión del gobierno del Distrito Federal o las delegaciones del DF, como instancias ejecutoras o unidades responsables, de manera específica en lo concerniente al componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que siga considerando al gobierno de la Ciudad de México en la asignación de recursos económicos del componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.

Notas:

1 Artículo 40 de las Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa 2012.

2 Ibídem.

3 Entidad o unidad administrativa de la secretaría, incluidos los órganos administrativos desconcentrados, que es responsable de la interpretación para efectos administrativos del programa y/o componente y del control supervisión y seguimiento de los programas o componentes a que se refieren las Reglas de Operación, y aquella designada por el titular de la secretaría y que dará a conocer mediante aviso en la página de internet de la misma.

4 Memoria Documental del Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua 2008-2012, Sagarpa.

5 Ramo 08 del Anexo 8 referente al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de diciembre de 2012.— Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se aseguren recursos económicos para diversos proyectos de infraestructura a realizarse en el municipio de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, senador de la república en la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se aseguren recursos económicos para diversos proyectos de infraestructura a realizarse en el municipio de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El Banco Mundial informa que la infraestructura determina en cierta medida el éxito de las actividades manufactureras y agrícolas. Las inversiones en agua, saneamiento, energía, vivienda y transporte también mejoran la calidad de vida y ayudan a reducir la pobreza.

II. Por su parte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su informe La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe nos dice que la infraestructura abarca un conjunto de estructuras de ingeniería, equipos e instalaciones de larga vida útil, que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios para los sectores productivos y los hogares.

Sobre el particular, abunda en el caso de México con indicadores subjetivos de calidad de infraestructura. De acuerdo con un ranking sobre 139 países, en calidad de infraestructura en general obtuvimos en el periodo 2010-2011 la posición número 79; en calidad de carreteras 62; calidad de infraestructura ferroviaria 76; calidad de infraestructura portuaria 89; calidad aeroportuaria 65; calidad de la oferta eléctrica 91; líneas de telefonía fija 72 y líneas de telefonía móvil 93.

III. El Foro Económico Mundial considera diversos factores para incrementar la productividad de un país, mismos que clasifica en 12 pilares y se dividen en 3 secciones. Entre los pilares señalados, se encuentra la infraestructura.

En el Informe Anual de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial se detalla que en el rubro de infraestructura nuestro país mantuvo su calificación de 4.0 mismo índice que obtuvo en el período 2011-2012. Situación que le permitió colocarse en la posición 68 de un total de 144, descendiendo 2 lugares respecto al 2011-2012.

IV. En el orden federal, atendiendo al contexto señalado, se da a notar que México a pesar de los esfuerzos realizados sigue presentando asignaturas pendientes en el ámbito de inversión para la infraestructura y el desarrollo.

Además, en los órdenes de gobierno estatal y municipal, subsisten los obstáculos para hacer llegar recursos económicos para invertir en infraestructura, agenda de vital importancia que contribuye a disminuir las desigualdades de oportunidades para la población, a la vez que se generan directa e indirectamente la creación de empleos.

V. No obstante las adversidades que se presentan en el desarrollo de infraestructura, diversos municipios del país pugnan desde el ámbito de su competencia para hacer llegar sus propuestas de creación, mejoramiento o reparación de caminos, puentes, canales de riego, presas, entre otras obras que representan verdaderos insumos en las actividades productivas y comerciales, turísticas o de alta concentración de la industria manufacturera.

Un ejemplo de ello, lo presentan diversos municipios del estado de Hidalgo. En la región del Valle del Mezquital, los municipios de Ixmiquilpan, Tasquillo, Cardonal, Tecozautla, Chilcuatla y San Salvador, además de contar con una mayor superficie territorial respecto a otros municipios del estado y concentración de población, en ellos se desarrolla la industria turística a grandes pasos, dando empleo a vecinos de San Luis Potosí, Querétaro y estado de México.

VI. El municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi, tiene una población total de 86 mil 363 personas, de las cuales 45 mil 623 son mujeres, y 40 mil 740 son hombres. Asimismo, entre la población se tiene registro de que 31 mil 5 personas hablan lengua indígena, lo que representa una concentración importante de población indígena respecto a todo el estado de Hidalgo.

Además en Ixmiquilpan, Hidalgo, presentan rezagos importantes en la prestación de servicios de beneficio colectivo, como el de agua potable, drenaje sanitario y pavimentación de calles, resultado de la insuficiencia de recursos financieros para atender las necesidades que genera la rápida expansión de la ciudad y la dispersión de localidades rurales.

Derivado de la problemática mencionada, el ayuntamiento de Ixmiquilpan de acuerdo con Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016, plantea como objetivo general tener un municipio ordenado, competitivo y sustentable que mejore las condiciones de vida tanto de la población que reside en el municipio, como de la población de los municipios con los que colinda, debido a ser el centro del flujo económicos de la región, a través de la dotación de servicios de infraestructura para un mejor desarrollo humano que estimule las ventajas económicas del municipio y su región.

VII. Para lograr el cumplimiento de tal objetivo, entre las estrategias o acciones destacan:

 •Inducir con un programa permanente la pavimentación de los principales accesos viales a las localidades y colonias del municipio.

•Impulsar un programa de reencarpetamiento de las principales calles del centro histórico de la ciudad.

•Programar las obras y servicios públicos de manera priorizada con las delegaciones municipales.

•Impulsar el estudio y utilización de nuevas tecnologías para el mantenimiento del pavimento.

•Proyectar nuevas vialidades que le den opciones reales de desarrollo a todo el municipio, incluyendo el libramiento norte de Ixmiquilpan.

•Dar mantenimiento de pavimentación (incluyendo bacheo, riego de sello, reconstrucción de pavimento de asfalto y construcción de pavimento de concreto).

•Respecto a Infraestructura vial, desarrollo de un sistema de administración de pavimentos, así como la construcción y operación de redes de ciclo vías y rutas peatonales.

Para la realización de tales proyectos, se tienen aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cuentan con clave de cartera o folio un total de 24 proyectos de inversión para infraestructura y 5 proyectos que sólo cuentan con estudios técnicos.

El proceso para obtener dicha clave no es menor, se emprenden una serie de procesos que ameritan el cumplimiento de numerosos requisitos y comprobaciones, de ahí la importancia de asignar recursos desde la Cámara de Diputados para permitir que la ejecución de obra sea considerada como insumo para la formación de polos de desarrollo y generación de empleos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 74 fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, asigne recursos a diversos proyectos de infraestructura en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, mismos que ya cuentan con todos los requisitos establecidos por ley.

Nota:

1 Cabe señalar que en la evaluación del 2011-2012 participaron un total de 142 países, mientras que en el 2012-2013 fue de 144.

Salón de sesiones, a 11 de diciembre de 2012.— Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Marcela Torres Peimbert, Gabriela Cuevas Barron, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Salvador López Brito, Martín Orozco Sandoval, Luz María Beristáin Navarrete, Mario Delgado Carrillo, Sofío Ramírez Hernández, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Benjamín Robles Montoya, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Víctor Hermosillo y Celada y Dolores Padierna Luna, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Presidencia dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Marcela Torres Peimbert, Mario Martín Delgado Carrillo, Gabriela Cuevas Barron, Ernesto Ruffo Appel, Javier Corral Jurado, Víctor Hermosillo Celada, Luis Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Salvador López Brito, Martín Orozco Sandoval, Luz María Beristaín, Mario Martín Delgado Carrillo, Sofío Ramírez Hernández y Ángel Benjamín Robles Montoya, senadores de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8o., numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Esta iniciativa se presenta con el aval de los siguientes diputados (37 en total):

Heberto Neblina Vera, Fernando Rodríguez Doval, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Juan Carlos Uribe Padilla, José Ángel González Serna, Juan Carlos Muñoz Márquez, Karina Labastida Sotelo, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Eufrosina Cruz Mendoza, Enrique Alejandro Flores Flores, Martha Leticia Sosa Govea, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Carlos Alberto García González, Juan Pablo Adame Alemán, María Teresa Jiménez Esquivel, Omar Antonio Barboa Becerra, Leslie Pantoja Hernández, María Isabel Ortiz Mantilla, José de Jesús Oviedo Herrera, Andrés de la Rosa Anaya, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Mario Alberto Dávila Delgado, Alberto Díaz Trujillo, Glafiro Salinas Mendiola, Julio César Lorenzini Rangel , José Guillermo Anaya Gómez, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Laura Barrera Fortoul, Francisco Javier Fernández Clamont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rosario Pariente Gavito, Rubén Acosta Montoya, Bárbara Romo Fonseca, Felipe Arturo Cámara, Ruth Zavaleta Salgado, Analilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Roberto López González del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

(Se anexan firmas)

A. Base constitucional.

El derecho a la protección de la Salud, como uno de los derechos sociales de contenido prestacional por definición, implica que el Estado debe desarrollar una serie de acciones positivas (de hacer) que busquen resguardar la salud de su población, o bien, repararla cuando ha sido afectada.

Así, el artículo 4 constitucional en tanto dispone que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud (...)”, hace que “el legislador, al llevar a cabo delimitaciones de las esferas individuales exigidas por los derechos de protección, configura(e) una parte decisiva del orden jurídico y, con ello, una parte esencial de la vida social”,por lo que lo obliga a establecer normas que permitan tal protección, mismas que no pueden ser solamente vinculadas con el acceso a los servicios de salud, sino a crear las condiciones para que la población, en el desarrollo normal de sus actividades, pueda ver protegido dicho derecho fundamental.

De ahí que la protección a la salud sea una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos y represente una de las claves del Estado de bienestar, al obligarlo a la creación de políticas públicas tendientes a hacerlo efectivo, como lo son, incluso, las de carácter tributario.

Al respecto, es necesario tener presente lo que se entiende por Salud, ya que todas las acciones del Estado deben, como ya se mencionó, tender a mantenerla. Así, la salud implica, de acuerdo con lo señalado por la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria a la Salud, “el estado de completo bienestar físico, mental, y social y no solamente como ausencia de afectaciones o enfermedades (...)”, de ahí que todas las normas emitidas por el poder legislativo deben contribuir a su mantenimiento y protección.

Lo anterior, se confirma, incluso, con lo dispuesto en el párrafo 56 de la Observación General número 14 al artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que establece que los Estados deben adoptar una legislación marco para dar mayor efectividad a la estrategia nacional que deben dictar para hacer realidad el derecho a la salud.

De igual forma y a nivel interamericano, tenemos que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce (artículo XI) que “toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.

Como puede observarse, la creación de normas que permitan la efectiva protección a la salud no puede entenderse solamente vinculada con la materia sanitaria, sino a otras, como la tributaria, particularmente con la intención de establecer contribuciones que, por un lado, inhiban conductas nocivas para la salud y, por otro, ante su realización, generen recursos para satisfacer los gastos para su atención.

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación así ha comprendido el derecho a la protección de la salud, al establecer que éste es “una responsabilidad social que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso”.

De ahí que pensar que el establecimiento de contribuciones que permitan cumplir con dicha función debe ser vista como una política de Estado, esto es, la política impositiva con un fin eminentemente social, en este caso, vinculada con el derecho a la salud y a su protección.

B. El impuesto especial sobre producción y servicios, como impuesto con fines fiscales y extrafiscales en materia de salud pública.

La obligación del Estado de satisfacer los gastos públicos, entre ellos, los vinculados con la protección a la salud, constituye una tarea esencial, no sólo para hacer efectivo el derecho a la salud, sino para crear condiciones que permitan su protección. Por ello, la necesidad de establecer contribuciones que generen los ingresos que permitan solventar tales gastos y, de manera paralela, que inhiban conductas nocivas a la salud, es una herramienta fundamental. Máxime si consideramos que nuestro país requiere de más recursos tributarios, especialmente no petroleros (para evitar estar sujeto al comportamiento volátil de los mismos), que le permitan sufragar esos y otros gastos.

De ahí que pensar en un aumento en impuestos indirectos, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que por definición tiene una función recaudatoria, y que además permite cumplir con una finalidad extrafiscal, dependiendo del objeto del gravamen, como lo es inhibir el consumo de ciertos productos que pueden generar un problema de salud pública (como refrescos o bebidas con alto contenido de azúcares, por ejemplo), resulta ser un mecanismo idóneo para cumplir con los objetivos señalados, esto es, lograr una mayor recaudación de ingresos tributarios y evitar el consumo de productos que atentan contra la salud pública del país.

Además, se trata de un impuesto de fácil recaudación, administración, manejo y control por parte de las autoridades fiscales, ya que la forma en que se entera se realiza a través de pocos contribuyentes que auxilian a la administración tributaria.

En este sentido, el establecimiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre refrescos y bebidas azucaradas, no sólo permitiría una mayor recaudación para sufragar el gasto público de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios (dado el carácter participable y de asignación directa que tiene el citado impuesto), sino que sería un instrumento para inhibir el consumo de tales bebidas, ya que se ha comprobado que un aumento en su precio incide directamente en una disminución en su consumo (se trata de un producto con una demanda elástica en términos económicos).

C. El sobrepeso y la obesidad como problema de Salud Pública en México.

En México, el sobrepeso y la obesidad representa uno de los mayores problemas de salud pública, ya que el 39.05% de la población tiene sobrepeso y 32.15% obesidad, incrementándose substancialmente el riesgo de sufrir enfermedades como diabetes y cáncer.

Al respecto, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los niños en edad escolar (ambos sexos), de 5 a 11 años, presentaron una prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de 34.4%, 19.8% para sobrepeso y 14.6 para obesidad, mientras que en los adultos la prevalencia combinada es de un 73% para las mujeres y 69.4% para los hombres.

Estos problemas de salud pública tienen como una causa central el consumo de refrescos, ya que México es el principal consumidor de éstas bebidas en el mundo. Nuestro país consume un promedio de 163 litros de refresco por persona por año, lo que es 40% mayor que el consumo de un estadounidense promedio (118 litros).

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010, el gasto de las familias mexicanas en bebidas no alcohólicas (incluyendo a los refrescos) representó 5.7% del gasto en alimentos y bebidas. Los hogares mexicanos destinaron la misma cantidad de dinero en refrescos que en carne de res y ternera.

De acuerdo a la investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Stephanie Seneff, una porción de 500 mililitros de refresco contiene 220 calorías, sin aportar ningún tipo de nutrientes. Este volumen de refresco contiene 60 gramos de azúcar, lo que equivale a 12 cucharaditas de azúcar.

Según el artículo “Onzas de Prevención – el Caso de Política Pública para los Impuestos a Bebidas Azucaradas”, publicado por el Dr. Kelly Brownell y el doctor Thomas Friedman en el New England Journal of Medicine, la probabilidad de que un niño sea obeso aumenta 60% por cada porción de refresco (227 ml) que consume al día, al mismo tiempo que se aumenta la probabilidad de padecer diabetes y otras enfermedades relacionadas con el sobrepeso.

En el caso de las mujeres, el consumo de una porción diaria de refresco aumenta en 23% el riesgo de enfermedades del corazón, mientras que incrementa en 35% para las que consumen dos o más porciones al día.

Otro estudio realizado en 2009 por la Universidad de California en Los Ángeles demuestra que los adultos que consumen refrescos de manera ocasional son 15% más propensos a padecer sobrepeso y obesidad. Esta cifra aumenta a 27% si el consumo es de una o más porciones diarias. El estudio señala además que en niños y adolescentes, el sobrepeso y la obesidad están asociados con un mayor riesgo cardiovascular, colesterol alto, presión arterial alta, diabetes, entre otras.

El Centro de Investigación en Salud y Nutrición de la Secretaría de Salud afirma que el aumento en el consumo de refrescos provocó un incremento en los casos de diabetes y obesidad temprana en los niños y jóvenes mexicanos por ser bebidas elaboradas con sacarosa, glucosa y fructosa, mismas que afectan el páncreas y fácilmente llegan a la sangre, integrándose en los tejidos y convirtiéndose en grasa.

De acuerdo a David L. Katz, especialista en medicina interna y preventiva y Director del Centro de Investigación Preventiva de la Universidad de Yale, el consumo de azúcar en exceso puede resultar dañino en cualquiera de sus formas (sucrosa, fructosa, sacarosa, etc.), y brinda sólo calorías vacías, lo que contribuye el aumento de peso, al desequilibrio hormonal, a la resistencia a la insulina y a la diabetes.

El aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad a escala mundial está estrechamente vinculado a una tendencia al aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en grasa y azúcares, incluidos los refrescos y las bebidas azucaradas, que contienen escasas vitaminas, minerales y otros nutrientes.

Asimismo, la obesidad y el sobrepeso tienen un alto costo para el país, no sólo porque 8 de cada 10 muertes en el país son causadas por enfermedades crónicas no transmisibles, relacionadas con estos padecimientos, sino por el creciente gasto que representa para el sistema de salud pública.

En México, el costo total del sobrepeso y la obesidad se duplicó entre 2000 y 2008, pasando de $35,429 millones de pesos a por lo menos $67,345 millones de pesos. Se estima que dicho gasto aumentará a $150,860 millones de pesos en el año 2017, equivalente a cinco veces el presupuesto de la UNAM para 2012 ($32 mil millones de pesos).

De igual forma, el costo indirecto estimado por la pérdida de productividad por muerte prematura provocada por la obesidad fue de $25 mil millones de pesos en 2008, el cual tiene un crecimiento anual de 13.51%. Si este problema no se soluciona mediante programas y políticas públicas de prevención y disminución de los factores obesogénicos, este costo alcanzará los $73 mil millones de pesos en 2017, equivalente al PIB de estados como Nayarit y Colima, lo que afectará a aproximadamente 68 mil familias por año.

Según el estudio “Impacto del cambio del consumo de bebidas azucaradas en la ingesta calórica en niños y adolescentes”, del Centro Nacional de Información en Biotecnología de los Estados Unidos de América, el reemplazo de bebidas azucaradas por productos libres de energía está relacionado con la reducción de la ingesta calórica, por lo que representa una estrategia clave para eliminar el exceso de calorías y prevenir la obesidad. Los resultados de este estudio indican que por cada porción adicional (230 mililitros) de bebidas azucaradas, manteniendo las otras bebidas constante, corresponde un incremento de 106 kcal por día. Por otro lado, no se vio ningún incremento neto en el consumo energético total en el caso del agua (8 kcal/d). El estudio concluye que el reemplazo de bebida azucarada con agua ayudaría a disminuir la ingesta calórica en 235 calorías al día.

Los líquidos tienen una falta absoluta de compensación dietética, lo que sugiere que el organismo no registra la ingestión de energía a partir de bebidas para luego regular el apetito y la ingestión de alimentos. Durante el periodo de 1999-2006 se duplicó el consumo de energía a partir de bebidas en todos los grupos de edad. Se recomienda el consumo de bebidas con azúcar y bajo contenido de nutrimentos (refrescos, jugos, aguas frescas y café con azúcar) sólo de manera esporádica y en porciones pequeñas, ya que proveen excesivas calorías y ninguno o muy escaso beneficio nutricional. Dada la baja saciedad que producen las bebidas, su efecto neto es un aumento del consumo de energía y por lo tanto la obesidad.

La licenciada en Nutrición Guadalupe Elsa Quijano Romo, jefa de Nutrición del Hospital General de Zona No. 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizado en la Ciudad de México, ratifica que las calorías vacías no ayudan al desarrollo ni al crecimiento de los seres humanos, y solamente se convierten en un riesgo para la salud. Además, asevera que debido al alto consumo de calorías vacías que existe en México nos hemos convertido en uno de los países con mayor obesidad en el mundo, sin olvidar que la población con enfermedades crónico degenerativas (de larga duración y que se agravan con el tiempo) como diabetes (incremento en la concentración de azúcar en sangre debido a la incapacidad del organismo para utilizarla), hipertensión (presión arterial elevada), hiperlipidemia (altos niveles de grasa en sangre) y problemas circulatorios aumenta permanentemente.

D. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre refrescos y bebidas azucaradas como instrumento recaudatorio e inhibidor de conductas nocivas para la salud pública.

En virtud de la situación descrita en el punto anterior y considerando las bases constitucionales señaladas, así como la factibilidad de utilizar instrumentos de política fiscal, como el establecimiento de contribuciones, con la presente Iniciativa, se pretende dotar al Estado de mayores recursos para hacer frente a los gastos del sector salud que se derivan del sobrepeso y la obesidad, y, por lo tanto, para estar en posibilidad de dar una atención médica a los afectados y desincentivar el consumo de refrescos y bebidas azucaradas, como medida de carácter extrafiscal.

Este tipo de gravámenes dan la oportunidad a los gobiernos de procurar un bien público (la salud pública) y también un beneficio al erario (mayor recaudación).

En este sentido, resultan aplicables, por analogía, las aseveraciones contenidas en la sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en Revisión 1088/2007 y que condensan en la siguiente tesis de Jurisprudencia:

“Producción y servicios. El fin extrafiscal pretendido al gravar con una tasa mayor los tabacos labrados a granel es distinto e independiente de la facultad del congreso de la unión para imponer el impuesto especial relativo.

El artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la facultad del Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público, con base en la cual se estableció el tributo por la enajenación e importación de los bienes señalados en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Ahora bien, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, el legislador estableció una tasa impositiva mayor para los tabacos labrados a granel en relación con otros productos, con la finalidad de desalentar su consumo, es decir, con la indicada medida no atendió al propósito de todo impuesto de contribuir al gasto público, sino al fin extrafiscal consistente en desincentivar el consumo de un producto nocivo para la salud, lo cual es distinto e independiente de la facultad del Congreso de la Unión para imponer el tributo respectivo, pues si bien el impuesto especial sobre producción y servicios tiene un fin recaudatorio, éste es distinto al hecho de que pretenda desincentivarse el consumo del tabaco, lo que se logra mediante la imposición de una tasa alta, no por el tributo en sí.”

De igual forma, resultan aplicables, igualmente por analogía, las tesis que enseguida se transcriben, por resultar ilustrativas:

“Contribuciones. Fines extrafiscales.

Además del propósito recaudatorio que para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios tienen las contribuciones, éstas pueden servir accesoriamente como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico del país, mientras no se violen los principios constitucionales rectores de los tributos.

Contribuciones. Los fines extrafiscales no pueden justificar la violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La existencia de un fin extrafiscal, entendido éste como un objetivo distinto al recaudatorio que se pretende alcanzar con el establecimiento de una determinada contribución no puede convertirse en un elemento aislado que justifique la violación a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados por el artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental. Los fines extrafiscales son exclusivamente otros elementos que debe analizar el órgano de control para determinar la constitucionalidad o no de un determinado precepto.”

De donde se desprende la facultad del legislador para establecer contribuciones y expedir, entre otras, las leyes que resulten indispensables para encauzar y fomentar el desarrollo económico del país, así como para lograr una más justa distribución de la riqueza. Cabe precisar que los fines extrafiscales se alcanzan no únicamente mediante el establecimiento de contribuciones, sino también con las exenciones.

En efecto, el fin extrafiscal perseguido y que justifica el establecimiento del gravamen que más adelante se propone, es lograr una reducción en el consumo de refrescos y bebidas azucaradas y, por lo tanto, de todos los costos públicos que en materia de salud se asocian al mismo.

E. Contenido de la iniciativa

Por ello, mediante la presente Iniciativa se propone, fundamentalmente: i) establecer un impuesto a los refrescos y bebidas azucaradas, y ii) establecer que los recursos tributarios recaudados por este concepto se destinen a satisfacer los gastos que provocan las enfermedades originadas por su consumo, a través del Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley del Coordinación Fiscal.

A continuación se detallan tales propuestas:

I. Establecimiento del gravamen

Se estima necesaria la aplicación de un impuesto especial ad valorem del 20% sobre el precio de venta al público en general de cualquiera de las siguientes bebidas y productos para producir bebidas que se encuentren endulzados con azúcares y por lo tanto tengan un aporte calórico: aguas naturales y minerales gasificadas; refrescos; concentrados, polvos, jarabes; esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, ya que, como se mencionó, el contenido de éstas en tales bebidas es una de las principales causas de sobrepeso y obesidad.

Al respecto, además de la definición que se propone de refrescos, se contempla la definición de “azúcares”, de conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria, con el objeto de precisar de manera clara cuál es el objeto del gravamen.

Asimismo, es necesario mencionar que este gravamen encuentra sustento, incluso, en lo establecido en el artículo XX, inciso b, del Acuerdo General en materia de Aranceles y Comercio (GATT), al establecer que:

“(...) ninguna disposición del presente Acuerdo [el GATT] será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas: (...)

b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales; (...).”

Lo anterior, ya que la medida tributaria que se propone tiene como explicación y justificación la protección de la salud pública en México, dado el contexto descrito en el capítulo respectivo de la presente iniciativa, por lo que no debe tomarse como una medida que atenta contra los compromisos internacionales suscritos por nuestro país. Además, la medida aplica a todos los refrescos, según la definición que se propone, y bebidas que contienen azúcar, con independencia del tipo de ésta.

En este sentido, si bien, el principal objetivo del impuesto a refrescos y bebidas azucaradas es desincentivar el consumo de estos productos al estar relacionados con un aumento en los índices de sobrepeso y obesidad, la recaudación que podría generar con el gravamen propuesto, según la Dra. Arantxa Colchero, Investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública,, tomando como base la tasa propuesta por cada litro de refresco, ayudaría a disminuir el consumo de estos productos de 163.3 litros por persona al año a 120.9 litros.

Hay que recordar que la demanda de refresco en México es elástica, por lo que incrementar los impuestos desincentivaría el consumo de estos productos y fortalecería la capacidad recaudatoria del país.

El impuesto recaudaría, según la citada Doctora, cerca de $22 mil 861 millones de pesos, lo que permitiría al gobierno destinarlos al sector salud, o bien, a introducir bebederos de agua potable en las escuelas y espacios públicos, además de la implementación de programas en contra de la obesidad y el sobrepeso.

El impuesto ayudaría, según la doctora Colchero, a reducir en 12 por ciento la prevalencia de diabetes en el país, así como a disminuir en 26 por ciento los costos de nuevos casos de diabetes en los próximos 10 años. Esto reduciría el costo directo de la atención médica de enfermedades relacionadas con la obesidad de $42 mil mdp a $35 mil mdp.

Además, el impuesto no implica una carga financiera desproporcionada para las familias de menores recursos, ya que el gasto en refrescos como proporción del gasto en alimentos es similar al desagregar la información por quintil de ingreso, disminuyendo en la misma proporción el consumo de estos productos.

Ahora bien, considerando la citada incorporación de nuevos bienes al impuesto especial sobre producción y servicios, tales como los refrescos, aguas naturales o minerales, etc., que contengan cualquier tipo de endulzante, y toda vez que los mismos tributarán en el esquema de ad-valorem, contemplado para los bienes gravados por la Ley que nos ocupa, es necesario incorporar dichos conceptos en la mecánica de acreditamiento establecido en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, por lo que se proponen las medidas pertinentes para realizar las adecuaciones respectivas.

Además, establecer un impuesto como el que se propone no es del todo ajeno al sistema tributario mexicano, ya que de 2002 a 2006 se estuvo en vigor en México un impuesto similar, mismo que desapareció por considerarse que resultaba incompatible con los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, al prever que el citado gravamen se pagara solamente sobre refrescos y otras bebidas endulzadas con alta fructuosa, situación que en el caso que nos ocupa no ocurre, ya que el gravamen se prevé para todas las bebidas endulzadas con azúcares en general, sin hacer ninguna distinción entre el tipo de azúcar.

Con independencia de lo anterior, es de destacar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró constitucional el citado gravamen.

De igual forma, la experiencia internacional soporta una propuesta como la que se hace, ya que en distintos países y con diversas modalidades se contemplan gravámenes como el que nos ocupa. Tales países son Rumania, Francia, Grecia, Hungría, Finlandia, Dinamarca y Argelia, así como el Estado de New York, en los Estados Unidos de América.

En razón de los argumentos expuestos, se propone incorporar el gravamen antes mencionado a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

II. Destino de la contribución a un gasto público especial

Por otro lado y por lo que se refiere al fin extrafiscal del impuesto que nos ocupa, se estima que si bien existe un fin recaudatorio en la reforma planteada, el fin extrafiscal de la misma es el más importante, toda vez que permite adoptar medidas para combatir el sobrepeso y obesidad, así como las enfermedades que producen, a través del diseño de una política impositiva que inhiba el consumo de bebidas azucaradas.

En este contexto, la reforma propuesta permite proveer al Estado de mayores recursos que permitan al sector salud hacer frente a los gastos que provocan el sobrepeso y la obesidad considerando que éste representa una de las principales causas prevenibles de diversas enfermedades, así como para continuar o implementar nuevos programas para la prevención, control y tratamiento de dichos padecimientos, o bien, para financiar proyectos de infraestructura hidráulica para generar un mayor acceso a agua potable.

Por ello y considerando que el costo que se genera por los padecimientos asociados al sobrepeso y la obesidad es muy alto para el Estado, se estima necesario que los recursos extraordinarios que se generarían con la reforma planteada se destinen a cubrir estos costos.

Lo anterior, no implica ninguna violación de índole constitucional, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, mediante jurisprudencia, que las contribuciones destinadas a un gasto público especial no violan el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna.

Ello se observa en la Jurisprudencia 106/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, noviembre de 1999, página 26, que establece:

“contribuciones. Las destinadas al pago de un gasto público especial no violan el artículo 31, fracción IV, Constitucional.

Al establecer el precepto constitucional mencionado que los tributos deben destinarse al pago de los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que resida el contribuyente, no exige que el producto de la recaudación relativa deba ingresar a una caja común en la que se mezcle con el de los demás impuestos y se pierda su origen, sino la prohibición de que se destine al pago de gastos que no estén encaminados a satisfacer las funciones y servicios que el Estado debe prestar a la colectividad. Por tanto, si el producto de la recaudación es destinado al pago de un gasto público especial que beneficia en forma directa a la colectividad, no sólo no infringe, sino que acata fielmente lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

En efecto, se considera congruente contar con mayores recursos fiscales que puedan ser canalizados a los rubros que directamente combaten el sobrepeso y la obesidad, dado el problema de salud pública que representa en nuestro país, en esta caso, a través del Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal.

Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 29/2008, que:

“...la garantía de los gobernados de que los tributos que paguen se destinarán a cubrir el gasto público conlleva a que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o de gastos generales, según la teleología económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal, que garantiza que no sean destinados a satisfacer necesidades privadas o individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y público que marca dicha Constitución, ya que de acuerdo con el principio de eficiencia -que es inmanente al gasto público-, la elección del destino del recurso debe edificarse, esencialmente, en cumplir con las obligaciones y aspiraciones que ese ámbito describe la Carta Fundamental.

De modo que una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, pues es lógico que al aplicarse para satisfacer necesidades sociales se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos individuos, pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si únicamente se colman tales necesidades de una persona no podría traer como consecuencia un beneficio colectivo o social; (...)”

Al respecto, emitió la Jurisprudencia del Pleno No. 15/2009, cuyo rubro y texto establecen:

Gasto público. El principio de justicia fiscal relativo garantiza que la recaudación no se destine a satisfacer necesidades privadas o individuales.

El principio de justicia fiscal de que los tributos que se paguen se destinarán a cubrir el gasto público conlleva que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o generales, según la teleología económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que no sean destinados a satisfacer necesidades privadas o individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y público que marca la Ley Suprema, ya que de acuerdo con el principio de eficiencia -inmanente al gasto público-, la elección del destino del recurso debe dirigirse a cumplir las obligaciones y aspiraciones que en ese ámbito describe la Carta Fundamental. De modo que una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, porque es lógico que al aplicarse para satisfacer necesidades sociales se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos individuos, pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si únicamente se colman necesidades de una persona ello no podría traer como consecuencia un beneficio colectivo o social.

Ahora bien, respecto de esta propuesta, es decir, de destinar los recursos que se recauden por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a refrescos y bebidas azucaradas, a cubrir los gastos que genera la atención a padecimientos como el sobrepeso y la obesidad, así como a las enfermedades que derivan de ellos, se estima necesario señalar que tampoco se vulnera la autonomía financiera de las entidades federativas, ya que los recursos que tendrán ese destino específico serán los que resulten después de aplicar tanto la asignación directa como el monto participable del mismo, de conformidad con la Ley del Coordinación Fiscal.

En otras palabras, no se propone ninguna ‘etiqueta’ de los recursos que por disposición legal les corresponden y que altere la libertad de gasto que poseen las entidades federativas, demarcaciones políticas y los ayuntamientos, sino simplemente a nivel Federal, con los recursos que le corresponden a la Federación, se destinen a cumplir con el objeto señalado.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 2º, fracción II, inciso A), 4, segundo y cuarto párrafos, 5-A, primer párrafo, y 19, fracciones II, tercer párrafo, VIII, X, XI y XIII; se adicionan al artículo 2º, fracción I, un inciso I) y un último párrafo, y al artículo 3, una fracción XVIII, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Único. Se reforman los artículos 2o., fracción II, inciso A), 4, segundo y cuarto párrafos, 5-A, primer párrafo, y 19, fracciones II, tercer párrafo, VIII, X, XI y XIII; se adicionan al artículo 2º, fracción I, un inciso I) y un último párrafo, y al artículo 3, una fracción XVIII, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. ...

Incisos A) al H)...

I) Refrescos, aguas mineralizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos.... 20%

II. ...

A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de la enajenación de los bienes señalados en los incisos A), B), C), F) e I) de la fracción I de este artículo. En estos casos, la tasa aplicable será la que le corresponda a la enajenación en territorio nacional del bien de que se trate en los términos que para tal efecto dispone esta Ley. No se pagará el impuesto cuando los servicios a que se refiere este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de bienes por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los términos del artículo 8o. de la misma.

Incisos B) al C)

Artículo 3. ...

Fracciones I a XVII

XVIII. Refrescos, las bebidas no fermentadas, elaboradas con agua, agua carbonatada, extractos o esencias de frutas, saborizantes o con cualquier otra materia prima, gasificada o sin gas, pudiendo contener ácido cítrico, ácido benzoico o ácido sórbico o sus sales como conservadores, endulzados con azúcares.

Se entiende por azúcares, todos los monosacáridos y disacáridos presentes en dichas bebidas.

No se consideran refrescos los jugos y néctares de fruta. Para tales efectos, se entiende por jugos o néctares de fruta, los que tengan como mínimo 20% de jugo o pulpa de fruta o 2º brix de sólidos provenientes de la misma fruta.

Artículo 4. ...

...

Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los bienes a que se refieren los incisos A), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, así como el pagado por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), D), E), F) e I) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada Ley.

...

El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley, las tasas a que se refiere la fracción I, incisos A), F) e I) del artículo 2o. de la misma, o de la que resulte de aplicar las cuotas a que se refieren los artículos 2o., fracción I, inciso C), segundo y tercer párrafos y 2o.-C de esta Ley. Se entiende por impuesto acreditable, un monto equivalente al del impuesto especial sobre producción y servicios efectivamente trasladado al contribuyente o el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación, exclusivamente en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en el mes al que corresponda.

...

Fracciones I a V

...

...

...

...

Artículo 5-A. Los fabricantes, productores, envasadores o importadores, que a través de comisionistas, mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores, enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, estarán obligados a retener el impuesto sobre la contraprestación que a éstos correspondan y enterarlo mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 5o. de esta Ley. Cuando las contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por las que se pague este impuesto, no se efectuará la retención y no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas actividades.

...

Artículo 19. ...

...

II. Expedir comprobantes sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A), F) e I)de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.

...

Los contribuyentes que enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que trasladen en forma expresa y por separado el impuesto establecido en la misma, deberán asegurarse de que los datos relativos al nombre, denominación o razón social de la persona a favor de quien se expiden, corresponde con el registro con el que dicha persona acredite que es contribuyente del impuesto especial sobre producción y servicios respecto de dichos bienes. Asimismo, los citados contribuyentes deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria en forma trimestral, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la relación de las personas a las que en el trimestre anterior al que se declara les hubiere trasladado el impuesto especial sobre producción y servicios en forma expresa y por separado en los términos de esta fracción, así como el monto del impuesto trasladado en dichas operaciones y la información y documentación que mediante reglas de carácter general señale el Servicio de Administración Tributaria.

...

...

Fracción III a la VII

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información sobre sus 50 principales clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes. Tratándose de contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta obligación de manera semestral, en los meses de enero y julio de cada año.

...

...

Fracción IX...

X. Los fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, refrescos, aguas mineralizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, deberán llevar un control físico del volumen fabricado, producido o envasado, según corresponda, así como reportar trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la lectura mensual de los registros de cada uno de los dispositivos que se utilicen para llevar el citado control, en el trimestre inmediato anterior al de su declaración.

...

XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de importadores y exportadores sectorial, según sea el caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XII...

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos, efectuado en el trimestre inmediato anterior.

...

Fracciones XIV a la XXII...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a 4 de diciembre de 2012.— Senadores: Marcela Torres Peimbert, Gabriela Cuevas Barron, Luis Fernando Salazar Fernández, Martín Orozco Sandoval, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Salvador López Brito, Luz María Beristáin Navarrete, Mario Martín Delgado Carrillo Benjamín Robles Montoya, Ernesto Ruffo Appel, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Javier Corral Jurado, Víctor Hermosillo y Celada, Mario Delgado Carrillo, Sofío Ramírez Hernández, Francisco García Cabeza de Vaca, Martha Palafox Gutiérrez, Patricio Martínez García, René Juárez Cisneros, Luis Juan Carlos Romero Hicks (rúbricas). Diputados: Francisco Javier Fernández Clamont, Laura Barrera Fortoul, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Roberto Gil Zuart, Fernando Rodríguez Doval, María Teresa Jiménez Esquivel, Omar Antonio Barboa Becerra, Leslie Pantoja Hernández, María Isabel Ortiz Mantilla, José de Jesús Oviedo Herrera, Andrés de la Rosa Anaya, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Mario Alberto Dávila Delgado, Alberto Díaz Trujillo, Glafiro Salinas Mendiola, Julio César Lorenzini Rangel, José Guillermo Anaya Llamas, Heberto Neblina Vera, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Juan Carlos Uribe Padilla, José Ángel González Serna, Juan Carlos Muñoz Márquez, Karina Labastida Sotelo, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Eufrosina Cruz Mendoza, Enrique Alejandro Flores Flores, Martha Leticia Sosa Govea, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Carlos Alberto García González, Juan Pablo Adame Alemán, Roberto López González, Rosario Pariente Gavito, Rubén Acosta Montoya, Bárbara Romo Fonseca, Felipe Arturo Cámara, Ruth Zavaleta Salgado, Analilia Garza Cadena (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos.

La Presidencia dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Quien suscribe, senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8o. numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos para efecto de fortalecer los recursos presupuestarios para la promoción turística de México a nivel internacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El turismo es uno de los mayores motores económicos a nivel mundial, dicha actividad sirve para reducir la pobreza en países en vías de desarrollo, según la Organización Internacional del Trabajo, para 2010 se esperaba que el sector generará 235 millones de puestos lo que significa el 8% del empleo a mundial.

Este sector representa más de una tercera parte del comercio mundial de servicios. Es una de las fuentes más importantes de empleo a nivel mundial ya que requiere diversos niveles de cualificación y permite la incorporación de jóvenes, mujeres y trabajadores migrantes en la población activa. La Organización Mundial del Turismo (OMT) espera que el sector proporcione a escala mundial 296 millones de puestos de trabajo para 2019. Según la OMT los ingresos por el turismo internacional se elevaron a 625,000 millones de euros en 2007, lo que corresponde a un incremento en términos reales del 5.6% en relación con 2006.

A pesar de la crisis de 2008 y la emergencia de salubridad durante el pasado sexenio, el sector turístico se proyecta para colocarse del lugar 23 al lugar 15 a escala mundial, generando divisas por un monto de 17 mil millones de dólares, después de décadas de magros resultados, el sector turístico se ubica por encima de la media de crecimiento nacional, en 2011, la tasa de crecimiento en turismo fue de 1.8%, para 2012 se estima un crecimiento del 3.5%.

Uno de los indicadores que fortalecen la tesis de fortalecimiento del sector en México, es el sector hotelero tradicional y de tiempos compartidos, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, en 2012, se registra un 69 % es la tasa de ocupación de tiempo compartido y el 57% de la hotelería tradicional en los principales destinos de playa, el promedio es de 5.5 noches de estancia, las ventas del sector hotelero alcanzo los 3.1 mil millones de dólares de derrama económica. Y por si fuera poco, los empleos generados representan casi400 mil empleos, que son casi 24% de la industria.

Sin embargo, el potencial turístico es todavía amplio, parte de los retos de la nueva administración, es el relanzamiento de la promoción de cada uno de los enclaves turísticos de México, como son el tradicional puerto de Acapulco, Cancún, Rivera Maya, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, los Cabos, Mazatlán, Ixtapa, así como puntos estratégicos del turismo religioso y artístico como la Basílica de la Ciudad de México, artístico-cultural en Guanajuato, y demás actividades de turismo alternativo y médico por explotar en la próxima década.

Los empresarios del sector turístico están convencidos que es fundamental fortalecer la promoción a nivel internacional de nuestras zonas turísticas, que permitiría cumplir con dos objetivos, el primero, consolidarse en los mercados tradicionales como Estados Unidos y Europa, y ampliar nuestra oferta para la atracción de los llamados baby boomers, y nuevos nichos de turismo juvenil, y segundo, ampliar nuestra presencia en los mercados de América Latina y Asia. A la par de los cambios en las tendencias comerciales en el mundo, nuestro sector turístico debe tener la posibilidad presupuestaria para hacer una mayor promoción para impulsar la diversificación de mercados y productos.

