Presidencia del diputado Jesús Murillo Karam

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 268 diputados y diputadas; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (a las 11:01 horas): En consecuencia, se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que está publicado en la Gaceta.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 13 de noviembre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Secretaría de Gobernación

Con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos al robo de hidrocarburos, y a diversos exhortos y requerimientos en materia migratoria.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite solicitud del senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con dos proyectos de decreto concernientes a la declaración del año 2013 como “Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación”; y la adición de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Con el que remite solicitud de la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el proyecto de decreto que expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de reformas y adiciones a las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Reglamentar.ia de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Orgánica de la Administración Pública Federal; Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Con el que remite solicitud de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto que adiciona el Apartado C al Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con los que remite proposiciones con puntos de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013:

– Se asignen recursos para obra social en el marco de los 200 años del Congreso de Anáhuac, presentada por el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

– Se destinen recursos en el Ramo 11, dentro del rubro de subsidio ordinario para organismos descentralizados estatales, a la Universidad Estatal de Sonora, presentada por el senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

– Se fortalezca el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, presentada por la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

– Se consideren recursos presupuestales destinados a los fondos estatales de protección civil, presentada por los senadores Héctor Yunes Landa, Luis Fernando Salazar Fernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, René Juárez Cisneros, Eviel Pérez Magaña y Félix Arturo González Canto, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

– Se asignen recursos al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” de la Ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, presentada por los senadores César Octavio Pedroza Gaitán, Maki Esther Ortiz Domínguez, Sonia Mendoza Díaz y Teófilo Torres Corzo, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, y Revolucionario Institucional.

– Se incrementen los recursos a la Universidad Autónoma de Guerrero, presentada por el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Con el que remite acuerdo aprobado, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se dispongan recursos adicionales al presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de dar cumplimiento a la resolución del Segundo Tribunal Colegiado y pagar salarios caídos a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Del Congreso del Estado de Guerrero

Con el que remite acuerdo aprobado, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se destinen recursos extraordinarios al H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Del Congreso del Estado de Hidalgo

Con el que remite acuerdo aprobado, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se destinen mayores recursos al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

Del Fideicomiso de Administración del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos

Con el que remite el Tercer Informe Trimestral, sobre el avance de gestión que rinde el Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942-1964).

Del Banco de México

Por la que remite Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, del periodo comprendido de julio a septiembre de 2012.

Iniciativas

Que reforma los artículos 133 de la Ley del Seguro Social y 135 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 66, 68 y 132 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Arturo de la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, cargo del diputado Tomás Torres Mercado y suscrita por el diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12, 29 y 31 de la Ley General de Educación y expide la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 256 y 467 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 8o. y 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 38, 39 y 45 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42 y 43 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que emita el decreto correspondiente de declaratorias de veda, restringiendo las extracciones de agua de los acuíferos de Coahuila sobre explotados, para garantizar el uso racional del recurso, el abasto del mismo y revertir los procesos de degradación que sufren ecosistemas como el Área de Protección de Flora y Fauna de Cuatrociénegas, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la atención de diversas necesidades de la población de Isla de Cedros, Baja California, a cargo del diputado Gilberto Antonio Hirata Chico y suscita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cofepris, para que retome y redoble el esfuerzo en el combate contra los llamados productos milagro, a través de un monitoreo masivo de medios de comunicación, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Pemex, para que en la adjudicación de contratos de mantenimiento a las empresas contratistas, se cumpla con todos los requisitos técnicos, administrativos, legales y de seguridad tendientes a evitar que ocurran accidentes como los que han ocurrido en 2012, con motivo de su actividad, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex, haga públicas las acciones que ha implementado para prevenir el robo de combustible en el poliducto Minatitlán-Salina Cruz, a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de los ciudadanos, así como los requerimientos económicos y operativos para desarrollar un efectivo sistema de control en los ductos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que destine los montos de los subejercicios del ejercicio fiscal 2012, para solventar las deudas de municipios que acrediten estar en banca rota, priorizando aquellos cuya relevancia turística nacional les otorga el carácter de urgente, a cargo del diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Puebla y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a resolver la problemática que afrontan los integrantes de la Asociación Civil Fondo Regional Náhuatl Mixteco Popoloca de Tepexi de Rodríguez A. C. del Estado de Puebla, a cargo del diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, para que implemente una campaña intensiva de difusión para concientizar sobre la necesidad de adoptar medidas de higiene postural y ergonomía en el ámbito escolar, previniendo la carga excesiva en las mochilas, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la región hídrica del balsas, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales, para que emprendan las acciones legislativas necesarias a fin de armonizar su legislación conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal, en materia de Feminicidios, a cargo de la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el adecuado funcionamiento de las aduanas, puertos marítimos y aéreos nacionales, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales, para que emprendan las acciones legislativas necesarias a fin de armonizar su legislación en materia de trata de personas y adecuar su normatividad penal a lo señalado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de los pueblos afromexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Profeco y de la Comisión Reguladora de Energía, realicen las acciones necesarias para atender la problemática generada a los consumidores, tras la suspensión del servicio de gas por parte de la empresa Z gas en Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Fernando Castro Trenti y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de Reforma Agraria, para que impulsen las acciones pertinentes para dar solución al conflicto territorial de la Zona de los Chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cofetel, a cumplir y apegarse al decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal, para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre, a cargo del diputado Fernando Castro Trenti y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP para que constituya un fondo de contingencia para la infraestructura social, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que integre a la brevedad el Consejo Nacional de Productos Orgánicos, emita los lineamientos, el distintivo nacional y demás instrumentos regulatorios para la producción orgánica, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, para que reconsidere la demanda presentada en contra de los periodistas, Fabián Gómez Hernández, director del Portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista del periódico El Heraldo de Puebla, y encabece un diálogo que exprese la tolerancia a la crítica y sea un avance en defensa de la libertad de expresión, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al diputado Federico José González Luna Bueno, a excusarse de participar en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a las medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del Programa “Albergues Escolares Indígenas” y de diversas instituciones educativas, en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la Sagarpa, para que transfieran los recursos aprobados por esta soberanía en el PEF 2012, para el Distrito Federal, descritos en el Anexo 8 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la votación de México en la Asamblea General de la ONU, respecto del bloqueo económico impuesto sobre la republica de Cuba, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del Día del Héroe de Nacozari, a cargo del diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.»

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Sí, diputada. Deje que le pongan sonido, por favor.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul): Estaba listada en el orden del día la iniciativa que presenté para ser leída el día de hoy, en relación precisamente a las reformas a la Ley de Radio y Televisión, Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley de Derechos de Autor. Me gustaría saber porqué no está listada y quisiera que —por favor— se incluyera en el orden del día.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El orden del día de esta sesión es el de la sesión anterior, en los términos de lo que se planteó para poder discutir en la reunión anterior el orden que se creó; por eso es que no aparece. Estamos haciendo el orden del día de la sesión anterior.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul): El Grupo Parlamentario del PRD incluyó esta iniciativa en sustitución de otra para que sea leída en esta sesión plenaria y por lo mismo, presidente, le suplico se haga la inclusión de la iniciativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Déjeme hacer las consultas, a ver; de ser cierto, lo tomaría en consideración. Adelante la Secretaría.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves ocho de noviembre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos ocho diputadas y diputados, a las once horas con nueve minutos del jueves ocho de noviembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación al Orden del Día, y sobre diversos temas legislativos los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Alonso Durazo Montaño, en dos ocasiones, Ricardo Monreal Ávila, y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Silvano Aureoles Conejo, en dos ocasiones, Roberto López González, Trinidad Secundino Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; José Luis Muñoz Soria, Silvano Blanco Deaquino, Martín Batres Guadarrama, y Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; y Jorge Iván Villalobos Seáñez, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones. Se consulta a la Asamblea si se admite modificación al Orden del Día, en votación nominal por ciento veinte votos a favor; doscientos cuarenta y uno en contra; y ciento diez abstenciones no se admite.

A las once horas con veintinueve minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos ochenta y dos diputadas y diputados.

Se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al oficio de la Cámara de Senadores con el que informa que, con mayoría de los votos aprobatorios de las Legislaturas de los Estados, formuló la declaratoria de aprobación del decreto que reforma el artículo cuarenta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y puestos todos de pie el Presidente emite la siguiente declaratoria:

“El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la Facultad que le Confiere el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución General de la República y previa aprobación de la mayoría de las Legislaturas de los Estados, declara reformado el artículo cuarenta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se concede el uso de la tribuna para referirse a la Declaratoria de Reforma Constitucional a los diputados Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional; y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y desde su curul la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia informa que se cumple con la declaratoria de publicidad. En virtud de haberse cumplido con dicho requisito, en votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación de inmediato.

Se somete a discusión y se concede el uso de la palabra para presentar moción suspensiva a los diputados Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; y Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica no se acepta la moción suspensiva. De conformidad con el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción cuarta del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la palabra para fijar postura de sus grupos parlamentarios a los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; José Arturo López Cándido, del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Agustín Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México; Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Anaya Cortés, del Partido Acción Nacional; y Fernando Salgado Delgado, del Partido Revolucionario Institucional.

En su oportunidad y desde sus curules realizan moción de procedimiento los diputados Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática; y Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

Se concede el uso de la palabra para intervenir en contra a los diputados María del Socorro Ceseñas Chapa, Margarita Elena Tapia Fonllem; y Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática; y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. En votación económica la Asamblea considera que se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Desde sus curules realizan moción de procedimiento y moción de ilustración los diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Fernando Belaunzarán Méndez, Martí Batres Guadarrama, y Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

De conformidad con el artículo ciento nueve del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos: trescientos setenta y uno, trescientos setenta y tres, trescientos ochenta y ocho Bis; y trescientos noventa, del proyecto de decreto. En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados por trescientos sesenta y un votos a favor; y ciento veintinueve en contra.

De conformidad con el artículo ciento diez del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a discusión en lo particular y se concede el uso de la palabra:

a) Para presentar propuestas de modificación al artículo trescientos setenta y uno del proyecto de decreto a los diputados María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta interpelaciones de los diputados Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional; Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica no se aceptan las modificaciones, y en votación nominal se aprueba en lo particular el artículo trescientos setenta y uno en los términos del dictamen por trescientos cincuenta y seis votos a favor y ciento treinta en contra.

b) Para presentar propuestas de modificación al artículo trescientos setenta y tres del proyecto de decreto a los diputados Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, Arturo Cruz Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; y Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo. En votación económica no se aceptan las modificaciones, y en votación nominal se aprueba en lo particular el artículo trescientos setenta y tres en los términos del dictamen, por trescientos sesenta votos a favor y ciento veintinueve en contra.

c) Para presentar propuestas de modificación y adición a los artículos trescientos ochenta y ocho Bis y trescientos noventa del proyecto de decreto a los diputados Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; Alejandro Carbajal González, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Rubén Camarillo Ortega, del Partido Acción Nacional, Martí Batres Guadarrama; Alejandro Carbajal González, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo. En votación nominal no se admiten a discusión por doscientos treinta y seis votos a favor; y doscientos cincuenta y ocho en contra.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En votación nominal, por trescientos sesenta y un votos a favor; y ciento veintinueve en contra se autoriza a la Cámara de Senadores para que expida, en su caso, el acuerdo constitucional necesario a efecto de enviar al Ejecutivo Federal las modificaciones aceptadas por ambas Cámaras y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

Desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes trece de noviembre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cuarenta y seis minutos.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría con las comunicaciones.

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0203, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 93388, suscrito por el general de brigada DEM Ezequiel Carlos Hernández Mendoza, subjefe de Doc. Mil. Estado Mayor de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al robo de hidrocarburos, así como mejorar y ampliar la vigilancia que se haga sobre la red nacional de ductos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Defensa Nacional.— Estado Mayor.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, jefe de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Por orden del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional y en relación con su atento oficio número SEL/UEL/311/2916/12 de 24 de octubre de 2012, mediante el cual remite a esta secretaría, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, mismo que establece:

“...Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la procuraduría General de la República, a la Secretaría de Marina y a la policía Federal, que destinen labores e inteligencia, más recursos económicos y humanos, así como la adquisición de nuevas tecnologías para eficientar las labores de prevención en la comisión del robo de hidrocarburos, mejorando y ampliando la supervisión y vigilancia que se haga sobre la red nacional de ductos, principalmente en las zonas en las que se presenta mayoritariamente este ilícito así como el derrame de hidrocarburos. De igual forma, se exhorta a Pemex Refinación para que resguarde y equipe con tecnología las válvulas que aún no se encuentran protegidas, y además realice labores de mantenimiento en la red nacional de ductos en forma necesaria y suficiente para garantizar seguridad y se prevengan pérdidas humanas y materiales, así como algún posible desastre eco lógico...”

Se hace de su conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1/o. y 2/o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; 12 de la Ley General de Bienes Nacionales y 31, fracción XIII, de la Ley de Petróleos Mexicanos, dicho organismo paraestatal, es responsable de instrumentar y administrar los sistemas de seguridad de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios; en coordinación con las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno, por ende, es la legalmente facultada para atender el punto de acuerdo de que se trata, y en su caso, establecer coordinación con las dependencias que juzgue pertinentes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lomas de Sotelo, DF, a 6 de noviembre de 2012.— General de Brigada DEM Ezequiel Carlos Hernández Mendoza (rúbrica), subjefe de Doc. Mil. Estado Mayor de Defensa Nacional.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las comisiones correspondientes.

ASESINATO DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-8-0209, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número SPMAR/COORDAS/171/2012, suscrito por la ciudadana Natalia Calero Sánchez, coordinadora de asesores del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a diversos exhortos y requerimientos en materia migratoria.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo.— Presente.

Hago referencia al oficio número SEL/UEL/311/2922/12, de fecha 24 de octubre de 2012, mediante el cual participa del oficio DGPL 62-II-8-0209, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso del Unión, en sesión celebrada el 23 de octubre de 2012, en el que se realizan diversos planteamientos.

Al respecto, por instrucciones del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, licenciado Gustavo Mohar Betancourt, adjunta al presente encontrará copia simple del oficio número SPMAR/UPM/060/2012, de fecha 1 de noviembre de 2012, signado por el maestro Ernesto Rodríguez Chávez, en el cual se da respuesta a los planteamientos realizados en el referido punto de acuerdo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de noviembre de 2012.— Natalia Calero Sánchez (rúbrica), coordinadora de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Maestra Natalia Calero, coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos.— Presente.

Me refiero al oficio número SPMAR/COORDAS/161.1/ 2012, en el cual solicita analizar el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 23 de octubre y, en su caso, proporcionar los insumos necesarios para dar respuesta a los planteamientos ahí realizados.

Al respecto, le comento que en opinión de la Unidad de Política Migratoria sería conveniente que la Secretaría de Gobernación se sume a la condena expresada en el numeral 1, y al exhorto contenido en el numeral 2 de dicho punto de acuerdo.

En cuanto al numeral 3, no resulta claro para esta unidad que la PGR deba realizar las investigaciones correspondientes ahí señaladas, en tanto que la procuración y administración de la justicia en el caso del asesinato del menor de nacionalidad mexicana José Antonio Rodríguez, a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza, recaen en la fiscalía respectiva del vecino país del norte. En todo caso, la posición de la Segob en este punto puede replantearse en el numeral 2, en el sentido de que “el gobierno de México, a través de la PGR o las instancias que correspondan, estará en todo momento dispuesto a proporcionar a las autoridades estadounidenses los elementos de prueba que pudieran localizarse en el lado mexicano de la frontera, los cuales contribuyan al enjuiciamiento y a la administración de la justicia contra el presunto responsable de la muerte de José Antonio Rodríguez”.

Es opinión de la UPM que la Segob puede y debe sumarse, a través de la Semar y del INM, a la constitución de una comisión bilateral para prevenir el uso de la fuerza policial en la frontera entre México y Estados Unidos, así como a la celebración de acuerdos binacionales que se traduzcan en la eliminación del uso de la fuerza transfronteriza por agentes estadounidenses, como se plantea en el numeral 4 del punto de acuerdo en comento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de noviembre de 2012.— Ernesto Rodríguez Chávez (rúbrica), titular de la Unidad de Política Migratoria.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las comisiones correspondientes.

AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE ANAHUAC Y LA PROCLAMACION DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION - LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó comunicación por la que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar los proyectos relativos a los 200 años del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Derechos de la Nación.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Armando Ríos Piter, senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Presidencia del Senado de la República sea el conducto para solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados excite a las Comisiones de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público para que presenten el dictamen correspondiente a la minuta relativa al bicentenario del Congreso de Anáhuac y la minuta por la que se reforma y adiciona la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, ambas aprobadas el 26 de abril de 2012 por el pleno del Senado de la República, que fueron turnadas desde aquella fecha a la colegisladora, bajo los siguientes

Antecedentes

El 26 de abril de 2012 la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura aprobó dos dictámenes, que fueron remitidos a la Cámara de Diputados para su revisión. El primero, relativo al bicentenario del Congreso de Anáhuac, en el que se establece un decreto por el que se declara al año 2013 como “Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación”.

El segundo dictamen aprobado, adiciona dos párrafos al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, por el que se propone izar la bandera nacional las siguientes fechas: 13 de septiembre conmemorando el “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana” y el 6 de noviembre la “Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac, sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813”.

Dada la importancia simbólica que representa para la historia de la Independencia en México y para los habitantes de Guerrero, creemos que es urgente e indispensable dar respuesta puntual a dicho trámite legislativo.

Por lo expuesto y fundado, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, sea el conducto para solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que excite a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para que presenten el dictamen correspondiente a la minuta relativa al bicentenario del Congreso de Anáhuac y la minuta por la que se reforma y adiciona a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, aprobadas el 26 de abril de 2012 por el pleno del Senado de la República, ambos proyectos recibidos por la colegisladora el 27 de abril de 2012.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2012.— Senador Armando Ríos Piter (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese la primera de ellas a la Comisión de Gobernación, y la segunda a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda.

LEY DE AMPARO - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, presentó comunicación por la que exhorta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a emitir el dictamen del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, y se reforman y adicionan diversas leyes en la materia.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.— Presente.

Distinguido senador presidente:

Por instrucciones de la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de esta comisión, por este medio me permito solicitar a usted sea enlistada en el orden del día de la sesión ordinaria por celebrarse el martes 6 de noviembre, la excitativa respecto la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se adjunta debidamente firmada y en archivo electrónico.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración.

Atentamente

México, DF, a 31 de octubre de 2012.— Licenciada Sharon M.T. Cuenca Ayala (rúbrica), secretaria técnica.»

« Honorable Asamblea:

La que suscribe, senadora Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Senadores en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción III y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta asamblea solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 19 de marzo de 2009, los senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Murillo Karam, Fernando Jorge Castro Trenti y Pedro Joaquín Coldwell, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y René Arce Islas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que propone una reforma integral al instrumento de control constitucional más importante del orden jurídico mexicano, como es el juicio de amparo.

En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó dicho documento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

Segunda. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 10 de diciembre de 2009, el dictamen se aprobó en lo general y en lo particular, con 79 votos en pro y 0 en contra; y la Mesa Directiva remitió el expediente a la Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.

Tercera. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2009, se recibió proveniente de la Cámara de Senadores, la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Cuarta. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 2010, el dictamen se aprobó por 361 votos en pro, 4 en contra y 0 abstenciones, con una modificación consistente en eliminar del proyecto de decreto el artículo 100 constitucional, para quedar en los términos vigentes, por lo que fue devuelto a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Quinta. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 8 de diciembre de 2010, se recibió de la Cámara de Diputados, la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva la turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Sexta. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 13 de diciembre de 2010, el dictamen se sometió a discusión, coincidiendo con la colegisladora en la conveniencia de no reformar el artículo 100 constitucional contenido en la minuta original, por lo que quedó aprobado en lo general y en lo particular por 90 votos en pro, O en contra y O abstenciones, y se remitió a los congresos estatales.

Séptima. En fecha 4 de mayo de 2011, se declaró aprobado el decreto al contar con la aprobación de 16 congresos de los estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz) y pasó al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.

Octava. En fecha 3 de junio de 2011, el presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó el decreto y el 6 de junio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Con esta reforma el juicio de amparo se ve robustecido al ampliarse su procedencia respecto de cualquier norma general, al preverse su procedencia por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; con la introducción de figuras como el amparo adhesivo y los intereses legítimos individual y colectivo; la adopción de nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por omisión de las autoridades; la declaratoria general de inconstitucionalidad cuyos alcances y condiciones se determinarán en la ley reglamentaria; la creación de los plenos de circuito; y una nueva forma de integrar jurisprudencia “por sustitución”; entre otras.

Novena. En cuanto a la necesidad de actualizar, modernizar y fortalecer nuestro juicio de amparo, se presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por el senador Jesús Murillo Karam y senadores de diversos grupos parlamentarios, en sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 15 de febrero de 2011. En esa misma fecha se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Décima. Posteriormente en sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 22 de septiembre de 2011, el senador Tomás Torres Mercado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Undécima. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 6 de octubre de 2011, el dictamen quedó de primera lectura; en la del 11 de octubre, el presidente de la Mesa Directiva sometió a discusión el proyecto de decreto que fue aprobado en lo general y se dio cuenta con la lista de artículos reservados; y en la del 13 de octubre fue aprobado en lo general y en lo particular, y fue remitido a la Cámara de Diputados.

Duodécima. En sesión ordinara celebrada por la Cámara de Diputados el 18 de octubre de 2011 se recibió proveniente de la Cámara de Senadores, la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Justicia, para dictamen, con opinión de las Comisiones de Gobernación, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Decimotercera. La minuta devuelta a la colegisladora mantiene en lo general la estructura tradicional de la Ley de Amparo. Se compone por cinco títulos: el Título Primero “Reglas Generales”, constituido por once capítulos, el Título Segundo “De los Procedimientos de Amparo” integrado por dos capítulos; el Título Tercero “Cumplimiento y Ejecución” de siete capítulos; el Título Cuarto “Jurisprudencia y Declaración General de Inconstitucionalidad” de seis capítulos; el Título Quinto “Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos” integrado por tres capítulos.

Entre los aspectos más importantes destacan lo relativo al interés legítimo, la ampliación del ámbito de protección del juicio de amparo a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y que se otorgó a los circuitos judiciales una autonomía relativa, entre otros.

Decimocuarta. La importancia de dictaminar la minuta pendiente radica en la necesidad de contar con una nueva legislación en materia de amparo con el objetivo de que el marco de garantías y derechos humanos quede consolidado para su eficaz operación en el sistema judicial.

Por lo anteriormente expuesto se solicita de la manera más atenta se dé trámite a la siguiente:

Excitativa

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para que emita a la brevedad el dictamen correspondiente a la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo establecido en la Sección Décima Tercera “Plazo para emitir dictamen” del Capítulo 1 “De las Comisiones y Comités” contenida en el Título Quinto “De los órganos de apoyo y su funcionamiento”, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Cámara de Senadores, a 6 de noviembre de 2012.— Senadora Cristina Díaz Salazar (rúbrica), presidenta.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Justicia.

ARTICULO 102 CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó comunicación por la que solicita a la Cámara de Diputados presentar con la brevedad el dictamen del proyecto de decreto que adiciona el apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Laura Angélica Rojas Hernández, senadora de la república de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, 103, numeral 2, fracción III, 108, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, con relación a solicitar atentamente al presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados que sea tan amable de excitar a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, a efecto de que presenten con la brevedad dictamen de la minuta que contiene proyecto de decreto que adiciona el apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 15 de marzo de 2012, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la LXI Legislatura, el senador Ricardo Francisco García Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que planteaba la creación de la fiscalía nacional contra la corrupción y el combate al lavado de dinero.

Dicha fiscalía se planteó como un órgano autónomo de los Poderes de la Unión y con diversas atribuciones como la persecución ante los tribunales federales de todos los actos de corrupción y el uso de recursos de procedencia ilícita cometidos por cualquier servidor público en cualquier ámbito de gobierno.

Como bien apunta Peter Eigen, fundador de la organización Transparencia Internacional, “la corrupción es un vicio capital de nuestra época que muestra su desagradable rostro en todas partes. Se halla en la raíz de casi todos los problemas importantes –o al menos impide su resolución– y actúa de manera especialmente devastadora en las regiones más pobres del mundo, donde mantiene atrapados a millones de seres humanos en la miseria, la pobreza, la enfermedad, la explotación y brutales conflictos... Pero lo más importante es que se llegue a comprender que la corrupción no es una falta menor. Una y otra vez se le ha trivial izado y subestimado, pero lo cierto es que la corrupción trae en todo el mundo muerte y depravación. Destruye gran cantidad de valores económicos e impide que los países se desarrollen. Aniquila las empresas honradas y distorsiona la competencia. Asimismo, influye en la política de los países más desarrollados, mina la democracia y es utilizada por el crimen organizado y el terrorismo”.

La corrupción ataca al sistema político directamente, porque no sólo violenta sus normas, sino que desnaturaliza la razón propia de la política, que es el servicio al bien común y deslegitima el liderazgo político.

En efecto, empleando la sencilla definición de Transparencia Internacional, “corrupción en el sector público es el abuso de un poder conferido para obtener una ganancia privada”, nos confiere la gravedad e importancia del tema para la evolución del Estado mexicano.

Y cuando se trata de un hecho sistémico, particularmente si hablamos del sector público, en referencia a los distintos ámbitos de gobierno y sus poderes públicos, el impacto hacia el Estado implica una afectación que va desde el marco institucional hasta la vida cotidiana de los ciudadanos. La corrupción es una termita que carcome al Estado.

En la exposición de motivos del instrumento legislativo, señalaba “conforme estimaciones del Banco Mundial la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1 puntos porcentuales por año; lo que agrava la pobreza y la desigualdad”, además de convertirse en un impuesto invisible que impacta la economía.

En México tenemos una gran cantidad de diagnósticos que refieren a la corrupción como origen de muchas otras problemáticas y que incluso se llega a ver como parte de la normalidad en la convivencia cívica, ejemplificado con la conocida “mordida” o con la lamentable frase “el que no tranza, no avanza”.

La corrupción en México es un problema esencial, reflejado en muy diversas esferas, que van de lo privado a lo público, de lo individual a lo colectivo, que requieren un proyecto integral que permita combatirlo y sobre todo generar el cambio cultural que admita un rechazo natural de los mexicanos, ya sea como funcionarios públicos o gobernados, a cualquier acto ajeno a la legalidad o que implique en sí mismo un acto de corrupción.

Por su relevancia, en los últimos 15 años se han presentado numerosas propuestas legislativas, buscando progresar hacia un México sin corrupción. En un claro avance del diseño institucional que promueva la investigación y punibilidad de la corrupción en el sector público, el senador García Cervantes logró plantear un formato con las cualidades que permitieron un acuerdo jurídico y político de todas las fuerzas entonces representadas en la Cámara senatorial, para crear una fiscalía, constituyendo un paso fundamental para el cumplimiento de este objetivo.

La figura de fiscalía presenta entre otras las siguientes ventajas: 1) Coloca el combate a la corrupción en un lugar más visible de la agenda pública. 2) Se puede ejercer directamente la acción penal contra delitos relacionados a la corrupción, lo cual permite un ataque frontal de dicho fenómeno. 3) El carácter de autonomía de la fiscalía genera mayor independencia y credibilidad en el combate de la corrupción. 4) Facilita una mayor transparencia y rendición de cuentas de los actos de fiscalización y persecución del delito.

En ese tenor, se dictaminó se mandatara la creación de una fiscalía nacional contra la corrupción, mediante una adición al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala:

Artículo 102

(. . .)

(. . .)

C. La ley organizará la fiscalía nacional contra la corrupción, cuyo titular será designado por el Senado de la República, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Para ser fiscal nacional se requiere

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Contar con título profesional de licenciado en derecho, con experiencia de diez años en el ejercicio profesional; y

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

La ley determinará el procedimiento para la presentación de las propuestas ante la Cámara de Senadores.

El fiscal nacional durará en el encargo ocho años, podrá ser reelegido por una sola vez, podrá ser removido de sus funciones por el Senado con la misma mayoría requerida para su nombramiento, de conformidad con lo que establezca la ley.

La fiscalía nacional contará con autonomía de gestión y presupuestaria, y personalidad jurídica y patrimonio propios.

La fiscalía nacional ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés general. La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto de los derechos humanos. El fiscal nacional presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades; al efecto, comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

Corresponde a la fiscalía nacional la persecución, ante los tribunales federales, de todos los delitos de corrupción, además de los que se deriven del uso de recursos financieros de procedencia ilícita, será de oficio, por tratarse de delitos contra la economía nacional, cometidos por cualquier integrante de los Poderes de la Unión, así como de los poderes públicos de las entidades federativas, de los municipios y de los organismos constitucionales autónomos; y, por lo mismo, en ejercicio de la acción penal le corresponderá solicitar a la autoridad judicial correspondiente las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la plena responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; solicitar la aplicación de las penas correspondientes e intervenir en todos los procesos que la ley determine.

El fiscal nacional y sus agentes serán responsables de toda falta, omisión o violación de la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

Se crea el registro nacional de situación patrimonial de servidores públicos, que incluye los registros de los Poderes de la Unión, de las entidades federativas, de los municipios y de los organismos constitucionalmente autónomos, al cual tendrá acceso sin restricción alguna la fiscalía nacional contra la corrupción; dicho registro se organizará en los términos de la ley correspondiente.

A continuación se relata la cronología del proceso legislativo mediante el cual se ha sustanciado la iniciativa citada, hasta su estatus actual:

1. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República el 13 de septiembre de 2011, el senador Ricardo Francisco García Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en nombre propio y de diversos senadores, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que planteaba la creación de la fiscalía nacional contra la corrupción y el combate al lavado de dinero.

2. El 13 de septiembre de 2011, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa referida a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. El 20 de septiembre de 2011, la Mesa Directiva autorizó la incorporación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para emitir opinión.

4. El 8 de marzo de 2012 se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República dictamen de primera lectura presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que aprueba la creación de la fiscalía nacional contra la corrupción y su respectiva ley que determinará que su titular será designado por el Senado de la República.

Asimismo, se aprueba que dicha fiscalía tendrá las funciones de prevenir, sancionar y erradicar la corrupción como de la investigación y persecución del lavado de dinero, para combatir en forma paralela el uso de recursos financieros de procedencia ilícita, ya sea producto de la corrupción o del crimen organizado, tanto nacional como internacional.

5. El 13 de marzo de 2012 se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República dictamen a discusión presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, el cual se aprobó en sus términos.

6. El 15 de marzo de 2012, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recibió minuta del Senado de la República con proyecto de decreto que adiciona el apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. El 10 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó la minuta de mérito a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, para dictamen; y de Función Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

8. El 23 de octubre de 2012 se instaló la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

9. El 29 de octubre de 2012 se instaló la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

10. Que de conformidad al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 80, 81 y 95 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las comisiones citadas están en facultad legal para emitir dictamen de la minuta referida.

Es imperativo dar celeridad a la aprobación de la minuta multicitada, pues implica un avance importante en el combate contra la corrupción y que actualmente se encuentra pendiente en las comisiones de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a ser tan amable de excitar a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, a efecto de que presenten con la brevedad dictamen de la minuta que contiene proyecto de decreto que adiciona el apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 15 de marzo de 2012.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a 5 de noviembre de 2012.— Senadora Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que solicita a la Cámara de Diputados recursos presupuestales para obra social en el marco de los 200 años del Congreso de Anáhuac.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Quien suscribe, Armando Ríos Piter, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 8, numeral 1, fracción II, 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados recursos presupuestales para obra social en el marco de los 200 años del Congreso de Anáhuac, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el año 2013 se cumplirán doscientos años de la promulgación de los Sentimientos de la Nación, de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac, así como del Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, sancionada en el Palacio Nacional de Chilpancingo, el 6 de noviembre de 1813. En estos tres acontecimientos, eslabonados en un periodo histórico común, se plasma el basamento constitucional del nuevo Estado mexicano; se constituye el primer parlamento libre de la América septentrional, se proclama la separación de la Nueva España con respecto al imperio español, imponiendo el principio de la soberanía popular estableciendo que ésta dimana del pueblo y que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial deben estar divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlo; por ello, el Primer Congreso de Anáhuac es la base ideológica del constitucionalismo en México y sustento político del Estado mexicano.

El aporte de los pueblos del sur a esta memorable gesta todavía no ha sido suficientemente reconocido y valorado, la nación tiene una deuda histórica con la entidad suriana que actualmente se encuentra sumida en una pobreza extrema comparable con la que se vive en algunos lugares de África, lo cual es lamentable ya que si bien es cierto que la patria nació en Dolores, también lo es que creció y se desarrolló en el sur. Si atendemos a lo dicho por Ignacio Manuel Altamirano, simple y sencillamente: el sur es México. Sin embargo, si hacemos una justa valoración, nos damos cuenta de que las necesidades del México de ayer, siguen siendo las necesidades del México de hoy, aún cuando estamos en los albores del siglo XXI las condiciones de desigualdad social, las distribución inequitativa de la riqueza, la centralización de los recursos, el desempleo, la falta de acceso a la educación a los jóvenes y la violación a los derechos humanos, son problemáticas que, lejos de resolverse se agudizan.

En este escenario, el sentir de la nación cobra mayor fuerza y vigor y obliga a replantear el destino de una nueva agenda política nacional datada sobre todo, de una elevada sensibilidad social que retome lo mejor de los postulados independentista, para proyectar una futuro progresista para la nación. Valores como: Que los empleos sólo los americanos los obtengan; que no se admitan extranjeros, si no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha; que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto; que para dictar una ley se discuta en el Congreso, y oída a pluralidad de votos; que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud; que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su casa como en un asilo sagrado, señalando pena a los infractores; que en la nueva legislación no se admita la tortura; que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian ; son sólo algunos que se deben retomar, no sólo para dotar de un ideal humanista al proyecto de nación moderna, sino para replantearnos nuestra posición en el contexto de las relaciones internacionales.

Por todo esto, los festejos de los doscientos años de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac, deben ser, ante todo un pacto social que reconcilie al ciudadano con el Estado y sus representantes, regresando el Congreso de la Unión a sus raíces primordiales: el corazón del pueblo.

El 26 de abril de 2012 el pleno del Senado de la Republica aprobó dos minutas con el objeto de organizar los actos conmemorativos de la fundación de la nación mexicana para el año 2013, sin embargo, uno de los déficits de este proyecto es la ausencia de una propuesta social en uno de los estados más rezagados del desarrollo nacional, el presente proyecto que se presenta tiene por objeto dotar de recursos públicos para la construcción de obra con sentido social e histórico en un estado donde continúan viviéndose en condiciones de pobreza y marginación características de la época de la insurrección independentista de 1810, una marginación que lacera la memoria histórica y obliga a reconocer la deuda que guarda la nación con el estado de Guerrero.

El presente proyecto busca complementar los avances de la LXI Legislatura, otorgando un financiamiento por medio de una disposición especial que establezca un programa de inversiones para infraestructura carretera y financiamiento de actividades cívicas, culturales y la convocatoria para la reunión de los Poderes de la Unión el próximo 13 de septiembre de 2013, sin caer en la opacidad de dicho presupuesto ni repetir escándalo alguno que empañe la fundación del parlamento mexicano.

El presente punto de acuerdo propone destinar mil 200 millones de pesos para la construcción de infraestructura carretera y el financiamiento de actividades de la Comisión Especial para la conmemoración del “Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la Proclamación de los Sentimientos de la Nación”. Se propone la construcción de las siguientes carreteras, que incluyen la ruta histórica del general José María Morelos y Pavón para establecer el Congreso de Anáhuac de 1813, por lo que se propone la construcción de un circuito carretero, que cubra las necesidades sociales de transporte y detone la competitividad regional, los tramos propuestos son:

• Tlapa- Marquelia con un costo estimado de 200 millones de pesos.

• Zihuatanejo- Michoacán con un costo estimado de 300 millones de pesos.

• Puebla-Tlapa con un costo estimado de 200 millones de pesos.

• Construcción de monumento en honor a los miembros del Congreso de Anáhuac.

El resto de los recursos deben ser destinados a las actividades operativas relacionadas con la organización  de actividades cívicas, culturales, académicas que establezca el plan de trabajo de Comisión Especial para la conmemoración del “Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de la Proclamación de los Sentimientos de la Nación” con los Poderes de la Unión, el gobierno del estado de Guerrero y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Senadores el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2013, se destinen recursos por un monto de mil 200 millones de pesos para la construcción de infraestructura carretera y obras cívico-culturales en el estado de Guerrero, con motivo de los 200 años de la fundación de Primer Constituyente de la nación mexicana, conocido como: El Congreso de Anáhuac y la promulgación de los Sentimientos de la Nación.

Los recursos se destinarán a la construcción de monumento en honor a los miembros del “Congreso de Anáhuac de 1813” e infraestructura carretera alusiva al recorrido del general José María Morelos y Pavón, en el marco de la instalación del Primer Constituyente de 1813, en lo que hoy, es el estado de Guerrero:

a) Tlapa-Marquelia.

b) Zihuatanejo- Michoacán.

c) Puebla-Tlapa.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 6 de noviembre de 2012.— Senador Armando Ríos Piter (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a comisiones de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se asigne una partida presupuestal de 50 millones de pesos más en el ramo 11, dentro del rubro de subsidio ordinario para organismos descentralizados estatales, a la Universidad Estatal de Sonora.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Francisco Búrquez Valenzuela, senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se asigne una partida presupuestal de cincuenta millones de pesos más en el ramo 11, dentro del rubro de subsidio ordinario para organismos descentralizados estatales, a la Universidad del Estatal de Sonora, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación es reconocida como el medio fundamental para adquirir, transmitir y desarrollar el conocimiento y la cultura, entre otras.

En la actualidad, la  educación es considerada como la actividad estratégica para generar los cambios que demanda la realidad económica y cultural de la sociedad mundial.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 3o. que “todo individuo tiene derecho a recibir educación.  El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

Por su parte, el artículo 4o. de la Ley de Educación del Estado de Sonora establece “que todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por tanto, todos los habitantes de la entidad tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables”.

Además, señala que “la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, es el proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad y es un factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.

Recientemente el Congreso del estado de Sonora aprobó el cambio de nombre de la Universidad Estatal de Sonora, así como su calidad de organismo descentralizado de la administración pública estatal, con lo cual se permitirá tener acceso a formas y fondos de financiamiento reservadas a las instituciones de educación superior.

Es así, que la Universidad Estatal de Sonora, a partir de septiembre del presente año, es un organismo descentralizado de la administración pública estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad es prestar servicios de educación superior a través de la docencia, la investigación y la extensión y difusión de la cultura, dotado de autonomía en cuanto al ejercicio de sus funciones de enseñanza, investigación y difusión, para dictar sus propios estatutos y demás ordenamientos, para organizar su funcionamiento, así como para aplicar los recursos económicos en la forma que estime conveniente conforme a las disposiciones aplicables.

Cabe señalar que en la actualidad, la Universidad Estatal de Sonora cuenta con una matrícula de 7 mil 298 estudiantes de licenciatura y 198 de posgrado, en cinco unidades académicas en Hermosillo, San Luis Río Colorado, Navojoa, Magdalena de Kino y Benito Juárez.

Recientemente fueron inauguradas las instalaciones del Centro de Atención Nutricional, aulas de Auto acceso Sharepoint, además se colocó la primera piedra del edificio que albergará quince laboratorios especializados.

Aunado a lo anterior y con el propósito de que la Universidad Estatal de Sonora continúe ofertando una educación superior universitaria de calidad a los sonorenses es importante que en la aprobación para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, se consideren recursos que permitan  atender de manera especifica el proyecto de infraestructura informática dentro de sus unidades académicas.

Sin duda alguna, reforzar el presupuesto, desarrollará un ambiente más propicio para la creación y transmisión de conocimiento, dándole a la Universidad Estatal de Sonora la oportunidad de convertirse en una institución del más alto prestigio y calidad académica reforzando el sentido de pertenencia de estudiantes y docentes y la relevancia regional de la institución educativa en el estado.

Por lo anteriormente señalado se debe considerar a la Universidad Estatal de Sonora para que en el ejercicio fiscal del 2013 se le asignen los recursos económicos con su nueva personalidad jurídica que le permitan tener una mayor y mejor infraestructura educativa, pues con ello, se permitirá contribuir con la formación integral de los estudiantes y mejorar los rendimientos académicos.

Por lo expuesto y fundando, someto a consideración de asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se asigne una partida presupuestal por cincuenta millones de pesos más en el ramo 11 dentro del rubro de subsidio ordinario para organismos descentralizados estatales, a la Universidad del Estatal de Sonora.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2012.— Senador Francisco Búrquez Valenzuela (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fortalecer el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, aumentando sus recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

La suscrita, Rosa Adriana Díaz Lizama, senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los programas de mayor innovación y éxito del gobierno federal en la última década es el programa social Oportunidades, el cual fomenta el desarrollo humano de la población en pobreza extrema brindando apoyos en educación, salud, nutrición e ingresos económicos.

La población objetivo del programa son los hogares en condición de pobreza extrema, entendiendo al hogar como el conjunto de personas que hacen vida en común dentro de la vivienda, unidos o no por parentesco, que comparten gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina. Los hogares en condiciones de pobreza extrema se identifican utilizando una metodología de focalización basada en un criterio objetivo, homogéneo y transparente que podrá diferenciar la condición de residencia rural-urbana o regional de las familias, considerando sus condiciones socioeconómicas y demográficas que se definen en las reglas operacionales del programa, las cuales están estructuradas con criterios técnicos y científicos que garantizan su correcta aplicación, evitando su condicionamiento a cualquier fin político o clientelismo, a la vez que garantizan el blindaje electoral.

Dentro de los principales objetivos del programa se encuentra el otorgar apoyos educativos crecientes en educación básica y media superior, niños y jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, así como incentivar la terminación de dichos niveles educativos; asimismo, asegurar el acceso al paquete básico garantizando salud a las familias, proporcionando apoyos necesarios para una buena alimentación y, así, mejorar la las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, así como incentivar la terminación de dichos niveles educativos; asimismo, asegurar el acceso al paquete básico garantizando salud a las familias, proporcionando apoyos necesarios para una buena alimentación y, así, mejorar la nutrición de todos sus integrantes, primordialmente la población vulnerable como niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y personas de la tercera edad; fomentar el compromiso con los objetivos del programa y la participación activa de los padres y de todos los integrantes de las familias beneficiarias.

Oportunidades es un programa exitoso que está cambiando la vida de más de 30 millones de mexicanos a través de su cobertura a 6 millones 500 mil familias que viven en más de 140 mil localidades del territorio mexicano. En los 441 municipios de muy alta marginación del país apoya a más de 90 por ciento de la población; además, cubre la totalidad de los municipios del país, se concentra y da prioridad a los estados de mayor pobreza.

Desde los inicios de su aplicación ha quedado demostrada la eficacia del programa, siendo considerado como un modelo de combate a la pobreza en América Latina y el mundo, siendo reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); por ello, Oportunidades es modelo para la implementación de programas similares en otras partes del mundo.

La economía de las familias mexicanas no debe ser un tema de menor importancia para el Congreso de la Unión, específicamente de la Cámara de Diputados, especialmente la economía de las familias que menos tienen, razón por la cual se debe considerar mayor cantidad de recursos al programa oportunidades dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

En el Grupo Parlamentario del PAN somos conscientes de la importancia de la elaboración de un presupuesto de egresos responsable y con la viabilidad; siendo que el combate a las situaciones de pobreza extrema; se promueve el desarrollo de capacidades y la conciencia social; se propicia el ahorro y la generación de ingresos adicionales para el hogar; es un motor cada vez más atractivo de las familias, especialmente de las mujeres, en iniciativas de desarrollo comunitario como educación, participación de adultos y acciones relacionadas a fomentar la salud, higiene y prevención de adicciones y enfermedades; se fortalece el papel de las mujeres dentro de la sociedad, mediante la entrega de apoyos que mejoran su autoestima y su participación en la toma de decisiones al interior del hogar; se disminuye la violencia intrafamiliar, el analfabetismo y el índice de deserción escolar, aumentando por el contrario el grado de escolaridad de niños y jóvenes especialmente en las mujeres.

Además, debido a sus reglas de operación y participación de los tres niveles de gobierno y evaluación de diversos comités técnicos y científicos se ha demostrado que es un programa electoralmente blindado y eficaz en el cumplimiento de su objetivo.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de forma respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fortalecer el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, aumentando sus recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, con el objetivo de ampliar su cobertura a la población en condiciones de pobreza de nuestro país.

Recinto del Senado de la República, a 31 de octubre de 2012.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Héctor Yunes Landa, Luis Fernando Salazar Fernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, René Juárez Cisneros, Eviel Pérez Magaña y Félix Arturo González Canto presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se consideren recursos presupuestales destinados a los fondos estatales de protección civil.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los que suscriben: senador Héctor Yunes Landa, senador Luis Fernando Salazar Fernández, senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, senador René Juárez Cisneros, senador Eviel Pérez Magaña y senador Félix Arturo González Canto, de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II; artículo 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Nuestro país por su ubicación geográfica y sus características fisiográficas se encuentra expuesto a diversos fenómenos perturbadores de origen natural o antropogénico, exigiendo la incorporación prioritaria de políticas públicas preventivas orientadas a la reducción del riesgo de desastres.

La Ley General de Protección Civil, promulgada el 6 de junio del año en curso, establece como estrategia fortalecer la resiliencia de la sociedad, así como la gestión integral del riesgo, como vía preventiva para reducir el impacto del gasto ocasionado por acontecimientos catastróficos en las finanzas públicas, y sobre todo, para evitar afectaciones a la integridad física y del patrimonio de la población.

De ahí la importancia de analizar los peligros por fenómenos naturales o de origen antropogénico, basados en aspectos técnicos, como cartografías, bases de datos geoestadísticos y atlas de riesgos, que permitan además valorar que hacer ante la vulnerabilidad física y social, y cuestionar la preparación para enfrentar estos fenómenos, prevenir sus efectos y mitigar significativamente los daños.

Hacer una política proactiva de prevención, nos ayuda a salvaguardar la integridad humana y el patrimonio de los ciudadanos. Por lo anterior, consideramos importante dotar de más recursos económicos a todas aquellas instancias que aplican recursos presupuestales necesarios para la debida implementación de instrumentos técnicos, científicos y políticas de prevención. Con base en este deber, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 se consideren recursos presupuestales destinados a los Fondos Estatales de Protección Civil, y el incremento presupuestal de las partidas encaminadas a la sistematización, capacitación y equipamiento de las unidades de protección civil municipales y estatales; la creación de infraestructura preventiva municipal y estatal; la elaboración y/o actualización de los atlas de riesgos de todos los municipios, delegaciones políticas, entidades federativas y del Gobierno del Distrito Federal; para los instrumentos financieros de gestión de riesgos y para el fortalecimiento de la gestión integral del riesgo.

Senadores: Héctor Yunes Landa (rubrica), Luis Fernando Salazar Fernández (rubrica), Mariana Gómez del Campo Gurza (rubrica), René Juárez Cisneros (rubrica), Eviel Pérez Magaña (rubrica), Félix Arturo González Canto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores César Octavio Pedroza Gaitán, Maki Esther Ortiz Domínguez, Sonia Mendoza Díaz y Teófilo Torres Corzo, presentaron punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal a reconocer al hospital central Doctor Ignacio Morones Prieto, de la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, como centro regional de alta especialidad; asimismo, se solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se le asignen los recursos necesarios para cumplir con sus funciones y responsabilidades de hospital regional de alta especialidad.

La presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores y el segundo resolutivo a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos senadores César Octavio Pedroza Gaitán, Maki Esther Ortiz Domínguez, Sonia Mendoza Díaz Y Teófilo Torres Corzo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral, 1; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

1. Que de acuerdo con el artículo 77 Bis 10 de la Ley General de Salud los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud deberán destinar los recursos necesarios para la inversión en infraestructura médica, de conformidad con el plan maestro elaborado por la Secretaría de Salud.

2. Que de acuerdo con el artículo 77 Bis 30, primer párrafo de la Ley General de Salud es competencia de la Secretaría de Salud determinar las unidades médicas que reúnen los requisitos para ser considerados centros regionales de alta especialidad.

3. Que de acuerdo con el artículo 77 Bis 30, primer párrafo de la Ley General de Salud, el objetivo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es fortalecer la infraestructura médica de alta especialidad y su acceso o disponibilidad regional.

4. Que de acuerdo con el artículo 77 Bis 30, tercer párrafo de la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud emitirá los lineamientos para determinar los fondos que recibirán los centros de alta especialidad.

5. Que de acuerdo con el artículo 77 Bis 30, cuarto párrafo de la Ley General de Salud, los servicios estatales de salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud se sujetarán al Plan Maestro de Infraestructura emitido por la Secretaría de Salud.

6. Que de acuerdo con el artículo 77 Bis 30, cuarto párrafo de la Ley General de Salud, las instalaciones médicas deben contar con el certificado de necesidad, emitido por la Secretaría de Salud, y ser incluidas en el Plan Maestro de Infraestructura para poder recibir aportaciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

7. El hospital central Doctor Ignacio Morones Prieto es reconocido como hospital de tercer nivel y centro de atención regional al brindar 10 por ciento de los servicios a población de los estados de Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.

8. Que cuenta con el certificado de hospital de especialidades desde el año 2000 y fue recertificado en el año 2005 como tal. Motivos por los cuales se exhorta para que se le reconozca como Centro Regional de Alta Especialidad.

9. Que en la actualidad está acreditado para atención del Seguro Popular y centro de referencia estatal del Gasto Catastrófico.

Por lo expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a reconocer al hospital central Doctor Ignacio Morones Prieto de la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí como centro regional de alta especialidad.

Segundo.La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que se le asigne al hospital central Doctor Ignacio Morones Prieto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, los recursos necesarios acordes con la naturaleza y funciones que actualmente realiza en beneficio no sólo de los ciudadanos más necesitados de San Luis Potosí, sino también de los ciudadanos de la zona centro del país.

Cámara de Senadores, a 5 de noviembre de 2012.— Senadores: César Octavio Pedroza Gaitán, Maki Esther Ortiz Domínguez, Sonia Mendoza Díaz, Teófilo Torres Corzo (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 un incremento de los recursos presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito René Juárez Cisneros, senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Universidad Autónoma de Guerrero, cuyas siglas institucionales son UAG, aunque para distinguirla de otras universidades se le conoce también como Uagro, es una institución pública y autónoma de educación media superior y superior cuyo campus principal se encuentra en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; tiene planteles en Acapulco, Taxco, Iguala, Tixtla, Ometepec y Ciudad Altamirano, entre otras ciudades; ubicándose en  siete regiones del estado.

Actualmente, la Universidad Autónoma de Guerrero imparte 34 carreras a nivel licenciatura y 29 a nivel posgrado en las áreas de ciencias agropecuarias, de la salud, naturales, sociales y administrativas, educación y humanidades e ingeniería.

A la fecha, la Uagro detenta una de las matrículas más altas de las Universidades Públicas estatales del país. La matrícula total es de 73,106 alumnos y se integra por 26,345 alumnos inscritos en el Nivel Superior y 46,761 de Nivel Medio Superior o Bachillerato.

El desempeño en la calidad educativa, ha tenido avances significativos en competitividad académica; hoy cuenta con 29 Programas Educativos en el nivel 1 de los CIEES, de estos, 8 Programas se encuentran acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, AC; y el 87.21% de esta matrícula se clasifica de Buena Calidad.

En relación a los Profesores de Tiempo Completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, se ha tenido un buen incremento en los últimos tres años, pasando de 35 que se tenían en 2009 a 50 en 2012; de igual manera, se ha fomentado y fortalecido las acciones de vinculación, hasta mediados de 2011 se habían signado 262 convenios institucionales.

Como se ha constatado, la Universidad está presentando un crecimiento notable tanto en la calidad de sus Programas Educativos como en su inversión física; incluido el saneamiento financiero en los últimos seis años; para ello, se han impulsado mecanismos de austeridad en el gasto no prioritario, el gasto administrativo y de operación, procurando un mejor impacto en áreas sustantivas.

Para lograr lo anterior, y es loable reconocer, a la Universidad se le ha venido incrementando el subsidio federal; esto como resultado de los avances que se han obtenido en los indicadores de desempeño, como son: incremento en los programas educativos de calidad; habilitación de profesores de tiempo completo y de ingreso al Sistema Nacional de Investigadores; entre otros.

No obstante lo anterior, se requiere continuar mejorando la calidad y volverla más competitiva, así como para ampliar la cobertura y hacerla más equitativa, ofreciendo posibilidades de acceso por igual, a jóvenes de todos los estratos sociales; por ello, se requiere incrementar el presupuesto a nuestra Universidad, en tanto que la Uagro, al igual que muchas de las Universidades Públicas del país, ha tenido problemas presupuestales.

De acuerdo al estudio de necesidades presupuestales para 2013, elaborado por la Universidad, se requiere un aumento de 346.6 millones de pesos, en relación al presupuesto de 2012, mismo que le permita cubrir el Gasto corriente, Gasto de Inversión y Pago de Deuda, y así poder cubrir las necesidades de la Universidad.

Uno de los problemas que la Uagro no ha podido atender en los últimos años, es el déficit de plazas laborales –particularmente en el ámbito académico- entre lo que autoriza la Secretaría de Educación Pública y las plazas funcionales o reales que ejerce la Universidad. Actualmente se tiene un promedio de 753 plazas académicas deficitarias.

Aunado al déficit anterior, dentro del ámbito académico, también se destaca el déficit de Horas por Asignatura, en las cuales el promedio es de 6,761 horas. El pago por ambos conceptos es cubierto con endeudamiento externo.

De igual manera, y para dar cumplimiento a la proyección de crecimiento en el ámbito de la infraestructura física, la Universidad se encuentra en el proceso de construcción de tres nuevos Campus; Campus Llano Largo, en Acapulco; Campus Tecpan de Galeana y Campus Zumpango en Chilpancingo y que sin el apoyo federal, tales edificaciones quedarán inconclusas.

Dichos inmuebles requieren contar con mobiliario escolar, de oficina, de laboratorio, de cómputo y otros. El presupuesto requerido para concluir con estas nuevas unidades educativas, suma un total de 305.9 millones de pesos.

De ahí el presente punto de acuerdo, cuya finalidad es apoyar y cubrir las necesidades de la Universidad y así poder cumplir su compromiso con la población guerrerense, en particular con los sectores menos favorecidos en lo económico, cultural y social; y procurar disminuir los grandes rezagos que en materia de educación se tienen en la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 un aumento de 346.6 millones de pesos, en relación al presupuesto de 2012, mismo que le permita cubrir el gasto corriente, gasto de inversión y pago de deuda; asimismo, incluya 305.9 millones de pesos, para concluir la construcción y equipamiento de tres nuevos campus universitarios; campus Llano Largo en Acapulco de Juárez; campus Tecpan de Galeana y campus Zumpango en Chilpancingo de los Bravo, con la finalidad de ampliar la cobertura educativa y poder cubrir las necesidades de la Universidad.

Dado en la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a los 6 días del mes de noviembre de 2012.— Senador René Juárez Cisneros (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VI Legislatura.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que, respectivamente, prevea y disponga en su proyecto de Presupuesto de 2013, recursos adicionales al presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de dar cumplimiento a la resolución del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito que concedió el amparo de la justicia federal, por el que ordena recontratar y pagar salarios caídos a los 16 mil 599 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Segundo. Publíquese en diarios de circulación nacional.

Tercero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal y al Poder Judicial de la federación para que se finque las responsabilidades administrativas y en su caso penales, en contra de los funcionarios responsables.

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del conocimiento de la diputada Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto legislativo, a 30 de octubre de 2012.— Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VI Legislatura.

María Angelina Hernández Solís, Presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la VI Legislatura.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Base Primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17, fracción VI de la Ley Orgánica, 93 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los suscritos Diputados Manuel Alejandro Robles Gómez y Diego Raúl Martínez García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

Primero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que, respectivamente, prevea y disponga en su proyecto de Presupuesto de 2013, recursos adicionales al presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de dar cumplimiento a la resolución del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito que concedió el amparo de la justicia federal, por el que ordena recontratar y pagar salarios caídos a los 16 mil 599 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Segundo. Publíquese en diarios de circulación nacional.

Al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 11 de octubre de 2009, Felipe Calderón Hinojosa emitió el decreto oficial por el que “se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro”. El argumento fue “cuantiosas transferencias presupuestarias, el déficit de la empresa, un gran pasivo laboral y el mal manejo del servicio y de la administración”.

Calderón culpó a los trabajadores sin abordar la mala administración, cuyo titular dependía directamente de él. Un mes más tarde, el pleno de este órgano legislativo aprobó una propuesta con punto de acuerdo por el que solicitó el análisis de viabilidad de otorgar recursos adicionales para el programa Seguro de Desempleo, a fin de brindar protección social a los trabajadores y exhortó a los honorables Congresos de los estados de México, Morelos, Puebla e Hidalgo para que contemplaran la viabilidad de planear una partida especial para brindar un seguro de desempleo a los integrantes del Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, quienes se encontraban en lucha en el ámbito judicial para recuperar su empleo, y en tanto el movimiento cumpliera sus objetivos.

También se hizo el atento exhorto a la honorable Cámara de Diputados para que solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciar la averiguación del decreto de extinción, a fin de determinar si hubo una grave violación a las garantías individuales de los trabajadores.

Durante sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2012, el tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito del Poder Judicial de la federación, resolvió amparar y proteger al sindicato de electricistas “por sí y en representación de sus agremiados del acto de autoridad” del Ejecutivo federal.

La sentencia establece que se ampara a los electricistas porque no hubo causa justificada para la terminación de las relaciones laborales, que éstas persisten y que la Comisión Federal de Electricidad es el patrón sustituto de estos trabajadores, que indebida e ilegalmente fueron despedidos. Asimismo, que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje consideró indebidamente que existió una causa de fuerza mayor que produjo la terminación de las relaciones de trabajo, con clara violación a su derecho fundamental a tener un empleo, así como a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo.

El segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito consideró ilegal la terminación de las relaciones laborales, tanto colectivas como individuales, por existir supuestamente una causa de “fuerza mayor” o caso fortuito, argumentos que resultaron ser inválidos.

También consideró que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro se sostuvo en la incosteabilidad financiera, y la Comisión Federal de Electricidad utilizó los bienes de la extinguida compañía, de manera que resultó beneficiaria, y por tanto, patrón sustituto.

A tres años de emitido el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, los resultados son claros: no sólo no mejoró el abastecimiento de energía eléctrica, sino que actualmente es intermitente, con afectaciones constantes a los ciudadanos.

Las tarifas se dispararon a más del 100 por ciento, causando perjuicio a los habitantes de esta ciudad, y produciendo miles de quejas, al punto tal que este órgano legislativo decidió crear una Comisión Especial sobre el suministro y cobro de energía eléctrica.

Y es que ante los constantes abusos la ciudadanía lleva tres años con empeoramiento del servicio y cobros excesivos. Por ello solicitamos a esta soberanía se pronuncie en defensa de la legalidad, del acatamiento de una disposición judicial, pero también en pro de los derechos de los trabajadores y de los usuarios que se encuentran desprotegidos, y someto a consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que, respectivamente, prevea y disponga en su proyecto de Presupuesto de 2013, recursos adicionales al Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de dar cumplimiento a la resolución del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito que concedió el amparo de la Justicia Federal, por el que ordena recontratar y pagar salarios caídos a los 16 mil 599 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Segundo. Publíquese en diarios de circulación nacional.

Recinto Legislativo, a 25 de octubre de 2012.— Diputados: Manuel Alejandro Robles Gómez, Diego Raúl Martínez García, Ernestina Godoy Ramos , Carlos Hernández (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Por considerarlo asunto de su competencia, les remito oficio del Congreso del estado de Guerrero por el que exhorta que se apruebe una partida extraordinaria en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, para la recuperación del honorable ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo.— LX Legislatura.— Bicentenario.— Primer Congreso de Anáhuac.

Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— México, DF.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos legales conducentes, el acuerdo parlamentario por el que se exhorta al honorable Congreso de la Unión, Cámara de Senadores y diputados federales, para que aprueben una partida extraordinaria en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y apoyen con recursos extraordinarios para la recuperación del honorable ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, de $1,300,000,000.00 (mil trescientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), que sirvan para fortalecer al ámbito de competencia municipal y las facultades de su órgano de gobierno, aunado a ello minorar las deudas que se han heredado.

Aprobado en sesión celebrada el día jueves 25 de octubre del año en curso.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 25 de octubre de 2012.— Licenciado Benjamín Gallegos Segura (rúbrica), Oficial Mayor.»

«Escudo.— LX Legislatura.— Bicentenario.— Primer Congreso de Anáhuac.

La Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 25 de octubre del 2012, el diputado Oliver Quiroz Vélez presentó la propuesta de Acuerdo Parlamentario por el que la Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, hace un atento y respetuoso exhorto al honorable Congreso de la Unión, Cámara de Senadores y Diputados Federales, para que  aprueben una partida extraordinaria en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y apoyen con recursos extraordinarios para la recuperación del honorable ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, de $1,300,000,000.00 (mil trescientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), que sirvan para fortalecer al ámbito de competencia municipal y las facultades de su órgano de gobierno, aunado a ello aminorar las deudas que se han heredado, entre otros, en los siguientes términos:

Exposición de Motivos

El municipio es la célula básica de organización política, social, territorial y administrativa en nuestro país, diversas circunstancias de orden político y económico han propiciado que el municipio presente carencias de tipo financiero, así como debilidad política y jurídica en relación con los órganos federales y de las entidades federativas, que han impedido su funcionamiento autónomo y libre. Por ello, el propósito del presente acuerdo para propiciar el fortalecimiento del municipio en México y en particular del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. En este sentido, coincido también con el titular del ejecutivo federal, quien ha sostenido que “el compromiso con la renovación del federalismo, también implica la promoción del municipio como espacio de gobierno, vinculado a las necesidades cotidianas de la población; y que la integración plural de los ayuntamientos y la fuerza de la participación ciudadana constituyen un gran activo para lograrlo. Municipios con mayor libertad y autonomía serán fuentes de creatividad y de nuevos retos.

Coincido también en que el municipio sea el eje del desarrollo nacional, ya que a través de la consolidación del municipio se logrará el impulso al desarrollo regional y urbano en concordancia con los objetivos del crecimiento económico.

Para muchos es conocido que nuestros ayuntamientos se encuentran en situación de crisis heredadas por administraciones pasadas, laudos laborales, pago de aguinaldos que por derecho le corresponden a los trabajadores, deudas pendientes con proveedores y lo más grave los problemas de inseguridad que desafortunadamente siguen vigentes.

La intención del presente acuerdo parlamentario consiste en solicitar al honorable Congreso de la Unión, previo análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013, apoyen con recursos extraordinarios para la recuperación del honorable ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero de $1,300, 000, 000.00 (mil trescientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), que sirvan para fortalecer al ámbito de competencia municipal y las facultades de su órgano de gobierno, aunado a ello minorar las deudas que se han heredado.

El municipio de Acapulco hoy sufre una crisis económica, este quebranto económico le llevará mucho tiempo para reponerse y muy probablemente sean varias las administraciones que en lo futuro tendrán que sufrir las consecuencias.

La Federación percibe por concepto de. impuestos una recaudación superior en los municipios que cuentan con vocación turística, tal es el caso de los municipios de Acapulco de Juárez, Zihuatanejo de Azueta y Taxco de Alarcón, Guerrero, mismos que requieren el mismo trato para que en el presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, se les otorgue un apoyo extraordinario para cubrir las necesidades más prioritarias de los .municipios Turísticos como lo es Acapulco de Juárez, Guerrero, que les permitan ofrecer mejores servicios públicos, como son: el abastecimiento de agua potable, combate a la inseguridad, alumbrado público, saneamiento básico, entre otros.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero sentenció que Acapulco debe dar el salto a la modernidad o quedarse anclado en los recuerdos y las añoranzas, por lo que prometió que se dará un giro, tiene conocimiento que el presidente municipal Luis Walton Aburto recibió una administración sin recursos, sin liquidez para cumplir con las actividades mínimas, las condiciones financieras son deplorables; es de conocimiento público que el ayuntamiento porteño tiene presupuesto de 2 mil millones de pesos anuales, de los cuales, más de la mitad son para salarios. Ante ello, también se solicita su apoyo y solidaridad al titular del Poder Ejecutivo del estado, para que en sus posibilidades autorice apoyos extraordinarios para salir del mal momento, compañeros diputados y diputadas solicito su voto a favor del presente acuerdo parlamentario, Acapulco con todos se recupera.

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 25 de octubre del 2012, la Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de acuerdo parlamentario presentada por el diputado Oliver Quiroz Vélez.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8, fracción I, y 127, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, este honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide el siguiente:

Acuerdo Parlamentario

Primero. La Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero hace un atento y respetuoso exhorto al honorable Congreso de la Unión, Cámara de Senadores y diputados federales, para que aprueben una partida extraordinaria en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y apoyen con recursos extraordinarios para la recuperación del honorable ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, de $1,300,000,000.00 (mil trescientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), que sirvan para fortalecer al ámbito de competencia municipal y las facultades de su órgano de gobierno, aunado a ello minorar las deudas que se han heredado.

Segundo. La Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo estatal, licenciado Ángel Heladio Aguirre Rivero, para que autorice una partida presupuestal extraordinaria en beneficio del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2013.

Transitorios

Artículo Primero. El presente Acuerdo Parlamentario entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.

Artículo Segundo. Remítase el presente acuerdo al honorable Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, para los efectos correspondientes.

Artículo Tercero. Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del estado, licenciado Ángel Heladio Aguirre Rivero para los efectos legales conducentes.

Artículo Cuarto. Remítase el presente acuerdo parlamentario al ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, para su conocimiento.

Artículo Quinto. Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado, en la página web del honorable Congreso del Estado, y en los diarios de mayor circulación en la entidad.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil doce.— Diputados: Antonio Gaspar Beltrán, presidente; Laura Arizmendi Campos, Delfina Concepción Oliva Hernández, secretarias (rúbricas).»

«Escudo.— Poder Legislativo.— Gobierno del Estado de Hidalgo.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Los diputados integrantes de las Primeras Comisiones Permanentes Conjuntas de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, y de Hacienda y Presupuesto, de la Sexagésima Primera Legislatura, emitieron acuerdo económico, relativo al planteamiento realizado por el diputado Adrián López Hernández, con el tema: “exhorto a los diputados del Congreso de la Unión”, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de esta fecha, del cual les estoy enviando copia, en suplencia de la Secretaría, para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular por el momento, les reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Pachuca, Hidalgo, a 11 de octubre de 2012.— Licenciado Lamán Carranza Ramírez (rúbrica), Secretario de Servicios Legislativos.»

«Escudo.— Poder Legislativo.— Gobierno del Estado de Hidalgo.

Primeras Comisiones Permanentes Conjuntas de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, y de Hacienda y Presupuesto

Diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura

A los diputados Onésimo Serrano González, Juan Francisco Mendoza Guerrero, Adrián López Hernández, Prisco Manuel Gutiérrez, Hemeregilda Estrada Díaz, Reynaldo Pérez Soní, Óscar Damián Sosa Castelán, Humberto Pacheco Miralrío, Adrián López Hernández, Nora Liliana Oropeza Olguín, Hemeregilda Estrada Díaz, Christian Pulido Roldán y Carlos Alberto Anaya de la Peña, integrantes de las Primeras Comisiones Permanentes Conjuntas de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos y de Hacienda y Presupuesto, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva del Congreso del Estado, en sesión ordinaria de fecha 25 de septiembre de 2012, nos fue turnado para los efectos procedentes, el planteamiento del diputado Adrián López Hernández, con el tema “exhorto a los diputados del Congreso de la Unión”. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, 77, fracciones III y XIX de la Ley Orgánica el Poder Legislativo del estado de Hidalgo nos permitimos realizar el presente estudio con base en los siguientes:

Antecedentes

Primero. Las comisiones legislativas actuantes, registró el presente asunto en el Libro de Gobierno, quedando radicado bajo el número 08/2012 y 138/2012.

Segundo. En su intervención el Diputado Adrián López Hernández, manifestó “que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), menciona que la seguridad alimentaria, el hambre y la sostenibilidad guardan una relación recíproca con el sector agrícola, ya que influyen en su rendimiento, el cual a su vez, afecta a los medios de subsistencia rurales.”

Tercero. Asimismo manifiesta “La FAO, señala que ejemplo claro de ello, es el círculo vicioso que forman el hambre y la seguridad alimentaria, puesto que el hambre impide a la población trabajar de manera eficaz y producir suficientes alimentos, mientras que, a su vez, esta baja producción acentúa el hambre y la pobreza. Por estas razones, el mejor resultado en el desarrollo rural se logra cuando el crecimiento agrícola y la economía rural no agrícola se refuerzan mutuamente”.

Cuarto. También “define al desarrollo rural sustentable como el mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio.”

Quinto. Asimismo dijo: “por otra parte, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se destinó al PEC un presupuesto de 305 mil 975.5 millones de pesos, los cuales se ejercen en 33 programas y 112 componentes de apoyo para fortalecer la productividad y competitividad en la producción de alimentos, la construcción de infraestructura, así como para mejorar los servicios de salud y educación de las familias que habitan en las comunidades rurales. Sin embargo, el problema del desarrollo rural en nuestro país continua siendo un problema económico que se presenta en la economía campesina, afectando a la población rural, principalmente a los grupos indígenas, además ha originado la migración de indígenas en busca de trabajo, causada por el desempleo rural, entre otras circunstancias más, lo que ha representado un obstáculo para lograr el crecimiento del sector rural en México”.

Sexto. En su intervención, el diputado Onésimo Serra González manifestó “que son muy importantes los recurso que se destinan las 33 dependencias que tienen que ver con el desarrollo del campo y como se deben destinar verdaderamente a los más necesitados y que en sus orígenes el programa especial concurrente tiene como fin o está orientado a la generación o diversificación de empleo, a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a poblaciones económica y socialmente que más lo requieren asimismo se suma a la propuesta en comento y solicita se fortalezcan los fondos de estabilización de precios para los productos básicos y estratégicos”.

Séptimo. Por lo que el diputado Adrián López Hernández solicitó que se hiciera un exhorto de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a que en la discusión y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se destinen al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, los recursos que sean suficientes para reducir la pobreza y la desigualdad, fortalecer la soberanía alimentaria, alcanzar la seguridad alimentaria e impulsar la sustentabilidad ambiental, para beneficio de los habitantes de las comunidades rurales de nuestro país; y

Considerando

Primero. Que las comisiones legislativas que suscriben son competentes para conocer sobre el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, 75, 77, fracciones III y XIX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Segundo. Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la Carta Magna, cuyas disposiciones están dirigidas a promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad y dicha ley, considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización Y comercialización, y de los demás bienes y servicios y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural.

Tercero. Que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, establece una estrategia clara y viable para avanzar en la transformación del medio rural de nuestro país sobre bases sólidas, realistas y, sobre todo, responsables, para contribuir a los objetivos de una economía competitiva y generadora de empleos; de igualdad de oportunidades; de estado de derecho y seguridad y de sustentabilidad ambiental.

Cuarto. Que mediante este programa, se pretende fomentar acciones para iniciar un nuevo ciclo de planeación y prospectiva “que permitan un desarrollo integral con visión de largo plazo, tomando como premisa básica el desarrollo humano sustentable de los habitantes del medio rural, como detonador de las transformaciones que se requieren, para superar sus rezagos económicos, políticos y sociales.

Quinto. Que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012, cuya orientación es la generación y diversificación de empleo, garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente que más lo requieren, tal y como lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Sexto. Que aumentar los recursos en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable significa combatir los problemas socioeconómicos por los que atraviesan los campesinos de nuestro país, incluidos los del estado de Hidalgo.

Con base en las consideraciones antes vertidas y con fundamento en lo establecido en los artículos 133, 134, 136, 137, 138 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las Primeras Comisiones Permanentes Conjuntas de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, y de Hacienda y Presupuesto, se permiten someter a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo Económico

Primero. Los diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, exhortamos al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se destinen mayores recursos al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, para reducir la pobreza y la desigualdad, fortalecer la soberanía alimentaria, alcanzar la seguridad alimentaria e impulsar la sustentabilidad ambiental, para beneficio de los habitantes de las comunidades rurales de nuestro país y se fortalezcan los fondos de estabilización de precios para los productos básicos y estratégicos y a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que en la discusión y aprobación del decreto de referencia, se apruebe lo solicitado.

Segundo. A efecto de lo anterior, gírese oficio al titular del Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, anexando copia del presente instrumento, para los efectos precisados.

Elaborado en la sala de comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los 8 días del mes de octubre del año dos mil doce.— Primera Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, diputados: Onésimo Serrano González, presidente; Juan Francisco Mendoza Guerrero, Adrián López Hernández, secretarios; Prisco Manuel Gutiérrez, Hemeregilda Estrada Díaz (rúbricas). Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, diputados: Reynaldo Pérez Soní, presidente; Óscar Damián Sosa Castelán, Humberto Pacheco Miralrío, secretarios; Adrián López Hernández, Nora Liliana Oropeza Olguín, Hemeregilda Estrada Díaz, Christian Pulido Roldán y Carlos Alberto Anaya de la Peña (rúbricas).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Fideicomiso de Administración del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de Septiembre de 2008, y en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, anexo al presente me permito enviar a usted el informe trimestral 1 de julio-30 de septiembre de 2012 referente al avance de la gestión del Fideicomiso 10230 y a la situación financiera del fideicomiso en mención, a fin de contar con su amable intervención para hacer llegar dicha información a los legisladores interesados.

Sin otro particular, reciba Usted un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de octubre de 2012.— Licenciado Francisco Javier Gutiérrez Bañuelos (rúbrica), secretario de actas.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Fideicomiso de Administración del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Tercer informe trimestral, 1 de julio-30 de septiembre de 2012, sobre el avance de gestión que rinde el Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942-1964), que se presenta a la Cámara de Diputados, a través de Jesús Murillo Karam, presidente de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2008

I. Aspectos generales de la operación del fideicomiso

1.1. Atención ciudadana

La Secretaría de Gobernación, en su carácter de dependencia coordinadora del Fideicomiso 10230, cuenta con la Oficina Central de Atención Ciudadana para recibir las peticiones y los trámites de los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus beneficiarios, sita en General Prim 21, planta baja, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, código postal 06600, en el Distrito Federal, mediante la cual diariamente se brinda la atención requerida, ya sea de forma personalizada o vía telefónica, a los interesados en obtener su apoyo social.

El servicio es brindado por personas previamente capacitadas, quienes disponen de la información completa y necesaria para las consultas y orientación que se requiera; se cuenta con un call center, que presta servicio en los números telefónicos 5128 0000, extensiones 38143, 38147, 38153, 18184, 38145, 38188, 38185, 38186, 38190 y 38187, así como 01800 2722 376, con un horario de 9:00 a 18:00. Asimismo, se trabaja en coordinación con los módulos de atención y orientación en 31 entidades federativas. De igual manera, se pueden hacer consultas en la página http://dof.gob.mx/extrabmigmex.php, donde se presenta información detallada de decretos, convocatorias, reglas de operación, y las listas de beneficiarios, relacionados con el fideicomiso.

En el periodo de referencia, la Unidad de Enlace Federal, por conducto de la dependencia coordinadora del fideicomiso, proporcionó la atención personalizada y telefónica a quienes requirieron información para el beneficio del apoyo social, lo que permitió atender las dudas y los problemas que se presentaron derivados de su operación y de los trámites relacionados con el otorgamiento de los apoyos establecidos en la ley de la materia. Adicionalmente, se mantuvo estrecha comunicación y diálogo permanente con las organizaciones de ex braceros, de tal manera que se garantizara una operación ágil, eficiente y oportuna para que la entrega de los apoyos se llevara a cabo con estricto arreglo al marco legal aplicable, en beneficio de la población objetivo.

1.2. Niveles de atención otorgados en el periodo 1 de julio-30 de septiembre de 2012, por tema y mecanismo de atención

Fuente: Dirección General Adjunta de Vinculación de Programas de Apoyo Social Zona Noroeste.

Del servicio de asesorías llevadas a cabo por el personal del fideicomiso, es importante mencionar que todas las solicitudes que se presentaron fueron atendidas. La información se proporcionó conforme a la legislación aplicable, entre éstas podemos mencionar la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, las Reglas de Operación del Fideicomiso 10230, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942-1964), y el convenio de sustitución fiduciaria.

En cuanto a las agrupaciones, se logró mantener contacto y un diálogo directo y permanente con los líderes de las organizaciones que agrupan a braceros de todo el territorio nacional, con el propósito de difundir los avances del programa y resolver las dudas o inquietudes que se presentaron por ex trabajadores migratorios mexicanos, conforme a lo siguiente:

Fuente: Dirección General Adjunta de Vinculación de Programas de Apoyo Social Zona Noroeste.

* Las solicitudes, los acuerdos y las acciones realizados fueron similares en todos los casos, por ello se llevaron acciones para todos.

En el periodo que se reporta se dio atención a las solicitudes que presentaron las organizaciones, en beneficio de los trabajadores migratorios mexicanos, sin distingo de grupos o preferencias políticas.

1.3. Cambios de beneficiario y corrección de datos

Con el propósito de dar cabal cumplimiento a los objetivos del Fideicomiso 10230, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, y –en su caso– ajustar su operación a las disposiciones contenidas en las reglas de operación vigentes, en el periodo que se informa, y a petición de la parte interesada se procedió a realizar los trámites correspondientes a cambios de beneficiario y correcciones de datos de los ex trabajadores que habiéndose registrado en las mesas receptoras y que en su caso fallecieron, su cónyuge, hijos o hijas, concubina o legítimos herederos estuvieren en posibilidad de recibir el apoyo social correspondiente en términos de ley.

Por otro lado, los ex trabajadores o sus beneficiarios, al momento de presentar su identificación, así como el formato de documentación faltante o, en su caso, se encontrare alguna inconsistencia en la base de datos, tuvieran un error.

Sobre el particular, en el periodo que se reporta, se llevaron a cabo las siguientes correcciones de datos y cambios de beneficiario:

Trámites registrados del 1 de julio al 30 de septiembre de 2012

En algunos casos, las solicitudes realizadas por los interesados no se ajustaron a los criterios establecidos en las reglas de operación del fideicomiso y, por tanto, no se consideraron procedentes de pago.

1.4. Atención de enfermos terminales

En el periodo de que se informa se dio seguimiento y atención a las solicitudes realizadas por los ex trabajadores migratorios interesados o beneficiarios, con el propósito de resolver favorablemente y con la mayor oportunidad las solicitudes planteadas, con los resultados siguientes:

Atención de enfermos terminales, julio-septiembre de 2012

Solicitudes recibidas: 18.

Solicitudes atendidas: 18.

En proceso de validación: 5.

* Los procesos de validación son 5 expedientes, sobre los cuales se pidió información al médico.

Resultando procedentes

2. De las sesiones del comité técnico

En julio, agosto y septiembre de 2012, el comité técnico no sesionó. Sin embargo, para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales recaídas a procedimientos sustanciados por esta dependencia coordinadora, se aprobaron diversos acuerdos extracomité, conforme a lo siguiente:

• Con fecha 13 de agosto de 2012, por unanimidad se aprobó el acuerdo número 46/2012, mediante el cual se cumplimenta la sentencia del 15 de diciembre de 2012, dictada por el titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativas y de Trabajo en Jalisco, dentro del juicio de amparo 315/2010-5, a favor de José Montelongo Ibal, Salomé Garibaldi Pedrosa y Manuel Blas Dueñas.

Acuerdo número 46/2012

Primero. Con fundamento en el artículo 5 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se aprueba el apoyo social a favor de los ciudadanos Garibaldi Pedrosa Salomé y Manuel Blas Dueñas, por lo que se instruye a la fiduciaria para que realice las gestiones necesarias para la entrega del recurso por un monto de 38 mil pesos, en una sola exhibición, a cada beneficiario, de conformidad con el considerando segundo de la resolución en el juicio de garantías de referencia.

Segundo. El ciudadano José Montelongo Ibal no cumple los requisitos y las condiciones que señala la ley de la materia, por lo que no es sujeto a ser beneficiario del fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente instrumento, con fundamento en los artículo 1o., 3o., 5o. y 6o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y demás normatividad aplicable.

Tercero. Se instruye al secretario de actas de este comité para que notifique de inmediato lo conducente a los ciudadanos de mérito y dé cabal seguimiento al cumplimiento del presente acuerdo.

• Con fecha 14 de agosto de 2012, por unanimidad se aprobó el acuerdo número 47/2012, mediante el cual se cumplimenta la sentencia del 4 de febrero de 2011, dictada por el titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco, en el juicio de amparo 247/2010, a favor de los ciudadanos Ramón Preciado Herrera, Cresencio Ávalos Llamas, José María Negrete Montes de Oca, Ramón Cazares Castañeda, Jesús Almejo Peralta, Rubén García Córdoba, Jesús Jacobo Bonilla, Refugio Ramos Ramírez, Cirilo Hernández García, Elena del Río Alcalá, en representación de Fidel Torres Gorgonio, Rafael Torres Magallón, en representación de Jesús Torres Chávez, Jesús Arredondo Méndez, Amelia Sánchez Elizondo, en representación de Filemón Villalvazo Aguilar, José Ignacio Torres Morales, Carmen Barbosa Chávez, en representación de Benito Barbosa Dosal, Graciela Eufracio Martínez, en representación de Herculano Eufracio Negrete, Gildardo Corona Dueñas, en representación de Sixto Corona Dosal, Cecilia Vega Iglesias, en representación de Ángel Vega Rodríguez, Ernesto Arellano Rivera, en representación de Juan Arellano Munguía, Reyes Moreno Sánchez, en representación de Rodrigo Moreno Graciliano, Carlos Pinto Reyes, en representación de Isidro Pinto Jacobo.

Acuerdo número 047/2012

Primero. Con fundamento en el artículo 5 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se aprueba el apoyo social a favor de los ciudadanos Ramón Cazares Castañeda, Jesús Almejo Peralta, Jesús Jacobo Bonilla, Refugio Ramos Ramírez, Cirilo Hernández García, Elena del Río Alcalá, en representación de Fidel Torres Gorgonio, Rafael Torres Magallón, en representación de Jesús Torres Chávez, Jesús Arredondo Méndez, Carmen Barbosa Chávez, en representación de Benito Barbosa Dosal, por lo que se instruye a la fiduciaria para que realice las gestiones necesarias para la entrega del recurso por un monto de 38 mil pesos, en una sola exhibición, para cada beneficiario, de conformidad con el considerando segundo de la resolución en el juicio de garantías de referencia.

Segundo. Se instruye al secretario de actas de este comité para que notifique de inmediato lo conducente a los ciudadanos de mérito y dé cabal seguimiento al cumplimiento del presente acuerdo.

3. Atención a diputados

En el periodo se presentaron diversas solicitudes y trámites por diputados federales en beneficio de los ex trabajadores migratorios mexicanos, traduciéndose en cambios de beneficiario, correcciones de datos, inconformidades respecto a la operación del fideicomiso y solicitudes de rendición de cuentas.

Por otro lado, se llevó a cabo una reunión con la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros, el 1 de julio del año en curso, a efecto de informar a sus integrantes sobre las principales demandas por los ex trabajadores o sus beneficiarios, así como los avances en pagos realizados en cada entidad federativa respecto a las listas 43, 44, 45 y 46, beneficiarios pendientes de pago, así como la problemática en la aplicación de las reglas de operación en las sucursales del Bansefi y los trámites efectuados en el fideicomiso.

4. Recursos erogados en el periodo y beneficiarios que han recibido su apoyo social respecto a las listas 40, 41 y 42

EI número de beneficiarios se refiere a las listas 40, 41 y 42, publicadas en el DOF el 2 de marzo de 2012, por un total de 105 mil 552 beneficiarios.

Los datos de los recursos erogados por el fideicomiso en favor de los beneficiarios ex trabajadores migratorios mexicanos se comprobaron con base en los estados financieros del periodo reportados por la institución fiduciaria.

5. Recursos erogados en el periodo y beneficiarios que han recibido el apoyo social respecto a las listas 43, 44, 45 y 46

El número de beneficiarios se refiere a las listas 43, 44, 45 y 46, publicadas en el DOF el 7 de septiembre de 2012, por un total de 4 mil 107 (confirmar cifra)beneficiarios.

Los datos de los recursos erogados por el fideicomiso en favor de los beneficiarios ex trabajadores migratorios mexicanos se comprobaron con base en los estados financieros del periodo reportados por la institución fiduciaria.

6. Beneficiarios pagados en el periodo julio-septiembre de 2012 de las listas 40, 41 y 42, clasificadas por entidad federativa

7. Beneficiarios pagados en el periodo .julio-septiembre de 2012 de las listas 43, 44, 45 y 46, clasificadas por entidad federativa

8. Situación financiera del Fideicomiso 10230

La situación financiera del Fideicomiso 10230, en el periodo que se reporta, se integra conforme a lo siguiente:

Se adjuntan al presente informe, como anexo uno, los estados de posición financiera remitidos a la dependencia coordinadora por la fiduciaria responsable.

• Al 31 de julio de 2012, Bansefi

• Al 31 de agosto de 2012, Bansefi

• Al 30 de septiembre de 2012, Bansefi

Atentamente

Licenciado Francisco Javier Gutiérrez Bañuelos (rúbrica), secretario de actas.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

BANCO DE MEXICO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Banco de México.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, último párrafo, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa Cámara el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, del periodo comprendido de julio a septiembre del año en curso.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Ciudad México, Distrito Federal, a 7 de noviembre de 2012.— Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Hacienda y a la de Presupuesto.

LEY DEL SEGURO SOCIAL - LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En el capítulo de iniciativas de diputadas y diputados, a nombre del grupo, se concede por cinco minutos el uso de la palabra a la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 133 de la Ley del Seguro Social y 135 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Con su venia, señor presidente. A nivel mundial existe una gran cantidad de mujeres que quedan viudas debido a un conflicto armado; en México, también son muchas las mujeres que han quedado viudas por la lucha entre el gobierno y el crimen organizado.

Ésta es una de las graves consecuencias de la violencia en nuestro país: miles de mujeres viudas y miles de niños y jóvenes huérfanos, y lamentablemente cada día son más.

Este panorama es triste y desolador, pues se trata de la vida de seres humanos como ustedes, compañeras y compañeros, como sus parejas y como sus hijos.

A pesar de lo terrible de estos casos, el grupo de miles de mujeres cuyos esposos murieron en la guerra contra el narcotráfico son casi invisibles; ellas no solo han debido padecer el dolor de la ausencia y la pérdida, sino también el rigor de una legislación que las condena vivir solas de por vida, sin importar que una buena parte de ellas aún sean muy jóvenes para recibir la pensión que por ley les corresponde a ellas y a sus hijos; deben de jurar castidad eterna y viudez por siempre, no volver a casarse ni vivir en concubinato ni haber procreado otro hijo, so pena de que las priven de ese derecho.

Estas viudas, cuyos maridos —elementos de las fuerzas de seguridad del gobierno o civiles— murieron asesinados por el crimen organizado, son otro de los daños colaterales de este sexenio; son como las llamó un medio de comunicación coahuilense: las viudas de la guerra.

Es precisamente en apoyo a este grupo de mujeres, tan vulnerable, que el titular de la ONU recientemente exhortó a las sociedades a reconocer a estas mujeres y a asegurarles el goce de los derechos y protecciones sociales que merecen, y designó el 23 de junio de 2011 como el primer Día Internacional de las Viudas, en la historia.

En México, país en vías de desarrollo, con 112 millones de habitantes, de acuerdo con el estudio denominado Los hogares con jefatura femenina, elaborado por el Inegi en 2002, aproximadamente el 15 por ciento de los hogares era mantenido por una mujer; de ellos el 97.9 carecía de cónyuge en el hogar; cerca de la mitad, el 47.6 por ciento de las jefas de familia eran viudas, amigas y amigos.

En nuestro país, las parejas de aquellos que cuentan con seguridad social tienen el derecho de una pensión por viudez, así lo determina la Ley del Seguro Social y así lo dispone también la Ley del ISSSTE (de los trabajadores del Estado). No obstante, de acuerdo con lo establecido en estos ordenamientos legales el derecho a esta pensión cesa cuando la viuda, viudo, concubina o concubino contraen matrimonio o entran en concubinato.

Las anteriores disposiciones limitan gravemente al desarrollo familiar, personal e incluso social del viudo o de la viuda, ya que se les encadena a una vida de soltería, se les priva de una condición humana fundamental para el buen desarrollo de todo ser humano, como es la vida en pareja, y además, se les impide otorgar un hogar completo para sus menores hijos e hijas, tan necesario en estos tiempos de crisis social y altos índices de delincuencia.

Aunado a lo anterior, estas disposiciones refuerzan estereo-tipos de género, como el del hombre proveedor y la mujer dependiente, toda vez que fundan su razón en el hecho de que la nueva pareja será quien aporte a la viuda los recursos necesarios para su subsistencia, lo que en la actualidad está fuera de toda realidad; si dos salarios suelen ser, en muchos casos, insuficientes para cubrir los gastos familiares, pensar que con un solo ingreso una familia puede vivir dignamente, es inverosímil.

Por otra parte, es de destacar que la nueva pareja de la viuda o el viudo no tiene obligación legal de proporcionar alimentos a las y los hijos de ésta, así es que el cese del beneficio de la pensión por viudez impacta de forma directa en la calidad de vida de sus hijos.

Debemos recordar que estas viudas o viudos no solo quedan con un profundo dolor, sino en una situación económica desventajosa, con la gran responsabilidad de un hogar a cargo y con la disyuntiva de rehacer su vida personal u optar por la pensión que les permita subsistir.

Las posibilidades de que una joven o joven adolescente abandone sus estudios para obtener un ingreso se incrementan de manera importante si la madre viuda pierde su pensión por el delito de haberse enamorado.

La situación actual que viven las personas en estado de viudez en México, así como las miles de voces que demandan mayor protección a los hijos de estas y estos viudos, es lo que nos lleva a presentar la actual iniciativa de reforma, tanto a la Ley del Seguro Social como a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual tiene por objeto que se les otorgue la pensión vitalicia de viudez, independientemente que sus beneficiarios contraigan nuevo matrimonio o se unan en concubinato.

En razón de lo expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 de la Ley del Seguro Social y la fracción II del artículo 135 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de que se eliminen las causales de pérdida de la pensión de viudez que se refieren a contraer nuevas nupcias o unirse en concubinato.

No más discriminación, compañeras y compañeros legisladores, caminemos por un México más justo. Vamos todos y todas por un México libre de violencia contra las mujeres. Es cuanto, diputado presidente.

Solicito atentamente se incorpore el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 133 de la Ley del Seguro Social y 135 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Francisca Elena Corrales Corrales, en conjunto con los ciudadanos Heriberto Galindo Quiñones, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso Inzunza Montoya, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara, Sergio Torres Félix y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de Sinaloa, de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 133 de la Ley del Seguro Social y la fracción II del Artículo 135 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Los Estados, tal como lo consagra el derecho internacional, particularmente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, debemos tomar todas las medidas tanto administrativas, como legislativas y de cualquiera otra índole para garantizar los derechos de las mujeres, en específico, de aquellas que con motivo de la muerte de sus parejas, enfrentan solas la responsabilidad del hogar y la familia.

Este deber se encuentra también mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando establece la igualdad jurídica entre el varón y la mujer, así como la protección que la misma brinda a la organización y el desarrollo de la familia.

Con el fin de que la mujeres en estado de viudez estén en posibilidad de desarrollar una vida digna y segura después del duelo, se hace indispensable brindarles las herramientas necesarias para que puedan acceder al ejercicio pleno de sus derechos, como son la atención médica adecuada, educación, empleo decente, plena participación en el proceso de toma de decisiones y en la vida pública, así como una vida libre de violencia. De gran importancia es el empoderamiento y la creación de oportunidades para las viudas a efecto de que puedan, a su vez garantizar los derechos y el desarrollo integral de sus hijas e hijos y así evitar el ciclo intergeneracional de pobreza y privaciones.

A nivel mundial, existe una gran cantidad de mujeres que quedan viudas debido a un conflicto armado. En México, también son muchas las mujeres que han quedado viudas por la lucha entre el Gobierno y el crimen organizado.

Es precisamente en apoyo a este grupo de mujeres tan vulnerables, que el titular de la ONU, recientemente exhortó a las sociedades a reconocer a estas mujeres y a asegurarles el goce de los derechos y protecciones sociales que merecen, y designó día 23 de junio de 2011, como el primer Día Internacional de las Viudas de la historia.

En México, país en vías de desarrollo con 112 millones de habitantes, de acuerdo con el estudio denominado “Los hogares con jefatura femenina”, elaborado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2002, aproximadamente el 15 por ciento de los hogares era mantenido por una mujer. De ellos, el 97.9 por ciento carecía de cónyuge en el hogar. Cerca de la mitad, el 47.6 por ciento de las jefas de familia, eran viudas.

Lo anterior, sumado a la aglomeración de clases sociales tan heterogénea de nuestro país, con uno de los índices de pobreza y desigualdad considerado de los más altos del mundo, hacen imprescindible la universalidad en la protección en seguridad social, de manera específica, en lo que se refiere al acceso a la atención médica y a una pensión digna, sobre todo para aquellas y aquellos que se encuentran en situación de viudez y a cargo de una familia.

En nuestro país las parejas de aquellos que cuentan con seguridad social, tienen derecho a una pensión por viudez, así lo determina la Ley del Seguro Social en los artículos del 127 al 133, en los que además, se definen los requisitos y procedimientos para la obtención de la misma. Así lo dispone también la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en sus artículos del 129 al 138. No obstante, de acuerdo con lo establecido en estos ordenamientos legales, el derecho a esta pensión cesa cuando la viuda, viudo, concubina o concubinario contraen matrimonio o entran en concubinato:

Ley del Seguro Social

Artículo 133. El derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando la viuda, viudo, concubina o concubinario contrajeran matrimonio o entraran en concubinato. El disfrute de esta pensión no se suspenderá porque aquéllos desempeñen un trabajo remunerado.

La viuda, viudo, concubina o concubinario pensionados que contraigan matrimonio, recibirán una suma global equivalente a tres anualidades de la cuantía de la pensión que disfrutaban.

Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado:

Artículo 135. Los derechos a percibir pensión se pierden para los familiares derechohabientes del trabajador o pensionado por alguna de las siguientes causas:

I. Llegar a cumplir dieciocho años de edad los hijos e hijas del trabajador o pensionado, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, siempre que no estén incapacitados legalmente o imposibilitados físicamente para trabajar;

II. Porque la mujer o el varón pensionado contraigan nupcias o llegasen a vivir en concubinato. Al contraer matrimonio la viuda, viudo, concubina o concubinario, recibirán como única y última prestación el importe de seis meses de la pensión que venían disfrutando.

La divorciada o divorciado no tendrán derecho a la pensión de quien haya sido su cónyuge, a menos que a la muerte del causante, éste estuviese ministrándole alimentos por condena judicial y siempre que no existan viuda o viudo, hijos, concubina o concubinario y ascendientes con derecho a la misma. Cuando la divorciada o divorciado disfrutasen de la Pensión en los términos de este artículo, perderán dicho derecho si contraen nuevas nupcias, o si viviesen en concubinato, y

III. Por fallecimiento.

Las anteriores disposiciones limitan gravemente al desarrollo familiar, personal e incluso social del o la viuda, ya que se les encadena a una vida de soltería, se les priva de una condición humana fundamental para el buen desarrollo de todo ser humano, como lo es la vida en pareja y además, se les impide otorgar un hogar completo para sus menores hijos, tan necesario en estos tiempos de crisis social  y altos índices de delincuencia.

Aunado a lo anterior, estas disposiciones refuerzan estereotipos de género como el del hombre proveedor y la mujer dependiente, toda vez que fundan su razón en el hecho de que la nueva pareja será quien aporte a la viuda los recursos necesarios para su subsistencia, lo que en la actualidad está fuera de toda realidad. Si dos salarios suelen ser en muchos casos insuficientes para cubrir los gastos familiares, pensar que con un solo ingreso una familia puede vivir dignamente es inverosímil.

Por otra parte es de destacar que la nueva pareja de la o el viudo no tiene obligación legal de proporcionar alimentos a las y los hijos de ésta, así es que el cese del beneficio de la pensión por viudez impacta de forma directa en sus hijos.

Debemos recordar que esas viudas o viudos no solo se quedan con un profundo dolor, sino en una situación económica desventajosa, con la gran responsabilidad de un hogar a cargo y con la disyuntiva de rehacer su vida personal u optar por la pensión que les permite subsistir.

La situación actual que viven las viudas en México, el reclamo social que de manera reiterada ha manifestado su rechazo a que tanto viudas, como viudos puedan perder su pensión al contraer matrimonio o rehacer su vida en pareja, establecido por el marco normativo vigente, así como las miles de voces que demandan mayor protección a los hijos de estas y estos viudos es lo que nos lleva a presentar la actual iniciativa de reforma tanto a la Ley del Seguro Social, como a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual tiene por objeto que se otorgue la pensión vitalicia de viudez independientemente que sus beneficiarios contraigan nuevo matrimonio o se unan en concubinato.

En razón de lo expuesto, someto a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 133 de la Ley del Seguro Social y la fracción II del artículo 135 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Artículo Primero. Se reforma el artículo 133 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 133. El derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento de la o del asegurado o pensionado por invalidez y cesará con la muerte del o de la beneficiaria. El disfrute de esta pensión no se suspenderá porque aquéllos desempeñen un trabajo remunerado.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción II del artículo 135 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 135. ...

I. ...

II.La divorciada o divorciado no tendrán derecho a la pensión de quien haya sido su cónyuge, a menos que a la muerte del causante, éste estuviese ministrándole alimentos por condena judicial y siempre que no existan viuda o viudo, hijos, concubina o concubinario y ascendientes con derecho a la misma.

III. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.— Diputados: Francisca Elena Corrales Corrales, María del Rocío Corona Nakamura, María Beatriz Zavala Peniche, Martha Lucia Mícher Camarena, Leslie Pantoja Hernández, María Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, María Fernanda Schroeder Verdugo, Flor Ayala Robles Linares, Adriana González Carrillo, Joaquina Navarrete Contreras,  María Concepción Navarrete Vital, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Landy Margarita Berzunza Novelo, María Guadalupe Velázquez Díaz, María Celia Urciel Castañeda, Fernando Bribiesca Sahagún, Roberto Ruiz Moronatti, Teresa de Jesús Mojica Morga, Leonor Romero Sevilla, Consuelo Argüelles Loya, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, María Angélica Magaña Zepeda, Gabriel Gómez Michel, Elvia María Pérez Escalante, Teresita de Jesús Borges Pasos, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbricas).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social. Adelante, Adriana.

La diputada Adriana González Carrillo(desde la curul): Buenos días, presidente, ¿le puedo pedir, por favor, si le puede preguntar a la proponente si puedo adherirme a tan buena y noble propuesta que ha hecho la diputada Paquis, de Sinaloa?

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Con gusto, diputada. Diputada Corrales, ¿acepta usted que se adhiera a su iniciativa todo el que lo pida?

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (desde la curul): Con mucho gusto, quien guste adherirse.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Pablo Adame Alemán, para presentar iniciativa que reforma los artículos 256 y 467 Bis de la Ley General de Salud.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es indudable que México es un país de jóvenes; la generación más grande de jóvenes en la historia del país, le llaman. Pero sin duda, esta generación, así como tiene muchas oportunidades, también enfrenta muchas amenazas y una de esas amenazas es el consumo de drogas.

A propósito del consumo de drogas, que ha estado tanto en el debate de la prensa y de los comunicadores —por lo que se aprobó en Estados Unidos de América—, he leído muy atento al diputado Fernando Belaunzarán, que en tuiter ha comentado que el jueves presenta aquí una iniciativa para legalizar la marihuana.

Diputado Belaunzarán, estamos listos para el debate los que estamos en contra y los que —como usted— están a favor de la legalización de la marihuana. Demos el debate ya en México sobre este importante tema.

Pero para entrar al tema del día de hoy, de acuerdo con los Centros de Integración Juvenil y la Encuesta Nacional de Adicciones, el consumo de inhalables —popularmente conocido como el moneo o monearse— ha venido en ascenso, particularmente entre algunos jóvenes que estudian niveles de secundaria o de bachillerato, situándose su consumo como la tercer droga de inicio y segunda de preferencia.

La misma institución señala que en sus pacientes de primer ingreso se ha registrado una tendencia al alza, que se han moneado alguna vez en su vida, que va del 34 por ciento en el 2004, al 44 por ciento en el 2011. Las sustancias inhalables más utilizadas son los solventes, los pegamentos y los esmaltes.

Para quien no sabe de lo que les estoy hablando, les traje aquí una botella de thinner, que cuesta —y la compré el día de hoy— 15 pesos, y una mona, que cuesta 2 pesos. Así que por 17 pesos nuestros jóvenes se están drogando el día de hoy y los daños que genera el monearse son irreparables para toda nuestra juventud.

Es preciso resaltar —por cierto— que el 22 por ciento de los jóvenes que reciben la atención en los centros inició su consumo con los inhalables o con la mona. Esto tiene un crecimiento de 2008 para la fecha, y sobre todo se refleja en la región centro del país.

En el caso particular del Distrito Federal, el IAPA (Instituto para la Atención y Atención de Adicciones) ha señalado que los inhalables son la droga preferida antes de los 14 años. Con esto quiero decirles que tenemos cinco motivos principales para poner especial atención a este fenómeno creciente de consumo de drogas de inhalables.

1. Los daños que generan los inhalables, daños que producen a la salud de quienes los consumen, ya que provocan efectos psicoactivos y daños al hígado, riñones, insuficiencia cardiaca, asfixia o pérdida de la visión.

2. Los inhalables son sustancias de fácil acceso —17 pesos como se los he comentado—, que para su consumo no se requiere contactar a un criminal para obtenerlos, ya que se pueden encontrar en los hogares, en las escuelas o en las tlapalerías.

3. Existe desconocimiento generalizado sobre las consecuencias y peligros de su uso; además se desconoce su potencial adictivo, lo que hace a los inhalables una sustancia de baja percepción de riesgo.

4. El uso y abuso del moneo se inicia, en la gran mayoría de los casos, antes de la mayoría de edad. En promedio, en los 14 años en las mujeres y 15 años en los hombres.

5. Los inhalables son el tercer tipo de droga que más se consume en México, solo después de la mariguana y la cocaína.

Por tanto, esta iniciativa propone reformar dos preceptos de la Ley General de Salud; el primero, en el artículo 256 para establecer que en los envases se prohíba la venta a menores de edad y señalar las sanciones administrativas y penales en caso de ocurrir el expendio o suministro a menores de edad, ello con el objetivo de inhibir la conducta antes señalada de manera análoga a lo establecido para el caso de las bebidas alcohólicas, en términos del artículo 218 de la ley referida.

La segunda propuesta es para adicionar un artículo 467 Bis con dos hipótesis normativas para sancionar la venta y suministro de inhalables a menores de edad. Estas conductas serán sancionadas con una pena de siete a 15 años, pues hoy solamente el artículo 467 contiene una sanción de siete a 15 años de prisión exclusivamente para aquél que induzca o propicie que menores de edad puedan consumir estos inhalables, sin quedar claramente qué significa ello.

Compañeras y compañeros diputados, es claro y notorio que en el tema de la prevención de las adiciones entre los jóvenes, como en tantos otros, tenemos retos que a esta generación les toca enfrentar.

Por esta razón, les hago un llamado hoy a la Secretaría de Salud y a la Secretaría Educación para que hagan ya una campaña exhaustiva para prevenir y para informar sobre los daños irreparables que producen el consumo de inhalables en nuestros menores de edad.

Compañeros diputados, no lo duden y no queden con el pendiente, la mona está matando a nuestros jóvenes. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 256 y 467 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Juan Pablo Adame Alemán, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Exposición de motivos

México hoy cuenta con el bono demográfico de jóvenes más grande en la historia, lo cual representa un conjunto de oportunidades que requiere nuestro país para dar el salto a los primero lugares de desarrollo. Sin embargo, esta generación de jóvenes todavía enfrenta amenazas que ponen en riesgo su pleno desarrollo en distintos ámbitos. Ejemplo de ello es el fenómeno del consumo de drogas.

Resulta indignante y muy preocupante que los jóvenes de esta generación se encuentren frente a diagnósticos como el que han venido elaborado instituciones como Centros de Integración Juvenil, A.C., con respecto al consumo de inhalables en jóvenes.

De acuerdo con Centros de Integración Juvenil, la problemática del consumo de inhalables como droga ha venido en ascenso particularmente entre los jóvenes de esta generación que estudian los niveles educativos de secundaria y bachillerato; situándose su consumo como la tercer droga de inicio y segunda de preferencia (10.4%), después de la mariguana (11.4%) y antes de la cocaína (3.5%).

La misma institución, señala que en sus pacientes de primer ingreso se ha registrado una tendencia al alza que han consumido inhalables alguna vez en su vida, que va de un 33.8% en 2004 a un 44.1% en 2011. Las sustancias inhalables más utilizadas son los solventes (35.3%), los pegamentos (7.2%) y los esmaltes y pinturas (5.3%).

De ese total de jóvenes que ingresan por primera vez, el 45.1% señaló haber utilizado inhalables alguna vez en la vida y 21.4% comentó haberlo hecho durante el mes previo a la solicitud de tratamiento en los centros.

Cabe resaltar que el 22.3% de jóvenes que reciben atención en los Centros de Integración Juvenil inició el consumo de drogas con inhalables. De acuerdo a la información de Centros de Atención Juvenil, la edad de inicio en el consumo de inhalables registra un promedio de 15.2 años entre la población joven. Si este promedio se analiza por género, nos encontramos con que la edad promedio de inició para la utilización de inhalables como drogas en las mujeres es de 14.3 años de edad y en los hombres es de 15.4 años.

El fenómeno del consumo de drogas

El fenómeno del consumo de drogas en México representa un problema que ha penetrado en casi todos los ámbitos de la sociedad, desgastando el tejido social y que afectando principalmente a sectores vulnerables de la población. Este problema “corrompe a instituciones y funcionarios públicos; favorece la escalada de violencia y delincuencia; desarticula la cohesión social y destruye los lazos familiares y genera, además severos problemas de salud pública” (Instituto Nacional de Salud Pública 2011).  Dado lo anterior, la producción, distribución y consumo de drogas, deben de ser temas prioritarios de atención para cualquier gobierno.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la palabra “droga” como “cualquier sustancia que, al interior de un organismo viviente, puede modificar su percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones motoras” (Secretaría de Salud) y que adicionalmente, “posee la capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores” (Las Drogas),  y de causar daños a la salud física o mental (Secretaría de Salud).

Se considera que existe abuso de drogas cuando el consumo de una persona es frecuente u ocasional fuera de una práctica médica aceptable y con consecuencias adversas en su salud física y mental así como en diversas áreas de su vida. (Secretaría de Salud).

Existen diferentes tipos de drogas, entre los cuales se encuentran la marihuana, la cocaína, el alcohol, el tabaco, el éxtasis, la heroína, el LSD, los inhalables, el crack y las anfetaminas (Las Drogas).Dentro de estas drogas de abuso los inhalables deben recibir especial atención debido a que es una de las sustancias con más baja percepción de riesgo por la población y por los daños que ocasionan a la salud especialmente en niños y adolescentes. A continuación se describen las características, consecuencias y riesgos que generan en la salud de la población.

Daños a la salud por el uso de inhalables

Los inhalables son “sustancias volátiles que producen vapores químicos que pueden ser inhalados para provocar un efecto psicoactivo o un estado de alteración mental” (Las Drogas). La mayoría de los inhalables producen una intoxicación rápida que se asemeja a la del alcohol y actúan como depresores del sistema nervioso central.

Con base en la forma en que los inhalables a menudo se encuentran en los productos domésticos, industriales y médicos, pueden ser divididos en cuatro categorías: disolventes volátiles (thinner, pegamentos, barnices de uñas, etcétera) , aerosoles (fijadores de pelo, aire comprimido para limpiar computadoras, etcétera), gases (se encuentran en encendedores, tanques para asadores, gas helio, etcétera) y nitritos (se utilizan como vasodilatadores, y están presentes en algunos aromatizantes ambientales) (Las Drogas).

Las categorías antes mencionadas ayudan a definir las principales formas en las que  se comercializan los inhalables  agrupándose en:

1) “Activo”: Es básicamente una sustancia compuesta de tolueno(más de 90%), y para su consumo generalmente se utilizan productos de uso industriales que ante su exposición pueden producir daños a la salud en muchos niveles y favorecer la aparición de cáncer.

2) Disolventes industriales: son productos comerciales legales por lo que son fáciles de adquirir en el comercio. Podemos mencionar las pinturas en aerosol, el thinner, algunos limpiadores, el “PVC”, las gasolinas, algunos pegamentos de contacto (Resistol 5000, por ejemplo), entre otros.

3) Gases: como el butano de los encendedores, el propano de los tanques y estufas para campismo; los de tipo anestésico, como el óxido nitroso o “gas de la risa”, el éter y el cloroformo, éstos se evaporan con facilidad.

4) Aerosoles :contienen gases almacenados a presión que, al abrir la válvula, salen con fuerza dispersando en pequeñas gotas su contenido. Hablamos desde el limpiador de teclados de computadora —aire comprimido— hasta el esprayfijador de cabello y pinturas en aerosol.

Dentro de las razones principales por las que el gobierno debe de controlar la venta y el uso de inhalables, se encuentran los efectos dañinos a la salud. En primer lugar, el uso continuado de inhalables genera dependencia y afecta profundamente el sistema nervioso central. Se sabe, por ejemplo, que  provoca graves alteraciones cognoscitivas como falta de atención, alteraciones en la memoria y problemas de aprendizaje además de causar daños cerebrales irriversibles a nivel estructural y funcional. Así mismo, favorece  que los consumidores desarrollen rasgos de personalidad antisocial, agresiva y depresiva; que dan lugar a ataques de pánico, ansiedad y alucinaciones (Las Drogas).

Algunos de los principales daños que ocasiona la inhalación de cualquiera de los productos antes mencionados son: encefalopatía, ataxia cerebelosa, neuropatía periférica, neuropatía craneal,  Parkinsonismo, pérdida de visión (neuropatía óptica) y, alteraciones multifocales, entre otras (Brailowsky 1995).

Los daños generados por la inhalación de estas sustancias no se limitan al cerebro, también genera afectación a los riñones y al hígado; a la composición de la sangre aumentando los niveles de carboxihemoglobina y; modifica el ritmo cardiaco, provocando arritmias (Brailowsky 1995).

Un riesgo particular asociado con el abuso de inhalables es la presentación de muerte súbita por inhalación, la cual puede presentarse en usuarios frecuentes o en personas que inhalan por primera vez (Cruz, 2007).

Por otra parte, es importante destacar que entre los usuarios más comunes de estas sustancias se encuentran niños y adolescentes quienes no han completado su proceso de maduración nerviosa, lo que incrementa la probabilidad de producir un daño neurológico irreversible.

Como vemos, los efectos dañinos de los inhalables a la salud no son menores y sus consecuencias  pueden resultar sumamente costosas de atender para el Estado.

Accesibilidad de los inhalables

Los inhalables son drogas de fácil adquisición. Como se mencionó anteriormente, éstos se encuentran en productos domésticos, escolares o industriales, son de bajo costo en relación con otro tipo de drogas y se encuentran accesibles para el grueso de la población. Más aún, no es necesario recurrir a un criminal para su compra.

El hecho de que los inhalables estén contenidos en productos tan comunes como los pegamentos, los removedores de pintura de uñas, los correctores líquidos y los desodorantes, hace que las sustancias pasen desapercibidas y que no se les vincule de forma alguna con adicciones, lo que eleva aún más su disponibilidad y pone en riesgo a la población especialmente a los menores de edad.

En la Encuesta Nacional de Adicciones de 2008, llevada a cabo por la Secretaría de Salud, se llegó a la conclusión de que la exposición a la oportunidad es una variable fundamental para determinar el consumo de drogas en un individuo. Es decir, mientras más expuesto se encuentra un individuo a determinada droga, se incrementa la probabilidad  de abuso y de generar dependencia.  Existen varios factores que elevan la exposición de un individuo hacia las drogas, y uno de ellos, presumiblemente, es la disponibilidad o accesibilidad de la droga en sí misma. Si la droga es barata y carece de controles para su venta, la disponibilidad de ésta evidentemente, será mucho mayor.

Por otro lado, el hecho de que los inhalables sean baratos y sumamente accesibles, hace que la demanda de estas sustancias provenga principalmente de adolescentes y de la población más marginada, que no cuenta con recursos para acceder a otro tipo de drogas.

En este sentido, es importante que el gobierno tome acciones para controlar la exposición a los inhalables con el fin de reducir la probabilidad de que las personas usen o abusen de este tipo de drogas.

Desconocimiento sobre su potencial adictivo y peligros de su consumo

Como ya se ha mencionado, dado que los inhalables están contenidos en productos indispensables para el hogar o para las industrias, existe poco conocimiento sobre la amenaza que éstos representan para la salud física y mental de quienes los consumen inadecuadamente. El uso incorrecto que se hace de productos legales ocasiona que las familias no identifiquen dichos productos como potenciales drogas.

Lo anterior se hizo evidente en la Tercera Encuesta Nacional de Adicciones, que buscó indagar en “la percepción de la población sobre el riesgo adictivo de distintas sustancias” (Secretaría de Salud 2008). 16 Encontrando que mientras el 80.3% de la población coincidió en que la marihuana genera adicción, sólo el 56.2% de los encuestados consideró que los inhalables producen adicción (Secretaría de Salud 2008).

Los datos anteriores son muy reveladores, pues reflejan el nivel de desconocimiento sobre el potencial adictivo de los inhalables y el riesgo de que su consumo de paso al consumo de otras drogas. Además da cuenta de la baja percepción de riesgo que existe en la población (Las Drogas).

Mientras los inhalables no sean considerados como drogas potenciales, su consumo podría continuar a la alza.

Inicio del uso y abuso de inhalables durante la adolescencia

La Tercera Encuesta Nacional de Adicciones (ENA 2008) también proporciona información sobre la edad en la que se inicia el consumo de las diferentes drogas, es decir, y permite identificar las edades de mayor riesgo para iniciar el consumo de  sustancias. Esta encuetas reporta que el 63.3% de los que usan inhalables, comenzaron a hacerlo antes de alcanzar la mayoría de edad (Secretaría de Salud 2008).

El hecho de que en la adolescencia se inicie el consumo de  la gran mayoría de los usuarios de inhalables no es de extrañar. La ENA 2008 reporta que los adolescentes entre 12 y 17 años de edad “tienen más probabilidad de usar drogas cuando están expuestos a la oportunidad de hacerlo que quienes ya han alcanzado la mayoría de edad” (Secretaría de Salud 2008). Estos datos proporcionan evidencia de  que el tener mayor disponibilidad a los inhalables incrementa la probabilidad de que los adolescentes puedan consumirlos. Lo anterior nos lleva a la conclusión de que al reducir la disponibilidad de los productos inhalables para los menores de edad, se reduce la probabilidad de consumo y de personas dependientes a la sustancia.

Además, si se logra reducir la proporción de personas que se inician en las drogas inhalables siendo menores de edad, se reducirá la proporción de personas dependientes de estas sustancias, ya que los adolescentes progresan en mayor proporción hacia la dependencia que los adultos. “Dado el abuso, 35.8% de los adolescentes, 24.6% de los adultos jóvenes (de 18 a 25 años) y 14.5% de quienes tienen más de 25 años progresan a la dependencia” (Secretaría de Salud 2008).

Estos datos nos dan cuenta de la importancia de limitar el alcance de la sustancia a los menores de 18 años, para reducir su consumo.

(v) Los inhalables son la tercera droga más consumida en México

Detrás de todo lo que se ha venido mencionando sobre los inhalables (su accesibilidad, el desconocimiento generalizado sobre su potencial adictivo y peligros, y la temprana edad en la que se inicia su uso) no es de sorprender que los inhalables sean la tercera droga más preferida por los mexicanos, tan sólo por detrás de la marihuana y de la cocaína, lo cual ubica a los inhalables entre una de las mayores preocupaciones para los gobiernos que buscan acabar con el problema de las drogas.

Finalmente con base en la información anterior, se pueden resumir cinco motivos principales para poner especial atención a las drogas inhalables:  (i) Los daños que los inhalables producen en la salud de quienes los consumen; (ii) Los inhalables  son sustancias de fácil acceso, es decir,  generalmente, son productos  fáciles de obtener, debido a su bajo costo , a que no precisan de instrumentos para su uso y no se requiere contactar a un criminal para obtenerlos ya que se pueden encontrar en los hogares, en las escuelas o en los lugares de trabajo (Las Drogas);  (iii) Existe un desconocimiento generalizado sobre las consecuencias y peligros de su uso. Además, se desconoce su potencial adictivo, lo que hace a  los inhalables una sustancia de baja percepción de riesgo; (iv) El uso y abuso de los inhalables se inicia, en la gran mayoría de los casos, antes de la mayoría de edad (Secretaría de Salud 2008); (v) Los inhalables son el tercer tipo de droga que más se consume en México, sólo después de la marihuana y la cocaína. Alcanza una incidencia acumulada de 0.7% (Secretaría de Salud 2008).

Propuesta normativa

Tomando en consideración lo anterior, la presente iniciativa propone reformar particularmente dos preceptos de la Ley General de Salud con el objeto de prevenir e inhibir la venta de substancias inhalables con efectos psicotrópicos a menores de edad y su respectivo consumo.

En primer lugar, se propone la modificación del artículo 256, para establecer que los envases que contengan dichas substancias deberán tener impresa la leyenda: “Prohibida la venta a menores de edad y señalar las sanciones administrativas y penales en caso  de ocurrir el expendio o suministro a menores de edad. Ello con el objetivo de inhibir expresamente la conducta antes señalada, de manera análoga a lo establecido para el caso de las bebidas alcohólicas, en términos del artículo 218 de la ley referida.

La segunda propuesta de reforma que se somete a consideración, es para adicionar un artículo 467 Bis y modificar el tipo penal al introducir dos hipótesis normativas consistentes en el expendio y suministro de substancias inhalables que produzcan efectos psicotrópicos. Estas conductas serán sancionadas con una pena de siete a quince años de prisión. En este sentido, cabe destacar que el precepto vigente en el artículo 467 sólo contiene una sanción de siete a quince años de prisión exclusivamente para aquel que induzca o propicie que menores de edad o incapaces consuman, mediante cualquier forma, substancias que produzcan efectos psicotrópicos, por lo que con la modificación señalada se busca sancionar los supuestos de la venta y suministro.

Por todo lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adicionan un párrafo segundo al artículo 256 y un artículo 467 Bis, en los siguientes términos:

Artículo 256. ...

Estas substancias en todo momento deberán tener de manera impresa en sus envases y empaques la leyenda: “Prohibida la venta a menores de edad”, así como las sanciones administrativas y penales en caso  de ocurrir el expendio o suministro a menores de edad.

Artículo 467 Bis.- Al que venda o suministre a menores de edad o incapaces, mediante cualquier forma, substancias que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos a que se refiere las fracciones IV y V del artículo 245 de esta Ley, se aplicará de 7 a 15 años de prisión.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Centros de Integración Juvenil, AC, presentación del libro Inhalables: un problema reemergente de salud públicahttp://www.encuentra.gob.mx/resultsAPF.html?q=inhalables&client= cij (último acceso: 15 de octubre de 2012).

2 Centros de Integración Juvenil, AC. Op. Cit.

3 Instituto Nacional de Salud Pública. Salud Pública de México.2011. http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36341999000 300014 (último acceso: 12 de octubre de 2012).

4 Secretaría de Salud. El consumo de drogas en México. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM.htm (último acceso: 12 de octubre de 2012).

5 Drogas. ¿Qué son las drogas?http://www.las-drogas.com/(último acceso: 12 de octubre de 2012).

6 Secretaría de Salud. El consumo de drogas en México. Op. Cit. 

7 Ídem

8 Drogas. ¿Qué son las drogas? Op. Cit.

9 Drogas. ¿Qué son las drogas? Op. Cit.

10 Ídem

11 Ídem.

12 Ídem

13 Brailowsky, Simon. Las sustancias de los sueños: neuropsicofarmacología. 1995. México: Fondo de Cultura Económica. http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/130/html/l assusta.html

14 Ídem

15 Cruz, S. Los efectos de las drogas: De sueños y pesadillas. 2007. Trillas.

16 Secretaría de Salud. En cuesta Nacional de Adicciones 2008. Op. Cit.

17 Ídem

18 Drogas. ¿Qué son las drogas? Op. Cit.

19 Secretaría de Salud. En cuesta Nacional de Adicciones 2008. Op. Cit.

20 ídem

21 ídem

22 Secretaría de Salud. En cuesta Nacional de Adicciones 2008. Op. Cit.

23 Drogas. ¿Qué son las drogas? Op. Cit.

24 Secretaría de Salud. En cuesta Nacional de Adicciones 2008. 2008. Op. Cit.Secretaría de Salud. En cuesta Nacional de Adicciones 2008. 2008. http://www.insp.mx/images/stories/INSP/EncNacAdi/Docs/ ENA08_nacional.pdf (último acceso: 7 de junio de 2011). Secretaría de Salud. En cuesta Nacional de Adicciones 2008. 2008. Op. Cit.

25 Secretaría de Salud. En cuesta Nacional de Adicciones 2008. Op. Cit.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, el 16 de octubre de 2012.— Diputados: Juan Pablo Adame Alemán, Leonor Romero Sevilla, Leslie Pantoja Hernández, Fernando Bribiesca Sahagún, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Consuelo Argüelles Loya, José Alfredo Botello Montes (rúbricas).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante, diputado.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Nada más para decirle al diputado Juan Pablo Adame, que con gusto le tomo la palabra; es la hora del debate de este tipo de temas. El asunto de las drogas es un tema de debate a nivel mundial.

Le tomo la palabra y a lo mejor nos damos cuenta que no estamos tan diferentes en nuestras posiciones; tu propuesta es regular la venta del thinner, de los inhalables y de otras cosas que hacen mucho daño a la juventud —y de solventes—; mi propuesta es de regular la marihuana. A lo mejor no estamos tan distintos en nuestras posiciones, pero lo veremos en un debate imprescindible. Te agradezco la mención.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán:El jueves aquí nos vemos, diputado.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Tomás Torres Mercado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y está suscrita por el diputado Nabor Ochoa López. Adelante, diputado.

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Señor presidente, rogarle a usted otorgue el uso de la palabra a mi compañero el diputado Nabor Ochoa, que previamente habíamos hecho la solicitud en tales términos y es además co-iniciante. Le agradezco, estimado presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante, señor diputado Nabor Ochoa.

El diputado Nabor Ochoa López:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la presente iniciativa, presentada y suscrita por el diputado Tomás Torres Mercado y el de la voz, tiene como propósito fundamental el someter a la consideración de esta soberanía un tema relacionado con la viabilidad institucional de los gobiernos estatales y municipales y el cumplimiento adecuado de sus funciones constitucionales. Todo ello en un sistema nacional de coordinación fiscal con limitaciones, con distorsiones e incluso alejado, distanciado de la realidad que vivimos en los estados y municipios del país. Para nadie es desconocida la problemática financiera que vienen arrastrando entidades federativas y la gran mayoría de los municipios del país, que han tenido como consecuencia incrementar sus niveles de endeudamiento.

Las causas de esta problemática financiera y de endeudamiento son diversas, son distintas. No solo se trata de dispendio e irresponsabilidad —que sí los ha habido—, sino también y principalmente, por la necesidad de los gobiernos locales de atender las demandas crecientes de la ciudadanía, por la propia transferencia del gobierno federal de nuevas facultades y atribuciones a las autoridades locales, por las propias aportaciones que se tienen que hacer desde el ámbito local para que bajen los programas federales, e incluso por la atención que desde el ámbito local se les tiene que dar solución a los destrozos, a los problemas originados por fenómenos meteorológicos.

Doy ejemplo de esto que acabo de mencionar. Si bien es cierto que la descentralización de los servicios de salud y educación también implicó la transferencia de recursos, no han sido proporcionales al incremento en la demanda en esos rubros ni tampoco en los aumentos salariales y prestaciones adicionales que se les entregan cada año a los trabajadores y que implica un esfuerzo adicional de los gobiernos estatales.

Pero además, hay un tema también que ha implicado gastos adicionales de los estados y municipios que no han sido contemplados en el Presupuesto de la federación, me refiero al tema de la seguridad pública.

Como ustedes saben, es una gran preocupación de los mexicanos, y el gobierno federal de manera importante y decisiva ha transferido algunas responsabilidades, ha tomado decisiones importantes y positivas. Por ejemplo, ya se inició la depuración de los cuerpos policiacos en los gobiernos estatales y municipales; implica —la depuración— que si un elemento policiaco no aprueba los exámenes de control y confianza debe ser despedido, pero para ser despedido, compañeras y compañeros, hay que liquidarlo conforme a la ley y para eso no hay apoyos de la federación.

De igual manera, otro esfuerzo positivo es la creación de la policía estatal acreditable, nada más que los gastos de operación de este cuerpo policiaco corren con cargo a los gobiernos locales.

De igual manera, compañeras y compañeros, el combate al narcomenudeo, que es una corresponsabilidad local, tampoco ha sido acompañado con una partida presupuestal para atacar con eficiencia este aspecto.

Por último, en el tema de seguridad. Este año, del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública ya no es posible pagar gasto corriente, ya no es posible pagar servicios personales, como sí se hacía antes, lo que implica que los aumentos salariales, las renivelaciones y homologaciones salariales, todo esto es con cargo precisamente a los gobiernos locales.

Pero también hablaba de los fenómenos naturales. El gobierno federal apoya, a través de la Sedesol, del Fonden, sí, nada más que aportan el 50 por ciento, el otro 50 por ciento debe ser aportado por el gobierno local estatal o municipal.

Por último —y todos lo sabemos—, prácticamente todos los programas federales requieren de la aportación del 50 por ciento de los gobiernos estatales y municipales.

Ante esta problemática financiera, que ha implicado no solo que muchos municipios sean meros pagaderos de nómina, sino incluso que muchos de ellos ya no tengan ni para pagar la nómina, mucho menos para hacer frente a sus responsabilidades, es que tanto el diputado Tomás Torres Mercado como su servidor estamos proponiendo una reforma a los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que tiene como objetivo el que los estados y municipios cuenten con más recursos para atender de manera eficiente las crecientes demandas ciudadanas.

Actualmente, el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal señala que el Fondo General de Participaciones se constituye con el 20 por ciento de la recaudación federal participable de la federación de cada ejercicio, y el 6o. se refiere a que los municipios recibirán cuando menos el 20 por ciento de esas participaciones federales.

La propuesta concreta del diputado Tomás Torres Mercado y su servidor es que se reformen los artículos 2o. y 6o. para que el Fondo General de Participaciones pase del 20 al 25 por ciento y que los municipios reciban también del 20 al 25 por ciento de participaciones, en un esquema de aplicación gradual de este incremento del 1 por ciento anual hasta llegar al porcentaje de participaciones propuesto.

Con esta iniciativa no intentamos motivar, estimular el dispendio o la irresponsabilidad, lo que buscamos es que los estados y municipios tengan recursos y elementos para atender a la ciudadanía; lo que buscamos es reformar la Ley de Coordinación Fiscal, actualizarla, para que se distribuyan de mejor manera los recursos fiscales, de manera equitativa, y a final de cuentas para con todo esto poder contribuir a construir un mejor país, un país más justo, más próspero, con menos desigualdad social, en beneficio de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de Tomás Torres Mercado y suscrita por Nabor Ochoa López, diputados del Grupo Parlamentario del PVEM

Los suscritos, diputados Tomás Torres Mercado y Nabor Ochoa López, integrantes de la LXII Legislatura, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se modifican los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal,al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Estamos siendo testigos del endeudamiento abrupto de varias entidades federativas, lo cual se deriva de una incapacidad para generar un aumento en su producción, y esto sucede, entre otros factores, por un limitado haber económico que impide dedicar esfuerzos y recursos a los factores de la producción.

En este contexto el endeudamiento, lejos de ser un mecanismo para estimular el desarrollo integral de los estados a través de la infraestructura, es un lastre del cual no saldrán los “estados federales”, por lo anterior es necesario aperturar dos caminos, el primero, un aumento en las participaciones federales y, segundo, una rendición de cuentas donde se evidencie la eficiente producción económica dentro de cada territorio de descentralización política.

Exposición de Motivos

La nueva realidad de México hace cada vez más urgente una profunda reforma de las relaciones intergubernamentales, y de descentralización política.

Actualmente, el sistema fiscal está expuesto a la globalización, lo cual implica que los gobiernos estatales y municipales deben asumir responsabilidades mayores, esto impacta directamente en el capital humano, la infraestructura, inversión extrajera directa, mayor facilidad o dificultad para hacer negocios, entre otros.

De este modo, es notorio el protagonismo de los entes políticos descentralizados quienes están obligados a impulsar crecimiento en sus territorios, y permitir mejoras en sus ciclos económicos.

En muchas ocasiones, lamentablemente, apreciamos un entrampe de las entidades federativas de pobreza y marginación.

Un mecanismo de nivelación entre regiones, es el Sistema de Coordinación Fiscal iniciado en 1980, el cual tuvo como objetivo establecer un conjunto de disposiciones y órganos reguladores de la cooperación entre la federación y las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, con la finalidad de armonizar el sistema tributario mediante la coordinación y colaboración intergubernamental, generando y distribuyendo las participaciones que correspondieran a sus haciendas públicas respecto a los ingresos federales y apoyar al sistema de transferencias mediante los fondos de aportaciones federales. A través de dicho órgano, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y los gobiernos de las entidades, por medio de su órgano hacendario, participarían activamente en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del mismo.

Sin embargo, dichas disposiciones no han funcionado óptimamente, las entidades federativas han presentado diversos obstáculos para avanzar hacia un desarrollo integral que les permita satisfacer las demandas de servicios públicos básicos de sus habitantes.

Lo anterior es debido principalmente a la cesión de potestades tributarias a cambio de mayores transferencias federales, y esto a su vez contribuyó a una dependencia económica cada vez mayor de la federación.

Por lo tanto, si los gobiernos locales dependen de manera excesiva de las transferencias del gobierno federal, se generan una serie de distorsiones como el uso ineficiente de los recursos públicos al no enfrentar las autoridades estatales los costos de generar ingresos.

En la mayoría de las entidades federativas las transferencias brindadas por la federación no son suficientes y equitativas. Un mecanismo de distribución de recursos es la Recaudación Federal Participable (RFP), la cual, desde su inicio, en 1980, incluida en la Ley de Coordinación Fiscal, fue un elemento fundamental en la distribución de recursos para las entidades federativas y los municipios, específicamente a través de los ramos 28 y 33.

El segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente establece que la recaudación federal participable será la obtenida por la federación, por todos sus impuestos; así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.

Un aspecto importante es que los montos a repartir a las entidades federativas y los municipios, dependen de movimientos que impactan la recaudación federal participable, tales como la evolución de la economía (comportamiento del impuesto sobre la renta, ISR; impuesto al valor agregado, IVA; e impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS), o el desempeño del mercado del petróleo y la política fiscal del gobierno federal. Por lo que, de tener afectación cualquiera de las variables antes mencionadas ese movimiento repercutiría en la asignación de recursos.

Por ello, es fundamental trabajar en el fortalecimiento de un sistema fiscal y presupuestal más equitativo, con menos distorsiones del desarrollo de las entidades federativas y sus municipios.

Actualmente, con 20 por ciento transferido por la federación, a través del Fondo General de Participaciones, se aprecia una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades de las entidades federativas, teniendo en consecuencia que recurrir al endeudamiento, que en la actualidad lejos de ser un mecanismo para estimular el desarrollo integral de los estados a través de la infraestructura, se ha utilizado de manera indiscriminada convirtiéndose en un problema para las administraciones locales.

La presente iniciativa tiene como objetivo el incremento en el porcentaje del Fondo General de Participaciones de 20 al 25 por ciento.

Este incremento sería gradual en un punto porcentual cada año. De la misma manera, se propone que este mismo incremento se refleje en las entidades federativas en beneficio de los municipios, es decir, que también incrementen en 1 por ciento anual el monto mínimo que les deben entregar hasta llegar al 25 por ciento del total.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 3, numeral 1, fracción VIII; artículo 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se modifican, el párrafo primero del artículo 2; y, el párrafo primero del artículo 6, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar del siguiente modo:

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con 25 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

...

Artículo 6o. Las participaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo General de Participaciones, incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores a 25 por ciento de las cantidades que correspondan al estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones legales en lo que contravengan al presente decreto.

Tercero. Los incrementos de 20 a 25 por ciento a que se refiere el presente decreto, se aplicarán gradualmente. Para tal efecto, a partir del ejercicio fiscal siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente ordenamiento, se adicionará uno por ciento cada año hasta alcanzar el porcentaje de participaciones aprobado.

Cuarto. Las legislaturas de los estados deberán adecuar sus ordenamientos respectivos para dar cumplimiento a lo que dispone el presente decreto.

Nota:

1. Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.— Diputados: Tomás Torres Mercado, Nabor Ochoa López, Gabriel Gómez Michel (rúbricas).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, para presentar iniciativa que reforma los artículos 42 y 43 de la Ley del Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras, mi intervención es para proponer una iniciativa que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 42, fracción I y 43 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El Infonavit modificó la ley en 1997, en donde se deslinda ya de la construcción de edificios de unidades habitacionales. Quiero exponer que el mismo problema que se presenta en Acapulco se presenta en diferentes estados de la República.

En el caso de Acapulco, los edificios de Infonavit fueron construidos aproximadamente en los años 73 a 1980. Estos edificios ya tienen caducidad en su vida útil y además se encuentran en una zona costera en donde la humedad, el salitre y la oxidación han disminuido considerablemente la resistencia de estos edificios.

Hay edificios en donde los cubos de escaleras ya no cuentan con varilla, solamente es óxido y solamente está funcionando el concreto. Tenemos falta de mantenimiento por la humedad y por la falta de recursos.

El Infonavit tenía como obligación recaudar el 1 por ciento del salario de los trabajadores para el mantenimiento; sin embargo, el Infonavit no fue capaz de poder dar un modelo de administración que permitiera organizar a todos los condóminos para darle mantenimiento a sus edificios. Argumenta el Infonavit que ya entregó ese 1 por ciento; sin embargo, los condóminos no han recibido en su mayoría ese 1 por ciento.

Si sumáramos todo ese capital, desde 1973 a la fecha, sería una cantidad millonaria que deberían de recibir los trabajadores para darle mantenimiento a sus unidades habitacionales; si a esto le aumentamos el alto riesgo en el que se encuentran los edificios del Infonavit en zonas sísmicas, como es el caso de Acapulco y la costa del Pacífico, que se encuentra en una planta tectónica, donde hay gran movimiento y en donde de acuerdo a los expertos se está esperando un sismo mayor, en donde se puede liberar energía y un sismo mayor de 8 grados, tendríamos un riesgo latente.

Ante esta situación, el Infonavit dice no contar con fondos para poder dar apoyo al mantenimiento de estos edificios.

Por lo tanto, lo que estoy solicitando en esta iniciativa es reformar estos artículos, de tal manera que quede un fondo, un apartado con un fondo cuando menos de 500 millones de pesos para poder dar salida urgente a los más de 800 edificios que se encuentran en zonas sísmicas y de alto riesgo.

El mismo caso también lo vive Mazatlán, lo vive Veracruz y lo está viviendo la costa del Pacífico Sur; por lo tanto, estamos solicitando que ustedes nos apoyen con este proyecto de reforma, de tal manera que el presente decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación y se solicita, por única ocasión, a través del ejercicio fiscal 2013, se asigne de una partida extraordinaria al Infonavit de no menos de 500 millones de pesos, para la inversión en mantenimiento y reparación de diversos edificios al interior de la República que se encuentran de alto riesgo o colapso.

Se deja al instituto, basándose en estudios realizados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, las reglas de operación de dicha partida.

Es también importante mencionar que consideramos como situación de riesgo o colapso por las siguientes causas en estos edificios: por la alta probabilidad de riesgo de sismos; por haberse construido antes de 1986, antes del sismo en México y que cambiaron las reglamentaciones para la construcción de los edificios, y que éstos ya no cubren esta reglamentación, y por ubicarse en zonas costeras y de alta humedad. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 42 y 43 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Víctor Manuel Jorrín Lozano, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 42, fracción I, y 43 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país existen niveles alarmantes de pobreza en los ámbitos social, alimentario y patrimonial que en este sexenio se han incrementado de manera exponencial.

El Coneval señala que en los años de gobierno de Calderón la población en condiciones de pobreza alimentaria creció de 14.7 millones en 2006 a 21.2 millones en 2010, un aumento de 44.2%. En lo referente a la alimentación, los mexicanos con carencia en el acceso, sólo entre 2008 y 2010, pasaron de 23.8 millones de personas a 28 millones.

No menos grave resulta el aumento en la pobreza patrimonial, la cual se incrementó de 45.5 millones de personas en 2006 a 57.7 millones de personas en 2010, dando como resultado un aumento de 26.8%.

Uno de los pocos triunfos que el gobierno se atribuye en materia social, es la reducción de personas con carencia al acceso de servicios básicos de vivienda, la cual disminuyó de 21.1 millones en 2008 a 18.5 en 2010.

Más allá de preguntarnos cuántas viviendas se construyeron, lo importante es comprobar que éstas cumplen con los requerimientos necesarios para una vida digna.

El Censo del 2010 define el concepto de vivienda deshabitada como “Vivienda particular que es totalmente construida y disponible para ser habitada y que en el momento del levantamiento censal no tiene residentes habituales, no es de uso temporal y no es utilizada como local con actividad económica”.

Los resultados de este Censo demuestran que, entre vivienda deshabitada y de uso temporal, la proporción no ocupada del parque habitacional asciende al 21%. Dentro de esto, la vivienda deshabitada representa el 14%, lo cual se traduce, en números absolutos, en 5 millones de hogares.

Igual de grave resulta la difícil obtención de un hogar en nuestro país, de acuerdo al estudio “Estado Actual de las vivienda en México 2011”, el 60% de la vivienda se realiza mediante la producción social, es decir tan sólo el 40% de la población tiene la posibilidad de adquirir una casa ya construida.

Dentro de este estudio destaca que la población con capacidad de pago y de producción social asistida representa tan sólo el 10%, la población derechohabiente el 30%, la población no derechohabiente con capacidad de pago el 10% y la población no derechohabiente sin capacidad de pago el 40%.

La evidencia muestra que la mayoría de hogares construidos no satisfacen los requerimientos mínimos que una persona necesita para su desarrollo, esto se debe a que el Infonavit contrata a particulares para la construcción y se desentiende de los estándares a cumplir.

Ya basta de inflar las cifras en indicadores pensando sólo en la cantidad y no en la calidad mínima que merece la sociedad.

En México existen 35 millones 752 mil 705 personas que viven en condiciones de rezago habitacional, lo equivalente a la población del Distrito Federal, Estado de México, Veracruz y Oaxaca.

El 62.5% de este problema se concentra en Guerrero, Veracruz, Chiapas, Estado de México, Baja California, Oaxaca, Chihuahua, Michoacán, Tabasco y Jalisco.

De acuerdo al estudio “Rezago habitacional, demanda de vivienda 2012 y bono demográfico”,realizado por la sociedad Hipotecaria Federal (SHF), existen aproximadamente 2 millones 216 mil personas que viven en hacinamiento, es decir dos o más familias por vivienda.

Con base en esto, el estudio plantea que es necesaria la construcción de 9 millones 37 mil 690 viviendas para enfrentar el problema de rezago en los próximos años, lo cual representa una tercera parte de las viviendas particulares habitadas en el país.

Debemos comenzar a pensar en el mantenimiento de los hogares que se encuentran en situación deplorable. De la gente que cuenta con un hogar, 4 millones 504 mil vive en casas hechas con materiales en deterioro o desecho; paredes de lámina, de cartón, carrizo, bambú, embarro o bajareque.

¿Con qué ingresos pueden solventar gastos de reparación o mejoras en la condición habitacional los ciudadanos de nuestro país, cuando 4 de cada 10 perciben mensualmente menos de tres salarios mínimos y 3 más no tienen ningún tipo de percepción?

De los 35.7 millones de mexicanos que viven en condiciones de rezago habitacional, 25.8 millones no tienen la posibilidad de adquirir ningún tipo de vivienda porque no dispone de algún tipo de subcuenta de organismos como el Infonavit y Fovissste que les permita acceder a este tipo de bien.

El problema se complica con la venta de deuda del Infonavit a terceros, dando como resultado un incremento en cartera vencida exponencial. Tan sólo de enero a julio este concepto creció 29 puntos base, llegando a un índice de morosidad de 5.44%.

Esta cifra significa un incremento del 0.29% con respecto al mes de diciembre del año pasado que cerró en 5.15%. Actualmente el Instituto reporta que los acreditados en situación de morosidad adeudan cerca de 52, 552 millones de pesos.

Debido a lo alarmante de las cifras presentadas, resulta claro que las personas que habitan en viviendas que no satisfacen los requerimientos mínimos para una vida digna se encuentran atadas de manos. El círculo de pobreza en el que se ubican no les permite realizar, a través de los escasos ingresos con los que cuentan, ningún tipo de mejora.

Tan sólo en el estado de Guerrero, según datos de la Delegación del Infonavit, alrededor de 800 viviendas de los complejos habitacionales El Coloso, El Colosio y San Agustín se encuentran abandonados y vacíos debido a la movilidad laboral, a la desintegración familiar y al desempleo.

