* INICIATIVA Y PROPOSICIONES

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 20 de noviembre de 2012, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 20 de noviembre de 2012 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativa con proyecto de decreto

1. Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la SHCP, instrumenten un programa emergente de agricultura por contrato, para el ciclo primavera-verano 2012, a cargo del diputado Noé Barrueta Barón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que publique en el DOF el decreto por el que se declara como área natural protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna, a Balandra, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS, de la Sedesol, de la Sener y de la SE, para que implementen un programa de evaluación, relativo a la industria minera en los temas de seguridad y salud, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Economía, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivos federal y estatales, establezcan las medidas necesarias a fin de promover y privilegiar la dignidad del adulto mayor, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, para que elabore la NOM e implemente los programas y políticas públicas que garanticen el desplazamiento y la accesibilidad al transporte público a las personas con discapacidad, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Transportes, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, para que a través de la Senasica, detenga las solicitudes de autorización para la siembra de maíz transgénico en los estados de Sinaloa y de Tamaulipas, a cargo del diputado Sergio Torres Félix, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SHCP, de la Sedesol, del Conapo y del Inegi, reconozcan, incluyan y consideren como zonas metropolitanas a las ciudades de Delicias, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, así como sus zonas conurbadas o municipios, pertenecientes al estado de Chihuahua, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Desarrollo Metropolitano, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE, para que en coordinación con la SHCP, la SEP, la Sener y la Comisión Reguladora de Energía, realicen los estudios y acciones necesarias para eximir del pago por consumo de energía eléctrica a los centros escolares públicos de país, a cargo del diputado Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que instrumente un programa de apoyo y asistencia para los mexicanos afectados por los recientes fenómenos climáticos en la Ciudad de Nueva York en los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía manifiesta su rechazo a la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación del estado de Quintana Roo, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diversas diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la atención y prevención de las adicciones en México, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.»

ARTICULOS 52, 53 Y 54 CONSTITUCIONALES

«Iniciativa que reforma los artículos 52 a 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Martí Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar la asignación de diputaciones federales por representación proporcional en orden descendiente por porcentaje obtenido en competencia uninominal.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

Se propone modificar la asignación de diputados federales vía representación plurinominal, de acuerdo con el orden descendiente de porcentaje de votación de los candidatos que no hayan ganado en distritos uninominales, con el fin de incentivar la competitividad territorial pero sin abandonar las virtudes y de la pluralidad que trae consigo la representación proporcional.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

A finales de 2011, el entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, propuso la desaparición de 100 diputados federales, correspondientes a los elegidos por representación proporcional, es decir, plurinominales.

En el libro México: la gran esperanza. Un Estado eficaz para una democracia de resultados, atribuido a Peña Nieto, se reitera la propuesta que tiene dos finalidades:

1. Acabar con un sistema de composición de la Cámara que ya no es funcional. La pluralidad política y la democracia se han encargado de fortalecer el acceso al Congreso por parte de partidos que antes no tuvieron acceso a esta representación.

2. Reducir el número de diputados de representación proporcional para aumentar las probabilidades de formar mayorías en el Congreso. Esta medida facilita al partido que gane el mayor número de distritos, alcanzar más de 50 por ciento de representación.

Esta reforma vislumbra un nuevo equilibrio funcional entre mayorías y minorías, ya que impide que estas últimas tengan una representación desproporcionada, así como un poder de veto injustificado.

Josefina Vázquez Mota, como candidata del Partido Acción Nacional a la Presidencia, hizo la misma propuesta.

El 11 de septiembre pasado, la diputada Patricia Elena Retamoza, del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa para reducir 100 diputaciones y 32 senadurías de representación proporcional, en similar sentido de la propuesta anunciada por Enrique Peña Nieto. La iniciativa fue respaldada, además, por el coordinador priista Manlio Fabio Beltrones Rivera, y los diputados Marco Antonio Barba Mariscal, Fernando Jorge Castro Trenti, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Manuel Añorve Baños, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza.

En sus palabras, la exposición de motivos de la iniciativa priistas se sustenta, entre otros, en los siguientes argumentos:

La dificultad para la construcción de mayorías en México se deriva de un sistema de representación política que buscando la pluralidad, dificulta la gobernabilidad y genera altos costos y desprestigio ante los ciudadanos.

En la disyuntiva sobre la pertinencia de crear reglas que propicien la formación de una mayoría eficiente o persistir en el pluralismo acendrado y el bloqueo, hay dos corrientes: quienes consideran que se necesitan reglas que generen incentivos para fortalecer la gobernabilidad, la eficiencia y la eficacia parlamentaria, y quienes piensan que se debe continuar por la vía del bloqueo y la parálisis.

Los primeros optamos por una reforma constitucional para aumentar la comunicación entre los poderes y en el Congreso, propiciando un diálogo continuo con una retroalimentación racional y oportuna. Para los segundos, es más importante mantener el sistema actual, diseñado para que en un sistema tripartidista como el mexicano, nadie alcance una mayoría clara en el Congreso. Para quienes están en este grupo es preferible mantener al país en un paso lento, o en una lógica de pequeños cambios, que apostar por un Congreso con una gran capacidad transformadora.

El verdadero riesgo para la democracia está en la ineficiencia legislativa: en la incapacidad para generar los grandes cambios que el país necesita en el momento que los requiere.

Contar con una mayoría legislativa no equivale ni a nulificar la división de poderes ni a evadir el juicio de las urnas en la siguiente elección. El Estado necesita de mayorías para ser eficaz. Sin mayorías, se pierde la capacidad de decidir y transformar, lo que termina por erosionar la capacidad para gobernar.

Un instrumento que fortalece la gobernabilidad de las Cámaras responde al clamor ciudadano por mayor responsabilidad de sus legisladores y menores costos de la democracia, a la vez que permite el cumplimiento de los mandatos electorales, es la reducción de 100 diputados y los 32 senadores electos por el principio de representación proporcional, pues reduciría los costos de las Cámaras y aumentaría la probabilidad de alcanzar mayorías ya que se incrementaría la proporción de diputados electos por el principio de mayoría relativa, haciendo posible al partido que gane el mayor número de distritos alcanzar más del 50 por ciento de la representación en la Cámara de Diputados.

Esta reforma permitirá crear un nuevo equilibrio funcional entre una mayoría útil y otras minorías, que impediría que éstas últimas tuvieran una representación desproporcionada y, por ende, un poder de veto injustificado, como lo explica George Tsebelis en su obra Veto players (Actores de veto), lo que permitiría crear una Cámara de Diputados más funcional y eficaz, así como menos costosa para los contribuyentes.

El Congreso mexicano enfrenta un problema en cuanto a la cantidad, costo y funcionalidad de los legisladores federales. Sus 628 parlamentarios, 500 diputados y 128 senadores, constituyen, en términos absolutos, un Congreso con demasiados parlamentarios, superando incluso a Brasil. Cámaras tan numerosas no necesariamente significan mayor eficiencia o mejor representación política y sí implican problemas de coordinación tan vastos como sus integrantes.

La finalidad original de las Cámaras era, para el Senado, representar, desde una lógica territorial, a las entidades federativas; mientras que para la Cámara de Diputados, la finalidad era la representación popular a través de representantes electos por el principio de mayoría relativa en distritos uninominales.

Hasta la reforma política de 1977 se introduce el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados, con el antecedente de los diputados de partido en 1963. Hasta ese momento prevalecía el sistema de partido hegemónico, en donde el partido gobernante ocupaba prácticamente la totalidad de los puestos representativos en ambas Cámaras; y en un sistema político de menor competitividad, los diversos grupos de oposición casi no tenían posibilidades de tener presencia en el Poder Legislativo a través del principio de mayoría ya señalado. La fórmula de diputados de partido demostró ser insuficiente para abrir espacios representativos a la oposición en el Congreso, por lo que se instaura un sistema electoral mixto con carácter hegemónico y predominante mayoritario. La composición de la Cámara de Diputados se transformó y se crearon 100 curules elegidas por el principio de representación proporcional. Con ello pasó a estar integrada de 300 a 400 diputados.

En 1986, otra reforma en el mismo sentido, buscando incrementar los espacios de representación de las minorías, aumentó una vez más el número de diputados elegidos por el principio de representación proporcional, pasando a doscientos. Con ello, la Cámara creció de 400 hasta su número actual de 500 representantes populares. Dentro de las motivaciones para implementar dicha reforma, se mencionó la necesidad de abrir más cauces de expresión a los diversos grupos opositores existentes en ese momento. En consonancia con el aumento de la pluralidad política y social que estaba viviendo el país, los órganos de representación popular debían adaptarse y abrir más espacios que apoyaran el desarrollo de la pluralidad.

Con la transformación de la normatividad electoral de 1993 se estableció que el Senado reflejara también el pluralismo de la sociedad mexicana y se incrementara de 64 a 128 legisladores, pasando de 2 senadores por entidad federativa a 4: 3 para el partido más votado y el restante para la primera minoría. Sin embargo, esta disposición nunca llegó a utilizarse, ya que antes de su aplicación sobrevino un nuevo cambio normativo.

Con la reforma electoral de 1996 se introdujo el límite actual del número de diputados que puede tener un sólo partido: no más de 300, frente a lo que anteriormente se disponía que era de 315. Adicionalmente se reestructuró la composición del Senado, introduciendo el principio de representación proporcional, con lo cual se desnaturalizó la idea original de que esta Cámara representa paritariamente a las entidades federativas. Con ello, su integración quedó como se encuentra en la actualidad: 128 senadores en total, de los cuales dos son para el partido que obtiene la mayor votación en cada entidad federativa y uno para la primera minoría; los 32 restantes se eligen siguiendo el principio de representación proporcional ya mencionado, mediante el sistema de una lista por cada partido con registro votada en una sola circunscripción nacional.

Lo cierto es que las motivaciones que inspiraron la introducción de estas reformas han sido ya superadas por el propio desarrollo político del país. La competitividad de nuestra democracia y el escenario electoral son radicalmente diferentes a lo que se vivía cuando se consideró necesario ampliar los cauces institucionales a los grupos de oposición política, propiciando su ingreso en los órganos de gobierno del Estado mexicano, ya que se encontraban en una situación de extrema debilidad y desarticulados, sin posibilidades reales de integrar la representación política nacional y competir frente al partido dominante en ese momento.

En la actualidad, la competencia partidista se encuentra plenamente instalada, existen tres grandes opciones políticas y algunas otras minorías que pueden contender de forma real y obtener la victoria en los distritos electorales. Vivimos ya una segunda alternancia en nuestra democracia, librada en términos de regularidad institucional y en relativa normalidad democrática.

En este sentido, se pretende lograr ahora una mayor agilidad y eficacia de las cámaras legisladoras y responder al clamor ciudadano por atemperar el costo de nuestra democracia, por ello se propone disminuir el número de diputados a 400, reduciendo a 100 los escaños asignados por representación proporcional, y en el caso de los Senadores, la eliminación de los 32 elegidos por el sistema de lista nacional.

Con este cambio se busca facilitar la toma de decisiones y la construcción de mayores consensos. Sin duda, resulta evidente que el elevado número de legisladores puede llegar a retrasar o impedir los acuerdos, tanto en lo que se refiere al interior de los grupos parlamentarios como en las comisiones o bien en el pleno de las Cámaras, elevando con ello la dificultad de las negociaciones y la generación de pactos.

La propuesta se presenta en el marco del desprecio que este tipo de representación popular ha venido suscitando en la opinión pública, sin que hasta la fecha se haya dado una discusión seria respecto de su pertinencia.

Por eso citamos aquí la definición de la Unión Europea respecto de la representación proporcional:

Existen dos tipos de sistemas mayoritarios: mayoría simple y mayoría absoluta. La mayoría simple se da cuando el candidato que obtiene el mayor número de votos resulta elegido. Esto significa que incluso si ese candidato obtiene únicamente un nivel relativamente bajo del voto total (por ejemplo, el 25 por ciento), resulta elegido siempre que ningún otro candidato reciba mayor número de votos. Dentro de la UE, solamente el Reino Unido, aplica este sistema.

La mayoría absoluta combina los efectos de las dos vueltas en un voto por mayoría absoluta en una sola vuelta. El electorado vota a un solo candidato al tiempo que indica, en orden decreciente, su preferencia para los restantes candidatos. Si ninguno recibe una mayoría absoluta en el primer recuento, el candidato que haya recibido el menor número de votos queda eliminado, y se cuenta la segunda opción correspondiente. Se procede de este modo hasta que un candidato obtenga una mayoría absoluta como consecuencia de la transferencia de votos. Es el sistema empleado en Francia, donde se aplica la mayoría simple en la segunda vuelta.

La representación proporcional se introdujo en primer lugar en Bélgica en 1889, y se ha defendido por ser un sistema de representación electoral más justo. Los grupos políticos reciben escaños en proporción a su fuerza electoral y, en consecuencia ninguna fuerza política monopoliza la representación, ya que no se excluye ninguna de la misma. La representación proporcional requiere votación por listas de partido y, de este modo, con frecuencia son las “ideas políticas” más que “las personalidades” las que centran las campañas electorales. Sin embargo, una de las principales desventajas de la RP es que puede incitar o aumentar la fragmentación del sistema político, dando lugar en algunos casos a inestabilidad política. El sistema de listas de partido separa también al votante del elegido, confiriendo al partido político un papel primordial en la selección de sus candidatos.