Sin embargo, como toda política pública, el financiamiento de la promoción requiere una fuente de recaudación, un estudio comparativo con diversos países nos indica lo siguiente:

a) Colombia: El impuesto de salida de Colombia tiene el valor de USD $66, ($845.282, MXN) aplicable a todas las salidas internacionales, para los ciudadanos colombianos y extranjeros que permanecieron en el territorio de Colombia por más de 2 meses. En caso de una estadía más corta que dos meses, el valor del impuesto de salida para los extranjeros es de 33 USD. ($422.641MXN) Algunas aerolíneas, como Air France, American Airlines y Avianca, dependiendo de la ruta en la cual operan, incluyen este impuesto en el precio del tiquete aéreo.

El impuesto de salida se debe consignar a la salida del país en el aeropuerto en efectivo y en una sola moneda (pesos colombianos o dólares, excluyendo los billetes de US $100).

b) Argentina: El criterio es cobrar una tasa de reciprocidad a viajeros que visiten el país, con un precio equivalente a lo que un argentino paga por una visa en sus países de origen. La implementación de esta norma es parecida a las que utilizan distintas naciones como son Chile y Brasil. En tanto desde el Ministerio del Interior, se aseveró que si bien no se les solicitará visa a los turistas extranjeros cuando estos lleguen a la aduana, deberá abonar un impuesto con un costo semejante al que un argentino debe pagar por la obtención de una visa. Además, informaron que la tasa no consiste en una visa, sino de un impuesto que los turistas pagarán una vez, y tendrá el mismo periodo de duración que las visas que esos países otorgan a los argentinos. En tanto el impuesto que se cobrará en aeropuertos, tiene como finalidad de invertir en infraestructura y tecnología y quedará efectiva a partir del año próximo. De esta forma, la tasa para ingresar al país será afín al precio del visado que requieren en otras naciones a los turistas argentinos.

c) Estados Unidos:Se aplica anatasa turística de 14 dólares, 10,5 euros, ($179.302 MXN) que se paga una vez cada dos años, independientemente del número de viajes que se hagan al país los viajeros que no necesitan visa para entrar en el país. Además las pernoctaciones en este país se recargan con un impuesto que equivale al 5.10 por ciento del precio de la habitación. Sólo es el más reciente, no el único. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, precisa que diez de los catorce dólares se destinan íntegramente a la promoción del país, mientras que los cuatro restantes servirán para cubrir los gastos administrativos de la autorización electrónica obligatoria que se requiere para viajar. Una autorización que desde enero del 2009 afecta a 35 países exentos de visa para entrar a Estados Unidos (entre ellos España y 21 países más de la Unión Europea). El impuesto forma parte de la Travel Promotion Act de marzo de 2009, actualmente renombrada por el presidente Obama como la Brand USA, es un programa de promoción turística. Con esta tasa se financiará hasta el 50% de las actividades de promoción turística de EEUU, la cual es mucho menor a las que pagan los estadounidenses cuando entran o salen de países extranjeros. Se destaca que con el plan de promoción turística generará miles de millones de dólares de gasto de nuevos turistas y cientos de empleos.

d) Chile: Existe el Impuesto de Reciprocidad, tratado internacional con Australia, Canadá, Estados Unidos y México en orden a responder recíprocamente al trato que reciben ciudadanos(as) chilenos (as) cuando se les aplica un impuesto por ingresar a estos países. Chile aplicaría la misma política con los ciudadanos provenientes de estos países a su ingreso por Policía Internacional, respondiendo de manera recíproca:

•Australia US$ 56 ($717.209MXN)

•Canadá US$ 132 ($1690.564MXN)

•Estados Unidos US$ 100($1280.72MXN)

•México US$ 15($192.11MXN)

En el caso particular de México, el 31 de diciembre de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) en la que se agregaron las fracciones I, III y VII al artículo 8, que establece que “por la expedición de autorización en la que se otorga la calidad migratoria de No migrante a extranjeros y por las prórrogas correspondientes se pagará el derecho por servicios migratorios”. El Derecho de No Inmigrante es la contribución por servicios migratorios que deben pagar los extranjeros que ingresen a México con la calidad migratoria de no inmigrantes.

Los turistas, los visitantes personas de negocios o visitantes concejeros y transmigrantes, de acuerdo con las fracciones I, III y VIII del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos establecen como cuota la cantidad de 295.00 pesos. Los turistas deben enterar este derecho a su ingreso al País, esto conforme a lo establecido en el último párrafo del mencionado artículo 8 de la Ley Federal de Derechos. En 2010 se obtuvieron 343 millones 823 mil pesos, de los cuales se dieron al Consejo de Promoción Turística de México 240 millones 676 mil pesos y a Fonatur 34 millones 382 mil pesos, y los principales puntos turísticos de recaudación de dicho derecho fueron Quintana Roo, actual generadora del 46% de lo recaudado por el DNI; el Distrito Federal 21%; Baja California Sur 9%; Puerto Vallarta 9.5%, y la Riviera Nayarit 4.5%.

Cabe señalar, que el artículo segundo transitorio, fracción IV del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de noviembre de 2010 establece como excepción a la fracción I. del artículo 8 que los turistas que visiten el País vía terrestre y cuya estancia no sea mayor a 7 días, no tendrán que pagar esta contribución.

Al igual que el caso norteamericano, una parte de la recaudación de este derecho, conforme a lo que establece el artículo 18-A, primer párrafo, el 20% al Instituto Nacional de Migración (INM) para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y el 80% al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para la promoción turística del país, mismo que en términos del artículo 18-A del total de los ingresos que obtenga por este derecho, deberá transferir el, 10% al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país, así mismo, dichos ingreso podrán ser utilizados para pago de adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para las inversiones en infraestructura a que se refiere dicho párrafo.

A la luz de la revisión de la experiencia internacional, se puede concluir que:

a) Es una contribución que no afecta por el nivel de ingreso promedio del turista norteamericano y europeo.

b) El monto del derecho de 22 dólares que actualmente se aplica en México se ubica por debajo de la norma internacional, incluso, el Congreso de la Unión debe legislar para integrar este derecho a una estrategia de promoción federal de puntos estratégicos, tal como es el ejemplo en los Estados Unidos.

c) Es necesario fortalecer integralmente la política de turismo, siendo uno de los sector más competitivos a nivel mundial, pero que en el caso mexicano contamos con un importante potencial de desarrollo, la experiencia, nuestras riquezas naturales y el potencial, nos da una ventaja comparativa con otros destinos, por lo que es una obligación para los trabajos de la LXII legislar en la materia.

Pero a la luz de la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se abre la oportunidad para el Congreso de la Unión de fortalecer los recursos presupuestarios destinados para proyectar a México uno de los mejores destinos turísticos a nivel internacional, por lo que consideró indispensable impulsar una reforma a las fracciones I, III y VIII del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos con el objeto de incrementar el Derecho No Migrante en diez dólares, para quedar en 412 pesos (alrededor de 32 dólares[1]) esta pequeña modificación representa una recaudación de 3,500 millones de pesos anuales, lo anterior de acuerdo a las estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC).

Con esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso con el sector turístico para convertirlo en el primer generador de divisas del país, elevar su competitividad y promover la creación de empleos para nuestros jóvenes egresados en el ramo, y en plantearnos como objetivo de la nación recuperar nuestro liderazgo internacional como destino turístico a nivel mundial.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman las fracciones I, III y IV del artículo 8o., de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Por la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

I. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas       $412.00

II. Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas     $2,350.00

III. Visitante Regional ........................ $412.00

IV. Visitante Trabajador Fronterizo ...  $412.00

V. Visitante con fines de adopción .  $2,280.00

VI. Residente Temporal:

a) Hasta un año ............................ $3,130.00

b) Dos años .................................. $4,690.00

c) Tres años .................................. $5,940.00

d) Cuatro años ............................. $7,040.00

VII. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Nota:

1 De acuerdo al tipo de cambio de 12.9 pesos por dólar estimado dentro de los Criterios Generales de Política Económica para 2013, presentado por el Ejecutivo Federal el pasado 7 de diciembre de 2012.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los once días del mes de diciembre de 2012.— Senadores: Armando Ríos Piter, Óscar Román Rosas González, Francisco García Cabeza de Vaca, Ricardo Barroso Agramont, Carlos Mendoza Davis, Fernando Herrera Ávila, Salvador Vega Casillas (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO - LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS - LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR - LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES - LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto que reforma la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos primero; y tercero de los artículos transitorios del artículo primero, del “Decreto por el que se Expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Que reforma la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos primero; y tercero de los artículos transitorios del artículo primero, del “Decreto por el que se Expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009.

Primero.Se reforma el quinto párrafo, del artículo 10 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para quedar como sigue:

Artículo 10....

...

...

...

En caso de que la sociedad reciba un dictamen desfavorable del Comité de Supervisión Auxiliar, por no cumplir con los requisitos señalados en la presente ley, podrá solicitar la revisión del dictamen en un plazo de 90 días naturales a partir de la fecha en que dicho dictamen haya sido notificado ante el propio Comité de Supervisión Auxiliar, quien podrá ratificarlo o modificarlo dentro de los siguientes 60 días naturales. De ratificarse el dictamen desfavorable, la sociedad podrá solicitar la revisión de su solicitud ante la comisión quien deberá resolver sobre la misma dentro de los siguientes 120 días naturales. Las sociedades contarán con un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha en que se les notifique la ratificación del dictamen desfavorable, para presentar directamente a la comisión dicha solicitud de revisión. En el caso de que la comisión resuelva en sentido negativo la solicitud de revisión presentada directamente por una sociedad que hubiera obtenido un dictamen desfavorable, la comisión deberá comunicar su resolución a la sociedad, dentro del periodo mencionado.

...

...

...

...

...

Segundo.Se reforman los Artículos primero primer párrafo; y tercero primer párrafo; fracciones I primer párrafo; II primer párrafo; III, primer y tercer párrafos y IV segundo y quinto párrafos, de los artículos transitorios del artículo primero del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, para quedar como sigue:

Transitorios del artículo primero

Primero.Las sociedades cooperativas de cualquier tipo que a la fecha de entrada en vigor de este decreto realicen operaciones que impliquen la captación de recursos de sus socios para su colocación entre estos, deberán registrarse ante el Comité de Supervisión Auxiliar a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a más tardar el 31 de enero de 2014.

...

Tercero.Las Sociedades Cooperativas de cualquier tipo, distintas a la señaladas por el artículo segundo transitorio anterior, cuyo monto total de activos rebase el equivalente en moneda nacional a 2 millones 500 mil UDIS que a la fecha de entrada en vigor de este decreto realicen operaciones que impliquen la captación de recursos de sus socios para su colocación entre éstos y no hubiesen presentado una solicitud de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendrán hasta el 31 de marzo de 2014 para constituirse como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo, siempre y cuando se ajusten a lo siguiente:

I.La asamblea general de socios de la sociedad de que se trate, a más tardar el 31 de enero de 2014, acuerde llevar a cabo los actos necesarios para constituirse como Sociedad cooperativa de ahorro y préstamo conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo y sujetarse a los términos y condiciones previstos en este artículo. Dicho acuerdo de la asamblea deberá incluir su consentimiento para que la sociedad sea evaluada y clasificada, manifestando además que conoce y está de acuerdo con el contenido de la metodología y criterios que se utilicen para efectos de dicha evaluación y clasificación, así como la conformidad de la asamblea respectiva para que la sociedad asuma las obligaciones que se originen de los programas, en términos de lo dispuesto por las fracciones II y III del presente artículo.

...

...

II.Se sometan a una evaluación por parte del Comité de Supervisión Auxiliar a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a más tardar el 31 de enero de 2014, con base en la metodología y criterios establecidos por el comité técnico a que se refiere la propia Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a fin de que este efectúe un diagnóstico puntual de la situación financiera, mecanismos de control interno y sistemas de información de las sociedades cooperativas, así como para que clasifique a dichas sociedades cooperativas en función al cumplimiento de los requisitos mínimos para solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para realizar operaciones de ahorro y préstamo en términos de Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

...

...

a)....

b). ...

c). ...

d)....

...

...

III.Sujetarse a programas de trabajo con el comité de supervisión auxiliar a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Dichos programas deberán desarrollarse por el referido comité de supervisión auxiliar con la opinión de un consultor, auditor externo, o bien, del área de asistencia técnica de una federación constituida al amparo de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que reúnan los requisitos que al efecto establezca el comité técnico a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y deberán considerar el resultado de las evaluaciones a que se refiere la fracción II.

...

El comité de supervisión auxiliar a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con la opinión de los consultores, auditores o del área de asistencia técnica de que se trate, deberá evaluar de manera periódica el cumplimiento de los programas señalados en los 2 párrafos anteriores, pudiendo emitir recomendaciones o efectuar modificaciones a aquellos que contribuyan a que las sociedades cooperativas evaluadas obtengan su autorización en los tiempos previstos en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, así como modificar la clasificación originalmente asignada, como consecuencia de la evaluación periódica antes citada.

...

IV....

a)....

b)....

c)....

d). ...

e)....

Adicionalmente, las sociedades cooperativas a que se refiere la presente fracción, no podrán abrir nuevas sucursales ni incrementar sus activos crediticios en un porcentaje superior al 20 por ciento anual.

...

...

El comité de supervisión auxiliar a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo publicará dentro de cada semestre en el Diario Oficial de la Federación y en su página electrónica en la red mundial Internet, un listado en el que se mencionen las sociedades que cumplan con los requisitos señalados en este precepto y, a partir de marzo de 2010, el resultado de las evaluaciones periódicas a que se refiere la fracción III anterior.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Cámara de Senadores., a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente;senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Atentamente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que la minuta de referencia se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a votación y discusión de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se consideran de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

Diputado Monreal, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Para solicitar el uso de la palabra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Se la había solicitado antes.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya estamos fijando posturas, adelante, es su turno. Pero ya está aquí, tiene usted el uso de la voz, señor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, es que le había solicitado la palabra antes de someterlo a la discusión. Pero le agradezco que me conceda el uso de la palabra antes de iniciar el fondo de la discusión de esta minuta, que proviene de la Cámara de Senadores como Cámara revisora cuya iniciativa se originó aquí.

Si ustedes recuerdan ésta es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las modificaciones que se proponen. Esta minuta tuvo en el Senado modificaciones y por tanto, el ejercicio de ahora es revisarla, discutirla y aprobar las modificaciones que se hayan hecho al respecto.

Nosotros, presidente —no es la primera vez— el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha estado insistiendo en que nos parece demasiado rápida la forma en la que se está actuando en la Cámara de Diputados. No solo como una oficialía de partes, no solo como una oficina de mero trámite, sino incluso como un microondas de alimento rápido; cocinarla de manera extra urgente.

Imagínense ustedes —los que han llegado y los que no han llegado— lo que está planteando el presidente es dispensar todos los trámites para que se pueda discutir en este momento, una vez que llega la minuta; es decir, lo que normalmente procede, de acuerdo con la ley, el Reglamento y la práctica parlamentaria, es que esta minuta, una vez remitida por el Senado de la República y que como Cámara revisora modificó, es turnarla a la Comisión de Gobernación o de Puntos Constitucionales, según sea el caso, porque es una minuta que contiene modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Estamos actuando de manera precipitada, de manera extra urgente y me parece que son modificaciones —que en este momento no entro al fondo— a la Ley Orgánica de la Administración Pública que no deberían de pasar de noche.

¿Qué hizo el Senado de la República? El Senado de la República, en su facultad de Cámara revisora, modificó artículos para que los nombramientos de los comisionados de la Policía Federal, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás funcionarios que tengan a su cargo funciones de fuerza pública, dentro de los que se pueden entender los subsecretarios de Gobernación o de Seguridad Pública, deban de ser aprobados o ratificados por el Senado.

Tengo mis dudas, por esa razón insisto en que debería esta minuta acudir a las comisiones dictaminadoras, porque hay un grave problema, señores legisladores, se está cometiendo un grave problema por las prisas. No se está estudiando el contenido de la modificación, están modificando...

¿Quiere preguntar, diputado? No.

Están incurriendo en una grave deficiencia jurídica constitucional, porque lo que están proponiendo en la Cámara revisora, en el Senado, es modificar la Ley Orgánica para que el Senado de la República ratifique a estos funcionarios de seguridad pública y no es modificada la Constitución. Hay precedentes. Es grave lo que está pasando. Me preocupa mucho que se acepte sin vacilación.

Ahora está ausente el PAN, están ausentes muchos diputados, pero entiendo que en la Cámara hay buenos abogados; en Movimiento Ciudadano hay buenos abogados y en todos los grupos parlamentarios hay abogados que le entienden al derecho y aun cuando no lo entienden o no son abogados, hay gente con sentido común en materia jurídica. No puedes aprobar —fíjense bien lo que les digo— no puedes aprobar una ley que establezca la ratificación de funcionarios públicos sin que hayas modificado la Constitución, concretamente el párrafo segundo del artículo 89 constitucional.

Si se aprueba fast track, si se aprueba de manera precipitada y no lo discutimos y lo analizamos, puede dar origen a una acción de inconstitucionalidad. Fíjense lo que les digo, puede dar origen a una acción de inconstitucionalidad y por supuesto, procederá porque hay precedentes. No hagamos tonterías jurídicas, diputados y diputadas.

Sé que hay buenos abogados hasta en el PRI, aunque ya no hay tan buenos como los había, pero hasta en el PRI —Fernando Castro es uno de ellos, ahora aspirante al gobierno, que no lo van a dejar llegar, porque es buen parlamentario— pero hasta en el PRI hay buenos abogados; el PAN tenía tradición de tener buenos abogados, y en Movimiento Ciudadano tenemos excelentes abogados. Si no tienen buenos abogados les prestamos a dos, a Ricardo Mejía y al diputado Alfonso Durazo, pero no cometamos tonterías jurídicas, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara tiene el uso de la voz. Esta Presidencia recuerda que estamos en una discusión, al amparo del inciso E del artículo 72.

Esta Presidencia recuerda también que en tratándose de fijación de posturas de grupos parlamentarios, no proceden las interpelaciones.

Manuel Huerta no está; entonces, viene don Felipe Arturo Camarena García. Tampoco está. Bueno, viene doña Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del PRD.

Esta Presidencia informa también que estamos discutiendo en lo general y en lo particular en un solo acto, aun cuando las votaciones pueden ser diferenciadas.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, diputado presidente. El día de hoy, compañeros, subimos a discutir esta minuta con proyecto de decreto que nos remite el Senado, la Cámara revisora, sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; encontramos que si bien mucho se ha hablado sobre un Legislativo dividido, es más débil ante un Ejecutivo permanente y unipersonal.

Hoy en día damos cuenta de que una de las bondades de contar con dos Cámaras para legislar y es ante una avasalladora aplanadora, que sin argumentos y en muchas ocasiones sin razón, aplica el partido de la mayoría y sus aliados en esta Cámara.

Esto para nosotros es un bálsamo refrescante, saber que contamos con el Senado de la República, donde afortunadamente no sucede lo mismo; en el Senado, compañeras y compañeros diputados, existe un bloque opositor pensante, responsable y propositivo, que ha hecho recular y rectificar en temas no menores a esta mayoría que hoy detenta el poder en esta Cámara de Diputados.

Compañeras y compañeros legisladores, el exhorto hoy es a que con ánimo constructivo y sin afanes de revancha, avalemos estas propuestas que el Senado nos hace en materia de administración pública federal.

Es bueno que sepa el gobierno que con el Legislativo se debe de dialogar y es bueno que nuestros pares, que hoy detentan esa mayoría —repito— aprendan también a dialogar y a convencernos con argumentos, compañeros, y solo en el último de los casos imponerse con su mayoría numérica sobre cualquier otra propuesta que pueda surgir en el futuro.

En el Grupo Parlamentario del PRD votaremos en conciencia esta minuta que nos remite el Senado, con los logros que a continuación mencionaré y votaremos a favor quienes así lo consideramos, porque es un freno a una propuesta desmedida de concentración de poder en unas cuantas secretarías.

Las 16 modificaciones que hace el Senado son pertinentes, relevantes y socialmente correctas. Ahora está en nosotros, legisladores, hacerlas viables y enviarlas al Ejecutivo para su inmediata publicación, esperando que no haya objeciones posteriores y que lo que se ha ganado en el Senado y se gane en este debate, no se quiera llevar a un plano en el ámbito judicial por aquellos que lo pretendan así.

Dentro de estas modificaciones que el Senado nos envía destaca la ratificación de los nombramientos, y no solo es un capricho del Legislativo, es una correcta aplicación del equilibrio de poderes, que busca los mejores perfiles para tener los mejores hombres y las mejores mujeres a cargo de la seguridad de nuestro país; buscar los mejores perfiles es buscar el bien de México.

Es correcto eliminar la precisión de que la Secretaría de Gobernación promoverá la participación ciudadana en materia electoral; del mismo modo es correcto proponer que la Secretaría de Gobernación se coordine con las organizaciones de la sociedad civil en la materia, para coordinar los trabajos y tareas de promoción y respeto de los derechos humanos.

Se concilian instituciones que se habían observado en la primera discusión en esta Cámara, como las comisiones dictaminadoras, como en el pleno legislativo, tales como subcoordinar al Ministerio Público, a la Policía Federal y en su caso, al auxilio del Poder Judicial de la Federación y de la PGR.

Por eso, llamar a comparecer de manera semestral, compañeros diputados, a quienes tendrán la responsabilidad de la seguridad pública es totalmente correcto; por ello les reitero que en el PRD votaremos en conciencia y en mayoría a favor de la presente minuta, porque creemos —de manera muy consciente— en el equilibrio entre poderes y en la rendición de cuentas y sobre todo, en la transparencia.

Llamamos a esta mayoría de la Cámara a que se sumen a esta aprobación de la presente minuta, dando con ello muestra en verdad de que están presentando —como ustedes mismos lo han dicho en diversas ocasiones— una verdadera política de escuchar a sus pares, en el diálogo y la concertación política, por el bien de México. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Muchas gracias. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara —que ya está en el salón de plenos— le damos el uso de la voz, con mucho gusto.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:En esta ocasión, en el proceso de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Cámara de Diputados revisa las modificaciones realizadas por el Senado de la República, en su calidad de Cámara revisora.

Sobre el particular, las modificaciones que se presentan no alteran las nuevas atribuciones que se pretenden para la Secretaría de Gobernación relativas a la seguridad interna de la nación, tema que la nueva administración federal considera sustancial para la gobernabilidad de nuestro país.

Miren, aquí es importante compartir que sabemos de buenas fuentes las preocupaciones que tiene la nueva administración, porque bien pasada la elección federal, el cuarenta y tantos por ciento de los mexicanos consideraban que esto es producto de un proceso ilegal, ilegítimo en la elección, al día de hoy el 61 por ciento de ciudadanos consideran este hecho. Esto es inédito, no logran legitimar y obviamente la gobernabilidad se pretende dificultar y no tienen más, que hacer uso de su concepto de fuerza para mantener el gobierno.

Por lo tanto, vemos que el enfoque que se le da a la seguridad pública, como parte de la gobernabilidad, es el de la criminalización del desorden social a través de la formulación de una supuesta política criminal de prevención del delito, la paz y el orden social, para lo cual se precisa se podrá intervenir en cualquier momento contra los disturbios o las acciones que afecten la seguridad interior.

Esto es, se establecen bases para operar desde el Poder Ejecutivo federal al Estado gendarme, lo que nos recuerda el lema de Porfirio Díaz de: Paz, orden y progreso, puesto que la Secretaría de Gobernación, a partir de políticas de seguridad pública y de políticas contra el crimen pretende —cito textualmente—: coadyuvar en la prevención del delito, proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgo y salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública.

Si bien la modificación que presenta el Senado a la fracción XII del artículo 27, en la minuta que remite, cambia el concepto de seguridad interior por el de seguridad pública, ello no modifica el nuevo perfil del responsable de la política interior; concentrar el uso de la fuerza pública federal como medio para garante del orden nacional.

Exagerado como siempre y como ya lo vimos el primero de diciembre, brutalmente, reprimiendo a la población y dejando los saldos, que posteriormente debatiremos en esta Cámara, seguramente, en materia de responsabilidades.

El hecho de haber modificado la fracción XII del artículo 27 para estas comparecencias, que se harán cada seis meses ante el Senado, en comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública, desde nuestro punto de vista disminuyen ya las atribuciones que el propio 93 constitucional determina, porque ahí textualmente los secretarios de despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Por lo tanto, cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a titulares de órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos, actividades o para que respondan interpelaciones o preguntas.

En consecuencia, la modificación propuesta disminuye atribuciones del Congreso de la Unión para revisar la actuación de los secretarios de despacho.

Por otra parte, se pretende citar al secretario de Gobernación para que comparezca cada seis meses ante comisiones del Senado para presentar la política criminal, concepto del cual no define sus alcances, porque esto ya en el 21 constitucional determina que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, que actuarán bajo el mando y conducción de aquél en el ejercicio de la función.

En fin, nosotros vemos que estas reformas que se están planteando y los matices que hace el Senado, más allá de la que ya aquí enunciaba el diputado Monreal, que seguramente será sujeta a alguna acción de inconstitucionalidad y que seguramente van a tener razón, desde nuestro punto de vista, nos hacen a nosotros en la voz del Grupo Parlamentario del PT, no estar de acuerdo, estar en contra de esta iniciativa de reformas que nos manda el Senado.

También aprovechamos nuestro tiempo para decir que estamos de acuerdo en que estos señalamientos sirven de ejemplo, solamente para señalar que las prisas por adecuar leyes, que atienden a una nueva visión de la administración pública, arrastran a este Poder Legislativo en la aprobación de leyes, que no solo violentan el procedimiento legislativo —como aquí se ha dicho— sino también violentan los principios constitucionales relativos al federalismo, a la soberanía de los estados y a las competencias entre los Poderes de la Unión.

Sentimos que no debería ser tan apresurado, tan violento todo este proceso legislativo que estamos viendo; sabemos de las prisas que traen para reconfigurar políticamente al régimen político, diríamos en otras palabras: para lograr la resalinización de la administración pública. Pero deberíamos estar más preocupados por legislar, de cara los intereses de los ciudadanos que representamos y no para servir de oficialía de partes, de faramalla a los intereses del Ejecutivo en turno.

Éste es el punto de vista del Grupo Parlamentario del PT. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Felipe Arturo Camarena, quiere hacer uso de la voz.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, señor presidente. La ley reglamentaria del artículo 90 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un dispositivo de trascendencia, pues en él se concentran las competencias y en general, las reglas de operación de la estructura estatal.

Tradicionalmente se dice que el derecho administrativo es el derecho constitucional aplicado, y el derecho administrativo obtiene sus atribuciones directamente de la ley cuyo dictamen está a discusión.

De igual modo, la teoría del Estado especifica funciones básicas, las cuales son infaltables para la operatividad de un país. Dos de aquellas son las carteras de gobierno y Hacienda, mismas sujetas a su análisis.

Como vemos, por el ámbito de operatividad, planeación y eficacia, el tema sujeto al criterio de esta asamblea es toral para el Estado, para México, para que la administración pública y en específico las funciones de gobierno, seguridad, orden público, supervisión de funcionarios, el régimen de contrataciones puedan propiciar resultados y por ello, la postura del Partido Verde Ecologista de México es de apoyo, pues confiamos en una amalgamación de funciones, justo en las instituciones correspondientes; consideramos más propicio para la seguridad, mayor régimen en las contrataciones, menos límites a la contratación pública, mayores capacidades para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.

México necesita crecer a través de una administración que provea seguridad, eficiencia a todos los mexicanos, en un clima de respeto al derecho y a la seguridad pública. Para todo ello, la Ley Orgánica es pieza medular.

Nosotros, como representantes del pueblo, debemos conceder la cortesía parlamentaria y además, démosle la oportunidad y los elementos al nuevo gobierno para estructurar la administración pública. Ya hemos apreciado cambios en sentido positivo para nuestra nación, continuemos en ese tenor.

Creo que la responsabilidad no se trata —como lo decía el diputado Monreal— en el sentido de si hay buenos o malos abogados; creo que ha hecho una mención muy especial, pero es muy importante: la nación está por delante de todo, y creo que participando todos y cada uno de los 500 diputados en nuestra función legislativa podremos sacar adelante, con iniciativas, lo más importante para nuestro país, y solamente así podemos tomar las atribuciones necesarias para darle a nuestro líder del Poder Ejecutivo todas las herramientas necesarias para que México pueda desa-rrollar y crecer, como lo estamos esperando todos los millones de mexicanos.

Esperamos que esta reforma y esta iniciativa de reforma sean para bien de nuestro país. Muchísimas gracias por su atención, compañeros diputados y diputadas. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia ha sido muy clara, en estricto apego al Reglamento, que en la fijación de posiciones no proceden interpelaciones ni alusiones personales.

Don Héctor Gutiérrez de la Garza tiene el uso de la voz.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza:Con su venia, diputado presidente. Hago uso de esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del PRI; primero, para felicitar la altura política del acuerdo, para que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se ventile de esta manera, en el pleno, de cara a la nación.

Por otro lado, hace algunos días debatíamos en esta tribuna la necesidad del acuerdo político; debatíamos en esta tribuna la importancia de darle los instrumentos al Ejecutivo federal para la propia organización del gobierno de la República, a fin de seguir cumpliéndole a los mexicanos, a fin de seguir cumpliendo con los compromisos, que de manera conjunta y de cara a la República, a la nación, fueron precisados en Palacio Nacional el pasado primero de diciembre.

Todos hemos podido percibir la intención del acuerdo, del pacto, pero no solo como un documento suscrito, un catálogo de buenas intenciones, sino el llevar a la realidad el cumplimiento de las necesidades de nuestro país.

El día de hoy, con estatura política, el Grupo Parlamentario del PRI va a votar a favor de la minuta enviada por el Senado de la República; en ella se contienen diversos plantea-mientos, que a su vez, fueron debatidos aquí en esta tribuna.

Me congratula escuchar a la mayoría de mis compañeros que aplauden los contenidos, no solo de la minuta que proviene del Senado, sino del producto que emanó de esta Cámara de Diputados; es un producto de trabajo serio, de trabajo responsable y de colaboración con el gobierno de la República. Pero a su vez, es conveniente señalar que no aceptamos, que no compartimos atribuciones que pretenden arrogarse al Poder Legislativo, que nuestra opinión son competencia exclusiva del Ejecutivo, hasta en tanto no lo prevea la propia Constitución.

Somos respetuosos de la legalidad, pero más de nuestra Constitución; el artículo 27, en su fracción XVI, así como en el último párrafo, otorgan atribuciones a este Poder Legislativo que no compartimos. No vamos a obstruir el desarrollo y la aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pero sí, desde esta tribuna señalamos que vamos a promover la acción de inconstitucionalidad una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación la presente reforma.

Es de congratularnos que sea otro poder el que resuelva sobre la constitucionalidad, que debemos respetar y proteger como legisladores de este país. Invitamos a las demás fuerzas políticas que así lo consideren conveniente, que se sumen a esta acción de inconstitucionalidad. Recuerden que solo requerimos una tercera parte de los integrantes de esta Cámara de Diputados.

Pero sería muy conveniente y con base en lo que hemos escuchado en esta tribuna, que nos acompañen al Grupo Parlamentario del PRI —como hemos escuchado aquí en tribuna y en el diálogo entre nosotros— a promover esta acción de inconstitucionalidad, a fin de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que nos dé la razón, porque de algo estamos convencidos: la primera obligación que tenemos como legisladores es defender la Constitución y en ello no vamos a cesar, no vamos a dar un solo paso atrás; como legisladores vamos a cumplir.

Invitamos a las demás fuerzas políticas a que se sumen a este esfuerzo que el grupo mayor promueve con todos ustedes. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Héctor. Finalmente, en fijación de posiciones, doña Betzi Yáñez, de Celaya.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su venia, señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 76 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada Elizabeth Yáñez Robles, integrante de Acción Nacional, me permito exponer el posicionamiento de mi grupo parlamentario en relación con la minuta relativa a la reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Estamos a favor de las modificaciones que hizo el Senado para la ratificación de los funcionarios de seguridad pública, garantizando así los contrapesos que requiere el país. La Cámara de Diputados, en su conjunto, debe velar y votar por los principios básicos de preservación del orden en los Poderes de la Unión, entre ellos el Poder Ejecutivo.

En congruencia, Acción Nacional celebra que la minuta que nos envía el Senado de la República haya emitido y refrendado el mensaje que originalmente expresamos en nuestras reservas del pasado 22 de noviembre. La transición de este gobierno debe darse en condiciones de plena y absoluta legalidad. Acción Nacional será garante de ello en este proceso. Éste es el mejor ejemplo de cómo funciona el Congreso mexicano y la sinergia que debe de existir entre ambas Cámaras.

Respecto a la reforma que hoy nos ocupa, Acción Nacional ha manifestado y lo seguirá haciendo, en referencia a la Secretaría de la Función Pública, que es necesario garantizar y respetar sus facultades vigentes, amén de que lo hemos declarado públicamente, no nos oponemos a su desaparición, sino que pugnamos a favor de la preservación de sus funciones; la Secretaría de la Función Pública ha avanzado mucho en la prevención y sanción para garantizar la eficiencia, transparencia y honestidad de los funcionarios públicos de la administración pública federal y combate a la corrupción.

Por tal motivo, tenemos la obligación de cuidar que estas funciones se garanticen y que su permanencia pueda dar el resultado que debe de seguir dando y seguirse incrementado.

En Acción Nacional nos vemos obligados a señalar enfáticamente ello, ya que existen 32 leyes, en su mayoría federales, que concentran las actividades que realiza esta Secretaría. Estas atribuciones, facultades y funciones no pueden desaparecer, hasta que entre en funciones el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.

No solo eso, como bien indica el Segundo Transitorio de la minuta que hoy revisamos, es necesario insistir en la emisión de los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional correspondiente, que el control interno y el sistema integral de control y evaluación gubernamental sean congruentes con las atribuciones conferidas a dicho órgano y compatibles con las bases y principios del Sistema Nacional de Fiscalización y por tal motivo, la Cámara de Diputados tendrá que revisar y vigilar que estas condiciones se cumplan.

Entre tanto, compañeros diputados —me dirijo especialmente a mis compañeros del PRI—, si bien el presidente de México debe contar con las condiciones y tener las posibilidades de determinar la estructura de las condiciones que crea más convenientes, Acción Nacional, que siempre ha velado de manera pacífica porque el Ejecutivo tenga estas condiciones, no nos opondremos y solo pedimos se haga en las mejores condiciones para el país y también en las mejores condiciones para el gobierno federal.

Entre tanto, compañeros, debemos nosotros de seguir apoyando —y nos congratulamos que sea en estas condiciones— la aprobación de esta minuta. De otra manera, ¿dónde quedarían más de 19 mil procedimientos a nivel federal que están llevándose a cabo en este momento? ¿A dónde se podrían transferir los procesos jurídicos? Habría que saber qué pasaría con el manejo de ellos y, dado el caso, ¿quién y cómo aplicaría las sanciones procedentes?

¿Quién y cómo podrá identificar las consistencias e inconsistencias de las declaraciones patrimoniales de aproximadamente 205 mil servidores públicos obligados? ¿Quién y cómo realizará las acciones sistemáticas procedimentales reglamentarias de combate a la corrupción? Eso es lo que están garantizando los cambios que se hicieron a esta reforma.

Por su atención, muchas gracias. Seguimos, como Partido Acción Nacional, ciudadanos que mueven a México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Honorable asamblea, terminamos la ronda de fijación de posiciones. Estamos discutiendo en lo general y en lo particular en un solo acto.

Ahora tocaría a don Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, hablar en contra. Tiene el uso de la voz. ¿Está el orador? Si por alguna razón hay alguna propuesta, le preguntaremos a la asamblea si se acepta a discusión de inmediato.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, señor presidente. La minuta enviada por el Senado de la República propone modificaciones en cuatro segmentos diferentes de la fracción XII del artículo 27. No tenemos objeciones con dos de ellas, en el sentido de que la protección a la población se dé mediante el ejercicio del mando de la fuerza pública y que ésta se utilice con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales.

Sin embargo, cabe destacar las objeciones a las dos modificaciones restantes. En primer lugar, se modifica el término seguridad interior por el de seguridad pública; en diferentes partes de la minuta se alternan los términos seguridad interior y seguridad pública, lo cual denota la profunda confusión conceptual que está en raíz de esta propuesta de reforma enviada por el Ejecutivo federal.

Desde un principio Movimiento Ciudadano señaló que dicha propuesta pretendía crear una monstruosidad administrativa en la Secretaría de Gobernación, por diversas razones; una de ellas era que pretendía acercarse al modelo de un ministerio del interior mediante una mala copia de otros modelos, dotándola de atribuciones con las que no cuenta ningún otro ministerio del interior en el mundo.

Por ejemplo, combinando las tareas de preservar la seguridad interior con la tarea de preservar las relaciones políticas con los partidos políticos y el Congreso.

Esta grave confusión, desde la concepción misma del tipo de institución que se pretende crear, es palpable a lo largo de todo el articulado de la minuta, ya que en numerosas ocasiones se alterna o se corrige el término seguridad interior por el de seguridad pública.

Es por ello que en la bancada de Movimiento Ciudadano preferiríamos que permaneciera el diseño original, en tanto se debatía con detenimiento el modelo institucional hacia el cual se pretende transitar, antes que dejarnos llevar por la premura y crear adefesios administrativos, como se está haciendo al caso.

En segundo lugar, nos oponemos a la modificación que establece comparecencias cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado, para dar seguimiento a la política criminal. Esta medida, que en apariencia fortalece la rendición de cuentas es limitativa, ya que restringe la facultad del Senado de llamar a comparecer a los funcionarios del gabinete, que de rechazarse esta propuesta de modificación es limitada.

El artículo 98, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que pueden las comisiones, para ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden, entrevistarse con los servidores públicos, quienes están obligados a guardar a los senadores las consideraciones debidas.

De la misma manera, el Reglamento del Senado de la República establece, en su artículo 133, numeral 1. En tanto órganos colegiados, las comisiones tienen las atribuciones siguientes:

Fracción IX. Realizar reuniones de trabajo con servidores públicos, en los términos que la Constitución y la ley determinan para ilustrar a su juicio en el despacho de los asuntos que les competen;

De tal manera, en tanto comisiones ordinarias del Senado de la República, las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública pueden llamar a comparecer a los servidores públicos que consideren pertinentes para el cumplimiento de sus tareas, sin que la normatividad vigente establezca un límite para la cantidad de veces que lo puedan hacer.

Por lo anterior, aunque pensando de buena fe consideremos que el espíritu de la propuesta de modificación contenida en la minuta es el de fortalecer la vigilancia y la rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, el resultado es el opuesto, ya que la propuesta limita las funciones más amplias con las que ya cuentan las comisiones ordinarias del Senado.

Por lo tanto, Movimiento Ciudadano rechaza esta propuesta y proponemos la siguiente modificación:

A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

En su fracción XII: Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes. Proponer al Ejecutivo federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la administración pública federal. Coadyuvar a la prevención del delito.

Ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales. Salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz social, y en los actos públicos. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Reserva al dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 27, fracción XII.

Juan Luis Martínez Martínez, integrante del grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6o., fracción X, 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al pleno de esta honorable asamblea, la siguiente reserva al artículo 27, fracción XII del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La minuta enviada por el Senado de la propone modificaciones en cuatro segmentos diferentes de la fracción XII del artículo 27 fracción. No tenemos objeciones con dos se ellas, en el sentido de que la protección a la población se dé mediante “el ejercicio del mando de la fuerza pública”, y que ésta se utilice “con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales”.

Sin embargo cabe destacar las objeciones a las dos modificaciones restantes.

En primer lugar, se modifica el término “seguridad interior” por el de “seguridad pública”. En diferentes partes de la minuta, se alternan los términos seguridad interior y pública, lo cual denota la profunda confusión conceptual que está en la raíz de ésta propuesta de reforma enviada por el Ejecutivo.

Desde un principio señalamos, que dicha propuesta pretendía crear una monstruosidad administrativa en la Segob por diversas razones.

Una de ellas, era que pretendía acercarse al modelo de un ministerio del interior, mediante una mala copia de otros modelos, dotándola de atribuciones con las que no cuenta ningún otro ministerio del interior en el mundo.

Por ejemplo, combinando las tareas de preservar la seguridad interior, con la tarea de preservar las relaciones políticas con los partidos políticos y el Congreso.

Ésta grave confusión desde la concepción misma del tipo de institución que se pretende crear, es palpable a lo largo de todo el articulado de la minuta, ya que en numerosas ocasiones se alterna o se corrige el término seguridad interior con seguridad pública.

Es por ello que, en la bancada de Movimiento Ciudadano preferíamos que permaneciera el diseño original, en tanto se debatía con detenimiento el modelo institucional hacia el cual se pretende transitar, antes que dejarnos llevar por la premura y crear adefesios administrativos, como está siendo el caso.

En segundo lugar, nos oponemos a la modificación que establece comparecencias cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y  Seguridad Pública del Senado para dar seguimiento a la política criminal.

Ésta medida que en apariencia fortalece la rendición de cuentas, es limitativa, ya que restringe la facultad del Senado de llamar a comparecer a los funcionarios de gabinete que, de rechazarse ésta propuesta de modificación, es ilimitada.

