Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 257 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:10 horas): Y por tanto, siendo las 11:10, se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 22 de noviembre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

– Por el que se establece el formato de la Sesión de Congreso General, en la que el C. Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, rendirá protesta constitucional ante el H. Congreso de la Unión, el 1o. de diciembre de 2012.

– Por el que se modifica el calendario legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

De la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Susana Adame Carreón, Rosa María Jiménez Narváez, Patricia Oliva Romero, Gracia América Elorza Bonifaz Calvo, Alvaro Pacheco Ruvalcaba, Miguel Ángel Reyes Cabrera, Pedro Arellano Alvarado, Daniela Linet López García, Mariana Viñas Portilla, Mariana Colchado Durán, Els Michiel Ann Mestdagh, María Aydelia Pilar Mayela Gutiérrez Buces, y Rocío Yaneth Córdova Montijo, puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de Bélgica, en México, y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora; e informa que la ciudadana Mónica Gabriela Marquina Gaxiola, ha dejado de prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Con los que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos: Al consumo interno de frijol mexicano, al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, y a las Estaciones de Servicio de venta de combustibles.

De la Cámara de Senadores

Con los que remite cuatro proposiciones con puntos de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se asignen recursos a diversos ramos, presentadas por senadoras y senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios.

De los congresos de los estados de Coahuila, Hidalgo, Sinaloa y Tabasco

Siete, con los que remiten acuerdos, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se destinen e incrementen recursos a diversos ramos.

Toma de protesta de ciudadano diputado

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto que reforma las fracciones VI y XVI del artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por los Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza y Carlos Alberto Puente Salas, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por los Senadores Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Domínguez Servién, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo, María Lucero Saldaña Pérez y María del Rocío Pineda Gochi, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación)

Dictámenes a Discusión

Doce de la Comisión de Gobernación, con proyectos de decreto que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario; para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros; y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas.

Agenda política

Comentarios relativos a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma los artículos 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 280 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales y 110 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 273 y 300 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 107 Bis a la Ley Aduanera, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 343-A de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Mario Dávila Delgado, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 8o., 51 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 350 Bis 6 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, y suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6° de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SE y de la Sagarpa, se proteja la producción nacional de maíz blanco y se brinde apoyo a los productores mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Ma. Villaseñor Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones correspondientes del sector agropecuario, especialmente a la Sagarpa, a la SE, FIRA y Financiera Rural, para acordar las acciones necesarias y responsables a fin de comercializar la producción de maíz, del ciclo primavera-verano 2012, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Tabasco, para que etiquete y transparente los recursos de la solicitud de crédito que le fue autorizada por el Congreso Estatal el 16 de noviembre de 2012, para inversiones públicas productivas, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Sedesol, de la SEP y de la Conade, a sentar las bases necesarias a fin de crear el Fondo Nacional de Prevención de la Diabetes, a cargo de la diputada Silvia Márquez Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SFP, para que vigile el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, durante el periodo de transición y entrada en funciones de la siguiente administración, a fin de que se salvaguarden los derechos de los servidores públicos que han obtenido su plaza mediante concurso, a cargo del diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión especial de seguimiento a nuevas inversiones en salud, recursos del Fonden y del Fondo de Reconstrucción Federativa, a cargo de la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, para que cumpla con lo establecido en el Acuerdo A/145/10, referente a la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, garantizando sus funciones de investigación de los delitos cometidos contra periodistas dentro del territorio nacional, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, implemente un programa permanente de detección y tratamiento preventivo del cáncer de próstata, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza y suscrita por el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que emita el Decreto correspondiente a efecto de que el Hospital Central “Doctor Ignacio Morones Prieto” de San Luis Potosí, sea reconocido y clasificado como “Hospital Regional de Alta Especialidad”, a cargo del diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, a crear un grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y permisionarios de la pesca de camarón del Golfo de California y delta del Río Colorado, de los estados de Sonora y Baja California, a fin de que se demuestre la supuesta eficacia del nuevo arte y equipo de pesca del camarón que se quiere implementar en la NOM-002-PESC-1993, a cargo del diputado José Enrique Reina Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de seguimiento a las prácticas monopólicas y regulación de mercados, a cargo del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat, a negar la autorización del proyecto “La Ensenada” en la Isla Holbox, dentro del Área Natural Protegida de Yum Balam, en Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo, así como para que se apruebe y publique el programa de manejo correspondiente a dicha Área Natural, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la concesión del tramo carretero de la autopista Armería-Manzanillo y las obras de ampliación de la carretera libre Manzanillo-Armería, a cargo del diputado Francisco Alberto Zepeda González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Querétaro, para que a través de sus dependencias correspondientes, se realicen las acciones necesarias, a fin de verificar las condiciones laborales de las empresas instaladas en la entidad, el trato que otorgan a los trabajadores y sus condiciones de operación, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de Reforma Agraria, para que impulsen las acciones pertinentes para dar solución al conflicto territorial de la Zona de los Chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud, establezca las modificaciones necesarias en la NOM-007-SSA2 Atención de la Mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, a fin de garantizar, promover y privilegiar la atención humanizada a la mujer, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, realice las acciones pertinentes para la implementación del programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo”, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que integre a la brevedad el Consejo Nacional de Productos Orgánicos, emita los lineamientos, el distintivo nacional y demás instrumentos regulatorios para la producción orgánica, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que por medio de la SSP, garantice la integridad de los alumnos, personal e integrantes del Consejo Universitario que asisten a las instalaciones de la UACM, asimismo, solicitar a la rectora de la Universidad, convoque al consejo universitario para la expedición del Estatuto General Orgánico y demás estatutos, reglamentos y normas necesarias para el cumplimiento de los fines de la misma, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a las medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del Programa “Albergues Escolares Indígenas” y de diversas instituciones educativas, en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la Profepa y de la Conagua, realicen las investigaciones necesarias para determinar en su caso, omisiones en la aplicación de las normas ambientales, que han provocado el deterioro de las condiciones sociales y ambientales en la cuenca hidrológica del Río El Carmen, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros “Casasano La abeja” y “Emiliano Zapata”, ubicados en el estado de Morelos, se considere de manera preferente la propuesta del Ejecutivo Estatal de participar en el mismo, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SSP, para que durante los operativos del Programa Guerrero Seguro, se actúe con apego a la legalidad, sin violar las garantías de los ciudadanos, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, para que otorgue una prórroga a quienes tienen concesiones vencidas para el uso del agua con destino agrícola, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que México reconozca al Estado Palestino libre, independiente y soberano, así como votar a favor de su aceptación en la Asamblea General de la ONU, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, genere acciones y políticas públicas encaminadas a prevenir, reducir y atender el embarazo adolescente, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de los Estados Unidos de América y a la Legislatura del Estado de Nueva York, para que aprueben la ley de trabajadores agrícolas, así mismo se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Oaxaca, para que realice un reconocimiento y se otorgue la condecoración “Miguel Hidalgo”, a la activista migrante Librada Paz Rojas, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Efeméride

Con motivo del 23 de noviembre, Día de la Armada de México, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a consideración el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veinte de noviembre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de dos cientos sesenta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con diez minutos del martes veinte de noviembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, no habiendo oradores registrados en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva:

• Con la que informa sobre modificaciones de turno de Iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. De conformidad con los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos, publíquense en el Diario de los Debates. Actualícense los registros parlamentarios.

• Relativa a setenta y nueve dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura, misma que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Túrnense los dictámenes a las Comisiones correspondientes y actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Junta de Coordinación Política, relativa a cambios de integrantes en Comisiones Ordinarias. De enterado. Comuníquese.

c) De la Cámara de Senadores:

• Con la que remite acuerdo por el que comunica la integración de las comisiones bicamerales del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión y de Seguridad Nacional. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Por la que comunica que se envió al Ejecutivo Federal el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con los artículos aprobados por ambas cámaras. De enterado.

• Con la que remite el texto de los artículos trescientos ochenta y ocho Bis y trescientos noventa aprobados de la Ley Federal del Trabajo, para los efectos de lo dispuesto en la última parte de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para los efectos de lo dispuesto en la última parte de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Con la que remite acuerdo para que se establezca un mecanismo interparlamentario que se encargue de elaborar las iniciativas de ley que permitirán dar cumplimiento a las reformas contenidas en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política, publicado el nueve de agosto de dos mil doce. Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para su atención.

• Con las que remite cinco proposiciones con puntos de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se asignen recursos a diversos ramos, presentadas por senadoras y senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

d) De la Secretaría de Gobernación, el Informe Final de la Evaluación Específica de Costo–Beneficio dos mil once dos mil doce, del Fondo Nacional de Apoyos de Empresas en Solidaridad. Se turna a las Comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

e) De los Congresos de los estados de Chiapas e Hidalgo, con las que remiten acuerdos para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se incrementen los recursos destinados a las actividades científicas y tecnológicas. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

f) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de octubre de dos mil doce, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de octubre de dos mil once. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

g) De la Junta de Coordinación Política, por la que se propone la constitución de una Comisión de Investigación para la Revisión del Funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), en términos de lo dispuesto por el artículo noventa y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo.

A las once horas con veinticuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos sesenta y ocho diputadas y diputados.

La Secretaría informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria doce dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo del Cónsul Honorario; para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros; y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rodolfo Vergel Gordillo, Sergio Cedeño Villerías, Patricia Espinosa Cantellano y Vicente Fernández Gómez, para aceptar y usar condecoraciones que gobiernos extranjeros les otorgan en diferentes grados. Sin oradores registrados, en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos setenta y un votos a favor; ocho en contra; y tres abstenciones. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Desde sus curules se refieren al dictamen aprobado los diputados Francisco Alfonso Durazo Montaño, Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y Salvador Barajas del Toro, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

Se somete a discusión el dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en la medida de las posibilidades del país, se brinde la ayuda técnica, humana y material a los gobiernos y a la población de los países afectados por el paso reciente del huracán Sandy. Se somete a discusión e intervienen en pro los diputados: Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; y Roberto López Rosado, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

En el capítulo de Agenda Política, hacen comentarios relativos a la emisión de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas los diputados: Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México; Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática; Cinthya Noemi Valladares Couoh, del Partido Acción Nacional; y María de la Paloma Villaseñor Vargas, del Partido Revolucionario Institucional.

De conformidad con el artículo setenta y seis, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

a) Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal, para que inicien acciones y destinen los recursos suficientes para el control y combate de la plaga de insectos descortezadores que están atacando a las zonas boscosas en el estado de Durango.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; José Humberto Vega Vázquez, del Partido del Trabajo; José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano; Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática; Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Partido Acción Nacional; y Julio César Flemate Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción tercera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

b) Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Educación Pública, se realicen acciones coordinadas a fin de garantizar la seguridad e integridad de las comunidades escolares amenazadas por el crimen organizado. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano; Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista de México; Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática; Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Partido Acción Nacional; y Sergio Armando Chávez Dávalos, del Partido Revolucionario Institucional. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción tercera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Se da cuenta con comunicación del diputado Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones legislativas como diputado federal en la Cuarta Circunscripción Plurinominal, a partir de esta fecha. Se somete a discusión e interviene en pro el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueba. Comuníquese, y llámese al suplente.

c) Rafael Acosta Croda, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la alcaldesa del municipio de Veracruz, a fin de que se conduzca con estricto apego a la legalidad, civilidad, respeto y tolerancia a la pluralidad política, y solicita a la Auditoría Superior de la Federación para que audite los recursos del Ramo treinta y tres que el estado otorga a dicho municipio. Desde su curul realiza interpelación del diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, el diputado Rafael Acosta Croda hace aclaraciones. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica no se considera de urgente resolución. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se incluye en el Orden del Día el punto de Agenda Política, relativo al centésimo segundo Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Se concede el uso de la palabra para referirse al tema a los diputados: Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Mario Miguel Carrillo Huerta, del Partido de la Revolución Democrática; Alberto Coronado Quintanilla, del Partido Acción Nacional;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

y Jesús Morales Flores, del Partido Revolucionario Institucional.

Se concede el uso de la tribuna para presentar las siguientes iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

a) Gabriel Gómez Michel, a nombre propio y del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos catorce, sesenta y cinco, sesenta y siete, y sesenta y nueve de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

b) María Isabel Ortiz Mantilla, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos treinta y tres, y cuarenta y nueve de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

c) Joaquina Navarrete Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

d) Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona los artículos diez Bis y diez Ter a la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

e) Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo sesenta y dos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

f) José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, que reforma el artículo quince de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Se recibió iniciativa con proyecto de decreto del diputado Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres, y cincuenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo aquellas cuyos proponentes solicitaron a la Secretaría sean inscritas en la próxima sesión. En consecuencia se turnan las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

a) Noé Barrueta Barón, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instrumenten un programa emergente de agricultura por contrato, para el ciclo primavera-verano dos mil doce. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, para dictamen.

b) David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que publique en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara como Área Natural Protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna, a Balandra. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

c) Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Economía, para que implementen un programa de evaluación, relativo a la industria minera en los temas de seguridad y salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Economía, para dictamen.

d) María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivos Federal y Estatales, establezcan las medidas necesarias a fin de promover y privilegiar la dignidad del Adulto Mayor. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

e) José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que elabore la NOM e implemente los programas y políticas públicas que garanticen el desplazamiento y la accesibilidad al transporte público a las personas con discapacidad. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

f) Sergio Torres Félix, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, para que a través de la Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, detenga las solicitudes de autorización para la siembra de maíz transgénico en los estados de Sinaloa y de Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, para dictamen.

g) Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Desarrollo Social, del Consejo Nacional de Población y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reconozcan, incluyan y consideren como zonas metropolitanas a las ciudades de Delicias, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, así como sus zonas conurbadas o municipios, pertenecientes al estado de Chihuahua. Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, para dictamen.

h) Roberto Ruíz Moronatti, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, realicen los estudios y acciones necesarias para eximir del pago por consumo de energía eléctrica a los centros escolares públicos de país. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

i) Víctor Manuel Bautista López, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que instrumente un programa de apoyo y asistencia para los mexicanos afectados por los recientes fenómenos climáticos en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

j) Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diversas diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género, por el que esta Soberanía manifiesta su rechazo a la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación del estado de Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

k) Crystal Tovar Aragón, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la atención y prevención de las adicciones en México. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves veintidós de noviembre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con doce minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría con los acuerdos de la Conferencia.

SESION DE CONGRESO GENERAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados por el que establece el formato de la sesión de Congreso General en la que el ciudadano presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos rendirá protesta constitucional ante el honorable Congreso de la Unión el 1o. de diciembre de 2012.

La Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 37 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, el artículo 5 numeral 2, 23 numeral 1 inciso a) y 38 numeral 1 inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 185, 186 y 187 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adopta el siguiente acuerdo a efecto de definir el formato de la sesión en la que el ciudadano presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos rendirá protesta constitucional ante el honorable Congreso de la Unión, a partir de las siguientes

Consideraciones

I. Que el artículo 87 constitucional señala en su primer párrafo que “El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente”, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

II. Que el artículo 5 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos refiere que “Cuando el Congreso sesione conjuntamente lo hará en el recinto que ocupe la Cámara de Diputados y el Presidente de ésta lo será de aquél”;

III. Que el artículo 23 numeral 1 del mismo ordenamiento señala que es atribución del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados “Presidir las sesiones del Congreso General”;

IV. Que el artículo 38, numeral 1, inciso a) del mismo ordenamiento establece que es atribución de la Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos definir “... las formas que seguirán los debates, las discusiones y las deliberaciones”;

V. Que los Coordinadores Parlamentarios forman parte de la Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos e integran la Junta de Coordinación Política, la cual, según lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica es “... la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden”;

VI. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de acuerdo a lo establecido por los artículos 74, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expidió el pasado 4 de septiembre de 2012, el bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de presidente electo que hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 3 de septiembre anterior;

VII. Que en relación con ello es necesario establecer el formato de la sesión de Congreso General en la que el ciudadano presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos rendirá protesta constitucional ante el honorable Congreso de la Unión el 1o. de diciembre de 2012, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 87 fracción I de la Constitución;

La Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos adopta el siguiente:

Acuerdo

Primero.La sesión de Congreso General en la que el ciudadano presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos rendirá protesta constitucional ante el honorable Congreso de la Unión el 1o. de diciembre de 2012 se desarrollará a partir de las 9:00 horas  de acuerdo al orden del día detallado en el segundo resolutivo del presente acuerdo.

Segundo. El orden del día de la sesión de Congreso General en la que el ciudadano presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos rendirá protesta constitucional ante el honorable Congreso de la Unión será el siguiente:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura a los resolutivos del bando solemne expedido por la Cámara de Diputados el 4 de septiembre de 2012 para dar a conocer en toda la República la declaración de presidente electo, así como al primer párrafo del artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Designación de las comisiones protocolarias y petición del cumplimiento oportuno de su cometido.

4. Intervención hasta por 10 minutos de un legislador por cada grupo parlamentario representado en el Congreso en orden creciente.

5. Arribo al salón de sesiones del ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

6. Arribo al salón de sesiones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Enrique Peña Nieto.

7. Protesta constitucional del ciudadano Enrique Peña Nieto como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

8. Honores de Ordenanza al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Enrique Peña Nieto.

9. Petición a las comisiones protocolarias del cumplimiento oportuno de su cometido.

10. Retiro del salón de sesiones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Enrique Peña Nieto.

11. Retiro del salón de sesiones del ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

12. Clausura de la sesión.

Tercero.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y hágase del conocimiento de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para los efectos legales conducentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiún días de noviembre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputada Lucila Garfías Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración del pleno.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, para hablar en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Monreal, ha pedido la palabra en contra.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, estamos en contra de este formato para la sesión de Congreso General, en principio, porque debería ser sometido a la consideración del pleno y no solo una comunicación oficial; es un tema tan importante, que no puede pasar desapercibido ni tampoco leído de manera precipitada, como una mera comunicación. Le pediría al presidente que lo sometiera a la consideración del pleno en votación.

Estamos en contra, porque intentamos representar la voz, la indignación, la desesperación, la desesperanza de casi 16 millones de ciudadanos y ciudadanas que sufragaron por Andrés Manuel López Obrador y que resistieron estoicamente la embestida del dinero, la dádiva, la promesa fácil, la amenaza, la persecución, el despido.

Estamos en desacuerdo con el procedimiento en la forma y en el fondo. No aceptamos la imposición; no se puede admitir que se está en la normalidad democrática y que se debe enterrar el pasado reciente.

Estamos en contra, porque somos congruentes y no podemos transar o negociar con los principios que sostenemos; estamos en contra, porque representamos a los ciudadanos sin voz, a los ciudadanos agraviados; a estos ciudadanos que les afectó y que nos afectó el dispendio grosero y vergonzoso que se vivió.

Estamos en contra, porque somos —o intentamos ser— la voz de los ignorados por la justicia que se ofreció al mejor postor de manera cínica y ruin; estamos en contra, porque intentamos representar la voz lastimada de quienes fueron candidatos y candidatas en la elección pasada y que se enfrentaron a todas estas lacras y miserias políticas.

Estamos en contra, porque los que se alzan con la pírrica y cuestionada victoria, recurrieron a las peores artimañas y desviaciones democráticas; recurrieron a las prácticas inmorales de la compra del voto con dinero ilícito, con la compra del voto por hambre; se dedicaron a revivir las más arcaicas prácticas ilegales de perversión electoral, sin que nadie los perturbara ni órganos electorales ni tribunal alguno que pudiera detenerlos. Hubo plena impunidad y descaro.

Estamos en contra, porque no podemos olvidar el agravio, la ofensa, el daño que ha sufrido la República y la democracia. No podemos simplemente, en la comodidad de nuestros asientos o en la suficiencia de los emolumentos, borrar la memoria colectiva y enterrar esta miserable experiencia.

Estamos en contra, porque no avalaremos la ilegitimidad; estamos en contra, porque el proceso electivo reciente está cuestionado y está siendo revisado por la justicia internacional; es decir, está sub iúdice el caso de la elección del pasado mes de julio.

Nuestro Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se mantendrá firme en esta tesis; siempre actuaremos de manera consecuente; las decisiones que tomamos en equipo las vamos a respetar y actuaremos como un solo cuerpo; seguiremos luchando hasta lograr la transformación verdadera de nuestra nación.

Esta etapa la tomaremos como una doble pesadilla —la que está por concluir—, inmersa en la violencia, la corrupción, la impunidad y la injusticia, y la pesadilla que está por comenzar, permeada por la restauración del viejo régimen y acompañada por todos los indeseables elementos: autoritarismo, corrupción y desprecio por la gente.

Pero como toda pesadilla, como todo mal sueño, algún día concluirá y nosotros ahí estaremos presentes. Presidente, por su tolerancia y su respeto, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Por nada, señor diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.Dé por favor lectura a los resolutivos del segundo acuerdo de la Conferencia.

CALENDARIO LEGISLATIVO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo por el que se modifica el calendario legislativo correspondiente al Primer Periodo de sesiones ordinarias del primer año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a), del numeral 1, del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 36, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que de conformidad con el artículo 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones y el calendario para su desahogo.

II. Que el artículo 65, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar su primer periodo de sesiones ordinarias.

III. El artículo 36, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que por regla general, se realizarán las sesiones los martes y jueves de cada semana y podrán realizarse sesiones en días diferentes a los señalados, cuando así lo determine la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

IV. Que con fecha 3 de septiembre de 2012, este órgano de gobierno aprobó el acuerdo por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al Primer Periodo de sesiones ordinarias del primer año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

Con base en lo antes expuesto, este órgano de Gobierno establece el siguiente

Acuerdo

Primero. Se modifica el calendario legislativo correspondiente al Primer Periodo de sesiones ordinarias del primer año de Ejercicio de la LXII Legislatura, en lo que respecta a las sesiones del pleno programadas para el mes de noviembre, para quedar como sigue:

Segundo.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; diputada Lucila Garfías Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.»

En votación económica se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.Continúe la Secretaría.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP 1441/ 12, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Mariana Colchado Durán.

Puesto: Asistente económica y comercial para la región flamenca de Bélgica FIT.

Lugar de trabajo: Embajada de Bélgica en México.

Nombre: Els Michiel Ann Mestdagh.

Puesto: Recepcionista.

Lugar de trabajo: Embajada de Bélgica en México.

Nombre: María Aydelia Pilar Mayela Gutiérrez Buces.

Puesto: Asistente económica y comercial para la región valona de Bélgica AWEX.

Lugar de trabajo: Embajada de Bélgica en México.

Nombre: Daniela Linet López García.

Puesto: Asistente de propiedades y mantenimiento.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Mariana Viñas Portilla.

Puesto: Secretaria bilingüe.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Rocío Yaneth Córdova Montijo.

Puesto: Empleada de visas.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Nombre: Susana Adame Carreón.

Puesto: Coordinadora de viajes.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Rosa María Jiménez Narváez.

Puesto: Asistente administrativa.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Patricia Oliva Romero.

Puesto: Operadora telefónica.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Gracia América Elorza Bonifaz Calvo.

Puesto: Empleada de visas.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Álvaro Pacheco Ruvalcaba.

Puesto: Asistente de pasaportes y ciudadanías.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Miguel Ángel Reyes Cabrera.

Puesto: Asistente de pasaportes y ciudadanías.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Pedro Arellano Alvarado.

Puesto: Asistente en computación.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento y de la carta de naturalización mexicana, que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos donde solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Mónica Gabriela Marquina Gaxiola.

Puesto: Asistente de visas.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Por lo que se refiere a la ciudadana que deja de prestar servicios, comuníquese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.Continúe la secretaría.

IMPORTACION DE FRIJOL

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-8-248, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112.2.-829/2012, suscrito por el licenciado Salvador Moreno Cerda, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a impulsar el consumo interno del frijol mexicano, e instaurar un programa urgente para la distribución y comercialización en el país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

En atención de su oficio número SEL/ UEL/311/2965/12, del 31 de octubre de 2012, a través del cual nos remite punto de acuerdo, aprobado por el H. Congreso de la Unión, que exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a impulsar el consumo del frijol mexicano e instaurar un programa urgente para la distribución y comercialización en el país, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:

Sobre el particular adjuntamos a la presente información con las observaciones y los comentarios que sobre el tema nos hizo llegar la Subsecretaría de Agricultura, mediante el oficio número 310.- 003011, del 13 de noviembre de 2012, con el cual se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2012.— Licenciado Salvador Moreno Cerda (rúbrica), director general adjunto de Enlace con el Congreso.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Salvador Moreno Cerda, director general adjunto de Enlace con el Congreso.— Presente

En referencia de su oficio número 112.2.-813/2012, de fecha 9 de noviembre del presente año, mediante el cual nos remite el punto de acuerdo del Congreso de la Unión, aprobado en sesión celebrada el 30 de octubre, el cual de manera expresa manifiesta lo siguiente:

Exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a impulsar el consumo del frijol mexicano e instaurar un programa urgente para la distribución y comercialización en el país.

Al respecto me permito informarle que esta subsecretaria ha implantado una serie de acciones de manera coordinada con los secretarios de Desarrollo Agropecuario de Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, así como los delegados de la Sagarpa de esos estados, contando con presencia de acopiadores y comercializadores del S-P Frijol, para llevar a cabo de manera integral mecanismos que permitan desplazar la cosecha P-V 2012 de forma adecuada, buscando obtener ingresos acordes con lo esperado para el sector productivo. De lo anterior se desprende las siguientes acciones de manera concreta:

Con el objetivo de apoyar con recursos, la Financiera Rural ha diseñado el esquema siguiente:

El esquema de financiamiento tendría como punto de partida para el aforo en el precio de 12.00 pesos, el cual se denominará precio de referencia. El aforo será de la siguiente manera:

1. Para Durango trae un soporte de 100 mil toneladas, de las cuales corresponden 80 mil a pintos, con un aforo a 50 por ciento, equivalente a 6.00 pesos; y 20 mil a negros, con un aforo de 55 por ciento, equivalente a 6.30 pesos.

2. Para Zacatecas trae un soporte de 57 mil toneladas, de las cuales 11 mil 400 corresponden a pintos, con un aforo a 50 por ciento; y 45 mil 600, a negros, con un aforo de 55 por ciento. A lo anterior hay que agregar las intervenciones de FIRA y de otras parafinancieras.

Por lo anterior se cubriría perfectamente el costo de producción, estimado en 4.80 pesos por kilogramo, y quedaría un remanente al productor.

En las reuniones celebradas con los sectores integrantes de la cadena productiva (productores, acopiadores y comercializadores, entre otros) se ha concertado el esquema “administración de cosecha”; es decir, el mercado no será saturado con producto en exceso para evitar el deterioro en el precio.

A la fecha, el esquema propuesto ha tenido resultados inmediatos, en virtud de que como mínimo se está pagando en la central de abasto de Distrito Federal un precio de 9.20 pesos para frijoles negros, que son los que pueden tener acceso con menor precio. Variedades preferentes como pintos, mayocobas y flores están alcanzando, como en el caso del mayocoba, precios de hasta 20.00 pesos. La Subsecretaria de Agricultura estará atenta ante cualquier desviación del programa que pudiera lesionar al sector productivo.

Respecto a la autorización de cupos, el del volumen autorizado de 150 mil toneladas para el presente ejercicio, únicamente han ingresado 33 mil (22 por ciento de lo autorizado) y considerando que ya no ingresara un mayor volumen que pueda afectar el desplazamiento de la producción nacional. La cancelación de los cupos en comento es atribución de la Secretaría de Economía, por lo que estaremos atentos a la respuesta de esa institución ante el requerimiento del Legislativo.

Asimismo, están por iniciarse gestiones con objeto de promover la venta de producto nacional de manera directa a institucionales gubernamentales tales Diconsa, la Sedena y el DIF, evitando con ello la intervención de comercializadores que encarecen el producto.

Sin otro particular, sea éste el conducto para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de noviembre de 2012.— Ingeniero Simón Treviño Alcántara (rúbrica), director general de Fomento a la Agricultura.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

MOTORES MARINOS ECOLOGICOS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-11-8-0195, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.824/2012, suscrito por el licenciado Salvador Moreno Cerda, director general adjunto de Enlace con el Congreso, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos concernientes al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, particularmente en su componente sustitución de motores marinos ecológicos correspondiente al Estado de Yucatán.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.»

En atención a su oficio número SEL/UEL/311/2899/12, del 19 de octubre de 2012, a través del cual nos remite punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, exhortando a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y al de su órgano desconcentrado Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a fin de que liberen los recursos concernientes al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, particularmente en su componente sustitución de motores marinos ecológicos correspondientes al Estado de Yucatán, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:

Sobre el particular adjuntamos a la presente información con las observaciones y comentarios que sobre el tema nos hizo llegar la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), mediante oficio número DGI/05049/061112, del 6 de noviembre de 2012, con el cual se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de noviembre de 2012.— Licenciado Salvador Moreno Cerda (rúbrica), director general Adjunto de Enlace con el Congreso.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Salvador Moreno Cerda, director general adjunto de Enlace con el Congreso en la Coordinación General de Enlace Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.— Presente

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/2899/2012, mediante el cual el maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, informa que el día 18 de octubre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó el punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que liberen recursos relativos al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura en Específico para el Componente Sustitución de Motores Marinos Ecológicos, para el ejercicio 2012, en el Estado de Yucatán.

Al respecto, hago de su conocimiento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en la circular número 307-A.-3083, de fecha 29 de junio de 2012, mediante la cual estableció las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2012, entre las que destaca como fecha límite para los procedimientos de contratación, formalización y registro de los compromisos el 31 de julio de 2012; así como el mecanismo de cierre del ejercicio presupuestal 2012, disposiciones que son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, retiró los recursos que no fueron comprometidos a través de algún instrumento jurídico que formalizara la operación de los mismos en coordinación con los gobiernos de los estados.

En ese sentido, le comunico que, derivado de que el gobierno del estado de Yucatán no participó en la ejecución del Componente antes citado, no fue posible contar con el instrumento jurídico para formalizar y comprometer los recursos necesarios para operar el componente Sustitución de Motores Marinos Ecológicos en esa entidad federativa, durante el periodo que dispuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tal efecto en la circular antes referida, aunado a esto, la Subdelegación de Pesca en el estado de Yucatán no cuenta a la fecha con las facultades necesarias para formalizar el documento que permita la operación de manera directa del recurso, esto derivado de su reciente desincorporación de la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el estado.

Derivado de lo anterior, le informo que actualmente esta Dirección General ya no cuenta con recursos presupuestales disponibles para la operación del componente Sustitución de Motores Marinos Ecológicos.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Mazatlán, Sinaloa, 6 de noviembre de 2012.— Arquitecto José Manuel Soto López (rúbrica), director general. En ausencia del director general de Infraestructura, firma el director de Estudios y Proyectos, ingeniero Sofío Hernández Lorenzo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por lo cual se delegan las facultades que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2012.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Pesca, para su conocimiento.

GASOLINERAS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0161 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/0153/2012 suscrito por el Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo y Previsión Social, así como el anexo que en él se menciona, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al marco regulatorio del Protocolo en materia de seguridad e higiene que tienen que cumplir los operadores de estaciones de servicio de venta de combustibles (gasolineras).

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente

México, DF, a 16 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

Me refiero al atento oficio número SEL/UEL/311/2866/12, mediante el cual se remite punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 11 de octubre pasado, en el que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a revisar y modificar, en su caso, el marco regulatorio del Protocolo en materia de seguridad e higiene que tienen que cumplir los operadores de estaciones de servicio de venta de combustibles (gasolineras), a efecto de otorgar un mayor plazo para su implementación.

Al respecto, comunico a usted que se ha tomado debido conocimiento del acuerdo de mérito, siendo importante resaltar por parte de esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo siguiente:

El protocolo de inspección en materia de seguridad e higiene para estaciones de servicio, es un documento interno de esta secretaría, el cual tiene como finalidad unificar criterios a nivel nacional y agilizar el desahogo de las inspecciones practicadas en este tipo de establecimientos, cuyo marco jurídico está conformado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, y el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, así como por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la actividad.

La revisión del cumplimiento de la normatividad laboral para el caso de los operadores de estaciones de servicio de venta de combustibles (gasolineras), se basa en la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de seguridad y salud en el trabajo, conforme a la naturaleza de su actividad, escala y factores de riesgo asociados.

A este respecto, conviene mencionar que para efecto de facilitar la identificación de las NOM que le aplican a un centro de trabajo, la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo dependiente de la STPS, desarrolló el asistente para la identificación de las Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se puede consultar a través de la página electrónica de esta Secretaría, el cual permite conocer de manera organizada los diversos requerimientos aplicables de dichas disposiciones, agrupando los requisitos de manera funcional.

Adicionalmente, también se cuenta en la página electrónica de la STPS, con el Módulo para la Evaluación del Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de que los centros de trabajo puedan realizar una revisión para determinar el grado de cumplimiento de las NOM, al igual que las medidas preventivas y correctivas por adoptar.

Se destaca que el resultado del asistente y el módulo no es limitativo y su confiabilidad está en función de la veracidad y exactitud de las respuestas e información proporcionada por el usuario. A manera de ejemplo, se adjunta al presente el documento que genera el asistente para la identificación de las Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo, para un centro de trabajo con las características generales de las estaciones de servicio de venta de combustibles (gasolineras), así como el documento generado por el Módulo para la Evaluación del Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Aunado a lo expuesto, es de precisarse que en abril de 2011, la STPS llevó a cabo el programa de inspección a Estaciones de Servicio en seguimiento a lo establecido en el artículo 527 último párrafo de la Ley Federal del Trabajo, en el que se dispone como de competencia federal la aplicación de las normas laborales respecto de las obligaciones de los patrones en las materias de seguridad e higiene y de capacitación y adiestramiento en los centros de trabajo de cualquier rama de industria, efectuándose un total de 446 inspecciones, en las que se dictó mil 935 medidas técnicas de seguridad e higiene, en beneficio de 2 mil 958 trabajadores.

Ese año, después de haberse reunido el 15 y 16 de noviembre y el primero de diciembre con representantes de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, AC, (Onexpo), la STPS modificó el Protocolo de inspección en materia de seguridad e higiene para estaciones de servicio.

Posteriormente, en marzo y junio de 2012 se realizaron reuniones, en las que participaron representantes de Onexpo y Petróleos Mexicanos, a fin de tratar asuntos relacionados con los requerimientos de seguridad e higiene del protocolo en comento; en tanto que en mayo de este mismo año, se presentó una ponencia en la XXIV Convención de la referida organización, a fin de dar a conocer los trabajos que se han desarrollado con su personal para definir el Protocolo para estaciones de servicio 2012, y en el propio mes de junio, para la aplicación de dicho instrumento se realizaron visitas de orientación y asesoría a dos estaciones del estado de Chihuahua y una en Tijuana, Baja California.

Por otra parte, debe tomarse en cuenta que durante el desahogo de una inspección los inspectores comisionados realizan un recorrido por las instalaciones del centro de trabajo a fin de detectar actos o condiciones inseguras que pongan en riesgo la vida, salud o integridad física de los trabajadores, plasmando en el acta respectiva las medidas sugeridas, mismas que son notificadas a la empresa mediante un emplazamiento técnico de medidas de seguridad e higiene, donde se establece el tiempo que se tiene para dar cumplimiento a cada una de ellas. Los plazos otorgados para su cumplimiento pueden ser de aplicación inmediata y hasta de 90 días, dependiendo del riesgo que represente la medida sugerida.

Independientemente de lo anterior, los particulares pueden solicitar ante esta secretaría una ampliación del plazo otorgado, argumentando y motivando su petición. Dicha ampliación no excederá en ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente.

En el presente año se han efectuado un total de 232 inspecciones a estaciones de servicio, beneficiando con ello a 4 mil 20 trabajadores, en las que se dictaron un total de 8 mil 568 medidas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 14 de noviembre de 2012.— Rafael Adrian Avante Juárez (rúbrica), subsecretario de Trabajo y Previsión Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo Aplicables al Centro de Trabajo por Sección

Fecha: 26 de octubre de 2012.

Nombre o razón social:

Centro de trabajo: Gasolinera registro patronal:

Área, departamento o sección: todo el centro de trabajoDomicilio: ...Tlalpan, Distrito Federal

Representante legal:

Normas aplicables

Con base en la información proporcionada en el asistente, las normas aplicables al centro de trabajo son:

Normas de seguridad

NOM-00l Edificios, locales e instalaciones NOM-002 Prevención y protección contra incendios.

NOM-005 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas NOM-009 Trabajos en altura.

NOM-020 Recipientes sujetos a presión y calderas NOM-022 Electricidad estática.

NOM-029 Mantenimiento de instalaciones eléctricas Normas de salud.

NOM-025 Iluminación.

Normas de organización

NOM-017 Equipo de protección personal NOM-019 Comisiones de seguridad e higiene NOM-021 Informes sobre riesgos de trabajo NOM-026 Colores y señales de seguridad.

NOM-030 Servicios preventivos de seguridad y salud.

Secciones o disposiciones específicas de las normas aplicables:

NOM-00l Edificios, locales e instalaciones Obligaciones del patrón: 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. Obligaciones de los trabajadores: 6.1., 6.2., 6.3.

Condiciones generales: 7.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6., 7.2., 7.3., 7.4.

Condiciones específicas: 7.5., 7.5.1., 7.5.2., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.8., 9.9.

NOM-002 Prevención y protección contra incendios

Obligaciones del patrón: 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.7., 5.8., 5.9., 5.12.

Obligaciones de los trabajadores: 6., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9.

Condiciones generales: 7., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.5.1., 7.5.2., 7.5.3., 7.6., 7.6.1., 7.6.2., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., 7.16., 7.17., 7.18., 7.19., 8., 10., 10.1., 10.2., 11., 11.1., 11.2., 11.5., 101., 101.1., 101.1.1., 101.1.2., 101.1.3., 101.1.4., 101.1.5., 101.1.6., 101.2.

Condiciones específicas: 5.6., 5.11., 8.2., 9.1., 9.2., 9.3., 10.3., 11.3., 11.4., 5.10.2., 8.1.2.

NOM-005 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas

Obligaciones del patrón: 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17.

Obligaciones de los trabajadores: 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5.

Condiciones generales: 7., 7.1., 7.2., 8, 9.6., 9.9., 9.10., 9.11.

Condiciones específicas: 9.2., 9.4., 9.5., 9.7., 9.8.

NOM-009 Trabajos en altura

Obligaciones del patrón: 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15.

Obligaciones de los trabajadores: 6, 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5.

Condiciones generales: 7., 7.1., 7.2., 7.3., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., 8., 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 13., 13.1., 14., 14.1., 14.2., 14.3., 15., 15.1., 16., 16.1., 16.2.

Condiciones específicas: 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 16.6.

NOM-020 Recipientes sujetos a presión y calderas

Obligaciones del patrón: 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.11., 5.14., 5.18.

Obligaciones de los trabajadores: 6., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5.

Condiciones generales: 7., 8., 8.1., 9., 11., 12., 12.1., 13., 13.7., 13.7.1., 14., 14.1., 14.2., 14.3., 17., 17.2., 18.

Condiciones específicas: 5.4., 5.10., 5.12., 5.15., 5.16., 5.17., 7.1.1., 9.2., 10.1., 11.1., 11.1.2., 11.2., 11.2.2., 11.3., 11.3.2., 12.1.2., 12.2., 12.2.1., 13.1., 13.2., 13.3., 13.5., 14.4., 15., 17.1., 18.1., 18.2., 18.3., 18.4.

NOM-022 Electricidad estática

Obligaciones del patrón: 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7.

Obligaciones de los trabajadores: 6.1., 6.2.

Condiciones generales: 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3., 9.3.1.

NOM-029 Mantenimiento de instalaciones eléctricas

Obligaciones del patrón: 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19., 5.20.

Obligaciones de los trabajadores: 6., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9.

Condiciones generales: 7., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 8., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 10., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 13., 13.1., 14., 14.1., 14.2.

NOM-025 Iluminación

Obligaciones del patrón: 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11.

Obligaciones de los trabajadores: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

Condiciones generales: 7, 8., 8.1., 8.2, 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 10., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 11., 12., 12.1.

NOM-017 Equipo de protección personal.

Obligaciones del patrón: 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.5.1., 5.5.2., 5.6., 5.7., 5.8.

Obligaciones de los trabajadores: 6.1., 6.2., 6.3., 6.4.

Condiciones generales: 7., 7.1.

NOM-019 Comisiones de seguridad e higiene

Obligaciones del patrón: 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14.

Obligaciones de los trabajadores: 6., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7.

Condiciones generales: 7, 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 8., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 9.10., 9.11., 9.12., 9.13., 10., 10.1., 10.2., 10.3., 11., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4.

NOM-021 Informes sobre riesgos de trabajo

Obligaciones del patrón: 3.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.3., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3.

NOM-026 Colores y señales de seguridad Obligaciones del patrón: 5.1., 5.2., 5.3., 5.4.

Obligaciones de los trabajadores: 6.1., 6.2.

Condiciones generales: 7.1., 7.2., 8, 8.1., 8.2., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4., 8.2.5., 8.3., 8.3.1., 8.3.2., 8.4., 8.5., 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3., 8.6.

NOM-030 Servicios preventivos de seguridad y salud

Obligaciones del patrón: 4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9.

Condiciones generales: 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 6., 7.

Condiciones específicas: 4.1.1., 4.4.1., 6.2., 7.2.

Información que sustenta las normas aplicables:

Se anexan preguntas formuladas y respuestas proporcionadas

Disposiciones sobre sustancias químicas:

Se adjunta clasificación, límites permisibles, procedimientos de medición y riesgos físicos y a la salud de las sustancias que almacena, procesa o transporta el centro de trabajo.

Términos y restricciones de la información proporcionada:

El Asistente para la Identificación de Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo ti ene por objeto poner a disposición de los empleadores, trabajadores, comisiones de seguridad e higiene, investigadores y demás sujetos interesados, un instrumento que les oriente sobre las principales disposiciones que le son aplicables en la materia, de acuerdo con la actividad económica, escala y factores de riesgo asociados a los procesos productivos de cada centro de trabajo.

Dicha herramienta se sustenta en las respuestas que proporciona el usuario a una serie de preguntas diseñadas para identificar tanto la actividad económica, como los factores de riesgo relacionados con los procesos y las características del centro de trabajo.

La confiabilidad de los resultados del asistente para la identificación de las Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo se sustenta en la veracidad y exactitud de las respuestas e información proporcionada por el usuario.

El cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas identificadas por el Asistente, no exime a los sujetos obligados del cumplimiento de otras Normas Oficiales Mexicanas o disposiciones legales y reglamentarias que, según cada caso, resulten aplicables.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se destinen 165 millones de pesos para el control y mitigación de la plaga del huanglongbing en el estado de Colima.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República presenta ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes.

Consideraciones

El pasado 30 de octubre del actual, ante el pleno de esta asamblea, punto de acuerdo mediante el cual se solicitaban tres acciones fundamentales.

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a que cumpla con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a efecto de que realice las acciones necesarias para combatir la plaga conocida como Dragón Amarillo.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a que se modifiquen las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal 2012 y sean considerados para las de 2013, a efecto de que se incluyan a los jornaleros agrícolas que hayan perdido sus cosechas por fenómenos climáticos y/o fitosanitarios.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 2013 se asignen mayores recursos a programas que combatan la propagación de plagas.

Este punto de acuerdo, fue aprobado por unanimidad como muestra de que los temas sociales y del sector agropecuario son fundamentales y de importancia toral en los asuntos que esta LXII Legislatura abordará durante su vigencia.

A raíz de este punto de acuerdo la Sagarpa publicó en el Diario Oficial de la Federación la relación sobre los estados y las zonas bajo control fitosanitario con presencia del Dragón Amarillo, fueron incluidos nueve estados, entre ellos Colima.

En el estado de Colima, esta situación es muy grave, y lo peor del caso que esta plaga no se ha podido controlar y sigue aumentando día con día.

El problema lo ubicamos en dos vertientes, el económico-productivo y el social, de seguir sin control esta plaga nos encontramos ante un enorme problema social en potencia, el cultivo de limón da trabajo a miles de jornaleros y es el sustento de sus respectivas familias por lo que es necesario implementar acciones precisas para su atención, ya que, prácticamente quedaran sin fuente de ingresos, por un periodo de poco mas de 4 meses.

Otro elemento a considerar es que el cultivo del limón es realizado en más de 20 mil hectáreas, del cual dependen 3 mil productores y 20 mil jornaleros, estas cifras representan 50 por ciento de los empleos generados en la actualidad para el estado de Colima, según algunas estimaciones las pérdidas de empleo en la citricultura serían por el orden de los 2 millones 764 mil 800 jornales.

Esta situación se reflejará en la pérdida de ingresos para doce mil jornaleros, los cuales al quedarse sin empleo tendrán que buscar alguna forma para el sustento personal y de sus familias, de lo contrario quedarán en condiciones desfavorables, sin tener alternativas de un ingreso para subsistir y atender sus necesidades básicas.

Los principales programas institucionales se encuentran la mayoría de ellos en cierre de ejercicio fiscal por lo que es poco probable poder incluirlos en el próximo año.

El Congreso del Estado de Colima se planteó esa reflexión sobre cómo atender las necesidades básicas de los jornaleros y sus familias durante este mes de noviembre y hasta febrero del próximo año. La alimentación de los niños, adultos y personas de la tercera edad que dependen y habitan la misma vivienda, servicios asistenciales de salud, en especial de los niños y adultos de la tercera edad, garantizar la asistencia regular de los niños a la escuela, así como el mantenimiento de sus servicios domésticos como el agua, luz, gas, son entre otros algunos servicios y necesidades básicas que cotidianamente enfrentaran los jornaleros y sus familias, durante estos poco más de cuatro meses. Los precarios ingresos que perciben no les alcanzan para generar ahorros que pudieran ayudarles en situaciones como la actual, la cual puede ocasionar serios daños a la salud pública de miles de jornaleros.

Resultado de esta reflexión el Congreso del Estado de Colima aprobó un acuerdo que a la letra dice:“...se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a que gire las indicaciones pertinentes al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la creación de un fondo emergente de recursos financieros, el cual se destinaría de manera inmediata, a la atención de las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, servicios asistenciales y básicos de agua, luz, gas, entre otros servicios, para la atención de las familias de los jornaleros que están perdiendo su empleo, como consecuencia de los bajos niveles de producción , generada por la afectación de la plaga denominada Dragón Amarillo”

Además de otro resolutivo que dice.... “solicita, adicionalmente, que el pleno del honorable Congreso de la Unión, valore y considere la pertinencia y prioridad, de asignar recursos financieros suficientes, dentro de la iniciativa de proyecto de presupuesto del gobierno federal para el próximo ejercicio fiscal de 2013, para la atención efectiva e integral de esta emergencia social que persistirá hasta erradicarse por completo del territorio estatal colimense”.

Los recursos que se han calculado para llevar a cabo estas acciones alcanzan el monto de los 165 millones de pesos. Cifra que de aprobarse en el próximo presupuesto traería grandes beneficios para miles de jornaleros y sus familias.

Por todo lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se destinen 165 millones de pesos para el control y mitigación de la plaga del huanglongbing (HLB) en el estado de Colima.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los 20 días del mes de noviembre de 2012.— Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Marcela Torres Peimbert y Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se asigne una ampliación presupuesta I al Instituto Politécnico Nacional por 59 millones 625 mil pesos para finalizar la construcción del Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada en el estado de Querétaro.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Marcela Torres Peimbert y Francisco Domínguez Servién, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2013, se asigne una ampliación presupuestal al Instituto Politécnico Nacional por cincuenta y nueve millones seiscientos veinticinco mil pesos, para finalizar la construcción del Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada (CICATA) en el estado de Querétaro, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De conformidad con la fracción V del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Estado además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, deberá promover y atender todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo entre éstas a la educación superior necesaria para el desarrollo de la nación, asimismo tiene la obligación de apoyar a la investigación científica y tecnológica.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución, el Estado Mexicano se ha encargado de fortalecer instituciones de educación superior a lo largo y ancho del país. Como claro ejemplo tenemos al Instituto Politécnico Nacional, el cual desde su fundación en el año de 1936, tiene como uno de sus principios rectores el de integrar y estructurar un sistema de enseñanza técnica, mismo que ha consolidado a través de los años mediante la construcción de diversos campus no sólo en la zona metropolitana sino también en el interior de la República, descentralizando el conocimiento.

El Instituto Politécnico Nacional, desde su creación en 1936 ha formado a profesionales en diversas áreas del conocimiento técnico y científico, ponderándose como una de las Instituciones Educativas de mayor renombre no sólo en México sino también en Latinoamérica. La empresa inglesa QS World University Ranking ubicó en su ranking 2011 al Instituto Politécnico Nacional en el número 16 de entre más de 200 Universidades Latinoamericanas.

Cabe señalar que en el año de 2011, el IPN atendió a una matrícula de más de 153 mil estudiantes en el sistema escolarizado, 144 mil a distancia y 61 mil en centros de idiomas. Según cifras del mismo Instituto, éste cuenta con 81 unidades académicas, distribuidas a lo largo de 17 de las 32 Entidades Federativas del Territorio Mexicano, 26 Escuelas de Nivel Superior, 20 Centros de Investigación Científica y Tecnológica, 12 Centros de Educación Continua y a distancia, 7 Unidades de Apoyo y 17 Centros de Nivel Medio superior.

El CICATA-IPN es el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada. Es un centro relativamente nuevo del Instituto Politécnico Nacional que inició sus actividades el 3 de septiembre de 1996, en sus cuatro unidades: Distrito Federal, Puebla, Querétaro y Tamaulipas. El CICATA-IPN está concebido para servir de enlace entre la comunidad científica y los sectores productivos  de bienes y servicios, atenderlos y ofrecerles soluciones a sus inquietudes de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia tecnológica.

En particular, el crecimiento de la planta física del CICATA Querétaro ha sido progresivo, conforme a la disponibilidad de recursos.

El proyecto tiene como objetivo crear infraestructura de planta física, de manera progresiva para un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. La construcción del CICATA-IPN Querétaro se considera un proyecto que traerá al Estado la formación de cuadros profesionales, que desempeñaran un papel de generadores de riqueza social. La construcción del CICATA-IPN Querétaro contribuirá a incrementar la productividad, la calidad en la formación de los egresados, en pro de la excelencia, el crecimiento del patrimonio institucional para el cumplimento de su responsabilidad social.

La construcción del Edificio Central del CICATA Querétaro (Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada) permitirá:

1. Contribuir a incrementar la productividad.

2. Contribuir a incrementar la calidad en la formación de los egresados, en pro de la excelencia.

3. El crecimiento del patrimonio institucional para el cumplimiento de su responsabilidad social.

Entre los beneficios derivados de la operación del IPN, está el de generar productores de riqueza social. Según consideraciones del propio IPN, tan solo el número causantes de impuesto, egresados del instituto, que se incorporan a los ya existentes. El número anual de egresados titulados de la institución es de 10,068

Según ese mismo cálculo de beneficios del Instituto, estos recién egresados, en su primer año de ejercicio profesional contribuirían tan sólo en 2006 (fecha en la cual se realizó el proyecto) con 17.232 millones de pesos por concepto de pago de impuestos. Suponiendo razonablemente que en el primer año de ejercicio profesional los nuevos profesionistas pueden obtener ingresos mensuales promedio del orden de 3,200 pesos. Por otro lado, estimando para este proyecto un factor de participación de 18,000,000/6779X100=0.265%, el beneficio fiscal aportado a la nación, atribuible a este proyecto, sería de $45,664.76, durante el primer año. Sin embargo el monto de esta recaudación crecería anualmente en función de que la percepción económica por los sueldos, regalías y/u honorarios se ha observado crece en función del tiempo, además de que cada año hay nuevos egresados con su consecuente incorporación a las responsabilidades tributarias.

Como mexicanos estamos conscientes de la importancia y beneficios que a mediano y largo plazo trae consigo el fortalecimiento de la educación de alta calidad en todos y cada uno de los rincones de nuestro país, como Senadores representantes del Estado de Querétaro consideramos necesario concluir cuanto antes la construcción del CICATA-IPN, a favor de profesionalización la juventud Queretana

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2013, se asigne una ampliación presupuestal al Instituto Politécnico Nacional por cincuenta y nueve millones seiscientos veinticinco mil pesos, para finalizar la construcción del Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada en el Estado de Querétaro.

Atentamente

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2012.— Senadora María Marcela Torres Peimbert (rúbrica), senador Francisco Domínguez Servién (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a continuar aplicando acciones afirmativas a favor de las madres solteras con el objeto de que concluyan sus estudios de educación superior; y a la Cámara de Diputados a contemplar dentro del anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación un aumento de recursos dirigidos a la atención de madres solteras que deseen concluir sus estudios de educación profesional especializada técnica o de licenciatura.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Comisión de Ciencia y Tecnología, y el segundo a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La que suscribe, Martha Elena García Gómez, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal a través del Conacyt a continuar aplicando acciones afirmativas a favor de las madres solteras con el objeto de que concluyan sus estudios de educación superior y a reducir la brecha de género persistente entre mujeres y hombres; y a la Cámara de Diputados a contemplar dentro del anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación un aumento de recursos dirigidos a la atención de madres solteras que deseen concluir sus estudios de educación profesional especializada técnica ó de licenciatura, con miras a fortalecer su formación profesional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inclusión de las mujeres al mercado laboral, ha contribuido a la desaparición del modelo tradicional de la familia, no obstante no ha sido posible consolidar un modelo familiar en que se concilien los tiempos y trabajos derivados de las responsabilidades profesionales y familiares, lo anterior ha exigido a las mujeres adaptarse en la organización del trabajo de cuidado y no contemplar posibilidades profesionales para su desarrollo.

La realidad para aquellas que se encuentran en edades reproductivas y deciden ejercer la maternidad, implica que sus decisiones con respecto al desarrollo académico sean postergadas. Por ello, quienes coinciden con esta situación, tienden a abandonar sus estudios por considerar prioritario dedicarse de lleno a la maternidad y a las responsabilidades del hogar que históricamente les han sido asignadas.

Aunado a ello, el proceso de incorporación laboral de las mujeres ha significado introducirse a una esfera mayormente ocupada por los hombres, la cual funciona de la manera que lo hace en virtud de que no visibiliza situaciones propias de la esfera reproductiva, para la cual se requieren libertad de tiempos y espacios necesarios para la atención de las tareas de cuidado y del hogar. En este sentido, el modelo masculino de participación laboral no puede ser generalizable, ya que se limita su autonomía y su desarrollo profesional, y por otro lado se descuida potencialmente el ámbito familiar.

Además de que esta doble participación de las mujeres en el mercado laboral y en el ámbito familiar ha derivado en dobles y triples jornadas de trabajo, inestabilidad laboral, brechas salariales entre mujeres y hombres por la realización de un mismo trabajo, estrés, etcétera, y por consiguiente una posibilidad casi nula para dedicar tiempo al desarrollo profesional.

No obstante, esta problemática ha sido abordada por algunas instituciones a través de políticas públicas que ayuden a eliminar la desigualdad existente entre mujeres y hombres en esta área. En este sentido, resulta necesario que las instituciones que entre sus atribuciones apoyan el desarrollo académico incorporen en sus políticas el enfoque de género, con la finalidad de visibilizar las inequidades que viven las mujeres.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de conformidad con lo dispuesto en las atribuciones que le confiere la Ley de Ciencia y Tecnología y su Ley Orgánica, así como en las estrategias y líneas de acción contenidas en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012 (Pecyt), en el marco del Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel, y en un renovado esfuerzo por incrementar la capacidad científica, tecnológica y la formación con enfoque de género en cantidad y calidad, ha decidido apoyar la atención de madres solteras que deseen realizar estudios de educación profesional (especialización técnica o licenciatura), con miras a fortalecer su formación profesional facilitando su inserción en el mercado laboral.

En las estadísticas de natalidad del Inegi, en cuanto a la escolaridad de las madres, se observa que de 1990 a 2008 se ha incrementado el número de mujeres profesionistas en tan sólo 9.9 por ciento. Analizando esta situación con visión prospectiva, una posible reducción de la brecha de género significativa, se podría dar en más de 15 años. Lo que hace prioritaria la atención de este segmento poblacional con acciones afirmativas.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología apoya a la atención de madres solteras que deseen realizar estudios de educación profesional (especialización técnica o licenciatura), con miras a fortalecer su formación profesional facilitando su inserción en el mercado laboral.

En agosto de 2010 se publicó la primera convocatoria pública “Formación Profesional Técnica y Universitaria de Madres Solteras”. Los estudios estadísticos del Inegi se vieron reflejados en la realidad con los siguientes resultados:

• Solicitudes recibidas: 3 mil 266. Instituciones de Educación Superior (IES) participantes: 164; entidades federativas participantes: 32.

• Considerando un apoyo mensual de 3 mil pesos, más un monto de 2 mil pesos por cada inicio de ciclo lectivo, con un máximo de 36 meses. Sólo se pudieron apoyar 249 solicitudes (85 IES de 31 entidades federativas) con un inversión de 11 millones 455 mil 500.00 pesos.

Es decir, solo se atendió al 7.45 por ciento de la demanda. Esta situación obligó a otorgar los apoyos a postulaciones que reflejaban una situación socioeconómica de extrema necesidad, quedando fuera más de 2 mil 500 candidatas que reflejaban claramente una pertinencia del apoyo en la conclusión de sus estudios profesionales con alta probabilidad de finalizarlos con éxito.

Ante esta realidad, se manifestó la necesidad de publicar una segunda convocatoria Formación Profesional Técnica y Universitaria de Madres Solteras a finales de mayo de 2011.

El seguimiento realizado año con año de los recursos otorgados desde 2010 a la fecha en sus respectivas convocatorias, se presentan los siguientes datos:

• Seguimiento del recurso 2010

Formación Profesional Técnica y Universitaria de Madres Solteras, según los resultados de la convocatoria, reportados en el informe de actividades del cuarto trimestre 2010, se continúa con el seguimiento académico de los apoyos otorgados.

Análisis del avance de resultados

• Seguimiento del recurso 2011

Formación Profesional Técnica y Universitaria de Madres Solteras, en seguimiento a los resultados de la convocatoria, reportados en el informe de actividades del tercer trimestre 2011, se continúa con el seguimiento académico de los apoyos otorgados.

Análisis del avance de resultados

• Seguimiento del recurso 2012

Formación Profesional Técnica y Universitaria de Madres Solteras, el 13 de abril del presente se publican los resultados de la convocatoria abierta para instituciones inscritas en el Reniecyt que participaron con solicitudes de apoyo a madres mexicanas jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional.

Análisis del avance de resultados

Como se puede observar, año con año ha incrementado la demanda de las becarias del programa para madres solteras, razón por la cual se prevé como necesario el apoyo a este programa y su etiquetación específica en el PEF mediante el anexo “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.

Lo anterior dado que una acción afirmativa como ésta, dirigida a atender una situación social de desigualdad más que evidenciada, requiere que al menos se atienda un mayor porcentaje de las solicitudes, lo que impulsara la reducción de la brecha de género que se vive en nuestro país.

Es importante resaltar que el presupuesto etiquetado para la igualdad entre mujeres y hombres que se otorga a este Consejo, no puede ser ampliado con recursos propios del Conacyt para apoyos en la modalidad de becas para estudios de licenciatura, sino que se requiere una ampliación de los recursos que se incluya dentro del anexo 10, “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II,  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Senadores la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a continuar aplicando acciones afirmativas a favor de las madres solteras, facilitar el acceso y difundir las estrategias con el objeto de que más mujeres concluyan su formación profesional técnica y universitaria.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a través de las Comisiones de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, con la finalidad de que se contemple dentro del anexo 10, “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 un aumento de recursos dirigidos a la atención de madres solteras que deseen concluir sus estudios de educación profesional especializada técnica ó de licenciatura, con miras a fortalecer su formación profesional.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2012.— Senadora Martha Elena García Gómez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a establecer en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación una ampliación presupuestal para el ejercicio de 2013, con respecto al presupuesto de 2012, destinada exclusivamente a la resolución definitiva de los conflictos agrarios.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Quienes suscriben, Francisco García Cabeza de Vaca, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Jorge Luís Preciado Rodríguez, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 27 constitucional, así como de los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, por el que el Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para establecer en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, una ampliación presupuestal para el ejercicio 2013, con respecto al Presupuesto de Egresos del 2012, destinada exclusivamente a la resolución definitiva de los conflictos agrarios, con base en los siguientes:

Antecedentes

Hace más de dos décadas la modificación al artículo 27 constitucional, generó la existencia de una nueva Ley Agraria y a la par, la creación de la Procuraduría Agraria y de los Tribunales Agrarios con su ley orgánica correspondiente, lo que nos ofrece el testimonio de que uno de los objetivos centrales del marco legislativo agrario ha sido la procuración de justicia en el campo.

La nueva vida agraria tiene como hilo conductor la justicia y su impartición, por ello la ley y las instituciones representan esas medidas con las que el Estado mexicano cuenta para cumplir con lo dispuesto en la fracción XIX del artículo 27 constitucional. Esta disposición obliga a garantizar con rapidez y de manera honesta, la impartición de justicia agraria, porque quien la imparte es un magistrado y su resolución es definitiva.

Pero además, el Estado mexicano asigna a un representante social a través de una institución: la Procuraduría Agraria. Esta es la institución encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas.

Coinciden diversos tratadistas en que la reforma de 1992, es la modificación a la Constitución más profunda y trascendental desde 1917, en el tema del campo. Su anuncio ocasionó posiciones encontradas. La postura de quienes apoyaron el proyecto de reformas, la visualizaban con miras a transformar el campo y mejorar el nivel de vida de los campesinos. La otra, veía con suma preocupación que el proyecto de reformas trajera como consecuencia la privatización del ejido y la legitimación del latifundio. La globalización económica mundial, jugaba un factor fundamental en el desarrollo del campo mexicano.

En su parte medular, la reforma estableció la posibilidad de la adopción del dominio pleno para las parcelas ejidales. El artículo 27 reformado libera al ejido de su dependencia burocrática, le da independencia a su representación, reconoce el poder de decisión de los ejidatarios y rompe con la dependencia corporativa que se derivaba de la intervención de autoridades en las decisiones internas. La nueva ley posibilitó la adquisición del dominio pleno de las parcelas en tierras ejidales para que éstas pudieran pasar al régimen de propiedad privada; la propiedad privada tiene garantías constitucionales y civiles distintas a las de la propiedad ejidal y comunal, creándose así varias condiciones que anteriormente no existían.

Como observamos, la legislación e instituciones de la reforma agraria en México, generan las condiciones favorables para una expedita procuración de la justicia. Sin embargo, existe actualmente un rezago alarmante de juicios agrarios, en los Tribunales Agrarios Unitarios, representativos en distritos por todo el país, siendo una de las causales principales la falta de recursos derivado de procesos por medio del cual se pretende desincorporar las tierras agrarias del régimen ejidal, para ser sujetas al derecho común. Entre esos procesos, encontramos las expropiaciones y precisamente, la figura jurídica del dominio pleno.

El proceso para la adquisición del dominio pleno, la figura jurídica de la expropiación, cuyo elemento fundamental es la causa de utilidad pública y la indemnización, generan costos altos para el sector social. Se genera un costo, con el solo hecho de elaborar e inscribir un título de propiedad, a quienes acreditan la legítima posesión de la tierra ejidal. Esto ha generado retraso e interrupciones constantes en los procesos que derivan en numerosos conflictos agrarios por todo el país.

Tanto el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, que es un fideicomiso público auxiliar del Poder Ejecutivo federal cuya finalidad, entre otros, es la de administrar los fondos comunes ejidales y comunales que determinen las asambleas de los núcleos agrarios, así como la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, se encuentran en situaciones financieras alarmantes, mientras que se generan anualmente, alrededor de 90 mil nuevos asentamientos irregulares por toda la república.

Ante esta situación es momento de sensibilizamos y comprometemos con una justicia para el campo pronta, expedita, eficiente y honesta. Para ello vemos que las condiciones legales e institucionales están prácticamente dadas; faltan mejorar algunas situaciones que siguen volubles ante la reciente reforma agraria, entre otras: la asignación de recursos presupuestales adecuada y suficiente destinada a abatir el rezago agrario.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2012 la cifra asignada para la atención de conflictos agrarios y obligaciones jurídicas es en el orden de los 856.3 millones de pesos, lo que representa sólo 15 por ciento sobre el total asignado para el Ramo Administrativo de Reforma Agraria.

En ese orden de ideas, previo extensivo análisis del ejercicio del gasto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente resolución por el que se solicita

Único.El Senado de la República del Congreso de la Unión solicita que la Cámara de Diputados considere en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2013, una ampliación presupuestal, con respecto al presupuesto de egresos del 2012, destinada exclusivamente a la resolución definitiva de los conflictos agrarios.

Senadores: Francisco García Cabeza de Vaca, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo.— Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila  de Zaragoza.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En la sesión celebrada el 16 de octubre de 2012, el pleno del Congreso de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a una proposición con punto de acuerdo “con relación a solicitar la implantación de un programa urgente de empleo temporal que beneficie a la gente del campo de Coahuila”, planteada por el diputado José Francisco Rodríguez Herrera, con los integrantes del Grupo Parlamentario Profesora Dorotea de la Fuente Flores, del Partido Revolucionario Institucional, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

Al tratarse este asunto, el pleno del Congreso resolvió sobre la aprobación de un acuerdo, mediante el cual se determinó lo siguiente:

Único.Que el Congreso del estado envíe un atento exhorto a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para solicitar que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se etiquete en el Presupuesto del próximo año un programa urgente de empleo temporal para enero, febrero y marzo próximos, a fin de aminorar la grave situación económica y la falta de empleo por la que atraviesan los algodoneros, forrajeros, ganaderos, ixtleros y candelilleros de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley Orgánica, el Congreso comunica a usted este acuerdo, para su debido conocimiento y la consideración de lo consignado en él.

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de octubre de 2012.— Licenciado Francisco Javier Rangel Castro (rúbrica), oficial mayor del Congreso del Estado.»

«Escudo.— Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila  de Zaragoza.

La severa sequía por la que atravesó el campo coahuilense durante este año afectó, según reportes de la Sagarpa, una superficie de 160.00 mil hectáreas, afectando a por lo menos 58 000 mil productores agrícolas y 43 000 mil hectáreas de superficie de agostadero, perdiéndose 24 300 mil cabezas de ganado, en los 38 municipios.

Según los expertos, la sequía por la atraviesa el país es la más difícil que se haya padecido en los últimos 70 años. Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila son los estados que más han sufrido y padecido el fenómeno meteorológico.

El campo del estado gira en torno de diversas actividades primordiales, como la siembra de algodón, la siembra de forrajes, y la producción de ganado, de ixtle y de candelilla.

Pero desafortunadamente, como lo he venido señalando, en los últimos años la gente del campo se ha visto muy afectada en sus ingresos económicos, pues les resulta incosteable realizar alguna de las actividades que pueden desarrollarse en el campo, debido principalmente a la falta de agua y de recursos económicos suficientes por las autoridades.

Por señalar un ejemplo, quiero comentarles que para trabajar una hectárea de algodón, el cual es el cultivo rector que mueve la economía de la región laguna, se necesita la preparación de tierras, semillas, fertilizantes, agua y mano de obra, lo que se traduce en un costo aproximado de producción de 26 mil pesos, y una vez que se logró obtener la cosecha de esa hectárea, se obtienen aproximadamente entre 4 o 5 toneladas de algodón en hueso, las cuales ya en pluma serían siete pacas de algodón, que se venden en un precio de 4 mil pesos cada una, tomando como referencia el precio internacional, que está en 72 centavos de dólar la libra, el agricultor obtiene 28 mil pesos en total, por lo que su ganancia final después de un año de trabajo es de sólo 2 mil pesos.

Imaginen, compañeras y compañeros diputados, qué puede hacer un campesino con una ganancia de sólo 2 mil pesos al año.

¿Con ese dinero creen ustedes que podrá alimentar y vestir a la familia?

Claro que no, compañeros. He ahí la dura realidad por la que atraviesan nuestros hermanos del campo.

Reconocemos que los tres órdenes de gobierno han implantado diversos programas urgentes en apoyo del campo en la región laguna, pero desafortunadamente han sido insuficientes, pues la crisis económica de la gente de la región se sigue agudizando, derivado de la falta de empleo prevaleciente y, más aun, la caída de los precios internacionales del algodón.

En las regiones del desierto, centro, sureste y norte del estado, los productores de ganado se vieron en la necesidad de deshacerse de los animales por la escasez de agua y forrajes. Los candelilleros y productores de ixtle atraviesan por una difícil situación, derivada de la escasez de agua y la falta de apoyos para producir candelilla. Además, las lluvias de los últimos días fueron insuficientes para solucionar en su totalidad el problema.

Por ello ocurro hoy a esta tribuna para pedirles su apoyo y que juntos solicitemos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión establezca en el próximo Presupuesto de Egresos un programa urgente de empleo temporal para enero, febrero y marzo del próximo año, que beneficie a los productores del estado, quienes se encuentran desempleados y en espera de algún apoyo para iniciar el próximo ciclo agrícola.

En el programa urgente de empleo temporal pueden desarrollarse, entre otras, estas actividades:

1. La limpia de regaderas interparcelarias, lo cual ayudaría a bajar los costos de producción y permitiría mayor ahorro en el consumo de agua.

2. La preparación de las tierras de cultivo para el ciclo agrícola de 2013.

3. El retiro de maleza en caminos de acceso, lo cual facilitaría la movilización de las cosechas.

4. La reparación de líneas de cercado para el ganado.

5. La plantación de lechuguilla y otros.

En el programa urgente de empleo temporal, solicitado en este punto de acuerdo, pedimos que se incluyan al sector social productores de algodón, candelilleros, ganaderos y forrajeros, a fin de que en los próximos meses de invierno tengan algún ingreso: esa época es la más difícil de afrontar.

Por lo expuesto, y en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 22, fracción V, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; y con fundamento en los artículos 170, 171, 172, 173 y demás relativos del citado ordenamiento, nos permitimos someter a consideración del pleno, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que el Congreso del estado envíe un atento exhorto a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para solicitar que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica se etiquete en el Presupuesto del próximo año un programa urgente de empleo temporal para enero, febrero y marzo venideros, a fin de aminorar la grave situación económica y la falta de empleo por la que atraviesan los algodoneros, forrajeros, ganaderos, ixtleros y candelilleros de Coahuila.

Saltillo, Coahuila, a 16 de octubre de 2012.— Diputado José Francisco Rodríguez Herrera (rúbrica).»

«Escudo.— Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila  de Zaragoza.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva  de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En la sesión celebrada el 2 de octubre de 2012, el pleno del Congreso de Coahuila de Zaragoza, trató lo relativo a una proposición con punto de acuerdo “en el que se exhorta al Congreso de la Unión a aumentar y modificar la proporción en la asignación de los recursos del fondo para zonas metropolitanas a los estados de Coahuila y Durango”, planteada por el diputado Francisco José Dávila Rodríguez, conjuntamente con las diputadas y diputados que la suscriben, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

Al tratarse este asunto, el pleno de éste Congreso, resolvió sobre la aprobación de un acuerdo, mediante el cual se determinó lo siguiente:

Único. Que este Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, exhorte al Congreso de la Unión a aumentar y modificar la proporción en que se asignan los recursos del fondo para zonas metropolitanas que se asignan a los estados de Coahuila y Durango para la zona metropolitana de La Laguna, en relación directa al peso poblacional. Asimismo, se le solicite que los municipios de Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca, Coahuila de Zaragoza, sean considerados dentro de la zona metropolitana de La Laguna.

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley Orgánica este Congreso, se comunica a usted este acuerdo, para su debido conocimiento y la consideración de lo consignado en el mismo.

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 3 de octubre de 2012.— Licenciado Francisco Javier Rangel Castro (rúbrica), oficial mayor del Congreso del Estado.»

«Escudo.— Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila  de Zaragoza.

El suscrito diputado Francisco José Dávila Rodríguez, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 22, fracción V, 163, 172, 173 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar a esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.

Motivos de esta proposición

Se define como zona metropolitana al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana funciones y actividades rebasan el límite que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí mismo o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que se mantiene un alto grado de integración socioeconómica.

Lo anterior forma parte de la definición de zonas metropolitanas de México que en el año 2005 definieron en un análisis conjunto la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol) la Comisión Nacional de Población (Conapo), y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las zonas metropolitanas tienen municipios centrales y municipios exteriores. Los primeros son aquellos, donde se localiza la ciudad principal que da origen a la zona metropolitana, que por sus características comparten una conurbación intermunicipal, entendida ésta como la unión física entre dos o más localidades censales de diferentes municipios, y cuya población en conjunto asciende a 50 mil o más habitantes.

Los municipios exteriores son aquellos contiguos a los anteriores (centrales) cuyas localidades no están conurbadas a la ciudad principal pero que mantienen un alto grado de integración ubicada a no más de 10 kilómetros por carretera pavimentada y de doble carril, de la localidad o conurbación que dio origen a la zona metropolitana en cuestión.

En la actualidad –con base a esos criterios– la zona conurbada de La Laguna se conforma de los municipios de Torreón y Matamoros (Coahuila) y de Gómez Palacio y Lerdo (Durango) y con base en lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos asignados a esta conurbación, se dividen en un cincuenta por ciento para cada estado.

Al margen de la normativa propia para el ejercicio de los recursos, que señala una serie de requisitos para los proyectos a financiar, es necesario actualizar y puntualizar la proporcionalidad de los recursos en base al peso poblacional que cada estado tiene en esta zona metropolitana,

El último registro censal nos arroja una población de alrededor de un millón doscientos 24 mil habitantes en total. De los cuales el 61 por ciento corresponderían a Coahuila, por la suma de los habitantes de Torreón y Matamoros, cercanos a setecientos cincuenta mil personas, y el 39 por ciento a Gómez Palacio y Lerdo, alrededor de cuatrocientos setenta mil habitantes.