Los sistemas de listas de partido en la representación proporcional son, bien listas cerradas de partidos o voto preferencial. Las listas cerradas de partido reflejan el control del partido político sobre sus candidatos, y los votantes no pueden elegir a los candidatos en el interior de una lista. El orden que ocupan los candidatos en la lista indica su probabilidad de obtener un escaño parlamentario en base al número de escaños obtenidos por la lista. En las elecciones por voto preferencial, los votantes pueden clasificar a los candidatos en un orden diferente al que determine el partido. Sin embargo, solamente se puede votar por una sola lista.

El principio de la representación proporcional es que los escaños de una circunscripción se reparten pro rata de acuerdo con el número de votos emitidos. En lo que respecta a las circunscripciones, se aplican dos modelos básicos: Representación Proporcional Completa y Representación Proporcional Limitada. La RP completa solamente se da cuando se considera el país entero como una sola circunscripción, creándose así el reflejo más estrecho entre los resultados electorales y la representación parlamentaria. En la UE solamente los Países Bajos emplean el sistema RP completo.

El RP limitado se da cuando las elecciones tienen lugar en diferentes circunscripciones y la distribución de escaños se realiza a este nivel. Este sistema crea una mayor distorsión entre número de votos obtenidos por un partido en todo el país y el número de sus representantes. Como resultado, cuanto menor sea el número de escaños correspondientes a cada circunscripción, mayor será la dificultad de que se refleje la fuerza relativa de cada partido en la distribución de escaños. Sin embargo, cuando se distribuyen los escaños a nivel local, partidos locales o más pequeños pueden obtener escaños en el parlamento que no hubieran obtenido de otra manera, si la distribución se hubiera hecho de acuerdo con su presencia nacional.

Igualmente, politólogos mexicanos como Octavio Rodríguez Araujo han defendido la existencia de la representación proporcional en nuestro país:

Se ha puesto de moda demandar el fin a la representación proporcional en la Cámara de Diputados. Quienes lo proponen, aunque no lo dicen, quisieran un sistema bipartidista, PRI y PAN, y desaparecer a los demás. La representación proporcional, fórmula que se venía perfilando desde 1963, aún con muchos defectos (con los diputados de partido), se perfeccionó con la reforma electoral de 1977 para dar entrada a partidos pequeños y medianos que siempre quedaban excluidos de la Cámara de Diputados salvo cuando al PRI le convenía que estuvieran (aun regalándoles votos, como fueron los casos del Partido Popular Socialista y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana).

Dos de los grandes estudiosos de los sistemas electorales (Cotteret y Emeri) señalaron desde 1973 que “el escrutinio mayoritario es injusto y, a menudo, inmoral” y añadieron que “la injusticia es flagrante en el caso del escrutinio mayoritario a una vuelta”, como es el caso de nuestras elecciones en México. En las uninominales (un diputado por distrito) o de mayoría, se gana por un voto y, automáticamente, quedan excluidos los demás. Si las izquierdas son, como ocurre, minoritarias, nunca, salvo por excepción, lograrían escaños para sus candidatos. Y si los partidos de derecha cuentan con el apoyo, directo o indirecto, de los medios de comunicación masiva, principalmente electrónicos, la orientación del voto por ellos será más manipulable. Gracias a la representación proporcional este fenómeno desigual queda más o menos compensado y otras corrientes ideológicas, correspondientes a la pluralidad propia de la sociedad, podrán quedar representadas en el órgano parlamentario.

Los autores mencionados señalaron: “La definición de la representación proporcional procede del objetivo que persigue: atribuir a cada partido o a cada grupo de opinión un número de mandatos proporcional a su fuerza numérica. Esta idea se encuentra expresada en Aristóteles, Saint-Just y Condorcet, en resumen, por todos los autores liberales para los cuales la Asamblea de los representantes debe ser un microcosmos, una perfecta reducción del conjunto de los representados, expresando todos los matices físicos, ideológicos y económicos del cuerpo social considerado”.

Por otro lado, cuando se da peso a un sistema bipartidista los institutos contendientes tienden a parecerse, aún más de lo que aspiran los partidos competitivos cuando son más de dos, pues es sabido que la competencia electoral entre semejantes (es decir, partidos grandes y competitivos) los lleva a ubicarse en el centro ideológico de la política de un país, pues desde esta ubicación pueden obtener más votos que si se colocan en los extremos. Cuando el PRI era dominante y hegemónico y el PAN un partido pequeño por comparación, el primero decía que el segundo era de derecha, tratando de ocultar que el tricolor pertenecía a esta corriente, ya que era el partido conservador por excelencia (no hay una derecha, hay varias y, por lo mismo, unos partidos están más a la derecha que otros). Así las cosas, es decir, cuando no existen partidos medianos y pequeños en la liza, los electores sólo tienen para escoger entre salmonelosis o amibiasis.

En teoría, que no siempre corresponde a la realidad, los partidos pequeños o medianos de oposición representan otras opciones para los ciudadanos. Si no fuera por la representación proporcional, esos partidos no estarían en la Cámara ni servirían de contrapeso a los más grandes, sobre todo cuando uno de éstos quiere mayoría para reformar la Constitución o aprobar una ley de importancia nacional. Que los partidos pequeños y medianos a veces se corrompan y le hagan el juego a uno grande o al poder gubernamental no tiene relación con el sistema electoral y de partidos; significan una distorsión de lo que en teoría debería ocurrir y lo único que procede es depurar esos partidos de abajo hacia arriba o formar otros nuevos que no padezcan esos vicios de oportunismo y complicidad.

Quienes proponen la abstención pasiva (no acudir a las urnas) y la activa (votar nulo) son los mismos que, conscientemente o no, querrían que nuestro sistema de partidos fuera de dos: PAN y PRI, y dar fin a la representación proporcional para facilitarles el camino. Son propuestas que no están disociadas, aunque sus autores y publicistas no lo sepan o no las hayan relacionado. Son propuestas de derecha, ya que no le quieren dar ninguna oportunidad a la izquierda o al centro izquierda (única oposición que tienen el PAN y el PRI) o porque le están cerrando las puertas a una verdadera oposición de izquierda que pueda resurgir en el futuro o recomponerse.

Mejor opción que el voto nulo y la insistencia de acabar con la representación proporcional es el voto diferenciado. Para esta coyuntura pongamos por caso el estado de Morelos. Votar PRI para la capital Cuernavaca es la mejor opción para sacar al reaccionario y confesional PAN-Yunque, pero también se puede votar por el PRD para diputados locales y federales, con el objeto de contrarrestar tanto al PRI como al PAN en los congresos local y federal. No es un problema de simpatías sino de lógica electoral con la esperanza de que el PRD, algún día, cambie positivamente o que los perredistas refunden su partido y lo conviertan en lo que debería de ser. Dicho sea de paso, Martínez Garrigós, candidato del PRI a la presidencia municipal de Cuernavaca, tiene buena relación con mucha gente del PRD y este partido, en el estado, es menos chuchista que en el ámbito nacional. La idea sería no apoyar la propuesta de un peligroso bipartidismo a la estadunidense y acabar con los necesarios contrapesos en las cámaras de representantes. Pese a todos los defectos de los partidos y de los diputados y senadores en el Congreso de la Unión, dejar todo al PRI y al PAN sería como renunciar a priori a la construcción de una verdadera oposición de izquierda en el país.

Estoy de acuerdo con Rodríguez Araujo. Debe mantenerse la representación proporcional. Sin embargo, creo que debe modificarse la forma en que se asignan dicha representación popular, para potenciar el esfuerzo y presencia territorial de los diputados federales, específicamente.

Por eso, la presente iniciativa propone asignar las curules por representación proporcional a los candidatos uninominales que, no habiendo ganado, hayan obtenido el mayor porcentaje de votación de su partido, en orden descendiente.

Por lo expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar la asignación de diputaciones federales por representación proporcional en orden descendiente por porcentaje obtenido en competencia uninominal

Artículo Primero. Se reforma el artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema asignación en orden descendiente por porcentaje obtenido en competencia uninominal. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

Artículo Segundo.Se reforma el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional se considerará el territorio nacional como una sola circunscripción y se generará una lista ordenada de los candidatos de cada partido que compitieron en los distritos y no ganaron, en orden descendiente de acuerdo con el porcentaje obtenido. La asignación a cada partido se realizará con base en dicha lista.

Artículo Tercero. Se reforma y adiciona el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales;

II. Todo partido político que alcance por lo menos el dos por ciento del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista nacional. En la asignación se seguirá el orden descendiente de porcentaje obtenido en el distrito correspondiente.

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.

V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y

VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello. La ley desa-rrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión contará con un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir las reformas de la legislación secundaria.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.— Diputado Martí Batres Guadarrama (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

PROGRAMA EMERGENTE DE AGRICULTURA POR CONTRATO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la SHCP a instaurar un programa urgente de agricultura por contrato para el ciclo primavera-verano 2012, a cargo del diputado Noé Barrueta Barón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Hacienda y Crédito Público a instrumentar un programa emergente de agricultura por contrato, por 3 mil millones de pesos para el ciclo primavera-verano de 2012.

Contenido

El pasado 31 de julio de 2012, los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público, así como el Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, el Director General de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, el Presidente de la Asociación de Bancos de México y el Director de Análisis Financiero del Banco de México, hicieron del conocimiento de la opinión pública una nueva modalidad de apoyos directos para productores y comercializadores agrícolas, bajo la denominación de Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros (PARMIF), que viene a sustituir al Programa de Agricultura por Contrato.

Este programa, según las autoridades federales, fortalece la cadena productiva y comercial agroalimentaria dando certidumbre tanto al ingreso del productor como al abastecimiento del comprador. Lo anterior será posible a través de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, quien otorgará a través de intermediarios financieros bancarios y no bancarios, alrededor de 550 millones de pesos en apoyos directos para incentivar el cumplimiento de la Agricultura por Contrato, los cuales se destinarán a rembolsar parcialmente el costo de la compra de coberturas de precios.

El programa operará a través de las instituciones bancarias y otorgará un apoyo decreciente de hasta 85% del costo de la prima para los productores y de 50% para los compradores, con lo que se afirma se podrán Los apoyos a otorgarse podrán detonar financiamientos hasta por 5 mil millones de pesos en operaciones comerciales que favorecerán principalmente los ingresos esperados de los productores ante las variaciones de precios en el mercado.

En la primera etapa del PARMIF se hará una amplia difusión de las operaciones que se lleven a cabo durante este nuevo esquema, en lo referente a los subyacentes que se operen, en la ubicación de la transacción y el volumen negociado. Asimismo, se publicarán los precios de cierre que se observen en el mercado de Chicago para los mismos bienes.

Así mismo, la Bolsa de Derivados de México (MexDer) publicará diariamente dicha información, misma que será proporcionada por Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) en lo que respecta a las operaciones y por el mercado de Chicago en el caso de los precios.

La mecánica del programa consiste en que los participantes en el mercado de valores deberán informar de las operaciones a FIRA y este a su vez, a MexDer. Es importante destacar que en esta primera etapa no se llevarán acciones bursátiles directamente en MexDer; por el momento la Bolsa de Derivados de México se limitara a publicar las operaciones que se lleven a cabo en el marco del Programa. Sin embargo a través del ruteo de operaciones con el mercado de Chicago, los operadores locales podrán desde ahora ejecutar transacciones en ese mercado a través de MexDer.

Así, los intermediarios financieros nacionales podrán ofrecer una gama de servicios a sus clientes, quienes no tendrán que abrir cuentas en el exterior sino únicamente con el banco u operador local.

En la segunda etapa le corresponde a la Bolsa Mexicana de Valores listar en MexDer un contrato de maíz amarillo, con una proporción de 25 toneladas métricas, cuya finalidad consiste en aprovechar el mercado líquido. El titular de la Bolsa Mexicana de Valores, nos dice que dicho instrumento estará denominado en pesos con lo que se conseguirá disminuir riesgos cambiarios y sobre el tamaño del contrato de futuros, se informa que el mercado de Chicago guarda una proporción mayor de 4 o 5 veces más.

También durante esta segunda etapa se tendrán abiertas las opciones de compra y de venta, y serán listados en los futuros mencionados, el contrato de futuros sobre el maíz amarillo que ya fue aprobado por los distintos órganos de gobierno de MexDer y que se encuentra en proceso de aprobación por parte de las autoridades correspondientes. El objetivo es impulsar este proyecto entre los meses de septiembre y octubre.

Finalmente la tercera etapa del Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros, tiene por objeto desarrollar y listar en MexDer un futuro de maíz blanco mexicano y proporcionar a los productores y comercializadores una opción de cobertura más amplia, además de establecer un mecanismo que permita la fijación de precios de este importante insumo.

Este esquema, que ya se encuentra trabajando, implica una desventaja ya que el pequeño productor debe estar bancarizado y el registro es personal lo que afecta a las organizaciones sociales de productores, además de que el registro se realiza ahora con FIRA y no con ASERCA, además de que expone las cosechas nacionales a la fluctuación de los mercados bursátiles.

