*INICIATIVA Y PROPOSICIONES

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 6 de noviembre de 2012, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 6 de noviembre de 2012 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativa con proyecto de decreto

1. Que deroga el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Conagua, intervenga a fin de que se lleve a cabo una revisión integral y en su caso, reencausar oportunamente la inversión del Fonden en la construcción de bordos al río Palizada, en el estado de Campeche, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que esta solicita la creación de una Comisión Especial de programas sociales, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que en la medida de las posibilidades del país, se preste ayuda al gobierno y pueblo de Cuba, que les permita superar los daños materiales causados por el huracán Sandy, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la SCT, para que liberen los recursos para la ejecución y conclusión de los programas y proyectos de inversión del sector de comunicaciones y transportes para el estado de Jalisco, aprobados por esta soberanía en el PEF 2012, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, relativo a garantizar la seguridad del personal médico y pasantes de las unidades de salud en zonas de alto riesgo, debido a la violencia e inseguridad, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México, para que salvaguarde los derechos humanos y la integridad física de los habitantes de la Unidad Lomas del Parque, localidad de San Francisco Chilpan en el municipio de Tultitlán, de esa entidad, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

7. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conagua y a la Dirección General del Organismo de la Cuenca Lerma Santiago Pacífico, atiendan la problemática referente a la concesión, asignación, y permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes públicos inherentes que se vive en el país, y en particular, el caso que presenta en las cuencas y acuíferos de Los Altos, Jalisco, a cargo del diputado José Noel Pérez de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial del Agave, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, para que se sigan todas las acciones pertinentes a fin de crear una estrategia de rescate financiero de la vivienda del trabajador, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, para que haga públicas las causas de la explosión del pasado 18 de octubre en la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz y a la STPS, para que realice una inspección de las instalaciones de dicha refinería y verifique las condiciones en las que opera, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de fomento a la política de prevención y tratamiento de las adicciones para fortalecer la seguridad pública, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.»

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

«Iniciativa que deroga el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución de 1917 costó más de un millón de vidas, siendo el producto de una revolución armada iniciada en 1910.

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene sus antecedentes en las huelgas de Cananea y Río Blanco; donde la protesta de los obreros demostró la terrible situación en la que laboraban, ya que prácticamente eran esclavos.

Nuestra Constitución es la primera, en la historia de la humanidad, que consagra las normas que obligan al Estado a intervenir como factor de equilibrio entre los patrones y trabajadores.

No sólo del sueldo viven los trabajadores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege al trabajador dotándolo de prestaciones sociales que le ayudarán a tener una vida digna.

La prestación social es lo que debe el patrón al trabajador en dinero, especie, servicios u otros beneficios, por ministerio de la ley, o por haberse pactado en convenciones colectivas, o en el contrato individual de trabajo, o bien, en fallos arbitrales o cualquier acto unilateral del patrón, para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación de trabajo o con motivo de la misma.

El 5 de diciembre de 1960, el artículo 123 de la Constitución, fue adicionado con el Apartado B, que contiene 14 fracciones que se refieren a los empleados de los Poderes de la Unión, al gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores.

El mismo año, el presidente Adolfo López Mateos presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de ley que daría origen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual fue discutida, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1959, por lo que la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro se transforma, en 1960, en el ISSSTE. El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), fue creado hasta el año de 1972.

El Fondo de la Vivienda es el órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyo objeto es el de establecer y operar el sistema de financiamiento para el otorgamiento de los préstamos hipotecarios a los trabajadores derechohabientes del ISSSTE.

Es el encargado de administrar las aportaciones de las dependencias y entidades públicas, afiliadas al ISSSTE, constituidas para otorgar créditos para la adquisición, reparación, ampliación o mejoramiento de viviendas a los trabajadores del Estado. Este órgano tiene como objetivo:

“Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores incorporados al régimen de la Ley, obtener por una sola vez, crédito barato y suficiente mediante préstamos con garantía hipotecaria sobre inmuebles urbanos, para adquirir, construir, reparar y ampliar o mejorar su vivienda, para el pago del enganche, gastos de escrituración y en su caso de la constitución de un fideicomiso de apoyo, cuando tenga por objeto la adquisición de viviendas de interés social, amortizar pasivos adquiridos por dichos conceptos, así como coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas por los trabajadores; mediante créditos que otorgue el Instituto, directamente o con la participación de entidades públicas y o privadas”.

Sin embargo, nuestra realidad es otra, pues los créditos para los trabajadores de México son costosos e insuficientes.

La Ley del ISSSTE en su artículo 185 dice:

El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 169 de esta ley se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo.

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa que determine la Junta Directiva. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.

Las cantidades que se descuenten a los Trabajadores con motivo de los créditos a que alude el presente artículo, no podrán exceder del treinta por ciento de su sueldo básico, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de esta ley.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de treinta años.

Éste artículo debería velar por cumplir con el objetivo constitucional: que los trabajadores estén en aptitud de adquirir en propiedad una vivienda cómoda e higiénica y que el crédito que se otorgue para ese fin no sea gravoso para el trabajador, sino que sea accesible, barato y que esté al alcance de él, de acuerdo con el producto de su trabajo; pero no es así, se contrapone a lo que nuestra Ley Suprema concede.

El Fovissste es un órgano desconcentrado que no cuenta con personalidad jurídica ni patrimonio propio y está jerárquicamente subordinado al ISSSTE, por lo tanto, no puede manejarse como una sociedad mercantil, que lucre con el cobro desmedido de intereses, pues el fin con el que fue creado, no tiene nada que ver con la obtención de ganancias.

Los créditos que otorgan las empresas privadas son un préstamo en dinero donde la persona se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo, más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. Son empresas que persiguen una ganancia al otorgar estos financiamientos.

Pero en el caso de Fovissste no debería existir un cobro de intereses, es un órgano del Estado que otorga créditos a los trabajadores, por lo que no debe perseguir un fin de lucro.

La tasa promedio de interés que cobran las entidades financieras es de alrededor del 11.50 por ciento fija durante la vigencia del crédito. El Fovissste cobra una tasa de interés del 6 por ciento que fija el propio instituto y que puede cambiar cada año, más un aumento anual basado en la inflación e incremento de los salarios mínimos vigentes que nos da una cantidad igual y a veces superior a la tasa promedio de la banca comercial.

Como se puede ver, el artículo 185 de la Ley del ISSSTE contempla un doble cobro de interés, es decir, los establecidos por el préstamo recibido que no será menor al 4 por ciento, y un segundo cobro de intereses por el aumento anual de los salarios mínimos.

Sumado a esto, México registra el descenso del poder adquisitivo más grave de los últimos años, por lo que el poder adquisitivo del salario mínimo actual es equivalente a la cuarta parte del salario de 1976. “Por tanto, sin deterioro del poder adquisitivo, el salario mínimo de hoy tendría que ser de 6 mil 536 pesos mensuales y no de mil 634 (para la zona C) como es ahora.

Por lo tanto, los créditos de los trabajadores, bajo estas condiciones, no cumplen con lo que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se vuelven impagables para los trabajadores al servicio del Estado.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se deroga el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Único. Se deroga el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 185. Se deroga.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.fovissste.gob.mx/es/FOVISSSTE/Cuando_se_creo

2 http://www.fovissste.gob.mx/es/FOVISSSTE/Vision_Mision_y_Objetivo

3 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Art. 185.

4 Muñoz Ríos, Patricia, “Prevalecen en México desigualdad salarial y bajo poder adquisitivo, señala estudio”, http://www.jornada.unam. mx/2011/06/13/politica/017n1pol

Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

ESTADO DE CAMPECHE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conagua a intervenir para que se revise de manera integral y, en su caso, se reencauce oportunamente la inversión del Fonden en la construcción de bordos al río Palizada, en Campeche, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del PRI

Rocío Adriana Abreu Artiñano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6 el artículo 79, el numeral 2, fracción III, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las autoridades ejidales y municipales de los ejidos Ribera la Corriente y Lagón Dulce del municipio de Palizada, en el estado de Campeche, han elevado una urgente preocupación y petición al Gerente Estatal de la Comisión Nacional del Agua y a las Autoridades de Protección Civil del Gobierno del Estado de Campeche, para que se revisen urgentemente las obras de construcción de bordos en el margen izquierdo del Rio Palizada, que se llevan a cabo con recursos de Fonden, esencialmente porque  estiman que en la forma como se están realizando, no resuelven los problemas de desbordamiento del Río Palizada.

Argumentan los pobladores lo siguiente:

Primero. Que las obras no se están realizando con la altura que el nivel histórico requiere, lo que sustentan con base en los registros que la Comisión Nacional del Agua posee en sus archivos de información al respecto;

Segundo. Que las obras no se construyen de manera continua como era de esperarse, toda vez que se están dejando sin construir tramos de varios kilómetros, al parecer no contemplados en el proyecto;

Tercero. Que de continuar estas obras sin considerar todo lo necesario, será una obra inútil, que puede propiciar la pérdida de algunos tramos de la carretera Palizada – Ribera Gómez, que también se encuentra en reconstrucción, precisamente por la entrada de agua por los tramos con bordo sin construir o por llegarse a rebasar los bordos en construcción.

Cuarto. Que es urgente reconsiderar lo que se está haciendo, porque los recursos del Fonden, pueden agotarse, sin que realmente se logre ese propósito esencial de evitar desbordamientos; es decir, que se agoten los recursos asignados sin que se resuelva lo que se pretende.

Esta es la percepción ciudadana que priva en el Municipio de Palizada, donde se ha sufrido los efectos de los desbordamientos del Río Palizada, con motivo de desastres causados por fenómenos naturales de impacto social, económico y ecológico.