Otra característica que debe cumplir un municipio exterior, es que al menos un 15 por ciento de su población ocupada trabaje en los municipios centrales de la zona metropolitana, ó bien que tenga un 75 por ciento de su población económicamente activa dedicada a actividades industriales, comerciales y de servicios.

La asignación de recursos de manera igualitaria refleja una inconsistencia en relación al peso poblacional de las ciudades que conforman la zona conurbada de La Laguna.

Adicionalmente a lo anterior, la dinámica de crecimiento urbano de Torreón y del municipio de Francisco I. Madero, y San Pedro de Las Colonias, obliga a replantear la composición de la esta zona metropolitana, dado que la conurbación entre estos municipios es inminente, y demanda inversiones mayores por su peso poblacional.

Es nuestro deber como representantes populares encabezar la defensa de los intereses de nuestros municipios de origen, y de todo el estado en general. La conurbación coahuilense alrededor de Torreón demanda con urgencia de recursos federales para seguir construyendo la infraestructura y el equipamiento urbano que. mejoren su movilidad, que aumenten su competitividad, y que potencien su desarrollo integral, para el bien de los laguneros, de los coahuilenses, y de todo México.

Basado en todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción V, 163, 172, 173 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presento ante este pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Solicito sea tramitada como de urgente y obvia resolución;

Único: Que este Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza exhorte al Congreso de la Unión a aumentar y modificar la proporción en que se asignan los recursos del fondo para zonas metropolitanas que se asignan a los estados de Coahuila y Durango para la zona metropolitana de Torreón-Gómez Palacio.

Atentamente

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 1o. de octubre de 2012.— Diputado Francisco José Dávila Rodríguez (rúbrica).»

«Escudo.— Poder Legislativo.— Gobierno del Estado de Hidalgo.— “2012, Año del Bicentenario de la Primera Conmemoración del Grito de Independencia en Huichapan”

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Los diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia, de la Sexagésima Primera Legislatura emitieron acuerdo económico relativo al planteamiento realizado por el diputado Mario Vera García, con tema “juventud”, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de esta fecha, del cual le estoy enviando copia, en suplencia de la Secretaría, para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Pachuca, Hidalgo, 6 de noviembre de 2012.— Licenciado Lamán Carranza Ramírez (rúbrica), secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo

«Escudo.— Poder Legislativo.— Gobierno del Estado de Hidalgo.— “2012, Año del Bicentenario de la Primera Conmemoración del Grito de Independencia en Huichapan”.— Primera Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia

Diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura:

A los Diputados Mario Vera García, Prisco Manuel Gutiérrez, Luis Alberto Marroquín Morato y Sandra María Ordaz Oliver, integrantes de la Primera Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia, por instrucciones de la Mesa Directiva del honorable Congreso del estado Libre y Soberano de Hidalgo, nos fue turnado en sesión ordinaria de fecha 2 de octubre del 2012, el planteamiento del diputado Mario Vera García, con el tema “juventud”, para los efectos procedentes; por lo que con fundamento en lo establecido por los artículos 75, 77 fracciones VI, 85 y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del estado de Hidalgo, nos permitimos realizar el siguiente estudio, con base en los siguientes:

Antecedentes

Primero. El asunto en referencia fue turnado a la Comisión que suscribe, registrándose en el libro de Gobierno respectivo, con el número 19/2012.

Segundo. El planteamiento “Juventud”, fue suscrito por el diputado Mario Vera García, del Grupo Legislativo Nueva Alianza, de esta Sexagésima Legislatura, a fin de exhortar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que, en la discusión y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2013, se destinen mayores recursos a la juventud, superiores a los previstos en el Presupuesto de Egresos presentado por el Ejecutivo federal, para el Ejercicio Fiscal de 2012.

Por lo anteriormente expuesto; y

Considerando

Primero.Que la Comisión Legislativa que suscribe es competente para conocer sobre el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 77, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Segundo. Que la juventud es la etapa en la cual los individuos se incorporan a la actividad económica, inician su vida en pareja y empiezan si reproducción, lo que en términos de política pública, implica el enorme desafío de garantizar la satisfacción de sus necesidades en materia de educación, empleo y salud, entre otros aspectos, que permitan mejorar su calidad de vida y potencializar sus capacidades.

Tercero. Que México es un país de Jóvenes, pues la mitad de la población con que cuenta, tiene 26 años o menos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondientes al año 2010; cabe destacar que los jóvenes desempeñan un papel muy importante en el desarrollo social y económico del país, por lo que si la sociedad brinda orientación adecuada y apropiada, además de oportunidades de desarrollo en áreas como educación, salud empleo y creación, los jóvenes podrán transitar a la edad adulta.

Cuarto. Que el Inegi, además, señala que el 22.9 por ciento de jóvenes viven en localidades menores a 2 mil 500 habitantes, mientras que el 77.1 por ciento radica en localidades de más de 2 mil 500 habitantes. En relación al estado conyugal de la población joven, el 61.2 por ciento se encuentran solteros, el 36.1 por ciento se encuentran casados o en unión libre, el 47.1 por ciento de los jóvenes trabaja y el 26.7 por ciento estudia, mientras que el 26 por ciento restante no estudia ni trabaja, encontrándose en una situación improductiva.

Asimismo, la población de entre 15 y  29 años de edad es de 29 millones 706 mil 560 cifra superior al año 2000, en la que Inegi contabilizó en el territorio nacional, un total de 27 millones 221 mil 012 jóvenes. El número de mujeres es mayor que el de los hombres, lo cual significa que hay 96 hombres por cada 100 mujeres; que este sector de la población de entre 15 y 29 edad, desempeñan un papel muy importante en el desarrollo social y económico del país.

Quinto.Que de acuerdo a la OCDE México, respecto a la educación en 2012, nuestro país se encuentra en tercer lugar de la Organización, con el porcentaje más alto de jóvenes que no estudian ni trabajan representando el 24.4 por ciento de ellos, quienes realizan funciones y actividades socialmente útiles, se encuentran buscando trabajo o colaboran con tareas en el hogar, por lo que este fenómeno exige la intervención de todos los órdenes de gobierno.

Sexto.Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2012, la partida destinada al desarrollo de los jóvenes, deriva de la distribución de recursos por ramo, entidades, fondos, programas, entre otros, siendo que en el anexo 22 destinado para el desarrollo de los jóvenes, se asignó el monto de 135 mil 731 millones, 376 mil, 528 pesos, que representa cerca del 3.6% del gasto neto total, del cual, 99.3 por ciento se destina al ramo de educación pública y el 0.7 por ciento restante, se destina para Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano de la Juventud, Salud, Reforma Agraria y Desarrollo Social.

Séptimo.Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, en su artículo 57, menciona que las dependencias y entidades responsables de la ejecución del presupuesto, procurarán que en el diseño y ejecución de sus programas y en sus reglas de operación se considere específicamente la atención a los jóvenes, tomando en consideración sus características y necesidades, por lo que la inversión en la juventud es una acción a todas luces justificable.

Por lo que, atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo que establecen los artículos 55 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 133 y 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad, los Diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, nos permitimos someter a la consideración de este pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Los diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, exhortamos a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en la discusión y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se destinen mayores recursos a la juventud, superior a los previstos en el Presupuesto de Egresos presentado por el Ejecutivo Federal para el Ejercicio Fiscal de 2012.

Segundo. Para los efectos precisados en el punto que antecede, gírese oficio a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, anexando copia de este acuerdo.

Dado en la sala de comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano del Hidalgo, a los 10 días del mes de octubre de 2012.— Primera Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia, diputados: Mario Vera García, presidente; Prisco Manuel Gutiérrez, Elba Leticia Chapa Guerrero, secretarios; Luis Alberto Marroquín Morato, Sandra María Ordaz Oliver (rúbricas).»

«Escudo.— Poder Legislativo.— Gobierno del Estado de Hidalgo.— “2012, Año del Bicentenario de la Primera Conmemoración del Grito de Independencia en Huichapan”

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Los diputados integrantes de las primeras Comisiones Permanentes conjuntas de Educación y de Hacienda y Presupuesto, de la LXI Legislatura, emitieron acuerdo económico, relativo al planteamiento realizado por el diputado Francisco Javier Pérez Salinas, con el tema Educación, que fue aprobado en sesión ordinaria de esta fecha, del cual les estoy enviando copia, en suplencia de la Secretaría, para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular por el momento, les reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Pachuca, Hgo., a 30 de octubre de 2012.— Licenciado Lamán Carranza Ramírez (rúbrica).»

«Escudo.— Poder Legislativo.— Gobierno del Estado de Hidalgo.— “2012, Año del Bicentenario de la Primera Conmemoración del Grito de Independencia en Huichapan”.— Primeras Comisiones Permanentes Conjuntas de Educación y de Hacienda y Presupuesto.

Diputados integrantes de la LXI Legislatura

A los diputados Francisco Javier Pérez Salinas, J. Ramón Flores Reyes, Juan Manuel Camacho Bertrán, Myrlen Salas Dorantes, Martín Pérez Sierra integrantes de la Primera Comisión Permanente de Educación, Reymundo Pérez Soní, Oscar Damián Sosa Castelán, Humberto Pacheco Miralrío, Adrian López Hernández, Nora Liliana Oropeza Olguín, Hemeregilda Estrada Díaz, Christian Pulido Roldán y Carlos Alberto Anaya de la Peña, integrantes de la Primera Comisión Permanente de  Hacienda y Presupuesto, por instrucciones del Presidente de la Directiva del Congreso del Estado, nos fue turnado el Planteamiento del Francisco Javier Pérez Salinas,  para los efectos procedentes, por lo que con fundamento en los que establecen los artículo 75, 77 fracciones III y V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, realizamos el estudio, análisis y resolutivo correspondiente con base a los siguientes:

Antecedentes

1. El planteamiento de referencia, con el tema Educación nos fue turnado en Sesión Ordinaria del martes 25 de septiembre del año en curso;

2. Dicho asunto se registró bajo el número 29/2012 y 139/2012, de las Comisiones Legislativas que resuelven respectivamente;

3. Dentro del planteamiento se sometió a la consideración del pleno la propuesta de acuerdo económico, para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se destinen mayores recursos al rubro educativo, así como solicitar la adhesión de las legislaturas locales y la Asamblea del Distrito Federal; y

Considerando

Primero. Que las comisiones legislativas que resuelven son competentes para estudiar, analizar y resolver sobre los asuntos que les sean turnados por la Directiva, con fundamento en lo que estable el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Hidalgo.

Segundo. Que quienes integramos las comisiones legislativas conjuntas, coincidimos con el planteamiento en cuestión, ya que la educación es el centro de toda estrategia de desarrollo nacional y ocupa un lugar preponderante en los derechos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la del estado, en donde se consagra el derecho a recibirla de manera laica y gratuita.

Tercero. Que la educación que imparta el Estado, debe permitir el desarrollo pleno del individuo y será obligatoria en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior. Constituyendo el principal medio para el desarrollo de las capacidades de las personas, que les permita participar activamente en el desarrollo social económico del país.

Cuarto. Que de igual manera, compartimos la idea de que para que alcanzar un desarrollo pleno personal y social, debe contarse con una educación de calidad, que sea determinante en la formación integral de las personas, que permitan el acceso al conocimiento y a la capacidad productiva, reflejando un impacto en el crecimiento económico y bienestar social.

Quinto. Que si bien es cierto que México, pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por sus siglas OCDE, es uno de los países con el más bajo gasto público destinado a la educación del total del producto interno bruto, con un 6.2 por ciento del 8 por ciento recomendado por esta.

Sexto. Que una de las vías más eficientes para revertir los problemas sociales a los cuales se enfrenta nuestro país, es sin duda, invertir en la educación, para tener una educación de calidad, mayores escuelas, inversión en ciencia y tecnología, mejoramiento profesional, sustentado una sociedad competitiva en el mundo globalizado.

Séptimo. Que las Comisiones de Educación y de Hacienda y Presupuesto, consideran necesario que se destinen mayores recursos a la educación en México en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, con el propósito de alcanzar el porcentaje del 8 por ciento del producto interno bruto contemplado en la Ley General de Educación, por lo que consideramos oportuno emitir el siguiente acuerdo.

Por lo que atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo que establecen los artículos 55 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 133 y 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, nos permitimos someter a la consideración de este pleno, los siguientes

Acuerdos Económicos

Primero. Los diputados integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, exhortamos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se destinen mayores recursos en materia educativa, para alcanzar el 8 por ciento del producto interno bruto, establecido en la Ley General de Educación.

Segundo. A efecto de lo anterior gírese oficio a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, anexando copia de este acuerdo para los efectos precisados.

Tercero. Asimismo gírense oficios las legislaturas de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal, anexando copia del presente acuerdo, solicitando su adhesión al mismo de considerarlo pertinente.

Acordado en la sala de sesiones de las comisiones legislativas, del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil doce.— Por la Primera Comisión Permanente de Educación, diputados: Francisco Javier Pérez Salinas (rúbrica), Ramón Flores Reyes (rúbrica), Juan Manuel Camacho Bertrán (rúbrica), Myrlen Salas Dorantes (rúbrica), Martín Pérez Sierra (rúbrica). Por la Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, diputados: Reynaldo Pérez Soní (rúbrica), Óscar Damián Sosa Castelán (rúbrica), Humberto Pacheco Miralrío (rúbrica), Adrian López Hernández (rúbrica), Nora Liliana Oropeza Olguín (rúbrica), Hemeregilda Estrada Díaz (rúbrica), Christian Pulido Roldán (rúbrica), Carlos Alberto Anaya de la Peña (rúbrica).»

«Escudo.— Poder Legislativo.— Gobierno del Estado de Hidalgo.— “2012, Año del Bicentenario de la Primera Conmemoración del Grito de Independencia en Huichapan”

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Los diputados integrantes de las Primeras Comisiones Permanentes Conjuntas de Equidad de Género, de Derechos Humanos, de Hacienda y Presupuesto, de la Sexagésima Primera Legislatura, emitieron acuerdo económico relativo al planteamiento realizado por la diputada Myrlen Salas Dorantes, con el tema “equidad de género”, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de esta fecha, del cual estoy enviando copia, en suplencia de la secretaría, para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular por el momento, les reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Pachuca, Hidalgo, a 25 de octubre de 2012.— Licenciado Lamán Carranza Ramírez (rúbrica), secretario de servicios Legislativos del Estado de Hidalgo.»

«Escudo.— Poder Legislativo.— Gobierno del Estado de Hidalgo.— “2012, Año del Bicentenario de la Primera Conmemoración del Grito de Independencia en Huichapan”.— Primeras Comisiones Permanentes Conjuntas de Equidad de Género, de Derechos Humanos, de Hacienda y Presupuesto.

Integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del estado:

A los integrantes de las Comisiones Conjuntas de Equidad de Género, de Derechos Humanos, de Hacienda y Presupuesto nos fue turnado el Planteamiento de la diputada Myrlen Salas Dorantes, para los efectos procedentes, por lo que con fundamento en los artículos 75 y 77, fracciones III, VII y XIV, de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del estado de Hidalgo, y con base en los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del martes 25 de septiembre del presente año nos fue turnado, por instrucciones del presidente de la Directiva del Congreso, el asunto general con el tema “equidad de género”.

2. En este asunto se propuso mediante acuerdo económico exhortar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que en la discusión y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de para el Ejercicio Fiscal 2013 se aprueben recursos adicionales a los contenidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por el Ejecutivo federal, en los rubros de erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres, para así combatir la violencia contra la mujer.

3. Dicho planteamiento fue registrado en el Libro de Gobierno de las Comisiones bajo el número 12/201, 14/2012 Y 140/2012 respectivamente y,

Considerando

Primero. Que con fundamento en lo que establece el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estas comisiones resultan competentes para estudiar, analizar y resolver el presente asunto.

Segundo. Que en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Entre los instrumentos internacionales que reconocen los derechos humanos de las mujeres ratificados por México se encuentra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida por sus siglas en ingles CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también denominada Convención de Belén do Pará.

Tercero. Que tal y como ha sido referido en la CEDAW, la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y de respeto de la dignidad humana, dificultando su participación, en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural, constituyendo un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia, que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad

Mediante la CEDAW, los Estados se comprometen a tomar todas las medidas apropiadas, en las esferas política, social, económica y cultural, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, considera que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres; su eliminación es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida.

En ella, se tutela el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público, como en el privado. Los Estados parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

Cuarto. Que en el ámbito, nacional tanto la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia mandatan diversas acciones a la federación, entidades federativas, Distrito Federal y Municipios, que deben ser fortalecidas y ampliadas mediante la aplicación de recursos, para ello, ya la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, precisa que la administración de los recursos públicos federales se realizará con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. La Ley de Planeación en su artículo 2, mandata que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la cual, son parte la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos; para ello, la planeación estará basada en la igualdad de derechos entre mujeres hombres, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población, así como en la perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y promover el adelanto de las mujeres, mediante el acceso equitativo a los bienes y beneficios del desarrollo.

Quinto.Que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en su Resolución 55/2 del 8 de septiembre de 2000, la Declaración del Milenio, en la cual los estados parte, reafirman su compromiso con el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o religión y la cooperación internacional para resolver los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. En la declaración se establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio a cumplir para 2015, que son erradicar el hambre, y la pobreza extrema, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género y otorgar poderes a las mujeres, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades, asegurar la sustentabilidad ambiental y desarrollar una asociación global para el desarrollo.

Sexto.Que como ha sido referido, la discriminación y violencia contra las mujeres, vulneran sus derechos humanos por tanto, la disminución de las brechas de desigualdad y la erradicación de la violencia deben ser temas prioritarios en el Presupuesto de Egresos, de tal forma que desde este rubro se sienten las bases para avanzar como país al logro de los mejores condiciones de vida de mujeres y hombres, en todos los ámbitos.

Séptimo.Que en este contexto y en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, los integrantes de las comisiones, consideramos emitir el siguiente exhorto, en el sentido de que si bien es cierto, se han destinado recursos para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, y la erradicación de la violencia contra las mujeres, es menester redoblar esfuerzos hacia la consecución de los Objetivos del Milenio en el plazo establecido para tal efecto, cuya consecuencia será el mejoramiento de la calidad de vida de mujeres y hombres.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 132, 134 y 135 de la Ley Orgánica del poder Legislativo del Estado de Hidalgo, nos permitimos someter a consideración de este pleno el siguiente

Acuerdo Económico

Primero. Que las diputadas y los diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado libre y Soberano de Hidalgo exhortamos a los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que tal y como ha venido ocurriendo, se fortalezcan las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y el logro de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante el incremento de los recursos destinados para tal efecto dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013.

Segundo. A efecto de lo anterior, gírese atento oficio a las diputadas y los diputados de la Cámara de Diputados del congreso de la Unión, anexando copia del acuerdo económico para los efectos precisados.

Elaborado en la sala de comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a 22 de octubre de 2012.

Elaborado en la sala de comisiones, del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los 22 días del mes de octubre de 2012.— La Primera Comisión Permanente de Equidad de Género, diputados: Myrlen Salas Dorantes (rúbrica), Elisa Licona Suárez (rúbrica), Sandra María Ordaz Oliver (rúbrica), Crisóforo Torres Mejía (rúbrica), José Ramón Berganza Escorza (rúbrica). La Primera Comisión Permanente de Derechos Humanos: diputados: Óscar Damián Sosa Castelán (rúbrica), Luis Alberto Marroquín Morato (rúbrica), Ramón Flores Reyes (rúbrica), Elisa Licona Suárez (rúbrica), Mario Vera García (rúbrica). La Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto: diputados: Reynaldo Pérez Soní (rúbrica), Óscar Damián Sosa Castelán (rúbrica), Humberto Pacheco Miralrío (rúbrica), Adrián López Hernández (rúbrica), Nora Liliana Oropeza Olguín (rúbrica), Hemeregilda Estrada Díaz (rúbrica), Christian Pulido Roldán (rúbrica), Carlos Alberto Anaya de la Peña (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Por instrucción del diputado presidente de la Diputación Permanente del Congreso del estado de Sinaloa y en ejercicio de las atribuciones que a la Secretaría General confiere el artículo 96, fracciones V, VI, XI y XII, de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Sinaloa, me permito remitir a usted el punto de acuerdo número 144 aprobado por la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del estado de Sinaloa, en sesión pública ordinaria celebrada en esta fecha, el que textualmente dice:

Único. La Diputación Permanente de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del estado de Sinaloa, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, tomando en consideración los principios de transparencia y rendición de cuentas, en el ejercicio de análisis y aprobación respecto del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se considere en las erogaciones para la educación pública un conjunto de ampliaciones para los ramos 11, 25 y 33, privilegiando la inversión en programas dirigidos a la atención de grupos vulnerables, educación indígena, rezago educativo, equipamiento, enseñanza del inglés, mejoramiento docente e infraestructura y tecnologías educativas, de tal manera que se incremente el presupuesto educativo en proporción suficiente para avanzar en el cumplimiento de la Ley General de Educación y asignar a este rubro un presupuesto equivalente al 8 por ciento del producto interno bruto.

Lo que comunicamos a usted para su conocimiento y efectos correspondientes.

Atentamente

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 23 de octubre de 2012.— Licenciado Jacinto Pérez Gerardo (rúbrica), secretario General.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.

La Diputación Permanente de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, ha tenido a bien expedir el siguiente

Punto de acuerdo número 144

Único. La Diputación Permanente de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del estado de Sinaloa, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, tomando en consideración los principios de transparencia y rendición de cuentas, en el ejercicio de análisis y aprobación respecto del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se considere en las erogaciones para la educación pública un conjunto de ampliaciones para los ramos 11, 25 y 33, privilegiando la inversión en programas dirigidos a la atención de grupos vulnerables, educación indígena, rezago educativo, equipamiento, enseñanza del inglés, mejoramiento docente e infraestructura y tecnologías educativas, de tal manera que se incremente el presupuesto educativo en proporción suficiente para avanzar en el cumplimiento de la Ley General de Educación y asignar a este rubro un presupuesto equivalente al 8 por ciento del producto interno bruto.

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintitrés días del mes de octubre de 2012.— La diputación permanente del honorable Congreso del Estado de Sinaloa.— Diputado Cenovio Ruiz Zazueta (rúbrica), presidente;Diputada Margarita Lobo Inzunza (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Tabasco.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente

Por acuerdo del presidente de la Mesa Directiva por el mes de septiembre del presente año; correspondiente al segundo período ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Legislatura; tengo a bien comunicar a usted, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, emitió el punto de acuerdo número 292 del que remito un tanto, para la atención que corresponda.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Villahermosa, Tabasco, a 25 de septiembre de 2012.— Licenciado Remedio Cerino Gómez (rúbrica), oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Tabasco.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Tabasco.

La Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y con base en lo siguiente:

Considerando

Primero. Que la población del municipio de Tenosique, Tabasco requiere de la culminación de los trabajos de la obra del tramo carretero federal Balancán-Tenosique, en el kilometro 67+900, mismos que no han sido terminados desde el año 2010. Con fecha 26 de abril de 2012 fue aprobado y turnado por el pleno de la LX Legislatura del estado, un punto de acuerdo mediante el cual: “se invita y se exhorta al titular del Centro SCT en la entidad a efecto de que informe los motivos por los cuales la obra del tramo carretero federal Balancán-Tenosique, en el kilometro 67+900, no han sido terminados solicitando su pronta reparación en razón de que representa el principal acceso al municipio de Tenosique, Tabasco”.

Segundo. Que dicho tramo se encuentra en una zona pantanosa y que en ocasiones se han presentado hundimientos, por lo que hay que desarrollar trabajos sobre elevación para recuperar el nivel del rasante y evitar el corte de comunicación con el municipio de Tenosique, Tabasco.

Tercero. Que en razón de lo anterior, el Centro SCT, Tabasco solicitó un diagnostico geotécnico de dicho tramo para desarrollar una o varias propuestas de solución.

Cuarto. Que hecho lo anterior, de entre varias soluciones temporales factibles, se optó por la de: Hacer uso de inclusiones rígidas de mortero con f’c=50kilogramos/centímetro cuadrado, de 30 centímetros, de diámetro y de una longitud de 8.0, 10.0 y 12.0 metros, para reducir los asentamientos que induciría el terraplén que se conformaría para recuperar el alineamiento vertical de la carretera. Asimismo, construir una alcantarilla cimentada con micropilotes de 6 pulgadas de diámetro y 25 metros de longitud, la cual funcionaria como un vaso comunicante para mantener los mismo niveles de agua en ambos lados. A pesar de que parte de la carretera se estabilizó con dicha solución, el tramo donde se construyó la alcantarilla fallo y es donde actualmente se refleja el problema.

Quinto. Que actualmente la Unidad General de Servicios Técnicos del SCT, Delegación Tabasco, está elaborando un dictamen para determinar qué solución se dará para evitar la interrupción del tráfico hacia el municipio de Tenosique, Tabasco, con la condicionante de que dicho tramo estará operando bajo condiciones de restricciones de velocidad, hasta en tanto no se tengan autorizados los recursos para el estudio, el proyecto y construcción de un viaducto, que es la solución definitiva.

Sexto. Que, en virtud de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción XLIII, de la Constitución Local, para aprobar, los puntos de acuerdos que propongan a la Legislatura los diputados o las fracciones parlamentarias, para gestionar ante las instancias competentes apoyo a la población o que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña; ha tenido a bien emitir el siguiente

Punto de acuerdo 292

Único. La Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado de Tabasco, exhorta a los integrantes de las comisiones competentes y al Pleno de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a verificar que sean realizadas las diligencias necesarias a efecto de que sea incluida en el presupuesto de egresos 2013, la asignación de recursos para la culminación de obra del tramo carretero federal Balancán - Tenosique, en el Kilometro 67+900, en razón de los problemas técnicos que presenta. Así mismo se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con la finalidad de que las acciones programadas tengan continuidad y conclusión en tiempo y forma.

Transitorio

Único. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites correspondientes, para hacer llegar a sus destinatarios el presente exhorto.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo del estado, en la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil doce.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Honorable Congreso del Estado: dputado Manuel Antonio Ulin Barjau (rúbrica), presidente;diputado Fernando Morales Mateos (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Rodrigo Chávez Contreras, diputado federal electo en la cuarta circunscripción plurinominal; se designan en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir su protesta de ley a los legisladores Alliet Mariana Bautista Bravo, Hugo Jarquín, Tomás Brito, Ximena Martel, a Héctor Hugo Roblero y a Martha Beatriz Córdova Bernal.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple con su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ciudadano Rodrigo Chávez Contreras, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Rodrigo Chávez Contreras: Sí, protesto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.Felicidades, señor diputado.

Continúe la Secretaría.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza y Carlos Alberto Puente Salas presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica).»

«Los suscritos, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Carlos Alberto Puente Salas, integrantes respectivamente de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducibilidad con relación a la promoción deportiva, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Conforme a la legislación vigente en la materia, no todas las personas con fines no lucrativos están autorizadas para recibir donativos deducibles de impuesto; en particular, la promoción del deporte, actividad establecida en la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil como objeto de fomento que no se encuentra prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Se señala la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil porque considera la promoción del deporte como objeto de fomento por su importancia para el desarrollo nacional.

Todo ello derivado de conformidad con la Ley General de Cultura Física y Deporte, que establece en el artículo 2

Esta ley y su reglamento tienen por objeto establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social y privado en materia de cultura física y deporte, teniendo las siguientes finalidades generales:

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones;

II. Elevar, por medio de la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes en las entidades federativas, Distrito Federal y municipios;

III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la cultura física y el deporte;

IV. Fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades;

V. Fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, como medio importante en la prevención del delito;

VI. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como complemento de la actuación pública;

VII. Promover las medidas necesarias para erradicar la violencia y reducir los riegos en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas que pudieran derivarse del doping, así como de otros métodos no reglamentarios;

VIII. Fomentar, ordenar y regular las asociaciones y sociedades deportivas, deportivo-recreativas, del deporte en la rehabilitación y de cultura físico-deportiva;

IX. Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, protección y conservación adecuada del medio ambiente;

X.Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, capacidades diferentes, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implanten; y

XI. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna, siempre que las actividades por realizar no pongan en peligro su integridad.

Aunado a lo anterior, debemos destacar que el 12 de octubre de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas de los artículos 4o. y 73, fracción XXIX-J, de la Constitución, en materia de cultura física y deporte, en la cual se establece:

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponden al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Este nuevo derecho consagrado en la Constitución debe aplicarse a partir de la participación también de los sectores social y privado en colaboración con esta nueva responsabilidad del Estado, atendiendo tanto al mandato constitucional como a la concertación de la participación de ambos sectores en materia de cultura física y deporte que impone la Ley General de Cultura Física y Deporte a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En el caso de la deducibilidad de la promoción del deporte, encontramos que la Ley General de Cultura Física y Deporte confiere a la Conade la responsabilidad de ser el gestor de estímulos fiscales para las aportaciones de los sectores social y privado, conforme lo dispone el artículo 29, fracciones IX y XX, de dicho ordenamiento:

Artículo 29. La Conade tiene las siguientes atribuciones:

...

IX. Promover y fomentar ante las instancias correspondientes en el ámbito federal el otorgamiento de estímulos fiscales a los sectores social y privado derivado de las acciones que estos sectores desarrollen a favor de la cultura física y el deporte;

...

XX. Promover e incrementar con las previsiones presupuestales existentes los fondos y fideicomisos, ya sean públicos o privados, que en materia de cultura física y deporte se constituyan con objeto de organizar la participación de los sectores social y privado, a efecto de contribuir al desarrollo deportivo del país;

En concordancia con esta última fracción del artículo 29 de Ley General de Cultura Física y Deporte, cabe señalar que la Conade cuenta con dos fideicomisos públicos, que conforme a la normatividad y facultades, ya no son susceptibles de recibir donativos: Fondo Nacional para el Deporte y Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, ambos creados con el propósito de incrementar los apoyos que se otorgan al deporte. Son además fundamentales para la formulación de normas y programas, así como ejecutar acciones para promover la educación física, el deporte para todos, el deporte estudiantil, el selectivo y el de alto rendimiento.

Aun cuando la ley confiere atribuciones a la Conade para crear fideicomisos públicos o privados, ésta no ha cumplido la reforma planteada en 2005 para el reconocimiento a los medallistas olímpicos a que se refiere la ley en el artículo 99, que a letra dice:

Corresponde a la Conade y a los organismos de los sectores públicos otorgar y promover en el ámbito de sus respectivas competencias ayudas, subvenciones y reconocimientos a los deportistas, técnicos y organismos de cultura física y deporte ajustándose a lo dispuesto en la presente ley, su reglamento y, en su caso, en la convocatoria correspondiente.

La Conade promoverá y gestionará la constitución de fideicomisos destinados al otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en juegos olímpicos o paralímpicos.

La Conade regirá los criterios y las bases para el otorgamiento y monto de la beca a que se harán acreedores los beneficiados por los fideicomisos creados para reconocimiento a medallistas olímpicos y paralímpicos.

La propuesta aquí planteada busca establecer las condiciones para que, efectivamente, se incentiven la cultura física y el deporte como actividad considerada como objeto de fomento dada su importancia para el desarrollo del país. Pretende incentivar además la participación de los sectores social y privado, a través de que sean éstos susceptibles de recibir donativos deducibles, para lo cual deberán cumplir los requisitos que establece la legislación aplicable en la materia, para con ello contribuir a salvaguardar los recursos del Estado y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil.

Basta revisar el brutal incremento del presupuesto federal destinado al deporte, durante la administración que está por concluir, para dar por sentado que no se observa la debida importancia que tienen los recursos privados para el desarrollo del deporte del país, aunado a las bondades que trae consigo la práctica de la actividad deportiva, en especial para el combate del sedentarismo y la obesidad, y la canalización adecuada del ocio, cuya responsabilidad recae también de manera social en el sector privado.

La obtención de recursos a través de la deducción de donativos recibidos debe servir para impulsar todas las acciones de apoyo y fomento del deporte, con arreglo a la normatividad aplicable y bajo la promoción y supervisión de la Conade para transparentar y hacer eficiente la aplicación de los recursos en beneficio del deporte nacional.

El objeto de esta iniciativa no sólo tiene que ver con la captación de mayores recursos privados para la actividad deportiva: busca además con ello cumplir el objeto de la Ley General de Cultura Física y Deporte en aras de cumplir las finalidades enmarcadas en el artículo 2, sino contribuir con la Conade como rector de la política nacional en la materia, a desarrollar todo lo concerniente a la actividad deportiva con arreglo a las disposiciones constitucionales del derecho a la cultura física y la práctica del deporte.

Sin duda, ésta es la primera respuesta para que pueda darse cabal cumplimiento al nuevo mandato constitucional en el tema.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducibilidad con relación a la promoción deportiva

Artículo Único. Se reforman las fracciones VI y XVI del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Articulo 95. ...

I. a V. ...

VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta ley, que tengan como beneficiarios a personas, sectores, y regiones de escasos recursos; que realicen actividades encaminadas al desarrollo y promoción del deporte; que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades:

a) a h) ...

i) La promoción del deporte.

VII. a XV. ...

XVI. Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos o religiosos;

XVII. a XX. ...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 20 de noviembre de 2012.— Senadores: Lilia Guadalupe Merodio Reza, Carlos Alberto Puente Salas (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Domínguez Servién, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carilla, María Lucero Saldaña Pérez y María del Rocío Pineda Gochi presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica) vicepresidente.»

«Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appeal, Francisco Domínguez Servién, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carilla, María Lucero Saldaña Pérez, María del Rocio Pineda Gochi, senadores de la república para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo quinto de la fracción I del artículo 31, el párrafo séptimo del artículo 93, la fracción I y el primer párrafo de la fracción II, ambos del artículo 97, el párrafo cuarto de la fracción III del artículo 176; se adiciona la fracción XXI al artículo 95; y se deroga el párrafo segundo de la fracción II del artículo 97, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Estamos ante un cambio de época, fenómenos como la migración, la inclusión de la mujer en el mercado laboral, la corta duración del matrimonio, entre otras, ocasionaron que el papel de la familia se viera desplazado. Desde hace algunos años, la conformación familiar se transformó, según cifras del Inegi, tan sólo 7 de cada 100 niños viven con ambos padres, mientras que el tiempo promedio de duración del matrimonio es de 10 años. Hoy día no hay heterogeneidad en la familia, por el contrario, hay familias uniparentales, con padres del mismo sexo, formadas con uno de los padres y los abuelos, etcétera, este cambio en la configuración de la familia implicó, necesariamente, un cambio en la configuración social.

Tareas básicas como la de transmisión de valores, de formación de una identidad nacional, de unión y trabajo en equipo, de protección a los niños, a los adultos mayores o en general a los débiles, ya no se enseñan en el seno familiar. Hoy día tenemos un hueco en el proceso de formación del ser humano, el cual no se cubre con la escuela, pero es paulatinamente reemplazado por los medios masivos de comunicación, la televisión es quien educa a nuestros jóvenes. El fenómeno de transformación de la familia es mundial y plantea un reto a las sociedades actuales, adaptarse y buscar la manera de enseñar a los jóvenes estas tareas que la familia ya no cubre, o educar nuevas generaciones con profundas carencias en su formación humana.

En países como Alemania, donde cada ciudadano participa en al menos 7 organizaciones sin fines de lucro, las tareas que antes transmitía la familia, ahora las transmite la sociedad organizada. Es así que la participación ciudadana, a través de la conformación de organizaciones de la sociedad civil, se pondera en el siglo XXI como el mejor medio para transmitir valores, formar una identidad nacional, proteger a los desvalidos, generar unión y enseñar a trabajar en equipo a los jóvenes que forman parte de una sociedad determinada.

Aunado a lo anterior, en nuestro país la figura de Estado paternalista que subsistió durante muchos años, generó una codependencia de los mexicanos hacia la resolución de los problemas sociales mediante medidas estrictamente gubernamentales. Esta codependencia ha impedido fortalecer a la ciudadanía y trascender de una mera democracia formal a una democracia de calidad.

La hipertrofia legislativa en materia electoral nos demuestra que los esfuerzos por fortalecer a la democracia no deben ser sólo legislativos, por el contrario, la democracia no se logra en o por las leyes, la democracia se logra a través de los ciudadanos, sólo los ciudadanos son capaces de construir una democracia sólida cuando se les permite participar y deliberar en los asuntos públicos.

En nuestro país tan solo existen 36 mil organizaciones de la sociedad civil, para aproximadamente 112 millones de mexicanos, mientras que en países como Argentina existen 100 mil para 30 millones de argentinos, en México no comprendemos que la ciudadanía fuerte hace fuerte al país.

Como legisladores, esta situación nos exige tomar medidas, a efecto de reformar el marco fiscal de las OSC con el objeto de incentivar la creación de nuevas organizaciones, y el fortalecimiento de las ya existentes, en el entendido de que, como medida de largo plazo, se liberará al Estado de realizar muchas actividades que se pueden realizar de manera más eficiente desde la sociedad civil organizada.

Justificación de la reforma a los artículos 31, 95, 97 y 176

El 25 de abril de 2007 el diputado federal del PRD, Juan Guerra Ochoa, en nombre de los Grupos Parlamentarios del PRD, de Convergencia y del PT, presentó la iniciativa “que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria”.

Entre varios puntos, la iniciativa contenía la reforma a los artículos 31 y 176 del la Ley del Impuesto sobre la Renta. La reforma planteada por el diputado Juan Guerra tenía como objetivo establecer un límite de 50 por ciento a la deducibilidad del monto otorgado en donativo a las organizaciones de la sociedad civil, tanto por personas físicas como personas morales.

Entre los argumentos principales que el diputado incorporó en su propuesta se encontraban los siguientes:

1. Que México era uno de las pocos países en el mundo que no contaba con límites a la deducción fiscal sobre el monto de donativos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil, lo que se implicaba que cualquier cantidad monetaria donada a una donataria autorizada significaba una reducción de la utilidad fiscal para personas morales y físicas. En virtud de que significaba una reducción de la utilidad fiscal, esto se traducía en un menor pago de impuestos por parte de las personas, lo que en última instancia equivalía a que el donativo fuera otorgado en realidad por la autoridad fiscal, pues la disminución en la recaudación derivaba de la menor utilidad fiscal. El diputado Juan Guerra señalaba que estos donativos se convertían en recursos 100 por ciento públicos entonces.

2. Que la falta de un límite a la deducción por donativos otorgados a las donatarias autorizadas había generado comportamientos perversos en donde muchas personas morales, principalmente, creaban organizaciones no lucrativas con la única finalidad de evadir el impuesto sobre la renta, realizando operaciones de “triangulación y donaciones cruzadas” hacia sus propias organizaciones civiles, que también eran donatarias autorizadas.

3. Que existía un “conjunto de carencias y observaciones en la calidad, claridad y discrecionalidad con la que el sector público otorgaba donativos desde el presupuesto público federal” .

De estos argumentos, el diputado Juan Guerra determinó que los contribuyentes debíamos demandar un “mecanismo de control efectivo”, por lo que un primer paso podría ser establecer un límite de 50 por ciento de deducción a los donativos realizados a donatarias autorizadas, de forma tal que existiera una verdadera participación del sector privado, asumiendo un 50 por ciento del monto del donativo y no dejando la carga total al sector público por el costo fiscal que implicaba la deducibilidad del monto en donación. En principio, el mecanismo también tenía como propósito prevenir y contener comportamientos de corrupción, evasión fiscal y para inducir la transparencia en el uso de los recursos públicos otorgados en donativo a las organizaciones de la sociedad civil.

Si bien los planteamientos del diputado Juan Guerra en parte eran correctos, sus argumentos en realidad estaban enfocados a los donativos que realizaban las personas morales, es decir, en la reforma al artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En los argumentos presentados en su iniciativa, no había un soporte claro para que también se estableciera el mismo límite a la deducibilidad de los donativos otorgados por las personas físicas.

Seguramente, en el análisis personal del diputado Juan Guerra era más sencillo igualar los límites tanto para personas físicas como para morales, evitando de esta forma que los accionistas o socios de una persona moral, pudieran evadir la carga fiscal personal realizando el donativo como persona física si el límite de deducibilidad para donativos fuera mayor para personas físicas. Sin embargo, eso no queda del todo claro en la iniciativa del diputado Juan Guerra.

Fue, sin embargo, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el entonces diputado del PRI Jorge Estefan Chidiac, quien ajustó este límite a la deducibilidad del monto otorgado en donativos a las organizaciones de la sociedad civil. De esta forma, de un límite a la deducibilidad de 50 por ciento planteado por el diputado Juan Guerra, la comisión, sin dar ningún argumento de la disminución del límite, decidió establecerlo en 7 por ciento. No. hubo análisis detrás de esta determinación ni argumento que convenciera de que ese límite era el adecuado para el eficiente funcionamiento del “mecanismo de control” que planteó el diputado Juan Guerra. Simplemente, así lo aprobó la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados en la anterior legislatura.

La comisión en comento tampoco argumentó la razón por la cual igualaba el límite de la deducibilidad entre personas morales y físicas. Simplemente señaló que “se considera que la modificación propuesta permite orientar de manera adecuada el beneficio fiscal de deducir los donativos efectuados a las donatarias autorizadas, pues al establecer que el límite de la deducibilidad sea en los términos indicados permite que la deducibilidad de los donativos sólo la realicen los contribuyentes que generaron utilidades fiscales en el ejercicio inmediato anterior”.

Si bien los argumentos de control fiscal para evitar la evasión y elusión fiscales son del todo adecuados, lo que nunca imaginaron el diputado Juan Guerra, ni la Comisión de Hacienda y Crédito Público que dictaminó dicha iniciativa, es que un límite tan bajo como es el 7 por ciento, a la deducibilidad de los donativos otorgados por personas físicas y morales a donatarias autorizadas, no incentiva la donación y mucho menos, permite la proliferación de recursos que financien la operación de organizaciones de la sociedad civil que, por vocación y compromiso, atienden a grupos vulnerables, minorías y dan solución a problemas sociales en nuestro país.

Esta situación de falta de fuentes de recursos para apoyar la operación ciudadana a través de las organizaciones de la sociedad civil, sólo limita el tamaño del sector social, su capacidad de acción social y desincentiva la donación.

De acuerdo con un análisis realizado por el doctor Michael D. Layton, del ITAM, se evidencia que el financiamiento o los recursos de operación de las organizaciones de la sociedad civil están fuertemente determinados por los cobros por servicios que ellas mismas realizan y que está relacionada con su objeto social. El doctor Michael D. Layton señala en sus estudios que en México, aproximadamente el 85 por ciento de los recursos que reciben las organizaciones de la sociedad civil provienen de cobros por servicios que ellas mismas proporcionan, 9 por ciento proviene de apoyos gubernamentales y tan sólo 6 por ciento proviene de la filantropía. En comparación, en Estados Unidos estos porcentajes son del 57 por ciento, 31 por ciento y 13 por ciento, respectivamente; y en el promedio de países latinoamericanos las cifras son del 74 por ciento, 15 por ciento y 10 por ciento, respectivamente.

Adicionalmente, señala que el apoyo filantrópico y gubernamental hacia estas organizaciones en México es uno de los más bajos del mundo si se le mide en relación con el PIB. De una muestra de 36 países, México ocupa el último lugar con sólo el 0.04 por ciento de su PIB otorgado en donativos a las organizaciones de la sociedad civil.

Fuente:Lester M. Salamon et at, Global Civil Society, Dimensions of the Nonprofit Sector, Volume 2, Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, Kumarian Press, 2004.

Éstas son las verdaderas razones de que tengamos un sector de organizaciones ciudadanas tan pequeño, tan poco fortalecido y con problemas para sobrevivir. Pocos son los ciudadanos, los que pueden observar los problemas cotidianos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil para sobrevivir a causa de la falta de fuentes de recursos.

Las organizaciones de la sociedad civil han cobrado una verdadera importancia en el desarrollo social de México y en la reintegración de las minorías mexicanas en la sociedad y en las actividades cotidianas. Este tipo de organizaciones realizan actividades de “remediación social” que no realiza ni el sector privado ni el sector público, no sólo por falta de capacidad técnica, humano y operativa, sino también por una verdadera falta de visión para empoderar a la sociedad civil y fortalecer a los grupos menos favorecidos de la sociedad.

Las organizaciones de la sociedad civil, con una gran vocación de servicio y compromiso, aportan su experiencia y sus escasos recursos económicos, humanos y materiales a la atención de la población mexicana.

Si bien la publicación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil en el año 2004 permitió que este tipo de organizaciones se constituyera en México en un canal eficiente para la participación ciudadana y para la atención de demandas sociales, el crecimiento y fortalecimiento de este sector depende fuertemente del nivel de recursos con el que cuente.

Es por lo anterior que la iniciativa que se presenta cobra especial relevancia. Se trata de rescatar el espíritu inicial de la iniciativa del diputado Juan Guerra de establecer límites a la evasión y elusión fiscal mediante el otorgamiento de donativos, pero corregir el extremo en que cayó la Comisión de Hacienda y Crédito Público al llevar ese límite al 7 por ciento.

Por ello se propone aumentar el límite existente en la legislación en los artículos 31 y 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta del 7 por ciento al 25 por ciento. La ampliación del límite de la deducibilidad de los donativos otorgados por personas físicas y morales a donatarias autorizadas al 25 por ciento privilegiaría la actividad que realizan las organizaciones de la sociedad civil y fortalecería al sector, dando mejores esperanzas de supervivencia a las organizaciones de la sociedad civil que cuentan con pocos recursos para llevar a cabo su actividad social y enfocarla hacia los grupos más necesitados de este país.

Ahora bien, respecto al artículo 95 se propone adicionarle una fracción XXI, lo anterior a efecto de que las asociaciones y sociedades que se encuentren debidamente inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil conforme a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil serán ‘consideran personas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 de la misma, las siguientes.

Asimismo se propone incluir en el artículo 97 la referencia a la fracción XXI, la cual se adicionó en el artículo 95, con el fin de que el contenido de la ley sea armónico. Se elimina también la prohibición de las OSC para influir en la legislación contenida en la fracción II del artículo 97, toda vez que esto constituye una limitación al derecho de petición de la cual gozamos todos los mexicanos por estar contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Justificación de la reforma al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

El 10 de septiembre de 2009, el Ejecutivo federal presentó, como todos los años, su reforma a la miscelánea fiscal en el marco de la discusión del paquete económico para el ejercicio fiscal 2010.

En esa ocasión se presentó lo que se denominó como “reforma integral de la hacienda pública” lo que el gobierno federal justificó como una iniciativa que se tornaría en un instrumento para garantizar al Estado “la captación de mayores recursos para atender las necesidades de financiamiento y, en consecuencia, alcanzar el desarrollo humano sustentable, que constituye un aspecto prioritario contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”.

Sin duda, la justificación de una reforma integral a la hacienda pública era más que evidente en el marco de una desaceleración económica mundial que requería fortalecer los mecanismos de financiamiento del gasto público en el país. Por esa razón y considerando fundamental para el desarrollo y crecimiento económico del país mantener la solidez en las finanzas públicas y conservar la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, fue que el Ejecutivo federal planteó modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), y en consecuencia incrementar su eficiencia recaudatoria.

El Ejecutivo federal señaló en esa iniciativa que en el ejercicio fiscal de 2008, la recaudación por concepto del ISR había generado ingresos equivalentes al 5.2 por ciento del producto interno bruto, y que esa recaudación era superior al nivel superior promedio que se había observado en los últimos 28 años. Sin embargo, señalaba la iniciativa, durante los primeros meses de 2009 se había observado una baja en la recaudación, lo que significó que en el mes de julio de 2009, los ingresos generados por ISR registraran una caída de 14.3 por ciento en términos reales con respecto del monto observado en el mismo periodo de 2008.

Esto era consecuencia de una desaceleración económica internacional derivada de una crisis financiera internacional que impactaba el ciclo económico nacional, además de los efectos que había causado la contingencia sanitaria ocurrida en abril del año 2009.

Fue así que con el objetivo de mantener una estabilidad de la macroeconomía en el país, y anticipando una menor recaudación tributaria, el gobierno federal debió instrumentar medidas tributarias que permitieran salvar esa situación económica internacional. Esa fue la razón de las medidas que se incluyeron en la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta aplicables para el ejercicio fiscal 2010.

En particular, en materia del sector de donatarias autorizadas, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo federal incorporó algunas medidas “a fin de homologar las obligaciones fiscales de todas las donatarias, garantizar mayor certidumbre jurídica respecto de las actividades que pueden realizar las donatarias autorizadas y asegurar la transparencia de la información referente, entre otros, a los recursos públicos que de forma indirecta reciben vía los donativos de los particulares, así como sobre el uso y destino de los mismos, y de esta manera permitir a las autoridades fiscales contar con los elementos suficientes para que ejerzan sus facultades de comprobación”.

Fue así que se propuso, y posteriormente se aprobó, precisar que los ingresos que obtienen las donatarias autorizadas por la enajenación de bienes o prestación de servicios no relacionados con su objeto social o los fines para los que fueron creadas, no podrían exceder del 10 por ciento de los ingresos obtenidos por el desarrollo de las actividades directamente relacionadas con su objeto. La iniciativa justificó que ello se debía a “que las donatarias deben dedicarse exclusivamente a la consecución de su objeto social y no a actividades empresariales”.

En virtud de que las condiciones económicas internacionales se han modificado y son más favorables para la economía nacional, y que la recaudación por impuestos se ha fortalecido hasta el año 2011, es importante para el sector de las organizaciones de la sociedad civil hacer una evaluación sobre las reformas que se aprobaron en el contexto económico entonces prevaleciente.

Es cierto que es correcto obligar a las organizaciones de la sociedad civil, y en particular a las donatarias autorizadas, a dedicarse exclusivamente a las actividades que define la consecución de su objeto social y a no encubrir la realización de actividades empresariales, pues de esta manera se transparenta la actividad de este sector. Adicionalmente, se evita la evasión o elusión fiscal por esta vía, en la medida en que actividades empresariales pudieran disfrazarse de actividades sociales perjudicando la imagen del sector, en relación con la ayuda social que este brinda a la población mexicana.

Sin embargo, también es cierto que esta reforma al artículo 93 presupuso, de una forma un tanto errónea, que las actividades directamente definidas por el objeto social de las Organizaciones de la Sociedad Civil son suficientes para financiar su actividad y su supervivencia.

Si los ingresos derivados por las actividades enmarcadas por el objeto social de las organizaciones de la sociedad civil fueran suficientes para garantizar su supervivencia, estas organizaciones no se verían obligadas a realizar actividades distintas a las de su objeto social.

Más aún, si los ingresos provenientes por fuentes distintas a su propia actividad, es decir, donativos y apoyos económicos provenientes de la filantropía, del sector privado empresarial y público, fueran suficientes y distribuidos de una forma mucho más equitativa entre todas las organizaciones de la sociedad civil, estas organizaciones no se verían obligadas a realizar actividades que las distraen de la realización y cumplimiento cabal de su objeto social, pero que sin duda les generan ingresos para poder sobrevivir y seguir realizando actividades sociales en apoyo de la sociedad mexicana, principalmente la más vulnerable o la menos protegida.

Las organizaciones de la sociedad civil han venido creciendo en número y sectores abarcados en la última década, principalmente a partir del año 2004 en que se expidió la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Sin embargo, este crecimiento ha estado relacionado directamente con su capacidad para encontrar fuentes de financiamiento, principalmente por las actividades que ellas mismas realizan.

De acuerdo con información compilada por la Universidad Johns Hopkins y analizada por el doctor Michael D. Layton sobre 36 países, si se analiza el sector de las organizaciones de la sociedad civil desde el la perspectiva de los recursos y donaciones con que cuentan para llevar a cabo su labor de ayuda y auxilio a la sociedad, Michael D. Layton señala que el financiamiento de este sector de la sociedad civil está fuertemente determinado por los cobros por servicios que realizan y que, en cambio, es muy débil el apoyo filantrópico y gubernamental hacia estas organizaciones.

Dadas estas cifras de dependencia de los ingresos provenientes de las actividades que ellas mismas realizan para poder sobrevivir y llevar a cabo su actividad social, se requiere revisar la reforma al artículo 93 aprobada en el año 2009 y que limita al 10 por ciento los ingresos exentos provenientes por actividades que no necesariamente se relacionan con su objeto social.

Sin duda y con un afán de evitar la evasión y elusión fiscal y efectivamente obligar a las organizaciones de la sociedad civil a que cumplan con su misión y objeto social para las que fueron creadas, es importante no abrir completamente este límite, pero sí es fundamental para la supervivencia y crecimiento del sector de organizaciones civiles sin fines de lucro, que este límite se revise a la alza.

La justificación por incrementar este límite, cobra especial relevancia si se revisan las cifras del apoyo económico por parte del sector público a las organizaciones de la sociedad civil. En el Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a favor de estas organizaciones, correspondiente a 2010, de OSC, se señala que en 2010 se otorgaron 6 mil 28 apoyos económicos a 3 mil 49 OSC. Esto representa un incremento en el número de apoyos económicos de casi 40 por ciento con respecto a 2009, pero sólo un incremento de poco más de 15 por ciento con en el número de organizaciones apoyadas. Si se consideran las organizaciones que a fines del año 2010 registraron tener su CLUNI, estas cifras evidencian que sólo el 23 por ciento de las organizaciones que aparecen en el Registro Federal recibieron apoyos económicos otorgados por la administración pública federal.

Por lo anterior, en esta iniciativa de reforma se propone cambiar la redacción actual del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de “podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir dichos donativos, siempre que no excedan del 10 por ciento de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate” a “obtener ingresos por actividades con fines no lucrativos a los que se refieren del artículo 95 de esta ley, susceptibles de ser consideradas para recibir donativos en los términos de este título, siempre que no excedan de una tercera parte de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate”.

Esta modificación, sin duda daría un “respiro” a las organizaciones de la sociedad civil, en virtud de que en el marco de la crisis económica internacional, este sector no gozó de ningún esquema que le permitiera sortear de mejor forma la disminución de ingresos provenientes de todas las fuentes, incluyendo las de la filantropía.

Como se puede notar, se sugiere que el texto se refiera a que estarán exentos los ingresos provenientes de cualquier actividad susceptible de autorización, conforme al artículo 95 de la Ley del ISR. Cabe señalar que esta propuesta no afecta en ningún momento la recaudación fiscal, ya que se circunscribe al régimen de personas morales con fines no lucrativos y se preservan los estímulos que les corresponden por este carácter. Por otra parte, se solicita que los ingresos sean una tercera parte de los ingresos para estar en consonancia con la Regla Miscelánea Fiscal I.3.9.15.

Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil con esta reforma significa ser justos socialmente hablando, en virtud de que este sector no tuvo apoyos económicos para sortear la crisis económica mundial de 2009 y 2010. También significa un incrementar las oportunidades que tienen los sectores más vulnerables de la sociedad y las minorías por tener a su alcance ayuda y auxilio como el que prestan las organizaciones de la sociedad civil y que no necesariamente prestan las empresas privadas o el sector público en el país.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I,164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Senadores el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman el párrafo quinto de la fracción I del artículo 31, el párrafo séptimo del artículo 93, la fracción I y el primer párrafo de la fracción II, ambos del artículo 97, y el párrafo cuarto de la fracción III del artículo 176; se adiciona la fracción XXI al artículo 95; y se deroga el párrafo segundo de la fracción II del artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se reforman el párrafo quinto de la fracción I del artículo 31, el párrafo séptimo del artículo 93, la fracción I, y el primer párrafo de la fracción II, ambos del artículo 97, el párrafo cuarto de la fracción III del artículo 176; se adiciona la fracción XXI al artículo 95; y se deroga el párrafo segundo de la fracción II del artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

I. ...

a) a f)

...

...

El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 25 por ciento de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción.

II. a XXIII. ...

Artículo 93. ...

...

...

...

...

...

Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos podrán obtener ingresos por actividades con fines no lucrativos a los que se refieren del artículo 95 de esta ley, susceptibles de ser consideradas para recibir donativos en los términos de este Título, siempre que no excedan de una tercera parte de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate. No se consideran ingresos por actividades distintas a los referidos fines los que reciban por donativos; apoyos o estímulos proporcionados por la federación, las entidades federativas, o municipios, así como aquellos establecidos en los ordenamientos fiscales federales que así lo determinen; enajenación de bienes de su activo fijo o intangible; cuotas de sus integrantes; intereses; derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual; uso o goce temporal de bienes inmuebles, o rendimientos obtenidos de acciones u otros títulos de crédito, colocados entre el gran público inversionista en los términos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que sus ingresos no relacionados con los fines para los que fueron autorizadas para recibir dichos donativos excedan del límite señalado, las citadas personas morales deberán determinar el impuesto que corresponda a dicho excedente, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo 95. ...

I. a XX. ...

XXI. Las asociaciones y sociedades que se encuentren debidamente inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil conforme a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

...

...

Artículo 97. Las personas morales con fines no lucrativos a que se refieren las fracciones VI, X, XI, XII y XXI del artículo 95 de esta ley deberán cumplir con lo siguiente para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta ley:

I. Que se constituyan y funcionen exclusivamente como entidades que se dediquen a cualquiera de los fines a que se refieren las fracciones VI, X, XI, XII y XXI del artículo 95 de esta ley y que de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, una parte sustancial de sus ingresos la reciban de fondos proporcionados por la federación, estados o municipios, de donativos o de aquellos ingresos derivados de la realización de su objeto social. Tratándose de aquellas entidades a cuyo favor se emita una autorización para recibir donativos deducibles en el extranjero conforme a los tratados internacionales, además de cumplir con lo anterior, no podrán recibir ingresos en cantidades excesivas por concepto de arrendamiento, intereses, dividendos o regalías o por actividades no relacionadas con su objeto social.

II. Que las actividades que desarrollen tengan como finalidad primordial el cumplimiento de su objeto social, sin que puedan intervenir en campañas políticas o involucrarse en actividades de propaganda.

Se deroga.

III.a VII. ...

...

...

...

...

Artículo 176. ...

I. a II. ...

III. ...

a) a f)

......

El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 25 por ciento de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se refiere el presente artículo.

IV. a VIII. ............

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Profesor de tiempo completo y director del Proyecto sobre Filantropía y Sociedad Civil, Departamento Académico de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

2 Layton, Michael (2009). Financiando la sociedad civil en México: una aproximación a través de la II Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil, 2008.

3 Profesor de tiempo completo y director del Proyecto sobre Filantropía y Sociedad Civil, Departamento Académico de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Senadores: María Marcela Torres Peimbert (rúbrica), Javier Corral Jurado (rúbrica), Ernesto Ruffo Appeal (rúbrica), Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Víctor Hermosillo y Celada (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dolores Padierna Luna (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Mario Delgado Carrillo (rúbrica), María Lucero Saldaña Pérez, María del Rocío Pineda Gochi (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Honorable asamblea, en virtud de que estamos a la espera del dictamen de la Comisión de Gobernación y de Seguridad Pública y éste no está todavía a la disposición para el principio de publicidad.

DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Vamos a darles el uso de la voz a las compañeras que perorarán en relación a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, objetivo por demás loable. Tiene el uso de la voz doña Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a 13 años de que las Naciones Unidas declararan el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y a 31 años de su celebración en América Latina, la lucha para garantizar los derechos de las mujeres continúa en todo el mundo.

Para mi grupo parlamentario este día constituye, no solo una conmemoración, sino un punto de partida para reflexionar sobre los avances alcanzados y los retos a enfrentar para erradicar la violencia que se ejerce contra quienes representamos cerca de 58 millones en México. Cada año las cifras son alarmantes y nos confirman que mujeres y niñas son violentadas en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad.

Aunque hemos tenido avances legislativos e institucionales, estos son insuficientes. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 2011 revela que 46 de cada 100 mujeres mayores de 15 años sufrieron algún incidente de violencia de pareja, y que 42 de cada 100 mujeres declararon haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su relación. Si bien las cifras muestran que las mujeres son quienes más sufren violencia de género, sus repercusiones afectan a toda la sociedad, incluidos los hombres. Los derechos de las mujeres también se hacen efectivos con la participación de todos ustedes.

Desafortunadamente, al día de hoy, los temas que involucran los derechos de las mujeres siguen en manos de las propias mujeres; simplemente aquí en la Cámara, la Comisión de Equidad y Género no la integra ni un solo varón.

Hombres y mujeres tenemos que unirnos, porque la eliminación de la violencia es también un tema que compete a los hombres, como padres, como esposos, como hermanos, como hijos.

Hoy levantamos la voz para recordarles que sin su participación nuestros niños y niñas no podrán alcanzar una sociedad más equitativa y justa. Este día no debe ser solo un pretexto para la retórica, tan llena de buenas intenciones y tan vacía de compromiso.

Desde Nueva Alianza hemos venido trabajando para impulsar reformas legales que promuevan la equidad de género y el respeto a los derechos de mujeres y niñas.

En lo que va de la Legislatura, mi grupo parlamentario ha presentado iniciativas para ampliar la participación política de las mujeres, así como medidas para disminuir la muerte materna. Incluso, en esta sesión presentaremos una iniciativa para que se reconozca la violencia en el noviazgo, como otra modalidad de violencia contra la mujer.

En Nueva Alianza estamos convencidos que una de las formas para contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres consiste en promover y fortalecer la cultura de la no violencia, acompañada de una política educativa orientada a promover y fortalecer la igualdad.

Hoy los modelos de socialización marcan a nuestra niñez, quienes solo repiten patrones de dominación y subordinación. Necesitamos un cambio cultural desde la escuela, donde nuestros niños y niñas reconozcan y valoren las diferencias de género.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que la prevención es el elemento fundamental para erradicar la violencia en México; por ello, impulsaremos más programas de prevención orientados a la educación.

Compañeras y compañeros diputados, los retos a los que nos enfrentamos en materia de violencia de género no son minúsculos, tenemos desafíos, entre ellos: revisar la eficacia y los mecanismos para otorgar órdenes de protección para las mujeres que denuncian la violencia; la instalación del sistema acusatorio, ya que el sistema inquisitivo revictimiza a las mujeres que sufren violencia.

Compañeras y compañeros, en cada legislatura hay avances en materia de género, los exhorto a que ésta no sea la excepción y se distinga por el trabajo a favor de los derechos de las mujeres y las niñas.

Es verdad que nuestro país ha avanzado en los últimos años, pero no es suficiente, porque cada 15 segundos una mujer es agredida, cada nueve minutos es violentada sexualmente y en uno de cada tres hogares hay maltrato. Juntos podemos detener la violencia; sumemos porque la violencia resta. Gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias por su intervención. Doña Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del PT, que le queda cerquita la tribuna.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Honorable asamblea, el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la asamblea general de la ONU ha declarado el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

A 13 años de la declaratoria, ¿en qué situación estamos con respecto a la violencia hacia nosotras las mujeres? De acuerdo con cifras del Inegi, el rostro de la violencia hacia las mujeres es más que público y evidente, se estima que alrededor de 24 millones de mujeres, de 15 años y más, había experimentado al menos un acto de violencia a lo largo de su vida; cuatro de cada 10 mujeres que tienen o han tenido una pareja han sido agredidas por ella en algún momento de su vida marital. Más de la mitad de quienes han enfrentado violencia física corresponde a agresiones que directamente ponen en riesgo su vida; el 70 por ciento de los casos de mujeres con violencia física y/o sexual de pareja son de una severidad grave o muy grave.

El estado de México presenta la prevalencia más alta de violencia física y/o sexual, con un 33.3 por ciento, seguido por el estado de Tabasco, con el 33.1 por ciento, y con prevalencias un poco más bajas Puebla, con el 30.5; Jalisco, con el 30.4, y Guerrero, con el 29.2 por ciento.

El mayor nivel de severidad de las agresiones físicas y sexuales de la pareja se ubica en los estados de Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes y Coahuila.

Alrededor de la mitad de las mujeres que enfrentan violencia severa creen que provocan o provocaban el enojo o malestar de sus esposos o parejas, porque opinan diferente o lo desmienten, no le obedecen, no le piden permiso, no le dedican suficiente tiempo o atención, o no muestran interés o deseos por tener relaciones sexuales.

La tasa de muertes por violencia en 2009 fue del 23.2 muertes por cada 100 mil personas; cerca de 3 mil fueron de mujeres y 22 mil de hombres, lo que arroja una tasa de decesos intencionales por cada 100 mil de 5.3 para las mujeres y de 41.7 para los hombres.

La tasa de homicidios más alta se registra en el estado de Chihuahua, que pasó de 3.6, en 2005, a 13.1 homicidios de mujeres por cada 100 mil, en 2009, así como en los estados de Baja California, con 10.1; Guerrero, 10.1; Durango, 7.1; Sinaloa, 6.0; Sonora, 5.1 y Tamaulipas, 4.5.

Diputadas y diputados, en nuestro grupo parlamentario vemos que las leyes que aprobamos aún no forman el eje rector de las políticas públicas del Estado mexicano; vemos que en las entidades federativas la evolución de la cultura de no violencia hacia las mujeres es lenta y en varios casos hasta en sentido contrario de la federal; vemos que la calidad de los programas públicos aún se encuentran en la fase de asistencia social y que no han dado pasos para garantizar los derechos de las mujeres en los ámbitos laboral, escolar, de salud, políticos y de procuración de justicia.

Hoy el feminicidio está tipificado como delito en nuestro Código Penal Federal. Al respecto el Código señala: Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género —continúa el Código— cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo; cuando a la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima; haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; previo a la privación de la vida, y el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

La pena a quien cometa el delito de feminicidio es de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa.

Esperamos de la Procuraduría General de la República la persecución de este delito con todos los recursos de los que dispone y que sean elevadas a rango de prioridad.

De los jueces esperamos que amplíen su criterio para calificar los delitos contra las mujeres, como feminicidios y lleven justicia a las familias de las víctimas.

Exigimos desde el Partido del Trabajo: ni un caso más impune en el que se encuentre como víctima una mujer. Mi grupo parlamentario expresa su rechazo a la reforma que pretende sectorizar al Instituto Nacional de las Mujeres a la Secretaría de Desarrollo Social, y nos pronunciamos por el respeto a la personalidad jurídica del instituto.

En este sentido, no admitiremos la disminución del organismo en detrimento de nuestros derechos. Es todo, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Doña Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, con el fin de sensibilizar a los gobiernos de las repercusiones que la violencia de género tiene para nuestra sociedad en su conjunto.

La violencia hacia las mujeres no es tema nuevo, efectivamente, pero apenas estamos haciendo conciencia de las dimensiones que ha cobrado en nuestra sociedad y que se han comenzado a tomar acciones y medidas para atender este problema que afecta al tejido social, mismo que nos denigra también como sociedad.

Se ha identificado que en México la violencia de género no respeta edades ni condición social o estado civil; se ha avanzado en reconocer que la violencia hacia las mujeres se da en diferentes ámbitos de su vida, desde la familia hasta las instituciones, y se ha concluido que la violencia de género tiene varias caras.

Por ejemplo, los golpes, los maltratos, pero también aquella que corroe poco a poco, como es la violencia emocional y económica, hasta la más lacerante muestra de violencia, aquella que acaba con la vida de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres: la violencia feminicida.

Hoy en día sabemos que 6.7 mujeres de cada 10 sufren algún tipo de violencia y aunque no hay consenso en el número de muertes por feminicidio, siempre se ha buscado minimizar el tema.

Hay la certeza de que la violencia feminicida ha aumentado en forma alarmante de norte a sur, en la frontera y al interior en las zonas urbanas y en el campo. Ya no es un tema exclusivo de Ciudad Juárez, pero se ha visto minimizada, en medio de las miles de muertes, producto de la guerra contra el narcotráfico.

De acuerdo con estadísticas recientes divulgadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre enero de 2010 y junio de 2011, en 24 entidades del país, al menos dos mil 273 mujeres fueron victimadas; el informe colocó a la cabeza al estado de México, con 320 casos, seguido por Colima, con 213; Tamaulipas, 169; Sinaloa, con 168; Chihuahua, con 159; Jalisco, con 142; Nuevo León, con 138; Quintana Roo, con 127; Veracruz, con 118, y Oaxaca, con 112.

En casi todas esas entidades los feminicidios se duplicaron, como sucedió en Nuevo León, en relación con los 12 meses anteriores, mientras que en Jalisco aumentaron 73.5 por ciento; en Tamaulipas, 64 por ciento y en Sinaloa un 42 por ciento.

Para el Centro de Información de la Mujer, 2010 fue el año más violento en Chihuahua; entre 1993 y 2002, se registraron 413 homicidios de mujeres, pero solo este año la cifra fue de 446; es decir, en promedio asesinaron a una mujer cada 20 horas. Los elementos centrales de todo tipo de violencia hacia las mujeres son dos; la primera, la cultura machista; la segunda, la impunidad.

La primera se reproduce desde todos los ámbitos y desde todos los medios, pero es una responsabilidad del Estado impulsar políticas públicas que contribuyan a reeducarnos como sociedad, basados en valores de igualdad, equidad y respeto.

La segunda, que es la impunidad, es un mal lacerante de nuestro sistema, que va de la mano de la corrupción, y mientras no se le ponga un alto definitivo desde las leyes y en las acciones cotidianas de nuestro sistema judicial, la justicia no llegará a las mujeres que sufren violencia y algunas hasta la muerte.

Ante esta realidad, es importante reconocer que los esfuerzos —aunque importantes— han sido insuficientes y poca la voluntad política para poner un alto definitivo a la violencia y sentar las bases para una cultura basada en el respeto y la igualdad entre mujeres y hombres.

En este Congreso se han impulsado leyes fundamentales para tocar la violencia de género, como lo es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y recientemente la tipificación del feminicidio y la Ley de Trata de Personas; se han etiquetado también recursos a diferentes dependencias públicas federales y estatales desde el 2008, con el fin de impulsar programas que atiendan la violencia desde varias aristas, pero no ha sido suficiente, las mujeres siguen siendo golpeadas, maltratadas, abusadas, violadas, ignoradas, asesinadas a diario y ello tiene un alto costo para la sociedad, pues no permite que la mitad de su población pueda ejercer a plenitud sus derechos.

Las mujeres merecemos una vida libre de violencia y es responsabilidad de todos y cada uno actuar en el ámbito de su competencia.

A 13 años de haberse instituido el Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, les pregunto hoy a mis compañeros diputados, en este Palacio Legislativo, ¿qué opinan ustedes? ¿Aún falta mucho por hacer? Sí quiero que lo reflexionen y que me digan qué opinan sobre este tema. Es cuanto, señor diputado.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Tiene el uso de la voz doña Ruth Zavaleta Salgado, muy apreciable compañera diputada, del Partido Verde Ecologista y ex presidenta de este órgano legislativo.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Con su venia, presidente. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, a nombre de la fracción del Partido Verde Ecologista de México vengo a plantear que este tema no es de colores partidistas ni se trata de un credo religioso; eliminar la violencia contra la mujer es un compromiso del Estado para asegurar el futuro y cumplir una deuda histórica.

La violencia hacia la mujer es una ofensa, que en nuestra idea de desarrollo y civilización es un retroceso a la idea de comunidad y de ciudadanía.

Las cifras están ahí y no pueden ocultarse, porque no son números fríos, son realidades cotidianas que debemos detener. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares, 67 de cada 100 mujeres, de 15 años y más, han padecido alguna incidencia de violencia.

Los seres humanos buscamos en la compañía del otro el complemento, la seguridad, los momentos donde se multiplique la felicidad, pero es curioso que en el caso mexicano sea la relación con la pareja heterosexual donde las mujeres sufren más violencia. Los datos están ahí: cuatro de cada 10 mujeres, que tienen o han tenido una pareja, han sido agredidas; entre las que estuvieron casadas, casi la mitad de ellas vivieron hechos violentos.

Es dramático que sea el hogar el primer espacio donde nosotras sufrimos violencia y es en el hogar donde lamentablemente aún continuamos reproduciendo las viejas ideas que hacen ver a la mujer polarizada; en el hogar, donde se desmonta el empoderamiento de los derechos de la mujer, no hace pocas décadas aún era creíble la idea de que la mujer carece de derechos. Hoy, gracias a los trabajos de miles de mujeres, la garantía de sus derechos es evidente, aunque no completa.

Hemos trabajado y creado leyes e instituciones que nos dan igualdad jurídica frente al sexo masculino y nos otorgan los mismos derechos que ellos y nos aseguran que sean respetados; sin embargo, entre los festejos por cada espacio conquistado también están los hechos que nos impiden dormir.

La vida es un continuo riesgo; vivir es exponerse. Lo dijo el poeta Octavio Paz, en La llama doble. En el caso de las mujeres, este riesgo parece traducirse en el amor que se da a la pareja y por el cual soportamos día a día la violencia emocional.

De acuerdo con la encuesta mencionada, el 46 por ciento de las mujeres vive en violencia emocional que implica insultos, amenazas, humillaciones u otras amenazas.

¿Por qué muchas mujeres buscan amor y reciben violencia? Es cierto, la vida es un riesgo, pero estamos obligadas a construir las leyes y las instituciones que reduzcan esa violencia; estamos obligadas a ayudar a quienes desconocen su valor como ciudadanas, a quienes olvidan que son personas, con todos los derechos y garantías.

La felicidad y la seguridad no son un bien divino, son un derecho. En un Estado laico es algo que se debe de producir desde el Legislativo. No hay paso atrás, porque la violencia que emana del otro parece incrementarse con severidad; frente a cada ladrillo que ponemos para erradicar la violencia parece que ésta se multiplica.

Para los agresores, la mujer no tiene el menor reconocimiento como persona sujeto de derechos y libertades. Es el agresor el que irrumpe con sus acciones en la vida de un ser que no pedía eso.