Si bien uno de los beneficios es la liquidez y la pronta recepción del financiamiento, estos son ínfimamente pequeños en proporción a los daños que pueden ocasionar dichas decisiones al campo mexicano y a su economía.

No obstante los evidentes estragos que han padecido algunos gobiernos y diversas empresas que incursionan en el mercado bursátil, las autoridades mexicanas ofrecen poner en riesgo al sector agropecuario, uno de los más vulnerables del país. Además el Programa se inicia frente a una delicada situación económica, en donde los índices de los precios de productos básicos sufren de una extrema volatilidad, afectando inclusive a las economías más sólidas.

Finalmente es imperante que no se reflejen las actuales condiciones de concentración de apoyos y financiamientos a ciertos productores, pues sólo se estaría remplazando un sistema por otro y los beneficiados serían los mismos. La concentración del financiamiento en un pequeño grupo de productores además de ser una práctica inequitativa, repercute directamente en la economía del país y de las miles de familias mexicanas que viven en una situación de pobreza extrema, ya que al presentarse una contingencia que obligue a la carencia de algún producto o alimento básico, se impactará el abasto y se incrementarán los precios, todo ello en contra del consumidor final.

Además, el programa se castiga con -93% de presupuesto ya que en el componente del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, “Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización” tuvo una asignación Presupuestal de 8 mil 500 millones de pesos y sólo se asignan 550 millones a través del FIRA. Por lo que proponemos retomar el modelo exitoso de Agricultura por Contrato con las reglas de operación ya conocidas y que sea implemente un programa emergente para el Ciclo primavera-verano 2012, con un monto de 3 mil millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto solicito a esta Soberanía se apruebe esta proposición con

Punto de Acuerdo

Artículo Único.Se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público a instrumentar un programa emergente de agricultura por contrato, por 3 mil millones de pesos para el ciclo primavera-verano de 2012.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputado Noé Barrueta Barón (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar en el DOF el decreto por el que se declara Balandra área natural protegida, con carácter de área de protección de flora y fauna, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2m fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Exposición de Motivos

Los humedales incluyen una amplia gama de ecosistemas y hábitats, entre los que encontramos a los pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos, lagos y áreas costeras como marismas, manglares y praderas de pastos marinos, así también como arrecifes de coral y otras áreas marinas cuya profundidad no exceda de los 6 metros, el valor biológico de estos ecosistemas ha permitido que la comunidad internacional impulse mecanismos especiales de protección, como la Convención sobre los Humedales, mejor conocida como Ramsar, por haberse firmado en aquella ciudad iraní en 1971, este es un tratado intergubernamental cuya misión es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. En junio de 2007 el total de naciones adheridas a la convención como partes contratantes era de 155, y había más de mil 700 humedales de todo el mundo, con una superficie mayor de 151 millones de hectáreas, designados para su inclusión en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de Ramsar.

La gran riqueza ecosistémica de nuestro país, ha permitido que contemos con un gran número de humedales registrados ante esta convención, según reportes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, nuestro país tiene registrados 134 humedales ante esta convención.

No obstante, el régimen jurídico de protección a los ecosistemas mexicanos tiene mecanismo complementarios, tal es el caso de las declaratorias de áreas naturales protegidas, ya que la regulación de las actividades que se pueden realizar dentro un área importante para conservación juega un papel fundamental en el mantenimiento de los procesos biológicos de los ecosistemas.

Para nosotros como Partido Verde, la conservación de los ecosistemas y sus elementos ha sido parte fundamental de nuestra agenda política nacional y legislativa, es nuestra esencia como partido político, por ello desde hace muchos años hemos impulsado reformas y mecanismos legales que permitan la conservación de los ecosistemas mexicanos, por ello la relevancia del planteamiento que hacemos ante esta tribuna, me permitiré hablar de Balandra. Balandra se localiza a 22 kilómetros de la ciudad de La Paz, en el municipio del mismo nombre. Su clima es seco-desértico y cálido con lluvias en verano. Es un humedal de zona árida, es decir, cuenta con una laguna interior. El cuerpo de agua mide 30 hectáreas, la boca del estero mide 140 metros y su sedimento está conformado por arenas medias y limo grueso.

La cercanía y accesibilidad del estero de Balandra a la ciudad de La Paz lo han hecho, desde tiempos inmemorables, uno de los sitios más visitados por los paceños y los turistas tanto nacionales como extranjeros. En cuanto al carácter cultural, basta recordar que la formación rocosa denominada El Hongo de Balandra, es el símbolo de la región.

En Balandra predominan las especies de mangle negro (Avicennia germinans), blanco ( Laguncunaria racemosa) y rojo ( Rizophora mangle), ésta última sujeta a protección especial por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. El manglar de Balandra cubre un área de aproximadamente 30 hectáreas; se trata de pequeños bosques maduros que presentan valores altos de área basal de 24 m2 ha-1, alta densidad con una máxima de 2 mil 835 individuos por hectárea-1 para mangle blanco y con medinas alturas.2 En el año 1994 se llevó a cabo la reforestación de una superficie importante de manglar, lo que permitió evaluar en campo las técnicas de restauración aplicadas, actividad que resulta de la mayor trascendencia si se toma en cuenta que en los últimos 20 años el país ha perdido 65 por ciento de la superficie cubierta por manglares y se estima que cada año se deforestan 9 mil 913 hectáreas de manglar.

Además en Balandra se han identificado 72 especies de microalgas, de las cuales 46 pertenecen a la división Rhodophyta, 14 a la división Chlorophyta y 12 a la división Phaeophyta, destacando las siguientes : Caulerpa sertularioides (verano), Cladophora stimpsonii (verano), Acetabularia calacyculus (verano) y “Morfología Funcional de mantos de rodolitos en Baja California Sur” . Enteromorpha clathrata (invierno).

De igual forma, dentro y en las inmediaciones del estero de Balandra se encuentra un importante número de especies de flora y fauna silvestre protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Entre los mamíferos marinos destacan: el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) sujeto a protección especial; el león marino de California ( Zalophus californianus); las ballenas: de Bryde ( Balaenoptera edén), Azul (Balaenoptera musculus), de Aleta ( Balaenoptera physalus), Jorobada ( Megaptera novaeangliae), Gris ( Eschrichtius robustus), todas ellas sujetas a protección especial; la Orca ( Orcinus orca), sujeta a protección especial; el tiburón ballena (Rhincodon typus), amenazado. También se han detectado colonias de tortuga laúd ( Dermochelys coriacea) y tortuga carey ( Eretmochelys imbricata), ambas en peligro de extinción.

Por lo que se refiere a las aves destacan el bobo patas azules ( Saula nebouxii), el bobo café ( Saula leucogaster), la gaviota ploma ( Larus heermanni), sujeta a protección especial; la gaviota parda ( Larus livens) sujeta a protección especial; el pelícano café ( Pelecanus occidentales), que en esta zona y sus inmediaciones tiene colonias de reproducción; la garza gris ( Egretta rufescens), sujeta a protección especial; la garza rufa ( Larus heemanni), sujeta a protección especial, entre otras.

En cuanto a la ictiofauna, un estudio revela que en el estero de Balandra, así como en los de Enfermería y Zacatecas, ubicados también en La Paz :“...estuvo compuesta por 53 especies, de las cuales cerca de 40 por ciento fueron visitantes excepcionales, indicando la existencia de una elevada dinámica en estos sistemas. La mayor diversidad se registró en Balandra posiblemente por la influencia oceánica a que está sometida en contraste con los otros dos sitios estudiados.” Pero no sólo eso, sino que en dicho estudio quedó científicamente comprobado que el estero de Balandra sirve como área de reclutamiento y crecimiento de juveniles de especies de alto valor ecológico y comercial, incluyendo pargos, cabrillas, lisas y mojarras.

El reconocimiento a la riqueza biológica y singularidad del estero de Balandra ha trascendido fronteras toda vez que se ha incluido a las Áreas Prioritarias Marinas para la Conservación de América del Norte, concretamente al área APC-24 “Corredor Los Cabos/Loreto”. Asimismo el estero está comprendido dentro de la región marina prioritaria RMP-10 “Complejo Insular Baja California Sur”. Aunado a lo anterior, en el año de 2004, el ayuntamiento de La Paz lo decretó como área natural protegida con categoría de zona de conservación ecológica y de interés de la comunidad, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente del Estado de Baja California Sur.

Balandra es considerado un activo natural importante del estado de Baja California Sur y del norte de México, ya que en el área se enlazan y acoplan procesos ecológicos acuáticos y terrestres de cuya continuidad depende la cadena evolutiva y la conservación de los servicios ambientales que benefician al hombre. Balandra ofrece a los habitantes de la ciudad de La Paz y al turismo la experiencia de disfrutar de una playa prístina, con paisajes terrestres y costeros aún no modificados por el desarrollo inmobiliario u otro tipo de infraestructura, con un potencial en recursos naturales aún posibles de ser conservados.

Se ha evaluado que el conjunto de elementos que conforman el humedal de Balandra se encuentran en buen estado de conservación, ecológica, sólo amenazado por las prácticas de desarrollo humano costero vigentes.

Balandra, es uno de los pocos manglares no contaminados representativos de regiones áridas que quedan en el mundo, lo que ha beneficiado a especies de flora y fauna tanto terrestres como marinas, por lo que el 2 de febrero de 2008 se declaró el área como el sitio Ramsar número 1767.

Para fortalecer e incluir al régimen de protección al integro de elementos que comprenden al ecosistema de Balandra desde hace varios años el Partido Verde ha exhortado al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que realizará los estudios previos justificativos que permitieran emitir la declaratoria de área natural protegida del estero de Balandra, por lo cual el 1 de febrero de 2008 la Conanp publicó en el Diario Oficial de la Federación, aviso mediante el cual concluye que la región conocida como Balandra reúne los requisitos necesarios para declararla como área natural protegida federal para el disfrute de las generaciones presentes y futuras.

La manifestación de impacto regulatorio por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) establece que durante “el periodo en que los estudios estuvieron a disposición del público, Conanp recibió información técnica proporcionada por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, proponiendo la ampliación de la superficie del área.

Una vez que fue analizada la proposición remitida y realizando algunas adecuaciones basadas en la práctica, el conocimiento del terreno y la delimitación de las subcuencas y microcuencas existentes en el sitio, esta comisión nacional, concluye que es necesario ampliar la superficie originalmente propuesta de 2 mil 131 hectáreas a 2 mil 512 hectáreas, incluyendo a la poligonal del área natural protegida (ANP): el estero Bahía Falsa, la playa El Tesoro, Puerto Gato, Punta Colorada, además de una porción marina adyacente a estos sitios, lo que significa un incremento de 17.8 por ciento de ecosistemas trascendentales para garantizar la conservación del mayor número de rasgos morfológicos interconectados y la conectividad entre hábitat, aplicando esquemas estrictos de protección.”

Como se ha expuesto, el Partido Verde ha impulsado el proceso de declaratoria de área natural protegida de Balandra, desde hace varios años, lo cierto es que al día de hoy y pesé a contar con los elementos suficientes, el gobierno federal no ha emitido dicha declaratoria, por lo cual de conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que lo antes posible publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara como área natural protegida con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna a Balandra.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

INDUSTRIA MINERA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS, de la Sedesol, de la Sener y de la SE a implantar un programa de evaluación sobre seguridad y salud en la industria minera, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Martha Beatriz Córdova Bernal, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país tiene un fuerte dominio a nivel internacional en el tema minero, propiciado por la ubicación en que se encuentra, sobre una fuente volcánica con alta riqueza de minerales.

La concentración del músculo minero es evidente en estados como Sonora, Zacatecas, Durango, Michoacán, Coahuila, San Luis Potosí e indudablemente Chihuahua.

La importancia que tiene este sector para la economía es basta, así como los conflictos por cuestiones de salud, seguridad, relaciones laborales, etcétera.

Estas pugnas se han convertido en verdaderos problemas entre los sindicatos representantes de los trabajadores, las empresas y los gobiernos federal, estatal y local.

En contraste el presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas, José Martínez, expresó que el sector minero se encuentra en momentos inmejorables, pues se catapulta como el primer lugar a nivel Latinoamérica y el cuarto sitio a nivel mundial en recepción de inversión extranjera.

Expresó que estos niveles de captación de inversión han permitido ubicar al sector como el tercero en generación de ingresos en el país al atraer 22 mil millones de dólares, tan sólo en 2011, esto sólo por debajo de la industria automotriz y los ingresos petroleros.

Los ingresos de la minería superaron a los provenientes del turismo, este margen de ganancias no se refleja en los sectores más vulnerables de la sociedad, esto debido a que la mayoría de las compañías son extranjeras y un margen grande de estas proviene de Canadá.

Otro aspecto relevante es que en la mayoría de países de Latinoamérica con presencia en este sector las empresas tienen obligaciones fiscales proporcionales a sus márgenes de ganancia, mientras que en México sólo están obligadas a erogar lo que se denomina derecho de explotación, lo que hace verdaderamente atractivo invertir en el país.