Por la importancia que reviste la intervención oportuna del Director General de la Comisión Nacional del Agua, a fin a fin de llevar a cabo una revisión integral y en su caso, reencausar oportunamente la inversión del Fondo de Desastres Naturales en la construcción de Bordos al Río Palizada, evitando que se conviertan en obras inútiles y tomando en consideración que en este caso, la toma de decisiones debe ser inmediata, es por lo que estamos solicitando el apoyo de esta Soberanía, para que se apruebe esta Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al Titular de la Comisión Nacional del Agua, a intervenir personalmente en la atención urgente de esta problemática, que para los pobladores de Palizada, es de vital importancia.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al director general de la Comisión Nacional del Agua, para que en forma urgente intervenga, a fin de llevar a cabo una revisión integral y en su caso, reencausar oportunamente la inversión del Fondo de Desastres Naturales en la construcción de bordos al río Palizada, en el estado de Campeche, evitando que se conviertan en obras inútiles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2012.— Diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

COMISION ESPECIAL DE PROGRAMAS SOCIALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de programas sociales, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución en relación con la creación de una Comisión Especial de programas sociales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Derivado del derecho fundamental que nos asiste de que, la soberanía popular radica en el pueblo, la planeación democrática  conlleva el que la ciudadanía mexicana incida en el desarrollo democrático de nuestro país, y por ende el que las instituciones públicas de los tres ordenes de gobierno obliga a que respondan a sus necesidades, como bien lo establecen los artículos 39, 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Congruente con lo anterior los programas sociales pueden ser federales, estatales o municipales. También los hay con reglas y sin reglas de operación. El número de los programas sociales varía, pero según el analista o el enfoque de análisis pueden ser desde más de 100 hasta más de 1000.

Mucho se ha hablado de la corrupción en los programas sociales, también de los cuantiosos recursos que ejercen, sobre todo los de carácter federal. Hay programas que no se ejercen durante el ejercicio fiscal un solo peso, y otros muchos que se sabe no llegan a los beneficiarios, pues los recursos son ejercidos por los mismos funcionarios que presiden las dependencias encargadas de administrarlos o por líderes  seudo-políticos que se encuentran enquistados en las áreas o sectores que se pretenden favorecer.

No son pocos los recursos que son manejados por el gobierno Federal a través del desarrollo de programas sociales. En el presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, tan solo dos secretarías de Estado, de las que concentran una parte importante de los programas sociales, representan casi el 5% del gasto público: Sagarpa; 71, 378, 304, 452 y Sedesol; 84, 859, 857, 194.

Los programas sociales que tienen reglas de operación, cada vez son más inaccesibles porque las reglas en muchos casos ya no son sencillas, esto aunado a la falta de transparencia que ha caracterizado por mucho tiempo al gasto en “desarrollo social”. Por otro lado, los programas que no tienen reglas de operación adolecen de continuo de la discrecionalidad de la autoridad, que en repetidas ocasiones va en contra el interés de los beneficiarios.

La propia evaluación de los programas sociales y los indicadores, así como los instrumentos de medición o no están bien elaborados, o están mal ejecutados, o de plano están sesgados hacia ciertos intereses. Claro esta, sin mencionar los programas que, de origen, no cumplen con una metodología que de cabal y operativamente cumplimiento a los objetivos y justificación del mismo.

Dadas las cantidades exorbitantes de dinero que se destinan a los diferentes programas sociales, aunado a la ausencia de mecanismos y parámetros de medición y de evaluación de los resultados, se puede afirmar que los programas sociales no están cumpliendo cabalmente con su responsabilidad, esto es generar en bien común. Con mayor razón, si tomamos en cuenta los altos niveles de pobreza y desigualdad que año con año nos reportan organizaciones como Coneval, inclusive el propio Ejecutivo Federal en pronunciamientos y aceptación totalmente oficial implícita.

Asimismo, lo anterior refleja que hay falta de cumplimiento y de congruencia con los objetivos de las políticas públicas, con el Plan Nacional de Desarrollo y con la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el primer párrafo del artículo 134 de la Carta Magna, se establece que los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el DF y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Por todo lo anterior, resulta indispensable e impostergable llevar a cabo evaluaciones de impacto de los programas sociales

Los ciudadanos tienen todo el derecho de conocer las implicaciones y coimplicaciones del gasto público vía programas sociales. Cierto es que los gobernados pueden participar activamente en la dirección de los asuntos públicos directamente mediante referendos, plebiscitos o consultas; no obstante, la manera más institucionalizada y efectiva de hacerlo, es por medio de los representantes políticos libremente elegidos.

El Estado democrático de derecho es quizás el producto más acabado del constitucionalismo moderno, e indudablemente ha sido ápice fundamental en cuanto al reconocimiento y defensa de los derechos humanos de los ciudadanos.

La democracia es un régimen político destinado a asegurar el gobierno del pueblo, cuya voluntad debe expresarse siempre mediante mecanismos que garanticen al pueblo el derecho a la participación en la gestión de los asuntos públicos, conforme a los principios de igualdad, libertad, pluralismo y tolerancia.

Esa expresión de voluntad se ha recogido por la Carta Magna, y como espíritu nacional, se ha decantado por la república representativa. La democracia representativa se nutre a su vez, de principios elementales como el de separación y equilibrio de poderes.

Estos principios comprenden un diseño institucional que debe garantizar el control y la cooperación entre los diversos poderes públicos, asegurando un balance entre ellos. Sin dejar de mencionar que los representantes políticos, en última instancia, siempre tienen que estar sometidos al control del propio pueblo y de sus organizaciones políticas y sociales, con mayor decir de la responsabilidad que como representantes populares nos corresponde a efecto de cumplir a cabalidad con el compromiso irrestricto que tenemos  con nuestros representados.

Por ello, resulta totalmente pertinente proceder a la creación de una comisión especial en el seno de la honorable Cámara de Diputados, para cooperar con el Ejecutivo en el cumplimiento de los principios consagrados en el artículo 25 constitucional y garantizar mejores resultados en las políticas públicas y programas sociales.

Máxime cuanto tomamos en cuenta que la evaluación del impacto de los programas sociales está íntimamente relacionada al cumplimiento  de sus altos y trascendentes objetivos.

Derivado de lo anterior someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Que en términos del inciso c), numeral 1, del artículo 34; y el artículo 42 de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se acuerde por el Pleno la constitución de una Comisión Especial de Programas Sociales, a fin de evaluar el impacto de dichos programas y proponer ajustes y mecanismos para garantizar el pleno cumplimiento de sus objetivos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

HURACAN SANDY

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a prestar en la medida de las posibilidades del país ayuda al gobierno y pueblo cubanos para superar los daños materiales causados por el huracán Sandy, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Alberto Anaya Gutiérrez, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:

Consideraciones

La república y el pueblo mexicano se han caracterizado por ser profundamente solidarios con países hermanos, de cualquier parte del mundo a los que la naturaleza afecta de manera sensible.

Tal es el caso de la hermana República y pueblo de Cuba que afronta las afectaciones que el huracán Sandy dejo en el sur de Cuba.

El jueves 25 de octubre al pasar por territorio cubano dejo grandes afectaciones en las provincias del sureste de la isla, como lo fue Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo, se vivieron grandes afectaciones.

Se perdieron cultivos diversos y la población civil se vio seriamente afectada, alrededor de 340 mil personas tuvieron que ser evacuadas para garantizar su integridad física.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos seguros que el gobierno y el pueblo de México sabrán ser solidarios con el hermano pueblo de Cuba y en otros países donde también hubo afectaciones.

Por ello solicitamos del gobierno de México, se pueda dar toda la ayuda material que éste pueda brindar, para paliar en lo posible las graves necesidades que en este momento se tienen en Cuba.

No tenemos que recordar que a los dos países y pueblos nos unen profundos lazos de amistad que en estos difíciles momentos para ellos, es necesario refrendar. Más allá de diferendos transitorios entre gobiernos la amistad entre nuestros pueblos es y será permanente.

También exhortamos a la población civil a que haciendo un esfuerzo pueda apoyar con donativos en especie al pueblo cubano para que logren superar lo más pronto posible esta difícil situación.

México ha recibido, también, la ayuda desinteresada de otros países como lo fue en el terremoto del 19 de septiembre de 1985 o en otros desastres naturales.

Por ello hoy tenemos, nosotros, el deber solidario y fraterno de ayudar a nuestros hermanos cubanos.

Sólo países que hayan afrontado el embate de la naturaleza están en condiciones de comprender lo que otro pueblo puede padecer.

Por último, queremos expresar nuestro más sentido pésame a las familias que sufrieron la pérdida de un ser querido.

Por estas consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la proposición con

Punto Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en la medida de las posibilidades del país, pueda prestar toda la ayuda que sea posible al gobierno y pueblo de Cuba que les permita superar los daños materiales causados por el huracán Sandy a su paso por dicha isla los últimos días de octubre pasado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

ESTADO DE JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la SCT a liberar los recursos aprobados por esta soberanía en el PEF de 2012 para los programas y proyectos de inversión del sector “Comunicaciones y transportes” jalisciense, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del PRI

Diputado Ossiel Omar Niaves López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo en base a la siguiente

Exposición de Motivos

Los proyectos de inversión para ampliar la infraestructura económica y comunicativa han sido un detonante del desarrollo regional. Reviste especial importancia los relativos a la infraestructura carretera, incluyéndose los de construcción y modernización, así como los caminos rurales y las alimentadoras, pues conforman la base de interacción económica entre las poblaciones.

La Cámara de Diputados en uso de su facultad constitucional de ampliar y etiquetar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ha venido reasignando cantidades a diversos proyectos carreteros, atendiendo a las necesidades que se presentan en las comunidades y localidades de los municipios.

Asimismo no son menores en el interés público aquellos proyectos encaminados a la movilidad urbana, como son las construcciones de puentes, vados y nodos viales que sirven para hacer más eficaz el tránsito vehicular en las grandes ciudades.

En atención al Informe de Avance de Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión para 2012, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al segundo trimestre, el monto aprobado por la Cámara de Diputados para construcción y modernización de la infraestructura carretera del Estado de Jalisco fue de $1,224 millones de pesos. Para caminos rurales y carreteras alimentadoras el presupuesto para la entidad fue de $926.7 millones de pesos. De estos montos en conjunto solo se han ejercido recursos por $ 565.12  millones de pesos. Lo cual indica un avance financiero de sólo 26.27 por ciento de todo el gasto etiquetado para Jalisco en infraestructura carretera.

Es decir, de acuerdo con el último informe trimestral disponible y a escasos dos meses para concluir el año, el ejecutivo federal no ha ejercido los recursos presupuestarios con la debida celeridad, de la mayoría de los proyectos carreteros para el Estado de Jalisco del PEF 2012. Incluso aquellos proyectos que cuentan con su clave ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también presentan atrasos y estos se debe en la mayoría de los casos, a la tramitología burocrática, llamada así en el jerga popular mexicana, la cual representa un calvario que tienen que lidiar los municipios para acceder a dichos recursos.

Es común observar este tipo de prácticas en la presente administración, ya que recurrentemente las dependencias encargadas de liberar los recursos han sido incapaces, insensibles y omisas en la atención con las autoridades municipales sobre la gestión de los recursos que la Cámara de Diputados aprueba en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

De acuerdo con la misma información de la Secretaría de Hacienda,  referentes a los subejercicios al segundo trimestre de 2012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el subejercicio acumulado a la fecha totalizó 1’585,5 millones. Ésta es solo una muestra de la falta de sensibilidad con que se ha conducido el actual gobierno.