Existe un riesgo latente de que 1 de cada 4 edificios colapse, lo cual significaría dejar sin hogar a 250,000 habitantes. Si trasladamos esto a una magnitud nacional, lo cual es factible debido a las pésimas condiciones habitacionales en todo el país, las consecuencias que se presentarían son catastróficas.

Este problema no tan sólo involucra a las personas que se encuentran hoy en día en hogares que en cualquier momento podrían derrumbarse, involucra también a todos aquellos que han recibido casas que no satisfacen los requerimientos mínimos y que pueden desembocar en la misma situación en poco tiempo.

Es necesario que el gobierno asuma la responsabilidad económica para salir de este conflicto. Sólo así se garantizará un nivel mínimamente digno de vida; sólo así evitaremos una tragedia nacional.

Nos encontramos a tiempo de brindar solución a un tema con carácter de urgente a través de la prevención y no como reparación de daños una vez que estos sucedan. ¿Estamos dispuestos a esperar a que el colapso de edificios acabe con miles de vidas? Es nuestra responsabilidad como legisladores buscar el bien de la sociedad sin esperar a que el peligro inminente en el que viven se vuelva realidad.

Es por ello que presentamos esta iniciativa con el propósito de reformar un par de artículos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores; en el caso del artículo 42 se propone incluir el mantenimiento de casas habitación en la línea 1 de crédito que otorga el Instituto.

En el caso del artículo 43, se propone que los recursos excedentes con que cuenta el Instituto se puedan invertir en reparaciones y mantenimiento de edificios o casas habitación construidos por el Infonavit.

Igualmente, se propone un artículo transitorio para que, por única ocasión, el Infonavit cuente con recursos extraordinarios para el ejercicio fiscal 2013 y pueda invertir en mantenimiento y reparación de diversos edificios en el interior de la República que se encuentren con alto riesgo de colapso. Se dejan al Instituto, basándose en estudios realizados por el Cenapred, las reglas de operación de dicha partida extraordinaria.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 42 fracción I y 43 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Único. Se reforma y adiciona la fracción I del artículo 42 y el tercer párrafo del artículo 43 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 42. Los recursos del Instituto se destinarán:

I. En línea uno al financiamiento de la construcción de conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, mediante créditos que les otorgue el Instituto y al mantenimiento de conjuntos habitacionales adquiridos por los trabajadores. Los financiamientos sólo se concederán por concurso, tratándose de programas habitacionales aprobados por el Instituto y que se ajusten a las disposiciones aplicables en materia de construcción.

Artículo 43. En los términos de la fracción XII del apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores estará a cargo del Instituto.

Las aportaciones, así como los descuentos para cubrir los créditos que otorgue el Instituto que reciban las entidades receptoras autorizadas conforme a esta Ley, deberán ser transferidas a la cuenta que el Banco de México le lleve al Instituto, en los términos y conforme a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Los recursos excedentes deberán invertirse, en tanto se aplican a los fines señalados en el artículo anterior, en la reparación y mantenimiento de conjuntos habitacionales adquiridos por los trabajadores, priorizando a aquellos que se encuentren en situaciones de riesgo o colapso, por las siguientes causas:

I. Por alta probabilidad de riesgo de sismo

II. Por haberse construido antes de 1986

III. Por considerarse que terminó su vida útil de vivienda

IV. Por ubicarse en zonas costeras y de alta humedad

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se solicita, por única ocasión, a través del ejercicio fiscal 2013, la asignación de una partida extraordinaria al Infonavit, no menor a 500 millones de pesos, para la inversión en mantenimiento y reparación de diversos edificios al interior de la república que se encuentren con alto riesgo o colapso. Se dejan al Instituto, basándose en estudios realizados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, las reglas de operación de dicha partida.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de noviembre de 2012.— Diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen y a la de Presupuesto, para opinión.

LEY GENERAL DEL TRABAJO - LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS - LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Trabajo; de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 123 constitucional.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la nómina no solamente es un instrumento administrativo en el que se canalizan los haberes de los trabajadores, como primer requisito de la parte patronal, sino también se trata del mecanismo por el que el trabajador es retribuido por la labor que desempeña.

Para el trabajador es indispensable conocer la diferencia entre el salario bruto y el neto; es decir, debe conocer cómo se integra su percepción considerando todos sus complementos salariales, además de retenciones y aportaciones a la seguridad social.

En este sentido, debemos decir que las empresas que se encuentran constituidas en nuestro país poseen una gran responsabilidad para dar cuenta de todo lo relacionado con los haberes, la procedencia y la distribución de sueldos de los trabajadores. Caso contrario lo encontramos en la expedición de los estados de cuenta relativos al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), así como de los talones y recibos de pago que emiten las diferentes dependencias y entidades gubernamentales.

Por ejemplo, es pertinente señalar que toda persona trabajadora o ex trabajadora tiene derecho de conocer qué es lo que se le está descontando o bien cuáles son las principales aportaciones a sus fondos de ahorro, siempre sujetándose a todo mecanismo de transparencia y constantemente observar dicha constancia mediante un formato sencillo, preciso y entendible sobre su contenido.

Actualmente no existe un marco normativo por el cual en este tema se basen las distintas empresas, tanto particulares, como las dependencias y entidades de la administración pública.

No es raro comentar que una persona que recibe un talón de pago o recibo de nómina, desde el momento en que hace su primer cobro, no tenga claro cuáles son los conceptos por los que se estén representando los cargos o las aportaciones a algún instituto de seguridad social o dirigida a otra prestación cualquiera.

No debemos dejar pasar el amplio número de los trabajadores al servicio del Estado quienes se han manifestado en diversas ocasiones en contra de la opacidad con la que se manejan las retenciones destinadas a los servicios de seguridad social. Por parte de los trabajadores que cotizan al Seguro Social su situación es relativamente la misma.

Compañeras y compañeros, debemos ser claros, desde la creación de los sistemas de aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social, para sus trabajadores siempre ha existido duda respecto de las partidas que integran un estado de cuenta donde se incluyan dichos institutos y otras prestaciones.

En este sentido, es necesario reconocer lo siguiente: existe la necesidad de coordinar los esfuerzos entre las dependencias y entidades de la administración pública, estatales y locales; existe la necesidad de brindar una adecuada atención e información a cada uno de los trabajadores y ex trabajadores, dando a conocer con toda precisión cuáles son las principales deducciones y aportaciones que aparecen en sus recibos de pago o de nómina, desde el primer momento de hacer el cobro del salario correspondiente con su trabajo.

No está por demás decirlo, todas las personas trabajadoras y ex trabajadores al servicio del Estado, y quienes cotizan para el Seguro Social —para el IMSS— tienen derecho a conocer tales elementos, incluyendo la participación de administradoras de los fondos para el retiro, administradoras de fondos educativos, instituciones financieras encargadas de administrar seguros de vida adicionales, prestaciones ajenas a los compromisos adquiridos con la dependencia, entidad o institución, domiciliación de cobros, etcétera.

De esta forma, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que no habrá ninguna otra condición de inconformidad al respecto y que en todo momento se estará cumpliendo a cabalidad con el principio de transparencia para los trabajadores.

En este sentido, la iniciativa que aquí presentamos sencillamente pretende transparentar las formas en que toda empresa, en nuestro país, pueda presentar la información relacionada a los haberes, sueldos, prestaciones y aportaciones para los trabajadores, a través de los respectivos recibos de nómina.

Finalmente, para dar sentido a dicha propuesta, la iniciativa que presentamos a su consideración contiene lo siguiente: todo salario deberá ser entregado acompañado de su respectivo recibo de pago de nómina, mismo que integrará los conceptos contenidos en el párrafo anterior, además de deducciones, aportaciones y movimientos bancarios por el concepto de fondos de ahorro, créditos, préstamos, etcétera, y a través de un formato sencillo, preciso y entendible sobre la presentación de dicha información. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Ricardo Cantú Garza, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La nómina no sólo es un instrumento administrativo en la que se canalizan los haberes de los trabajadores como primer requisito de la parte patronal, sino también se trata del mecanismo por el que el trabajador es retribuido por la labor que desempeña.

Para el trabajador, es indispensable conocer la diferencia entre el salario bruto y el neto, es decir, debe conocer cómo se integra su percepción considerando todos sus complementos salariales, además de retenciones y aportaciones a la seguridad social.

En este sentido, debemos decir que las empresas que se encuentran constituidas en nuestro país, poseen una gran responsabilidad para dar cuenta de todo lo relacionado con los haberes, la procedencia y la distribución de sueldos de los trabajadores.

Caso contrario lo encontramos en la expedición de los estados de cuenta relativos al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), así como de los talones y recibos de pago que emiten las diferentes dependencias y entidades gubernamentales, por ejemplo.

Es pertinente señalar que toda persona trabajadora o ex trabajadora tiene derecho de conocer qué es lo que le están descontando o bien, cuáles son las principales aportaciones a sus fondos de ahorro, siempre estando sujeto a todo mecanismo de trasparencia y constantemente teniendo un formato sencillo, preciso y entendible sobre la presentación de la información que contenga.

Actualmente no existe un marco normativo por los cuales se basen las distintas empresas, tanto particulares como las dependencias y entidades de la administración pública.

No es raro comentar que una persona que recibe un talón de pago o recibo de nómina, desde el momento en que hace su primer cobro, no tenga claro cuáles son los conceptos por los que se estén representando los cargos o las aportaciones a algún instituto de seguridad social o dirigida a otra prestación cualquiera.

No debemos dejar pasar el amplio número de los trabajadores al servicio del Estado se han manifestado en diversas ocasiones en contra de la opacidad con la que se manejan las retenciones destinadas a los servicios de seguridad social principalmente.

Por parte de los trabajadores quienes cotizan al Seguro Social, su situación es relativamente la misma.

Debemos ser claros, desde la creación de los sistemas de aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social, para sus trabajadores siempre ha existido duda respecto de las partidas que integran un estado de cuenta donde se incluyan dichos institutos y otras prestaciones.

En este sentido, es necesario reconocer lo siguiente: existe la necesidad de coordinar los esfuerzos entre las dependencias y entidades de la administración pública, estatales y locales.

Existe la necesidad de brindar una adecuada atención e información a cada uno de los trabajadores y ex-trabajadores, dando a conocer con toda precisión cuáles son las principales deducciones y aportaciones que aparecen en sus recibos de pago o de nómina, desde el primer momento de hacer el cobro del salario correspondiente en su trabajo.

No está por demás decirlo, todas las personas trabajadoras y ex-trabajadoras al servicio del Estado, y quienes cotizan para el IMSS tienen derecho a conocer tales elementos, incluyendo la participación de administradoras de los fondos para el retiro, administradoras de fondos educativos, instituciones financieras encargadas de administrar seguros de vida adicionales, prestaciones ajenas a los compromisos adquiridos con la dependencia, entidad o institución, domiciliación de cobros, etcétera.

De esta forma, estamos convencidos de que no habrá ninguna otra condición de inconformidad al respecto y que en todo momento se estará cumpliendo a cabalidad con el principio de trasparencia y derechos de los trabajadores.

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma la fracción IX del artículo 25, y el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. a VIII. ...

IX. Otras condiciones de trabajo, tales como : las percepciones, deducciones, aportaciones y movimientos bancarios por concepto de fondos de ahorro, créditos, préstamos, etcétera, directamente reflejados en los recibos de pago o de nómina de cada trabajadora o trabajador,días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón.

...

Artículo 110. Los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos, con los requisitos siguientes y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la presente ley:

Artículo Segundo. Se reforma el párrafo tercero del artículo 13 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para quedar como sigue:

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo 13. ..

...

Los mencionados estados de cuenta, así como los comprobantes de operación y los estados de cuenta de operaciones financieras por concepto de percepciones, deducciones, aportaciones, fondos de ahorro, créditos, préstamos y demás movimientos bancarios relacionados al manejo y la administración de los salarios de los trabajadores de las dependencias o entidades de la administración pública, así como de los trabajadores de la iniciativa privada,deberán cumplir con los requisitos que para entidades financieras establezca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; y para entidades comerciales, los que establezca la Procuraduría Federal del Consumidor, igualmente mediante disposiciones de carácter general.

Artículo Tercero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Ley Federal del Trabajo

Artículo 84. ...

Todo salario deberá ser entregado acompañado de su respectivo recibo de pago o de nómina, mismo que integrará los conceptos contenidos en el párrafo anterior, además de deducciones, aportaciones y movimientos bancarios por concepto de fondos de ahorro, créditos, préstamos, etc. y a través de un formato sencillo, preciso y entendible sobre la presentación de dicha información.

Artículo Cuarto.Se adiciona: un segundo párrafo al artículo 32, recorriéndose los siguientes en su orden, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional

Artículo 32. ...

Todo salario deberá ser entregado acompañado de su respectivo recibo de pago o de nómina, mismo que integrará los conceptos contenidos en el párrafo anterior, además de deducciones, aportaciones y movimientos bancarios por concepto de fondos de ahorro, créditos, préstamos, etcétera, y a través de un formato sencillo, preciso y entendible sobre la presentación de dicha información.

...se recorren

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan  al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a ocho de noviembre de 2012.— Diputados: Ricardo Cantú Garza, María del Carmen Martínez Santillán (rúbricas).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.Dígame, diputada.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán(desde la curul): Para suscribir la iniciativa junto con el orador.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: ¿Suscribirla junto con él? Tome nota la Secretaría.

ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL - LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION DE LA EDUCACION

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra la diputada Dora María Talamante, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12, 29 y 31 de la Ley General de Educación y expide la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que está suscrita por los diputados integrantes del Grupo de Nueva Alianza.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, con base en este proyecto de reforma, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza somete a la consideración de esta soberanía la adición de cinco párrafos a la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que el diseño y coordinación de la evaluación del sistema educativo nacional sea competencia del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.

Asimismo proponemos modificar las fracciones VII y XII del artículo 12 de la Ley General de Educación, permitiendo que los procesos de evaluación, los resultados, los estudios que el instituto genere sean diferentes y vinculatorios para el diseño de políticas públicas en materia de educación.

Adicionalmente y considerando que la misma ley cuenta con un apartado específico referido a la evaluación del sistema educativo, proponemos que los artículos 29 y 31 señalen el papel del instituto en dicho proceso.

De igual forma, sometemos a su consideración la Ley del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, con el objeto de reglamentar las bases del nuevo organismo que se crea, a través de las adiciones del citado artículo 3o. de nuestra Carta Magna.

Con estas modificaciones propuestas por Nueva Alianza cimentaremos el andamiaje jurídico necesario para otorgarle autonomía constitucional al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. De esta manera se le da fortaleza orgánica e institucional, para que a través del mecanismo de transparencia, en un marco estrictamente técnico, desarrolle los procesos de evaluación y su posterior difusión de resultados y recomendaciones.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos a favor de la evaluación del sistema educativo, en todos sus componentes, considerando, entre otros, al Magisterio, a estudiantes, directores, supervisores y autoridades educativas federales y estatales; estamos conscientes de que es necesario fortalecerla, en aras de la mejor calidad educativa.

Debemos promover la calidad educativa, no solo en términos económicos, de indicadores o cumplimiento de metas, que desde luego son importantes y necesarios. Pero en nuestra gran nación es fundamental que lo hagamos también con miras en lograr una verdadera justicia social con base en esta evaluación educativa integral.

Obtengamos precisamente eso, una mejora sustancial en la calidad de la educación. Para ello debemos ampliar los alcances del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y cumplir con la demanda de la sociedad, que sea el órgano responsable de evaluar en forma transparente, periódica y sistemática por los elementos que integran el sistema educativo nacional.

Las limitaciones que sujetan al instituto, derivadas principalmente por el diseño de su actual estructura, hacen explícita la existencia de una instancia cuyo estatus jurídico sea la base de la legitimidad, imparcialidad e independencia de las evaluaciones y la difusión objetiva de sus resultados, así como de asumir la responsabilidad de promover y ejecutar estrategias de formación y comunicación que den impulso al desarrollo de una cultura de la evaluación educativa.

En estos últimos años, en el ámbito legislativo hemos sido testigos del consenso entre las diversas fracciones parlamentarias respecto a la necesidad de que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación cuente con personalidad jurídica, de organismo autónomo, con patrimonio propio, pero sobre todo que sus resultados sean vinculantes con la planeación de políticas educativas dirigidas a elevar la calidad de la educación. Así lo demuestran las iniciativas que se han presentado en el seno de la honorable Cámara de Diputados por las diversas fuerzas políticas que la conforman.

Es importante señalar que en ningún momento se pretende privar a la Secretaría de Educación Pública de la facultad que tiene de realizar evaluaciones respecto al estado que guarda el sistema educativo nacional. Lo que se busca es consolidar una cultura en la evaluación, que —desde una figura de autonomía y transparencia— aporte a nuestro sistema educativo mejoras para la toma de decisiones. Estamos seguros que esto se logrará mediante el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Es preciso señalar que, en cuanto a los órganos de gobierno, la ley que proponemos establece que para garantizar la autonomía del instituto los miembros de éste no deberán formar parte de ningún órgano de Estado o partido político, y serán presentados por el presidente de la República y votados por el Congreso de la Unión.

Además se plantea que se conforme de 11 miembros, con la finalidad de disminuir la probabilidad de empates en las votaciones que le correspondan para la toma de decisiones dentro del instituto y la designación del presidente de la junta.

Asimismo, los miembros de la junta de gobierno tendrán una duración de seis años, tomando posesión de su encargo a la mitad del sexenio en curso, con el fin de garantizar su autonomía y disminuir la probabilidad de que las decisiones de ésta se vinculen al ciclo político sexenal.

El presidente o presidenta del instituto tendrá el cargo por un tiempo de tres años. Todos los miembros de la junta de gobierno se sujetarán a lo dispuesto por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Otra fortaleza que estamos proponiendo para el instituto consiste en la conformación del consejo consultivo que se plantea en la iniciativa de ley; considera la participación de los responsables de las áreas de evaluación educativa en las 32 entidades federativas, así como a un representante del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, de la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional, del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, de la Unión Nacional de Padres de Familia, y de la Comisión de Educación del Sector Empresarial. Lo anterior, con el fin de contar con la opinión de aquellos actores que se vinculan directamente con el tema de la evaluación y la calidad del sistema educativo.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza la educación es estratégica en el desarrollo económico, sociocultural y político de nuestro país. Tenemos claro que la ruta de México hacia el éxito transita principalmente por garantizar a todas las niñas, los niños y jóvenes el acceso a una educación de calidad; una educación de calidad que forje la existencia de las niñas, los niños y los adolescentes, de los jóvenes, de las mujeres y los varones, considerándolos a todos siempre como personas dotadas de dignidad, de ser libres y de las cualidades más distinguidas, tales como la virtud, la excelencia, para que formen parte del auténtico sello de la humanidad, que es diversa, tolerante e inclusiva.

Sin duda esto podemos llevarlo a cabo por medio de evaluar a los alumnos, a los docentes, a estos últimos, tanto en el inicio de su formación como en el ejercicio profesional y por supuesto, en los espacios de procesos que los albergan.

El nuevo estatus jurídico del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación permitirá generar acciones públicas, estratégicas, visibles para el cambio de rumbo y la consolidación de la política educativa como una política de Estado. Con esta reforma se le está dotando de herramientas técnicas, administrativas y jurídicas para que cumpla con el objeto que se dio origen.

Compañeras y compañeros diputados, evaluar implica identificar oportunidades para progresar con calidad, pertinencia y equidad; por ello es importante destacar que el objetivo es que la evaluación sea un instrumento que permita detectar qué programas o elementos del sistema educativo son sujetos de diseño o rediseño o en qué áreas de la enseñanza, regiones o instituciones educativas se deberá poner mayor atención, compromiso y esfuerzos públicos.

Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presenta esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan cinco párrafos a la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se modifican las fracciones VII y XII del artículo 12, se reforman los artículos 29 y 31 de la Ley General de Educación y se expide la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 12, 29 y 31 de la Ley General de Educación; y expide la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del Problema

La evaluación es considerada actualmente como un elemento esencial en todo sistema educativo, pues su aplicación sistemática y los resultados que de ésta se deriven tienen como objetivo último aportar conocimientos, información y datos que den sustento a la toma de decisiones en tomo a la definición del sentido y organización del sistema educativo, así como para el desarrollo de las transformaciones necesarias para elevar su calidad; entendida ésta, desde una perspectiva relativa y dinámica, como una tendencia asociada con el concepto de superación y mejora continua en la educación.

Ante esta premisa y en el marco de la firma de! denominado Compromiso Social por la Calidad de la Educación, el 8 de agosto de 2002 se publicó el decreto presidencial por el que se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como un organismo público descentralizado, que tiene por objeto el de ofrecer a las autoridades educativas federal y estatales, y a la sociedad, las herramientas idóneas para evaluar los diferentes elementos que integran el sistema educativo en sus niveles básico y medio superior.

Desde su creación por decreto, la función del INEE se ha concentrado en brindar apoyo en la colaboración activa en la evaluación del sistema educativo nacional y en la fijación de los lineamientos para evaluar los sistemas estatales, por parte de las autoridades educativas de las entidades de la federación. En este sentido y como se establece en el decreto que le da existencia, el organismo se concibió para:

1. Fortalecer aquellas áreas estatales de evaluación dependientes de las secretarías de educación de las entidades federativas;

2. Apoyar a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la realización de las evaluaciones nacionales de la educación en todos sus tipos, niveles y grados, así como en todas las áreas de los currículos y apoyar a otras instituciones que lo solicitaran;

3. Promover el surgimiento y desarrollo de la cultura de evaluación en los medios relacionados con la educación y con ello, la publicación de los resultados de sus análisis e iniciar investigaciones a partir de la información arrojada para explicar los resultados;

4. Crear vínculos con los organismos internacionales de evaluación educativa, y

5. A petición de la SEP, llevar a cabo instrumentos y acciones para proporcionar elementos que permitieran evaluar el desarrollo de proyectos de carácter prioritario.

Dada la relevancia de sus funciones, mismas que el INEE ha desempeñado con rigor académico y seriedad, pero con un limitado alcance e impacto en la definición de las políticas educativas, se hace necesario promover y hacer efectivo un cambio en su naturaleza jurídica. Consideramos que a casi una década de su creación, la institución ha construido una base técnica-metodológica, ha formado investigadores y cuenta con un bagaje teórico suficiente para, hacer del INEE la institución responsable de la evaluación de todos los elementos que integran el sistema educativo nacional; y, que al otorgarle autonomía constitucional se le da la fortaleza orgánica e institucional para que, a través de mecanismos transparentes y en un marco estrictamente técnico, desarrolle los procesos de evaluación y su posterior difusión de resultados y recomendaciones.

Con esta propuesta han coincidido diversos especialistas que señalan valores como la confianza y credibilidad del Instituto como condiciones indispensables para el desempeño de una función que es estratégica para el futuro del país; valores se alcanzará plenamente, sólo si el INEE se constituye como un órgano constitucionalmente autónomo.

En nuestro país ya se han abierto tres instancias a las que la propia Constitución Política les reconoce autonomía: El Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el Banco de México. Las reformas que en su momento les dieron autonomía, representaron avances fundamentales en el proceso de transformación y fortalecimiento de éstas instituciones que son hoy pilares de nuestra vida democrática.

En este sentido, tenemos que reconocer que con el paso de los años el INEE ha hecho de su trabajo un punto de referencia, sustentado en el rigor técnico que le imprime a sus investigaciones y estudios, sin embargo se aspira a que más que puntos de referencia, el trabajo del INEE sea rector de las acciones públicas que se tomen en materia de evaluación para nuestro sistema educativo.

Contar con un organismo eficiente y valorado socialmente en materia de evaluación educativa se convirtió, desde el decreto de creación del INEE, en una demanda permanente de amplios sectores de la sociedad.

Además, de mantenerse latente la controversia generada por lo establecido en la Ley General de Educación, de acuerdo a la cual, la Secretaría de Educación Pública es la única instancia reconocida legalmente con atribuciones para evaluar el sistema educativo nacional:

Artículo 12.Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

XII. Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, evaluar a éste y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar;

Con previsión de los diversos escenarios que podría generar la conformación del INEE y tomando en cuenta lo arrojado en los diversos foros y consultas organizadas previamente a su creación, en 2002, se consideró que se podía asegurar su independencia con el hecho de integrar de forma plural a los 15 miembros de la Junta Directiva, de los cuales, ocho son funcionarios públicos y siete son representantes de la sociedad civil organizada (artículo 8), junto con la presencia de un Consejo Técnico integrado por 16 especialistas de reconocido prestigio.

Pese a ello y a que los miembros del Consejo Técnico son personas respetadas y honorables, la confianza y credibilidad con la que debió nacer un Instituto de esta envergadura, continuó siendo objeto de cuestionamientos.

A menos de una década de su creación, se puede afirmar que el INEE, como organismo público descentralizado no sectorizado recientemente mediante modificación del Presidente de la República, fue una vía de solución parcial, que ha desarrollado de manera satisfactoria sus funciones, pero que su actual estatus jurídico no le permite ampliar sus alcances y cumplir con la demanda de la sociedad de constituirse como el órgano responsable de evaluar de manera transparente, periódica y sistemática todos los elementos que integran el sistema educativo nacional.

Ante estas limitaciones derivadas de su actual estructura, se hace explícita la necesaria existencia de una instancia cuyo estatus jurídico sea la base de la legitimidad, imparcialidad e independencia de las evaluaciones y la difusión objetiva de sus resultados, así como de asumir la responsabilidad de promover y ejecutar estrategias de formación y comunicación que den impulso al desarrollo de una cultura de la evaluación educativa.

Hasta ahora se han hecho esfuerzos para perfeccionar la figura del Instituto, como señala su Plan Maestro de Desarrollo 2007-2014, aprobado por la Junta Directiva del propio organismo, el 14 de noviembre de 2006. En dicho documento se plantea que para continuar contribuyendo a la Consolidación y articulación de las demás instancias de evaluación federales y estatales, así como de la participación de México en el trabajo internacional de evaluación, es necesario elevar el perfil jurídico del INEE, con el objeto de lograr una mejor integración a través del Sistema Nacional de Evaluación.

A raíz de los debates generados con el decreto de creación del INEE, en el ámbito legislativo se ha presentado un consenso entre las diversas fracciones parlamentarias respecto a la necesidad de que éste cuente con personalidad jurídica -autonomía- y patrimonio propio; pero sobre todo, que sus resultados sean vinculantes con la planeación de políticas educativas dirigidas a elevar la calidad de la educación.

Se han presentado diversas iniciativas de reforma con el objeto de reorientar su naturaleza jurídica. En el año de 2002, fueron presentados en el Senado dos proyecto de Ley, uno el 14 de agosto de 2002 por el senador Armando Chavarría, del Grupo Parlamentario del PRD; y otro el 17 de octubre por el senador Natividad González Parás.

Un año después, específicamente el 23 de enero de 2003, durante la LVIII Legislatura en la Cámara de Diputados,  el legislador Ramón León Morales, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó la iniciativa de Ley del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación, y de reformas y adiciones a las Leyes General de Educación y Federal de las Entidades Paraestatales.

El 4 de mayo de 2006, el Senado de la República envió a la Cámara de Diputados, una minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación y del Sistema Educativo, se reforma la Ley General de Educación y se reforma la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,  misma que se encuentra pendiente de dictamen por las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Gobernación desde la LIX Legislatura. Esta iniciativa, sin embargo, contaba con graves deficiencias que fueron señaladas en su momento tanto por la Junta Directiva del INEE como por el Consejo Técnico del propio Instituto, así como por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

Asimismo, el 29 de septiembre de 2006 el diputado Rubén Aguilar Jiménez, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa en términos parecidos a la iniciativa anteriormente mencionada. Más adelante, el 19 de abril de 2007 los diputados María Gabriela González Martínez y Alejandro Landero Vargas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentaron un proyecto de Ley del INEE, enfatizando su autonomía plena respecto de la SEP, al señalar que la junta directiva se integraría de seis miembros, cuatro representantes de instituciones académicas y dos de organizaciones de la sociedad civil, todos propuestos por el Ejecutivo federal y ratificados por el Legislativo; en este caso, la Junta tendría la atribución de nombrar al director general y, finalmente la SEP, en un término no mayor de 90 días hábiles, realizaría las acciones necesarias para la creación y establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

Posteriormente, con el mismo objetivo aunque con diferencias técnicas, durante la misma LX legislatura, la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa que reforma el artículo tercero constitucional y diversas disposiciones de la Ley General de Educación, y expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y no fueron objeto de dictamen durante la LX Legislatura.

En fechas recientes, durante la presente LXI Legislatura, el diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa que reforma tres artículos de la Ley General de Educación, con el fin de incorporar dentro de la sección referida a la evaluación del Sistema Educativo Nacional, el papel que debe jugar el INEE dentro de éste.

Finalmente, el 15 de Mayo de 2012, el Presidente de la República Felipe Calderón, realizó una modificación al Decreto que creó al Instituto, mediante esta reforma, se implementó la “No Sectorización” a dicho Instituto.

Argumentación

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza reconocemos la importancia que juega actualmente el INEE, pues antes de que este existiera, el país no contaba con un mecanismo formal y público para evaluar a las instituciones educativas, el logro académico y todos aquellos elementos vinculados a la calidad educativa.

Al dotar de mayores facultades al INEE estamos abonando al proceso de institucionalización de la evaluación en la educación. Por ello, nuestra iniciativa señala como imprescindible el cambio de modelo del organismo, con el objeto de garantizar los alcances en autonomía, transparencia, imparcialidad, eficiencia y oportunidad en la evaluación del sistema educativo federal y de las entidades de la federación, que atienda a las necesidades de calidad que se requiere en el escenario de las evaluaciones interacciónales, a los principios de equidad evaluativa en el ámbito nacional y regional, mismas que hoy son un referente clave del grado de avance de una nación, pues el nivel de desarrollo humano está ligado al nivel educativo de su población.

Resulta evidente, a menos de una década de operación del INEE, que es necesario un rediseño de la institución, acorde con las necesidades reales del sistema educativo nacional, a partir de la creación de un organismo responsable de la evaluación de la educación, con garantías de autonomía e independencia en su estructura orgánica y presupuestal.

Con ello garantizaremos la objetividad, imparcialidad y vinculación de sus resultados en la construcción de políticas públicas promovidas para elevar la calidad educativa. Daremos un papel fundamental en este proceso a la federación y a los gobiernos de los estados, garantizando la nula intervención de cualquier interés político, económico o social.

El modelo que proponemos, coincide con la recomendación de la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas, que señala en su estudio la importancia de distinguir entre la creación de instituciones u organismos y las reformas educativas mismas, valorando la visibilidad de los temas por encima de la definitividad de las soluciones y, sobre todo, que la creación de instituciones no constituye, como tal, una reforma educativa.

Queda claro que sin instituciones fuertes con credibilidad y presencia en la sociedad, los planteamientos de política educativa que conllevan a transformaciones o reformas de fondo, difícilmente pueden concretarse. Pese a que la institución no es la reforma, sin ella la reforma no es posible.

Es importante señalar que la autonomía de un organismo evaluador, no altera la función sustantiva del Estado en el sistema educativo nacional. Principio que se confirma con la Tesis Jurisprudencial número 12/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Órganos constitucionales autónomos. Sus características.

Con motivo de la evolución del concepto de distribución de poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial) a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales: sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender las necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, estado de Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan Nepomuceno Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez.

El tribunal pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número 12/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de enero de 2008. 31/2006.- Tribunal Electoral del Distrito Federal.- 7 de noviembre de 2006.- Mayoría de nueve votos; votó en contra Genaro David Góngora Pimentel (Ausente Guillermo Ortiz Mayagoitia).- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

Tomando en cuenta estos elementos, se propone adicionar cinco párrafos a la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que el diseño y coordinación de la evaluación del Sistema Educativo Nacional en los tipos básico y medio superior así como la referida a las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica, será competencia del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación; y que la información y resultados que está arroje serán considerados vinculatorios para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, en la integración de políticas públicas que permitan elevar la calidad de la educación y el mejoramiento de su equidad, en los términos que establezca la ley.

Se propone que el nuevo organismo se rija bajo la dirección de una Junta de Gobierno como órgano de dirección, cuyos miembros serán designados por la Cámara de Diputados o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; atendiendo las propuestas del titular del Poder Ejecutivo.

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, observando en sus funciones los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad, independencia, oportunidad, eficacia y equidad. Asimismo, establecerá los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.

En suma, el reconocimiento constitucional del instituto y el mandato de ésta respecto a la conformación de una Ley que contenga su organización y se base sobre los principios anteriormente mencionados, pondría fin al persistente debate ya expuesto en tomo a la creación de éste y permitiría al sistema educativo nacional emprender el camino hacia la construcción de confianza, credibilidad y legitimidad de la evaluación como un instrumento para impulsar la calidad y equidad de la educación en el sentido más integral de los términos.

Por su parte con el fin de evitar la controversia respecto a lo que actualmente se dicta en el artículo 12 de la Ley General de Educación, en el que se subraya que la evaluación es facultad exclusiva de la Secretaría de Educación Pública; proponemos modificar las fracciones VII y XII del artículo citado, permitiendo que los procesos de evaluación, los resultados y los estudios que el INEE genere, sean referentes y vinculatorios para el diseño de políticas públicas en materia de educación. En ningún momento se pretende privar a la SEP de la facultad que tiene para realizar evaluaciones respecto al estado que guarda el sistema educativo nacional, lo que se busca es que a través del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, se consolide una cultura de la evaluación que desde una figura de autonomía y transparencia aporte a nuestro sistema educativo mejores elementos para la toma de decisiones.

Adicionalmente y considerando que la misma Ley General de Educación cuenta con un apartado específico referido a la Evaluación del Sistema Educativo, proponemos que los artículos 29 y 31 señalen el papel del Instituto en dicho proceso.

En ese sentido, el artículo 29 establece que “corresponde a la secretaría la evaluación del sistema educativo nacional, sin perjuicio de la que las autoridades educativas locales realicen en sus respectivas competencias”. En concordancia con lo establecido en la reforma propuesta a la fracción XII del artículo 12 proponemos que el texto del artículo 29 especifique que de manera particular corresponderá al INEE la evaluación del tipo básico y medio superior, así como la referida a las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica.

De igual forma se propone establecer que la evaluación que realice el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación también será de carácter sistemático, permanente y sus resultados deberán ser tomados en cuenta como base para que las autoridades educativas adopten medidas que fortalezcan al sistema educativo o corrijan los rezagos o deficiencias que se deriven de la interpretación.

Asimismo, se propone facultarlo, través del artículo 31 de la Ley en comento, para que éste de a conocer los resultados de las evaluaciones que realice, así como toda la información que permita medir el desarrollo y los avances de la educación en cada entidad federativa. Ello en concordancia con la propuesta de reforma constitucional al artículo tercero, en el que se establece como uno de sus principios los de accesibilidad a la información y transparencia.

Finalmente, se expide la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación con el objeto de reglamentar las bases del nuevo organismo que se crea a través de las adiciones a la fracción 11 del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; atendiendo a los principios señalados en éste.

En esta propuesta de ley se establecen los elementos que el Instituto considerará del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación en sus tipos básico y medio superior, así como de las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica; los objetivos y principios rectores de la política nacional de evaluación de la educación; las formas en que se coordinará y orientará la labor del Instituto; así como un apartado concerniente a las formas de elección y operación de los órganos de gobierno que lo conforman. También considera lo referente a la divulgación de los resultados de las evaluaciones, el patrimonio y las relaciones de trabajo del instituto.

Cabe destacar que en cuanto a los órganos de gobierno, la ley propuesta establece que para garantizar la autonomía del Instituto los miembros de éste no deberán formar parte de ningún órgano del Estado o partido político, y serán propuestos por el Presidente de la República y votados por el Congreso de la Unión. Además, se propone que se conforme de 11 miembros con la finalidad de disminuir la probabilidad de empates en las votaciones que le correspondan para la toma de decisiones dentro del instituto y la designación del presidente de la junta.

Los miembros de la Junta de Gobierno tendrán una duración de seis años, tomando posesión de su encargo a la mitad del sexenio en curso con el fin de garantizar su autonomía y disminuir la probabilidad de que las decisiones de ésta se vinculen al ciclo político sexenal. El presidente del instituto tendrá el cargo por un tiempo de tres años. Todos los miembros de la Junta de Gobierno se sujetarán a lo dispuesto por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se dotará al instituto de un Consejo Técnico conformado por diversos miembros que sean expertos no solo en los campos de la evaluación y la investigación; sino también en los temas administrativos que competen a las áreas operativas del Instituto. Serán designados por la Junta de Gobierno en consideración a sus méritos y perfiles personales.

Por otro lado, se dota al instituto de un consejo consultivo al que serán invitados a participar los responsables de las áreas de evaluación educativa de las treinta y dos entidades integrantes de la Federación, así como a un representante del Consejo Nacional de Autoridades Educativas; de la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional, del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; del Consejo Mexicano de Investigación Educativa; de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia; de la Unión Nacional de Padres de Familia; y de la Comisión de Educación del Sector Empresarial. Todo ello con el fin de que se cuente con la opinión de aquellos actores que se vinculan directamente con el tema de la evaluación y la calidad del Sistema Educativo.

Adicionalmente la ley establece los términos concernientes a la Contraloría Interna, la Red de divulgación de los resultados de las evaluaciones; así como los elementos básicos ante la existencia de recursos de recisión; el patrimonio del instituto; y las formas en que se regularán las relaciones de trabajo al interior de éste.

Finalmente, se consideran ocho artículos transitorios que permiten explicitar diversas materias que pudieran presentar controversia durante la derogación del decreto que en 2002 dio vida al Instituto; y la puesta en marcha de la nueva ley.

De igual forma, se prevé la necesidad de adecuar los respectivos marcos normativos de aquellas entidades que cuentan al día de hoy con Institutos Estatales de Evaluación de la Educación, como resultado de un acuerdo del Ejecutivo estatal -tal es el caso del Estado de México-; o la necesidad de creación de éstos en aquellas entidades que aún no cuentan con un organismo similar.

En ambos casos, se establece la obligación de que éstos respondan a los principios de la Ley del Instituto Nacional de la Evaluación, con el fin de que se transformen en ejecutores de los lineamientos que el nuevo instituto nacional considere prioritarios para la evaluación del sistema educativo nacional.

La existencia de estos institutos estatales, en armonía normativa con la ley que se propone, evitará que se caiga en controversias, duplicidad de funciones e incumplimientos respecto a la evaluación de la calidad del sistema educativo.

De acuerdo al artículo 12 fracción XII que forma parte de la propuesta de la presente Iniciativa, la autoridad educativa federal deberá coordinarse con el Instituto para fijar los lineamientos generales de evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar.

En ese sentido se considera necesaria la existencia en todos los estados de la República y el Distrito Federal, de Institutos Estatales de Evaluación de la Educación que estén a cargo de la ejecución y vigilancia de las evaluaciones que el instituto nacional determine necesarias para evaluar la calidad del sistema educativo nacional, atendiendo de manera homogénea e irrestricta, los principios rectores de la ley que se propone.

Para los integrantes de Nueva Alianza, la educación es estratégica en el desarrollo económico, sociocultural y político de nuestro país. Tenemos claro que la ruta del éxito de México en esta materia pasa por garantizar a todas las niñas, niños y jóvenes el acceso a una educación de calidad. Sin duda, ello pasa por evaluar múltiples aspectos tanto del alumno como del docente, éste último tanto en su ejercicio de la profesión, en su formación y su actualización; y por supuesto de los espacios y procesos que los albergan.

Tenemos la certeza que la evaluación sistemática del sistema educativo, aportara elementos para conocer sus necesidades y desafíos, y que el nuevo estatus jurídico del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, permitirá que de este proceso se generen acciones públicas estratégicas y visibles para el cambio de rumbo y la consolidación de la política educativa como una política de estado; con esta reforma se le está dotando de herramientas técnicas, administrativas y jurídicas para que cumpla con el objeto para el que fue creado.

Es importante destacar que se busca que la evaluación sea utilizada no como un instrumento punitivo sino como un instrumento que permita identificar qué programas o elementos del sistema educativo son sujeto de diseño o rediseño y en qué áreas de la enseñanza, regiones o instituciones educativas se deberá poner mayor atención, compromiso y esfuerzos públicos. Evaluar implica identificar para progresar con calidad, pertinencia y equidad.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en nuestra calidad de Diputadas y Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6° numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan cinco párrafos a la fracción III del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se modifican las fracciones VII y XII del artículo 12, se reforman los artículos 29 y 31 de la Ley General de Educación y se expide la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.

Primero. Se adicionan cinco párrafos a la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. y II....

III. ...

La coordinación de la evaluación del sistema educativo nacional correspondiente a educandos y educadores; autoridades educativas de plantel; planes, programas, métodos y materiales educativos; instituciones educativas del Estado y sus organismos descentralizados, instituciones particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, que pertenezcan al tipo básico, medio superior educativo; así como la referida a las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica, corresponderá al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.

El instituto será un organismo profesional en su desempeño, contará con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios. Sus resultados serán vinculatorios para la federación, estados, Distrito Federal y municipios, en el diseño e integración de políticas públicas para elevar la calidad de la educación, en los términos que establezca la ley.

La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad, independencia y oportunidad, eficacia y equidad.

La Junta de Gobierno será su órgano de dirección, integrada en la forma que establezca la ley correspondiente, cuyos miembros estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución. Durarán en su encargo un periodo de seis años.

Los integrantes de la Junta de Gobierno serán designados, con la aprobación de la Cámara de Diputados o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre las propuestas que presente el titular del Poder Ejecutivo, guardando en todo momento la integración equitativa de género. El presidente de la Junta de Gobierno será designado entre sus integrantes.

Segundo.Se modifican las fracciones VII y XII del artículo 12, y se reforman los artículos 29 y 31 de la Ley General de Educación.

Artículo 12. ...

I. a VI. ...

VII. Realizar en forma periódica y sistemática de manera coordinada con el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación,exámenes de evaluación para certificar que las y los educadores y autoridades educativas son personas aptas para relacionarse con las y los educandos y que su trato corresponda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano y demás legislación aplicable de las niñas, niños y adolescentes.

VIII. a XI. ...

XII. Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional y coordinarse con el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación con el fin de evaluar la educación de tipo básico y medio superior, así como la referida a las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica; y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar;

XIII. y XIV. ...

Artículo 29. ...

Particularmente corresponde al Instituto Nacional de la Evaluación de Educación coordinar la evaluación del tipo básico y medio superior, así como la referida a las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica.

Dicha evaluación, la que lleve a cabo el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, y la de las autoridades educativas locales, serán sistemáticas y permanentes. Tratándose de los educandos, planes, programas, métodos y materiales educativos, ésta deberá realizarse .de manera anual; para el caso de los docentes ésta se llevará a cabo al menos cada tres años.Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes.

Artículo 31. Las autoridades educativas y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, darán a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones que realicen, así como toda aquella información global que permita medir el desarrollo y los avances de la educación en cada entidad federativa.

...

Tercero.Se expide la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, para quedar como sigue:

Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación

Título I Disposiciones Generales

Artículo 1.La presente ley reglamentaria de la fracción III del artículo 30. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional; tiene por objeto regular:

I. La coordinación del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación del tipo básico y medio superior establecidos en el artículo 37 de la Ley General de Educación, así como de aquella referente a las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica.

II. La organización y el funcionamiento del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.

III. Las faltas administrativas y el medio de defensa administrativo frente a los actos o resoluciones del instituto.

Artículo 2.Para efectos de esta ley se entenderá por:

Evaluación educativa: conjunto de herramientas idóneas para llevar a cabo la valoración de la calidad de los diferentes elementos que integran los sistemas educativos federal y locales en los tipos básico y medio superior, así como de las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica.

Sistema Educativo Nacional: de acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de Educación, está constituido por: I. Los educandos y educadores; II. Las autoridades educativas; III. El Consejo Nacional Técnico de la Educación y los correspondientes en las entidades federativas; IV. Los planes, programas, métodos y materiales educativos; V. Las instituciones educativas del Estado y sus organismos descentralizados; VI. Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, y VII. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía. Para objeto del presente ordenamiento solamente competerán aquellos elementos relacionados con el tipo básico y medio superior, y las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica. No se considerarán los numerales III y VII del artículo señalado. Para el caso del numeral II, se entenderá por autoridad educativa, a las autoridades educativas del plantel.

Calidad del sistema educativo: concepto multidimensional que resulta de la integración de las dimensiones de pertinencia y relevancia, eficacia interna y externa, impacto, suficiencia y equidad.

Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa: conjunto de actividades que tienen como propósito evaluar el grado en que un aspecto particular del sistema educativo nacional alcanza ciertos niveles de calidad, según parámetros previamente definidos, independientemente de la metodología que se utilice, siempre que se apeguen a estándares técnicos aceptados en los medios especializados internacionales; Y que se refiera a los tipos básico y medio superior, y a las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica.

Instituto Nacional de Evaluación de la Educación: organismo constitucional autónomo con facultades para coordinar la evaluación del sistema educativo nacional del tipo básico y medio superior, así como la referida a las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica; y sus elementos constituyentes citados en el fracción III del artículo 3° Constitucional; tanto en escuelas públicas y privadas, urbanas y rurales, como en las modalidades no escolarizada y mixta, incluyendo la educación para adultos, la educación especial, la indígena y la comunitaria.

Secretaría: Secretaría de Educación Pública Federal.

Política Nacional de Evaluación: la diseñada e instrumentada de forma conjunta y coordinada por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y la Secretaría de Educación Pública.

Transparencia de los resultados de la evaluación: divulgación permanente de los resultados de las evaluaciones cuidando tanto el justo derecho de las personas a la privacidad, como el de la sociedad, a la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos y el funcionamiento de servicios de interés general.

Tipos de Evaluación: Aquellas que el Instituto considere pertinentes para determinar el nivel de calidad en que se encuentra el sistema educativo nacional para los tipos básico y medio superior, así como la referida a las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica.

Instituto: el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.

Junta de Gobierno: la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.

Presidente: al presidente del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.

Autoridades educativas: la autoridad educativa de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y del Distrito Federal.

Título II Del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación

Capítulo I Del sistema

Artículo 3. Para el objeto de la presente ley, se considerarán los siguientes elementos del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación:

I. El conjunto de dependencias, organismos, instituciones y asociaciones del sector público, social y privado, que tienen por objeto llevar a cabo acciones de evaluación del sistema educativo nacional, en los tipos básico y medio superior, así como la referida a las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica;

II. Los Institutos Estatales de Evaluación de la Educación, que tendrán por objeto la organización, dirección y vigilancia de las evaluaciones que el Instituto determine necesarias para conocer la calidad del Sistema Educativo Nacional, atendiendo los principios rectores de la presente ley;

III. El Sistema de Nacional de Indicadores, para valorar en forma objetiva la calidad del sistema educativo nacional de tipo básico y medio superior, así como la referida a las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica, en sus diversas dimensiones, integrando información derivada de las estadísticas educativas y generales, de las evaluaciones de aprendizaje y de cualquier otro estudio de evaluación;

IV. Las herramientas o instrumentos de evaluación y seguimiento que permitan la construcción de indicadores del cumplimiento de las acciones estratégicas del Programa Nacional de Educación, con especial énfasis en los servicios de calidad a los grupos vulnerables;

V. Las evaluaciones nacionales, de los estados y del Distrito Federal de los aprendizajes alcanzados por las alumnas y alumnos, cubriendo por muestreo o en forma censal y en ciclos anuales o multianuales, los grados, ciclos y áreas curriculares que se decida cubrir de los tipos, niveles y modalidades educativos correspondientes;

VI. Los modelos para la evaluación de las escuelas de los tipos, niveles y modalidades educativos de su competencia;

VII. La evaluación de programas y proyectos prioritarios de las autoridades educativas federales, estatales y del Distrito Federal, y

VIII. La Red de divulgación de resultados de las evaluaciones.

Título III De la Política Nacional de Evaluación de la Educación

Capítulo I De los objetivos

Artículo 4. Para los objetivos de la presente ley, la Política Nacional de Evaluación de la Educación del tipo básico y medio superior, así como la referida a las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica, buscará:

I. Contribuir al mejoramiento de la educación, en el marco de los principios que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación;

II. Reconocer a la Educación de calidad, como criterio de riqueza;

III. Garantizar la transparencia de los resultados de las evaluaciones; sin contravenir lo estipulado en la sección cuarta de la Ley General de Educación.