Según datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), el desarrollo de la minera canadiense Gold Corp, se debe a las grandes ventajas que nuestro país otorga a la industria minera, entre los que destacan el gran apoyo por parte del gobierno y la estructura impositiva favorable.

Expresa el mismo estudio que los derechos cobrados a las compañías mineras son de entre 5 a 11 pesos por hectárea explotada, sin pasar por alto que los impuestos por extracción son nulos, en comparación con otros países que llegan a cobrar hasta 18.5 por ciento de presupuesto.

Mientras que las empresas continúan acrecentando sus márgenes de ingreso y ganancia en el país, existen datos que señalan que el salario de un minero en el área de extracción de carbón, oscila los 3 mil pesos mensuales.

Las ganancias promedio de un obrero se ubican entre 400 y 800 pesos semanales, esto depende directamente de la cantidad de minerales extraídos durante una jornada de 8 horas de trabajo.

Sumemos a lo anterior las condiciones de trabajo bajo pésimos estándares de seguridad e higiene, la carencia de prestaciones y un bajo perfil profesional.

Según cifras del Censo Trimestral de Empleo y Salarios de Estados Unidos, un minero de ese país gana a la semana 751.24 dólares, debe contar con un perfil específico que estipula 45 años de edad y un mínimo de 24 horas de entrenamiento en áreas de seguridad.

Los empresarios mineros incurren en faltas graves en perjuicio de los trabajadores y de las instituciones públicas, esto quedó al descubierto en el accidente donde perdieron la vida siete trabajadores de la mina de carbón El Progreso , en Coahuila. Las faltas que cometieron están estipuladas en el artículo 307 de la Ley del Seguro Social, donde las compañías mineras caen en la comisión del delito de defraudación a los regímenes del Seguro Social, por la probable omisión de informes de registro al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Quién no recuerda el desastre minero de Pasta de Conchos? En el cual murieron 65 personas, lo lamentable de este acontecimiento es que existen referencias de que los mineros habían estado en huelga en contra de Grupo México al menos 14 veces antes de que ocurriera el incidente, sus principales peticiones eran incrementos de salario, pero sobre todo apelaban a la constante negativa de las autoridades a revisar las medidas de seguridad y salud que prevalecían.

De ese trágico accidente podemos rescatar la existencia de un documento emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que solicita al gobierno mexicano que se implementen y, sobre todo, que se cumplan las normas de seguridad de tal forma que se pueda defender a los trabajadores de los casos de siniestros.

La NOM 032 surgida del accidente en Pasta de Conchos referente a minas subterráneas de carbón fue solo un paliativo, dado que los accidentes siguen cobrando vidas.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Energía, y de Economía, para que se implemente un programa de evaluación, relativo a la industria minera en los temas de seguridad y salud.

Segundo. Basado en los resultados del programa de evaluación, se exhorta a las secretarías antes señaladas, para que adopten medidas de prevención y corrección de los evidentes peligros en seguridad y salud que afecten a los mineros.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Economía, para que estudie con detenimiento el cumplimiento de las reglas de operación de los concesionarios de minas y en caso de incumplimiento, aplicar las medidas y sanciones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Economía, para dictamen.

ADULTOS MAYORES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a establecer medidas para promover y privilegiar la dignidad de los adultos mayores, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente al Ejecutivo federal y Ejecutivos estatales que establezcan las medidas necesarias a fin de promover y privilegiar la dignificación del adulto mayor, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La vertiginosa dinámica social nos ha obligado como nación, y por mandato constitucional que establece que todos somos iguales ante la ley y consagra el derecho de acceso a una vida digna; a realizar un adecuado ejercicio de observancia sobre las necesidades especificas de toda nuestra población que la compone, requerimientos que no sólo atiendan diferencias derivadas del género, sino también de la pluralidad que se motiva resultado de distintas formas de pensar, expresarse, relacionarse e incluso de aquellas surgidas por la edad.

Es así que tenemos requerimientos específicos de carácter políticos, sociales, de servicios, económicos, culturales, entre otros; que deben de atender y responder a sectores de la población identificados y claramente diversos en su composición, finalmente es en la tolerancia hacia la diversidad donde radica la fortaleza y solidez de cualquier sociedad.

Sólo por mencionar algunos rubros específicos de la población como niños, jóvenes, mujeres, hombres, de cuidad o zonas rurales, padres de familia, solteros, con preferencias diferentes, en edad laboral, estudiantes, asalariados, de la economía informal, jefas o jefes de familia, con capacidades diferentes y también, y no menos importantes, adultos mayores; son la pluralidad que compone nuestra sociedad y que como tal debemos de asumir el compromiso y la capacidad de proveer los satisfactores necesarios para de-sarrollarse en plenitud en las mejores condiciones posibles y favorables.

En nuestro país, desafortunadamente como sociedad no hemos solventado deudas históricas con muchos de estos sectores que no hemos atendido del todo. En especial con los adultos mayores tenemos todavía muchos rezagos en materia de atención, procuración, integración en distintos ámbitos, e incluso en procesos de dignificación en sus condiciones de vida y reconocimiento a sus capacidades.

Además, junto a esto tenemos aspectos coyunturales que agravan aún más la precariedad a la que se enfrenta esta población, por ejemplo: nuestros servicios de salud no garantizan la atención integral que necesita este sector en respuesta a patologías propias de su edad, como tampoco con los estándares de atención profesional y personalizada que ameritan; o que el Estado en sus tres niveles de gobierno no les provee de los espacios o estancias establecidas exclusivamente para su atención.

La situación se torna alarmante si observamos la tendencia en nuestro país de un marcado envejecimiento en su población, que pronostica que para el año 2030 habrá más adultos mayores que menores de 15 años y para 2050 habrá más del doble de la cantidad de adultos mayores de 60 años que hoy tenemos; es decir un 30% del total de nuestra población estará en este segmento poblacional.

Aunado a lo anterior y según datos estadísticos, de cada 100 hogares en nuestro territorio, 27 tienen al menos una persona de 60 años o más, existen cerca de 11 millones de adultos mayores, es decir 11 de cada 100 mexicanos tienen al menos 60 años y al día cerca de 850 habitantes llegan a esta edad y por ende cada año tenemos cerca de 306 mil nuevos adultos mayores.

Asimismo, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores “tres millones de adultos mayores se hallan dentro de la población económicamente activa, pero de éstos, cerca de dos millones trabajan en el sector informal, sin sueldo fijo, sin seguro ni prestaciones, y sólo uno de cada cinco recibe una pensión”.

Además de este total, las cifras muestran que aproximadamente siete millones de adultos mayores se encuentran en condición de pobreza, aproximadamente un millón de esta población se encuentra en condiciones de pobreza y marginación extrema y poco más de millón y medio de este total, presenta alguna discapacidad que los excluye todavía más.

Cabe señalar que del total de las personas de 60 años y más 12 por ciento viven solas, el 70 por ciento de estos mexicanos tiene prevalencia de cuadros de diabetes mellitus no insulinodependiente que le implican ingresos hospitalarios y atención médica-especializada focalizada, el 80 por ciento ha sufrido alguna manifestación de violencia en cualquiera de sus formas donde cerca del 60 por ciento de estas expresiones violentas provienen de sus familiares principalmente de sus hijos o nietos, y finalmente, el 90 por ciento de las personas adultas mayores en nuestro país sufren discriminación por su edad.

Concretamente, tenemos que reconocer no solo como legisladores sino como sociedad en su conjunto, que los adultos mayores en México viven en una comunidad que los vuelve invisibles, que los excluye y que los asume como si estuvieran fuera de contexto y ajenos a ella.

A los adultos mayores sin importar su condición o clase en nuestro territorio, se les niegan sus derechos básicos establecidos internacionalmente como:

• El derecho a ser tratado en todo con dignidad y respeto.

• El derecho a participar enteramente y libremente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar, desarrollo y futuro.

• El derecho al acceso a condiciones dignas de vida con el disfrute de un estándar adecuado, incluyendo rubros como la alimentación, vivienda, vestimenta y esparcimiento.

• El derecho a la no discriminación por cuestiones de edad u otro estatus, en todos los aspectos de la vida, incluyendo el acceso al ámbito laboral, acceso a vivienda, cuidado, atención, prevención y procuración de su salud y el goce de servicios sociales básicos.

• El derecho a altos estándares de servicios profesionales y especializados médicos de salud.

• El derecho de protección institucional ante cualquier rechazo o cualquier tipo de abuso físico o mental.

• El derecho a la cobertura integral de seguridad social, asistencia y protección.

• El derecho al disfrute y acceso a una amplia y activa participación en todos los aspectos de su desarrollo tanto social, económico, político y cultural de la sociedad y entorno al que pertenecen.

Desde esta soberanía, debemos de asumir que en nuestro país los adultos mayores son sometidos, sufren o experimentan situaciones graves de segregación y rechazo del núcleo familiar, despojo de sus bienes patrimoniales, intimidación y amenaza física, psicológica y emocional, pobreza, exclusión y aislamiento social, discriminación general, violencia en todas sus expresiones, explotación y abuso en todas sus formas.

Tienen un acceso nulo o en el mejor de los casos limitado a servicios sociales, de procuración y seguimiento a su salud; carecen de espacios públicos destinados a ellos, de estancias gratuitas auspiciadas por el gobierno y un marco adecuado que les provea información, protección y asistencia legal, y también de amplios instrumentos legales e institucionales que castiguen los principales tipos de maltrato que sufren y que entre otros son:

• Un maltrato físico repetitivo enfocado en causarles dolor o lesiones visibles de poca, mediana o prolongada permanencia.

• Coerción física mediante el uso o no de fuerza y la restricción de su libertad de movimiento.

• Un maltrato psicológico y emocional con acciones o actitudes que les producen sufrimiento y daño reiterativo.

• Abuso económico o material que los somete a explotación de sus recursos en forma ilícita o a la utilización, disposición o disfrute de terceros sin su autorización de sus bienes o propiedades.

• Abuso sexual que los obliga a mantener contacto sexual no consentido de cualquier tipo con otra persona.

• Y finalmente al descuido y negligencia consciente e intencional que les niega o los excluye de la atención a su persona y alcance de la satisfacción de sus necesidades especificas.

En resumen, estamos permitiendo la permanencia y el desarrollo de una sociedad cada vez más insensible ante su población adulta mayor; que carece de instituciones, acciones, políticas y programas exclusivos y necesarios para brindarles una atención integral y no solo de subsistencia, que no prevén medidas de sensibilización y respeto a sus demandas, problemas y requerimientos específicos para su desarrollo e incluso desplazamiento físico. Carecemos de los mecanismos y protocolos institucionales, incluso en nuestras dependencias gubernamentales, que les faciliten su inserción amplia en la dinámica política, social, económica, laboral, educativa y cultura, solo por mencionar algunas. Y sobre todo carecemos de los instrumentos necesarios y mínimamente indispensables para proteger sus derechos.

Necesitamos urgentemente desde nuestras instituciones y en corresponsabilidad con la sociedad, el construir específicamente para los adultos mayores en nuestro país protocolos de convivencia civilizada en el marco del respeto irrestricto, de la solidaridad consecuente, y de una amplia cobertura de protección, promoción y reconocimiento social. Finalmente esta soberanía debe de impulsar la elaboración de protocolos, políticas, estrategias y acciones afirmativas que privilegien el respaldo comunitario a este sector en especial, posicionándolos en el lugar aventajado que su experiencia intergeneracional, sus conocimientos de vida y la sabiduría que los años de vida les provee.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de todas las Entidades Federativas a crear, aplicar, mantener y promover protocolos para la protección de los derechos, el respeto a su integridad, la protección a su dignidad, autonomía, pensamiento y la eliminación de todas formas de discriminación contra los adultos mayores; que deberán de ser de observancia general y obligatoria en la elaboración y ejecución de políticas públicas, programas sociales y servicios de atención a este sector especifico de la población.

Artículo Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instalar en todas las entidades federativas estancias gratuitas para la atención del adulto mayor, que brinden atención médica-geriátrica básica de primera instancia, protección, apoyo, orientación jurídica y defensa contra la discriminación, maltrato, explotación o abandono y promoción de sus derechos.

Artículo tercero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a establecer en los sistemas de atención, servicios y centros de salud federales, estatales y municipales; la obligatoriedad por parte del personal médico de reportar toda señal física de maltrato en los adultos mayores; creando los mecanismos interinstitucionales para proceder a la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de noviembre de 2012.— Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a elaborar la NOM e implantar programas y políticas que garanticen el desplazamiento y la accesibilidad de las personas con discapacidad en el transporte público, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia para, exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a elaborar la norma oficial mexicana e implantar programas y políticas que garanticen el desplazamiento y la accesibilidad al transporte público de las personas con discapacidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Todos los seres humanos estamos dotados de la misma dignidad, en cuanto a que somos personas, entes racionales dotados de valores intrínsecos, sin distinción alguna.

A raíz de la importante reforma constitucional en materia de derechos humanos en el país, promulgada el 9 de junio de 2011, se incorporó a la Carta Magna un abanico de derechos contenidos en tratados y convenios internacionales que abarcan a toda la sociedad, pero que particularmente van dirigidos a aquellos grupos y sectores de la población que han visto vulnerados, violentados o retrasados sus derechos en razón de su condición social, género, raza, creencias religiosas, preferencia sexual o discapacidades.