Aunado a la información que presenta la Secretaría de Hacienda, es muy recurrente que los alcaldes al momento de solicitar la liberación de los recursos para ejecutar sus proyectos presupuestados, se quejen de la falta de atención oportuna en las delegaciones en los Estados de las dependencias federales y reciban siempre como respuesta la negativa bajo la excusa de que la Secretaría de Hacienda  no les ha transferido los recursos.

Pero también en muchas ocasiones, aún contando con los recursos disponibles, los servidores públicos de las del Gobierno Federal, entorpecen el avance de los proyectos, en vez de dar solución a la ejecución de las obras de infraestructura que esta soberanía aprueba.

En el caso de Jalisco, parecería que dichos servidores  se afanan por  bloquear el acceso a los recursos presupuestados por mayor tiempo, haciendo del subejercicio una política pública.

La mayoría de los 78 proyectos carreteros y de transporte que aparecen en el último reporte trimestral, fueron presentados por los municipios, a lo que esta soberanía en aras de atender las necesidades de su infraestructura económica les asignó los recursos disponibles para que se pudieran construir y así contribuir a su desarrollo.

La actitud negativa que en ocasiones toman los funcionarios ya sea de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la de Comunicaciones y Transportes y de sus respectivas delegaciones en Jalisco, se traduce en un grave problema para construir las vías de comunicación modernas y seguras que varias localidades necesitan, ocasionando con ello que el proceso de urbanización de los municipios se vea frenado por la falta de compromiso de los funcionarios.

Es por ello, que  en atención a las peticiones hechas por diversas autoridades municipales y de la población del Estado de Jalisco, se somete a consideración de esta Soberanía, la proposición de emitir un atento exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ambas dependencias del Ejecutivo Federal, para que liberen conforme a las disposiciones legales y reglamentarias los recursos que este órgano legislativo autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal.

Por eso, en tal virtud se solicita su apoyo para respaldar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ambas del Ejecutivo Federal, a liberar con la mayor brevedad, los recursos para la ejecución y conclusión de los programas y proyectos de inversión del Sector de Comunicaciones y Transportes para el estado de Jalisco, aprobados por esta soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación del presente año.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de año 2012.— Diputado Ossiel Omar Niaves López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SEGURIDAD AL PERSONAL MEDICO

«Proposición con punto de acuerdo, para garantizar la seguridad del personal médico y pasantes de las unidades de salud en zonas de alto riesgo por la violencia e inseguridad, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 79, inciso 1, fracción II, e inciso 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El pasado 15 de octubre una médica pasante de 25 años fue brutalmente violada y golpeada mientras realizaba su servicio social en un centro de salud rural de la comunidad El Macho, estado de Nayarit. Ella es originaria de Los Mochis, Sinaloa, de quien se ha reservado el nombre por motivos de seguridad, sin embargo se reporta que su estado aún es grave por la brutalidad de la agresión de la que fue objeto.

Este hecho ha causado indignación entre la comunidad médica del país, pues se suma a una serie de amenazas y agresiones que sufren médicos y pasantes cotidianamente en diferentes partes del país, particularmente en aquellas zonas y regiones azotadas por la violencia generalizada producto del crimen organizado, o que bajo esa cortina amedrentan a médicos que prestan su servicios.

De acuerdo con datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM) en los últimos seis años, al menos 71 médicos pasantes han sido amenazados, agredidos, secuestrados o asesinados en diversas entidades del país, “sin que la Secretaría de Salud y las autoridades de los estados y municipios en los que prestan su servicio social les brinden seguridad de manera oportuna”, afirma la Asociación.

Los datos reportan que en los últimos 6 años, tres médicos pasantes han sido asesinados, dos fueron secuestrados, uno más agredido con picahielos, al menos dos han sido levantados por comandos armados para atender a personas heridas y 62 han sido amenazados. Hechos a los que se suma el reciente y lamentable caso de la médica violada y brutalmente agredida en Nayarit.

La mayoría de los casos ocurrieron en Chihuahua, Jalisco, Sonora, Monterrey, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León, Durango, Guerrero, Tamaulipas y Campeche.

Estos hechos, además de vulnerar la seguridad del personal médico, están generando que haya unidades médicas que prácticamente queden vacías y no puedan dar los servicios a la comunidad, que al mismo tiempo está siendo violentada por la inseguridad que se vive en esos lugares.

Dentro de las solicitudes que hace la AMFEM está la de elaborar una norma oficial mexicana para regular las condiciones físicas de las unidades médicas, así como establecer los protocolos de seguridad para médicos y pasantes particularmente en aquellas zonas que son consideradas de alto riesgo por los niveles de violencia que enfrentan, a fin de garantizar que los servicios médicos que se prestan en esas unidades médicas no se vean suspendidos ni interrumpidos, pues son servicios que requieren la población que vive en esas comunidades.

Es urgente que las autoridades correspondientes implementen acciones coordinadas a fin de brindar los elementos  que garanticen la seguridad de los médicos y pasantes que brindan sus servicios en las zonas que se han identificado donde corren mayores riesgos, a fin de proteger su integridad física y al mismo tiempo seguir dotando de los servicios médicos que la población requiere.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud federal y estatales, y a las Secretarías de Seguridad Pública correspondientes a implementar acciones de manera coordinada a fin de proporcionar seguridad al personal médico y pasantes de las unidades de salud en zonas de alto riesgo debido a la violencia e inseguridad.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal a iniciar el proceso de elaboración de la norma oficial mexicana que regule las condiciones físicas de las unidades médicas y establezca los protocolos de seguridad a fin de brindar condiciones y garantizar la integridad física de médicos y pasantes en unidades de salud en zonas de riesgo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de noviembre de 2012.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

ESTADO DE MEXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a salvaguardar los derechos humanos y la integridad física de los habitantes de la unidad Lomas del Parque, en San Francisco Chilpan, Tultitlán, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y 79, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución en los términos siguientes

Desde el año de 1995, la asociación civil “Unión de Colonos, Inquilinos, Solicitantes de Vivienda y Comerciantes Lomas del Parque”, adquirió la propiedad de 27.08 hectáreas en el municipio de San Francisco Chilpan en Tultitlan, estado de México, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio con la escritura pública número 261855. La negociación de compraventa se llevó a cabo con la comparecencia del Instituto de Acción Urbana e Integración Social y el Banco del Centro, SA, y con el crédito señalado con el folio 2314 otorgado por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, para la edificación de mil 653 viviendas, destinadas a personas de bajos recursos económicos.

A partir de 2002, el predio en cuestión ha sido objeto de venta ilegal por fraccionadores clandestinos que se dicen ser ejidatarios. Hasta la fecha, en aproximadamente 17.08 hectáreas de terreno hay más de mil asentamientos irregulares. Debido a lo anterior, la asociación Lomas del Parque ha interpuesto diferentes denuncias penales; a saber: la TUL/MEBI/05/02, consignada en el Juzgado Tercero de lo Penal, con la causa número 202/022; la PRE/FE/070/03, consignada en el Juzgado Tercero de lo Penal, con la causa 186/03; la PRE/FE/075/03, consignada al Juzgado Segundo de lo Penal, con la causa penal 16/04; y la LER/078/2004, consignada al Juez Cuarto de lo Penal, con la causa 6904. Todas éstas, en Cuautitlán, México, quedando bajo resguardo de desarrollo urbano del gobierno del estado de México.

En diciembre de 2007, presuntos ejidatarios, representados por el señor José María Fuentes y familia, interpusieron un amparo administrativo, ante el Juzgado Primero de Distrito en Naucalpan de Juárez, México, con el número de expediente 1166/07. Los supuesto ejidatarios carecen de derechos sobre el predio que han invadido, han interpuesto diversos amparos, los que han sido improcedentes, toda vez que el gobierno estatal pagó la indemnización que corresponde al núcleo ejidal por la expropiación, además de que se acredito el despojo y el fraude denunciado en diversas ocasiones ante autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial en el estado de México.

Derivado de un conflicto por el despojo de varias fracciones del predio y con la tolerancia de las autoridades de los gobiernos del estado de México y del municipio de Tultitlán, el pasado 26 de octubre del año en curso, un grupo de habitantes del predio (integrado mayormente por mujeres) resultaron agredidos por un grupo de golpeadores armados con machetes y palos, dirigidos por los señores Melesio Fuentes Juárez, José María Fuentes Juárez y su representante legal Iván Fuentes. Con resultados graves que violentan los derechos humanos y la integridad física de los las personas, una de ellas, Isabel Hernández Mendoza, lesionada con un machetazo en el rostro, por lo cual se encuentra ingresada en el hospital “José María Morelos y Pavón”, del Instituto de Salud del estado de México y Rodrigo Alonso Narváez, así también Miriam Yesenia, Mayra, Jesús Antonio, Mario Alberto y María, todos con apellido Espinosa López, quienes igualmente se encuentran hospitalizados en otros nosocomios debido a la gravedad de las lesiones.

Al día de hoy los supuestos ejidatarios siguen amenazando a los Unión de Colonos, Inquilinos, Solicitantes de Vivienda y Comerciantes Lomas del Parque, AC, quienes pertenecen a la Unión Popular Revolucionario Emiliano Zapata (UPREZ), con la tolerancia e indiferencia del gobierno municipal de Tultitlán y de las secretarías general de Gobierno y de Seguridad Ciudadana del gobierno del estado de México. Por lo que existe la necesidad de exhortar al titular del Poder Ejecutivo estatal, observando el mayor respeto a la soberanía del estado, para que garantice la seguridad de las familias que actualmente habitan una fracción del predio invadido, además de que garantice el acceso a la justicia con la actuación legal e imparcial de la Procuraduría de Justicia del estado de México en la investigación y persecución de los delitos cometidos por el grupo agresor.

Es claro que al conflicto no se le ha dado la atención que el mismo requiere por parte del gobierno del estado de México, ni por el municipio de Tultitlan, ya que a más de 15 años de su origen, éste va en aumento, teniendo actualmente a Isabel Hernández Mendoza, debatiéndose entre la vida y la muerte como consecuencia de la lesión causada por un machetazo en el rostro. Lo anterior, a pesar de contar con la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1o., párrafos primero, segundo y cuarto, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. Con pleno respeto a la soberanía del estado de México, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo local, doctor Eruviel Ávila Villegas, gobernador del estado de México para que a través de las Secretarías General de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, así como de la Procuraduría General de Justicia, se salvaguarde la integridad física de los habitantes de la Unidad Lomas del Parque, en la localidad de San Francisco Chipan, municipio de Tultitlán, estado de México.