En el marco de este día, Michelle Bachelet dijo lo siguiente, el siguiente mensaje que ayer escuchamos en la reunión con nuestra compañera Mícher: Necesitamos programas educativos que enseñen sobre derechos humanos, igualdad y respeto mutuo, que sirvan de inspiración a las y los jóvenes, a las mujeres y niñas. Asimismo se debe de incrementar el número de mujeres en la política, en los organismos encargados de hacer cumplir la ley y en las fuerzas de mantenimiento de la paz; necesitamos también igualdad de oportunidades económicas y trabajos decentes para las mujeres, y es indispensable la implementación real de los acuerdos y tratados.

En el próximo mes de marzo, líderes de gobiernos y de la sociedad civil se reunirán en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas para acordar acciones preventivas que aborden, efectivamente, la violencia contra las mujeres. Las expectativas son altas y así debe de ser.

Esta Cámara de Diputados, hoy que tiene un número histórico de mujeres, va a estar muy atenta a los acuerdos internacionales que se hagan, y que aquí en México se hagan cumplir; es un compromiso de todas nosotras, que no nos ponemos colores para esta lucha, es una lucha que nos une y no solamente a las mujeres, a los hombres de este Legislativo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Ruth. Doña Julisa Mejía Guardado, del PRD, tiene el uso de la voz.

Esta Presidencia saluda a las compañeras diputadas, con todo respeto y cariño. Ahora no nos tomaron la tribuna, pero tomaron el pasillo y fundamentalmente, nos están tomando la conciencia; felicidades.

La diputada Julisa Mejía Guardado:Gracias, diputado presidente. La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres será el próximo día 25 de noviembre, próximo domingo. Es grato que el día de hoy podamos estar haciendo esta conmemoración en este recinto de la Cámara de Diputados.

La violencia es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual, dentro o fuera del domicilio familiar.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la norma oficial mexicana nos dan definiciones de tipo de violencia, y establecen que la violencia no solo se ejerce en el ámbito familiar, sino también en lo privado, en lo público y en lo institucional.

En este sentido, en nuestro país la violencia en sus diversas modalidades es generalizada, entendiéndose ésta como la violencia que el gobierno ejerce contra la ciudadanía.

Con base en datos obtenidos a través del Coneval, sabemos que en México, de los casi 110 millones de habitantes, existen 52 millones en estado de pobreza; es decir, el actual gobierno y los anteriores se han encargo de ejercer violencia económica, no solo contra las mujeres, sino contra la ciudadanía, en general, ya que dicha violencia se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor a un trabajo igual. Esto se llama violencia laboral.

Otra forma de violencia que ejerce el gobierno en contra de la ciudadanía es la patrimonial, ya que 17.1 millones de personas carecen de calidad y de espacios de vivienda, así como de servicios básicos, pues la Carta Magna establece en nuestro país el derecho de todo individuo a una vivienda digna, derecho que no es respetado, ya no digamos la violencia que se ejerce a los 11.7 millones de personas que viven en marginación y en pobreza extrema.

Pero también se ejerce violencia institucional a los 35.8 millones de personas que no tienen acceso a servicios de salud; el 60.7 de la población no tiene seguridad social, porcentaje que aumenta y que estamos seguros que va a aumentar por la infame reforma laboral que el PRI, el PAN y sus aliados acaban de aprobar.

El gobierno federal ha venido realizando acciones en detrimento de la población vulnerable, nuestros niños y nuestros jóvenes, ya que el 23.2 por ciento —millones de personas— sufren rezago educativo; es decir, este gobierno pretende mantener en la ignorancia, la marginación, el abandono y la indiferencia a los más vulnerables en nuestro país, ejerciendo violencia psicológica, patrimonial, económica, según las definiciones de la ley citada.

Tampoco podemos olvidar la violencia alimentaria de la que son víctimas más de 28 millones de personas.

En nuestro país los programas del gobierno federal son insuficientes, ya que están dirigidos a grupos vulnerables, y como un elemento adicional, el aumento a la tendencia laboral de la pobreza; es decir, con un salario ya no se puede adquirir ni siquiera la canasta básica. Esto se traduce en que es exponencial el aumento de la miseria y la pobreza en nuestro país; los trabajadores con su sueldo no podrán adquirir siquiera alimentación para la familia, que es un derecho que la Constitución del país otorga a todos los mexicanos.

Con lo anterior, podemos afirmar que con estos mecanismos de violencia que el gobierno ejerce en contra de la población, no es más que una violencia psicológica para someter a la voluntad ciudadana, orillando a sobrevivir en las peores condiciones para obligarnos a recibir migajas a cambio del voto para llegar al poder, como se demuestra en los casos de Monex y la tarjeta Soriana.

En este caso, la violencia histórica generalizada da que el 15.5 por ciento de las mujeres padecen violencia física; es decir, casi 16 millones de mujeres en este país han sido golpeadas por lo menos una vez, y no solamente por sus parejas.

Si contrastamos estos datos a nivel estatal, podemos decir —termino, presidente— que la violencia en Chiapas es alrededor del 30 por ciento. Pero en el estado de México, un estado conurbado a la ciudad, es del 20.6 por ciento. De 2009 a 2010 hubo 890 feminicidios en el país, de los cuales 34.7 por ciento fueron en el estado de México.

Pero no nos alarmemos, lo peor está por venir, la mayor violencia intrafamiliar, psicológica, pública e institucional viene a partir del primero de diciembre. Si no rescatamos a la población mexicana, no vamos a poder rescatar a las mujeres de este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Blanca Jiménez Castillo, del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz.

La diputada Blanca Jiménez Castillo:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, los legisladores de Acción Nacional, con base en los principios que rigen a nuestro partido, estamos plenamente convencidos de que el respeto y la dignidad a la mujer son fundamentales en la sociedad.

Es por esta razón que hoy me honra estar en esta tribuna, en representación del Grupo Parlamentario del PAN, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reconocido desde 1981 por militantes a favor de los derechos de las mujeres, y declarado en 1999, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En este sentido, es importante recordar que la aprobación de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamada el 20 de diciembre de 1993 por la Asamblea General de la ONU, reconoce en su artículo tercero que la mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole, y que fue el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, que la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, precisando: Violencia contra la mujer es todo acto violento, basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos a la coacción o a la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

¿Por qué el 25 de noviembre? Esta fecha fue elegida en recuerdo del brutal asesinato en 1960, en la República Dominicana, de las tres hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas inolvidables, debido a su activismo político, y por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo, convirtiéndose así, en América Latina, en un lugar y en un día que jamás olvidaremos, y además estas hazañas de vida, que con ello promovieron el reconocimiento mundial contra la violencia hacia las mujeres.

En México nunca olvidaremos esta fecha, la conmemoraremos año con año, como un recordatorio de que este lacerante problema social ha existido por años en nuestras comunidades latinoamericanas y que su tratamiento implica reconocer y transformar esa cultura predominante, que ha hecho de él una situación normal e invisible para muchas y muchos.

Esta fecha debe servir también para hacer un balance de los avances y de los resultados logrados. Pero también para continuar concientizando a la población civil, y a las y a los servidores públicos, de que el problema existe y que el primer paso para eliminarlo es identificarlo tal como es y darle la dimensión de la gravedad que le corresponde.

Lamentablemente, hoy las mujeres mexicanas continúan viviendo situaciones que ponen en peligro su vida y su integridad. Así lo exponen los datos de las encuestas nacionales, como la violencia en las relaciones en el noviazgo; las jóvenes solteras, de 15 a 24 años de edad, la principal causa de violencia que sufren es la emocional, afecta al 23.1 por ciento de ellas, o bien, donde se señala que en el caso de mujeres, de 15 años o más, que hablan alguna lengua indígena, el 25.2 por ciento de ellas refieren recuerdos de insultos y ofensas cuando eran niñas.

Sin duda, aún queda mucho por hacer. Basta recordar que menos de la tercera parte de las entidades federativas que componen nuestra República Mexicana contemplan en sus legislaciones el tipo penal del feminicidio.

Hechos todos que, sin lugar a dudas, comprometen a las instituciones a diseñar instrumentos y acciones para la identificación, prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones, ya sea física, psicológica, patrimonial, económica y cualquiera otra que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Termino, señor presidente. Por lo anterior, aprovecho esta ocasión para hacer un exhorto a todas las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y de la sociedad civil a que sigamos trabajando conjuntamente en políticas públicas eficientes, que eviten manifestaciones de violencia hacia las mujeres dentro de nuestra sociedad. Tomemos en cuenta que actualmente las mujeres representamos un gran porcentaje de la población; sin embargo, como profesionistas, amas de casa, esposas, trabajadoras, ancianas, jóvenes, enfrentamos muchas limitantes, lo cual desgraciadamente nos impide realizar el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos.

Termino, señor presidente. Mujeres, es importante que abramos los ojos y no nos quedemos calladas ante situaciones que nos agreden; aprendamos a exigir nuestros derechos y demandemos con firmeza al Estado su cumplimiento. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y ya fue mucho. Finalmente, doña María Esther Garza Moreno; nuestra querida Tei, ahí modestamente representante de una de las ciudades más bellas del mundo, de Guanajuato, capital.

La diputada María Esther Garza Moreno:Gracias, señor presidente. En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, es necesario hacer un ejercicio de reflexión de los desafíos pendientes del Estado mexicano en la materia.

Una de las expresiones más graves de violación sistemática a los derechos humanos es la violencia contra las mujeres. Este flagelo, sufrido por todas las mujeres en todas las regiones del mundo, tiene muchas aristas y caras que se expresan a través de la explotación sexual, de la violencia psicológica, violencia económica, violencia familiar, violencia institucional, violencia laboral, entre otras, y en cada una de ellas se puede observar el velo de la discriminación que cubre a todas las mujeres.

Estos factores persisten y se acentúan en las niñas, en las adolescentes y en las mujeres indígenas, ya que ésta violencia es aceptada tácitamente o invisibilizada en gran parte de la sociedad.

El común denominador y la meta a alcanzar es la construcción de un modelo social androcéntrico basado en normas, valores y principios, que sitúa a las mujeres en una posición de inferioridad y subordinación frente a los hombres.

Dado lo anterior, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), hasta un 70 por ciento de mujeres sufren en el transcurso de sus vidas violencia física o sexual ejercida por varones, en su mayoría esposos, compañeros íntimos o alguien conocido. Por su parte, las mujeres y las niñas conforman el 80 por ciento de las 800 mil personas que son sometidas anualmente a la trata de personas, y en su mayoría son explotadas sexualmente.

Asimismo, una de cada cuatro mujeres experimenta violencia física y/o sexual durante el embarazo y hasta un 53 por ciento de las mujeres abusadas físicamente por su compañero íntimo reciben patadas o puñetazos en el abdomen.

A 17 años de entrar en vigor la Convención Belém do Pará, la violencia contra las mujeres en el continente americano constituye uno de los grandes obstáculos para la consolidación de una sociedad democrática; por lo que la garantía del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres constituye un pilar básico para el fortalecimiento de un estado de derecho.

Con la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el primero de febrero de 2007 se avanzó un gran trecho en la lucha por la protección de los derechos humanos de las mujeres. En dicho ordenamiento se establecieron figuras sin precedentes para la protección de la mujer, como la alerta de violencia de género y se busco extender la implementación de otras para lograr que a nivel nacional las mujeres vivan una vida libre de violencia. Tal es el caso de las órdenes de protección cuya figura jurídica busca expresamente atender casos de violencia de género, con el objetivo de evitar daños irreparables para las mujeres.

A pesar del reconocimiento formal y jurídico del gobierno mexicano de que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye un tema prioritario y de singular gravedad para el país, hoy en día los datos y estadísticas nos brindan un panorama alarmante sobre este flagelo, que afecta diariamente a mujeres en nuestro país.

Por un lado, la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres nos señala que del total de mujeres de 15 años y más, el 46 por ciento sufrieron algún incidente de violencia de pareja. Por su parte, 42 por ciento de mujeres mayores de 15 años expresó haber sufrido violencia emocional por parte de su pareja; el 24 por ciento expresó haber sufrido violencia económica; el 13 por ciento de las mujeres mayores de 15 años sufrió violencia física con lesiones permanentes o temporales; el 7 por ciento de mujeres mayores de 15 años de edad fueron víctimas de violencia sexual por parte de sus parejas.

Esta encuesta nos muestra también la aceptación tácita de la violencia, ya que el 20 por ciento de las mujeres encuestadas dijo estar de acuerdo que los golpes son asunto de familia y se debe quedar ahí; el 16 por ciento estaban de acuerdo en la obediencia de las esposas en su hogar, y el 14 por ciento afirmó estar de acuerdo en la obligación de las mujeres en mantener relaciones sexuales con su esposo.

Estas cifras son desoladoras, ya que representan una tarea pendiente en los tres órdenes de gobierno para la prevención, atención y sanción de la violencia perpetrada hacia las mujeres y niñas en nuestro país.

Es importante señalar que, con fundamento en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, todo servidor público deberá acatarse a la premisa fundamental de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres y omitir cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres; especialmente quienes tienen a su cargo la administración de justicia deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra ellas y adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de las mujeres.

Por lo anterior, no hay duda de que para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de una manera efectiva —como lo exige la comunidad internacional—, se requiere la suma de esfuerzos y propósitos entre los tres órdenes de gobierno a través de la unificación de procedimientos que permitan una protección eficaz de los derechos de las mujeres, que a su vez permitan construir protocolos aplicables en toda la República mexicana.

Hoy en día constatamos que la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema que nos lastima y avergüenza. Como Estado, le debemos mucho a cada una de las víctimas —directas o indirectas— de la violencia contra las mujeres, por lo que exhortamos al Estado mexicano a atender las recomendaciones y observaciones emitidas por el Comité de la CEDAW y del mecanismo de seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer.

Desde el Poder Legislativo reafirmamos el compromiso de intensificar los trabajos de prevención, protección, atención y sanción de la violencia, así como lo hicimos las mujeres que integramos el Grupo Parlamentario del PRI, para que el Instituto Nacional de las Mujeres continúe con su estatus jurídico actual.

Seguiremos sumando esfuerzos con todos los sectores de la sociedad, a fin de erradicar este flagelo y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Con esto concluye la ronda de posicionamientos y creo que la Cámara de Diputados conmemora dignamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Felicidades a todas las compañeras diputadas.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGIA - LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES

El Presidente diputado José González Morfín: Vamos a ir a una ronda de iniciativas y en consecuencia, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

El diputado Javier López Zavala:Con el permiso de la Presidencia; honorable asamblea, vengo a esta soberanía a proponer iniciativa de ley bajo la siguiente exposición de motivos.

La producción de la energía eléctrica en México es cada vez más costosa y contaminante; la energía eléctrica en el mundo entero sigue dependiendo, en gran parte, de la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, gas y carbón, que son sumamente contaminantes y productores de los denominados gases de invernadero, en especial del bióxido de carbono, considerado como el principal responsable del calentamiento de la tierra.

En nuestro país contamos con centrales hidroeléctricas, termoelécricas, geotermoeléctricas, carboeléctricas y nucleoeléctricas, en los estados de Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Coahuila, Colima, Guerrero, Baja California, Tamaulipas, entre otros.

La central más grande y con mayor producción de energía del país es la de Chicoasen, ubicada en el estado de Chiapas, con una capacidad de generación de 15 mil 396 megawatts por hora.

Sin embargo, aunque tenemos una buena capacidad de producción de energía eléctrica y aunque el 98 por ciento de la población en el país está abastecido de energía, nos enfrentamos al costo de producción y al pago por consumo; por ello necesitamos generar las condiciones necesarias para que en México transiten las energías limpias y renovables, como ya está sucediendo en Europa, Asia y Norteamérica.

El presidente electo Enrique Peña Nieto, lo tiene muy claro, por eso en campaña propuso detonar el gran potencial que tiene el país para el desarrollo de energías renovables y limpias, como la solar, la eólica o la geotérmica, y a eso se refiere la iniciativa que hoy vengo a presentar a nombre de la fracción parlamentaria del PRI y de muchos diputados que la firman.

México tiene el tercer lugar en posibilidad de producción de energía solar por las condiciones climatológicas y geográficas del país; sin embargo, no le hemos dado la importancia debida a la generación de este tipo de energías y mucho menos una eficaz aplicación de la misma.

El costo por el consumo de energía eléctrica en los centros escolares del país es superior —óiganlo bien— a 10 mil millones de pesos por año y muchos de esos recursos son aportados por los padres de familia y otros por el gobierno; es decir, de aprobarse esta iniciativa de ley, estaríamos ahorrando al año 10 mil millones de pesos aproximadamente, por gasto de consumo de energía eléctrica en las escuelas.

En el país existen más de 72 mil centros escolares de educación preescolar, primaria y secundaria, según datos de la Secretaría de Educación Pública. El costo de suministro de energía en el país en las escuelas oscila precisamente en más de 10 mil millones de pesos.

Debemos aprovechar que en México cada metro cuadrado del territorio recibe diariamente una cantidad de energía solar equivalente a medio kilogramo de petróleo-combustible o cinco kilowatts hora de energía eléctrica, valor promedio prácticamente invariable durante todo el año y casi igual en todo el país.

Los sistemas fotovoltaicos pueden ser aislados o conectados a la red eléctrica; los sistemas aislados son equipados con sistemas de acumulación de la energía producida, y los sistemas conectados a la red eléctrica pueden alimentarla con un remanente de energía producida.

Si nosotros logramos aprobar esta iniciativa, tendríamos los siguientes beneficios: llevarle luz a las comunidades donde no tienen energía eléctrica, a través de los paneles solares. Las escuelas no solamente se abastecerían, sino podrían producir un excedente y vender la luz a las comunidades rurales que hoy no la tienen; las escuelas ahorrarían el pago de suministro de energía eléctrica, pudiendo incluso vender su remanente a los municipios o comunidades que no la tienen.

Según estudios que se están realizando en Coahuila, por iniciativa propia, están comenzando a colocar estos sistemas de energía solar, que pueden proporcionar a las escuelas del norte de nuestro país 30 años de electricidad, con una inversión inicial que tiene un retorno de inversión de solo tres años, ya que es el período de vida útil que tienen los paneles solares.

El costo para el suministro de electricidad de las escuelas públicas está creciendo todos los años, por lo que se ha dejado a las escuelas sin el suministro por días y semanas en lugares donde no hay recursos para la cooperación de padres de familia.

Muchas escuelas hoy en Estados Unidos de América ya lo están haciendo, de tal suerte que en más de 500 colegios de 43 estados de la Unión Americana han instalado paneles solares para generar energía y así ahorrar en sus cuentas de electricidad miles de dólares anualmente. Estudios realizados por universidades de los Estados Unidos de América demuestran que es un programa efectivo.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a fin de establecer una estrategia escalonada multianual para la incorporación de los paneles solares en las escuelas públicas, priorizando las que se encuentran en regiones donde no existe cobertura de energía eléctrica, y la reforma al artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para que la federación esté obligada a definir estrategias para promover la realización de proyectos de generación de electricidad a partir de energías renovables para las escuelas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Javier López Zavala, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 6, apartado 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la carpeta de propuestas del entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto, se vertieron cinco grandes temas. Me referiré al tercero de ellos “Crecer para generar más y mejores empleos”. Para lograr dicho objetivo una de las líneas de acción consiste en “Detonar el gran potencial que tiene el país para el desarrollo de energías renovables y limpias como la solar, la eólica o la geotérmica”.A eso se refiere la iniciativa que hoy pongo a consideración de esta soberanía.

Necesitamos generar las condiciones jurídicas necesarias para que México transite a las energías limpias y renovables, como ya está sucediendo en Europa, Asía y Norteamérica, principalmente. Necesitamos dar el salto cuantitativo y sentar las bases legales que permitan que el gobierno de Enrique Peña Nieto, se caracterice por el impulso a este rubro.

En México tenemos un gran potencial para la generación de energía eléctrica a través de paneles solares por las condiciones climatológicas y geográficas del país. Sin embargo, no hemos dado la importancia debida a la generación de este tipo de energía y mucho menos una eficaz aplicación de la misma.

Sumado a lo anterior, el pago del suministro de energía eléctrica de los centros escolares en el país en algunos casos corre a cargo de la federación, en otros de los estados, de los municipios y en otras ocasiones de los mismos padres de familia, este último caso, a pesar de que la Carta Magna establece que la educación debe ser gratuita.

Pero existen casos más complejos, como son los de las escuelas de zonas rurales, ya que en algunas no se cuenta con suministro de energía eléctrica ni siquiera para la comunidad.

Es en este análisis de oportunidades donde creo que debemos incidir.

La coyuntura de un nuevo gobierno nos permite poder generar las condiciones legales y de políticas públicas, para dotar de la infraestructura necesaria a las escuelas públicas, a fin de crear energía eléctrica a través de paneles solares.

Las fuentes de energía renovables se pueden utilizar para generar energía eléctrica que no contaminen, que ayuden a disminuir la dependencia de combustibles fósiles y que permitan contribuir a la protección del medio ambiente.

México es uno de los países con mayor incidencia solar en el mundo 5 kilowatts por hora por metro cuadrado al día (kWh/m2/d), debido a su ubicación geográfica, lo cual puede ser aprovechado para generar energía eléctrica con el uso de sistemas fotovoltaicos.

Los sistemas fotovoltaicos son dos, los sistemas aislados y los conectados a la red eléctrica:

– Los sistemas aislados, son equipados con sistemas de acumulación de la energía producida, y requieren:

• Módulos fotovoltaicos

• Regulador de carga

• Inversor

• Banco de baterías

– Los sistemas conectados a la red eléctrica, requieren:

• Módulos fotovoltaicos

• Inversor para conexión a la red

• Medidor de energía bidireccional

• Generación de energía térmica

• Secar granos

• Calentar agua

• Mover turbinas para generar energía eléctrica

• Colectores de baja temperatura < 56 grados centígrados

• Colectores de media temperatura 100 y 300 grados centígrados

• Colectores de alta temperatura: > a los 500 grados centígrados

El área requerida para instalar un sistema de 1 kilowatt de capacidad es aproximada a 10 metros cuadrados. Hay paneles de diferentes capacidades, según los requerimientos de consumo, sin embargo son fácilmente adaptables.

Los beneficios son evidentes:

• En las pequeñas comunidades donde no tienen energía eléctrica, los paneles solares en las escuelas podrían abastecer incluso a la comunidad.

• Las escuelas ahorrarían el pago del suministro de energía eléctrica, pudiendo incluso vender su remanente para abastecer al municipio, generando recursos para los mismos planteles. Estas economías pueden ser utilizadas para equipamiento o mobiliario de las escuelas.

• Se podría cultivar desde la infancia la importancia de las energías renovables y el ahorro de energía.

• Se ahorrarían 10 mil millones de pesos anualmente en costo de la energía eléctrica de las escuelas, al generar la propia.

Según estudios que se realizan en Coahuila, donde por iniciativa propia están comenzando a colocar estos sistemas, la energía solar puede proporcionar a las escuelas del norte de nuestro país 30 años de electricidad con una inversión inicial que tiene un retorno de inversión de sólo tres años.

El costo para el suministro de electricidad a las escuelas públicas está creciendo todos los años, por lo que se ha dejado a escuelas sin el suministro por días y semanas en lugares donde en el verano no es un lujo tener clima artificial, ya que se alcanzan temperaturas de hasta 50 grados centígrados y en las escuelas más pobres, las de techos de lámina sube 5 grados más en su interior.

La instalación de sistemas fotovoltaicos en escuelas también es una excelente oportunidad para educar a los niños en materia de energía solar en nuestro país, una forma práctica, no solo teórica de los beneficios que podemos obtener del sol.

Cuando le muestras a un niño las bondades de producir energía de una forma limpia, natural y práctica estamos asegurándole un mejor futuro tanto social, intelectual y económico.

La energía solar no es algo del “futuro”, sino que en realidad es algo del pasado, pues ha estado en espera de que hagamos uso de ella para mejorar las condiciones ambientales de nuestro planeta.

Debemos hacerle saber a los no tan niños que sí funciona y funciona bien, que el resto del mundo está produciendo energía limpia con el sol y que su implementación no está en investigación o desarrollo, que es una realidad.

Según The Wall Street Journal, más de 500 colegios de 43 estados de la Unión Americana han instalado paneles para generar energía y así ahorrar en sus cuentas de electricidad, medida que han permitido contratar nuevos maestros. Así, más de 500 escuelas de Estados Unidos han instalado paneles solares para generar energía y así reducir los altos costos de la electricidad.

El ahorro obtenido en el presupuesto lo están destinando a retener o contratar nuevos maestros para mejorar la calidad educativa. Además, con la instalación de los paneles, los alumnos también reciben clases acerca de las energías renovables y su funcionamiento.

El costo de los paneles solares se ha reducido hasta en 70 por ciento en los últimos años, lo que hace más accesible esta tecnología para instituciones públicas y privadas, que permite recortar sustancialmente el consumo de electricidad y gas, ya que los paneles permiten dar calefacción, agua caliente y electricidad.

Un estudio publicado por GTM Research confirma que el costo del kilovatio/hora de los paneles solares ronda los 11 y 12 centavos de dólar, frente a los 17 a 24 centavos de dólar que cuesta la energía generada con métodos tradicionales.

Si se tiene en cuenta que el aumento de la oferta de paneles solares a nivel mundial ha provocado una caída en el precio, las instituciones como las escuelas, hospitales y otras entidades obtienen beneficios evidentes.

El presidente de la Asociación de Industrias de la Energía Solar, Rhon Resch, aseguró a The Wall Street Journal que “es uno de los mercados de más rápido crecimiento y seguramente tendrá un gran impacto en nuestra sociedad, porque permitirá poner más dinero en más profesores y mejorar la educación”.

Necesitamos actualizarnos, debemos brindar las herramientas jurídicas necesarias para que las escuelas cuenten con energía fotovoltaica y en nuestras manos está.

Por lo expuesto y fundado, pongo a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Primero.Se reforma el artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, adicionando la fracción XI para quedar de la siguiente manera:

Artículo 7. El programa incluirá al menos, estrategias, objetivos, acciones y metas tendientes a:

I. ... a VIII....

IX.Establecer una estrategia para la modernización del transporte colectivo de grandes distancias y cercanías basado en sistemas de transportes eléctricos, con metas indicativas para cada año, de tal manera que se logre revertir en el largo plazo la tendencia al uso de transporte individual consumidor de hidrocarburos ;

X.Formular una estrategia para la sustitución de lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes ahorradoras de energía eléctrica , y

XI. Establecer una estrategia escalonada y multianual, para la incorporación de paneles solares en las escuelas públicas, priorizando las que se encuentren en regiones donde no exista cobertura de energía eléctrica.

Segundo.Se reforma el artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, adicionando una fracción IX, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 11. La Secretaría de Energía elaborará y coordinará la ejecución del programa, para lo cual deberá:

I... a VI. ...

VII.Definir estrategias para fomentar aquellos proyectos que a partir de fuentes renovables de energía provean energía eléctrica a comunidades rurales que no cuenten con este servicio, estén o no aislados de las redes eléctricas ;

VIII.Definir estrategias para promover la realización de proyectos de generación de electricidad a partir de energías renovables preferentemente para los propietarios o poseedores de los terrenos y los sujetos de derechos sobre los recursos naturales involucrados en dichos proyectos , y

IX. Definir estrategias para promover la realización de proyectos de generación de electricidad a partir de energías renovables preferentemente para las escuelas y edificios públicos.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputados: Javier López Zavala, María del Rocío Corona Nakamura, José Luis Flores Méndez, Rosa Elba Pérez Hernández, Francisco Alberto Zepeda González, Miguel Ángel Aguayo López, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Verónica Carreón Cervantes, Joaquín Caballero Rosiñol, Javier Filiberto Guevara González, Frine Soraya Córdova Morán, Lisandro Arístides Campos Cardona, Gabriel Gómez Michel, Ricardo Anaya Cortés, Ricardo Villarreal García, Germán Pacheco Díaz  (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Energía, para dictamen.

Pido que se abra el sonido en la curul en que se encuentra el diputado Francisco Alberto Zepeda González. Dígame, diputado.

El diputado Francisco Alberto Zepeda González(desde la curul): Muchas gracias, compañero diputado presidente. Nada más para hacerle la solicitud al diputado López Zavala, de poderme incorporar a su iniciativa tan importante para el cuidado de medio ambiente.

Vengo de un estado, el estado de Colima, donde hay una termoeléctrica y el grado de contaminación es inmenso; por ello la posibilidad, diputado López Zavala, de poderme incorporar a su iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Si no tiene inconveniente el diputado López Zavala, tomamos nota de su adhesión.

El diputado Javier López Zavala:Con mucho gusto. Dejamos la iniciativa aquí, con mucho gusto, para los que quieran incorporarse.

El Presidente diputado José González Morfín: Para que pase a suscribirla aquí en la Secretaría.

El diputado Francisco Alberto Zepeda González(desde la curul): Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchísimas gracias. Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del CETIS 67, de San Pedro Cholula, estado de Puebla, que están aquí invitados por el diputado Julio Lorenzini. Bienvenidos todos y todas, alumnos y maestros del CETIS 67, a esta sesión de la Cámara de Diputados.

También aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de alumnos de la Universidad de Guadalajara, plantel Atotonilco El Alto, Jalisco, invitados por el diputado Ossiel Omar Niaves López. Bienvenidos todos.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS  PENALES - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Néstor Gordillo Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 280 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales y 110 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, agradezco la oportunidad de poner a la consideración de este pleno la iniciativa que adiciona los artículos 280 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales y 110 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para abordar un tema sumamente relevante para la ciudadanía, el combate a la delincuencia.

Si una tarea justifica la razón de ser de las autoridades públicas, sin duda es la de garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, tanto en su persona como en su patrimonio.

La seguridad pública, sin lugar a dudas, es una de las funciones que legitima y le da sentido a la acción del Estado. No obstante, aun cuando en los últimos años se han registrado avances importantes en materia de seguridad pública, hoy en día existen retos considerables que nos deben ocupar, tanto a los tres poderes de la Unión, como a los tres niveles de gobierno.

Derivado de la evolución delictiva y de su naturaleza dinámica, resulta fundamental que las instituciones encargadas de investigar y combatir los delitos cuenten con tecnologías e instrumentos modernos, acordes y expeditos para hacer frente a los criminales.

Cabe mencionar que vivimos en un mundo donde las tecnologías de la información forman parte de la vida cotidiana, situación por la cual las autoridades encargadas de investigación y persecución del delito igual deben de modernizarse y potenciar los alcances en sus funciones, a través de tecnologías de punta y mecanismos inteligentes de coordinación interinstitucional.

Bajo este esquema, esta iniciativa que el día de hoy presento ante ustedes, compañeros diputados, tiene como objetivo principal dotar a las autoridades de procuración y administración de justicia de mejores elementos para determinar responsabilidades penales.

En el caso de la adición propuesta al Código Federal de Procedimientos Penales, se pretende otorgar de valor probatorio pleno a las videofilmaciones sobre hechos delictivos en flagrancia, siempre y cuando estén relacionadas con un dictamen pericial que acredite su inalteración y manipulación, a fin de asegurar a los presuntos responsables de un delito que las pruebas son fehacientes y que además existen elementos e indicios técnicos sobre la veracidad del contenido de las videofilmaciones.

En el caso de la adición propuesta a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se busca crear mecanismos de cooperación en el ámbito de la seguridad para que las videofilmaciones sobre delitos cometidos en flagrancia que se obtengan a través de los sistemas de las instituciones encargadas de este tema, sean inmediatamente puestas a disposición y conocimiento del Ministerio Público que corresponda.

La presente iniciativa es un esfuerzo para ir acotando la acción de la delincuencia, que muchas veces las autoridades se ven impedidas para determinar penas o sanciones, porque no cuentan con pruebas fehacientes, fidedignas, y qué mejor instrumento que la tecnología para demostrar la responsabilidad de quien se atreve transgredir la ley.

Por tanto, esta iniciativa tiene por objeto contribuir al valor de la prevención y atención oportuna del delito, ya que las cámaras de seguridad pública no solo sirven como un disuasivo para la comisión de delitos, sino también como un medio de prueba idóneo para acreditar la responsabilidad penal.

Es por ello que no omito recordar que la seguridad pública no es tarea exclusiva de un partido político, de un gobierno o de un poder en específico, sino una responsabilidad de todos los que estamos involucrados en la vida pública; por tanto, como servidores públicos debemos encarar el fenómeno delictivo de una manera integral, haciendo uso de las plataformas tecnológicas y de manera coordinada, además de programas complementarios que contribuyan a resolver la problemática, particularmente en materia de educación, empleo, rescate de espacios públicos, entre otras, en las zonas metropolitanas y principales ciudades del país.

En este sentido, propongo esta iniciativa, porque tenemos un compromiso con los mexicanos, con su seguridad, pero sobre todo para que logremos que todas las familias vivan tranquilas, seguras y con certidumbre en todos los ámbitos. Una de las razones primordiales que justifican nuestro trabajo como legisladores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona; primero, un artículo 280 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales, de acuerdo a lo siguiente: Las videofilmaciones harán prueba plena siempre que estén relacionadas con un dictamen pericial que acredite su inalteración o manipulación, y segundo, un artículo 110 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo a lo siguiente: Las videofilmaciones sobre delitos cometidos en flagrancia que se obtengan a través de los sistemas de vigilancia de las instituciones de seguridad pública, inmediatamente deberán ser puestas a disposición y conocimiento del Ministerio Público que corresponda, a efecto de que se investigue.

El envío de las videofilmaciones para la autoridad respectiva se hará previa certificación, que hará constar las garantías de su inalteración o manipulación, y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.

Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que el texto íntegro de la iniciativa presentada se incorpore al Diario de los Debates. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona los artículos 280 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales y 110 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Néstor Octavio Gordillo Castillo, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 280 bis al Código Federal de Procedimientos Penales y se adiciona un artículo 110 bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con lo siguiente

Exposición de Motivos

El objeto de esta iniciativa es dotar a las autoridades de procuración y administración de justicia de mejores elementos para determinar responsabilidades penales a través de

• Dotar de valor probatorio pleno a las videofilmaciones sobre hechos delictivos en flagrancia siempre que estén relacionadas con un dictamen pericial que acredite su inalteración o manipulación.

• Crear un mecanismo de cooperación en el ámbito de la seguridad pública, para que las videofilmaciones sobre delitos cometidos en flagrancia que se obtengan a través de los sistemas de vigilancia de las instituciones de seguridad pública sean inmediatamente puestas a disposición y conocimiento del Ministerio Público que corresponda a efecto de que investigue.

Es de suma importancia que las instituciones encargadas de combatir los delitos cuenten con instrumentos modernos, acordes y sobre todo expeditos para hacer frente la delincuencia.

Es impostergable que si a través de las plataformas de los sistemas de vigilancia de las instituciones de seguridad pública que se han establecido en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se logran obtener claros indicios y pruebas de la comisión de ilícitos a través de tales medios audiovisuales, resulta que se utilicen para acreditar fehacientemente la responsabilidad penal de los involucrados.

Las tecnologías de la información forman parte de la vida cotidiana, por lo que las instituciones de persecución del delito, igualmente deben modernizarse y utilizar tales plataformas tecnológicas.

La presente iniciativa tiene por objeto incluir, el valor de la prevención y atención oportuna del delito que se puede realizar a través de las labores de videovigilancia, ya que las cámaras de seguridad pública no sólo sirven como un disuasivo para la comisión de delitos sino también como un medio de prueba idóneo para acreditar la responsabilidad penal.

La viabilidad real de las normas que se proponen dependerá en gran medida de los esfuerzos para vincular la información y bases de datos en términos de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, siendo de capital importancia el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, que entre otras atribuciones, está la de promover políticas de coordinación entre los sujetos obligados por la ley para la consecución de sus fines.

Entrando en materia, se adiciona un artículo 280 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales para dar valor probatorio pleno a las videofilmaciones sobre hechos delictivos, ya que dicho artículo se insertaría dentro del capítulo relativo al valor probatorio de las pruebas.

Precisamente en el artículo 280 a los documentos públicos se da el valor de prueba plena, por lo que por sistemática y con un argumento topográfico o de ubicación se estima conveniente la adición del artículo 280 Bis.

Para un mejor entendimiento de los medios probatorios que tienen o pueden llegar a tener el carácter de prueba plena se reproducen los artículos siguientes del Código Federal de Procedimientos Penales:

Capítulo IXValor Jurídico de la Prueba

...

Artículo 280. Los documentos públicos harán prueba plena, salvo el derecho de las partes para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos o con los originales existentes en los archivos.

...

Artículo 284. La inspección, así como el resultado de los cateos, harán prueba plena siempre que se practiquen con los requisitos legales.

Artículo 285. Todos los demás medios de prueba o de investigación y la confesión, salvo lo previsto en el segundo párrafo del artículo 279, constituyen meros indicios.

La información, datos o pruebas obtenidas con motivo de recompensas, no podrán desestimarse por ese sólo hecho por el juzgador y deberán apreciarse y valorarse en términos del presente capítulo.

Artículo 286. Los tribunales, según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena.

...

Artículo 289 Bis. Cuando durante el procedimiento a que se refieren los artículos 123 Bis a 123 Quintus de este código, los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate.

Los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, en los casos a que se refiere el párrafo anterior, deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin.

Artículo 290. Los tribunales, en sus resoluciones, expondrán los razonamientos que hayan tenido en cuenta para valorar jurídicamente la prueba.

Asimismo, en la redacción que se propone del artículo 280 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales se utiliza el concepto videofilmación, el utilizado de forma sistemática en el referido código procesal penal. Al respecto se citan los siguientes preceptos, donde se enfatiza el uso de tal vocablo:

Artículo 3o. Las policías actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y quedarán obligadas a:

...

XIII.Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, video filmaciones, y demás operaciones que requiera la investigación, sin perjuicio de la intervención que corresponda a los servicios periciales. Las constancias, junto con las fotografías, videofilmacionesy demás elementos que las soporten deberán remitirse al Ministerio Público para agregarse a la averiguación previa; y

...

Artículo 193 Septimus. El procurador general de la República emitirá las disposiciones necesarias para regular los dispositivos técnicos que permitan generar, enviar, recibir, consultar o archivar toda la información a que se refiere el artículo anterior, la que podrá abarcar imágenes, sonidos y video, en forma electrónica, óptica o mediante cualquier otra tecnología.

Artículo 278 Bis.Las comunicaciones entre particulares podrán ser aportadas voluntariamente a la averiguación previa o al proceso penal, cuando hayan sido obtenidas directamente por alguno de los participantes en la misma.

El tribunal recibirá las grabaciones o videofilmaciones presentadas como prueba por las partes y las agregará al expediente.

...

Como se aprecia el contenido de esta iniciativa es acorde con las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que las autoridades deben hacer constar tales tipos de prueba, el procurador general de la República debe emitir lineamientos sobre la generación, envío, recepción, consulta y archivo de los mismos, y finalmente son pruebas que deben admitirse por los tribunales.

Destaca en la adición que se propone, que las videofilmaciones deberán estar relacionadas con un dictamen pericial que acredite su inalteración o manipulación, a fin de garantizar a los presuntos responsables de un delito que no se están fabricando pruebas, y que además existen elementos e indicios técnicos adiciones sobre la veracidad del contenido de las videofilmaciones.

Con la tasación legal de la prueba de las videofilmaciones se superarán los criterios que consideraban este tipo de pruebas inspección ocular. Al respecto sirven de apoyo los siguientes criterios judiciales:

Novena época

Registro: 173422

Instancia: Tribunales colegiados de circuito

Tesis aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXV, enero de 2007

Materia: Común

Tesis: I.2o.P.11 K

Página: 2390

Videograbación. Constituye una inspección ocular y no una documental. La reproducción de las imágenes contenidas en un video constituye una inspección porque, para su desahogo, es necesaria la observación sensorial respecto de alguien o algo, así como la descripción que se haga de lo observado en tales videos con el objeto de constatarlo y describirlo en el acta que servirá para establecer en el juicio, la verdad que corresponda a los planteamientos jurídicos del quejoso en el juicio de garantías. Bajo esa perspectiva, el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, define que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, además, tal numeral prescribe que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso prevengan las leyes, de tal suerte que tales filmaciones no corresponden con lo que se entiende por documento, sino que, conforme a lo expuesto, se trata de una inspección ocular.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

Queja 312/2006, 23 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Escobar Ángeles. Secretario: Marco Antonio Ortiz Mejía.

Novena época

Registro: 173421

Instancia: Tribunales colegiados de circuito

Tesis aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXV, Enero de 2007

Materia: Común

Tesis: I.2o.P.12 K

Página: 2391

Videograbación. Su ofrecimiento en el juicio de amparo debe sujetarse a las reglas previstas para la inspección ocular. La reproducción de las imágenes contenidas en un video constituye una inspección porque, para su desahogo, es necesaria la observación sensorial respecto de alguien o algo, así como la descripción que se haga de lo observado en tal video, por lo que, para estar en aptitud de desahogar dicho medio de prueba, debe atenderse lo dispuesto en el artículo 151, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece las reglas para la inspección ocular.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

Queja 312/2006, 23 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Escobar Ángeles. Secretario: Marco Antonio Ortiz Mejía.

Por tanto, con esta iniciativa de adición legal este tipo de pruebas aportadas por la tecnología tendrán autonomía y no habrá una equiparación a la naturaleza de la prueba de inspección.

Por lo que atañe a la adición del artículo 110 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se propone que en caso de delitos cometidos en flagrancia que sean captados por los sistemas de vigilancia de las instituciones de seguridad pública, tales instituciones inmediatamente deberán certificar y enviar tal información al Ministerio Público que corresponda, a efecto de que este último investigue.

Se pondera que la inclusión del artículo 110 bis es adecuada, ya que se hace en el título séptimo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública relativo a la información sobre seguridad pública.

En tal apartado se obliga a la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para que suministren, intercambien, sistematicen y puedan consultar la información que diariamente se genere sobre seguridad pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos, y para mejor claridad se reproduce dicho apartado de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

Título SéptimoDe la Información sobre Seguridad Pública

Capítulo Único

Artículo 109. La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que diariamente se genere sobre seguridad pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos.

El presidente del consejo nacional dictará las medidas necesarias, además de las ya previstas en la ley, para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada mediante los instrumentos de información sobre seguridad pública.

Las instituciones de procuración de justicia tendrán acceso a la información contenida en las bases de datos criminalísticos y de personal, en el ámbito de su función de investigación y persecución de los delitos.

La información sobre administración de justicia, podrá ser integrada las bases de datos criminalísticas y de personal, a través de convenios con el Poder Judicial de la Federación y los tribunales superiores de justicia de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia y con estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

El acceso a las bases de datos del sistema estará condicionado al cumplimiento de esta ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones que de la propia ley emanen.

Artículo 110. Los integrantes del sistema están obligados a compartir la información sobre seguridad pública que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables.

La información contenida en las bases de datos del sistema nacional de información sobre seguridad pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.

Artículo 111. La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios realizarán los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su red local correspondiente, con las bases de datos criminalísticos y de personal del sistema, previstas en la presente ley.

El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima operarán con un número único de atención a la ciudadanía. El secretario ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la homologación de los servicios.

Incluso, como se nota en lo transcrito, en el artículo 110 precitado, se manifiesta que la información contenida en el sistema nacional de información sobre seguridad pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen, por lo que si se obtienen video filmaciones será información que deberá certificarse y tendrá el valor probatorio que la ley señale.

En este último comentario se relaciona tanto la adición al código adjetivo penal en cuanto al valor probatorio de las videofilmaciones con la Ley de Seguridad Pública en cuanto a los medios tecnológicos de información en la materia.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero.Se adiciona el artículo 280 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales, de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 280 Bis. Las videofilmaciones harán prueba plena siempre que estén relacionadas con un dictamen pericial que acredite su inalteración o manipulación.

Segundo.Se adiciona el artículo 110 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Artículo 110 Bis. Las videofilmaciones sobre delitos cometidos en flagrancia que se obtengan a través de los sistemas de vigilancia de las instituciones de seguridad pública, inmediatamente deberán ser puestas a disposición y conocimiento del Ministerio Público que corresponda a efecto de que investigue.

El envío de las videofilmaciones por la autoridad respectiva se hará previa certificación, que hará constar las garantías de su inalteración o manipulación, y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Con mucho gusto, el texto íntegro de la iniciativa se inserta en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, para dictamen.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes, es indiscutible que las pequeñas y medianas empresas representan un sector sustancial en la actividad económica y en la dinámica social y política de nuestro país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su censo del año 2007, en México, el 95.5 por ciento de las organizaciones manufactureras de comercio y de servicios son microempresas, mientras que el 3.5 y el 0.8 por ciento son pequeñas y medianas empresas, mismas que generan entre ambas 70.40 por ciento de los empleos, así como el 30 por ciento del producto interno bruto, cifras que resultan impactantes si agregamos que la carga fiscal más importante recae justamente sobre estas empresas.

Asimismo, estas empresas se han convertido en los últimos años en una válvula de escape a los problemas de desempleo, que no ha podido atender y resolver el Estado; se estima que nueve de cada 10 organizaciones en México son familiares, pero paradójicamente solo una de cada tres de ellas logra pasar a la siguiente generación.

Una de las causas por las cuales las Pymes familiares no sobreviven son algunas de las siguientes: la falta de mercados leales y competitivos para sus productos; la alta tasa de interés financiera y una tasa fiscal impositiva, prácticamente difícil de pagar.

A lo anterior, se suma una deficiente administración y planeación, el manejo ineficiente de recursos y un mal sistema de control, todo ello derivado de la falta de capacitación oportuna e innovación tecnológica.

Debemos considerar que un porcentaje muy significativo de las micro y pequeñas empresas se extingue por la falta de acceso a los programas de apoyo local y federal, ya que contienen reglas de operación que un microempresario no podría cubrir, lo que implicaría, prácticamente, dejar su empresa en garantía.

En México son muchas las líneas que resulta necesario analizar para poner en el contexto adecuado la problemática que enfrentan las Pymes. Entre las mismas, podemos destacar la deficiente capacitación de estas unidades productivas, ya que tradicionalmente la asesoría técnica no ha sido considerada como un factor de desarrollo que permita a las empresas lograr mejores beneficios y posicionamientos en los mercados; el limitado acceso a los esquemas de financiamiento, tanto de la banca del segundo piso, como de la banca comercial y los intermediarios financieros; las elevadas tasas de interés, acompañadas de fuertes restricciones por parte de las instituciones bancarias, las cuales han provocado que solamente el 22.5 por ciento de las Pymes cuenten con créditos, acompañado esto de una fuerte reducción en los alcances de la banca de desarrollo, ocasionando que dichas empresas tengan que recurrir a fuentes alternas de financiamiento, como es el caso de los intermediarios financieros que otorgan créditos con tasas de interés sin regulación alguna.

Según información de la Secretaría de Economía, se establecen anualmente, en promedio, 200 mil empresas, de las cuales aproximadamente el 10 por ciento tienen posibilidades de desarrollarse en la economía formal, el 25 por ciento tienen escasas posibilidades de desarrollo y solamente generan recursos de sobrevivencia, y el 65 por ciento de-saparecen antes de cumplir los dos años de vida, siendo la causa más significativa de su desaparición la falta de capacitación adecuada y oportuna.

En este orden de ideas, para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano resulta urgente reformar la normatividad vigente, con el propósito de favorecer el fomento y desarrollo de las micro y pequeñas empresas, para que se contemplen esquemas de financiamiento con tasas blandas de interés que les permitan capitalizarse, para fomentar estrategias de desarrollo e innovación tecnológica, para priorizar la capacitación y asesoría para la exportación que les permita adaptarse a un mercado que cada vez sea más competitivo y mantenerse como una de las principales fuentes generadoras de empleo en nuestro país.

Consideramos que un mayor apoyo financiero en las micro, pequeñas y medianas empresas es muy necesario. Pero esto no resuelve el problema de fondo, es indispensable una reforma fiscal integral, en virtud de que son estas empresas las que realmente pagan impuestos a la hacienda pública.

No obstante, estamos convencidos que el apoyo financiero es una de las palancas impulsoras para el desarrollo, que a la vez generará en el corto, mediano y largo plazo beneficios a la sociedad en conjunto, ya que al incrementarse la productividad se fomenta la generación de empleos, la competitividad y la reducción de la pobreza.

En tal circunstancia, sometemos ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Antonio Hurtado Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es indiscutible que las pequeñas y medianas empresas (Pyme) de México y Latinoamérica representan un sector sustancial en la actividad económica y en la dinámica social de los países en desarrollo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2007), en México, 95.5 por ciento de las organizaciones manufactureras, de comercio y de servicios son microempresas, mientras que el 3.5 y el 0.8 por ciento son pequeñas y medianas empresas, respectivamente, y generan entre ambas 70.40 por ciento de los empleos, así como 30 por ciento del PIB nacional.

Se estima que nueve de cada diez organizaciones en México son familiares y que tan sólo una de cada tres de ellas logra pasar a la siguiente generación. Entre las causas por las cuales las Pyme familiares no sobreviven se encuentran: a) las del entorno o externas (mercado, financiamiento, e impuestos); b) las estructurales o internas (mala administración y planeación, manejo ineficiente de recursos y un mal sistema de control), así como las de orden familiar, como se observa en la tabla 1:

Tabla 1. Problemas internos identificados en las nuevas Pyme familiares

Área problemática           Nivel de importancia

Excesivos gastos personales sin control        1

Deficiente delegación de responsabilidades y toma de decisiones            2

Mala o falta de planeación estratégica          3

Problemas de ineficiencia en                                                        producción e inventarios           4

Problemas de ventas y mercado                    5

Sucesión y problemas entre generaciones     6

Dirección General deficiente                        7

Manejo de personal y contratación deficiente                              8

Problemas financieros                                  9

Mala o falta de capacitación de personal    10

Respecto a los problemas del entorno o externos, la tabla 2 muestra los principales problemas percibidos por los empresarios de las Pyme esencialmente familiares:

Tabla 2. Problemas externos identificados en las nuevas Pyme familiares3

Área problemática           Nivel de Importancia

Excesiva tramitología y burocratización       1

Altos costos de financiamiento                     2

Falta de acceso a programas de                                                    financiamiento especializados en Pyme            3

Falta de incentivos fiscales                           4

Falta compartir riesgos financieros                                               con el emprendedor       5

Falta de ética                                                 6

Piratería en el mercado                                 7

En México son muchas las aristas que resulta necesario analizar para poner en el contexto adecuado la problemática que enfrentan las Pyme, no obstante la importancia que representan para el desarrollo económico, al generar como ya se señaló, 70.40 por ciento de los empleos y aportar 30 por ciento al PIB nacional.

Entre estas aristas podemos destacar:

a) la deficiente capacitación de estas unidades productivas ya que tradicionalmente la asesoría técnica no ha sido considerada como un factor de desarrollo que permita a las empresas, dentro de su plan estratégico, lograr mejores beneficios y posicionamiento en los mercados;

b) el impacto negativo en el medio ambiente, por ello se  debe motivar a las empresas y a sus empresarios a buscar nuevas y mejores formas de administrar, nuevas formas de integrarse al entorno social que las rodea y del cual directa o indirectamente se benefician;

c) el limitado acceso a los esquemas de financiamiento tanto de la banca de segundo piso como de la banca comercial y los intermediarios financieros.

d) el 94.3 por ciento de las exportaciones de México están concentradas en 312 grandes empresas nacionales y extranjeras y en 3,436 empresas maquiladoras, por lo que falta una adecuada vinculación con los sectores económicos más dinámicos;

e) las elevadas tasas de intereses, acompañadas de fuertes restricciones por parte de las instituciones bancarias, han tenido como consecuencia que solamente el 22.5 por ciento de las Pyme cuenten con créditos, acompañado esto de una fuerte reducción en los alcances de la banca de desarrollo, ha ocasionado que dichas empresas tengan que recurrir a fuentes alternas de financiamiento, como son los proveedores, créditos personales,  tarjetas de crédito y financiamiento por parte de los intermediarios financieros que otorgan créditos con tasas de interés sin una regulación clara, dejando a libertad la imposición de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE).

Según información de la Secretaría de Economía, en promedio se establecen anualmente 200 mil empresas, de las cuales aproximadamente 10 por ciento tienen posibilidades de desarrollarse en la economía formal, 25 por ciento tienen escasas posibilidades de desarrollo y generan recursos de sobrevivencia, y 65 por ciento desaparecen antes de cumplir los dos años de vida, siendo la falta de capacitación adecuada y oportuna  la causa más significativa de su desaparición; representando este factor el 66 por ciento.

En el rubro de programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía ha puesto en marcha 11 programas de apoyo directo a la micro y pequeña empresa, como es el caso de Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur), Fondo Pyme,  Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes), Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca), Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft), Programa para la Creación de Empleo en Zonas Marginadas (PCEZM), Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), entre otros.

La revisión que Movimiento Ciudadano realizó de estos programas hizo manifiestas las graves dificultades para poder acceder al mercado de manera productiva y competitiva, así como a los esquemas de financiamiento oportuno, lo que ha ocasionado que la gran mayoría de ellas cierre en un plazo no mayor a los dos años. Otro factor que limita el acceso a estos programas es la falta de difusión por parte de la Secretaría de Economía. Al respecto, 86 por ciento de las pymes ha manifestado no conocer los programas de apoyo federales, estatales o municipales; 12.5 por ciento de los conoce pero no los ha utilizado y sólo 1.8 por ciento los conoce y ha utilizado.

En este escenario para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano resulta urgente reformar la normatividad vigente, con el propósito de favorecer el fomento y desarrollo de la micro y pequeña empresa, para que contemple esquemas de financiamiento con tasas blandas de interés que les permita capitalizarse, desarrollo e innovación tecnológica, simplificación administrativa pública, capacitación y asesoría para la exportación; que les permita adaptarse a un mercado cada vez más competitivo y mantenerse como una de las principales fuentes generadoras de empleo del país. Por tales motivos sometemos ante esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Argumentos que la fundamentan

En nuestro país existen 2.9 millones de establecimientos, 99 por ciento de éstos corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales constituyen un sector estratégico para el desarrollo económico y social del país (tabla 3). Sin embargo, su competitividad se ha visto disminuida por problemas estructurales, institucionales y legales; que han impedido generar el ambiente económico para su capitalización y crecimiento.

Para el caso de México, estudios afirman que la gran mayoría de las  Mypime tienen las siguientes características:

a) No cuentan con las garantías requeridas por las instituciones financieras para tener acceso a créditos.

b) No cuentan con formación, información y capacidad de gestión financiera.

c) Tienen mayores costos de financiamiento con relación a las grandes empresas.

En Movimiento Ciudadano consideramos que un mayor apoyo financiero a las Mipyme es necesario, pero no resuelve el problema de fondo, pues es indispensable una reforma estructural, que contemple una reforma fiscal integral en virtud de que son estas empresas las que realmente pagan impuestos a la hacienda pública.. No obstante, estamos convencidos que el apoyo financiero es una de las palancas impulsoras para el desarrollo, que a la vez generará en el corto, mediano y largo plazos beneficios a la sociedad en conjunto, al incrementarse la productividad, se fomenta la generación de empleos, la competitividad y la reducción de la pobreza.

En el ámbito del financiamiento que la banca de desarrollo otorga a las micro y pequeña empresas (tabla 5), éste es marginal e incluso tiene un comportamiento decreciente al pasar de 1.7 por ciento en el año 2000 a 0.6 por ciento en 2008. Su poca participación es alarmante, ya que incluso está por debajo del financiamiento proveniente de bancos extranjeros, cuya tendencia es creciente al pasar de 1.2 a 2.4 por ciento entre 2000 y 2010. La banca de desarrollo en los últimos años ha depositado sus obligaciones en los llamados intermediarios financieros que al otorgar créditos con alto margen de riesgo, imponen altas tasas de interés a las empresas.

La importancia de la banca de desarrollo es ineludible, de hecho casi todos los países de la OCDE disponen de bancos de desarrollo operando activamente en sus sistemas financieros. Desafortunadamente en nuestro país durante los últimos años la banca nacional de desarrollo, cada vez tiene un papel menos activo sobre el financiamiento.

En el caso de la banca comercial, es preciso mencionar que la mayoría de las instituciones otorgan el financiamiento principalmente a las medianas y grades empresas, dado que tienen un menor riesgo y generan ganancias reales. Caso contrario a las pymes cuyo capital y activos fijos son de bajo valor, lo que conlleva a que la propia empresa se convierta en garantía de pago. Actualmente, las instituciones bancarias, especialmente las que se caracterizan por ser de banca múltiple, son las que disponen de más de la mitad de los activos totales existentes en México.

Con datos de la Encuesta que realiza trimestralmente el Banco de México, las pequeñas y microempresas que obtienen un financiamiento bancario, lo destinan en primer lugar para capital de trabajo con una participación entre 60 y 70 por ciento, el segundo lugar lo ocupa la restructuración de pasivos, entre el 13 y 18 por ciento; seguido por operaciones al comercio exterior, que ha tenido un comportamiento irregular al pasar de 10, 3.2 y 6.7 por ciento en 2000, 2003 y 2007 respectivamente, lo que puede observarse en la tabla 5.

La tabla 6 es muy significativa ya que refleja los motivos de las micro y pequeñas empresas para no solicitar un crédito bancario:

La importancia de los datos que nos arroja el cuadro anterior radica en las decisiones que toman las micro y pequeñas empresas al  momento de su creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, incide directamente en las iniciativas de los emprendedores, así como en los beneficios de este sector de empresas en materia de inversión productiva y generación de mejores empleos.

Finalmente, en el Sexto Informe degobierno del Ejecutivo Federal, referente al Programa México Emprende; Pequeña y mediana empresa,  cuyo objetivo es que las Pyme accedan al financiamiento en condiciones competitivas se, observa un incremento en el monto de los apoyos al pasar de $1219.7  millones  en 2001 a $2605.3 millones de pesos en 2011, lo que representa una variación real de 33.1 por ciento (tabla 7).

Este dato podría interpretarse como un incremento significativo para el fomento al financiamiento a las micros, pequeñas y medianas empresas, especialmente respecto al Presupuesto del Fondo Pyme.

Sin embargo, al Fondo Pyme, se le han detectado serias anomalías respecto al número de empresas atendidas y a los logros o resultados obtenidos; lo mismo sucede en el rubro de creación de nuevas empresas, donde el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que es “complicado conocer en qué condiciones la empresa es creada, y no puede saber sobre su éxito, pues no se mide la tasa de supervivencia”. A esto debemos añadir el comportamiento que el Fondo Pyme ha tenido en dos ámbitos fundamentales: el número de Mipyme y el número de empleos generados que han disminuido a razón del 33.1 por ciento (tabla 8):

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Único. Se reforman los numerales c) y d) de la fracción I y el numeral c) de la fracción II del artículo 4; se reforma el artículo 5; se adiciona el artículo 5 Bis; se reforma el artículo 7; se adiciona el artículo 8 Bis; se adiciona la fracción V del artículo 9, se reforma a fracción II del artículo 10, se reforma a fracción VIII del artículo 11, se adiciona la fracción I Bis del artículo 12 y se reforma el artículo18 y se adiciona la fracción XIII., todos de la  Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,para quedar como sigue:

Artículo 4o . Son objetivos de esta ley

I. Establecer:

a)...

b)...

c) Los instrumentos para la evaluación y actualización de las políticas, programas, instrumentos y actividades de fomento para la productividad y competitividad de las Mipyme, que proporcionen la información necesaria, la asesoría técnica y la garantía de financiamientos de la banca comercial, de la banca de desarrollo a tasas de interés preferenciales, para la toma de decisiones en materia de apoyo empresarial; y

d) Las bases para que la Secretaría elabore y actualice periódicamente las políticas con visión de largo plazo, con un adecuado análisis de los mercados internos y externos, así como las condiciones financieras regionales y mundiales, para elevar la productividad y competitividad nacional e internacional de las Mipyme.

II. Promover:

a)...

b)...

c) El acceso al financiamiento para las Mipyme, con tasas de interés acordes a la capacidad de pago de las empresas, que ponderen la capitalización de las empresas, el incremento de la producción, constitución de nuevas empresas y consolidación de las existentes, así como la apertura de nuevos mercados y el apoyo para la diversificación de los productos;

d)...

i)...

Artículo 5o. La Secretaría elaborará los programas sectoriales correspondientes en el marco de la normativa aplicable, tomando en cuenta los objetivos y criterios establecidos en la presente ley, así como los acuerdos que tome el Consejo y la opinión de la Cámara de Diputados y de las organizaciones empresariales.

Artículo 5o. Bis. La Secretaría diseñará e implementará un amplío programa de difusión a nivel nacional, utilizando los medios de  comunicación más oportunos para cada región del país; y que tendrá un equipo de soporte técnico permanente para la orientación de los micro y pequeños empresarios.

Artículo 7o. La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las Mipyme, sin que ellos conlleven a la descapitalización de las empresas o la solicitud de las mismas como garantía para el pago del financiamiento.

Artículo 8o. Bis. La Secretaría enviará a la Cámara de Diputados un informe trimestral de los esquemas acordados en el artículo anterior, a fin de que en todo momento se establezcan reglas claras y asequibles en el financiamiento a las empresas.

Artículo 9o. Los programas sectoriales referidos en el artículo 5 de esta ley deberán contener, entre otros:

I. ...

IV. ...

V. La Secretaría dispondrá de personal capacitado en todo el país para atender las dudas y coadyuvar en los problemas técnicos, jurídicos y financieros de las micro y pequeñas empresas. 

Artículo 10. La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las Mipyme debe atender los siguientes criterios:

I. ...

II. Procurar esquemas de apoyo a las Mipyme a través de la concurrencia de recursos de la federación, de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios, así como de los Sectores; los cuales  deberán ser previstos en el Proyecto de Egresos de la Federación que el Ejecutivo envíe a la Cámara de Diputados. Estos recursos y su ministración serán evaluados de manera permanente por la Auditoría Superior de la Federación en el marco de la transparencia y rendición de cuentas.

III. ...

IX. ...

Artículo 11. Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes Programas:

I. ...

VI. ...

VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa ecológica aplicable.

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las Mipyme. Gestionará ante la banca comercial, la banca de desarrollo y los intermediarios financieros esquemas de crédito acordes a la capacidad de pago de las empresas a fin de garantizar su consolidación y desarrollo. Los procedimientos y resultados de dichas gestiones se deberán publicar en el reglamento de esta ley.

Artículo 12o . La Secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de las Mipyme, las siguientes responsabilidades:

I. La Secretaría promoverá ante las instancias competentes que los programas y apoyos previstos en esta Ley a favor de las Mipyme, sean canalizados a las mismas, para lo cual tomará las medidas necesarias conforme al Reglamento;

I Bis. La Secretaría en coordinación con la SHCP, la Cámara de Diputados y las organizaciones empresariales, revisará anualmente los programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, con el objetivo de subsanar inconsistencias, retirar los programas que no sean de utilidad a las empresas y evaluar los recursos que se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación a los programas con resultados positivos para favorecer la competitividad de las Mipyme.

II. ...

X. ...

Artículo 18. El Consejo estará conformado por 34 integrantes:

I. ...

XXII. ...

XXIII. Tres miembros de la Cámara de Diputados, integrantes de las comisiones relacionadas con la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa.

Transitorios

Primero.La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.EL Ejecutivo federal realizará las modificaciones pertinentes al Reglamento de esta Ley dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 Censos económicos, INEGI 2009.

2 Rogerio Domenge e Imanol Belausteguigoitia. Nuevas PYMEs: problemas y recomendaciones. En Dirección Estratégica, Revista de Negocios del ITAM, 25 de junio de 2010.

3 Op. Cit.

4 Serna Hinojosa y Delgado Rivas: “La capacitación en las Pequeñas y Medianas Empresas de México” en Observatorio de la Economía Latinoamericana, número 82, 2007. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2007/shdr.htm

5 www.emprendedores.com

6 Principales resultados del Observatorio Pyme en México: Perfil del Empresario. Comisión Intersectorial de Política Industrial, CIPI 2002.

7 www.cipi.gob.mx/Diag_Decem_Mpymes.PDF

8 Rivas, Gonzalo, Opciones de la Banca de Desarrollo en Chile: el convidado de piedra del sistema financiero chileno. Unidad de Estudios Especiales, Secretaría Ejecutiva CEPAL, Chile 2004.

9 El financiamiento a las Pyme en México, 2000-2007: El papel de la banca de desarrollo. En Serie  Financiamiento del Desarrollo, CEPAL  enero de 2009.

10 Secretaria de Economía, Subsecretaria de pequeña y mediana empresas.

11 Secretaría de Economía y evaluación del Coneval 2010-2011.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputado José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Economía y de Competitividad, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 350 Bis 6 de la Ley General de Salud.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos:Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, vengo a esta tribuna a plantear una situación de la mayor trascendencia. Los médicos y hospitales de nuestro país se enfrentan a una cuestión no menor, se enfrentan al grave problema de no tener definido, por ley, el destino último de los productos derivados del embarazo de menos de 13 semanas.

El embarazo humano dura unas 40 semanas aproximadamente; el primer trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; el inicio del tercer trimestre se considera el punto de viabilidad del feto, aquél a partir del cual puede sobrevivir extraútero sin soporte médico.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud define a la defunción fetal como la muerte de un producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por el hecho de que después de la separación el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

En este sentido, el artículo 314 de la Ley General de Salud menciona que se entiende por embrión al producto de la concepción a partir de ésta y hasta el término de la duodécima semana gestacional; asimismo señala que se entiende por feto al producto de la concepción a partir de la decimotercera semana de edad gestacional hasta la expulsión del seno materno.

Asimismo, este ordenamiento define al destino final como la conservación permanente, inhumación, incineración, desintegración e inactivación de órganos, tejidos, células y derivados, productos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de embriones y fetos, en condiciones sanitarias permitidas por esta ley y demás disposiciones aplicables.

El artículo 350 Bis 6 de la misma ley especifica que solo podrá dársele destino final a un feto previa expedición del certificado de muerte fetal, más la autorización del Registro Civil. Esta autorización del Registro Civil no es una certificación de un acto del estado civil, y por tanto, no se puede levantar un acta de defunción, sino una simple constatación de la existencia de un cadáver no nato y la debida autorización para que pueda ser inhumado o incinerado. No puede haber inhumación o incineración sin la autorización del Registro Civil.

Es muy importante su registro estadístico para el estudio de las causas y los factores que intervienen en la mortalidad perinatal. Aún en la actualidad un gran número de ellas carece del certificado respectivo, lo que condiciona un elevado subregistro que impide conocer el comportamiento epidemiológico de este fenómeno. A menudo esto ocurre por desconocimiento de la importancia de la certificación y notificación de las muertes fetales.

Por tanto, si un feto se define como un producto de la concepción a partir de la semana 13, entonces los embriones que tienen menos de esta semana —y aquí está el problema— no puede dárseles un destino final, puesto que no está en la ley establecido para ello que se les expida una autorización por parte del Registro Civil y por lo tanto, quedan sin posibilidad de inhumación. Desafortunadamente la ley no prevé esta situación y ante una falta de reglamentación clara los embriones tienen un destino incierto.

Asimismo, el artículo 318 del referido ordenamiento señala que para el control sanitario de los productos y de la disposición del embrión y de las células germinales, se estará a lo dispuesto en la propia ley o las que resulten aplicables y en las demás disposiciones generales que al efecto se expidan. Pero —y a pesar de lo anterior— no podemos dejar de mencionar que no existe ninguna disposición final para el embrión en ninguna de las reglamentaciones federales.

Es por todo lo anterior que mi grupo parlamentario considera necesario e importante darle un destino final a los productos de menos de 12 semanas, los embriones, previo a un certificado médico, y pretendemos sea dentro del artículo 350 Bis 6, en el que solo menciona el destino final para un feto y por eso nos permitimos proponer esta iniciativa para que se incluyan los embriones en este mismo procedimiento, con la finalidad de evitar que sean manipulados de manera irresponsable o usados en un tráfico ilegal. Necesitamos que tengan un destino digno. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 350 Bis 6 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Carla Alicia Padilla Ramos, diputada a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, me permito presentar iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un párrafo al artículo 350 Bis-6 de la Ley General de Salud, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

Se pretende que en nuestras leyes se encuentre reflejada la manera en la que un aborto de menos de 500 gramos o 12 semanas de gestación, pueda contar con un destino final ya que actualmente no se prevé esta situación.

Exposición de Motivos

Se denomina embarazo o gravidez (del latín gravitas),al período que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado, y el momento del parto en cuanto a los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. El término gestación hace referencia a los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno.

El embarazo humano dura unas 40 semanas (aproximadamente unos 9 meses). El primer trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; el inicio del tercer trimestre se considera el punto de viabilidad del feto (aquel a partir del cual puede sobrevivir extraútero sin soporte médico).

Esta iniciativa parte del problema que tienen muchos médicos y hospitales, para darles un destino último a los productos derivados del embarazo de menos de 12 semanas.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud define a la defunción fetal como “la muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.” (http://files.sld.cu/dne/files/2012/03/vol1_definiciones.pdf)

En este sentido, el artículo 314 de la Ley General de Salud, menciona que: “se entiende por embrión al producto de la concepción a partir de ésta, y hasta el término de la duodécima semana gestacional”, asimismo, señala que al feto se le entiende como “al producto de la concepción a partir de la decimotercera semana de edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno.”

De igual forma, se define al destino final, como la conservación permanente, inhumación, incineración, desintegración e inactivación de órganos, tejidos, células y derivados, productos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de embriones y fetos, en condiciones sanitarias permitidas por esta ley y demás disposiciones aplicables.

El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, menciona en su artículo 6 fracción VIII:

• Destino final, la conservación permanente, inhumación o desintegración, en condiciones sanitarias permitidas por la Ley y este Reglamento, tejidos y sus derivados, productos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de embriones y fetos.

La fracción XI del mismo artículo dice que:

• Embrión es el producto de la concepción hasta la decimotercera semana de gestación,

Y la fracción XII señala que:

• Feto es el producto de la concepción a partir de la decimotercera semana de gestación.

El artículo 350 Bis-6 de la Ley General de Salud especifica que, solo podrá dársele destino final a un feto previa expedición del certificado de muerte fetal, más la autorización del Registro Civil.

Esta autorización del juez del Registro Civil no es una certificación de un acto del estado civil, y por lo tanto no se puede levantar un acta de defunción, sino una simple constatación de la existencia de un cadáver no nato, y la debida autorización para que pueda ser inhumado o incinerado. No puede haber inhumación o incineración sin la autorización del Registro Civil.

Es muy importante su registro estadístico para el estudio de las causas y los factores que intervienen en la mortalidad perinatal. Aún en la actualidad un gran número de ellas carece del certificado respectivo, lo que condiciona un elevado subregistro que impide conocer el comportamiento epidemiológico de este fenómeno. A menudo esto ocurre por desconocimiento de la importancia de la certificación y notificación de las muertes fetales.

Por lo tanto, si un feto se define como producto de la concepción a partir de la semana 13, entonces los embriones que tienen menos de estas semanas no tienen derecho a que les sean expedidos certificados de muerte, consecuentemente quedan sin posibilidad de inhumación.

Y desafortunadamente la ley no prevé esta situación, y ante una falta de reglamentación clara, los embriones tienen un destino incierto.

Asimismo, en su artículo 318 el referido ordenamiento señala que para el control sanitario de los productos y de la disposición del embrión y de las células germinales, se estará a lo dispuesto en la propia ley, en lo que resulte aplicable, y en las demás disposiciones generales que al efecto se expidan.

Desafortunadamente no podemos dejar de mencionar, que no existe una disposición final para el embrión en ninguna de las reglamentaciones federales.

Es por lo anterior que creemos necesario darle un destino final a los productos de menos de 12 semanas (embriones), y nos parece importante proporcionarle un destino final a estos productos previo a un certificado médico.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 350 Bis-6 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 350 Bis-6. Sólo podrá darse destino final a un feto previa expedición del certificado de muerte fetal.

En el caso de que el cadáver del feto no sea reclamado dentro del término que señala el artículo 348 de esta ley, deberá dársele destino final. Salvo aquellos que sean destinados para el apoyo de la docencia e investigación por la autoridad de Salud conforme a esta ley y a las demás disposiciones aplicables, quien procederá directamente o por medio de las instituciones autorizadas que lo soliciten mismas que deberán cumplir con los requisitos que señalen las disposiciones legales aplicables.

Para el caso de los embriones, sólo se le dará un destino final previo certificado médico.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con 180 días para realizar las modificaciones pertinentes para que emita la normatividad necesaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintidós días del mes de noviembre de 2012.— Diputados: Carla Alicia Padilla Ramos, Enrique Alejandro Flores Flores, Martha Edith Vital Vera, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Cristina Olvera Barrios, Ana Lilia Garza Cadena, Felipe Arturo Camarena García, Verónica Carreón Cervantes, Antonio Cuéllar Steffan, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, María Fernanda Schroeder Verdugo, Rubén Acosta Montoya, Petra Barrera Barrera, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Ramón Antonio  Sampayo Ortiz, José Alfredo Botello Montes, María Celia Urciel Castañeda, Jorge Rosiñol Abreu, Rafael Acosta Croda, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Mario Alberto Dávila Delgado, Carla Guadalupe Reyes Montiel, María del Rosario Fátima Pariente Gavito, María Guadalupe Velázquez Díaz, María Teresa Jiménez Esquivel, María Guadalupe Mondragón González, Ruth Zavaleta Salgado, Germán Pacheco Díaz, Joaquín Caballero Rosiñol, Omar Antonio Borboa Becerra, Rubén Benjamín Félix Hays, Martha Berenice Álvarez Tovar, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Consuelo Argüelles Loya, Humberto Armando Prieto Herrera, Leticia López Landero, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Jesús Aquino Calvo, Leonor Romero Sevilla, Ricardo Villarreal García, Esther Quintana Salinas, Ricardo Anaya Cortés, Carlos Fernando Angulo Parra, Margarita Saldaña Hernández, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Salud, para dictamen.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí. Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Enrique Flores.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores(desde la curul): Sí, presidente. Nada más para felicitar a la diputada y solicitar suscribirme, si tiene a bien darme la oportunidad. Creo que es una gran iniciativa que reconoce a los bebes desde su concepción.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos(desde la curul): Sí, estoy de acuerdo.