La misma reforma estableció, además, obligaciones específicas para quienes somos los responsables de salvaguardar esos derechos, es decir, las instituciones del Estado mexicano. Al Poder Legislativo, por tanto, en el ámbito de nuestra competencia, nos corresponde legislar y dotar de presupuestos para garantizar que esos derechos cuenten con mecanismos eficaces que los hagan exigibles para todas las personas.

En consecuencia, la tarea legislativa que procede, en una visión garantista del derecho mexicano, es iniciar un proceso de armonización entre los derechos contenidos en tratados y convenios internacionales, ratificados por México, en materia de derechos humanos, y nuestras leyes, para hacer de éstas mecanismos específicos para el ejercicio y goce de esos derechos.

La armonización legislativa implica un proceso minucioso de revisión del contenido tanto de tratados y convenios, como de las leyes a fin de que cada una se adecue al nuevo marco constitucional, por tanto requerirá de importantes esfuerzos para ir incorporando uno a uno los mecanismos legales que permitan garantizarlos.

El contenido de estos puntos de acuerdo es justamente la de contribuir al proceso de armonización en un tema sensible y prioritario como es la accesibilidad y desplazamiento para las personas con discapacidad.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la marginación y vulnerabilidad social en la que se encuentra la población con discapacidad, se pueden observar situaciones como las siguientes: el desempleo para este grupo de población es entre dos y tres veces más elevado que el de las personas sin discapacidad; no existe un sistema de transporte accesible en los países, ni legislación referente al acceso a los edificios, además de la discriminación a la que se enfrentan diariamente.

Como tal, la movilidad tiene un vínculo real y vigente con el respeto y garantía de todos los derechos humanos de las personas. Recordemos que el derecho al libre tránsito, esto es, al podernos desplazar a nuestra voluntad, es uno de los derechos fundamentales, derivado del derecho a la libertad, que nos reconoce nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11, como en las Declaraciones, Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 13 y 8, respectivamente, las cuales son normas supremas para los mexicanos.

En congruencia con lo anterior, la accesibilidad y el desplazamiento son necesarios para garantizar otros derechos como el del trabajo, la salud, la educación, el deporte y esparcimiento, entre otros, pues todos ellos implican tener movilidad para desplazarse y poder hacerlos efectivos.

La accesibilidad a los inmuebles, las formas y costos de transportación, la disposición de servicios y atención especializada, así como la posibilidad de contar con personal capacitado para la atención de las personas con diversos tipos de discapacidad, así como el desplazamiento, para poder hacerlos una realidad, son factores decisivos en la integración social de las personas con discapacidad, pero sobre todo para poder alcanzar su propio desarrollo al que tienen derecho, sin distinción.

Por ello deviene necesario que la ley sea el instrumento para equiparar los derechos entre los seres humanos con y sin discapacidad. De acuerdo con la ONU “Equiparación de oportunidades” significa “el proceso mediante el cual el sistema general de la sociedad ?tal como el medio físico y cultural, la vivienda y el transporte, los servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas las instalaciones deportivas y de recreo, hacerlas accesible para todos”.

Hacer esto una realidad es parte, sin duda, de nuestra responsabilidad, que hoy la vida nos da la maravillosa oportunidad de afrontar con la más absoluta convicción y congruencia.

Por el carácter progresivo de los derechos humanos y debido a un importante activismo de organizaciones de la sociedad civil, se ha venido avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que hasta hace poco eran vistas, desde el punto de vista legal, sólo como sujetas de tutelaje, es decir no se les concedían capacidades propias para ejercer todos sus derechos, sin dejar de reconocer la deleznable discriminación y violación de sus derechos humanos, que sufren las personas con discapacidad.

El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y suscrita por México el 30 de marzo de 2007 y ratificada el 17 de diciembre del año.

La convención establece que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, es decir, que todas las personas con discapacidad son iguales ante la ley. Refiere que esto se aplica a todas las mujeres, niñas y niños que presenten discapacidades.

Esta convención es el resultado de un largo proceso, en el que participaron varios actores: Estados miembros de la ONU, observadores, cuerpos y organizaciones importantes de esta organización, relator especial sobre discapacidad, instituciones de derechos humanos nacionales, y organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.

Este instrumento supone importantes consecuencias para las personas con discapacidad, y entre las principales se destaca la “visibilidad” de este grupo dentro del sistema de protección de derechos humanos de la ONU, la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.

Aunque no hay una definición universalmente aceptada de discapacidad en la convención, sin embargo, establece en el artículo 1o.:

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Es importante destacar los principios generales de la convención, establecidos en el artículo 3o.:

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;

b) La no discriminación;

La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas;

e) La igualdad de oportunidades;

f) La accesibilidad;

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; y

h) El respeto de la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar la identidad.

De esos principios se desprenden las responsabilidades que el poder legislativo tiene para poder garantizarlos, y respecto al tema de estos puntos de acuerdo, se especifica la necesidad de garantizar la accesibilidad que, como se ha visto antes, se hace necesaria para evitar la discriminación y hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

Sólo para dimensionar la gravedad e injusticia de la discriminación existente, para quienes conforman el sector social tan vulnerable como lo es el de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, la ONU señaló que en el mes de septiembre del año anterior, eran más de 7 mil millones de personas en el mundo, de las que 10 por ciento presenta discapacidad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud señaló que son más de mil millones de personas. Lo anterior representaría que en el país tendríamos más de 12 millones de personas con algún tipo de discapacidad.

A escala mundial, la pirámide poblacional tiende a invertirse, por lo cual tendremos más personas de la edad de oro, de los cuales un número importante de ellos podrán alcanzar algún tipo de discapacidad en forma natural.

Dotar de mecanismo para la accesibilidad y desplazamiento de las personas con discapacidad tiene el objetivo de cambiar la visión meramente asistencialista que se ha desa-rrollado en torno a este grupo de la sociedad, con el fin de equiparar las oportunidades que les permitan su plena integración a la sociedad, y ejercer sus derechos plenamente, a efecto de lograr su desarrollo integral.

En congruencia con lo anterior, la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad establece la obligatoriedad de dictar a las Instituciones Públicas las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las persona con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, el entorno físico, el transporte, tanto en zonas urbanas como rurales.

Derivado de lo anterior, el artículo 19 de dicho ordenamiento constriñe a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a promover el derecho de las personas con discapacidad sin discriminación de ningún tipo al acceso al transporte, debiendo tanto en las unidades como en las instalaciones del transporte público garantizar a las personas con discapacidad la accesibilidad para su desplazamiento y utilización de dichos servicios, contando con personal capacitado.

La ley de inclusión obliga a dicha dependencia federal a implantar campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto para las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos evitando así cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte aéreo, terrestre o marítimo.

Por otra parte la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal prevé a su vez que le corresponde en consecuencia la planeación y formulación de las políticas y programas para el desarrollo de los servicios de autotransporte federal así como de sus servicios auxiliares, expidiendo las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes, así como de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares.

Fundamento legal

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1o. y 11, que consagran el ejercicio de los derechos fundamentales y este último particularmente al de libre tránsito.

2. Declaraciones Americana, de los Derechos y Deberes del Hombre, y Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 8 y 11, respectivamente.

3. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece en el artículo 9 lo siguiente:

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; y

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

2. Los Estados parte también adoptarán las medidas pertinentes para, desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público.

4. Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, en los artículos 2, fracciones I y IX; 3; 5; fracción VI; y 19, fracciones II y III.

5. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con base en lo anterior se somete a consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implantar políticas públicas tendentes a respetar el derecho de las personas con discapacidad que les permita la accesibilidad tanto en las unidades de transporte público como en la de los servicios auxiliares.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a elaborar la norma oficial mexicana que considere los principios y requerimientos que establece la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el ámbito de su competencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

MAIZ TRANSGENICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a detener por el Senasica las solicitudes de autorización para la siembra de maíz transgénico en Sinaloa y Tamaulipas, a cargo del diputado Sergio Torres Félix, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Sergio Torres Félix, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cultivo del maíz es una herencia ancestral. En el país se producen cerca de 21 millones de toneladas de maíz blanco y amarillo. El estado de Sinaloa es llamado “el granero de México”, debido a que es el mayor productor y de la mejor calidad de maíz blanco en el territorio, contribuyendo al mercado nacional con el 20%, su producción es alrededor de 6 millones de toneladas.

Los transgénicos son productos que ya existen pero que se les manipula genéticamente por medio de métodos biotecnológicos, con la finalidad de convertirlos en más nutritivos y resistentes a las severidades del medio ambiente. El maíz es uno de los primeros granos y el que más se ha manipulado genéticamente.

Un estudio realizado por el biólogo francés Gilles-Eric, arrojó que una variante de semilla transgénica de maíz de la transnacional Monsanto, provocó cáncer de hígado, infertilidad y otros daños físicos a ratas de laboratorio.

Otro estudio publicado en la revista Food and Chemical Toxicology, encontró que las ratas que fueron alimentadas con maíz transgénico, desarrollaron tumores mamarios masivos, daño renal y hepático.

A pesar de la publicación de dichos estudios, en el mes de octubre del presente año, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) recibió solicitudes para la siembra de maíz transgénico de parte de las empresas Monsanto y PHI México. Los documentos manifiestan la intensión de realizar el cultivo principalmente en los estados de Sinaloa y Tamaulipas.

La empresa Monsanto pretende sembrar 700 mil hectáreas del estado de Sinaloa. La empresa Pionner Hi-Bred International desea cultivar 351, 284 hectáreas en el estado de Tamaulipas.

Cabe señalar, que la empresa Monsanto está enfrentando una demanda en Estados Unidos, porque sus semillas transgénicas están resultando más costosas por la aparición de malezas resistente, la degradación de la calidad del suelo, la reducción del contenido nutriente y la disminución de los rendimientos de los cultivos.

El Presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad declaró  “las cantidades de maíz que come un austriaco o un francés no son para preocupar, pero nosotros, que desayunamos, comemos y cenamos maíz, sobre todo en los grupos más pobres, el riesgo es muy diferente”. Estamos plenamente de acuerdo con él.

Somos altos consumidores de maíz, nuestro país es el principal consumidor de tortilla en el mundo, pues se estima que este producto es absorbido por el 94% de la población, por lo que el volumen de producción y consumo es cercano a los 12 millones de toneladas de tortilla por año.

Además, de este grano dependen casi 702 productos que la gente encuentra en los mercados y supermercados, como son los aceites vegetales, harinas, así como las carnes de pollo y res que en sus procesos utilizan semillas y granos.

Por ello, debemos actuar para detener las solicitudes de las empresas Monsanto y PHI México que pretenden obtener permisos para la liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado en los Estados de Sinaloa y Tamaulipas, perjudicando a los campesinos que cultivan el maíz original y orillando a los consumidores mexicanos a tener un riesgo en la salud.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Sagarpa, para que a través de la Senasica, detenga las solicitudes de autorización para la siembra de maíz transgénico en los estados de Sinaloa y Tamaulipas, para beneficio de los agricultores y la salud de los mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputado Sergio Torres Félix (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

ESTADO DE CHIHUAHUA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SHCP, de la Sedesol, del Conapo y del Inegi que reconozcan, incluyan y consideren zonas metropolitanas Delicias, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, Chihuahua, así como sus áreas o municipios conurbados, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputadas y diputados federales del estado de Chihuahua, Kamel Athie Flores, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Minerva Castillo Rodríguez, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Abraham Montes Alvarado, Luis Alfredo Murguía Lardizábal y Diana Karina Velázquez Ramírez, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de delimitación de zonas metropolitanas no es ajeno. A partir de 1940 la urbanización y expansión física derivada del éxodo campo-ciudad, dieron paso a la conformación de diferentes metrópolis dentro del territorio nacional.

En el año de 1976 el constituyente reforma la Ley Suprema para reconocer la existencia de los Municipios conurbados y asegurar, así, la eficaz prestación de los servicios públicos; competencia de éste orden de gobierno, ello en el Artículo 115 Constitucional.

Al mismo tiempo, debemos reconocer que en nuestro país siguen persistiendo serias desigualdades entre regiones y grupos sociales, que requieren mayores esfuerzos para aprovechar racionalmente los recursos naturales y para incrementar la infraestructura que permita abrir nuevas y mejores oportunidades a todos los sectores productivos.

En los últimos años la concentración humana en las ciudades se ha llevado a cabo a través de procesos económicos y sociales atractivos, que han posibilitado una alta ocupación del territorio de éstas. La población mundial vive hoy más en entornos urbanos que rurales. De esta manera, las ciudades hoy en día, con base en los paradigmas impuestos por el modelo globalizador, se han ido convirtiendo en polos de competencia entre ellas que les obliga a enfrentar retos y buscar oportunidades para poder descollar en el contexto de la economía mundial. Además, en las ciudades existe una permanente búsqueda de mejores espacios para la convivencia, cultura y creatividad. Esto, aunado al enorme reto de abastecer de infraestructura básica y servicios que generan estas aglomeraciones.