Segundo. Se investigue y determine la responsabilidad penal y civil de los agresores y se recupere el predio invadido propiedad de la Unión de Colonos, Inquilinos, Solicitantes de Vivienda y Comerciantes Lomas del Parque, AC, miembros de la Unión Popular Emiliano Zapata.

Tercero. Se investigue y sancione la omisión de los cuerpos de Secretaría de Seguridad Ciudadana que no actuaron ante la agresión de los invasores, poniendo en riesgo la vida e integridad física de los habitantes de la Unión de Colonos, Inquilinos, Solicitantes de Vivienda y Comerciantes Lomas del Parque, AC.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

ESTADO DE JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conagua y a la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico que atiendan el problema imperante en el país sobre la concesión, la asignación y los permisos para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales y bienes públicos inherentes y, en particular, el caso presente en cuencas y acuíferos de los Altos, Jalisco, a cargo del diputado José Noel Pérez de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado José Noel Pérez de Alba, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía para su resolución proposición con puntos de acuerdo, a fin de que se solicite a la Comisión Nacional del Agua y a la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico atender la problemática referente a la concesión, asignación y permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes públicos inherentes que se vive en el país y, en particular, el caso que se presenta en las cuencas y acuíferos de Los Altos, Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El agua es el principio de la vida, y también en ella se basa su sustento. Es uno de los cuatro elementos básicos de la naturaleza.

Según estimaciones, poco más del 97 por ciento del volumen de agua existente en nuestro planeta es salada y está contenida en océanos y mares; menos del tres por ciento es agua dulce o de baja salinidad.

Del volumen total de agua dulce, estimado en unos 38 millones de kilómetros cúbicos, poco más del 75 por ciento está concentrado en casquetes polares, glaciares y nieves eternas; el 21 por ciento se encuentra en el subsuelo; y cuatro por ciento se ubica en cuerpos y cursos de agua superficial, como lagos y ríos.

En México contamos con mar, ríos, lagos, lagunas, ojos de agua y acumulaciones de aguas subterráneas. Adicionalmente, se da la distribución de las lluvias en el territorio, pero son de manera irregular; éstas son abundantes en el sur, desde Tabasco y Chiapas hasta la Península de Yucatán, y en las costas del Golfo de México. Por el contrario, hacia el norte su magnitud es menor. Una parte considerable del país ha erosionado, por lo que se considera desierto o semidesierto.

Los ríos más importantes se localizan en el sur y sureste. Conforme se avanza hacia el norte, se reduce la concentración de agua renovable de los mantos subterráneos.

La altitud es un factor importante también; la mayor parte del agua disponible se localiza a elevaciones sobre el nivel del mar inferiores a los mil metros. En contraste, los centros más demandantes de agua se encuentran por encima de esta altitud.

En el noroeste, donde la lluvia media anual es inferior al promedio nacional, se encuentran las zonas agrícolas más desarrolladas del país.

La zona metropolitana del valle de México, área formada por la Ciudad de México y 60 municipios conurbados, uno del estado de Hidalgo, y 59 del estado de México, que según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, tenía una población de poco más de 20 millones de habitantes, es la de mayor demanda de agua de uso doméstico e industrial, y la situación se complica por encontrarse por encima de los dos mil metros sobre el nivel del mar. Por tal motivo, ha sido necesario construir grandes obras de ingeniería hidráulica para satisfacer la demanda de esta región.

La necesidad de agua subterránea para usos urbano, industrial y agrícola ha rebasado la capacidad de recarga de muchos acuíferos; los acuíferos costeños se contaminan con aguas salinas, y en el interior del territorio los abatimientos son tan alarmantes, que hacen incosteable la extracción de agua y amenazan el agotamiento de la fuente de suministro.

En la agricultura de riego se emplea el 85 por ciento del consumo anual de agua en el país.

En zonas importantes donde existe disponibilidad de agua y tierra, la falta de inversión en infraestructura y tecnología no permite su desarrollo económico; con unidades productivas que aprovechen y conserven los recursos naturales e incrementen la producción y la productividad, se incidirá favorablemente en el progreso local y regional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declara como propiedad de la nación a las aguas, en el artículo 27:

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

...

Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije (el, sic DOF 20-01-1960) derecho internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes (intermitentes, sic DOF 20-01-1960) y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la república y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la república con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los estados.

El Estado mexicano creó para hacerse cargo del sector hidráulico, la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización en 1917; la Comisión Nacional de Irrigación en 1926; la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946; y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 1976. Actualmente, la Comisión Nacional del Agua (CNA), creada en 1989, administra y preserva las aguas nacionales, con la participación de la sociedad, para lograr el uso sustentable del recurso.

La Ley de Aguas Nacionales establece el marco institucional para la administración integral del agua, en calidad y cantidad, sustentado en la Comisión Nacional del Agua, a la cual le otorga las facultades necesarias para la aplicación del marco regulatorio de los derechos y obligaciones de los usuarios, así como la aplicación de los incentivos de tipo económico que inducen el uso eficiente del agua y su calidad.

La Ley de Aguas Nacionales le da el sustento a la CNA:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por

...

XII. “Comisión Nacional del Agua”: Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a esta ley corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere;

.....

Artículo 9. “La Comisión” es un órgano administrativo desconcentrado de “la Secretaría”, que se regula conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.

La Comisión tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.

En el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión se organizará en dos modalidades:

a. El nivel nacional; y

b. El nivel regional hidrológico-administrativo, a través de sus organismos de cuenca.

...

Son atribuciones de la Comisión en su nivel nacional, las siguientes:

I. Fungir como la autoridad en materia de la cantidad y de la calidad de las aguas y su gestión en el territorio nacional y ejercer en consecuencia aquellas atribuciones que conforme a la presente Ley corresponden a la autoridad en materia hídrica, dentro del ámbito de la competencia federal, con apego a la descentralización del sector agua, excepto las que debe ejercer directamente el Ejecutivo federal o la Secretaría y las que estén bajo la responsabilidad de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal o municipios;

...

Asimismo, la CNA es la responsable de apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica, según se indica en el mismo artículo 9:

...

IX. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales directamente o a través de contratos o concesiones con terceros, y realizar acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad, en los casos que correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico-administrativas, o que repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas, o cuando así lo disponga el Ejecutivo federal, así como en los demás casos que establezca esta ley o sus reglamentos, que queden reservados para la actuación directa de la Comisión en su nivel nacional;

X. Apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno del Distrito Federal, con gobiernos de los estados que correspondan y, por medio de éstos, con los gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras, en los casos establecidos en la fracción anterior;

...

Así pues, en general, la CNA es la encargada de regular el otorgamiento de concesiones; de la administración y custodia de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, cuyo uso, aprovechamiento y explotación realizan los diferentes usuarios mediante un título de concesión o asignación que les otorga la propia Comisión, así como del otorgamiento de permisos de descargas de aguas residuales de los usuarios a ríos, lagos, lagunas.

En particular, en lo referente a concesiones, el principio constitucional que lo enmarca es el artículo 27:

...

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

En cuanto a la Ley de Aguas Nacionales, las concesiones se centran en los artículos tres y nueve ya citados, además de las fracciones siguientes:

Artículo 3. ......

XIII. “Concesión”: Título que otorga el Ejecutivo federal, a través de la Comisión o del organismo de cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas o morales de carácter público y privado, excepto los títulos de asignación;

Artículo 9.......

XX. Expedir títulos de concesión, asignación o permiso de descarga a que se refiere la presente ley y sus reglamentos, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua;

...

XXXII. Emitir disposiciones sobre la expedición de títulos de concesión, asignación o permiso de descarga, así como de permisos de diversa índole a que se refiere la presente ley;

Respecto al Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, las concesiones se regulan mediante los artículos:

Artículo 29. Las solicitudes de concesiones o asignaciones podrán ser presentadas tanto por personas físicas como por personas morales, debiendo acreditar estas últimas su existencia legal, así como la personalidad jurídica del promovente.

Artículo 30. Conjuntamente con la solicitud de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales se solicitará, en su caso: el permiso de descarga de aguas residuales, el permiso para la realización de las obras que se requieran para el aprovechamiento del agua y la concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de cauces, vasos o zonas federales a cargo de la Comisión.

En el uso agrícola a que se refiere el capítulo II del título sexto de la ley, al presentarse la solicitud de concesión no se necesitará solicitar al mismo tiempo el permiso de descarga de aguas residuales, pero en la solicitud deberán asumir la obligación de sujetarse a las normas oficiales mexicanas y a las condiciones particulares de descarga que en su caso se emitan y, en especial, a lo dispuesto en el artículo 96 de la ley y en el artículo 137 de este reglamento.

Dentro del plazo establecido en la ley para expedir la concesión o asignación de agua, en el mismo título se otorgarán las concesiones, asignaciones y permisos solicitados.

Lo anterior sin perjuicio, de que conforme a la ley y al presente reglamento, cuando ya exista concesión o asignación de agua se pueda solicitar por separado el permiso de descarga. Igualmente, por separado se podrán solicitar las concesiones que se requieran para la explotación, uso o aprovechamiento de cauces, vasos y zonas federales o de los materiales de construcción contenidos en los mismos.

Sobre el período de vigencia de las concesiones, autorizaciones o permisos, son solicitadas por el propio interesado y se otorgan conforme a lo mandatado en la Ley de Aguas Nacionales:

Artículo 24. El término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni mayor de treinta años, de acuerdo con la prelación del uso específico del cual se trate, las prioridades de desarrollo, el beneficio social y el capital invertido o por invertir en forma comprobable en el aprovechamiento respectivo. En la duración de las concesiones y asignaciones, la autoridad del agua tomará en consideración las condiciones que guarde la fuente de suministro, la prelación de usos vigentes en la región que corresponda y las expectativas de crecimiento de dichos usos.

Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento.

La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga.

Para decidir sobre el otorgamiento de la prórroga se considerará la recuperación total de las inversiones que haya efectuado el concesionario o asignatario, en relación con la explotación, uso o aprovechamiento de los volúmenes concesionados o asignados.

...