El Presidente diputado José González Morfín: Me dice la diputada Padilla Ramos, que está de acuerdo; dejamos la iniciativa en manos de la Secretaría para que pase a suscribirla quien así lo desee.

Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. No.

LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, las investigaciones indican que la violencia en el noviazgo es vista por la mayoría de los jóvenes como algo normal dentro de una relación. Muchos no llegan a reconocer de forma clara un noviazgo violento y lamentablemente nuestras leyes federales tampoco.

Hoy vengo ante este honorable Congreso para buscar su apoyo, compañeras y compañeros diputados, con el objeto de que logremos que la legislación federal no omita en sus postulados la verdad que viven millones de mexicanas y de mexicanos.

La violencia en el noviazgo existe y es lamentable comprobar que nuestra legislación federal no se ha preocupado en definir claramente ni en penalizar esta práctica, que tristemente, es cada vez más común.

Según la última encuesta del Instituto Mexicano de la Juventud, el 66 por ciento de los jóvenes mexicanos, entre 15 y 24 años, ha sufrido algún tipo de agresión en sus relaciones de pareja.

La violencia en el noviazgo crece como bola de nieve. Empieza con un amor malentendido, que confunde la confianza con la agresión y que llena los vacíos propios con el sufrimiento de la pareja; primero, bromas hirientes; después, empujones efusivos; primero, ofensas verbales; después, agresiones físicas. Inicia en muchas ocasiones con violencia psicológica.

El 41.9 por ciento de los jóvenes declararon en la última encuesta nacional de juventud que tuvo al menos un episodio de violencia, por insultos, burlas o críticas en su noviazgo actual. Después, llega a la violencia física.

El 27.3 por ciento de los jóvenes declararon en la misma encuesta haber sufrido algún tipo de agresión corporal; en esta etapa las parejas se convierten en una triste dicotomía de personas sádicas y masoquistas; buscan, por medio de la simbiosis de dominador-dominado, el complementar sus deficiencias más profundas.

En El arte de amar, Erich Fromm define lo que debería de ser el amor de pareja, como una unión a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad; el amor es un poder activo en el hombre, un poder que atraviesa las barreras que separan al hombre de sus semejantes y los une a los demás; el amor lo capacita para superar sus sentimientos de aislamiento y separación, y no obstante le permite ser el mismo y mantener su integridad.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza asumimos la responsabilidad que tenemos ante la sociedad y creemos que la ley mexicana debe proteger a todas las personas que sufren cualquier tipo de violencia en su entorno.

Hoy buscamos sumar voluntades para que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establezca la normatividad que permita defender de manera eficaz los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres en noviazgo.

Esta propuesta, compañeros, tiene dos objetivos; el primero, es que la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan participar de manera transversal en la implementación de políticas públicas para prevenir, identificar y resolver esta modalidad de violencia.

Proponemos que por medio de programas de prevención para adolescentes y jóvenes, con mecanismos de información y campañas para erradicar los estereotipos sexistas, busquemos acabar con la legitimación social, que existe en torno a la violencia en el noviazgo.

El segundo objetivo es que las mujeres puedan ejercer el beneficio de las órdenes de protección, cuando la autoridad conozca de delitos que impliquen violencia contra ellas en su relación de pareja.

Definimos también de manera específica la violencia en el noviazgo de la siguiente manera: todos los actos realizados por una de las partes en contra de la otra, dentro de una relación afectiva, mediante los cuales se presenten ataques intencionales de tipo sexual, físico o psicológico, de manera forzada en la relación de compromiso, amorío, romance, noviazgo o enamoramiento, con el objetivo de controlar, someter y obligar a la persona que realiza diversos actos en contra de su voluntad.

Compañeras y compañeros diputados, la violencia en contra de las mujeres, en cualquiera de sus modalidades, lacera a toda la sociedad. Bajo ninguna circunstancia se puede justificar. Pero adquiere matices más crueles cuando esta violencia se oculta bajo una falsa pretensión de amor.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebrará el próximo domingo, me gustaría invitar especialmente a todas mis compañeras legisladoras, pero también a mis compañeros legisladores, a sumarse a esta propuesta. Ojalá podamos contar con su respaldo. Muchas gracias, compañeros diputados; muchas gracias, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

Las mujeres son actores estratégicos indispensables para el desarrollo integral de nuestra sociedad, nosotros reconocemos con total admiración el esfuerzo, lucha y labor permanente en el desempeño de las diversas actividades en las que participan con entrega y valor. Las mujeres constituyen un pilar fundamental no sólo al interior del núcleo familiar, sino también en el largo camino que implica el desarrollo social.

La forma en que mujeres y hombres conciben el amor determina la manera en que se relacionan con su pareja, la cual en nuestra cultura, muchas veces se entiende como una combinación entre romanticismo y violencia; que incluye control, celos y en ocasiones diversos tipos de violencia enmascarados como amor.

La desigualdad de género como una práctica recurrente en nuestra sociedad ha tenido como consecuencia la violencia hacia las mujeres, que se manifiesta tanto en el ámbito público como en la vida privada.

Actualmente en México, la discriminación contra la mujer es incompatible con la dignidad humana, toda vez que la misma limita su participación en la vida política, social, económica y cultural, en la cual la desigualdad con relación al hombre constituye un obstáculo para su pleno desarrollo. Una de esas manifestaciones de discriminación, es la violencia hacia la mujer, manifestándose en la etapa del noviazgo.

En 2007, se publicó la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía (Inegi) a petición del Instituto Mexicano de la Juventud, cuyos objetivos fueron identificar el contexto, magnitud, así como los factores determinantes de los diferentes tipos de violencia que se presentan en una relación de noviazgo. El propósito fue conocer la percepción de las y los jóvenes respecto de la violencia y de su manejo para la resolución de conflictos, así como cuantificar la prevalencia de la violencia que se presenta entre jóvenes, mujeres y hombres, entre 15 y 24 años de edad.

Para el estudio de la violencia en el noviazgo, se consideró aquellos jóvenes de entre 15 y 24 años que estaban solteros (14 millones 61 mil 802). De este total, se seleccionó a aquellos que durante el 2007 tuvieron relaciones de noviazgo con su pareja (7 millones 278 mil 236). Esta población soltera representa 13.6 por ciento de la población total, y 73 por ciento de la población de 15 a 24 años.

De acuerdo con los datos que arroja esta encuesta, 51.8 por ciento de las personas de entre 15 y 24 años tuvo al menos una relación de noviazgo durante 2007. Los motivos que llevaron a estos jóvenes a relacionarse con su pareja son, en primer lugar, que la pareja les gustaba mucho (90 por ciento), en segundo lugar que le insistieron mucho (4.9 por ciento) y por último la presión social (2 por ciento).

El 68 por ciento de los jóvenes declaró haber tenido sólo una relación de noviazgo durante 2007 y como ha resultado en otros estudios, las mujeres constituyen la amplia mayoría de estas personas con una cifra de 74.4 por ciento, mientras que la cifra para los hombres que tuvieron sólo una relación fue de 62.7 por ciento. En cambio, si se habla de más de una relación, fueron los hombres la mayor proporción de los que tuvieron 3 o más relaciones durante 2007,15 por ciento, y las mujeres sólo 8.2 por ciento.

Este estudio señala que frecuentemente se asocia la violencia a las relaciones prolongadas de noviazgo. Asimismo, se estima que la violencia puede propiciarse entre aquellas personas que cambian frecuentemente de pareja. Situación que afecta particularmente a las mujeres (violencia de género), sobretodo cuando estas parejas se desenvuelven en un mismo ámbito escolar, de trabajo, vecindario o comunidad, pues aunque el cambio de parejas es una actitud que tiende a valorarse entre los hombres, todavía las tradiciones lo censuran de manera particular en el caso de las mujeres.

A partir de lo anterior, nuestra preocupación estriba en que el ambiente en el que se desempeña la mujer y el hombre en el noviazgo, debe desenvolverse en total armonía y con la cordialidad que merecemos todas y todos los seres humanos, en un marco de respeto mutuo.

La palabra relación implica algún tipo de comunicación verbal y/o no verbal entre personas. En el caso de una relación de pareja o noviazgo, entra en juego un intercambio de sentimientos y emociones que bien puede culminar en un noviazgo sólido y saludable o bien en una relación tormentosa y disfuncional.

La personalidad de cada individuo tiene características específicas que se manifiestan directa o indirectamente en cualquier tipo de relación. Para que exista una relación de respeto e igualdad es imprescindible que cada pareja respete y reconozca los derechos fundamentales del otro.

En la mayoría de las personas, la relación de noviazgo comienza a muy temprana edad, generalmente en la juventud. Etapa en la que las emociones pueden no estar controladas, lo cual puede generar inestabilidad, problemas, y hasta algún tipo de violencia, ya sea física, sexual o psicológica.

En el noviazgo se reafirman los sentimientos de autoestima, ayudan a la pareja a conocerse mutuamente y crean lazos de responsabilidad mutua.

En las relaciones de pareja, suelen existir problemas de diversa índole, por lo que puede darse una ruptura que puede no ser definitiva por lo que, para lograr la reconciliación, uno de los miembros de la pareja busque hacer obsequios y ofrecer halagos al otro. Este patrón de ruptura, petición de perdón y reconciliación es frecuente en una relación, una vez que se ha establecido un ciclo de violencia.

La expresión violencia de género proviene de la traducción del inglés gender-based violence o gender violence, difundida a partir de la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en la ciudad de Beijing, China, en 1995, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas.

La violencia de género se definió en la Convención de Belem Do Pará en 1995 como: “todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”.

La violencia que se ejerce contra las mujeres está presente en todas las culturas, tanto en las llamadas “culturas o sociedades tradicionales” como en las llamadas “sociedades avanzadas, occidentales o democráticas”.

Para resolver el problema de la violencia en el noviazgo resulta necesario considerar los antecedentes de violencia en las y los jóvenes, lo que implica hacer un análisis respecto al comportamiento de la familia. Lo anterior obedece al hecho de que la familia es el principal medio por el cual se transmiten los valores, la cultura, las formas de ser, así como la forma de pensar y actuar. Este hecho es quizá el aspecto más importante que caracteriza a la violencia en las relaciones de noviazgo.

El maltrato hacia los niños y niñas, es la semilla que en la vida adulta genera diversas formas violentas, así como la incapacidad de resolución y negociación de conflictos en las relaciones interpersonales. Por esta razón es que se ve como algo natural el ejercicio de la violencia, por ello es importante conocer el ambiente familiar donde los jóvenes pasaron la infancia y vincular estos antecedentes con las conductas actuales.

La citada encuesta, aporta datos importantes para entender desde una perspectiva más amplia el problema de la violencia en el noviazgo:

En 21.3 por ciento de los hogares de las y los jóvenes que mantienen un noviazgo, había insultos teniendo una mayor incidencia en los hogares urbanos (55 por ciento) con respecto a los rurales (45 por ciento).

Aproximadamente en 9 por ciento de los hogares donde vivieron las y los jóvenes hasta los doce años había golpes, (55 por ciento eran hombres y 44 por ciento eran mujeres).

Las mujeres y hombres que se encuentran en una relación violenta están inmersos en un círculo de violencia, y salir de él se dificulta por varios motivos: creen que el agresor va a cambiar, sufren depresiones anímicas, disminución de su autoestima y de la capacidad para tomar decisiones, temen estar sin pareja, y además intervienen otros factores, como la dependencia afectiva y en ocasiones económica de la pareja.

En general, la violencia en el noviazgo tiende a pasar desapercibida, tanto por las instituciones como por los propios jóvenes. Sin embargo, la propia encuesta detectó que en las relaciones de noviazgo que establecen las y los jóvenes de entre 15 y 24 años hay expresiones de violencia de muy distinto tipo y en diferentes grados.

La primera etapa de la violencia se manifiesta en la forma de agresión psicológica contra la pareja. Consiste en atentados contra su autoestima, como por ejemplo: ridiculizarla, ignorar su presencia, no prestar atención a lo que dice, reírse de sus opiniones o iniciativas, compararla con otras personas, corregirla en público, etcétera.

Estas conductas no parecen en un primer momento violentas, pero igualmente ejercen un efecto devastador sobre la persona que enfrenta la violencia, provocando el progresivo debilitamiento de sus defensas psicológicas.

En un segundo momento, aparece la violencia verbal, que viene a reforzar la agresión psicológica. La persona agresora insulta y denigra a la otra persona, la ofende, comienza a amenazarla con agresión física, o con matarla o suicidarse. Va creando un clima de miedo constante. En muchos casos, quien es agredido, llega a un estado de debilitamiento, con muchos problemas emocionales y depresión.

La etapa final es cuando surge la violencia física, en la que los golpes hacia la pareja aparecen con frecuencia y sin consideración del daño que pueden provocar a la otra persona. Esta violencia se manifiesta desde que el hombre toma del brazo a la mujer y se lo aprieta; a veces finge estar jugando y la pellizca, le produce moretones, le tira de los cabellos o la empuja hasta propinar agresiones más fuertes como las golpizas. En medio de toda esa agresión, le exige tener contactos sexuales, llegando en la mayoría de los casos a la violación. 16.5 por ciento de las jóvenes entrevistadas señaló haber sufrido un evento de violencia sexual por parte de su pareja. La proporción es similar entre jóvenes de zonas urbanas y zonas rurales.

La violencia que se ejerce en el noviazgo daña la dignidad de las personas y atenta contra su propio bienestar físico y emocional, a tal grado que puede terminar en homicidio o el suicidio de la parte afectada. Lamentablemente la violencia de género en cualquier de sus modalidades se presenta en todas las clases sociales y en personas con distintos niveles educativos.

Argumentación

La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de los mismos. Necesitamos emplear acciones inmediatas para frenar este creciente problema social, con la implementación de modificaciones legales eficaces que garanticen a las mujeres el acceso a vivir libre de cualquier violencia en las relaciones de noviazgo.

Según las modalidades de violencia detectadas a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, alrededor de 30 por ciento de mujeres mexicanas ocupadas de 15 años y más ha enfrentado algún episodio de violencia en el ámbito laboral, ya sea por discriminación o por hostigamiento; 16 por ciento ha sufrido algún tipo de violencia en la escuela; y en los espacios comunitarios (calle, mercado, transporte, cine, iglesia, tienda, hospital, etcétera.) 39.7 por ciento de las mujeres se ha enfrentado con algún tipo de violencia. En el ámbito privado 16 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia por una persona distinta a su pareja dentro de su ámbito familiar; en cuanto a la violencia patrimonial (despojo de algún bien o propiedad), alrededor de 6 por ciento de las mujeres la ha padecido. A nivel nacional, 32 por ciento de las mujeres enfrenta violencia emocional, 23 por ciento económica, 10 por ciento física y 6 por ciento sexual. La violencia contra las mujeres es más frecuente en el ámbito urbano que en el rural, con 42 por ciento y 33 por ciento, respectivamente.

Además de estas modalidades, un aspecto de trascendencia que se está dejando con menor atención es la violencia que se genera con motivo de las relaciones entre las mujeres y hombres en la etapa del noviazgo.

Para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, resulta necesario contar con instrumentos legales que permitan resolver los problemas que limitan el pleno goce de los derechos humanos de las mujeres, como el combate a la violencia de género, garantizando una vida libre de violencia y contribuyendo a la consolidación de la democracia y a la justicia como un bien colectivo.

En el ámbito internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, fue adoptada por el Estado mexicano desde el 18 de diciembre de 1979 en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Es considerada como la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres y consta de un preámbulo y 30 artículos, en los que define el concepto de discriminación contra la mujer y establece una agenda para las medidas que nuestro país realice con el objetivo de poner fin a tal discriminación.

En la citada Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en Beijing, China, en septiembre de 1995, se dio como resultado, una declaración y una plataforma de acción (Plataforma de Acción de Beijing)con 12 esferas de especial preocupación, centradas en los temas de pobreza, educación, salud, violencia, economía, toma de decisiones, mecanismos para el adelanto de las mujeres, medios de difusión, medio ambiente y la niña.

En este documento, dentro de sus resoluciones aprobadas por la conferencia, en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en los puntos 8 y 29 se establece lo siguiente:

“8. Defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los hombres, todos los demás propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo;

29. Prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeresy las niñas;”

Otro instrumento de relevancia en este tema, es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención de Belém do Pará, citada anteriormente. Esta convención tiene el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta convención fue adoptada en Belem do Pará, en Brasil, el 6 de septiembre de 1994 y fue ratificada por el Estado mexicano el 19 de junio de 1998.

Esta convención establece la protección a las mujeres para ejercer una vida libre de violencia, entre sus artículos más destacados se encuentran los siguientes:

“Artículo 3

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 5

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los estados parte reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

Artículo 6

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.”

En el ámbito nacional, nuestra legislación especial encargada de regular este tema es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el artículo 5o. de la citada ley, se define a la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

Esta misma ley en comento, en el título II, señala las modalidades de la violencia, separando en 5 capítulos a estas. Estas modalidades son: I. De la Violencia en el Ámbito Familiar, II. De la Violencia Laboral y Docente, III. De la Violencia en la Comunidad, IV. De la Violencia Institucional y V. De la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

En el capítulo VI se establecen las órdenes de protección para salvaguardar a las víctimas que sufren este grave problema de la violencia. Estas órdenes son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Estas deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. Existen tres tipos de órdenes: de emergencia, preventivas y de naturaleza civil.

La ley materia de la presente iniciativa, constituye un instrumento jurídico esencial para hacer cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales adquiridos en los diversos tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado en beneficio de las mujeres.

En las modalidades de la violencia resulta necesario regular un apartado específico que establezca de manera expresa la violencia entre las mujeres y hombres en la etapa del noviazgo, para dotar a esta ley de un instrumento eficaz que defina concretamente este grave problema que padecen las mujeres adolescentes y jóvenes durante el desarrollo de su relación de pareja, ya que como se ha analizado, son frecuentemente quienes sufren de esta modalidad de violencia sin que actualmente se encuentre regulado por esta ley especial.

Con esta propuesta se pretenden dos objetivos: por un lado, que la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan participar de manera transversal en la implementación de políticas públicas para prevenir, identificar, atender y resolver esta modalidad de violencia, realizando acciones y programas de prevención de la violencia en el noviazgo en adolescentes y jóvenes, a través de mecanismos de información y campañas para erradicar, los roles, estereotipos sexistas, las prácticas de resolución violenta de conflictos, la misoginia y la legitimación social al uso de la violencia.

Por otro lado, las mujeres que sufren esta modalidad de violencia podrán ejercer el beneficio de las órdenes de protección que se encuentran estipuladas en el capítulo que se recorrerá con esta reforma, de las órdenes de protección, mismas que coadyuvarán para protegerlas en función del interés superior de la víctima, cuando la autoridad competente conozca de hechos constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres en la etapa de noviazgo.

Tenemos que sumar todas las voluntades de las y los legisladores del Congreso de la Unión, para dotar a esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de un contenido normativo eficaz que permita defender los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres, especialmente en la atención de la violencia que sufren en la etapa del noviazgo, así como la ejecución eficiente de programas que se destinen para prevenir y coadyuvar en la resolución de este problema social.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, asumimos la responsabilidad que tenemos con la sociedad, y es por ello que nuestros esfuerzos dentro del Congreso de la Unión serán enfocados en el bienestar social de las mujeres, aplicando políticas públicas eficaces y dotando al Estado mexicano de un marco jurídico que garantice los derechos humanos y las libertades fundamentales adquiridos en los tratados internacionales del que el Estado mexicano forma parte, esto con la finalidad de cumplir con las necesidades que la sociedad y específicamente, las mujeres de México nos demandan.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Único. Se adiciona la fracción XII del artículo 5, el capítulo VI de la Violencia entre las Mujeres y Hombres en la Etapa del Noviazgo conteniendo los artículos 26 Bis 1 y 26 Bis 2, recorriéndose el capítulo VI para ser el capítulo VII de las Órdenes de Protección, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. a XI. ...

XII. Noviazgo: Es el periodo durante el cual dos personas que se encuentran en pareja y no están en matrimonio, mantienen una relación sentimental con el objetivo de avanzar en el conocimiento mutuo.

Capítulo VIDe la violencia en el noviazgo

Artículo 26 Bis 1. Violencia en el noviazgo: son todos los actos realizados por una de las partes en contra de la otra, dentro de una relación afectiva, mediante los cuales, se presenten ataques intencionales de tipo sexual, físico o psicológico, de manera forzada en la relación de compromiso, amorío, romance, noviazgo o enamoramiento, con el objeto de controlar, someter y obligar a la persona a realizar diversos actos en contra de su voluntad.

Artículo 26 Bis 2. La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios participarán de manera transversal en la implementación de políticas públicas para prevenir, identificar, atender y resolver esta modalidad de violencia, realizando acciones y programas de prevención de la violencia en el noviazgo en adolescentes y jóvenes, a través de mecanismos de información y campañas para erradicar los roles, estereotipos sexistas, las prácticas de resolución violenta de conflictos, la misoginia y la legitimación social al uso de la violencia.

Capítulo VIIDe las órdenes de protección

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.— Diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, Tanya Rellstab Carreto, Xavier Azuara Zúñiga, Joaquina Navarrete Contreras, Judith Magdalena Guerrero López, Leonor Romero Sevilla, Alicia Concepción Ricalde Magaña, María Esther Garza Moreno, Laura Barrera Fortoul, Cristina Ruiz Sandoval, Sue Ellen Bernal Bolnik, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, Sonia Rincón Chanona, Martha Edith Vital Vera, Cristina Olvera Barrios, Beatriz Elena Yamamoto Cázarez, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Ana Lilia Garza Cadena , Felipe Arturo Camarena García, Verónica Carreón Cervantes, Antonio Cuéllar Steffan, Virginia Martínez Gutiérrez, María del Carmen Ordaz Martínez, Lucila Garfias Gutiérrez, Dora María Guadalupe Talamantes Lemas, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, José Angelino Caamal Mena, María Guadalupe Velázquez Díaz, María Teresa Jiménez Esquivel, Enrique Alejandro Flores Flores, Ruth Zavaleta Salgado, María Guadalupe Mondragón González, Joaquín Caballero Rosiñol, Germán Pacheco Díaz, Omar Antonio Borboa Becerra, Mario Sánchez Ruiz, Rubén Benjamín Félix Hays, Faustino Félix Chávez, Martha Berenice Alvarez Tovar, Petra Barrera Barrera, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, José Alfredo Botello Montes, María Celia Urciel Castañeda, Jorge Rosiñol Abreu, Rafael Acosta Croda, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Mario Alberto Dávila Delgado, José Pilar Moreno Montoya, Crystal Tovar Aragón, Gabriel Gómez Michel, Verónica Sada Pérez, Tania Margarita Morgan Navarrete, Claudia Elena Águila Torres, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Víctor Manuel Manriquez González, Arturo Cruz Ramírez, Mariana Dunyaska García Rojas, Leslie Pantoja Hernández, Karina Labastida Sotelo, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Juan Carlos Uribe Padilla, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Consuelo Argüelles Loya, Leticia López Landero, Humberto Armando Prieto Herrera, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Jesús Aquino Calvo, Margarita Saldaña Hernández, Ricardo Anaya Cortés (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

Sonido en la curul de la diputada Jiménez.

La diputada María Teresa Jiménez Esquivel(desde la curul): Presidente, quiero preguntarle al exponente si podemos adherirnos a su iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Me dice que no tiene inconveniente; con mucho gusto dejamos la iniciativa en manos de la Secretaría para que quienes la deseen suscribir, puedan pasar a suscribirla. Muchas gracias. Quedó turnada a la Comisión de Equidad y Género.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 273 y 300 de la Ley General de Salud.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios:Con su venia, señor presidente. Hago una respetuosa solicitud para que sea plasmada de manera íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates, aspirando a que mis compañeras y compañeros diputados puedan poner atención a esta iniciativa, que de verdad va a mejorar la vida, sobre todo de la niñez y de la adolescencia.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones de 2008 —que se realizó en México—, más del 25 por ciento de los adolescentes, entre 12 y 15 años, han consumido drogas como mariguana, cocaína o algún otro estimulante. Además existen 14 millones de fumadores menores de edad; el 75 por ciento de los estudiantes de nivel medio superior han consumido alguna droga. Además, uno de cada cinco de ellos cumple con los criterios médicos de la adicción.

Los números anteriores son solo una muestra de cómo las adicciones afectan la infancia y la adolescencia de nuestro país. En la actualidad, las sustancias tóxicas son cada vez más accesibles a este sector de la población.

El Informe Mundial sobre las Drogas, publicado en octubre del 2011, por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, establece que existe en Internet difusión sobre nuevos tipos de sustancias que crean adicciones y que no están sometidas a controles internacionales y que, por su alta toxicidad, suponen serios perjuicios a la salud.

Ejemplo de lo anterior son los productos químicos destinados a la limpieza de equipos electrónicos y de cómputo, concretamente el spray en aerosol para limpiar las computadoras, el cual se ha convertido en una nueva forma de adicción cada vez más extensiva entre los adolescentes de 13 y 17 años. En el año 2001 se conocieron en Centroamérica los primeros casos de jóvenes que aspiraban el aire comprimido, éste que se puede conseguir de manera muy fácil en las tiendas de cómputo o en la papelería.

En México esta práctica se ha difundido desde hace cinco años. Debido a que ellos no reconocen estos productos como droga o adicción, el hecho tampoco se encuentra reportado en las encuestas de salud, por lo que quedó fuera de las preguntas de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008.

Aunque cada vez son más jóvenes los que experimentan con el aire comprimido, su detección es complicada, porque su uso no deja rastros, como ocurre con otros tipos de drogas.

Con la presente iniciativa, compañeras y compañeros diputados, se busca proteger a la niñez y la adolescencia del fácil acceso a sustancias que representan un riesgo para su salud.

Amigas y amigos legisladores, es inadmisible hablar de un proyecto de nación si se relega la búsqueda inteligente, participativa y sensible de las autoridades y la sociedad para la resolución de estos fenómenos que aquejan nuestra cotidianidad y que cada vez más adquieren visos de normalidad e inhumanidad.

Por lo anterior expuesto, vengo a presentar a esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones:

Único. Se reforma el artículo 300 y se adiciona un nuevo texto a la fracción VIII del artículo 273, recorriéndose el texto del actual y de las demás en el orden subsecuente, y un párrafo decimotercero del artículo 273, ambos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 273...

I. a VII...

VIII. Productos químicos de limpieza de equipo electrónico y cómputo;

IX. Desodorantes y aromatizantes ambientales; y

X. Los demás de naturaleza análoga que determine la Secretaría de Salud.

Queda estrictamente prohibida su venta a menores de edad.

Artículo 300. Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la autorización de publicidad que se refiere a la salud y al tratamiento de las enfermedades, al tratamiento y rehabilitación de las adicciones, a la rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las disposiciones para la salud, y los productos y servicios que se refiere esta ley. La facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieren las leyes a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Economía, Comunicaciones y Transportes y otras dependencias del gobierno federal. Por su atención, muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 273 y 300 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción I del articulo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud; al tenor de la presente

Exposición de Motivos

Cotidianamente, podemos ratificar que las adicciones son un fenómeno que afecta a toda la sociedad, independientemente de la edad, sexo, condición social, género o discapacidad.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, en México, el 25.4 por ciento de los adolescentes, de entre 12 y 15 años, ha consumido drogas como marihuana, cocaína y estimulantes. Además, existen 14 millones de fumadores menores de edad, el 75 por ciento de los estudiantes de nivel medio superior ha utilizado sustancias adictivas, y uno de cada cinco de ellos cumple con los criterios médicos de adicción.

Los números anteriores, son sólo una muestra de cómo las adicciones afectan a la infancia y la adolescencia en nuestro país. En la actualidad, las sustancias tóxicas son cada vez más accesibles a este sector de la población, a pesar de los múltiples esfuerzos de la sociedad para preparar a niñas, niños y adolescentes ante los riesgos que implica el fenómeno.

El consumo de algunas sustancias tóxicas, transmite de forma transitoria la creencia de una sensación de bienestar, distrae temporalmente los sentidos y facilita la evasión de la realidad y la solución de los problemas, por lo que no resulta sencillo encontrar respuestas encaminadas a la resolución de un fenómeno tan complejo, reflejo fiel de la época en la que vivimos.

Entre la niñez y la adolescencia algunos factores de influencia en las adicciones son: la pobreza, la falta de condiciones que propicien una vida sana, ausencia de oportunidades laborales y desarrollo ante la necesidad de asumir responsabilidades a edades tempranas, o bien, sustituir con dinero o satisfactores materiales las carencias afectivas, la desintegración familiar y el abandono de los padres.

El Informe Mundial sobre las Drogas, publicado en octubre de 2011 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, establece que existe en Internet difusión sobre nuevos tipos de sustancias que crean adicción y que no están sometidos a controles internacionales y que, por su alta toxicidad, suponen serios perjuicios a la salud.

Ejemplo de lo anterior, son los productos químicos destinados a la limpieza de equipos electrónicos y de cómputo, concretamente el espray limpiador de computadoras en aerosol, el cual se ha convertido en una nueva forma de adicción cada vez más extendida entre adolescentes de 13 a 17 años.

En el año 2001 se conocieron en Centroamérica los primeros casos de jóvenes que aspiraban el aire comprimido contenido en un producto que se puede conseguir fácilmente en cualquier tienda de cómputo o papelería. En México, esta práctica se ha difundido desde hace cinco años y debido a que ellos no reconocen estos productos como una droga o adicción, el hecho tampoco se encuentra reportado en las encuestas de salud, por lo que quedó fuera de las preguntas de la Encuesta Nacional de Adicciones de 2008.

Aunque cada vez son más los jóvenes que experimentan con el aire comprimido, su detección es complicada porque su uso no deja rastros, como ocurre con otro tipo de drogas. Asimismo no existe investigación clínica ni experimental sobre el tema, tampoco se cuenta con información sobre daños que hayan sufrido los adolescentes, se sabe que actúa como depresor del sistema nervioso central y existen diversas reacciones, que van desde la irritación y compresión de músculos y nervios, confusión e hilaridad, alucinaciones, mareos, movimientos involuntarios del rostro y contracciones de brazos y piernas, suspensión de las funciones intelectuales y motoras debido al déficit de oxígeno en el cerebro hasta pérdida de la conciencia durante algunos minutos.

Con la presente iniciativa se busca proteger a la niñez y adolescencia, del fácil acceso a sustancias que representan un riesgo para su salud.

Se adiciona un nuevo texto en la fracción VIII, recorriéndose el texto de la actual y las siguientes en el orden subsecuente; así como un párrafo décimo tercero al artículo 273 de la Ley General de Salud, referente a los productos de aseo; con la finalidad de incluir en este rubro, los artículos destinados a la limpieza de equipo electrónico y cómputo y establecer la prohibición de venta de los mismos a menores de edad.

De igual manera, se reforma el artículo 300 de la ley en comento, a efecto de incluir al tratamiento y rehabilitación de las adicciones, en la publicidad que autoriza la Secretaría de Salud, que hasta el momento no se incluye.

Es inadmisible hablar de un proyecto de nación si se relega la búsqueda inteligente, participativa y sensible de las autoridades y de la sociedad a la resolución de estos fenómenos que aquejan nuestra cotidianeidad y que cada vez más adquieren visos de normalidad y deshumanidad.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Único. Se reforma el artículo 300 y se adiciona un nuevo texto a la fracción VIII del artículo 273 recorriéndose el texto de la actual y de las demás en el orden subsecuente y un párrafo decimotercero al artículo 273, ambos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 273. ...

I. a VII. ...

VIII. Productos químicos para limpieza de equipo electrónico y cómputo;

IX. Desodorantes y aromatizantes ambientales, y

X. Los demás de naturaleza análoga que determine la Secretaría de Salud.

Queda prohibida la venta de los productos establecidos en la fracción VIII a menores de edad.

Artículo 300. Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, al tratamiento y rehabilitación de las adicciones, a la rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere esta Ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Economía, Comunicaciones y Trasportes y otras dependencias del Ejecutivo federal.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones, a 22 de noviembre de 2012.— Diputados: Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Salud, para dictamen.

Quiero saludar, nos visitan en esta sesión los alcaldes de Mier y Noriega y de Zaragoza, Nuevo León, Benito González y Juan Arturo Guevara, están aquí los alcaldes invitados por nuestra compañera diputada Verónica Sada. Bienvenidos a esta sesión y a la Cámara de Diputados.

También saludo a un grupo de estudiantes y catedráticos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Coatzacoalcos, que están hoy aquí invitados por el diputado Joaquín Caballero Rosiñol. Bienvenidos, todos, a esta sesión de la Cámara de Diputados.

LEY ADUANERA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 107 Bis a la Ley Aduanera.

El diputado Raúl Gómez Ramírez:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Raúl Gómez Ramírez:Compañeras y compañeros diputados, pongo a su disposición la propuesta de adición que da el artículo 107 Bis de la Ley Aduanera para brindar certeza clara al importador, bajo el entendido que ha de ser cancelado el permiso de internación temporal de su mercancía cuando se la haya robado, además de que la mercancía se encuentre de manera legal en territorio nacional, ante su imposibilidad de retornarla, en los términos que la Ley Aduanera establece.

En consecuencia, brindar el ámbito necesario de competencia a diversas instancias de gobierno, como lo que le corresponde a la integración de las averiguaciones previas e investigación que conlleva un trámite ordinario del fuero común o federal cometido en las entidades, para deslindar las responsabilidades, tanto del comercio ilícito como de aquellos que pretendieran ejercer corrupción, pues la recuperación de las mercancías robadas no es competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni de las diversas autoridades que intervienen en las aduanas, pero tampoco es asunto de las autoridades el hecho de presumir un criterio en el que se pretenda culpar al importador por haber sido objeto de robo que afecta su patrimonio, aunado a que, ante la presunción de un auto-robo, será determinado por las autoridades correspondientes y en la norma reglamentaria será importante determinar el ámbito de acción de la interacción entre diversas autoridades.

No obstante que las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2012, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de agosto de 2012, en el Título 2, se contempla lo relativo a la entrada, salida y control de mercancías, y se establece una serie de disposiciones ante la comisión del ilícito del robo de mercancías de importación temporal, señalando que cuando esto ocurra se podrá presentar el pedimento de importación definitiva de las mercancías robadas y efectuar el pago del impuesto general de importación, de las cuotas compensatorias que en su caso correspondan y demás contribuciones aplicables vigentes a la fecha de pago, así como acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a que se celebre el acto de autoridad competente.

Mi propuesta se trata de establecer en la Ley Aduanera un criterio en el que se exima al importador de sus responsabilidades, multas y recargos, al haber sido víctima u ofendido del robo de las mercancías, una vez que se encuentren en territorio nacional de manera temporal. Pero tampoco se pretende eximirlo si el ilícito es él mismo, el importador forma parte y en ello la responsabilidad recaerá a la aplicación de los criterios jurídicos que corresponden a las autoridades, en principio del Ministerio Público, el Poder Judicial y en consecuencia, el cuerpo normativo reglamentario que se establezca por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para sus efectos.

Mi propuesta es la siguiente. Que se adicione el artículo 107 Bis de la Ley Aduanera, en su Sección Primera del Capítulo III, referente a las importaciones temporales para retornar al extranjero en el mismo estado, y la redacción sería.

Artículo 107 Bis. Tratándose de robo de mercancías destinadas a régimen de internación temporal, ante la imposibilidad del importador para retornar las mercancías en los términos de este capítulo, no se exigirá el pago del impuesto general de importación de las cuotas compensatorias que en su caso correspondan, y demás contribuciones aplicables derivado de la infracción relacionada con el destino de las mercancías, siempre y cuando se presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público dentro de las 24 horas posteriores a la comisión del robo.

El importador deberá notificar el hecho a la autoridad aduanera correspondiente dentro de las siguientes 72 horas, entregando copia del acta levantada ante el Ministerio Público.

Compañeros, esto va encaminado a que nuestros migrantes que se internen temporalmente al país con sus vehículos, así como los transportistas que internen sus remolques o semirremolques, tengan que pagar los impuestos después de haber sido robados dichos vehículos.

No estoy de acuerdo con que eso se lleve, por eso expongo ante el pleno, para que este artículo 107 Bis de la Ley Aduanera sea adicionado, votado, dentro del Diario Oficial de la Federación. Gracias, compañeros.

«Iniciativa que adiciona el artículo 107 Bis a la Ley Aduanera, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Raúl Gómez Ramírez, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a consideración de ésta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 107 Bis a la Ley Aduanera, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un momento histórico trascendental en cuanto al desplazamiento de población mexicana hacia los Estados Unidos, es cuando una parte del territorio de México pasó a ser posesión de los Estados Unidos y de pronto, la frontera se traslada hacia el sur y México se queda con su actual territorio; físicamente, la frontera es inexistente en ese momento y los mexicanos no tenían obstáculo alguno para pasar al país vecino, sobre todo a partir de que se amplía la red de vías de comunicación de México, la gente podía moverse con relativa facilidad; así los ferrocarriles hicieron posible que muchas personas pudieran viajar desde la Meseta Central del país hasta la frontera con Estados Unidos, sobre todo al suroeste de ese país, región que en aquellos días empieza a experimentar un fuerte desarrollo económico basado principalmente en la agricultura.

Durante las dos últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del XX, los inmigrantes mexicanos jugaron un papel muy importante en la construcción de las vías férreas en el suroeste de Estados Unidos, en especial las de las empresas Southern Pacific y Santa Fe; tan así que los trabajadores mexicanos llegaron a representar hasta el 70% de las cuadrillas, y tan sólo en 1908 se estima que fueron contratados más de 16’000 trabajadores simplemente para las obras de los propios ferrocarriles; incluso, después de que se terminaron las vías principales, los mexicanos continuaron siendo contratados para construir las líneas secundarias y para su constante mantenimiento y reparación. En consecuencia, la construcción de vías férreas llevó a los mexicanos hasta Montana, Wyoming, Utah, Colorado, Idaho, Illinois y Washington.

A groso modo, las actividades que hicieron del suroeste norteamericano el gran abastecedor de los Estados Unidos, se destacan los ferrocarriles, que aseguraron un transporte confiable para la distribución de productos agrícolas a las ciudades; los nuevos sistemas de riego, que hicieron posible la apertura de miles de hectáreas al cultivo y, finalmente, la mano de obra mexicana, que abundante y mal pagada limpió terrenos, sembró, regó y cosechó los productos agrícolas, que en 1929 llegaron a representar el 40% de todas las frutas y vegetales cultivados en los Estados Unidos.

Secuelas y consecuencias de la Revolución de México en 1910, propició en el campo un sensible aumento en la inseguridad económica, política y social; y por otro lado, la industria y el campo estadounidenses necesitaban suplir a sus trabajadores que habían marchado a la Primera Guerra Mundial, y de ésta coyuntura los migrantes mexicanos aprovecharon para resolver su problema de ocupación y seguridad, mientras que el capital norteamericano aprovechó las condiciones para obtener la fuerza de trabajo que requería.

Posteriormente, el gobierno de los Estados Unidos legalizó el flujo en 1917 estableciendo un programa especial para admitir temporalmente la mano de obra mexicana, programa que finalizó en 1921. Junto con estos trabajadores mexicanos que entraron bajo la protección de este programa, también ingresaron miles de indocumentados, aún después de 1921.

Más adelante, con la crisis de 1929, se propició que surgieran y desarrollaran algunos grupos que proponían restricciones a la inmigración y por lo tanto que se oponían al empleo de mano de obra mexicana, alegando que los mexicanos ocupaban puestos que deberían corresponder a los ciudadanos norteamericanos agobiados por los crecientes índices de desempleo; en ello, el gobierno norteamericano encontró entonces a quien culpar de por lo menos parte de la crisis y organizó repatriaciones masivas de mexicanos. Mientras que en México, esto coincidió con la política del gobierno respecto al campo y a los campesinos, pues fueron los años de auge del reparto agrario, y así ambos acontecimientos arraigaron por algunos años a los emigrantes en sus propios asentamientos.

Para México, en la década de los cuarenta, se comenzó un proceso de desarrollo acelerado basado en una industria manufacturera que consistió en que, sustituyendo importaciones, satisfacía la demanda del mercado interno y generaba excedentes de producción; por ello se vio en la necesidad de exportarlos.

Para el periodo de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, las exportaciones aumentaron un 100% incluyendo tanto las manufacturas como los productos agropecuarios; éste periodo vino a ser la coyuntura que propició este espectacular crecimiento económico, que se ha dado en llamar “el milagro mexicano” y que permitió que en esos años el producto nacional creciera a un ritmo promedio anual de 7%.

Las grandes ciudades, particularmente la ciudad de México, centralizaron la vida del país; su dinamismo atrajo a los pobladores rurales y de ciudades menores básicamente a empleos no muy estables como la construcción, por ejemplo y que la mayoría de las ocupaciones disponibles se encontraban en esa rama; es decir, eran empleos no duraderos, pues aunque la construcción de la infraestructura necesaria para la modernización del país requería grandes contingentes de mano de obra, una vez concluida la carretera, la presa, el puente o el edificio, allí quedaban sin necesitar más trabajadores.

El dinero obtenido por las exportaciones se destinó a inversiones que llevaban desde luego a sustituir a la mano de obra en la producción; y después de esto empezó a declinar la tasa de creación de empleos en los centros urbanos e industriales lo cual, junto con la explosión demográfica y la Revolución Verde que polarizó a los productores agrícolas en muy ricos por un lado y en muy pobres por el otro, volcó la demanda de empleos hacia el sector de servicios, el que desde luego fue incapaz de absorberla; además, en esta misma década, con la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, su fuerza de trabajo fue enviada a los frentes de guerra o absorbida por la industria bélica, y por tanto, pagaba salarios más altos; de esta manera, los gobiernos de Estados Unidos y México firmaron un acuerdo mediante el cual trabajadores mexicanos podían ingresar a los Estados Unidos con la finalidad de suplir temporalmente a los obreros norteamericanos, este acuerdo, se conoció comúnmente con el nombre de “Programa Bracero”, que se mantuvo vigente entre 1942 y 1964, y fue literalmente una importante oportunidad para muchas familias rurales que en ese entonces se encontraban sin tierra y compitiendo por los jornales en una economía que se ocupaba poco de la crisis agrícola, menos por los empleos y mucho por las ganancias.

El modelo económico de desarrollo, la Revolución Verde, el riego, los cambios en los patrones de cultivo y en el uso del suelo entre otros factores, en suma supusieron cambios en la división del trabajo rural, en la organización de la producción, en el ofrecimiento de empleos, además del crecimiento demográfico, la insuficiencia de tierras, el impacto de la sociedad moderna de ambas naciones en su búsqueda por alcanzar mayores condiciones para un mejor nivel de vida.

Mientras que Estados Unidos ha promovido mayores lazos comerciales, políticos y de inversión con México, también ha tratado de contener el flujo de mano de obra a través de la frontera; sólo empezando con diversas medidas drásticas contra la inmigración ilegal, así, el gobierno norteamericano ha impuesto varias acciones, como la inclusión de pesadas regulaciones sobre los patronos estadounidenses y ha aumentado dramáticamente el gasto en patrullaje fronterizo; y a pesar de estos esfuerzos y en diversos casos agresivos, la política fronteriza estadounidense mitiga pero no ha detenido el flujo de trabajadores indocumentados que ingresan al mercado laboral de Estados Unidos.

Una trágica consecuencia de la supresión policial ha sido el desvío de los flujos migratorios de unos pocos puntos de paso tradicionales y urbanos a zonas rurales más esparcidas para frustración de los residentes de dichos lugares e incrementar de manera importante el riesgo y peligro a los inmigrantes, pero también trajo en consecuencia diversas problemáticas a los estadounidenses que viven en esas áreas, ya que los inmigrantes invaden sus fincas, perturban al ganado y destruyen la propiedad; y con ello también, los riesgos de decesos de inmigrantes debido a las condiciones climatológicas, calor y la deshidratación en áreas remotas del desierto o en camiones sellados, cuando anteriormente la gran mayoría de los mexicanos entraban principalmente a través de varias puertas urbanas como San Diego, California, El Paso y Laredo en Texas.

Desde luego, es muy conocido que la inmigración en Estados Unidos es conducida por una disparidad fundamental entre la demanda creciente por mano de obra barata y poco calificada y además la disminución de la demanda doméstica por ejemplo; mientras tanto, la oferta de trabajadores estadounidenses dispuestos a realizar varias labores, continúa en un importante detrimento, en parte debido al envejecimiento de la fuerza laboral y al aumento de los niveles educacionales, por ello es de entender que estadounidenses más viejos y educados tengan mejores cosas que hacer con su tiempo laboral que lavar ventanas, ser meseros o trabajar en lavanderías; entonces, los inmigrantes mexicanos proveen un recurso humano interesado en esas actividades. Aún así, la ley migratoria no provee de un canal legal mediante el cual trabajadores inmigrantes poco calificados puedan entrar a Estados Unidos a satisfacer la demanda, y hace lógico que el resultado predecible es la inmigración ilegal y todas las patologías del mercado negro que vienen con ésta.

Por tanto, la presencia de una gran fuerza laboral indocumentada crea problemas políticos y económicos en ambos lados de la frontera pues, para los Estados Unidos la presencia de tantos trabajadores indocumentados representa un mercado negro en el sector laboral, y con todo lo que implica como contrabando, documentos fraudulentos, distorsiones salariales, y abusos que lo acompañan; también, se enfrenta sensibilidades comunes sobre la obediencia a la ley y el control de nuestras fronteras, además de las complicaciones inherentes a la guerra del gobierno estadounidense contra el terrorismo, tras los ataques del 11 de septiembre.

Es claro que, para México, la negación de estatus legal significa que millones de ciudadanos mexicanos vivan en una sub-sociedad “legal” sin todas las protecciones y vulnerables al abuso de empleadores y traficantes ilegales.

Históricamente, la inmigración siempre ha sido controversial en Estados Unidos; pues hace más de dos siglos Benjamín Franklin se preocupaba de que muchos inmigrantes alemanes abrumarían la cultura predominantemente británica de Estados Unidos; a mediados del siglo XIX los inmigrantes irlandeses eran despreciados como borrachos y perezosos, sin mencionar a otros grupos católicos; a principios del siglo XX se creía que una ola de “nuevos inmigrantes” polacos, italianos, rusos y judíos, eran muy diferentes como para alguna vez ser asimilados en la vida norteamericana... Hoy en día, controversias similares son esgrimidas hacia los inmigrantes de Latinoamérica, principalmente México. Sin embargo, la inmigración para Estados Unidos no está acabando con el experimento estadounidense, sino que es una parte integral de éste, pues Estados Unidos es de origen, una nación de inmigrantes, donde olas exitosas de inmigrantes han mantenido a ese país demográficamente joven, han enriquecido su cultura y han contribuido a la capacidad productiva de la nación, aumentando su influencia en el mundo.

En términos puramente económicos, los hogares mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, como grupo, no alcanzan paridad en ingreso con otros estadounidenses sino hasta después de varias generaciones; los niveles de ingreso y educativos aumentan de manera importante de la primera a la segunda generación, pero ahí el progreso parece estancarse con relación al resto de la sociedad estadounidense. De hecho, la disparidad de sueldos entre inmigrantes en general se hizo menor con el tiempo, pero no ocurrió lo mismo con los mexicanos y donde la razón más obvia es el nivel de educación; pues de igual manera y como grupo, los inmigrantes mexicanos se ubican entre los menos educados, en relación, el inmigrante promedio entra al país con 12 años de educación pero los mexicanos lo hacen con sólo 7.7 años, los hijos de los mexicanos completan en promedio 11 años de educación, lo cual lleva directamente a ingresos mayores, pero luego los niveles no aumentan con la tercera generación. Pero, por otra parte, los inmigrantes mexicanos y sus hijos no están predestinados a ganar ingresos bajos, pues aquellos que invierten en su educación y destrezas alcanzan mayores ingresos y mejores oportunidades; millones de inmigrantes mexicanos han tenido éxito en alcanzar ingresos de clase media y todos los indicadores que van con ello, como por ejemplo el tener casa propia y su participación en el desarrollo económico de los Estados Unidos, y en ello, hace abstraer en consecuencia que una estrategia viable no es impedir sistemáticamente el ingreso de mexicanos a Estados Unidos, sino motivarles para que quienes lo hacen incrementen su educación y la de sus hijos, y así, cimentar las condiciones de desarrollo y patrimonio para las generaciones venideras.

Pero en contraste, conservadoramente se estima que por lo menos un índice que oscila alrededor de 450 mexicanos, mueren cada año tratando de cruzar ilegalmente la frontera en lugares remotos.

Entre tanto, la inmigración a Estados Unidos también sigue siendo la pieza más evidente de negocios inconclusos con México, pues sus relaciones en otros aspectos han progresado de manera importante en años recientes, pero sin resultantes concretas que permitan un marco de acción y normatividad sólido. Empero, el resultado más obvio de la apertura mexicana ha sido la continua integración económica con Estados Unidos; lo cual, México es ahora el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos, superado únicamente por Canadá, y el flujo de inversión extranjera directa entre nuestros países ha crecido tan rápido como el comercio; y con ello, el número de mexicanos que cruzan la frontera, la mayoría como visitantes temporales, ha incrementado constantemente y por ende, el movimiento de bienes, servicios, capital y personas ha sido facilitado por mejoras en la infraestructura de carreteras, aeropuertos y telecomunicaciones; además, las reformas económicas han preparado el terreno para reformas políticas.

En la interrelación entre México y Estados Unidos, se han desarrollado y actualizado constantemente los marcos normativos que, desde nuestro país regulan la entrada y la salida del territorio nacional de migrantes y sus mercancías, así como los medios en que se transportan o conducen, lo relativo al funcionamiento y ámbito de competencia de las aduanas y los consulados, sanciones y multas, tarifas de impuestos, etcétera; de ésta manera, quienes cruzan la frontera deben cubrir una serie de trámites en diversas instancias, desde su identificación, hasta con todo aquello que transportan al salir o entrar en el territorio nacional, concretamente, y a la par de los Tratados Internacionales en los que México sea parte, la Ley Aduanera es la normatividad que en la misma línea se relaciona con el Código Fiscal de la Federación y las de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y los demás ordenamientos que establecen la obligatoriedad de las personas a su cumplimiento, al cruzar la frontera.

En nuestro marco normativo y tratándose de quienes cruzan la frontera en calidad de visitantes temporales en su vehículo, ya sea por esparcimiento o negocios, en la Ley Aduanera se contempla en el régimen de internación temporal lo relativo a la entrada al país de mercancías para permanecer por tiempo limitado y con una finalidad en concreto, y además, determina que se retorne al extranjero en el mismo estado, conferido en su Artículo 106; así en el inciso e) de la Fracción II, del mismo Artículo, establece lo conducente a la internación de los vehículos que su importación sea efectuada por mexicanos con residencia en el extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero y, puntualiza quienes podrán conducirlo en el territorio nacional o bien, que el importador invariablemente viaje como pasajero.

Aunado a lo anterior, en el inciso a) de la Fracción IV del Artículo referido, puntualiza lo relativo a cuando los propietarios de vehículos son extranjeros que se internan en el país en calidad de migrantes rentistas o no migrantes y exceptúa a los refugiados y asilados políticos, siempre y cuando se trate de un solo vehículo, además, contempla la importación en calidad de turistas y visitantes locales, y de igual manera determina quiénes podrán conducirlo en nuestro territorio.

En consecuencia, en el Reglamento de la ley de referencia, se establecen los casos y condiciones en los que deba garantizarse el pago de las sanciones que llegaran a imponerse en el caso de que no retorne al extranjero dentro de los plazos autorizados, y entonces, se entenderá que se encuentran ilegalmente en el país.

En el artículo 61 de la propia ley se determina una amplia gama de mercancías exceptuadas del correspondiente pago de impuestos respecto al comercio exterior, además de puntualizar sus características y lo conducente en cuanto a las responsabilidades de quienes importan mercancías, los impuestos y contribuciones correspondientes a cubrir en casos de importaciones por vez primera, de manera definitiva o de manera temporal.

En el artículo 62 de la ley de referencia, se establece lo conducente a la importación de vehículos, facultando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para autorizar en diversos casos definidos en cuanto a las relaciones diplomáticas y embajadas y, determinar junto con diversas autoridades las reglas y requisitos para la importación de vehículos, también por medio de franquicia, a manera de internación temporal y periodicidad.

En lo relativo al ámbito de competencia en la Ley Aduanera, en principio se cuentas, se regula todo lo relacionado a la entrada y salida de mercancías de nuestro territorio nacional, las obligaciones y trámites por medio de los diversos mecanismos de control para quienes importen o exporten sus mercancías, sea como personas físicas o morales, sea de manera temporal o definitiva; establece las facultades de diversas Instancias y Dependencias y su ámbito de competencia y atribuciones a las autoridades; en ella, junto con otros ordenamientos y convenios internacionales, se confieren, establecen y respetan los derechos de las personas al transitar de un país a otro; y también regula todo lo referente a la delimitación de la franja y región fronteriza.

Ahora bien, en lo que se refiere al ingreso de vehículos en su carácter de usados, en cuanto a su importación de manera temporal o definitiva, señalado en los Artículos 137 bis 1 al 137 bis 9, aunado a las demás disposiciones de la propia Ley Aduanera y su Reglamento; ni en éstos Artículos, ni en otros de la Ley en comento, se contempla un criterio de acciones ante la vulnerabilidad de las personas que cruzan la frontera de manera temporal ante cualquier acto que les victimice, como lo es el caso de sufrir el robo de sus mercancías o su vehículo en territorio nacional mientras se encuentran de visita y, en ello implica que no existe relación entre ser víctimas de algún delito y las responsabilidades a hacerse acreedores a multas, recargos e impuestos ante las autoridades aduanales, aunado a la aplicación de diversas sanciones como la imposibilidad para tramitar y obtener otro permiso para internar otro vehículo a territorio nacional por ejemplo.

Además, la Ley Aduanera determina que: “El Reglamento establecerá los casos y condiciones en los que deba garantizarse el pago de las sanciones que llegaran a imponerse en el caso de que las mercancías no se retornen al extranjero dentro de los plazos máximos autorizados por este artículo.”, conferido en el penúltimo párrafo del Artículo 106.

Aunado a lo anterior, en el último párrafo del artículo en comento determina que:

“Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con este artículo, deberán retornar al extranjero en los plazos previstos, en caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el país, por haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron destinadas.”

Es claro que lo anteriormente referido, otorga plena certeza para la implementación de acciones oficiales con la finalidad de asegurar y garantizar el pago de sanciones al incurrir en el incumplimiento de la Normatividad en cuanto al retorno de las mercancías en los plazos autorizados y, en ello también implica determinar que las mercancías también se encontrarán de manera “ilegal” en nuestro territorio; empero, como se ha mencionado anteriormente, las personas que, en ésta tesitura, se internan con sus mercancías de manera temporal en nuestro territorio y, estando de visita, fuesen víctimas de robo de las mismas que debieran retornar por el mismo punto de internación como lo indica la Normatividad, el mismo acto de haber sido víctimas del delito, en la Ley y su Reglamento, no les exime de su responsabilidad y obligación al señalársele como acreedor del pago de las sanciones y recargos, aunado a la pérdida de su patrimonio; luego entonces, resulta inverosímil la aplicación de las acciones oficiales para “garantizar” al Estado la recaudación vía el pago de sanciones y recargos, pero no garantiza el Estado a las personas su seguridad o certeza al haber sido víctimas de la delincuencia; por tanto, nos encontramos ante un hecho eminentemente real, donde, la persona terminaría siendo doblemente victimizada, pues, por un lado en su visita temporal hubo que enfrentar el robo de la mercancía que lesiona su patrimonio, su propiedad; mientras que por el otro lado, el Estado le exige cubra los recargos, sanciones y responsabilidades a las que es acreedor por no haber retornado esas mercancías que ingresó de manera temporal al territorio nacional por el mismo punto.

En secuencia, el artículo 107 establece las puntualizaciones relacionadas a los trámites señalando los criterios del pedimento para la importación temporal de las mercancías y señalar en particular la finalidad a la que se destinarán y, en su caso, el lugar se cumplirá ésta; también establece los casos en los que corresponderá o no tramitar el referido pedimento; finalmente, faculta a la Secretaría para determinar trámites y casos que corresponda a la aplicación de éste artículo.

En las muy diversas coyunturas históricas, culturales, sociales, económicas y de relaciones diplomáticas y comerciales entre México y Estados Unidos de América, han traído en consecuencia épocas de participación y de colaboración conjunta; y en otras etapas que más bien se caracterizan por negociaciones en las que se han puesto en las mesas de discusión varias problemáticas que, algunas resueltas y otras más aún pendientes y en proceso de agenda binacional; por ende, es de relevante importancia que se propicien escenarios de continuidad y condiciones de desarrollo para las personas, tanto las que radican en la zona fronteriza de ambos lados, por sus diversas actividades ya sean académicas, comerciales o negocios, laborales, etc.; como aquellas que se encuentran de “paso”, pues al internarse temporalmente a nuestro territorio, es claro que la Normatividad deba ser robusta y su aplicación estricta.

Ahora bien, la importancia del tema en comento estriba, en primera instancia, en el comportamiento de la fenomenología social de desarrollo y oportunidades, el crecimiento de las manchas urbanas, así como el comportamiento y medida de los índices delictivos que, vulnera principalmente a los habitantes de las comunidades aledañas a nuestras fronteras con Estados Unidos, las acciones que se apliquen de ello y, protección a las personas que ejercen actividades cotidianas en un país y, al final del día retornan al otro; por tanto, se hace necesario revisar constantemente el marco Normativo que regula toda actividad en la zona fronteriza, que, por su dinamismo, demanda cada vez más y mejores servicios, aunado a la implementación de criterios de la mejora continua y en ello implica, la necesidad de vigilar y actualizar el marco normativo en cualquiera de sus esferas, Órdenes y Niveles de Gobierno dirigidas con humanismo a las personas que, tanto radiquen en la zona fronteriza, como aquellas que sólo transitan por tiempo definido.

Es, luego entonces necesario considerar la adición al cuerpo Normativo en comento para brindar certeza clara al importador bajo el entendido que ha de ser cancelado el permiso de internación temporal de la mercancía que se le haya robado, que la mercancía se encuentra de manera ilegal en el territorio nacional ante su imposibilidad de retornarla en los términos de los Artículos citados y, en consecuencia, brindar el ámbito necesario de competencias a las diversas instancias de Gobierno, como lo podrá ser lo correspondiente a la integración de las averiguaciones e investigaciones que conlleva un trámite ordinario del fuero común o Federal cometido en las Entidades para deslindar las responsabilidades tanto de la comisión del ilícito, como de aquellos que, en obviedad pretendieran ejercer corrupción, pues, la recuperación de la mercancía robada no es competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni de las diversas autoridades que intervienen en las aduanas, pero tampoco es menester de las autoridades el hecho de presuponer un criterio en el que se pretenda culpar al importador por haber sido objeto del robo que afecta su patrimonio; aunado a que, ante la presunción de un auto robo, será determinado por las autoridades correspondientes y, en la norma reglamentaria será imperante determinar el ámbito de acción en la interacción entre las diversas autoridades, no obstante que en las Reglas de Carácter General, en materia de Comercio Exterior para 2012 publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de agosto de 2012, en el Título 2, se contempla lo relativo a la entrada, salida y control de mercancías, y se establecen una serie de disposiciones ante la comisión del ilícito de robo de mercancías de importación temporal, señalando que, cuando eso ocurra, se podrá presentar el pedimento de importación definitiva de las mercancías robadas, y efectuar el pago del impuesto general de importación (IGI), de las cuotas compensatorias que en su caso correspondan, y demás contribuciones aplicables vigentes a la fecha de pago, así como acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a aquél en que se levantó el acta ante la autoridad competente; empero, se trata de establecer el criterio en el que se eximirá al importador de sus responsabilidades, multas y recargos al haber sido víctima u ofendido del robo de sus mercancías una vez que se encuentran en territorio nacional de manera temporal; pero tampoco se pretende eximirlo si en el ilícito éste mismo forma parte, y en ello, las responsabilidades recaerán a la aplicación de los criterios jurídicos que corresponden a las autoridades, en principio del Ministerio Público, del Poder Judicial y, en consecuencia en el cuerpo Normativo Reglamentario que se establezca por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para sus efectos, motivo de la presente iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto para la adición del artículo 107 Bis a la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

II

Para retornar al extranjero en el mismo estado

Artículo 107. ...

...

...

Artículo 107 Bis. Tratándose del robo de mercancías destinadas al régimen de importación temporal y ante la imposibilidad del importador para retornar las mercancías en los términos de este Capítulo, no se exigirá el pago del Impuesto General de Importación, de las cuotas compensatorias que, en su caso correspondan, y demás contribuciones aplicables derivado de infracciones relacionadas con el destino de mercancías, siempre y cuando se presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público dentro de las 24 horas posteriores a la comisión del robo.

El importador deberá notificar el hecho a la autoridad aduanera correspondiente dentro de las siguientes 72 horas entregando copia del acta levantada ante el Ministerio Público.

Artículo 108. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia, deberá adecuar y emitir las disposiciones normativas y reglamentarias necesarias para la aplicación del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.— Diputados: Raúl Gómez Ramírez, Leslie Pantoja Hernández, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Martha Berenice Álvarez Tovar, Consuelo Argüelles Loya, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Enrique Alejandro Flores Flores, Leonor Romero Sevilla, Ricardo Villarreal García, Ricardo Anaya Cortés, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Procedimientos Penales, y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su venia, compañero presidente. Compañeras diputadas y diputados, la presente iniciativa —que planteo a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano— tiene como propósito derogar el octavo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de la República; derogar los artículos 2o., 133 Bis, 205 y 256 del Código Federal de Procedimientos Penales, y el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Lo que estamos planteando con esta iniciativa es ni más ni menos que derogar la figura del arraigo; el arraigo es considerado como una medida precautoria, dictada por el juzgador, a petición de parte, cuando hay temor de que la persona contra la cual se entable o se haya entablado una demanda pueda eludir la acción de la justicia. Sin embargo, esta figura se ha utilizado en extremo y la excepción se ha venido convirtiendo en la regla.

Uno de los aspectos más cuestionados en el proceso de implementación de la figura del arraigo es que puede llegar a vulnerar —y lo ha vulnerado en muchas ocasiones— el principio constitucional de presunción de inocencia, establecido en el artículo 20, Apartado B, de nuestra Carta Magna.

El arraigo tiene una duración de 40 días, pero puede extenderse a 80 por una nueva orden judicial. Durante el arraigo los fiscales imponen severas restricciones al acceso de los detenidos, a sus familias, abogados y a servicios médicos independientes, lo que agrava su aislamiento y acrecienta la dificultad para presentar denuncias por tortura o por tratos que no son ajustados a derecho.

La Comisión de Derechos Humanos argumenta que ha recibido más de mil denuncias relacionadas con órdenes de arraigo, ejecutadas por la Procuraduría General de la República entre el 2009 y el 2011. Durante la administración de Calderón, el número de órdenes de arraigo concedidas por el Ministerio Público Federal aumentó de 542 en el 2006 a casi dos mil en el 2010.

El arraigo ha sido cuestionado por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes argumentan que constituye una forma de detención arbitraria y que viola los derechos de libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, así como las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo.

La investigación. Esta figura no se lleva a cabo para detener a una persona probable responsable, sino que la persona es detenida arbitrariamente para ser —a partir de ese momento— investigada y en la mayoría de los casos, para obtener mediante métodos de tortura una confesión inculpatoria.

La persona afectada queda así, sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada. Lo que es más, ni siquiera está vinculado a proceso penal alguno, simplemente se le ha privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora.

Se niega, de esta manera, la presunción de inocencia y el derecho de toda persona a contar con un abogado defensor; es decir, primero te detengo y luego te investigo. Eso es lo que propicia esta figura.

Por eso, estamos planteando que debe ponerse fin a la figura del arraigo en todas las jurisdicciones y reformarse la Constitución y demás leyes para prohibir su uso, conforme a las normas internacionales de derechos humanos. Con ello disminuiría la tortura, los malos tratos o penas inhumanas y degradantes, así como el abuso de autoridad, tanto en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.

El arraigo es una violación del derecho a la libertad personal; por eso estamos planteando derogar esta figura a través de la Constitución, el Código de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Hay que derogar esta figura, es cuanto.

«Iniciativa que deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los proponentes, diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila y la suscrita Zuleyma Huidrobro González, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan los artículos 2, 133 Bis, 205, 256 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al tenor de la siguiente.

Planteamiento del problema

La violencia en México se ha incrementado de manera considerable en los últimos cinco años, bajo el contexto de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”, emprendida por el gobierno federal, una de sus causas y manifestaciones más notorias es la militarización de la seguridad pública, lo que propicia la modificación de prácticamente la totalidad de los ordenamientos jurídicos vinculados con la prevención del delito, la investigación, la procuración e impartición de justicia y la ejecución de las penas en México.

De acuerdo con la Constitución la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, siempre que sea necesario para el éxito de una investigación, para la protección de personas y bienes, o cuando exista el riesgo de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

El arraigo tiene una duración de 40 días, pero puede extenderse a 80 días bajo una nueva orden judicial. Durante el arraigo, los fiscales imponen severas restricciones al acceso de los detenidos a sus familias, a abogados y a servicio médicos independientes, lo que agrava su aislamiento y acrecienta la dificultad de presentar denuncias de tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La CNDH argumenta haber recibido más de 1,000 denuncias relacionadas con órdenes de arraigo ejecutadas por la PGR entre 2009 y 2011. Durante la administración de Felipe Calderón, el número de órdenes de arraigo concedidas por el ministerio público federal aumentó considerablemente: de 542 en 2006 a 1,896 en 2010.

Gerardo Torres Pérez fue detenido por la policía federal y la policía judicial y estatal de Guerrero, junto con más de 41 personas más, tras disparar y matar los agentes a dos manifestantes durante una protesta de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Chilpancingo, Guerrero, el 12 de diciembre de 2011. De camino a la comisaría, él y otros 23 detenidos recibieron golpes y patadas. Tras vendarle los ojos, seis agentes de la policía judicial del estado lo llevaron a un lugar aislado, a las afueras de la ciudad. Lo amenazaron de muerte y le propinaron puñetazos en el estómago, las costillas y los brazos para obligarlo a apretar el gatillo de un arma automática y poner sus huellas dactilares en casquillos de bala usados, a fin de culparlo falsamente de los disparos efectuados previamente. Luego lo pusieron de nuevo bajo custodia y presentaron cargos contra él sobre la base de estas pruebas falsa.

A raíz de la preocupación suscitada dentro y fuera del país ante la evidencia de la responsabilidad policial de la muerte por disparos de manifestantes desarmados y de los malos tratos infligidos a detenidos, el 13 de diciembre de 2011 Gerardo Torres Pérez quedó en libertad, junto con los otros 23 manifestantes sometidos a malos tratos, como golpes y patadas, durante su detención. Las conclusiones de la CNDH, basadas en un examen médico y otros datos, confirmaron la tortura y la falsificación de pruebas por parte de la policía judicial (Informe de Amnistía Internacional, Tortura y Malos Tratos en México).

El arraigo ha sido cuestionado por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes argumentan que constituye una forma de detención arbitraria y que viola los derechos de libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, así como las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo.

Supuestamente, el arraigo es utilizado como un medio para investigar a presuntos delincuentes, pero que en la práctica permite la vigilancia permanente del ministerio público sobre personas sospechosas de cometer algún delito o que tengan información relacionada a éste con el fin de incrementar el tiempo con el que cuenta la autoridad para reunir pruebas contra la persona bajo arraigo. El objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino que se priva a la persona de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa de juicio, la cual en muchas ocasiones es obtenida bajo tortura.

Ello se traduce en que la investigación no se lleva a cabo para detener a una persona, sino que la persona es detenida arbitrariamente para ser investigada y en la gran mayoría de los casos obtener una confesión inculpatoria, contraviniendo los principios básicos de justicia en una democracia. La persona afectada queda así sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada. Lo que es más, ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno simplemente se le ha privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora, negando con ello la presunción de inocencia y el derecho de toda persona a contar con un abogado defensor.

Según datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre 2009 y 2010, los jueces de distrito especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones libraron alrededor de 8 mil 600 medidas cautelares, de las cuales más de mil 200 fueron arraigos.

Mayoritariamente, la duración de los arraigos es de 40 días 94 por ciento de estos tienen esa duración seguidos de los arraigos por 80, 30 y 19 días, que abarcan el restante 6 por ciento.

Michoacán, Chihuahua, Baja California, el estado de México, el Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas, son las entidades que concentran los más altos porcentajes de arraigos de competencia federal.

De acuerdo con el párrafo octavo del artículo 16 constitucional, el arraigo en materia penal se da en los siguientes términos:

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

Argumentación

El arraigo es considerado como una medida precautoria dictada por el juzgador, a petición de parte, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda. Tiene por objeto impedir que el arraigado abandone el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el proceso y responder de la sentencia que se dicte.

Por lo tanto el uso de la figura del arraigo deja a los detenidos en una situación de vulnerabilidad sin un estatus jurídico definido para ejercer su derecho a la defensa, además que la poca vigilancia sobre la práctica del arraigo amplía las posibilidades de incidencia en casos de tortura.

En materia penal, el arraigo es la medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante el proceso.

Se ha cuestionado al arraigo señalando que opera como una prisión preventiva en donde la autoridad investigadora pese a no haber acreditado la probable responsabilidad de una persona en la comisión de un delito la priva de su libertad.

Uno de los aspectos que es el más cuestionado en el proceso de implantación de la figura del arraigo, es que puede llegar a vulnerar el principio constitucional de presunción de inocencia establecido en el artículo 20 Apartado B.

De acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales, es competencia del Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la etapa de averiguación previa, corresponderá al Ministerio Público solicitar a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento o embargo que resulten indispensables para la averiguación previa.

En los casos de delitos graves, la autoridad judicial podrá a petición del Ministerio Público decretar el arraigo del indiciado siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes o cuando exista riesgo de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

La normatividad señalada establece en sus artículos 2, 133 bis, 205, 256, las modalidades procesales que reviste la figura del arraigo penal en el ámbito federal.

Según la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Juez podrá dictar el arraigo a solicitud del Ministerio Público de la Federación, en los casos de delincuencia organizada tratándose de: a) terrorismo; b) terrorismo internacional; c) delitos contra la salud; d) falsificación de moneda; e) operaciones con recursos de procedencia ilícita; f) acopio y tráfico de armas; g) tráfico de indocumentados; h) tráfico de órganos; i) corrupción y pornografía de menores; j) turismo sexual y lenocinio; k) tráfico de menores; l) robo de vehículos; m) trata de personas; y k) secuestro.

Sin embargo, en la práctica, la autoridad investigadora solamente necesita sostener que existe la posibilidad o la probabilidad latente de que la persona que se pretende arraigar pertenece a la “delincuencia organizada” para que la orden se autorizada.

De acuerdo con esta ley, el arraigo será decretado: I. Siempre que sea necesario para el éxito de la investigación; II. Para la protección de las personas y de bienes jurídicos; III. Cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

El arraigo se realizará con la vigilancia del Ministerio Público de la Federación y la policía que se encuentre bajo su conducción y mando inmediato en la investigación.

La duración del arraigo podrá prolongarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen.

Uno de los argumentos más recurrentes que esgrimen las autoridades para justificar su fracaso en la prevención  persecución del delito es que no cuentan con las herramientas legales para tener éxito, es decir las autoridades sostienen que necesitan más facultades, dado que las que tienen no son suficientes para enfrentar adecuadamente a la criminalidad. Parece que se trataría de una cuestión vinculada exclusivamente con un régimen eficiente a los encargados de aplicar la ley.

La constitucionalidad del arraigo, ha generado fuertes críticas. Se trata de uno de los aspectos más cuestionables o débiles de la figura de arraigo, ya que se lleva hasta la Carta Magna el principio “de detener para investigar” cuando en la mayoría de países democráticos del mundo sucede lo contrario: primero se investiga a una persona y, cuando se reúnen los elementos suficientes, se le detiene.

Cabe recalcar que, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de presuntos delincuentes sometidos presuntamente a tortura y malos tratos durante el arraigo, particularmente estando recluidos en cuarteles militares. En otros casos, los presuntos delincuentes sufrieron tortura y malos tratos entre el momento de la detención y el momento en que fueron puestos oficialmente bajo custodia del Ministerio Público y sometidos luego a arraigo.

Por lo tanto se debe garantizar que en las reformas procesales del sistema de justicia penal salvaguardan los derechos humanos en la práctica, incluido el derecho a no ser objeto de detención ilegal.

El arraigo, el cateo y la prisión automática se han vuelto las técnicas e investigación criminal más recurridas en México. Su regularidad configura una mistificación de los sistemas de justicia penal y de seguridad pública, en que el primero se vuelve una mera herramienta del segundo.

Debe ponerse fin al arraigo en todas las jurisdicciones y reformarse la Constitución y demás leyes para prohibir su uso, conforme a las normas internacionales de derechos humanos, con ello disminuiría la tortura, los malos tratos o penas inhumanas y degradantes, así como el abuso de autoridad tanto en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.

“El arraigo es una violación del derecho a la libertad personal”.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma  y deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan los articulos 2, 133 Bis, 205, 256 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo Único. Se reforma y deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan los artículos 2, 133 Bis, 205 y 256 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Párrafo segundo al séptimo...