Entrando en materia, es de citarse que entre los elementos más importantes en la composición, definición y delimitación de una zona metropolitana se encuentra:, que está formada por una ciudad con una fuerte concentración demográfica (ciudad central o núcleo central), la cual gradualmente expande su influencia dominante socioeconómica y política hacia una o varias Ciudades o Municipios que, de alguna forma u otra, establecen una relación de dependencia hacia la primera con motivo de la alta concentración de actividades económicas, laborales y de servicios las hace dependientes de la primera.

También se toman en cuenta las unidades administrativas que por su carácter estratégico forman parte de la Zona Metropolitana, la funcionalidad entre la periferia y el núcleo central, así como el volumen de su población.

En 2003-2004, en México se crea un grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población, y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (SEDESOL-CONAPO-INEGI); se identificaron 55 zonas metropolitanas a nivel nacional entre las que, por el volumen de población, destacan las del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala y Toluca dentro de las primeras cinco más pobladas del año 2000.

Este mismo grupo interinstitucional, con los mismos criterios y los datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, identificó 56 zonas metropolitanas dentro del territorio nacional; se sumaron Tijuana, León, Juárez y La Laguna para alcanzar nueve metrópolis con más de un millón de habitantes, de las cuales, la Zona Metropolitana del Valle de México se encuentra en primer lugar.

Dentro de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano se define a la Zona Metropolitana,como el conjunto de dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.

Adicionalmente, se considera como Zona Metropolitana: a) todos aquellos municipios, demarcaciones territoriales o asentamientos humanos que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, y b) aquéllos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.

Considerando todo lo anterior es que, se solicita la creación e incorporación de tres nuevas Zonas Metropolitanas en el Estado de Chihuahua, como parte predominante de un sistema urbano, que ejerce una significativa influencia económica social y política, mismas que comprenderían:

1. Ciudad Delicias, conformada por los municipios de Rosales, Julimes, Meoqui y Saucillo;

2. Ciudad Hidalgo del Parral, conformada por los municipios de Valle de Zaragoza, Valle de Allende, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Villa Matamoros y Huejoitan y;

3. Ciudad Cuauhtémoc, conformada por los municipios de Carichi, Namiquipa, Riva Palacio, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Bachíniva y Guerrero.

Esto, debido a que su dinámica espacial es influenciada por la cantidad de flujos de bienes, personas y recursos financieros.

Lo anterior, demanda diversos ejercicios de planeación y gestión con el ánimo de buscar, ordenar y clarificar las acciones que permitan lograr un modelo de territorio ordenado, con la infraestructura adecuada para poder competir en mejores condiciones dentro del sistema de ciudades nacional e internacional, y así satisfacer las necesidades y demandas de sus ciudadanos, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Ciudad Delicias se ha consolidado como la tercera ciudad en importancia en el contexto estatal, tanto en el aspecto demográfico como en términos económicos, así mismo, destaca por contar con infraestructura industrial, comercial y de servicios de primer nivel.

Delicias ha comenzado a figurar como uno de los municipios con mayor calidad de vida en la entidad, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por la Organización de las Naciones Unidas. Delicias ocupa el lugar número 61 entre los 2,418 municipios del país desde 2005.

El IDH se compone de tres dimensiones: salud, educación e ingreso. Con base en este índice puede observarse que Delicias tiene un grado de desarrollo humano similar al de importantes capitales estatales como Puebla, Guadalajara, Morelia, Saltillo y Ciudad Victoria, o bien de municipios importantes como Los Cabos, Baja California Sur o Apodaca en Nuevo León. La calidad de vida ofrecida por Delicias es similar a la de estas ciudades.

En lo concerniente al Índice de Desarrollo Municipal (IDM) elaborado por la Secretaría de Gobernación, Delicias se ubica en la posición número 65 entre los 2,418 municipios de México, a partir de 2005. En éste contexto, Delicias tiene un grado de desarrollo similar a municipios importantes como Saltillo, Coahuila, municipios relevantes en su contexto estatal como Agua Prieta, Sonora; Ocotlán Jalisco y Playa del Carmen, en Quintana Roo. El desarrollo del municipio de Delicias es también equiparable a municipios incorporados a grandes zonas metropolitanas: Santa Catarina que forma parte del Área Metropolitana de Monterrey, Cuautlancigo que pertenece a la Zona Metropolitana de Puebla y Jiutepec al Área Metropolitana de Cuernavaca.

En el ámbito estatal, tanto en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como en el Índice de Desarrollo Municipal (IDM), Delicias ocupa la tercera posición en la entidad sólo detrás de los municipios de Chihuahua y Juárez, junto a Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral. El IDM se descompone en cuatro componentes: ambiental, económico, social e institucional. En el componente ambiental se evalúa la disponibilidad de servicios públicos en las viviendas, principalmente disponibilidad de agua potable y drenaje. En este componente, Delicias sobresale en la cobertura de agua potable ya que es la más alta a nivel estatal.

En el componente económico, Delicias se ubica en la tercera posición en la productividad por habitante, sólo detrás de Juárez y Chihuahua.

En el aspecto institucional el municipio de Delicias destaca por tener una elevada cantidad de ingresos propios (38% del total) lo que refleja el esfuerzo hecho por la administración municipal. En el aspecto social, Delicias registra la tasa de mortalidad infantil más baja de todo el estado, esto es gracias a la infraestructura hospitalaria existente en la ciudad que cuenta con 3 hospitales públicos (IMSS, ISSSTE y Hospital Regional) y un hospital privado (Clínica Delicias).

Delicias ha experimentado en un importante auge en el sector comercial y de entretenimiento, gracias a la llegada de franquicias nacionales e internacionales.

Delicias posee todas las comodidades e infraestructura de una ciudad media: tres parques industriales, una central de abastos, un centro de exposiciones, un complejo cultural (Teatro de la Ciudad, Museo de Paleontología y Biblioteca), un club de golf privado, excelentes hoteles, centros comerciales, restaurantes, cines así como instalaciones deportivas de primer nivel entre las que se encuentran un nuevo estadio de beisbol, tres gimnasios de basquetbol y el Parque Fundadores, parque central de la ciudad que cuenta con una ciclopista, canchas de tenis, frontón y basquetbol así como un área para deportes extremos.

En suma, se observa que Delicias es una ciudad competitiva en el plano nacional. La calidad de vida ofrecida por Delicias es similar al de algunas capitales estatales, es una ciudad media que ofrece todas las comodidades de una ciudad más grande. Los Municipios aledaños constituyen la zona agroindustrial más importante del Estado.

El desarrollo industrial se concentra principalmente en Ciudad Juárez, seguido de Chihuahua Capital, aunque también se observa un crecimiento de la industria manufacturera en las ciudades medias: Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral. La Secretaría de Economía define a siete clusters como básicos para la promoción de la actividad económica: agroindustria y alimentos; textil y confección; industria forestal; materiales para construcción; industria automotriz; electrónica y telecomunicaciones; y la industria aeronáutica.

La Región Norte concentró el 82% de los empleos perdidos en el Estado de Chihuahua en el ciclo recesivo, otras ciudades de la entidad como Chihuahua, Delicias o Cuauhtémoc fueron más exitosos en salir avante de la recesión económica, debido principalmente a la diversificación de sus actividades económicas. A nivel nacional la disminución del empleo formal fue de tan sólo - 4.8% por lo que la Región Norte con una caída de -24% estuvo muy por encima del promedio del país.

Cabe destacar que Ciudad Cuauhtémoc es la localidad con el mayor desempeño mostrando una variación promedio de 24% y un crecimiento absoluto de 28 mil 62 habitantes. En el resto del estado la tasa promedio anual desciende del 2.36% al 1.5%.

Esto es debido a que las regiones que cuentan con mayor nivel de infraestructura, ofrecen mejor prestación de servicios y, sobre todo, cuentan con una mayor diversificación de sus actividades productivas, han sorteado mejor la recesión económica induciendo grandes inmigraciones de población, tal es el caso de Cuauhtémoc, Chihuahua y Delicias.

Ciudad Cuauhtémoc, tiene una semejanza muy marcada y guardada a las debidas proporciones a una Ciudad fronteriza, el comentario anterior se desprende de la constante movilización migratoria de personas que llegan de otras regiones como municipios cercanos y más pequeños, comunidades de la sierra tarahumara, personas provenientes del sur del país y el crecimiento natural demográfico de sus mismos habitantes, provocando con esto un rápido crecimiento en su población y por consecuencia en las necesidades de sobrevivencia que tienen sus pobladores al demandar, alguna actividad económica, empleo, servicios, seguridad, educación, cultura, recreación e infraestructura.

Es importante destacar que Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral destacan dentro de las regiones económicas más importantes del Estado de Chihuahua, dentro de los sectores Agropecuario, Minería, Industria Manufacturera, Comercio y Servicios para Empresas.

Por otra parte, Ciudad Hidalgo del Parral es el centro de desarrollo regional más importante del sur del Estado de Chihuahua, su zona de influencia abarca los municipios de Allende, Balleza, Coronado, El Tule, Huejoitán, Matamoros, Santa Bárbara, San Francisco del Oro y Valle de Zaragoza.

Cuenta con una población de más de 103 mil 500 habitantes, en 112 comunidades, concentrada principalmente en la cabecera municipal.

De los recursos hidráulicos el municipio cuenta con tres acuíferos, los cuales se encuentran en equilibrio en su relación consumo, recarga.

En materia de desarrollo económico, el municipio cuenta con 5,198 unidades económicas del sector industrial y de servicios, propiciando la generación de más de 21 mil empleos formales.

De esto, se deriva la participación de la región y del municipio en el Producto Interno Bruto Estatal, donde la región participa con un 5.5 por ciento y el municipio con el 1.9 %.

En infraestructura educativa, el municipio cuenta con 153 planteles, cubriendo la demanda de oferta educativa.

En cuanto a vivienda y servicios públicos, se tienen registradas 26,827 viviendas, de las cuales más del 95 por ciento cuenta con servicios de agua potable, drenaje y electricidad.

La integración de las acciones, programas y proyectos que se realicen dentro del municipio cuentan con el respaldo de objetivos y estrategias producto de la participación del Ayuntamiento y la sociedad parralense en su conjunto, por ello, la validación de la sociedad y el compromiso del Gobierno Municipal darán frutos medibles y cuantificables.

Hidalgo del Parral, es una Ciudad Principal, no solo del Municipio, sino que se ha consolidado como el principal polo de desarrollo de la región, en infraestructura, servicios, desarrollo económico, por las condiciones actuales en la entidad y en el extranjero. Las tendencias de retorno de la población que emigró a otras ciudades del Estado y el extranjero tiene la expectativa de encontrar oportunidades en el municipio.

El desarrollo urbano ha rebasado la capacidad de contar con un crecimiento ordenado, provocando así la asfixia vial y los consecuentes accidentes.

En el municipio se cuenta con diferentes instituciones que dan servicio a sus derechohabientes, como son el IMSS, ISSSTE, Pensiones Civiles del Estado, así como instituciones particulares.

El municipio cuenta con un gran potencial de desarrollo, siendo la ciudad de Hidalgo del Parral el polo de desarrollo regional, cuenta con el potencial para convertirse en una metrópoli con zona conurbada intermunicipal, cuya economía ha evolucionado, donde el municipio se ha convertido en el centro de confluencia económica, industrial, comercial y de servicios.

El sector industrial en el municipio se encuentra incipiente, cuenta con un potencial de crecimiento en las áreas metal mecánica y automotriz, lo cual, puede detonar el empleo y el desarrollo de empresas de servicios industriales. Como áreas de oportunidad se encuentran la infraestructura, servicios y capacitación para el trabajo.

El comercio y los servicios se encuentran concentrados en la cabecera municipal, provén de bienes a toda la región, conformando así un eje de desarrollo económico para el municipio, sustento de cientos de familias parralenses.

El turismo puede desarrollarse y convertirse en otro eje del desarrollo económico de la región, cuenta con lugares que tienen el potencial para convertirse en productos turísticos de impacto regional, las Jornadas Villistas cuentan ya con el reconocimiento estatal e internacional, atrayendo cada vez a mas participantes y visitantes en el municipio.

Cada vez es mayor la cantidad de migrantes temporales que deciden establecer su residencia en el Municipio Cuauhtémoc, ocasionando con esto el nacimiento de nuevas colonias y crecimiento irregular de las ya existentes, con la consabida falta de infraestructura en vivienda y servicios básicos como agua, luz, drenaje, seguridad, educación, servicios médicos, servicios sociales.

Se observa un equilibrio económico en las actividades productivas del Municipio en comento, en el área comercial, agropecuaria, agroindustria, industria y turismo, este factor permite llevar un desarrollo económico estable durante todas las épocas del año.

Con el objeto de continuar apoyando, un Desarrollo Equilibrado, se ha contemplado dentro del Plan Estatal de Desarrollo, la realización de Infraestructura Básica, que le da sustento al resto de la Infraestructura, mediante la realización de importantes obras, que en su mayoría, ya se encuentran iniciadas y que demandan recursos para su continuación y conclusión. Estas Obras incluyen la Construcción de Carreteras Alimentadoras, la Ampliación y Modernización de Carreteras existentes, la Construcción de Carreteras Pavimentadas a Cabeceras Municipales, que aun no contaban con una Carretera Pavimentada; Construcción de Libramientos, para facilitar el paso y la conexión en los Centros Urbanos, así como la Construcción de Infraestructura Aeroportuaria con la Construcción de Aeropuertos Regionales y de Infraestructura Hidroagrícola con la Construcción de Presas. Así mismo, en conjunto con los Municipios de esta región, se han estado construyendo un buen número de Caminos Rurales Pavimentados que comunican los Centros Poblacionales de la región, dándoles acceso por una vía Pavimentada a las Carreteras Alimentadoras y Troncales del Estado, ahorrándoles tiempo y costos en los traslados.