El artículo 98, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que “pueden las comisiones, para ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden, entrevistarse con los servidores públicos, quienes están obligados a guardar a los senadores las consideraciones debidas”.

De la misma manera el Reglamento del Senado de la República establece en su artículo 133, numeral 1, fracción IX que, en tanto órganos colegiados, las comisiones tienen la atribución de “realizar reuniones de trabajo con servidores públicos, en los  términos de la Constitución y la ley, para ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que les competen”.

De tal manera que, en tanto comisiones ordinarias del Senado de la República, las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública pueden llamar a comparecer a los servidores públicos que consideren pertinentes para el cumplimiento de sus tareas, sin que la normatividad vigente establezca un límite para la cantidad de veces que lo pueden hacer.

Por lo anterior, aunque pensando de buena fe consideremos que el espíritu de la propuesta de modificación contenida en la minuta es el de fortalecer la vigilancia y la rendición de cuentas ante el Legislativo, el resultado es el opuesto, ya que la propuesta limita las funciones más amplias con las que ya cuentan las comisiones ordinarias del Senado. Por lo tanto, rechazamos esta propuesta y proponemos la siguiente modificación

Texto del proyecto de dictamen

Artículo 27.A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XII.Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad interior de la nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; coadyuvar a la prevención del delito; proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Diputado Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. No habiendo reserva, queda en sus términos. Doña Amalia Dolores García Medina, del PRD, a favor.

La diputada Amalia Dolores García Medina:Muchas gracias, señor presidente. Lo felicito por su nombramiento.

Quiero de manera especial decir que compartimos en nuestro grupo parlamentario plenamente la decisión que ha tomado el Senado de la República, ¿por qué la compartimos? Diría que esencialmente, si revisamos el modelo a partir del cual se han constituido los Poderes de la República en nuestro país, parte de este modelo se diseñó a partir de las sociedades modernas con Montesquieu; es decir, un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial, equilibrándose cada uno.

No es un asunto menor. Tenía la intención de generar los contrapesos y los equilibrios que le dieran a la República las condiciones de democracia y también —diría— de gobernabilidad en las sociedades modernas.

Es por ello que la decisión que ha tomado el Senado de la República resulta sustancial; no es un asunto menor. Pero agregaría algunos elementos que hoy, en el México actual, son relevantes.

¿Qué es lo que ha decidido, entre otras cosas, el Senado de la República en esta decisión sobre la administración pública? Que sea el Poder Legislativo; es decir, el Senado, el que ratifique el nombramiento del comisionado del Sistema Nacional de Seguridad, también al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Adicionalmente, se establece la necesidad, la decisión de que el secretario de Gobernación comparezca cada seis meses a rendir cuentas ante el Senado de la República, y es para esta Cámara de Diputados sustancial señalar que también comparecerá ante la Comisión Bicamaral de Seguridad.

¿Qué quiere decir esto? Que estamos ante una decisión sustancial del México democrático moderno; una decisión que genera contrapesos, que pone el acento en los equilibrios, que pone y subraya como una condición de este México moderno la rendición de cuentas.

Es fundamental señalar que aquellos que tienen el uso legal de la fuerza puedan y deban ser ratificados por el poder plural que existe en nuestra República, que es el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión a través de la acción del Senado de la República.

No es además un asunto de los partidos políticos. Hoy escuchamos voces autorizadas en la sociedad civil que han aplaudido esta determinación.

Escuché con una gran atención la intervención de quien hizo uso de la voz a nombre del Partido Revolucionario Institucional, quien señalaba que emprenderán, reconociendo que lo que sucedió en el Senado es una decisión que políticamente ha llevado al PRI a actuar con respeto, a respetar la decisión y esa votación, pero ha señalado que emprenderá una acción de inconstitucionalidad.

La pregunta que yo haría es, ¿por qué no, si hay esta pregunta, este cuestionamiento, esta duda de parte del PRI, no promover algo diferente, en lugar de ir a una acción de inconstitucionalidad?

Haría un llamado respetuoso, pero además con razones y con fundamentos sobre lo que requiere el México moderno, y precisamente en ese espíritu, que es el que le dio vida al Pacto por México que se acaba de signar por las principales fuerzas políticas, para que en todo caso promuevan y se sumen a una acción que le dé más facultades al Congreso de la Unión y para que se garanticen esos equilibrios.

Esto sería una muestra de compromiso verdaderamente con un México democrático, en el cual se rinden cuentas, en el cual hay contrapesos, y en el cual este Poder —al cual pertenecemos— juegue un papel fundamental.

Es por ello que no solamente expresando nuestro respaldo a la decisión que se ha tomado en el Senado de la República, hacemos un llamado al Partido Revolucionario Institucional para que reflexione sobre esa intención preliminar de acción de inconstitucionalidad, para que no la promuevan y para que al contrario, se sumen a la determinación de otorgarle más facultades y más decisiones a este Poder plural, democrático, representante de la nación, que es el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo. Es cuanto, señor presidente; compañeras y compañeros, muchas gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, también en contra. También va a presentar alguna propuesta de modificación, según me informa.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, voy a presentar un posicionamiento en contra, con una propuesta de modificación.

Antes de entrar en las reflexiones, comentaría que será interesante ver la posición de los diputados miembros de la fracción parlamentaria del PRI, después de escuchar la muy atinada disertación del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.

Asistimos por segunda vez al regreso —desde la Cámara de Senadores— de una iniciativa previamente aprobada aquí por la mayoría conformada por el PRI, el PAN, el Verde y el Panal.

En la primera ocasión, se trató de la reforma a la Ley Federal del Trabajo; hoy se trata de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ambos casos la colegisladora actuó con mayor atención a la responsabilidad que el Legislativo tiene en la generación de las leyes. Acá, en cambio, se optó por la velocidad supersónica en la aprobación de ambas iniciativas.

Creo firmemente que acciones recurrentes como éstas explican en buena medida la reputación, lastimosa reputación política de esta Cámara.

¿Qué ocurrió también en el Senado? Que la mayoría priista tomó la tribuna. Veamos entonces que estas acciones no son cuestión de ideología; son una acción reactiva cuando una fuerza política —la que fuere— ve desde su perspectiva cerrados los caminos del procedimiento normativo, tal y como ha sucedido una y otra vez en esta Cámara.

No puedo dejar de señalar que no basta —como pretenden algunos— con asumirse publicitariamente como reformadores; es imprescindible actuar bajo esa convicción ética; es cuestión de altura de miras, de patriotismo y sobre todo de no olvidar que lo que aquí se lleva a cabo no es un simple juego político, sino una tarea cuyos resultados impactan para bien y para mal en la vida cotidiana de la nación.

Nuestra propuesta concreta se basa en los siguientes argumentos. La Cámara de Diputados tiene —entre sus más importantes responsabilidades— el de representar a la ciudadanía. Gracias a ella se da voz al pueblo de México; es decir, a los 112 millones de mexicanos con los que cuenta el país.

Las atribuciones de la Cámara de Senadores, en cambio, son aquellas que involucran al Pacto Federal. Con base en esa lógica, el Senado tiene entre sus facultades ratificar puestos de política exterior y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la reserva que nos compete el día de hoy, en el artículo 27, propone que la Cámara alta sea quien ratifique el nombramiento del comisionado nacional de Seguridad y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dado que estos cargos representan temas de política interior, debido a que involucran directamente la seguridad del ciudadano, consideramos que la ratificación debe ser atribución de la Cámara de Diputados; es nuestra responsabilidad crear pesos y contrapesos entre los órganos de gobierno, pero también el designar de manera correcta las atribuciones que pertenecen a esta Cámara.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración de la asamblea, la siguiente reserva.

El comisionado nacional de Seguridad y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública serán nombrados por el titular del Poder Ejecutivo federal, con la ratificación de esta honorable Cámara de Diputados.

Me quedan unos segundos y no puedo dejar de señalar la contradicción que representa que estemos fortaleciendo, por un lado, la capacidad policiaca de la Secretaría de Gobernación, aún cuando todavía no se aclaran los hechos de represión cometidos por este gobierno el día primero de diciembre. Me parece que debemos de reflexionar antes de dar luz verde a esta iniciativa; deberíamos también citar al secretario de Gobernación para que explique la acción policiaca represora de esa fecha. Muchas gracias, por su atención.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Reserva al dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 27, último párrafo.

Alfonso Durazo Montaño y el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6o., fracción X, 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos al Pleno de esta honorable Asamblea, la siguiente reserva al artículo 27, último párrafo del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Cámara de Diputados tiene entre sus más importantes responsabilidades representar a la ciudadanía, gracias a ella se da voz al pueblo de México, es decir a los 112 millones de habitantes con los que cuenta el país.

Así como la función de ésta se debe a la población, las atribuciones de la Cámara de Senadores son aquellas que involucren al pacto federal.

Con base en esta lógica, el Senado tiene entre sus facultades ratificar puestos de política exterior y a los Ministros de la Suprema Corte Justicia.

En la reserva que nos compete el día de hoy, el artículo 27, fracción XLIII, propone que la Cámara alta sea quien ratifique el nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dado que estos cargos representan temas de política interior, debido a que involucran directamente la seguridad del ciudadano, consideramos que la ratificación debe ser atribución de la Cámara de Diputados.

Es nuestra responsabilidad crear pesos y contra pesos entre los órganos de Gobierno, pero también el designar de manera correcta las atribuciones que pertenecen a cada Cámara.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea, la siguiente reserva:

27. ...

XLIII. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

...

El Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública serán nombrados por el titular del Poder Ejecutivo Federal con la ratificación de la Cámara de Diputados.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 13 días del mes de diciembre de 2012.— Diputado Alfonso Durazo Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. En su momento daremos trámite a la propuesta que ha presentado. Tiene ahora la palabra, para hablar en pro del dictamen, el diputado Fernando Belaunzarán, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:La democracia requiere de contrapesos, de equilibrios, y las reformas que se hacen en el Senado de la República al dictamen ayuda a eso, a que haya contrapesos, equilibrios; a que haya un cogobierno, de alguna manera, corresponsabilidad.

No hay que concentrar todo el poder en un solo poder, para eso es la división de poderes. Esto que parece redundante, este asunto del ABC de la democracia se cumple muy bien con estas reformas.

Por supuesto, el hecho de que dos personajes claves del combate a la delincuencia sean o tengan que ser ratificados por el Poder Legislativo es un avance democrático. Ayuda a que haya confianza, que se cuiden perfiles, a que sea la gente más preparada, más profesional, a que dé confianza a la sociedad.

Por supuesto, nadie quita el derecho de que sea el presidente quien lo proponga, es su gente, tiene que estar bajo su mando; el responsable directo del Poder Ejecutivo es el presidente y es correcto que él lo proponga. Pero es correcto que estos personajes, estas posiciones, estas funciones de gran nivel sean, por supuesto, ratificados por el Poder Legislativo para que se vea que hay confianza política y social. Porque no podrán cumplir con su responsabilidad de una manera correcta, si es que no tienen este contrapeso.

Ahora, quiero dejar muy claro que el Grupo Parlamentario del PRD no tiene un problema de esquizofrenia, lo que hacemos en el Senado también lo respaldamos en la Cámara de Diputados. Tenemos un discurso, tenemos una agenda política, tenemos nuestras propuestas y las impulsamos en las dos Cámaras y no borramos con una mano lo que escribimos con la otra.

Por supuesto, quiero decir que allá en el Senado se consiguieron algunas cosas que habíamos propuesto aquí mismo, en la Cámara de Diputados, en la comisión. Por ejemplo, que se reconociera que ya no hay veto de bolsillo por parte del presidente y de que la publicación de los acuerdos que se den en la Cámara de Diputados pueden hacerla también los presidentes de las Cámaras. Eso que no se aceptó aquí, se aceptó allá.

Algo también muy importante, se quitó el capricho, porque había quedado un resabio del capricho de darle a la Secretaría de Desarrollo Social funciones que no le correspondían; ya se le había puesto ahí a Inmujeres, se le había puesto ahí a la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que nada tenían que hacer en desarrollo social, era un capricho. Pero faltaba la Conapred, ¿qué tenía que hacer la Conapred en desarrollo social? Nada, absolutamente nada, era un asunto arbitrario, caprichoso, que no se sostenía en una lógica de la administración pública, y los senadores hicieron bien en ponerlo donde tendría que estar, un asunto de justicia, de gobernanza, como es la Secretaría de Gobernación. Eso me parece un avance importante.

Algo que tendríamos que reflexionar —y hago una atenta invitación a que lo hagamos— como una crítica muy fraternal a la derecha y como una crítica también muy fraternal a la izquierda —y esto sería en este caso autocrítica— ¿porqué se consiguen las cosas en el Senado? Porque ahí sí hay un contrapeso y se pueden conseguir cosas, que aquí planteamos y no lo logramos.

Es cierto que hay una diferencia de cuatro votos, mayoría opositora en el Senado y aquí no; sin embargo, las cosas siguen siendo muy cercanas, muy equilibradas, ¿por qué no pasa ahí? ¿Por qué aquí no podemos hacer? Porque finalmente, quiero reconocer que el PRI hace su trabajo; el PRI saca sus reformas como vienen, de la mejor manera, pero les facilita, sí la oposición de derecha y de izquierda, cada quien está por su lado.

Hago quizás esta reflexión, porque a lo mejor, sería mejor para todos que no nos estuvieran enmendando la plana siempre en el Senado para estas cosas y podamos tener una mejor negociación y unos mejores acuerdos, si es que nos vamos coordinados, derecha, izquierda, no para obstruir, no para obstaculizar, no para frenar, sino para incidir de mejor manera, como es el caso de estas reformas.

Quizás, si lo hubiéramos hecho de esta manera, pues sería la Cámara de Diputados la que tendría que ratificar y no el Senado. Pero ahí es donde actuaron de manera coordinada, equilibrada y llegaron a este buen acuerdo.

Nosotros creemos en las instituciones y sabemos que finalmente, si hay una controversia, la Suprema Corte definirá y seremos respetuosos de su decisión y me parece muy bien que sin menoscabo, sin sentirnos agraviados, aceptemos que cada institución cumpla su responsabilidad.

Eso también es división de Poderes, que lo que le corresponde al Ejecutivo lo haga él, lo que le corresponde al Legislativo, igual y el Poder Judicial, por supuesto me parece un círculo virtuoso, y aquí se logra un círculo virtuoso si es el Poder Legislativo el que también contribuye para que quienes se encarguen de la seguridad de los mexicanos pues sea ratificado por quien tiene a la representación popular.

No olvidemos que el presidente representa al 38 por ciento de los mexicanos, en ese sentido del número de votos, pero aquí juntos somos el 100 por ciento. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, para hablar en contra y también para presentar alguna propuesta de modificación, el diputado Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadanos diputados. Gracias, ciudadano presidente. Miren, señores diputados, señoras diputadas, es un debate importante, les diría quizás el más serio o uno de los más serios que se ha presentado en la Cámara de Diputados, y ahí quiero remitirme.

En efecto, nadie estaría en desacuerdo en la doble legitimidad de los funcionarios encargados de la seguridad pública, sería deseable. Lo que me preocupa es que no se atente contra la Constitución, contra la ley, por la siguiente razón.

Aun y cuando ustedes aprueben por mayoría esta Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y frente al anuncio que ha hecho el PRI, que por supuesto nosotros curiosamente avalamos, porque promover la acción de inconstitucionalidad —no controversia constitucional, es una acción de inconstitucionalidad— se va a lograr, por la siguiente razón.

Hay precedente, aquí hay varios que fuimos senadores —entre otros el senador Camarillo, Villareal y otros más, Manlio— y en el 2007 se hizo lo mismo con la Ley de Telecomunicaciones; la Ley de Telecomunicaciones fue impugnada mediante acción de inconstitucionalidad, porque en la ley reglamentaria se establecía la ratificación del Senado de sus integrantes.

¿Saben qué sucedió? La Corte resolvió a favor del Ejecutivo, independientemente de quién sea, resolvió que el Senado estaba equivocado e invalidó el acto del Senado, declaró positiva y afirmativa la acción de inconstitucionalidad y obligó al Senado a que el propio Senado, en su fracción III —que ustedes pueden leer— del artículo 89, establezca en la Constitución la facultad de ratificación de los servidores públicos de Telecomunicaciones.

Lo que planteo, no es estar en contra de quitarle o restarle facultades y funciones al Senado de la República, lo que planteo es que sea aseada jurídicamente. Porque si a través de la ley que estamos modificando se establece la facultad de ratificación del Senado para funcionarios públicos en materia de seguridad pública, la acción de inconstitucionalidad va a prosperar, señores, va a prosperar, y entonces tenemos que modificar la Constitución para establecer en el 89 la facultad del Senado para la ratificación de los servidores públicos en materia de seguridad pública.

Les pregunto, ¿para qué esperarnos que la Corte nos enmiende la plana, si en este momento podemos resolverlo? No es un asunto de mayorías; no es un asunto de que ahora estamos todos unidos, es un problema constitucional, de legalidad y por supuesto, los remito con toda puntualidad para los que les interese —que sé que hay gente atenta y gente estudiosa en esta Cámara— los voy a remitir a una jurisprudencia. Fíjense lo que les digo: ya es jurisprudencia.

La jurisprudencia está en la página 1, en la 62 del 2007, del Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta Novena Época, pleno 26, diciembre de 2007, en la página 965. Ahí se establece que si el Senado de la República o la Cámara de Diputados ratifica —o aun cuando legisle la ratificación— está invadiendo la esfera del Poder Ejecutivo, está invadiendo la esfera del Poder Ejecutivo.

Aquí hablaba un orador, no recuerdo si del Verde, que lo hizo con propiedad sobre el derecho administrativo; en efecto, en nuestro derecho administrativo está la administración centralizada y la paraestatal, y el presidente tiene la facultad de nombramiento de sus secretarios, porque tienen patrimonio propio y personalidad jurídica única; salvo lo que diga la Constitución de ratificación podrá hacerse.

¿No son acaso los funcionarios que pretende ratificar parte del Ejecutivo federal, o son órganos autónomos? No, son parte del Ejecutivo federal y por tanto, no me niego a que haya ratificación de ellos por el Senado, simplemente antes modifiquemos la Constitución, señores.

Es muy sencillo, es un problema de interpretación constitucional, porque lo que estamos haciendo, o lo que ustedes van a aprobar es una grave deficiencia constitucional y una grave ignorancia jurídica lamentablemente.

Los remito a que lean, a que estudien. No es un asunto de estar a favor de uno u otro partido, es un error. Modifiquemos la Constitución, como lo saben hacer; si la de Educación la quieren sacar en 24 horas, ¿por qué no modifican el 89, y en 24 horas antes de modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal lo hacemos? Es más, les anticipo que votaríamos en favor.

¿Por qué el Senado tiene que ratificar, si la Cámara de Diputados es la representación popular por excelencia? Los senadores representan al Pacto Federal, representan a las entidades federativas, ¿por qué tenemos que aceptar que sea el Senado y no la Cámara de Diputados, si son los dos miembros del Congreso de la Unión?

Hemos ido cediendo la Cámara de Diputados facultades, cuando también debería participar la Cámara de Diputados. Es un asunto de fondo y es un debate serio, a los que los invito a reflexionar. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN, en pro.

El diputado Rubén Camarillo Ortega:Gracias, presidente. Debo de aceptar de entrada que me preocupa de pronto estar de acuerdo con el diputado Monreal y me preocupa, lo tengo que decir de entrada. Pero creo que ha traído aquí a la mesa un tema que ya justamente habíamos debatido hace algunos años.

No sé si esté aquí presente el diputado Beltrones, lo vi aquí hace un momento, aquí en los pasillos, porque a él me voy a referir. Recuerdo justamente, en este debate profundo que dimos en el Senado de la República hace algunos años, de cuál debería de ser el arreglo constitucional, legal, sobre el equilibrio de Poderes, sobre la participación conjunta de, por un lado, el Poder Legislativo y por otro lado, el Poder Ejecutivo, en temas de trascendencia nacional.

Hoy entiendo —y me congratulo, por cierto— que en el sistema mexicano tengamos un Poder Legislativo bicameral. Lo digo por las siguientes razones; primero, porque está muy claro —hay que decirlo con todas sus palabras— que cuando se aprobaron aquí de origen las modificaciones a esta Ley Orgánica de la Administración Pública Federal hubo omisiones, hubo inclusive —diría— descuidos. Aquí fueron relatados una y otra vez por compañeros diputados y sin embargo, haciendo uso de esa mayoría, que de pronto es presuntuosa de los compañeros del PRI, lo único que están haciendo es que se repita una y otra vez que pareciera ser que el Senado de la República nos tiene que enmendar la plana.

La verdad es que el Senado de la República no nos tiene que enmendar absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer en todo caso es, aquí en este recinto, aquí en la Cámara de los Diputados, actuar con una mayor prudencia, con un mayor cuidado, con una mayor tolerancia de esta alianza que hace el Grupo Parlamentario del PRI y el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista y que a veces cuenta también con la participación del Partido del Panal.

Me parece entonces que sí valdría la pena hacer una reflexión de que si no queremos seguir viendo esta historia una y otra vez; que minutas que van de la Cámara de los Diputados con estos abusos de esta mayoría en esta Cámara vengan de retorno, vengan de regreso de la Cámara de los Senadores.

Entrando al fondo del asunto, estoy convencido, y se lo digo al diputado Beltrones en esta tribuna, que le he admirado durante muchísimo tiempo su actitud institucional que tuvo en el Senado de la República, cuando planteaba esta necesidad de la colaboración de los Poderes de la República; pareciera ser que hoy ya se le olvidó al diputado Beltrones lo que decía cuando era senador de la República y estaba en la oposición. Conmino hoy públicamente al diputado Beltrones a que sea congruente con lo que decía en el Senado de la República y venga con esta actitud aquí a la Cámara, de colaboración y no de imposición.

Por otro lado, me parece afortunado —y lo digo con toda la claridad— de que asumiendo la posición que el diputado Monreal ha tenido, resolvamos de fondo este asunto.

Sigo pensando y estoy convencido de que no se puede otorgar a la Secretaría de Gobernación el mando policial también, con la conducción política, por otro lado, y a la par y de la mano de esta atribución, no le damos el contrapeso necesario. Cubramos las formas; hagámoslo bien. En eso estoy de acuerdo.

Segundo y finalmente, si la mayoría de esta Cámara acompañada del PRI, el Verde y el Panal —si es que el Panal también lo acepta y el Verde— deciden ir a una controversia constitucional; me parece que demostrarán en los hechos lo que me parece que es un exceso: votan a favor hoy, de esta ley, para poder avanzar y darle la posibilidad a su presidente, emanado de sus filas, el presidente de todos los mexicanos, porque así lo ordena nuestro marco constitucional y legal, le dan su voto hoy para que alcance a pasar esta reforma. Eso lo hacen con la derecha, y con la izquierda van y se van a la Corte en una controversia constitucional.

Finalmente, lo digo con toda claridad, no es que escribamos una cosa con una mano y la borramos con otra, en el Senado, como se dijo aquí hace un momento. Sí creo que en el sistema bicamaral del Congreso mexicano. Qué bueno que existe para poder realmente tener la posibilidad de corregir excesos, de corregir descuidos y sobre todo, de corregir abusos que de pronto se dan desde esta Cámara o de la otra, en circunstancias diversas.

Quisiera hacer un llamado finalmente: compañeros del PRI, diputado Beltrones, ¿no serán suficientes estos dos eventos que ya tuvimos con el Senado de la República para que finalmente se entienda, que quede claro, que no se puede regresar el tiempo 30 años, cuando una sola fracción parlamentaria aquí decidía lo que se tenía que hacer en este país, que se requiere diálogo respetuoso, que se requiere colaboración? De otra manera, entonces acostumbrémonos a que nos empiecen a decir los medios de comunicación que una vez más el Senado de la República le corrige la plana a la Cámara de Diputados. Eso simple y sencillamente no lo aceptamos. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Antes de darle la palabra al diputado Manuel Huerta, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de jóvenes zacatecanos, que están hoy aquí invitados por el diputado Ricardo Monreal.

También a un grupo de potosinos, que invitó a esta sesión la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta, en contra y también para una propuesta de modificación.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Con su permiso, señor presidente. Ya los ex senadores, que ahora son diputados dirían, los abogados: a confesión de parte, relevo de pruebas, y vemos cómo probablemente en la votación por venir retomaremos esas consignas revolucionarias de mátalos y ya luego averiguamos.

No cabe duda que el día de hoy está demostrado la inconstitucionalidad de esta reforma en el mismo debate. No hay que abundar más.

Particularmente sostenía —en nota aparte— cómo se ven estas inconstitucionalidades o cómo rebajamos la fuerza de la Cámara o de las Cámaras, con estas supuestas reformas, y decía: como Cámara tenemos derecho a llamar a cualquier servidor público, no es una concesión que nos digan que van a ir los responsables, el secretario de Gobernación o el jefe de la policía cada seis meses a entregarnos cuentas, y cuando decíamos sobre la política criminal —que van a hablar de eso— también resulta que violentan la Constitución.

La Ley General del Sistema de Seguridad Pública establece la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios; la ley determina, en su artículo 10, fracción I, que el Consejo Nacional de Seguridad Pública será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas. Dicho consejo es presidido por el presidente de la República. El Consejo Nacional podrá funcionar en pleno o en las comisiones previstas por dicha ley. El pleno se reunirá por lo menos cada seis meses, a convocatoria de su presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar.

Ya el artículo 14 de dicha ley determina las atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad, entre las que se encuentra la de establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, etcétera.

De toda esta lectura, lo que resulta es la modificación para que el secretario de Gobernación sea el responsable de informar sobre la política criminal; exige congruencia con la regulación de seguridad pública, que deriva del 21 constitucional y de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, con el objeto de evitar contradicciones e incongruencias en las atribuciones que le da la Constitución y la propia ley que determinan ya para el Consejo Nacional de Seguridad, con las nuevas atribuciones que en la materia le quieren asignar a la Secretaría de Gobernación.

Nosotros hemos planteado en el PT y un servidor está convencido también que son necesarios los acuerdos políticos, pero esto del Pacto por México es algo que realmente ni a sus propios partidos les han informado ni a los diputados les informan, nada más los traen por ahí: ahora les mandamos ésta, vótenla y les damos 24 horas y córranle y apúrense.

¿Dónde queda la sociedad? ¿Cuándo la han consultado? ¿Qué representan estos que están firmando, si son producto de la ilegitimidad, cuando menos porque ya la legalidad la cubrieron a través del control que mantienen en los órganos electorales?

¿A qué nos llaman? A firmar pactos por México, ¿para reprimir el primero de diciembre? Pactos por México, ¿para que una persona esté en estado de coma? Pactos por México, ¿para que un joven pierda un ojo? Pactos por México, ¿para qué? ¿Para que existan desaparecidos políticos? Pactos por México, ¿para que existan 14 presos en la cárcel? ¿Quieren esos pactos? A esos no vamos a ir.

Ojalá fuera congruente el Partido Revolucionario Institucional y estas acciones de inconstitucionalidad las llevaran más a fondo; cuando les propusimos en la reforma laboral ir, ¿acaso van? Van a conveniencia, como siempre es el PRI, ya lo sabemos.

Nosotros vemos —para finalizar— que esta reforma es parte de los mandatos de la reprogramación política salinista que está dándose en este país; por desgracia algunos ya se fueron con el canto de las sirenas, y ahí van y ahí seguirán. Dios los bendiga.

A nosotros los tigres con pies de papel no nos dan miedo, por más propaganda política que estén generando. Nosotros vemos que están creando un monstruo, un monstruo de dos cabezas con esta administración que están generando, y obviamente ya iremos platicando qué más vemos de lo que están haciendo en la administración pública, pero en la calle la tristeza social continúa, la incredulidad política crece y eso ustedes lo saben.

Peña Nieto subió del 40 por ciento de ilegitimidad —se traduce: el pueblo, cree que hubo fraude electoral— al 61 por ciento. Lean bien lo que está ocurriendo en la calle, el pueblo de México no les cree y por eso les va a creer menos, si están haciendo leyes que perjudican a la población, como ésta que está legitimando lo que ustedes hicieron el primero de diciembre, reprimiendo a los jóvenes. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Reserva fracción XII del artículo 27 de la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado Huerta, el diputado Rangel Espinosa desea formularle una pregunta, ¿la acepta?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado Rangel. A ver, sonido en la curul en que se encuentra el diputado Rangel, por favor, y si no, que se cambie a la curul de a lado, a una que se le pueda abrir el sonido. Adelante, diputado.

El diputado José Rangel Espinosa(desde la curul): Gracias, presidente. El planteamiento es muy concreto; es un tema que se ha socializado cada vez con más frecuencia en esta Legislatura, en esta Cámara de Diputados.

Ya hay preocupación, hay molestia por las actitudes de dos o tres diputados, entre ellos incluido el diputado Ladrón de Guevara. Resulta que tratan de envolver en planteamientos ideológicos, argumentaciones —no sé con qué fines— que lo único que han logrado es manchar la imagen de la Cámara.

Todos tenemos la intención de dignificar a este Poder y por más que nos esforzamos, resulta que hay actitudes de este tipo.

Por eso le preguntaría en concreto a este diputado, que si le interesa también a él el que mejore la imagen del Poder Legislativo, ¿estaría dispuesto a modificar, si no el contenido —porque ya ve, son cuestiones mentales— si no el contenido de su argumentación, sí cuando menos los calificativos? A efecto de que la ciudadanía al menos no reciba estos impactos negativos. Sería cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Puede dar respuesta, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Mire, diputado, he sostenido en esta tribuna que los verdaderos responsables de lo que aquí ocurre no están aquí. Ya he dicho que el señor Salinas de Gortari —que es el que les mandata— no viene aquí, y los que están atrás de él, los intereses de los dichosos poderes fácticos, que dicen que van a combatir, las televisoras, todos estos que están provocando y sobre todo, los que han instrumentado la política económica que tiene sufriendo a nuestro pueblo, y obviamente que nos interesa que cambien.

Me da mucha pena que no sepa usted leer ni siquiera mi nombre; le vamos a hacer llegar de navidad un Pequeño Larousse.

Decirle —para finalizar— que estamos hablando de un tema que sociológicamente lo definió Max Weber, el tema de la ilegitimidad del presidente que está en funciones hoy, y que históricamente y políticamente nunca se había visto que el bono democrático, que aquí fue de alrededor del cincuenta y tantos por ciento que tenía, se disminuya más de 15 puntos porcentuales. Eso es lo que le debería provocar.

Si quiere, luego le explicamos un poquito estas cuestiones o puede ir a un curso en la Universidad Nacional Autónoma de México, o en cualquier otra universidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en pro. En turno, el diputado Tomás Torres Mercado, y después llevaremos a cabo las votaciones.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Ciudadano presidente. Diputadas, diputados, compañeros de legislatura, debatimos hoy las modificaciones a la minuta que el Senado de la República ha hecho, de conformidad con lo que establece y las facultades que le permite el artículo 72 constitucional, en su calidad de Cámara revisora.

Como Grupo Parlamentario del PRD aplaudimos el esfuerzo que realizaron las compañeras y compañeros senadores; consideramos que es un avance el hecho de que dos importantes funcionarios federales: el comisionado nacional de Seguridad Pública y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sean ratificados por el Senado.

Hace unos días, cuando aquí se planteó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, subí a esta tribuna para decir que era un exceso poner la Policía bajo el mando del secretario de Gobernación, porque era una copia de lo que se hacía en otros regímenes que eran parlamentarios y donde el ministro sí estaba supeditado a la consideración y a la rendición de cuentas frente al Parlamento.

Hoy la minuta que se nos envía establece también, no solamente la ratificación de estos funcionarios, sino también su rendición de cuentas ante las Comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del propio Senado; por eso nosotros vamos a votar a favor de esta minuta.

Hemos escuchado aquí —con mucho respeto— a compañeros y compañeras que se han pronunciado en contra y que hablan de que van a recurrir a la acción de inconstitucionalidad.

Celebro —como celebro que el Senado haga uso de sus facultades del 72 constitucional— celebro que haya quienes también hagan uso de los mecanismos que señala la Constitución para acudir ante la Corte.

En su momento celebraré que la Corte, actuando como tribunal constitucional emita su opinión al respecto, pero nosotros tenemos también nuestra propia interpretación, que haremos valer.

El artículo 89 de la Constitución, en su fracción II, señala la facultad del Ejecutivo federal de nombrar a funcionarios, pero establece una salvedad en su último párrafo; dice textualmente la Constitución, en su fracción II: Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.

Éste último párrafo del 89, fracción II, que establece esta salvedad de los nombramientos que estén determinados de otro modo en la Constitución o en las leyes, es lo que está haciendo valer el Senado al establecer la ratificación de estos funcionarios de seguridad pública. Pero bueno, será la Corte la que determine quién tiene la razón jurídica; por lo pronto, es de lamentarse que vayan en contrasentido de la lucha democrática, del avance democrático del país.

Quienes hoy amenazan con ir a la acción de inconstitucionalidad, a finales de los noventa aprobaron la reforma constitucional que permitió que el procurador general de la República sea ratificado por el Senado. Son los mismos que hace algunos meses proponían en la reforma del Estado que el gabinete fuera también sometido a la ratificación del Senado.

Por eso, nos parece una incongruencia que hoy se opongan a este avance, pequeño, quizá un difuso control constitucional a los posibles excesos del Poder Ejecutivo, pero finalmente es un avance que se logró en el Senado y que el Grupo Parlamentario del PRD no tendrá ningún impedimento para avalar en esta Cámara. Es cuanto, compañero presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, compañero diputado. Finalmente, en la discusión, tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Tomás Torres Mercado:Muchas gracias, señor presidente. Ante el privilegio de ser el último en este listado de oradores y para no generar confusiones, solo quiero recordar a las señoras, a los señores diputados, que la minuta que estamos discutiendo el día de hoy tuvo su origen justamente en la Cámara de Diputados; fue una iniciativa del Poder Ejecutivo que nosotros compartimos, que nosotros acompañamos, porque consideramos y además, aquí ha habido quien ha ejercido el poder desde la titularidad de los ejecutivos de los estados.

¿Por qué la acompañamos? Porque a la visión y el compromiso político debe dárseles marco legal para hacer posible la oferta política, para hacer posible una plataforma y cumplir la demanda de los gobernados.

Pero quiero, para no generar confusiones, presidente, virtud a que la minuta tuvo su origen en Cámara de Diputados y la revisora modificó el contenido del dictamen originario, la discusión debe contraerse solamente a la parte relativa, modificada por el Senado de la República.

Quiero plantearle y sé que lo tienen contemplado, señor presidente, que para efectos de la votación separe particularmente el asunto en cuestión, que tiene que ver con el artículo 27, fracción XVI, último párrafo, ¿a qué se refiere? A la facultad del Senado de la República para ratificar al comisionado del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Vayamos a dos paquetes para que no generemos confusiones.

Pero quiero agregar, no vayamos a la confusión de que los pesos y contrapesos son el argumento para decir que es constitucionalmente procedente, ya se dijo muy bien aquí, ya se argumentó, que el Senado ratifique a esta autoridad de la estructura del Ejecutivo no es así.

En efecto, hay ya criterios de nuestro más alto tribunal de justicia del país. En el caso de Cofetel, siendo un órgano desconcentrado, subordinado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Corte dijo: no tiene facultades el Senado de la República.

Reforma la Constitución y en efecto, diputado Camarillo, se reforma la Constitución para darle facultades al Senado, producto de un acuerdo político para que tenga facultades de ratificación de los órganos reguladores en materia de telecomunicaciones y competencia. Es el caso ahora.

¿Cuál será la materia de la acción de inconstitucionalidad? El que esta ley —qué paradoja— en su caso, entablará la acción de inconstitucionalidad una minoría, que es mayoría en esta Cámara, pero no lo es en la revisora.

¿Cuál es el propósito? De que se resuelva si esta ley contraviene la Constitución Política del país, la norma de normas, y nosotros decimos que tal caso está ocurriendo.

Pero también, con toda responsabilidad, una vez más, el Partido Verde Ecologista de México hará lo que políticamente estime pertinente, con la finalidad de que esta minuta se convierta en ley y que no la matemos en el proceso legislativo, y que se le dé viabilidad a un compromiso político del titular del Ejecutivo federal y que va a acompañar el Partido Verde, desde su responsabilidad en el Congreso. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, voy a pedirle a la Secretaría que procesemos en una primera parte las tres propuestas de modificación que fueron dejadas por escrito, en el orden en que fueron presentadas.

Le pediría que diera lectura a la propuesta de modificación del diputado Juan Luis Martínez y que inmediatamente después, pregunte a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Correcto. Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes. Proponer al Ejecutivo federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la administración pública federal —quitando el siguiente párrafo y seguir— Coadyuvar a la prevención del delito. Ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública.

En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión.

Le ruego ahora dar lectura a la propuesta de modificación presentada por el diputado Alfonso Durazo, al último párrafo del artículo 27, y que inmediatamente después también pregunte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Texto propuesto: Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. El comisionado nacional de Seguridad y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública serán nombrados por el titular del Poder Ejecutivo federal, con la ratificación de la honorable Cámara de Diputados.

En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión.

Finalmente, le pido, dé lectura a la propuesta de modificación a la fracción XII del mismo artículo 27, que presentó el diputado Manuel Huerta, y que inmediatamente después también consulte a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Propuesta: Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes. Proponer al Ejecutivo federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la administración pública federal. Comparecer cada seis meses ante las Comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado, para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique. Coadyuvar a la prevención del delito. Ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales. Salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión.

Para conocimiento de la asamblea y en razón de que ha sido planteado, tanto por el Grupo Parlamentario del PRI, como del Grupo Parlamentario del Partido Verde y también el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a través del diputado Monreal, es necesario votar por separado la fracción XVI del artículo 27, y el último párrafo del mismo artículo 27. Estos que tienen que ver con el mismo tema quedarán separados, como si hubieran sido reservados, aunque la discusión se dio en lo general y en lo particular, en un solo acto.

En consecuencia, voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación, por 10 minutos, para recoger la votación nominal en lo general y de los artículos no reservados en los términos del dictamen. Después de eso votaremos por separado la fracción XVI y el último párrafo. Ábrase el sistema electrónico de votación.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

No se aceptará ningún voto después del cierre, a efecto de que son 10 minutos en votación. Se informa a las diputadas y diputados que solamente queda un minuto. Una vez cerrado el sistema no se va a aceptar ningún voto.

El Presidente diputado José González Morfín: Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial de las bienvenidas a un grupo de alumnos de secundaria de la Estic 111, del municipio del Valle de Chalco, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel y el diputado Arturo Cruz Ramírez. Bienvenidos a esta sesión.

Saludamos a un grupo de alumnos y maestros de la Universidad Mexiquense del Bicentenario de Huixquilucan, estado de México, que están aquí invitados por el diputado José Luis Oliveros. Bienvenidos también a esta sesión.

A un grupo de alumnos de la Universidad Privada del Estado de México (UPEM), de la licenciatura en derecho, que también están aquí invitados por la diputada Karina Labastida. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 423 votos en pro, 38 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 423 votos.

Vamos ahora a abrir el sistema electrónico de votación, por 10 minutos, para recoger la votación nominal respecto de la fracción XVI del artículo 27, y el último párrafo del mismo artículo 27, en un solo acto. Ábrase el sistema electrónico de votación, por 10 minutos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo...

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, permítame, diputada secretaria. Sonido en la curul del diputado Alonso Raya.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Precisiones en la asamblea, presidente, de en qué sentido la cuestión de la votación.

El Presidente diputado José González Morfín: Correcto, con mucho gusto, diputado. En el entendido de que el voto en pro es en los términos del dictamen. No se presentó una propuesta distinta y el voto en pro es en los términos en que viene la minuta de la Cámara de Senadores. Ábrase el sistema electrónico de votación, por 10 minutos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados.

(Votación)

Se pide a los diputados que emitan su voto antes de que transcurra el tiempo fijado para la votación; una vez cerrado el sistema no se aceptará ningún voto.

Se informa a las señoras y a los señores diputados que solamente resta un minuto para emitir su voto; una vez cerrado el sistema no se aceptará ningún voto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 228 votos en pro, 38 en contra y 195 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobada la fracción XVI y el último párrafo del artículo 27 del decreto. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

ARTICULOS 25 Y 26 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, y primero y tercero del Apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado José González Morfín: «Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

1. El 22 de febrero de 2011, el Senador Eloy Cantú Segovia, a nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar y reformar los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de competitividad económica. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

2. El 13 de diciembre de 2011, el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado A del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Competitividad Económica, enviándolo a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.

3. El 15 de diciembre de 2011, la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de Diputados, el expediente relativo al Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del Apartado A del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. El 19 de diciembre de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, la Minuta antes mencionada, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen.

II. Contenido de la minuta

Para efecto de emitir el presente dictamen, esta Comisión considera que dada la relevancia del tema se hace transcripción de las consideraciones del Dictamen aprobado por el Senado de la República, bajo lo siguiente:

“El iniciante destaca que uno de los más grandes desafíos que enfrenta nuestro país es recuperar un crecimiento económico suficiente para generar los empleos en la cantidad y calidad necesarios para incrementar el bienestar de los mexicanos y abatir en el menor tiempo y en el mayor grado posible la pobreza.

Considera que entre los requisitos indispensables para generar crecimiento económico está el conjunto de condiciones que conocemos actualmente como “competitividad” y que son todas aquellas que permiten a un país generar, atraer y conservar las inversiones necesarias para generar empleos e incrementar su productividad.