Párrafo 8 se deroga.

Párrafo noveno a decimoctavo...

Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo 2o. Se deroga.

Artículo 133 Bis. Se deroga.

Artículo 205. Se deroga.

Artículo 256. Se deroga.

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada

Artículo 12. Se deroga.

Transitorios

Primero. Se derogan las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de noviembre de 2012.— Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Martha Edith Vital Vera, Loretta Ortiz Ahlf (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, para dictamen.

Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la licenciatura de gobierno y administración pública, ciencias políticas y derecho de la Universidad José Vasconcelos (Univas), de Oaxaca, que están aquí invitados por el diputado Samuel Gurrión Matías. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También a un grupo de alumnos y maestros del colegio Karol Wojtyla, de Tehuacán, Puebla, que están hoy aquí con nosotros invitados por la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero. Bienvenidos.

También está con nosotros un grupo de alumnos de la licenciatura de derecho de la Universidad del Golfo de México, también de Tehuacán, Puebla, que están aquí invitados por la misma diputada María del Carmen García de la Cadena Romero.

También a un grupo de alumnos de primaria de la Zona Escolar P212, del municipio de Chalco, estado de México, que están aquí invitados por el diputado Juan Manuel Carbajal Hernández. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.

Aprovecho la ocasión para dar la más cordial bienvenida al doctor Sergio Quintero González, presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, que está aquí invitado por la diputada María Angélica Magaña Zepeda.

Saludo a un grupo de maestras y maestros de la Federación de Sindicatos de Educación de los Colegios de Bachilleres de todo el país; están aquí presentes de Durango, de Tabasco, de Tlaxcala, de Puebla, de Jalisco, de Oaxaca, de Quintana Roo y de Chiapas, invitados todos ellos por el diputado Jorge Herrera. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

LEY DE PLANEACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley de Planeación.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, actualmente el Plan Nacional de Desarrollo no tiene un rumbo claro; es el documento donde los Ejecutivos, tanto federal como el de los estados, plantean la estrategia y rumbo que ha de seguir la administración pública que encabezan, ello a través de la Ley de Planeación y las Leyes de Planeación locales.

La Ley de Planeación es un conjunto de normas de orden público, que tiene como finalidad determinar los parámetros bajo los cuales se van a llevar a cabo la planeación y el desarrollo nacional.

Es necesario que a las metas que se establecen en los planes nacionales de desarrollo se les dé un seguimiento puntual y exhaustivo, y con ello se pueda verificar que los cinco ejes que van siendo programados en los planes de desarrollo sean completamente llevados a cabalidad, y se cumplan con los planes y programas, que tienen como finalidad el desarrollo del país y el beneficio de la colectividad.

El bienestar de una nación se basa en la adecuada aplicación de las políticas públicas en beneficio de todos los sectores; por ello, todo programa de gobierno y todo programa que un gobernante realice deben tener estrategias y programas, que deban ser completamente vigilados y a los cuales se les dé seguimiento.

Así, el Plan Nacional de Desarrollo se convierte en el principal instrumento del quehacer público, pues de él depende en gran medida el porvenir de nuestro país. De nada sirven altos niveles de crecimiento, tener las mayores reservas de la historia o una economía sólida, si no se tienen las estrategias adecuadas para que esto se transmita a todos los ámbitos de quehacer nacional.

Durante décadas el Plan Nacional de Desarrollo ha sido visto como un mero trámite en su entrega e información al Congreso de la Unión. Este documento se ve como un trámite más, en el cual el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, presenta el cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, sin que éste tenga una vigilancia y una vinculación por parte de este Congreso de la Unión para ver el cumplimiento y los avances del mismo.

Es por ello que para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista resulta de suma importancia promover reformas que mejoren la planeación nacional, de tal forma que sea posible garantizar que las políticas públicas y los programas cumplan con las finalidades para las que fueron creadas y beneficien a todos los mexicanos: a las mexicanas, a los mexicanos, a las niñas y a los niños que de ella dependen.

Frecuentemente observamos que los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo no se cumplen a cabalidad y al respecto no existe repercusión alguna; por ello, nos permitimos proponer que sea esta soberanía popular a quien anualmente se le entregue un informe sobre los avances en cuanto a los objetivos de los cinco ejes propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, con la finalidad de que sea la Auditoría Superior de la Federación quien pueda realizar un análisis cualitativo de las metas y de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo.

Es por ello que nosotros hoy presentamos la reforma al artículo 6o. de la Ley de Planeación, a fin de que sea esta máxima tribuna de la nación quien dé seguimiento, a través de la Auditoría Superior de la Federación, al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Con esto tendremos una vigilancia, una mayor transparencia y un destino claro, en el cual, como representantes de la sociedad, podamos intervenir directamente. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Carlos Octavio Castellanos Mijares, integrante de la LXII Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de Planeación, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Actualmente no se tiene un rumbo claro del Plan Nacional de Desarrollo (PND); la Ley de Planeación es un conjunto de normas de orden público e interés social encaminadas a establecer los objetivos, las estrategias y prioridades nacionales que se llevarán a cabo dentro de un sexenio.

Es necesario que a las anteriores metas se dé seguimiento puntual y exhaustivo, para verificar que cada uno de los ejes se vaya cumpliendo de manera adecuada o si, en determinado momento existen retrasos, la Cámara de Diputados pueda señalarlos, de manera que no sólo sea un mero trámite de entrega de informes de avances de este ordenamiento.

Exposición de Motivos

El bienestar de una nación se basa en la adecuada aplicación de las políticas públicas en beneficio de todos los sectores. Por ello, la programación que todo gobernante realice respecto a las estrategias y programas del Estado mexicano, es por demás importante.

En este sentido, el contar con un sistema de planeación nacional correcto, permite incrementar el impacto de las políticas públicas, estableciendo mecanismos de coordinación de acciones y trabajo intersectoriales, en temas prioritarios para el desarrollo de la nación.

Así, el Plan Nacional de Desarrollo se convierte en el principal instrumento del quehacer público, pues de él depende en gran medida el porvenir de nuestro país. De nada sirven altos niveles de crecimiento, si no se tienen las estrategias adecuadas para transmitirlo en todos los ámbitos.

Durante décadas el Plan Nacional de Desarrollo, ha sido visto como un mero trámite burocrático del gobierno en turno, y no como una herramienta estratégica, de crecimiento y de consolidación de principios básicos para el desarrollo. Uno de los principales cambios por los que debe empezar nuestro país, es precisamente la transformación del sistema de planeación nacional.

Es por ello, que para el Grupo Parlamentario del Partido Verde, resulta de suma importancia el promover reformas que contribuyan al mejoramiento de la planeación nacional, de tal forma que también sea posible generar una mayor consistencia entre las políticas y los programas de las distintas dependencias, a fin de que las acciones de las entidades de la administración pública federal sean sinérgicas y busquen atender realmente las necesidades de la sociedad.

Frecuentemente observamos que los objetivos planteados en el PND no se cumplen con cabalidad, y al respecto, no existe repercusión alguna. Por ello, proponemos que sea la Cámara de Diputados a quien anualmente se entregue un informe sobre los avances en cuanto a los objetivos de los cinco ejes propuestos en éste, con la finalidad de que la Auditoría Superior de la Federación pueda realizar el análisis respectivo.

Al respecto, es de señalar que si bien cada mes de marzo el Ejecutivo remite a la Comisión Permanente del Congreso un informe de acciones y resultados de la ejecución del plan y los programas, ésta ha sido un práctica que se ha venido dando con poca estructuración y sustento legal para poder tener una mayor exigencia en cuanto a los resultados e informes presentados. Pareciera ser, tan sólo un trámite de cortesía política que tiene el Ejecutivo con el Congreso, y no un verdadero informe de rendición de cuentas.

Por todo esto, consideramos necesario hacer las enmiendas correspondientes para ofrecer una verdadera injerencia revisora a la Cámara de Diputados, y por ende, a la Auditoría Superior de la Federación.

En este sentido, vale la pena señalar que si bien el Congreso ya tiene ciertas facultades respecto al paquete económico anual, que de alguna manera rige los programas mediante los cuales se da cumplimiento al PND, es ilógico que éste instrumento que es de la mayor relevancia para la nación, no establezca mecanismo de control y verificación que a la larga ofrezcan mayor certidumbre y beneficios a la sociedad en general.

Si bien el artículo 5 de la Ley de Planeación establece que el Presidente de la República remitirá el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la Unión para su examen y opinión, el resultado de lo anterior se reduce al cumplimiento de un mero trámite político, sin que exista una facultad expresa de seguimiento por parte del Congreso.

Con lo anterior, se pretende que el Ejecutivo federal efectivamente conforme un Plan de Desarrollo incluyente, que sea sujeto a una mayor transparencia y rendición de cuentas.

Por todo ello, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el artículo 6 de la Ley de Planeación

Artículo Único.Se reforma el segundo párrafo del artículo 6 y se modifica el párrafo tercero del mismo artículo a la Ley de Planeación.

Ley de Planeación

Artículo 6. ...

En el mes de marzo de cada año, el Ejecutivo remitirá a la Cámara de Diputados el informe de las acciones y resultados de la ejecución del plan y los programas a que se refiere el párrafo anterior, incluyendo un apartado específico con todo lo concerniente al cumplimiento de las disposiciones del artículo 2 constitucional en materia de derechos y cultura indígena.

La Secretaría de Hacienda tendrá la obligación de proporcionar en el documento antes señalado, la información de las cuentas relacionadas y correspondientes a lo establecido en los dos párrafos que anteceden, a fin de permitir a la Cámara de Diputados a que a través de la Auditoría Superior de la Federación, se realice el análisis de las cuentas, con relación a los objetivos y prioridades de la planeación nacional.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.— Diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales:Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros, diputados y diputadas, el tema de la vivienda se funda sobre principios humanitarios y en criterios que sustentan la imperiosa necesidad de que cada persona cuente con un lugar donde pueda vivir dignamente junto a su familia, entendiendo a ésta como la base de la sociedad y el Estado.

Nuestro precepto constitucional retoma estos principios, incluso otorgándole al derecho a la vivienda digna la jerarquía de un derecho fundamental, acorde con los principios universales de los derechos del hombre y el ciudadano.

El Estado mexicano se configura ajustándose a estos derechos y en 1972, con la reforma al artículo 123 constitucional, se instituye el mecanismo de financiamiento que permitió a los trabajadores adquirir créditos accesibles y baratos para obtener una vivienda en propiedad. De esta manera se sientan las bases que conciben al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como un órgano sustantivo del Estado mexicano que garantizaría este derecho a una vivienda digna al trabajador mexicano.

Si hacemos un análisis de proyectos que han surgido en esta Cámara de Diputados por los diferentes grupos parlamentarios y de distintas legislaturas, apreciamos propuestas de una riqueza extraordinaria; para unos el Infonavit ha dejado al margen su función sustantiva y en lugar de cumplir con estos objetivos apegados a los derechos fundamentales de la persona, se ha convertido en un gestor de los consorcios inmobiliarios creando sistemas de financiamiento que no han ayudado a resolver el problema de la vivienda en el país.

De ahí que se interprete que el Infonavit es un fondo que privilegia intereses privados y no los que representan la colectividad de los trabajadores mexicanos.

Según algunos sectores políticos ese fenómeno ha llevado incluso a que el trabajador sufra con frecuencia vejaciones cuando pierde su empleo, siendo objeto de persecuciones por despachos de abogados que han llevado a la pérdida del crédito, presentándose casos de una barbaridad extrema de que se puede perder la vivienda adquirida.

Visto en esta perspectiva, ese es un esquema perverso que deja a un trabajador —que pasa al desempleo— en la indefensión total y el Infonavit opera otorgando a otros empleados la misma vivienda.

También se ha estudiado el caso de morosidad o insolvencia, que no es abordado con fines de beneficiar y proteger al trabajador y su familia. No hay mecanismos razonables de reestructuración de pagos y los intereses de amortización de deuda se pagan de conformidad al incremento de los salarios mínimos, lo cual ha llevado con frecuencia a que el trabajador caiga en la insolvencia.

Cabe destacar que se han desechado algunas reformas que se orientan a beneficiar al trabajador, pero que en apariencia también afectan los ingresos y recuperación de créditos del Infonavit.

Por ejemplo, en esta misma tribuna se presentó —y no se aceptó—, que cuando una persona pierda su trabajo tuviera un plazo de tres meses para solicitar prórrogas y cubrir sus pagos hasta que volviera a obtener otro empleo. La ley sigue manteniendo la responsabilidad del trabajador para que extienda su solicitud en los siguientes 30 días después de que se queda sin trabajo y se reafirma que esas prórrogas que se otorguen al trabajador no podrán ser mayores de 12 meses cada una ni exceder en su conjunto más de 24 meses.

Aquí, el considerando a este problema se presenta porque el trabajador desconoce su derecho a la prórroga y los procedimientos que deben cumplir para que esto se lleve a cabo. De ahí que otras iniciativas sugieren la implementación de mecanismos que automáticamente informen al trabajador su derecho a la prórroga cuando pierde su empleo. Incluso se ha sugerido que el término de prórroga se extienda hasta cuatro años.

Tampoco se aceptó la propuesta de que en ningún caso el trabajador destinara más del 20 por ciento de su salario base para el pago de la vivienda.

Asimismo se critica que los créditos del Infonavit se sometan a un sistema de financiamiento orientado a la recuperación de créditos, que aumenta ingresos vía administración de cuentas. De esa manera los intereses del mercado no permiten fijar una tasa anual durante el tiempo del crédito. El argumento de este cambio a la ley se justificó por los años que vivió México con altos índices de inflación.

Con los cambios de procesos económicos en el mundo y en el país, ese razonamiento fue perdiendo sentido. Pero los saldos de los créditos otorgados a los trabajadores aumentan cada vez más.

Derivado de esta realidad se han propuesto reformas que eviten las carteras vencidas y se acote la posibilidad de la subrogación del crédito a favor de terceras personas, sean públicas o privadas.

Estimados legisladores y legisladoras, como podemos apreciar, es muy complejo el mecanismo que la Ley del Infonavit ha estructurado para la administración de los fondos de la vivienda; por ello debemos retomar los preceptos constitucionales de garantizar una vivienda digna al trabajador, pero también evitar que sus opciones de acceso a esta prestación se vean limitadas por los mecanismos adversos del mercantilismo extremo.

Las propuestas de igual modo deben de considerar tendencias al debilitamiento institucional, cuando el crecimiento de las carteras vencidas no se detiene.

La disyuntiva es: o más mercado, o bien, el Estado debe intervenir para regular los efectos perniciosos de dejar que la libre mercadería de la vivienda o de las carteras vencidas pueda culminar en perjuicios graves a los trabajadores.

Para esta iniciativa —que pongo a su consideración— es que me centro en el aspecto pernicioso de aplicar tasas mesuradas a los créditos otorgados por el Infonavit al trabajador y al problema que significa aplicar fórmulas de cargas de interés, en función del incremento al salario mínimo; que los costos de la vivienda sean considerados en pesos y no en salarios mínimos. Muchas gracias, es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Mirna Hernández Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El tema de la vivienda, se funda sobre principios humanitarios y en criterios que sustentan la imperiosa necesidad de que cada persona cuente con un lugar donde pueda vivir dignamente junto a su familia, entendiendo a ésta como la base de la sociedad y el Estado.

Nuestro precepto constitucional retoma estos principios, incluso otorgándole al derecho a la vivienda digna la jerarquía de un derecho fundamental, acorde con los principios universales de los derechos del hombre y el ciudadano.

El Estado mexicano se configura ajustándose a estos derechos y en 1972 con la reforma al artículo 123 constitucional, se instituye el mecanismo de financiamiento que permitió a los trabajadores adquirir créditos accesibles y baratos para obtener una vivienda en propiedad.

De esta manera, se sientan las bases que conciben al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, como un órgano sustantivo del Estado mexicano que garantizaría este derecho a una vivienda digna al trabajador mexicano.

Si hacemos un análisis de proyectos que han surgido en esta Cámara de Diputados por los diferentes grupos parlamentarios y de distintas legislaturas, apreciamos propuestas de una riqueza extraordinaria. Para unos el Infonavit ha dejado al margen su función sustantiva y en lugar de cumplir con estos objetivos que se atienen a los derechos fundamentales de la persona, se ha convertido en un gestor de los consorcios inmobiliarios, creando sistemas de financiamiento que no han ayudado a resolver el problema de la vivienda en el país. De ahí que se interprete que el Infonavit es un fondo que privilegia intereses privados y no los que representan la colectividad de los trabajadores mexicanos.

Según algunos sectores políticos, este fenómeno ha llevado, incluso a que el trabajador sufra con frecuencia vejaciones en contra cuando pierde su empleo, siendo objeto de persecuciones por despachos de abogados que han llevado a la pérdida del crédito, presentándose casos de una barbaridad extrema de que se pueda perder la vivienda adquirida.

Visto en esa perspectiva, este es un esquema perverso que deja a un trabajador que pasa al desempleo en la indefensión total y el Infonavit opera otorgando a otros empleados la misma vivienda.

También se ha estudiado el caso de morosidad o insolvencia que no es abordado con fines de beneficiar y proteger al trabajador y su familia. No hay mecanismos razonables de restructuración de pagos y los intereses de amortización de deuda se pagan de conformidad al incremento de los salarios mínimos, lo cual ha llevado con frecuencia a que el trabajador caiga en insolvencia.

De este modo, se pierde y desvirtúa el principio de protección y seguridad social, que se encuentran en la base de los programas de vivienda en las leyes y en la Carta Magna. Al respecto, llama la atención el esfuerzo realizado por el Poder Legislativo pretendiendo corregir distorsiones en los que suelen caer programas oficiales de vivienda.

Cabe destacar que, se han desechado algunas reformas que se orientan a beneficiar al trabajador, pero que en apariencia también afectan los ingresos y recuperación de créditos del Infonavit.

Por ejemplo, no se aceptó que cuando una persona pierda su trabajo, tuviera un plazo de tres meses para solicitar prórrogas y cubrir sus pagos hasta que volviera a obtener otro empleo. La ley sigue manteniendo la responsabilidad del trabajador para que extienda su solicitud en los siguientes treinta días después de que se queda sin trabajo. Y se reafirma que estas prórrogas que “se otorguen al trabajador ... no podrán ser mayores de doce meses cada una, ni exceder en su conjunto más de veinticuatro meses y terminarán anticipadamente cuando el trabajador inicie una nueva relación laboral”.

Aquí, el considerando a este problema se presenta porque el trabajador desconoce su derecho a la prórroga y los procedimientos que debe cumplir para que se cumpla. De ahí, que otras iniciativas sugieran la implementación de mecanismos que automáticamente, informen al trabajador de su derecho a la prórroga cuando pierde su empleo. Incluso, se ha sugerido que el término de prórroga se extienda hasta cuatro años en lugar de los dos que establece actualmente la Ley.

Tampoco se aceptó la propuesta de que en ningún caso el trabajador destinará más del 20 por ciento de su salario base para el pago de la vivienda.

Asimismo, se critica que los créditos del Infonavit se sometan a un sistema de financiamiento orientado a la recuperación de créditos que aumenta ingresos vía administración de cuentas y subcuentas de viviendas de los trabajadores que pierden su empleo. Estas se incorporan a un mercado de dinero y rendimientos de intereses, donde suele suceder que el trabajador desempleado aún volviéndose a incorporar a algún trabajo pierda su crédito.

De esta manera, los intereses del mercado no permiten fijar una tasa anual durante todo el tiempo del crédito. La más aceptable en términos de bienestar social del trabajador ha sido la de 4 por ciento sobre saldos insolutos que fue incluida en el texto original de la Ley del Infonavit, pero posteriormente modificada. El argumento de este cambio a la Ley se justificó por los años que vivió México con altos índices de inflación.

Con los cambios de procesos económicos en el mundo y en el país, este razonamiento fue perdiendo sentido, pero los saldos de los créditos otorgados a los trabajadores aumentan cada vez que se modifican los salarios mínimos, incrementándose así la deuda sin un límite.

En 2008, el entonces diputado federal del PRI, Gerardo Octavio Vargas Landeros, hacia la reflexión de un trabajador que había adquirido un crédito por 180 veces el salario mínimo, equivalente en pesos a 144 mil pesos, había acumulado pagos por 214 mil. Por el sistema de pagos por veces salarios mínimos, resultaba un adeudo adicional de 89 veces salario mínimos que equivalían a 143 mil pesos, lo que resultaba que sólo había pagado mil noventa pesos de la deuda original.

Nuestro compañero priista proponía que los créditos devengaran un interés anual sobre saldos insolutos y se calculara de conformidad a la tasa interbancaria vigente al momento de la firma del contrato, permaneciendo fija al momento de la firma del contrato.

Otra iniciativa presentada por el PRD también en 2008, planteaba la posibilidad de ampliar el límite de la tasa de interés anual hasta el 6 por ciento y no podría ser menor del 4 por ciento. Lo anterior, para acotar decisiones que el Consejo de Administración del Infonavit ha venido estableciendo bajo la pauta de tasas variables que llegan incluso hasta el 10 por ciento. Es decir, señalaron los legisladores del PRD en 2009, a los pagos referenciados al incremento de los salarios mínimos, ahora le sumaban las tasas variables que se calcularían semestralmente. Tampoco se aceptó por la colegisladora aunque fue aprobada por el Pleno de esta Cámara en ese momento.

En este sentido, el Congreso de San Luis Potosí, plantea una tasa no mayor del 7 por ciento sobre saldos insolutos.

Cabe observar que, gran parte del cabildeo de las empresas que manejan el mercado de las carteras vencidas, se concentran en la Cámara de Senadores donde es evidente el sistemático desechamiento de estas iniciativas aprobadas en esta Cámara.

Destaco que un argumento muy reflexionado por los legisladores de Legislaturas anteriores, es que el Infonavit se muestra como un administrador y gestor de cuentas vencidas de los trabajadores, propiciando el surgimiento y consolidación de empresas recuperadoras de créditos, que ahora tienen sofisticados sistemas de presión hacia el trabajador, que incluye el transmitir sus condiciones desfavorables de desempleo a familiares y amistades, causándoles perjuicios en su persona y en su prestigio como persona.

De esta manera, el Infonavit se aleja de ese contrato que el Estado realiza con parte de la sociedad, facilitando mecanismos donde el hombre se convierte en los hechos en el malogrado lobo del hombre. Y en lugar de que se regule esta relación de perversidad y degradación de la función reguladora del Estado, el Infonavit incentiva procedimientos de financiamiento que incluso incorporan el sistema de ahorros para el retiro para apuntalar otro tipo de programas De esta manera, se antepone el factor de rendimientos financieros al bienestar social.

Derivado de esta realidad, se han propuesto reformas que eviten las carteras vencidas y se acote la posibilidad de la subrogación del crédito a favor de terceras personas sean públicas o privadas. Obviamente las resistencias pueden ser predecibles, pues algunos legisladores en 2009 hablaban de que las empresas adquirían las carteras vencidas en veinte mil pesos y las vendían hasta en 700 mil pesos.

Como podemos apreciar, es muy complejo el mecanismo que la Ley del Infonavit ha estructurado para la administración de los fondos de la vivienda.

Por ello, debemos retomar los preceptos constitucionales de garantizar una vivienda digna al trabajador, pero también evitar que sus opciones de acceso a esta prestación se vean limitadas por los mecanismos adversos del mercantilismo extremo.

Las propuestas, de igual modo, deben considerar tendencias al debilitamiento institucional cuando el crecimiento de las carteras vencidas es indetenible.

Aquí es donde la intervención de este Poder Legislativo ha de conciliar necesidades sociales con preservación y perfeccionamiento de mecanismos institucionales.

La disyuntiva es o más mercado, o bien, el Estado debe intervenir para regular los efectos perniciosos de dejar que la libre mercadería de la vivienda o de las carteras vencidas puedan culminar en perjuicios graves a los trabajadores sobre todo de los desempleados.

A la vez, esta regulación debe considerar que los programas de vivienda tampoco pueden darse a fondos perdidos, pues ello no propicia desarrollo sino que nos lleva a una tendencia donde los déficits de las cuentas nacionales se van haciendo más grandes.

Es menester también atender el tema de las tasas de interés que como vemos, se sujetan a decisiones sumamente discrecionales que deben ser reguladas.

Por consiguiente, es imperativo revisar la política institucional que regula el mercado inmobiliario. Habría que observar otros fenómenos que en el mundo se están presentando. El caso chileno puede ser uno de ellos, pero también llama la atención la crisis que viene surgiendo en el mercado inmobiliario desregulado como en Estados Unidos y en los países de Europa.

Recordemos que la superinflación en Europa generó un crecimiento desmesurado del mercado inmobiliario, que ahora muestra sus características adversas más severas dentro de la crisis general que vive esa región, prácticamente en todos los países que integran a la comunidad.

Creo que es un buen reto para el legislador entrar a la reflexión de esta fenomenología en todas sus aristas y entonces ir a una reforma definitiva o de gran calado. Mientras, debemos proteger al trabajador hasta donde se pueda. Por lo menos es una opinión que puede ser tomada en su carácter transitorio, hasta que el legislador se allegue mayores datos de las experiencias positivas y negativas del mercado desregulado en el área inmobiliaria y de las repercusiones sociales y económicas que se tendrán en el corto y mediano plazo. Luego entonces, necesitamos ir a una evaluación de fondo de la política de vivienda del Estado mexicano y plantear sus adecuaciones a la luz de los resultados desde que se reformó el artículo 123 para implantar esta política pública.

Para esta iniciativa, que pongo a su consideración, me centro en el efecto pernicioso de aplicar tasas desmesuradas a los créditos otorgados por el Infonavit al trabajador y al problema que significa aplicar la formula de cargas de interés en función del incremento al salario mínimo.

Así, me ubico en un modelo de estado de bienestar que se pudiera implementar en el país que debe ser justo y que no cause perjuicios al trabajador. Por eso, es de relevancia la intervención del Estado, a través del Poder Legislativo para tutelar a los sectores sociales más débiles buscando mejorar indicadores de calidad de vida.

Por lo expuesto y debidamente fundamentado, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Artículo Único: Se reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para quedar como sigue:

Artículo 44. El Instituto otorgará sus créditos en pesos. Los intereses se calcularán con base a saldos insolutos y la tasa no podrá ser mayor a 4 por ciento anual. El plazo máximo para el otorgamiento de estos créditos será de 30 años. En todo momento, se preverá la estabilidad financiera del Instituto y los riesgos de sus carteras vencidas cuidando el equilibrio con el bienestar social del trabajador.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputados: Mirna Esmeralda Hernández Morales, María Elena Cano Ayala, José Luis Flores Méndez, José Pilar Moreno Montoya, Julio César Flemate Ramírez, Adolfo Bonilla Gómez, David Pérez Tejada Padilla, Luis Manuel Arias Pallares, Francisco Alberto Zepeda González, María de Jesús Huerta  Rea, María Esther Garza Moreno, José Alejandro Llanas Alba, María del Socorro Ceceñas Chapa, Margarita Elena Tapia Fonllem, Claudia Elena Águila Torres, Víctor Manuel Manriquez González, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Arturo Cruz Ramírez, Rafael Acostal Croda (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

Sonido en la curul del diputado Francisco Zepeda.

El diputado Francisco Alberto Zepeda González(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Nada más para solicitarle a la diputada Mirna Hernández, la posibilidad de adherirme a la iniciativa, porque el viacrucis que hoy cruzan los beneficiarios de un sistema del Infonavit para la vivienda es lamentable, terminan pagando ocho veces lo que cuesta la casa. Si me permite sumarme a la iniciativa, diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: No tiene inconveniente; entonces, puede pasar a suscribirla en la Secretaría, diputado.

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Alicia Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña:Con su permiso, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, la aplicación de la pena de prisión en México tiene dos características insoslayables: el uso excesivo de la medida y la creciente ineficiencia en el uso de los recursos del sistema de seguridad ciudadana y de justicia penal.

En épocas recientes, las reformas efectuadas a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados fueron encaminadas a proporcionar a los delincuentes un tratamiento reformador, con objeto de modificarle su conducta y actitudes, y reintegrarlo a la sociedad ya convertido en un sujeto distinto que no delinquiera nuevamente.

No obstante, no debemos olvidar que, paralelo al derecho de castigar por parte del Estado cuyo fin es proteger el orden social, transitan los derechos del infractor, en cuanto a persona. Quien delinque tiene —por disposición constitucional— el derecho a que se le instruya para reformarlo y reintegrarlo, como ser productivo, al seno mismo de la vida comunitaria.

Sin embargo, el problema no termina ahí, ya que además del desconocimiento, existen factores que agudizan el tema, como son el analfabetismo y la discapacidad de reos que no pueden acceder de manera eficaz y oportuna al conocimiento de sus derechos y obligaciones, siguiendo solamente la ley del más fuerte, que es la que impera en la totalidad de las cárceles mexicanas.

De ahí la imperante necesidad de reformar el marco jurídico aplicable, a fin de establecer clara y puntualmente el derecho de los reclusos a recibir la información que les permita el pleno goce de sus derechos al interior de los reclusorios y centros de readaptación social, máxime cuando se trate de analfabetas y discapacitados.

A nivel internacional, debemos citar que las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos —emitidas por la ONU en su regla 35, incisos 1) y 2)— disponen que a su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre el régimen de los reclusos de la categoría en la cual se le haya incluido, sobre las reglas disciplinarias del establecimiento y los medios autorizados para informarse y formular quejas, así como que si el recluso es analfabeta se le proporcionará dicha información verbalmente.

En este sentido, nuestra Carta Magna establece, en su artículo 20, apartado B, fracción III, que los reclusos tienen derecho a que se les informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia, ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten.

En el caso de los reclusos discapacitados es importante mencionar que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad contempla diversas disposiciones en materia de acceso a la justicia, con base en diversos instrumentos internacionales y que tienen como principal objetivo lograr que éstas cuenten con igualdad de condiciones en materia de garantías al respeto a sus derechos humanos.

Por su parte, el artículo 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados dispone que se entregará a cada interno un instructivo en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes y el régimen general de vida de la institución, y que tratándose de reclusos indígenas el instructivo se les dará traducido a su lengua.

Como se desprende de lo anterior, nuestra legislación se adapta al instrumento internacional citado, salvo por lo que hace a los reclusos analfabetas y discapacitados, en cuyo caso se les debiera proporcionar la información de manera verbal a los primeros, o a través de las ayudas técnicas necesarias a los segundos, según el tipo de discapacidad de que se trate.

Asimismo nos parece importante señalar de una manera más detallada en el texto del artículo 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, que el instructivo que se entregue a los reclusos contenga tanto los beneficios de los que puedan ser sujetos, como los requisitos que deban cumplir para tal efecto.

Señoras y señores diputados, en Acción Nacional estamos convencidos de plasmar en la ley reglamentaria el debido respeto, con carácter de equitativo y no discriminatorio; el acceso a los derechos y obligaciones de los analfabetas y discapacitados no es una dádiva, es una obligación y un derecho plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales suscritos por nuestro país.

El beneficio se extenderá a un alto porcentaje de personas que se encuentran presas en los centros penitenciarios, que por su condición de analfabetas y discapacitados difícilmente pueden acceder a la información justa y necesaria para hacer valer sus derechos al interior de la cárcel y en el proceso de defensa.

En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados para quedar como sigue:

Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Artículo 13...

Se entregará a cada interno un instructivo en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes, los beneficios que para él prevé la ley y el régimen general de vida en la institución. Tratándose de reclusos indígenas el instructivo se les dará traducido a su lengua. En el caso de que el recluso fuera analfabeto se le proporcionará dicha información verbalmente. En el caso de que el recluso fuera discapacitado visual o auditivo, se deberá contar con las ayudas técnicas necesarias para proporcionarle la información.

Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Antecedentes

La forma en que se aplica la prisión en México tiene como principales implicaciones nocivas el uso excesivo de la medida y la ineficiencia en el uso de los recursos del sistema de seguridad ciudadana y de justicia penal. Existe un uso excesivo de la medida porque las cifras y el análisis nos indican que la prisión durante el proceso ha dejado de ser una medida extraordinaria y excepcional, para convertirse en una medida cautelar de uso frecuente, contradiciendo nuestra Constitución y los instrumentos internacionales firmados por México.

Produce ineficiencia por el uso irracional de la prisión, del sistema penal, y de los recursos humanos y materiales dedicados a la seguridad pública y a la justicia. La prisión preventiva está consumiendo demasiados recursos que serían determinantes en otras áreas prioritarias de la seguridad ciudadana y la justicia penal, como la prevención y el combate al crimen organizado.

Como podemos ver el tema de la cárcel supera en amplitud y profundidad a la importancia que suele concedérsele, porque si bien no es ella la única reacción propia de los derechos penal, continúa siendo la más utilizada. En su momento apareció como una pena más humanitaria que las existentes hasta entonces, como lo eran las penas capitales, las mutilaciones, la esclavitud, el calabozo y el destierro.

En épocas recientes, las reformas efectuadas a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, fueron encaminadas a proporcionar al delincuente un tratamiento reformador, con objeto de modificarle su conducta y actitudes, y reintegrarlo a la sociedad ya convertido en un objeto distinto, que no delinquirán nuevamente.

En este sentido, las penas sólo se justifican si cumplen una función razonable y en este caso se trata justamente de esa necesidad de convivencia pacífica. “Para las sociedades de hoy, la pena aparece como una función necesaria de defensa social, sin la que sería imposible mantener el orden público tal y como se lo concibe actualmente”

Sobre el particular, Elías Neuman (1994) afirma que “la cárcel se ha constituido en un lugar para estar mal, que acepta la idea de contención y depósito de seres humanos acusados por diversos delitos. Así el hombre que es detenido y procesado, cuando llega a la prisión se le trata de disciplinar de inmediato mediante un sistema coercitivo que emana de los reglamentos carcelarios. Se le aísla y priva en el sentido de no permitir conductas externas a la par que se amputa su tiempo y se dispone de él. Debe adaptarse a situaciones y coacciones que se generalizan y que pretenden legitimar la utilización de la cárcel-instituto como instrumento para la subordinación y dominación”.

A este respecto, el doctor Sergio García Ramírez señala que quien ingresa a prisión lo hace despojado de cualquier grandeza; sólo lleva la etiqueta de “hombre vencido”, “enemigo social” y “delincuente”. La historia de las penas en la época moderna y particularmente de la prisión cerrada, es un relato de los esfuerzos que muchas mujeres y hombres han hecho para reducir ese poderío del gobierno, privarle de omnipotencia, rescatar al hombre vencido y reconocerle en la realidad de su reclusión cotidiana lo que de buena o mala gana le atribuyen las leyes que, con frecuencia, se quedan a la puerta de la celda: como son sus derechos.

En nuestro país, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reporta hasta junio de 2012, que en el conjunto de las prisiones de México hay actualmente 172 mil espacios penitenciarios y 238 mil 269 internos, lo que sitúa los niveles de sobrecupo en casi 37 por ciento. Esta crisis de sobrepoblación del sistema penitenciario genera, además del menoscabo a los derechos de los internos, un detrimento en la aplicación de los reglamentos de cada centro.

Por otra parte, al investigar algunas de las causas de esta innegable y manifiesta crisis penitenciaria, con el fin de construir alternativas de solución a ella, expertos en la materia destacan tres principales aspectos que se han traducido en factores determinantes de este complejo problema público: a) el abuso y uso de la prisión como medida casi exclusiva de la sanción penal; b) el rezago judicial como una de las características que afecta de forma inminente la situación jurídica de los reclusos, y c) la incapacidad técnica y profesional de quienes dirigen y operan el sistema penitenciario; factores todos interdependientes que han motivado e impulsado un gran círculo vicioso, que desde hace muchas décadas no sólo no logramos erradicar.

Fuente:Secretaría de Seguridad Pública Federal, Estadísticas del Sistema Penitenciario Federal, OADPRS, Julio del 2012

2. Argumentación Jurídica.

En ese sentido, podemos encontrar que la doctrina contemporánea sostiene que sólo deben prohibirse, en el ordenamiento punitivo, aquellas conductas que realmente entrañen gravedad. La naturaleza subsidiaria del derecho penal alude a que el estado debe emplear este instrumento como un último recurso, allí donde no basten otras normas.

En este mismo orden de ideas, cabe destacar el postulado de numerosas investigaciones criminológicas, así como la posición de diversos expertos en la materia, quienes aluden y pugnan por una estrategia de política criminal encaminada a disminuir la población de las cárceles, como una necesidad inminente del sistema; y uno de los caminos para lograrlo es haciendo efectivos diversos recursos establecidos en el marco jurídico nacional, como es el caso de la libertad provisional bajo caución, la libertad provisional bajo protesta y la libertad por desvanecimiento de datos, los cuales son derechos a disposición de los individuos sujetos a proceso penal, establecidos en el Código Federal de Procedimientos Penales.

Asimismo, señalan que se deben hacer efectivos los derechos a la libertad condicional y a la libertad preparatoria de los individuos sentenciados a prisión, establecidos en el mismo código; como también se hace imprescindible hacer efectivos los sustitutos y alternativas a la prisión establecidos en el Código Penal Federal, mediante el tratamiento en libertad, semilibertad, el trabajo en favor de la comunidad y la multa. Cabe destacar que las formas de libertad anticipada constituyen un derecho de la persona presa y no una prerrogativa del Ejecutivo.

Este nuevo consenso en el sentido de que las opciones de tratamiento comunitario de problemas de salud mental, de abuso de sustancias y de la combinación de ambos tienen más posibilidades de lograr una reducción de la reincidencia del delito y de aumentar la seguridad pública que el confinamiento civil o la encarcelación por causas penales. Muchos reclusos que padecen dichas enfermedades pueden recibir un tratamiento más efectivo en ámbitos comunitarios, sin necesidad de que se les prive de la libertad por razones de seguridad ciudadana.

Existen dos mecanismos tendientes a reducir la utilización de la condena de prisión: la alternativa a la prisión, por la cual los acusados y procesados no son objeto de la pena de privación de libertad en primer lugar, y la excarcelación que pone fin a su internación en instituciones penitenciarias o sanitarias después de que se los envió a ellas. Los programas de alternativas a la prisión y a la encarcelación procuran evitar la reclusión de quienes se encuentran en estado de prisión preventiva o que aguardan la imposición de la pena.

No debemos olvidar que paralelo al derecho de castigar por parte del estado, cuyo fin es proteger el orden social, transitan los derechos del infractor en cuanto a persona. Quien delinque tiene por disposición constitucional el derecho a que se le instruya para reformarlo y reintegrarlo como ser productivo al seno mismo de la vida comunitaria. En la mayoría de las ocasiones los reos que son objeto de derechos penitenciarios tienen más oportunidad de reformarse y reintegrarse a la sociedad que aquellos que están en reclusión. Ni el estado tiene el derecho de excluir, ni el reo pierde su derecho a ser considerado un ser humano.

No obstante los beneficios que conlleva la adopción de este tipo de medidas a las que muchos de los reclusos tienen derecho, la falta de conocimiento de los mismos, así como de las autoridades y las formas en que se hacen valer, constituyen una barrera para su acceso.

De acuerdo con las conclusiones del diagnóstico sobre la incidencia de los delitos cometidos por las mujeres privadas de su libertad, procesadas y sentenciadas, elaborado por el Centro de Estudios para el Adelanto de la Mujer y la Equidad de Género de esta honorable Cámara de Diputados, algunas mujeres están internas en los centros penitenciarios y, como nadie las visita ni pregunta si pueden acceder a algún beneficio, como la libertad anticipada por buena conducta, sustitución de la pena, etcétera, siguen privadas de su libertad cuando ya habrían podido obtenerla.

En el caso de los reclusos discapacitados, es importante mencionar que con la entrada en vigencia de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en sus artículos 30 y 31 establecen que:

“Artículo 30.Las instituciones de administración e impartición de justicia implementarán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a su personal, sobre la atención a las personas con discapacidad.

Artículo 31.El Poder Ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con el consejo, promoverán que las instancias de administración e impartición de justicia, cuenten con la disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones.”

Por lo que retomando la ley en comento, podemos señalar que una de las prioridades en materia de atención a personas con discapacidad es el debido acceso a la justicia y a ser tratados en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano, tal como lo establece el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

“ Artículo 14. “Los estados parte asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con los demás, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente convención, incluida la realización de ajustes razonables”.

Como podemos observar, las personas con discapacidad que enfrentan algún juicio e incluso aquellas que han sido condenadas por un juez a cumplir una condena, deben contar con igualdad de condiciones en materia de garantías al respeto de sus derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la convención.

De ahí que la propuesta de esta iniciativa vaya encaminada a que aquellas personas que cuenten con alguna discapacidad puedan acceder plenamente al conocimiento de sus derechos y obligaciones, en el caos de ser recluidas en un centro penitenciario o de readaptación social.

El conocimiento de los derechos constituye un derecho en sí, por lo que no podemos permitir que la ignorancia sea un factor por el cual las personas que cumplen con los requisitos de ley continúen o sean privadas de su libertad.

A este respecto las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, que en su regla 35, incisos 1) y 2), disponen:

“Información y derecho de queja de los reclusos

“35. 1) A su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre el régimen de los reclusos de la categoría en la cual se le haya incluido, sobre las reglas disciplinarias del establecimiento y los medios autorizados para informarse y formular quejas; y cualquiera otra información necesaria para conocer sus derechos y obligaciones, que le permita su adaptación a la vida del establecimiento.

“2) Si el recluso es analfabeto, se le proporcionará dicha información verbalmente.”

Nuestra legislación, particularmente el artículo 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados dispone que se entregará a cada interno un instructivo, en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes, y el régimen general de vida en la institución y que tratándose de reclusos indígenas, el instructivo se les dará traducido a su lengua.

Como se desprende de lo anterior, nuestra legislación se adapta al instrumento internacional citado, salvo por lo que hace a los reclusos analfabetos y discapacitados, en cuyo caso se les debiera proporcionar la información de manera verbal a los primeros o a través de las ayudas técnicas necesarias, para los segundos, según el tipo de discapacidad de que se trate.

Asimismo, nos parece importante señalar de una manera más detallada en el texto del artículo 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados que en el instructivo que se entregue a los reclusos contenga tanto los beneficios de los que pueden ser sujetos como los requisitos que deben cumplir para tal efecto.

3. Objeto de la iniciativa

Estamos convencidos de que, con la aprobación de esta iniciativa, este honorable Congreso estará coadyuvando al cumplimiento del estado de derecho, a solucionar la grave crisis que enfrenta el sistema penitenciario en México y a garantizar a los procesados y sentenciados analfabetos y discapacitados el respeto a sus derechos humanos.

Plasmar en la ley reglamentaria el debido respeto con carácter de equitativo y no discriminatorio el acceso a los derechos y obligaciones de los analfabetas y discapacitados, no es una dádiva, es una obligación y un derecho plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales suscritos por nuestro país.

El beneficio se extenderá a un alto porcentaje de personas que se encuentran presas en los centros penitenciarios, que por su condición de analfabetas y discapacitados, difícilmente pueden acceder a la información justa y necesaria para hacer valer sus derechos al interior de la cárcel y en el proceso de defensa.

En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

Se entregará a cada interno un instructivo, en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes, los beneficios que para él prevé la leyy el régimen general de vida en la institución. Tratándose de reclusos indígenas, el instructivo se les dará traducido a su lengua. En el caso de que el recluso fuera analfabeto, se le proporcionará dicha información verbalmente. En el caso de que el recluso fuera discapacitado visual o auditivo, se deberá contar con las ayudas técnicas necesarias para proporcionarle la información.

...

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Consúltese http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/penal/pdf/11-516s.pdf

2. Rico, José María,, México, Siglo XXI, 1979, p.9

3. Neuman Elías, ,

4. García Ramírez, Sergio., México,

5. Véase,, OADPRS, Secretaria de Seguridad Pública Federal, México, julio de 2012.

6. Según el principio de intervención mínima, el Derecho Penal debe tener carácter de última ratio por parte del Estado para la protección de los bienes jurídicos y sólo para los más importantes frente a los ataques más graves. El Derecho penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves ( carácter fragmentario del Derecho penal) y sólo cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona ( naturaleza subsidiaria). El dogmático Silva Sánchez afirma que «el Derecho penal que debe cumplir el fin de reducción de la violencia social, ha de asumir también, en su configuración moderna, el fin de reducir la propia violencia punitiva del Estado. Esta reducción tiene lugar por dos maneras: sobre la base del principio utilitarista de la intervención mínima y sobre la base de los principios garantísticos individuales.

7. En materia de seguridad pública se hallan bien establecidas las ventajas de que los condenados por delitos menores relativos a drogas se sometan a tratamientos en lugar de ser internados en la prisión o la cárcel. Un sondeo efectuado en 2004 por la Universidad de Connecticut indica que existe un fuerte apoyo público hacia este tipo de políticas razonables. El 89 por ciento de los residentes del estado estuvo a favor de que, a fi n de reducir la sobrepoblación en las prisiones estatales, se brinde tratamiento a los condenados por delitos no violentos que padecen enfermedades psicológicas o psiquiátricas, en vez de recluírselos.

8. Al respecto, es importante señalar que existen investigaciones y estudios que señalan que las medidas punitivas y el aumento de las sanciones generan consecuencias menos constructivas y más lesivas para los condenados por delitos menores, así como para sus familias, comunidades y, en última instancia, para las víctimas del acto ilícito penal.

9. VéaseCentro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), Cámara de Diputados, LXI Legislatura, México, 2009, página 63.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputados:  Alicia Concepción Ricalde Magaña, Ricardo Villarreal García, Carlos Fernando Angulo Parra, Ricardo Anaya Cortés, María Celia Urciel Castañeda, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Margarita Saldaña Hernández, Germán Pacheco Díaz, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marcos Aguilar Vega, Eufrosina Cruz Mendoza, Joaquina Navarrete Contreras, Verónica Sada Pérez, Tania Margarita Morgan Navarrete, René Ricardo Fujiwara Montelongo, José Alfredo Botello Montes, Erick Marte Rivera Villanueva, Alfredo Zamora García, Claudia Elena Águila Torres, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Víctor Manuel Manriquez González, Arturo Cruz Ramírez, Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Leticia Sosa Govea, Leslie Pantoja Hernández, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Carmen Lucía Pérez Camarena, Karina Labastida Sotelo, Marcelo de Jesús Torres Cufiño, Martha Berenice Álvarez Tovar, Alberto Díaz Trujillo, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Glafiro Salinas Mendiola, José Enrique Reina Lizárraga, María Teresa Jiménez Esquivel, Ricardo Villarreal García, Blanca Jiménez Castillo, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Raudel López López, Rubén Camarillo Ortega, José Guadalupe García Ramírez, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Consuelo Argüelles Loya, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Enrique Alejandro Flores Flores, Leticia López Landero, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Humberto Armando Prieto Herrera, Lázara Nelly González Aguilar, Jorge Rosiñol Abreu, Fernando Rodríguez Doval, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Jesús Aquino Calvo, Leonor Romero Sevilla, Esther Quintana Salinas (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

Voy a pedir que se abra el sonido en la curul en que se encuentra la diputada Elizabeth Vargas, y después en donde está la diputada Verónica Sada.

La diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Quiero pedirle a la diputada Ricalde, si me permite, quisiera adherirme a su iniciativa, y todas las mujeres del Grupo Parlamentario del PAN, porque creo o creemos que se deben respetar tanto las obligaciones como los derechos de los internos en los penales nacionales, y principalmente apoyar a las personas que por su analfabetismo o lenguaje o por sus capacidades limitadas o diferentes, no se les da la oportunidad de conocerlos.

De todas y de todos es conocido que no existe la atención adecuada por las autoridades correspondientes, y todo el grupo, me acaban de informar que todo el grupo se adhiere. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Diputada Verónica Sada, ¿es para lo mismo?

La diputada Verónica Sada Pérez(desde la curul): Sí, era para lo mismo, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. La iniciativa queda en manos de la Secretaría para que puedan pasar a suscribirla quienes así lo deseen. Ya ha sido turnada a la Comisión de Seguridad Pública.

Tiene la palabra ahora, por cinco minutos, el diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. No veo al diputado Diez Francos.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud.

El diputado Omar Antonio Borboa Becerra:Con su venia, presidente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, en el mundo hay alrededor de un millón de personas con sobrepeso y 300 millones de obesos; en México, el 70 por ciento de los adultos y cerca de 4.5 millones de niños, entre 5 y 11 años, padecen de sobrepeso; en el mundo solo lo supera en obesidad Estados Unidos de América.

Ante estas cifras, cabe preguntarnos, ¿qué está provocando en nuestro país la epidemia de sobrepeso y obesidad? Vayamos a las evidencias científicas.

Diversos científicos han elaborado, y prestigiados centros de investigación en todo el mundo, han demostrado que el vínculo del consumo regular de refresco con el sobrepeso, la obesidad y la diabetes y el síndrome metabólico, es producto de tanto consumo de refresco que tiene nuestro país. Dichos estudios concluyen que entre mayor sea el consumo de refresco y de bebidas azucaradas, es mayor el aumento de peso y mayor el aumento de riesgo para presentar diabetes tipo 2, y por ello tiene que ver con los problemas de sobrepeso y obesidad en nuestro país. Pero resulta que el consumo de las bebidas en México es la principal fuente de calorías, cerca de la cuarta parte proviene de estas bebidas.

La Secretaría de Salud ha señalado que el alto consumo de energía a través de las bebidas es una causa principal del sobrepeso y la obesidad. La información disponible nos indica que México se ha convertido en el mayor consumidor de refrescos en el mundo, rebasando a Estados Unidos de América, quien consume al año un promedio de 163 litros de refresco anuales, lo cual el 75 por ciento son de refrescos de cola.

Pero aún es más preocupante que —según el Instituto Nacional de Salud Pública— se observa que en un periodo de 7 años, de 99 a 2006, el incremento de consumo de refrescos y bebidas azucaradas entre los adolescentes aumentó más de 100 por ciento, mientras que el consumo entre las mujeres aumentó hasta un 300 por ciento.

Por otro lado, el Centro de Investigación y Nutrición de la Salud del Instituto Nacional de Salud Pública advirtió que la ingesta creciente de refrescos aumentó las causas de diabetes, obesidad temprana entre los niños, jóvenes, por ser bebidas elaboradas con sacarosa, glucosa o fructosa, que afectan el páncreas y fácilmente llegan al flujo sanguíneo a integrarse en los tejidos y convertirse en grasa.

En este caso, los refrescos de cola no tienen ningún valor nutritivo, no contienen vitaminas, no contienen proteínas, no contienen minerales, pero lo que sí tienen es un gran contenido de endulzantes y aditivos, como conservadores y como colorantes.

El gas que se usa en los refrescos es ácido fosfórico, el cual es un elemento sumamente eficaz para acabar con el calcio de la dentadura y de los huesos; los refrescos de cola son los más ácidos, pero los demás de diferentes sabores no quedan excluidos y también provocan el daño de la desmineralización y eso impide la adecuada absorción de calcio en el organismo.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, legisladores, sabemos que el consumo excesivo de los refrescos entre la población no es único factor que está generando los problemas de sobrepeso y obesidad, pero también sabemos que debemos tomar medidas urgentes para contrarrestar éste y todos los problemas u omisiones presentados para lograr una mejor salud en la nutrición en nuestro país; debemos emprender diversas acciones que refuercen las que se están llevando a cabo para disminuir los problemas de sobrepeso en la población y en las enfermedades asociadas.

Esta iniciativa lo que busca es influir positivamente reformando la Ley General de Salud, a efecto de que se cumpla con la normatividad establecida; por ello, con esta iniciativa propongo y pongo a su consideración, se busca reforzar la ley, que se establezcan los etiquetados adecuados para estos productos, que adviertan al consumidor sobre riesgos de consumo habitual.

El consumidor tiene que contar con la información real de con qué está hecho este producto —y completa—, para que tome sus decisiones de manera informada y evite así el consumo excesivo de las bebidas que dañen la salud; por ello, contribuirá a prevenir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes.

Los refrescos de cola y los endulzantes siempre lo consumen ya niños de un año —antes del biberón—, ya están tomando ese tipo de refrescos de cola.

Lo que queremos mostrarles es que si ven un refresco de cola de cualquier embotelladora van a darse cuenta que solo dice: endulzantes, 35 por ciento, más no dice qué tipo de endulzantes; hay endulzantes que no son naturales, hay otros que se da a través de la glucosa cuando hacen el aceite de maíz y eso provoca la pérdida de la memoria, provoca también la diabetes.

La diabetes es el número uno de los problemas de muerte que tenemos en México y somos el número uno de los países que toman refresco también; entonces, sí tienen mucho que ver esas cosas.

Lo único que pedimos es, así como en los cigarros se previene que el que fume puede tener algún problema, puede causar la muerte, en el mismo sentido lo tienen los refrescos. Por su atención, muchas gracias; es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe,  Omar Antonio Borboa Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 212 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública y el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el mundo hay alrededor de mil millones de personas con sobrepeso y 300 millones de obesos. En México, 70 por ciento de los adultos y cerca de 4.5 millones de niños entre 5 y 11 años padecen sobrepeso. En el mundo sólo nos superan en obesidad a Estados Unidos, y por muy pocos puntos porcentuales. El tercer lugar lo ocupa Gran Bretaña.

Diversos estudios científicos elaborados en los más prestigiados centros de investigación de todo el mundo han demostrado el vínculo del consumo regular de refrescos con el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico.

Por ejemplo, en la Universidad de California se ha documentado el impacto del consumo de bebidas azucaradas en el desarrollo del síndrome metabólico el cual incluye hipertensión, hipertrigliceridemia, hiperlicemia, hígado graso o resistencia a la insulina.

En otro estudio realizado se analizaron datos de 91 mil 249 mujeres, durante 8 años. Los autores concluyen que entre mayor sea el consumo de refrescos y bebidas azucaradas, mayor es el aumento de peso y mayor es el aumento de riesgo a presentar diabetes tipo 2.

Por otro lado, el Centro de Investigación de la Obesidad Infantil de la Penn State University siguió el desarrollo de 170 niñas de los 5 a los 15 años, registrando su consumo de leche, jugos de fruta y refrescos. Encontró que a medida que crecían, en promedio, bajaba el consumo de leche y jugos de fruta y aumentaba el de refresco. Las principales conclusiones del estudio fueron a) las niñas que bebían refresco a los 5 años tuvieron mayor incremento de peso a lo largo de los diez años que duró el estudio; y b) el aumento de peso estaba directamente relacionado con las cantidades de veces que bebían refresco al día.

Investigadores de las Escuelas de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Harvard y del Instituto Alemán de Nutrición Humana revisaron la evidencia científica desde 1966 hasta 2005 acerca de la asociación entre ingesta de bebidas azucaradas y ganancia de peso en la población. La conclusión fue que cuanto mayor ingesta de bebidas azucaradas, mayor asociación con el incremento de peso y obesidad y que existe suficiente evidencia para que se desaliente el consumo de bebidas azucaradas como parte de las estrategias de salud pública.

En el caso de México, el consumo de bebidas es la principal fuente de calorías, cerca de una cuarta parte provienen de las bebidas. La Secretaría de Salud ha señalado que el alto consumo de energía a través de las bebidas es una de las causas principales de la epidemia de sobrepeso y obesidad.

México se ha convertido en el mayor consumidor de refrescos en el mundo, rebasando a Estados Unidos. Un mexicano consume cada año, en promedio, 163.3 litros de refresco, de los cuales 75 por ciento es de refrescos de cola, mientras que un estadunidense toma 118.1 litros, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Yale. Les siguen los chilenos con 116.2 litros, los brasileños con 89.1, los colombianos con 65.3 y los peruanos con 55.7 litros. Estos datos nos indican que un mexicano consume 27.7 por ciento más refresco que un estadounidense; aún más, la población infantil en el país ya rebasa en sobrepeso y obesidad a la estadunidense.

La población en México gasta más en refresco que en alimentos. Desafortunadamente este fenómeno se presenta en todo el país, pero que es más grave en las zonas rurales, ocasionando además de un severo problema de obesidad y sobrepeso, otro de desnutrición y anemia.

Según el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), bebidas como el refresco aportan 21 por ciento de las calorías que se consumen en todo el día, cuando lo recomendado es que sólo aporten 10 por ciento, lo que explica su contribución a la obesidad. Pero además, el alto consumo de refrescos está ligado también a problemas de desnutrición en zonas rurales y marginadas.

Ante las recomendaciones al gobierno mexicano del relator de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, que se sumaron a las del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de diseñar políticas para combatir la obesidad, entre ellas, disminuir el alto consumo de refrescos, las empresas refresqueras del país niegan que el consumo de estas bebidas haya aumentado en los últimos 20 años y que su consumo tenga una relación directa con la epidemia de sobrepeso y obesidad.

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública se observa que en un periodo de solamente 7 años (1999-2006) el incremento en el consumo de refresco y bebidas azucaradas entre los adolescentes aumentó más de 100 por ciento, mientras que el consumo entre mujeres se incremento hasta en un 300 por ciento. Ello derriba las aseveraciones de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas de que el consumo de refrescos no ha aumentado significativamente en los últimos 20 años.

Todas las evidencias indican que el consumo de refresco y la obesidad, están relacionados. “El Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, advirtió que la ingesta creciente de refrescos aumentó los casos de diabetes y obesidad temprana entre niños y jóvenes por ser bebidas elaboradas con sacarosa, glucosa y fructosa, que afectan el páncreas y que fácilmente llegan al flujo sanguíneo para integrarse a los tejidos y convertirse en grasa”.

En el caso de los refrescos de cola no tienen ningún valor nutritivo, no contienen vitaminas, proteínas ni minerales, pero sí gran contenido de endulzantes y aditivos como conservadores y colorantes. Según la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor (Amedec), el consumo de los refrescos de cola “constituye la más grave distorsión de nuestros hábitos de alimentación”.

El menor de los daños resulta en la enorme cantidad de azúcar que contienen los refrescos normales, que principalmente se refleja en el alto número de calorías que tiene una lata de refresco de cola, dando como posible consecuencia sobrepeso e incluso problemas de obesidad, además de las caries que pueden provocar.

Respecto a los refrescos de dieta, ciertos estudios señalan que el consumo de sustitutos de azúcar o azúcar sintética en grandes cantidades, provoca daños cerebrales, pérdida de memoria y confusión mental, según la Amedec.

El gas que usan en los refrescos es el ácido fosfórico, el cual es un elemento sumamente eficaz para acabar con el calcio de la dentadura y los huesos. Los refrescos de cola son los más ácidos, pero los demás de diferentes sabores no quedan excluidos y también provocan el daño de desmineralización, lo que impide una adecuada absorción de calcio en el organismo. Además, la combinación de este ácido con azúcar y fructuosa afecta la absorción de hierro, pudiendo provocar anemia y más riesgos a contraer infecciones, principalmente en niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Otro gas que contienen los refrescos es el gas carbónico, el cual puede irritar la mucosa gástrica y provocar adicción psicológica.

La cafeína que contienen los refrescos de cola es una sustancia potencialmente adictiva, la cual, cuando se consume en cantidades moderadas (20 mg/día), es un estimulante del sistema nervioso que produce sensaciones agradables, pero si se ingiere en cantidades elevadas (400 a 600 mg) puede provocar insomnio, taquicardia, dolores de cabeza y hasta ataques de ansiedad.

Sin importar la marca del refresco de cola, para darle el color característico, se usa el aditivo E-150, el cual puede producir deficiencia de vitamina B6, anemia, depresión y confusión, además de provocar hiperactividad y disminución en los niveles de glucosa en sangre.

Compañeras y compañeros legisladores: las evidencias demuestran que las enfermedades asociadas a la epidemia de obesidad se están presentando en edades más tempranas, lo que pone en peligro la salud de la población. Por ello, a través de la presente iniciativa, se busca incorporar en la ley las disposiciones que faciliten a la población los elementos suficientes para que elijan las bebidas no alcohólicas más saludables, que conozcan antes de consumirlas su composición real, su verdadera información nutrimental. El etiquetado de estas bebidas debe incluirse sin modificarse, y contribuir a que los consumidores tomen decisiones correctas en cuanto a su nutrición.

Es necesario hacer reflexionar a los consumidores sobre las consecuencias del consumo excesivo de las bebidas saborizadas no alcohólicas o refrescos, lo cual se encuentra debidamente documentado por estudios e investigaciones serias, realizadas por instituciones e investigadores nacionales e internacionales.

Para disminuir los problemas de obesidad y sobrepeso de la población y las enfermedades asociadas, las autoridades han instaurado diversas medidas y acciones; pero ello ha resultado insuficiente; se requiere hacer más. Por ello, con esta iniciativa se busca reforzar la ley en la materia para contribuir a que la población tome sus decisiones de manera informada, y evite así el consumo excesivo de bebidas que dañan su salud. Con ello se contribuiría a prevenir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, entre otras enfermedades.

Compañeras y compañeros legisladores: no olvidemos que la salud es un bien de gran valía y un motor para el desarrollo de cualquier país. Por ello que su protección debe ser promovida, garantizada y plasmada en las legislaciones de todo el mundo.

Con base en lo expuesto se somete a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se reforma el segundo párrafo del artículo 212 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 212....

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, información sobre su composición y tipo de endulzantes y aditivos reales, y tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población y, en su caso, se pueda consumir el volumen adecuado y que no constituya un factor condicionante o predisponente o, un riesgo para la salud nutricional.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrara en vigor a los 90 días posteriores al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Fructose: metabolic, hedonic, and societal parallels with ethanol, Lustig R. J Am Diet Assoc. 2010;110:1307-1321. Consultado en http://www.insp.mx/noticias/nutricion-y-salud/2293-comprueban-asociacion-entre- consumo-de-refresco-obesidad-y-diabetes.html

2 Sugar-sweetened beverages, weight gain, and incidence of type 2 diabetes in young middle-aged women, Schulze MB, Manson J, Ludwig DS, Colditz GA, Stampfer MJ, Willett WC y Hu FB. JAMA 2004;292:927-934.

3 Beverage intake of girls at age 5 y predicts adiposity and weight status in childhood and adolescence, Laura M Fiorito, Michele Marini, Lori A Francis, Helen Smiciklas-Wright, y Leann L Birch. Am J Clin Nutr 2009; 90:935-42.

4 Intake of sugar-sweetened beverages and weight gain: a systematic review, Vasanti S Malik, Matthias B Schulze, y Frank B Hu. Am J Clin Nutr 2006; 84:274-88.

5 Boletín del 2 de enero de 2012, en http://www.insp.mx/noticias/nutricion-y-salud/2146-aumentan-casos-de-diabetes-y -obesidad-en-ninospor-ingesta-de-refrescos.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputados: Omar Antonio Borboa Becerra, Consuelo Argüelles Loya, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Humberto Armando Prieto Herrera, Leticia López Landero, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Juan Carlos Muñoz Márquez, Jorge Rosiñol Abreu, Juan Jesús Aquino Calvo, Margarita Saldaña Hernández, Rafael Acosta Croda, Leonor Romero Sevilla, Ricardo Villarreal García, Verónica Carreón Cervantes  (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Salud, para dictamen.

Saludo y les doy la bienvenida a la Cámara de Diputados a un grupo de alumnos provenientes de distintas comunidades indígenas del estado de Oaxaca, que están invitados por la diputada Eufrosina Cruz. Bienvenidos a la sesión.

Saludamos a un grupo de alumnos de la Escuela Libre de Derecho, de Culiacán, Sinaloa, que están invitados por el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos.

Les damos la bienvenida a un grupo de ciudadanos del estado de Hidalgo, que vienen invitados por la diputada Mirna Hernández Morales.

También a los integrantes de la compañía de teatro Pedal y Fibra, de Irapuato, Guanajuato, que están invitados por el diputado Alejandro Rangel.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Presidente diputado José González Morfín: Finalmente, en el capítulo de iniciativas, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El diputado Juan Manuel Diez Francos:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, lo que les voy a exponer a continuación causará tanta polémica, como una intervención del diputado Monreal; señores legisladores, vengo a proponer que muchos de ustedes paguen un nuevo impuesto y quisiera comentarles porqué.

Para acudir a las actividades como legislador, decidí alojarme en un hotel frente a la Alameda de esta Ciudad, y para distraerme salgo en las noches a recorrer las calles peatonales del centro histórico; es vergonzoso y de dar pena observar tantos chicles pegados en sus banquetas y calles.

Soy jarocho y tuve el honor de servir como alcalde a mi ciudad natal, y uno de los logros fue remodelar los parques con un mosaico de recinto del Pico de Orizaba.

A los pocos días de haber concluido las obras encontramos numerosos chicles pegados en todos los lugares y por lo mismo, se procedió a quitarlos, representando un gran costo para las arcas municipales y al poco tiempo volvieron a aparecer en forma significativa.

En diversos foros hemos escuchado la demanda: quien contamine, que pague. Es el caso del tema de la goma de mascar, comúnmente conocida como chicle; es frecuente observar cómo la mayoría de la población, al terminar de masticar lo escupen o lo pegan donde sea.

Esta problemática es general; es decir, no sucede solo en nuestro país, sino es a nivel mundial.

Por ello, existe una tendencia de aplicarle un impuesto especial a la goma de mascar o chicle, buscando en todo momento el beneficio social que recibirán aquellos que no lo consumen y que sin embargo, lo padecen, por la contaminación ambiental y visual, trayendo como consecuencia, incluso problemas a la salud, además del impacto a las finanzas públicas de los gobiernos estatales y municipales, que requieren destinar más recursos de infraestructura para retirar estos chicles.

Con lo recaudado se logrará disminuir la contaminación hasta alcanzar una tasa cero; es decir, que el gobierno y el dinero de los ciudadanos no tengan la necesidad de gastar en despegar los chicles.

Como información general les comento: en Inglaterra, con motivo de la contaminación, se gastan más de 7 millones de euros para limpiar las calles y banquetas; otro ejemplo es España, los costos de la remoción de los chicles son elevados, les cuesta —en promedio— 30 centavos de euro. Solo por comentar, que en el paseo de Málaga se han llegado a contabilizar, en una semana, 48 mil chicles.

En Singapur está prohibido el chicle; en China existe la tendencia de considerar al chicle como ilegal, porque se han contabilizado también 600 mil chicles pegados en la plaza de Tiananmen.

En México, el costo de despegar un chicle es de 2.50 pesos cada uno. Según la empresa Kraft Foods, México es el segundo país consumidor de chicles a nivel mundial. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que en México se producen más de 92 mil toneladas de chicles anuales, con un valor de mercado de poco más de 420 millones de dólares anuales.

Es por ello la iniciativa de un impuesto especial a la producción y servicios, un impuesto simple, que no tengamos que andar correteando a los ciudadanos que tiran el chicle y que los mexicanos somos muy hábiles para escupirlo o tirarlo para el lado derecho, cuando el policía viene de lado izquierdo.

Señores, creo que es conveniente y sé que esto se resuelve con educación, pero mientras no se resuelva con educción necesitamos ponerle un freno a esto y que no le cueste a los ciudadanos. A partir de este momento será chamba de la Comisión de Hacienda el análisis de esta propuesta, de la cual no tenemos duda de que actuarán con responsabilidad. Gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Juan Manuel Diez Francos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan el inciso G) a la fracción I del artículo 2, la fracción XVIII al artículo 3, un párrafo cuarto del artículo 7, recorriéndose los subsecuentes, la fracción IV al artículo 28, la fracción XXIII al artículo 19, y se reforman el inciso A) de la fracción II del artículo 2, el primer párrafo del artículo 5-A, el artículo 10, el párrafo segundo del artículo 11, las fracciones I, VIII, y XI del artículo 19,  todos de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Diversos analistas fiscales han señalado que el fundamento para el uso de instrumentos fiscales con fines ambientales “es que resulta mejor trabajar con el sistema de precios que contra él.” En este sentido el departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, respecto a las tributaciones ambientales ha manifestado que es recomendable una intervención gubernamental, mediante un impuesto que grave la contaminación, armonice mejor los costos y los beneficios sociales con los precios del mercado.

En diversos foros hemos escuchado la demanda “quien contamine pague”, es el caso del tema de la goma de mascar, comúnmente conocida como “chicle”, es frecuente observar como la mayoría de la población al terminar de masticar lo escupen o lo pegan donde sea, esta problemática es general, es decir, no sólo sucede en nuestro país sino es a nivel mundial, por ello, existe una tendencia de aplicar un impuesto especial a la goma de mascar o chicle, buscando en todo momento el beneficio social que recibirán aquellos que no lo consumen, y que sin embargo padecen a cada paso de la contaminación ambiental y visual, trayendo como consecuencia incluso problemas a la salud por consentir a aquellos que se la llevan masticando el chicles y arrojándolos por donde van pasando, además del impacto en las finanzas publicas de los gobiernos estatales y municipales, que requieren destinar recursos en infraestructura para retirar los chicles pegados y además de incrementar su gasto en materia de salud, con motivo de las infecciones.

Por tal motivo, se requiere de una política en donde el enfoque de la tasa retributiva por contaminación este destinada a quienes contaminan con sus chicles, pagarán impuestos equivalentes al valor del daño social que ocasionan al ambiente y a la salud, además de ello, es preciso agregar el gasto anual que representa despegar los chicles, más la inversión en máquinas que requiere el gobierno para su remoción. Con lo recaudado se lograra disminuir la contaminación hasta alcanzar una tasa cero, es decir, que el gobierno ya no tenga la necesidad de gastar en mano de obra ni en máquinas para despegar chicles, por lo que la tasa impositiva al chicle se convertirá en cero.

Para obtener este resultado será necesaria la participación de todos aquellos que consumen los chicles, ya que motivados por el costo que representara la goma de mascar y el beneficio de no pagar este impuesto, serán los que determinen el futuro de este impuesto ambiental. Además de este resultado, se obtendrá por parte de los ciudadanos una mejor cultura ambiental.

Durante décadas hemos escuchado diversas propuestas de manera incoherentes para solucionar este problema, las cuales van desde sugerir que se traguen el chicle hasta amedrentar a los ciudadanos con aplicar multas aun sabiendo que es difícil detectar a los infractores, debió a la rapidez con que escupen el chicle.

En Inglaterra, con motivo de la contaminación por concepto de la goma de mascar, se destinan alrededor de 7 millones de euros cada año, para limpiar sus calles y plazas, al grado de contemplar asignar uno o dos céntimos el precio de cada paquete de chicles, con el objetivo de recaudar fondos para solventar el alto costo que representa para el Estado. Aunque es preciso mencionar que productores de goma de mascar (compañías norteamericanas) destinan alrededor de 1 millón de euros anuales, para el programa de limpieza, a pesar de ello, algunas ciudades británicas han decidido aplicar un impuesto discrecional, como ejemplo tenernos la ciudad de Liverpool, que grava cada paquete de chicles.

Otro ejemplo es España, en donde los costos de la remoción de los chicles son elevados, en Zaragoza es de 0.11 euros por chicle, en Murcia, les cuesta en promedio 0.30 euros, en el paseo del parque de Málaga se han llegado a contabilizar en un solo fin de semana 48,000 chicles pegados, mientras en Zaragoza sólo en el centro 2 mil 100 chicles. En China existe la tendencia de considerar al chicle como ilegal porque se han contabilizado 600 mil chicles pegados en la plaza de Tiananmen. En Irlanda se está considerando un impuesto sobre los chicles para financiar el costo de quitarlos de las aceras, el gobierno de aquella nación ha propuesto un impuesto del 10 por ciento, lo cual equivale a cinco céntimos de euro por paquete, con ello, pretenden recaudar entre 4.9 y 6.2 millones de dólares anuales. En 1992, en Singapur se prohibió el consumo y venta de chicles por causar inconvenientes a quienes usaban el transporte público.

En la ciudad de México el costo de despegar un chicle es de 2 pesos 50 centavos, por cada chicle pegado, mientras que un chicle el más económico, su precio es de 50 centavos, por lo que, resulta ser un gasto oneroso para los gobiernos, ya que hoy en día, se requieren de mayores recursos para destinarlos a gastos e inversiones que apoyen la seguridad alimentaria, infraestructura y fortalecimiento del campo. El costo diario para el retiro de las gomas de mascar es de alrededor de 2 mil 800 pesos, esta cifra solo representa lo de un día para limpiar el Centro Histórico del Distrito Federal, es decir, no incluye a las demás plazas de la ciudad ni centros y plazas de las diversas entidades federativas.

El gobierno de la capital del país invierte 50 mil dólares en 10 máquinas especializadas a eliminar los chicles pegados en las calles, aceras, plazas del centro histórico, esculturas, arboles y otros lugares, han manifestado las autoridades que sean contabilizado alrededor de 70 chicles pegados por metro cuadrado, y 700 chicles despegados por día, lo que representan un foco de infección que debe ser erradicado de manera urgente. El costo de cada máquina según datos del propio gobierno del Distrito Federal, es de 6 mil dólares cada una. Mientras tanto Luis Wertman Zaslav, Presidente del Consejo Ciudadano del D.F., asegura que sumando el gasto del personal, las máquinas y químicos especiales, por el retiro de cada goma de mascar puede alcanzar un costo de 9 pesos.

Según la empresa Kraft Foods, México es el segundo país consumidor de chicles a nivel mundial, en este sentido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que en México se producen más de 92 mil toneladas de chicles anuales con un valor de mercado de poco más de 420 millones de dólares anuales, por lo que el consumo promedio del mexicano es de los más altos en el mundo, sólo después de Estados Unidos. La goma de mascar es una de las golosinas favoritas de los mexicanos, consumiendo anualmente 1.8 kilogramos per cápita de chicles. Diversos analistas, han manifestado que dentro de la categoría de dulces, el chicle, es el que tiene perspectivas mayores de crecimiento para los próximos años. El Inegi también, expreso que los mexicanos consumen en promedio 2.5 pastillas de goma de mascar diariamente, y al menos tres de cada 10 personas compra chicles una vez al día, siendo por la tarde donde registra el mayor consumo (73 por ciento).