El Estado de Chihuahua cuenta con una red carretera de 13, 104 kilómetros, distribuida de la siguiente manera: autopistas de cuatro carriles con una longitud de 1192 kilómetros, las conforman la carretera Panamericana que une Juárez, Villa Ahumada, Chihuahua, Delicias, Camargo y Jiménez que comunica a la Ciudad de Torreón, Coahuila.

En el norte del Estado, ésta comunica con El Paso, Texas, en el sur de los Estados Unidos de América; la carretera 16 parte de la capital del Estado, comunica a la región agrícola de Cuauhtémoc, y en la porción sur la carretera número 45 Hidalgo del Parral – Jiménez comunica la región minera de Parral.

Carreteras de cuota de dos carriles con una longitud de 280 kilómetros que comunica a los poblados de Ojo Laguna, Flores Magón, Galeana y Nuevo Casas Grandes; la carretera Tres Marías – Placer de Guadalupe – Potrero del Llano, de aquí se comunica por vía libre a Ojinaga; y por último la de Samalayuca – Jerónimo – Santa Teresa, comunica al Estado de Nuevo México. Se tienen 9665 kilómetros de carreteras federales y estatales de dos carriles que ha servido para impulsar la comunicación en el interior y con los Estados de Sonora, Durango y Coahuila, así como el sur de los Estados Unidos. De estas carreteras parten terracerías y brechas que comunican a otras poblaciones del interior y de Estados colindantes.

Se realizó el análisis de la distribución de las localidades al 2005 con relación a las vías de comunicación, utilizando el criterio de tomar una franja de cinco kilómetros a cada lado, arrojando los siguiente datos: el 13.67 % de las localidades están comunicadas por autopistas de cuatro carriles, corresponden a 2584148 habitantes (79.72 %), entre las principales ciudades se ubican: Juárez, Chihuahua, Delicias, Hidalgo del Parra, Cuauhtémoc, Santa Rosalía de Camargo, Mariano Jiménez, Pedro Meoquí, y Juan Aldama. La carreteras de dos carriles comunican 3814 localidades (31.43%) con 464350 habitantes (14.32 %) con las localidades de Nuevo Casas Grandes, Manuel Ojinaga, Madera, Guachochi, Ascensión, San Juanito, Col Anáhuac, Santa Bárbara, Vicente guerrero y San Buena Aventura; estos dos tipos de carreteras pavimentadas comunican 5473 localidades con 3048498 habitantes, lo que corresponde al 94.05% de la población.

Por terracerías están comunicadas 2102 localidades con 92332 habitantes lo que corresponde al 2.85% de la población de la entidad; por brecha 2894 poblados con 68895 habitantes y el 2.13% de la población, casi el 100% de las localidades de las zonas áridas y semiáridas del estado están comunicadas por brechas y terracerías.

En la Sierra Madre Occidental existen 1624 localidades con 30854 habitantes comunicados por vereda que corresponden a menos del 1% de la población del estado.

Durante el próximo año 2013 se deberá continuar con las obras que ya se encuentran en proceso, y se tendrán que iniciar algunas de las obras faltantes, para continuar apoyando a esta importante región conurbada, para facilitar su desarrollo, mediante la integración de los centros de producción y consumo.

Por las razones expuestas ante esta asamblea, las Diputadas y Diputados Federales del Estado de Chihuahua, en mérito de lo expuesto con fundamento en el artículo 79 apartado 1 fracción II y apartado 2 fracción I todos del Reglamento de la Cámara de Diputados nos dirigimos para solicitar respetuosamente se apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población, y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; todas las anteriores del Ámbito Federal; reconozcan, incluyan y consideren como Zonas Metropolitanas, a las Ciudades de Delicias, conformada por las Zonas Conurbadas ó Municipios de: Rosales, Julimes, Meoqui y Saucillo, Hidalgo del Parral y sus Zonas Conurbadas ó Municipios: Valle de Zaragoza, Valle de Allende, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Villa Matamoros y Huejoitan; y Cuauhtémoc y sus Zonas Conurbadas ó Municipios: Carichi, Namiquipa, Riva Palacio, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Bachíniva y Guerrero, todas del Estado de Chihuahua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, el 29 de septiembre de 2012.— Diputados: Kamel Athie Flores, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Minerva Castillo Rodríguez, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Abraham Montes Alvarado, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, para dictamen.

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTROS ESCOLARES PUBLICOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a realizar con la SHCP, la SEP, la Sener y la Comisión Reguladora de Energía estudios y acciones para eximir a los centros escolares públicos del pago de electricidad, a cargo del diputado Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado Roberto Ruiz Moronatti, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de México, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el ámbito de su respectiva competencia y en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Energía, y la Comisión Reguladora de Energía, realicen los estudios y acciones necesarias a fin de eximir del pago del consumo de energía eléctrica a centros escolares públicos, de todo el país al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Problemática

A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 8 de abril de 2002, del acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el que se que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y se reduce el subsidio a las tarifas domésticas, diversos sectores de la sociedad de distintas entidades federativas se manifestaron públicamente en contra de tal disposición, argumentando que ésta afecta directamente la economía de millones de familias mexicanas, particularmente a las de menores ingresos.

Dentro de las tarifas específicas se encuentran tarifas para servicio doméstico, doméstico de alto consumo, servicio público, agrícola, acuícola y temporal, mientras que dentro de las tarifas generales están las tarifas para baja, media y alta tensión, y de servicio de respaldo e interrumpible.

La gran mayoría de los centros escolares del país, se encuentran ubicadas en la tarifa 2 y 3. La primera, tiene un cargo fijo de 47.82 pesos al mes y un costo de mil 942 pesos por cada uno de los primeros 50 kilowatts-hora; 2 mil 346 pesos por cada uno de los siguientes 50 kilowatts-hora; 2 mil 580 pesos por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.

La segunda, tiene un cargo por demanda de 217.01 pesos mensuales y un costo de mil 442 pesos por cada kilowatt-hora. Si comparamos este tipo de tarifas, las que pagan las escuelas públicas, respecto a las tarifas que pagan altos consumidores como la industria o el comercio, tenemos que las tarifas para uso industrial en alta tensión son más bajas que las que pudieran pagarse en centros escolares.

Si comparamos este tipo de tarifas, las que pagan las escuelas públicas, con respecto a las tarifas que pagan altos consumidores como la industria o el comercio, tenemos que las tarifas para uso industrial en alta tensión son más bajas que las que pudieran pagarse en centros escolares. Así, la tarifa H-T aplicable para la zona central del país, tiene un cargo por “Demanda Facturable” de 96.13 pesos por cada kilowatt al mes y el cobro aplica en tres tipos de consumo: Energía Punta 2.0186 pesos por cada kilowatt-hora; Energía Intermedia 0.8667 pesos por cada kilowatt-hora; y energía base 0.7807 pesos por cada kilowatt-hora.

Lo anterior confirma, que la tarifa que pagan las escuelas públicas, en muchas ocasiones es superior a la que pagan algunas industrias.

Adicionalmente, al impacto que tienen los altos costos de la energía eléctrica en los centros escolares, estos tienen que sortear los gastos de mantenimiento y equipamiento de los planteles.

Lo anterior, no sólo provoca que las escuelas tengan que destinar más recursos para el pago de energía eléctrica que para el equipamiento del plantel.

II. Objeto de la propuesta

Es de suma importancia, que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, y la Comisión Reguladora de Energía, instituciones encargadas de modificar, ajustar y reestructurar las tarifas del servicio público de energía eléctrica, analicen y estimen la pertinencia de eximir del pago por consumo de energía eléctrica a los centros escolares públicos de todo el país.

En México, la educación pública es un derecho consagrado en nuestra constitución federal, como derecho y aspiración, obliga al Estado mexicano a realizar las acciones necesarias y que estén a su alcance para garantizar dicho derecho; por ello, el presente punto de acuerdo encuentra sustento en el artículo tercero constitucional, que señala:

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El estado (federación, estados, Distrito Federal y municipios), impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar, armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.”

Por lo expuesto y fundado, me permito proponer al pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el ámbito de su respectiva competencia y en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Energía, y la Comisión Reguladora de Energía, realicen los estudios y acciones necesarias a fin eximir del pago por consumo de energía eléctrica a los centros escolares públicos de todo el país.

Notas:

1. Fuente Comisión Federal de Electricidad.

2. Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 noviembre de 2012.— Diputado Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

MEXICANOS AFECTADOS POR FENOMENOS CLIMATICOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar un programa de apoyo y asistencia para los mexicanos afectados por los recientes fenómenos climáticos en Nueva York, Estados Unidos de América, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 numeral 1 fracción I, 79 numerales 1 fracción II, 2 fracciones I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, diputado Víctor Manuel Bautista López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Federación a instrumentar un programa de apoyo y asistencia para los mexicanos afectados por los recientes fenómenos climáticos en Nueva York, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según la segunda edición de Datos sobre emigración y remesas, estudio de 2011 del Grupo auspiciado por el Banco Mundial e integrado por Dilip Ratha, Sanket Mohapatra y Ani Silwal, Estados Unidos es el país con mayor número de inmigrantes con 43 millones de personas y México el que ocupa el porcentaje más alto de emigrantes con el 11.9 por ciento de su población que representan a cerca de 12 millones de personas, la mayoría de las cuales ha cruzado la frontera norte de nuestro país en busca de las oportunidades que aquí no encuentran.

Arturo Santamaría Gómez, de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el estudio El movimiento de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos reporta que los hispanos en su conjunto representaron en 2006 el 14.4 por ciento de la población de aquel país.

Los trabajadores inmigrantes indocumentados según el Centro Hispánico PEW, en el nivel nacional conforman 14 por ciento de los trabajadores de la construcción; 17 por ciento labora en la limpieza; 12 por ciento trabaja en restaurantes y 25 por ciento en la agricultura.

Su presencia es sumamente notoria en ciudades como Los Ángeles, San Diego, San José y San Francisco, en California; San Antonio, Houston y Dallas en Texas; Chicago, Illinois y la ciudad de Nueva York, entre otras.

Por lo que hace a esta última ciudad, los datos aportados por el mismo Centro Hispánico y citadas en el estudio La inmigración ilegal de Hans Johnson y Laura Hill, publicado en Cuestion Public Policy del Instituto de California, en Nueva York residen más de medio millón de inmigrantes, de los cuales cerca de 300 mil participaron en las históricas marchas de protestas de 2006.

Esta ciudad ha sido históricamente una de las más amables para el migrante y sobre todo para el ilegal, santuario de tolerancia y diversidad, en la que numerosas organizaciones civiles y de asistencia han desarrollado intensos trabajos para asistir a quienes arriban a ese lugar.

Ciudad en la que se presentan proyectos como la Ciudadanía de Nueva York lanzada por el alcalde Michael Bloomberg en octubre de 2011 para ayudar a empleados de la ciudad y a sus familias a obtener la ciudadanía.

Ya que según Dennis Walcott, responsable de escuelas públicas de Nueva York, “nuestros 1.1 millones de estudiantes y sus familias vienen de todos los países del mundo, hablan más de 180 idiomas diferentes y han creado el sistema escolar más diverso del país y probablemente del planeta”.

Según datos de la alcaldía, unos 30 mil padres con hijos en escuelas de la ciudad pueden optar a la ciudadanía estadounidense, aunque la falta de acceso a asistencia legal correcta y los altos costos para iniciar los trámites suponen dos grandes obstáculos.

Frente a este tipo de proyectos, otras políticas públicas como el programa Comunidades Seguras han conflictuado la convivencia de nuestros connacionales, más aún si consideramos que el Departamento de Seguridad Interna de aquella nación proyecta implementar a nivel nacional dicho programa para el 2013, lo que implicaría que la policía local comparta la base de datos con la oficina federal de inmigración.

Circunstancias gubernamentales en medio de las cuales los graves efectos provocados por el huracán Sandy, los destrozos, la paralización de servicios públicos, la destrucción de hogares, pérdidas de empleos y las grandes necesidades de subsistencia afectan el nivel de vida de la población y especialmente de la comunidad latina inmigrante.

Desgraciadamente al huracán le han seguido una serie de fenómenos atmosféricos que siguen afectando a la población en general, entre ellos la más reciente tormenta invernal que provocó la suspensión de los trabajos de protección civil y de recuperación que mantiene sin servicio eléctrico a 70 mil usuarios, que carecen de calefacción y agua caliente, problemas adicionales a la lenta repartición de ayuda.

Tenemos noticias de que en medio de esta tragedia nuestros connacionales, temiendo la aplicación de los programas de deportación, no acuden a los refugios temporales que se han establecido y tampoco acceden a la asistencia gubernamental.