En este contexto, la consolidación de la Comisión Nacional del Agua y la modernización de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, sitúan a México en una posición de avanzada al conformar un marco jurídico e institucional que impulsa la administración integral de sus recursos hidráulicos, de manera sustentable, enmarcados en la misma ley.

El objetivo de fortalecer al sector hidráulico y a sus estructuras, organismos operadores de agua potable y alcantarillado, asociaciones de usuarios que administran sistemas de riego, empresas concesionarias, constructores, consultores y proveedores, deberá seguir siendo una tarea prioritaria que culmine en un desarrollo autosostenido. La participación de la sociedad es indispensable.

Para ello, se requiere de recursos suficientes para atender las necesidades de cada región, incrementar significativamente las inversiones en infraestructura, desarrollar tecnología para hacer más eficiente el aprovechamiento y conservación del agua, así como destinar mayores apoyos a las zonas marginadas del país.

La participación de usuarios en el financiamiento y ejecución de obras y continuación con la transferencia a éstos de la responsabilidad de operar y conservar los sistemas hidráulicos, ha aumentado durante los últimos años.

Sin embargo, debido a la difícil situación económica y financiera por la que atraviesan el país, los estados, municipios; por la escasez de recursos para la construcción, operación eficiente y la conservación de la infraestructura hidráulica; por los problemas que se han generado por la sequía ante la escases de aguas pluviales; por la extracción excesiva de ríos, lagos, lagunas, ojos de agua y acumulaciones de aguas subterráneas; por la falta de regularizaciones y renovaciones de las concesiones, entre otras, usuarios de diversas regiones del país no han podido solicitar las prórrogas de sus títulos de concesión, asignación y permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes públicos inherentes previstos en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

El caso particular que ha generado este punto de acuerdo, se refiere al estado de Jalisco, el cual aporta 6.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, y de la importante región de Los Altos, que produce 1.42 por ciento del PIB del país (aproximadamente 23 por ciento del PIB de Jalisco, y superior de manera individual al de cada uno de los siguientes estados: Yucatán, Morelos, Durango, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Nayarit, Colima y Tlaxcala).

La región de Los Altos es la principal productora agropecuaria del país, siendo líder en producción de leche, actividad de la que dependen más de 4,500 familias, y generan alrededor de 40,000 empleos directos y 200,000 indirectos, tan solo en este sector.

A pesar de los datos anteriores, el titular de la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, ingeniero Raúl Antonio Iglesias Benítez, ha emprendido una persecución sin precedentes en el país contra los usuarios de aguas nacionales de Los Altos, al destinar 48 ejecutores o inspectores pretextando el cumplimiento del acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades federativas, emitido por el titular del Ejecutivo federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 25 de enero de 2012.

El titular del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico ha omitido lo dispuesto en el artículo tercero, inciso V, del acuerdo mencionado, y no sólo no realiza acciones para beneficiar a los afectados, sino que ha iniciado una serie de procedimientos administrativos y clausuras de pozos, privando del vital líquido a las personas que habitan esa zona rural y, por consiguiente, a los animales de granja, atentando con ello el derecho humano fundamental de acceso al agua; estas acciones han agravado aún más el problema de la sequía extrema y la economía regional.

Artículo Tercero.Para agilizar el ejercicio de recursos públicos y la realización de obras públicas para atender los efectos de la sequía, se instruye lo siguiente:

...

V. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, prestarán facilidades a las entidades federativas que así lo requieran, para utilizar el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, establecido en el transitorio vigésimo sexto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, en apoyo a las operaciones asociadas a infraestructura, que incluyen equipamiento, desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero, así como el pago de las obligaciones de concurrencia de recursos con la federación;

Asimismo, el organismo actúa de manera contraria al espíritu central del acuerdo ya que, sumado a la escases de aguas pluviales temporales que aumenta la sequía, las clausuras indiscriminadas de pozos causan una mayor pérdida económica a los productores pecuarios, lo que también impacta de manera negativa en la producción de alimentos.

“Que la seguridad alimentaria nacional es un tema prioritario para la presente administración por lo que se han venido tomando todas las medidas de política social, económica y fiscal para garantizar el abasto de alimentos en el país. Por ello, no sólo se ha actuado con determinación para potenciar las capacidades productivas del sector rural, sino también para definir los cupos de importación que se requieran para asegurar la disponibilidad de granos básicos en todo el territorio nacional, en particular de frijol y de maíz blanco para consumo humano;

Que esta situación de emergencia es un asunto que convoca y compromete a los tres órdenes de gobierno, a los poderes públicos y a la ciudadanía, por lo que se requiere de la unidad, solidaridad y corresponsabilidad de todos para superar los efectos de la sequía;

A pesar del espectacular anuncio y de la buena voluntad del titular del Ejecutivo federal, hasta la fecha no se ha convocado a los productores agropecuarios ni a la ciudadanía a participar en ningún programa o plan integral al respecto, pese a haberlo solicitado desde el 17 de octubre del 2011.

El problema es muy grave y no se le está dando la atención que requiere. El campo ha sido abandonado durante los últimos años y solo se han implementado programas que no han sido adecuados ni han cumplido con los fines para los que fueron creados, volviéndose en botines para sus dirigentes.

Si Los Altos disminuyen la producción de alimentos, las repercusiones generarán graves problemas económicos y de desarrollo social nacionales, y no solo para esa región.

Los productores agropecuarios están conscientes de la necesidad de optimizar el agua, tanto por la conservación del recurso, como por el alto costo energético del bombeo de la misma.

También, se encuentran en la disposición de cumplir con la normatividad y participar de manera activa, en programas y planes integrales como primeros interesados en contribuir con su esfuerzo a la seguridad alimentaria del país.

Para ello, es necesario que el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico elabore un plan integral de manejo de cuencas y acuíferos de Los Altos, con el propósito de establecer estrategias que propicien la preservación y el abasto de agua para sostener el desarrollo actual de esta región, con la participación de los tres niveles de gobierno, usuarios de aguas nacionales, instituciones académicas y sociedad organizada.

Con el fin de evitar que la zona de Los Altos atreviese por problemas económicos mayores que afectarán a todo el país, es urgente que se suspendan las acciones que viene ejerciendo la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, y se convoque a la octava sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Cuencas Altos de Jalisco, que debió realizarse en mayo de 2012, para analizar la difícil situación por la que atraviesa esa región, y así puedan encontrar soluciones inmediatas que mitiguen los efectos de la grave sequía por la que atraviesan.

Por tal motivo, teniendo en cuenta la necesidad de ampliar o conservar a los causantes por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes públicos inherentes, es importante considerar la oportunidad de extender el período para la solicitud de prórrogas de los títulos vigentes por los que se hubieren otorgado, haciendo una excepción especial, por las circunstancias antes descritas, de lo previsto en la Ley de Aguas Nacionales, que establece que las solicitudes deberán presentarse dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento; de lo contrario, la falta de presentación de la solicitud dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga.

Es imperativo fortalecer el sistema financiero del agua mediante la conservación y el incremento del número de causantes inscritos en los sistemas de cobro de derechos por el uso del agua y por la descarga de aguas residuales.

Por su parte, los causantes por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes públicos inherentes, deberán cumplir, en el plazo solicitado, con toda la normatividad establecida en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Comisión Nacional del Agua establecer un mecanismo de ampliación, hasta por seis meses más a partir de noviembre de 2012 y por única ocasión, para que personas físicas o morales de carácter público y privado, puedan solicitar prórrogas de títulos de concesión, asignación y permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes públicos inherentes previstos en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, y no se determine que por falta de presentación de la solicitud dentro del plazo establecido, se considere que renunciaron a su derecho de solicitar la prórroga.

Segundo. Se solicita a la Comisión Nacional del Agua dar atención y prioridad a la solicitud de prórrogas de concesión de los títulos vigentes para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, de la población dispersa y de escasos recursos del medio rural, de las comunidades de población indígena y de la población que habita en condiciones de marginación en las grandes ciudades, para no afectar aún más su calidad de vida.

Tercero.Se insta a la Comisión Nacional del Agua para que, a través de la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, respete el acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades federativas, emitido por el titular del Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 25 de enero de 2012, y se suspendan de manera inmediata los procedimientos administrativos y clausuras de pozos que se llevan a cabo en Los Altos, Jalisco, y otras regiones del país, a fin de evitar mayores pérdidas económicas a los productores pecuarios y de disminuir la producción de alimentos, lo que incidirá negativamente en el consumidor.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, a través de la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, se convoque, a la brevedad posible, a la octava sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Cuencas Altos de Jalisco, a fin de analizar la difícil situación por la que atraviesa esa región y así, puedan encontrar soluciones inmediatas que mitiguen los efectos de la grave sequía por la que atraviesan.

Quinto.Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, a través de la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, con la participación de los tres niveles de gobierno, usuarios de aguas nacionales, instituciones científicas, académicas y sociedad organizada, se elabore un plan integral de manejo de cuencas y acuíferos de Los Altos, con el propósito de establecer estrategias que permitan el desarrollo sustentable de esa cuenca que beneficie a sus habitantes.

Se someten los puntos de acuerdo a consideración de esta soberanía para su resolución.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputado José Noel Pérez de Alba (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

COMISION ESPECIAL DEL AGAVE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial del agave, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Luis Armando Córdova Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 79 numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial del Agave, con base en los siguientes

Consideraciones

El género agave, significa en griego “noble o admirable”. Es una planta perenne de zonas áridas, originaria del continente americano, cuyos elementos que la forman son principalmente fibras, azúcares, sales minerales y agua. En el centro de la piña del agave se concentra el jugo natural con altos contenidos de fructuosa, de carbohidratos llamados fructanos, así como grasas que le dan su distinguido sabor y olor.

Los agaves son fuente de producción de diferentes tipos de bebidas, como la savia natural de sabor dulce, conocida comúnmente como aguamiel.

Para Jalisco, el Agave Azul Tequilana Weber, es el principal producto económico del estado, utilizado como materia prima básica para la elaboración del Tequila, considerada como la bebida embajadora de México ante el mundo.

Esta especie de agave, se localiza en 180 municipios de cinco estados del país, que forman parte de la Denominación de Origen Tequila: Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato, y solamente en esos municipios se puede obtener la materia prima para la elaboración de esta bebida, misma que, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana Nom-006-CSFI-2005, se obtiene de la destilación de azúcares del mezcal o agave azul (aun cuando no es la única bebida mexicana derivada del género agave), la cual puede contener 100 por ciento de esta materia prima o una proporción no mayor a 49 por ciento de otros azúcares.