Por lo anterior, el Senador Eloy Cantú Segovia propone incluir la competitividad entre los principios constitucionales que rigen la rectoría del Estado del desarrollo económico de la Nación y que se encuentran establecidos en el artículo 25 de la Carta Magna, definiéndola precisamente como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Refiere datos de los diferentes índices de medición internacional de los grados de competitividad que existen en cada País en los años recientes, destacando una creciente pérdida de condiciones de competitividad que se ha observado para México en los reportes anuales del World Economic Forum; el World Competitiveness Center del International Institute for Managment Development de Lausanne (IMD) y, del Banco Mundial, el Doing Business Index.

Considera que la pérdida de la competitividad del País en estas evaluaciones, hacen necesario establecer una política pública general con acciones que permitan frenar este deterioro y generar de nueva cuenta condiciones para mejorar la posición de México dentro de la competitividad de la economía global.

Refiere los esfuerzos que se han realizado los últimos años por mejorar la competitividad del País así como la inclusión del tema en el PND 2007-2012 pero estima que las acciones realizadas no han sido suficientes para mejorar las condiciones de México en el contexto de la economía mundial.

Refiere también la existencia de comités para fomentar la competitividad en ambas cámaras del Congreso de la Unión que, si bien han logrado impulsar cambios legislativos sustanciales, no han sido todavía suficientes para revertir la tendencia negativa de la competitividad nacional.

Destaca entre las diversas acciones realizadas, los programas anticíclicos que el gobierno federal puso en marcha en 2008 y 2009; las reformas a las leyes de adquisiciones y de obras públicas; a la ley de competencia económica así como las distintas acciones de mejora regulatoria en materia fiscal y de comercio exterior que ha decretado el Poder Ejecutivo.

Considera, sin embargo, que la estrategia para mejorar la competitividad debe ser ejecutada bajo un enfoque integral con instrumentos sólidos y efectivos de tal manera que resulte atinada, oportuna y eficaz.

Describe que con la inclusión de esta reforma en la Constitución, el gobierno federal estaría obligado a conformar una política pública que atienda los rubros que conforman las condiciones de competitividad, a saber: sistema tributario, sistema educativo, sistema de ciencia, innovación y tecnología, logística y comunicaciones, costo de la energía, regulación de la competencia económica, condiciones del mercado laboral, fortalecimiento de los procesos de mejora regulatoria y consolidación del Estado de Derecho, entre otros.

Al insertarse en el artículo 25 la iniciativa propone que la competitividad se considere desde un punto de vista jurídico, globalizador, relevante y general como lo es los objetivos e instrumentos que señala para la rectoría del Estado del desarrollo nacional este artículo.

Adicionalmente, si bien esta inclusión constituiría por sí misma un importante avance, considera que resulta indispensable acompañarlo de otras previsiones en la Carta Magna que impliquen acciones para promover y materializar esta importante declaración. Por ello, propone también la adición de un último párrafo al mencionado artículo 25 para establecer la obligación de determinar una política nacional industrial, que incluya vertientes sectoriales y regionales.

Señala que hace tiempo que México no tiene una política industrial nacional y que se ha mencionado con algún grado de ironía que “la política industrial mexicana es que no exista política industrial”.

En este entendido, los mercados nacionales e internacionales generan por sí mismos las variables y las vocaciones de los diferentes sectores y regiones productivos, que por sí solos encontrarían la mejor forma de generar su desarrollo industrial, lo cual repercute naturalmente en mayores costos de instrumentación y en fracasos de proyectos diversos afectando con ello la generación de empleo y crecimiento.

Estima que esta visión es insuficiente, corta y simplista. Los países que se han encargado de definir políticas de impulso y fomento industrial por sectores y regiones, aprovechando de la mejor forma las ventajas y oportunidades, han logrado impulsar de manera destacada la competitividad de todos sus sectores y hoy son líderes en el crecimiento económico.

De esta manera, considera que vincular competitividad y política industrial en el orden constitucional, permitiría efectivamente contar con instrumentos de política pública que hoy en día son insuficientes en el País, como son un programa de competitividad y una política industrial que otorguen certidumbre a los actores del crecimiento económico y que garanticen la atención prioritaria de impulso y fomento que el Estado debe darles.

Con el propósito de hacer efectivas estas medidas, propone incluirlas también en el esquema de planeación del desarrollo previsto en el artículo 26 de la Constitución Política, con la finalidad de asegurar que en el Plan Nacional de Desarrollo, entre los programas, las estrategias y las tareas que se deben realizar, se incluyan las necesarias para garantizar la vigencia, continuidad y actualización de las políticas de competitividad y de desarrollo industrial.

Considera que estos cambios facultarían a los Poderes Ejecutivo y Legislativo con una base constitucional sólida para diseñar e implementar las políticas correspondientes y realizar las acciones encaminadas a cumplir sus objetivos y también para generar el marco normativo reglamentario que resulte necesario, como sería una ley reglamentaria para el desarrollo competitivo nacional en la que se definirían el conjunto de condiciones que deberían considerarse dentro de la política de fomento a la competitividad.

Las comisiones dictaminadoras desean destacar que coinciden en lo general con las motivaciones que expresa el proponente en su iniciativa. Al respecto, estiman que hay que considerar que los resultados más recientes de los distintos índices de competitividad México ha logrado recuperar algunas posiciones respecto a los años anteriores en los que, efectivamente, la tendencia general fue de deterioro.

De esta manera, en la medición del Foro Económico Mundial (WEF) México pasó de una posición previa ubicada en el lugar 66 al lugar 58 en el actual 2011. Por lo que hace el índice Doing Business del Banco Mundial se recuperó una posición respecto del año 2010 (de 54 a 53) y en la medición el IMD se logró trasladar del lugar 47 al lugar 38 de la competitividad del País.

Estos avances se han relacionado con recientes las reformas a la Ley de Competencia Económica así como a diversas acciones legislativas y administrativas que impulsan la mejora regulatoria en la apertura de negocios; también se destaca la importante participación del ambiente macroeconómico en México y el tamaño de su mercado.

En lo que hace al índice del WEF, se destaca que el País tiene algunos retos y oportunidades significativos, específicamente: los relacionados con la eficiencia en el mercado laboral en donde es deseable una mayor flexibilidad del mismo; una mayor eficiencia y simplicidad del sistema tributario; y, una mejora en el aspecto institucional de atención a la seguridad pública y al combate a la corrupción, entre otros.

Por otro lado, existen diversos ejemplos que hacen conveniente la posibilidad de contar con un instrumento que otorgue facultades al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para crear y mantener una política pública general en materia de competitividad. Tal es el caso de la situación en el País referente a la innovación, el desarrollo tecnológico y la investigación científica.

En este sentido, el Índice Global de Innovación que se realiza desde 2007 toma en cuenta los elementos de la economía que permiten la actividad innovadora y la estructura en pilares que son: 1) Instituciones, 2) Investigación y capital humano, 3) Infraestructura, 4) Sofisticación de mercado 5) Sofisticación de negocios, 6) Producción científica y 7) Producción creativa.

De acuerdo al índice, México se ubicó en 2011 en el lugar número 81 por debajo de países como Estonia, Argentina, España y Sudáfrica, entre muchos otros, perdiendo 12 posiciones respecto al reporte anterior presentado en 2009.

Por su parte, los países de alto potencial que han sido denominados como “BRIC’s” por su siglas: Brasil, Rusia, India y China mostraron niveles crecientes de innovación que fueron superiores a los de México.

Brasil se ubicó en el sitio 47, lo que implica una fuerte mejora en comparación con la posición 68 en la que se ubicó en el reporte anterior.

Rusia se posicionó en el lugar 56, registrando una mejora de 8 lugares en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El último de los países BRIC’S es China que desde el año pasado se convirtió en la segunda mayor economía del planeta y que en el Índice ocupó el lugar 29 teniendo un salto de 14 lugares desde el reporte anterior.

Los analistas consideran que uno de los aciertos de China es el enfoque en la educación especializada y la prioridad que le ha dado al gasto en investigación y desarrollo que ha convertido a esa nación en uno de los países que más invierte en ese renglón.

De acuerdo al análisis particular para México los rubros peor clasificados son: producción científica, que le ubica en la posición 102 de 125 países, con una baja relación de patentes, así como poca creación de conocimiento. Otro de los aspectos clasificados es la sofisticación de los negocios, que lo ubica en el lugar 89 debido a una baja colaboración entre universidades e industria, así como una baja absorción de conocimiento.

Esto nos demuestra que es imperativo crear un rubro de la política sectorial destinado a fomentar la innovación e investigación tecnológica y científica pues, de otra manera, el resto de las economías que están haciendo esfuerzos destacados en este ámbito seguirán siendo un polo de atracción económico más fuerte que nuestro País.

Por otro lado, estas comisiones unidas consideran que establecer las condiciones jurídicas para contar con una política industrial nacional es un instrumento indispensable para fomentar la determinación e implementación de la misma por lo que consideran adecuada su inclusión en el artículo 25 y su vinculación con la promoción de la competitividad que se propone en la iniciativa.

Por último, estiman adecuado que este sistema de fomento a la competitividad y a la creación y funcionamiento de una política industrial nacional se incluya dentro del sistema nacional de planeación democrática del desarrollo, instrumento constitucional idóneo para determinar, actualizar y dar seguimiento a las políticas públicas más importantes para el desarrollo nacional.

Las comisiones consideran que estas inclusiones permitirán al Poder Legislativo Federal realizar la reglamentación jurídica en leyes secundarias que permita una fácil y expedita implementación de estas reformas, en coordinación con las propuestas que realice en su oportunidad el Poder Ejecutivo Federal...”

III. Cuadro comparativo

IV. Consideraciones

Esta Comisión dictaminadora, después de hacer un análisis exhaustivo de la Minuta del Senado de la República, llega a la convicción de emitir dictamen en sentido positivo del proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado A del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Competitividad Económica.

El Estado mexicano, a través de la historia ha fijado las bases para la rectoría económica y la planeación económica, esto se materializó con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, en donde los motivos de dicha reforma se sustentaron en las relaciones comerciales entre los países, derivando la necesidad de transformar la participación del Estado en la economía y así podría solventar los efectos de los movimientos económicos, internacionales y nacionales.

La rectoría económica, como es sabido, es la figura jurídica que se encuentra vinculada con la intervención del Estado en la economía, con la finalidad de que el país logre un desarrollo y una sustentabilidad acorde a las necesidades que en ese momento histórico requería el país.

Es por lo anterior, que se inserto en el artículo 25 Constitucional la rectoría del Estado, como base para el desarrollo integral del país, cuya finalidad es la obtención de una equilibrada distribución del ingreso y la producción. Es por ello, que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, teniendo también a su cargo el fomento de las actividades que demanda el interés general.

En esa vertiente, a los integrantes de esta Comisión, nos corresponde dictaminar una reforma constitucional de gran trascendencia como fue la del año 1983, pero en otro contexto mundial, no se debe olvidar que el mundo de hace veinte años, es diverso a lo que se vive hoy, el acceso a la información, la globalización ha traído como consecuencia, la necesidad de adaptación a la realidad mundial.

Es ese sentido, los esquemas políticos, sociales y económicos han evolucionado, lo que ha dado como resultado a Naciones más competitivas.

Es por lo anteriormente citado, que uno de los desafíos que enfrenta nuestro país en este nuevo milenio, es alcanzar niveles de crecimiento económico y sustentable para generar la consolidación económica a través de la rectoría y la planeación del Estado.

No pasa por desapercibido, que en la actualidad existen problemas mundiales de desarrollo, que impiden una consolidación económica, sumándose a ello el impacto económico, por el abuso de los recursos naturales. Por lo que, la comunidad internacional ha ido adaptándose a cambios económicos encausados a la protección ambiental y el uso eficiente de los recursos. Por lo anterior, es de vital importancia establecer políticas que impulsen tanto el desarrollo como el crecimiento económico; esto es, generar las condiciones óptimas que le permitan a un país conservar, sostener e incrementar su productividad, enfocados siempre al cuidado de sus recursos.

En esa tesitura desde la década de los 80’s, se empezó a utilizar una expresión denominada competitividad internacional, término empleado en estudios referentes al desempeño exportador del país, regímenes cambiarios o aspectos de comercio exterior. A través de los años este término técnico conjuntamente con una economía global, se convirtió en una referencia de carácter obligatorio dentro de los documentos gubernamentales y del desarrollo del Estado.

La competitividad ha generado que los mercados internacionales se vuelvan más exigentes, lo que ha contribuido a entender la competitividad desde otro punto de vista, en este sentido, Michel Porter, Profesor de la Universidad de Harvard y Director del Centro de Competitividad, expresó: “La competitividad se define por la productividad con la que un país utiliza sus recursos humanos, económicos y naturales. Para comprender la competitividad, el punto de partida son las fuentes subyacentes de prosperidad que posee un país. El nivel de vida de un país se determina por la productividad de su economía, que se mide por el valor de los bienes y servicios producidos por unidad de sus recursos humanos, económicos y naturales. La productividad depende tanto del valor de los productos y servicios de un país, medido por los precios que se pagan por ellos en los mercados libres, como por la eficiencia con la que pueden producirse. La productividad también depende de la capacidad de una economía para movilizar sus recursos humanos disponibles.

Por tanto, la verdadera competitividad se mide por la productividad. La productividad permite a un país soportar salarios altos, una divisa fuerte y una rentabilidad atractiva del capital. Y con ello, un alto nivel de vida. Lo que más importa no es la propiedad o las exportaciones o si las empresas son de propiedad nacional o extranjera, sino la naturaleza y la productividad de las actividades económicas que se desarrollan en un país determinado. Y las industrias puramente locales sí contribuyen a la competitividad porque su productividad no sólo fija el nivel de los salarios en cada sector, sino también tiene un impacto importante sobre el coste de la vida y el coste de hacer negocios en ese país”

En ese orden de ideas, el concepto de “Competitividad” constituye un principio que requiere el país para alcanzar el desarrollo económico, a través de políticas públicas sustentadas en la competitividad, entendida ésta, como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión, fomentando el bienestar social a través de la generación de empleos.

Los miembros de esta Comisión Dictaminadora consideran que de aprobarse esta reforma se daría al gobierno mexicano las herramientas para conformar una política que atienda todos los rubros necesarios para alcanzar un desarrollo económico, obligando al propio Estado a mejorar las condiciones de desarrollo y sustentabilidad que permita mejorar considerablemente los recursos y la economía. Con esta reforma México lograría un ambiente económico que pueda competir con base a los siguientes factores:

• Desempeño económico,

• Eficiencia del gobierno,

• Eficiencia para hacer negocios y

• El desarrollo de infraestructura.

Con ello, se obtendrá resultados sólidos con un futuro de crecimiento en la economía, lo que impactaría directamente a nuestra sociedad.

La “competitividad” como parte de la función rectora del Estado centraría a las decisiones públicas del gobierno a adecuar e implementar mecanismos y condiciones idóneas para elevar los niveles económicos actuales, a través de la presente reforma constitucional que será cimiento de crear marcos normativos bajo la observancia de los siguientes principios:

• Sistema Financiero Eficiente;

• Promoción del empleo y paz laboral;

• Promoción de la productividad y competitividad y,

• Política Industrial Nacional.

Se destaca de los anteriores puntos lo relacionado a la implementación de una política industrial nacional, en este rubro, en los últimos años nuestro país ha tenido un estancamiento grave dentro del desarrollo industrial. Hoy sabemos que la visión de México, es insuficiente, corta y simplista. Lo que ha resultado que las industrias están estancadas y limitadas. A contrario sensu, otros países se han encargado de definir e implementar políticas de impulso y fomento industrial por sectores y regiones, aprovechando de la mejor forma sus ventajas y oportunidades, han logrado impulsar de manera destacada la competitividad de todos sus sectores y hoy son líderes mundiales en esta importante precondición para el crecimiento económico.

Por lo anterior y en consecuencia México no puede restringirse, en políticas obsoletas y arcaicas, por ello, es necesario y evidente que se legisle una política industrial desde el punto de vista de competitividad, en este sentido la inserción del concepto “competitividad” en el orden constitucional permitirá contar con los instrumentos de políticas públicas de los cuales el país carece en la actualidad y que consisten en: un programa de competitividad y una política industrial que otorguen certidumbre a los actores del crecimiento económico y que garanticen la atención prioritaria de impulso y fomento que el Estado debe proveer.

Al respecto, esta Comisión Dictaminadora coincide con el propósito de la Colegisladora de incluir dichos instrumentos de política pública en el esquema de planeación de desarrollo previsto por el artículo 26 de nuestra Constitución Política, permitiendo así que en el Plan Nacional de Desarrollo, se incluyan las estrategias necesarias para garantizar la vigencia, continuidad y actualización de las políticas de competitividad y de desarrollo industrial.

Por lo tanto, esta Comisión coincide ampliamente en los términos de la Minuta enviada por la Cámara revisora, y en consecuencia, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del Apartado A del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado A del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

...

...

...

...

...

...

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

Artículo 26.

A.El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

...

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.

...

B. ...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo Federal tendrá un plazo de 16 meses para iniciar las leyes reglamentarias pertinentes a la presente reforma.

Notas:

1 Tavares de Auraújo José Jr. Competencia y Competitividad: perspectivas y tendencias, artículo consultado en el sitio www.cefir.org.uy/descargas/11 el 4 de diciembre de 2012.

2 Porte Michel, ¿Qué es la competitividad? artículo publicado http://www.iese.edu/es/ad/AnselmoRubiralta/Apuntes/Competitividad_es.html, consultado el 4 de diciembre de 2012, énfasis en negrillas añadido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Julio César Moreno Rivera (rúbrica), presidente; Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Carlos Angulo Parra (rúbrica), secretarios; José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Jorge Sotomayor Chávez (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Claudia Delgadillo González, Míriam Cárdenas Cantú, Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla, Gloria Núñez Sánchez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Luis Ángel Espinosa Cházaro, Fernando Zárate Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, para fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Julio César Moreno.

El diputado Julio César Moreno Rivera:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy nos toca analizar y, en su caso, aprobar una reforma de gran trascendencia para México, que consiste en incluir en el texto de los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el concepto de competitividad.

En materia económica, nuestro país históricamente ha sufrido severas crisis, las cuales han contribuido al estancamiento de la economía nacional y al empobrecimiento de los mexicanos, impactando directamente al ingreso de las familias.

En este sentido, me permito mencionar la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero del 83, en la que se insertó dentro del texto constitucional lo relacionado a la rectoría y planeación estatal, asimismo se le otorgaron al Congreso de la Unión facultades para regular las inversiones extranjeras. Así, tenemos que desde hace 29 años, los principios constitucionales rectores de la economía son: la sustentabilidad, el crecimiento y el compromiso, enfocados en la distribución justa entre el ingreso y la riqueza.

De lo anteriormente mencionado, hasta el día de hoy no se han realizado reformas trascendentales en este rubro; sin embargo, el mundo se ha ido transformando. Al respecto, una de las transformaciones con más impacto ha sido sin duda alguna la globalización, fenómeno que ha modificado la visión de nuestro mundo. Con la globalización se ha entrado a un mundo casi sin fronteras, un mundo cada día más pequeño en cuanto a los mercados económicos, dado que se puede encontrar una diversidad de productos extranjeros, con independencia de la distancia en donde se producen.

La globalización ha traído como consecuencia que los mercados sean más vastos, pero a su vez más competitivos, lo que ha dado como resultado que los países adopten políticas económicas y jurídicas acordes a este fenómeno.

De lo anteriormente mencionado, se deriva la presente reforma constitucional, ya que si la pretensión que tenemos como legisladores es la de lograr un crecimiento estable para efectos de consolidar nuestra economía, sería muy necesaria la implementación de políticas encauzadas a alcanzar lo que pretendemos.

En este sentido, con la inserción de la competitividad a nuestro principal marco jurídico, se está obligando a generar políticas públicas enfocadas a consolidar el crecimiento económico, incentivando el mejor desempeño de todos los entes económicos de nuestro país.

En efecto, con la competitividad se alcanzarían principalmente dos objetivos, consistentes en: ofrecer bienes y servicios de calidad en los mercados internacionales y nacionales, así como atraer las inversiones extranjeras a nuestra planta productiva. Esto con el fin de elevar el poder adquisitivo y el nivel de vida del trabajador mexicano.

En este orden de ideas, para este órgano legislativo no pasa desapercibida la importancia de establecer las bases necesarias que permitan impulsar el crecimiento económico de nuestro país. Es por ello que no solamente se trata de insertar la competitividad dentro del texto constitucional, sino que por el contrario, es necesario establecer acciones de manera eficiente; por ello es que se reforma el artículo 26 de la Constitución Política, para que se establezca que la competitividad sea parte del Plan Nacional de Desarrollo.

En ese sentido, diputadas y diputados, México requiere que le demos estos instrumentos de política económica de manera urgente. Por ello, con la reforma constitucional que hoy se plantea, se obligará al propio Estado a perfeccionar las condiciones de desarrollo y sustentabilidad que permitan mejorar considerablemente la economía de nuestro país, beneficiando directamente a la sociedad mexicana que tanto lo necesita y merece.

Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Corresponde ahora la fijación de posturas por los grupos parlamentarios. Tiene el uso de la tribuna el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tenemos la clara convicción de que la competitividad económica es reflejo directo de la calidad o fracaso de nuestro sistema educativo.

Debemos fortalecer financieramente a todas las universidades públicas del país, al nivel de educación media superior y la educación básica, e inclusive la educación inicial, con mejores escuelas, debidamente equipadas, maestros que tengan un salario digno a la actividad que desempeñan y fundamentalmente con estudiantes en todos los niveles educativos, que al estar debidamente alimentados, con un sistema de becas a todos los niveles, podremos contar con los profesionistas y técnicos que impulsen el desarrollo y la competitividad del país.

Pretendemos que el sistema educativo nacional pueda formar personas que cuenten con la capacidad de poder transformar su realidad y la del país.

En el caso que nos ocupa del artículo 25 constitucional, en su primer párrafo, compartimos la reforma en la que se establece: La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

A este párrafo aplican perfectamente los comentarios que ya expresamos para fortalecer el sistema educativo nacional.

Coincidimos también con la reforma al último párrafo del artículo 25, en el sentido de que es urgente que México cuente con una política industrial, que aliente el desarrollo del sector y que genere el empleo formal y bien remunerado que la sociedad demanda.

Según datos del Inegi, publicados recientemente, seis de cada 10 trabajadores lo hace en la informalidad. Con estos datos, aún con las leyes que aprobemos, la competitividad del país no podrá lograrse si no se revierte esta situación.

No obstante la existencia de las atribuciones económicas del Estado mexicano previstas en la Constitución de México, ha sido incapaz de sostener un ritmo de crecimiento económico que permita la incorporación de los mexicanos al mercado del trabajo formal. Antes al contrario, la implementación del modelo de política neoliberal —desde el gobierno de Miguel de la Madrid a la fecha— ha producido desempleo y bajos salarios.

Las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo en vigor, desde los últimos días de la gestión de Felipe Calderón, son un claro ejemplo de que se sigue por el camino de la pauperización laboral y de la contención del salario, para llevar esto a hacernos competitivos con la miseria de nuestro pueblo, provocando una economía dependiente del capital extranjero, con un mercado débil, altamente vulnerable a los vaivenes de la economía mundial, especialmente de la economía norteamericana.

No obstante que el Congreso de la Unión en diferentes legislaturas ha aprobado distintas leyes que tienden a favorecer la competitividad entre agentes económicos, esto no se ha logrado del todo, porque tampoco ha existido la voluntad política para el correcto ejercicio de las atribuciones del combate a los monopolios por parte del Estado. Así es como se da la concentración de las concesiones públicas en materia de televisión en dos consorcios. Lo mismo ocurre en otras áreas de la economía.

Bajo estas consideraciones, nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Cantú. Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Compañero presidente; compañeros diputados, compañeras diputadas, este dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales constituye el primer producto legislativo de esta Comisión tan importante para los trabajos de esta Cámara y del Congreso de la Unión.

Nosotros vemos adecuada esta reforma a los artículos 25 y 26, porque establece como un principio constitucional la competitividad para hacer de la economía de nuestro país una economía en crecimiento, una economía que permita que haya satisfactores para la población.

Desde luego que éste es un postulado constitucional y habría que convertirlo en realidad, pero nos parece que esta definición conceptual no riñe con la rectoría económica del desarrollo que plantea ese capítulo económico de la Constitución ni riñe tampoco con el sistema de planeación democrático.

Creemos —además— que al estar en esta parte de la Constitución, permitirá también que fortalezcamos el modelo de desarrollo nacionalista, para que después no haya sorpresas con reformas constitucionales que busquen la privatización de Petróleos Mexicanos.

Esta reforma y este dictamen también nos permiten hacer algunas reflexiones. Esta iniciativa de origen en la Cámara de Senadores, fue propuesta por un diputado que anteriormente era senador, el diputado Eloy Cantú, y fue el día 22 de febrero de 2011, y esto nos permite ver todo el proceso legislativo que tiene que seguir una iniciativa de un legislador, para contrastarlo con lo que resulta de una iniciativa promovida por el Ejecutivo federal.

Podemos decir que hay un doble rasero; una ruta larga, que a veces es infructuosa para los legisladores, y una vía fast track para el Ejecutivo. Este caso lo estamos viviendo actualmente con la reforma al artículo 3o. y al artículo 73 constitucional, que están planteando una reforma expedita a la educación del país.

Este doble rasero no lo podemos permitir, porque pareciera que quieren convertir al honorable Congreso de la Unión en la honorable oficialía de partes de la Unión, con una reforma al vapor, que en menos de 30 horas ya se aprobó, en lo general, una reforma de amplio espectro, como es la educación de nuestro país.

Ya no hablamos de una iniciativa preferente, como lo establece el artículo 61 constitucional, sino de una iniciativa ultrapreferente. Pero lo que es más grave, en nuestra ley fundamental, en la Constitución del país.

Por eso, nosotros creemos que es tiempo de que todos los legisladores, independientemente de los partidos y particularmente los partidos mayoritarios, tienen el deber constitucional de honrar su función.

No podemos ser ni mandaderos ni tampoco hacer del Congreso un Congreso que legisle por consigna presidencial, que viole procedimientos parlamentarios para poder permitir que el titular del Ejecutivo satisfaga sus ansias de legitimidad política.

Nosotros vamos a dar la pelea y nos parece que no es estar en contra de iniciativas que sean razonables y que sean producto de una deliberación, como es la que nos ocupa y que planteó el diputado Eloy Cantú; nos parece que en este doble rasero queda claro que hay una actitud de sumisión al presidente de la República o a quien ocupa, en este caso, el Poder Ejecutivo, porque nosotros no le reconocemos ese carácter.

Nosotros no fuimos a pactos de simulación, que como quedó de manifiesto en la discusión del dictamen de la Ley Orgánica de la Administración Pública, hay una esquizofrenia política, porque por un lado el PRI aprueba o se abstiene para que pase la reforma, y por otro lado, anuncia ya una acción de inconstitucionalidad.

Nosotros vamos a actuar siempre en congruencia y vamos a honrar a los millones de votos que optaron por un cambio verdadero en nuestro país. No a los pactos de simulación y no al entreguismo y no hacer de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión una oficialía de partes, donde cualquier iniciativa, por absurda que sea y venga del Ejecutivo, se apruebe sin ningún debate. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz, por cinco minutos, el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan:Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, la Constitución, como ley de leyes, como ley suprema, establece el marco por debajo del cual deben entenderse comprendidas todas las demás. Pero nuestra Constitución, a pesar de contener principios fundamentales, que son los que marcan la pauta conforme a la cual se desarrolla el Estado mexicano, es una Constitución que debe actualizarse a los tiempos dentro de los cuales está inmerso el país.

Hablar de competitividad implica hablar de modernidad. México hoy en día no es ajeno a los procesos económicos globales y se va a exigir o se exige a sí mismo la necesidad de contar con factores internos que le permitan un desarrollo a la par que aquellos con los cuales compiten en el planeta.

Hablar de competitividad implica hablar de concurrencia, de concurrencia en mercados globales hacia donde se dirigen los productos que nuestro país y nuestra sociedad producen y exporta.

Se ha incorporado dentro del artículo 25 y 26 el término de competitividad, con algunos otros principios paralelos que lo acompañan.

Vemos nosotros, en esta reforma, un proceso de actualización de nuestro marco constitucional. Desde luego que lo celebramos, en virtud de que en unión del artículo 26 constitucional viene a darle una clara congruencia a cuál es el papel que debe jugar el Estado en la conducción del desarrollo y el destino de México.

De acuerdo con el 25 anterior, al país, al Estado mexicano le corresponde la rectoría económica del desarrollo nacional. Entendamos, desde luego, que por rectoría estamos hablando de una facultad de conducción; es una situación y es una garantía, es un principio que sitúa al Estado en una posición, en una súper posición con relación a los gobernados.

Son estos, al final de este mismo texto constitucional, los que tienen un papel protagónico en lo que es la facturación de aquello que a nosotros nos habrá de convenir, que son las actividades económicas privadas.

Con la incorporación de la competitividad estamos imponiéndole al Estado un deber: la responsabilidad de hacer frente a los retos que tienen que enfrentar nuestros connacionales, el sector privado en su participación en los mercados globales; es decir, con la incorporación de la competitividad el Estado se suma al esfuerzo global que tenemos que hacer todos para sacar a México adelante y para generar riqueza y bienestar general.

Competitividad, de esta manera, en esta fracción y en esta hipótesis de la Constitución, se convierte en un factor de aglutinación, un factor de armonización de las actividades público y privadas, que viene a beneficiar desde luego el entendimiento moderno de lo que debe ser la marcha del país y nuestros principios constitucionales.

Sin embargo, no dejamos de ver que en el artículo 26 que se reforma, referente a la planeación nacional, también se incorpora la competitividad y el desarrollo de políticas nacionales, a través de las leyes que expide esta asamblea y este Congreso para el desarrollo industrial, que incluya vertientes sectoriales y regionales.

Consideramos que la competitividad y el desarrollo industrial —como quiera que haya de vérseles— tienen que ser congruentes también con una política de sustentabilidad, de cuidado a nuestros recursos naturales para beneficio de las generaciones por venir.

La competitividad de esta manera y como se aprobará, si es el caso, por esta asamblea, en los artículos 25 y 26 constitucional, se entienden por parte del Partido Verde Ecologista de México —en cuyo posicionamiento ahora me permiten realizar— como una modificación y una actualización siempre en pro del desarrollo mexicano, del desarrollo industrial, dentro del cuidado del medio ambiente y de nuestro equilibrio ecológico. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro:Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, en torno a la reforma constitucional a los artículos 25 y 26.

Estos artículos son torales en nuestra Carta Magna, porque definen al Estado mexicano en su función rectora del desarrollo nacional; por ello las reformas a estos artículos deben ser muy cuidadosas y siempre muy precisas.

En esta Legislatura hemos asumido el reto de adicionarlos, con la convicción de no trastocar su naturaleza, pero sí de introducir un elemento clave para el propio desarrollo de nuestro país. Si bien es cierto no es usual, quizás no es idóneo que se establezca en la Constitución, ya que países avanzados no lo han manejado así. Lo que también es cierto es que en la idiosincrasia de nuestro país —y en estas condiciones— parecería que lo que no está en la Constitución no existe o no es de relevancia.

México en pleno siglo XXI debe transitar ya a la modernidad, debe apostar a lograr un mayor desarrollo, diversificar su comercio internacional y debe ya proyectarse al mundo como una potencia emergente, con el impulso de su mercado interno, que implica la decidida inversión a la capacitación de sus recursos humanos, la inversión decidida en ciencia y tecnología, y el impulso a la educación media superior y superior.

Esto es, para nosotros competitividad es mejores estadios de salud; competitividad es mayores recursos a la educación, y en estas épocas en donde aprobaremos el próximo Presupuesto de Egresos de 2013, es importante que asignemos recursos a estos conceptos.

La reforma constitucional de los artículos 25 y 26, para incluir el concepto competitividad, constituye un principio que requiere el país para alcanzar el desarrollo económico, a través de políticas sustentadas en la competitividad, entendida ésta como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y fomentando el bienestar social a través de la generación de empleos.

Dota al Estado mexicano de las herramientas para conformar una política que atienda todos los rubros necesarios para alcanzar un desarrollo económico, obligando al propio Estado a mejorar las condiciones de desarrollo económico y sustentabilidad que permita mejorar considerablemente los recursos y la economía.

Debemos de entender que la competitividad no se da por decreto ni se dará con esta modificación. Nuestro grupo parlamentario hizo la reserva a esta reforma para que en ese mismo artículo también se expresara el mandato constitucional para impulsar el desarrollo del país, a través de la inversión decidida en la ciencia, la educación y la tecnología. La competitividad en sí misma es una noción contraria al monopolio.

Nuestro grupo parlamentario entiende esta reforma constitucional como el mandato para acabar con los monopolios, que permitan el desarrollo de una economía sana y próspera, que aliente la producción, el desarrollo sustentable, la formación de capital humano y que consolide la presencia de México en el mundo, como una nación que tiene todo para ser el referente regional y mundial en nuestro siglo.

Nuestro grupo parlamentario se pronuncia a favor de esta reforma, por las consideraciones que aquí ha manifestado.

El principal factor que hace competitivo a un país es el bienestar económico y social de su gente que se traduce en movilidad social, que a su vez fortalece el mercado interno y nos presenta mucho más competitivos frente a otras naciones. Rara vez sucede a la inversa y por lo tanto, debemos respetar estos preceptos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez:Debemos reconocer que vivimos en un mundo globalizado. Ahora el reto es mayor, pero también los logros son más provechosos. Hoy se presenta un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales para modificar nuestra Carta Magna; se pretende incluir a la competitividad en el texto constitucional. ¿Qué es la competitividad? Es la inversión, es el empleo, es la mayor educación, la mayor preparación, la mayor construcción. En general, es mayor riqueza.

En Acción Nacional vamos con el proyecto; estamos a favor de la competitividad y ya lo hemos hecho, ustedes recordarán cuando aquí se dieron las discusiones álgidas, importantes respecto de la reforma laboral.

Asimismo ahora contamos en esta Cámara de Diputados con una comisión que tiene el mismo nombre de la reforma que hoy se está viendo. En un momento o en días posteriores, estaremos aprobando la reforma educativa. Todo esto es competitividad.

Subir a rango constitucional este concepto, significa que se darán directrices para el fortalecimiento de las Pyme y las Mipyme; el establecimiento de políticas públicas responsables, que fomenten la inversión nacional y extranjera; el desarrollo industrial y todo esto, bajo un sistema de planeación bien organizado por la Constitución, por el Ejecutivo y por el Poder Legislativo.

Fortalezcamos a las Pyme y a las Mipyme. Poco más del 1 por ciento de las empresas en México, son grandes. Esto quiere decir que el 99 por ciento de la inversión es privada y pertenece a las Pyme y a las Mipyme. Este tipo de empresas emplean al 70 por ciento de la fuerza laboral y generan el 52 por ciento del PIB. Con esta reforma avanzamos a un mejor desarrollo del bienestar de los mexicanos.

Aquí me gustaría traer a colación que en el Informe Anual de Competitividad Global 2011-2012, del Foro Económico Mundial, que evalúa a 142 países, México fue ubicado en la posición 58, lo que representa una mejora de ocho lugares en relación al reporte anterior. Ésta es una prueba más de cómo en Acción Nacional estamos a favor de este tipo de acciones.

Si bien es cierto una reforma constitucional no es la panacea, lo que sí es cierto es que la Constitución establece lo que los mexicanos deseamos, lo que los mexicanos queremos ver en un México que está por un mejor porvenir.

Por eso en Acción Nacional estamos votando a favor de este establecimiento, de este texto, de esta modificación constitucional, para que discurra en las leyes ordinarias ese sentir de la competitividad.

Vamos por mayor generación de empleos; vamos por fortalecer a las empresas; vamos por un mejor desarrollo; vamos por un mejor México. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Eloy Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI, quien por cierto fue el autor de la iniciativa que se presentó en el Senado en febrero del año pasado y que hoy se hace ya realidad en la segunda de las Cámaras. Felicidades, diputado Cantú.

El diputado Eloy Cantú Segovia: Muchísimas gracias, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, en intervenciones previas se ha acreditado que en la economía global en la que vivimos, los países se disputan intensamente, compiten intensamente por atraer inversión a sus países o para retener las inversiones que ya tienen sus países; por eso un concepto de competitividad es la capacidad de un país para atraer o retener las inversiones.

Las inversiones, ¿para qué? Las inversiones como detonadoras del crecimiento económico, ¿y qué se acompaña con el crecimiento económico? Se acompañan más y mejores empleos.

Esta reforma constitucional al 25 y al 26 se puede subdividir en tres partes; primero, la parte de competitividad; segundo, la parte industrial, y tercero, la parte relacionada con el Sistema Nacional de Planeación.

En la parte de competitividad hay que entender la competitividad como un medio, no es un fin; es dentro de la rectoría del Estado el desarrollo se dice que será mediante la competitividad que se alentará el crecimiento económico, y por la competitividad habrá crecimiento económico y generación de empleos.

Entonces, en este orden de ideas, la competitividad es el medio para alcanzar —como fin— empleos bien remunerados para los mexicanos.

Segundo tema, el tema industrial. En el mismo artículo 25 se señala que debe existir una política industrial por región y por sector, ¿por qué? Porque desde hace dos décadas, al menos, en este país no ha habido política industrial y al no existir esa política industrial hemos carecido de un instrumento que aliente, como en otros países, a las industrias.

En este orden de ideas, hay algunas fuentes de información que señalan que México entró en un proceso de desindustrialización. Hoy es el momento en que en este gran país, que es México, que tiene regiones tan diversas, para cada región impulsemos el sector que corresponde. Tenemos regiones en donde las técnicas de producción intensivas en mano de obra son muy competitivas; por ejemplo, en el sur y sureste de México. Tenemos otras regiones, en donde las empresas de la economía del conocimiento son la opción para impulsarlas.

Con base en esta reforma —como se ha dicho previamente— habrá lugar a una ley reglamentaria, que espero veamos en esta Legislatura, para impulsar este desarrollo industrial competitivo, por región y por sector, para que hagamos trajes a la medida, industrias que sean coherentes con la vocación económica de cada región y que tengan los incentivos para que seamos la mejor opción para atraer esa inversión.

La tercera parte es la de la planeación. En el artículo 26 se introduce también que en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, y particularmente en el Plan Nacional de Desarrollo estará el concepto de competitividad, que se seguirá actualizando al introducirse en este plan. De ahí se desprende que vaya a los programas de mediano plazo, a los programas operativos anuales.

Por supuesto, como se ha dicho y se ha dicho bien en esta tribuna, es un enfoque integral. La competitividad implica mejoría en el sistema tributario más eficiente, más sencillo en el cumplimiento de las obligaciones fiscales; en la educación, como se ha señalado, en una educación de calidad; en impulsar la innovación tecnológica; en fin, es un enfoque integral, al que nos lleva la competitividad.

Por ello, compañeras y compañeros diputados, nos sumamos con enorme convicción al respaldo que ha tenido esta iniciativa de reforma constitucional para iniciar juntos una etapa de un México competitivo. De una competitividad de país, que nos brinde la oportunidad de retener las inversiones que hoy tenemos en México y de traer más y mejores inversiones, en el entendido que la competitividad efectivamente implica un esfuerzo amplio, entre otros en el fortalecimiento del Estado de derecho que fortalezca la certidumbre jurídica de los inversionistas en nuestro país.

Con la convicción de que estamos apoyando una iniciativa, que es un punto de arranque para construir todo un nuevo andamiaje jurídico que favorezca el crecimiento económico y la generación de empleos, también me sumo a la exhortación para pedirle a cada uno de ustedes un voto de conciencia y de convicción. Es por México; muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Concluida la ronda de fijación de posturas, el dictamen se encuentra a discusión.

Esta Presidencia no tiene conocimiento de alguna intervención solicitada ni tampoco de que se vaya a reservar algún artículo; en consecuencia, voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de alumnos y maestros del Colegio de Bachilleres de la comunidad de Tanaco, Michoacán, que nos acompañan hoy aquí invitados por el diputado José Luis Esquivel Zalpa. Bienvenidos a esta sesión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recuerda a las señoras diputadas y señores diputados, que solamente resta un minuto para que emitan su voto. Una vez cerrado el sistema, no se aceptará ningún voto.

El Presidente diputado José González Morfín: Saludamos también, con mucho gusto, a un grupo de alumnos de la Universidad Juárez, del estado de Durango, estudiantes de las carreras de ciencias políticas y derecho, que están aquí invitados por el diputado Jorge Herrera Delgado. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación. Se emitieron 432 votos en pro, 0 en contra y 6 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado por 432 votos en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25; primero y tercero del Apartado A del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa a las Legislaturas de los estados, para los efectos del artículo 135 constitucional.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1.En sesión ordinaria celebrada el 29 de marzo de 2011, el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 2 Bis y se reforma el diverso artículo 3o de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

2. En sesión ordinaria celebrada el 12 de abril de 2011, los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentaron ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o y 9o de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

3. El 11 de abril de 2012, la Cámara de Senadores aprobó la “Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuya denominación también se modifica, para quedar como Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.” En esa misma fecha, remitió el expediente con minuta a la Cámara de Diputados.

4.En sesión celebrada el 12 de abril de 2012 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores con el que remite el expediente con la minuta en comento. La presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara turnó, en esta misma fecha, la minuta a la Comisión de Derechos Humanos para su dictamen.