IV. Promover de forma permanente la cultura de la evaluación en todos los medios relacionados con la educación y la sociedad en general;

V. Consolidar y articular la participación del Estado mexicano en los esfuerzos de evaluación educativa internacional, y

VI. Enriquecer cualitativamente los esfuerzos dirigidos a las autoridades federales y estatales, docentes y autoridades educativas de plantel -directivos de escuelas- para sustituir la errónea imagen de la evaluación amenazadora por la de oportunidad de aprendizaje.

Capítulo II De los principios rectores

Artículo 5.Se consideran como principios rectores del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación los siguientes:

I. Autonomía: en la coordinación del proceso de evaluación y la publicación de sus resultados, garantizando el apego a normas y prácticas reconocidas internacional mente en el diseño y aplicación de instrumentos y metodologías de medición y evaluación.

II. Cercanía: relación permanente y próxima con las autoridades educativas federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, para ofrecer información diagnóstica válida, confiable y clara que sirva de insumo para la toma de decisiones de política educativa en los órdenes de gobierno que correspondan.

III. Equidad: reconocimiento de la diversidad como: pobreza o vulnerabilidad social, pertenencia a una minoría étnica, lengua materna diferente al español, lugar geográfico en el que viven y, usos y costumbres que incrementan o disminuyen las desigualdades sociales de la población en México.

IV. Austeridad y disciplina presupuestaria: medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades ordinarias y sustantivas del instituto, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos.

V. Transparencia y acceso a la información pública: garantizar por todos los medios existentes el acceso a la información generada por las evaluaciones realizadas al sistema educativo nacional en los tipos básico y medio superior, así como la referida a las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica.

Título IV Del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación

Capítulo I Del instituto

Artículo 6. La coordinación de la evaluación del sistema educativo nacional en los tipos básico y medio superior, así como la referida a las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica, compete al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, a través del diseño y ejecución de las políticas generales de evaluación educativa.

Artículo 7.Para e! desarrollo de sus funciones, el Instituto contribuirá al mejoramiento de la educación en los tipos básico y medio superior, y de las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica, en el marco de los principios que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación.

En particular se orientará por los fines siguientes:

I. Buscará alcanzar la mayor calidad en el desarrollo de modelos e instrumentos de evaluación, atendiendo la confiabilidad y validez, en todas sus dimensiones;

II. Señalará con claridad los usos aceptables y deseados de cada evaluación;

III. Devolverá la información procesada, a quienes contribuyeron a su generación y la hará pública;

IV. Reconocerá la importancia de la función de evaluación de centros escolares, zonas de supervisión y autoridades educativas locales, orientando su trabajo a complementar, apoyar y alimentar la realización de esta función;

V. Cuidará que los resultados de las evaluaciones que se realicen no sean utilizados por sí solos para tomar decisiones sobre individuos, y menos de carácter punitivo, entendiendo que como datos oficiales y obligatorios para la federación, estados, Distrito Federal y municipios, su propósito es el de retroalimentar al sistema educativo nacional y a los subsistemas estatales en cuanto tales, para mejorar su operación, procesos y resultados;

VI. Tomará en cuenta las situaciones particulares de los grupos vulnerables y sectores de la sociedad civil que puedan afectar a personas, escuelas o subsistemas y evitará comparaciones que no consideren las posibles diferencias teniendo siempre presente el principio de equidad en el análisis de resultados de la evaluación;

VII. Procurará que en todas sus líneas de actividad exista un componente de innovación que genere nuevos instrumentos y nuevas formas de enfrentar la evaluación, en función de las necesidades del sistema educativo;

VIII. Realizará sus funciones con la mayor eficiencia posible, para ello deberá tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos.

IX. Se encargará que los resultados de las evaluaciones permitan comparar en el tiempo, y

X. Participará de acuerdo con el presupuesto disponible en los eventos relacionados con la evaluación internacional, que considere sustantivos para el correcto cumplimiento de los propósitos de! instituto.

Artículo 8. Para el cumplimiento de sus propósitos el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Definir e instrumentar, la política nacional de evaluación, que contribuya a elevar la calidad de la educación.

La política nacional de evaluación educativa deberá precisar:

a) Los puntos de referencia con los que se deberán comparar los resultados obtenidos para llegar a juicios de valor sobre la calidad educativa, tanto en una perspectiva transversal como en una longitudinal;

b) Los efectos de la evaluación, en términos de apoyos compensatorios, estímulos, medidas preventivas o correctivas y financiamiento;

c) La transparencia de los resultados de la evaluación, teniendo en cuenta los alcances y limitaciones propios de cada acercamiento, y cuidando tanto el justo derecho de las personas a la privacidad, como el de la sociedad a la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos y el funcionamiento de servicios de interés general, y

d) La distinción entre la evaluación de personas, la de instituciones y subsistemas, y la del sistema educativo nacional en su conjunto;

II. Proporcionar a las autoridades competentes la información que resulte de las evaluaciones que contribuyan a la elaboración del apartado educativo del Plan Nacional de Desarrollo;

III. Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación de políticas y acciones relacionadas con la calidad educativa;

IV. Actuar como órgano de consulta obligatoria y asesoría de las dependencias Y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, del Distrito Federal, municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requieran;

V. Promover, de manera coordinada con la Secretaría de Educación Pública y otras entidades de la Administración Pública Federal, así como con entidades privadas y sociales, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones destinadas a mejorar la calidad educativa; sin menoscabo de la autonomía que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga;

VI. Suscribir y participar en el ámbito de su competencia en acuerdos y convenios con la autoridad educativa federal, de los estados, del Distrito Federal y municipios y, en su caso, con entidades privadas y sociales, que promuevan políticas y programas tendientes a elevar la calidad educativa, y

VII. Mantener contacto permanente con aquellos organismos e instituciones que desde el ámbito privado y social, pero bajo convenios con la autoridad educativa y sus instituciones, llevan a cabo evaluaciones concernientes con la calidad, en todos los niveles que la ley considera.

VIII. Las demás que le otorgan la presente ley y su reglamento.

Artículo 9.Para el cumplimiento de sus objetivos el instituto, además de llevar a cabo las evaluaciones que sus órganos de gobierno y técnicos decidan, coordinará con la secretaria las evaluaciones que se deban realizar respecto del sistema educativo nacional en el tipo básico y medio superior, y de las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica; así como para fijar los lineamientos generales conforme a los cuales, las autoridades educativas locales deben evaluar sus respectivos sistemas educativos en los tipos señalados.

Además, corresponderá al instituto:

I. Transparentar, desarrollar y mantener en operación un sistema de indicadores para medir y valorar en forma objetiva la calidad del sistema educativo nacional en los tipos que le corresponden;

II. Diseñar, y transparentar herramientas cuantitativas y cualitativas de evaluación y seguimiento que permitan la construcción de indicadores del cumplimiento de las acciones estratégicas a favor de la calidad y equidad educativa que se emprendan en el sistema educativo nacional para los tipos básico y medio superior así como en las instituciones de educación normal y demás para la formación y actualización de maestros de educación básica; con especial énfasis en aquellas acciones dirigidas a la población marginada;

III. Diseñar y realizar evaluaciones nacionales de los aprendizajes alcanzados por las alumnas y alumnos, cubriendo por muestreo y en ciclos multianuales, los grados, ciclos y áreas curriculares que sus órganos de gobierno y técnicos decidan, de los tipos, niveles y modalidades educativos correspondientes;

IV. Desarrollar modelos para la evaluación de las escuelas de los tipos, niveles y modalidades educativos de su competencia, e incentivar su utilización en el sistema educativo nacional;

V. Apoyar, a solicitud de las autoridades educativas federales o estatales, la evaluación de programas y proyectos prioritarios;

VI. Impulsar y fortalecer la cultura de la evaluación en todos los medios relacionados con la educación y la sociedad en general así como difundir los resultados de las evaluaciones y sus respectivos análisis;

VII. Desarrollar actividades de capacitación permanente en materia de evaluación educativa, y

VIII. Realizar estudios e investigaciones en la materia, representar a México ante los organismos internacionales de evaluación educativa y coordinar la participación del país en los proyectos internacionales al respecto.

Sección I De los órganos del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación

Artículo 10.El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación contará con los órganos siguientes:

I. Junta de Gobierno;

II. Presidente;

III. Consejo Técnico;

IV. Consejo Consultivo; y

V. Las demás unidades que señale el Reglamento Interior.

Sección II De la Junta de Gobierno

Artículo 11.La Junta de Gobierno será el órgano máximo de decisión del instituto.

Estará integrada por 11 miembros que serán postulados por el titular del Poder Ejecutivo y deberán ser aprobados por la Cámara de Diputados o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Éstos, al momento de su postulación, no deberán contar con participación en ningún órgano del Estado o partido político, para garantizar la autonomía del Instituto y la toma de decisiones que en el seno de la Junta de Gobierno se tomen respecto a éste.

Adicionalmente, aja Junta de Gobierno concurrirán con voz, pero sin voto a las reuniones que ésta determine convenientes a:

I. Un representante de la Secretaria de Educación Pública;

II. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. Un representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

IV. Un representante del Congreso de la Unión.

La pertenencia de los miembros de la Junta de Gobierno tendrá duración de seis años, iniciando su gestión a partir del tercer año de gobierno de! titular del Ejecutivo federal en turno. La presidencia de la junta recaerá en uno de sus integrantes, designado por votación por períodos de tres años.

Artículo 12.La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes:

I. Establecer las políticas generales y prioridades a las que deberá sujetarse el Instituto, relativas a la productividad, comercialización de servicios, investigación y administración general;

II. Aprobar los programas y presupuestos del Instituto, así como sus modificaciones, para que éstos sean enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos correspondientes;

III. Fijar las bases así como los montos mínimos, máximos y actualizaciones de las cuotas de recuperación por los servicios que preste el Instituto;

IV. Expedir las normas generales para que el presidente pueda disponer, cuando fuere necesario, de los activos fijos del Instituto que no correspondan al objeto del mismo;

V. Aprobar cada año los estados financieros del Instituto y autorizar su publicación así como el dictamen del auditor externo;

VI. Aprobar la elaboración de las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el Instituto con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios;

VII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales, las normas necesarias para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto requiera, con excepción de aquéllos de su propiedad que la Ley General de Bienes Nacionales considere del dominio público de la Federación;

VIII. Constituir comités de apoyo y determinar sus bases de funcionamiento;

IX. Designar a los miembros del Consejo Técnico del instituto, así como autorizar sus remuneraciones;

X. Nombrar al titular de la Contraloría Interna.

XI. Nombrar al auditor externo de entre las empresas de reconocido prestigio que proponga la Auditoria Superior de la Federación,

XII. Designar y remover, a propuesta del presidente, a los servidores públicos de los dos niveles administrativos inferiores al de aquél, as í como concederles licencias;

XIII. Aprobar el Reglamento Interior del instituto y el proyecto de estructura orgánica, previa opinión de las dependencias competentes; así como el Manual de Organización General y los correspondientes de Procedimientos y Servicios al Público;

XIV. Sancionar los acuerdos del Consejo Técnico en relación con todos los asuntos de naturaleza académica y técnica del trabajo del instituto;

XV. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el presidente, con la intervención que corresponda al comisario y a los Consejos Técnico, y Consultivo;

XVI. Aprobar las normas y bases para la cancelación de adeudas a favor del Instituto y con cargo a terceros, cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, informando lo conducente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

XVII. Las demás que le confiera el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 13. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias, por lo menos cuatro veces por año, y las extraordinarias que convoque su presidente. La junta sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.

Sección III De la presidencia del instituto

Artículo 14.El titular de la presidencia del instituto será designado de entre los miembros de la Junta de Gobierno por votación y durará en su cargo tres años, pudiendo ser designado por un período más.

De igual forma que lo estipulado en el artículo 11 del presente ordenamiento para los miembros de la Junta de Gobierno; el periodo de gestión del presidente del instituto iniciará durante el tercer año de gobierno del titular del Ejecutivo federal en turno.

Artículo 15.El presidente del instituto, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Administrar y representar legalmente al instituto;

II. Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno;

III. Nombrar al personal del instituto;

IV. Someter a la Junta de Gobierno y publicar el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto;

V. Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno el Reglamento Interior del instituto, así como el Manual de Organización General y los correspondientes de Procedimientos y Servicios al Público;

VI. Dictaminar los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos que elabore el Consejo Técnico y someta a su consideración, para posteriormente presentarlos ante la Junta de Gobierno.

VII. Valorar el desempeño del Instituto de acuerdo a la información y elementos estadísticos proporcionados por el Consejo Técnico.

VIII. Determinar la viabilidad que tiene para el Instituto el anteproyecto de presupuesto que elabore el Consejo Consultivo.

IX. Las que correspondan a las demás disposiciones establecidas en el Reglamento Interior.

Sección IV Del Consejo Técnico del instituto

Artículo 16.El Consejo Técnico del instituto estará integrado por dieciséis miembros, de entre los que deberá haber expertos en los campos de la evaluación y la investigación educativa, y en los temas administrativos de las áreas operativas del Instituto.

Los miembros del Consejo Técnico serán designados por la Junta de Gobierno en consideración a sus méritos personales. Las propuestas respectivas serán presentadas debidamente fundadas por los miembros de la Junta de Gobierno.

El Consejo Técnico será presidido por uno de sus miembros, designado para ello por la Junta de Gobierno al momento en que ésta se constituya. El presidente durará dos años en su cargo, pudiendo ser designado nuevamente en forma no consecutiva.

Los miembros del Consejo Técnico durarán en su cargo seis años, pudiendo ser designados nuevamente por una sola vez.

Artículo 17.El Consejo Técnico tendrá las siguientes funciones:

I. Establecer los lineamientos técnicos y académicos que guiarán el trabajo del instituto en materia de evaluación educativa y tomar las decisiones correspondientes, con base en lo que establezca el Estatuto;

II. Asesorar a la Junta de Gobierno y al presidente para el mejor desempeño de sus atribuciones y dictaminar sobre las cuestiones de naturaleza técnica, académica y administrativa que dichas instancias sometan a su consideración;

III. Elaborar los programas de trabajo anuales y de mediano plazo del instituto y, en su caso, recomendar a la Junta de Gobierno su aprobación, o proponer los ajustes técnicos que considere necesarios;

IV. Dictaminar sobre la calidad de los instrumentos que utilice el instituto indicando si reúnen las condiciones para su uso operativo, así como valorar sus aspectos académicos y técnicos;

V. Evaluar técnica y académicamente los informes que presente el presidente del instituto respecto de los resultados de los programas de trabajo del Instituto y, en su caso, recomendar su aprobación por la Junta de Gobierno, y

VI. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo y someterlos a consideración del presidente;

VII. Elaborar anualmente el anteproyecto de presupuesto del instituto para someterlo a consideración del presidente y su posterior aprobación por parte de la Junta de Gobierno;

VIII. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del Instituto para mejorar su desempeño y exponerlas periódicamente a la presidencia del instituto;

Las demás que le confiera el Reglamento Interior.

Artículo 18. El Consejo Técnico celebrará sesiones plenarias ordinarias dos veces al año y las extraordinarias que convoque su presidente. El presidente del instituto participará en las sesiones del Consejo Técnico con voz pero sin voto. Serán públicas y abiertas.

El Consejo Técnico funcionará también en subcomités, de conformidad con lo que se disponga en el Reglamento Interior del Instituto.

Sección V Del Consejo Consultivo del instituto

Artículo 19.La Junta de Gobierno instruirá al presidente del instituto para la formación del Consejo Consultivo al que serán invitados a participar los responsables de las áreas de evaluación educativa de las treinta y dos entidades integrantes de la federación, así como a un representante del Consejo Nacional de Autoridades Educativas; de la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional, del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto politécnico Nacional; del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; del Consejo Mexicano de Investigación Educativa; de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia; de la Unión Nacional de Padres de Familia; y de la Comisión de Educación del Sector Empresarial.

El Consejo Consultivo fungirá como órgano de consulta del instituto y como enlace para fortalecer la colaboración entre las autoridades educativas federal, estatales y del Distrito Federal en materia de evaluación educativa.

Fungirá como secretario técnico del Consejo Consultivo, el director general de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública. La pertenencia a este órgano será honoraria.

Artículo 20. El Consejo Consultivo se reunirá en las fechas y lugares que el propio consejo acuerde. El secretario técnico convocará a reuniones cuando menos dos veces al año. El presidente del instituto participará en las sesiones con voz y voto.

Sección VI De la Contraloría Interna

Artículo 21.El instituto contará con un órgano de control interno que formará parte de su estructura. El titular de dicho órgano, así como los responsables de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades serán nombrados y removidos por la Junta de Gobierno.

El instituto proporcionará al titular del órgano de control interno los recursos humanos y materiales que requieran para la atención de los asuntos a su cargo.

Asimismo, los servidores públicos del instituto estarán obligados a proporcionar el auxilio que requiera el titular de dicho órgano para el desempeño de sus funciones.

Artículo 22.El órgano de vigilancia del instituto será un auditor externo designado por la Junta de Gobierno de entre las empresas de reconocido prestigio que proponga la Auditoría Superior de la Federación.

Capítulo II De la red de divulgación de resultados de las evaluaciones

Artículo 23.La información que genere el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será considerada para los efectos de esta ley como datos oficiales y vinculantes para la Federación, estados, el Distrito Federal y los municipios en el diseño e integración de políticas públicas para elevar la calidad de la educación. Sin menoscabo a la información que de manera independiente generen éstos en el ejercicio de sus respectivas facultades.

Artículo 24.Toda persona tendrá derecho a la información que genere el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, atendiendo el principio de accesibilidad y transparencia establecido para el instituto en el artículo 3o. constitucional.

Articulo 25.El instituto informará a la sociedad, de manera sistemática y permanente, del resultado de los ejercicios de evaluación educativa, cuidando el derecho de las personas a la privacidad y el de la sociedad a que se le rindan cuentas sobre el uso de los recursos públicos y el funcionamiento de servicios de interés general.

Articulo 26.La información que obtenga el instituto en el ejercicio de sus funciones, será la base de sus juicios sobre la equidad y la calidad educativa, que se harán en los términos de los principios que rigen su actividad.

Artículo 27.La información que proporcione el instituto a las autoridades educativas, así como la que posea y genere, se considera como una obligación de transparencia en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo III Del recurso de revisión

Artículo 28.En contra de los actos o resoluciones que dicte el instituto, el interesado podrá interponer ante éste el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.

Articulo 29. El plazo para interponer el recurso de revisión, será de un mes contados a partir del día siguiente en que el instituto hubiere publicado la información que se somete al recurso de revisión.

Articulo 30.El recurso de revisión se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando:

I. Se presente fuera de plazo;

II. No se acredite la personalidad del recurrente, y

III. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento del plazo para interponerlo.

Artículo 31.A lo dispuesto por el presente capítulo se aplicará de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Capítulo IV Del patrimonio del instituto

Artículo 32.El patrimonio del instituto se integra por:

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio;

II. La partida presupuestal contenida en el decreto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para su funcionamiento; la cual no podrá ser menor al periodo inmediato anterior.

III. Los ingresos que perciba por los servicios que preste;

IV. Las donaciones y legados que se otorguen a su favor, y

V. Los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier otro título legal.

Capítulo V De las relaciones de trabajo

Artículo 33.Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores, se regirá por el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su-publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se deroga el decreto del 8 de agosto de 2002, por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y queda sin validez la aplicación de cualquier disposición relacionada la figura jurídica que dicho decreto otorgaba al instituto.

Tercero.El Reglamento Interior del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación deberá expedirse en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.

Cuarto.El personal contratado por el INEE con base en el decreto del 8 de agosto de 2002, así como los miembros del Consejo Técnico, cuyo nombramiento esté vigente a la fecha de entrada en vigor de esta ley, mantendrán su situación en el nuevo organismo creado por este ordenamiento.

Quinto.Los bienes inmuebles que fueron otorgados al Instituto para su operación desde la entrada en vigor del decreto del 8 de agosto de 2002 hasta la fecha de publicación del presente decreto, se transferirán al patrimonio del Instituto bajo su nueva figura jurídica, atendiendo los ordenamientos jurídicos correspondientes.

Sexto.Todos aquellos acuerdos u ordenamientos jurídicos que hagan referencia al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación deberán ajustarse en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación; atendiendo lo establecido en la presente ley.

Séptimo.Las entidades federativas que a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial de la Federación, ya cuenten con organismos o institutos dedicados a la evaluación de sus respectivos sistemas educativos, tendrán un plazo no mayor a 180 días hábiles para adecuar su marco normativo con el objetivo de que éste incorpore y atienda los principios establecidos en la presente ley.

Octavo.Aquellas entidades federativas y el Distrito Federal, que no cuentan con ningún órgano o instituto encargado de la evaluación de sus respectivos sistemas educativos, tendrán un plazo no mayor a 360 días para conformar el propio, con el objetivo de ejecutar las acciones relacionadas a la evaluación de la calidad educativa de sus respectivas entidades, en los términos de y atendiendo los principios establecidos en la presente ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2012.— Diputados: Lucila Garfias Gutiérrez, Coordinadora; René Ricardo Fujiwara Montelongo, vicecoordinador; María Sanjuana Cerda Franco, Cristina Olvera Barrios, Sonia Rincón Chanona, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Fernando Bribiesca Sahagún, José Angelino Caamal Mena, Rubén Benjamín Félix Hays, Luis Antonio González Roldán (rúbricas).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra el diputado José Enrique Doger Guerrero, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Enrique Doger Guerrero:Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, México es el decimoprimer país más poblado del planeta y el tercero en América; es la nación que ocupa el decimosegundo por su contribución al crecimiento de la población del planeta; asimismo pertenece a importantes bloques económicos y es una de las economías llamadas emergentes.

A pesar de contar con todas estas ventajas competitivas, México presenta un rezago muy marcado, en cuanto al uso de las nuevas tecnologías de información, lo que se conoce como brecha digital entre su población presente hoy en día.

Con la globalización de las economías y las plataformas tecnológicas cambiantes nuestro país ha tenido un retroceso en la tecnología. Existe una enorme desigualdad entre la población mexicana, ya que el 40 por ciento de ella es pobre y no cuenta con acceso a las herramientas tecnológicas. Asimismo, solo dos de cada cinco mexicanos cuenta con una computadora y con acceso a Internet.

Las nuevas creaciones tecnológicas de información son importantísimas, se han denominado como la economía de la información, por considerarse factores que potencian la productividad de las economías modernas. Pero más aún, como herramienta en la educación para acceder a información en una democracia participativa.

Las tecnologías de información y comunicación han dado la posibilidad a millones de personas en todo el mundo de comunicar sus ideas y provocar cambios en sus sociedades; es por esto que la Asamblea General de la ONU ha declarado el acceso al Internet como un derecho humano.

A pesar de todo lo anterior, nuestro país bajó 11 posiciones en el ranking mundial en el uso de nuevas tecnologías, según el Informe Global de Tecnologías de la Información. Actualmente México se ubica en el lugar 78, por debajo de Uruguay, Panamá, Colombia, Brasil, Jamaica y República Dominicana, de un total de 133 países.

La eficiencia y velocidad en la adopción de tecnologías de la información y comunicación en México ha sido reprobada año con año por el Foro Económico Mundial.

El Inegi subraya que la brecha digital entre quienes acceden a Internet desde su hogar y quienes lo hacen en sitios públicos representa aún un atraso para México, pues 54 por ciento de los mexicanos hacen uso de la red fuera de sus hogares.

Del rango de usuarios de Internet, 77.3 por ciento son mexicanos con menos de 35 años, y cerca de 92 por ciento acceden a la red por lo menos una vez a la semana; el 27 por ciento lo hace diario.

En los hogares con computadora, 7.4 millones —32 por ciento— señaló no contar con conexión a Internet. De éstos poco más de la mitad —el 54 por ciento— registró la falta de recursos económicos como la principal limitante para contar con conexión a la red; esto es, una quinta parte manifestó no necesitarla.

Según el reporte divulgado en el marco del Día del Internet, en 2009, el número de usuarios en el país creció de 27.6 a 30.6 millones, comparado con el año anterior, incremento impulsado por los sectores sociales de poder económico.

El otro enorme problema es que la tecnología se limita a la población urbana. La cantidad de internautas de zonas urbanas continúa creciendo, mientras que la de zonas rurales prácticamente se mantuvo sin cambios.

La brecha digital afecta a las naciones haciéndolas menos competitivas. Los países más desarrollados utilizan la tecnología como herramienta básica para lograr el crecimiento como sociedad a nivel personal y profesional.

La principal razón por la que los mexicanos no cuentan con acceso a Internet es por la falta de recursos económicos.

Uno de los principales indicadores del desarrollo en nuestro país y que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo es la educación; se plantea que el principal problema es la falta de oportunidades equitativas para acceder a una educación de calidad y a los avances en materia de tecnologías de la información.

El Plan Nacional de Desarrollo plantea incrementar la competencia entre los concesionarios, con el fin de mejorar la cobertura y tarifa; es decir, primeramente se requiere que exista disponibilidad en la comunidad, de la infraestructura que pueda dar acceso a un servicio de telecomunicaciones.

En segundo lugar, si se tiene infraestructura, se debe tener el sustento económico suficiente para contratar los servicios ofrecidos, y por último, si se tiene esa infraestructura y la accesibilidad, se deberán tener las habilidades suficientes para utilizar dicho servicio.

Al crear el derecho al acceso a Internet, como herramienta de la educación, se tendría que observar la calidad de la tecnología informática de comunicación, crear la infraestructura adecuada, proveer de puntos de conexión inalámbrica y gratuita en cada municipio del país, mismo que deberá actualizarse de acuerdo con los avances tecnológicos y las capacidades técnicas que se dispongan.

El desafío para el país es reducir la llamada brecha digital y alcanzar una inclusión digital más integral y participativa.

En razón de lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto:

Una adición a la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el derecho al acceso a Internet. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, José Enrique Doger Guerrero, integrante del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer el derecho a la conectividad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es el undécimo país más poblado del planeta y el tercero de América. Ocupa el duodécimo lugar por su contribución al crecimiento de la población del planeta, pertenece a importantes bloques económicos y es una de las economías “emergentes”. Pese a contar con todas estas ventajas competitivas, presenta un rezago muy marcado en cuanto al uso de las nuevas tecnologías de información: la llamada “brecha digital” entre su población está presente hoy.

Con la globalización de las economías y las plataformas tecnológicas cambiantes, el país ha tenido un retroceso en la tecnología. Hay enorme desigualdad entre la población mexicana, pues 40 por ciento de ella es pobre y no cuenta con acceso a las herramientas tecnologías; sólo 2 de cada 5 mexicanos cuenta con computadora y acceso a Internet.

Las nuevas creaciones tecnológicas de información son importantísimas, pues se han denominado recientemente como la “economía de la información” (the knowledge based economy),por considerarse factores que potencian la productividad de las economías modernas, además de ser esenciales en la reducción de costos para las empresas. Con ellas podemos tener acceso a redes mundiales de información, llegar a todo el que cuente con una computadora, pero más aún como herramienta en la educación para acceder a información en una democracia participativa.

Las tecnologías de información y comunicación han dado la posibilidad a miles de personas en todo el mundo de comunicar sus ideas y provocar cambios en sus sociedades. Por eso, la Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado el acceso a Internet como un derecho humano.

Pese a todo esto, México bajó 11 posiciones en la clasificación mundial en uso de nuevas tecnologías, según el Informe Global de Tecnologías de la Información. Se halla en el lugar 78, por abajo de Uruguay (57), Panamá (58), Colombia (60), Brasil (61), Jamaica (66) y República Dominicana (74), de un total de 133 países. El latinoamericano peor evaluado es Bolivia, en el puesto 131, la antepenúltima posición.

La eficiencia y velocidad de la adopción de tecnologías de la información y comunicación en México han sido reprobadas año con año por el Foro Económico Mundial.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) subraya que la brecha digital entre quienes acceden a Internet desde su hogar y quienes lo hacen en sitios públicos representa aún un atraso para México, pues 54 por ciento usa la web fuera del hogar.

Del rango de usuarios de internet, 77.3 por ciento corresponde a mexicanos con menos de 35 años y cerca de 92 por ciento acceden a la red al menos una vez a la semana, mientras que 27 por ciento lo hace a diario.

De los hogares con computadora (7.4 millones), 32 por ciento señaló no contar con conexión a Internet; de éstos, poco más de la mitad (54 por ciento) registró la falta de recursos económicos como la principal limitación para contar con conexión, y una quinta parte manifestó no necesitarla.

Según el reporte divulgado en el marco del Día de Internet, en 2009 el número de usuarios en el país creció de 27.6 a 30.6 millones, comparado con el año anterior; el incremento fue impulsado por los sectores sociales de poder económico. En un año, el segmento de usuarios de Internet de mayor ingreso (A, B y C+) pasó de 37 a 39 por ciento.

De acuerdo con el documento Estadísticas a propósito del Día Mundial de Internet, entregado por Inegi, entre marzo de 2008 y 2009 el número de internautas en el país alcanzó 27.2 millones, 18.3 por ciento más que los 22.34 millones registrados en 2008.

En cuanto a las computadoras personales, con relación a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) México se mantuvo en el penúltimo lugar, con 10.7 por cada 100 habitantes (8.2 fue la cifra del año previo), sólo por arriba de Turquía, que registró una tasa de 5.1. Con relación a otros países latinoamericanos, Chile se situó por encima de México, con una tasa de 13.9, en tanto que Brasil tiene igual cifra que México.

Al analizar los resultados del número de páginas de Internet por cada 10 mil habitantes, México ocupó el penúltimo lugar entre los países de la OCDE, con una tasa de 145.2, contra 65.6 de Turquía.

Otro enorme problema es que la tecnología se limita a la población urbana: la cantidad de internautas de zonas urbanas continúa creciendo, mientras que la de zonas rurales prácticamente se mantuvo sin cambios. Según el estudio de 2009, 22.7 de los 27.6 millones de internautas vivían en zonas urbanas, mientras que la edición de este año destaca que dicho segmento aumentó casi 3 millones. Sin embargo, según el estudio de 2010 son 5 millones los internautas que viven en zonas rurales, apenas 100 mil más que el año anterior.

Sin embargo la creación de redes sociales ha servido fundamentalmente para la explosión acelerada del uso de las nuevas tecnologías de información, así como al aumento de los “teléfonos inteligentes”, pero aun así la población joven es la que más los utiliza y claro las nuevas generaciones que ya nacieron con todas estas ventajas, fuertemente vinculadas al mundo virtual.

Brecha digital es un término que nos hace pensar en países poco desarrollados, donde las políticas públicas no han contribuido a la mejora de los sistemas de educación, seguridad y otros temas importantes, y donde aún no se logra que la población sea cercana a la tecnológica y se reconozca la importancia del asunto. Los países más desarrollados utilizan la tecnología como herramienta básica para lograr el desarrollo en la sociedad en las esferas personal y profesional.

La OCDE define brecha digital como “la diferencia al acceso a la información y tecnología de la comunicación entre individuos, negocios y áreas geográficas en los distintos niveles socioeconómicos”.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, realizada por el Inegi en 2006, muestra que de 2001 a 2006, el número de computadoras por hogar en México ascendió a 73.7 por ciento, lo que representa 4 millones 765 mil 669 equipos; es decir, casi 1 de cada 5 hogares cuenta con uno.

Un documento presentado por la misma institución con motivo del Día Mundial de Internet plantea que la principal razón por la que los mexicanos no cuentan con acceso a esta herramienta es la falta de recursos económicos, así como “no necesitar”, “no saber utilizarlo” o simplemente la falta de interés o conocimiento de su utilidad.

Estas estadísticas nos dan pauta para diseñar programas y planes de desarrollo a fin de aprovechar la información y otorgar un derecho humano creado con los avances tecnológicos.

Según el estudio del Inegi, la principal razón por la que hay brecha digital en el país es la falta de recursos económicos.

La brecha digital se compone principalmente de dos factores, el ingreso y la educación. Según la OCDE, hay una relación directamente proporcional entre el nivel de educación y el acceso a una computadora. En un estudio realizado por James Curry y Martin Kennedy (2005), la brecha digital también puede ser ocasionada por los contextos nacional e internacional.

Uno de los principales indicadores del desarrollo del país, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (2007), es la educación. Se plantea que el principal problema es la falta de oportunidades equitativas para que la población tenga acceso a una educación de calidad y a los avances en materia de tecnología de la información.

El mismo documento señala que la educación es un motor que estimula el crecimiento económico, y mejora la competitividad y la innovación. Por ello se requieren programas que consideren métodos educativos que reflejen el desarrollo científico y tecnológico, con el uso de las nuevas tecnologías como herramienta principal.

El Plan Nacional de Desarrollo, en el apartado de infraestructura para el desarrollo telecomunicaciones y transportes, plantea la importancia de la infraestructura y presenta seis estrategias. Éstas se centran principalmente en incrementar la competencia entre los concesionarios a fin de mejorar la cobertura y las tarifas; participación de las diferentes instancias de gobierno para facilitar el uso de este tipo de herramientas; desarrollo de la infraestructura tecnológica de conectividad con el objetivo de penetrar entre más de 60 por ciento de la población; modernizar el marco normativo; proponer sistemas de financiamiento y autosustentabilidad; y desarrollar mecanismos de inversión para el rubro.

Según la información presentada, la brecha digital del país se debe a la desigualdad socioeconómica, a la poca infraestructura y a la falta de programas que permitan que la tecnología esté más cerca de la población.

México posee actualmente el sexto lugar de Latinoamérica respecto a la calidad y competitividad en infraestructura. Una vez más sustentan lo que hemos planteado: la brecha digital en el país sí está relacionada con el desarrollo económico y de infraestructura.

De acuerdo con un reciente estudio de la Asociación Mexicana de Internet, en México se pasó de 17.2 millones de personas con acceso a la red en 2005 a 30.6 millones al finalizar 2009, con un crecimiento anualizado de más de 11 por ciento.

De esa cifra, 25.6 millones corresponde a zonas urbanas y 5 millones a rurales.

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda 2010, ese año había 32.8 millones de personas de 6 años o más en el país usuarias de los servicios de Internet, lo cual representó poco más de la tercera parte de esa población, 33.8 por ciento, con una tasa de crecimiento de 18.5.

También reveló que 76.5 por ciento de los cibernautas mexicanos tiene menos de 35 años de edad, lo cual significa que los jóvenes más usan la tecnología y la adoptan primero. Asimismo, que 58.4 por ciento de los usuarios de Internet lo utiliza para obtener información, actividad no excluyente de otras.

Así, 57.4 por ciento lo hace para comunicarse, 35.7 para apoyar la educación; 2.6 para operaciones bancarias; 1.2 para interactuar con el gobierno y 1.3 para otras actividades.

Refiere que el comercio electrónico es aún poco recurrente entre los internautas mexicanos, pues lo practica sólo 5.0 por ciento, y de esa cifra 30.8 por ciento dijo realizar compras, 30.3 sólo hace pagos y 38.9 efectúa ambos trámites.

El acceso y uso a las tecnologías de información conlleva tres procesos: el primero es que haya infraestructura de telecomunicaciones y redes (disponibilidad) y el segundo la accesibilidad a los servicios que ofrece la tecnología; mientras, la tercera es poseer habilidades y conocimientos para hacer un uso adecuado de la tecnología.

Es decir, primero se requiere disponibilidad en la comunidad de la infraestructura que pueda dar acceso a un servicio de telecomunicaciones. En segundo lugar, si se tiene la infraestructura, se debe tener sustento económico suficiente para contratar los servicios ofrecidos; y por último, si se tienen la infraestructura y la accesibilidad, deberán tenerse habilidades suficientes para utilizar dichos servicios.

Al crear el derecho al acceso a Internet como herramienta de la educación se tendría que observar la calidad de la tecnología informática de comunicación, crear la infraestrutura adecuada, proveyendo de puntos de conexión inalámbrica y gratuita en cada municipio del país, que deberá actualizarse con los avances tecnológicos y las capacidades técnicas de que se disponga, implantando programas de educación en las escuelas para tener conociemientos para la mejor forma de utilizar este derecho.

El acceso a Internet de manera inalámbrica a través de tecnologías como wi-fi y wi-max, la generación de aplicaciones con base en el Web 2.0 y la concienciación y mayor conocimiento de la naturaleza de la brecha digital contribuyen a formar un escenario que al incluir la participación comunitaria puede reducir sustancialmente la brecha digital en el mundo.

El desafío para el país es reducir la brecha digital y alcanzar una inclusión digital más integral y participativa. El desafió es precisamente la participación armoniosa de todos los factores, las disciplinas y los recursos humanos que permitan aprovechar la tecnología respecto a información y comunicación en beneficio de la población y lograr mayores niveles de prosperidad social. No se puede condenar a más de la mitad de la población al rezago tecnológico, educativo e informativo. Por ello resulta trascendente que reconozca el Estado mexicano el derecho al acceso a Internet como una garantía individual donde las autoridades de manera concurrente, desarrolladores inmobiliarios, prestadores de servicios y concesionarios de las telecomunicaciones de manera conjunta garanticen a lo largo y ancho del territorio nacional por lo menos un punto de conexión a Internet de manera gratuita por municipio en cada una de las entidades federativas, procurando de manera gradual incrementar la capacidad de éste a las actualizaciones que la movilidad tecnológica genere.

Toda vez que el acceso a Internet permite el acceso a la información y facilita la participación activa de los ciudadanos en la contrucción de sociedades democráticas, siendo fundamentado en el artículo 3o. constitucional, Apartado A, será democrático, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Se crearía así el derecho al acceso a Internet como herramienta tecnológica en beneficio de la educación, implantado como una garantía individual.

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona la fracción IX al párrafo segundo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de crear el derecho al acceso a internet, para quedar como sigue:

Artículo 3o....

...

I. a VII. ...

IX. En el territorio nacional corresponde a las autoridades de manera concurrente garantizar el derecho al acceso a Internet, generando por tanto de manera obligatoria un punto de conexión inalámbrica y gratuita en cada municipio del país, que deberá actualizarse de acuerdo con los avances tecnológicos y las capacidades técnicas de que se disponga. El derecho al acceso a Internet será garantizado por el Estado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.— Diputados: José Enrique Doger Guerrero, María del Rocío Corona Nakamura (rúbricas).»

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Eva Diego Cruz: Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. Los derechos de las personas mayores han ido cobrando importancia para algunos gobiernos y desde hace varios años esta preocupación se ha traducido en la creación de marcos legales de protección; sin embargo, aún existe una amplia brecha para lograr garantizar y hacer efectivos esos derechos.

Durante la última década, la preocupación de la comunidad internacional se ha reflejado en la adopción de políticas específicas y diversos instrumentos internacionales. En la ONU tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las resoluciones a favor de las personas mayores, adoptadas por la Asamblea General, los planes de acción internacional sobre el envejecimiento de 1982 y 2002.

En la Organización de los Estados Americanos se encuentran la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo la resolución C-130-R19 sobre salud y envejecimiento, de la Organización Panamericana de la Salud y el Protocolo de San Salvador, que establece la protección de las personas mayores, en su artículo 17, donde los Estados parte se comprometen a proporcionar de manera progresiva instalaciones adecuadas, alimentación y atención médica especializada a las personas mayores que carezcan de ello, crear programas laborales destinados a conceder la posibilidad de realizar una actividad productiva y estimular la formación de organizaciones sociales que mejoren la calidad de vida. Dicho protocolo ha sido ratificado por varios países de América, incluyendo a México.

En las Constituciones de Brasil y el Ecuador se identifica a las personas mayores como un grupo vulnerable, otorgándoles prioridad de atención, además de establecer la obligatoriedad de ésta en casos de violencia doméstica.

Costa Rica y Ecuador establecen una tutela específica para este sector en caso de violencia doméstica.

En Colombia y Brasil se garantiza la participación e integración de las personas mayores a la vida de la comunidad; Brasil, Ecuador y Perú adicionalmente establecen el voto facultativo para personas mayores de 60 o 70 años, homologando su situación con aquellas que no saben leer ni escribir. México se ha limitado a establecer la discriminación por edad.

Todos sabemos, compañeras y compañeros diputados, que los adultos mayores siguen siendo víctimas de abandono, maltrato, marginación y hasta de la indigencia. Aun en el seno familiar, el despojo, las agresiones y la violencia son parte del esquema de vulnerabilidad que caracteriza la vida cotidiana de los ancianos. Las condiciones desiguales por las cuales se margina a este sector del empleo y de los ingresos disminuyen su economía.

Las desventajas sociales y laborales, la enfermedad, la discapacidad, el deterioro moral y emocional agudizan el proceso de desgaste, limitando sus relaciones afectivas sociales y familiares.

Hoy en día el reclamo justo de los adultos mayores es el de avanzar hacia una cultura de respeto y solidaridad, de la valoración de sus capacidades y experiencias, la aceptación y la comprensión de sus limitaciones, su derecho a vivir, el derecho a vivir de manera digna de las personas de la tercera edad.

En nuestro país contamos con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002; sin embargo, es necesario que la protección a los adultos mayores sea establecida en nuestra Carta Magna, que es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional y obliga a su cumplimiento.

Es indispensable que la protección de los adultos mayores sea considerada en todas las áreas de la agenda pública: la legislación, la creación de políticas públicas y principalmente, la asignación de presupuesto.

Elevar a rango constitucional la protección de los adultos mayores garantiza que el Estado establezca las medidas necesarias para promover el pleno goce de sus derechos, así como el deber de establecer las condiciones jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que permitan su desarrollo íntegro.

Por otro lado, es necesario propiciar un cambio efectivo en las condiciones de muchos mexicanos y mexicanas que afrontan una situación difícil en esta etapa de su vida, fomentando la participación de la sociedad y la familia para su protección.

Tengo la firme convicción que muchas de nuestras mujeres y hombres que ahora rebasan los 60 años tienen un gran potencial, que no se debe ni se puede desaprovechar; sus habilidades, experiencias y probados conocimientos constituyen una riqueza que debemos cultivar, y ello solo se logrará generando las condiciones para que sigan siendo productivos, sigan sintiéndose útiles y se convenzan que son un elemento importantísimo que favorece la cohesión social y dinamiza el desarrollo del país.

La contribución de los adultos mayores se refleja en la grandeza de nuestra nación. No podríamos entender un México tan rico en costumbres y tradiciones, sin el talento, la voluntad y el trabajo de los adultos mayores; no es posible brindar un desarrollo armónico y construir un futuro promisorio si no se reconoce, respeta y se trata cual merecen a nuestros adultos mayores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4o., párrafo 11. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para brindar una protección integral de las personas adultas mayores, promoviendo su integración en la vida activa y comunitaria, que permita su desarrollo.

Es cuanto, señor presidente. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La  suscrita, diputada Eva Diego Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 77 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 4 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Los derechos de las personas mayores han ido cobrando importancia para algunos gobiernos y desde hace algunos años esta preocupación se ha traducido en la creación de marcos legales de protección. Sin embargo, aún existe una amplia brecha para lograr garantizar y hacer efectivos estos derechos. La desigualdad existente en este grupo de población deja ver una escasa consideración de las necesidades de este grupo social como un asunto de política pública, producto de la arraigada concepción de que los problemas de la vejez son de orden privado y no objeto de solidaridad colectiva.

Durante la última década, la preocupación de la comunidad internacional respecto de la situación de las personas de edad avanzada se ha reflejado de forma gradual en la adopción de políticas específicas, así como diversos instrumentos internacionales, por ejemplo a nivel de las Naciones Unidas se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las resoluciones en favor de las personas mayores adoptadas por la Asamblea General, los planes de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de 1982 y 2002; A nivel del Sistema de la Organización de los Estados Americanos, se encuentran la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así como la Resolución CE130.R19 sobre salud y envejecimiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); y, el Protocolo de San Salvador, el cual establece específicamente la protección de las personas mayores en su artículo 17, donde los Estados parte se comprometen a proporcionar de manera progresiva instalaciones adecuadas, alimentación y atención médica especializada a las personas mayores que carezcan de ellas, crear programas laborales destinados a conceder la posibilidad de realizar una actividad productiva y estimular la formación de organizaciones sociales que mejoren su calidad de vida. Dicho protocolo ha sido ratificado por los países de América de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay.

En las constituciones del Brasil y el Ecuador se identifica a las personas mayores como un grupo vulnerable, otorgándole prioridad de atención, además de establecer la obligatoriedad de esta en caso de violencia doméstica; Costa Rica y Ecuador establecen una tutela específica para este sector en caso de violencia domestica; en países como Colombia y Brasil se garantiza la participación e integración de las personas mayores a la vida de la comunidad; Brasil, Ecuador y Perú adicionalmente establecen el voto facultativo para  personas mayores de 60 o 70 años, homologando su situación con aquella que no saben leer y escribir. México, se ha limitado a establecer la discriminación por edad.

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el establecimiento de la titularidad de derechos a determinado grupo encarna la efectiva pertenencia de la sociedad, pues implica que todos los ciudadanos están incluidos en la dinámica de desarrollo y pueden disfrutar del bienestar que este propicia. En la vejez, en particular, ello pone un freno a las desigualdades acumuladas durante la vida y, a la vez, disminuye la probabilidad de la transmisión intergeneracional de las desventajas. Cabe hacer mención que la CEPAL ha dado especial importancia a este tema, insistiendo en la ampliación de la cobertura y el perfeccionamiento de la calidad de los sistemas de protección social para defender a las personas frente a los riesgos derivados de la enfermedad, la vejez, la invalidez y la muerte, entre otras situaciones de vulnerabilidad.

En nuestro país contamos con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de junio de 2002, sin embargo, es necesario que la protección a los adultos mayores sea establecida en nuestra carta magna.

Todos sabemos  que los adultos mayores siguen siendo víctimas de abandono, maltrato, marginación y hasta de la indigencia. Aún en el seno familiar, el despojo, las agresiones y la violencia son parte del esquema de vulnerabilidad que caracteriza la vida cotidiana de los ancianos.

Por si esto fuera poco, las condiciones desiguales e inequitativas por las cuales se margina a este sector del empleo y de los ingresos disminuye su economía. Las desventajas sociales y laborales, la enfermedad, la discapacidad, el deterioro moral y emocional, agudizan el proceso de desgaste limitando sus relaciones afectivas, sociales y familiares.

Es evidente que los adultos mayores merecen ser considerados dentro del grupo de sujetos de especial protección constitucional y a los cuales sus derechos deben ser protegidos de manera reforzada por el Estado, porque su situación de debilidad manifiesta los ubica en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población.