La industria del tequila ha tenido por muchos años un alto significado económico no sólo para Jalisco y los demás estados que se han señalado, sino para todo el país. Desde el siglo XVII esta actividad ha simbolizado un importante motor de crecimiento. La industria del tequila tiene una nobleza peculiar al involucrar no sólo a las cadenas de producción, envasado y verificación, sino que representa además importantes fuentes de empleo, identidad cultural y turística.

Cifras del Consejo Regulador del Tequila, indican que de enero a septiembre de 2012, se exportaron un total de 127.4 millones de litros de tequila a 40 por ciento de alcohol volumen. La exportación total registró un aumento de 0.4 por ciento con respecto a 2011, que correspondió al envió de 126.9 millones de litros. En relación al tequila elaborado totalmente con Agave Azul Tequilana Weber registró una salida al extranjero de 44.3 millones de litros. Los principales países importadores de tequila son en primer lugar Estados Unidos y le siguen Alemania, Reino Unido, España, Francia, Panamá, Rusia, Japón, Singapur y Venezuela.

El 9 de diciembre de 1974, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la resolución del 22 de noviembre de ese mismo año, emitida por la entonces Secretaría de Industria y Comercio, por la cual se otorgó la protección a la Denominación de Origen del Tequila, estableciendo un territorio de denominación de origen. Dicha denominación ha tenido como resultado que los productos que se expenden en el mundo cuenten con la garantía en calidad que es lo que les ha dado fama, y que la región con la denominación de origen se beneficie del impacto económico y el auge de este producto a nivel mundial. Cabe mencionar que para llamarse tequila, la bebida debe estar elaborada en México, en la región tequilera y contener al menos 51 por ciento de agave, aunque los tequilas más puros contienen 100 por ciento agave.

En 1974, México firmó el Acuerdo de Lisboa, e inscribió al tequila como una Denominación de Origen, lo que permitió el incremento de la producción en 55 por ciento de 1970 a 1980, con una apertura de consumo hacia el mercado externo y posibilitando la promoción de esta emblemática bebida en el cine, principalmente en los Estados Unidos.

El 17 de mayo de 1994, se constituyó el Consejo Regulador del Tequila (CRT), bajo la iniciativa de la Cámara de los Productores del Tequila, como un organismo imparcial, con personalidad jurídica propia, sin fines lucrativos y con alcances nacionales e internacionales, cuyo objetivo es verificar y certificar el proceso de la producción del tequila. El consejo lo integran productores de tequila, cultivadores de agave, envasadores, vendedores y los representantes del gobierno mexicano y es la organización que ha sido acreditada por el gobierno mexicano para inspeccionar y certificar que la producción, envasado y etiquetado del tequila, se está llevando a cabo de acuerdo con la Norma Oficial del Tequila.

En 1997 se crea el tren turístico Tequila Express, que a lo largo de 15 años ha realizado mil 167 viajes moviendo a 300 mil pasajeros. El objetivo de este proyecto se ha enfocado en ser pionero de en una nueva forma de hacer turismo, haciendo un recorrido por los vistosos paisajes agaveros y preservar al mariachi, el tequila y la charrería como elementos de identidad nacional.

En julio de 2006 la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) nombró patrimonio mundial de la humanidad a toda la zona tequilera (El paisaje de agaves), que abarca más de 34 mil hectáreas.

El agave azul tiene amplias bondades, no sólo como se ha señalado en su utilización para la el desarrollo de la industria tequilera. Tiene además otras importantes, destacadas e innovadoras aplicaciones:

• El agave en el ramo de la ciencia

En el ramo de la ciencia, investigadores químicos desde hace varios años se han abocado al estudio de un compuesto derivado del agave azul, que podría conducir en el desarrollo de un medicamento eficaz para el tratamiento de la colitis ulcerativa, síndrome irritable del intestino, cáncer, la enfermedad de Crohn y otras enfermedades del colon.

Los fructanos, que son los polímeros de la fructuosa, fueron desarrollados por científicos en México, a través de microesferas minúsculas que son capaces de llevar las drogas existentes que se utilizan para tratar enfermedades del colon. Son –de acuerdo a los estudios– resistentes a la degradación ácida y teóricamente podrían ser un vehículo útil en la entrega de medicamentos, y solamente algunas plantas, como el agave, contienen fructanos en grandes cantidades. Este estudio ha sido desde entonces financiado por el Consejo Nacional Mexicano de Ciencia y Tecnología.

• El agave en la producción de papel, abono orgánico, miel e inulina

El 9 de julio de 2010, la Comisión de Desarrollo Agrícola del Congreso del Estado de Jalisco, realizó el foro El Agave y su Diversidad, en dicho evento, se destacó que la piña del agave se puede utilizar para la fabricación del papel; para la fabricación de abono orgánico; y la posibilidad de producir miel y fabricar inulina, que es un ingrediente alimenticio de grandes beneficios para la salud; y gracias a la biotecnología puede extraerse de la piña del Agave Azul  Tequilana Weber, además de tener un alto contenido de fibra y su efecto prebiótico, suplemento con amplia demanda en los mercados de Asia y Europa.

• El agave como forraje para ganado

El agave es utilizado como forraje para el ganado, que de acuerdo al análisis bromatológico, contiene materia seca (M.S) 88.65 por ciento, proteína 10.79 por ciento, humedad 11,35 por ciento, cenizas 5,64 por ciento, grasa 1.15 por ciento y fibra 24.55 por ciento. Se estima que el uso de agave en forraje es revuelto con materia seca como rastrojo, aporta energía en los meses de invierno, en el caso de lugares que presentan bajas temperaturas.

• El agave para producción de etanol

De la base del bagazo del Agave Azul Tequilana Weber, se puede obtener etanol, ello implicaría dar un valor real al residuo y fomentar un combustible que sea amigable con el medio ambiente.

• El agave en la industria de la construcción

Las fibras del agave se han venido utilizando como aislantes térmicos, techos falsos y materiales compuestos en la construcción de edificios.

• El agave en los centros de investigación

Recientemente, el director general del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño en Jalisco (CIATEJ), José de Anda Sánchez, ha destacado que Jalisco contará en 2013 con el primer centro de investigación del agave, tequila y derivados. El objetivo de este centro será realizar investigaciones en el campo de la biotecnología vegetal, industrial y de alimento. Además de estudiar las agaváceas para preservar su germoplasma, principalmente, y evitar en un futuro su peligro de extinción.

• El agave y la generación de empleos

La cadena productiva agave-tequila en la DOT cuenta con 17 mil 500 agricultores en 85 mil hectáreas con 229.2 millones de agaves, de los 181 municipios protegidos por la DOT, 130 cuentan con agave plantado, esta industria es fuente de ingresos para alrededor de 50 mil familias y cuenta con 159 empresas.

La situación actual del Agave Azul Tequilana Weber en los cinco estados de la DOT, es la siguiente, Jalisco cuenta con 77 por ciento, Nayarit tienen 7 por ciento, Guanajuato 6 por ciento; Tamaulipas y Michoacán cuentan con 5 por ciento, respectivamente.

• El agave como parte del crecimiento económico

Para el licenciado Ernesto O´Farrill Santoscoy, director de estrategia de la casa de bolsa Actinver, el crecimiento de la industria tequilera podría repuntar en los próximos años del doble del crecimiento de la economía mundial, calculando que ésta crecerá a una tasa de 3 por ciento, y que la industria tequilera pudiera estar creciendo a una tasa de alrededor del 6 por ciento anual.

• La lucha contra las bebidas adulteradas

Las falsificaciones de productos en México causan mucho daño a la economía formal. La adulteración de las bebidas alcohólicas constituye una práctica ilegal, clandestina y fraudulenta, orientada a engañar al comprador. La adulteración de bebidas es un problema de salud pública, ya que pueden ser la causa de daños a la salud de los consumidores, cuando en dicha adulteración utilizan sustancias tóxicas que al consumirlas ponen en riesgo la vida de las personas (utilización de alcohol metílico como adulterante).

El Consejo Regulador del Tequila reporta que en el transcurso de este año, ha decomisado 65 mil litros de bebida adulterada en 12 operativos realizados en Jalisco. Ante este escenario, Jalisco desde el año 2010, se vio en la necesidad de establecer sanciones de 6 meses a 3 años de cárcel, y de 50 a 250 días para quien se dedique a adulterar o falsificar bebidas alcohólicas.

Aunado a estos esfuerzos, en el mes de septiembre de este año, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) y la Oficina Nacional Interprofesional del Coñac (BNIC, por sus siglas en francés), firmaron en París un acuerdo para proteger sus apelaciones de origen y luchar contra las falsificaciones o imitaciones del Tequila y el Coñac.

Finalmente, para el proponente, resulta necesaria la creación de la Comisión Especial del Agave como un espacio legislativo que permita estudiar, analizar y atender las propuestas legislativas necesarias para fomentar la producción, protección, preservación, promoción e investigación científica del Agave Azul Tequilana Weber y demás variedades del agave, así como sus derivados, considerado como se ha señalado, uno de los principales productos económicos de la región con denominación de origen, que sin duda es una importante actividad generadora de empleos en diversas regiones del país y parte sustancial del crecimiento económico nacional.

Consideramos que el Poder Legislativo debe atender de manera prioritaria a los sectores productivos estratégicos como lo es el sector agrícola, sin duda, uno de los pilares básicos para el crecimiento y desarrollo económico del país. Es urgente además de involucrar a cada uno de los actores de las cadenas productivas del agave, el promover, incentivar y motivar los estudios de investigación en la innovación científica y tecnológica que permitan descubrir nuevas aplicaciones surgidas de los derivados de esta maravillosa planta, o en su caso, desarrollar e impulsar las ya existentes y con ello fortalecer el crecimiento económico y recuperar nuestra promoción y posicionamiento en el exterior.