II. Contenido del expediente con minuta

La minuta de la colegisladora que motiva el presente dictamen propone  adicionar una fracción V al artículo 2o; un artículo 2o Bis; un párrafo segundo y un párrafo cuarto al artículo 3o, así como reformar el párrafo primero del artículo 1o; el párrafo primero así como las fracciones I, II, III y IV, del artículo 2o; el párrafo primero del artículo 3o; el artículo 4o; los párrafos primero y segundo del artículo 5o y el artículo 6o, todos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuya denominación también se modifica para quedar como Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En el artículo 1o se señala el objeto de la ley así como su ámbito de aplicación material y espacial. En el artículo 2o se incluye que los órganos dependientes del Ejecutivo federal, relacionados con la procuración de justicia y de seguridad pública, así como los órganos encargados de la seguridad nacional, se sujetarán a los contenidos señalados en los artículos 1o y 21 constitucionales.

Con la adición de un artículo 2o Bis, se establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su calidad de órgano constitucional autónomo e impulsor de los derechos humanos en el país, estará facultada para realizar las visitas y supervisiones que considere pertinentes a fin de denunciar y evitar los actos de tortura en el sistema penitenciario y de reinserción social del país, así como en los órganos dependientes del Ejecutivo federal.

La reforma al artículo 3o propone que para efectos de la ley se entenderá que comete el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva o con cualquier otro fin.

Además, agrega que se entenderá como tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

Clarifica que no estarán comprendidos en el concepto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

En el mismo tenor, se aumenta la pena para quien cometa el delito en cuestión, pasando al rango de siete a dieciséis años, de quinientos a mil días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos de manera permanente (Artículo 4o).

Por otra parte, señala (Artículo 5o) que serán responsables del delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes los servidores públicos que, con motivo del ejercicio de su encargo, instiguen o induzcan, compelan, o autoricen a un tercero o se sirvan de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales; o no eviten que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia; así como las personas que a petición de los servidores públicos señalados con antelación, ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.

Finalmente, en el artículo 6o se eximen de ser causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que se invoquen o existan situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, estado de guerra o amenaza de guerra, conmoción o conflicto interior o suspensión de derechos.

III. Consideraciones

Actualmente los derechos humanos constituyen la piedra angular en que debe sustentarse el quehacer de todo el aparato estatal y esencia de un estado que se ostente como democrático y de derecho. No sin razón, Norberto Bobbio mencionó que el presente es el tiempo de los derechos, un tiempo en el que si bien existen todavía crímenes aberrantes contra la dignidad humana, los derechos humanos y su protección se constituyen como el problema que ha implicado por primera vez en la historia a toda la humanidad.

De la misma manera, Gustavo Zagrebelsky se refiere al tiempo de los derechos, como un tiempo que ya no tiene fin, en cuanto al progreso, pues, en sus palabras: “los derechos orientados a la libertad, es decir, a la voluntad, son una exigencia permanente, porque permanente es la voluntad que están llamados a proteger. La idea de los derechos continuamente en acción está estrechamente ligada a la del progreso individual y social, una idea que encierra en sí la ausencia de una conclusión, de un final. En las sociedades volcadas hacia el progreso, los derechos son una exigencia estructural y su difusión y potenciación constituyen factores de aceleración en lo que se ha considerado una dirección empírica. El tiempo de estos derecho no tiene fin”

En este sentido, el estado democrático, social y de derecho debe prevenir, proteger y garantizar todos los derechos humanos para todas las personas, por lo que les es imperativo asumir (como diría Ronald Dworkin) los derechos en serio en nuestro papel que afrontamos, como manifestación del Estado.

Para cumplir con esa responsabilidad se requiere de la más alta profesionalización de todos los servidores públicos, a efecto de que se haga con los derechos humanos como base esencial de la misma. Con ello, se da fuerza a sus contenidos esenciales reconocidos en el orden jurídico nacional, (que incluye a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte).

En nuestro papel de legisladores, nos corresponde aplicar esa profesionalización en la redacción de los textos legales para evitar problemas de interpretación y antinomias que conduzcan a limitantes en el contenido de los derechos humanos que puedan hacerlos poco justiciables o, incluso, inoperantes.

Guiados por este espíritu, de la minuta en cuestión que nos remitió la colegisladora, se observa que existe una confusión de terminología en su elemento nuclear. Esa confusión reside en una metonimia pues en el caso concreto , se advierte una confusión de algunos posibles efectos de la tortura por la tortura misma. Dicha confusión consiste en identificar el delito de “tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” como si se tratase de una sola figura o concepto en sí, lo cual, desde la óptica de los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos, es inexacto.

Dicha confusión la advertimos en la redacción del proyecto de decreto que señala:

“ Artículo 3o.Comete el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes...

Se entenderá también como tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes...

No se considerarán como tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes...”

Asimismo, el artículo 4o precisa:

A quien cometa el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes...

...”

Y también el artículo 6 determina:

No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes...

...”

De la transcripción de los artículos antes señalados se advierte que la tortura se confunde con los “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” de tal forma que se les presenta a uno y otro como si fueren la misma cosa, como si fueren un solo delito: el de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo cual resulta incorrecto.

En efecto, claramente se distingue dentro del derecho internacional de los derechos humanos lo que, por una parte es la tortura y, por la otra, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Aquélla y éstos son dos cosas completamente distintas aunque, claro está, se encuentran íntimamente relacionadas.

Como se sabe, el instrumento internacional básico para la materia en cuestión, es la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, misma que está en vigor, a nivel internacional, desde el 26 de junio de 1987 y que es obligatoria para el Estado mexicano.

Dicha Convención claramente distingue a la tortura como un concepto singular y en su artículo 1, inciso 1 indica:

“Artículo 1...

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.”

Como se advierte, la definición dada por la Convención se asemeja sobremanera a la propuesta en la minuta bajo estudio, no obstante, la minuta cataloga a lo definido dentro del término de “tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” y no exclusivamente dentro del término “tortura” como lo hace la Convención.

A mayor abundamiento, en el referido instrumento internacional claramente se advierte en el artículo 16 la distinción señalada, en los términos siguientes:

“Artículo 16...

1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

2. La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos internacionales o leyes nacionales que prohíban los tratos y las penas crueles, inhumanos o degradantes o que se refieran a la extradición o expulsión...”

Lo anterior no debe de ser interpretado en el sentido de que la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes deban de ser manejados como elementos distantes, todo lo contrario, se trata de figuras que guardan una estrecha relación y que, el Estado debe de velar por que lo uno y lo otro sean evitados. Lo que no puede aceptarse es la confusión conceptual entre uno y otro. Esta distinción entre tortura y “malos tratos” acompañada con la protección que el Estado debe de dar para evitar la una y lo otro, se encuentra claramente señalada en la “Observación general número 2, Aplicación del artículo 2 por los Estado Partes” del Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), adoptada en el 39º periodo de sesiones (2007)”, misma que en su párrafo 3 indica:

“3. La obligación de impedir los actos de tortura, estipulada en el artículo 2, tiene gran alcance. Las obligaciones de prevenir la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en adelante, los malos tratos) previstos en el párrafo 1 del artículo 16 son indivisibles, interdependientes y están relacionadas entre sí. La obligación de impedir los malos tratos coincide en la práctica con la obligación de impedir la tortura y la enmarca en buena medida. En el artículo 16, en el que se indican los medios para impedir los malos tratos, se subrayan, “en particular”, las medidas señaladas en los artículos 10 a 13, aunque no se limita la prevención efectiva a tales artículos, como ha explicado el Comité, por ejemplo, con respecto a la indemnización prevista en el artículo 14. En la práctica, no suele estar claro el límite conceptual entre, los malos tratos y la tortura. La experiencia demuestra que las condiciones que dan lugar a malos tratos suelen facilitar la tortura y, por consiguiente, las medidas necesarias para impedir la tortura han de aplicarse para impedir los malos tratos. Por consiguiente, el Comité considera que la prohibición de los malos tratos tiene también carácter absoluto en la Convención, y que su prevención debe ser efectiva e imperativa.”

El propio Comité, ciertamente ha identificado la existencia de una línea que distingue a la tortura de los “tratos crueles, inhumanos o degradantes”, no obstante, reconoce que lo uno y lo otro son cosas distintas por su grado de intensidad, tal como lo demuestra el antes citado artículo 16, inciso 1 de la Convención, mismo del que reproducimos un extracto:

“1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura...”

La inexactitud que se advierte en el texto de la minuta no es un error menor, porque en el tema de los derechos humanos se debe cuidar puntualmente la redacción empleada para garantizar la máxima tutela de la dignidad de todas las personas y, en el caso particular que analizamos, tanto las víctimas como de aquellos que se encuentran sometidos a un proceso jurisdiccional, así lo ha señalado el Comité contra la Tortura. Por ejemplo, podríamos pensar en el caso de que una persona sea procesada por la supuesta comisión de un acto no de tortura, sino de un trato cruel, inhumano o degradante. La tortura se considera que es un caso extremo y, no obstante, no haberlo cometido, de acuerdo con la actual redacción manejada por el texto de la minuta, se les estaría aplicando una pena comprendida dentro del mismo margen que se menciona para el de la tortura.

En otras palabras, de aceptar el texto propuesto en la minuta, se estaría desvirtuando el concepto de tortura, adoptándose una definición de lo que no es y, contrario a la esencia de los derechos humanos se aplicaría una pena injusta a aquellos que, sin haberla cometido, sean juzgados por otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Por otra parte, se reconoce la importante aportación que se señala en la minuta en estudio que consiste en señalar que la prohibición de tortura es absoluta e imperativa por lo que los Estados en ningún caso podrán invocar circunstancias excepcionales para justificar actos de ese tipo. Esta circunstancia la contiene el artículo 6o del proyecto de decreto contenido en la referida minuta que indica:

No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes el que se invoquen o existan situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, estado de guerra o amenaza de guerra, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, urgencia en las investigaciones o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad, la peligrosidad del detenido o sentenciado, ni la inseguridad de los establecimientos o centros penitenciarios.”

Al respecto cabe indicar que tal disposición se encuentra contenida ya en nuestro ordenamiento jurídico con motivo de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011. En concreto, en el artículo 29 Constitucional, mismo que en sus primero dos párrafos indica:

En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición  de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada yla tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos...”

Como se advierte, la prohibición de la tortura es un derecho humano que debe de ser respetado aún en los casos más graves de excepción.

Entonces, dicha disposición se encuentra ya contenida en el texto constitucional y, por si fuera poco, existe el mandato de elaborar una ley reglamentaria en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y  garantías en la que la prohibición de la tortura será adecuadamente reglamentada junto con los demás derechos humanos que bajo ningún caso podrán ser suspendidos o restringidos.

En ese contexto, se advierte que regular casuísticamente cada derecho puede conducir a problemas de interpretación o antinomias en el ordenamiento jurídico, por lo que se estima resulta más conveniente una regulación contenida en una ley expresamente dirigida a la reglamentación del contenido del artículo 29 Constitucional.

Las anteriores observaciones no pretenden contrariar la correcta intención,  guiada por el espíritu de profundizar en la protección de los derechos humanos, que se advierte en el texto de la Minuta. No obstante, la función de la Cámara Revisora es precisamente esa, la de advertir las inexactitudes que puedan haber pasado por desapercibidas o bien, la de hacer observaciones o complementos que enriquezcan la propuesta de la Cámara de Origen.

Por las consideraciones anteriores, esta Comisión de Derechos Humanos tiene a bien modificar la minuta del Senado de la manera que a continuación se explica.

IV. Modificaciones

En lo tocante a la denominación de la ley, se propone el siguiente texto:

“Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Tortura”

Se propone la redacción anterior toda vez que no queda claramente identificado en la minuta lo que debe de entenderse por “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Se advierte, como ha quedado señalado en el derecho internacional de los derechos humanos, que los mismos son distintos a la tortura pero no se desprende de dicha minuta cuál es el elemento característico de lo uno y de los otros, por el contrario, en ella se cae en una inexactitud al identificar ambas figuras como una misma cosa, situación que se estima no puede corroborarse desde la denominación del texto legal.

Por lo que toca al artículo 1o de la Minuta, se propone el siguiente texto:

La presente ley tiene por objeto la prevención, sanción y erradicación de la tortura. Sus disposiciones se aplicarán en todo el territorio nacional en Materia de Fuero Federal y en el Distrito Federal en Materia de Fuero Común.”

Como puede advertirse, sólo suprimimos de la redacción propuesta por la Colegisladora la expresión “... y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. La razón obedece a los argumentos que señalamos con antelación.”

La propuesta para el artículo 2o quedaría de la siguiente manera:

Los órganos dependientes del Ejecutivo federal relacionados con la procuración de justicia y seguridad pública, en los términos de los artículo 1 y 21 constitucionales, así como los órganos encargados de la seguridad nacional, de conformidad con las leyes respectivas, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para:

La orientación y asistencia a la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los derechos humanos de aquellas personas involucradas en la comisión de algún ilícito penal.

La organización de cursos de capacitación de su personal para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

La profesionalización de las instituciones de seguridad pública en una cultura de respeto a los derechos humanos.

La profesionalización de todos los servidores públicos que participan en la custodia y tratamiento de toda persona sometida a arresto, detención o prisión.

Prohibir el empleo de la tortura hacia toda persona sometida a arresto, detención, prisión o cualquier otra medida.”

En el artículo 2o, solamente se modificó la fracción V (que se adiciona al texto de ese artículo vigente), suprimiendo la expresión “... y evitar otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes...”Las razones obedecen a los mismos argumentos señalados anteriormente. A la vez, se incluye la expresión “o cualquier otra medida”, ya que esta comisión reconoce que los actos constitutivos de tortura pueden cometerse en situaciones distintas al arresto, detención o la prisión.

Para el caso del artículo 2o. Bis, esta Comisión de Derechos Humanos considera que el mismo debe de mantenerse en los términos señalados por la Cámara de Origen en su Minuta, esto es:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, como órgano constitucional autónomo y protector de los derechos humanos en el país, podrá realizar las visitas y supervisiones que considera pertinentes a fin de denunciar y evitar los actos de tortura en el sistema penitenciario y de readaptación social del país, así como en los órganos dependientes del Ejecutivo Federal encargados de la procuración de justicia.”

La propuesta de redacción para el artículo 3o es la siguiente:

Se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

Los delitos previstos en esta ley se investigarán y perseguirán de oficio.”

Es importante señalar que esta colegisladora adopta la definición de tortura establecida en el párrafo primero del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el cual no contempla el calificativo de “graves” a losdolores o sufrimientos ocasionados a una persona por actos de tortura y el cual si se contempla en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas. Esta Comisión de Derechos Humanos por mayoría absoluta, convino en adoptar la definición de tortura establecida en la Convención Interamericana por ser más afín al espíritu de protección de los Derechos Humanos y por considerar que tal calificativo corresponde a un término indeterminado y subjetivo que podría dar cabida a la impunidad de actos de tortura no considerados “graves”.

Asimismo, esta dictaminadora propone derogar en la definición de esta conducta antijurídica el texto del segundo párrafo inserto en el artículo 2 de la Ley en vigor, que reza:

“No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.”

Lo anterior no implica que esta comisión no reconozca la aplicación de la convenciones que se han citado, ya que las mismas en su carácter de normas integrantes de la Ley Suprema de la Unión son vinculantes para todas las autoridades públicas, máxime con la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011.

No obstante, el motivo que conlleva a esta colegisladora a la supresión del párrafo que se analiza, obedece a que el mismo no especifica cuándo las autoridades pueden actuar sin cometer un abuso de la fuerza pública y por ello, esta comisión ha optado por su derogación en aras de evitar el exceso en el uso de la misma, teniendo presente que el párrafo correlativo de las convenciones tienen plena aplicación en nuestro país, para lo cual habrá de prevalecer su aplicación integral con los diversos protocolos en la materia. Otro motivo para derogar el párrafo que se analiza corresponde a la consideración de que para esta dictaminadora la ley ha de establecer los supuestos que constituyen la comisión del delito de tortura, dicho en otras palabras, ha de decir el como se lleva a cabo y no ha de expresar el como no se comete.

Adicionalmente, en este artículo tercero, suprimimos de los diferentes párrafos la expresión “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” con la finalidad de evitar confusiones terminológicas en la aplicación del mismo. La redacción contenida en la Minuta tipifica al delito de “tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” cometiéndose el error de confusión que en secciones anteriores hemos indicado y que puede colocar en una situación de vulnerabilidad al sujeto que pudiera hallarse en la hipótesis prevista dado que al no distinguirse los “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” de la “tortura” se desvirtúa la esencia de lo que la una y los otros son, cuando claramente en el derecho internacional de los derechos humanos se entiende se trata de figuras relacionadas pero diferenciadas.

Esta situación debe de ser extremamente cuidada pues se trata de una materia, la penal, donde lo que está en juego es el derecho fundamental a la libertad, por esta razón, debe de quedar exactamente determinado qué es la tortura y qué son los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, situación que desafortunadamente no puede inferirse de la minuta en comento.

La redacción para el artículo 4o, se propone que sea la siguiente:

A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de siete a dieciséis años, de quinientos a mil días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos de manera permanente. Para los efectos de la determinación de los días multa se estará a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal Federal.”

En este artículo, además de suprimir la referencia a los “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” en razón a que llevan a desvirtuar la figura conceptual de la tortura (al confundirla con los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), se propone actualizar la referencia que en este artículo se hace al “Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal” en virtud de que con motivo de una reforma ocurrida el 19 de mayo de 1999, se modificó la denominación del entonces “Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal” para pasar a denominarse “Código Penal Federal”.

En lo que respecta al artículo 5o, consideramos que el mismo debe de permanecer en los términos propuestos por la Minuta de la Colegisladora y cuyo texto es el siguiente:

Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán al servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, con cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 3o, instigue o induzca, compela, o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales; o no evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia.

Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con  cualquier finalidad, instigado, inducido o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos o mentales a un detenido.”

Finalmente, para el caso del artículo 6o., se propone la siguiente redacción:

No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales, incluyéndose los supuestos previstos en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su respectiva ley reglamentaria.”

Hemos indicado que la prohibición de la tortura es un derecho humano que debe de ser respetado aún en los casos más graves de excepción y ello se encuentra ya regulado en el artículo 29 Constitucional. El problema de regular casuísticamente cada uno de estos derechos, que no pueden bajo ninguna circunstancia ser suspendidos o restringidos, es que ello puede llevarnos a problemas de interpretación o antinomias en el ordenamiento jurídico, por lo que es más conveniente una regulación contenida en una ley expresamente dirigida a la reglamentación del contenido del artículo 29 Constitucional.

Por los argumentos expuestos en el cuerpo de este dictamen, la Comisión de Derechos Humanos expresa las siguientes:

V. Conclusiones

Primera.La Cámara de Diputados, como representante popular, ha asumido una clara convicción por profundizar el contenido esencial de los derechos humanos reconocidos en nuestro orden jurídico nacional, a efecto de hacerlos cada vez más justiciables en pro de la defensa del ser humano. Para lograr lo anterior, se requiere de una profesionalización en la redacción de los textos legales para evitar problemas de interpretación y antinomias que conduzcan a limitar los derechos humanos o incluso, a hacerlos inoperantes. Por esta razón, y con el ánimo de contribuir a los avances realizados en pro de la protección y garantía de los derechos humanos, modificamos la redacción del Proyecto de Decreto contenido en la Minuta bajo estudio.

Segunda.Hemos dado cuenta de que en la redacción de la Minuta sujeta a dictamen se desvirtúa la noción de tortura reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos y, en su instrumento básico en la materia, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, misma que es obligatoria para el Estado mexicano. Dicho instrumento internacional deja en claro que la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son figuras relacionadas pero distintas. En el texto de la Minuta se incurre en una imprecisión al considerar a ambas como si fueren una sola figura conceptual. Por esta razón, hemos decidido modificar la redacción de los artículos que se propone reformar, a efecto de que no sea objeto de malinterpretaciones el término “tortura” y que en la práctica pueda afectar los derechos humanos de las personas a quienes se aplicará una sanción por su comisión.

Tercera.Hemos señalado que la prohibición de tortura es un derecho que no cabe restringir o suspender en ningún caso de excepción y ello se encuentra ya señalado en nuestra ley fundamental, en su artículo 29, mismo del que está pendiente la emisión de su ley reglamentaria. En este caso, se estima que  regular casuísticamente cada uno de los derechos que bajo ninguna circunstancia podrán ser objeto de limitantes (suspensión o restricción) puede llevar a problemas prácticos como antinomias o lagunas en el sistema normativo, por ello, se estima conveniente reglamentar todos estos casos en la ley secundaria del artículo 29 Constitucional.

Cuarta.Se coincide en la esencia de las propuestas de la Colegisladora, razón por la cual se mantienen las contenidas en el dictamen,  modificándolas  únicamente para evitar la confusión entre tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Por los argumentos antes señalados la Comisión de Derechos Humanos, somete a la consideración de la honorable asamblea y para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura

Artículo Único.Se reforman los artículos 1o; 2o; 3o; 4o; 5o y 6o. y se adiciona el artículo 2o Bis a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y se modifica la denominación de la ley, para quedar como sigue:

Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura

Articulo 1o.La presente Ley tiene por objeto la prevención, sanción y erradicación de la tortura. Sus disposiciones se aplicarán en todo el territorio nacional en Materia de Fuero Federal y en el Distrito Federal en Materia de Fuero Común.

Artículo 2o.Los órganos dependientes del Ejecutivo Federal relacionados con la procuración de justicia y seguridad pública, en los términos de los artículos 1o y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los órganos encargados de la seguridad nacional, de conformidad con las leyes respectivas, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para:

I.La orientación y asistencia a la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los derechos humanos, de aquellas personas involucradas en la comisión de algún ilícito penal.

II.La organización de cursos de capacitación de su personal para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

III.La profesionalización de las instituciones de seguridad pública en una cultura de respeto a los derechos humanos.

IV.La profesionalización de todos los servidores públicos que participan en la custodia y tratamiento de toda persona sometida a arresto, detención o prisión.

V.Prohibir el empleo de la tortura hacia toda persona sometida a arresto, detención, prisión o cualquier otra medida.

Artículo 2o. Bis.La Comisión Nacional de Derechos Humanos, como órgano constitucional autónomo y protector de los derechos humanos en el país, podrá realizar las visitas y supervisiones que considera pertinentes a fin de denunciar y evitar los actos de tortura en el sistema penitenciario y de readaptación social del país, así como en los órganos dependientes del Ejecutivo Federal encargados de la procuración de justicia.

Artículo 3o. Se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

Los delitos previstos en esta Ley se investigarán y perseguirán de oficio.

Artículo 4o.A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de siete a dieciséis años, de quinientos a mil días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos de manera permanente. Para los efectos de la determinación de los días multa se estará a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal Federal.

Artículo 5o.Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán al servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, con cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 3o, instigue o induzca, compela, o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos, sean físicos o mentales; o no evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia.

Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado, inducido o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos sean físicos o mentales a un detenido.

Artículo 6o.No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales, incluyéndose los supuestos previstos en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su respectiva ley reglamentaria.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones que se opongan o contravengan lo dispuesto en el presente decreto.

Notas:

1. Bobbio, Norberto. El tiempo de los derechos. Ed. Sistema. Traducción de Rafael de Asís Roig. Madrid, 1991. Pág. 97-98.

2. Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Ed. Trotta. Traducción de Marina Gascón. 9ª ed. Madrid, 2009. Pág. 86.

3. Dworkin, Ronald. Los derechos en serio. Ed. Ariel. Traducción de Marta Guastavino. Barcelona, 2009.

4. México la firmó el 18 de marzo de 1985, fue aprobada por el Senado el 9 de diciembre de 1985, aprobada mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1986, vinculante para México a partir del 23 de enero de 1986 (vía ratificación) y, en vigor para nuestro país desde el 26 de junio de 1987.

5. El subrayado es nuestro.

6. En términos del artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de noviembre de 2012.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruíz Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para presentar el dictamen por la Comisión tiene la palabra la diputada Miriam Cárdenas Cantú, hasta por 10 minutos, cinco minutos, los que necesite.

La diputada Miriam Cárdenas Cantú:Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados, comparezco ante este pleno, a efecto de explicar a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados los alcances y objetivos del dictamen por el que se reforma y adiciona la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Concebido hace más de dos décadas como un instrumento jurídico destinado a evitar los abusos del poder en contra de la población, este ordenamiento vino a constituir un verdadero avance en el respeto de los derechos humanos.

La Comisión dictaminadora decidió corregir una confusión consistente en identificar el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como si se tratase de una sola figura o concepto en sí, lo cual es inexacto y contrario a lo previsto en la Convención Universal de la materia.

Como consecuencia de esto, se aprobó cambiar la denominación del ordenamiento para transformarla en Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura; es decir, se ha agregado el verbo erradicar en su título.

En el dictamen se establece que la prohibición a la tortura es absoluta y por lo tanto, el Estado mexicano en ningún caso podrá invocar circunstancias excepcionales para justificar hechos de este tipo.

También se señala que los órganos dependientes del Ejecutivo federal relacionados con la procuración de justicia y la seguridad nacional y pública, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para la orientación y asistencia a la población, con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los derechos humanos de aquellas personas involucradas en la comisión de algún ilícito penal.

La organización de cursos de capacitación de su personal, para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos; la profesionalización de las instituciones de seguridad pública, en una cultura de respeto a éstos; la profesionalización de todos los servidores públicos que participan en la custodia y tratamiento de todas las personas que se encuentran sometidas a arresto, detención o prisión.

También se prohíbe el empleo de la tortura hacia toda persona sometida a arresto, detención, prisión o cualquier otra medida.

Se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar las visitas y supervisiones que consideren sean pertinentes, a fin de denunciar y evitar los actos de tortura en el sistema penitenciario y de reinserción social del país, y también se incluye en los órganos dependientes del Ejecutivo federal, encargados de la procuración de justicia.

En esta reforma se adoptó la definición de tortura establecida en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la cual no califica de graves a los dolores o sufrimientos ocasionados a una persona por actos de tortura. Esto porque se consideró —al interior de la Comisión— que el calificativo de graves es indeterminado y además subjetivo, lo que podría dar cabida a la impunidad de actos de tortura.

Cabe señalar que este carácter ambiguo y confuso de la definición de tortura, empleada en la actual Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, había sido reconocido no solo en nuestro ámbito interno, sino que incluso diversos órganos internacionales se habían pronunciado, recomendando al Estado mexicano modificar su actual redacción y definición de tortura y así, hacerla compatible con los estándares y exigencias del derecho internacional de los derechos humanos.

Esto ha sido señalado —entre otros— por el Comité contra la Tortura, conocido como CAT, que señaló, el 23 de noviembre de 2012, que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura en este país sigue sin reflejar completamente la definición que figura en el derecho internacional, por lo que instó al Estado parte, México, a modificar la ley señalada, para que la definición de tortura abarque todos los elementos que figuran en la Convención, incluidos —entre otros— los actos de tortura cometidos por terceros, a instigación o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público. Lo que así se hizo y queda plasmado en el dictamen que se somete a su consideración.

Es de resaltarse que en el decreto no se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales, incluyéndose los supuestos previstos en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley reglamentaria que en su momento se apruebe.

La Cámara de Diputados, en tanto miembro de un poder público y depositario de una representación popular, ha venido trabajando a fin de dar contenido a los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, logrando así que nuestro texto constitucional se proyecte asimismo a través de sus diversas leyes reglamentarias.

De aprobarse el dictamen que ahora se pone a su consideración, habremos dado un paso importantísimo en la ampliación de las prerrogativas contenidas en nuestro sistema jurídico.

Reconozco sobremanera que en este proceso hayamos podido caminar juntos todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, pues con ello hemos puesto por delante los intereses de la población y la construcción de un país más justo para todos y para todas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Saludamos y damos la bienvenida a un grupo de alumnos y maestros de la escuela secundaria 1022, Emiliano Zapata, del municipio del Valle de Chalco Solidaridad, en el estado de México, que están hoy aquí invitados por la diputada Carla Guadalupe Reyes y por el diputado Arturo Ramírez. Bienvenidos a esta sesión.

Para fijar su posición sobre este dictamen, tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar posición respecto al dictamen que nos presenta la Comisión de Derechos Humanos y que contiene reformas y adiciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Este dictamen recae a una minuta turnada por el Senado de la República y que tiene por propósito central el erradicar este crimen internacional. Esta práctica totalmente violatoria de los derechos humanos se utiliza para atentar contra la dignidad de las personas, vejándolas y haciéndoles creer que están a plena disposición del torturador su persona y su vida.

La tortura ha sido práctica reiterada de los gobiernos totalitarios. Mediante el uso de la fuerza se arrancan confesiones a los detenidos. También la utilizan las corporaciones policiacas para lograr confesiones autocriminatorias.

Su origen se encuentra desgraciadamente en acciones de representantes de los estados cuya tarea debería ser en principio la salvaguarda de los derechos fundamentales del gobernado.

Coincidimos con la propuesta que se contiene en el dictamen para hacer eficaz la prevención, sanción y erradicación de la tortura, en razón de que la reforma se ajusta a los instrumentos internacionales, tanto a la Convención de Tortura, la universal, como la regional.

Estamos convencidos de que las corporaciones policiacas y el Ministerio Público deben eficientar su labor, con el propósito de que la investigación científica traiga como consecuencia la ubicación y detención de los responsables de la comisión de delitos, y no se torture solo para obtener culpables, que a final de cuentas no son los verdaderos responsables de haber cometido algún delito.

Por ello estamos a favor de la reforma al artículo 2o., en donde se define con claridad el contenido que deben tener los programas que los órganos dependientes del Ejecutivo, relacionados con la procuración de justicia y seguridad pública, deben cumplir con la garantía de los derechos de los gobernados. Entre estos temas se encuentra el relativo a la capacitación permanente del personal, su profesionalización, así como la prohibición determinante del uso de la tortura.

Dentro de los aciertos de la reforma se ubica —entre otros— el artículo 2o. Bis, en donde se le da la facultad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar visitas y supervisiones y evitar los actos de tortura en el sistema penitenciario y de readaptación social. De igual forma, un gran acierto de esta reforma es la precisión del significado o de la definición de este crimen, tortura.

El artículo 4o., por su parte, establece la pena a quien cometa el delito de tortura y que será de 7 a 16 años. Sobre el particular, sería deseable que en un futuro se reformara el Código Federal de Procedimientos Penales, el artículo 194, para que el delito de tortura fuera considerado como grave.

Por estas consideraciones, apoyaremos en lo general y en lo particular el dictamen que se nos presenta. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de mis compañeras diputadas y de mis compañeros diputados, procederé a expresar el posicionamiento al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a nombre de la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano.

Como todas y todos bien saben, la tortura es una de las violaciones más atroces a la dignidad de una persona; resulta una práctica abominable, que ha llegado a niveles de dolor físico y mental, que traspasan la condición humana y atropellan todos los derechos.

Debido a que es un tema de suma gravedad, una gran cantidad de convenciones internacionales la han prohibido, sin ningún tipo de derogación y sin importar si se realiza en un periodo de paz, de guerra o como defensa ante el peligro de existencia de un Estado.

Recordemos el Protocolo de Estambul, el cual es un instrumento científico emanado de la propia Organización de las Naciones Unidas para dictaminar todo caso de tortura. Nuestra Carta Magna en el artículo 20, especifica que queda prohibida y será sancionada toda incomunicación, intimidación o tortura. Asimismo la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual fue ratificado por el Senado de la República el 11 de abril de 2005 y entró en vigor el 22 de junio de 2006.

Todo esto tiene como finalidad la protección bajo cualquier circunstancia contra cualquier acción de este tipo, así como la creación de un mecanismo eficiente, que permita la prevención de este delito tan deleznable.

No obstante todo lo expuesto, la práctica de la tortura se ha mantenido vigente en todo el mundo. En nuestro país no solo ocurre eso, parecería que se privilegia y se tolera este crimen, como un método más para obtener información.

Uno de los lugares donde esta conducta se perpetua de manera alarmante es en los centros penitenciarios y de reinserción social. Dichos lugares carecen de un órgano que vigile el correcto funcionamiento, en cuanto al trato otorgado a los internos.

Con los instrumentos otorgados a través de este dictamen, la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura podrá contar con los mecanismos necesarios para combatir este mal, que permea a toda la sociedad del país.

Recordemos los hechos tan lamentables de los que fuimos testigos el pasado primero de diciembre, que dejaron claro que estas prácticas no se reducen solamente a los centros penitenciarios, ocurren desde la misma persecución de los delitos.

Según el Informe sobre la Juventud 2010-2011, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del número de jóvenes detenido por la policía por distintas causas, 75 por ciento manifestaron ser víctimas de aprehensiones arbitrarias y con un uso desproporcionado de la fuerza.

Este dictamen es un paso loable para terminar con una situación que como sociedad nos ha rebasado a través de supuestos servidores públicos trasgresores de la ley.

Basta ya del poder desmedido e impune utilizado por autoridades; basta ya de normatividades que no cuenten con mecanismos suficientes para hacer frente a estos actos ilícitos.

También quiero reconocer y es en justicia señalar que esta iniciativa en su momento fue fruto de la coautoría del diputado Ricardo Monreal, en marzo de 2011.

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Corresponde ahora el uso de la tribuna a la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Martha Edith Vital Vera: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Martha Edith Vital Vera:Estimadas diputadas y diputados de éste honorable Congreso de la Unión. La protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos se encuentran plasmados —como todos lo sabemos— en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas.

A nivel internacional la tortura sigue siendo usada hasta nuestros días de manera alarmante. Sabemos que es completamente ilegal y nada tiene que ver con la búsqueda de la justicia.

Con el fin de erradicar esta práctica, las Naciones Unidas crearon la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, misma que fue ratificada por México en 1987, entrando en vigor el 26 de junio del mismo año.

La mayoría de los casos de tortura no son denunciados ante las autoridades, por desconfianza a las mismas, por desconocimiento de leyes o tratados, por el mismo temor a las represalias de los mismos funcionarios públicos, y solo trascienden los casos con alguna connotación especial.

Viene a mi mente el nombre de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, que fue arrestado en 2012 por agentes federales, desaparecido desde ese entonces y nunca supimos más. Incluso la procuradora Marisela Morales ofreció disculpas públicas, asumiendo la responsabilidad del Estado mexicano.

Creemos que al ser nuestro país un Estado firmante de la mayoría de acuerdos y protocolos de protección y defensa a los derechos humanos está obligado a tomar medidas efectivas que contribuyan a la erradicación de esta tortura.

Considerando que la tortura puede ser física, sicológica, es necesario reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para erradicar —entre otras— la práctica del arraigo, figura que se utiliza precisamente para torturar a nuestra gente.

El mismo Ministerio Público mantiene privada de su libertad a quien ni siquiera ha sido sujeto a un proceso, violentando con ello su condición humana y su conciencia, tal como lo ha manifestado el procurador general de la República, y donde el estado de Chiapas es un ejemplo, al haber incluido en su marco constitucional local la prohibición de este arraigo.

Asimismo creemos que son necesarias reformas para que las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sean suficientes en la defensa de la protección a los derechos humanos.

Por lo anterior, en mi Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México vemos muy favorablemente la reforma a esta Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en pro de erradicar esta práctica violatoria a los derechos humanos, que sigue siendo en nuestros días muy común y más en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Margarita Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Margarita Tapia Fonllem:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores; con su permiso, señor presidente. Vengo a esta tribuna a presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Votaremos a favor en lo general este dictamen, pues es de celebrar que la erradicación de la tortura figure entre los primeros asuntos que procesa la Comisión de Derechos Humanos en esta Legislatura, porque en la inmensa mayoría de los casos la tortura no se denuncia, no se investiga, no se castiga y no se da a conocer.

La muestra contundente es que en el sexenio de Felipe Calderón, no se emitió una sola sentencia condenatoria por tortura en el ámbito federal, a pesar de que la práctica aumentó de manera alarmante. De acuerdo con Amnistía Internacional, de 392 denuncias por tortura y malos tratos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2007, la cifra aumentó a 1,669, en 2011.

No debemos pasar por alto que apenas el pasado viernes 23 de noviembre, el Comité contra la Tortura emitió las observaciones generales a los informes de México, donde valoró sobre todos los elementos que presentó la sociedad civil, en contraposición a la información oficial. Sobre esta base el comité hizo firmes recomendaciones para resolver el alarmante aumento del uso de la tortura en México.

La tortura ha abundado; por ejemplo, por parte de militares, en interrogatorios clandestinos a personas acusadas de narcotráfico; por parte de agentes migratorios, a las personas capturadas en su ruta hacia Estados Unidos de América; por parte de policías, para obtener de una persona confesión forzada o una declaración autoinculpatorio ante el Ministerio Público.

Esta tendencia es una auténtica tragedia nacional, porque además del sufrimiento físico inmediato que provoca a las víctimas, las consecuencias sicológicas son duraderas y frecuentemente se incurre en afectaciones a la salud, permanentes o difíciles de revertir. No hay una política de Estado que considere la dimensión sicosocial del fenómeno.

No debemos olvidar que para las víctimas de los casos que han ameritado sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la tortura ha sido un denominador común. A pesar de ello, ha sido nula la actuación del gobierno mexicano contra los torturadores, por estas acciones como tales.

Después de una profunda discusión en la Comisión de Derechos Humanos, vimos con beneplácito que se plasmen algunos avances a esta ley federal, tales como incorporar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar visitas y supervisiones, de acuerdo a su función constitucional.

Añadir, como objeto de la ley, la erradicación de la tortura, no solo la prevención y la sanción. Adecuar, de acuerdo a las convenciones internacionales, el concepto de tortura a los métodos que pretendan anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia. Establecer que la investigación y persecución del delito de tortura se ejerza de oficio.

Sin embargo, la propuesta que hoy se pone a discusión es insuficiente, en particular señalaré, primero, porque es parcial, porque el bien jurídico a tutelar es la dignidad e integridad de la persona, tanto física como síquica.

La tortura no puede limitarse a un delito circunscrito a la función pública. Mientras no se modifique el Código Penal Federal, en los artículos 215 y 225, se seguirá considerando la tortura como un subtipo de delito de abuso de autoridad y como delito contra la administración de justicia.

En segundo lugar, no atiende el señalamiento recurrente para obligar a la realización de exámenes médicos y peritajes imparciales y exhaustivos, que puedan ser realizados por médicos y peritos independientes para las víctimas de tortura.

Tercero. A pesar de que se corrigió una falla de la iniciativa original y de la minuta en que se confundía la tipificación de la tortura con la de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, tenemos el reto de una tipificación específica para que estas otras prácticas puedan ser erradicadas.

Cuarto. Está pendiente un apartado para la investigación y sanción adecuado para el servidor público que incurra en encubrimiento de la tortura. En la mayoría de los casos de tortura se pueden detectar prácticas sistemáticas que implican a una cadena de funcionarios, tales como la modificación de un expediente, la fabricación o desaparición de pruebas o la presión para alterar un examen médico.

Quinto. Se requiere sancionar los casos en que el uso legítimo de la fuerza se ejerza de manera desproporcionada como tortura o como trato cruel, inhumano o degradante.

Sexto. No hay avance para que la carga de la prueba recaiga sobre el presunto torturador, como ha recomendado el CAT, y que la víctima se libre de dicha carga.

Estas disposiciones son urgentes y son parte importante de las diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo ocurrido en los casos de los campesinos ecologistas y de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

Finalmente, es innegable que hay algunos avances en el proyecto de dictamen; sin embargo, es necesaria una reforma más amplia para cumplir plenamente con el mandato de las Convenciones Interamericanas y de Naciones Unidas, y atender las recomendaciones del CAT, trabajo que nos comprometemos a realizar próximamente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Carlos Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra:Con la venia de esta asamblea, y la digna conducción de nuestro presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dolor es un mecanismo de protección del organismo humano para advertir que hay una amenaza en su integridad, pero el dolor infringido intencionalmente por un ser humano a otro, con el fin de obtener algo a cambio o simplemente generar sufrimiento, es el horror más grande que puede haber en este mundo. No solo ataca directamente a la integridad, sino que viola y toca las más sensibles fibras de algo mucho más que lo físico, ataca en su esencia la dignidad de la persona humana.

Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con nuestra Norma Fundamental, en el Estado mexicano se encuentra prohibida la tortura y cualquier violación a dicho mandato debe de ser sancionada severamente por nuestra legislación penal.

Es así como nuestro país establece la obligación a las autoridades mexicanas de respetar la dignidad de las personas, prohibiendo la comisión de cualquier conducta que dañe la integridad de una persona y afecte lo previsto en los tratados internacionales en que México es parte.

Hay muchos tratados al respecto. Destacan el Tratado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En México, la ley que sanciona la tortura fue publicada en el año de 1991 y reformada por última vez en enero de 94.

Dicho lo anterior, celebramos la aprobación de este dictamen, porque se actualiza su contenido, sobre todo en el entorno en donde ahora nos encontramos, en donde hay estado de fuerza en grandes partes de nuestro territorio. Por ello fue necesaria la actualización del marco jurídico que regula la vigilancia y protección de los derechos humanos en nuestro país en el tema de la tortura.

En efecto, en el 2011, en materia de derechos humanos se ha dado pie a la expedición de nuevas leyes, así como la actualización de disposiciones, como es la presente ley, a efecto de ajustar su contenido. De manera tal, que garantice la protección de las personas y que ésta sea debidamente garantizada.