Hoy en día, el reclamo de los adultos mayores es el de avanzar hacia una cultura de respeto y solidaridad, la valoración de sus capacidades y experiencias, la aceptación y comprensión de sus limitaciones, su derecho a vivir de manera digna.

Es indispensable que el envejecimiento de la población no sea un asunto circunscrito únicamente a la actual generación de personas mayores, debe ser considerado en todas las áreas de la agenda pública, la legislación y políticas que se formulen sobre la materia, así como los recursos presupuestarios que se les asignen.  Debemos de caminar hacia la construcción de una sociedad más cohesionada, democrática e incluyente.

La Constitución es el pilar fundamental de cualquier democracia, por constituir la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional y obliga a su cumplimiento.

Elevar a rango constitucional la protección de los adultos mayores garantiza que el Estado establezca las medidas necesarias para hacer efectivos sus derechos. El Estado tiene el deber de promover el pleno goce de los derechos de las personas mayores, creando las condiciones jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que permitan su desarrollo íntegro. Un país no solo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales, sino que además, debe realizar las adecuaciones administrativas y legislativas para que el ejercicio de esos derechos no sea ilusorio.

Por otro lado, es necesario propiciar un cambio efectivo en las condiciones de muchos mexicanos que afrontan una situación difícil en esta etapa de su vida, fomentando la participación de la sociedad y la familia para su protección.

Tengo la firma convicción, que muchas de nuestras mujeres y hombres que ahora rebasan los sesenta años, tienen aún un gran potencial que no se debe ni se puede desaprovechar, sus habilidades, sus experiencias y probados conocimientos, constituyen una riqueza que debemos cultivar, y ello sólo se logrará generando las condiciones para que sigan siendo productivos, se sigan sintiendo útiles y se convenzan que son un elemento importantísimo que favorece la cohesión social y dinamiza el desarrollo.

Finalizo, diciendo que la contribución de los adultos mayores se refleja en la grandeza de nuestra Nación. No podríamos entender un México tan rico en costumbres y tradiciones sin el talento, voluntad y trabajo de los adultos mayores. No es posible fincar un desarrollo armónico y construir un futuro promisorio si no se reconoce, respeta y trata cual merecen a nuestros adultos mayores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4o.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para brindar una protección integral a las personas adultas mayores, promoviendo su integración a la vida activa y comunitaria, que permita su desarrollo.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.— Diputadas: Eva Diego Cruz, Teresita de Jesús Borges Pasos, Joaquina Navarrete Contreras, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se encuentran hoy aquí en la sesión, invitados por el diputado Arturo Escobar y Vega. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También saludo a un grupo de alumnos de la primaria Miguel Hidalgo, del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Irazema González. Bienvenidos a la Cámara.

También a un grupo de personas mayores, del municipio de Chalco, invitados por el diputado Juan Manuel Carbajal. Bienvenidos todos, a esta sesión.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Arturo de la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículo 66, 68 y 132 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

El diputado Arturo de la Rosa Escalante:Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Antes de iniciar mi intervención, quiero agradecer el apoyo y el esfuerzo para la elaboración de esta iniciativa al maestro Gustavo Cruz Chávez, rector de nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur, que se encuentra también aquí presente.

Estimadas diputadas, estimados diputados, la presente iniciativa de reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, no tiene otro objetivo que buscar la protección de las especies reservadas a la pesca deportiva, mediante el establecimiento de cuatro importantes medidas:

1. Prohibir la comercialización de todas las especies reservadas a la pesca deportiva;

2. Ampliar a todo el mar territorial la protección de dichas especies;

3. Destinar el producto de la pesca incidental o accidental a instituciones de asistencia privada o pública, para la atención de las necesidades de las personas de escasos recursos, y;

4. Sancionar la simulación de la pesca incidental de las especies reservadas a la pesca deportiva.

La importancia que tiene la pesca deportiva para nuestro sector turístico es mayúscula; según datos de la Sagarpa, esta actividad genera a nuestro país más de 2 mil millones de dólares por año.

En este mismo sentido, la fundación Billfish —una fundación estadounidense sin fines de lucro, destinada a la conservación de las especies marinas de pico— estima que tan solo en el estado de Baja California Sur —mi estado—, la pesca deportiva atrajo en 2007 a más de 350 mil visitantes, en su mayoría extranjeros, que trajeron una derrama económica de alrededor de 630 millones de dólares por ventas al menudeo, lo cual también contribuyó a la creación de 24 mil fuentes de empleo, y asimismo aportó el 24.1 por ciento del total de las divisas inyectadas a la economía local por concepto de turismo.

La pesca deportiva va más allá de los destinos de sol y tierra, aún en los estados sin litorales la pesca deportiva genera una derrama económica considerable. Cito un ejemplo.

En Zimapán, un municipio de Hidalgo, de poco más de 30 mil habitantes, apenas en un torneo regional, celebrado en el año 2011, se recaudaron más de 3 millones de pesos de ganancias directas netas, sin considerar que durante el evento el sector hotelero registró índices de ocupación del 90 por ciento.

Se estima que en una estancia promedio cada pescador deportivo gasta alrededor de 2 mil dólares, entre alojamiento, alquiler de embarcaciones, transporte, equipo de pesca, combustibles, alimentos y demás gastos relacionados con esta actividad.

Para nuestro país, para nuestro México, la pesca deportiva constituye una actividad altamente lucrativa y con un importante potencial de crecimiento. Prueba de lo anterior es el hecho de que en comunidades enteras de los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, que anteriormente se dedicaban a la pesca comercial, han encontrado mucho mejores expectativas en la pesca deportiva, lo que les ha proporcionado una mejor fuente de ingresos, además —y esto es muy importante— de ser una actividad respetuosa del medio ambiente, pues incentiva prácticas ecológicas, como las de atrapar y soltar, lo que en Estados Unidos de América se conoce como catch and release, que aseguran, por supuesto, la sustentabilidad de esta actividad.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, desafortunadamente la pesca deportiva ha padecido las prácticas depredatorias de algunos pescadores, comerciales y ribereños, que se aprovechan de los vacíos legales de la actual legislación para pescar y comercializar las especies destinadas a la pesca deportiva.

Lo anterior, mediante la simulación de la pesca incidental, pescando solo un 20 por ciento del producto para el cual tienen permiso y un 80 por ciento se supone que es pesca incidental de especies, por supuesto, destinadas a la pesca deportiva.

Esta situación, junto con la falta de un programa efectivo de inspección y vigilancia que castigue estas prácticas, a todas luces ilegales, ponen en un predicamento la sustentabilidad de la pesca deportiva en nuestro país.

En este orden de ideas, si nuestro país desea impulsar el desarrollo de la pesca deportiva como un atractivo turístico que ayude a impulsar el desarrollo integral de nuestro sector, será necesario entonces tomar medidas legislativas, acompañadas de políticas públicas, que protejan a las especies destinadas a esta actividad, mediante la vigilancia efectiva de la pesca en todas sus modalidades.

Concluyo, presidente. Para el municipio de Los Cabos, para Baja California Sur y para México, es importante que las legisladoras y los legisladores podamos trabajar en temas que vengan a darles sustentabilidad a la pesca deportiva.

Hoy, de verdad, Los Cabos, Baja California Sur, los destinos de sol y playa que tienen pesca deportiva y los estados que en agua dulce también llevan a cabo esta actividad, de verdad requieren de políticas públicas, de mecanismos jurídicos que le den certeza a esta actividad, que genera —insisto— más de 2 mil millones de dólares por año a nuestro país, que tanto requiere de estos recursos.

En vista de que no voy a poder terminar de exponer mi documento, pido —con todo respeto—, presidente, que quede plasmado en el Diario de los Debates tal cual fue inscrito. Por su atención, compañeras y compañeros diputados, muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 66, 68 y 132 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Arturo de la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Arturo de la Rosa Escalante, con el carácter de diputado federal a la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 66, 68 y 132 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Descripción de la iniciativa

Con la presente iniciativa de reforma a los artículos 66, 68 y 132 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, pretendemos incrementar la protección de las especies marinas reservadas a la pesca deportiva, como lo son el marlín, pez vela y dorado, entre otros.

Antecedentes

El 4 de diciembre de 2008, los senadores de la LX Legislatura, Luis Alberto Cóppola Joffroy y Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción primera del artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a su vez la Mesa Directiva del Senado la turnó para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos Primera.

Justificación.

Si bien la presente iniciativa retoma el planteamiento esencial de su antecesora, ésta va más allá en el cuidado de las especies reservadas a la pesca deportiva, al establecer una prohibición absoluta a su comercialización, eliminando la franja de exclusión de cincuenta millas náuticas que limita su protección actualmente.

Asimismo, esta iniciativa, a diferencia de su antecedente inmediato, reconoce que las especies destinadas a la pesca deportiva, aún protegidas, pueden ser capturadas de manera incidental, como una cuestión inherente a cualquier pesquería, por lo que se propone que el producto de la pesca incidental sea destinado a la atención de las necesidades alimentarias de la población de escasos recursos.

La pesca deportiva en México genera una importante derrama económica de más de $2,000 millones de dólares anuales, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Programa Nacional de Pesca Deportiva 2008 - 2012).

The Billfish Foundation, una organización estadounidense sin fines de lucro destinada a la conservación de especies marinas de pico, estima que tan sólo en el estado de Baja California Sur la pesca deportiva atrajo en 2007 a más de 350 mil visitantes, en su mayoría visitantes extranjeros que trajeron una derrama económica  de alrededor de 630 millones de dólares por ventas al menudeo, así como 245 millones en ingresos correspondientes a impuestos locales y federales. Con ello, se fomentó le creación de 24 mil fuentes de empleo. De acuerdo a sus estudios, los visitantes que practicaron la pesca deportiva en el municipio de Los Cabos contribuyeron con el 24.1% del total de las divisas inyectadas en la economía local por concepto de turismo.

Aún en los estados sin litorales, la pesca deportiva genera una derrama económica considerable. Por ejemplo, en Zimapán, municipio de Hidalgo de poco más de 30 mil habitantes, apenas en un torneo regional celebrado en 2011 se recaudaron más de 3 millones de pesos de ganancias directas netas, sin considerar que durante el evento, el sector hotelero registró índices de ocupación del 90 por ciento.

La pesca deportiva genera ingresos en rubros variados. Se estima que en su estancia promedio, cada pescador deportivo gasta alrededor de $1,785 dólares, entre alojamiento, alquiler de embarcaciones, transporte, equipos de pesca, combustible y más.

Queda claro entonces que, para nuestro país, la pesca deportiva constituye una actividad altamente lucrativa y todavía con un gran potencial de crecimiento. Comunidades enteras en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur que anteriormente se dedicaban a la pesca comercial, han encontrado mejores expectativas de desarrollo en el ámbito deportivo, con una fuente de ingresos respetuosa de su propia sustentabilidad, en la medida en la que prácticas como las de “atrapar y soltar” aseguran la continuación de sus actividades.

Históricamente, la pesca deportiva ha sufrido con la pesca comercial ilegal que, no obstante el reordenamiento de las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno, no ha logrado ser erradicada, pues los esfuerzos de inspección generalmente son insuficientes. Asimismo, la regulación administrativa vigente contiene espacios que disfrazan de legalidad la captura de especies destinadas a la pesca deportiva y que ponen en riesgo una actividad que pone a México en escenarios internacionales.

En este orden de ideas, si México desea aumentar los ingresos generados por el turismo de pesca deportiva-recreativa, será necesario tomar decisiones inteligentes y conciliadoras con respecto a la ordenación de las pesquerías. En este contexto se presenta esta iniciativa que pretende ser contundente en cuanto a la protección de las especies destinadas a esta actividad, e ir un paso adelante en la legislación actual y generar las condiciones necesarias para afianzar esta expresión del turismo.

Dicho lo anterior, procede comentar que en su redacción actual, el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables dispone lo siguiente:

Artículo 68. Las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.

No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la Secretaría mediante disposiciones reglamentarias.

Como puede advertirse, el artículo 68 de la citada ley, efectivamente destina las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábado o chiro, pez gallo y dorado, en todos sus variedades biológicas, a la pesca deportiva, siempre dentro de una franja de cincuenta millas náuticas.

En relación a esta disposición, el artículo 132, fracción XXI, establece que la comercialización de las especies propias de la pesca deportiva constituye una infracción a la citada ley, sancionada a su vez por el artículo 133 de la misma, a saber:

“Artículo 132. Son infracciones a lo establecido en la presente Ley, el Reglamento y las normas oficiales que de ella deriven: ... XXI. Comercializar las capturas de la pesca deportivo-recreativa; ...”

Si bien existe entonces la prohibición de comercializar las especies destinadas a la pesca deportiva, como ya ha quedado señalado, lo cierto es que el cúmulo de regulaciones administrativas, tales como la NOM-PESC-029-2006, suponen que estas especies podrán ser capturadas dentro de la pesca incidental de otras especies objetivo, como una situación natural a cualquier pesquería.

Lo anterior, ocasiona en la práctica diversas distorsiones que llevan a los pescadores a dirigir su esfuerzo hacia las especies reservadas a la pesca deportiva, por los incentivos económicos que conlleva su comercialización, en la medida en la que éstas usualmente se cotizan en mejores términos que su pesca objetiva.

En efecto, la ley actualmente contempla el establecimiento de límites a la captura incidental, así como la existencia de reglas para su aprovechamiento. En este sentido el artículo 66 establece lo siguiente:

“Artículo 66. La captura incidental estará limitada y no podrá exceder del volumen que determine la Secretaría, para cada pesquería, según las zonas, épocas y artes de pesca, de conformidad con lo que establece la presente Ley y demás disposiciones que de ella se deriven. Los excedentes de los volúmenes de captura incidental que determine dicha autoridad en tales disposiciones, serán considerados como pesca realizada sin concesión o permiso.

El aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental  se sujetará a las normas oficiales que al efecto se expidan, salvo lo previsto en esta Ley para la pesca deportivo-recreativa.”

De la lectura del artículo anterior, parecería que la comercialización de especies deportivas, aún capturadas de manera incidental, se encuentra fuera de las posibilidades de aprovechamiento; sin embargo, en la realidad existe todo un mercado establecido que aprovechan los pescadores y embarcaciones, dedicados principalmente a la pesca del tiburón, que comercializan sin restricción algunas de estas especies. Por esta situación, es común encontrar en el menú de cualquier restaurante o en mercados que comercializan estos productos, la oferta de marlín, dorado u otras especies que, de observarse escrupulosamente esta disposición, no se verían.

Por su parte, las autoridades encargadas de la inspección pesquera, en los distintos órdenes de gobierno, se ven materialmente rebasadas para supervisar la operación de una flota pesquera nacional de más de 80,000 embarcaciones, de las cuales al menos 78,000 son pequeñas embarcaciones ribereñas, de acuerdo a las cifras del Anuario Estadístico Pesquero 2011 de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

La pesca deportiva, como lo indican múltiples estudios en la materia, constituye el polo de atracción y fuente fundamental de la derrama económica de muchos destinos turísticos en México, por lo que su adecuada protección debe constituir una prioridad para el legislador.

En este escenario, la regulación actual no garantiza adecuadamente la protección de las especies de la pesca deportiva, pues aún y cuando éstas quedarían a salvo de cualquier amenaza de pesca comercial dentro de una franja de 50 millas, la realidad es que son capturadas y comercializadas de manera habitual, al amparo de su pesca incidental, sin que exista una prohibición expresa al respecto.

En este orden de ideas, se hace necesario que la Ley establezca claramente medidas más estrictas para garantizar la sustentabilidad de las especies y su afluencia en múltiples destinos turísticos de México.

La zona de exclusividad que actualmente establece la Ley, no es suficiente para asegurar la sustentabilidad de las especies cuya pesca han dado fama a México en el mundo y a propósito de los cuales se organizan importantes torneos de corte internacional, cuya participación ha venido en decremento, entre otras cosas, debido a que cada vez es menos frecuente capturar ejemplares de talla atractiva para los turistas que viajan miles de kilómetros exclusivamente para dedicarse a la pesca, con la consecuente derrama económica que genera su estancia.

Consideramos entonces, necesario, establecer una prohibición expresa a la comercialización de especies destinadas a la pesca deportiva, incluyendo su exportación, aún y cuando se hubiesen capturado de manera incidental.

En abundancia de lo anterior, debe señalarse que la prohibición de explotar comercialmente las especies destinadas a la pesca deportiva no es significativa para el esfuerzo pesquero nacional, en la medida en la éste se concentra principalmente en otras especies, tales como el atún o la sardina.

En este sentido, considerando su importancia dentro de la industria del turismo y que ésta no afecta la producción nacional, es prudente establecer la prohibición en comento, pero aún es necesario eliminar la franja de 50 millas náuticas que actualmente prevalece como zona de exclusión a la captura comercial de las especies en comento, porque lo existente en el ámbito normativo es disuasorio y se evade fácilmente.

Por lo anterior, se propone que en todas las aguas nacionales, las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, queden destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, quedando prohibida su comercialización en territorio nacional, incluyendo su exportación, aún y cuando su captura hubiese sido de manera incidental.

No obstante lo dicho, es preciso reconocer que la pesca incidental es común a cualquier pesquería; sin embargo, ello obliga también a la selectividad que puedan tener los instrumentos de captura. De tal modo, que aún y cuando exista la prohibición de comercializar las especies deportivas, en la práctica seguirán siendo capturadas, aunque seguramente en menor escala debido a la falta de incentivos económicos que llevan al pescador a recurrir a diversas prácticas, algunas legales, para incrementar la posibilidad de atraer a las especies deportivas por encima de su pesca objetiva.

Por ello, además de la prohibición, proponemos en esta reforma, que el aprovechamiento de las especies de la pesca deportiva que hubiesen sido capturadas de manera incidental, se maneje exclusivamente a través de organismos o instituciones públicos u organizaciones sin fines de lucro, de asistencia pública o privada, destinadas a atender necesidades alimentarias de la población de escasos recursos, evitando así la comercialización que es el principal incentivo para la captura de estas especies.

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General, el Reglamento de la Cámara de Diputados, ordenamientos todos de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta asamblea propongo

Proyecto de Decreto

Único. Se reforman los artículos 66, 68 y 132 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 66.La captura incidental estará limitada y no podrá exceder del volumen que determine la Secretaría, para cada pesquería, según las zonas, épocas y artes de pesca, de conformidad con lo que establece la presente Ley y demás disposiciones que de ella se deriven. Los excedentes de los volúmenes de captura incidental que determine dicha autoridad en tales disposiciones, serán considerados como pesca realizada sin concesión o permiso.

El aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental se sujetará a las normas oficiales que al efecto se expidan, salvo lo previsto en esta Ley para la pesca deportivo – recreativa; la cual, deberá reservarse para instituciones u organismos públicos, organizaciones sin fines de lucro o instituciones de asistencia pública o privada que atiendan necesidades alimentarias de poblaciones de escaso recursos.

Artículo 68. Las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, quedando prohibida su comercialización en territorio nacional, incluyendo su exportación, aún y cuando ésta sea producto de su pesca incidental.

No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la Secretaría mediante disposiciones reglamentarias.

Artículo 132. Son infracciones a lo establecido en la presente Ley, el Reglamento y las normas oficiales que de ella deriven:

I. a VI. (...)

VII. Simular actos de captura incidental y de pesca de consumo doméstico, de fomento, deportivo-recreativa o didáctica con el propósito de lucrar con los productos obtenidos de las capturas;

VIII. a XXXI. (...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de este decreto, emitirá las normas correspondientes para regular el aprovechamiento de la pesca incidental de las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa, en los términos de esta reforma.

Tercero. En tanto la Secretaría emite las normas complementarias a que hace referencia el artículo anterior, las especies destinadas a la pesca deportivo -recreativa que sean capturadas de manera incidental, deberán ponerse a la disposición de los sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, los cuales resolverán su destino final de acuerdo a su competencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.— Diputado Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Con mucho gusto la iniciativa se insertará íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

Saludamos con mucho gusto al presidente municipal de Morelia, profesor Wilfrido Lázaro Medina, que está aquí, invitado por algunos compañeros diputados michoacanos. Bienvenido a la Cámara, presidente.

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, antes de dar inicio a mi presentación veo que esta iniciativa o esta propuesta de iniciativa no queda mejor que el día de hoy, como ha habido otros días en este recinto legislativo.

Me preguntaría, ¿cuántos compañeros diputados, de los 500 que tenemos una gran responsabilidad por nuestro país, estamos en este momento presentes en esta Cámara y en esta sesión de asamblea? Continuamente nos percatamos de la ausencia de varios legisladores durante el desarrollo de las sesiones en pleno, en esta Cámara de Diputados.

Desde nuestra perspectiva, lo anterior implica una falta de respeto a las sesiones mismas y a los dispositivos constitucionales, en concreto, al artículo 63, el cual exige, para aperturar sesiones y, por obviedad, para mantenerlas, más de la mitad de los integrantes de la Cámara.

El escenario planteado es indecoroso para la acción legislativa; por ello, para dignificar nuestro trabajo, se somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa.

Los diputados en el Congreso conllevan una serie de responsabilidades, de acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento de la Cámara de Diputados; sin embargo, es evidente que en muchas ocasiones vulneramos algunas de aquellas, en concreto, la permanencia en el salón solemne durante el lapso de las sesiones en pleno.

Los ciudadanos en el mundo contribuyen a través del pago de sus impuestos, a fin de asegurarse un Congreso profesional, en el cual se analicen sustantivamente los retos para mejorar cada uno de los países y a las personas de sus pueblos.

Una parte importante del trabajo legislativo lo conforma la redacción de las normas, pero también y sin duda, su discusión, la cual inicia o incluso, se define en las sesiones de pleno; por ello, la importancia de la permanencia y atención de todos los diputados en las reuniones respectivas.

De igual modo, durante la celebración de las reuniones del pleno se atienden otros asuntos de suma importancia, como por ejemplo, los comunicados de otras dependencias u órganos del Estado, la agenda política, las efemérides sobre los días importantes o incluso, el reconocimiento a personajes destacados.

En este orden de tópicos, nos damos cuenta, durante las sesiones, de la ausencia de quórum, faltando así al dispositivo constitucional ya mencionado.

Derivado de lo aquí expuesto, solicitamos se modifiquen los artículos 8 y 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de poder garantizar la imperiosa obligación de todos y cada uno de los legisladores de permanecer en las sesiones, en las cuales participamos, y al mismo tiempo, poder facultar al presidente de la Cámara de Diputados para que éste logre la constante asistencia de los parlamentarios, verificando, independientemente de las votaciones, el quórum en horarios indeterminados.

Es por todo lo anterior que consideramos que esta propuesta implicará un avance importante para la dignificación del trabajo legislativo, y así tratar de que no seamos los mismos diputados quienes vulneramos nuestras propias reglas.

No perdamos de vista la responsabilidad que asumimos una vez que obtuvimos, el primero de julio, el voto de los ciudadanos. ¿Cómo van a confiar en nosotros, si ni siquiera cumplimos con el poco tiempo que nos piden que nos dediquemos a discutir los temas relevantes de nuestro país? Debemos ser congruentes con lo que exigimos a la sociedad y a su vez, ella exige de nosotros, como legisladores.

Nos hemos preguntado, ¿cuál es la imagen que ante la gente tenemos los legisladores? Y creo que con toda razón, qué estamos para mejorarla. Los nombres aquí plasmados con letras de oro, en este recinto legislativo, son ejemplo del trabajo que debemos hacer por un México mejor. De nosotros, los 500 diputados de esta Cámara de Diputados, depende si queremos seguir el ejemplo de estos grandes hombres.

Qué triste y lamentable es ver que solamente cuando hay una reforma laboral —que dicen que a todos les interesa— estén presentes 494 de los 500 diputados.

Vuelvo a repetir la pregunta, ¿cuántos en este momento estamos asumiendo la responsabilidad que como legisladores obtuvimos a través del voto? Nosotros hay que cambiar esa perspectiva y dignificar a esta Cámara de Diputados.

Por su atención —y a los que no vinieron—, muchas gracias por estar el día de hoy y asumir con gran responsabilidad el papel que como legisladores tenemos para hacer de nuestro México un país mejor. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 8o. y 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Felipe Arturo Camarena García, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se pretende adicionar y modificar los artículos 8 y 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Planteamiento del problema

Continuamente nos percatamos de la ausencia de varios legisladores durante las sesiones de pleno. Desde nuestra perspectiva, lo anterior implica una falta de respeto a las sesiones mismas y a los dispositivos constitucionales, en concreto el artículo 63, el cual exige para abrir sesiones y –por obviedad– mantenerlas más de la mitad de los integrantes de la Cámara.

El escenario planteado es indecoroso para la labor legislativa. Por ello, a fin de dignificar nuestro trabajo se somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, con base en la siguiente

Argumentación

Los diputados al Congreso conllevan una serie de responsabilidades de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, es evidente que en muchas ocasiones vulneramos algunas de aquéllas, en concreto la permanencia en el salón durante las sesiones de pleno.

Los ciudadanos en el mundo contribuyen a través del pago de sus impuestos a fin de asegurarse un congreso profesional, donde se analicen sustantivamente los retos para mejorar cada uno de los países, y a las personas de sus pueblos.

Una parte importante del trabajo legislativo la forma la redacción de las normas, pero también, y sin duda, su discusión, la cual inicia o incluso se define en las sesiones de pleno. Por ello la importancia de la permanencia y atención de todos los diputados en las reuniones respectivas.

En las reuniones del pleno se atienden otros asuntos de suma importancia, como los comunicados de dependencias u órganos del Estado, la agenda política, las efemérides sobre días importantes o, incluso, el reconocimiento de personajes destacados.

En este orden nos damos cuenta de la ausencia de quórum durante las sesiones, una falta al dispositivo constitucional número 63.

Derivado de lo expuesto, solicitamos que se modifiquen los artículos 8 y 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de garantizar la obligación de todos los legisladores de permanecer en las sesiones y, al mismo tiempo, facultar al presidente de la Cámara para que logre la constante asistencia de los parlamentarios, verificando, independientemente de las votaciones, el quórum en horarios indeterminados.

Todo lo anterior, creemos, será una labor importante para la dignificación del trabajo legislativo y así tratar de que no sean los mismos diputados quienes vulneren sus reglas.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona del Reglamento de la Cámara de Diputados la fracción II del artículo 8 y se modifican los numerales 2 y 3 del artículo 46.

Artículo 8.

1. Serán obligaciones de los diputados y diputadas

I. Rendir protesta y tomar posesión de su cargo;

II. Asistir puntualmente a las convocatorias a sesiones y reuniones, del pleno, de los órganos directivos y de las comisiones o comités a los que pertenezca , así como permanecer en ellas;

III. ...

Artículo 46.

1. La Cámara abrirá con validez sus sesiones cuando esté integrado el quórum, de acuerdo con lo que dispone el artículo 63 de la Constitución.

2. Durante la sesión, el quórum se verificará constantemente, en horas indeterminadas, independientemente de si hay o no votaciones nominales.

3. Una vez iniciada la sesión, ésta podrá suspendersesi se llegare a comprobarfalta de quórum en alguna de las verificaciones que lleve a cabo el presidente, o en unavotación nominal. En estos casos, el presidente declarará un receso hasta por quince minutos. Si al término del mismo se verifica la inexistencia de quórum, entonces se levantará la sesión.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 8 de noviembre de 2012.— Diputados: Felipe Arturo Camarena García, María del Rocío Corona Nakamura (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 38, 39 y 45 de la Ley General de Educación.

El diputado José Arturo López Cándido:Buenas tardes a todas y a todos. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1989, suscribió el instrumento internacional denominado Convención de los Derechos de los Niños, donde nuestro país reconoce dicha convención relativa a los niños que venden su mano de obra en los campos agrícolas.

Nuestra Carta Magna, en su artículo 3o., establece con toda precisión el derecho a la educación para todos los mexicanos, la cual deberá ser impartida por el Estado: federación, estados y municipios, donde se considera con el carácter de obligatorio el preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

En este sentido, la ya mencionada convención señala, en su artículo 28, que los Estados parte reconocen el derecho del niño a la educación, y a fin de darle cumplimiento se recomienda adoptar medidas, como garantizar la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria para todos, fomentar el desarrollo de la enseñanza secundaria, fomentar la asistencia regular a las escuelas, y reducir la tasa de deserción escolar.

Las actividades laborales que ofrecen estos niños y jóvenes desgraciadamente se originan al intentar cubrir los faltantes en el ingreso de sus familias, por la familiaridad con las actividades del campo. Dichos niños suelen ocupar tareas específicas, como la pizca, el acarreo de la producción recolectada en las parcelas debido a la ausencia de servicios educativos en regiones alejadas y dispersas de las principales ciudades o pueblos.

Si a dichos factores le agregamos que la primera expectativa de las familias campesinas es la de migrar de sus lugares de origen, por tratar de encontrar en otras partes mejores condiciones de vida, el resultado habitualmente se refleja en la descomposición absoluta del modo de vida de toda persona, principalmente en los menores que la integran.

Es necesario destacar que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros, de 2009, se calculaba una cifra cercana a las 712 mil personas incorporadas en trabajos de este tipo, pero además, de dicha cifra, solo 14 por ciento era atendida por algún tipo de programa educativo a cargo de la Secretaría de Educación Pública.

Por si fuera poco, otra de las principales preocupaciones es lo relativo a la acreditación de los cursos de la educación básica, pues muchas veces no existe un mecanismo que permita dar continuidad a los logros alcanzados por los alumnos que son jornaleros agrícolas; el hecho que se pueda otorgar un documento oficial que permita que los alumnos puedan seguir la continuidad de sus estudios, no obstante que cambian de residencia continuamente.

Este es el caso de los niños y jóvenes que por las cuestiones ya descritas abandonan sus estudios y que, por alguna razón, al buscar el apoyo de programas federales, como lo son el Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños de Familiares Jornaleros Agrícolas Migrantes (Pronim) y la Modalidad Educativa Intercultural para Población Infantil Migrante (Meipim).

En el mismo contexto, diversos especialistas han distinguido coincidencias con las cuales se refleja un estancamiento en los objetivos propuestos al momento de la implementación de las políticas públicas destinadas a cubrir las necesidades de esta población, tales como una insuficiente capacidad y calidad de respuesta frente a sus principales necesidades educativas.

No se combinan esfuerzos entre otros programas que inhiban la migración de las familias campesinas, que ofrezcan oportunidades de desarrollo al interior de sus comunidades y regiones de donde son originarios, que fortalezcan el arraigo de costumbres y entorno cultural en dichos lugares de origen, pero que también garanticen una estabilidad educativa, por lo menos en su nivel básico y que se incentive la posibilidad para seguir con los subsecuentes niveles educativos.

La presente iniciativa tiene por objeto incluir mecanismos en la Ley General de Educación para que se fortalezcan los principios de igualdad, equidad e impartición de la educación para todos, pero como lo es en este caso especial de manera dirigida a la población de jornaleros migrantes, incluyendo niñas y niños y jóvenes en estas condiciones.

No podemos soslayar el tipo de condiciones de movilidad y elevada frecuencia de efectos migrantes en tal población; por ello proponemos que estos mecanismos sean puestos en marcha en forma inmediata y coordinada entre las distintas instancias de gobierno responsables de impartir educación, para reducir a la brevedad el rezago educativo en el que se encuentran estos niños.

Le agradezco, señor presidente y le solicito que el texto íntegro se inserte al Diario de los Debates. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 12, 38, 39 y 45 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, José Arturo López Cándido, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IX del artículo 12, el artículo 38, el artículo 39 y el párrafo segundo del artículo 45, de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1989, suscribió el instrumento internacional denominado Convención de los Derechos de los Niños.

Nuestro país reconoce dicha convención mediante su firma como adherente desde 1990, no obstante a dar validez universal a los principios normativos que la enarbolan, se ha venido transgrediendo de manera periódica.

Caso particular es el relativo a los niños que venden su mano de obra en los campos agrícolas, así como en empresas que por el tipo de actividades es difícil ubicar que tienen prácticas de explotación de menores de edad, a los que se les cancela el derecho de seguir cursando la educación básica.

Nuestra Carta Magna, en su artículo 3o., establece con toda precisión el derecho a la educación para todos los mexicanos, la cual deberá ser impartida por el estado: federación, estados y municipios, donde se considera con el carácter de obligatorio el preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, es decir, el bachillerato.

En este sentido, la ya mencionada convención señala en su artículo 28 que los estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de darle cumplimiento, se recomienda adoptar medidas como:

• Garantizar la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria para todos.

• Fomentar el desarrollo de la enseñanza secundaria.

• Fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir la tasa de deserción escolar, entre otras más.

Estos niños y adolescentes trabajadores jornaleros agrícolas, han venido siendo víctimas de contratistas, capataces e inclusive empresarios que de manera dolosa ocupan el enorme potencial que poseen.

Es lamentable tener que decir que las actividades laborales que ofrecen estos niños y jóvenes desgraciadamente se origina al intentar cubrir los faltantes en el ingreso de sus familias, pues es de todos conocido que el nivel de pobreza en las familias campesinas va en incremento y para solventar tales faltantes, no tienen otra alternativa que abandonar sus estudios y dedicarse de lleno a un trabajo.

Generalmente, por la familiaridad con las actividades del campo, dichos niños suelen ocupar tareas específicas como la pizca y el acarreo de los productos recolectados en parcelas.

Por si fuera poco, la ausencia de servicios educativos en regiones alejadas y dispersas de las principales ciudades o pueblos, es también otro factor que imposibilita darle continuidad a una posible opción para seguir estudiando.

Si a dichos factores le agregamos que la primera expectativa de las familias campesinas es la de migrar de sus lugares de origen por tratar de encontrar en otras partes mejores condiciones de vida, el resultado habitualmente se refleja en la descomposición absoluta del modo de vida de toda persona, principalmente en los menores que la integran.

Con lo anterior, las oportunidades de seguir estudiando prácticamente se ven canceladas y no hay cabida a pensar siquiera de buscar alguna alternativa paralela para cubrir esta necesidad básica en toda persona.

Es necesario destacar, que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros de 2009 se calculaba una cifra cercana a 712 mil personas incorporadas en trabajos de este tipo, pero además, de dicha cifra sólo 14 por ciento, era atendida por algún tipo de programa educativo a cargo de la Secretaría de Educación Pública.

Por si fuera poco, otra de las principales preocupaciones es lo relativo a la acreditación de los cursos de la educación básica, pues muchas veces no existe un mecanismo que permita dar continuidad a los logros alcanzados por los alumnos que son jornaleros agrícolas, el hecho que se pueda otorgar un documento oficial que permita que los alumnos puedan seguir estudiando, no obstante que cambian de residencia continuamente.

Este es el caso de los niños y jóvenes que por las cuestiones ya descritas abandonan sus estudios y que, por alguna razón al buscar el apoyo de programas federales como lo son: el Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños de Familiares Jornaleros Agrícolas Migrantes (Pronim) y la Modalidad Educativa Intercultural para Población Infantil Migrante (Meipim).

En el mismo contexto, diversos especialistas han distinguido coincidencias con las cuales se refleja un estancamiento en los objetivos propuestos al momento de la implementación de las políticas públicas destinadas a cubrir las necesidades de esta población, tales como:

• Una insuficiente capacidad y calidad de respuesta frente a sus principales necesidades educativas, dejando claro que las primeras reacciones en los educandos coinciden en que los propósitos de los programas sociales no impiden que la mayoría de los beneficiarios se queden fuera de la escuela en un espacio de tiempo muy corto.

• No se cuenta con un mecanismo fuerte que permita conocer un censo actualizado.

• No se combinan esfuerzos entre otros programas que inhiban la migración de las familias campesinas, que ofrezcan oportunidades de desarrollo al interior de sus comunidades y regiones de donde son originarios, que fortalezcan el arraigo de costumbres y entorno cultural en dichos lugares de origen, pero que también garanticen una estabilidad educativa por lo menos en su nivel básico y que se incentive la posibilidad para seguir con los subsecuentes niveles educativos.

La presente iniciativa tiene por objeto incluir mecanismos en la Ley General de Educación para que se fortalezcan los principios de igualdad y equidad en la impartición de la educación para todos, pero como lo es en este caso, de especial manera dirigida la población de jornaleros migrantes, incluyendo a niñas, niños y jóvenes en estas condiciones.

No podemos soslayar el tipo de condición de movilidad y la elevada frecuencia del efecto migratorio en tal población, por ello, proponemos que estos mecanismos sean puestos en marcha de forma inmediata y coordinada entre las distintas instancias de gobierno responsables de impartir educación, para reducir a la brevedad el rezago educativo en el que se encuentran estos niños.

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa de ley con proyecto de

Decreto que reforma la fracción IX del artículo 12, el artículo 38, el artículo 39 y el párrafo segundo del artículo 45 de la Ley General de Educación

Para quedar como sigue:

Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforman: la fracción IX del artículo 12, el artículo 38, el artículo 39 y el párrafo segundo del artículo 45, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

De I. a VIII. ...

IX. Regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y de equivalencias, así como llevar a cabo la coordinación entre las autoridades educativas, para implementar planes anuales especiales para resarcir el rezago educativo en niñas, niños y jóvenes jornaleros agrícolas migrantes, que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativo a otro;

Artículo 38. La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa, de jornaleros agrícolas y grupos migratorios.

Artículo 39. En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial, la educación en las regiones agrícolas y campesinas y la educación para adultos.

Artículo 45. ...

La secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, establecerá un régimen de certificación, aplicable en toda la república, referido a la formación para el trabajo, conforme al cual sea posible ir acreditando conocimientos, habilidades o destrezas -intermedios o terminales- anteponiendo especial cuidado en aquellas adquiridas en las regiones agrícolas y campesinas de manera parcial y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.— Diputados: José Arturo López Cándido, María del Rosario Merlín García, Héctor Hugo Roblero Gordillo, Joaquina Navarrete Contreras, Verónica Beatriz Juárez Piña, Alliet Mariana Bautista Bravo,  María del Carmen Martínez Santillán, Loretta Ortiz Ahlf, José Humberto Vega Vázquez, Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Así se hará con gusto, diputado. Se inserta la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputada

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Para preguntarle al diputado López Cándido, si puedo suscribir la iniciativa.

El diputado José Arturo López Cándido:Sí, acepto.

El Presidente diputado José González Morfín: Le preguntaría al diputado López Cándido, si no tiene inconveniente de que algunas compañeras y compañeros diputados puedan suscribir su iniciativa.

La diputada Claudia Elena Águila Torres (desde la curul): Diputado López Cándido, si me permite también adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Correcto. La dejamos en manos de la Secretaría para que puedan pasar a suscribirla quienes así lo deseen. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: No obstante que del contenido del artículo 3o. constitucional se establece que la educación que imparte el Estado debe garantizar el desarrollo integral de los educandos, la realidad es que el sistema educativo, directa o indirectamente, se ha inclinado a otorgar una educación con marcadas tendencias al desarrollo de habilidades técnicas y a generar autómatas, que obedecen órdenes sin ningún cuestionamiento, sin una base crítica ni ética.

Resulta incongruente que siendo nuestro país la decimocuarta economía del mundo y teniendo una de las máximas casas de estudio de toda Iberoamérica, se les destine legalmente un presupuesto del 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas.

Lo anterior, cobra aún más sentido si caemos en cuenta de que México dedica el 5.7 por ciento de su ingreso nacional a educación, monto que en comparación con su gasto público lo ubica como la nación con mayor tasa de inversión en este rubro, el 21.7 por ciento del gasto público total frente al 13.3 por ciento promedio en el conjunto de países que forman parte de la OCDE.

Sin embargo, más del 90 por ciento del presupuesto para la educación se destina a gasto corriente, gasto corriente infructuoso por cierto, ya que ni los maestros ni los alumnos son debidamente evaluados y la infraestructura del sistema educativo es francamente deplorable, lo que hace aún más imperioso que se destine un mayor presupuesto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas.

El arte, la ciencia, la vida política, la familia tienen un vínculo estrecho: todas ellas están subsumidas en una sociedad en la que cobran cada vez más relevancia los capitales simbólicos; si bien cada uno de esos subsistemas sociales cuenta con sus propias especificidades, tratarlos como ajenas y excluyentes entre sí contribuye a mermar la integralidad de patria.

Para que una nación cuente con hombres y mujeres de bien, debe promover una educación de excelencia, con un ámbito de respeto e integración, en el cual sobresalga una visión de superación e innovación.

Con mayor razón si tomamos en cuenta que la competitividad, en la así llamada aldea global, es cada vez mayor y se requieren cada vez más investigadores de primer mundo.

Paradójicamente, observamos que en nuestro país la investigación humanística y la ciencia tecnológica son temas que no han merecido la debida preeminencia en la agenda política.

Es lamentable que aun y cuando estamos con un gran capital humano —recuérdese que la curva de crecimiento poblacional nos ubica como una de las naciones con el mayor número de jóvenes—, no se están aprovechando las capacidades y habilidades de personas, que una vez que han concluido su educación superior, desperdician su potencial para desarrollar investigación o en todo caso, lo ponen al servicio de potencias extranjeras, engrosando aún más la fuga de cerebros, que tanto lesiona al desarrollo de la nación.

Por otro lado, la promoción y apoyo a la investigación se constituye en una de las pocas vías que se puede abrir a las personas para acceder a mejores condiciones de vida.

El conocimiento, la ciencia y la investigación son, sin duda, un importante capital simbólico del que pueden echar manos los educandos para aspirar a acceder a los estratos sociales más altos, para competir con las elites en el juego por la obtención de otros tipo de capital, situación que merece especial atención si somos conscientes del entorno de crisis en el que estamos envueltos, en el que estamos presenciando cataclismos a merced de la globalización, los cuales llevan ínsitos procesos de degeneración social y el ensanchamiento acelerado de la brecha de desigualdad.

La elite plutocrática en nuestro país busca alcanzar sus metas centradas principalmente en obtener cada vez mayores ganancias mediante el debilitamiento y desmantelamiento de las agencias de gobierno y al capturar y destruir las instituciones públicas. La reciente reforma laboral da cuenta de ello.

Tomando en cuenta que el tema educativo debe ocupar los espacios más importantes en la agenda pública nacional, no se debe escatimar en esfuerzos de carácter legislativo para corresponder a las exigencias de carácter educativo; el insuficiente presupuesto destinado a la investigación fomenta indirectamente la deserción.

Por otra parte —como la propia Unesco ha señalado—, se deben ampliar los índices de egresados de los estudios de educación básica y media superior para que de esta manera se puedan tener más educandos estudiando una carrera técnica o profesional y eventualmente un posgrado o una especialidad.

Propongo lo siguiente. Que se reforme el artículo 25 de la Ley General de Educación para quedar como sigue: El monto anual que el Estado —federación, entidades federativas y municipios— destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos tendrá que ser mayor al 8 por ciento del producto interno bruto del país, e independientemente del monto destinado a la educación, se debe destinar al menos el 2 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y el desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 6, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

No obstante que del contenido del artículo tercero constitucional, se establece que la educación que imparta el Estado debe garantizar el desarrollo integral de los educandos, la realidad es que se el sistema educativo directa o indirectamente se ha inclinado a otorgar una educación con marcadas tendencias al desarrollo de habilidades técnicas, y a generar autómatas que obedecen órdenes sin ningún cuestionamiento, sin una base crítica ni ética.

De ahí que entre los educandos y entre la sociedad en general subsista un soslayo sistemático por el quehacer político del país, el desarrollo científico y la innovación tecnológica. Cuestiones que debieran trasladarse necesariamente a un primer plano.

Resulta incongruente que siendo nuestro país la decimocuarta economía del mundo, y teniendo una de las máximas casas de estudios de toda Iberoamérica, se le destine legalmente un presupuesto del 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas.

Lo anterior cobra aún más sentido si caemos en cuenta que México dedica el 5.7 por ciento de su ingreso nacional a educación, monto que en comparación con su gasto público, lo ubica como la nación con mayor tasa de inversión en este rubro: el 21.7 por ciento del gasto público total frente al 13.3 por ciento promedio en el conjunto de países que forman parte de la OCDE.

Sin embargo, más del 90 por ciento del presupuesto para la educación se destina a gasto corriente –gasto corriente infructuoso por cierto, ya que ni los maestros ni los alumnos son debidamente evaluados y la infraestructura del sistema educativo es francamente deplorable–. Lo que hace aún más imperioso que se destine un mayor presupuesto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas.

El arte, la ciencia, la vida política, la familia tienen un vínculo estrecho. Todas ellas están subsumidas en una sociedad en la que cobran cada vez más relevancia los capitales simbólicos. Si bien cada uno de estos subsistemas sociales cuenta con sus propias especificidades, tratarlos como ajenas y excluyentes entre sí contribuye a mermar la integralidad de patria.

Para que una nación cuente con hombres y mujeres de bien, debe promover una educación de excelencia, con un ambiente de respeto e integración, en el cual sobresalga una visión de superación e innovación. Con mayor razón si tomamos en cuenta que la competitividad en la así llamada aldea global es cada vez mayor, y se requieren cada vez más investigadores de primer mundo.

Paradójicamente, observamos que en nuestro país la investigación humanística y la ciencia tecnológica son temas que no han merecido la debida preeminencia en la agenda pública.

Es lamentable que aún y cuando contamos con un gran capital humano –recuérdese que la curva de crecimiento poblacional nos ubica como una de las naciones con el mayor número de jóvenes–, no se están aprovechando las capacidades y habilidades de personas que una vez que han concluido su educación superior, desperdician su potencial para desarrollar investigación, o en todo caso lo ponen al servicio de potencias extranjeras, engrosando aún más la fuga de cerebros que tanto lesiona al desarrollo de la nación.

Por otro lado, la promoción y apoyo a la investigación se constituye en una de las pocas vías que se puede abrir a las personas para acceder a mejores condiciones de vida. El conocimiento, la ciencia y la investigación, son sin duda un importante capital simbólico del que pueden echar mano los educandos para aspirar a acceder a los estratos sociales más altos, para competir con las elites en el juego por la obtención de otros tipos de capitales.

Situación que merece especial atención, si somos conscientes del entorno de crisis en el que estamos envueltos; en donde estamos presenciando cataclismos a merced de la globalización. Los cuales llevan ínsitos procesos de degeneración social y el ensanchamiento acelerado de la brecha de desigualdad.

Tales son las condiciones de desigualdad, que aunque parezca increíble, mientras los banqueros de Wall Street pueden ganar 900 mil dólares la hora, una familia trabajadora de 4 miembros en países de la llamada periferia como México, bien puede estar luchando por sobrevivir ganando 7 pesos la hora.

La élite plutocrática en nuestro país, busca alcanzar sus metas, centradas principalmente en obtener cada vez mayores ganancias, mediante el debilitamiento y desmantelamiento de las agencias de gobierno y al capturar o destruir las instituciones públicas. La reciente reforma laboral da cuenta de ello.

El contraste espeluznante (1.7 millones de veces) entre los 900 mil dólares por hora (equivalentes a 12 millones de pesos) –que evidencia el yugo financiero anglosajón– y los siete pesos por hora que persigue la reforma laboral neoliberal de los oligarcas y del PRIAN, que hace patente la esclavitud económico-mercantil-social de que son objeto un grupo abrumadoramente más grande de neo esclavos, ponen de manifiesto que las elites plutocráticas están cada vez menos dispuestas a dar concesiones para el ascenso social.