Por estas razones y considerando que los mexicanos residentes en el exterior deben contar con el respaldo total de su gobierno, sobre todo aquellos que con grandes sacrificios, muchas veces enfrentando condiciones de discriminación y persecución permanentes, con su esfuerzo y trabajo siguen contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país con sus remesas.

Mexicanos a los cuales nuestras instituciones les han fallado al no garantizarles las condiciones de empleo, educación y salud que merecen y que han tenido que ir en pos de ellas trascendiendo nuestras fronteras. Razón por la cual es indispensable que el gobierno de nuestro país destine recursos para instrumentar un programa emergente de asistencia y apoyo a las personas que han perdido sus bienes y que enfrentan graves condiciones de subsistencia como resultado de las tormentas.

Porque los mexicanos residentes en Nueva York son como cualquiera de nosotros, tienen los mismos derechos y si observamos escrupulosamente el mandato consignado en el artículo primero de la Carta Magna no deben de ser discriminados por nuestras autoridades por el hecho de no residir temporalmente dentro de nuestro territorio. Emprender un programa inmediato y urgente a través de nuestro consulado en Nueva York es un imperativo ético de urgente e inmediata aplicación, porque si la contingencia hubiera ocurrido en cualquier lugar de nuestro país, se habrían liberado los recursos para la atención a desastres.

Y si bien es cierto que no podemos desplegar al ejército ni a las dependencias gubernamentales para la atención de nuestros hermanos en desgracia, si podemos destinar recursos, enviar ayuda y promover el trabajo voluntario en coordinación con las autoridades de aquel país.

De tal forma que se asista a los mexicanos residentes en las zonas afectadas y, en la medida de lo posible, al resto de las personas aquejadas por estas contingencias. Destinando recursos para el financiamiento en la reparación de sus hogares si se vieron afectados, en la gestión para que se rehabiliten los servicios y, lo más importante, en el acceso a los medios inmediatos de subsistencia.

Para lo anterior, es indispensable la labor del consulado de nuestro país en Nueva York y la estrecha colaboración con las asociaciones  civiles y sociales en aquella ciudad. Es en mérito de lo antes referido que se somete a su consideración esta proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Federación a instrumentar un programa urgente e inmediato de atención y apoyo a los mexicanos residentes en Nueva York y las zonas afectadas en Estados Unidos por los efectos del huracán Sandy y los fenómenos climáticos subsecuentes, sin importar su estatus migratorio y, de ser posible, al resto de las personas afectadas.

Segundo.Los recursos destinados para tal efecto serán utilizados del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) debiéndose adaptar los criterios de fiscalización sin dejar de garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y honestidad en el manejo de dichos recursos cuyo ejercicio deberá atender las disposiciones legales aplicables e integrarse en los informes fiscales respectivos.

Tercero.El programa se instrumentará por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del consulado de México en Nueva York, propiciando la cooperación y colaboración con las autoridades de Estados Unidos y las organizaciones civiles, sociales, fundaciones y cualquier otra con experiencia previa en la atención a las comunidades migrantes en las zonas afectadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Diputado Víctor Manuel Bautista López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

ESTADO DE QUINTANA ROO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía rechaza la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación de Quintana Roo, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD, y suscrita por diversas integrantes de la Comisión de Equidad y Género

La suscrita, diputada de esta LXII Legislatura Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados, manifiesta su rechazo a la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación de Quintana Roo, a través de manifestaciones hechas por medios de comunicación privados y públicos de Quintana Roo, asimismo exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en el ámbito de sus atribuciones investigue presuntos actos y prácticas discriminatorias que se hayan cometido.

El pasado martes 30 de octubre de 2012, la diputadas Graciela Saldaña Fraire del PRD y Alicia Ricalde Magaña del PAN, así como el diputado Silvano Blanco Deaquino, del PRD, dieron una conferencia de prensa en las instalaciones de la Cámara, para manifestar su respaldo político y hacer del conocimiento de la opinión pública, un conflicto político severo en Quintana Roo, en la que manifestaron que Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa de Tulum, se ha visto acosada con varios procedimientos legales en su contra y presiones de diversa índole que culminaron en su forzada renuncia del cargo para el que fue electa.

La conferencia de prensa tuvo una reacción de parte de diversos medios locales. El miércoles 31 de octubre diversos medios impresos de Quintana Roo publicaron notas ofensivas y misóginas en contra de las diputadas y de la ex alcaldesa. Solamente en una nota se hizo alusión a la presencia del diputado Silvano Deaquino en dicha conferencia, aunque su imagen fue omitida en la prensa porque lo que se pretendió fue hacer manifestaciones discriminatorias en contra de las de las diputadas y la ex alcaldesa.

En los medios de comunicación se utilizan encabezados como “Noche de Brujas”, refieren que una de las participantes en la conferencia tiene “insuficiencia mental”, en tanto que las otras dos participantes “son producto del voto que no se razona”. Estas notas de prensa sexistas y discriminatorias fueron difundidas en el noticiero Enfoque Radio, perteneciente al gobierno del estado.

Los actos de violencia en los medios de comunicación, de la cual hoy fueron víctimas las diputadas Saldaña y Ricalde, junto con la ciudadana Edith Mendoza, evidencian un desprecio hacia los derechos humanos de las mujeres. Las legisladoras y legisladores no podemos pasar por alto dichos agravios que atentan en contra de la investidura legislativa y constituyen una violación de derechos humanos. Los adjetivos sexistas utilizados en contra de las legisladoras y la ex alcaldesa, incitan al odio y a la violencia contra las mujeres.

Es importante resaltar que los instrumentos internacional en materia de derechos humanos prohíben expresamente la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, cuando la cometa un agente del Estado o bien un particular, como puede ser un medio de comunicación. Así, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho a la libertad de expresión pero asegurando el respeto a los derechos de las demás personas; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer reconoce el derecho a la no discriminación; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, establece el derecho a una vida libre de violencia y en la Plataforma de Acción de Pekín establece la prohibición de la utilización de materiales de contenido violento o degradante sobre la mujer en los medios de comunicación.

En consonancia con los instrumentos internacionales, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, desde junio de 2011, claramente la prohibición de toda forma de discriminación, pues se considera un menoscabo a los derechos y libertades de las personas.

En nivel internacional y nacional el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, como un reflejo del consenso que existe para realizar los esfuerzos necesarios para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. En congruencia con lo anterior, se somete a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación de Quintana Roo, a través de manifestaciones hechas por medios de comunicación privados y públicos, en especial de la que fueron víctimas las diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde Magaña, así como Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa del municipio de Tulum.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en el ámbito de sus atribuciones, investigue presuntos actos y prácticas discriminatorias que se hayan cometido en virtud de tales manifestaciones en los medios de comunicación de Quintana Roo.

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 20 de noviembre de 2012.— Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

COMISION ESPECIAL PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN MEXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la atención y prevención de las adicciones en México, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 muestra ciertos datos estadísticos que nos marcan la tendencia de posibles problemas futuros en materia de políticas públicas y derechos sociales, en particular, en los temas de salud, prevención de la violencia y delitos de alto impacto como el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Los resultados de esta encuesta nos demuestran en primer lugar, un grave incremento del consumo de alcohol en altas cantidades por una tercera parte de la población total del país. Poco más de la mitad de jóvenes y adultos entre 18 y 34 años reportan haber tenido al menos un episodio de alto consumo. Seis por ciento de la población mexicana desarrolló en tres años dependencia al alcohol, lo cual equivale a 4.9 millones de personas. Lo más preocupante es que el mayor porcentaje de población que se ha sumado a esta adicción, se encuentra en adolescentes hombres y mujeres entre 12 y 17 años.

Para dimensionar el problema, la atención a la dependencia al alcohol es el trastorno con mayor rezago, solamente el 6.8 por ciento de las personas con este padecimiento han recibido tratamiento de recuperación; el resto continúa sin ningún tipo de atención

En segundo lugar, en lo que se refiere al consumo de tabaco a nivel nacional, se estima que 17.3 millones de mexicanos entre 12 y 65 años son fumadores activos; cerca de dos millones de esas personas son adolescentes que inician su consumo en promedio a los 14 años con 4 cigarros al día.

Esta misma encuesta que se publicó recientemente, nos indica que el 1.5 por ciento de la población mexicana consumió algún tipo de narcótico en el último año. La edad promedio de inicio en el consumo de drogas disminuyó significativamente a partir de los 18 años en hombres y mujeres a partir de los 20.

La mariguana sigue siendo la droga de mayor consumo y representa el 80 por ciento del consumo total de drogas. La cocaína ocupa el segundo lugar con un usuario de cocaína por cada 2.4 usuarios de mariguana; uno de cada cinco usuarios de cocaína la consume en forma de piedra o crack.

Respecto de los adolescentes, grupo de mayor riesgo para el inicio en el consumo de drogas, los resultados del estudio ratifican una tendencia al alza en las zonas urbanas, donde el uso de estupefacientes durante el último año fue de 1.9 por ciento contra 1.5 a escala nacional.

Los efectos y consecuencias negativas del incremento de las adicciones en México pueden ser diversas y con múltiples factores. A pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Salud para prevenir y atender esta problemática social, los resultados están a la vista, cada vez un porcentaje mayor de la población nacional adquiere algún tipo de adicción y más aún, la población afectada tiene de manera gradual menor edad.

Los programas de prevención y tratamiento de las adicciones no han surtido los efectos esperados, durante más de veinte años se ha generado un incremento sostenido en la población afectada de todos los estratos sociales. Por lo que se hace necesario conocer las causas o los orígenes de estos malos resultados para poder revertirlos. Hasta el momento, los datos estadísticos demuestran que algo se está haciendo mal, quizás el problema sea de presupuesto para la cobertura de los servicios de salud o de efectividad en las campañas de prevención, lo cierto es que se requiere contar con un seguimiento y evaluación confiables que permitan la elaboración de un diagnóstico veraz y objetivo sobre las verdaderas causas del incremento en las adicciones. Incluso, para identificar los motivos por los cuales dicho incremento se genera de manera diferenciada en las distintas regiones de la República Mexicana y combatirlos de manera focalizada.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la Junta de Coordinación Política de esta LXII Legislatura y al pleno de esta Cámara que con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se considere para su aprobación los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se crea la Comisión Especial para la Atención y Prevención de las Adicciones en México, LXII Legislatura, de la Cámara de Diputados.

Segundo.El objetivo de esta comisión especial es el seguimiento y evaluación de las políticas públicas nacionales y estatales en materia de atención y prevención de las adicciones durante la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Tercero.Con base en los resultados del seguimiento y la evaluación, esta comisión especial propondrá en el ámbito de su competencia, las modificaciones o reformas a la legislación vigente para mejorar y hacer más efectiva la atención y prevención de las adicciones en todo el país.

Cuarto.La Comisión Especial para la Atención y Prevención de las Adicciones en México estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Quinto.La Comisión Especial para la Atención y Prevención de las Adicciones en México tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputados: Crystal Tovar Aragón, Salvador Romero Valencia, Manuel Añorve Baños, Lizbeth Loy Gamboa Song, Ernesto Núñez Aguilar, Eligio Cuitláhuac González Farías, Rafael González Reséndiz, David Pérez Tejada Padilla, Jaime Chris López Alvarado, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Silvano Aureoles Conejo, Agustín Miguel Alonso Raya, Trinidad Secundino Morales Vargas, Carla Guadalupe Reyes Montiel, José Antonio León Mendívil, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Jorge Salgado Parra, Gloria Bautista Cuevas, José Luis Esquivel Zalpa, José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García, María del Socorro Ceseñas Chapa, Silvano Blanco Deaquino, Joaquina Navarrete Contreras, Mario Alejandro Cuevas Mena, María del Carmen García de la Cadena Romero, José Luis Cruz Flores Gómez, Samuel Gurrión Matías, Carlos Sánchez Romero, Luis Ricardo Aldana Prieto, José Sergio Manzur Quiroga, Jorge Terán Juárez, Mauricio Sahui Rivero, José Luis Márquez Martínez, Raymundo King de la Rosa, Eduardo Román  Quian Alcocer, María de la Paloma Villaseñor Vargas, Roy Argel Gómez Olguín, Javier Filiberto Guevara González, Amalia Dolores García Medina, Antonio García Conejo, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Yesenia Nolasco Ramírez, Silvano Aureoles Conejo, Agustín Miguel Alonso Raya, Trinidad Secundino Morales Vargas, Carla Guadalupe Reyes Montiel, José Antonio León Mendívil, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Jorge Salgado Parra, Gloria Bautista Cuevas, José Luis Esquivel Zalpa, José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García, María del Socorro Ceseñas Chapa, Silvano Blanco Deaquino, Joaquina Navarrete Contreras, Mario Alejandro Cuevas Mena, Verónica Beatriz Juárez Piña, Armando Contreras Ceballos, Roxana Luna Porquillo, Marcelo Garza Ruvalcaba, Ricardo Monreal Ávila, Zuleyma Huidobro González, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Martha Beatriz Córdova Bernal, José Luis Valle Magaña, José Antonio Hurtado Gallegos, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Juan Ignacio Samperio Montaño, Ricardo Cantú Garza, Lilia Aguilar Gil (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.