El dictamen, compañeras y compañeros, que aquí se discute, establece como objeto de la ley, además de la prevención, la sanción —algo importantísimo—, la erradicación total de la tortura en México. No más tortura en México, no nos podemos permitir que esto suceda, por ningún motivo.

Las reformas propuestas establecen que los órganos dependientes del Ejecutivo federal relacionados con la procuración de justicia, los órganos de seguridad pública y seguridad nacional, deberán llevar a cabo programas permanentes para prevenir y erradicar la tortura, y establecen procedimientos para prohibir el empleo de la tortura hacia toda persona sometida al arresto, detención, prisión o simplemente por maldad humana.

De igual manera, y toda vez que nuestra Norma Fundamental establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, es que se destaca la facultad que se le otorga a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de realizar visitas y supervisiones.

En el rubro de sanciones, destaca que la presunta comisión de los delitos previstos en esta ley se investigará y perseguirán de oficio; se aumentan las sanciones de prisión y multa, así como también se prevé la inhabilitación permanente del servidor público para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.

De esta manera, compañeras y compañeros, considerando las ventajas que conlleva la aprobación de este dictamen para la protección de las personas, Acción Nacional votará a favor del mismo y así los insto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Rodimiro Barrera Estrada:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, el dictamen que hoy nos ocupa da cuenta de los avances que México ha tenido en materia de los derechos humanos y desde luego, de los retos que tenemos frente a nosotros.

El consenso alcanzado en el seno de la Comisión dictaminadora y que sin duda alguna tendremos en estos momentos, es reflejo claro de que tenemos hoy una manera distinta de concebir e interpretar el derecho.

El Grupo Parlamentario del PRI, en palabras de Bobbio, entiende que el problema de fondo relativo a los derechos humanos no es justificarlos, sino crear las condiciones para su pleno ejercicio y protegerlos. La asignatura pendiente es, por tanto, su puesta en práctica y su cumplimiento. Estamos claros que toda persona que vive en sociedad consecuentemente no solo se relaciona con el Estado, sino también con otros individuos y grupos.

La toma de conciencia de esta realidad ha hecho que el tema de los derechos humanos hoy se plantee a nivel de los poderes de la sociedad civil, porque los seres humanos deben de ser libres, no solo frente al Estado, sino ante la sociedad.

Por ello, es relevante adecuar la legislación a la realidad y exigencias actuales. La ley no solo cumple una función coercitiva, sino que también es orientadora de conductas, es educativa, y por tanto, constructora de una nueva cultura.

Qué es la democracia, sino la vigencia de los derechos humanos. Derechos imprescriptibles, no discriminatorios, omnicomprensivos, universales, inalienables, y lo más importante, derechos que son para todos y que cuya defensa y garantía trasciende ideologías, fronteras e individuos, ya que son un bien jurídico que pertenece a la comunidad internacional y al propio ser humano, por el simple hecho de serlo. De ahí la importancia de las reformas que hoy discutimos.

El Estado de derecho, los límites en el Estado y el desarrollo de los mismos, son precisamente lo que nos dan esas garantías. Estado de derecho que tenemos que buscar y construir día a día, porque ello implica garantizar la seguridad democrática de los ciudadanos.

Hablar de los retos y desafíos de los derechos humanos en México, es referirse a la posibilidad de llevar a cabo una reingeniería estructural del andamiaje institucional y legal, que toque la médula de los sistemas jurídicos, políticos, económicos y social del país.

Una reingeniería, como bien lo señalaron ya Luigi Ferrajoli y Gerardo Pisarello, donde el análisis supere cuestiones tales, como el estatuto científico de la teoría del derecho, sus pretensiones normativas o simplemente descriptivas y neutrales, o los límites en general del lenguaje jurídico, como objeto de la formulación lógica y análisis riguroso, para dar paso a un modo más amplio de las potencialidades de los derechos, como un vehículo de paz, igualdad y protección de los más débiles, sus posibles mecanismos de tutela y garantía, sus relaciones con la economía y la política y por tanto, con el mercado y la democracia, y su atribución a las personas, en lo general.

Construir los derechos humanos sobre la ideología del humanismo es una noble tarea de gran calado, que requiere de una voluntad férrea cuya magnitud sea capaz de ir más allá a las luces intelectuales, y mucho más lejos que los esfuerzos gubernamentales, en la idea de hacer del respeto de los derechos humanos una forma cotidiana de vida.

Legislar para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, y otros tratos y penas crueles inhumanos o degradantes, es en primera instancia un acto de lealtad con nuestra especie. La norma se convierte así en un postulado, que nos obliga a realizar una pausa en el camino; es el lente que nos permite ver al otro; es la voz de nuestros congéneres dispuesta a penetrar las conciencias del mundo.

Cualquiera que sea el asidero filosófico, el humanismo en el siglo XXI ha cobrado nueva vigencia, al igual que los derechos humanos. Ya desde el siglo pasado la búsqueda de una ideología nueva, mejor acabada, menos rebuscada y mayormente enfocada al ser humano, hoy parece ser la única opción posible. De ahí la necesidad de ser consolidado como una ideología que nos permita tener un denominador común, una nueva ética universal de convivencia; por ello, nuestro grupo parlamentario votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Concluida la ronda de posicionamientos, está a discusión el dictamen.

Informo a la asamblea que me ha solicitado el uso de la tribuna el diputado Ricardo Monreal, que es el autor de la iniciativa de la minuta que hoy discutimos y también la diputada Roxana Luna, que hará una propuesta de modificación. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Muchas gracias, ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, me da mucho gusto que hoy se esté discutiendo esta minuta con proyecto de decreto que modifica distintos artículos de esta ley tan importante, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Soy autor de esta iniciativa; la presenté hace casi un año, la presenté en el Senado, en marzo de 2011 y esta iniciativa, de la cual han hablado bien quienes han fijado su posición política, me alegra que ahora llegue a feliz término, porque somos Cámara revisora, y de aprobarse iniciará su vigencia de inmediato.

¿Qué propuse en aquella iniciativa? Propuse, entre otras cosas, lo recuerdo muy bien, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos estuviera facultada para realizar las visitas y supervisiones que considere pertinentes, a fin de denunciar los actos y evitar los mismos actos de tortura en el sistema penitenciario y de reinserción social del país. Pero también agregué: así como los órganos de procuración de justicia del país.

¿Por qué lo planteaba en este artículo 2 Bis en ese momento? Ustedes recordarán las fugas masivas de reos, pero también las investigaciones que de ahí surgieron sobre la multiplicidad, sobre todo de violación de derechos humanos.

Quiero felicitar a la presidenta de la Comisión, porque hizo un trabajo eficaz, y a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, porque es un paso importante para erradicar y evitar la tortura. También se aumenta la sanción para aquellos funcionarios públicos que incurren en este delito y que establece la inhabilitación política. Pero además, una cosa importante, se eleva a categoría el delito de tortura a oficial, porque a partir de ahora todos los delitos sobre tortura cometidos en distintos rubros serán perseguidos de oficio e investigados de oficio.

Pero también quiero resaltar que aclara una confusión que mucho se discutió en aquel momento sobre la propia tortura, pero también sobre una confusión que existía sobre el trato o penas crueles, inhumanos o degradantes; se aclara en el texto que está en discusión para que no se genere un problema de interpretación y sobre todo para estar al tono del derecho internacional.

Quiero felicitar también —y lo hago extensivo— a los secretarios técnicos de las comisiones, que son quienes arrastran el lápiz con la conducción y orientación de los presidentes y los secretarios. Pero el texto de la exposición de motivos es bueno, me parece que hicieron un esfuerzo junto con su presidenta y sus secretarios.

Les referiría simplemente que hubieran acudido más al derecho internacional, porque en el mundo, los derechos humanos están considerados como la columna vertebral de todo un sistema democrático, de todos los sistemas democráticos del mundo, incluso en otros países va mucho más avanzada que el nuestro en esta materia, y el hecho de que se haya modificado la Constitución —termino— hace apenas unos meses, en el artículo 1o. constitucional, es derivado de esto. Creo que hicimos bien.

Como autor o coautor —porque hubo otros dos compañeros del PRD, García Zalvidea, si mal no recuerdo y un senador de Chiapas, los tres fuimos autores de distinta manera— me alegra que hoy llegue a su feliz término esta iniciativa. Agradezco que al menos en esta materia coincidamos. Ojalá y hubiese más coincidencias. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Roxana Luna Porquillo, del PRD, para presentar una propuesta de modificación.

La diputada Roxana Luna Porquillo: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Pues en la propuesta, como lo planteó mi compañera, coincidimos en lo general, y la idea de hacer uso de la tribuna es para ampliar sus alcances y fortalecer la aplicación de ésta.

Lo que nos preocupa es que la tortura no se investiga y no se sanciona, a pesar de su gravedad. Como ya se dijo, en el sexenio de Felipe Calderón no hubo una sola condena por tortura.

El objetivo de modificar el párrafo final del artículo 3o. —que es la propuesta que hago— es para obligar a que la tortura se investigue de oficio, incluso cuando ocurra en conjunto con otros delitos, incluyendo la figura de concurso, contemplada en la legislación.

El artículo 18 del Código Penal Federal define que existe concurso ideal, cuando una sola conducta se comete en varios delitos. Existe concurso real, cuando la pluralidad de conductas se comete en varios delitos. Así se aplicaría el supuesto del artículo 64 del mismo Código para que el concurso ideal se imponga en la pena mayor, y en el caso del concurso real se impongan las penas previstas por cada uno de los delitos cometidos.

Tenemos que recordar los múltiples casos de tortura contra los integrantes de los movimientos sociales o partidos opositores. Se ha acreditado una inmensa cantidad de casos de tortura durante la guerra sucia: en interrogatorios, en actos de intimidación o para que las personas se autoculparan.

A pesar de que la tortura no se erradicó después de este periodo en este sexenio, su práctica ha aumentado, como se reconoce en las observaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, sobre todo en las secciones contra el crimen organizado y en las prácticas para anular los movimientos sociales.

Tenemos que recordar el caso de Jethro Ramsés, un joven inocente secuestrado por los policías de Cuernavaca, Morelos, y entregado a elementos del Ejército, caso sobre el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha adoptado decisiones trascendentes.

Jethro fue torturado no solo con golpes, le rociaron ácido en distintas partes del cuerpo; después del suplicio lo llevaron a los alrededores de Atlixco, Puebla, donde fue enterrado vivo y se comprobó que murió por asfixia.

Resalta que en este caso no se alega la tortura, sino la desa-parición y el homicidio por parte de los elementos militares. El mayor problema es que al investigarse no se da claridad al tema de la tortura, como si no existiera. Es necesario que se vea como un fenómeno particular, con consecuencias graves, a veces permanentes para las personas que lo sufren.

Un ejemplo reciente es el caso de cuatro civiles torturados por elementos del Ejército, en junio de 2009, en la ciudad de Tijuana; uno de ellos vio severamente deteriorado su sentido del oído; dos de ellos sufren daños incurables en la mandíbula; otro de ellos tiene una grave lesión cervical debido a los golpes propinados con las culatas de las armas. Ninguno de ellos ha recibido atención médica, porque no se ha reconocido y se ha atendido la tortura como tal.

A menudo los golpes del cráneo, los choques eléctricos o los ahorcamientos provocan daños neurológicos irreversibles, ¿y qué decir de las consecuencias sicológicas? Muchas víctimas viven en el recuerdo del sufrimiento, además del miedo a padecer un gran daño por sí mismas.

La tortura fácilmente involucra a círculos viciosos, ¿por qué tener que sufrir represalias? Porque a veces se prefiere callar antes de repetir esta trágica experiencia.

Por todo lo anterior, si queremos erradicar la tortura es necesario erradicar el encubrimiento que realizan ministerios públicos, agentes investigadores, jueces y demás funcionarios. Solo así se podrá someter a proceso y castigar a quienes cometan ese aberrante delito.

Esperamos que este pleno de la Cámara pueda aprobar esta adición para dar un firme compromiso a erradicar la tortura. Hago en este momento entrega de la propuesta al artículo 3o. de esta reforma. Muchas gracias.

«Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de  Diputados y del artículo 72, fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted para proponer una reserva al artículo “Dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuya denominación también se modifica para quedar como Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura”, que será discutido y votado en la sesión de pleno de esta fecha.

Dice:

Artículo 3o.Se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

Los delitos previstos en esta ley se investigarán y perseguirán de oficio.

Debe decir:

Artículo 3o. Se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

Los delitos previstos en esta ley se investigarán y perseguirán de oficio aun cuando se cometan en concurso con otros delitos, para lo cual se aplicará la regla correspondiente prevista en el capítulo V del Título Primero del Código Penal Federal.

Atentamente

Palacio de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2013.— Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría dé lectura a la propuesta de adición presentada por la diputada Roxana Luna y que inmediatamente después de darle lectura pregunte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Artículo 3o., último párrafo. Los delitos previstos en esta ley se investigarán y perseguirán de oficio, aun cuando se cometan en concurso con otros delitos, para lo cual se aplicará la regla correspondiente prevista en el capítulo quinto del título primero del Código Penal Federal.

En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. En consecuencia y en razón de que no hay tampoco artículos reservados, voy a pedir a la Secretaría que ordene la apertura del sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

Se les informa, señoras y señores diputados, que queda menos de un minuto para que emitan su voto. Una vez cerrado el sistema ya no se aceptará ningún voto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 443 votos en pro y ninguno en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. Adelante con el primero, por favor.

VOLUMEN II

LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ESTOS DELITOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos; y a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a armonizar su legislación con base en ese ordenamiento

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2012, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó ante el Pleno de esta Cámara, Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a publicar el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; y a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar su legislación con base en ese ordenamiento.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para su correspondiente análisis, discusión y dictamen.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La finalidad del punto de acuerdo que se dictamina contiene dos resolutivos, el primero consiste en un exhorto al Ejecutivo federal a efecto de que publique el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos Delitos

En el segundo resolutivo la diputada Martha Lucía Mícher Camarena propone exhortar a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar su legislación con base en este mismo ordenamiento jurídico.

Consideraciones

La promovente del punto de acuerdo que se dictamina, incluye las siguientes consideraciones:

México es Estado parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y de su Protocolo para prevenir, suprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niñas, habiendo ratificado ambos instrumentos desde marzo de 2003, la aplicación de estos instrumentos vinculantes debería detonar en acciones coordinadas entre las instancias federales, estatales y municipales de manera transversal en los tres ámbitos de gobierno para atender en su amplia dimensión y con todas sus consecuencias el delito de trata de personas.

La realidad del país refleja que los esfuerzos realizados hasta ahora no son suficientes y quizás tampoco los más eficaces para erradicar este delito de alto impacto social:

Del 1 de septiembre de 2011 al 30 de julio de 2012, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), se dio inicio a 55 averiguaciones previas por el delito de trata de personas; de estas averiguaciones previas se determinaron 26 y se consignaron únicamente 12.

Los resultados a la fecha son ínfimos ya que desde la creación de la Fevimtra, en 2008 únicamente se ha logrado una sentencia condenatoria a nivel federal y para este año se le otorgó un presupuesto de 69 millones de pesos.

De acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema el principal problema que motiva la ineficiencia del gobierno federal para el combate del delito de la trata de personas, es que la fiscalía especializada de la PGR tiene claras limitación en su ámbito de competencia para realizar las investigaciones.

El Ejecutivo federal no termina de organizar el funcionamiento de sus áreas para lograr una investigación de este delito con la debida diligencia y salvaguardar a las víctimas, la situación en México cada vez más se agrava.

La trata de personas es un delito complejo porque en él intervienen diversos factores y su comisión es de tracto sucesivo es decir se perpetúa en el tiempo en una cadena de conductas ilícitas en las que intervienen diversos actores lesionando un conjunto de bienes jurídicos que conforman el núcleo esencial de derechos humanos de las víctimas.

Esa complejidad también dificulta el acopio de información desagregada que permita identificar a las redes de tratantes y sus patrones de comportamiento, para integrar investigaciones sólidas que concluyan con la debida sanción a los responsables.

El 14 de junio del presente año fue promulgada la nueva Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos delitos; también se abrogó la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas; y se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Policía Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta ley fue producto de un esfuerzo legislativo importante, tiene como uno de sus objetivos: brindar un marco jurídico adecuado para la investigación y sanción de este delito, así como efectiva atención a las víctimas.

El artículo cuarto transitorio, establece que el Ejecutivo federal contaba con 90 días a partir de la publicación de la ley para emitir el reglamento de la misma. Sin embargo, a más de 100 días de la promulgación de la ley, el Ejecutivo federal no ha dado cumplimiento de lo establecido en este ordenamiento.

El artículo décimo transitorio de esta ley también señala que los Congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar “las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas”, a fin de armonizar su legislación con lo establecido en la nueva ley.

Cabe destacar que con relación a este tema, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (encargado de vigilar la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), en su documento CEDAW/C/MEX/CO/7-8 de fecha 7 de agosto de 2012 de las observaciones finales de dicho Comité a México, en el apartado de Armonización de la legislación y derogación de las leyes discriminatorias, señala en el punto 13 que “el Comité observa los progresos legislativos federales del Estado parte, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos (2011). Sin embargo, le preocupa que los diferentes niveles de autoridad y competencias dentro de la estructura federal del Estado parte acarren una c diferenciada de la ley según se haya llevado a cabo o no una armonización adecuada de la legislación pertinente en el plano estatal”.

La anterior preocupación es aplicable al caso de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, haciendo evidente la necesidad de su armonización en el plano estatal.

Por lo que con base en las anteriores consideraciones, la comisión dictaminadora coincide plenamente con la proponente que para dar una plena vigencia a lo establecido en la ley citada, resulta fundamental que el Ejecutivo federal, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa cumplan con lo establecido en la misma, en este sentido creemos conveniente y necesario que se publique a la brevedad el mencionado reglamento, así como se haga el respectivo exhorto a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a efecto de que armonicen su legislación con base en este mismo ordenamiento jurídico.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que con la brevedad publique el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos Delitos.

Segundo. Se exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar su legislación con base en este mismo ordenamiento jurídico.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2012.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a discusión. Tiene el uso de la voz el diputado Gabriel Gómez Michel.

El diputado Gabriel Gómez Michel:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, como ustedes saben, México es parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo y de su Protocolo para Prevenir, Suprimir y Sancionar la Trata de Personas, desde marzo de 2003.

La trata de personas es un delito complejo en el que intervienen diversos factores cuya comisión es de tracto sucesivo, ya que el mismo se perpetúa en un tiempo en una cadena de conductas ilícitas, en las que intervienen diversos actores que lesionan un conjunto de bienes jurídicos que conforman el núcleo esencial de derechos humanos de las víctimas.

Por lo anterior, para esta soberanía es y ha sido trascendental la erradicación de este delito.

El pasado 14 de julio del presente año fue promulgada la nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos Delitos. También se aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Policía Federal, de la Ley General del Sistema Nacional del Seguridad Pública.

Cabe recalcar que esta ley fue producto de un esfuerzo legislativo importante y que la misma tiene como parte de sus objetivos el brindar un marco jurídico adecuado para la investigación y sanción de este delito, así como la efectiva atención de las víctimas.

Asimismo, su artículo cuarto transitorio establece que el Ejecutivo federal contaba con 90 días a partir de la publicación de la ley para emitir el reglamento de la misma; sin embargo, a más de 100 días de la promulgación de la ley no se ha cumplido lo establecido en dicho precepto.

En adición a lo anterior, el artículo décimo transitorio de esta ley también señala que los Congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, a fin de armonizar su legislación con lo establecido en la nueva ley.

Compañeras y compañeros legisladores, en virtud de lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos —de la cual soy integrante— coincide plenamente que para dar plena vigencia a lo establecido en la ley citada resulta fundamental que el Ejecutivo federal, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cumplan con lo establecido en la misma y en este sentido, consideramos necesario que se publique a la brevedad el mencionado reglamento y que se haga el respectivo exhorto a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que armonicen su legislación con base en el mismo ordenamiento jurídico.

Es por lo anterior que les solicitamos su apoyo, a efecto de aprobar el presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Malú, tiene usted el uso de la voz.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): ¿Desde la tribuna?

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Donde usted quiera, con mucho gusto.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena:Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, celebramos de verdad que todas y todos apoyen este punto de acuerdo donde se exhorta al Ejecutivo a publicar el Reglamento precisamente de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de este espantoso delito.

México es un país de origen, de tránsito y de destino de víctimas de trata de personas, con ganancias cercanas a los 28 millones de dólares, en beneficio de 47 organizaciones criminales.

Durante 2010, la mayoría de las víctimas de trata identificadas en México eran de Chiapas, de Veracruz, de Puebla, de Oaxaca y de Tlaxcala. Curiosamente estados que tienen un índice de desarrollo humano bajo.

La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI; es la actividad a través de la cual una persona obtiene o mantiene trabajos o servicios realizados por otra persona a través de medios forzosos, a través de la amenaza, de la coacción.

Después del negocio de drogas y armas, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más redituable. La suma de las violencias, como la social, la física, la económica, son las precursoras de este delito; por eso, la trata de personas es la violación sistemática de todos los derechos humanos sobre una sola persona.

Hay diversas formas de trata; por eso, los servicios forzados pueden llevarse a cabo a través de la servidumbre involuntaria, de la esclavitud, de la trata con fines de explotación sexual y por supuesto, del endeudamiento y explotación laboral.

Quienes realizan este delito aprovechan las condiciones de vulnerabilidad de mujeres, de niñas, de niños, de pequeños, de personas con discapacidades, de migrantes, de trabajadores informales, de población joven o de población analfabeta, ¿y en qué consiste? Consiste en ofertar personas, en demandar servicios a los cuales son obligados a realizar.

La impunidad fomenta este delito para que se mantenga en la invisibilidad. Este país, y el Ejecutivo debieron de haber publicado el reglamento desde el 14 de septiembre y por tanto, ya pasaron esos 100 días y no lo ha hecho.

Por ello, necesitamos exhortar a que este nuevo gobierno no deje en saco roto la publicación de este reglamento, porque las observaciones de la CEDAW, de ONU Mujeres, han sido precisamente que se observen estas recomendaciones para que los Estados parte, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, hagan una organización en todos sus estados, incluyendo el Distrito Federal, para que la ley en todos los estados que se ha acordado en este Senado y en esta Cámara de Diputados, se aplique a todos los estados y se armonice.

Por ello, agradecemos y pedimos su voto a favor de este exhorto al Ejecutivo para la publicación del reglamento.

No más violencia contra las niñas y los niños, no más trata de personas, no más esclavitud en este país. No más tráfico de órganos ni trabajos forzados de niños y niñas o mujeres engañadas, que se van a Taiwán o que se van a lugares extranjeros, y son engañadas y son esclavizadas y son víctimas de la trata de personas.

Agradeceremos su voto a favor para aprobar este punto de acuerdo, y agradecemos también a la comisión, que ha presentado afirmativamente este punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, Malú. Doña Zuleyma Huidobro.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, señor presidente. El día de hoy nos ocupa uno de los temas que sigue lastimando y deteriorando a nuestra sociedad; la trata de personas es un problema mundial que afecta a más de dos millones y medio de personas, especialmente a niños y mujeres, por ser ellos uno de los segmentos sociales más vulnerables y por lo tanto, sujetos a ser violentados en sus derechos humanos y en su desarrollo integral, de manera sistemática.

Otro sector vulnerable es el de los migrantes, los cuales en su paso hacia los Estados Unidos de América son víctimas de violaciones, torturas, vejaciones por parte del crimen organizado y de las propias autoridades migratorias. De tal magnitud son los procesos de vulnerabilidad en nuestro país, que México ocupa el primer lugar en el número de abusos a las garantías elementales de los migrantes.

Según datos de la Red Nacional de Refugios, se han detectado en México por lo menos 47 redes delictivas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual. La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe informó que México ocupa el tercer lugar en trata de personas en América Latina y el Caribe, además de constituirse como zona de origen, tránsito y destino de este ilícito.

Cada año en México más de 20 mil niños son víctimas de la explotación sexual originada por la trata de personas, y 85 mil son utilizados en actos de pornografía. Las entidades donde se reporta mayor incidencia de trata de mujeres y niñas son: Baja California Sur, Nuevo León, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Quintana Roo, Distrito Federal, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, estado de México, Tabasco, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, Zacatecas y Morelos.

En el caso del Distrito Federal, desde 2008 se cuenta con una Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil, pero lamentablemente, como en otros casos, se carece de una base de datos confiable y que dé cuenta de la magnitud del delito.

Según datos del segundo informe respecto de los derechos humanos en materia de trata de personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal, del observatorio contra este delito, señala que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de diciembre de 2010 a noviembre de 2011, registró 49 consignaciones en materia penal por trata de personas, 32 de ellas con detención y 17 sin ella. Asimismo resolvió 24 sentencias condenatorias y 25 absolutorias.

Como legisladores, tenemos el compromiso con la sociedad para que se atienda de manera integral el problema de la trata de personas; por lo tanto, debemos exigir la publicación inmediata del reglamento de la ley en comento como primer paso, ya que para que se pueda atender de manera integral este problema en nuestro país necesitaríamos la colaboración de los tres órdenes de gobierno, y que los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal armonicen su legislación con base en este mismo ordenamiento jurídico, a efecto de enfrentar de mejor manera uno de los delitos más deleznables, que sin duda representa la esclavitud actual.

Los diputados de Movimiento Ciudadano consideramos importante que el Ejecutivo federal atienda esta solicitud al Congreso de la Unión, por considerar que ya se cumplieron los tiempos establecidos para la publicación del reglamento. Derivado de lo anterior, votaremos a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, a usted. El Reglamento de la Cámara establece para estos casos solamente a alguien que fundamente y un orador en contra y uno a favor; sin embargo, vamos a darle el uso de la palabra a doña Loretta Ortiz Ahlf.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Le agradezco, señor presidente. Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, la Convención de Viena contra el Crimen Transnacional Organizado establece que los cuatro crímenes internacionales más graves que se realizan en la comunidad internacional son: el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y el tráfico de migrantes.

A raíz de esta Convención, precisamente se celebraron otros dos protocolos adicionales, que son el protocolo adicional de Nueva York, sobre trata de personas y el de Palermo, sobre tráfico de migrantes.

Para precisamente combatir estos crímenes internacionales —no son simples delitos, son crímenes— la pasada legislatura aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como otros ordenamientos cuyo propósito central es el combate a la trata de personas.

El decreto en cuestión fue promulgado el 13 de junio y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de este año, y en el artículo cuarto transitorio se estableció un plazo de 90 días para que el Ejecutivo federal emitiera un reglamento de la misma. Dicho término empezó a correr a partir del 15 de junio y a la fecha han transcurrido 90 días.

Asimismo, en el décimo transitorio se mandata a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las adecuaciones correspondientes a sus leyes locales para armonizarlas con la legislación federal recientemente aprobada.

La razón de que se exhorte a través de este acuerdo, tanto al Ejecutivo como a las Legislaturas locales el que emitan —en su caso— las leyes locales correspondientes o el reglamento, es precisamente porque no se puede dar una debida aplicación a la ley, hasta en tanto no se den las reglas adecuadas para que puedan actuar las autoridades.

De no acordarse o aprobarse este punto de acuerdo seguiremos teniendo, desgraciadamente, la trata de personas como un acontecimiento; por increíble que pueda parecer, no es esporádico, se puede decir que es una violación sistemática de derechos humanos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con el encabezado del siguiente dictamen.

MALTRATO INFANTIL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efectuar por las Secretarías de Salud, de Educación Pública, y de Desarrollo Social, así como por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, acciones inmediatas a fin de prevenir, proteger y atender de manera integral el maltrato infantil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, desarrolle acciones inmediatas con el fin de prevenir, proteger y atender de manera integral el maltrato infantil.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 15 de noviembre de 2012, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, desarrolle acciones inmediatas con el fin de prevenir, proteger y atender de manera integral el maltrato infantil.

Segundo.En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

El diputado proponente expone que, en México, el 60 por ciento de los niños de entre uno a 14 años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. De acuerdo con estadísticas gubernamentales, en la mayoría de los casos son los propios padres quienes vulneran la integridad física y emocional de los menores.

Añade, que la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el maltrato infantil o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que origine un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

Afirma que, por ello, debe involucrarse a los padres y personas a cargo de su cuidado en el respeto de sus garantías, reconocidas en la Constitución y en diversos instrumentos legales internacionales.

Manifiesta que, el maltrato infantil debe ser considerado como un grave problema de salud pública de agenda nacional, ya que este fenómeno cuenta con cifras alarmantes, según datos del DIF en México existen 8 millones de menores en condición de maltrato y 2 millones de ellos en maltrato extremo. Además de ser la primera causa de muerte e invalidez en la población infantil.

Considera que, se deben de poner en práctica estrategias que protejan la integridad física de niñas y niños que viven en México con el propósito de garantizar sus derechos humanos.

Para el proponente, el maltrato infantil se está legitimando y aceptando socialmente, de forma que se hacen naturales y por tanto invisibles las diferentes formas de violencia, lo cual contribuye a su persistencia y reproducción.

Señala que, la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en su artículo 50, establece que: “el gobierno federal promoverá la celebración de convenios de coordinación con los gobiernos del Distrito federal, estados y municipios, a efecto de realizar acciones conjuntas para la procuración, protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Frente a ello, se deben de establecer acciones y políticas públicas necesarias para prevenir atender y erradicar el maltrato infantil. Adoptar las medidas necesarias para ampliar y profundizar los conocimientos que se tienen acerca del fenómeno del maltrato infantil en nuestro país y promover entre las niñas, niños y adolescentes la generación de una cultura de no violencia.

En consecuencia, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Salud, de Educación, y de Desarrollo Social, y del Sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia, desarrolle acciones inmediatas con el fin de prevenir, proteger y atender de manera integral el maltrato infantil.

Consideraciones

Primera. En la legislación nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 4º párrafos 8,9 y 10 se establece que:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Segunda. Esta Comisión hace mención que México ha suscrito diversos Tratados Internacionales encaminados a mejorar la situación de los niños, niñas y adolescentes entre los que se encuentran: la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, implícitamente, incluía los derechos del niño, y la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que se reconoce, como el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia.

La Convención de los Derechos del niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, parte de reconocer que en todos los países del mundo hay niños y niñas que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños y niñas necesitan especial consideración.

La Convención de los Derechos del Niño establece en sus artículos 2 y 3, lo siguiente;

Artículo 2

1. Los Estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

2. Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2.Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Así también, la propia Convención de los Derechos del Niño en su Artículo 19 indica;

Artículo 19

1.Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2.Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Tercera. Para dar atención al Maltrato Infantil, el Comité de los Derechos del Niño publicó la observación general sobre el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, debido a la alarmante magnitud e intensidad de la violencia ejercida contra los niños y niñas, por lo que consideró que es preciso reforzar y ampliar masivamente las medidas destinadas a acabar con la violencia para poner fin de manera efectiva a esta práctica, que dificultan el desarrollo de las y los niños.

La observación general se basa en los siguientes supuestos y observaciones fundamentales:

a) “La violencia contra los niños jamás es justificable; toda violencia contra los niños se puede prevenir”.

b) Un planteamiento de la atención y protección del niño basado en los derechos del niño requiere dejar de considerar al niño principalmente como “víctima” para adoptar un paradigma basado en el respeto y la promoción de su dignidad humana y su integridad física y psicológica como titular de derechos.

c) El concepto de dignidad exige que cada niño sea reconocido, respetado y protegido como titular de derechos y como ser humano único y valioso con su personalidad propia, sus necesidades específicas, sus intereses y su privacidad.

d) El principio del estado de derecho debe aplicarse plenamente a los niños, en pie de igualdad con los adultos.

e) En todos los procesos de toma de decisiones debe respetarse sistemáticamente el derecho del niño a ser escuchado y a que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta, y su habilitación y participación deben ser elementos básicos de las estrategias y programas de atención y protección del niño.

...

La observación general tiene por objeto:

a) Instruir a los Estados partes para que comprendan las obligaciones que les incumben, en virtud del artículo 19 de la Convención, de prohibir, prevenir y combatir toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación del niño, incluido el abuso sexual, mientras este se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, entre ellos los agentes estatales;

b) Describir las medidas legislativas, judiciales, administrativas, sociales y educativas que los Estados partes deben adoptar;

c) Dejar de adoptar iniciativas aisladas, fragmentadas y a posteriori de atención y protección del niño, que apenas han contribuido a la prevención y eliminación de todas las formas de violencia;

d) Promover un enfoque holístico de la aplicación del artículo 19, basado en el designio general de la Convención de garantizar el derecho del niño a la supervivencia, la dignidad, el bienestar, la salud, el desarrollo, la participación y la no discriminación frente a la amenaza de la violencia. Entre otros.

Cuarta.Así también, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece lo conducente respecto a sus derechos, particularmente en los Artículos 4 y 11 que puntualmente señalan:

Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

A.Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación.

B.Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.

Las normas dispondrán lo necesario para garantizar el cumplimiento de los deberes antes señalados. En todo caso, se preverán los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar que ascendientes, padres, tutores y responsables de niñas, niños y adolescentes cumplan con su deber de dar alimentos. Se establecerá en las leyes respectivas la responsabilidad penal para quienes incurran en abandono injustificado.

Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsarán la prestación de servicios de guardería, así como auxilio y apoyo a los ascendientes o tutores responsables que trabajen.

Quinta.Cabe señalar que es reconocido el efecto negativo del maltrato infantil y que puede ser a corto o largo plazo, ya que la violencia y los malos tratos sufridos por los niños y niñas son difíciles de superar, esos actos pueden causar lesiones mortales y no mortales, pero que pueden provocar discapacidad, problemas de salud física como el retraso en el desarrollo físico y la aparición posterior de enfermedades pulmonares, cardíacas y hepáticas, de infecciones generales y de transmisión sexual, dificultad en el aprendizaje -incluidos problemas de rendimiento en la escuela y en el trabajo- y consecuencias psicológicas y emocionales, como rechazo y abandono, trastornos afectivos, trauma, temores, ansiedad, inseguridad y destrucción de la autoestima, problemas de salud mental; trastornos depresivos, alucinaciones, trastornos de la memoria o intentos de suicidio y comportamientos perjudiciales para la salud como el abuso de sustancias adictivas o la iniciación precoz en la actividad sexual.

Otras consecuencias derivadas del maltrato y la violencia infantil que afectarán el desarrollo y el comportamiento de niños y niñas, pueden ser el ausentismo escolar, el comportamiento agresivo, antisocial y destructivo hacia ellas o ellos mismos y hacia los demás, lo que puede causar, entre otras cosas, el deterioro de las relaciones personales, la exclusión escolar y conflictos con la ley. Se ha demostrado que la exposición a la violencia aumenta el riesgo de que el niño o niña sea objeto de una victimización posterior y acumule experiencias violentas, e incluso tenga un comportamiento violento en el seno de la pareja en etapas posteriores de la vida.

Sexta.Frente a estos hechos, esta Comisión Dictaminadora considera viable la propuesta del proponente, en razón de que el Estado mexicano tiene la obligación de combatir y eliminar la prevalencia e incidencia generalizadas de la violencia contra las y los niños. Así como promover todos los derechos del niño consagrados en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación nacional.

Es esencial asegurar y promover los derechos fundamentales de los niños y niñas al respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia. Todos los argumentos que aquí se exponen refuerzan este imperativo de los derechos humanos de la niñez. Por lo tanto, las acciones, estrategias y sistemas destinados a prevenir y combatir la violencia infantil, deben adoptar un enfoque que esté basado más en los derechos de las y los niños que en su momentáneo bienestar.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión Derechos de la Niñez somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, desarrolle acciones inmediatas con el fin de prevenir, proteger y atender de manera integral el maltrato infantil.

Nota:

1 Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, de las Naciones Unidas (A/61/299), párr. 1.

Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2012.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; Gerardo Villanueva Albarrán, Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez, Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra don Alberto Anaya.

El diputado Alberto Anaya Gutiérrez:Compañeras y compañeros legisladores, con el permiso de la Presidencia. Indudablemente que el Partido del Trabajo siempre ha estado a favor de la atención de la primera infancia, no solamente con acciones, sino también para combatir graves omisiones.

En esa perspectiva, estamos nosotros apoyando el punto de acuerdo presentado por el compañero de Movimiento Ciudadano, el compañero diputado Ricardo Mejía Berdeja, en relación a hacer una exhortación al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que se desarrollen políticas y se desarrollen acciones que permitan proteger, atender de manera integral y evitar el maltrato infantil.

Hay cifras preocupantes. Según estudios realizados en este país, los niños de uno a 14 años, el 60 por ciento son víctimas de maltrato infantil; maltrato infantil que proviene sobre todo de las familias, de los padres, y en algunas ocasiones y lugares alejados de las propias escuelas, de maestros que todavía tienen procedimientos que ya debieran ser superados y que todavía toman el maltrato y el castigo, como un mecanismo de sistemas pedagógicos anacrónicos.

En esa perspectiva, este asunto tiene que ir acompañado de un programa dirigido a atender una educación a los padres para que este tipo de prácticas se destierren. Pero sobre todo, hay que tomar en cuenta que el maltrato infantil no nada más es por acción, a veces lo más grave es por omisión; es decir, el niño enfermo que no se le atiende, el niño que trae alguna disfunción, tanto mental como física —que también es objeto de descuido— y sobre todo, lo más grave, la omisión a veces de proveer alimento suficiente, pertinente y nutritivo. Son acciones de omisión, en donde también ahí estas dependencias pueden coadyuvar con programas concurrentes que permitan que ese tipo de situaciones puedan ser desterradas de una vez y por todas.

Estamos también insistiendo que esto forma parte de la atención a primera infancia, que debe ser prioritaria en nuestro país. Invertir en la infancia —se ha dicho y con razón— es fundamental. Se afirma que infancia es destino; se afirma con razón también que los niños son el futuro de un país.

Niños que no son atendidos en su nutrición, que no son atendidos en su salud, que no son atendidos en su formación educativa, que son todavía objeto de maltrato en materia de acciones y omisiones, van a generar una proyección de futuros ciudadanos que van a estar fuertemente afectados y que van a tener consecuencias sicológicas y físicas, y esas situaciones no son positivas para el país.

Proteger en todos los ámbitos a la primera infancia debe ser una prioridad de los mexicanos y particularmente de estas dependencias federales.

Por eso aprovechamos para hacer el exhorto de que no nada más apoyamos este punto, sino solicitar también a todos los legisladores que pongamos atención en fortalecer presupuestalmente todos los programas que tengan que ver con la primera infancia.

En esa perspectiva, estaremos a favor del punto de acuerdo presentado por el compañero diputado Mejía, porque consideramos que es de alta prioridad para el país, es alta prioridad para los niños y es alta prioridad para el futuro de México. El Partido del Trabajo se manifiesta a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña Lizbeth Gamboa, del PRI, tiene el uso de la voz. ¿Está doña Lizbeth?

La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song: Muy buenas tardes, honorable asamblea. Con su venia, señor presidente. La Convención sobre los Derechos de los Niños del día 20 de noviembre de 1989, establece como norma fundamental para guiar y seguir los trabajos de todos los gobiernos que se ciñan a esta norma internacional, privilegiar siempre el interés superior de los menores.

Bajo ninguna circunstancia se privilegia el interés superior de los menores cuando se les maltrata, y no solamente cuando se les maltrata en lo físico, sino cuando, por ejemplo, se les maltrata en lo sicológico y se les maltrata cuando se les hace simplemente invisibles.

Se les maltrata en lo sicológico cuando los padres o los adultos los hacemos árbitros en una problemática de divorcio, de patria potestad o de custodia, poniéndolos en medio de nuestras discusiones y trayéndolos al marco base de una negociación, permitiéndoles que crean o que piensen que son materia comerciable o de mercado.

Se les maltrata cuando se les hace o se les considera invisible, porque creemos erróneamente que no necesitan de nuestro tiempo o de nuestra atención y simplemente los hacemos invisibles por pensar que estos pequeños al tener económicamente satisfechas sus necesidades, desa-fortunadamente tienen satisfechas sus necesidades emocionales.

Se les maltrata a los menores cuando no prestamos atención a sus quejas, cuando viven alguna problemática al interior de sus escuelas, como por ejemplo el ya abordado en esta tribuna, bullying y que tristemente ya ha tomado vidas en nuestro país.

El Grupo Parlamentario que represento, el del Partido Revolucionario Institucional, se suma a esta proposición, porque consideramos que la niñez debe de ser el centro de todos los intereses de los gobiernos, debe de ser fundamentalmente el centro de la vida de toda sociedad. Son niños que no son educados, que no son amados, que no son oídos, ¿qué futuro puede tener México?

Si las autoridades de gobierno, como lo son la Secretaría de Educación Pública, como lo son los sistemas nacionales o estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, como lo es incluso la Secretaría de Salud, no ponemos todo nuestro empeño para asegurar que estos menores dejen de ser invisibles, se vuelvan visibles y sean amados y cuidados y erradiquemos con ello el maltrato infantil, entonces, ¿de qué serviría el trabajo que hacemos aquí?

Los invito a todos ustedes a hacer una pequeña reflexión y con estas palabras, reitero que mi grupo parlamentario votará a favor de esa iniciativa. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Gerardo Villanueva.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero empezar esta intervención felicitando con mucha sinceridad al diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien es autor de esta iniciativa, porque estamos en esta Legislatura también para ser voz de quienes no la tienen y que son un pilar en nuestra sociedad, como son las niñas, los niños y los adolescentes.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia recibió el año pasado 59 mil 186 denuncias de maltrato infantil, pero de esas, solo poco más de la mitad, 33 mil 994 casos, se pudieron comprobar y únicamente cuatro mil 656, el 10 por ciento, se presentaron ante el Ministerio Público.