En razón de lo anterior, y con fundamento en los artículos 34 y 42 la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y solicitando se dé la intervención que por ley corresponde a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, es que someto a consideración de este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial del Agave, cuyo objeto será el que se deriva de su denominación. Esta comisión especial, podrá coordinarse con las comisiones ordinarias de la Cámara que de manera directa o transversal se vinculen con el tema del agave en sus diversas variedades, comprendidos los productos derivados de este, a saber, Agricultura; Ciencia y Tecnología; Cultura; Desarrollo Rural; Economía; Hacienda; Justicia; Presupuesto y Cuenta Pública; Salud; Turismo. La comisión especial, será además, un espacio de interlocución con agricultores, jornaleros, transportistas, empresarios, autoridades de vigilancia y regulación tanto federales como estales responsables del ramo; investigadores, académicos, consejos del ramo. Esta comisión especial promoverá la realización de estudios de innovación e investigación científica y tecnológica, y publicaciones respectivas sobre el tema, en coordinación con las instancias competentes de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objeto de la comisión será impulsar y fomentar políticas públicas y programas que fortalezcan el cultivo del Agave Azul Tequilana Weber, así como las demás variedades del agave, además de abocarse al estudio, análisis y en su caso adecuación de la legislación en la materia, y fortalecer el crecimiento, la competitividad y el desarrollo sustentable de la producción, comercialización y diversificación de agave en México.

Tercero. La comisión estará integrada por el número de miembros que la Junta de Coordinación Política determine, los cuales serán propuestos por los grupos parlamentarios en la misma proporción que estos últimos tienen en la composición del pleno, y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Cuarto. La comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones relativas.

Quinto.Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial serán aprobados por el Comité de Administración.

Sexto. La comisión especial tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2015.

Notas:

1. El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ) es un Centro Público de Investigación perteneciente a la red de centros de desarrollo e innovación tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y que desde hace más de 35 años realiza actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación y dar soluciones tecnológicas y humanas que ayudan a la competitividad de los sectores agrícola, alimentación, salud y medio ambiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

VIVIENDA A TRABAJADORES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a seguir las acciones pertinentes para crear una estrategia de rescate financiero de la vivienda de los trabajadores, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 6, numeral 1, y el 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días pasados, los Diputados Federales por Baja California escuchamos los reclamamos del Consejo Regional de Organizaciones Obreras de Baja California, los que se centran en la petición de nuestra inmediata intervención, con el propósito de crear un Programa de Rescate Financiero de viviendas de interese social, toda vez que, de acuerdo con ellos, las instituciones como el Infonavit y el Fovissste, se han convertido en lucrativos negocios de inmobiliarias, desarrolladores de vivienda e instituciones bancarias, olvidando el origen revolucionario e histórico que establece el derecho inalienable de los trabajadores a obtener una vivienda digna, que se remonta a los postulados básicos que recogiera el Constituyente de Querétaro en 1917.

Cabe recordar que en el artículo 123, fracción XII, Apartado A, de la Constitución, se precisó la obligación de los patrones de proporcionar a los trabajadores viviendas cómodas e higiénicas, obligación que parcialmente se hizo efectiva hasta 1971, tras de más de 53 años de lucha para hacer realidad ese derecho.

Resulta verdaderamente urgente establecer un programa de apoyo a los trabajadores que actualmente cuentan con un crédito, pero que no pueden costearlo, ya que, tan solo el ente conocido como Infonavit, ha asignado más de 957 mil créditos, de los cuales 252 mil están en cartera vencida y, de estos últimos, más de 110 mil casas han sido declaradas en incobrabilidad, lo que puede traer como consecuencia que los trabajadores pierdan su hogar.

Lo anterior se agrava porque el Infonavit ha vendido más de la mitad de estos créditos incobrables a despachos de cobranza, extranjeros en su mayoría, por un monto menor del 10% del valor del crédito, originando que más de 75 mil viviendas hayan sido abandonadas.

Actualmente, miles de trabajadores en la Republica Mexicana, que han perdido su llamado "patrimonio familiar", se encuentran en estado de indefensión y son objeto del robo de lo recaudado en la subcuenta de vivienda.

Como dato adicional, en la actualidad hay 9 millones de trabajadores que cotizan en el Infonavit y, de estos, 5 millones ya cumplen con los requisitos para ejercerlo, pero se han abstenido de reclamarlo, por representar una deuda impagable y no un patrimonio familiar, como lo establece el artículo 123 constitucional, en sus fracciones XII y XXVIII.

Además, de conformidad con datos del Consejo, del 2005 a la fecha, se ha despojado de su vivienda a más de 8 mil trabajadores, y 59 mil más han caído en cartera vencida, por lo que en un plazo no mayor de tres meses estarán enfrentando juicios de desahucio.

Lo que resulta increíble es que, mientras que en Septiembre del 2007, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, que es inconstitucional, que los bancos cedan o entreguen la cartera vencida de sus clientes morosos a terceros, el 22 de octubre de 2009, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidó la legalidad de la venta de los créditos otorgados por el Infonavit, asestando un golpe mortal a la clase trabajadora, que es el motor y pilar de la productividad de nuestra Nación.

Es necesario establecer una agenda legislativa en materia de vivienda, que abarque no solo a los organismos públicos como Infonavit v Fovissste, sino también a los desarrolladores e instituciones financieras de vivienda, a fin de hacer efectivo el Derecho Constitucional de los mexicanos al acceso de una vivienda digna. Sobre todo, eliminar el uso de la figura de los VSMG y las UDI, en los créditos para la adquisición de viviendas de interés social.

Por lo anterior es que se propone la creación de una estrategia de rescate financiero de la vivienda del trabajador, para beneficiar a más de 5 millones de familias, dentro del Presupuesto de Egresos de 2013.

Además, resulta necesario que se suspenda todo procedimiento jurídico, que implique o tenga por objeto de despojar de sus viviendas a los trabajadores que enfrentan dificultades para cubrir sus créditos, ya sea porque están desempleados, o sus ingresos son insuficientes para ello y acaso cubren sus necesidades más elementales. Esto, hasta en tanto se implementa la citada estrategia de rescate financiero.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, a efecto de que se sigan todas las acciones pertinentes a fin de crear la estrategia de rescate financiero de la vivienda del trabajador.

Segundo.La honorable Cámara de Diputados exhorta al Infonavit y al Fovissste, a que suspenda todo procedimiento jurídico que tenga como finalidad despojar a los trabajadores de sus viviendas, que enfrentan dificultades para cubrir sus créditos, ya sea por desempleo o por falta de recursos suficientes, en tanto no se implemente la estrategia de rescate financiero de la vivienda del trabajador.

México, DF, a 6 de noviembre de 2012.— Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

PETROLEOS MEXICANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a hacer públicas las causas de la explosión del pasado 18 de octubre en la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz; y a la STPS, a inspeccionar esas instalaciones y verificar sus condiciones de operación, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero.Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa paraestatal más importante del país, considerada el puntal de la economía nacional, ya que 34.9 por ciento de los ingresos del sector público provienen de la aportación de los ingresos por petróleo. Es urgente transparentar los lineamientos mínimos de operación, así como las acciones que han sido realizadas para proteger y dar seguridad tanto de los trabajadores como de los vecinos de sus instalaciones y la situación en la que se encuentra la infraestructura de dicha institución; esto debido a los cada vez mas recurrentes accidentes en sus instalaciones.

Segundo.En la mañana del pasado 18 de octubre la planta catalítica I, en la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, hizo explosión cuando trabajadores realizaban trabajos de mantenimiento. Durante este hecho resultaron lesionados seis trabajadores de la compañía Procesos Industriales de Coatzacoalcos, SA de CV.

Hace aproximadamente seis meses hubo una explosión en la subestación número 10, de la planta catalítica I. Se suma a las suscitadas en las plantas catalítica II, primaria 1, servicios auxiliares e hidros II, sin contar con el hundimiento de una monoboya que ocasionó que 20 playas se contaminaran, el pasado 11 de agosto, y la muerte de un trabajador al hundirse la embarcación en que se trasladaba, el 17 de octubre del presente año.

Según los propios trabajadores, “las plantas catalíticas I y II, en pleno centro de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, son un factor de riesgo para la población toda vez que en este año han explotado en tres ocasiones”.

Además, denuncian, “Petróleos Mexicanos, no se ha preocupado por actualizar sus instalaciones que datan de más de tres décadas”. En opinión de líderes de la sección 38 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, los accidentes que se han presentado tanto en la refinería Antonio Dovalí Jaime como en la terminal marítima se deben a las malas condiciones en que se encuentran las instalaciones de Pemex.

Expertos señalan que el tema de la seguridad en las instalaciones en Pemex es uno de los más importantes, luego de los accidentes registrados en los últimos meses en todo el territorio nacional.

No se deben escatimar recursos para salvaguardar la integridad de los petroleros y de los ciudadanos que viven en los alrededores. Los accidentes petroleros que están ocurriendo a escala son sólo un reflejo de la falta de mantenimiento, no sabemos si generada por la falta de recursos o por negligencia o descuidos de la paraestatal.

Los puntos de acuerdo que presento tienen la finalidad de evitar una tragedia de las dimensiones del 18 de septiembre pasado, cuando 30 trabajadores perdieron la vida y otros 46 resultaron lesionados en explosión de un ducto del centro de medición de gas de Pemex en Reynosa, Tamaulipas, y ante los constantes accidentes ocurridos en los últimos meses; resulta necesario conocer las condiciones en que laboran los trabajadores de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz; así como las actividades que se han realizado para prevenir accidentes.

Por lo expuesto se ponen a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a Pemex a generar un diagnóstico y las alternativas con que atenderá las causas financieras y operativas de la explosión ocurrida el 18 de octubre en la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, difundiéndolos en sus medios digitales.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en especial a la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que en el ámbito de sus competencias realice una inspección de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, y verificar las condiciones en que opera, a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento de la normativa aplicable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

COMISION ESPECIAL DE FOMENTO A LA POLITICA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de fomento a la política de prevención y tratamiento de las adicciones para fortalecer la seguridad pública, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, 205, numeral 1, y 207, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito diputado Víctor Manuel Bautista López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de fomento a la política de prevención y tratamiento de las adicciones para fortalecer la seguridad pública, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país ha enfrentado durante los últimos años los momentos más difíciles en materia de seguridad pública, las repercusiones de la decisión asumida por el Ejecutivo de la Unión y cuestionada permanentemente a lo largo de estos seis años así como el nivel de organización, violencia y la mayor incidencia de los grupos delictivos en todos los ámbitos de la vida económica del país han propiciado que la sociedad en su conjunto se vea afectada permanentemente, por esa razón, no han sido pocos los diversos estudios que han dado cuenta del cambio que hemos experimentado todos en nuestra forma de vida. Para poner un solo ejemplo vale la pena reproducir la información dada a conocer en la Encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia 2011, según la cual al 80 por ciento de los encuestados les preocupaba mucho la violencia relacionada con el narcotráfico en México, a 76 por ciento les preocupaba el mismo tipo de violencia pero en su comunidad, el 61 por ciento dejó de salir de noche por temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico durante ese año y el 45 por ciento dejó de permitir que sus hijos salieran de noche.