El problema se agrava, ya que diversas autoridades y especialistas en materia de salud, señalan que los chicles pegados contienen más de 50 mil gérmenes transmisores de enfermedades; en razón de que su proceso de degradación es de más de un año para él de base sintética y de 6 meses para él de base biodegradable. Marco Uresti Maldonado, investigador de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, expresa que el chicle es un polímero o plástico de bajo peso molecular cuyas cadenas se rompen fácilmente por el efecto de la luz solar y el medio ambiente. Este tarda de cuatro a cinco años en desaparecer.

Por lo expresado, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados el presente proyecto de

Decreto, por el que se adicionan el inciso G), a la fracción I del artículo 2, la fracción XVIII al artículo 3, un párrafo cuarto del artículo 7, recorriéndose los subsecuentes, la fracción IV al artículo 28, la fracción XXIII al artículo 19, y se reforman el inciso A) de la fracción II del artículo 2, el primer párrafo del artículo 5-A, el artículo 10, el párrafo segundo del artículo 11, las fracciones I, VIII, y XI del artículo 19, todos de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios

Artículo Único: Se adicionan el inciso G), a la fracción I del artículo 2, la fracción XVIII al artículo 3, un párrafo cuarto del artículo 7, recorriéndose los subsecuentes, la fracción IV al artículo 28, la fracción XXIII al artículo 19, y se reforman el inciso A) de la fracción II del artículo 2, el primer párrafo del artículo 5-A, el artículo 10, el párrafo segundo del artículo 11, las fracciones I, VIII, y XI del artículo 19,  todos de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios  todos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Artículo 2. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A) a F) ...

G) Goma de mascar o chicle. 50 por ciento.

Adicionalmente a la tasa establecida se pagará una cuota de 15 centávos por goma de mascar o chicle enajenado o importado. Para los efectos de esta ley se considera que el peso de una goma de mascar o chicle a 1.7 gramos incluyendo el peso de otras sustancias con que esté mezclado.

II. En la prestación de los siguientes servicios:

A)Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de la enajenación de los bienes señalados en los incisos A), B), C), F) y G) de la fracción I de este artículo. En estos casos, la tasa aplicable será la que le corresponda a la enajenación en territorio nacional del bien de que se trate en los términos que para tal efecto dispone esta Ley. No se pagará el impuesto cuando los servicios a que se refiere este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de bienes por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los términos del artículo 8o. de la misma.

Articulo 3. Para efectos de esta ley se entiende por:

I. a XVII. ...

XVIII. Goma de mascar o chicle: Los preparados o elaborados con una base masticable plástica e insoluble en agua, natural o sintética, azúcar y/o azúcares y otros ingredientes y o aditivos autorizados, por las autoridades correspondientes, o normas oficiales.

Articulo 5-A. Los fabricantes, productores, envasadores o importadores, que a través de comisionistas, mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores, enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) y G) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, estarán obligados a retener el impuesto sobre la contraprestación que a éstos correspondan y enterarlo mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 5o. de esta Ley. Cuando las contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por las que se pague este impuesto, no se efectuará la retención y no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas actividades.

Articulo 7. ...

...

...

Igualmente, se considera enajenación de los bienes a que hace referencia el inciso G) de la fracción I del artículo 2 de esta Ley, el retiro del lugar en el que se fabricaron o, en su caso, del almacén del contribuyente, cuando los mismos no se destinen a su comercialización y se encuentren empaquetados cualquiera que sea su presentación. En este caso, el impuesto se pagará a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que sean retirados los bienes de los citados lugares, considerando como contraprestación el precio promedio de venta al detallista.

...

Artículo 10. En la enajenación de los bienes a que se refiere esta ley, el impuesto se causa en el momento en el que se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de lo cobrado. Cuando las contraprestaciones se cobren parcialmente, el impuesto se calculará aplicando a la parte de la contraprestación efectivamente percibida, la tasa que corresponda en términos del artículo 2o. de esta Ley. Por las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, el impuesto se calculará por los litros que hayan sido pagados con el monto de las contraprestaciones efectivamente percibidas. Tratándose de la cuota por enajenación de cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad de cigarros efectivamente cobrados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos efectivamente cobrados. Respecto a la cuota por enajenación de goma de mascar o chicle a que se refiere el párrafo del inciso G) de la fracción I del artículo 2 de esta Ley, se considerará la cantidad de gramas de goma de mascar o chicle efectivamente cobrados.

Articulo 11. ...

Los productores o importadores de cigarros, para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes en territorio nacional, considerarán como valor de los mismos el precio de venta al detallista. Los fabricantes, productores o importadores de puros y otros tabacos labrados, para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes en territorio nacional, considerarán como valor de los mismos la contraprestación pactada. Tratándose de la enajenación de los combustibles a que se refieren los incisos D) y E) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los productores o importadores, para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes, considerarán como valor el precio a que se refiere la fracción I del artículo 2o.-A de esta Ley. En lo referente a la goma de mascar o chicle, los fabricantes, productores o importadores para calcular el impuesto por la enajenación de esos bienes en territorio nacional, considerarán como valor de los mismos el precio de venta al detallista, y en los casos de no existir venta al detallista, será la contraprestación pactada.

Articulo 19. Los contribuyentes a que se refiere esta Ley tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes:

Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme a este último la separación de las operaciones, desglosadas por tasas. Asimismo, se deberán identificar las operaciones en las que se pague el impuesto mediante la aplicación de las cuotas previstas en los artículos 2, fracción I, inciso C), segundo y tercer párrafos, párrafo del inciso G), y 2o.-C de esta ley.

II. a VII. ...

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) y G) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información sobre sus 50 principales clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes. Tratándose de contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta obligación de manera semestral, en los meses de enero y julio de cada año.

...

...

XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) y G) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, deberán estar inscritos en el padrón de importadores y exportadores sectorial, según sea el caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

X. a XXII. ...

XXIII. Los fabricantes, productores e importadores de goma de mascar o chicle, deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con su declaración del mes, el precio de enajenación de cada producto y el valor y volumen de los mismos; así como especificar el peso total de goma de mascar o chicle enajenados o, en su caso, la cantidad total de goma de mascar o chicle individual enajenados. Esta información se deberá proporcionar por cada una de las marcas que produzca o importe el contribuyente.

Asimismo, deberán imprimir en cada una de las cajas o envolturas para su venta en México, el código de seguridad que reúna las características que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En dichas reglas se establecerán los mecanismos o sistemas que se utilizarán para imprimir en cada caja o envoltura el código de seguridad correspondiente. Los contribuyentes señalados en esta fracción deberán poner a disposición de las autoridades fiscales la información, documentación o dispositivos necesarios, que se establezcan en las reglas de carácter general, que permitan constatar que la impresión del código de seguridad en cada una de las cajas o envolturas producidos o importados, se está llevando a cabo de conformidad con lo dispuesto por las propias reglas de carácter general.

Artículo 28. Los estados que no se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participaran de la recaudación atribuible a sus respectivos territorios, conforme a las siguientes bases:

...

a) a c) ...

II....

a) a b). ...

III....

a) a c) ...

IV. Del importe recaudado sobre goma de mascar o chicle:

a) 2 por ciento a las entidades federativas

b) 6 por ciento a sus municipios.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efectos los efectos de lo dispuesto por el inciso G), de la fracción I del artículo 2, se estará a lo siguiente: lo recaudado será utilizado por los municipios, entidades federativas y Distrito Federal, para la adquisición de infraestructura especializada para las obras enfocadas a mejorar las condiciones ambientales de las plazas públicas, aceras, calles y demás inmobiliario público que presente goma de mascar o chicle pegado o sea un lugar que pueda considerarse un riesgo para la salud.

Tercero. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público establecerá los lineamientos y plazos con base en los convenios de Coordinación Fiscal, para la transferencia de los recursos que se obtengan de lo recaudado.

Cuarto. Los municipios, entidades federativas y el Distrito Federal, rendirán informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre los montos transferidos y los ejercidos, referentes a lo establecido en el presente decreto, así mismo, a las autoridades competentes en materia de transparencia.

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Diputados: Juan Manuel Diez Francos, Leticia López Landero, Rafael Acosta Croda, Joaquín Caballero Rosiñol, Jorge del Ángel Acosta, Noé Hernández González, Zita Beatriz Pazzi Maza, Gaudencio Hernández Burgos (rúbricas).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Chicle y pega. Muchas gracias, don Juan Manuel, le apreciamos mucho su presencia en esta tribuna. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

VOLUMEN II

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se informa que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que ya hemos cumplido con este importante requisito, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se someta a discusión y a votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia, tiene el uso de la palabra don Alejandro Moreno Cárdenas...

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente, una moción.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Espéreme, señor diputado, no se me alebreste. Mire usted, las mociones suspensivas vienen después de la fundamentación, una vez que el dictamen está a la consideración del pleno, y lo hacemos con un enorme gusto y afecto, que le daremos el uso de la voz.

Don Alejandro Moreno, tiene usted la palabra para la fundamentación del dictamen. Éste ha sido un viejo debate y siempre se ha resuelto; por cierto, con Pablo Gómez como ponente.

Tiene usted el uso de la voz.

El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas:Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que hoy presentamos y planteamos aprobar con las modificaciones sugeridas en materia social e indígena, tiene el objetivo de organizar de mejor manera el gobierno para rendir mejores resultados a los ciudadanos.

Ha sido producto de un intenso y muy responsable trabajo, en el que reconocemos el interés y participación de diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios integrantes de la Comisión de Gobernación y de Seguridad Pública, que aportaron sus puntos de vista y valiosas opiniones en un debate necesario para reformar y analizar todas estas propuestas.

Es una reforma que el Grupo Parlamentario del PRI ha hecho suya, porque reconoce la necesidad de que al inicio de un nuevo gobierno, el próximo primero de diciembre, es indispensable transformar el diseño institucional y administrativo para cumplir con los compromisos de conducir un cambio con rumbo y tener un gobierno y un Estado eficaz.

Entendemos claramente —y así lo hemos manifestado en el seno de las comisiones dictaminadoras— el loable propósito de adecuar el marco de atribuciones de algunas dependencias del aparato administrativo para que el gobierno de la República pueda contar con instrumentos legales y administrativos que le permitan aplicar sus nuevas políticas públicas y gobernar con eficacia.

En función de lo anterior, comprendemos el propósito de lograr una coordinación eficaz al interior del gabinete para tener una administración eficiente y de resultados, en particular en áreas de interés general, como la seguridad pública y fronteriza, el sistema penitenciario y de protección civil, y la promoción y defensa de los derechos humanos. Ello habrá de fortalecer las bases institucionales de la gobernabilidad y la seguridad del país y renovar las fuentes de cohesión y unidad nacional.

En materia social, la iniciativa tiene como fin dar un sentido integral a los esfuerzos de la política social de reducir la pobreza, que lacera y divide al país, y focalizar de manera más eficiente los programas sociales con las personas, como propósito fundamental de acciones, para así prevenir y eliminar la discriminación y fortalecer la inclusión y la cohesión social.

Al respecto, se ha atendido la preocupación de los grupos parlamentarios y organizaciones civiles por la propuesta de sectorización del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, y acordado que ambas entidades conserven su estatus en los términos actuales.

Entendemos también la necesidad urgente de reordenar el desarrollo territorial, urbano y agrario del país, a partir de la creación de una secretaría, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que tendrá como tarea la coordinación con las autoridades estatales y municipales en las políticas de planeación y ordenamiento de los asentamientos humanos, la regularización de la propiedad agraria y la concertación con el sector social, así como la promoción del desarrollo urbano y metropolitano sustentable y el fomento de la vivienda.

Con el fin de lograr un nuevo sistema de control gubernamental se propone crear unidades de auditoría preventiva, lo que implica la desaparición de la actual Secretaría de la Función Pública y la distribución de facultades en distintas estructuras y órganos, principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se trata de instrumentar una concepción moderna y honesta de la administración pública, con suficientes órganos de control y facultades de investigación y sanción, no para la burocratización, sino para la rendición de cuentas y el ejercicio transparente del gobierno.

Finalmente, se propone el ordenamiento legal de la Oficina de la Presidencia de la República como unidad integrante de la administración pública centralizada y una instancia de apoyo técnico y asesoría del titular del Ejecutivo federal en la instrumentación de políticas públicas y otras funciones prioritarias que se le asignen.

Compañeros legisladores, hemos hecho uso de la política para construir acuerdos en torno a esta relevante reforma administrativa. En el marco de la división y el equilibrio de poderes, corresponderá al Congreso de la Unión y a los representantes de la soberanía popular pedir cuentas de la instrumentación de estas reformas y esperar mejores resultados para el beneficio de nuestro país.

El objetivo final de esta reforma debe ser el que le vaya bien a México y a los mexicanos; que tengamos más y mejores empleos; que tengamos más seguridad; que se combata eficazmente la pobreza; que se logre un crecimiento urbano más ordenado con un mejor desarrollo de las zonas rurales del país. Todo ello, con un gobierno más eficaz, transparente y que rinda cuentas.

Eso, compañeros legisladores, es lo que espera el pueblo de México de nosotros. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, don Alejandro.

Honorable asamblea, el artículo 122 del Reglamento permite la interposición de una sola moción suspensiva, una. No se pueden interponer más. Sin embargo, esta Presidencia ha sostenido el criterio de permitir que se presenten varias mociones suspensivas, en tanto haya una sola votación de las mismas.

Luego entonces, tiene el uso de la palabra doña Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo, de tal suerte de presentar la primera de las mociones suspensivas. Esta Presidencia le concede tres minutos.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen aprobado no cumple con los requisitos señalados en las fracciones VI, VII, VIII del artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Las reformas que se proponen a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal debieron haber sido turnadas a las comisiones de Reforma Agraria, Desarrollo Social, Desarrollo Metropolitano, Vivienda y Hacienda y Crédito Público, entre otras.

Pero además este proyecto de reforma, el dictamen, es violatorio de varias disposiciones constitucionales; es decir, es una ley que pretende reformar, a través de este mecanismo, a la propia Constitución; es contrario en lo referente al Ministerio Público, por cuanto vulnera un principio fundamental en todos los países modernos, que es la autonomía del Ministerio Público, y con esta reforma se pretende, por cambio de palabra, se puede decir auxiliar, coordinar —o cambiarla por cualquier sinónimo que se guste modificar este término—, sigue vulnerando el artículo 19 constitucional y el artículo 102 constitucional. Pero además también vulnera el artículo 124 constitucional, por cuanto no se puede coordinar a los ministerios públicos que ejercen sus funciones en las respectivas entidades federativas; es decir, los que se destinan a la persecución de los delitos del fuero común.

También en lo relativo a extradiciones vulnera el artículo 18 y 124 constitucionales, y más grave todavía, en lo relativo a derechos humanos, por cuanto pretende promover y coordinar todas las acciones relativas a la protección de los derechos humanos, haciendo caso omiso de la regulación del artículo 102 constitucional, que establece que es facultad precisamente la promoción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en su caso también de las respectivas entidades federativas a través de las comisiones estatales de derechos humanos.

También vulnera este dictamen y esta propuesta de reforma constitucional en lo relativo a seguridad pública, no solamente el artículo 1o. constitucional, el 29 constitucional y dos disposiciones de dos tratados internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 4o., y el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Para no excederme el tiempo y que el presidente no me regañe, acabo aquí esta relatoría de inconstitucionalidades del proyecto de reforma que se pretende precisamente aprobar. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Ricardo Mejía Berdeja.

Esta Presidencia saluda con todo afecto a Azaél Hernández Cerón, a Gerardo Olmedo, a Adán Solís, a Alejandro Barranco, Gabino Hernández, Érika Rulfo y Julio César Soto, todos presidentes municipales del estado de Hidalgo, invitados por el señor diputado don Erick Marte Rivera Villanueva.

Adelante, Ricardo.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Compañero presidente; compañeros diputados, en los términos del artículo 122 del Reglamento de esta Cámara, venimos a plantear que se suspenda la discusión del dictamen que presentan las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública de esta iniciativa que reforma, adiciona y deroga diferentes disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública; lo hacemos porque consideramos que se trata de un albazo y de un traje a la medida del impuesto.

Se está pretendiendo inaugurar, no solo ya la iniciativa preferente, sino una iniciativa ultra preferente, más expedita, más exprés, más rápida, más autoritaria, sin discusión, sin debate, sin la suficiente asepsia legislativa, con tal desaseo, que ni siquiera se dio vista a las comisiones de Reforma Agraria, Desarrollo Social, Desarrollo Metropolitano y Vivienda, entre otras, que son materia también de la presente iniciativa.

Es tal la prisa, que no se cuidan ni las formas reglamentarias, con tal de quedar bien con quien hizo esta iniciativa. Se utiliza a los grupos parlamentarios del PRI y del Verde como meros recaderos, como meros mensajeros de la oficina de transición de Enrique Peña Nieto.

En el proyecto que circularon el día de ayer, sin ningún pudor, sin ningún recato hacían expreso lo que es de todos sabido, que esta iniciativa se elaboró en la oficina del equipo de transición y así lo decían expresamente, hasta que el diputado Alfonso Durazo hizo alusión en la deliberación en la comisión y ahí lo borraron. Pero es tal la desfachatez y el cinismo con que asumen los dictados del impuesto, que ahora quieren hacerle un traje a la medida.

Nosotros no estamos de acuerdo en que se quiera convertir —como lo pretende el PRI en la lógica más autoritaria— a esta Cámara como una mera oficialía de partes, como una instancia para aprobar al vapor los dictados del nuevo tlatoani; por eso estamos planteando que se regrese el dictamen a las comisiones y que se delibere con intensidad una reforma de esta naturaleza.

Tienen tal prisa por asumir y arrebatar el poder, que ya se les queman las habas y quieren estas reformas. Por eso estamos planteando esta moción suspensiva, en los términos del artículo 122.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de tomarse en cuenta para su discusión las dos mociones suspensivas.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si son de aceptarse a discusión las dos mociones presentadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En este caso, tiene el uso de la palabra don Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, para fijar postura.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal —que hoy discutiremos— abre una oportunidad para refrendar nuestra vocación democrática y republicana.

En Nueva Alianza estamos convencidos que la elección democrática de nuestros gobernantes garantiza estabilidad y legitimidad, máxime cuando se apega al principio de legalidad.

El presidente electo Enrique Peña Nieto, al recibir el respaldo mayoritario del electorado mexicano tiene todo el derecho de proponer el rediseño de los instrumentos legales e institucionales que considere necesarios para hacer realidad su programa de gobierno.

Por eso manifestamos nuestro apoyo al dictamen en discusión, vamos a votar a favor, porque es razonable proporcionar al próximo gobierno las condiciones institucionales que requiere para desarrollar sin menoscabo la gestión gubernamental que la mayoría de los mexicanos le confirió.

Irrestrictamente, como grupo parlamentario, seremos firmes en la evaluación en el desempeño, y asumimos con responsabilidad republicana, en base a nuestro sistema político basado en la división de poderes, reinando un ánimo de colaboración y entendimiento para hacer posible un diálogo entre pares que reporte beneficios al país.

Entre las reformas a la administración pública federal que se proponen resalta el fortalecimiento de la Secretaría de Gobernación.

En los últimos años hemos sido testigos de múltiples exhibiciones de desorden, falta de coordinación y hasta confrontaciones entre las distintas dependencias del gobierno federal. Algunas muy graves, como la actual pugna entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública.

La necesidad de poner orden en el gobierno federal es reconocida por propios y extraños, sobre todo en materia de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, porque es un ámbito que si no atiende de manera responsable y eficiente puede generar zozobra e ingobernabilidad.

En función de ello, nos parece pertinente facultar a la Secretaría de Gobernación para coordinar al gabinete federal.

En este sentido, la propuesta de transferir las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación parece ser una medida que responde a la urgencia de replantear la estrategia de seguridad pública que se ha venido aplicando en los últimos años.

En el Grupo Parlamentario de Nueva alianza estamos convencidos que el desafío de los distintos grupos de la delincuencia organizada no debe enfrentarse privilegiando el uso de la fuerza policiaca, sino con una estrategia integral, que contemple un intenso trabajo de inteligencia; golpear a sus enclaves financieros y sobre todo, un amplio programa de prevención y educación, que reconstruya los valores cívicos de solidaridad social y respeto a la legalidad.

La transferencia de la Policía Federal y el mecanismo de inteligencia denominado Plataforma México a la Secretaría de Gobernación, debe formar parte de una profunda revisión de la estrategia de seguridad pública, que ha dejado más de 60 mil muertos.

Es indispensable que el grave problema de la inseguridad y la delincuencia organizada se enfoquen en una perspectiva política, capaz de convocar a todos los sectores a colaborar en el combate de las causas de inseguridad, asumiendo un uso racional de la fuerza policiaca.

Para lograr estos objetivos es necesario que el nuevo gobierno garantice desarrollo social, empleos, educación de calidad, combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas; por ello también apoyamos los cambios encaminados a fortalecer la política de desarrollo social, establecer órganos de control en cada dependencia pública y ordenar el uso del territorio nacional.

Reconocemos el acuerdo político alcanzado entre todos los partidos políticos para que el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas conserven su naturaleza jurídica actual, como organismos no sectorizados.

Saludamos el consenso, el consenso interno y el consenso externo. Somos convencidos que todo aquello que nace por consenso tiene por ello mismo vocación de permanencia.

Compañeras y compañeros, Nueva  Alianza siempre estará en la disponibilidad y apertura para el diálogo en la construcción de los acuerdos políticos necesarios para el bien de México.

Exigimos desde esta alta tribuna que el fortalecimiento de la Secretaría de Gobernación no derive en el tratamiento autoritario de la seguridad pública interior; que el fortalecimiento a la Secretaría de Desarrollo Social sirva realmente para superar los enfoques asistencialistas de la política social y no derive en una nueva versión de clientelismo.

Concluyo, señor presidente. En resumen, votaremos a favor del dictamen en un acto de responsabilidad republicana, como lo exige la ciudadanía y estaremos pendientes de la buena aplicación de los instrumentos que estamos otorgando al próximo presidente de la República. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, tiene usted el uso de la voz, hasta por cinco minutos.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Con el permiso de la Presidencia. El Partido del Trabajo, a través de un servidor, presentó un voto particular en contra. Estoy convencido que la mayoría de los diputados de la coalición prianista y sus adláteres no lo han leído, porque desgraciadamente no acostumbran leer lo que aquí debatimos.

La intención era ayudar a orientar esta discusión, porque lo que aquí estamos discutiendo no es cualquier cosa, no es un asunto de cortesías, como alguien lo planteó ya más al calor del debate, el propio responsable de dirigir esta coalición, otro de los empleados de quien coordina a los que gobiernan el país, a esa mafia que hemos denunciado, lo dijo con todas sus palabras, no es una reforma cosmética.

¿Por qué lo digo? Porque el diseño de la estructura institucional —que se presenta en el dictamen de la iniciativa que se discute— prefigura la política pública del nuevo gobierno en materia de política interior y seguridad pública.

Con la iniciativa de reforma se atribuye a la Secretaría de Gobernación nuevas funciones. Se dice que para garantizar la seguridad interior del país y la protección de sus habitantes, para lo cual coordinará las tareas policiales, el desarrollo de políticas de prevención del delito, el control del sistema penitenciario y de readaptación social, así como la información sobre seguridad pública y nacional.

En las nuevas atribuciones de la dependencia responsable de la política interior la seguridad interna presenta un tema sustancial para la gobernabilidad. Obviamente en esta coalición de gobierno no hay el entendimiento a una gobernabilidad democrática ni les interesa.

Los que los mandan —los extranjeros que dominan este país— les instruyen, como ahora que van a ir a pedir, ya una vez que ya cumplieron y aprobaron esta reforma, van a ir a pedir permiso ahora si pueden poner a algunos de los que van a sugerir al gabinete. No vaya a ser que los vayan a tener por allá enlistados en la DEA o en estas cosas que hay por allá.

Decía que el enfoque se da a la seguridad, como parte de la gobernabilidad, es el de la criminalización de disturbios o desorden social, a través de la formulación de una supuesta política criminal de prevención al delito y la paz y el orden social, para lo cual se podrá intervenir en cualquier momento contra los disturbios o las acciones que afecten la seguridad interior. Esto es, se establecen bases para operar desde el Poder Ejecutivo federal al estado gendarme.

A partir de políticas de seguridad interna y de políticas contra el crimen se pretende —cito textualmente—: coadyuvar a la prevención del delito, proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgo, y salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública.

Hemos argumentado en comisiones, lo vamos a hacer en el debate particular, cuando menos nueve razones por las cuales no se debería de aprobar esta reforma. Omitieron ampliarle el turno a comisiones, como la de Desarrollo Social, Reforma Agraria, Hacienda, Derechos Humanos, Desarrollo Metropolitano. Obviamente los diputados de esas comisiones ni reclaman, porque aquí nada más vienen a levantar el dedo en lo que les ordenan sus jefes, y eso es contrario a los reglamentos de la Cámara.

Falta —y esto es muy importante— en el debate el impacto presupuestal que este dictamen aprueba, violando los reglamentos. Ya mis compañeros que proponían las mociones; hablan hasta de las violaciones constitucionales a lo que hay referencia.

Invaden funciones en muchas otras leyes y áreas de gobierno. Pero insisto, en el debate en lo particular vamos a insistir en esto.

Quiero decirles que ustedes también tienen otro gran problema, un gran error conceptual al abordar el tema de la tarea de la reconstrucción del tejido social. Esto no es algo que tengan que reconstruir, fíjense ustedes, los mexicanos y las mexicanas están inmersos en valores y principios, que a pesar del alto grado de inseguridad y corrupción día a día luchan por conservar sus relaciones culturales, políticas, laborales o económicas; el tejido social ha resistido el ataque del crimen organizado, el cual ha permeado en la clase política y empresarial de este país.

La tarea, compañeros diputados, debería encaminarse a recuperar la razón de Estado y atender con justicia y equidad a la población mexicana.

Culmino, presidente. Les decía ayer que ojalá entiendan que lo que mal empieza mal acaba —acuérdense de Calderón—, y ahora con el que va a llegar aquí, ojalá tuviera —es difícil— la capacidad de entender que como está empezando, está empezando muy mal, y ustedes, pues ni modo, a cumplir.

No es personal, ya también se los dije. Sabemos que los que mandan denigran la función pública; algunos los apoyan un poquito con sus formas de ser, pero esto algún día va a cambiar gracias al pueblo de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Monreal, tiene usted el uso de la voz, por cinco minutos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadanos legisladores, ciudadano presidente, nuestra labor como legisladores debe ser de análisis cuidadoso de los cambios que impactan a nuestros representados; no entendemos, por tanto, las razones por las que esta reforma se esté discutiendo en tan poco tiempo.

La iniciativa enviada no tiene carácter de preferente, aunque de facto es ultra preferente; como consecuencia, tenemos un dictamen apresurado, un dictamen poco meditado.

Les aseguro —sin ofender a nadie— que una gran mayoría de diputados y diputadas no lo ha leído, se los aseguro. Tienen una noción de lo que se trata o han leído las reseñas de prensa, pero no saben cuál es la profundidad de lo que van a aprobar esta tarde.

Me da mucha tristeza escuchar a diputados que dicen: es que tiene el derecho, el que ganó, para diseñar su estructura institucional.

¿Cómo es posible que afirmen que tenga el derecho, por encima de la división de poderes, conduciéndose como príncipe, conduciéndose como rey o reyezuelo, imponiendo normas para poder gobernar a un país de lacayos? ¿Cómo puede un diputado afirmar que tiene el derecho, como si fuera estrictamente un fin patrimonialista?

Nosotros no aceptamos esa consideración, y déjenme decirles porqué. Son varias modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: la relativa a la supresión de la Secretaría de Seguridad Pública, la Función Pública y la modificación a Reforma Agraria.

Recuerdo a Benjamín Franklin y él decía una frase, que a mí me impactó desde hace muchos años, decía él: El hombre que sustituye la libertad por la seguridad, no merece ni recibirá ninguna de las dos.

Por eso ahora que estamos discutiendo en lo general este dictamen, nos parece que es un despropósito; es incongruente con los intereses, aspiraciones de objetivos nacionales; es gravísimo que el miedo al peligro y la atrofia de las normas pongan a la República entre la espada y la pared.

Cabe hacer mención especial en que la policía está y deberá estar al servicio de la justicia, así como al servicio de la administración general. Este dictamen en comento de ser aprobado generará una crisis política constitucional de seguridad nacional; en nuestra opinión, la pretensión de poner a disposición de un órgano político, como la Secretaría de Gobernación, una tropa de policía provista de arma de fuego y formada en unidades militares en disposición de atacar, puede convertirse en un ejército de guerra civil, que de manera legítima puede combatir sublevaciones o manifestaciones civiles, pero de manera ilegítima también puede ser impuesta para generar problemas internos.

Nuestra tradición interpretada en el Estado es en forma gráfica. Recuerdo a Thomas Hobbes, en el Leviatán, es como exactamente la encarnación —los que han leído a Tomas Hobbes— el Leviatán bíblico, que ustedes lo recordarán muy bien, que al mismo tiempo protege y amenaza a sus ciudadanos, pero hay que domarlo, atarlo con una cadena de derechos fundamentales, y los derechos y garantías contra este Leviatán amenazante, cuando los ciudadanos se levantan en defensa de su libertad, porque el Estado es aquello que reparte —no se les olvide— tanto esperanza como temor, que cuida y castiga, pero también cuya omnipotencia hay que romper y conseguir a través de la ley vigente.

Miren, es tan grave, ciudadano diputado —y solo termino en un minuto, presidente—, porque lamentablemente...

Miren a mí me da mucha tristeza que siempre el tiempo no nos deja ni siquiera debatir. Recuerdo los más grandes debates que mi vida parlamentaria me formó, aquí los escuché —lo sabe María Elena Sánchez Algarín— y era una cosa extraordinaria, aprendías mucho de los debates. Hoy ni siquiera tienes la posibilidad de debatir, son monólogos paralelos.

Pero miren, lo que están aprobando es grave, porque tienen que modificarse, cuando menos antes de la aprobación, 11 ordenamientos jurídicos, los digo rápido: 11, el 21 constitucional, el artículo 73, el 115, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Federal de Armas de Fuego, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Penal Federal, 11 ordenamientos jurídicos que tienen que modificarse antes de aprobar esta ley.

Voy a seguir discutiendo. Por fortuna reservamos, quería agotarlo para no molestarlos más tarde, pero reservamos casi todos los artículos y trataremos de irlo desarrollando y respetándolos a todos.

Pero medítenlo bien. Sé que hay abogados serios y sé que sin ser abogados hay gente con capacidad jurídica que sabe que lo que estoy diciendo, tengo razón. El propio nombre de gendarmería; tiene que modificarse antes el 115 constitucional, y muchos otros que iremos discutiendo.

Presidente, lo felicito por las últimas fechas de su conducción, a pesar que quizás en su partido no lo entiendan. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, ¿qué quiere que le diga?

Doña Mónica García de la Fuente, del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la voz.

La diputada Mónica García de la Fuente:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Partido Verde Ecologista de México, ejerciendo su derecho a impulsar iniciativas de gobierno, presentó la iniciativa que hoy generó el dictamen que estamos discutiendo.

El primero de diciembre próximo dará inicio un nuevo ciclo político y administrativo con el cambio del titular del Poder Ejecutivo de la Unión. El entorno es por demás complejo: pobreza en al menos la mitad de la población, modesto crecimiento económico y por ende, precaria oferta de empleos, y la peor crisis de inseguridad y de violencia que haya vivido nuestro país.

La oferta política del nuevo presidente de México debe ser congruente con el marco administrativo que rige la función de las entidades y las dependencias del gobierno federal. La respuesta a las nuevas exigencias del México actual y del México que viene, debe encontrar origen y sustento en la ley.

En efecto, la materia del dictamen que nos ocupa y que será votado a favor por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, contempla efectos tan relevantes como los siguientes.

Una Secretaría de Gobernación integral, que retoma la conducción de la política de seguridad en nuestro país, lo que hará posible una mejor y mayor coordinación que hoy es indispensable para atender los graves problemas que en materia de seguridad enfrentamos.

Además, la Secretaría de Gobernación —por instrucción del presidente— coordinará las acciones de los secretarios de Estado y titulares de las entidades paraestatales, cuando las políticas y circunstancias administrativas o estratégicas así lo ameriten.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en congruencia con sus facultades de fijar las políticas de gasto y organización administrativa, asume las tareas en materia de vigilancia preventiva del gasto público, así como las de impulsar de manera permanente políticas y prácticas que fortalezcan la eficiencia y calidad de la gestión, con apego a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y honradez de la administración pública federal.

La Secretaría de Desarrollo Social, además de fortalecer sus facultades y sus políticas para el combate a la pobreza, coordinará las políticas enfocadas a la atención y desarrollo pleno de los grupos vulnerables y fomentará sobre todo la participación de la sociedad civil.

Asimismo, conforme al espíritu de esta iniciativa de reorganizar y modernizar la administración pública federal, se transfieren funciones que tenía la Secretaría de Desarrollo Social en materia de asentamientos humanos, desarrollo regional, urbano y vivienda, a la Secretaría de Desarrollo Agrario.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano impulsará, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, a través de políticas públicas basadas en criterios de desarrollo sustentable, que armonicen el crecimiento de asentamientos humanos, la regularización de la propiedad agraria, tierras ejidales, la pequeña propiedad, el desarrollo urbano con criterios uniformes, el desarrollo de vivienda y el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones enfocadas en la localidad de cada parte de nuestro país.

Es por todo esto que el Partido Verde votará a favor, porque así como es legítimo y legal que el Poder Judicial federal pueda crear órganos jurisdiccionales y el Congreso de la Unión comités y comisiones para el ejercicio de las funciones, es legítimo que el Poder Ejecutivo pueda modificar la estructura y las funciones de las entidades y dependencias de la administración pública. Así lo han hecho los dos titulares del Ejecutivo federal recientes y así también lo ha consentido el Congreso federal en las pasadas legislaturas.

Votaremos a favor, porque el Partido Verde Ecologista de México reconoce su corresponsabilidad política en las tareas del nuevo gobierno, un gobierno más eficaz y mejor organizado; un gobierno que encabezado por Enrique Peña Nieto transformará al Estado.

Pero también el Partido Verde Ecologista de México será un garante permanente, un vigilante para que en la práctica esas políticas públicas, a las que hoy les estamos dando un marco legal, se conviertan en instrumentos para recuperar la paz y la tranquilidad de la gente, que se retome con fuerza el camino del crecimiento económico y se combata de manera frontal la pobreza.

De igual manera, el Partido Verde estará atento al impuso de los programas que racionalicen el gasto para que los recursos públicos se utilicen de manera real y eficaz para el bienestar de todos los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada. Don Fernando Belaunzarán, tiene usted el uso de la voz, hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputado presidente. Seguimos siendo un país en tensión, entre el pasado que se niega a morir y el futuro que aún no alcanzamos a construir. Monterroso resultó profeta (Augusto Monterroso). El dinosaurio no solo estaba ahí, estaba más fuerte, coleando, cuando lo encontramos.

Somos una izquierda constructiva, pero que tiene memoria. No olvidamos de dónde venimos, no olvidamos las luchas que hemos dado, no olvidamos al régimen que hemos combatido desde que el Partido de la Revolución Democrática nació. Pero también desde antes, de otras luchas fundamentales, de las luchas por la libertad sindical, de las luchas estudiantiles, como la del 68; las luchas de los médicos, las luchas del movimiento social, urbano, popular, que se enfrentaron a un régimen autoritario, que ahora al menos vemos o vislumbramos su retorno.

Porque, claro que hay señales ominosas, o por lo menos señales preocupantes en la reforma que nos presentan. Nos quieren presentar soluciones a problemas del presente, a las deficiencias del presente con recetas de pasado; pretenden concentrar el poder, no buscan equilibrios, no buscan contrapesos. Va a haber un triunvirato formado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y la Oficina de la Presidencia, tres dependencias con enorme poder y no encontramos contrapesos.

Por supuesto, que el asunto de que Gobernación sea la que acapare las policías, la inteligencia, la seguridad, por supuesto que nos huele al pasado, nos huele al viejo autoritarismo.

Reconocemos por supuesto que un gobierno puede organizarse como mejor le parezca. También sabemos que nuestra función va a ser vigilar y cuidar que dé resultados ese gobierno, es parte de nuestra responsabilidad; organízate, pero te vamos a exigir resultados. Pero no puede, en su organización, ni violar la ley, no puede violar la Constitución y no puede invadir atribuciones de otras entidades, municipios o dependencias; por eso vamos a dar una fuerte batalla en lo particular sobre los puntos que nos parece que son violatorios.

Además, quiero decir que es cierto que nosotros vamos a construir acuerdos, vamos a ser una izquierda —como digo— constructiva y leal con el país, responsable con nuestros electores; vamos por supuesto a evitar la regresión autoritaria. Nos van a encontrar en esta tensión.

Hemos tomado partido desde el principio. Vamos a empujar la consolidación democrática. Ojalá algún día entienda el partido del nuevo gobierno que no hay vuelta al pasado, que la gobernabilidad en este país no la vamos a conseguir concentrando el poder, volviendo a generar dependencias todopoderosas que no rinden cuentas y que concentran un enorme poder, sino que vamos a demostrar que la gobernabilidad está en la pluralidad —ojalá lo entiendan—, en la construcción de los acuerdos, en la diversidad de este país, y que no hay vuelta al pasado.

Hay algunas cosas que tengo que decir respecto del dictamen, que nos parecían oprobiosas; primero, reconocer el primer gran triunfo que se dio con esta iniciativa que fue en contra de un posicionamiento que era inaceptable. Vi cómo las mujeres de todos los grupos parlamentarios dieron la batalla para defender a Inmujeres, defender al Instituto Nacional de la Mujer, la dieron juntas, pero es una victoria de todas las mujeres y de los diputados indígenas y de las diputadas indígenas para mantener su autonomía. Pero también de la sociedad. No es una victoria de una persona, no es una graciosa concesión, fue la fuerza de la sociedad, el peso de las redes sociales, de tuiter, de Facebook, de distintos editorialistas, de la opinión pública la que hizo reconsiderar para dar autonomía.

Todavía no entiendo porqué Sedesol va a tener la Conapred, que es un asunto de justicia, no de asistencialismo; ni tampoco del Conavim, que es un asunto de cuidar las recomendaciones de organismos contra la violencia contra las mujeres, ¿qué tiene que ver Sedesol en ello? Esto tampoco es un asunto asistencialista, es un asunto de gobierno, de justicia. Pero parece que va a haber secretarías consentidas en esto.

Además de este triunvirato todopoderoso, va a haber secretarías consentidas, que más que tener una idea de gobierno lo que quieren es cumplir caprichos o hacerlo a la medida de algunas personas.

Quiero decirles que es una gran batalla la que estamos dando los mexicanos por consolidar nuestra democracia, porque la transición no está concluida, apenas empieza; vamos a darla con todo el rigor en esta Cámara; le vamos a exigir resultados al gobierno y por supuesto vamos, en todo momento, a cuidar, a vigilar, a denunciar cualquier exceso de poder, que se haga desde estas nuevas instancias de poder, porque la verdad es que —y con esto concluyo— Peña Nieto nos dio la razón. Dijimos que era un proyecto restaurador del pasado autoritario y la reforma que nos presentan nos muestra que efectivamente ése es su plan de gobierno, pero la sociedad no lo va a permitir y esperemos que podamos construir un país verdaderamente democrático, con una legislación que dé corresponsabilidad a la pluralidad y que lo que se busque no es con hombres todo poderosos o rescatar a los viejos tlatoanis, que ya no sirven al país. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Esther Quintana, del PAN, tiene el uso de la voz.

La diputada Esther Quintana Salinas:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, desde el primero de septiembre fijó en esta misma tribuna su voluntad para seguir construyendo el país, que durante 12 años el pueblo de México nos concedió el privilegio de dirigirlo. Siempre hemos estado, estamos y estaremos abiertos al diálogo.

Creemos en las diferencias de pensamiento y de visiones; creemos en la inclusión y en el pluralismo, y estamos claros que pensar de diferente manera nos convierte en mejores personas, y precisamente el mundo ha evolucionado porque hemos pensado, los seres humanos, de manera distinta; por eso reconocemos la prerrogativa del presidente electo de organizar su gobierno. Así lo hicimos nosotros, en su momento, y de nuestra parte no se verán ni hoy ni nunca posiciones mezquinas, porque México es caro a nuestro corazón y también a nuestra responsabilidad y más, pero más grande que cualquier consideración en otro sentido.

Durante los gobiernos panistas se trabajó para garantizarle a todos los ciudadanos mayores libertades, derechos y beneficios. De ahí el cuidadoso análisis del contenido de la iniciativa enviada por el presidente electo, porque es elemental conocerla para cuidar que no se propicien retrocesos ni cambios que impliquen poner en riesgo el futuro de los mexicanos.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional acatamos la voluntad soberana de los ciudadanos que eligieron un nuevo gobierno en la pasada elección y por ello, en lo general, vamos a votar a favor de la iniciativa.

Sin embargo —y lo digo con toda claridad en nombre de mi grupo parlamentario—, tenemos reservas de fondo, que no podemos dejar de señalar y que estimamos que deben ser revisadas y en su caso replanteadas.

Coincidimos con la necesidad de contar con un órgano constitucional autónomo, responsable del combate a la corrupción. Así lo hemos propuesto con anterioridad en Acción Nacional y celebramos que el gobierno que inicia el primero de diciembre esté dispuesto a atender esa problemática.

Sin embargo, dicha propuesta implica reformas constitucionales que requieren de un amplio proceso legislativo; por lo tanto, no coincidimos con la desaparición de la Secretaría de la Función Pública hasta que se cuente con dicho órgano constitucional autónomo.

Celebramos y lo impulsamos, porque creemos en él, el acuerdo para impedir la incorporación del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a la Secretaría de Desarrollo Social. Sectorizar estas instituciones no solo constituía una regresión, sino también el desconocimiento de la realidad mexicana y un desdén al espíritu y a los ciudadanos que las fundaron.

Por eso celebré ayer, porque fue lo mejor que pudo pasar, que en este tema fuimos capaces de ponernos de acuerdo, porque es algo más grande que todos nosotros.

Advertimos que el traslado del Instituto Mexicano de la Juventud, del sector educativo al social, puede entenderse como un menoscabo del próximo gobierno para los jóvenes. Los jóvenes de este país requieren oportunidades, becas y educación de calidad para aspirar a mejores empleos, no políticas asistenciales; por ello, Acción Nacional velará porque no se disminuyan las facultades y funciones de este instituto y desde esta Cámara, en pleno ejercicio de nuestras facultades, vamos a procurar y a trabajar para que este Instituto cuente con más recursos para ampliar sus programas en favor de lo más grande y bello que tiene este país, que son los jóvenes.

También aprovechamos este momento para convocar a todas las fuerzas políticas y al gobierno electo, para que transformemos al instituto y lo hagamos más de lo que es hoy; la juventud espera y merece más que un simple cambio de sector.

En materia de seguridad, un tema tan sensible, tan a flor de piel, votaremos a favor de que se trasladen las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, pues no constituye un peligro ni un aumento en sus facultades; el cambio es una transferencia administrativa y organizacional. Pero que quede claro, no es un cheque en blanco, México ya cambió, no es el mismo de los tiempos hegemónicos; por eso creemos que sería peligroso utilizar a la policía con fines políticos.

La tranquilidad, la seguridad y la paz de los mexicanos, al igual que la salud y la vida, son prioridades en Acción Nacional; para combatir el crimen organizado puede haber distintas estrategias y eso lo entendemos perfectamente, en lo que sí no transigimos es en que haya pactos ni claudicación.

Finalmente, no podemos dejar de señalar, de destacar la importancia de los derechos laborales de los trabajadores de las instancias que se verán afectados con esta reforma; los derechos de los trabajadores son derechos por los que el PAN y los mexicanos hemos luchado, y tienen que quedar garantizados bajo el imperio de la ley.

Acción Nacional ha sido y es la fuerza política —termino, presidente— que ha modernizado a México con responsabilidad y con visión. Le damos la bienvenida a las reformas que velan por el bienestar de toda la sociedad, y por ello, insisto y subrayo, aprobaremos en lo general la iniciativa.

Las reservas que hemos hecho responden a una visión de responsabilidad con nuestro país, porque como ya hemos dicho antes, no vamos a permitir que México sea menos de lo que la gente necesita. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y fue mucho. Don Abel Octavio Salgado Peña, del PRI, tiene el uso de la voz.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, al iniciar todo periodo de gobierno es óptimo que uno de los asuntos iniciales por definir sea precisamente el de la estructura de la administración, con la que dicho gobierno pretenda impulsar sus políticas públicas y sacar adelante sus compromisos.

Es por ello que quienes suscribimos la iniciativa de referencia, que dio origen a este dictamen, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y del Grupo Parlamentario del Partido Verde tenemos el propósito de efectuar cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que el nuevo gobierno pueda contar con las dependencias que le permitan, desde un principio, cumplir debidamente con sus objetivos prioritarios.

El objetivo de esta reforma se centra en lo siguiente: garantizar la coordinación del gabinete, así como el seguimiento puntual de sus políticas para que éstas se orienten siempre en consolidar una administración eficaz y enfocada en resultados; generar un nuevo esquema de organización institucional para garantizar la seguridad interior del país y la debida protección de sus habitantes; dar un impulso integral al sentido de las políticas sociales, mediante el planteamiento de una estrategia, que además de continuar combatiendo la pobreza se ocupe de generar mejores mecanismos de integración entre mexicanas y mexicanos, de grupos diversos, a fin de consolidar una sociedad plenamente incluyente y democrática.

Propiciar condiciones de armonía y orden en el desarrollo territorial del país, para su aprovechamiento óptimo y generación de bienestar y vida digna en todos sus ámbitos: agrario, urbano, ejidos, comunidades, centros de población en general, ciudades, áreas metropolitanas y desarrollo regional y de vivienda; diseñar un nuevo sistema de control gubernamental, que a la vez de vigilar la correcta gestión y manejo de los recursos, estimule prioritariamente el carácter preventivo, así como la calidad y agilidad en el desempeño público, eficaz, transparente y honrado de la gestión pública.

De lo anterior, queremos señalar que este proyecto propone los cambios siguientes en la estructura de la administración pública federal: reformas a las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, para que lleve a cabo funciones de coordinación del gabinete por acuerdo del presidente de la República. Condición sine qua non sería imposible llevarla a cabo.

La intención es unificar la política pública de seguridad interior en una sola dependencia, como lo es la Secretaría de Gobernación.

Proponemos la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que las tareas en esta materia, principalmente las de la Policía Federal, así como las del sistema penitenciario federal y de prevención del delito, se transfieran para su coordinación a la propia Secretaría de Gobernación.

Las reformas a la Secretaría de Desarrollo Social que proponemos tienen como objetivo trabajar en el combate a la pobreza y a favor de los derechos de diversos grupos para consolidar así una sociedad plenamente incluyente y sin discriminación.

Proponemos redefinir las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social, a partir de una nueva concepción del desarrollo social, que tiene a las personas como propósito fundamental de sus acciones.

Estas nuevas atribuciones buscan construir una política basada en el desarrollo, la inclusión y la cohesión social.

Se plantea que la Sedesol asuma funciones de coordinación de órganos y entidades que realizan funciones vinculadas directamente con el desarrollo de las personas, que en algunos casos se encuentran dispersas en el ámbito de varias dependencias.

Creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tomando en cuenta diversas atribuciones, tanto de la actual Secretaría de la Reforma Agraria, así como de la Secretaría de Desarrollo Social, en materia de desarrollo urbano, regional y de vivienda.

En este tema, consideramos necesario actualizar y despojar de intereses políticos, ajenos de la tenencia de la tierra, para transformar sus funciones en un desarrollo ordenado en temas de urbanidad, tanto regional así como de vivienda.

Creación de un nuevo régimen de control gubernamental, a través de la consolidación de unidades de auditoría preventiva en las dependencias y entidades de la administración pública federal, con distribución de facultades de la actual Secretaría de la Función Pública en distintas estructuras y órganos, principalmente en la Secretaría de Hacienda.

Consolidación de la Oficina de la Presidencia de la República, como una instancia cercana al Ejecutivo federal, para apoyo y seguimiento permanente de sus tareas y de las políticas públicas. Esta atribución para el mejor desempeño de las políticas públicas generadas en la oficina presidencial.

No es intención, compañeras y compañeros diputados, minimizar o descalificar los esfuerzos realizados por la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en temas de gobernabilidad, seguridad o política social.

No se trata de ver quién hace mejor las cosas, se trata de ejercer las atribuciones necesarias para el mejor cumplimiento y desempeño de la administración pública y sostener un techo mínimo de gobernabilidad que sea transformado en paz social y tranquilidad para llevar condiciones de desarrollo y seguridad.

Nuestro objetivo es continuar con este esfuerzo desde la óptica de la propuesta y el debate político. Bienvenidas las ideas, bienvenidas las propuestas y bienvenidas las intenciones que reformen la estructura de la administración pública federal para generar condiciones de desarrollo, seguridad y estabilidad de los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y fue mucho. Miren ustedes, hemos culminado con la fijación de posición. Según la fracción VIII del artículo 104, cuando hay oradores solamente registrados en un solo sentido, tienen que ser has tres oradores; nosotros tenemos registrados siete.

Esta Presidencia informa que será escrupulosa con el Reglamento, pero preguntará a la asamblea, de tal suerte de si es permisible o no ampliar el número de oradores.

En principio, le vamos a dar la voz a Alfonso Durazo, luego a Lizbeth Rosas y luego a Rubén Camarillo; el primero de Movimiento Ciudadano, la segunda del PRD, el tercero del PAN. Tiene el uso de la voz don Alfonso Durazo.

El diputado Tomás Torres Mercado(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Tomás Torres. ¿Con qué objeto, don Tomás Torres?

El diputado Tomás Torres Mercado(desde la curul): Con el objeto, señor presidente, de que le precise a la asamblea si es con relación a alguna reserva en lo particular para que sea señalada y el sentido de la participación de los legisladores. El Partido Verde Ecologista tiene también participaciones consideradas en el contexto de las reservas cuando usted nos las anuncie, por favor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Solamente que no estamos en reservas, estamos en el contexto de lo general. Una vez que se fijan posiciones vamos a tres oradores en un solo sentido; preguntaremos a la asamblea si abrimos a otra ronda de oradores y esta Presidencia tendrá la obligación de cantar las reservas, de tal suerte de saber y estar conscientes todos de lo que vamos a votar en lo general. Adelante, don Alfonso.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, presidente. Compañeros diputados, bajo la lógica del botín, que establece que el que gana, gana todo, el PRI y el PAN han impulsado esta reforma a la administración pública, que pretende entregarle a Enrique Peña Nieto, una administración personalizada.

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano rechazamos la propuesta, con base en cuatro objeciones principales:

1. El peligro de restaurar a la Secretaría de Gobernación como una policía política.

2. El riesgo de que al crear una secretaría de tamaño monstruoso se genere aún más ineficiencia en su operación de la que ya registra actualmente.

3. La propuesta de sectorizar diversos organismos autónomos a Sedesol, con el consiguiente retroceso que ello implica, al pasar de sujetos de derechos a grupos vulnerables.

4. La ausencia de una visión integral en las modificaciones al régimen de control gubernamental.

Hay que tener claro que al hablar de cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no estamos hablando de la estructura administrativa del gobierno de Peña Nieto, sino del andamiaje institucional del Estado mexicano.

Recuerdo y reconozco el sentido de Estado de los priistas, espero sean hoy congruentes con él. Es legítimo, por supuesto, que el PRI gobierne bajo sus postulados y prioridades; no lo es, en cambio, que solo pueda serlo con una estructura administrativa personalizada a la pequeña medida de Enrique Peña Nieto.

Es debido a esta lógica y a los cambios sexenales que la acompañan que en México no ha cuajado ninguna estructura administrativa, sencillamente porque no le hemos dado tiempo.

La continuidad institucional es imprescindible para que las estructuras maduren suficientemente su eficacia, de otra manera la burocracia nunca alcanza su nivel de funcionamiento óptimo y la experiencia adquirida por los funcionarios públicos se vuelve inservible.

Ahora, si no podemos definir una estructura administrativa de Estado, imagínense ustedes si vamos a tener capacidad para definir una política de Estado.

Entonces, la cuestión a debatir es si la propuesta de modificación a la administración pública, en los términos que ha sido propuesta, resulta útil para el país, no si es políticamente cómoda para Peña Nieto.

Por ello, propongo que hagamos un análisis reprosado y profundo para no volver a cometer el error que se cometió en el 2000 y que hoy supuestamente pretendemos corregir. Hace 15 días pasó por esta Cámara la ley de reforma laboral, 15 días después se está modificando, por la premura con la que fue aprobada; el PRI ha pretendido hacer un mérito, la propuesta de regular la explotación de los pocitos. Lo que sucedió con los pocitos, ésa gravísima omisión, lo estaremos viviendo con esta ley en el transcurso de un par de semanas.

Por eso, a nombre de Movimiento Ciudadano, propongo a ustedes, pido a ustedes, que seamos responsables, que rechacemos esta propuesta con el ánimo de analizarla a profundidad, pero también con el ánimo de aprobar en lo que proceda esta estructura administrativa, que en estos momentos no se justifica en los términos propuestos. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A usted. Doña Lizbeth Rosas Montero, del PRD.

Esta Presidencia saluda con mucho afecto a don Alberto Natanael Guerrero López, presidente municipal de Navojoa, Sonora. Bienvenido.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas, el dictamen que hoy nos presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública de la iniciativa que propuso Enrique Peña Nieto, a través de los grupos parlamentarios del PRI y PVEM para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es el resultado de una visión compartida en lo fundamental por las fuerzas políticas del PAN y el PRI y que, a través de sucesivas votaciones mecánicas y sin discusión ni debate ha dado fondo a temas torales, violando el Reglamento de manera flagrante de la Cámara de Diputados, sin escuchar los planteamientos de descalificación sobre la serie de propuestas que hicieron los diversos grupos de izquierda representados en este Congreso, violando el irrestricto orden constitucional de las leyes que nos representan.

Ese dictamen, no solamente tiene el propósito formal de reorganizar la estructura del gobierno federal, que encabezará a partir del primero de diciembre, sino también —y éste me parece el punto central de la discusión que hemos dado al interior de las comisiones y grupos parlamentarios— es una concentración excesiva de las facultades que tan solo en tres secretarías de Estado quedan conferidas.

Pero las facultades de la Secretaría de Gobernación la convierten en una supersecretaría, equiparándola a una jefatura de gabinete propia de un sistema semipresidencial, con la gran diferencia, compañeros diputados, de que en otros países donde existe esta misma figura ésta es electa y ratificada por la mayoría de su Congreso.

Sin embargo, nuestro sistema jurídico y político no prevé la figura de quien pueda asumir las funciones para las que fue electo nuestro titular del Ejecutivo. En los hechos, con esta reforma se configurará una renuncia de las facultades para las que fue electo Enrique Peña Nieto. Si no quería gobernar, ¿para qué fue la elección entonces?

El uso de la fuerza pública queda a su mando, pero puede intervenir en estados, municipios y en el Distrito Federal ante situaciones de peligro, cuando se vean amenazados por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente; es decir, la tentación de invadir, compañeros, facultades de estados y municipios en materia de seguridad, esto ha sido obra también de esta propuesta.

Se da más facultad en la parte coercitiva, que en la parte de la verdadera reconstrucción de nuestro tejido social, atendiendo los diferentes problemas sociales que nos ocupan. Nos preocupa que al restaurarse la Oficina de la Presidencia se pretenda eximir al mismo presidente de encabezar la propia administración pública federal, como está el texto vigente.

El PRD ha tenido una posición de plantear diálogo en cuanto a nuestros desempeños y por eso hacemos una crítica muy fuerte al desempeño actual de la Secretaría de Seguridad Pública federal, debido a su total fracaso en relación a la disminución del índice delictivo y a la propia ética y actuación de su titular y de sus elementos, lo cual ha redundado en una inversión gigantesca de recursos financieros del Estado, sin que hasta ahorita hayamos tenido un solo beneficio para la sociedad.

Expresamos nuestra preocupación en relación a las funciones eminentemente políticas de la Secretaría de Gobernación y las funciones que ahora como ejecutor de la política de la seguridad encabeza. Asimismo no consideramos conveniente que un solo órgano de la administración sea quien posea el sistema de bases sobre datos criminales.

Por otro lado, queremos reconocer que la fuerza social de la participación organizada de las mujeres pudo parar la intentona de subsumir instituciones, como el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión de Pueblos Indígenas al sector del desarrollo social, ya que resultaba un fuerte retroceso en materia de transversalidad y equidad del diseño de las políticas públicas, privilegiando la adición asistencialista y clientelar contra la izquierda.

Pero tenemos un serio pendiente, los niños, niñas y los adolescentes, creemos que éste es un paso, pero es importante que tengan su propio órgano de participación.

Compañeras y compañeros, esta propuesta de reforma es una reforma que marcará al menos a una generación entera de mexicanas y mexicanos; por eso, en el Grupo Parlamentario del PRD no avalaremos controles policíacos ni la represión como medida de una simulada gobernabilidad. Pero y en aras de dejar patente de que entendemos el propio principio de derecho que les asiste de organizarse, como mejor lo crean y con el ánimo de avanzar, votaremos no a favor ni en contra, votaremos con una vigilante y escéptica abstención.

En el ejercicio de gobierno habremos de forzar, como si fuera necesario, una corrección y en su caso, expresaremos lo que funcione de su gobierno y denunciaremos lo ilegal, que no cumpla los principios básicos de una administración pública y buen gobierno.

En el Grupo Parlamentario del PRD demostramos una capacidad de diálogo y siempre siendo críticos y propositivos pugnaremos siempre por ser punta de lanza de mejores prácticas de gobierno. Este mejor ejercicio de gobierno exigiremos, sobre todo con la calidad moral que nos asiste y los hechos, con el ejemplo de nuestros gobiernos, como es el caso del Distrito Federal, siendo fieles contrapesos a los autoritarismo o tentaciones que puedan ser.

Avalaremos y pugnaremos por fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, como el órgano eficiente, profesional y confiable, verdadero evaluador de las políticas públicas de nuestro país, sobre todo a los que van dirigidos y por los que nosotros tenemos que representar; es por el bien de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y mire que fue mucho. Don Rubén Camarillo, tiene usted el uso de la voz.

Saludo al doctor Isauro Rendón, presidente municipal de Tepeaca, Puebla, invitado por don Jesús Morales.

El diputado Rubén Camarillo Ortega:Compañeros y compañeras, buenas tardes. Vengo el día de hoy a ejercer, de cara a los ciudadanos de este país, el más alto valor al que puede aspirar un representante popular, que es la capacidad de disentir aun dentro de su propio grupo parlamentario.

Vengo a honrar una vieja práctica parlamentaria del PAN. Me refiero al voto de conciencia, que consiste en que, cuando en asuntos trascendentales de la vida nacional en nuestro grupo parlamentario, después de discutirse y votarse un asunto, quien no esté de acuerdo con lo decidido por la mayoría tenga la posibilidad de públicamente expresar sus motivos para votar en forma diferente a lo acordado por el grupo parlamentario.

Es así, que de manera sucinta expresaré lo que a mi juicio no se puede otorgar por una cortesía parlamentaria al nuevo gobierno.

Rechazo, por insostenible, el argumento de que el Ejecutivo tiene el derecho de libremente decidir la estructura para ejercer sus funciones. Sostengo que la Constitución prevé de manera muy clara que es responsabilidad del Poder Legislativo la aprobación de dicha estructura de gobierno.

Por otro lado y en el fondo del asunto, debo decir con claridad que no puedo estar de acuerdo con la pretendida reforma, por las siguientes razones:

Primero. No puede ser posible que ahora lo viejo pretenda ser lo nuevo. Considero que regresarle a la Secretaría de Gobernación la posibilidad de ejercer el control político a través de la ley del garrote es profundamente regresivo.

El pretender regresarle el control de la Policía Federal a esa dependencia, lo menos que sugiere, es una vuelta al pasado totalitario e intolerante que se ejerció desde esa dependencia, en décadas pasadas.

Segundo. Se dice que el nuevo gobierno está comprometido con el combate a la corrupción. El contenido de esta iniciativa sugiere exactamente lo contrario. No se puede interpretar otra cosa, cuando lo que se pretende es que ahora las dependencias se auto-auditen; es decir, las unidades de auditoría preventiva dependerán de su titular. De hecho, el auditor es contratado por el secretario o el director general de dicha dependencia.

En otras palabras, el pretendido combate a la corrupción a mi juicio es solo una mentira piadosa para quienes todavía confían en que el nuevo gobierno no es un cambio, pero en reversa.

Tercero. Los cambios propuestos a la Secretaría de Desarrollo Social dejan ver claramente una intentona de echar a andar una maquinaria pro-priista con fines electorales, la concentración pretendida de facultades para la atención de sectores sensibles de la sociedad, como los jóvenes, las mujeres, los mayores de 70 años, con el objetivo legítimo, sin duda, del combate a la pobreza, no vaya acompañado de las ya conocidas prácticas clientelares que los ha caracterizado en el pasado.

No deja de llamar la atención —también— la concentración de facultades en la ya omnipotente Secretaría de Hacienda o la pretendida injerencia en el ámbito local en materia de planeación urbana por parte también de la pretendida Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, solamente por mencionar algunas razones.

Quiero terminar, finalmente, y aquí me dirijo a mis compañeros diputados de Acción Nacional, quiero solicitarle a mis compañeros panistas a que ejerzan su voto de conciencia, no pasa nada, está en nuestro reglamento, es una vieja práctica parlamentaria del PAN.

Les pido que demos muestra de lo que nos ha caracterizado, en una convivencia democrática a quienes decidan votar a favor, como a quienes decidan acompañarme en este voto en contra en lo general. A ambos les reitero mi más profundo respeto y reconocimiento.

Amigas y amigos, en el PAN sí se vale disentir. La disciplina ciega, ésa es práctica de otros. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si está suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal.

Esta Presidencia informa, antes de abrir el sistema, que tenemos la reserva del 7, de don Ricardo Mejía.

El artículo 10, don Ricardo Monreal y don Víctor Manuel Manríquez González.

El artículo 25, don Francisco Coronato Rodríguez.

El artículo 26, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, don Rodrigo González Barrios, Yazmin Copete Zapot, Víctor Manuel Bautista López y Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El artículo 27, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Ricardo Monreal, Fernando Belaunzarán, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Lilia Aguilar Gil, Julio César Moreno Rivera, Marco Rosendo Medina Filigrana, Lilia Aguilar Gil, José Humberto Vega Vázquez, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Víctor Manuel Manríquez González.

El artículo 31, José Alfredo Botello Montes, Magdalena Núñez Monreal, Ricardo Monreal Ávila.

El artículo 32, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Lilia Aguilar Gil, Luisa María Alcalde Luján.

El artículo 37, Rocío Esmeralda Reza Gallegos y Magdalena Núñez Monreal.

El artículo 41, Víctor Serralde Martínez, Rodrigo González Barrios, Yazmin Copete Zapot, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, María Fernanda Romero Lozano.

El artículo 44, José Arturo Salinas Garza (para derogación), Víctor Manuel Jorrín Lozano, Loretta Ortiz Ahlf.

El artículo tercero transitorio, José Antonio Botello Montes y Aleida Alavez Ruiz.

El artículo cuarto transitorio, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El artículo quinto transitorio, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El artículo séptimo transitorio, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El artículo décimo transitorio, Rodrigo González Barrios.

El artículo décimo primero transitorio, Alfonso Durazo Montaño.

La eliminación de un décimo tercero transitorio, José Arturo Salinas Garza, y

El artículo décimo séptimo transitorio, Yazmin Copete Zapot.

Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para recabar la votación en lo general y de los artículos no reservados, que son un poco más, poco menos que la mitad de los artículos que tiene el proyecto. Adelante.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estamos en votación, diputado Monreal, permítame.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recuerda a las señoras diputadas y a los señores diputados, que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo de la votación. Una vez cerrado el sistema no se aceptará ningún voto.

Se ruega al diputado Rodrigo Chávez Contreras, que tomó protesta el día de hoy, emitir el sentido de su voto de viva voz, por favor.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras(desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidente, le informo que se emitieron 333 votos en pro, 50 en contra y 84 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general, y en lo que se refiere también a los artículos no reservados.

Tiene el uso de la voz don Ricardo Mejía Berdeja, para presentar reserva al artículo 7o.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Compañero presidente, estamos en contra del artículo 7o. de la Ley Orgánica, donde se establece que el presidente de la República podrá convocar directamente o a través del secretario de Gobernación.

En los hechos, lo que están planteando es un cambio de régimen político, dándole el nivel al secretario de Gobernación de jefe de gabinete o de primer ministro, y esto nos parece que es un subterfugio para evadir el artículo que regula en la Constitución que el poder de la República recae en un solo individuo.

Sin duda, son tiempos obscuros para el país, varios elementos así lo confirman; la conversión de la Secretaría de Gobernación en la secretaría de la policía política, como un ministerio de contención y represión, utilizando los aparatos de seguridad y de inteligencia, como la espada de Damocles, en contra de grupos sociales y políticos, contrarios al gobierno impuesto. Es un mensaje de cerrazón y endurecimiento político.

Pretenden crear en la Secretaría de Gobernación un Big Brother, como la novela de George Orwell, para vigilar y controlar la vida política del país.

Este Frankenstein que quieren crear, no tengo la menor duda que vigilará al propio Peña Nieto, para supervisar que cumpla con los dictados de los poderes fácticos, que lo impusieron y compraron la Presidencia de la República.

La desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública es el epitafio a la gestión de Felipe Calderón y el epílogo de un sexenio sangriento.

Vemos además que el PAN acepta con mansedumbre la desaparición de esta dependencia, en un juego de arreglos y contubernio. No faltarán ahora gobiernos estatales que presurosos eliminen las secretarías de Seguridad Pública, en un ejercicio de mimetismo y cortesanía vergonzantes.

Sin embargo, el fracaso de la gestión de Genaro García Luna —quien por cierto ya no podrá comparecer, porque ni siquiera habrá Secretaría—, no debe confundirse con las funciones de la dependencia que le asignaron; separar las funciones de Gobernación y las funciones policiacas no es en sí mismo un mal diseño institucional.

Que Calderón y su gobierno hayan fracasado, no quiere decir que separar ambas funciones no sea óptimo. Estamos viviendo, sin duda, la restauración del presidencialismo y del sí señor presidente, lo que usted diga.

Como parte de una política autoritaria y de abyección, vuelve —sin ninguna limitante— la visión patrimonialista del poder público y del gobierno federal, al concebirlo como algo de su propiedad y apremiar para que se haga un traje a la medida del nuevo Ejecutivo impuesto por el dinero.

El Presupuesto y el gobierno federal como botín de guerra; además de la imposición, como piratas van al abordaje del gobierno. Para ello, lo mismo disponen al pretender correr a miles de servidores públicos federales del llamado Servicio Profesional de Carrera, que pretender aprobar más rápido que una iniciativa preferente la ley que envió alguien, que ni siquiera ha asumido, todavía, la titularidad del Poder Ejecutivo. Señoras y señores diputados...

El diputado Tomás Torres Mercado(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Tomás Torres, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Detenga el reloj, por favor.

El diputado Tomás Torres Mercado(desde la curul): Para plantear a usted, señor presidente, con la finalidad de que se dé un desarrollo debido y con apego al Reglamento, le pido a usted, con apoyo en el artículo 114, fracción I, dé trámite a una moción de orden.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Qué parte del orden reclama?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:La exclusión.

El diputado Tomás Torres Mercado(desde la curul): En principio, para que haya atención al orador y por la otra, está muy concurrida la Mesa Directiva que le acompaña, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Me informan que vienen a darme calidez, la verdad es que lo que me están dando es compañía. Vamos a continuar con el desahogo. La petición que me están haciendo, cuando lleguemos al artículo 27, la someteremos a la consideración del pleno.

El diputado Tomás Torres Mercado(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Torres Mercado.

El diputado Tomás Torres Mercado(desde la curul): Si usted ve conveniente el acompañamiento y es usted quien conduce la asamblea; entonces, declino, desisto de la moción y que sea usted acompañado, como usted lo pide.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le aprecio su gentileza. Les voy a rogar a mis compañeros de Movimiento Ciudadano que me acompañen desde sus curules. Continúe, don Ricardo.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias. Señoras diputadas y señores diputados, la Ley Orgánica de la Administración Pública no se puede reformar a contentillo de cualquier sujeto, por más importante que sea; la Ley Orgánica de la Administración Pública es para salvaguardar instituciones y ni el gobierno federal ni el Presupuesto público son propiedad de Peña Nieto ni mucho menos su botín.

Por eso nosotros planteamos que siga la Secretaría de Gobernación desempeñando funciones inherentes a la política y a la conducción de las relaciones institucionales, y que la Secretaría de Seguridad Pública atienda su función, con eficacia y sin represión.

Nosotros estamos en contra de que quieran hacer del secretario de Gobernación un virtual primer ministro y vamos a estar en contra; proponemos que el artículo 7o. de la Ley Orgánica se mantenga en su actual estado, y por esa razón, de no obsequiarse esta solicitud, estaremos en contra. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Dejó alguna reserva? ¿Dejó reserva? Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la reserva.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite...

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. ¿Con qué objeto, diputado Monreal? Usted no me vino a acompañar.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Me da mucho gusto su sentido del humor, a pesar de que al país ustedes lo están desgraciando.

Ya los extrañaba, chiveros.

Presidente, le voy a pedir a mis compañeros —para eso era la moción de orden—, que platiquemos y que posteriormente conversemos con usted para intentar desarrollar la asamblea en un clima propicio. Lo único que deseamos es deliberar, debatir y que los compañeros que se han preparado en varias reservas en los artículos del dictamen que está a discusión puedan participar, creo que no habría ningún inconveniente.

Les voy a pedir a los compañeros del Movimiento Ciudadano que nos sentemos y que ahorita retomemos la conducción con usted, para intentar ordenar la discusión; creo que a todos nos conviene y además avalo lo que están haciendo los compañeros del Movimiento Ciudadano, pero les hago un llamado para que podamos conversar y después con usted acordar el orden y el turno que nos corresponde, de acuerdo con las reservas de los artículos del dictamen.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le aprecio mucho su generosidad. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del artículo 7o., presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.

Tiene el uso de la voz don Ricardo Monreal, para presentar reserva del artículo 10... ¿Perdón?

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): ¿Y las abstenciones?

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte por abstenciones la Secretaría.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Perdón. Los diputados y las diputadas que estén por abstenciones. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.

Don Ricardo Monreal, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, hago un llamado respetuoso a los coordinadores para que se permita el debate. Cuando actuamos como oposición a una ley, a un reglamento, a un decreto, lo menos que debemos pedir es atención y respeto, aun cuando no estén de acuerdo con lo que decimos o como lo planteamos, pero es facultad de los legisladores hacerlo, y si ni esta oportunidad tenemos quienes constituimos oposición, es muy triste el papel del Congreso, que obstaculiza, frena o calla el que se expresen voces distintas a la mayoría.

He querido reservar este artículo, porque me parece muy lamentable; este artículo 10 del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala, entre otras cosas, que la Secretaría de Gobernación en los hechos tendrá preeminencia sobre todas las secretarías.

Por definición constitucional, el artículo que comento establece que las secretarías de Estado tendrán igual rango entre ellas y por lo tanto, no habrá preeminencia alguna; sin embargo, más adelante de este artículo señala: sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de la administración pública federal para cumplir sus acuerdos y órdenes.

Es decir, es una disposición tautológica, porque se contradice; primero, al establecer igualdad en las secretarías, y enseguida, al establecer que por acuerdo del presidente la Secretaría de Gobernación coordinará el resto de las secretarías de la administración pública. Por eso proponemos una redacción alterna.

Pero déjenme decirles que lo que estamos discutiendo es muy grave. De verdad, compañeros, si ni siquiera nos permiten discutir y debatir por fracción lo que nosotros consideramos es irregular, y adolece de constitucionalidad en el dictamen, qué lamentable sería que se aprobara sin siquiera escuchar nuestros argumentos.

Me alegra también que dentro de los partidos políticos haya voces independientes que estén reflexionando en torno al instrumento jurídico que intentamos o pretendemos crear, con el voto en contra nuestro.

Miren, en principio esta iniciativa debió haberse turnado —por la práctica parlamentaria y la experiencia legislativa que modestamente cuento— a la Comisión de Gobernación, sí, de Puntos Constitucionales, pero también de Derechos Humanos, de Justicia, de Seguridad Pública y de Defensa Nacional, ¿por qué razón? Debido a la multicitada iniciativa, esta iniciativa impacta a todo el sistema de seguridad y justicia.

Solo voy a referir lo que no pude hacer hace un rato; solo les voy a referir técnicamente porqué razón debió haberse turnado a estas comisiones y además cómo impacta a disposiciones constitucionales, pero también a leyes generales, que es necesario revisar antes de aprobar este dictamen y que lamentablemente de técnica legislativa es un error grave lo que intenta hacer la mayoría, por las prisas.

Entre otras modificaciones y ordenamientos jurídicos que tienen que revisarse para darle congruencia a la nueva redacción que contiene el dictamen, está el artículo 21 constitucional vigente y reformado en tránsito de implementación; el artículo 73, fracción XIV, relativo a facultades del Congreso para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión. A saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio.

El artículo 115 constitucional, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Penal Federal, el Código Penal de Procedimientos Penales; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 22, que en su fracción III establece como auxiliar directo del Ministerio Público federal, en términos del artículo 21 constitucional.