La edad de incidencia máxima de abuso, tanto en niñas como en niños, suele darse entre los 6 y los 12 años. Si a esa incidencia le añadimos situaciones de índole cultural, geográficos, e incluso legal, hay entidades en que la violencia sexual contra los niños ni siquiera se considera un delito.

El daño social e individual se incrementa de forma alarmante. Datos del Inegi indican que en México viven 39 millones de niños, niñas y adolescentes de cero a 17 años, que es el universo que es proclive a este tipo de maltratos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), advierte que 150 millones de niñas y 73 millones de niños, han sido víctimas de alguna forma de abuso sexual antes de cumplir 18 años de edad.

Qué bueno que esta Cámara de Diputados se pronuncie a favor de este punto de acuerdo y quiero decir que por la naturaleza del mismo punto y por ser de quien es autor esta proposición, los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votarán a favor de esta propuesta.

Por último, quiero aprovechar la tribuna para hacer un reconocimiento también a la diputada Verónica Juárez Piña, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, y a las diputadas, sobre todo son mujeres nuestras compañeras diputadas que forman parte de esta comisión, porque gracias a la dirección que nos ha dado la diputada Verónica, hemos logrado que todas las opiniones cuenten, que el debate se dé en un ambiente muy favorable y creo que va a rendir muchos más frutos ese trabajo que viene haciendo la compañera al frente y obviamente, con todas las integrantes de los diferentes partidos políticos. Es cuanto, diputada presidenta.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Muchísimas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquense.

Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo de la Comisión de Derechos de la Niñez.

DERECHOS DE LA NIÑEZ

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar la aplicación del artículo 4o. constitucional para que en los programas se cumpla el principio del interés superior de la niñez

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar la aplicación del artículo 4o. constitucional, a fin de que en los programas se cumpla el principio del interés superior de la niñez.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 16 de octubre de 2012, integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar la aplicación del artículo 4o. constitucional, a fin de que en los programas se cumpla el principio del interés superior de la niñez.

Segundo.En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

Los firmantes de la proporción con punto de acuerdo aseveran que hay a escala internacional el reconocimiento de que los niños son titulares de derechos humanos, donde la infancia implica un espacio separado de la edad adulta con pleno goce de una serie de derechos específicos que garanticen su desarrollo pleno en todos los ámbitos de la vida.

Los promoventes afirman que los tratados internacionales constituyen el marco para debatir y aplicar los derechos humanos, y que estos instrumentos se han convertido en obligaciones jurídicas para que los Estados se vinculen a ellos a través de mecanismos legales para responsabilizar a los gobiernos en caso de que vulneren los derechos humanos.

Detallan que el elemento central de esa doctrina lo constituye el principio del interés superior de los niños, el cual hace referencia al conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizarles un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

Consideran que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, en donde los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, indicando que este principio deberá guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En consecuencia, someten a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar la aplicación del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que en los programas se cumpla el principio del interés superior de la niñez, donde los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Consideraciones

Primera. La reciente reforma constitucional, publicada el 10 de junio de 2011, contiene en el artículo 1o. el principio de convencionalidad, en el sentido de que los convenios internacionales de que México es parte se encuentran por encima aun de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal es el caso de la Convención de los Derechos del Niño, que debe observarse por el Estado mexicano.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

En tanto, el artículo 4o.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que en todas sus decisiones y actuaciones el Estado velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Segunda. Diversos instrumentos normativos internacionales establecen el marco de principios y obligaciones relativos a la garantía de los derechos de los niños.

Entre los instrumentos internacionales encontramos la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue suscrita y ratificada por el Estado mexicano desde el 21 de septiembre de 1989, la que refiere un marco amplio de garantías efectivas hacia los niños: el interés superior del niño, la no discriminación, y el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos los aspectos de la vida que les conciernen.

La Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional legalmente vinculante, en el artículo 4o. señala: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.

En el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se proclaman como derechos de la infancia el cuidado y las asistencias especiales que requiere.

Por tanto, a la conclusión de la revisión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los documentos jurídicos internacionales mencionados que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico reconocen el principio del interés superior de la niñez.

Tercera. La Ley para la Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes refiere en el artículo 4o.:

De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes se entenderán dirigidas a procurarles primordialmente los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, el artículo 14 señala:

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que

A.Se les brinden protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria.

B.Se les atienda antes que a los adultos en todos los servicios, en igualdad de condiciones.

C.Se considere diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.

D.Se asignen mayores recursos a las instituciones encargadas de proteger sus derechos.

Cuarta. En el anexo 24, “Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes”, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se identifican los recursos por un total de 569 559 millones pesos, distribuidos en 94 programas presupuestarios y fondos federales, montos que efectivamente el Estado debe erogar en beneficio de la infancia y la adolescencia en México durante 2012.

La inversión de recursos federales para la puesta en marcha de políticas públicas eficientes, eficaces y oportunas en beneficio de la infancia es un instrumento del Estado para hacer efectivo el ejercicio de los derechos y para promover la equidad.

Invertir en la infancia es invertir en el desarrollo presente y futuro de un país. Por ello, invertir en la infancia de forma equitativa significa asegurar a todos los niños y los adolescentes las mismas oportunidades de desarrollo, centrándose de forma especial en los que se encuentren en mayor desventaja.

Uno de los compromisos primordiales de las dependencias públicas federales que ejecutan el presupuesto para la atención de niños y de adolescentes es velar y cumplir el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos en condiciones de igualdad.

La asignación y el ejercicio presupuestal desempeñan un papel fundamental para alcanzar esta meta. Y mediante el presupuesto del anexo 24 se determina la cantidad de recursos con que se financian las políticas públicas que posibilitan el acceso a la alimentación, la salud, la educación y el sano esparcimiento para el desarrollo de la niñez.

Por tanto, el presupuesto público es determinante para que los derechos de la niñez establecidos en las leyes puedan ser efectivamente ejercidos. Para ello resulta importante que las dependencias del gobierno federal que ejecutan acciones o programas presupuestarios en favor de la niñez mexicana cumplan cabalmente el principio del interés superior de la niñez.

Quinta. Por lo anterior, el compromiso del Estado mexicano de garantizar los derechos de la infancia ha quedado manifiesto con la ratificación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez en 1990, con la reforma del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la promulgación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2000.

Con la etiquetación de los programas del Presupuesto de Egresos de la Federación para los niños y los adolescentes del país en un anexo presupuestal específico, la autoridad federal encargada de ejecutar el gasto debe asegurar que el presupuesto se ejerza de forma oportuna y tomando en cuenta los niveles de desigualdad imperantes en el país. Es decir, debe garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los niños y los adolescentes de México.

En tal virtud, la comisión dictaminadora considera viable la propuesta de los proponentes, en razón de que resulta clara la necesidad de exhortar al Ejecutivo federal a garantizar la aplicación del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que en los programas se cumpla el principio del interés superior de la niñez, donde los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Al mismo tiempo, la comisión dictaminadora considera necesario ampliar el exhorto a los Ejecutivos estatales, a fin de que también garanticen la aplicación del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que en los programas se cumpla el principio del interés superior de la niñez.

En razón de lo expuesto, la Comisión de Derechos de la Niñez somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a garantizar la aplicación del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que en los programas se cumpla el principio del interés superior de la niñez, donde los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2012.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), secretarios; María del Rosario Merlín García (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Lucila Garfias Gutiérrez, Alberto Anaya Gutiérrez.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la Comisión, para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la voz la diputada Beatriz Juárez Piña, hasta por tres minutos.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Muchas gracias. Compañeras y compañeros diputados, en principio por supuesto agradecer las palabras que exteriorizó hace unos segundos mi compañero diputado Gerardo, quien también forma parte de esta Comisión de los Derechos de la Niñez, y por supuesto extender este reconocimiento a todas las diputadas, a él mismo, al diputado Anaya, por el trabajo que hemos venido desempeñando en esta Comisión de los Derechos de la Niñez, que ha votado ya un punto de acuerdo.

El siguiente punto de acuerdo tiene que ver con exhortar al Ejecutivo federal para garantizar la aplicación del artículo 4o. constitucional, con la finalidad de que en los programas se cumpla con el principio del interés superior de la niñez.

El principio del interés superior de la niña o niño en nuestro país se entiende como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas, que les permitan vivir plenamente con el máximo de bienestar posible.

El artículo 4o. constitucional precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado éste velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, difusión, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

La reciente reforma constitucional, publicada el 10 de junio del 2010, contiene en su artículo 1o. el principio de la convencionalidad, en el sentido de que los convenios internacionales de los que México es parte se encuentran por encima aun de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal es el caso de la Convención de los Derechos del Niño, que debe de observarse por el Estado mexicano.

Para la Comisión de los Derechos de la Niñez uno de los ejes rectores de su agenda legislativa es asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la incorporación de los recursos suficientes en beneficio de la infancia y la adolescencia en México, para el ejercicio fiscal 2013.

Somos conscientes de que México requiere urgentemente de la inversión de recursos federales para la puesta en marcha de políticas públicas eficientes, eficaces y oportunas, en beneficio de la infancia y la adolescencia para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos y para promover la equidad.

En la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, específicamente en el Anexo 17, denominado Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, se identifican los recursos por un monto de 598 mil millones de pesos, distribuidos en 98 programas presupuestarios y fondos federales.

Creemos —y creo que ustedes también— que nunca son suficientes los recursos para concretar las acciones y programas a favor de la infancia y la adolescencia. Pero estamos conscientes de que las dependencias públicas federales, que van a ejecutar el Presupuesto público para la atención de niñas, niños y adolescentes, seguramente tendrán que velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena los derechos en condiciones de igualdad.

Asimismo consideramos que invertir en la infancia es invertir en el desarrollo del presente y futuro de nuestro país. Por ello, invertir en ella de forma equitativa, significa asegurar a todos los niños, las niñas y la adolescencia las mismas oportunidades de desarrollo, enfocándose en forma especial en aquellos y aquellas que se encuentren en mayor desventaja.

Compañeras y compañeros diputados, estamos seguros y seguras que con la etiquetación de los programas presupuestarios reflejados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, para los niños, niñas y adolescentes del país, en el Anexo 17, la autoridad federal responsable de la ejecución del gasto deberá asegurar que el Presupuesto sea ejercido de forma oportuna y tomando en cuenta los niveles de desigualdad imperantes en nuestro país, sobre todo teniendo presente el interés superior de las niñas, los niños y la adolescencia.

Por tanto, compañeras y compañeros diputados, les solicito, a nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez, en donde todos votamos unánimemente este punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, les solicitamos que votemos a favor de este dictamen, porque estamos convencidos que es importante exhortar al Ejecutivo federal para que garantice la aplicación del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que los programas se cumplan con el principio del interés superior de la niñez, y con esto los niños y las niñas tengan el derecho de la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral. Es cuanto, gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Muchas gracias, diputada. En pro, tiene el uso de la voz la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Partido de Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Buenas tardes. Con su venia, presidenta. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada de forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es el primer instrumento internacional que establece que todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos y que su cumplimiento es obligatorio para todos los países que han firmado, incluyendo México, que la ratificó en septiembre de 1990.

Con la Comisión de Derechos de los Niños y las Niñas, dejan de ser simples beneficiarios de los servicios y de la protección del Estado, pasando a ser concebidos como sujetos de derecho.

Al firmar la Convención de Derechos de los Niños y de las Niñas, los países asumieron el compromiso de cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos principios, colocar a la infancia en el centro de sus agendas, a través del desarrollo de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia.

La Convención de Derechos de los Niños y de las Niñas establece que los niños y las niñas y adolescentes, en 54 artículos y dos protocolos facultativos, define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación, y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social.

Los cuatro principios fundamentales de la Convención son la no discriminación, la dedicación al interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto por los puntos de vista del niño.

Todos los derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. La Convención protege los derechos de la niñez a estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.

En tanto, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que en todas sus decisiones y actuaciones, el Estado velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Este principio deberá guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez; por lo tanto, con la etiquetación de los programas del Presupuesto de Egresos de la Federación para los niños y los adolescentes del país, en un anexo presupuestal específico, la autoridad federal encargada de ejecutar el gasto debe asegurar que el Presupuesto se ejerza de forma oportuna y tomando en cuenta los niveles de desigualdad imperantes en el país. Es decir, debe garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los niños y los adolescentes de México.

Por lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se muestra a favor del presente dictamen, ya que para nosotros resulta esencial que las dependencias del gobierno federal, que ejecutan acciones o programas presupuestarios a favor de la niñez mexicana, cumplan cabalmente el principio del interés superior de la niñez. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. En pro, hasta por tres minutos, tiene el uso de la voz la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para respaldar el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar la aplicación del artículo 4o. constitucional, que señala: en todas las gestiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar al diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Pensamos que no debería ser necesario que se exhortara al gobierno federal para que garantice el desarrollo integral y la vida digna de la niñez, puesto que es una obligación de éste. Pero la realidad señala que para lograrlo, es decir, para que puedan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible, es imperativo que el Estado prevea las mejores condiciones materiales y afectivas.

Cualquier intervención temprana debe considerar el entorno social de nuestra niñez y la realidad cotidiana en que vive y crece. La responsabilidad del Estado debe tener en consideración que hoy una gran mayoría de nuestra niñez crece en un entorno social adverso, donde las dificultades materiales y los horarios de sus padres dificultan la atención.

Las condiciones de alimentación y de salud en la familia son complementos ineludibles de la atención, que harían posible el derecho a la satisfacción de las necesidades que señalan en el artículo constitucional mencionado.

Queremos señalar que ya desde 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño, que consistía en 10 derechos y que no constituía una obligación legal para aquellos países que la firmaran. En el convenio mencionado se describe la gama de derechos que tiene todo niño y establece las normas básicas para su bienestar en las diversas etapas de su vida.

Cada vez sabemos más sobre la relación entre el desarrollo del cerebro humano y el mecanismo biológico que afectan el aprendizaje del comportamiento y la salud del individuo. Los especialistas de la neurociencia y el desarrollo biológico humano centran sus esfuerzos para alcanzar un máximo potencial dentro de los primeros seis años de vida. Dicho de otra manera, los seis primeros años de vida son periodos de desarrollo de vital importancia en la formación del cerebro del niño o niña. Debemos enfocarnos hacia la sana nutrición, la buena salud, la temprana estimulación y la buena actitud, desde el prenatal hasta los primeros años de éste.

Hemos querido participar a favor en este exhorto, sustentando las razones por las cuales el Estado deberá tomar en sus manos esta temprana intervención, porque permite tener oportunidades precisas y suficientes para alcanzar un desarrollo evolutivo, óptimo, eficaz en la niñez, porque potencia sus capacidades y habilidades futuras como un medio para romper las desigualdades sociales desde la cuna.

En nuestra opinión, que los aprendizajes oportunos y pertinentes son un derecho de niños y niñas desde antes de que nazcan. Todo lo que se invierta en la educación inicial es un eje central de desarrollo que redituará en mejores beneficios de toda la sociedad. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. En pro, por tres minutos, del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Leobardo Alcalá Padilla.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla: Con su permiso, presidenta. A nombre del grupo parlamentario que con orgullo represento, el Partido Revolucionario Institucional, quisiéramos hacer el posicionamiento, pero más que un posicionamiento es dar y hacerlos reflexionar sobre la situación que hoy impera en nuestro país y en otros tantos países de Latinoamérica.

México en este momento tiene 3.3 millones de niños en situación de riesgo o en situación de calle. De estos, lamentablemente y así dicho por la Unicef, un millón de niñas y de niños no tendrán una oportunidad prácticamente de nada.

Hoy quiero reflexionar sobre las palabras de Abraham Lincoln, en que decía: qué bello es ver nacer a un niño o qué bello es ver nacer a una niña; qué lástima que ésta será la única oportunidad en que estén en igualdad de circunstancias.

Felicito a la diputada Verónica Juárez, por la propuesta y la iniciativa que hoy se presenta. Pero más que hacer una solicitud al Ejecutivo sobre recursos económicos, debemos hacer un planteamiento de forma para que los niños puedan tener la posibilidad de poderse desarrollar de manera íntegra.

Hoy, por desgracia, cerca del 19 por ciento o más del 19 por ciento, 9 años que tiene cada uno de nuestros niños es la escolaridad promedio que tienen de posibilidades educativas. Hoy, cuando vemos nacer un tercio de la población, niñas están teniendo niños y la gran desgracia es que estos niños —un tercio de la población, repito— van a rechazar a la sociedad que en este momento los rechaza, desde el seno familiar hasta el seno social.

Hoy por ello queremos reflexionar y ojalá que este tipo de iniciativas, en pro de toda una población, que son quienes menos recursos puedan tener, hoy gracias a nosotros y gracias a las posibilidades que tenemos como legisladores, les podamos dar la oportunidad de poder tener un buen nacimiento, de poder tener una buena educación, de poder tener una buena nutrición. Es lamentable que nuestro país sea el primer lugar en obesidad a nivel mundial.

El tener la posibilidad de que puedan desarrollar sus capacidades intelectuales y que las propias escuelas y universidades les puedan abrir las puertas. Pero esto no va a ser posible, si nosotros no hacemos el esfuerzo de manera presupuestal y también fincar los programas que sean necesarios para el desarrollo social y el desarrollo integral de los niños. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias a usted, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo de la Comisión de Energía.

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al director general de Pemex a privilegiar la industria naval mexicana en los procesos de licitación de construcción de su flota

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, correspondiente a la LXII Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1 En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 27 septiembre de 2012, se presentó la proposición, por el que se exhorta al director general de Pemex a privilegiar la industria naval mexicana en los procesos de licitación de construcción de sus flotas menor y mayor, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN.

2 El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Objeto y contenido de la proposición

La proposición que promueve el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga tiene como propósito central que Petróleos Mexicanos (Pemex) favorezca la industria naval mediante los procesos de licitación para la construcción de flotas, y por otra parte se cancele el acuerdo firmado con la Xunta de Galicia, España, mediante el cual se concreta la construcción de 14 remolcadores: 7 en astilleros gallegos, y 7 en colaboración con astilleros mexicanos.

En la exposición de motivos el diputado promovente destaca que por su situación geográfica, México debería ser un país marítimo lo que significa oportunidades de intercambio político, económico y social.

Agrega que no obstante lo anterior, respecto de la industria naval mexicana se tiene una limitada percepción y apreciación de su influencia y papel como elemento esencial en términos de desarrollo social y económico, y como fuente potencial de excelentes oportunidades de empleo, derrama económica, avance tecnológico y competitividad internacional.

A decir del diputado, en México no se ha desarrollado, reconocido y evaluado el potencial de la industria marítima. En lo que concierne al sector marítimo petrolero, refiere las acciones que Petróleos Mexicanos ha llevado a cabo recientemente en cuanto a renovar su flota menor mediante la licitación otorgada a una firma española para contar con una flota de 14 remolcadores y agrega que la paraestatal ha manifestado que se realizarán más acciones.

Al respecto, el diputado promovente estima que no se niega la necesidad de efectuar alianzas estratégicas y de cooperación tecnológica, pero tampoco se debe aceptar que esta riqueza en empleos y divisas se fugue del país toda vez que es viable de ser construida en territorio nacional.

En virtud de lo anterior el diputado Martín Heredia somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes:

“Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a Pemex, y concretamente a su Consejo de Administración y comités, con el propósito de que en los procesos de licitación para flotas mayor y menor considere principalmente la fabricación y reparación de embarcaciones en astilleros del territorio nacional.

Segundo. Se exhorta al Consejo de Administración de Pemex para que en las subsecuentes licitaciones sea incrementada la proporción a 20 por ciento si las embarcaciones se construyen en México y 20 por ciento al ofertante con mayor contenido nacional.

Tercero. Se exhorta al director general de Pemex para que, de haberlo, se cancele el acuerdo firmado con la Xunta de Galicia, España, mediante el cual se concreta la construcción de 14 remolcadores: 7 en astilleros gallegos, y 7 en colaboración con astilleros mexicanos.”

Una vez expuestos los antecedentes, objeto y contenido de la proposición que promueve el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, los integrantes de esta Comisión de Energía formulan el presente dictamen bajo las siguientes:

III. Consideraciones

Primera. Esta Comisión comparte con el diputado promovente su inquietud en favorecer, reconocer e incentivar la industria naval mexicana, como uno de los sectores más importantes y estratégicos en el desarrollo del país.

Por lo que representa la generación de miles de empleos calificados directos para la renovación de la flota de Petróleos Mexicanos ¾ 2 mil 500 empleos aproximadamente según la Asociación Mexicana de Ingenieros Navales¾ resulta necesaria y urgente reactivar esta parte del sector industrial.

Segunda. Como señala el diputado promovente, Petróleos Mexicanos tiene previsto avanzar en el proceso de renovación y modernización de su flota. De acuerdo con el Boletín número 64, de fecha 27 de septiembre de 2012, este proceso abarcará el periodo 2013-2018.

En relación a los tres puntos contenidos de la proposición que promueve el diputado Martín Heredia, esta Comisión observa lo siguiente:

1. En lo que respecta a la Flota Menor Pemex Refinación, de acuerdo con Petróleos Mexicanos, actualmente existen una serie de procesos de contratación en curso. Dentro de éstos, con fecha 1 de junio de 2012, Pemex firmó con la Secretaría de Marina un Protocolo de Intención para la construcción de la flota menor de Pemex, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los astilleros públicos mexicanos. De acuerdo con la paraestatal, en los próximos días, se formalizará el acuerdo general que permitirá definir la estrategia de construcción de la flota menor al servicio de Pemex Refinación, con la participación de la industria nacional de construcción naval.

Refiere el diputado Heredia “el acuerdo firmado con la Xunta de Galicia”. Al respecto, hay que mencionar que, con fecha 24 de mayo de 2012, Petróleos Mexicanos firmó un Memorándum de Entendimiento de Colaboración con la Xunta de Galiciapara la construcción de remolcadores (7 en Galicia y 7 de forma conjunta con astilleros mexicanos), y señala la paraestatal que lo anterior será, siempre que se den las condiciones de calidad, precio y oportunidad, así como para el posible establecimiento de una terminal logística de hidrocarburos en el puerto de Punta Langosteira.

La flota menor de Pemex Refinación supondrá la construcción de 25 embarcaciones de última generación, entre remolcadores, barcazas, embarcaciones especializadas y buque tanques de bajo calado, con una inversión estimada de 240 millones de dólares. Las embarcaciones se construirán en los años 2013 y 2014.

Es importante destacar que de acuerdo con Pemex, estas gestiones con otros países líderes en este sector son en virtud de las restricciones de capacidad instalada en México y con el objeto de contar de forma complementaria con tecnología punta, bajo este argumento, resulta inviable exhortar al director general de Pemex para que cancele el Memorándum de Entendimiento de Colaboración con la Xunta de Galicia, como lo propone el diputado Heredia.

2. En lo que concierne al proceso de renovación de la flota en Pemex Exploración y Producción, ésta abarca un total de 81 embarcaciones a través de un esquema de contratación a largo plazo con período de construcción para obtener el servicio con embarcaciones modernas y confiables a costos competitivos. Este proceso considera cinco etapas hasta el año 2018. La primera etapa, con una inversión estimada de 600 millones de dólares, inició el pasado mes de agosto con una licitación para el servicio de 7 abastecedores. Dos licitaciones adicionales para el servicio de 14 abastecedores se implementarán en los próximos tres meses.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos este importante proceso fomentará la creación de empleo y el desarrollo de la industria nacional. Asimismo, el programa de modernización de embarcaciones considera el grado de madurez y sofisticación de los astilleros nacionales, con el propósito de facilitar y acelerar, en la medida de lo posible, la construcción de las embarcaciones en astilleros mexicanos, así como regenerar las capacidades tecnológicas en el mediano plazo que hagan más competitiva a la industria nacional, lo cual coincide con lo propuesto por el diputado Heredia en cuanto a privilegiar a la industria naval mexicana.

3. Respecto de la flota mayor de Petróleos Mexicanos, la paraestatal ha señalado que México no cuenta con las capacidades que le permitan la construcción de embarcaciones mayores; por ello se han identificado diferentes países y regiones líderes que puedan permitir la construcción de los buques y facilitar el proceso de transferencia de tecnología.

Así lo expuso el Director General de Petróleos Mexicanos en la reunión de la Comisión de Energía en la cual compareció al ser cuestionado sobre este mismo asunto.

Tercera. Así lo han reconocido los representantes de la industria naval mexicana. De manera ilustrativa, se puede citar lo expresado por el presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros Navales, quien afirmó en una conferencia de prensa conjunta con el Director General de Petróleos Mexicanos que “...en la industria naval nos quedamos 20 años sin construir embarcaciones. Volver a construir es un proceso que nos puede tomar un tiempo y (por lo cual) tenemos que ser realistas...”.

Asimismo, los constructores navales reconocen que Pemex ha llevado a cabo diversas acciones que favorecen al sector, empero es importante destacar que la reactivación de la industria naval no puede depender únicamente de Petróleos Mexicanos si no de la participación de diversos sectores de la sociedad y de la industria en coordinación con el gobierno. Así se ha pronunciado la Asociación Mexicana de Ingenieros Navales (Versión Estenográfica de la Conferencia de Prensa ofrecida por el Doctor Juan José Suárez Coppel y representantes de astilleros mexicanos, realizada el 27 de septiembre de 2012).

Cuarta. En este mismo sentido, es importante señalar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala en su artículo 34 que a la Secretaría de Economía corresponde, entre otros asuntos, la conducción de la política industrial, regular la producción industrial y fomentar, regular y promover el desarrollo de la industria de transformación. Por esta razón, se modifica el exhorta a fin de dirigirlo hacia quien detenta la titularidad de la política industrial del país.

En virtud de las consideraciones antes expuestas, esta comisión considera oportuno aprobar este punto de acuerdo rescatando los motivos que lo originan a fin de hacer eco de las intenciones y propósitos que señala el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, en términos de incentivar la industria naval mexicana.

Por los razonamientos expuestos los integrantes de la Comisión de Energía someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

IV. Acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a que en la esfera de su competencia implemente políticas que fortalezcan e impulsen la industria naval mexicana a fin de incrementar sus capacidades, infraestructura y tecnología y se reactive su participación en el desarrollo del país.

Segundo. Se exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y a los consejos de administración de sus subsidiarias para que en las subsecuentes licitaciones se continúe fortaleciendo las acciones que beneficien a la industria naval mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2012.— Se adjuntan al presente dictamen las firmas aprobatorias de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Energía.

La Comisión de Energía, diputados:Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto, Javier Treviño Cantú (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda, Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta, Noé Hernández González, Alfredo Anaya Gudiño, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Javier Orihuela García, Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la comisión, para fundamentar el dictamen en pro, hasta por tres minutos, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, en mayo de este año se firmó en Santiago de Compostela un documento base afianzando los contratos con los astilleros gallegos. El acuerdo se celebró entre Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex, y Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia.

El último convenio es el que nos interesa en este dictamen; es un convenio en el cual no hay licitación, en el cual no hay transparencia, y este convenio preocupa mucho, porque es un tema en el que puede haber síntomas ineludibles de corrupción, por los antecedentes también que ocurren en otros contratos anteriores a este mismo.

Algo que también llama la atención es que tuvimos una reunión con los jubilados de Pemex, muchos ingenieros muy calificados que han sido capaces de construir refine- rías, y ellos marcan que sí hay tecnología en México y que sí hay capacidad para hacer trabajos que requiere Pemex; sin embargo, a la mano de obra mexicana no se le contrata y por el contrario, sí se le da la mano de obra a España, cuando está en crisis y el mismo mandatario español declara que le agradece a México, porque le está dando la generación de más de tres mil empleos fijos durante tres años.

Esto es de preocuparse, porque haciendo falta empleo en México lo damos a los españoles; sin embargo, estamos de acuerdo por este exhorto, pero pensamos que se quedó corto, que debe también de hacerse una revisión exhaustiva de este contrato que se firmó en Galicia.

Por otra parte, quiero aprovechar el tiempo, presidenta, tocando otro tema que está ocurriendo en las comisiones. Resulta que en las comisiones ninguno de los secretarios puede hacer movimientos en cada uno de los rubros del Presupuesto, y quiero que me escuchen con mucha atención, compañeros, porque aquí vienen dos temas de suma importancia; uno es, que quienes son diputados por elección no van a tener manera de cumplir con sus compromisos en sus comunidades, ya que no va a haber manera de poder meter los proyectos y programas que ustedes se comprometieron en su campaña.

Por otra parte, estando llegando aquí al Congreso, el día de mañana, tenemos la presencia de grupos indígenas que vienen de Guerrero, Oaxaca y de Puebla, a manifestarse porque sus proyectos no van a ser incluidos.

Esto obviamente implica un foco rojo para el país; no solamente son estos estados, sino son todos los estados de la República, en donde no fueron incluidos sus proyectos y nosotros como gestores tenemos dos obligaciones; una, legislar, y por el otro lado, gestionar.

Me pregunto, ¿cómo les van a responder ustedes a todos sus compañeros que votaron por ustedes y que no van a poderles dar solución?

Quiero preguntarle también al presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, si él está de acuerdo en que no se puedan modificar los acuerdos que tomaron los gobernadores con el presidente de la República.

Señores, somos una Cámara de Diputados de un poder autónomo, no dependemos del presidente de la República y eso es un punto muy importante que no se nos debe de olvidar. Es cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda: Con la venia de la Presidencia; compañeros y compañeros diputados, en México existe la necesidad de evitar el persistente desmantelamiento de la industria interna, sobre todo en los sectores claves del crecimiento, como lo es el sector energético.

Es necesario privilegiar en los contratos o convenios a empresas mexicanas y no a extranjeras. Éstas últimas han incursionado en el sector petrolero nacional, sobre todo a partir de la reforma de 2008.

Es necesario que el Ejecutivo tome en cuenta las necesidades de creación de empleos directos dentro de nuestro país, como una política de desarrollo indispensable para el crecimiento. Necesitamos recuperar la industria petrolera, sin necesidad de reformas que amedrenten las inversiones hechas por mexicanos.

Hace dos décadas Pemex compraba a proveedores mexicanos casi el 70 por ciento de sus productos y servicios; hoy en día es solo una tercera parte. Las utilidades se fugan a países extranjeros, los cuales se han beneficiado de negociaciones que poco han redituado a las cuentas nacionales y lucran a costa de los bienes de la nación.

Tenemos que luchar por la defensa de nuestro patrimonio y ennoblecer la lucha de aquellos que han defendido el saqueo que hemos padecido durante gran parte de nuestra historia y así mantener viva la esperanza de un México fructífero, que defienda el patrimonio de todos y de esa manera alcanzar el progreso, que tanto reclaman las clases desfavorecidas.

No podemos permitir que la empresa que ha equilibrado las finanzas de nuestro país se vea perjudicada por una falsa visión de apertura, que se ha probado que para el caso del sector energético no es la adecuada para México.

Se han presentado privilegios a las empresas extranjeras en los contratos concedidos, sin establecer condiciones de igualdad para las empresas nacionales, evitando requisitos que limiten la participación de los foráneos.

Pemex y la CFE realizan en conjunto adquisiciones anuales por más de 100 mil millones de dólares, que si fueran asignados en su mayoría a empresas mexicanas ofrecerían un poder de compra que incentivaría la introducción formal y planeada de un agrupamiento industrial generador de empleos dentro del país.

Simplemente al otorgar contratos a los nacionales, el efecto multiplicador y las externalidades positivas se quedarían aquí en México. Pero por desgracia, lo que vemos hoy en día es que se han cerrado las adquisiciones de productos y servicios a un reducido círculo de proveedores; es decir, a las grandes empresas de capitales internacionales y unas pocas nacionales.

Es por esto que el Partido del Trabajo apoya este punto de acuerdo, que tiene la intención de privilegiar a la industria naval mexicana en los procesos de licitación de la flota de Pemex. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la voz, hasta por tres minutos, del Partido de Acción Nacional, el diputado Germán Pacheco Díaz.

El diputado Germán Pacheco Díaz:Buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Compañeros diputados y diputadas, el dictamen que hoy ponemos a consideración de esta asamblea consideramos que es de suma importancia, ya que la iniciativa presentada en el mes de septiembre por el compañero diputado federal del Partido Acción Nacional, el compañero Martín Heredia, destaca que México por su situación geográfica aún se encuentra en proceso de desarrollo de capacidades que le permite la construcción de embarcaciones.

La industria naval es una actividad económica altamente demandante de inversión directa e indirecta; de financiamiento, de tecnología, innovación, de mano de obra calificada y no calificada, así como insumos diversos, tales como aceros, maderas y equipos de construcción.

Aquí quiero hacer hincapié que en la comparación que hizo el ex director de Pemex en este punto que acabo de mencionar, donde se le dé oportunidad también a aquellas personas en el avituallamiento —como le llamamos en el término marítimo— que se le dé la oportunidad de que en esas construcciones lleven piezas mexicanas, porque aquí en México, en la construcción, por decirlo, de propelas y aditamentos para los barcos, son de calidad.

Debemos considerar que Pemex, por el mes de octubre, con la Secretaría de la Armada, firmó un convenio de colaboración donde la Secretaría de Marina va a ser el inspector o el regulador de esta construcción, que aproximadamente estamos hablando entre las 14 y 16 embarcaciones menores.

Quiero decirle al diputado que me antecedió, de Movimiento Ciudadano, que tiene toda la razón con respecto a los ingenieros jubilados de Pemex; no dudamos de su experiencia, pero lo he recalcado varias veces diciéndoles que esta reunión que hemos llevado a cabo con los astilleros en México, el problema aquí es la tecnología y el tipo de astillero para embarcaciones mayores. Lo que quiere decir que sí tenemos capacidad y les vuelvo a repetir que va a ser regulado por la Secretaría de Marina, que desde aquí mando una felicitación al secretario de Marina, al almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, que creo que la Secretaría de Marina va a seguir en buenas manos.

Además, en cuanto al proceso de renovación de la flota de Pemex Exploración y Producción, de las cuales 81 embarcaciones serán construidas en un esquema de contratación a largo plazo por un proceso considerado en cinco etapas hasta el año 2018.

La primera inversión estimada es de 600 millones de dólares, que ya dio inicio el pasado mes, con una licitación aproximadamente de siete abastecedores.

Aquí quiero hacer mención también que un servidor estuvo presente, que a veces no estamos de acuerdo en esos procesos que se llevan en las licitaciones de Pemex y tenemos que —como diputados— meternos más a fondo en esto, porque no tengo duda que la ingeniería o la reconstrucción naval es un detonante para México.

Por ejemplo, estamos hablando de cientos de millones de dólares en esta inversión. Quiero ponerles un ejemplo. En esto no nada más es importante para México retomar la industria naval.

Compañeros diputados, quiero mencionarles que esa no es la Marina Mercante; la Marina Mercante va más allá y hoy no es posible que se tenga un Presupuesto de 205 millones de pesos para la Marina Mercante. Nada más quiero decirles que en el año de 1997, cuando por escasa una hora de-sapareció el Puerto de Altamira, fue un caos a nivel nacional e internacional.

Por eso exhorto al presidente de la República, al secretario de Comunicaciones y Transportes, al secretario de Hacienda, que volteen a ver la Marina Mercante, que es la parte fundamental, el motor de México. Muchas gracias, señora presidente.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se consulta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobados. Comuníquense.

Proceda la secretaría a dar lectura al punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores.

ACUERDO MIGRATORIO ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar acciones para dar prioridad al tema migratorio en la agenda bilateral con Estados Unidos de América

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las acciones necesarias, a efecto de impulsar la firma de un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos de América, presentada por el diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 fracción VI, 85, 157 fracción 1, 176 fracción 1, 182Ydemás relativos yaplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

1. El 25 de octubre de 2012, el diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las acciones necesarias, a efecto de impulsar la firma de un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos de América.

2. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a esta Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen.

Contenido

El proponente solicita se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se dé prioridad al tema migratorio en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos de América, para crear de un acuerdo que beneficie a ambas naciones.

Metodología

La comisión realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y la información pública disponible al momento de su dictamen.

Consideraciones

El proponente menciona que el tema del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos de América, se ha venido impulsando desde hace más de dos sexenios y no se ha logrado por situaciones diversas que no han hecho propicia su creación.

Asimismo, señala que con el inicio de funciones de los titulares del Poder Ejecutivo de ambas administraciones, los países se encuentran en mejores en condiciones para materializar dicho acuerdo, ya que esto cambiaria la dinámica de muchos de los puntos centrales de la agenda bilateral y llevaría a elevar los niveles de cooperación en todos los ámbitos.

Destaca que el acuerdo migratorio consiste en otorgare una amnistía a todos los trabajadores indocumentados para que de esta forma puedan residir de manera legal en los Estados Unidos de América, así mismo tiene que ver con la figura de los permisos de empleo temporal, para que los mexicanos puedan ir a trabajar legalmente al país vecino y después de un tiempo regresen a su país.

Por ello se solicita que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dé prioridad al tema migratorio en la agenda bilateral de modo que abra pasó a la creación del acuerdo migratorio en un mediano plazo.

Al respecto, los integrantes de la comisión destacan que la gestión de México ante Estados Unidos en los aspectos que favorezcan la seguridad y bienestar de los migrantes mexicanos que se internan a ese país, es uno de los temas más importantes de la agenda bilateral en los últimos años.

Asimismo, destacan que diversas medidas de este tema, no son objeto de un acuerdo, sino que corresponden a decisiones soberanas de distintos órdenes de gobierno en los Estados Unidos y que en tal sentido México es respetuoso de la autodeterminación que dichas autoridades tomen al respecto, por lo que las gestiones correspondientes se deben entender bajo la perspectiva de brindar una protección oportuna e integral y lograr las mejores condiciones para nuestros connacionales residentes en ese país.

No obstante lo anterior, en la reciente visita del entonces presidente electo de México, al presidente de los Estados Unidos, se acordó incluir dicho tema en las negociaciones futuras de carácter bilateral entre ambas administraciones.

De la misma manera, los legisladores federales tienen claro la relevancia del tema, mismo que se ha externado en reuniones interparlamentarias y foros bilaterales previos y advierten que es necesario analizar el cambio de paradigmas al que se está acercando el fenómeno migratorio entre ambos países, en dónde la tasa de migración de México hacia Estados Unidos en los últimos años ha sido cercana a cero y que los estudios y pronósticos económicos estiman la necesidad de integrar las fuerzas laborales en los años venideros, para generar las mejores condiciones de competitividad en Norteamérica, promover la integración de cadenas productivas, fortalecer el mercado interno de ambas naciones y como una de las maneras de generar un mejor crecimiento económico y una mayor generación de empleos en los dos países.

Por lo anterior, los integrantes de la comisión consideran pertinente emitir el presente punto de acuerdo, en virtud de la existencia de un nuevo Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que requiere tomar conocimiento del alto interés de esta Cámara en los aspectos que aborda el presente punto de acuerdo.

Conclusiones

Se aprueba el punto de acuerdo objeto del presente dictamen, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente

Resolutivo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las acciones necesarias para dar prioridad al tema migratorio en la agenda bilateral con Estados Unidos de América, así como impulsar acciones entre ambos países que resulten en una mejor protección y condiciones de vida de los connacionales que laboran en esa nación vecina.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro; a los cinco días del mes de diciembre del dos mil doce.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo, Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Agustín Barrios Gómez (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina, Luis Antonio González Roldan (rúbrica), José Ángel González Serna, Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel, Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martin de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la comisión, para fundamentar el dictamen, la diputada Adriana González Carrillo, hasta por tres minutos.

La diputada Adriana González Carrillo:Muchas gracias, presidenta. A nombre de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, quiero dejar constancia de nuestra satisfacción por la presentación de este dictamen y al mismo tiempo, pedirles su voto a favor, compañeras y compañeros diputados, para aprobarlo, en función de las siguientes consideraciones.

En primer lugar, se trata de una proposición oportuna para mantener el tema como prioritario en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos de América, como lo ha estado en los últimos 12 años.

El llamado es a instrumentar acciones y redoblar esfuerzos para persuadir, con pleno respeto a su soberanía e independencia, a las autoridades estadounidenses de la urgencia y la conveniencia mutua de transformar su política migratoria. Esto con el fin de establecer una ruta de regularización de los trabajadores indocumentados que permita la reunificación familiar, así como lograr el flujo ordenado, legal y seguro para quienes solo buscan contribuir a la economía y cultura de ese país.

Ante el cambio de administración en nuestro país, es de suma importancia fijar una posición de consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados y eventualmente del Congreso, en su conjunto, para seguir promoviendo, como se ha venido haciendo hasta ahora desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, una reforma migratoria integral.

Con respecto a la jurisdicción y a las decisiones autónomas de las autoridades estadounidenses, pero reivindicando el enfoque de responsabilidad compartida frente a este fenómeno, tenemos que decirles a nuestras contrapartes, los legisladores estadounidenses, que quizá haya llegado el momento de poner fin al statu quo que ni a México ni a los Estados Unidos de América nos conviene mantener.

En segundo lugar, se trata de una propuesta sumamente pertinente, por los tiempos políticos actuales en los Estados Unidos de América. Luego de la pasada elección en ese país, quedó claro el peso específico que tienen las comunidades latinas en la determinación, no solo de quien ostenta los cargos de elección popular, sino de la agenda en la que deben ocuparse.