Si nos remitimos a los propios datos oficiales es posible constatar que del total de denuncias cuya investigación y seguimiento corresponde al fuero federal de 2007 a 2010 el mayor peso de incidencia corresponde a los delitos contra la salud y al de portación de arma de fuego, y si bien desde 2011 su frecuencia va disminuyendo, esto es más una consecuencia de las reformas a la Ley General de Salud de 2009 que tienen un impacto en la determinación de los delitos contra la salud que a un cambio sensible en las condiciones reales de la sociedad. Lo anterior puede apreciarse en la siguiente tabla estadística.

Las decisiones asumidas por los responsables de la conducción de las políticas públicas en nuestro país y esto incluye tanto al Ejecutivo federal y a los anteriores integrantes de la Cámara de Diputados, manifiestan una clara percepción en la que prevalece, quizá por las dimensiones, impacto y fortaleza de los grupos delictivos, la visión de la respuesta más inmediata, el ejercicio de la violencia institucional y legalmente permitida, para responder a este grave problema, al menos así lo podemos advertir si consideramos que los recursos aplicados a los programas Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada, que opera la Procuraduría General de la República y el de Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito que instrumenta la Secretaría de Seguridad Pública ejercieron en 2011 un monto proporcional de 94 pesos mientras que en los Programas Nacionales contra las Adicciones se aplicaron 6 pesos, por cada 100 pesos destinados a estos tres rubros de las políticas de gobierno, lo anterior se puede apreciar en la siguiente tabla estadística.

Considerando que este grave problema tiene dos dimensiones obligadas, la que con mayor energía se está atendiendo, independientemente de los resultados hasta ahora obtenidos, relacionada con los efectos y los graves estragos que el incremento devastador de las fuerzas, belicosidad y brutalidad de los grupos delictivos manifiesta y otra que, desde mi punto de vista, es a la larga el factor que puede cambiar sustancialmente la tendencia existente y que se relaciona con las políticas de prevención y con un llamado de alerta que nos compete a todos como gobierno y sociedad por el grado de complicidad y de falta de acción que manifestamos en materia de prevención y tratamiento a las adicciones.

Al respecto es necesario partir del correcto espíritu y contenido de la Ley General de Salud que explica la existencia de un problema de dependencia cuando el alcohol, el tabaco, los fármacos y las sustancias psicotrópicas propician fenómenos de comportamiento, cognoscitivos y fisiológicos que se desarrollan luego de su consumo repetido.

Y la grave contradicción en la materia es la incongruencia que persiste en el conjunto de valores que como sociedad compartimos ya que mientras aceptamos al alcohol, al tabaco a ciertos fármacos y psicotrópicos y en determinadas dosis como drogas legales, proscribiendo a otros. Así y de acuerdo con las Estadísticas Económicas, Ambientales y Sociales 2011-2012 difundidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos nuestro país es, después de China y Brasil, el país que reporta un mayor crecimiento en el consumo de alcohol por persona con un 73.5 por ciento durante las últimas tres décadas. Mientras que según el Informe sobre la Situación Mundial sobre Alcohol y la Salud 2011 de la Organización Mundial de la Salud, México es de los países con mayores tasas de consumo de alcohol y con alto riesgo junto con Kazajistán, la Federación Rusa, Sudáfrica y Ucrania.

Datos que nos confirma la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 ya que de 2002 a 2011 la frecuencia del consumo de alcohol alguna vez pasó de 64.9 por ciento a 71.3 por ciento, el consumo en el último año pasó de 46.3 por ciento a 51.4 por ciento, en el último mes de 19.2 por ciento se ubicó en el 31,6 por ciento y la dependencia del 4.1 por ciento reportado en 2002 alcanzó el 6.2 por ciento en 2011.

Circunstancia que se agrava si advertimos que en el segmento de los 12 a los 17 años el comportamiento es de franco crecimiento en los mismos rubros antes citados entre 2002 y 2011 y se aprecia de la siguiente manera: Consumo alguna vez de 35.6 por ciento a 42.9 por ciento, en el último año de 25.7 por ciento a 30 por ciento, en el último mes de 7.1 por ciento prácticamente se duplica al 14.5 por ciento y lo mismo ocurre con la dependencia que de 2.1 pasa a 4.1 por ciento.

Algo similar ocurre en la edad en la que se inicia el consumo que en 2011, para el caso de los hombres, se sitúa en la más baja a los 16.62 años mientras que en el caso de las mujeres permanece en los 19 años.

La verdad de las cosas es que la dependencia al alcohol hoy alcanza a casi cinco millones de mexicanos y como sociedad somos altamente tolerantes y permisivos a su enfermedad, sin apreciar los daños que propiciamos en la salud y en la vida de nuestros seres queridos y la afectación que esto implica además en la sociedad en su conjunto.

Porque a pesar de que la propia Ley General de Salud contempla en su artículo 308, fracciones III y IV, que la publicidad de bebidas alcohólicas  no podrá asociar a estos productos con ideas, imágenes de mayor éxito en la vida afectiva y sexualidad de las personas, o hacer exaltación del prestigio social, virilidad o feminidad, no podrá asociar estos productos con actividades creativas, deportivas, del hogar o del trabajo, sólo hace falta realizar un breve monitoreo en los anuncios comerciales de las televisoras para advertir como la autoridad se encuentra ausente en la regulación del contenido de los mismos y los propios medios de comunicación son cómplices en la violación de estas disposiciones legales, al colocar en sus transmisiones innumerables anuncios y campañas permanentes de difusión de productos con alcohol, contrariando lo dispuesto en el artículo antes mencionado y para ejemplos nos bastan el propio concepto de las cortinillas publicitarias en la transmisión de las peleas de box por parte de la empresa Tecate, las campañas de la cerveza Victoria de grupo Modelo con la imagen de Alejandro Fernández y el “orgullo” por el éxito de sus amigos.

Circunstancia que se ve ratificada si nos atenemos al propio Informe de Actividades 2011: Avances en la Prevención y Atención de las Adicciones de la  Comisión Nacional contra las Adicciones que en su apartado “Reducción del uso nocivo de alcohol” entre sus principales actores reporta a 16 instituciones públicas encabezadas por dicha Comisión, además de tres asociaciones civiles y, de manera genérica, las organizaciones de la sociedad civil, sin dar cuenta de la participación de la Secretaría de Gobernación a través de su Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, que es, por lo menos, omisa en la aplicación de la norma a pesar del alto impacto de los medios masivos de comunicación, en la materia.

Las consecuencias de esta flexibilidad y permisividad las padecemos todos. Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, en siete de las ocho regiones en las que se dividió al país, el alcohol es la droga de inicio entre aquellos que consumen drogas ilícitas y en la región restante ocupa el segundo lugar. Así que el alcohol es, a todas luces y  aunque no en todos los casos, la primera estación en la pirámide de las drogas.

Adicionalmente consideremos los datos aportados en la Tercera Encuesta Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional que reporta que el 35.8 por ciento de la población penitenciaria del Distrito Federal y del Estado de México manifiesta haber tomado alcohol u otras drogas seis horas antes de haber cometido el delito, en este segmento se advierte también una proporción diferenciada de tres de cada cuatro para el caso de alcohol y uno de cada cuatro para otras drogas.

Datos que si proyectamos a la nación y al total de las denuncias de delitos cometidos del fueron común nos permitirían ubicar una posible relación, en términos generales, de alcohol, otras drogas y delitos que puede apreciarse en la siguiente tabla estadística.

La propuesta que se somete a su consideración para crear la comisión especial permitirá un seguimiento puntual por parte de la representación popular a las políticas públicas en la materia, propiciando un gradual cambio de perspectivas que permita enfatizar las acciones en materia de prevención y tratamiento a partir de promover las necesarias reformas legales en la materia, la asignación de mayores recursos presupuestales a las instituciones que participan en estas acciones, fomentando la participación y cooperación de la sociedad civil y favoreciendo la indispensable supervisión que hoy es ausente en estos casos y que repercute en graves afectaciones a los derechos de las personas que acuden a tratamientos que no siempre propician su debida recuperación por la falta de recursos, atención médica especializada y métodos de tratamiento adecuados.

Pero además, fomentará el seguimiento puntual al ejercicio de gobierno para que las diferentes atribuciones y disposiciones contenidas ya en el marco normativo vigente, particularmente en las Leyes Generales de Salud y para el Control del Tabaco, sean debidamente observadas por las autoridades.

Constituiría además una valiosa aportación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a las acciones para favorecer nuestra debida atención a los trabajos realizados en el seno de las estructuras nacionales de coordinación: la Comisión Nacional contra las Adicciones y el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (Cenadic).

Así como para dar seguimiento a la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida, al funcionamiento de la red de servicios de prevención y atención de las adicciones, conformada por 330 Centros Nueva Vida y 113 Centros de Integración Juvenil, a los que se suman los establecimientos registrados ante el Cenadic.

Favoreciendo el debate informado y profundo para el fortalecimiento de la perspectiva de la atención médica a las adicciones como mecanismo efectivo de sustitución de la visión punitiva en la materia, la que castiga los delitos cometidos muchas veces como consecuencia del padecimiento sin propiciar el tratamiento de la enfermedad, la recuperación, de quien comete un delito y que, en su segmento social y económicamente más desfavorecido, se ve recluido en los centros de readaptación social y de los que egresa con una tendencia a escalar sus conductas anti sociales.

Por último, es necesario señalar que la propuesta se circunscribe en las acciones a realizar en el 2012 según el informe antes citado de la Comisión Nacional contra las Adicciones tanto en lo correspondiente a la elaboración de propuestas de reformas a la Ley General de Salud y la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, al fortalecimiento de la legislación y normatividad para reducir el uso nocivo de alcohol, la identificación e implementación de estrategias para la prevención del uso nocivo de alcohol y, en general, fortalecer las políticas de prevención y tratamiento de las adicciones desde el ámbito de las atribuciones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Es en mérito de lo expuesto que se somete a su elevada consideración esta proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura constituya la Comisión Especial de fomento a la política de prevención y tratamiento de las adicciones para fortalecer la seguridad pública, la cual tendrá como objetivos los contemplados en las consideraciones que acompañan a esta proposición.

Nota:

1 Encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia 2011 (CIDENAL 2011). Raúl Benítez Manaut et al. Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional, Dirección de Empresas y Sistema de Inteligencia de Mercados de Opinión. Septiembre 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputado Víctor Manuel Bautista López (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.