La Policía Federal; la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, en su artículo 1o., que establece que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana son instituciones armadas permanentes, que tienen las misiones generales siguientes: defender la integridad y garantizar la seguridad interior, y en el artículo 2o., sobre las misiones enunciadas, la Fuerza Aérea y el Ejército, que en forma conjunta con la Armada, forman parte de todo el sistema de justicia del país.

Por esa razón, nosotros consideramos que las prisas, la premura, el exceso, el patrimonialismo, esta teoría del botín, está llevando a crear leyes imperfectas, con vicios graves en su creación, que pueden ser combatidas por la vía jurisdiccional y que me temo las vamos a combatir. Pero no es necesario hacerlo, si nosotros con cuidado realizamos con seriedad también una reflexión en torno a lo que estamos creando.

No debería incluso del gobierno apresurarse en constituir estos instrumentos jurídico constitucionales, porque tarde que temprano van a ser impugnados y van a resultar, va a ser claro el resultado de ineficacia que estos tienen.

Por cierto, presidente —concluyo—; por cierto, le podría preguntar, presidente, si usted como presidente de la Mesa Directiva ha autorizado para que personal del Estado Mayor Presidencial esté dentro del recinto de este Congreso, de esta Cámara de Diputados. He visto a personal del Estado Mayor ya dentro de la institución.

Sucede siempre, no me extraña, es lamentablemente una tradición histórica y política que días antes ocupan, de hecho ocupan, invaden nuestro recinto fuerzas armadas, fuerzas del Estado Mayor Presidencial.

Le pediría, respetuosamente, si usted ha dado la autorización para que personal del Estado Mayor Presidencial esté dentro ya del recinto; ¿les han dado algún distintivo?, no les han dado gafete, pero incluso tenemos las fotografías de ellos, para que vean que no estoy hablando simple y sencillamente...

No tienen remedio, trata uno de hablar con seriedad, pero el Bronx se impone, no tienen remedio.

De veras, qué lástima, qué lástima que no tengan la capacidad de escuchar; no todos, no generalizo, porque veo a gente que escucha con respeto, a pesar de que puedan no coincidir conmigo. Pero qué lamentable, le hace ver mal a la asamblea.

Los jóvenes que nos visitan, ¿cómo creen que se van? Esos jóvenes que invitan ustedes, estudiantes, que los saludo con afecto. Pero cuando crezcan, no sean como los que gritan y chiflan, mejor debatan. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si la propuesta de don Ricardo Monreal se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, relativa al artículo 10. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Abstenciones?

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: ¿Abstenciones? No hay, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Víctor Manuel Manriquez González, del PRD, para presentar reserva del 10.

El diputado Víctor Manuel Manriquez González:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, quiero poner ante ustedes las razones a considerar para modificar la redacción del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La democracia en México ha significado la construcción de pluralidad; mediante las reformas a las leyes se ha logrado el reconocimiento de que México no es un país de un solo individuo ni un solo grupo ni de un único proyecto de país.

En otras cosas, el tránsito a la democracia posibilitó en nuestro país el desmantelamiento de las estructuras de represión política, propias de los regímenes autoritarios y dictatoriales, como el nacional socialismo o el fascismo; por ello, no debemos permitir una regresión hacia formas de control político que socaven el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos.

En consecuencia, el artículo 10 de la Ley orgánica de la Administración Pública Federal, que propone el presidente electo, de facto le otorga una preeminencia y control sobre las otras secretarías, pero al mismo tiempo lo pone en estado de excepción jurídica, al negar el reconocimiento de este hecho.

Entre estas facultades se encuentra, por ejemplo, la coordinación del gabinete presidencial, la interlocución del gobierno federal con el Poder Legislativo, niveles de gobierno, partidos políticos y otros actores del sistema político; la dirección y coordinación de la seguridad interior, la coordinación de los cuerpos policiales de resguardo fronterizo y del sistema penitenciario.

Compañeros diputados, si esto no es preeminencia; entonces, ¿qué es? El secretario de Gobernación es de facto el jefe de gabinete y se le impide que rinda cuentas a la sociedad, en tanto no exista una negación formal de sus funciones.

Es cierto, consideramos prudente que el gobierno tenga la posibilidad de estructurar la administración que encabezará; sin embargo, esto no es pretexto para que se cometan abusos.

Por tanto, es muy importante resaltar que el secretario de Gobernación sí está por encima de las otras secretarías de Estado.

Haciendo esta aclaración, es pertinente señalar la responsabilidad que le toca a cada funcionario, como parte de la administración pública.

Por estos argumentos, le solicito a toda las fuerzas políticas representadas en esta Cámara su consideración para modificar la redacción del artículo 10 y evitar una contradicción legal.

Quiero reiterar que esto no va en detrimento de la reforma que propone el presidente electo, sino que deja en claro las responsabilidades que le tocan a cada quien, principio fundamental para le ética dentro del servicio público.

Quiero recordar a ustedes que también hay democracias que han sido derrocadas por mayorías avasallantes.

La propuesta que se hace es una propuesta no de cambio de redacción, sino es una propuesta que se modifique el orden que tiene esta redacción, porque el artículo 10 dice, o la propuesta es: Las secretarias de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna. Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de administración pública federal para cumplir sus acuerdos y órdenes. Es lo que propone la comisión.

Nosotros estamos proponiendo que diga el artículo 10: por acuerdo del presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de la administración pública federal para cumplir sus acuerdos y órdenes. Las demás secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna.

Es la misma redacción, nada más con el cambio de órdenes. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del señor diputado.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Víctor Manuel Manriquez González, relativa al artículo 10. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En sus términos. Don Francisco Coronato Rodríguez, tiene el uso de la voz para presentar reserva del 25.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre propio y de los integrantes del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, procedo a presentar al pleno de esta asamblea la siguiente reserva al artículo 25 del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de lo siguiente:

Como bien se sabe, el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su segundo párrafo, fracción I, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública, y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

Por otra parte, el artículo 8o. de la misma Carta Magna nos consagra uno de los derechos fundamentales, como es el derecho de petición, que constriñe a toda autoridad —reitero, en forma obligatoria—, a dar respuesta, cuando ésta es solicitada en forma escrita y respetuosa, debiendo hacerlo expresamente. Así lo señala en breve término.

Sin embargo, el espíritu del cambio del artículo 25, contenido en el dictamen, implica reorganizar la estructura orgánica y de acceso a la información de la administración pública federal, condicionando cualquier entrega de solicitud de informe requerido por algún secretario de Estado o la Oficina de la Presidencia, a lo que determine la Secretaría de Gobernación. Esto es, a lo que ésta considere en forma unilateral.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

Además, exige a todos los sujetos obligados a hacer pública toda la información que se considere de utilidad o relevante, resultando como consecuencia dicho precepto del presente dictamen, no solo contrario a preceptos constitucionales, sino a instrumentos normativos e incluso propicia violaciones a derechos humanos de gobernados, implícitamente.

Es por ello que el grupo legislativo de Movimiento Ciudadano muestra su profundo rechazo a la presente modificación; el acceso a la información pública es, sin duda, una conquista social y un derecho —como bien saben— consagrado en los tratados internacionales, así como en la propia Carta Magna, y como consecuencia estos tratados son también ya norma suprema para las y los mexicanos.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración de la asamblea la siguiente reforma; que se propone que la redacción se mantenga igual que en la ley vigente. Esto es, se mantiene que las secretarías de Estado, cuando necesiten informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia saluda con mucho afecto a los estudiantes de la FES Acatlán y Aragón. Servido, don Carlos Barroso, compañero tuitero.

Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado Coronato.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Francisco Coronato Rodríguez, relativa al artículo 25. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la abstención. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Doña Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, tiene usted el uso de la voz para presentar reserva del 26. Doña Betzi, de Celaya.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles:Con su venia, señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita diputada Elizabeth Yáñez Robles, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito presentar ante esta soberanía la reserva del artículo 26 del dictamen por el que se reforma y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Esta reserva al artículo 26 se realiza, por el Partido Acción Nacional, para manifestar que en referencia a la Secretaría de Seguridad Pública se requiere respetar sus facultades vigentes y que no se comparte la desaparición de la Secretaría de la Función Pública.

Lo anterior, bajo las siguientes consideraciones. En lo que respecta a la Secretaría de Seguridad Pública, en el traslado de ésta a Gobernación debe garantizarse el que se mantengan todas y cada una de las atribuciones y facultades, tal y como se encuentran en este momento; por lo que la medida impediría aumentar, modificar o exceder sus facultades vigentes.

La razón de lo expresado, es con la finalidad de que no se violenten derechos humanos ni facultades de los diferentes niveles de gobierno, con las nuevas atribuciones a la Secretaría de Gobernación. En referencia a la sectorización de la Secretaría y de otras instituciones que por este decreto se está considerando, se deberán respetar los niveles de los funcionarios públicos que realizan las tareas homólogas correspondientes, sean subsecretarios, titulares de unidad, directores generales, directores generales adjuntos y funcionarios en general, ya que tienen derechos adquiridos.

Referente a la Secretaría de la Función Pública, Acción Nacional no tomará decisiones sobre la eliminación de esta dependencia, en tanto no exista un organismo constitucional que favorezca o establezca todos los mecanismos y normas que fortalecen el combate a la corrupción y el cumplimiento de las responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos, condiciones que no se cumplen en la iniciativa presentada.

En consecuencia, reiteramos que la Secretaría de la Función Pública se conserve, tal y como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente, por las siguientes razones:

Se debilita el sistema de control y fiscalización de la administración pública federal, al establecer una dependencia jerárquica y funcional de las unidades de auditoría preventiva respecto al ente auditado.

Esta estructura generará mayores incentivos para la corrupción. En Acción Nacional estamos convencidos que es falsa la premisa que el titular de la entidad es el principal interesado de que la honradez y la transparencia de la institución se conserven.

No hay que olvidar que actualmente la Secretaría fiscaliza y controla a entidades y dependencias, pero también a estados y municipios sobre recursos federales, y de aprobarse el dictamen como tal, dejarían de realizarse las siguientes acciones: auditorías a fondos federales en programas coordinados con estados y municipios, que hoy se realizan a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social; imposición de sanciones administrativas a servidores públicos estatales o municipales; se dejarían de conocer las inconformidades que se presenten contra licitaciones que llevan a cabo estados o municipios. Tampoco se podría sancionar a particulares, licitantes, proveedores o contratistas que cometen irregularidades con motivo de actos contractuales, que no son actos de corrupción.

En virtud de lo expuesto en el punto anterior, la coordinación con las entidades federativas respecto de la vigilancia de los recursos federales transferidos a éstas, prácticamente desaparecerían con la consecuente pérdida de control.

Por lo ya expresado, Acción Nacional buscará la mejor forma para fortalecer el combate a la corrupción, tema que no tiene colores, sino un sentido de nación.

Refrendamos que debe mantenerse a la Secretaría de la Función Pública en el texto de los artículos 26 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente, por los motivos ya expuestos, y solo le tomaremos la palabra al PRI, siempre y cuando exista un análisis de mayor estudio legislativo.

Justamente ahora, en esta Cámara de Diputados, hay varias iniciativas propuestas sobre este tema que ofrecen muy buenas opciones para avanzar en el combate a la corrupción.

La Secretaría de la Función Pública tiene facultades que han permitido un avance importante, tanto en mejorar el funcionamiento del gobierno federal como combatir la corrupción.

Los legisladores priistas le están generando un problema al próximo gobierno al desaparecer esta dependencia sin que antes exista un órgano que garantice las facultades que la Secretaría de la Función Pública realiza y que tienen un objetivo claro de mejorar la administración pública y el tener acciones que combatan y acoten la corrupción.

¿Será esta acción una irresponsabilidad, o estará perfectamente planeada? Ya que si desaparece la Secretaría de la Función Pública y no se crea el organismo constitucional y autónomo que proponen, este próximo gobierno no tendrá ningún órgano de fiscalización y vigilancia ni mecanismos para rendición de cuentas.

Ya termino.

Señores, compañeros priistas, esperamos que su grupo parlamentario opte verdaderamente por dar muestras de mayor determinación en la generación de acuerdos y no prosiga, como sucedió ayer y hasta la madrugada de hoy, en un comportamiento compulsivo y sistemáticamente alevoso, que no escucha las numerosas violaciones constitucionales y de derechos humanos, incluso en las que se está incurriendo ni las desastrosas consecuencias estructurales, jurídicas, logísticas, operativas y presupuestales que experimentará la administración pública federal, por la aprobación de un dictamen entregado tardíamente en una reunión de comisiones unidas, sin resolver de fondo el combate a la corrupción.

El presidente electo firmó un compromiso con la transparencia y combate a la corrupción. Las acciones de todos ustedes están mandando un mensaje totalmente diferente al país.

Hablando de ello, quiero hacer una observación y reflexión para el Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, les invito a que nos reunamos para tratar de construir una armonía necesaria y certera, que en el juego político de pesos y contrapesos haga sentido, y logremos oponer nuestra fuerza a la absurda y mezquina manera con la que el PRI está pretendiendo gobernar en esta soberanía, porque ambos queremos lo mejor de México.

Propuesta: incluir a la Secretaría de la Función Pública en el artículo 26 y mantener el artículo 37 como está vigente en este momento. Muchísimas gracias; gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta o las propuestas de la diputada Elizabeth.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, secretaria, vuelva a preguntar, por favor, si se admite a discusión las propuestas de la diputada Elizabeth.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la abstención sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.

Don Rodrigo González Barrios, del PRD, su reserva al artículo 26. Esta votación se dio en escenario de mayoría, de minoría y de abstenciones. Si hay algún orador que me quiera reclamar estoy para escucharlo. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos del artículo 144 del Reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Por cuánto, presidente?

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Por tres minutos, para preguntarle a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de Betzi.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no ejercerá su derecho de voto.

(Votación)

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De viva voz, el sentido de su voto, diputados.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya(desde la curul): Abstención.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández (desde la curul): En contra.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Se emitieron 154 votos en pro, 232 en contra, 44 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Rodrigo González Barrios, del PRD, también para presentar reserva del artículo 26.

El diputado José Arturo López Candido(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Rodrigo González Barrios: Gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, por favor.

El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): Señor presidente, cotidianamente este aparatito moderno, mi votación y mi huella no la registra, siempre tengo problemas para votar. Como ahorita le pedí la palabra y nada más volteó para aquel lado.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Su voto quedó registrado, diputado.

El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): No, no quedó registrado.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe por favor, diputado.

El diputado Rodrigo González Barrios:Gracias, diputado presidente. Previo a la reserva de este artículo 26, no quiero dejar de hacer algunos comentarios en el marco de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque mantuve una posición en la Comisión de Gobernación y el día de ayer también, al finalizar hoy en la madrugada, a las cinco y media de la mañana, la aprobación del dictamen correspondiente.

Quiero decirles, ciudadanas y ciudadanos diputados, que en términos de la composición de la Cámara y en términos también de cómo se están dando los debates, es sumamente complicado dentro del debate buscar la manera de convencer de una posición y también de convencer de la otra posición.

En este caso específico, hacía el comentario que quien va a ser presidente de la República y va a tomar protesta el día primero de diciembre —seguramente aquí en San Lázaro—, hizo un compromiso por una presidencia democrática de 10 puntos, y en el séptimo punto señaló —está publicado, está escrito— que iba a mantener un pleno respeto por el Poder Legislativo.

Sin embargo, hoy que está planteada esta iniciativa —que ya se votó esta reforma, que ya se votó en lo general—, prácticamente no se cumplió —como señalaron ya varios compañeros— el procedimiento correspondiente.

Le preguntaba en esa reunión al presidente de la Comisión de Gobernación, que porqué no nos había entregado cinco días antes el proyecto de dictamen correspondiente, cosa que no se hizo. Jamás me dijo si tenía mi firma de que me había entregado ese documento. Pero seguramente no es tan grave que él no nos lo haya entregado, lo grave es que las y los ciudadanos diputados de esa comisión finalmente aceptamos autocensurarnos, en una circunstancia donde teníamos derecho y el Reglamento nos amparaba en ese sentido.

No me parece correcta esta circunstancia, compañeros y compañeras, y voy a estar reclamando este tipo de situaciones de manera permanente, porque estamos obligados a hacer respetar la ley, así protestamos el día que lo hicimos al iniciar esta Legislatura.

Les quiero comentar porqué la preocupación, y se los decía también: cuando llega Carlos Salinas de Gortari, en un proceso también de elección complicado, el jefe prácticamente de gabinete, el secretario de Gobernación fue Fernando Gutiérrez Barrios, y en el Partido de la Revolución Democrática hubo más de 500 asesinatos de compañeros nuestros.

Por eso es la preocupación, no estamos hablando de oídas, en el sentido de lo que pueda suceder si es que llega, además de todas estas atribuciones que va a tener el secretario de Gobernación, que prácticamente va a ser un subcomandante de las Fuerzas Armadas, porque hoy en que las Fuerzas Armadas están en la calle: la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército, y prácticamente van a depender del secretario de Gobernación y tiene atribuciones para utilizar la fuerza pública en lo que se le venga en gana; evidentemente que tenemos una preocupación y ahí están 500 militantes perredistas que murieron después de que tomó protesta Carlos Salinas de Gortari. Ésta es la preocupación, no estamos hablando de oídas, por eso quise dejar asentado esto.

Ya para terminar, estoy planteando la reserva al artículo 26, porque me parece que no debe de crearse la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y de Vivienda, y esa parte que es de Sedesol debiera de transferirse, en este caso específico, a lo que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque debiéramos de tener una visión de futuro.

Todo lo que tiene que ver con colonias, con agua potable, con drenaje, con industrias, todo, absolutamente todo, todo, todo, tiene que ver con manifestaciones de impacto ambiental, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por mandato de ley, está obligada a la planificación territorial de manera ambiental.

Por eso me parece pertinente que no se quite la Secretaría de la Reforma Agraria, que permanezca, y en este caso las atribuciones que tiene Sedesol, en términos de vivienda y en términos de territorio, pasen a la formación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y que se le agregue también territorio y desarrollo urbano. Muchas gracias, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. ¿Deja su reserva por escrito? Por ahí déjela. No se olvide de sus gafas, diputado.

Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Rodrigo González Barrios, relativo al artículo 26. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados por abstención. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Diputada Yazmin Copete Zapot, del PRD.

La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot:Compañeras y compañeros diputados, las modificaciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en lo particular del 26, establecen la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, propuesta por Enrique Peña Nieto y no por el PRI.

A todas lucen son inconstitucionales, en virtud de que contravienen el artículo 27 constitucional, fracción VII, en su primer párrafo.

Le pediría al diputado presidente, instruya a la Secretaría para que le dé lectura a ese artículo, en esa fracción y que se detenga mi tiempo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Deténgase el tiempo de la diputada y obséquiese la moción de ilustración. Léalo la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante, diputada.

La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot:Gracias, diputado presidente. Como nos podemos dar cuenta, este precepto constitucional quedará subordinado a la norma secundaria del desarrollo territorial y urbano que se impondrá con este albazo legislativo.

En la exposición de motivos queda de manifiesto que en ninguna de las políticas que aplicará la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano se protegerá la figura constitucional de los núcleos de población ejidales y comunales ni la protección de sus tierras para el asentamiento humano y sus actividades productivas; al contrario, el objetivo central de esta reforma ordinaria es la de dividir, fraccionar y enajenar los ejidos, sin haber ejecutado la reforma constitucional del artículo 27, fracción VII.

La reforma es un regalo para los grandes desarrolladores urbanos y turísticos, que apoyaron la campaña del autor de esta reforma.

Esta reforma inconstitucional demuestra el verdadero rostro depredador que se impondrá en el próximo sexenio. Los datos estadísticos los proporciona, incluso, la misma exposición de motivos, cuando señala que en México, de las 196.4 millones de hectáreas de superficie, poco más de 100 millones son núcleos agrarios. La suma asciende a más de 31 mil.

En conclusión, el 52 por ciento de la superficie territorial de México presenta rasgos de carácter agrario; es decir, esta propiedad agraria, compañeros legisladores, será aniquilada y aplastada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Para demostrar aún más, compañeros diputados, la subordinación de la figura jurídica constitucional de los núcleos de población ejidales y comunales al desarrollo territorial y urbano, solo basta seguir analizando los datos estadísticos que nos proporciona la misma exposición de motivos, cuando señala que el censo de población y vivienda de 2010, nos dice que de los 112.3 millones de habitantes del país, el 62.5 por ciento —es decir, alrededor de 70 millones de personas— viven en 383 localidades de más de 15 mil habitantes, de las cuales 56 son consideradas ya como zonas metropolitanas. Estas 56 zonas metropolitanas en su mayoría tienen alrededor o colindan con núcleos de población ejidales y comunales.

Con la presente reforma inconstitucional los arrasarán. Los grandes desarrolladores inmobiliarios, urbanos y turísticos, tendrán sumas millonarias de ganancias e ilícitas, como las que obtuvieron en los dos últimos sexenios, incluso panistas, quienes impusieron la aniquilación de los ejidos.

Los diputados del PAN forman parte de la aplanadora que ha impuesto los legisladores del PRI en comisiones para no discutir nada y legislar al vapor. Esta postura la asumen los panistas, porque son parte del gran negocio territorial y urbano de zonas metropolitanas; esto es, copartícipes del saqueo que le han hecho a la nación en perjuicio de los mexicanos sumidos en la pobreza.

En las zonas metropolitanas del país, por la marcha del desarrollo urbano desordenado, los desarrolladores y constructores de conjuntos habitacionales se convirtieron en avecindados o ejidatarios, contraviniendo la legislación agraria. El objetivo, tener los beneficios del dominio pleno y mediante esta figura adquirieron las tierras parcelarias y se las vendieron a sus propias empresas inmobiliarias.

Los grandes desarrolladores inmobiliarios realizaron jugosos millonarios negocios con la complicidad de autoridades municipales y funcionarios de los gobiernos estatales, de los gobernadores principalmente en el estado de México, en los últimos 12 años.

Fueron grandes promotores de beneficiarios de estas políticas corruptas del desarrollo urbano y territorial, específicamente Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto.

La legislación agraria, después de la reforma de 92, señala que las tierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico de la vida en la comunidad ejidal, que esta propiedad es imprescriptible, inalienable, inembargable. La legislación agraria vigente señala que solo se podrán enajenar a terceros, si se presenta utilidad para el núcleo de población ejidal.

Esto no sucedió así, los desarrollos urbanos y turísticos, los desarrolladores, acabaron con las tierras de uso común y con las tierras de asentamientos humanos, en donde por años vivieron los ejidatarios. En pocas palabras, en estas zonas urbanas y turísticas arrasaron y extinguieron la propiedad ejidal.

Compañeras y compañeros, por ello solicito a ustedes se mantenga tal cual el artículo 26 de la ley actual y en consecuencia, se sigan salvaguardando los intereses de las comunidades ejidales y de los ejidatarios.

Diputado presidente, agradeceré ponga a consideración que prevalezca el artículo 26 de la ley actual. Gracias, compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si admite a discusión la propuesta de la diputada Yazmin.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Yazmin Copete Zapot, relativa al artículo 26. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la abstención sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Víctor Manuel Bautista López, del PRD.

El diputado Víctor Manuel Bautista López:Con su permiso, diputado presidente. La fórmula que presenta el Grupo Parlamentario del PRI, para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pretende —entre otras cosas— desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y subordinar dicha actividad al desempeño de la Secretaría de Gobernación.

Esa fórmula la conocemos bien en el estado de México, la utilizó ya Enrique Peña, durante todo su mandato y los resultados fueron tan desastrosos para la población mexiquense, que el propio candidato del PRI ofreció en la campaña, en la pasada campaña a gobernador —estoy hablando de Eruviel— en 2011, una medida diametralmente diferente a la que hoy discutimos aquí.

El compromiso 5,821 del gobernador Ávila, fue crear la Secretaría de Seguridad en el estado de México, y si hacemos caso a lo que tantas veces señalaron, tanto el presidente electo cuando era gobernador, así como muchos de los que hoy son diputados del PRI y que fueron diputados locales en el estado de México, al señalar que era esa estrategia de compromisos la que convencía al ciudadano para conseguir su voto. De ser así, la mayoría de los ciudadanos que votaron en el estado de México por el PRI, tres millones de mexiquenses, que sufragaron por el señor Eruviel Ávila, manifestaron su acuerdo con el tránsito del modelo de una dependencia de seguridad pública adscrita a la Secretaría General del gobierno del estado, respaldando la propuesta para la creación de una Secretaría de Seguridad.

Y aquí está la iniciativa diseñada por Enrique Peña y enviada y presentada por un diputado mexiquense, en un método muy parecido, por cierto, a la contrarreforma electoral mexiquense, la que en ese entonces se llamó la Ley Peña.

Hoy estamos discutiendo esta nueva Ley Peña. Por lo que vimos en la reunión de la comisión ésta medida prosperará; por eso, al explicar a la nación el sentido de nuestro voto en contra de esta propuesta, es más que oportuno esbozar los resultados que nos esperan como consecuencia de esta medida.

Entre el primero y sexto año de gobierno del señor Enrique Peña Nieto, en el estado de México, la incidencia delictiva —casos— creció de la siguiente manera: robo a casa habitación, con violencia en un 35 por ciento; robo a empresas, con violencia en un mil 300 por ciento; robo a banco, en un 31 por ciento; robo en transporte público, en un 328 por ciento; robo de vehículo, con violencia, en un 102 por ciento; robo de vehículo, sin violencia, en un 45 por ciento.

Esos son los verdaderos resultados que en materia de seguridad pública obtuvo el modelo policial que hoy se discute y el que se pretende imponer; por esa razón, cuando en el estado de México los que en ese entonces éramos diputados locales —y aquí habemos varios no me dejarán mentir, entre ellos algunos diputados del PRI—, quienes integrábamos los grupos parlamentarios de la oposición recibimos la iniciativa del actual gobernador para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No solo la recibimos y la discutimos, sino que también colaboramos a realizar la más profunda transformación legal en la materia, pero bueno, en el país son tiempos de retroceso.

Hay otro aspecto que es indispensable considerar. Como ustedes saben, durante el mandato de Enrique Peña, en el estado de México, ocurrieron hechos lamentables: el caso de San Salvador Atenco; que digo lamentables hechos, la descarada y sistemática represión desatada en contra de la población de este municipio y diversas personas que se encontraban en ese lugar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó los hechos y juzgó que los mandos superiores encargados de planear, organizar y ejecutar el operativo eran responsables por acción u omisión de los hechos ocurridos. Como consecuencia, el titular de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid, fue removido de su cargo, pero ni el secretario general de Gobierno ni el propio gobernador asumieron la responsabilidad que les correspondía a ellos, al primero, por ser —como se propone, para secretario de Gobernación— el responsable de la seguridad, y el segundo, porque en ese diseño institucional rehúye a la obligación que le impone el orden constitucional de detentar el mandato de la fuerza pública y ser el principal responsable de la actuación y resultados en la materia.

Con este diseño institucional, el próximo presidente de la República buscará fortalecer un modelo de seguridad en el que los responsables de dicha función ocupen jerárquicamente un lugar subordinado para él. De esta manera, diluir la propia responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo de la Unión, pero sobre todo, para usar las corporaciones policiacas con una perspectiva represiva, sin que tenga que asumir los costos de esta decisión que vulnera la vida democrática, los derechos humanos y el estado general de derecho.

Pero también representa un repliegue bajo el cálculo de los beneficios políticos, que en el estado de donde provengo propició el incremento de la inseguridad y el aumento de responsabilidades a los otros órdenes de gobierno, en detrimento de la indispensable seguridad de todos.

Esperamos que reflexionen y no consuman esta decisión fallida, que puede poner en riesgo el futuro del país en su conjunto.

Por eso vengo a esta tribuna a solicitar que el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se mantenga en sus términos.

Como estoy convencido que no va a haber debate, quiero aludir a mi ex compañero y actualmente compañero, diputado federal José Manzur, diputado del PRI, quien presentó esta iniciativa de modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo quiero aludir.

Señor diputado —termino presidente—, al igual que usted, fui diputado local en la anterior legislatura del estado de México y siendo usted presidente de la Junta de Coordinación Política recibimos la iniciativa del actual gobernador para sustituir la Agencia de Seguridad Estatal, dependiente en ese entonces de la Secretaría General de Gobierno, para crear en su lugar la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Usted como presidente de la Junta de Coordinación Política del estado de México promovió a toda costa la aprobación de dicha propuesta, que supongo juzgó correcta, ¿por qué ahora presenta una propuesta diametralmente opuesta a la que promovió y respaldó con tanta decisión en 2011 para el estado de México? Por su respuesta, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea, si admiten a discusión las propuestas de don Manuel Bautista.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Víctor Manuel Bautista López, relativa al artículo 26. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la abstención sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, tiene usted uso de la voz para presentar su reserva al 26, y si desea de una vez presentar su reserva al 27, ya que está en la tribuna.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:La atmósfera antidemocrática que se recrudece en el país por estos días, sin duda acelera la movilidad política en la sociedad y en este mismo Congreso, en lo que estoy viendo el día de hoy aquí.

En las comisiones he estado planteando, en el debate, la necesidad de que se mantenga a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de la Función Pública en la actual estructura de la ley federal de la administración pública.

He oído a los diputados del PAN, he visto a los diputados del PRD, desde ayer y hoy, y sin duda que —le decía al diputado del PRI—, pues a él le conviene lo que está ocurriendo.

Es muy importante entender que estas leyes son impactos estructurales a la administración pública, que está violentando a la Constitución y al propio reglamento orgánico; en particular, en esta iniciativa se omite precisar al responsable de la seguridad pública de la federación, para efectos del artículo 21 constitucional.

El artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Nacional se integra por los siguientes, conforme a este artículo: el presidente de la República, el secretario de Gobernación, entre otros el secretario de Seguridad Pública.

Cito lo anterior, porque en la fracción XIV del 27 del dictamen se establece como nueva atribución del secretario de Gobernación la de presidir la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, remover a su secretario técnico y designar, tanto a quien presidirá como a quien fungirá como secretario técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

Sin embargo, es necesario precisar que la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que se integra por los titulares de las dependencias encargadas de la seguridad pública de la federación, los estados, el Distrito Federal, y será presidida por el secretario de Seguridad Pública.

Resultando que la reforma del artículo 27, que impacta al 26, que se presenta en el dictamen, no propone específicamente o en forma específica quién será el responsable de la seguridad pública de la federación, y además invade competencias del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Este tipo de aberraciones son las que están aprobando los diputados de esta mayoría que se está construyendo como en otros años. Recuerdo mucho el 88, era avasallador el salinato con esta mayoría que armó, obviamente a través de la defraudación electoral y de corromper a muchos diputados; recuerdo en ese tiempo el frente cardenista, el Partido Popular Socialista, el PAN, que votaban como hoy veo a algunos diputados hacerlo sin rubor aquí.

Digo esto, porque igual ocurre en lo del tema de la Función Pública; es decir, que es importante para el PT, que no coincidimos con la propuesta adicional de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos en que se dice en artículos posteriores al dictamen, para reformar la ley de la administración pública, debido a que se convierta ésta en una dependencia controladora, centralizadora y concentradora de absolutamente todo el ciclo presupuestario.

La secretaría, que manejará el Presupuesto en la federación y también administrará la parte relativa a las auditorías, a través de auditores preventivos, eliminando la función de la actual Función Pública del fincamiento de responsabilidades administrativas y penales ante el órgano competente. Hacienda será juez y parte.

Por todo esto, nuestra fracción está por fortalecer a la Secretaría de Función Pública, que redunda en una eficiente vigilancia y fiscalización de los recursos públicos, y por eso queremos que se mantengan las dos secretarías en la actual forma de la estructura.

Entendemos la prisa de los priistas, de sus adláteres, aliados, paleros, o como les quieran llamar. Pero no entendemos, si de veras Acción Nacional quiere defender la ley, la Constitución, si los compañeros de la izquierda estamos por la necesaria defensa de la Constitución, que estemos votando para facilitarle las cosas a Peña Nieto.

Sinceramente, lamento mucho que esta atmósfera antidemocrática nos llegue al Congreso y quisiera que reflexionáramos y en libertad votáramos a favor de impedir que se consuma el atropello que produce esta iniciativa. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No hay reserva y se queda en sus términos.

Ahora bien, es el momento de hacer un corte. Vamos a abrir el sistema electrónico para votar los artículos 7o., 10, 25 y 26, de tal suerte de posteriormente pasar a las demás reservas.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, a efecto de recabar votación nominal en sus términos de los artículos 7o., 10, 25 y 26.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación de los artículos 7o., 10, 25 y 26 en términos del dictamen.

(Votación)

Se les recuerda a las señoras diputadas y señores diputados que los reportes de fallas en sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo para la votación; una vez cerrado el sistema, no se aceptará ningún voto. Diputada Nieves. De viva voz.

La diputada María de las Nieves García Fernández(desde la curul): A favor.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras(desde la curul): En contra.

El diputado Omar Antonio Borboa Becerra(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, 312 votos en pro, 109 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados los artículos 7o., 10, 25 y 26.

Don Manuel Huerta, tiene usted el uso de la voz para presentar su reserva del 27.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Gracias. Seguimos con esto de la movilidad política. En particular, con la reforma que se presenta ya —y con lo que siguen votando—, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y la mayoría de sus atribuciones se transfieren a la Secretaría de Gobernación, a la entidad responsable de la política interior. Esto es a la entidad que el Estado confiere la responsabilidad de la gobernabilidad y de garante de la integridad de los derechos de las personas.

Se le dota del mando de la Policía Federal y se le dan atribuciones que determinan políticas y programas públicos para investigar e informarse de datos en materia criminal. Esto es datos personales de las y los mexicanos.

La reforma implica aún más, veamos con mucha atención. La fracción XII del artículo 27, al insertar el concepto de seguridad interior, concepto que no se analiza en el dictamen que se presenta, por cierto, por lo que no se establecen los alcances del mismo; la atribución de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad interior de la nación y sus habitantes puede tener diversas interpretaciones.

Veamos por qué. El término seguridad interior, se encuentra en el artículo 89, fracción V constitucional, en el que se determina que entre las facultades y obligaciones del presidente está la de preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la federación.

Concepto que también se encuentra en el artículo 1 de la ley Orgánica de la Armada de México, en la que se establece que —entre otras cosas— la misión es emplear el poder naval de la federación para defensa exterior y coadyuvar a la seguridad interior del país.

De igual forma lo encontramos en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el artículo 1, fracción II: garantizar la seguridad interior.

Este concepto, el de seguridad interior, no se identifica o ubica en ninguna otra ley en nuestro sistema normativo; si la función de garantizar la seguridad interior se atribuye a las Fuerzas Armadas, de las que podrá disponer el presidente de la República conforme al artículo 89, procede preguntar lo siguiente, ¿hasta qué punto o en qué situación las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles?

La atribución que se otorga al secretario de Gobernación para garantizar la seguridad interior, ¿le faculta para disponer de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles?

Diputados y diputadas, con esta atribución el secretario de Gobernación podrá disponer de las Fuerzas Armadas en auxilio de autoridades civiles, lo que ha venido sucediendo con la fallida guerra de Calderón contra el crimen organizado.

No cuestionamos la legalidad del uso de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles, situación que ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha determinado que las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de autoridades civiles, cuando éstas soliciten su apoyo. Además, los institutos armados están constitucionalmente facultados para actuar en materia de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes. Ahí no radica la cuestión.

En la fracción XVIII se establece la atribución para auxiliar a las autoridades federales, estatales y municipales que soliciten su apoyo, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando así se requiera o estime. La tarea policial y seguridad de los municipios, localidades rurales y urbanas e intervenir ante situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente.

Por otra parte, en la fracción XXVI se le faculta para establecer un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

Fracción XXVIII: coordinar, operar e impulsar la mejora continua del Sistema de Información, Reporte y Registro de Datos en Materia Criminal, su debido suministro e intercambio entre autoridades competentes. Así como la fracción XXIX, entre otras.

No estamos ante un nuevo Big Brother; estamos ante una política pública policiaca, al reiterar atribuciones de recopilación de información de los ciudadanos por encima del sistema nacional de seguridad pública, que deriva del artículo 21 constitucional.

Por ello resulta indispensable estudiar más ampliamente los alcances legales o inconstitucionales de las nuevas atribuciones en materia de policía y seguridad interior. El nuevo diseño de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo federal prefigura la instrumentación de una política interior fundada en la fuerza del Estado para enfrentar disturbios.

Aunque más adelante le vayan a poner hechos de violencia; a ver quién califica eso. Ya sabemos que eso es parte de los menjunjes y enjuagues que traen por ahí, vendiendo espejitos por problemas de fondo, como el que estoy planteando aquí, como ya lo debatíamos ayer con los señores del PAN, u otras acciones que implican violencia o riesgo inminente.

Es por eso —y culmino— que nuestra propuesta es eliminar las fracciones XII, XIII, XVII, XIX, XXVII, XXIX del artículo 27.

Pido permiso a la Presidencia. Miren, esto que decía el diputado Monreal, sobre el tema del Estado Mayor sí es grave; en lo personal, ya algunos ciudadanos nos dicen que ya a algunos de nosotros nos están investigando. Bueno, aquí estamos, podemos públicamente dar nuestros datos. Le pido al presidente que nos informe, porque es serio.

Miren, diputados, deberían de estar preocupados porque a un diputado le estén tratando así, sin que lo autorice el presidente, y le pido al presidente considerar que escuche mi planteamiento para que me diga si usted autorizó la presencia del Estado Mayor Presidencial, ¿cuánta gente entró aquí? ¿Quiénes son? Porque no vaya a ser que ya la delincuencia esté entrando al Congreso federal, a la Cámara de Diputados, con la autorización de ustedes. Tienen que dar una explicación. No tienen que evadir su responsabilidad, porque usted es responsable de lo que me ocurra a mí o a cualquier compañero diputado de esta Cámara.

Ojalá asuma y diga las cosas como son y no llegue el Estado Mayor, como ahorita está llegando, como el Big Brother. Tienen ustedes esa responsabilidad de contestar.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bueno, diputado. Le informo que es personal de la empresa que tiene a cargo el sistema electrónico de votación.

Pregunte la Secretaría a la asamblea si admite a discusión los planteamientos de don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, relativa al artículo 27. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén en abstención sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.

Honorable asamblea, en una amigable composición con el Movimiento Ciudadano, abrimos la discusión del artículo 27 en varias fracciones, y le doy el uso de la voz, además con un enorme gusto, a doña Luisa María Alcalde Luján. La fracción I, luego vendrán otras fracciones presentadas por el Movimiento Ciudadano.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Gracias, presidente. La propuesta de modificación del artículo 27 no contiene una innovación en el ramo administrativo de la gestión pública; por el contrario, deja totalmente de lado los principios básicos de la modernización administrativa, como lo son la descentralización, la simplificación, la especialización, el combate a la corrupción, el fomento a la transparencia y el mejoramiento en la rendición de cuentas.

La propuesta pretende atiborrar de facultades al secretario de Gobernación, situación que puede derivar, entre otras cosas, en el manejo discrecional de los asuntos del presidente de la República.

Las reformas administrativas son ambiguas y poco sólidas. Además, su implementación efectiva se verá frustrada, porque tales reformas no son de carácter sincrónico.

La fracción I del artículo 27 delega al secretario de Gobernación la facultad de subordinar, no coordinar, a las demás secretarías de Estado y a los funcionarios de la administración pública federal, ubicándola por encima de las demás en un afán controlador y antidemocrático.

Orwell, ya hablaba de un Estado similar en su novela 1984, solo que se equivocó de año y que aquí nuestro gran hermano será Miguel Ángel Osorio Chong.

El trasfondo de esta reforma refleja un alto grado de retroceso en el camino de la consolidación del estado de derecho y de la institucionalidad gubernamental. Se pretende enaltecer al secretario de Gobernación, otorgándole facultades extraordinarias, que pueden servir de trinchera para cobijar aún más la corrupción política y administrativa de los altos funcionarios, a través de arreglos institucionales.

Con el pretexto de reorganizar la administración pública se refuerza el modelo verticalista, en cuanto a la toma de decisiones, lo que implica que una secretaría —en este caso la de Gobernación— será la cabeza y órgano de dirección, control y supervisión, marcando asimetrías riesgosas con el resto de las dependencias, para beneficio exclusivo del que será no solamente un impuesto, sino claramente un incapaz titular del Ejecutivo federal.

No debe existir distinción alguna entre secretarías, ya que cada una de ellas cumple tareas distintas en cada uno de los ámbitos de sus respectivas competencias, y deberíamos aspirar a que las decisiones de sus titulares y de cada uno de sus funcionarios fueran autónomas y a favor de la nación, no que respondan a amiguismos, pago de favores y temor reverencial.

Recordando otra vez a George Orwell, éstos que ahora llegan al poder más bien me recuerdan tristemente a La rebelión en la granja, pero con una diferencia: ustedes no van a gobernar borregos, se los garantizo.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración del pleno esta reserva para que se conserve el texto vigente del artículo 27, que no contemple la infame fracción I. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de doña Luisa María Alcalde.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Felipe Camarena, ¿con qué objeto?

El diputado Felipe Arturo Camarena García(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Quisiera conminar a la compañera diputada María Luisa, que se retracte del insulto que hace a todos los compañeros y compañeras diputados, si quieren y buscan el respeto que tanto señalan que tienen, al igual que lo ha hecho el diputado Ladrón de Guevara.

Cada subida a tribuna es insulto y creo que todo tiene un límite y nosotros los diputados se lo debemos de imponer a los de la izquierda, que se enseñen a respetar a los compañeros diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Luisa María, tiene usted la pelota en su cancha.

La diputada Luisa María Alcalde Luján(desde la curul): No me retracto, compañero. Lo invito a leer el libro, es una descripción y me retractaré en el momento en el que ustedes sean capaces de valer por cada uno de lo que representan. En ese momento, me retractaré.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La dejamos de ese tamaño. Tiene el uso de la voz don Juan Luis Martínez Martínez...

¿Con qué objeto, diputado? Ya le enseñaron las credenciales del personal. Lo escucho.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Miren, ayer y hoy mismo lo dije, estos asuntos no son personales. Fíjense, las verdades a veces duelen...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Las verdades a veces duelen. No, estoy hablando, porque miren, no me voy a retractar; de verdad, hubiera querido que los diputados de la mayoría le exigieran al presidente por las garantías de todos nosotros, porque hoy aquí estamos metidos.

¿Cómo que son de los que trabajan aquí? ¿Qué los que trabajan aquí traen perros?

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A solicitud de usted, diputado, que nos rogó que fuéramos a revisar su equipo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): ¿Qué los que trabajan aquí traen armas? No, aquí está metido el Estado Mayor. Eso sí es preocupante, y decir esas verdades es lo que les duele, pero hay que decir las verdades como son. Está un Estado policía instaurándose el día de hoy aquí.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bueno. Don Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, por favor, para presentar la reserva a la fracción XIX.

Ah, estábamos en algún trámite, adelante. Sí, por favor, culmine con el trámite. Le ruego me disculpe.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, eso parece. Queda en sus términos. Don Juan Luis Martínez, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Compañeros diputados, compañeras diputadas, a nombre de los integrantes de la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano, me permito presentar al pleno de esta honorable asamblea la siguiente reserva del artículo 27, fracción XIX del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de lo siguiente:

Los retos, así como el presupuesto en materia de seguridad pública, han crecido en los últimos años de manera exponencial. En estricto sentido, incorporar a la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, es una vuelta al pasado y una determinación retrograda, ya que ahora se estarían integrando elementos en materia de seguridad pública, como en auxilio a otras dependencias, órganos de gobierno, entidades federativas y municipios, así como la persecución de los delitos y el uso de la fuerza pública como mecanismo de sometimiento.

De esta manera, la reestructuración que se pretende implementar obedece a un solo fin, que es el de retomar dirección en materia de seguridad, que se perdió durante los sexenios panistas.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, para que se mantenga el texto único como actualmente lo establece la ley vigente, que a la letra reza: administrar el Archivo General de la Nación, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de información de interés público.

Compañeras y compañeros, consideramos que dotarle de súper facultades a la Secretaría de Gobernación estaríamos corriendo el grave riesgo, una vez más, como el antecedente trágico, el artero asesinato de los jóvenes estudiantes, un crimen de lesa humanidad, como ocurrió en el año 68.

Por eso, compañeros, consideramos hacer las reservas pertinentes, a efecto de que el texto se mantenga como actualmente está estipulado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Tiene el uso de la voz doña Merilyn Gómez Pozos, para presentar reserva.

La diputada Merilyn Gómez Pozos:Diputadas, diputados, el artículo a discusión en su fracción XXI propone que la Secretaría de Gobernación sea la encargada de organizar, dirigir y administrar un servicio para la atención a las víctimas del delito, así como llevar a cabo la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado; sin embargo, en México existen múltiples instituciones encargadas ya de cumplir con las funciones que ahora le quieren atribuir a la Secretaría de Gobernación, lo que implica una pérdida importante en la facultad de decisión de los órganos existentes, ya que estos dependerán de las normas y políticas de la Secretaría en comento.

Es por eso que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone que la ley se quede como está en estos momentos, que por favor seamos capaces de entrar en una dinámica de diálogo, de debate y que nos demuestren, con argumentos, que esta propuesta es la indicada para poderlo discutir aquí; demuéstrennos con argumentos que esto es lo necesario para el país.

La presente iniciativa es un mero reacomodo a conveniencia de la administración entrante; por lo que se considera que es innecesaria la sobredosis de atribuciones al secretario de Gobernación, porque existen instrumentos en el Estado en materia de derechos humanos y atención a víctimas de delitos y en vez de dejarlos en el abandono deberíamos nutrirlos y fortalecerlos con herramientas que les permitan el desarrollo eficiente de sus funciones.

Derivado de lo anterior, someto a esta asamblea la propuesta de que se quede la ley como está en estos momentos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta de Merilyn Gómez Pozos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos el dictamen. Doña Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Movimiento Ciudadano, reserva el artículo 27, fracción XXIII. ¿Viene la oradora?

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, para mi es la primera ocasión que tengo la oportunidad de estar en esta Cámara de Diputados. Soy de perfil ciudadano, y una de las cosas que discutimos en la ciudadanía y que les señalamos a los legisladores desde el espacio donde estamos es la poca participación el debate en esta Cámara de Diputados.

Me entristece en la mayoría de las ocasiones observar cómo en temas tan importantes, tan vulnerables, tan sensibles para el país no tenemos el carácter y la gran sensibilidad de debatir y demostrarle a millones de mexicanos que sí podemos llegar a acuerdos importantes en esta Cámara. Ojalá muy pronto cambie la actitud de todos los que estamos aquí.

Entre los mayores problemas del dictamen que se discute el día de hoy se encuentra la creación de una súper secretaría que controle todo, ¿hasta al presidente? Al proponer que la Secretaría de Gobernación absorba dentro de su estructura las funciones de la actual Secretaría de Seguridad Pública.

La única tarea de Gobernación debe ser la conducción de la política interna, entendida como la relación del gobierno federal con los diferentes niveles de gobierno, poderes de la Unión y partidos políticos; una armonización y trabajo político y no de control y de fuerza. Ese México autoritario ya no lo queremos.

La ejecución de las penas por delitos del orden federal y la administración del sistema penitenciario federal deben continuar perteneciendo a la Secretaría de Seguridad Pública, pero que reoriente la política criminológica y la formación real de la policía, ya que el objetivo que se busca al ceder estas facultades a Gobernación es vanagloriar el pasado hegemónico del gobierno priista; es decir, regresar a la conducción política, el brazo policiaco que había perdido.

Si bien es cierto que la aplicación de la justicia en nuestro país es deficiente y que en el sistema penitenciario no existe la figura de reinserción social, el que se haga cargo el secretario de Gobernación no significa que cambie la forma en la que se están llevando estos temas; al contrario, esta acción fomenta la impunidad absoluta que se observó durante décadas debido a la supremacía de esta secretaría sobre las demás.

Esta acción nos muestra otro estilo de la instalación del miedo en el país; peligrosa, regresiva y que tensa más la cuerda.

La pregunta es, ¿cuántos presidentes tendremos en México? ¿Habrá un presidente constitucional y uno de facto, que lo tendrá secuestrado?

Es nuestro deber como legisladores vigilar que el balance de poder entre los órganos se respete, por lo que no podemos permitir esta modificación. Llegar al poder con la fuerza económica y obscura, y sostenerlo con la fuerza policíaca es regresivo y peligroso.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados que la siguiente reserva quede como sigue:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario federal y de tratamiento de menores infractores, en términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos, así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en los términos del dictamen. Don José Antonio Hurtado Gallegos...

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Fernando Belaunzarán. Sonido en la curul de don Fernando Belaunzarán; creo que tiene que hacer ahí algún trámite.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Nada más apuntar una cosa, señor presidente. El respeto siempre se tiene que dar, en mi opinión, es mi convicción. En cierto sentido, de cualquier manera uno puede decir que sea recíproco.

Escuché con mucha atención a la diputada Nelly y planteó sus ideas con respeto ante todos, dio argumentos, dio razones, no le faltó el respeto a nadie, y creo que estamos dando un espectáculo poco amable de lo que debe de ser la Cámara de Diputados; entonces, hago una moción para ver si podemos guardar un poco de respeto entre todos. Nelly dio razones y argumentos y no merecía de ninguna manera las exclamaciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya lo escucharon y espero que este asunto nos llegue a todos, sin distinción partidaria.

Don José Antonio Hurtado Gallegos, tiene el uso de la voz.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Muchas gracias. Quiero agradecer públicamente a mi compañero Arturo Durazo, su intervención para que se nos permitiera hablar. Haciendo mención también a esta Presidencia, que nuestro legítimo derecho es hacer uso de la palabra como legisladores. Muchas gracias.

Reserva al dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 27, fracción XXVIII.

Con su permiso, diputado presidente; compañeras y compañeros legisladores, el artículo que se encuentra a discusión ante el pleno de esta Cámara pretende establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas y cuerpos de seguridad pública y policial, así como para el análisis y sistematización integral de la investigación e información de seguridad pública y de seguridad nacional, a través de una súper secretaría de Estado.

La reforma que presenta Enrique Peña Nieto, no contempla a la racionalidad como un eje transcendental para la toma de decisiones, al querer dotar de facultades a un solo personaje, sin saber si éste tiene la capacidad de llevar a cabo el manejo de los asuntos que se le requieren conferir, tan importantes para nuestro país.

De aprobar esta reforma contribuiremos al fin que quiere alcanzar el presidente electo: un gobierno intervencionista y arbitrario, obligando a todas las dependencias gubernamentales a que se manejen en forma politizada para acceder a un trato privilegiado.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano velará porque se mantenga una institucionalidad alejada de valores autoritarios y para que se establezcan de manera clara las formas en las que la sociedad se desarrolle con mayor certidumbre.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente reserva:

Único. Se mantiene el texto como en ley vigente.

Compañeras y compañeros diputados, respetuosamente el de la voz les invita, los exhorta a que saquemos nuestra esencia; hagamos lo que nuestra conciencia nos dicte. El país nos reclama, ¿qué le vamos a decir a nuestro país, si aquí hay un desorden? El desorden más fuerte va a estar afuera, créanmelo.

Aquí venimos por la confianza y el voto de la gente que creyó en nosotros. Hoy, como en otras ocasiones, compañeros —y créanme, todas las veces que suba a tribuna lo voy a decir respetuosamente—, hoy como en otras veces, estamos haciendo lo mismo, estamos decepcionando a las mexicanas y a los mexicanos. Hagamos conciencia. Votemos por nosotros, no por lo que nos obliguen. Compañeros, disculpen. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión los planteamientos del señor diputado que ha expresado con todo respeto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos el dictamen. Doña Martha Beatriz Córdova Bernal, tiene la palabra.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, con esta reforma se pretende ahondar el peso de la Secretaría de Gobernación, arrogándole irresponsablemente una serie de facultades para recuperar el brazo coercitivo del Estado, cuando está acreditado que en dicha Secretaría no han podido digerir adecuada y responsablemente los asuntos de política interior.

Tales reformas propuestas no están de conformidad con la realidad actual en la que la extrema verticalidad administrativa puede tender al paroxismo en vez de constituir una solución.

La creación de la Secretaría de Seguridad Pública estaba encaminada precisamente a la desconcentración y especialización administrativa de sus cuerpos y mandos, tomando en cuenta las cada vez más importantes tareas de seguridad del Estado mexicano.

El renacimiento de una mega secretaría, colmada de competencias, atribuciones y facultades para concentrar y centralizar la política interior y la política de seguridad, encuentra su único fundamento en el imaginario del pasado que aún añoran las glorias vividas, cuando fueron bautizados como partido hegemónico y pragmático.

No hay motivos o razonamientos objetivos para creer que estas reformas pueden acarrear alguna funcionalidad que beneficie a la sociedad.

Si se está pretendiendo concentrar las tareas de seguridad, de política interior, migratoria, de población y de coordinación administrativa, en una sola dependencia, poco falta para que subsista tan solo en una secretaría fuera de la Presidencia.

Ciertamente en México tenemos una de las burocracias más obesas, caras, improductivas e ineficientes, pero esos problemas no se resuelven experimentando con cambios legislativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en el papel solo significan una grave descompensación, por lo que ve a las facultades y atribuciones que son propias de las dependencias que integran el gabinete del Ejecutivo.

Cualquier cambio de este tipo debe estar precedido ineludiblemente por una reforma integral en el derecho burocrático mexicano, en el régimen de responsabilidades de los servidores públicos y en el sistema educativo. Se requiere una verdadera reforma de Estado.

Sin lo anteriormente, no tiene sentido vaciar de sustancia a la Secretaría de Seguridad Pública ni mucho menos mermar a las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual tiene actualmente la facultad de expedir permisos sobre la portación y posesión de armas de fuego en nuestro país.

Si bien el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los habitantes de nuestro país tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, es responsabilidad absoluta del presidente llevar el registro y control de cada una de las armas en territorio nacional.

Pero la expedición de permisos es facultad de la Sedena, como lo estipula el artículo 4o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Compañeras y compañeros, los invito de verdad a debatir. No hagamos las cosas como se están haciendo en esta tribuna. Vengo de Ciudad Juárez, una ciudad y un estado, Chihuahua, bañado de sangre y la gente, nuestro pueblo, está esperando que tomemos decisiones en serio; no está esperando a que nos mayoriteemos por intereses de unos cuantos.

De verdad los invito a debatir. Lástima de veras que no quieran debatir todos estos cambios y todas las reservas a los artículos que estamos planteando.

La propuesta del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano es que se mantenga vigente el texto. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bien, diputada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos el dictamen. Don Fernando Belaunzarán Méndez, la fracción XXI del artículo 27.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. A nadie escapa la estela de dolor y tragedia que ha acompañado a miles de familias mexicanas en los últimos años por una violencia desbordada.

Podemos discrepar de las causas de la violencia, podemos discrepar sobre quién tendría responsabilidad, si se pudo haber abordado de mejor manera, si equivocamos la estrategia o no. En eso podemos discrepar. Pero creo que podemos tener un consenso; el consenso es que las víctimas de la violencia han tenido un sufrimiento fuerte, han quedado en el desamparo muchas de ellas y hay que atenderlas con profesionalismo y hay que darles justicia, que haya justicia, que no haya impunidad y que haya una solidaridad social, estatal con quienes están en esa situación.

Asimismo lo dice una reforma constitucional que se hizo, y la voy a leer. El artículo 20 constitucional dice, en el Apartado C. De los derechos de la víctima o el ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que a su favor establece la Constitución, y cuando lo solicite, ser informado del desarrollo y procedimiento penal;

Hay varios derechos de las víctimas y del ofendido.

Lo que buscamos con esta modificación es, precisamente, que la ley secundaria que tiene que ver con este artículo —que todavía no se ha hecho—, tenemos varios pendientes con las víctimas; una de ellas es la Ley de Víctimas, que tenemos que encontrarle una solución. Mi posición es que se publique, hay otra posición distinta, no importa, pero todos estamos de acuerdo en que está pendiente la solución de la Ley de Víctimas, pero también la ley reglamentaria.

Dice originalmente que sería facultad de la Secretaría de Gobernación organizar, dirigir y administrar un servicio para la atención a las víctimas del delito y celebrar acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución.

Pero esto sería una camisa de fuerza para la legislación que tenemos acordar, muy importante con las propias víctimas, entre ellas, por supuesto con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que las ha representado de una manera, en mi opinión, muy digna.

Lo que nosotros proponemos es que diga, en el inciso 21: participar en la atención integral a las víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución.

Me parece que esta redacción ayudaría mucho a una atención integral a las víctimas, y por supuesto, que hay que reconocer que el Congreso de la Unión ha sido solidario con ellas; tuvimos un acuerdo de unanimidad, bueno, tuvimos institucionalmente, porque fue la anterior legislatura para atender este problema.

Creo que todos sabemos de la deuda que tenemos. Tenemos que solucionar el problema de la violencia, pero también tenemos que solucionar de alguna manera sus efectos y consecuencias.

Esta redacción ayudaría mucho mejor a la legislación que vendría y la atención, y además, nos ayudaría más a tener una relación de una mejor manera con las víctimas, con las organizaciones que las representan. Me parece que es una deuda pendiente y ojalá se acepte esta modificación. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Fernando Belaunzarán. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén abstención. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se aprueba que el texto pase a formar parte del dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea en votación económica si se admite la reserva en los términos presentada por el diputado Fernando Belaunzarán, a la fracción XXI del artículo 27. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muy bien. Doña Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del PRD, las fracciones XX y XXIII del propio artículo 27.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, diputado presidente. Creemos que en el caso del artículo 27 podemos llegar a acuerdos, sobre todo en los temas sustantivos que nos ocupan.

Nos parece que si bien existe una instancia de coordinación horizontal, en donde convergen diversas instancias, como es la Presidencia de la República, Gobernación, Defensa, Marina, la propia Procuraduría General de la República y el propio secretario ejecutivo, así como los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, en el llamado Consejo Nacional de Seguridad Pública, creemos importante que precisamente es desde esta instancia donde se deben de proponer las políticas orientadas a trabajar el tema de la prevención del delito y la reconstrucción de nuestro tejido social; por eso, el Grupo Parlamentario del PRD propone la siguiente redacción.

Fracción XX. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de políticas orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de la delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales; fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales y por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los delitos del fuero común; promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad interior y pública, y atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de estas atribuciones.

Ahí cerramos el párrafo y creemos que esto nos va a permitir seguir trabajando este tema, que nos preocupa a todos, con una visión  integral y desde una instancia plural de toma de decisiones.

Es cuanto, diputado presidente, en esta fracción. ¿La votaríamos de manera separada, presidente? Consulto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Son las fracciones, sí, creo que sí. Vamos a votarlo por separado, no vaya a ser. Pregunte la Secretaría a la asamblea la de la fracción XX.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Lizbeth Eugenia Rosas, relativa a la fracción XX del artículo 27. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se aprueba para que pase a formar parte del dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea en votación económica si es de aceptarse la reserva presentada por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se modifica el dictamen en esos términos. Ahora la XXIII, si se acepta y de aceptarse, si se aprueba.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, diputado presidente. El mismo caso del artículo 27, fracción XXIII, compañeros diputados, nos parece sumamente importante que actualicemos los conceptos, pero que se adecúen a nuestro marco legal normativo, que finalmente se estableció desde marzo de 2012 y que ha sido una amplia discusión en materia de atención a los menores infractores.

Actualmente ya no existe este tema como tal; en materia de tratamiento de menores infractores tenemos actualmente una ley precisamente que trabaja el tema de manera integral, que se determina Ley de Justicia para Adolescentes.

La propuesta del Grupo Parlamentario del PRD va en razón de modificar la redacción para quedar como sigue: Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes, en términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos, así como organizar y dirigir las actividades de apoyos a liberados.

Creemos que esto finalmente establece como un acuerdo la posibilidad de seguir garantizando el respeto irrestricto a los derechos humanos de los adolescentes, de los menores de 18 años. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Pregunte la Secretaría a la asamblea, los dos pasos, por favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Lizbeth Rosas, relativa a la fracción XXIII del artículo 27. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora, si se aprueba.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se modifica el texto. Don Julio César Moreno Rivera, las fracciones XVIII y XXIV.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la fracción XVIII del artículo 27 del dictamen a discusión, entre otras facultades concede a la Secretaría de Gobernación la de reforzar, cuando así se requiera o estime, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, e intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente.

En nuestro país, la participación ciudadana se ha incrementado notablemente, expresándose de diferentes maneras legítimas, al no poder satisfacer sus distintas necesidades. No permitamos que estas manifestaciones puedan ser consideradas como disturbios y por ese motivo también puedan ser reprimidas por la autoridad.

Por consiguiente, el hecho de señalar disturbios implica el riesgo de que se pueda dar de manera discrecional una violación a la libertad de asociación y a la libre manifestación de las ideas; por lo que mi reserva lo que pretende es garantizar que dichas libertades, consagradas en la Carta Magna, por lo que a fin de respetarlas y salvaguardarlas, así como mantener la certeza jurídica de los derechos de los ciudadanos, mi propuesta es suprimir el término disturbios para quedar de la siguiente manera: Reforzar, cuando así se requiera o estime, la tarea policial y de seguridad y los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, e intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente.

Con lo cual se salvaguarda la pacífica manifestación de las ideas y la libre asociación, contempladas en los artículos 6o. y 9o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto, por supuesto, es conocido por todos ustedes.

Por lo cual, compañeras y compañeros diputados, llamo a votar a favor de la presente reserva. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda la Secretaría.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Julio César Moreno Rivera, relativa al artículo 27, fracciones XVIII y XIX. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Perdón, ¿presentó las dos? Presentó una sola.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Disculpe, presidente. La fracción XVIII del artículo 27. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora proceda, a ver si se acepta que pasen a formar parte del dictamen.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se modifica el dictamen en los términos propuestos. Doña Lilia Aguilar Gil, la fracción XXIII del artículo 27. Esta fracción ya tuvo una modificación propuesta por Lizbeth Eugenia Rosas Montero, pero presente la suya.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Si usted me permite, señor presidente, presentaré tres reservas que tengo enlistadas, que sería la fracción XII, la fracción XVIII y la fracción XIX . Espero que haya libertad también del tiempo.

Para iniciar, antes de las reformas, quisiera dar un discurso de entrada, de lógica, de qué es lo que estamos proponiendo, y quisiera dirigir especialmente este discurso —porque sé que la asamblea está un poco difusa— a los jóvenes y aquellos diputados que están preocupados por sus estados y por la gobernabilidad de los mismos.

Esta reforma, como muchos han dicho ya en esta tribuna —recuerda un poco a Gutiérrez Barrios—, y no es que haya sido ya mayor en los tiempos de Gutiérrez Barrios, pero si me permiten la generosidad de una historia rápida.

Crecí en un Estado en construcción, mis padres fueron perseguidos políticos en un sistema de Estado policiaco y a los 10 años tuve que vivir a escondidas de la persecución estatal que daba precisamente este Estado policiaco y que no permitía la diferencia de opiniones, y que entonces nos perseguía, no solamente a los adultos que expresaban estas opiniones, sino también a los hijos de estos adultos para que no creciéramos revolucionarios.

Cuando alguien me preguntaba antes si volveríamos a los tiempos del viejo PRI, decía con esperanza que probablemente no, y esperaba que no, de verdad, de corazón, y ahora les puedo decir que no sé porque esta reforma no nos deja saber qué es lo que pretende este nuevo gobierno.

Hoy discutimos la pretensión de regresar las facultades a una súper secretaría, que —como ya se ha dicho en esta tribuna, pero hay que ser conscientes de qué es lo que estamos votando— controlaría, no solamente la seguridad pública, regularía la portación de armas, controlaría la garantía y el respeto a los derechos humanos, coordinaría el gabinete, marcaría la política interior de este país, interferiría en los municipios y en los estados cuando así lo considerara necesario, así como muchas otras atribuciones.

La pregunta, compañeros diputados y compañeras diputadas, del PRI y del PAN, y de los partidos que votan a favor de esta reforma, es: ¿se puede? ¿La teoría política nos dice que se puede? Les digo que estamos creando un pequeño monstruo, y se los digo con todo respeto.

En teoría política México se considera un país democrático a partir del 2002, no por el cambio de partido político en la Presidencia de la República, sino que entramos en 2002 a esta tercera ola de la democratización junto con Ghana, Croacia y Senegal, por la transversalidad en el reconocimiento de derechos de grupos minoritarios, la división de poderes y el respeto al federalismo, y obviamente a los órganos autónomos que logran una contraloría social real.

Pero más allá, pareciera entonces que el recuerdo del pasado no nos llega y por eso decía que quería dedicar esta intervención a los diputados jóvenes, porque la persistencia de la memoria nos falla. Tal vez sería bueno un repaso a la historia inmediata para recordar quién fue Gutiérrez Barrios y que las nuevas generaciones recordemos a todos los demás que utilizaron la capacidad absoluta de un gobierno inquisidor y autoritario, que no respetaba ninguna regla.

Decía un guerrillero de aquellos tiempos, que hoy ya no está en vida: Era un coronel tan fino, tan fino Gutiérrez Barrios, que hasta parecía licenciado y mataba sin molestar a nadie. Esto era el ejercicio del poder más agresivo del Estado policíaco que tenía —esperemos— el viejo PRI.

Es por eso que entonces venimos a presentar reservas, no solamente para evitar este estado policíaco, sino además para que este Estado no caiga en una crisis de gobernabilidad y en una crisis política posterior, con una súper secretaría que tendría un poder absoluto.

Señor presidente, las reservas que presento en primer término serían al artículo 27, fracción XIII y a la fracción XVIII del mismo, que tienen que ver con la autonomía y la soberanía de los estados.

Llamo la atención de los señores diputados, porque todos aquí venimos de estados diferentes y queremos que la autonomía y la soberanía de nuestros estados se respeten.

El artículo 27, en su fracción XII dice que la Secretaría de Gobernación presidirá el Consejo Nacional de Seguridad Pública con ausencia del Presidente de la República y propondrá las acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la federación, el Distrito Federal y los estados.

Nosotros lo que estamos proponiendo es que estos lineamientos de seguridad pública nacional sean en estricto apego al federalismo y a la autonomía de los estados, ¿por qué? Porque ni siquiera el sistema de seguridad pública actual, que está en el artículo 30 Bis, que ahora sí ya se derogó en las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública, es tan autoritario, inquisitivo con los estados.

Lo que nosotros estamos pidiendo es la inclusión de los estados y el respeto a la autonomía y a la soberanía de los mismos para que puedan ser parte del sistema de seguridad pública nacional.

En la fracción XVIII, del mismo artículo, igualmente estamos tratando de evitar michoacanazos, para ser claros y concretos, y leo la fracción XVIII, que dice a la letra: La Secretaría de Gobernación es auxiliar a las autoridades federales, estatales y municipales o del Distrito Federal, competentes que soliciten apoyo al marco del sistema nacional de seguridad pública, en la protección de la integridad física de las personas y la preservación de los bienes, reforzarla cuando así se requiera o estime la tarea policial de seguridad de los municipios y localidades rurales.

Lo que nosotros estamos proponiendo en esta reforma es que diga que esta reforma será siempre y cuando los titulares de los ejecutivos de los municipios y los estados soliciten la intervención de la Policía, la Secretaría de Gobernación o haya un estado de gravedad; que es cuando esta facultad de la Secretaría de Gobernación sea ejercida.

Si no, ¿qué es lo que vamos a tener? Un sistema nacional de seguridad pública que cuando considere prudente el secretario pueda intervenir en los estados y tener lo que ya tuvimos en Michoacán hace algunos años, con la detención de varios funcionarios públicos de este estado.

Esto sería en lo que se refiere a la fracción XII y a la fracción XVIII de este artículo 27, señor diputado, y si me permite pondría aparte la fracción XIX, porque en ésta creo que puede haber un consenso en la asamblea.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Qué hacemos? Vamos a preguntar a la asamblea respecto de estas dos, ¿le parece? Pregunte por favor, don Fernando Bribiesca.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Lilia Aguilar Gil, en la fracción XIII del artículo 27.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En las dos de una vez. Son dos: XIII y XIX.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Fracciones XIII y XVIII.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Fracciones XIII y XVIII. La XIX la apartó.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Se va a votar en lo relativo al artículo 27, fracción XIII y fracción XVIII. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Quedan en sus términos. La XIX. Si nos permite, señor secretario. Adelante.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Finalmente, agradezco su generosidad con el tiempo para dar salida a estas tres reservas, señor presidente. En la fracción XIX, la propuesta que estamos haciendo es que quede en los mismos términos que tiene el 30 Bis actual para la Secretaría de Seguridad Pública y simplemente se omita la última parte de este artículo, que dice —después del punto y coma—: Auxiliar al Poder Judicial de la federación y la Procuraduría General de la República cuando así lo requieran para el debido ejercicio de sus funciones, como otras dependencias, órganos de gobierno, entidades federativas y municipios; auxiliar a la Procuraduría General de la República en la persecución de los delitos y disponer de la fuerza pública, en términos de las disposiciones legales aplicables en las situaciones de alteración grave del orden público.

La propuesta es cortar después de disponer de la fuerza pública, en términos de disposiciones legales aplicables en las situaciones de alteración grave del orden público.

Sé que hay otras reservas al respecto en el mismo sentido. Es lo que se podría a consideración de la asamblea, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por nuestra compañera Lilia Aguilar Gil, en relación al artículo 27, fracción XIX. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don José Humberto Vega Vázquez y don Ernesto Alonso Robledo Leal, tienen reservas en estas fracciones, ¿las mantienen? Don José Humberto Vega, ¿también? Del PT. Adelante.

El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, creo que hemos avanzado en la parte de la productividad legislativa.

Hace unos días la ley que nos metieron para reformar la ley laboral y afectar a los trabajadores, y ahora una ley fast track, que se la sacan de la manga, pero que en muy poco tiempo se va a aprobar. Lástima que no sea a favor de los mexicanos, que esté llena de inconsistencias y de anomalías, pero en cuanto a tiempo, hemos mejorado.

Aunque parezca exagerado, los que de alguna manera vivimos la parte de los gobiernos represores sabemos que este tipo de gobiernos en su momento son realmente peligrosos para nuestra sociedad, porque el carácter militarizado de esos gobiernos ponen en riesgo verdaderamente a los derechos de los ciudadanos, son represores y confunden las pocas reservas que se han modificado; la esencia no se quita, la esencia se sigue dando y además de manera confusa, porque pareciera ser que dentro de estos cambios en la Secretaría de Gobernación, pudiera ser que hay detrás del poder alguien. Eso es lo que tenemos que ver y así lo vemos y es de manera sincera, y ojalá, diputados, no llevemos en el pecado la penitencia, los aliados y los que se entibiaron no lleven en el pecado la penitencia, porque es grave.

El artículo 29 constitucional establece con claridad que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y de la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y de las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de las prevenciones generales y sin que la restricción o la suspensión se contraigan a determinada persona.

La iniciativa sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal propone, en su artículo 27, fracción XIX, otorgarle a la Secretaría de Gobernación lo siguiente: disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables en las situaciones de alteración grave del orden público.

La Constitución habla de perturbación grave de la paz pública y es el término de la definición reconocida en la ley, al utilizarse en la iniciativa sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal una expresión similar, situaciones de alteración grave del orden público.

Se está tergiversando el sentido de la Constitución y se evade el espíritu del artículo 29, que justamente aspira a garantizar que los ciudadanos no vean violentados sus derechos, bajo el pretexto de que el Estado enfrenta una perturbación grave de la paz pública.

En nuestra opinión, la iniciativa sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 27, está interfiriendo en las atribuciones de otras instancias, como el Poder Judicial de la federación y de la Procuraduría General de la República, cuyas funciones están claramente establecidas, y argumenta para ello la intención de auxiliar, cuando así lo requieran.

No se debe confundir la coordinación entre las entidades gubernamentales con el derecho de la Secretaría de Gobernación y suplantarlas en sus atribuciones.

Por lo anteriormente expuesto, descrito en el artículo 27, fracción XIX de la iniciativa sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, debe ser rechazado para evitar esas transgresiones y que caiga en la tentación de suplantar las atribuciones de otros poderes del Estado y derive ahí atribuirse el derecho de suspender el ejercicio de los derechos y garantías de los ciudadanos, que no le corresponde. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea. No dejó propuesta, ¿verdad? ¿No dejó propuesta? ¿Sí? Entonces, pregunte si se acepta a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.

Vamos a sustanciar, ya que estamos en esta del 27, fracción XIX, la de Ernesto Alfonso Robledo Leal, del PAN, y luego vamos a escuchar a don Marcos Rosendo Medina Filigrana.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal:Con su permiso, señor presidente. Vengo a reservar del dictamen puesto a discusión por lo que toca a la fracción XIX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en lo relativo a las facultades de la Secretaría de Gobernación para el auxilio que debe prestar dicha secretaría de estado al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República cuando así lo requieran, y así también a otras dependencias o entes públicos en la persecución y combate del delito.

En el caso particular del dictamen, se propone que dicha facultad solo se puede ejercer en situaciones de alteración grave del orden público y sin embargo, consideramos que dicha restricción haría nugatoria la facultad concedida a la Secretaría de Gobernación, ya que estaría obligada a calificar y a fundar la existencia de un estado de alteración grave de la paz pública, que no tenemos en ningún código ni en ningún reglamento ni en ningún ordenamiento legal en este país.

Estimamos que dentro del rediseño de la administración pública federal debemos pugnar por facultades flexibles y apropiadas para el combate de la delincuencia organizada, por lo que esta reserva es en el sentido de eliminar de la fracción XIX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el supuesto de que solo se puede ejercer tal atribución en casos de gravedad.