La reforma migratoria ha vuelto, tras cuatro años de frustración por una promesa incumplida del presidente Obama, a ubicarse en el centro de la discusión política estadounidense.

Es tiempo de aprovechar esta coyuntura favorable e impulsar las propuestas bicamarales, que ante la integración eminente de un nuevo Congreso estadounidense se ha venido haciendo para regularizar a casi más de 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos de América. Esta atmósfera favorable —muy importante decirlo— incluye también a la opinión pública.

De acuerdo con las encuestas de salida, efectuadas el martes de la elección presidencial, 65 por ciento de los electores encuestados favorecen la legalización de los inmigrantes indocumentados, lo cual representa más del doble de quienes respondieron que deben ser deportados.

Más aún, cifras dadas a conocer recientemente dan cuenta que incluso entre los votantes republicanos, la mitad favorece a una reforma migratoria. Más aún, el 75 por ciento de los votantes de origen latino votaron por Obama, casi ese porcentaje supera al 72 por ciento, lo que en su momento alcanzó Bill Clinton en la elección presidencial.

Sin duda éste es un mandato específico para la administración demócrata de Obama, mucho más libre en un segundo período de gobierno, para efectivamente retomar la agenda migratoria y apostar su capital político.

Es necesario, por tanto, como afirma el punto de acuerdo, exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que impulse el tema migratorio en la agenda bilateral, pero también es indispensable hacer nuestra parte.

Aprovechemos, compañeras y compañeros legisladores, todos los espacios de interlocución con el Congreso de los Estados Unidos de América para poner sobre la mesa, como prioridad absoluta, el dar cauce a este justo reclamo por parte de la sociedad mexicana y estadounidense. De ahí la importancia de un exhorto adicional que me permito hacer desde esta tribuna.

Hagamos de este tema el primordial en la agenda de discusiones que sostengamos con nuestras contrapartes estadounidenses durante la próxima reunión interparlamentaria México-Estados Unidos de América.

Concluyo, señora presidenta. No quitemos el dedo del renglón sobre la relevancia de dar un paso hacia adelante en la historia de nuestras relaciones bilaterales y en definitiva, de la integración de América del Norte.

Es un tema de derechos humanos, pero también es un tema de integración de la fuerza laboral de competitividad, generación de empleos, de integración de cadenas productivas, de mejoramiento de la calidad de vida de la población de ambos países y, muy importante, un tema transversal de seguridad nacional, que es necesario atender al materializar dicha reforma.

De sus implicaciones —podemos estar seguros— depende en gran medida el bienestar, el crecimiento económico y la seguridad de ambos países. Por ello les pido, compañeras y compañeros legisladores, su voto unánime, a fin de aprobar este dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. En pro, por el Partido de Movimiento Ciudadano, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, el flujo migratorio es uno de los problemas fundamentales en México; los muros se hacen cada vez más grandes, los operativos más frecuentes, todo por un desigual desarrollo económico y social, el cual no se ha podido regular y veo muy difícil que con la actitud del Ejecutivo federal se pueda mejorar esta situación.

Es urgente dar atención a este asunto de manera responsable, ya que si no lo hacemos la historia nos va a juzgar como copartícipes de esta irresponsabilidad gubernamental, exponiendo a nuestros conciudadanos a que sean víctimas de abusos de sus derechos humanos por parte de las autoridades estadounidenses y de las propias autoridades de nuestro país, confabulados con el crimen organizado.

La migración en nuestro país se ve originada por la equivocada política social y económica propuesta y acordada por los gobiernos del PRIAN y sus partidos aliados, dando como resultado una total pérdida de la productividad en el campo y en la industria; por lo que se requieren programas que en verdad mejoren las condiciones de vida en zonas rurales y urbanas, y no solo sean programas electoreros.

Como consecuencia, Estados Unidos de América resulta ser una alternativa, pero poniendo en riesgo hasta la vida de nuestros conciudadanos, pero más viable para la población joven y adulta, que no ha encontrado alternativas suficientes de empleo y de desarrollo en nuestro país.

Las zonas rurales de México han sido abandonadas por los campesinos, que han emigrado a Estados Unidos de América buscando una estabilidad y mejora económica para sus familias, sin tomar en cuenta que la producción del campo brinda gran parte del desarrollo económico para nuestro país, sin el trabajo de los miles de campesinos que lo abandonan, dando como resultado que los productos que en su mayoría consumimos tengan que ser importados y el consumidor tiene que pagar un precio mucho más elevado por su consumo y de una dudosa calidad. Ya solo falta que de China nos manden las tortillas.

Según el informe del Departamento de Seguridad Nacional, los inmigrantes ilegales de Estados Unidos de América son aproximadamente 11.5 millones hasta 2011. Necesitamos urgentemente crear un acuerdo que beneficie a ambos países, son muchos los mexicanos viviendo en el país vecino y debemos tener la seguridad de que se respeten los derechos humanos de todos nuestros paisanos.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen en discusión, el cual exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que realice acciones para entablar la relación entre Estados Unidos de América y México, así como proteger los derechos humanos de nuestros connacionales en el país vecino. Es cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. En el uso de la voz, hasta por tres minutos, del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Agustín Barrios Gómez Segués.

El diputado Agustín Barrios Gómez Segués: Con su venia, diputada presidenta. Este punto de acuerdo, votado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores, viene en el momento correcto; se trata de darle prioridad al tema migratorio —como mis compañeras han participado— en el tema de la agenda bilateral con Estados Unidos de América.

En este momento, en Estados Unidos de América se adscribe el triunfo del presidente Obama, de este año, a la participación de los llamados latinos, en Estados Unidos de América, pero dado el hecho de que los mexicoamericanos son más del 60 por ciento de este grupo étnico; entonces, para efectos prácticos, los mexicoamericanos le dieron la diferencia al presidente de Estados Unidos de América. Nada más ni nada menos.

Al mismo tiempo, estamos viviendo cambios dramáticos que van a girar este tema próximamente y debemos tenerlo en cuenta. Muchos en Estados Unidos de América, definitivamente, pero también en México tenemos perdidos estos datos; uno, ya llegamos a la llamada tasa cero. ¿Qué significa eso? La tasa cero significa que en términos de migración, o inmigración desde el punto de vista estadounidense, el número de los que regresan y el número de los que van hacia allá, ya para efectos prácticos son equivalentes. Algo que se ha remarcado incluso hasta en The New York Times.

Dos. La pirámide poblacional de México se está invirtiendo. Esto quiere decir que habrá muchos menos mexicanos que estén en edad y condición de irse al vecino país, y esto ya está iniciando.

Tres. La economía mexicana está creciendo más rápido que la estadounidense, entre otros factores.

Lo interesante es que el cambio ya se está dando, a pesar de esta espeluznante xenofobia que se ha manifestado entre tantos estadounidense. Algo que nos da mucha tristeza para aquellos que le tenemos cariño a aquel país.

De todas maneras, el porcentaje de aceptación de solicitudes mexicanas para visas subió en la primera administración del presidente Obama, de 65 a más de 80 por ciento. En otras palabras, se está aceptando mucho más inmigración legal que anteriormente.

El PRD siempre ha creído en esto, en la apremiante necesidad de terminar con los abusos que sufren nuestros compatriotas, simplemente por carecer de documentos; liderazgos como la diputada Amalia García lo han abordado, pero hasta ahora ha sido muy difícil tocar este tema con los estadounidenses.

Esta situación está cambiando rápidamente, precisamente por eso es tan oportuno este punto de acuerdo. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En pro, por tres minutos, del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Filiberto Guevara González.

El diputado Javier Filiberto Guevara González:Con su venia, diputada presidenta. Señoras y señores diputados de esta honorable asamblea, manifiesto mi mayor beneplácito y agradezco a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta LXII Legislatura haya tenido a bien aprobar el punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a priorizar el tema migratorio en agenda bilateral con los Estados Unidos de América, así como impulsar acciones entre aquel país y el nuestro, que resulten de una mejor protección y condiciones de vida a los connacionales que laboran en la nación vecina.

Según establecía la proposición con punto de acuerdo, presentada el 25 de octubre de 2012, por el suscrito diputado integrante del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, más de dos sexenios han tenido que transcurrir para que la situación y condiciones de la Unión Americana se presenten favorables a la materialización de un acuerdo migratorio.

Ante esta circunstancia, no podemos darnos el lujo de obviar el momento histórico en el que nos encontramos. Me refiero al mejor de los momentos para concretar una amnistía y establecer permisos de empleo temporal que permitan a los mexicanos trabajar legalmente en los Estados Unidos de América, regularizar su situación migratoria y disponer de elementos y garantías para el respeto de sus derechos humanos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, consecuentemente, tiene una oportunidad inmejorable para cabildear, gestionar, asesorar y acordar términos del mencionado acuerdo, con la serenidad necesaria y suficiente para que ésta pueda darse en un mediano plazo.

Por lo anteriormente expuesto, pido a los compañeros diputados federales su respaldo y voto a favor del presente punto de acuerdo, ya que la mayoría de los que nos encontramos en este recinto tenemos hermanos o familiares trabajando en la Unión Americana. Por tanto, considero como un verdadero avance y no caigamos en la descalificación, porque es fácil subir a denostar; sin embargo, lo fundamental, que hoy dimos un gran paso a favor de nuestros hermanos que se fueron a buscar condiciones de vida en otro país.

Hermanos, hermanas diputadas, les pido que volteemos a ver a aquellas personas que piden el respaldo de cada uno de nosotros. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por el Partido del Trabajo, en pro, hasta por tres minutos, la diputada Magdalena Núñez Monreal.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con su permiso, diputada presidenta. Honorable asamblea, nuestro grupo parlamentario se congratula por el acuerdo alcanzado en la Comisión de Relaciones Exteriores para que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que dé prioridad al tema migratorio en la agenda bilateral con Estados Unidos de América, así como impulsar acciones entre ambos países que resulten en la protección y mejoren las condiciones de vida de los connacionales que laboran en esa nación vecina.

Es indispensable reconocer que el modelo neoliberal ha enviado a la pobreza a más de 50 por ciento de nuestra población, que ha generado millones de desempleos y ha duplicado la economía informal; es indispensable reconocer que las políticas del Estado mexicano no han sido capaces de mejorar la distribución de la riqueza en beneficio de los que menos tienen y que les lleva a arraigarse en sus tierras.

También es necesario admitir que los inmigrantes indocumentados aportan el 4.9 por ciento de la fuerza laboral de los Estados Unidos de América y son vitales para la economía de este país.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de California, en Los Ángeles se estima que los trabajadores migrantes indocumentados de origen mexicano contribuyen al producto interno bruto de los Estados Unidos de América con cerca de 220 mil millones de dólares.

Asimismo, nuestros connacionales juegan un papel importante en algunos de los sectores productivos y representan una gran proporción de la fuerza laboral en algunos de ellos. Por ejemplo, en las labores del campo, en un 24 por ciento; en servicios de limpieza, 17 por ciento; en la industria de la construcción, un 14 por ciento, y en el sector de la preparación de alimentos, un 12 por ciento.

De este lado, la aportación de los migrantes en remesas es de aproximadamente 23 mil millones de pesos anuales.

Nuestros representantes y los de los Estados Unidos de América tienen razones suficientes para ponerle la etiqueta de prioridad a la reforma migratoria, ya que la normalización de su situación en el vecino país redundará en mayor aporte a las economías nacionales.

Algunos datos aseveran que hay cerca de 15 millones de mexicanos en el vecino país del norte trabajando, aportando impuestos, aportando talento para el crecimiento de esa nación.

Poner en la agenda de la política bilateral el asunto migratorio es un compromiso que el presidente Obama lo tiene comprometido con los latinos que votaron por él y que hoy le dan la oportunidad de gobernar cuatro años más el país más poderoso del mundo.

Es una realidad que el proceso de apertura comercial y de integración económica que se ha dado entre México y Estados Unidos de América ha dejado al margen el tema migratorio; es una realidad que el 90 por ciento del comercio de México es hacia Estados Unidos de América; sin embargo, este hecho no se ha traducido en alcanzar un marco que regule el flujo migratorio entre nuestros países.

Es por ello que es urgente que ambos Ejecutivos, en esta coyuntura de arranque de sus administraciones, lleven a cabo todas las negociaciones necesarias para avanzar de manera decidida en este tema. Por lo anterior, anuncio el voto en pro de nuestra bancada al dictamen que nos propone la Comisión de Relaciones Exteriores. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba este punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

Dictámenes a discusión negativos de iniciativas. El siguiente punto del orden del día es la discusión de un dictamen en sentido negativo.

Se informa a la asamblea que, en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Proceda la Secretaría a dar lectura al encabezado.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción II; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 6 de noviembre de 2012, los secretarios de la misma dieron cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, presentada por el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

II. Contenido y objeto de la iniciativa

La iniciativa plantea adicionar un párrafo tercero al artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo para establecer que “los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos no podrán celebrar contratos de franquicia cuando la ubicación propuesta para la nueva estación de servicio se encuentre a una distancia mínima de 50 metros de radio de una estación preexistente, de acuerdo con las normas mínimas de protección civil.”

La iniciativa considera que no obstante la territorialidad en la franquicia de Pemex en materia de competencia económica no tiene establecida una distancia mínima entre las estaciones de servicio y no se encuentran definidas las zonas territoriales de las estaciones de servicio.

El proponente alude al contenido de los artículos 142 y 142 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial y considera que establecen cierta exclusividad y, por ello, debe establecerse libertad de venta de bienes y servicios al franquiciatario en una zona determinada. Asimismo, menciona el artículo 25 de nuestra Carta Magna para señalar que se debe procurar siempre la justa distribución de la riqueza. También se señala existe una demanda de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros porque se establezca la territorialidad en la otorgación de franquicias de estaciones de servicios.

De acuerdo con lo expresado por el proponente, de no regularse Pemex puede seguir otorgando franquicias en zonas donde ya existe una o varias estaciones de servicios lo que afecta la libre competencia económica del establecimiento. Como último objetivo, se indica que puede aumentar significativamente el riesgo de un accidente por la concentración indebida de establecimientos de la misma naturaleza. Al respecto, se mencionan los accidentes de 1992 en Guadalajara –explosiones de gasolina en alcantarillados-; así como, de 2012 en Tamaulipas –explosión de instalaciones en planta de gas de Pemex-.

Asimismo, la iniciativa considera que se deben respetar los derechos adquiridos por los propietarios de estaciones de servicio ya establecidas, otorgándoles mayor seguridad jurídica; proteger la seguridad de las personas; proteger el medio ambiente; y, por último, evitar la concentración indebida de instalaciones que representan un riesgo innecesario para la población.

Por último, la iniciativa propone adicionar un tercer párrafo al artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo para quedar con la siguiente redacción:

“ Artículo 14 Bis. La gasolina y los demás combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo que se vendan directamente al público, a través de las estaciones de servicio, deberán distribuirse y expenderse o suministrarse sin alteración, de conformidad con lo que establece esta ley y demás disposiciones aplicables.

...

Los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos no podrán celebrar los contratos de franquicias cuando la ubicación propuesta para la nueva estación de servicio se encuentre a una distancia mínima de 50 metros radio de una estación preexistente, de acuerdo con las normas mínimas de protección civil.”

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la iniciativa, los integrantes de esta Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes

III. Consideraciones

Primera. El diputado Cárdenas Guízar pretende establecer una restricción a los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos para celebrar contratos de franquicia respecto del expendio de gasolinas y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo que se realice a través de estaciones de servicio con venta directa al público o de autoconsumo.

La restricción planteada consiste en no celebrar contrato alguno cuando la propuesta de ubicación para la nueva estación de servicio se encuentre a una distancia mínima de 50 metros de radio de una estación preexistente.

Segunda. Los integrantes de esta Comisión de Energía estiman que establecer tal restricción en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo llevaría a quebrantar diversos principios plasmados en nuestra Carta Magna, tal y como lo ha señalado al Suprema Corte de Justicia de la Nación y como también se explica en las consideraciones sucesivas.

Es cierto, como se indica en la iniciativa, que en el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo se permite a los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos celebrar contratos respecto del expendio de gasolinas y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo que se realice a través de estaciones de servicio con venta directa al público o de autoconsumo.

De igual forma, es cierto que en el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial se establece una definición de la franquicia y que en la fracción I del artículo 142 Bis del mismo ordenamiento en relación con la fracción VII del artículo 65 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, se establece como un elemento mínimo a considerar dentro del contrato de franquicia, la zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá actividades objeto del contrato.

Sin embargo, también es cierto que en ninguna de las disposiciones anteriores se establece de forma expresa que dicho elemento mínimo, consistente en establecer en el contrato de franquicia la zona geográfica en que el franquiciatario ejercerá sus actividades, sea considerado en forma exclusiva, tal como lo sugiere o interpreta el diputado Cárdenas Guízar.

Es decir, establecer la ubicación geográfica como elemento del contrato de franquicia responde a diversos aspectos que no refieren u otorgan exclusividad en la venta de bienes o prestación de servicios en lugar determinado sino que se trata de un elemento importante para saber el lugar en que se ejercen las actividades de franquiciatario y, más importante aún, para determinara el precio de entrega al franquiciatario.

Lo anterior, se muestra de forma gráfica en el siguiente cuadro, en donde se pueden apreciar los componentes que integran el precio al consumidor final de gasolina y diesel en México, siendo uno de ellos el costo del transporte.

Tercera. Por otra parte, establecer en leyes el requisito de distancia para establecer comercios de la misma clase, como se pretende en la iniciativa, conculca lo establecido en los artículos 5 y 28 de nuestra Constitución; es decir, resultaría inconstitucional.

Lo anterior, en virtud de que se impediría el ejercicio de la libertad de comercio establecida en el artículo 5 constitucional y se privaría a la población de los beneficios de la libre concurrencia y competencia garantizadas en el artículo 28 constitucional.

En ese sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial con número de registro 233443, en materia administrativa, correspondiente a la séptima época y visible en el Semanario Judicial de la Federación, 42, Primera Parte, página 53, con el siguiente rubro y contenido:

“ Distancia de. Las leyes que lo fijan son violatorias de los artículos 4o. y 28 de la Constitución Federal (Reglamento de expendios de leche en el municipio de Torreón, Coahuila). Son anticonstitucionales los reglamentos y leyes que fijan el requisito de distancia para establecer comercios o negocios de la misma clase, porque según el artículo 4o. constitucional el ejercicio de esa libertad sólo puede vedarse por determinación judicial cuando ataca los derechos de terceros, o por resolución gubernativa cuando se ofenden los derechos de la sociedad, dictados en los términos que marque la ley; esto es, que las propias leyes sólo pueden limitar esa libertad cuando su ejercicio acarrea perjuicio a la sociedad, como sucede, entre otros casos, cuando se instalan expendios de bebidas alcohólicas o centros de vicio en general cerca de las escuelas o de los centros de trabajo. Pero el establecimiento, en una misma calle o lugar, próximos unos a otros, de comercios o locales de prestación de servicio de la misma especie, de ninguna manera lesiona los derechos de la sociedad, antes bien se ejercita la libertad de comercio establecida por el artículo 4o. de la Constitución federal, y se obtiene el evidente beneficio social de la libre concurrencia garantizada por el artículo 28 constitucional. En tal virtud, los artículos 4o. y 8o. del reglamento a que deben sujetarse los expendios de leche pasteurizada y sus derivados, en el municipio de Torreón, Coahuila, son inconstitucionales.”

Al respecto, debe aclararse que antes de la reforma de 31 de enero de 1974 a nuestra constitución, el actual primer párrafo del artículo 5 constitucional se encontraba en el artículo 4 del mismo ordenamiento.

De lo antes expuesto, en primer lugar, se infiere que al establecer una distancia mínima como requisito para celebrar un contrato de franquicia o cualquier otro instrumento de comercialización se contraria el contenido del artículo 5 constitucional, el cual establece como únicos impedimentos para el ejercicio de la libertad para dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo una determinación judicial, cuando se ataque los derechos de tercero; o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

En segundo lugar, se quebrantaría lo dispuesto en el artículo 28 constitucional en que se prevén diversas hipótesis para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí, pues de obrar en el sentido de la iniciativa provocaría limitar injustificadamente la participación de nuevos oferentes protegiendo a los negocios ya establecidos de la competencia potencial que deberían enfrentar. Lo anterior, se traduciría en mayores rentas para las estaciones de servicio generadas artificialmente por la protección de territorios que les daría el establecimiento de distancias mínimas y no por razones de eficiencia o de condiciones de mercado. Con ello, se generaría ineficiencias en la economía local, en perjuicio del consumidor, quien carecería de opciones competitivas en cuanto a calidad y disponibilidad del servicio.

Cuarta. Esta Comisión de Energía estima que el planteamiento de la reforma no toma en consideración la Ley Federal de Competencia Económica cuyo objeto es “proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.”

Asimismo, dentro de esta ley prevé como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía a la Comisión Federal de Competencia que tiene a su cargo “prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos de esta ley, y gozará de autonomía para dictar sus resoluciones.”

Esa Comisión Federal de Competencia firmó con Pemex-Refinación, el 16 de junio de 1994, un convenio de coordinación para establecer un mecanismo de coordinación para proteger el proceso de competencia y libre concurrencia y prevenir y eliminar prácticas monopólicas, así como cualquier otra restricción al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios en los establecimientos comúnmente denominados gasolineras. En dicho convenio se estableció la obligación de realizar un “Programa Simplificado para el Establecimiento de Nuevas Estaciones de Servicio”, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 1994, así como sus criterios aclarativos el 25 de julio de 2001 en el mismo instrumento de divulgación.

Se debe precisar que en ni en las características con las que se previó establecer dicho programa ni en la elaboración del mismo se establecieron por parte de la Comisión Federal de Competencia ni por Pemex-Refinación, características referentes a distancias mínimas entre las estaciones de servicio.

Asimismo, en repetidas ocasiones la Comisión Federal de Competencia ha emitido resoluciones y opiniones para diversa ramas de negocios, lo cual incluye franquicias de Petróleos Mexicanos, en los que se pretende establecer distancias mínimas entre comercios de la misma naturaleza. La conclusión de ese órgano desconcentrado siempre ha sido en atención a evitar el establecimiento de esas distancias mínimas por considerar que con contrarias al interés común y nocivas al proceso de competencia y libre concurrencia, dado que segmentan el mercado y limitan injustificadamente la participación de nuevos oferentes.

Quinta. Esta Comisión de Energía también estima oportuno señalar que en el Manual de Operaciones de la Franquicia Pemex, Versión 2008-1 se prevé dentro de su capítulo I Marco Jurídico, el subcapítulo I.4. Ordenamiento de las Estaciones de Servicio, que a su vez dispone lo siguiente:

“ La Franquicia Pemex no fija distancias mínimasentre estaciones de servicio y la actividad se realiza dentro del predio que el interesado acreditó para construir y operar la estación de servicio, diferenciándose por la calidad del servicio que ofrece a los consumidores y la variedad de productos y servicios complementarios.

El interesado en incorporarse a la Franquicia Pemex prestará atención a la selección del predio por su ubicación comercial y que cumpla con las distancias de seguridad que deben guardar las estaciones de servicio con relación a centros de concentración masiva, plantas de almacenamiento de gas licuado de petróleo, líneas de alta tensión, vías férreas y ductos que transportan productos derivados del petróleo, curvas, cruceros y entronques carreteros y alguna otra disposición que emitan las autoridades.

Adicionalmente, en cumplimiento a la legislación aplicable, el franquiciatario requiere revisar los planes de desarrollo urbano de la entidad y los reglamentos de ordenamiento urbano y de ecología donde desee establecer la estación de servicio para verificar que no existan limitantes dentro del estado o municipio correspondiente; así como reglamentos de caminos y carreteras”

De lo anterior, se desprende que Petróleos Mexicanos no se limita a señalar que no se fijan distancias mínimas entre estaciones de servicios en razón de incrementar la calidad de servicio al consumidor final sino que también se establece que el interesado deberá prestar atención a diversos factores, que también preocupan en la iniciativa que se propone, relacionados con el incremento de contingencias y la protección civil; así, el interesado también deberá cumplir con las distancias de seguridad que deben guardar las estaciones de servicio con relación a los centros de concentración masiva, plantas de almacenamiento de gas licuado de petróleo, líneas de alta tensión, vías férreas y ductos que transportan productos derivados del petróleo, curvas, cruceros y entronques carreteros y alguna otra disposición que emitan las autoridades.

Por último, debe precisarse que la iniciativa no justifica ni argumenta si el parámetro propuesto de 50 metros se aplicaría de forma universal; es decir, si aplicaría sin distingo alguno, por ejemplo, para una zona rural, urbana o carretera.

Sexta. En síntesis, atención a impedimentos jurídicos mencionados en consideraciones que anteceden, esta Comisión de Energía, concluye que no resulta viable modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo para alcanzar el objeto expuesto por el diputado proponente.

Por lo anteriormente expuesto, es que los diputados integrantes de esta Comisión de Energía someten al pleno de esta honorable asamblea el siguiente

IV. Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1. Visible en http://www.ref.pemex.com/files/content/02franquicia/sagli002/sagli002_01.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2012.

La Comisión de Energía, diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto, Javier Treviño Cantú (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda, Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta, Noé Hernández González, Alfredo Anaya Gudiño, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Javier Orihuela García, Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene el uso de la voz, por tres minutos, del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Irazema González Martínez Olivares.

La diputada Irazema González Martínez Olivares: Con su venia, señora presidenta. El día de hoy voy a hablar del tema de las franquicias de Pemex o las estaciones de servicio, específicamente nuestro posicionamiento respecto al dictamen de la Comisión de Energía, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaría el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Vamos a tocar este tema, porque toda esta Legislatura hemos estado hablando constantemente del mercado ilícito de combustibles y justamente a esto se refiere esta iniciativa.

El dictamen que hoy ponemos a su consideración se refiere a que negamos la idea de que las estaciones de servicio o franquicias de Pemex debieran estar a 50 metros de distancia una de otra. Creo que todos hemos visto cómo vamos sobre una carretera o nuestras colonias y vemos estas estaciones de servicio una cerca de la otra. Este dictamen se refiere justamente a reglamentar que estas franquicias estén a 50 metros de distancia.

Creemos que estas franquicias deberían, sí, estar en cierta territorialidad una de la otra, pero todavía no hemos definido esta distancia, ¿porqué lo creemos? Cada franquicia o estación de servicio vende alrededor de 500 mil litros al mes, esto significaría que cuando tenemos más franquicias al lado implicaría que se distribuya este combustible y por lo tanto, tenemos más focos probablemente de inseguridad, sobre todo que estamos hablando de combustible. Lo que debemos hacer los mexicanos es evitar la existencia de los monopolios antes de que lleguen.

Es por eso que en esta Comisión de Energía hemos dictaminado en negativo la idea de que estén a 50 metros una estación de servicio de la otra.

Nuevamente los dejo con esta cifra. Una estación de servicio vende alrededor de 500 mil litros al mes; tenemos alrededor ya de 10 mil franquicias instaladas y la tarea de una franquicia de Pemex o de una estación de servicio es el manejo de combustibles, lo cual es un tema de seguridad nacional y tenemos que evitar los oligopolios.

En este sentido, el propósito solicitado inicialmente es contrario al interés común y nocivo al proceso; por lo tanto, es que los integrantes de la Comisión de Energía consideramos que no resulta viable modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, ya que como se expuso, afecta directamente la esfera jurídica del usuario y su acceso al mercado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es todo, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívese el expediente como asunto concluido.

Se le solicita a la Secretaría dé lectura a las comunicaciones de Mesa Directiva.

MODIFICACION DE TURNO DE INICIATIVAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno, de la siguiente

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 27 de noviembre de 2012.

“Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Comunicaciones, para opinión.”

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

Solicito a la Secretaría que dé lectura a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Baja: Diputada Socorro de la Luz Quintana León (Secretaria)

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Baja: Diputada Patricia Elena Retamoza Vega (Secretaria)

Alta: Diputada Socorro de la Luz Quintana León (Secretaria)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática

Comisión de la Niñez

Baja: Diputado Gerardo Villanueva Albarrán (Secretario)

Alta: Diputada María del Rosario Merlín García (Secretaria)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobados. Comuníquense.

Solicito a la Secretaría que lea las proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno, de la Junta de Coordinación Política.

NORMATIVIDAD DEL CONGRESO DE LA UNION

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone que  la Cámara de Diputados exprese su anuencia para que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias trabaje en conferencia con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Senadores.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículos 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

I. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional, y legalmente le corresponden.

II. Que la Cámara de Diputados al igual que la Cámara de Senadores aprobaron, en la LXI Legislatura, ordenamientos independientes que regulan su régimen interno y procedimientos parlamentarios.

III. Que con la expedición de los ordenamientos señalados, una parte importante del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ha quedado sin aplicación y que para su modificación o abrogación es preciso el consenso en ambas Cámaras.

IV. Que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias ha expresado a este órgano de Gobierno, la necesidad de establecer reuniones en conferencia con su homóloga en la Cámara de Senadores, para realizar un trabajo coordinado, en virtud de que las reformas legales al régimen interior del Poder Legislativo Federal requieren la revisión y aprobación en ambas Cámaras.

V. Que resulta conveniente continuar el proceso de reformas al régimen interno del Congreso de la Unión emprendido en ambas Cámaras, así como aprobar un marco jurídico actual y armónico con la realidad que vive el Poder Legislativo en su conjunto.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política emite el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados expresa su anuencia para que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias establezca comunicación con la comisión homóloga de la Cámara de Senadores, para acordar la realización de reuniones en conferencia en donde se estudien y analicen propuestas de reforma a la normatividad del Congreso de la Unión.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que, en su programa de trabajo, establezca como prioridad emitir la reglamentación correspondiente a la figura de la iniciativa preferente el Ejecutivo Federal.

Tercero.Para facilitar los procesos de adecuación de la normatividad del Congreso de la Unión, se sugiere a los Grupos Parlamentarios designen a un responsable para dar seguimiento a los acuerdos logrados entre los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Cuarto.Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Lucila Garfias Gutiérrez , Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al probable desvío de recursos públicos llevado a cabo por el XX ayuntamiento de Mexicali, Baja California.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya:Con su permiso, diputada presidenta. Honorable asamblea, el suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1 y 79 numerales 1 y 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes consideraciones.

La decencia en el actuar de la vida pública se inscribe fundamentalmente en el manejo limpio y transparente de los recursos públicos. Los funcionarios públicos estamos obligados a actuar con respeto y responsabilidad en el ejercicio de los dineros de los ciudadanos.

Hoy, en el municipio de Mexicali, Baja California, ha brotado un ejemplo de lo que no debe hacerse en el ejercicio de un cargo público al manejar los recursos de los ciudadanos.

De acuerdo con información, que públicamente se ha venido ventilando en diversos medios de comunicación, tanto nacionales como locales, durante los trabajos de fiscalización al XX ayuntamiento de Mexicali se detectó un probable desvío de fondos por casi 150 millones de pesos, a través de un fideicomiso celebrado entre el ayuntamiento de Mexicali y la Casa de Bolsa Actinver, SA de CV, todo derivado de la revisión de las facturas presentadas por el XX ayuntamiento de Mexicali para la comprobación del ejercicio del gasto público, cuando algunos funcionarios menores del órgano de fiscalización estatal detectaron algunas facturas por honorarios pagados a la empresa Consulta Actuarios, SC, por la cantidad de 6 millones y medio de pesos, a través del fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgos de trabajo.

Ante la sospecha de una probable desviación de fondos, los funcionarios empezaron a investigar más a fondo la razón de estas facturas y la existencia del fideicomiso ya mencionado, encontrando solo reprimendas por parte de sus superiores jerárquicos, lo que se tradujo en mayores sospechas por parte de ellos, teniendo como resultado mayor información al respecto.

La primera conclusión que se obtuvo es que el XX ayuntamiento de Mexicali realizó la creación del fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgo de trabajo, fideicomiso 334, pero nunca lo declaró como entidad fiscalizable ante el órgano de fiscalización superior del estado de Baja California.

Posteriormente, un vez identificadas las facturas supuestamente expedidas por la empresa Consulta Actuarios SC, por 6 millones y medio de pesos, se solicitó información sobre estos movimientos, tanto a la empresa en cuestión como a las autoridades municipales, encontrando respuestas solo por parte de la empresa, quien se deslindó completamente de dichas facturas, negando que hayan sido expedidas por ellos, y solicitó su devolución de manera inmediata.

Por su parte, el ayuntamiento de Mexicali solo ha atinado a responder a estas solicitudes de información del órgano fiscalizador estatal con evasivas y pretextos, desconociendo incluso la titularidad del fideicomiso.

Todo lo anterior es solo la punta del iceberg de este asunto. Estamos convencidos que el daño al erario público es mucho mayor al manejo de los 6.5 millones de pesos detectados en un comienzo.

No obstante lo anterior, lo que resulta más preocupante es que tanto el Congreso estatal como el mismo órgano fiscalizador de Baja California han encubierto por acción u omisión las probables actividades ilícitas realizadas por el alcalde del XX ayuntamiento de Mexicali y sus funcionarios.

Esta supuesta actitud proteccionista por parte de las autoridades que deben fiscalizar y sancionar el ejercicio del gasto público nos daña a todos los bajacalifornianos y en particular a los mexicalenses, puesto que permiten el desvío de fondos que deberían ocuparse para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este municipio, lo que se acentúa más dado que paradójicamente el XX ayuntamiento de Mexicali ha solicitado endeudarse por más de 500 millones de pesos, lo que duplicaría la deuda contraída por el actual ayuntamiento.

Cabe señalar que la casa Fitch Ratings, recientemente acaba de calificar la calidad crediticia del XX ayuntamiento de Mexicali, modificando de estable a negativa su perspectiva crediticia. Esto obedece principalmente al déficit estructural de las finanzas públicas municipales que ha provocado un crecimiento significativo del pasivo circulante y una baja liquidez al cierre de los ejercicios.

Esto se debe fundamentalmente al alto y creciente gasto operacional del municipio, especialmente en el rubro de servicios personales, lo que limita la flexibilidad financiera de la entidad.

Es menester que el Congreso estatal de Baja California y el órgano fiscalizador del estado, cesen en el encubrimiento del posible desvío de fondos realizado por el ayuntamiento de Mexicali, actúen conforme a la ley y sancionen a quienes resulten responsables de actividades ilícitas.

Aunado a lo anterior, es de vital importancia que la Auditoría Superior de la Federación investigue a fondo este posible desvío de recursos para que deslinde las responsabilidades y en su caso, se sancione a los culpables.

Por las razones vertidas anteriormente, someto a su consideración la siguiente proposición con puntos de acuerdo.

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Congreso estatal de Baja California y al órgano superior de fiscalización de dicho estado a que cesen en el encubrimiento del posible desvío de fondos rea-lizado por el XX ayuntamiento de Mexicali y a que conforme a la ley lleven a cabo las investigaciones pertinentes y en su caso, sancionen a quienes resulten responsables de actividades ilícitas tendientes al desvío de recursos públicos, a través del fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgo de trabajo, fideicomiso 334, celebrado con la Casa de Bolsa Actinver, SA, de CV, así como por el presunto uso indebido de facturas de la empresa Consulta Actuarios, SC.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a que investigue a fondo el posible desvío de recursos llevado a cabo por el XX ayuntamiento de Mexicali, para que se deslinden las responsabilidades y en su caso, se sancione a los que resulten culpables de las actividades ilícitas realizadas a través del fideicomiso mencionado, así como por el presunto uso indebido de facturas de la empresa Consulta Actuarios, SC.

Ya nada más para concluir, presidenta, quiero decirles que espero que el alcalde de Mexicali ni esté pensando que gobernar un municipio tan importante sea únicamente yendo a las peleas de box habidas y por haber, o a pasear una copa de fútbol legítimamente ganada por un equipo de Baja California; creo que gobernar Mexicali es mucho más que eso y se merecen mucho más los mexicalenses. Es cuanto, presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al probable desvío de recursos públicos por el XX ayuntamiento de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Andrés de la Rosa Anaya, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, fracción III, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con información obtenida por funcionarios menores del Órgano de Fiscalización Estatal de Baja California, durante los trabajos de fiscalización al XX ayuntamiento de Mexicali, se detectó un probable desvío de fondos, por casi 150 millones de pesos, a través de un fideicomiso celebrado entre el ayuntamiento de Mexicali y la Casa de Bolsa Actinver, SA de CV.

Todo derivado de la revisión de las facturas presentadas por el XX ayuntamiento de Mexicali para la comprobación del ejercicio del gasto público, cuando algunos funcionarios menores del Órgano de fiscalización Estatal detectaron algunas facturas por honorarios pagados a la empresa Consulta Actuarios S.C., por la cantidad de 6 millones y medio de pesos, a través del  “Fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgo de trabajo”.

Ante la sospecha de una probable desviación de fondos, los funcionarios empezaron a investigar más a fondo la razón de estas facturas y la existencia del fideicomiso ya mencionado, encontrando sólo reprimendas por parte de sus superiores jerárquicos, lo que se tradujo en mayores sospechas por parte de ellos, teniendo como resultado mayor información al respecto.

La primera conclusión que se obtuvo es que, el XX ayuntamiento de Mexicali, realizó la creación del “Fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgo de trabajo” (Fideicomiso 334), pero nunca lo declaró como entidad fiscalizable ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California.

Posteriormente, una vez identificadas las facturas, supuestamente expedidas por la empresa Consulta Actuarios, SC, por 6 millones y medio de pesos, se solicitó información sobre estos movimientos tanto a la empresa en cuestión como a las autoridades Municipales, encontrado respuesta sólo por parte de la empresa, quien se deslindó completamente de dichas facturas, negando que hayan sido expedidas por ellos y solicitó su devolución de manera inmediata.

Por su parte, el ayuntamiento de Mexicali sólo ha atinado a responder, a estas solicitudes de información del Órgano Fiscalizador Estatal, con evasivas y pretextos, desconociendo, incluso, la titularidad del Fideicomiso.

Todo lo anterior es sólo la punta del iceberg sobre este asunto. Estamos convencidos que el daño al erario público es mucho mayor al manejo de los 6.5 millones de pesos detectados en un comienzo.

No obstante lo anterior, lo que resulta más preocupante es que, tanto el Congreso Estatal, como el mismo Órgano Fiscalizador de Baja California, han encubierto, por acción u omisión, las probables actividades ilícitas realizadas por el alcalde del XX ayuntamiento de Mexicali y sus funcionarios.

Esta supuesta actitud proteccionista por parte de las autoridades que deben fiscalizar y sancionar el ejercicio del gasto público, nos daña a todos los bajacalifornianos y en particular a los mexicalenses, puesto que permiten el desvío de fondos que deberían ocuparse para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este Municipio, lo que se acentúa mas, dado que paradójicamente, el XX ayuntamiento de Mexicali, ha solicitado endeudarse por 550 millones de pesos, lo que duplicaría la deuda contraída por el actual ayuntamiento.

Es menester que el Congreso Estatal de Baja California y el Órgano Fiscalizador del Estado cesen en el encubrimiento del posible desvío de fondos realizado por el ayuntamiento de Mexicali, actúen conforme a la ley y sancionen a quienes resulten responsables de actividades ilícitas.

Aunado a lo anterior, es de vital importancia que la Auditoría Superior de la Federación investigue a fondo este posible desvío de recursos, para que se deslinden las responsabilidades y, en su caso, se sancione a los culpables.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Congreso Estatal de Baja California y al Órgano Superior de Fiscalización de dicho Estado a que cesen en el encubrimiento del posible desvío de fondos realizado por el XX ayuntamiento de Mexicali y a que, conforme a la ley, lleven a cabo las investigaciones pertinentes y, en su caso, sancionen a quienes resulten responsables de actividades ilícitas tendientes al desvío de recursos públicos, a través del “Fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgo de trabajo” (Fideicomiso 334), celebrado con la Casa de Bolsa Actinver, SA de CV; así como por el presunto uso indebido de facturas de la empresa Consulta Actuarios, SC.

Segundo.La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que investigue a fondo el posible desvío de recursos llevado a cabo por el XX ayuntamiento de Mexicali, para que se deslinden las responsabilidades y, en su caso, se sancione a los que resulten culpables de las actividades ilícitas realizadas a través del “Fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgo de trabajo” (Fideicomiso 334), celebrado con la Casa de Bolsa Actinver, SA de CV; así como por el presunto uso indebido de facturas de la empresa Consulta Actuarios, SC.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a los 10  días del mes de diciembre de 2012.— Diputado Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ARTICULOS 3O. Y 73 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, esta Presidencia informa que en estos momentos las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos se encuentran reunidas, en sesión permanente, para llevar a cabo la discusión del dictamen de reformas constitucionales en materia educativa, y una vez aprobado —si se aprueba— acuerdan remitirlo a esta Presidencia, para que de conformidad con el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se haga la declaratoria de publicidad, y previo y suficiente conocimiento del pleno, se proceda a la discusión en la próxima sesión.

Esta Presidencia lo informa a la asamblea, de tal suerte de no estar sesionando para esperar el dictamen, y les informa que haremos la publicidad necesaria. Mañana estará publicado en la Gaceta y el próximo martes estaremos en condiciones de traerlo al pleno para su discusión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se instruye a la Secretaría a registrar los asuntos no abordados el día de hoy para la próxima sesión.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del artículo 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo que se pida registro en la próxima sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 17:01 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el martes 18 de diciembre, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30.

Repito, se cita a la sesión que tendrá lugar el martes 18 de diciembre, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30.

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