La UNESCO asegura que la educación es el mecanismo para lograr un mundo más justo y mejor para todos. Por otro lado, la falta de apoyo para el desarrollo de la investigación, y como corolario, de la ciencia y la tecnología, provoca desajustes no solo de carácter social, sino económico; la necesidad de importación de bienes con valor agregado es una de las principales causas para deshacerse de divisas, lo que acarrea al mismo tiempo, desajustes en nuestra balanza comercial.

Argumentación

Tomando en cuenta que el tema educativo debe ocupar los espacios más importantes de la agenda pública nacional, no se debe escatimar en esfuerzos de carácter legislativo para corresponder a las exigencias de carácter educativo.

El insuficiente presupuesto destinado a la investigación, fomenta indirectamente la deserción. En otra parte, como la propia UNESCO ha señalado, se deben ampliar los índices de egresados de los estudios de educación básica y media superior, para que de esta manera se puedan tener más educandos estudiando una carrera técnica o profesional, y eventualmente, un posgrado o una especialidad.

En este sentido, si bien en México se destinan importantes partidas del gasto público en educación, vemos con tristeza como la gran mayoría de estos cuantiosos recursos son mal utilizados. No obstante, en esta instancia se propone una leve reforma a las disposiciones que regulan lo concerniente a la cuestión presupuestaria en materia educativa, para abrir la puerta a mayores inversiones en el rubro.

Por lo que ve al tema de la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones públicas de Educación Superior, se propone una reforma más sustancial; cambiar los términos del financiamiento en estos rubros, de al menos el 1 por ciento del producto interno bruto, como actualmente se establece en la Ley General de Educación, al doble de ese porcentaje.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación

Único. Se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 25.  El Ejecutivo federal...

El monto anual que el Estado-federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, tendrá que ser mayor al ocho por ciento por ciento del producto interno bruto del país, e independientemente del monto destinado a la educación, se debe destinar al menos el 2 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológicoen las instituciones de educación superior públicas.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, deberán incorporarse los ajustes presupuestales en materia educativa contemplados en el presente decreto.

Notas:

1 Artículo 3 Constitucional. ...La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

2 Bourdieu Pierre. Cuestiones de sociología. Anagrama. Barcelona 1999. Página 114.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.— DiputadoS: Ricardo Monreal Ávila, Gabriel Gómez Michel, (rúbricaS).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Aprovecho la oportunidad para darle la más cordial bienvenida al alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla, que se encuentra hoy aquí en la Cámara de Diputados invitado por la diputada María Fernanda Shroeder Verdugo. Bienvenido a la Cámara de Diputados, alcalde.

Voy a pedir a la Secretaría, antes de entrar a los puntos de acuerdo de urgente resolución, que dé lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política que trae algunos cambios en comisiones.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo cause baja como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que la diputada Angelina Carreño Mijares cause baja como secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Que la diputada Adriana Hernández Íñiguez cause baja como integrante de la Comisión de Población.

• Que el diputado Antonio de Jesús Díaz Athie cause baja como integrante de la Comisión de Población.

• Que la diputada Josefina García Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Población.

• Que el diputado Jorge del Ángel Acosta cause baja como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Luis Alberto Villarreal García, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís cause baja como integrante de la Comisión de Cultura.

• Que el diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís cause alta como secretario en la Comisión de Cultura.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado Antonio Cuéllar Steffan cause alta como integrante en la Comisión del Distrito Federal.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 7 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados los cambios, comuníquense.

ESTADO DE COAHUILA

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México, quien presentará un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que emita el decreto correspondiente de declaratoria de veda, para garantizar el uso racional de recurso en el área de protección de flora y fauna de Cuatro Ciénegas. Adelante.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López:Con su venia, señor presidente. La fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista y su servidora, quieren llamar la atención de todos ustedes, señoras y señores diputados, sobre un tema trascendental: el uso del agua, su utilización, su sobreexplotación, pero también sobre el cuidado de algo trascendental, como son las zonas ecológicas, las áreas ecológicas, la conservación de los ecosistemas y un caso importante de esto tiene que ver con Cuatro Ciénegas.

Este es un valle con más de 700 pozas, donde la luz solar penetra hasta el fondo; esto es un oasis en el desierto y un producto de la naturaleza único en el planeta, tanto porque en sus referidas pozas se ha mantenido una cadena alimenticia análoga a la de hace más 550 millones de años, en el periodo Cámbrico temprano, y también porque sus microorganismos tienen afinidades marinas y posiblemente sean descendientes directos de los antiguos mares de la zona, los cuales persistieron al levantamiento del continente.

Adicionalmente, muchas de las especies de la región tienen adaptaciones únicas, pueden vivir en condiciones extremas, como es la falta casi total de fósforo en sus aguas y la alta incidencia de radiación solar.

Esto, compañeras y compañeros, hace que las características de este ecosistema atraigan la atención de programas de astrobiología de la NASA, considerando a Cuatro Ciénegas uno de los pocos ecosistemas modelo para entender la evolución de la tierra primitiva y diseñar estudios para detectar la posible vida en otros planetas del sistema solar, en particular en Marte.

Este valle y sus humedales están considerados como uno de los sitios más importantes del mundo para el estudio de la evolución, siendo considerado un laboratorio viviente para estudiar los procesos de adaptación y diversificación de los seres vivos.

La riqueza biológica de Cuatro Ciénegas equivale a las islas Galápagos en tierra; sin embargo, a causa de los efectos del cambio climático y de la presión en los acuíferos por el sector agrícola esta enorme riqueza biológica está en riesgo inminente de desaparecer; el valle de Cuatro Ciénegas está alterado por la explotación desmedida de agua para uso industrial y agrícola.

En este sentido, es una realidad lamentable la falta de políticas de conservación del agua en Coahuila por parte de las autoridades federales, lo cual afecta a la ciudadanía y al orbe, como ya se demostró.

La explotación desmedida de los acuíferos y los graves problemas de sequía se han conjuntado, al punto de comprometer la viabilidad del ecosistema de Cuatro Ciénegas y la disponibilidad del líquido a la población de esa entidad.

La explotación de los acuíferos ha llegado a nivel, que si el Ejecutivo federal no emite las correspondientes declaratorias de veda, se corre el peligro de llegar al punto más alto de sobreexplotación.

Según información de la Comisión Nacional del Agua, el acuífero más explotado es el de la Región Lagunera, donde se extraen en promedio al año 930 millones de metros cúbicos de agua, cuando la recarga del acuífero es de 518.

Por ello, señoras y señores diputados, pido su comprensión, su solidaridad para que hagamos un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, para que emita una declaratoria de veda restringiendo las extracciones de agua de los acuíferos de Coahuila sobreexplotados, para así garantizar el uso racional del recurso, el abasto para los habitantes de esa entidad y revertir los procesos de degradación que sufren ecosistemas como el Área de Protección de Flora y Fauna de Cuatro Ciénegas; por su atención y su respaldo a este punto, muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el decreto correspondiente de declaratorias de veda, que restrinja la extracción de agua de los acuíferos de Coahuila sobreexplotados, para garantizar el uso racional y el abasto del recurso, y revertir los procesos de degradación de ecosistemas como el área de protección de flora y fauna de Cuatrociénegas, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Gabriela Medrano Galindo, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Verde Ecologista, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años los efectos del cambio climático se han vuelto una realidad tal y como lo predijeron los estudios científicos hace décadas.

A nuestro país lo han golpeado fenómenos climáticos atípicos con lluvias torrenciales en la región sur-sureste, de igual modo, nuestro territorio ha sido presa de sequías prolongadas en las entidades del norte.

En este sentido resultan preocupantes las consecuencias de estos impactos climáticos y a la vez muy complicados en su tratamiento, pues al mismo tiempo, en algunas regiones del país se sufre de inundaciones y en otras, los mantos acuíferos se han abatido, resultando muy difícil conseguir el vital liquido, tanto para el uso doméstico como para mantener las actividades de ciertos sectores productivos.

El estado de Coahuila resiente gravemente, a lo largo de los últimos años, los impactos de las sequías, esto provoca una gran presión sobre sus acuíferos, de por sí ya mermados en su recarga, es evidente: falta infiltración por lluvias.

Aunado a lo anterior somos testigos de un crecimiento insustentable de algunos sectores productivos dentro del territorio de la entidad federativa agravando de este la ya aludida sobreexplotación de los acuíferos.

Sectores como el agrícola demandan cantidades significativas del vital líquido.

Todo lo anterior pone en riesgo y compromete el desarrollo de las ciudades por la falta de abasto de agua, pero también, la conservación de ecosistemas importantes para México y la comunidad internacional, claro ejemplo de esto es Cuatro Ciénegas, el cual es un valle con más de 700 pozas, donde la luz solar penetra hasta el fondo, esto es un oasis en el desierto y un producto de la naturaleza único en el planeta, tanto porque en sus referidas pozas se ha mantenido una cadena alimenticia análoga a la de hace 550 millones de años en el periodo Cámbrico temprano, y también porque sus microorganismos tienen afinidades marinas y posiblemente sean descendientes directos de los antiguos mares de la zona, los cuales persistieron al levantamiento del continente.

Adicionalmente muchas de las especies de la región tienen adaptaciones únicas, pueden vivir en condiciones extremas, como es la falta casi total de fósforo en sus aguas, y la alta incidencia de radiación solar. Debido a todo esto, el programa de astrobiología de la NASA considera a Cuatro Ciénegas uno de los pocos “Ecosistemas Modelo” para entender la evolución de la Tierra primitiva, y diseñar estudios para detectar la posible vida en otros planetas del sistema solar, en particular en Marte.

Este valle y sus humedales están considerados uno de los sitios más importantes del mundo para el estudio de la evolución, siendo considerado un “laboratorio viviente” para estudiar los procesos de adaptación y diversificación de los seres vivos.

La riqueza biológica de Cuatro Ciénegas equivale a las islas Galápagos en tierra; sin embargo, a causa de los efectos del cambio climático y de la presión en los acuíferos por el sector agrícola esta enorme riqueza biológica está en riesgo inminente de desaparecer.

Como sucede en diversos municipios de Coahuila, el valle de Cuatro Ciénegas también se ve alterado por la explotación desmedida de agua para uso industrial y agrícola.

Es una realidad lamentable la falta de políticas de conservación del agua en Coahuila por parte de las autoridades federales, lo cual afecta a la ciudadanía y al orbe como ya se demostró.

Uno de los sectores responsables del abatimiento de los acuíferos es el lechero ya que, para producir un litro de leche se utilizan mil litros de agua durante el invierno y 10 mil en verano, por lo cual la explotación desmedida de los acuíferos y los graves problemas de sequía se han conjuntado al punto de comprometer la viabilidad del ecosistema de Cuatro Ciénegas y la disponibilidad del líquido a la población coahuilense.

Por todo lo anterior, es imperativo impedir que salga más agua del ecosistema de Cuatro Ciénegas y los acuíferos sobreexplotados del estado de Coahuila.

La sobreexplotación de los acuíferos ha llegado a tal nivel que si el Ejecutivo federal no emite las correspondientes declaratorias de veda se corre el peligro de llegar al punto más alto de sobreexplotación. Según información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el acuífero más explotado es el de la región lagunera, donde se extraen en promedio al año 930 millones de metros cúbicos de agua cuando la recarga del acuífero es de 518.

Por ello, pido a esta honorable asamblea se haga un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, para que emita declaratorias de veda, restringiendo las extracciones de agua de los acuíferos de Coahuila sobre explotados, para así garantizar el uso racional del recurso, el abasto a los coahuilenses y revertir los procesos de degradación que sufren ecosistemas como el Área de Protección de Flora y Fauna de Cuatro Ciénegas.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, a emitir, a la brevedad, el decreto correspondiente de declaratorias de veda, restringiendo las extracciones de agua de los acuíferos de Coahuila sobre explotados, para así garantizar el uso racional del recurso, el abasto del mismo a los coahuilenses, y revertir los procesos de degradación que sufren ecosistemas como el Área de Protección de Flora y Fauna de Cuatro Ciénegas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.— Diputada Gabriela Medrano Galindo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, para Nueva Alianza el desarrollo sustentable es una prioridad del más alto orden en su agenda legislativa; el agua es el recurso natural vital por excelencia, sin ella no es posible la vida; es un bien escaso y por ende, su uso consciente es prioritario.

México ha llegado al punto en el que es necesario asumir de manera responsable y decidida políticas de Estado en materia de protección y preservación de los recursos hídricos. En el caso de Cuatro Ciénegas, Coahuila, las actividades agrícolas y agropecuarias sobreexplotan el agua para satisfacer su demanda.

Por ejemplo, en la región de los productores lácteos, por cada litro de leche se utilizan 10 mil litros de agua en el verano y mil en el invierno. Lo anterior, agravado por la reciente sequía, ha puesto en riesgo el abasto de agua por el consumo de la población y los invaluables ecosistemas de Cuatro Ciénegas, únicos en el mundo.

Para hacer compatibles las necesidades industriales de agua con las necesidades de proteger los acuíferos y los ecosistemas, la solución es articular políticas públicas para el desarrollo sustentable que preserven los recursos naturales y a la vez ofrezcan soluciones racionales que garanticen las actividades económicas y se desarrollen satisfactoriamente.

No olvidemos que el deterioro o la pérdida de un manto acuífero, implica el menoscabo de la naturaleza equilibrada y sustentable, que será el patrimonio de nuestras futuras generaciones.

Por lo anteriormente expuesto, manifiesto el total apoyo de los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, presentada por el Partido Verde, en el cual se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a emitir el decreto correspondiente para restringir la sobreexplotación de los mantos acuíferos de Coahuila, como medida cautelar, que los resguarde a la mayor brevedad. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. Estamos de acuerdo en el punto de acuerdo que propone el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

Sin lugar a dudas, en Cuatro Ciénegas, una tierra preciosa, con atractivos naturales que la hacen singular y que además es la tierra de Venustiano Carranza, sin lugar a dudas que se debe poner un énfasis especial por la sobreexplotación de los acuíferos que se han venido realizando ininterrumpidamente.

Es un área natural protegida, pero nos parece que el exhorto que se hace es importante, es oportuno y lo vamos a apoyar.

Sin embargo, nos parece que si esto es un tema importante para Coahuila, sin lugar a dudas nos hubiera gustado que el tema se refiriera al medio ambiente —también—, pero al ambiente político y social que padece esta entidad norteña; un estado donde el pleito entre los hermanos Humberto y Rubén Moreira —que es una moderna versión de Caín y Abel—, la ha convertido, no solamente en una tierra donde se convierten ecocidios, tanto en Cuatro Ciénegas como en La Laguna, donde los niveles de hidroarsenicismo son alarmantes, sino también en una tierra ingobernable, sin horizonte, sacudida por la corrupción y la pérdida de esperanzas.

Coahuila con los Moreira es hoy un estado fallido; entre las ansias protagónicas de quien sumió al estado en una catástrofe financiera verdaderamente escandalosa y la incapacidad manifiesta de su hermano, Coahuila sufre hoy la peor crisis de su historia.

En otro tema de ambiente, la región carbonífera se ha convertido en un rincón del país, donde prevalece la falta de protección a los trabajadores, donde reina la delincuencia en todos su municipios, y para muestra el caso de Progreso, donde se les perdió el supuesto cadáver de Heriberto Lazcano, El Lazca.

El tema de los pocitos, que aquí fue mutilado en la reforma a la Ley Federal del Trabajo y que vamos a plantear que se vuelva a reincorporar, es también un tema de gran importancia por su trascendencia en la economía, pero sobre todo en la salud y en la integridad física de niños de esa región carbonífera.

Todo esto, compañeras y compañeros legisladores, ha sido tolerado por un gobierno incapaz, que ha puesto a Coahuila en una vergüenza nacional y que esto no puede seguirse permitiendo.

Por eso, nosotros apoyamos el punto de acuerdo del Partido Verde Ecologista, pero vamos a insistir en que se atienda el medio ambiente, pero que se atienda también el ambiente político, social y financiero de esta entidad norteña. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Saludamos al presidente municipal electo de La Paz, estado de México, que se encuentra aquí, invitado por la diputada Cristina González Cruz. Bienvenido a la Cámara de Diputados y a esta sesión.

Le damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del CETIS 67, de San Pedro Cholula, estado de Puebla, que están aquí invitados por el diputado Julio Lorenzini, bienvenidos a esta sesión.

También está un grupo de presidentes municipales, bueno, es el presidente municipal de Palenque, que se encuentra aquí y de La Libertad, Chiapas, Vladimir Balboa y José Alfredo López, que están aquí invitados por el diputado Ricardo Monreal, bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También saludo a un grupo de ciudadanos del municipio de Naucalpan, que están aquí invitados por la diputada Rosalba Gualito Castañeda, bienvenidos todos.

Y también a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, Veracruz, que invitó el diputado Joaquín Caballero Rosiñol, bienvenidos.

También un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, de la Facultad de Derecho. Bienvenidos a la Cámara, están aquí invitados por el diputado Pedro Porras Pérez.

Tiene, ahora sí, el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Con su permiso, señor presidente, gracias. Compañeras y compañeros diputados, derivado de las condiciones climáticas que se han presentado en los últimos años en el estado de Coahuila, con las sequías y luego el gran problema de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, tenemos que una de las zonas más importantes del país, de tipo biológico, se encuentra en peligro, que es el valle de Cuatro Ciénegas, ecosistema único en nuestro país, con características biológicas que datan de millones de años atrás, lo cual lo convierte en un sitio de estudio para comprender la evolución del planeta Tierra, al grado de que la NASA lo ha calificado como un ecosistema modelo.

Esta zona, incluidos los humedales que la integran, puede denominarse —sin duda alguna— como un laboratorio viviente, donde pueden realizarse investigaciones encaminadas a conocer el proceso de adaptación de varias especies.

En ese sentido, compartimos la preocupación de la diputada proponente, en el sentido de que hay actividades económicas que se realizan en Coahuila que implican un consumo excesivo de agua, que hacen tanto la agricultura como la industria.

La propia Comisión del Agua Potable, la Comisión Nacional del Agua y Semarnat tienen conocimiento de esa explotación desmedida, situación que se agrava con el hecho de que la tasa de reposición en el ciclo del agua pues simplemente se están agotando los mantos acuíferos.

Es preciso, dado los problemas políticos y sociales del estado, que el Ejecutivo federal, a través de Conagua, de la Secretaría del Medio Ambiente establezcan medidas inmediatas para que en ese estado y en este caso, se pueda analizar la pertinencia de emitir la declaratoria de veda, para que ya no sea extraído ni un metro cúbico más de este vital líquido.

Así también tenemos que ver la eficiencia y eficacia de optimizar los sistemas de riego, para que también nuestro campesino pueda producir sin gastar de más. Es importante, también lograr que las empresas traten y reciclen el agua, es muy importante, y estar al cuidado de ello.

Por eso, compañeros y compañeras, nosotros nos incluimos para apoyar este importante decreto.

Hace unos días debatíamos un tema similar en el estado de Chihuahua, pero con la terrible situación de que ahí ya se perdieron vidas humanas por la confrontación y la lucha de este vital líquido; por ello nosotros, como partido, nos sumamos a esta propuesta, para evitar que en otros estados y en éste en particular, se puedan dar estos casos. Es cuanto, compañero diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, por tres minutos, el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas:Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Con su venia, compañero presidente. Hablar de Cuatro Ciénegas es hablar del sitio donde mejor se explica el origen y evolución de nuestro planeta, por ello se ha planteado como área protegida y patrimonio de la humanidad.

Todo aquello que contribuye a la conservación de su entorno, de su flora y fauna y de sus especies, únicas en el mundo y en peligro ahorita de extinción, debe ser apoyado sin reserva, como es el caso del punto de acuerdo que hoy se nos plantea.

Sin embargo, no coincidimos con el tono cuidadoso, condescendiente, del exhorto que se formula. Estamos ante un caso de violación de la ley, de un acto omiso del gobierno federal; omisión que ha propiciado severos daños ambientales a un área nacional protegida.

El inventario de especies en Cuatro Ciénegas ha disminuido dramáticamente, como consecuencia de la disminución y virtual extinción de los cuerpos de agua de lo que fuera una esplendorosa y sorprendente área natural; por lo que la expedición de un decreto de veda no debiera plantearse apelando a la generosa voluntad del Ejecutivo, es una obligación y responsabilidad.

El Ejecutivo federal no solo ha sido omiso en el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales en Coahuila y en el resto del país, también lo ha sido cuando esta soberanía le ha formulado diversos exhortos y señalamientos en torno al tema de Cuatro Ciénegas.

No es la primera vez que sobre este particular se aprueba un punto de acuerdo, anteceden el aprobado en octubre de 2006 y promovido por las diputadas Aleida Alavez Ruiz, del PRD, y Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del PRI; el aprobado en septiembre de 2007 y promovido por el diputado Armando Barreiro, del PRD, además del aprobado por el Senado de la República en febrero de 2007, y en la anterior legislatura, uno promovido por la diputada Mary Telma Guajardo.

Omiso y desdeñoso con el Congreso, el gobierno de Calderón ha agravado los conflictos por el agua, al incumplir la obligación de publicar cada tres años los estudios de disponibilidad por acuífero y por cuenca; en consecuencia, no cuenta con el instrumento técnico y normativo para declarar zonas de veda o de reserva.

Quiero mostrarles el último estudio de disponibilidad que Conagua publicó para el acuífero Cuatro Ciénegas-Ocampo, mismo que fue publicado hace ya más de 10 años; como bien puede observarse, la fecha del último estudio data de abril de 2002, lo que significa que a la fecha debieron haberse publicado y actualizado al menos tres estudios más para determinar el grado de abatimiento de los acuíferos y con ello fundar la ausencia o la necesidad de declaratoria de veda para la explotación de las aguas subterráneas en la región de los valles de Cuatro Ciénegas y El Hundido, en el estado de Coahuila.

A pesar de la inexistencia deliberada de un estudio de disponibilidad reciente y conforme a las disposiciones de la ley, se presume a todas luces la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos en la región. Basta con observar el nivel batimétrico de los pozos en operación y el de secamiento de las fosas naturales del valle de Cuatro Ciénegas.

Dicho sea de paso, es necesario corregir y precisar en los considerandos del punto de acuerdo por aprobarse que se trata justo de esta región y del acuífero Cuatro Ciénegas-Ocampo y no del acuífero de la Región Lagunera. Por favor, no demos pretextos al Ejecutivo para seguir incumpliendo sus obligaciones legales. Gracias, compañero presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Humberto Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Humberto Armando Prieto Herrera:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Humberto Armando Prieto Herrera: Una de las más sentidas demandas de muchas poblaciones al norte de la República Mexicana ha sido sin duda el abastecimiento del agua y ésta se da en una situación de extrema urgencia por la sequía crónica que han padecido entidades federativas al norte de México.

El gobierno federal, encabezado por el presidente Felipe Calderón, ha dado un seguimiento muy puntual para que ninguna comunidad sufra por los estragos de la carencia del vital líquido, y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo en el objetivo 1 del denominado Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales, establece que el cuidado de los acuíferos es fundamental para asegurar la permanencia de los sistemas que hacen posible el abasto de las necesidades básicas de la población.

Asimismo, el objetivo 2 de dicho apartado señala que es importante evitar que los mantos acuíferos tan importantes para nuestra subsistencia muestren sobreexplotación.

El Programa Nacional Hídrico 2007-2012, define como su objetivo 3, promover el manejo integrable y sustentable del agua en cuencas y acuíferos e indica que para preservar los acuíferos y ríos del país es necesario reglamentar el uso y distribución de sus aguas, a partir —entre otros aspectos— de su disponibilidad y considerando como premisas básicas la prelación de los usos, el empleo eficiente del agua extraída y la reducción paulatina de las extracciones, para lo cual el conocimiento de los volúmenes aprovechados por los usuarios, en conjunto con la disponibilidad de aguas superficiales subterráneas, debe de ser la base de la revisión, vedas y reservas de aguas nacionales, lo que contribuirá a darle sustentabilidad al recurso.

En el caso del estado de Coahuila esta situación resulta crítica, dada la situación de tener clima desértico en gran parte de su territorio, aunado a las condiciones de sequía registradas en los últimos años, ha llevado a buscar en el subsuelo el agua necesaria para sostener, tanto los asentamientos humanos como las actividades agropecuarias, lo cual ha generado un desequilibrio en ciertas zonas que ponen en riesgo la sustentabilidad de las reservas hídricas y de ecosistemas específicos, como las famosas pozas de Cuatro Ciénegas, lo cual, cabe mencionar, que en Cuatro Ciénegas hay tres acuíferos: El Hundido, que en el año 2007 entró en vigor la veda para proteger las pozas donde hay peces endémicos, así como flora y fauna; existe el acuí-fero de Cuatro Ciénegas, que es el de la zona urbana y existe otro que es el de Cuatro Ciénegas-Ocampo, que hoy en día es el que representa más sobreexplotación de los otros acuíferos. Es por eso que pido a la diputada Medrano, que se amplíe la declaratoria de veda al acuífero Cuatro Ciénegas-Ocampo y no solo al acuífero Cuatro Ciénegas.

Asimismo en el cumplimiento de sus facultades el presidente Calderón habrá de emitir, en forma responsable, tomando en cuenta la urgencia de esta situación, los decretos de reglamento para las declaratorias de veda para la restricción de extracción de mantos acuíferos donde se han detectado problemas de sobreexplotación de dichos mantos.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional respalda el contenido de este punto de acuerdo y una vez, solicitando de la manera más atenta que se amplíe la veda a Cuatro Ciénegas-Ocampo. Es cuanto, lo que tengo que decir, señor presidente, gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado José Luis Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Luis Flores Méndez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la extracción de agua por parte del sector agroindustrial y la excesiva contaminación ponen en peligro el subsistema y el abasto de agua para los pobladores de Cuatro Ciénegas.

En nuestro país, del riego que se realiza en seis millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, el 37 por ciento de agua se extrae de los mantos acuíferos, lo que ha generado que más de 80 mil pozos tengan reducidos niveles, colocándolos por debajo del 30 por ciento que deberían almacenar.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad incluye a Cuatro Ciénegas entre los sitios prioritarios para la conservación; sin embargo, se ha permitido la sobreexplotación de pozos para desarrollar actividades industriales y agrícolas.

El objetivo principal del punto de acuerdo que apoyamos es buscar el equilibrio entre la extracción y la recarga de agua en esta amplia zona; se trata de darle sustentabilidad al aprovechamiento del recurso hídrico para que tanto la población como los productores puedan continuar, a la postre, con el abasto requerido para sus necesidades y que las futuras generaciones no se vean privadas del recurso vital.

Hay un desequilibrio excesivo que se torna amenazante para la población. Es necesario que se auditen los montos de extracción y se cuente con los estudios técnicos que soporten políticas públicas para regular adecuadamente la extracción del agua, con miras a darle sustentabilidad a estas zonas del estado.

La naturaleza no espera. Tenemos que poner un alto a la degradación del medio ambiente. Está en nuestras manos conservar los ecosistemas. Es justo que nos unamos y alcemos la voz realizando gestiones para impedir deterioros que en un futuro sean irreversibles, como la desaparición de los acuíferos.

Ante esta realidad, creemos que se hace necesaria la regulación y aplicación de nuevas medidas de control que conduzcan a la depuración y corrección urgentes, incluyendo la veda a la que se refiere el partido proponente.

Por tratarse de un recurso del que dependen amplios sectores de la población, estas acciones deben de tener la firmeza necesaria y los criterios técnicos que armonicen la sustentabilidad ambiental, la paz social y el desarrollo económico.

Tenemos el mayor respeto por la biodiversidad de estas regiones y queremos que se conserven. Pero procuremos que las acciones propuestas cumplan con su cometido, por el bien de nuestro estado, sin que soslayen sus implicaciones sociales y productivas.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI se une al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a la brevedad emita un decreto declarando la veda para restringir las extracciones del agua de los acuíferos en el estado de Coahuila. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Gilberto Antonio Hirata Chico, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la atención de diversas necesidades de la población de Isla de Cedros, Baja California, que viene suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Gilberto Antonio Hirata Chico:Con su venia, señor presidente.

No hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico. Aristóteles.

Isla de Cedros es una delegación del municipio de Ensenada, Baja California, la cual está localizada en el océano Pacífico, 24 kilómetros al noroeste de la costa del estado mexicano de Baja California Sur, en Punta Eugenia; a 425 kilómetros al sur de Ensenada. Cuenta con una superficie de 347 kilómetros.

La sal obtenida de las salinas de Guerrero Negro constituye la principal carga del puerto de la isla, Puerto Cedros, la cual cuenta con una población de aproximadamente dos mil 696 habitantes. Isla de Cedros es una de las más grandes de México, y una de las más ricas en productos marinos.

Para darnos una idea de cómo se refleja económicamente dicha actividad en la isla, podemos apreciar las producciones en la temporada de septiembre 2011 a junio de 2012, las siguientes. Por ejemplo:

Langosta: una producción de 284 mil 772 toneladas para exportación, por 45 dólares por kilo.

Abulón: 43 mil 918 toneladas, cada tonelada con un rendimiento de 42 cajas de 48 latas cada una a un costo de 2 mil 400 dólares por caja.

Caracol: 21 mil 500 toneladas, cada tonelada con un rendimiento de 45 cajas de 48 latas, a un costo de 75 dólares por lata.

Esto es sin contar las ventas de pescado, pepino de mar, sargazo, etcétera. No obstante lo anterior, Isla de Cedros tiene grandes necesidades y su población requiere de una atención decidida por parte de las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, ya que resulta evidente el abandono que sufre esta isla de Baja California, tanto por el gobierno federal como el estatal.

Por ejemplo, para que estén enterados, el último presidente que visitó a la isla, fue en los años 70, Luis Echeverría Álvarez.

Sin lugar a dudas, uno de los principales aspectos a atender es el transporte, ya que a la fecha no se cuenta con un servicio que garantice a la población el abastecimiento oportuno de víveres y combustibles de manera adecuada y de primera necesidad.

En este preciso momento, existe una grave carencia de combustible, principalmente gasolina, ya que no existe la posibilidad de cubrir la demanda necesaria de la población, ocasionando con ello que exista un mercado negro de gasolina, con precios superiores a 15 pesos por litro, lo que implica un duro golpe a la economía familiar.

Otra necesidad primordial es el abastecimiento de agua potable. Esto debido a que desde hace años solo se proporciona un promedio de 200 litros por familia, lo que es evidentemente insuficiente; por lo que resulta verdaderamente urgente implementar algún mecanismo para potabilizar el agua, de tal forma que se puedan atender las necesidades de los isleños.

También en cuestión de bienestar social se tienen carencias, ya que aún viviendo en una zona rica en productos del mar son muy pocos los beneficiados, lo que hace necesario una implementación de políticas económicas para apoyar todo aquello con que no cuentan; empleo, dándoles una opción legal y digna para mejorar el nivel de vida y evitar que se desvíen a actividades ilícitas, como la piratería de marisco, el robo y el narcomenudeo.

Aunado a lo anterior, la comunidad sufre de los altos costos de alimentos y artículos de primera necesidad, lo que es producto de no contar con un medio de transporte que abastezca continuamente a la isla de estos productos.

Ojalá que me estén escuchando los residentes de Isla de Cedros, de Baja California y de la zona de San Quintín, que también carece de grandes recursos.

Para muestra se enlistan algunos productos básicos a los precios que actualmente tienen que pagar los isleños, y voy a ser muy breve. Por ejemplo, el gas doméstico cilindro de 45 kilogramos, 750 pesos; la gasolina, 14 pesos el litro; el kilo de frijol, 28 pesos; la leche fresca, medio galón, casi 40 pesos; el kilo de carne, 95.

Qué no decir de los otros productos básicos, que realmente, por ejemplo, el tomate, el kilo casi a 45 pesos, la cebolla a 26 pesos el kilo. Hablando de educación las necesidades siguen a la alza, ya que a las instituciones educativas no se les da el mantenimiento requerido desde hace más de dos décadas, lo que es lamentable y significa que nuestros centros educativos no cuenten con lo mínimo indispensable.

Qué decir, por ejemplo, de las labores de los maestros, que tienen que trabajar con mucha dificultad, y qué decir de los medios de aulas, los centros de cómputo que carecen de ellos y que es necesario que les demos el apoyo.

Por lo anterior, solicito todo el apoyo para la población de Isla de Cedros y el apoyo de ustedes, señores legisladores, para que tratemos con dignidad y respeto a los residentes de Isla de Cedros.

Solicito de la manera más atenta sea incluido en el Diario de los Debates el texto íntegro de esta proposición. Es cuanto señor presidente, muchas gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la atención de diversas necesidades de la población de Isla de Cedros, Baja California, a cargo del diputado Gilberto Antonio Hirata Chico y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Gilberto Antonio Hirata Chico, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Isla de Cedros es una delegación del municipio de Ensenada, Baja California, la cual está localizada en el Océano Pacífico, 24 kilómetros al noroeste de la costa del estado mexicano de Baja California Sur, en Punta Eugenia, y 425 kilómetros al sur de Ensenada. Cuenta con una superficie de 347 kilómetros cuadrados.

La sal obtenida de las salinas de Guerrero Negro constituye la principal carga del puerto de la isla, Puerto Cedros, el cual cuenta con una población de 2 mil 696 habitantes.

Los españoles que llegaron a la isla en 1539 la encontraron habitada por indígenas. Hace 300 años, Isla de Cedros albergaba piratas que atacaban a los galeones españoles que cargados de tesoros procedían de las Filipinas y transportaban a la Nueva España para ser enviados desde allí a España.

Debido a la dificultad que presentaba el llegar a la isla, los frailes dominicos trasladaron la población indígena a tierra firme en 1732 con el fin de evangelizarlos.

Después, llegaron cazadores de pieles a la isla entre 1790 y 1850 en busca de focas y nutrias marinas que cazaron hasta exterminarlas. La extracción de oro y cobre tuvo lugar en la punta norte de la isla entre los años1890 y 1917. En 1920 se fundaron la villa pesquera y la enlatadora de Puerto Cedros, mientras que el muelle para la carga de sal fue construido en 1966.

La pesca es una de las actividades económicas más fuertes de la región debido a su ubicación geográfica y demás cualidades las cuales permiten un gran aprovechamiento de los productos del mar. Para muestra de lo anterior tenemos a la SCPP Pescadores Nacionales de Abulón, la cual nació en 1936 y que a lo largo de estos 70 años se convirtió en una compañía líder de la actividad pesquera en México. Esta sociedad básicamente se dedica a la pesca de Abulón, Caracol, Langosta, Sardina para así poder exportar a Estados Unidos y Canadá.

La Cooperativa Pescadores Nacionales de Abulón es 100 por ciento mexicana. Aprovecha integralmente los recursos pesqueros de las limpias y ricas aguas que rodean a la Isla de Cedros y a las Islas San Benito, ubicadas en el Océano Pacífico, frente a la península de Baja California. Cedmex, su marca registrada, es un homenaje a esta cuna, siendo el nombre una combinación de Cedros y México.

Las instalaciones para el proceso y conservación están localizadas en la misma Isla Cedros, por lo que la frescura y calidad de los productos son insuperables. La Cooperativa hace el transporte del producto terminado a Ensenada, por medio de aviones y embarcaciones propias.

Para darnos una mejor idea de cómo es que se refleja económicamente dicha actividad en la isla, podemos apreciar las producciones en la temporada Septiembre 2011 a Junio de 2012, que son las siguientes:

• Langosta: 284.772 toneladas de exportación a un precio de 45.00 dólares por kilo.

• Abulón: 43.918 toneladas, cada tonelada da un rendimiento de 42 cajas de 48 latas cada una a un costo de 2,400 dólares por caja de 48 latas.

• Caracol: 21.565 toneladas, cada tonelada da un rendimiento de 45 cajas de 48 latas, a un costo de 75.00 dólares por lata

Esto es sin contar las ventas de pescado, pepino de mar, sargazo, etcétera.

De la misma manera, la exportación de sales es una de las actividades económicas más fuertes de la isla. La extracción de sal en la región, comenzó a raíz del descubrimiento de depósitos de sal fósil en salitrales naturales constituidos por inmensas zonas de inundación en las partes bajas de las marismas de la laguna Ojo de Liebre. Estos depósitos o pisos de sal, se formaron por la evaporación natural del agua de mar que inundaba terrenos planos e impermeables durante las mareas altas.

Desde la década de los cincuenta, se han integrado gradualmente nuevas áreas a la producción de sal, con el método de evaporación solar del agua de mar por lo que, la Exportadora de Sal, pasó de un área aproximada de 89 kilómetros cuadrados y una producción de 79,790 toneladas de sal al año, a una infraestructura operativa capaz de producir, transportar y embarcar un volumen de 7 millones de toneladas al año.

Exportadora de Sal cuenta al momento con 28,184 hectáreas (281 kilómetros cuadrados) de vasos de evaporación o áreas de concentración y 3,000 hectáreas (30 kilómetros cuadrados) en vasos de cristalización en los terrenos bajos adyacentes a las lagunas Ojo de Liebre y Guerrero Negro.

Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), es una sociedad mexicana constituida el 7 de abril de 1954, como una empresa de participación estatal mayoritaria y se encuentra sectorizada en la Secretaría de Economía.

Cabe hacer mención que si bien la sal se produce en Guerrero Negro, BCS, es de Isla de Cedros, BC, de donde se exportan aproximadamente 8 millones de toneladas métricas anuales, variando los precios de la tonelada según sea el tipo de sal, en promedio a 25.00 dólares por tonelada métrica.

No obstante lo anterior, la Isla de Cedros tiene grandes necesidades y su población requiere de la atención decidida por parte de las autoridades de todos los ámbitos de gobierno.

Sin lugar a dudas, uno de los principales aspectos a atender es el transporte, ya que, a la fecha, no se cuenta con un servicio que garantice a la población el abastecimiento oportuno de víveres y combustibles de primera necesidad.

En este preciso momento, existe una grave carencia de combustible, principalmente de gasolina, ya que no existe la posibilidad de cubrir la demanda necesaria de la población, ocasionando con ello que exista un mercado negro de gasolina, con precios superiores a los 15.00 pesos por litro, lo que implica un duro golpe a la economía familiar de los pobladores.

Otra necesidad primordial es el abastecimiento de agua potable, esto debido a que, desde hace años, sólo se proporciona, en promedio, 200 litros de agua diarios por familia, lo que es evidentemente insuficiente, por lo que resulta verdaderamente urgente implementar algún mecanismo para potabilizar agua, de tal forma que se pueda atender esta necesidad de los isleños.

También, en cuestión de bienestar social se tienen carencias, ya que, aún viviendo en una zona rica en productos del mar, son muy pocos los beneficiados, lo que hace necesario la implementación de políticas económicas para apoyar a todos aquellos que no cuentan con empleo, dándoles una opción legal y digna para mejorar sus nivel de vida y así evitar que se desvíen a las actividades ilícitas, como la piratería de marisco, el robo y narcomenudeo.

Aunado a lo anterior, la comunidad sufre de los altos costos de alimentos y artículos de primera necesidad, los que es producto de no contar con un medio de transporte que abastezca continuamente a la isla de estos productos; para muestra, se enlistan algunos productos básicos y los precios que actualmente tienen que pagar los isleños para obtenerlos.

• Gas doméstico cilindro de 45 kilogramos, 750.00 pesos.

• Gasolina, 14.00 pesos el litro.

• Kilo de frijol, 28.00 pesos.

• Leche fresca, 37.00 pesos el medio galón.

• Kilo de carne, 95.00 pesos.

• Kilo de pollo, 35.00 pesos.

• Kilo de arroz, 18.00 a 20.00 pesos.

• Kilo de azúcar, 26.00 pesos.

• Aceite comestible, 35.00 pesos el litro.

• Tomate, 38.00 hasta 45.00 pesos el kilo.

• Cebolla, 22.00 hasta 26.00 pesos el kilo.

Hablando de educación, las necesidades siguen a la alza, ya que a las instituciones educativas no se les ha dado mantenimiento desde hace más de dos décadas, lo que es lamentable, y significa que nuestros centros educativos no cuenten con lo mínimo indispensable para que los docentes llevan a cabo sus labores.

Se carece de mobiliario, de aulas en óptimas condiciones, de instalaciones sanitarias en buen estado, de áreas adecuadas para la educación física, ya ni hablar de aulas de medios o centros de cómputo.

De igual forma, en cuestiones netamente educativas, se requiere de una revisión a los mecanismos de entrega de Becas para estudiantes y deportistas, ya que, aún cuando contamos con excelentes estudiantes y deportistas, muchos de ellos no pueden continuar estudiando, dado que es muy costoso mantener a un hijo fuera de nuestra isla, ya sea estudiando o para que participe en los eventos deportivos, por lo que se requiere de más becas y que, éstas, sean destinadas a los más vulnerables y más necesitados.

En el rubro de salud pública también hay deficiencias ya que, a pesar de contar con clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE y Centro de Salud, ninguno de éstos cuenta con lo indispensable para atender de manera adecuada y en tiempo, alguna urgencia, ya sea porque carecen de instalaciones o recursos humanos.

Por otro lado, por la lejanía de la tierra firme y, por ende, de la cabecera municipal, es urgente proveerle, a la Delegación municipal, el equipo y maquinaria necesaria, para dar mantenimiento a las calles; hacer rellenos sanitarios y realizar los trabajos de mantenimiento y remodelación de los espacios públicos de la Isla.

Por último, pero no menos importante, en el renglón de Seguridad Pública también se requieren de acciones urgentes a fin de hacer frente al narcomenudeo, ya que es lamentable ver como cada día más y más de nuestros jóvenes caen en adicciones y en actividades delincuenciales.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Con carácter de urgente u obvia resolución

Primero.La honorable Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Economía, de Comunicaciones y Transportes, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor y a Petróleos Mexicanos a garantizar el abasto de combustible necesario para atender las necesidades de transporte de los pobladores de Isla de Cedros, Baja California; asimismo, para que lleven a cabo revisiones periódicas para combatir los abusos cometidos en contra de los consumidores y se defiendan sus derechos.

Segundo.La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, conjuntamente con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y demás autoridades municipales y estatales de Baja California que sean competentes, se aumente sustancialmente el abastecimiento de agua potable a la Isla de Cedros.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Economía a diseñar, instrumentar e implementar las políticas económicas y sociales adecuadas para apoyar a todos los que habitan en la Isla de Cedros, en especial de aquellos que no cuentan con empleo, dándoles una opción legal y digna para mejorar sus nivel de vida y así evitar que se desvíen a las actividades ilícitas, como la piratería de marisco, el robo y narcomenudeo.

Cuarto.La honorable Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo todas las acciones pertinentes, a fin de garantizar el abasto de alimentos y demás productos de primera necesidad de los isleños, así como a verificar que los precios de estos productos sean los justos, sancionando cualquier abuso denunciado.

Quinto.La honorable Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público a llevar a cabo todas las acciones pertinentes, a fin de dar mantenimiento y abastecer del material necesario, a los planteles educativos que actualmente se encuentran en funciones en la Isla de Cedros; de igual manera, se les exhorta a aumentar el número de beneficiarios de los programas de Becas para estudiantes y deportistas, en la Isla, así como a revisar y, en su caso, modificar los mecanismos de entrega de estos beneficios, a efecto de que sean destinados a los más vulnerables y quienes realmente lo necesitan.

Sexto.La honorable Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a garantizar el abastecimiento, de recursos materiales y humanos necesarios, a los centros de salud que operan en la Isla de Cedros, a fin de garantizar la atención médica de la población isleña.

Séptimo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como al ayuntamiento de Ensenada, a revisar la posibilidad de proveer a la delegación municipal de Isla de Cedros el equipo y maquinaria necesaria para dar mantenimiento a las calles, hacer rellenos sanitarios y realizar los trabajos de mantenimiento y remodelación de los espacios públicos de la isla.

Octavo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a realizar todas las acciones que resulten pertinentes a fin de hacer frente al narcomenudeo y demás problemas de seguridad a los que se enfrenta la población de Isla de Cedros.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 8 de noviembre de 2012.— Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se inserta íntegro en el Diario de los Debates el texto de la propuesta. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, para los efectos del artículo 100 del Reglamento, si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, en primer término, me permitiría señalar lo lamentable que resulta, ante la inobservancia de la ley, la incapacidad e irresponsabilidad del gobierno federal y el del estado de Baja California, que por esta vía mediante un exhorto se requiera el estricto cumplimiento del artículo 48 de la Constitución General de la República, el cual establece que las islas dependerán directamente del gobierno, de la federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados, máxime cuando este precepto, si se adminicula en una interpretación sistémica de nuestra Constitución en relación con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, faculta al gobierno federal para atender las necesidades prioritarias de las y los mexicanos, en rubros como la educación, salud, empleo, alimentación, seguridad, agua, accesos de comunicación, entre otros.

Lo anterior, conlleva a solidarizarse con los impetrantes y hacer propio este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se solicitan acciones concretas en el ejercicio de lo que es una obligación del gobierno de la federación y del particular, del estado de Baja California.

Exigir que se erradiquen actitudes burocráticas y que se dé cauce al ámbito de responsabilidad del gobierno e ir allí, a la Isla de Cedros, para resolver problemas de orden público que son actos de omisión y abandono e incumplimiento a nuestro máximo ordenamiento jurídico, por quienes juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Debe ser menester que ahí donde actúa el poder, sea del nivel que sea, se afronten inmediatamente los rezagos y las legítimas demandas, se dé cauce y vigencia a la ley, y por lo menos, en primera instancia, sus consecuencias.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza se adhiere a este exhorto y exige atender con urgencia el llamado de los pobladores de esta región del país, puesto que son constantes los problemas que enfrentan para tener una calidad de vida adecuada que les permitan desarrollarse plenamente dentro de su comunidad.

Señoras y señores legisladores, la Isla de Cedros, si bien es cierto representa una comunidad reducida, cierto es también que es nación, cierto es también que es patria. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Bonilla Valdez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, se ha presentado a consideración de esta soberanía un proyecto con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, relativo a plantear la solución y la situación de vida de dos mil 696 mexicanos, prácticamente perdidos en el océano Pacífico.

El punto de referencia es la Isla de Cedros, que forma parte del municipio de Ensenada, en Baja California, a unos 400 kilómetros de ese destino, de Baja California y fue fundada en 1920, aunque existen vestigios en mil 500, conocida entonces como La Nebulosa y de ahí denominada la Isla de la Niebla; su ubicación geográfica está a unos 24 kilómetros de la costa este de Baja California Sur y su contacto en tierra firme, más próximo, es Guerrero Negro, que pertenece también a esa entidad.

Su principal dependencia económica es la producción de sal y de ahí la cercanía con Guerrero Negro, amén a la captura de pesca de diversas especies marinas, que permiten a sus pobladores vivir una mediocre vida de producción; sirve también la isla para el embarque de sal a diferentes partes del mundo, de la misma manera que sus productos pesqueros.

La antinomia de la vida económica de los habitantes es que siendo un exportador nato de sal, un catálogo de especies marinas de alto valor se encuentran inmersos en una nómina de variadas necesidades, están sumidos en la pobreza, en la insalubridad, sin transporte, sin agua potable, con un alto desempleo; quien diría, sin alimentos y productos integrantes de la canasta básica y lo que expenden se encuentra a precio de mercado negro, sin un plan educativo definido, sin atención de las instituciones de salubridad y sobre todo, de inseguridad.