Lo anterior es así, en razón de que en Acción Nacional estamos a favor de un marco de cooperación entre los diversos poderes y la secretaría encargada del gobierno interior del país, y por ello creemos que la atribución en cuestión no debe estar acotada, sino que debe apuntar hacia un marco de cooperación y ayuda entre las instituciones públicas, máxime si se trata de dotar de seguridad y combate al delito.

Finalmente, estimamos que la adecuación del marco legal para el combate, investigación y persecución de la delincuencia, debe tener como presupuesto la existencia de facultades claras y precisas de las autoridades y de ahí el sentido de la presente reserva.

Simplemente, es en la fracción XIX donde inicia: auxiliar al Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General. Todo queda igual hasta donde dice: y disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables. El resto, después de punto y coma, se eliminaría, quedando eliminada la frase: en las situaciones de alteración grave del orden público. Es todo, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite la propuesta del señor diputado del Partido Acción Nacional.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Alfonso Robledo Leal, relativa al artículo 27, fracción XIX. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se acepta que pase a formar parte del dictamen.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Willy. ¿Con qué objeto?

El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (desde la curul): Si pudiera el promovente volvernos a leer, de favor, el artículo 27 fracción XIX, para que esta asamblea tenga más claridad.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, puede ser el proponente o el secretario, que la tiene a la vista. Señor secretario, por favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Leo la fracción XIX. Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias, órganos de gobierno, entidades federativas y municipios. Auxiliar, cuando así lo requiera, a la Procuraduría General de la República en la investigación y persecución de los delitos, y disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se acepta que forme parte del dictamen.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se modifica el texto. Tiene el uso de la palabra don Marcos Rosendo Medina Filigrana, del PRD, para presentar reserva a la fracción XVIII.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, presidente, gracias, vicepresidenta. La reserva que hemos presentado en lo particular a la fracción XVIII de este artículo 27 que estamos discutiendo, es porque genera realmente preocupación el intento que aquí se está realizando de pretender crear una súper Secretaría de Gobernación.

Estamos ante un hecho sin precedente en la historia contemporánea. No tenemos en el siglo XX, en el siglo pasado del siglo XX, ninguna ocasión en que la Secretaría de Gobernación haya tenido bajo su mando una fuerza policiaca y mucho menos del volumen que hoy se le pretende incorporar ni siquiera en la época del tristemente célebre Gustavo Díaz Ordaz.

Lo que hoy se pretende aquí instaurar es un modelo de paz porfiriana, que los mexicanos pensábamos que habíamos superado desde hace más de un siglo.

Si en esta Cámara hubiera debate, seguramente habría quien vendría a esta tribuna a decirme que hay otros países donde el similar de la Secretaría de Gobernación, el Ministerio del Interior tiene bajo su mando la fuerza pública.

En efecto, si nos vamos al derecho comparado, en España la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 10, pone el mando superior de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bajo el Ministerio del Interior. Algo similar pasa en Francia, con el Código de la Seguridad Interior, en su artículo L411-1.

Sin embargo, hay algo que estamos omitiendo, se trata de países radicalmente distintos al nuestro; estamos hablando de dos países con regímenes unitarios, pero más aún, estamos hablando de dos países con regímenes parlamentarios, donde el ministro del Interior está sometido a la consideración del Parlamento.

Hoy lo que van a aprobar ustedes, compañeras y compañeros, es una súper secretaría, en la cual el secretario de Gobernación no va a estar sujeto a la rendición de cuentas frente al Congreso de la Unión. Vamos a ver un súper secretario sujeto únicamente al ánimo y a la amistad de su jefe y de su correligionario que ocupe el Ejecutivo federal.

Demasiado hemos sufrido este sexenio, con los excesos y las arbitrariedades de quien hoy funge como secretario de Seguridad Pública y ahora nos vamos a enfrentar al monstruoso panorama de tener un súper secretario de Gobernación, con una fuerza armada considerada en miles de hombres.

Es algo similar a lo que en 97 pasó, cuando crearon la Policía Federal Preventiva, se fueron copiando el esquema de la Policía Nacional de Colombia, de los Carabineros de Chile y de la Guardia Civil Española, pero en la práctica se acordaron que éramos un país federal y que también las entidades federativas y los municipios tienen sus propias policías.

Los llamo, compañeras y compañeros, los llamo, respetuosamente, a la reflexión y a que dimensionemos el monstruo que hoy pretenden aprobar, en detrimento de la vida democrática de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bien. A ver, pregunte si la modificación propuesta por don Rosendo...

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Se queda el artículo en las condiciones que se encuentra actualmente, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muy bien. Pregunte si se acepta que quede en las condiciones.

Esta Presidencia recuerda a la asamblea que este artículo ya quedó modificado por la propuesta del compañero Julio César Moreno Rivera, del PRD.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el compañero Medina Filigrana. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en los términos de la modificación propuesta por otro compañero del PRD.

Finalmente, en tratándose del artículo 27, ahora por la fracción XXV, el diputado Víctor Manuel Manriquez González, del PRD.

El diputado Víctor Manuel Manriquez González (desde la curul): Declino.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Declina.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Presidente, falta mi reserva.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputada, su reserva es en otra. ¿Perdón? No la tengo registrada, diputada. A ver, tiene usted el uso de la voz.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros diputados, vengo a presentar una reserva al artículo 27, fracción XI, que como está en el dictamen señala que una de las facultades de la Secretaría de Gobernación sería vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, coordinar los trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos.

Esta disposición es contraria al artículo 102 de la Constitución, que precisamente establece, en la parte conducente: el organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos —subrayo—; contará con autonomía de gestión, presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio.

Es decir, que si va a ser coordinada por la Secretaría de Gobernación, las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pasarán a ser un dulce sueño.

Todavía con la redacción anterior, en la administración anterior se justificaba esta disposición parcialmente, por cuanto no tenía las funciones la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública; sin embargo, hoy, si se aprueba este dictamen como está, pues entonces vamos a tener que el encargado de la seguridad pública va a ser juez y parte, y que finalmente, darle seguimiento al respeto de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, y de toda esta labor que ha hecho esta misma Legislatura para la protección efectiva de los mismos a través de la reforma del 1o. constitucional quedarán en letra muerta.

Basta traer a colación —como ya señaló uno de los compañeros diputados—, que precisamente, a través de cuerpos de seguridad, se dio la violación a los derechos humanos en Atenco.

Entonces, les ruego, les solicito que hagan conciencia en este punto para que se derogue la fracción XI del artículo 27, aquellos que estén comprometidos con los derechos humanos y con aquellos ciudadanos que los llevaron a ejercer esta función, que están llamados a ejercer con responsabilidad. Muchas gracias, presidente, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Será para que no se apruebe, porque para derogarse tendría que estar aprobada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Loretta Ortíz Ahlf, relativa al artículo 27, fracción XI. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.

Señoras legisladoras y señores legisladores, vamos a votar el artículo 27. A petición de nuestros muy queridos amigos de Movimiento Ciudadano vamos a votar el 27, a excepción de las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y XXIII y, porque ellos quieren tener la diferenciación en la votación.

Entonces, todo el 27 a excepción de estas fracciones que comenté vamos a votarlas en este momento e inmediatamente después estas fracciones. Todo el 27 a excepción de las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, que votaremos inmediatamente después, a menos de que me reclame el trámite la asamblea.

Vamos todos. Vamos a votar todo el artículo 27. Ábrase el sistema. –Ah, por separado. Bueno. Okey, por separado. Vamos a votar todo el precepto a excepción de estas fracciones. Adelante. Por tres minutos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación para proceder a la votación nominal del artículo 27, a excepción de las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y XXIII, por tres minutos.

(Votación)

De viva voz, diputados.

El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): En contra.

El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): En contra.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Presidente, son 320 votos a favor...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le estaban señalando desde antes, la diputada. De viva voz, por favor.

La diputada Silvia Márquez Velasco (desde la curul): A favor.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (desde la curul): A favor.

El diputado Simón Valanci Buzali (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya se cerró el sistema. Secretario, le ruego por favor dé la lectura de la votación.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Presidente, son 323 votos a favor, 91 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado el artículo 27.Ahora vamos a votar las fracciones que ya hemos comentado y que fueron modificadas.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Vamos a votar los modificados. XVIII, XIX, XX, XXI y XXIII que están modificados. Eso es lo que vamos a votar, por tres minutos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación nominal del artículo 27, en sus fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y XXIII, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

(Votación)

Se informa a los señores diputados que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo de votación. Una vez cerrado el sistema no se aceptará ningún voto.

Julio César Moreno, su voto por favor, de viva voz.

El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): En contra.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (desde la curul): A favor.

La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): A favor.

El diputado Rosendo Serrano Toledo (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 415 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobadas las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y XXIII del artículo 27.Dejo la Presidencia en las expertas y prudentes manos de don José González Morfín.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Para presentar su reserva al artículo 31, tiene el uso de la tribuna el diputado José Alfredo Botello, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado José Alfredo Botello Montes: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, son distintas fracciones las que se pretenden reformar y adicionar del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero al momento en que se aprueben considero que se desnaturalizan las funciones que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuya visión, al día de hoy, es ser una institución vanguardista, eficiente y altamente productiva en el manejo y la administración de las finanzas públicas; que participa en la construcción de un país sólido donde cada familia mexicana logra una mejor calidad de vida, y también se propone dirigir y controlar la política económica del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingreso y deuda pública, así como de estadística, geografía e información, con el propósito de consolidar un país en crecimiento económico, de calidad, equitativo, incluyente y sostenido.

Al presentar esta propuesta por el equipo de transición del próximo presidente Enrique Peña Nieto, no se presenta de manera integral, ya que en todo caso, justo con ésta deberían haberse presentado modificaciones a las siguientes leyes en las que se contienen las facultades que se le pretenden trasladar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley General de Bienes Nacionales, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y muchas otras leyes.

Por lo mismo, en el PAN consideramos que estarían en el limbo también jurídico y sin sustento las atribuciones que se pretenden adjudicar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que por lo demás hoy su trabajo está más que calificado en cuanto a lo que hoy tiene la Secretaría de Hacienda, de tal manera que no necesita más atribuciones para realizar el trabajo que hoy tiene, no obstante que este trabajo ha sido calificado en el ámbito mundial.

Asimismo, se dejaría en el limbo jurídico todo el capítulo de sanciones, porque se pasa sin sustento a las denominadas unidades preventivas de auditoría; así que los malos funcionarios tendrían la puerta abierta para que se ganara en tribunales cualquier procedimiento sancionador en su contra y considerando que dichas unidades son auditar y no sancionar, por lo que se pretende la desnaturalización total de estas unidades.

Se le dan también facultades de auditoría, pero es de lógica entender que un órgano auditor no puede ser dependiente del órgano auditado, por lo que con su subordinación pierde su autonomía y por lo tanto, estamos en presencia tan solo de una simulación.

De manera ejemplificativa, basta referirnos a la pretendida reforma en su fracción XXIX al artículo 31, que se pretende traspasar a la Secretaría de Hacienda, ya que se dice que es para conducir la política inmobiliaria de la administración pública federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zonas federales, etcétera, etcétera.

Sin embargo, con este asunto no nos retrotraemos a hace 12 años, que es cuando prácticamente se fundó la Secretaría de la Función Pública, sino incluso a algunas décadas, ya que en 1946, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva ley de las secretarías y departamentos de Estado, quedaban fuera del ámbito de competencia de lo que hoy es la Secretaría de Hacienda las funciones de control y regulación relativas a bienes nacionales y contratos de obras públicas, pasando éstas a la secretaría de bienes nacionales e inspección administrativa, en aquel entonces.

Es muy claro, compañeras y compañeros diputados, que al no haber una integralidad, es improcedente que aprobemos el contenido íntegro del artículo 31 de la reforma que se plantea, por lo que solicito que votemos en contra de ese artículo 31.

La reserva ha sido entregada en la Secretaría, y que siga el artículo 31 con las mismas fracciones y las mismas facultades, que hoy por hoy tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que por cierto es de las mejores calificadas, no únicamente en América, sino a nivel mundial, por el manejo sano de las finanzas públicas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado José Alfredo Botello Montes, relativo a artículo 31. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado José González Morfín: Vamos a pedir que se abra el tablero para recoger la votación sobre el trámite, en el entendido de que el voto a favor es porque se admite a discusión y el voto en contra es porque no se admita a discusión.

Ábrase el tablero electrónico, por tres minutos. No se aceptará ningún voto posterior al cierre del tablero, a menos que se haya pedido con antelación.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación nominal.

(Votación)

Se les recuerda a las señoras diputadas y señores diputados que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo para la votación.

El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): A favor.

El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Abstención.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: La diputada Karen Quiroga, ¿ya? Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 172 votos a favor, 222 votos en contra y 20 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión. En consecuencia, corresponde el uso de la tribuna al diputado Alfonso Durazo, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva al mismo artículo 31, fracción XXVI.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente, compañeras y compañeros, lamento que en este momento no se encuentre en la conducción de esta sesión el diputado Arroyo, porque quiero hacer un comentario que lo involucra, y no quiero que parezca de mal tono, de mala manera el que lo haga estando él ausente de la conducción; así es que aclaro que si lo extraño no es porque conduzca bien, sino porque me gustaría que estuviera aquí para que fuera él receptor de mi comentario.

Creo que las malas maneras son muestra de inmadurez política, y en esta Cámara hemos visto, hemos sido testigos frecuentes de malas maneras. Pero creo que las buenas maneras, las buenas maneras políticas debe impulsarlas la autoridad, porque una autoridad políticamente sensible sabe que un ciudadano digno funciona con palmadas, no con nalgadas.

Creo que el presidente, el diputado Arroyo —cuando ha presidido esta Cámara—, ha confundido la fuerza política de su fracción parlamentaria con su derecho a coartar la expresión de uno que otro legislador.

Ya entrado en materia, quisiera hacerlo con respeto, porque de veras así lo registro. Le reclamo su ocasional mal tono, su inflexibilidad y también con frecuencia su fallida ironía, que con frecuencia termina convertida en agravio.

Quiero compartirles a ustedes —perdón, debí haber aclarado, es una digresión, entro en un minuto más al artículo 31—, pero quiero compartirles que el día de ayer, en una larguísima sesión de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, fue patente la flexibilidad de los presidentes de ambas comisiones para conducir el debate, y quiero decirles que ese debate fue ejemplo de respeto.

No nos quedamos absolutamente sin debatir ningún tema y no recuerdo absolutamente ningún agravio. Hubo uno, de mi parte, que retiré y expresé las disculpas correspondientes a quien había sido objeto de ese agravio.

Así es que reconozco hoy al diputado Alejandro Moreno y al diputado Guillermo Anaya, esa flexibilidad que nos permitió desahogar, en un ambiente de concordia, absolutamente todos los temas.

No soy ingenuo, no voy a dejar de reconocer, no puedo dejar de reconocer la fuerza política de estas dos fracciones, así es que nos aplicaron invariablemente la aplanadora, pero están en su derecho, no es una actitud democrática, pero están en su derecho.

Así es que lo que quiero proponer hoy a esta Presidencia, es que podamos importar esa flexibilidad, de tal manera que cancelemos a este pleno y a las cámaras de televisión que nos llevan a muchos hogares en el país, la vergüenza que representa venir a hacer escándalos aquí para poder hacer uso del derecho de acceder a esta tribuna, en los términos reglamentarios y más respetuosos, pero siempre en ejercicio de un derecho inherente a nuestra condición de diputados, y para reflejarles a ustedes la importancia que para mí tiene poder acceder o hacer uso de este derecho, declino hoy mi reserva respecto al artículo 31. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Durazo. Como corresponde y por ser un artículo de características muy especiales, procede que se abra el sistema electrónico de votación, en razón de que no fue aceptada la propuesta del diputado Botello ni presentadas las otras, que se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal sobre el artículo 31, en los términos del dictamen. Por tres minutos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación nominal del artículo 31, en sus términos.

(Votación)

El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): En contra.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras(desde la curul): En contra.

El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Abstención.

El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): Abstención.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 220 votos a favor, 124 en contra y 58 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, aprobado el artículo 31, en los términos del dictamen.

Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar su reserva al artículo 32, fracción I, inciso c).

La diputada Lilia Aguilar Gil: Con su permiso, señor presidente. La modificación de la reserva que estamos proponiendo el día de hoy en el artículo 32, fracción I, inciso c), es para modificar lo que el día de ayer en la Comisión de Gobernación —y quiero felicitar desde esta tribuna a las compañeras diputadas y a los compañeros que defendieron la autonomía de las mujeres y de los grupos indígenas de este país—, para que sectores que han desarrollado ya una política transversal no sean considerados simplemente como sectores —valga la redundancia— sectorizados ahora a una secretaría.

La propuesta que el Partido del Trabajo trae ante ustedes es en el artículo 32, inciso c), que actualmente dice que la atención a los derechos de los pueblos, comunidades indígenas, de la niñez, de la juventud, de las mujeres y el impulso a la igualdad de género, de los adultos mayores y las personas con discapacidad será sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social.

Ahora, en el inciso c), hablemos solamente del combate contra la discriminación, en los términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es finalmente el artículo que nos da los derechos de igualdad a todos nosotros.

La razón es la siguiente, compañeras diputadas y compañeros diputados, así como el día de ayer en la Comisión de Gobernación diputadas de todos los partidos —diputadas del PRI, del PAN, del Partido Verde Ecologista, del PRD— se pronunciaron diciendo que hay políticas públicas en el tema de mujeres y de indígenas que han avanzado con órganos como el Inmujeres y con órganos como el CDI, lo mismo sucede en el tema de jóvenes.

El día de ayer, en la Comisión de Justicia aprobamos un dictamen, o aprobaron un dictamen, que llega como minuta del Senado, donde se aprueba que los jóvenes entre 12 y 18 años, y hasta 25, pasando la mayoría de edad, puedan ser privados de la libertad e imputables a acciones antisociales consideradas para adultos como delitos.

Pero, en este artículo, mientras por un lado los queremos meter a la cárcel o internar —como ustedes quieran llamarle—, por otro lado decimos que debe ser la Secretaría de Desarrollo Social quien fije las líneas del desarrollo de la juventud de este país.

Entonces, lo único que nosotros estamos pidiendo en este tema es congruencia, y estamos pidiendo que este artículo finalmente se cambie, que se quite a los jóvenes de esta concepción de ser grupos vulnerables. No somos grupos vulnerables; si por un lado dice que somos lo suficientemente grandes para meternos al bote, bueno, pues también somos lo suficientemente grandes para que el Instituto Mexicano de la Juventud pueda determinar las políticas de desarrollo de los jóvenes de este país.

Creemos que así debe ser y es lo que le estamos solicitando a esta asamblea, haciendo un llamado a los diputados jóvenes de esta asamblea y haciendo también un llamado a las diputadas y a los diputados que el día de ayer en la Comisión de Gobernación y la Comisión de Seguridad Pública bajaron el tema de mujeres, de equidad de género y de derechos indígenas de esta sectorización para que nos apoyen, para que los jóvenes también tengamos derechos, porque somos pensantes, porque somos también hacedores de políticas públicas, porque tenemos una concepción clara de qué es lo que queremos para este país. No nos sectoricen y nos bajen de esta tutela que ahora se nos quiere dar en el artículo 32 de esta reforma. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Ruego a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Aguilar Gil.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Lilia Aguilar Gil, relativa al artículo 32, fracción I, inciso c). Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión. Para presentar su reserva al mismo artículo, a la misma fracción y al mismo inciso, tiene la palabra la diputada Luisa María Alcalde Luján.

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. La propuesta de modificación presentada en el dictamen sobre el artículo 32, fracción I, inciso c), busca que la Secretaría de Desarrollo Social absorba la tutela de las políticas públicas que elabore el Ejecutivo federal en materia de niñez, personas con discapacidad, adultos mayores y juventud.

Ahora pretenden que las políticas públicas a favor de estos grupos, que son una obligación del Estado mexicano, en materia de derechos humanos y que por ende, se deben respetar y proteger de forma transversal por todas las entidades de la administración pública federal, se conviertan en meras políticas asistencialistas, que quedarán como botín de la Sedesol y por lo tanto, del Ejecutivo federal. Nada harán por resarcir la discriminación que antaño han sufrido.

Las necesidades y demandas de la mayor parte de la población no se pueden atender solo por una dependencia, sino deben ser abordadas con visión de igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos, como bien está establecido en todos los tratados de derechos humanos y no discriminación de los que México es parte.

Al integrar a la Secretaría de Desarrollo Social la tutela exclusiva de las políticas públicas dirigidas a niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, se busca convertirlos en clientela de la asistencia social, negando el reconocimiento constitucional que se establece en el artículo 1o. y que reconoce el derecho a la no discriminación y el principio de que todas las personas somos iguales ante la ley.

Sin duda deben existir acciones afirmativas en favor de los grupos históricamente discriminados, pero éstas deben tener carácter temporal y buscar erradicar la situación de discriminación en la que se encuentran.

Solamente mediante la redistribución del ingreso, la transversalización del principio de igualdad y la adecuada distribución del presupuesto para ello, se logrará el cambio de conciencia de los funcionarios y de las personas, en general, tan necesario para erradicar la desigualdad imperante.

La juventud, la niñez, los adultos mayores y las personas con discapacidad, deben ser tomados en cuenta para diseñar políticas gubernamentales efectivas.

No es tarea de una sola Secretaría. La tendencia manifestada en este dictamen deja en manos de un solo aparato burocrático el diseño de instrumentos de desarrollo que debieran ser integrales, bien diseñados, pero sobre todo transversales.

Pero aun con todo lo anterior, quizá lo más lamentable es que en el dictamen original se incluía también a las mujeres y comunidades indígenas, en el inciso que se discute, situación que permaneció así hasta que el día de ayer, cuando Enrique Peña Nieto ordenó dar marcha atrás a esta parte del dictamen, a lo que los diputados y diputadas del PRI y del Verde Ecologista respondieron de inmediato; es decir, no cedieron ante los argumentos que la oposición les esgrimía ni a las organizaciones civiles ni a los institutos de investigación.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración de este pleno la siguiente reserva para que se derogue el inciso c) de la fracción I del artículo 32 de la ley en comento. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Le voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Luisa María Alcalde Luján, relativa al artículo 32, fracción I, inciso c). Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión. En consecuencia, el artículo 32, fracción I, inciso c), queda en los términos del dictamen y se reserva para su votación en conjunto con los siguientes artículos.

Tiene la palabra la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar su reserva al artículo 37.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Con su permiso, presidente. Seré muy breve, presidente, únicamente relacionado al artículo 37 y comentar que como observamos, no contempla el planteamiento del presidente electo ninguna conformación de un sistema de gobierno que atienda a la modernidad y a los temas que en la actualidad demandan en nuestro país; se retrocede a un modelo de hace 12 años, creando dos súper secretarías —como tanto se ha reiterado aquí—, la de Gobernación y la de Hacienda.

Me refiero en esta ocasión al tema anticorrupción, que es el que nos ocupa y preocupa como Grupo Parlamentario del PAN.

Este dictamen que hoy se vota, no toma en cuenta que la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas confiere una facultad exclusiva a la Secretaría de la Función Pública para investigar la posible comisión de cohecho trasnacional, así como determinar las responsabilidades de servidores públicos que deriven de la misma, y aplicar las sanciones correspondientes.

Todos aquí hemos dicho que es fundamental brindar el combate frontal a la corrupción. Como membrete se escucha muy bien. Lo trascendente es encontrar un modelo integral que coordine qué sanciones, que tenga rango constitucional, que garantice y sobre todo que le brinde a este país y a los mexicanos la posibilidad de erradicar un mal, que no permite elevar a una mayor competitividad.

¿De qué le sirve a México un planteamiento anticorrupción sin sanciones, como lo plantea el presidente electo?

Señoras y señores diputados del PRI, lo mejor que pueden hacer para ayudarle al presidente electo, es diciéndole en dónde se encuentra equivocado; lo peor que se puede hacer con la clase gobernante es la adulación. Ni a este país ni siquiera el propio Peña, le sirve una mayoría en este Congreso ciego, sordo y mudo.

Aprovechen, compañeros diputados, la gran coyuntura de contar con una oposición seria y responsable, pero no transgredan lo que mueve a esta oposición, que ve más que nada a México; si tienen verdadero amor a la patria, no cuentan con otro espacio mejor en la historia para demostrarlo que éste. México no merece regresar al pasado.

Señores diputados de la izquierda, de las izquierdas, los exhorto a establecer un diálogo que fructifique en lo que sea mejor para México. No es un asunto menor el dejar que se estructure un gobierno como mejor le parezca, es válido. Lo que no es válido es permitir que de inicio presenten un modelo retrógrado, que no obedece a la realidad de México.

Reitero, no avalamos la transferencia de funciones de la Secretaría de la Función Pública a otra, como la de Hacienda, solo para decir que han cumplido.

Los diputados del PAN venimos hoy a brindar un voto razonado; como verdaderos demócratas, actuamos, brindamos de forma responsable las condiciones para el inicio de un gobierno bajo su visión, pero jamás, jamás cederemos ante lo que históricamente nos hemos comprometido con México. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si la propuesta se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Rocío Esmeralda Reza, relativa al artículo 37. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén en abstención sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión el artículo. Se reserva para su votación en conjunto con otros artículos.

Perdón, diputado, a juicio de la Secretaría es muy clara la votación y también a juicio de quien preside, diputado.

Sonido primero en la curul del diputado que estaba pidiendo el uso de la palabra y después de la diputada Malú Mícher.

El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Presidente, solicito que la votación se haga por la vía electrónica, porque no es una votación mayoritaria.

Me parece importantísima la propuesta que está haciendo la compañera del Partido Acción Nacional, compañeros del PRI; creo que deben reflexionar en la situación en la que están.

Felicito al diputado Manlio Fabio Beltrones, por la eficacia en cómo ha mantenido la disciplina de su bancada, pero creo que es necesario que los diputados del PRI superen el síndrome Colosio; ciertamente, el señor Colosio, dio su vida por expresar sus ideas y eso le valió una bala en la cabeza. Pero compañeros del PRI, superen ése síndrome, por favor, porque hoy la patria necesita otro tipo de diputados, un tipo de diputados que hagan valer esta gran institución.

Por eso saludamos la propuesta de la compañera del PAN, de hacer ese llamado a cambiar esta actitud.

Reitero mi felicitación a Manlio Fabio Beltrones, por esa capacidad, pero es necesario que suelte las trancas para que podamos discutir abiertamente.

Solicito votación nominal...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, ya su intervención ha sido registrada. A ver, sonido en la curul en la que se encuentra la diputada Mícher Camarena.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Diputado, si bien se sometió a votación a favor, en contra y abstención, cuando se preguntó: diputados y diputadas que estén por la abstención. Ni siquiera habíamos levantado la mano y el diputado secretario dijo: mayoría. No habíamos levantado la mano.

Le pido, por favor, para aclararnos todas las dudas, démonos un trato respetuoso, todavía no levantábamos la mano y el señor secretario dijo: mayoría, señor presidente. Creo que no es correcto. Si me permite y a solicitud de lo que acabamos de pedirle, por favor que haya una votación nominal, nada más por eso. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal sobre el trámite, solamente; si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Rocío Reza, respecto del artículo 37 de la ley. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En términos del artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema de votación por tres minutos.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: No, no se ha votado el fondo del artículo, es solamente si se admite a discusión la propuesta de la diputada Reza, en el entendido de que el voto a favor es porque se admita a discusión; el voto en contra es porque no se admita a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Se les recuerda a las señoras diputadas y señores diputados que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo para la votación.

El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): A favor.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras(desde la curul): A favor.

El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (desde la curul): En contra.

El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): A favor.

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga(desde la curul): a favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, le informo que existen 169 votos en pro, 218 votos en contra y 16 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión la propuesta.

Antes de regresar la conducción de la sesión al vicepresidente Arroyo, voy a tener que someter a votación los dos artículos que ya han sido discutidos pero no votados, el 32 y el 37, y se tendrán que votar por separado, en razón del propio debate que aquí hemos escuchado; entonces, habrá dos votaciones consecutivas.

Primero, ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal del artículo 32, en los términos del dictamen, por tres minutos. Es el 32.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación nominal del artículo 32, en los términos del dictamen.

(Votación)

Se recuerda a las señoras diputadas y a los señores diputados que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo para la votación.

La votación del diputado Chávez Contreras, por favor.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): En contra.

El diputado Julio César Moreno Rivera(desde la curul): A favor.

El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, le informo que existen 383 votos en pro, 21 votos en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el artículo 32, en los términos del dictamen.

Ahora falta solamente la votación del artículo 37, en el entendido, por supuesto, que el voto a favor es en los términos del dictamen. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del artículo 37.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación nominal del artículo 37, en los términos del dictamen.

(Votación)

Se les recuerda a las señoras diputadas y señores diputados que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo para la votación.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras (desde la curul): En contra.

El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): En contra.

El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): En contra.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Abstención.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, le informo que existen 219 votos en pro, 133 votos en contra y 50 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el artículo 37 en los términos del dictamen.Adelante.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aquí estamos, a sus apreciables órdenes. Tiene el uso de la voz don Víctor Serralde Martínez, del Partido Acción Nacional, para presentar la reserva a las fracciones X y XVII.

El diputado Víctor Serralde Martínez: Muchas gracias, presidente. Compañeros diputados, en repetidas ocasiones se ha dicho en este recinto que un presidente tiene derecho a reorganizar su gobierno.

En Acción Nacional estamos convencidos de que esto no debe ser nada más una línea discursiva, estamos profundamente comprometidos con el sentido democrático con el cual se ha forjado nuestro partido y queremos abonar en la construcción de un gobierno que resulte eficaz para gente.

Es justamente por eso que Acción Nacional se conduce ante esta iniciativa, no como un partido de oposición, sino como una fuerza transformadora, que aspira a darle a este país condiciones para que alcancemos el estado de bie-nestar que la gente espera allá en nuestros distritos.

Quisiera pedirles, de manera muy especial, a los compañeros diputados del PRI, que aprecien esta disposición que hoy encuentran en nuestro partido, en los diputados y diputadas de Acción Nacional; quisiera pedirles que lo valoren, pero que tengan muy presente que los diputados de Acción Nacional si bien estamos dispuestos a darle condiciones a un nuevo gobierno, también estaremos dispuestos a fiscalizar cada una de las acciones.

Dentro de las iniciativas, o dentro de esta iniciativa se han propuesto una serie de cambios, y particularmente el que se refiere al artículo 41 ha motivado que a título personal y en representación de los diputados de Acción Nacional presente estas reservas, específicamente a las fracciones X y XVII, en las cuales se describen los asuntos de los cuales podrá despachar la secretaría que se pretende crear.

Quiero pedirles que reciban esta reserva, esta modificación a la redacción que se planteó, porque nosotros estamos profundamente convencidos de que esta secretaría debe tener un marco plenamente definido en su relación con los estados y con los municipios; si bien es cierto que tendrá facultades de planeación y ordenamiento, éstas no deben transgredir en ningún momento las facultades que le ha conferido la Constitución a los estados y a los municipios.

En este sentido, quiero pedirle a la Mesa Directiva que reciba una redacción distinta, en la fracción X; nosotros consideramos que debe de versar de esta manera:

Artículo 41, fracción X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes, cuando el Ejecutivo federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipios la realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado.

Igualmente en la redacción de la fracción XVII, consideramos que debe decir lo siguiente:

Artículo 41, fracción XVII: Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios, cuando así lo hayan convenido.

De esta manera, en Acción Nacional consideramos que quedan protegidas las facultades que tienen en materia de ordenamiento territorial los municipios y los gobiernos estatales.

Señor presidente, el documento que se le hizo llegar a la Mesa Directiva contempla un error que ha sido corregido en mi ponencia. Le pido que por favor me reciba este documento para que así se suscriba. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, señor. Si me lo deja en la Secretaría, si es usted tan bondadoso. Le ruego a la Secretaría preguntar a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del señor diputado.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Víctor Serralde Martínez, relativo al artículo 41, fracción X y fracción XVII. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Don Tomás Torres, ¿con qué objeto?

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Señor presidente, para rogarle a usted, porque además así se ha estado atendiendo la votación por separado de este artículo 41, por separado lo relativo a la fracción X y la XVII.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí. Pregunte por la fracción X, por favor secretaria, si es tan bondadosa.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Víctor Serralde Martínez, relativa al artículo 41, fracción X. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la abstención. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora, por favor, pregunte por la fracción XVII.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Víctor Serralde, relativa al artículo 41, fracción XVII. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se acepta el texto, de tal suerte de que forme parte del dictamen.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a las diputadas y diputados si se acepta. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Señoras y señores diputados, estamos votando si se acepta. Estamos votando el fondo de esta fracción XVII del artículo 41.

Desde esta Presidencia no se observa con claridad el sentido de la votación. Le rogamos a la Secretaría repetir la votación.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación de la fracción XVII del artículo 41. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se modifica la fracción XVII del artículo 41. La diputada Yazmin Copete Zapot, tiene usted el uso de la voz para presentar su reserva.

La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot: Compañeras y compañeros diputados, pareciera que no tuviera sentido el venir a plantear que se sostenga el artículo 41, en virtud de que se ha votado ya la reforma al 26 y con ello la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria. Pero si esta propuesta pasa, obligaría entonces a que se mantuviera.

Voy a continuar con la segunda parte de mi intervención. El máximo órgano de interpretación constitucional en México, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pleno resolvió el pasado 14 de octubre del 2008, la controversia constitucional 66/2005 y que causó sentencia ejecutoria el primero de diciembre de 2008. La resolución fue que los acuerdos son inconstitucionales cuando las licencias de uso del suelo las autorice el gobierno del estado y no los municipios.

No obstante esta sentencia ejecutoria del primero de diciembre del 2008, el gobierno del estado siguió autorizando las licencias de uso de suelo. ¿Cuáles licencias?

El 90 por ciento de los 352 conjuntos habitacionales construidos en los años a los que hice mención, del 99 al 2011, en el periodo de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, fueron los que emitieron acuerdos de autorización que son inconstitucionales, toda vez que las licencias de uso del suelo las autorizó el gobierno del estado de México y no los respectivos municipios de la entidad mexiquense, porque muchos de estos asentamientos humanos se construyeron en propiedad ejidal, concretamente en los ejidos de San Francisco, Santa María Tonanitla, San María Chiconautla, Santo Tomás, San Pablo y en los municipios de Tecámac y Tultitlán y sus barrios en Cuautitlán Izcalli. No obstante, se han seguido autorizando licencias indebidamente.

Los beneficiarios de esos desarrollos en el estado de México son Urbi Desarrollos Urbanos, Promociones de Vivienda Integrales, Consorcios de Ingeniería Ara, Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, Casas Geo, entre otros, cometiendo el delito grave de fraccionadores porque enajenaron, vendieron y gravaron las viviendas, sin tener el permiso previo para enajenar o vender esto por la instancia correspondiente.

Todo ello fue con la finalidad de difundir la publicación de los conjuntos habitacionales en comento, teniendo permisos para enajenar, permisos que no fueron dados por la autoridad responsable, no cumplieron con los términos de autorización, no promovieron prórrogas para terminar las obras de urbanización y equipamiento de las viviendas. Se les devolvieron las fianzas al 100 por ciento a favor del gobierno del estado de México, sin que terminaran de construir y entregar las obras de urbanización, con la complicidad de los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

En algunos municipios incluso no han realizado las actas de entrega total y definitiva de los citados conjuntos habitacionales; es decir, no están municipalizados. Simularon actas de entrega parcial, total y definitiva. También simularon la supervisión de bitácoras de construcción.

Ésta es la herencia que deja el actual presidente electo en el desarrollo territorial urbano que hoy nos quiere imponer a todos los mexicanos y beneficiar a los grandes desarrolladores.

Esta reforma inconstitucional, que extingue a la Secretaría de la Reforma Agraria, son para intereses principalmente muy particulares de sus promotores y en específico del compadre incómodo del presidente electo, y me refiero al ex candidato perdedor de la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, y ex diputado federal, Felipe Enríquez, personaje que cuando fungió como secretario particular de la titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, utilizó su puesto para apoderarse de predios de propiedades ejidales.

Esta afirmación no es ninguna difamación, existen incluso medios de comunicación que lo han destacado y uno de ellos es el Reporte Índigo del pasado 30 de mayo del 2012.

Asimismo, se hace el señalamiento de que ex funcionarios de la Reforma Agraria adquirieron de manera ilícita tierras con litigios ejidales en la isla Blanca, del norte de Cancún, al poniente de Mérida, Yucatán, y en Tulum, Quintana Roo, en donde pretenden construir grandes complejos con la figura jurídica constitucional de los núcleos de población ejidal. Así podría reseñar muchas otras cosas.

El pasado 12 de noviembre también la periodista del diario La Jornada, Angélica Enciso, hizo la publicación del reportaje titulado Holbox: el paraíso del Caribe en peligro, y como si lo anterior no fuera poco, ha sido publicado también la compra de tierras con sobreprecio por familiares del actual gobernador de Nuevo León.

Compañeras y compañeros, si se hubiese dado vista a la Comisión de la Reforma Agraria, esta discusión la hubiésemos hecho al seno de la comisión, pero como no se dio vista, tenemos que hacerlo aquí, en la tribuna, donde ustedes seguramente, incluso muchos desconocen realmente cuál es el fondo de esta reforma, que en un momento dado hoy nos ocupa.

Compañeras y compañeros, éste es el verdadero espíritu de los desarrolladores inmobiliarios para extinguir a la Secretaría de la Reforma Agraria; por tal motivo, solicito se quede como está el artículo 41 en comento. Diputado presidente, por su tolerancia, gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputada. Por favor, pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por Yazmin Copete Zapot, relativa al artículo 41. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en términos del dictamen. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del PT, tiene uso de la voz para presentar reserva del 41.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Buenas noches a todos y a todas, fíjense que me interesaba mucho llegar a este momento de la asamblea. Quiero compartir una reflexión. La verdad vengo sin la esperanza de que nos hagan caso en la propuesta, pero sí en reflexionar, vale la pena la reflexión sobre este asunto.

Miren, el viejo PRI tenía cosas positivas, hay que reconocerlo, creó grandes instituciones en este país, una de ellas, sin duda el ejido. Ésta fue una de las conquistas sociales más importantes de la Revolución Mexicana y se estuvo prohijando en algunos gobiernos priistas, sobre todo el del general Lázaro Cárdenas, que algunos recordamos con mucho cariño.

Sin embargo, el nuevo PRI, el nuevo PRI que es por ahí del 88, que ya hemos hablado y no quiero provocarlos ahorita, pero ustedes saben que pensamos que fue en ese acuerdo de Salinas con Acción Nacional, que provocó reacciones estructurales con reformas que hicieron en esta Cámara, bueno, todavía estábamos en el Centro Médico y en esta misma Cámara de Diputados, con las reformas, sobre todo al artículo 27 constitucional, que empezaron a acabar con la función social de la tierra, del suelo y ustedes saben que una minoría dimos la votación en contra, como hoy ocurre aquí, y a la larga, a los años demostramos que en nuestros argumentos teníamos la razón.

Aún con todo eso, en 1992, presidía la Comisión de Asentamientos Humanos un perredista distinguido, parece que creo que acaba de renunciar, el senador Alejandro Encinas, actualmente, y él —dicen que todavía no, es la prensa mala la que anda informando—, pero el asunto es que ese senador que es militante perredista distinguido, de la izquierda, era presidente de la comisión y logro un consenso inédito para la reforma a la Ley de Asentamientos Humanos.

Unos dudábamos en votarlo a favor, porque aunque tenía cosas de avanzada esa ley, cosas como el asunto del ordenamiento territorial, el asunto de las conurbaciones, el asunto del hábitat se introducía como un elemento donde la vivienda y el suelo se contemplaran, hicimos el esfuerzo porque al interior del PRI había un debate, había un secretario de Desarrollo Urbano —Colosio—, que quería parece ser la gobernabilidad democrática, traía otro proyecto al interior del PRI.

Obviamente ustedes saben lo que ocurrió, porque ya está hasta en película, ese proyecto de un intento de nuevo PRI murió, lo mataron, literalmente lo mataron y quedó trunco.

¿Qué pasó con esta Ley de Asentamientos Humanos, a 20 años? Evidentemente las dudas que teníamos nos lo confirmaron, esta alianza maléfica para el país ha desarrollado una política, que lo platicaba en la Comisión, en el caso concreto de mi ciudad, Xalapa, por ejemplo, pero lo vemos en la mayoría de las ciudades, salvo el Distrito Federal por algunas causas, se ha extendido la ciudad al doble, verdadero ecocidio, la densidad de población no aumenta, viviendas que ustedes las ven en sus distritos de muy mala calidad, negocios para las trasnacionales, como aquí se está diciendo; la gente, la verdad que se amuele, porque vive en una ilusión, como la ilusión que vive el país con esa burbuja financiera que el capital internacional está generando con esta producción privada de la vivienda.

Eso nos preocupa, porque también otras instituciones en materia de vivienda —lo he platicado con el presidente de la Comisión de Vivienda—, el mismo Infonavit se está yendo hacia este tipo de producción, y nosotros vemos que esta ley ya ahora en descaro, pretende que este suelo social que todavía existe, la tierra ejidal, comunal, que todavía queda, arrasen con ella en aras de lo urbano, de las necesidades de vivienda urbana, como sabemos, déficit de vivienda, pero también la que no se ocupa por las condiciones en que la economía la están dejando.

Para mí era importante decir que nosotros estamos proponiendo que este artículo desaparezca de la iniciativa, porque obviamente violenta las propias leyes de asentamientos humanos, pero por el fondo de lo que está ocurriendo, y ojalá de verdad, ya a estas horas del debate hubiera un acto mágico que hiciera que la mayoría instalada en este Congreso modificara, pero sabemos de nuevo que va a ser imposible, porque las consignas están dadas.

Este modelo no es un asunto de cortesía nada más de que ay, vamos a organizar el gobierno, no; en el fondo esto está más fuerte que la reforma laboral, están aprobando modelos de administración del nuevo gobierno, donde le van a entregar el poder evidentemente a los que mandan en este país, que evidentemente no es ni el Ejecutivo, no son ustedes, no es el Legislativo, no es tampoco el Ejecutivo, porque él tampoco va a mandar, él está obedeciendo a los capitales internacionales, a la mafia que está atrás, a los 30 que deciden en este país.

Sí, voy a culminar, sé que cuando digo estas cosas les duele, pero hay que decir la verdad.

En este país mandan 30 personas —es el tema— y algunos funcionan nada más como verdaderos —en este caso recordando al viejo PRI— levanta dedos, títeres, que cuando dicen a votar, viene la aplanadora y le siguen dando en la torre al pueblo de México.

Por desgracia, quisiera que sucediera la magia, cambiaran estas actitudes, pero sabemos que los que mandan ya les dieron la consigna. Es todo y muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite la propuesta de don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por Manuel Huerta, relativa al artículo 41. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Doña Gisela Mota, tiene usted el uso de la palabra.

La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo: Gracias. Con su permiso, presidente. Los legisladores nos hemos olvidado del espíritu legislativo. En las repúblicas democráticas, modernas, los ciudadanos se han dotado de los instrumentos políticos que garanticen sus derechos, pero también, en esencia, que garanticen la perfectibilidad de la nación.

Los fundadores del Estado mexicano, conscientes de su condición humana, sabían que todo es perfectible, incluso sus actos, por lo mismo en dicha República existe el Poder Legislativo.

Me refiero a esto, porque esta Cámara ha suprimido el debate de lo perfectible por un burocratismo supeditado a las élites económicas del país. Esta ley propuesta tiene destinatarios, beneficiarios y son éstos los grandes desarrolladores inmobiliarios del país.

Me atrevo a decir que la única manera en que pudiéramos respaldar este fortalecimiento de la Secretaría de la Reforma Agraria, es que se invirtiera la proporción de la inversión pública en el campo mexicano. Esto es, que el 70 por ciento de los recursos económicos públicos destinados al campo sean ejercidos en la propiedad social, en la figura de los ejidos y las tierras comunales, y no como ocurre actualmente, que es la inversa.

En esta tribuna, en estos tres meses de trabajo, se han mencionado en innumerables ocasiones que el país está en riesgo de seguridad, debido a la pérdida de la soberanía alimentaria, y Enrique Peña, que aun no entra en funciones, nos presenta una propuesta, no para resolver esta situación, sino para que se sigan construyendo casas en los ejidos del país.

Por último y quizá lo más grave, es que tratándose de la modificación de facultades a la ahora Secretaría de la Reforma Agraria, no haya sido convocada la Comisión de Reforma Agraria a las comisiones unidas que trabajaron este dictamen.

Quiero pensar que fue un error de la Mesa Directiva que no se haya turnado y no que existan razones ajenas al interés nacional, que privan en lo económico, como para que nuestra comisión haya sido excluida de la discusión.

En específico, nos oponemos a la fracción I, inciso a) del artículo 41 de la propuesta, que a la letra dice que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano impulsar la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población.

Es decir, la facultad que se le pretende otorgar a la Secretaría, con todo derecho ahora para seguir sembrando lotes para la construcción de viviendas y no de elotes de maíz, sustento principal del régimen alimentario mexicano.

Nos oponemos, no solo por oponernos, sino porque vemos que la dependencia alimentaria —como se ha mencionado reiteradamente aquí— alcanza niveles alarmantes y la falta de inyección de capital al campo mexicano es lo que lo hace improductivo. No así la falta de fertilidad, sino la falta de apoyos reales al agro mexicano, lo que orilla al campesino a que decida la enajenación de su parcela o peor aun, la migración al país del norte.

¿Por qué no proponer mejor el aumento de presupuesto para que el campo mexicano sea productor de alimentos para los mexicanos? ¿Por qué seguir creyendo que la siembra de lotes para la construcción de viviendas nos dará un mejor país?

Pensemos en el futuro de nuestros hijos y de las generaciones venideras, ¿qué les vamos a dejar? ¿Una tenencia de la tierra pulverizada y destinada solamente a la construcción de vivienda, o la siembra de parcelas solo por las transnacionales? ¿Destinos turísticos a los que solo acceden los extranjeros?, o mejor el paraíso que nos fuera legado como tierra productora de una de las diversidades alimentarias más ricas del mundo, la cual debería ser base fundamental para alimentar al pueblo mexicano.

Es necesario recuperar la exposición de motivos de la creación de la reforma agraria; en ella se establecía la urgente necesidad de que los ejidatarios aprendieran a hacer la tierra más productiva y no como lo que ahora se pretende, que es sembrar casas.

Para orientar el esfuerzo del gobierno federal a la recuperación de la soberanía alimentaria, proponemos que la fracción I, inciso a) del artículo 41 sea eliminar el dictamen y se mantengan íntegras las facultades que concedían a la Secretaría de Reforma Agraria, establecidas en las fracciones II, III, IV y VII de la ley en vigor. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si admite a discusión la propuesta de la diputada.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada María Fernanda Romero Lozano...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No. Es la diputada Mota.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Perdone usted, presidente. En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Mota, relativo al artículo 41. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Finalmente, en el artículo 41, la diputada María Fernanda Romero Lozano, fracciones X y XIII y XIX.

La diputada María Fernanda Romero Lozano: Compañeras diputadas y compañeros diputados, resulta importante considerar que en el dictamen que hoy se nos presenta para su aprobación se violan diversas disposiciones constitucionales y legales. Me ocuparé únicamente de lo relativo a los asentamientos humanos y desarrollo urbano.

En materia de asentamientos humanos, el artículo 41, tal y como se encuentra planteado en el dictamen, viola lo dispuesto en la fracción XXIX, inciso c), del artículo 73 constitucional, el cual faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos.

De igual forma, viola las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos cuyo objeto se centra en establecer la concurrencia de la federación, de las entidades federativas y de los municipios para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, para fijar sus normas básicas, definir lo relativo a provisiones y reservas que regulen la propiedad en los centros de población y establecer las bases en la participación social en la materia, entre otros.

El artículo 6o. de la propia ley establece que las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población tiene el Estado, serán ejercidas de manera concurrente por la federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Adicionalmente el artículo 8o. del mismo ordenamiento indica que las entidades federativas deberán coordinarse con la federación, con otras entidades federativas y con sus municipios para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población.

Por todo lo anterior, consideramos que las fracciones X, XIII y XIX del artículo 41 de la reforma que hoy nos ocupa, viola los principios fundamentales que han regido en la relación corresponsable de los tres ámbitos de gobierno en la materia.

Es por lo anterior, que proponemos que en todas esas fracciones se especifique que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano —de nueva creación— debe coordinarse con las entidades federativas y los municipios, con el fin último de preservar el pacto federal y la integridad, autonomía e independencia de los estados y municipios que componen nuestra nación.

Para mantener vigente una República federal y democrática que respete decisiones y necesidades de las comunidades y municipios, debe dejarse de lado prácticas, medidas o acciones de carácter centralista o autoritarias para dar paso a la reivindicación de los ayuntamientos, los cuales deben dejar de ser un gremio de burócratas que defienden mayormente sus propios intereses o los de sus partidos políticos, para convertirse en una institución en la que los ciudadanos participen directamente de las decisiones y se conviertan en la base de la vida política de las entidades federativas.

De ahí que lo relacionado con el ordenamiento territorial, rural o urbano, con la regulación de los asentamientos o poblaciones debe ser competencia de entidades federativas y ayuntamientos. Necesariamente debe contarse con la participación de estos órdenes de gobierno y de los ciudadanos que conviven en estos espacios.

Resulta indispensable que la secretaría que hoy se propone crear asuma el carácter de coordinadora de las políticas públicas, principalmente en materia de asentamientos humanos. Pretender dictar desde la federación estos lineamientos equivale a querer establecer, desde la capital de la República, el lugar y las condiciones en que van a desarrollarse los centros de población, sin tomar en cuenta las características específicas de cada uno de ellos.

Hoy propongo la modificación de estas tres fracciones, con el objetivo único de preservar las facultades que las entidades federativas y los municipios tienen, principalmente en materia de distribución y ordenamiento territorial de los centros de población, de los programas para el suelo urbano y la preservación de las reservas territoriales, de los programas de vivienda, desarrollo urbano, metropolitano y de los programas especiales de desarrollo regional e inversiones. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta relativa al artículo 41, en sus fracciones X, XIII y XIX. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos el dictamen.

Pasamos al artículo 44. Don José Arturo Salinas Garza, del PAN.

El diputado José Arturo Salinas Garza: Con su permiso, diputado presidente; diputadas y diputados. Saludo también —aprovecho— a todos los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con quien hemos venido trabajando estas reservas que hemos presentado el día de hoy.

Acción Nacional siempre ha demostrado su vocación a favor de la transparencia y combate a la corrupción; creemos que es muy necesario impulsar instrumentos eficaces que promuevan la responsabilidad en el ejercicio de gobierno y también puedan combatir de manera eficaz este mal endémico, que es la corrupción y que hemos vivido por muchos años. Los mexicanos y las mexicanas perciben que la corrupción es una de las principales debilidades y problemas que tiene el sistema político mexicano.

Acción Nacional no puede entregar un cheque en blanco al gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, sobre todo en un tema tan relevante, como es éste, bajo una simple promesa de crear una Comisión Nacional Anticorrupción cuya dictaminación es futura, incierta y se encuentra en este momento en la Cámara de Senadores.

Además, la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y la creación de las unidades de auditoría preventiva, como se han propuesto en este dictamen, rompen con el sistema de control, vigilancia, fiscalización que actualmente se encuentra vigente y, sobre todo, no considera la independencia y la autonomía que debe de tener una autoridad fiscalizadora respecto a la entidad fiscalizada.

A mayor abundamiento, la falta de autonomía e independencia de las unidades de auditoría preventiva de las dependencias y de las entidades de la administración pública federal, no es consecuente con las convenciones internacionales anticorrupción que ha suscrito el gobierno de México.

Creo que a todos nos cabe la duda razonable de cuál es la intención atrás de esta iniciativa de que quien audita dependa orgánicamente del auditado; en esta virtud, se corre un riesgo de que el sistema de control gubernamental se debilite, máxime si se considera que conforme al esquema propuesto, la Secretaría de Hacienda, como autoridad coordinadora de dicho sistema, no contaría con facultades de fiscalización que permitan realizar auditorías para asegurar que los sistemas de control interno de las instituciones públicas efectivamente funcionen.

En conclusión, con esta modificación al artículo 44 se debilita el sistema de control y fiscalización de la administración pública federal, al establecer una dependencia jerárquica y funcional en las unidades de auditoría preventiva, con respecto al ente auditado.

Asimismo, para dar viabilidad jurídica al esquema de reestructura propuesto, que requiere reformas simultáneas, al menos, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Por último, esta iniciativa pretende conferir atribuciones a la Secretaría de Hacienda para determinar competencias para la propia dependencia y para las unidades de auditoría preventiva, lo cual no resulta procedente desde el punto de vista jurídico.

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros diputados, debe el artículo 44 de esta Ley Orgánica de la Administración Pública Federal quedar como actualmente está; es decir, derogado, como lo es desde el 4 de diciembre de 1997. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado José Arturo Salinas Garza, relativa al artículo 44. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, señor presidente. Mi participación es en relación a la reserva al dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en específico el artículo 44.

Todos los diputados que tuvimos la oportunidad de recorrer nuestro distrito y poder conversar y recoger las opiniones de la comunidad, una de las más importantes es el tema de la transparencia y del otro lado el tema de la corrupción.

Una de las propuestas que marca Peña Nieto, dijo que sería la transparencia. Lo que observamos, a través de la modificación de este artículo, es que no corresponde lo que se dice a lo que se hace.

En este dictamen se menciona que se les va a dar a las instituciones la facultad de que puedan ellos mismos elegir a sus propios auditores; es decir, van a tener la facultad de hacerse las auditorías a la medida, como es el caso que ha ocurrido en varios estados de la República y municipios.

Tenemos el caso de Coahuila, tenemos el caso de Cuernavaca y tenemos el caso de Acapulco, en donde las auditorías municipales determinan una cosa, la auditoría que hace el estado determina otra y la auditoría que determine la Auditoría Superior de la Federación será distinta.

Les vamos a dar la oportunidad a los secretarios, a todas las secretarías, que ellos mismos determinen quién será su auditor y solamente le tendrá que decir: si te hace falta algún recurso que no fue justificado, acomódalo a la medida, de tal manera que podamos salir adelante. Entonces, tendremos auditores pagados por la misma secretaría.

Por el contrario, ¿qué es lo que se propone? Que aquí intervenga la Auditoría Superior de la Federación y que ella seleccione, como dice en sus artículos —en el artículo 22 y lo especifica también el artículo 14, fracción I—, que la Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad de poder enviar a los auditores o despachos especializados, pero tienen que ser separados de la dependencia, no seleccionados por el secretario de Estado.

Aquí es muy importante que si queremos evitar la corrupción tenemos que darle transparencia a esta ley para que se puedan hacer las auditorías y no sea ni el mismo municipio ni el mismo secretario el que se mande hacer su propia auditoría.

Dejemos las facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que ella realice estos actos de supervisión del recurso que es del pueblo. La transparencia tiene que rendir los frutos que la sociedad nos está pidiendo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, relativa al artículo 44. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Doña Loretta Ortiz Ahlf, del PT. La última reserva al artículo 44, y luego tenemos varias reservas en relación con los transitorios.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros diputados, la reserva que hoy vengo a presentar con relación al artículo 44 se enmarca dentro de una —precisamente— eliminación del dictamen que se presenta hoy.

Las razones de fondo ya se expresaron; sería no solamente ser contrario a la transparencia, a la anticorrupción, sino violar también un capítulo importante de la Constitución Política de los Estados Unidos de México, que es precisamente todo lo relativo a la ley de responsabilidad de los servidores públicos, porque este capítulo va a pasar a ser letra muerta.

Si las auditorías preventivas y las antiguas contralorías no van a tener más que un control, precisamente van a ser juez y parte por parte de la Secretaría de Gobernación; entonces, van a pasar como en el caso de todo lo relativo a derechos humanos, dulces palabras y sueños.

Desde el punto de vista técnico, proponemos también la eliminación del artículo 44, porque nos parece incongruente con el transitorio décimo tercero, que establece: en tanto se expide el Reglamento que hace referencia al artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las unidades de auditoría preventiva tendrán las facultades que establecen actualmente diversas leyes para los órganos internos de control.

Sin embargo, en el propio artículo 44 no se prevé, en ninguno de sus cuatro párrafos, la expedición de ningún reglamento. En consecuencia, si este artículo 44 supedita su vigencia a la expedición de un reglamento, como lo prevé el transitorio décimo tercero, este artículo 44 no tendría por qué existir. En todo caso, se tendría que precisar en alguno de los cuatro párrafos la existencia de dicho reglamento. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite la propuesta de la diputada.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Loretta Ortiz Ahlf, relativa al artículo 44. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.

Señoras y señores diputados, vamos a proceder al tercer transitorio, con doña Aleida Alavez.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Con su venia, diputado presidente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del PRD, propongo modificar el párrafo tercero del artículo tercero transitorio, bajo las siguientes consideraciones.

La división de poderes es uno de los principios fundamentales de la democracia. Nuestra Carta Magna establece de manera concreta las facultades y obligaciones de cada uno de ellos; una de las facultades que compete exclusivamente a esta Cámara de Diputados es la de discutir, aprobar y fiscalizar el gasto público.

La Cámara de Diputados, depositaria de la representatividad de la sociedad mexicana, tiene en sus manos la determinación del uso de los recursos públicos para participar en el desarrollo del país. No obstante, el dictamen que hoy se presenta diluye los contrapesos legislativos de fiscalización de los recursos públicos, al hacer de lado al Congreso en su función de determinación del gasto de las instituciones del país.

En el párrafo tercero del artículo tercero transitorio del presente decreto, se pretende otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de dictar los lineamientos generales para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales a las dependencias que así lo requieran —por lo dispuesto en ese decreto—, sin que medie vista alguna de la Cámara de Diputados.

Este acto por parte del Ejecutivo federal sustituye de facto la facultad exclusiva que tiene esta Cámara para determinar sobre el destino del gasto público.

No debemos renunciar a esta facultad. Éste es un llamado muy sentido a la responsabilidad que nos impone el texto constitucional. Tenemos el mandato legal y ciudadano, debemos estar atentos a que estas transferencias se den con transparencia y claridad; por lo que resulta preponderante que se informe a este órgano legislativo los lineamientos que seguirán para dar cauce a esta reforma administrativa. No permitiremos que se relaje ni se determine de manera caprichosa el erario, sino con estricto apego a lo que ordena la Constitución de la República.

Por lo anteriormente expuesto, propongo la modificación en el párrafo tercero del artículo tercero transitorio de este dictamen, para quedar como sigue: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá dictar los lineamientos y disposiciones de carácter general que estime necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales, y la debida ejecución de lo dispuesto en este artículo, debiendo informar de manera inmediata a la Cámara de Diputados la expedición de dichas normas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, doña Aleida. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de doña Aleida.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Aleida Alavez Ruiz, relativa al artículo tercero transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, va a presentar sus reservas al cuarto, quinto y séptimo transitorios. Si quiere usar su tiempo para los tres, será un privilegio escucharlo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Era muy importante, en algún lugar de la Cámara espero se encuentre el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, porque me he subido a la tribuna con la intención de convencerlo a él de la bondad de lo que vamos a proponer aquí.

Tengo la esperanza, necesito que tengan tolerancia y se dejen ayudar con esta propuesta, porque ya están a punto de consumar un grave daño a la nación, pero desde ayer se los he estado diciendo en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, que nuestras intervenciones, aunque a algunos les duele mucho por las verdades que a veces decimos —y lo comprendemos—, no son asuntos personales con ninguno de ustedes. Sí están creando —con estas prisas legislativas— severos problemas, severos problemas para la propia administración pública. De verdad, es con ese ánimo esta propuesta.

Pueden ocurrir dos cosas: que en la soberbia, de cara a la nación, sigan la ruta de la imposición y tarde que temprano van a tener estos problemas.

Sabemos que en su cultura no les puede interesar mucho, ahí están casos como los de Montiel y otros, que hicieron destrozos en sus gobiernos, y personajes muy queridos de ustedes, omisos, sumisos, les enderezan la plana.

La otra expectativa es que de veras reaccionaran, que ocurriera el milagro y que dieran muestras de una voluntad de querer escuchar, comprender y tratar de enmendar a algunos de los problemas en los que se meten.

También aprovecho para decirles que era importante dar este debate; la nación se tiene que enterar dónde están las posiciones políticas de cada fracción parlamentaria, esto es enriquecedor, no es masoquismo, no es sadismo.

Es penoso que no se haya dado el debate de mejor manera, pero por mi parte con esto concluyo el debate de esta ley, y está en sus manos la decisión que vayan a tomar.

Miren, estoy nada más proponiendo una adición al cuarto transitorio, es lo único, y por eso me estoy dando mi tiempo, piénsenlo bien, reflexiónenlo, no se sulfuren, traten de poner un poquito de neuronas en lo que van a escuchar y traten de votar en conciencia. Pero se lo dirijo a Manlio, porque sabemos que él mueve a su fracción y si no está aquí, a lo mejor no da la línea bien y quién sabe qué vayan a hacer.

Miren, la adición es un tercer párrafo al cuarto transitorio. Lo dejo aquí en la Mesa para que posteriormente lo lean y la argumentación es la que se necesita escuchar.

Desde el punto de vista jurídico-formal existe un conjunto de principios que en el orden técnico-jurídico hacen que unas disposiciones se subordinen a otras; que la producción normativa de un órgano prime sobre la de otro; que unas puedan dejar sin vigor a otras anteriores y que puedan existir leyes generales junto a leyes específicas para ciertas circunstancias e instituciones, que permitan regularla de forma diferenciada, y aun así, ambas tengan valor jurídico y fuerza obligatoria.

A través de las disposiciones transitorias de los artículos cuarto, quinto y séptimo, se pretende ordenar la afectación de otras leyes por la desaparición de las Secretarías de Seguridad y Función Pública y la reasignación de sus atribuciones y estructuras administrativas.

Para ilustrar el tema, cito el párrafo segundo del artículo cuarto transitorio, que determina lo siguiente —miren ustedes lo que propone—: las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general, en cualquier disposición respecto de las secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este decreto, se entenderán referidas a las dependencias que respectivamente adquieran tales funciones. Respecto de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que determine, en su caso, si las mismas corresponden a esta última dependencia o a las unidades de auditoría preventiva. Acaba la cita.

Ello no es suficiente para atender el señalamiento de las dependencias que desaparecen y seguirán registradas en leyes generales o particulares, como es el caso de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se registra que la Secretaría de Seguridad Pública es integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, o bien, el registro de la Secretaría de la Función Pública en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Señor presidente, usted me autorizó a ejercer mi tiempo con calma para desahogar la propuesta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Está desahogando las tres?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Sí. Lamento mucho que el presidente no esté atento a la asamblea, pero lo informé; entonces, tengo el tiempo suficiente para el trámite. Muchas gracias y qué bueno que ya estamos despertando.

Leyes que en lo particular deberán ser reformadas para realizar las adecuaciones correspondientes, en atención a lo dispuesto en el artículo 72, inciso F de la Constitución general, que determina que en la interpretación, reforma o derogación de leyes o decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.

Por lo que atendiendo al principio de la consistencia interna que debe observarse en un ordenamiento jurídico, para tener una correcta coordinación, la vinculación de las normas del sistema jurídico garantiza que las relaciones sean reguladas de una forma uniforme, dotando de estabilidad al sistema; por tanto, se propone adicionar un tercer párrafo al artículo cuarto transitorio en los siguientes términos.

Se adicione: El titular del Poder Ejecutivo federal deberá presentar las reformas correspondientes a las leyes generales o particulares afectadas por la asignación de nuevas funciones derivadas de este decreto en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Eso es todo.

Miren, si no va a ocurrir lo que decía el diputado Monreal, aparte de que están violando la Constitución y son sujetos a reclamos judiciales, van a tener un severo broncón administrativo, porque evidentemente ya con las reformas que hicieron, al no hacerlo bien, al nada más seguir la consigna y la prisa del queda bien, del que nada más obedece sin pensar, pues no están dejando oportunidad a que puedan resolverse.

Es como los que están chiflando. Esos que están chiflando, que ya les urge irse, porque tienen dudas de que quién sabe qué esté pasando en su casa, o no sé, o no están dispuestos a cumplir con el cometido que les encomendaron sus electores, y por eso estamos como estamos, por estas cuestiones que ustedes no tienen la voluntad, el ánimo.

Un amigo me dijo: cabe la posibilidad de que es tan importante y puedes despertar la inquietud y quieren corregir, quieren enmendar, pues aprueben el párrafo. Otro dijo: no, estás soñando, estos no reaccionan; si no les dan línea no van a componer las cosas y este país va a continuar.

Está en sus manos la decisión, y por eso ojalá —por el bien, cuando menos la parte administrativa— hagan bien las cosas, y si no, pues ya el pueblo se los estará reclamando. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, pregunte la Secretaría a la asamblea si las propuestas de don Manuel Huerta Ladrón de Guevara son de aceptarse a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, relativa al cuarto transitorio, quinto transitorio y séptimo transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Ricardo Monreal, tiene usted el uso de la voz para presentar reserva al undécimo transitorio.

La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. ¿Con qué objeto, diputada Copete? Sonido con la diputada Copete. Sonido con la diputada Yazmin Copete. Adelante.

La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): Diputado presidente, en virtud de que prevalece el espíritu impositivo y que lo que se propone en beneficio de la administración pública que tenemos, los mejores deseos, por supuesto, para que los mexicanos puedan salir del atraso en que se encuentran, por lo menos 60 millones de pobres, pero aquí vemos que hay cerrazón y en consecuencia, ya no tiene caso estar pasando a tribuna para convalidar toda esta situación.

Qué bueno, como lo podrán ustedes observar, prefieren que el pueblo de México que votó por la oposición siga como está, sin ser escuchado. Estamos a la vieja usanza, donde no nos ven ni nos oyen.

Por ello, su servidora declina la participación con relación al artículo decimo séptimo transitorio, y bueno, el premio seguramente será bueno para los bien portados. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El decimo séptimo transitorio queda en sus términos. Adelante, diputado, disculpe la interrupción.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: ¿No podría reconsiderar diputada, para que me diera ese tiempo en lugar de declinar? Está por concluir un ejercicio donde se impuso, se impone una mayoría mecánica. La premura, la irreflexión, la ausencia de debate, el monólogo es la única característica que priva en la asamblea. Un ejercicio más de ofensas, un ejercicio vacío y agresión a los ciudadanos.

Se suprime una secretaría, se convierte en subsecretaría; se da paso a una vicepresidencia política, con facultades plenipotenciarias y desmedidas, que desnaturalizan la función pública —que por cierto, la seguridad pública en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia puede ser considerada seguridad interior, escuché aquí algunas confusiones semánticas—. Ahora estamos dando paso a esa subsecretaría política, estamos reviviendo la vieja policía política, el Estado gendarme, el Estado represor y totalitario.

Es engañoso el discurso de que no se otorgarán cheques en blanco, y votan a favor; es contradictorio, y afirmar que es regresiva la reforma y votan en favor. Es falso alegar el principio de la división de poderes y someterse incondicionalmente al Ejecutivo.

Al reservar este undécimo transitorio, presidente y legisladores, me hace recordar la historia de la Secretaría de la Función Pública. De 1982 al 2012, en muchos años, casi 20 años —más de 20 años—, 30 años, generó sanciones económicas a funcionarios por 75 mil millones de pesos, pero quien cobra éstas es el SAT y solo se cobraron 93 millones de pesos.

A los dos últimos funcionarios de Ferronales los sancionaron con mil 874 millones de pesos cada uno. La Secretaría de la Función Pública los encubrió. Fue más grave que el Pemexgate. La Secretaría de la Función Pública tenía la obligación de ver que se cobrara y sancionara el SAT, pero no sucedió nada, se encubrió.

La Secretaría de la Función Pública presentó denuncias penales en la PGR y ninguna prosperó. Todos los asuntos de la Secretaría de la Función Pública, todos los asuntos, terminaron en la impunidad.

Cambiar de nombre a la Secretaría de la Función Pública no sirve de nada. Seguir con el tema de sanciones económicas a funcionarios corruptos que no se cobran, solo simulan combatir la corrupción; seguir con denuncia contra servidores públicos corruptos que la PGR encubre, no sirve de nada.

En la iniciativa y en el dictamen no saben qué es auditoría y qué es control interno. Antes la Secretaría de la Función Pública nombraba a los contralores, ahora serán los titulares de las dependencias quienes nombrarán a sus contralores. Existe un conflicto de intereses.

La ASF y el IFAI turnan los asuntos a la Secretaría de la Función Pública y hasta ahora no han prosperado. Nosotros hemos insistido en un tribunal de cuentas autónomo. Hasta ahora no ha sido posible.

Quiero pedirle, presidente, plasme un documento que señalé y que preparé, que establece la reserva al dictamen de este undécimo transitorio, que a mí me parece de la mayor importancia y que requeriría la menor cortesía de ustedes en escucharlo.

Miren, la reforma plantea que ahora los órganos de control interno de las secretarías y de las dependencias los nombren los propios secretarios; como está actualmente la ley lo nombra la Secretaría de la Función Pública.

Esto es una regresión, quiéranlo o no, porque quién de los funcionarios que tenga la auditoría preventiva se va a atrever a enfrentarse a su jefe, que es el que decide a quién poner. Sí es una regresión.

Es como en los municipios y en los estados; en muchos de los municipios del país el contralor del municipio resulta ser el que propone el partido de segunda o primera minoría, casi en todos los municipios.

Ahora es tan sencillo, como que el presidente municipal también pueda proponer al contralor.

Por esa razón, nosotros proponemos en este undécimo transitorio, que pueda la Auditoría Superior de la Federación designar a los titulares de las unidades de auditoría preventiva, dentro de los 90 días siguientes.

Le pido, presidente, sé que están muy cansados, avisen en sus casas que aquí están.

Pero déjenme decirles por último, presidente, que es lamentable que no haya debate, es un monólogo miserable, de verdad, ¿por qué en el PRI teniendo más de 200 diputados y diputadas no se atreven a subir a debatir, no se atreven a argumentar, no se atreven a defender lo que están votando? Es complicidad, es un silencio verdaderamente lamentable.

Por cierto, ya he descubierto a uno de los que chiflan, es el diputado satélite, de San Luis Potosí, que por cierto tiene una historia que algún día se las voy a contar. Pero qué lástima, porque miren, me formé en una organización campesina, en la CNC; sí, me formé en el PRI, nunca lo he negado, por cierto y tengo amigos todavía en el PRI, que guardo desde entonces. Así es que para mí no es una vergüenza haber pasado por el PRI. El pecado político de haber votado en el PRI, hoy me parece que es un pecado político seguir en el PRI frente a las circunstancias que en el país existen. Pero a mí no me avergüenza eso, tengo muchos amigos ahí.

Pero les decía que me da mucha pena y mucha tristeza que la gente de la CNC —que estimo y respeto— sea la que grite, ¿por qué no viene a defender? Porque no son así los campesinos, soy de origen campesino y estos son líderes corruptos que abusan del poder, que abusan de sus agremiados y ojalá vinieran a debatir. ¿Qué pierden? Debatan de frente a la nación, frente a sus electores.

¿Qué les van a decir a todos los diputados ahora en sus distritos? ¿Qué les van a decir? ¿Por qué no subieron? ¿Por qué defendieron? Van a hacer conferencias de prensa, se las van a pagar los gobernadores del PRI, van a hacer grandes cosas, grandes cartelones, grandes desplegados de que fue lo mejor para el país. Pero no son capaces de venir aquí a debatir, a argumentar, a razonar y a convencer.

Nosotros al menos tenemos esa dignidad y decoro y no vamos a descansar; no nos vamos a cansar, no vamos a declinar hasta que este país sea transformado profundamente.

Muchas gracias, presidente, ésta es mi última intervención y le reitero mi reconocimiento por su tolerancia, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, señor. Ábrase el sistema electrónico de votación. Vamos a votar los artículos: 41, con la modificación de la fracción VII, 44 y los transitorios.

¿Con qué objeto, diputado Orihuela?

El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Presidente, quiero hacer una moción de hechos y hacerle un llamado a nuestra compañera Yazmin, a la diputada Yazmin Zapot para que no renuncie, no solo a su derecho sino a su obligación de tomar la palabra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya declinó.

El diputado Javier Orihuela García(desde la curul): Ya declinó, pero estoy haciendo una moción, porque es lamentable, compañeros, que nos quiera ganar en esta discusión el silencio. Es lamentable que nos quiera ganar...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya lo escuchamos, diputado.

El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Permítame, porque esto va a sentar un precedente grave en esta Cámara de Diputados, compañeros. No podemos permitir que la sordera acabe con esta discusión. Nosotros no nos vamos a cansar de estarles...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal de los artículos a los que he hecho mención.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos mencionados por el presidente: 41, 44, tercero transitorio, cuarto transitorio, quinto transitorio, séptimo transitorio, undécimo transitorio, décimo séptimo transitorio.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y aparte estamos votando el 41, con la modificación aceptada a la fracción XVII.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recuerda a las señoras diputadas y señores diputados, que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo para la votación; una vez cerrado el sistema, no se aceptará ningún voto.

El diputado José Arturo López Candido (desde la curul): En contra.

El diputado Julio César Moreno Rivera(desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, 293 votos a favor, 94 votos en contra, 0 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Senado, para los efectos constitucionales.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 21:01 horas): Se levanta la sesión  y se cita para la que tendrá lugar el martes 27 de noviembre de 2012, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30. Muchas gracias.

————— O —————