Con esos déficits, para llevar una vida medianamente razonable, se desprende que es urgente que los tres niveles de gobierno de la República atiendan de manera inmediata, sin cortapisas, haciendo abstracción de ideologías y banderas políticas, a esos mexicanos que se encuentran alejados de los centros de civilización y cultura.

Convocar vía el exhorto a las dependencias federales, estatales y municipales que se mencionan en la propuesta en comento, a que pongan atención a los habitantes de la mayor isla mexicana del océano Pacífico, el tercer punto más activo del país y primero en litoral en ese océano, que sin duda aportan a la economía un positivo resultado.

Apenas es decir justicia social, aunque tardía, a los ciudadanos, hambrientos literalmente de los beneficios de las instituciones mexicanas.

En razón a lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo saluda con solidaridad el documento que se ha sometido a la consideración de esta soberanía. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a esta sesión al presidente municipal de Paracho, Nicolás Zalapa Vargas y a los regidores del mismo ayuntamiento, que se encuentran aquí presentes, invitados por el diputado José Luis Esquivel Zalpa. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Martha Bea-triz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, señor presidente. el tema que nos ocupa el día de hoy es resultado del abandono por parte del Ejecutivo federal y del gobernador del estado de Baja California, los cuales han olvidado su única tarea para la que fueron electos, que es la de servir al pueblo.

La Isla de Cedros forma parte de los tantos territorios que se encuentran abandonados por el señor Calderón; esta isla sufre el abandono y un terrible problema de gobernabilidad, ya que el eje rector, que es el Estado, ha perdido su capacidad de respuesta para atender las demandas de sus habitantes y con ello poderles garantizar servicios básicos de primera.

El caso que se presenta ante el pleno no es el único en su especie, según datos del Coneval los habitantes de municipios y comunidades en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas son los que cuentan con mayores carencias en el país.

Para los isleños el acceder a servicios de salud es un lujo y un mito su tan ya publicitada frase: la salud es lo primero. Sin lugar a dudas, el propósito del gobierno federal en impulsar la cobertura universal de salud a través del Seguro Popular ha fracasado, siguen existiendo millones de mexicanos a lo largo y ancho de todo el país marginados por estos servicios públicos, como son el acceso a la salud, servicios médicos y tratamientos médicos también.

Aunado a ello, los habitantes de la Isla de Cedros —al igual que el resto del país—, son víctimas del rezago en la producción nacional de alimentos, debido al abandono del campo, retención de apoyos en beneficio de los productores rurales por parte del Ejecutivo federal.

Con la entrada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República se condenó a los mexicanos a vivir seis años de miseria y pobreza; la situación que se vive en la isla es solo una muestra de la crisis sistémica en la que se encuentra hundido el país.

Las cifras que mostró Felipe Calderón en su VI Informe de Gobierno se encuentran alejadas de la realidad. Quiero que me digan, ¿en dónde está el presidente del empleo? Se los pregunto, porque éste al menos no ha sido capaz de otorgar y establecer las condiciones mínimas para un empleo digno a los habitantes de la isla.

No es justo que del presupuesto destinado a programas y ayuda a los municipios vulnerables exista otro tipo de intereses que desvíen los recursos a campañas políticas o a algún otro fin, que no sea el de beneficiar a la población, en general.

Debemos mejorar la eficiencia de las dependencias públicas y del gobierno federal con programas que aseguren recursos en beneficio de la gente y no de funcionarios o líderes o seudolíderes. En la revisión del punto de acuerdo encontramos también que los datos aportados provienen de la página de Internet de Wikipedia, razón por la que le solicitamos que los documentos de esta envergadura se fundamenten con instancias al nivel de este Congreso.

Derivado de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, concretamente de la Facultad de Derecho, que están hoy aquí invitados por nuestro compañero diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Bienvenidos y bienvenidas a la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Con su venia, señor presidente; buenas tardes, honorable asamblea. La Isla de Cedros está localizada en el océano Pacífico y forma parte del territorio de Baja California, específicamente del municipio de Ensenada. Esta isla cuenta con una población de más de dos mil 600 habitantes y una de sus principales actividades es la pesca de langosta roja y abulón.

Como sucede con muchas zonas apartadas de nuestro país, este territorio no cuenta con los servicios básicos para atender las necesidades de su población, generando severas inconveniencias para sus habitantes.

De acuerdo con el Reglamento para la Integración, Organización y Funcionamiento de las Delegaciones, Subdelegaciones y Agentes Auxiliares de la Autoridad Municipal para el Municipio de Ensenada, el gobierno local tiene la obligación de brindar y atender los servicios públicos elementales; sin embargo, esto no sucede, ya que el municipio de Ensenada es el municipio con mayor extensión territorial dentro de nuestra República y a nivel mundial.

Resulta sorprendente conocer que esta situación se ha generado, entre otras razones, porque el barco encargado de llevar provisiones ha sido vendido; es inverosímil que un territorio quede desprotegido, respecto al abasto de productos básicos, porque no existen los medios para hacerlo llegar; es inconcebible que por el hecho de que esta comunidad esté en medio del océano Pacífico esté olvidada y con ella todos los ciudadanos que la habitan.

Creemos que el gobierno debe brindar todo el apoyo a los habitantes de la Isla de Cedros. No se deben permitir abusos hacia los consumidores, se deben garantizar los derechos de todos los ciudadanos y se deben de atender las necesidades básicas de todos los pobladores en esa región.

Se hace un llamado a todas las autoridades competentes, a fin de que se hagan las gestiones pertinentes para cubrir las distintas demandas de agua potable, alimentos y productos de primera necesidad; abasto de combustible, apoyo a pequeños y medianos empresarios. Todo ello con el objetivo de salvaguardar la integridad y el bienestar de todos los habitantes de la isla.

Compañeros legisladores, desde esta tribuna los exhortamos a votar en pro de esta propuesta que presentó nuestro amigo el diputado Gilberto Hirata, que es compañero del municipio de Ensenada, en Baja California, para que nos sensibilicemos ante este hecho. Demostremos una vez más que los mexicanos somos solidarios con nuestros connacionales. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Corresponde ahora el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, al diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Si me permite un minuto, aprovecho la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a esta Cámara de Diputados y a esta sesión al presidente municipal de La Paz, estado de México, Rolando Castellanos Hernández y también al presidente electo Juan José Medina Cabrera, que están hoy aquí con nosotros en la sesión invitados por la diputada Cristina González Cruz. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Adelante, diputado.

El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena:Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, la noción de pobreza goza en la actualidad de una amplia popularidad entre analistas sociales; la amplitud, profundización y persistencia de la pobreza ha llamado la atención de todos.

Por ejemplo, de manera reciente el secretario general de la ONU afirmó que los más de mil millones de personas que padecen hambre en el mundo necesitan apoyo concreto, más que palabras de consuelo.

Son demasiados los que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema en México. El tema que ocupa de Baja California Sur, soy de Yucatán, y no se distingue ninguna región del país, de norte a sur, de Yucatán a Baja California, la pobreza, la desatención y el abandono siguen siendo los mismos.

Estamos obligados a dar soluciones sostenibles para sacarlos de esas condiciones de abandono y de pobreza, que tanto lastima, da coraje y provoca un gran sentimiento de frustración.

La Isla de Cedros, en el municipio de Ensenada, Baja California, no es la excepción y refleja la política macroeconómica adoptada por gobiernos que anteponen la estabilidad de grandes empresarios, como lo vimos hace unos días con la reforma laboral, siempre, siempre por encima de la consecución del desarrollo socioeconómico pleno.

Es evidente lo que hoy nos deja el desgobierno de Calderón: un crecimiento económico escaso o nulo, caída del producto interno bruto por habitante, aumento del desempleo, pérdida del poder adquisitivo, de los salarios reales y en consecuencia, aumento significativo de pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y de la pobreza de patrimonio.

Hoy lo verdaderamente importante es impulsar una política preocupada por indicadores, como la inflación, el presupuesto público, la balanza de pagos, las reservas internacionales, el tipo de cambio.

Pero al mismo tiempo, debemos prestar más atención a las muchas necesidades y carencias que padecen estos amplios sectores de la sociedad mexicana que han sido abandonados por los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN.

Nuestro sistema económico actual está anteponiendo los equilibrios macroeconómicos sobre las necesidades humanas y el hombre funciona hoy al servicio del sistema y no a la inversa, como debería de ser; el sistema al servicio del hombre para que éste pueda mejorar sus condiciones de vida.

Les hemos negado oportunidades y los servicios mínimos a los habitantes de la Isla de Cedros, en el municipio de Ensenada, Baja California, tal y como lo ha expuesto el proponente en este punto de acuerdo, el cual con gusto aprobaremos con nuestro voto y siendo éstas de características urgentes en su atención, como muchas a lo largo y ancho del país, les pedimos no las ignoremos y aprobemos las gestiones a que haya lugar ante el gobierno federal.

El insensible gobierno federal que afortunadamente para las mexicanas y mexicanos, ya termina.

Comparto que esta honorable Cámara de Diputados debe exhortar a las secretarías de Economía, de Comunicaciones y Transportes, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor y a Petróleos Mexicanos, para garantizar el abasto de combustible necesario y atender las necesidades de transporte de los pobladores que así lo requieran; a la Comisión Nacional del Agua, para que se aumente el abastecimiento de agua potable en la Isla de Cedros; a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para diseñar las políticas que eviten la proliferación de las actividades ilícitas.

En fin, para que en el ámbito de su competencia el Ejecutivo federal propicie mejores condiciones de vida para los y las mexicanas y en particular, para la Isla de Cedros en Baja California, que tantas necesidades tiene. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares:Muy buenas tardes. Con su anuencia, señor presidente. Señoras y señores diputados, respecto al punto de acuerdo relativo a la situación de Isla de Cedros, situada en el océano Pacífico, correspondiente al territorio del estado de Baja California, los diputados federales del Partido Acción Nacional, por mi conducto, hacemos los siguientes comentarios.

Nos parece muy loable y plausible la pretensión del punto de acuerdo que nos presentan los compañeros diputados del PRI. Quién no quisiera, por decreto, acabar con la sed, con el desempleo, la escasez, la inseguridad, la insuficiencia de la infraestructura y las incongruencias del sistema económico, que con toda claridad plasman nuestros compañeros en este punto de acuerdo.

Los compañeros legisladores del PRI reconocen que el abandono que denuncian que sufre la comunidad de la Isla de Cedros se remonta a hace más de dos décadas, porque eso significa que la pretendida inoperancia de las instancias federales data desde la época en que los gobiernos priistas mantuvieron en el abandono a ésa y a otras tantas comunidades del país, que esperan no planteamientos electorales, sino soluciones expeditas a sus problemas.

Es justo expresar que no deben ignorarse las acciones de las instancias federales y estatales que en los últimos 12 años han permitido justamente impulsar la actividad económica en la Isla de Cedros, de la cual ellos mismos nos ofrecen un amplio recuento al inicio del texto del punto de acuerdo que se nos propone.

Es también justo señalar que una buena parte de lo que debe realizarse para el progreso de Isla de Cedros corresponde al honorable ayuntamiento de Ensenada, cuyo alcalde se ha visto más envuelto en escándalos políticos de corrupción, como en el caso de Sempra Energy, e inseguridad, como fue el homicidio de uno de los regidores de su municipio y de su mismo partido, pues se debería de ocupar un poco más en eso que en atender las necesidades, más bien en atender las necesidades de los ensenadenses y en particular de quienes habitan la Isla de Cedros.

Sin embargo, es una pena que en las consideraciones no expongan que dicha autoridad es de extracción priista; es justamente la responsable de planear y ejecutar acciones, que en su ámbito deberían de favorecer a quienes habitan dicha comunidad.

Acción Nacional ha señalado siempre que las autoridades locales deben asumir sus responsabilidades siguiendo criterios de subsidiariedad y autonomía. Nosotros sí creemos que el bien común de México se construye de abajo hacia arriba.

En el México de hoy ya no cabe querer responsabilizar a otros órdenes de gobierno de todos los problemas y evadir las insuficiencias de las autoridades locales.

Compañeros y compañeras diputadas, lo que queremos los panistas es que todas las comunidades de México cuenten con los servicios básicos, con la infraestructura, la seguridad y el apoyo para desarrollar su actividad productiva y convivir en paz. Eso se logra con reformas estructurales, con políticas públicas sólidas y con perspectiva de autonomía municipal y de largo plazo. Acción Nacional votará a favor de este punto de acuerdo.

Los habitantes de la Isla de Cedros lo merecen, pero a sabiendas de que sus dificultades no se resuelven con puntos de acuerdo con tintes electoreros, sino con una reforma de Estado, que convierta al federalismo en una realidad de órdenes de gobierno eficaces y no en un ritual de reclamos y reparto de culpas, como el que se refleja con toda claridad con la propuesta en comento. Es cuanto, señor presidente; mil gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Si me permite el diputado Castro Trenti, aprovecho la oportunidad para dar la bienvenida a la Cámara de Diputados al cabildo del ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, estado de México, que se encuentra aquí invitado por la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También le doy la más cordial bienvenida a los alumnos de la Secundaria Diurna No. 147 Otilio Edmundo Montaño Sánchez, que están aquí invitados por el diputado Fernando Zamora Morales. Bienvenidos, todos, a la Cámara de Diputados. Adelante, diputado.

El diputado Fernando Jorge Castro Trenti:Gracias, señor presidente. Quiero comentarles a ustedes que este punto de acuerdo presentado por la diputación del PRI bajacaliforniana, acompañada por los diputados federales priistas, no pretende de ninguna manera lucrar con la pobreza; me parece que hay una confusión con quien me antecede en el uso de la voz.

La pobreza es una responsabilidad, no solo de los niveles de gobierno, sino combatirla es una responsabilidad de toda la sociedad mexicana. Ninguno de nosotros podemos estar en paz con nuestra conciencia si en México estamos asediados, justamente, por la plaga del hambre, de la injusticia, y todos estamos convocados a despojarnos de las diferencias ideológicas partidistas para entrar de lleno a resolver los serios problemas que tiene la sociedad mexicana, independientemente de los órdenes o los espacios públicos a los que nos dediquemos.

Rechazo categóricamente que en esta tribuna se utilice la discusión de las necesidades de la sociedad para cruzar acusaciones entre distintos integrantes de partidos políticos, porque desvía los objetivos de nuestras responsabilidades públicas.

Por esa razón, quiero señalar que en el tema de enorme preocupación que vive la sociedad mexicana que habita Isla de Cedros pareciera no haber quedado claro que el problema es tan grave, que existe una economía de guerra, que está asediando y atacando en forma criminal a los niños y a las mujeres y a los adultos que viven en ese lugar.

El planteamiento que demanda la solidaridad de los legisladores y las legisladoras, de todos los miembros de esta Cámara de Diputados, es un llamado de atención, puesto que la pobreza, la hambruna, la ignorancia, la drogadicción ha tomado de rehenes a quienes habitan en esa comunidad; esa comunidad carece de conectividad por aire, carece de conectividad por mar y por tierra, no hay un medio de transporte que haga posible la comunicación entre la Isla de Cedros y la ciudad madre del ayuntamiento, que es el municipio de Ensenada.

Hace meses fallecieron en un naufragio el director de Pesca del gobierno de la entidad junto con otros pescadores. Se hizo un llamado desde la tribuna del Senado de la República al gobierno federal, para que aportara recursos extraordinarios y dotar de un medio de transporte seguro a la sociedad. No ha sido posible, por eso en esta ocasión hacemos este llamado.

En primer término, hacer un esfuerzo presupuestal para destinar los recursos mínimos necesarios para generar conectividad entre los pobladores que viven en la Isla de Cedros; más de cuatro mil familias que pagan cuatro y cinco veces el valor de los artículos de primera necesidad.

Llamo la atención a que en este tema de pobreza y de consciencia pública les pedimos, con toda honradez, que en esta votación dejemos las diferencias ideológicas partidarias y nos unamos con la comunidad. Demostremos que los políticos estamos hechos de las necesidades primarias de la sociedad, de consciencia, de alma, de espíritu y de responsabilidad republicana.

Por esa razón, quiero pedirles su voto y el aval para profundizar en un planteamiento público que genere una nueva oportunidad de esperanza y de vida para quienes padecen del hambre en esa comunidad.

Concluyo diciendo: lo más grave que nos podría pasar frente a esto es ignorarlo, es voltear los ojos y traicionar nuestros principios.

Desde ahora anuncio que de ninguna manera vamos a permitir la discusión que ha traído aquí el señor Gurría, con el tema de elevar el IVA en las comunidades fronterizas. Desde ahora le manifiesto que nosotros estaremos totalmente en contra de aquel planteamiento que hizo el señor José Ángel Gurría. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

PRODUCTOS MILAGRO

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cofepris para que retome y redoble el esfuerzo en el combate contra los llamados productos milagro.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Con su venia, diputado presidente. Por economía procesal solo daré lectura a algunos aspectos relevantes de esta proposición con punto de acuerdo, solicitando se inserte íntegro el contenido en el Diario de los Debates.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento jurídico de nuestra nación, en su artículo 4o., establece la garantía de la protección a la salud; el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las atribuciones de la Secretaría de Salud, entre las que se encuentran: actuar como autoridad sanitaria y ejercer las facultades en materia de salubridad general, que las leyes le confieren al Ejecutivo federal; vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables por ley.

La Ley General de Salud, reglamentaria en el artículo 4o. constitucional, establece en el artículo 17 Bis las facultades de la Secretaría de Salud, mismas que ejerce a través de la Cofepris, para la regulación y el control del fomento sanitario en materia de establecimientos de salud, de disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes, de disposición de sangre, medicamentos, remedios herbolarios y otros insumos para la salud, alimentos y suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas, productos de perfumería, belleza y aseo, tabaco, plaguicidas, entre otros, así como la regulación y control de la publicidad y promoción de las actividades, productos y servicios a los que la ley se refiere.

Sin embargo, compañeros, conforme a estas facultades que tiene la Cofepris, le corresponde precisamente identificar y analizar, así como evaluar todas las condiciones para la difusión de estos tipos de producto y el manejo de los riesgos sanitarios, entre ellos conjuntamente y en coadyuvancia con diversas autoridades del gobierno federal.

Aquí precisamente, ¿por qué es tan importante este punto para nosotros? Porque precisamente todas estas más de 30 mil marcas que están prevaleciendo en diversos medios de comunicación, que sirven para finalmente mentirle a la población acerca de tratamientos mágicos para adelgazar, rejuvenecer, para curar incluso enfermedades crónico-degenerativas, incluso con el aval y el apoyo de actrices y actores cuyos medios de comunicación se prestan al fraude a la población, a que la población confíe y salga con una desesperanza, desilusionados, más enfermos, acerca de la gran saturación que existe en los medios de comunicación de este tipo de productos.

Actualmente la Cofepris —y quiero comentar por ahí, a través de su titular Mikel Arriola, que estaba muy preocupado el día de hoy para que platicáramos y no presentáramos este punto—, me parece que se ha dedicado únicamente a regular, a autorizar lo que finalmente debería de estar combatiendo y fiscalizando, y nuestro deber, compañeros diputados, como legisladores y representantes de la población —que está allá afuera—, es ver por ellos, ver por su salud y ver por su bienestar.

Por ello, compañeros, nos damos cuenta que de estos productos milagro que se han venido monitoreando durante este tiempo y que además, la legislatura pasada se otorgó un incremento al presupuesto de esta dependencia, que finalmente se ha convertido en un elefante blanco, no puede seguir así.

A nosotros, como Grupo Parlamentario del PRD, nos parece que incluso la Cofepris ya está incurriendo en responsabilidad y debe haber un órgano que la vigile, para saber, precisamente, por qué en cada segundo y en cada minuto que vemos un comercial o una publicidad de este tipo de productos mañosos y engañosos, ahora resulta que ya no solamente no salen del aire, sino que además ya cuentan con una autorización en firme de esta comisión que debe regular y controlar, compañeros diputados.

Para nosotros este combate ha sido insuficiente y es por ello que les pedimos que votemos este punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, para, precisamente, como único, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, Cofepris, para que retome y redoble el esfuerzo en el combate contra los llamados productos milagro, realizando un monitoreo, tanto en medios de comunicación, electrónicos y principalmente televisión y escritos, a fin de detectar estos productos y proceder con las sanciones correspondientes.

Es cuanto, diputados y los invito a que votemos a favor de la salud de la población de México. Gracias, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris a retomar y redoblar el esfuerzo en el combate contra los “productos milagro” por el monitoreo de medios de comunicación masiva, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento jurídico de nuestra nación, en su artículo 4 establece la garantía de la protección a la salud.

El artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las atribuciones de la Secretaría de Salud, entre las que se encuentra actuar como autoridad sanitaria y ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

La Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4o. constitucional, establece en el artículo 17 Bis las facultades de la Secretaría de Salud, mismas que ejerce a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para la regulación, el control y el fomento sanitarios en materia de establecimientos de salud, de disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes, de disposición de sangre, medicamentos, remedios herbolarios y otros insumos para la salud, alimentos y suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas, productos de perfumería, belleza y aseo, tabaco, plaguicidas y fertilizantes, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, químicos esenciales, precursores químicos, estupefacientes y psicotrópicos, productos biotecnológicos, materias primas y aditivos, así como los establecimientos dedicados al proceso o almacenamiento de éstos, fuentes de radiación ionizante para uso médico, efectos nocivos de los factores ambientales en la salud humana, salud ocupacional, saneamiento básico, importaciones y exportaciones, publicidad y promoción de las actividades, productos y servicios a que se refiere la ley y demás disposiciones aplicables, sanidad internacional y en general, los requisitos de condición sanitaria que deben cubrir los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionados con las materias anteriormente descritas, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de su reglamento.

Así, conforme al citado artículo, a la Cofepris le corresponde identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las condiciones y requisitos para la prevención y manejo de los riesgos sanitarios, expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia, emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su competencia, así como ejercer aquellos actos de autoridad que para la regulación, control y fomento sanitarios se establecen o deriven de la ley y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el presente reglamento y las demás disposiciones aplicables, aplicar estrategias de investigación, evaluación y seguimiento de riesgos sanitarios, conjuntamente o en coadyuvancia con otras autoridades competentes, imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de disposiciones de la ley, sus reglamentos y demás ordenamientos aplicables, así como determinar medidas de seguridad, preventivas y correctivas, en el ámbito de su competencia, ejercer las acciones de control, regulación y fomento sanitario correspondientes, para prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de la exposición de la población a factores químicos, físicos y biológicos y participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes de la secretaría, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades, entre otras.

Todo lo anterior corresponde al marco jurídico básico de la citada Cofepris el cual se puede consultar en línea.

Por otro lado, cada día, y al menos desde hace algunos años se ha iniciado por parte del Estado mexicano una lucha por controlar los llamados “productos milagro”, que buscan eliminar del mercado mexicano, los famosos productos anunciados principalmente en las grandes televisoras que operan en nuestro país, que dicen curar todo y al final no sirven para nada, o peor aún atentan contra la salud de las mexicanas y de los mexicanos.

De ello dan cuenta boletines de prensa de la propia institución de 2010, en donde destacan cerca de 240 “productos milagro” que aseguró la Cofepris, el comunicado 23 de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en donde destacan el convenio firmado entre ésta y la Cofepris para hacer un solo frente contra la publicidad engañosa, entro otros documentos oficiales que publicitan la acción del estado en esta materia; sin embargo, al parecer aún es insuficiente esta actividad, tan es así que el pasado mes de marzo del presente año se modificó el Reglamento en Materia de Publicidad Sanitaria, que dotó de nuevas atribuciones y facultades a la Cofepris, esperando marcar con ello un avance cualitativo en el quehacer de esta institución, sin embargo, reitero, aún parece insuficiente, ya que tanto en páginas web, como en revistas o en los mismos programas televisivos siguen exhibiendo estos productos engañosos, los cuales día con día remiten nuevos pacientes a los consultorios médicos, tanto públicos como privados.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que retome y redoble el esfuerzo en el combate contra los llamados “productos milagro”; realizando un monitoreo, tanto de medios masivos de comunicación electrónicos, principalmente televisión, como medios de comunicación escritos, a fin de detectar estos productos y proceder con las sanciones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2012.— Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría, para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Con el permiso de la Presidencia; compañeros y compañeras diputadas, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos a favor de exhortar respetuosamente a la Cofepris a redoblar sus esfuerzos en el combate a los productos milagro, por medio de una proposición con carácter de urgente u obvia resolución, dado los riesgos que estos implican a la salud pública de no atenderse de forma inmediata.

Datos del 2011 nos revelan que 26.6 millones de mexicanos padecen hipertensión, 17 millones obesidad y 7.4 millones diabetes. Esto en conjunto con las deficiencias en los servicios de salud y los elevados precios de los medicamentos propician un mercado para los productos milagro en detrimento de la salud pública.

La urgencia de combatir la propaganda de los productos milagro se debe a su ilusoria promesa de aliviar males tan graves, como los mencionados anteriormente, alargando las consultas con el especialista correspondiente e incluso suspendiendo los tratamientos indicados, empeorando la enfermedad o incluso conduciendo a la muerte, resaltando que estos productos se adquieren sin un diagnóstico o una receta médica.

Actualmente debemos reconocer a su director general, a Mikel Arriola, por su excelente labor que ha hecho en la Cofepris; quiero decirles que desde que él entró se ha reducido la pauta publicitaria en un 87 por ciento, había más de siete mil 500 casos congelados y que este nuevo director se encargó de darle salida.

Lamentablemente los propietarios de esta industria, buscando incrementar sus ventas, han utilizado estrategias agresivas de mercadotecnia en diarios, revistas, radio, Internet y televisión, para convencer a un público vulnerable sobre las bondades de sus productos, sin que estos estén respaldados por las autoridades sanitarias.

Hoy en día la televisión comercial difunde sin ética ni control la publicidad de estos productos, incidiendo directamente en perjuicio de la salud de diversos sectores sociales, especialmente los menos favorecidos y desinformados, lo cual es un abuso para las personas con menores recursos económicos, puesto que la televisión constituye su principal fuente de información, y la difusión indiscriminada de estos productos trae como consecuencia el aumento de automedicación, agravando los cuadros clínicos y el padecimiento de diversas enfermedades.

De acuerdo con los datos de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en México se venden sin ningún control cerca de 21 mil marcas de productos milagro, pese a que esta soberanía aprobó reformas a la Ley General de Salud para sancionar con multas de hasta 5 por ciento de las ventas anuales obtenidas a los productores y distribuidores de remedios herbolarios, suplementos alimenticios o cosméticos que se promocionen como milagrosos.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza votará a favor de este exhorto para que se fortalezca la detección y el combate de los productos milagro, para así imponer las sanciones correspondientes en el ánimo de proteger la salud pública. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Corresponde ahora el uso de la tribuna a la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con permiso de la Presidencia. De aquellos temas más lesivos para la sociedad, uno es el relativo a la venta de productos que son el remedio para cualquier enfermedad.

En esta ocasión, así como en muchas otras, el tema de los productos milagro sale a relucir ante una gran impotencia de las autoridades sanitarias en nuestro país para ponerles un fin.

Hay que decirlo desde esta misma tribuna, el asunto de dar la prohibición para vender este tipo de productos ya es un tema recurrente, más que un juego discursivo para ver quién de las autoridades asume su responsabilidad y pone un freno a la proliferación de dichos productos, parece una competencia para ver quién logra acumular el máximo posicionamiento publicitario de los mismos.

Debemos ser claros, compañeras, la Cofepris desde el 2010 señaló en una lista a poco más de 230 productos que ponen en riesgo la salud de los mexicanos y entre los que con el paso del tiempo se va incrementando dicha lista; sin embargo, pese a sus operativos, muchos de estos productos aún siguen circulando por las calles y establecimientos a lo largo y ancho del país.

Consecuencias graves, como la alteración en la presión arterial, infartos, pérdida de equilibrio, somnolencia e intoxicación e incluso derrames cerebrales son algunos de los resultados a la salud de cada una de las personas que logran ingerir este tipo de productos.

Cabe señalar que durante varias legislaturas se ha intentando erradicar este tipo de productos, pero lejos de ello aún no se ha puesto en marcha ningún tipo de programa que de manera completa pueda brindar orientación y asesoría a quienes por alguna razón sufren de algún padecimiento por la ingesta de tales artículos.

Pero por otro lado, también carecemos de una política de educación sanitaria que en definitiva provoque en la población el rechazo de estos productos, pues en muchas ocasiones es la propia población quienes hacen demanda de estos productos milagro, como consecuencia de la ignorancia de sus efectos nocivos.

Compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hemos definido en todo momento la postura y las quejas que miles de personas afectadas por estos artículos han dejado ante diferentes instancias, como la Profeco y la Cofepris; sin embargo, la poca respuesta que se tiene en el enunciado de las clausuras de algunos establecimientos que los venden.

Parte del tema en el presente punto de acuerdo es lo relativo al control absoluto de la promoción y su censura de estos productos. No obstante, el anuncio por Internet en mayor medida y otros medios como son la televisión y la radio, aún prevalecen y siguen originando efectos negativos a la población como consecuencia de su propaganda.

Ante ello, debemos decir que votaremos a favor del presente acuerdo, con el ánimo de que la Secretaría de Salud y en específico la Cofepris, implemente de manera determinante en sus atribuciones y erradiquen los graves males que se provocan con los productos milagro.

Pero además, que se persiga a sus productores y se castigue a quienes sean los distribuidores de ellos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Quiero aprovechar para dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos y maestros de la Escuela Preparatoria Oficial 141, del municipio de Ixtapaluca, estado de México, que están hoy aquí invitados por el diputado Arturo Cruz Ramírez. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia, señor presidente. El uso de los productos milagro es un problema mundial, pero en nuestro país su consumo ha crecido de manera exponencial.

La entrada de miles de productos, que ponen en riesgo la salud pública de los mexicanos, no cumple con los estándares y lineamientos mínimos que establece la ley sanitaria. En México se venden sin ningún control cerca de 21 mil marcas de los llamados productos milagro en farmacias, tiendas y centros comerciales de todo el país.

El gran éxito en las ventas de estos productos se debe a la gran promoción publicitaria que reciben de los medios masivos de comunicación, enganchando de manera creciente a la población que ven en ellos el remedio de sus males.

Basta con encender el televisor para ver testimonios que dan fe de milagros de un producto. Hay un antes y un después. Los consumidores lloraban su gordura y ahora son plenos con su esbeltez. Verdaderas ofertas y una gran demanda, en pocos segundos el consumidor queda enganchado.

Algunos de estos productos prometen curar dolores de cabeza, terminar con la colitis, ayudar en el control de la diabetes e incluso prometen de manera espontánea el crecimiento de cabello sin tener algún sustento científico.

Estos productos no tienen ninguna validez científica que justifique su uso ante el tratamiento de enfermedades, que casualmente son las que ocupan el primer lugar de muerte en nuestro país.

La accesibilidad de estos productos permite que cualquier persona pueda experimentar sus supuestos beneficios sin ninguna supervisión médica, ya que basta con ir a cualquier tienda naturista, farmacia o tienda de autoservicio para adquirirlos.

Al parecer, las multas que son impuestas para los fabricantes, distribuidores o comercializadores, que violan estas disposiciones normativas, no han sido suficientes para disminuir este problema.

El año pasado la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, llevó a cabo el aseguramiento de más de 80 mil piezas de productos milagro.

Para este año la Cofepris logró solamente asegurar, tan solo en comercios informales del Distrito Federal y del estado de México, la cantidad de 44 mil 130 piezas de estos productos milagro que violan la legislación sanitaria.

Lo más importante sería legislar en contra de los anuncios de productos milagro en los medios, porque la gente está expuesta y la ignorancia y las falsas promesas, hacen que resulten tan atractivos.

Es de suma importancia que se le dé celeridad a las reformas del Reglamento Sanitario en Materia de Publicidad para frenar la promoción y venta de los productos milagro en la cual se establece la facultad de retirar la publicidad de éstos.

Esperamos que las sanciones sean aplicadas y que de verdad el Reglamento funcione, ya que además de entrar en vigor deben darse recursos para la aplicación de la verificación de los lugares y la publicidad con la cual se venden y se anuncian estos productos nocivos; si no, toda esa reglamentación quedará en el olvido, como en tantas otras legislaciones.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a esta sesión a un grupo de ciudadanos del estado de Querétaro, que se encuentran hoy aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También saludamos con mucho gusto a algunos miembros de la Fundación Buenaventura, grupo Conocimiento Joven, que están aquí invitados por el diputado Fernando Chávez Hernández. Bienvenidos y bienvenidas a la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Millones de personas padecen hipertensión, obesidad y diabetes; la diferencia en los servicios de salud y los elevados precios de los medicamentos, propician la existencia de los llamados productos milagro, los cuales prometen aliviar estos males de manera rápida, efectiva y sin esfuerzo.

El uso de productos milagro es un problema mundial, pero en nuestro país su consumo ha crecido de manera exponencial, miles de productos con menor control de calidad llegan a México sin pasar por un registro sanitario.

Estos productos o medicamentos milagro son productos, actividades o servicios con aparente finalidad sanitaria, pero que realmente suponen un riesgo para los usuarios. Éstos se venden como medicamentos, cuando en realidad no tienen legalmente dicho reconocimiento.

Se alega que son productos nutricionales o con propiedades saludables, para poder venderlos como complementos alimenticios, pero no está claro tampoco en su etiquetado y es poco comprensible para el consumidor.

Todos los medios de comunicación, como lo son los diarios, revistas, radio, Internet y televisión, intervienen en dicha propaganda por igual y la problemática reside en que no sabemos la cantidad de sustancias que el usuario está consumiendo y de las cuales no conocemos sus efectos.

El pasado 18 de enero, el presidente Felipe Calderón firmó el decreto que reforma el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, a través del cual se disminuirá la difusión de estos productos.

Este reglamento, que entró 30 días después, impone multas de hasta 16 mil veces el salario mínimo para los fabricantes, distribuidores y comercializadores de este tipo de productos que violan las disposiciones normativas.

Al respecto, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, aseguró en septiembre pasado que hoy en día hay cero publicidades de estos productos en los medios de comunicación electrónicos; asimismo señaló que en los últimos meses se han aplicado multas que superan los ocho millones de pesos.

Sobre este tema, se suscribió un convenio de autorregulación a favor de la publicidad responsable de medicinas de libre acceso; en dicho documento las agencias de publicidad se comprometieron a no difundir ni transmitir, bajo ninguna circunstancia, anuncios de productos que incumplan con la legislación sanitaria, a comunicar a sus agremiados las nuevas reglas de publicidad contra los denominados productos milagro y a presentar un informe semestral a la Cofepris sobre el cumplimiento de su código de ética.

Es importante destacar el avance que se ha tenido al respecto el monitoreo y la facultad que da el reglamento de poder eliminar los productos milagro, remedios herbolarios, suplementos alimenticios, productos cosméticos que publiciten o comercialicen como medicamentos o bien como productos a los cuales se les atribuyen propiedades, efectos y poderes terapéuticos que no tienen en menos de 24 horas.

Es por todo lo anterior que la fracción del Partido Verde Ecologista de México se pronuncia a favor del punto de acuerdo propuesto, ya que la salud de todos los mexicanos es un tema de urgente u obvia resolución. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, por tres minutos, el diputado Víctor Raymundo Nájera Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Víctor Raymundo Nájera Medina:Compañeras y compañeros diputados, compañeras y compañeros integrantes de la Mesa Directiva. Con su venia, compañero presidente. El derecho a la salud está consagrado en nuestra Constitución política, el cual implica, como una vertiente del mismo, la obtención de bienes y servicios de calidad que incidan en una mejor calidad de vida para todas las personas.

La agenda legislativa de nuestro grupo parlamentario tiene como uno de sus objetivos impulsar una legislación y una política social para generar condiciones legales, institucionales y presupuestales para que las personas accedan a una vida digna de manera integral.

En este sentido, desde hace varios años han aparecido en el mercado numerosos productos que, publicitados en medios de comunicación, ofrecen alternativas que precisamente se presentan como milagrosas para diversos padecimientos de la salud, sin que se implementen acciones tendientes a la prohibición de su distribución y venta.

En este sentido, en nuestro grupo parlamentario creemos en la urgente necesidad de que las autoridades del Ejecutivo refuercen la coordinación con autoridades estatales, a fin de erradicar este serio problema de los productos milagro, o también como los conocidos como productos frontera.

La Ley General de Salud, en su artículo 17 Bis, establece que la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que entre sus atribuciones se encuentra el control sanitario de la publicidad de las actividades productos y servicios.

Lo que se estableció en la reforma aprobada hace más de 10 meses y reglamentado desde enero de este año, no se está realizando o no se realiza con la contundencia necesaria, pues para la difusión de cualquier producto se requiere del permiso correspondiente o el aviso de la autoridad de salud y por supuesto, del monitoreo permanente de la comisión.

Es necesario que además de realizar el monitoreo la Secretaría de Salud, a través de la comisión y demás órganos competentes, realicen el aseguramiento de los productos en los propios establecimientos en donde se comercializan éstos, autorizando, incluso y si fuera necesario, el apoyo de la fuerza pública, como lo señala la normatividad en esta materia.

Compañeras y compañeros, este problema no es banal ni superficial, porque se atenta contra la salud de las mexicanas y los mexicanos, ofreciéndose sin ningún control productos milagros que abusan de la desesperación de las personas ante enfermedades incurables para sorprender a incautos o ingenuos consumidores, que al buscar la cura para sus seres queridos caen en las redes del engaño en perjuicio de la salud y del bienestar de las personas.

Los medicamentos, todos, deben contar con un registro sanitario y de publicidad de la comisión. En el caso de los productos milagro no se cuenta con el registro de estos productos dudosos de su eficacia, que lejos de procurar un bienestar estético o de salud, pueden ocasionar la muerte, daños físicos, psicológicos de manera permanente.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este punto de acuerdo, e invitamos a los demás legisladores de los diferentes grupos parlamentarios que se sumen. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, por tres minutos, el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado:Muy buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. En efecto, tal como lo plantea la proposición con punto de acuerdo que hoy nos ocupa, nuestro país requiere de la protección a la salud a toda persona y esto es un derecho social y constitucional; por ello, las autoridades sanitarias acatan el mandato de la ley de actuar en correspondencia con la consagración de este derecho y de sus finalidades.

En cuanto al derecho de la protección a la salud, el Estado mexicano obra en dos vertientes; la de la construcción de las condiciones idóneas para que toda persona pueda conservar, restaurar y mejorar su estado de salud, y por otra parte, la de la protección de la persona contra todo aquello que pueda constituir un riesgo para su salud.

Hay evidencia de que los productos llamados milagro y su amplia gama constituyen un riesgo potencial para la salud de la población, y ello impone al Estado mexicano el reto de mejorar los mecanismos de vigilancia y control con que cuentan las autoridades sanitarias.

Es importante señalar las acciones que se han tomado en este tema, y quiero decirles que la Secretaria de Salud, en las reformas a la Ley General de Salud en 2012, a inicios, ha señalado lo siguiente: que todos estos productos requieran un registro sanitario y un permiso de publicidad a los anunciantes en el pautado de los spots publicitarios; que también requieran —el medio de difusión— el cese de la trasmisión o la publicidad de un producto o servicio que no cumpla con dichas disposiciones legales en materia sanitaria y que sea retirado en no más de 24 horas. Además, en esta ley también se incrementaron hasta en un 400 por ciento los montos de las sanciones a quien incumpla este reglamento.

Es importante señalar también que otra de las medidas ha sido disminuir la publicidad que es engañosa y que no está autorizada y esto ha tenido una disminución importantísima en el último año. Además, durante el último año ha disminuido el pautado de estos productos peligrosos o milagro hasta en un 87 por ciento. Éste es un número muy importante, y también quiero señalar que los decomisos, en 2010, andaban alrededor de 40 mil unidades y a esta fecha estamos en 300 mil unidades, con un incremento de un 648 por ciento en el decomiso, y esto es muy importante.

Por otro lado, tenemos que seguir trabajando en este tema y los legisladores de Acción Nacional sabemos que en materia de salud no hay mejor inversión que la prevención del riesgo; este enfoque es un enfoque fundamental y por eso necesitamos fortalecer las acciones y nuestro sistema de salud, en bienestar de la población, físico y mental.

La multiplicación de los productos llamados milagro se ha constituido desde hace varios años en una amenaza latente para la salud, y por eso es que requiere una mayor vigilancia y un mayor control.

Las acciones preventivas de la salud siempre redundarán en un beneficio en lo particular de las personas y en lo social, además de también tener un gran beneficio económico para el país; por lo tanto los legisladores de Acción Nacional sabemos que a pesar de las acciones que se han tomado y que han sido de una manera muy importante, estamos a favor de este punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios para que retome este tema y redoble su esfuerzo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene finalmente el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Miguel Ángel Aguayo López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Miguel Ángel Aguayo López:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Miguel Ángel Aguayo López:Compañeras y compañeros legisladores, en el PRI estamos seguros de que la salud de los mexicanos es una de nuestras tareas fundamentales como legisladores y además es nuestra obligación salvaguardarla.

En México 26 millones de personas padecen hipertensión arterial, 17 millones obesidad; el 72 por ciento de las mujeres adultas y el 67 por ciento de los hombres sufren sobrepeso u obesidad; 27 por ciento de los adultos tiene colesterol elevado, esto aunado a que el 34 por ciento de los niños y niñas padecen obesidad infantil, y 7.4 millones de mexicanos padecen diabetes.

Estas cifras y esta panorámica epidemiológica nos permiten suponer que el país es terreno fértil para los llamados productos milagro; la mayoría de las 21 mil marcas de productos milagro que se venden en México tienen origen desconocido, muchos se elaboran en laboratorios clandestinos y otros son importados del extranjero.

Al año la Cofepris decomisa hasta 300 mil unidades de productos engañosos, que representan riesgos para la salud y se venden a precios de oro, y en ocasiones por teléfono, con pago a la tarjeta de crédito, que encarece más aún a estos productos.

La Secretaría de Salud enfatiza que los productos milagro, que recuerdan a los merolicos de las calles que venden pócimas mágicas, pueden ocasionar daños físicos, mentales e incluso la muerte.

El Instituto Tecnológico de Monterrey advierte que pueden contener substancias que lesionan el hígado, los riñones y el cerebro. Muchos productos engañosos que se anuncian como 100 por ciento de origen natural contienen substancias artificiales altamente tóxicas.

De acuerdo con estudios, hay dos tipos de productos milagro; unos son medicamentos que aseguran aliviar a alguna enfermedad, pero que solo sirven, en el mejor de los casos, para aminorar los síntomas; otros afirman no ser medicamentos, sino suplementos alimenticios o derivados de substancias naturales que ofrecen curar prácticamente todo.

Esta situación es grave, porque los productos milagro no cuentan con pruebas de eficacia, no hay registros adecuados de las empresas que los producen, no tienen controles de calidad ni de su producción y no cuentan con la fármaco-vigilancia necesaria.

En enero de este año, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, que limita la difusión de los llamados productos milagro.

Este decreto establece nuevas regulaciones para estos productos, endurece sanciones y otorga mayores facultades a las autoridades para la supervisión, además de que obliga a la Secretaría de Salud otorgue un registro sanitario para poder publicitarlos en los medios masivos de comunicación.

Cofepris ha hecho un gran esfuerzo, ha disminuido en este año la parte publicitaria en un 87 por ciento. Es cierto, las medidas para garantizar la salud de los mexicanos nunca son suficientes; por eso, el Grupo Parlamentario del PRI reitera su convicción por realizar, con el concurso de todas las fuerzas políticas, las reformas necesarias para que las cifras de obesidad, hipertensión arterial y diabetes no sean más un problema de salud pública.

Éste es el terreno que abonan los productos milagro, el de la necesidad de los mexicanos por mantenerse sanos y no es con espejismos como lo vamos a conseguir; la Cofepris tiene facultades para vigilar y sancionar y si no son suficientes, hagámoslas más amplias. La salud de los mexicanos bien vale este esfuerzo.

Por lo antes aquí expuesto, el Grupo Parlamentario del PRI aprobará este punto de acuerdo, que sin duda debe ser el primer paso que nos lleve a legislar para tener una medida coadyuvante, un México saludable. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, ruego a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

DIA DEL HEROE DE NACOZARI

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del día del Héroe de Nacozari. Para ello tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente, compañeras y compañeros, ya sabemos que esta Cámara, con una disfuncionalidad perfectamente diseñada, trabaja en cámara lenta.

Quisiera haberles ahorrado esta efeméride, porque en realidad estaba programada para el 6 de noviembre, se pasó luego al día 8 y total, estamos hoy; sin embargo, he decidido no cancelarla por respeto a mis paisanos sonorenses, que ven en la figura de Jesús García, un héroe que debemos recordar.

Quisiera darles aquí una gota de historia para aquellos que no han leído, cuando menos tres libros en su vida, y que puedan, en un párrafo, conocer la proeza de este sonorense.

Aquella tarde del 7 de noviembre de 1907, Jesús García se dispuso a conducir una máquina que arrastraba varias toneladas de dinamita, destinadas a la ampliación de una mina en los alrededores de Nacozari. Los vagones que la contenían fueron colocados erróneamente junto a la máquina y no al final del tren; con el viento en contra, las chispas de la caldera alcanzaron las cajas que contenían los explosivos.

Los operarios maniobraron para apagar las llamas, tarea que solo permitió ganar un poco de tiempo, pues ambos vagones fueron pronto envueltos por el fuego.

Jesús García sabía que la única manera de proteger a la población de la inminente explosión era la conducción del ferrocarril lo más lejos posible de la localidad; transcurridos algunos minutos, afuera ya del pueblo, se escuchó una fuerte explosión, en ella se fue la vida de Jesús García, quien a los 26 años de edad desafió la fatalidad que amenazaba a la población entera de Nacozari.

Es para mí obligado recordar, como sonorense, pero también en una época de rapiña desde el poder, como la nuestra, particularmente en la clase política, en donde la vida cotidiana pareciera llevarnos a despreciar los fundamentos de la vida ética, es obligado recordar a Jesús García, por su trascendencia y por la solidaridad.

Como en aquellos días de impensada agonía del porfiriato, nuestra historia está poblada hoy de hombres y mujeres jóvenes que, sin privilegios ni comodidades, dan a la patria mucho más que la banalidad de quienes se sienten hoy sus dueños y conductores.

En esa gesta, tras de Jesús García, vendrían pronto legiones de hombres y mujeres que tomaron el destino del país en sus manos y que a partir de 1910 lucharon por darle un rostro distinto al del discurso fraudulento y de la refinada hipocresía de los políticos estelares del momento.

Cualquier similitud con la presente circunstancia no es una casualidad. Hoy los jóvenes pueblan las estadísticas de los muertos en una guerra inútil, llenan las cárceles, saturan las filas de quienes esperan un empleo y se agolpan buscando oportunidades para estudiar sin conseguirlo.

No nos extrañemos si esos jóvenes deciden recordarnos que si bien el poder lo controlan los principales políticos y beneficiarios del actual orden de cosas, la calle es y ha sido siempre de los héroes anónimos, como Jesús García.

Sobre todo —termino, señor presidente—, no nos extrañemos si los jóvenes entienden finalmente que el cambio social en el país está fundamentalmente en la presión de la calle y deciden actuar en consecuencia para lograrlo.

No puedo dejar de comparar a las figuras de hoy, como Calderón y Peña Nieto, quienes frente a una luminaria como Jesús García, parecen simples bulbos de queroseno. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se han agotado los asuntos del día.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín(a las 14:41 horas): Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 15 de noviembre de 2012, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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