* INICIATIVA Y PROPOSICIONES

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 27 de noviembre de 2012, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 27 de noviembre de 2012 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativa con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Juventud, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Sedesol, de la SEP y de la Conade, a sentar las bases necesarias a fin de crear el Fondo Nacional de Prevención de la Diabetes, a cargo de la diputada Silvia Márquez Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SFP, para que vigile el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, durante el periodo de transición y entrada en funciones de la siguiente administración, a fin de que se salvaguarden los derechos de los servidores públicos que han obtenido su plaza mediante concurso, a cargo del diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a Nuevas Inversiones en Salud, Recursos del Fonden y del Fondo de Reconstrucción Federativa, a cargo de la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, para que cumpla con lo establecido en el Acuerdo A/145/10, referente a la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, garantizando sus funciones de investigación de los delitos cometidos contra periodistas dentro del territorio nacional, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, implemente un programa permanente de detección y tratamiento preventivo del cáncer de próstata, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza y suscrita por el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, a crear un grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y permisionarios de la pesca de camarón del Golfo de California y delta del Río Colorado, de los estados de Sonora y Baja California, a fin de que se demuestre la supuesta eficacia del nuevo arte y equipo de pesca del camarón que se quiere implementar en la NOM-002-PESC-1993, a cargo del diputado José Enrique Reina Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Pesca, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a las Prácticas Monopólicas y Regulación de Mercados, a cargo del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat, a negar la autorización del proyecto “La Ensenada” en la Isla Holbox, dentro del Área Natural Protegida de Yum Balam, en Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo, así como para que se apruebe y publique el programa de manejo correspondiente a dicha Área Natural, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, relativo a la concesión del tramo carretero de la autopista Armería-Manzanillo y las obras de ampliación de la carretera libre Manzanillo-Armería, a cargo del diputado Francisco Alberto Zepeda González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Infraestructura, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Querétaro, para que a través de sus dependencias correspondientes, se realicen las acciones necesarias, a fin de verificar las condiciones laborales de las empresas instaladas en la entidad, el trato que otorgan a los trabajadores y sus condiciones de operación, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de Reforma Agraria, para que impulsen las acciones pertinentes para dar solución al conflicto territorial de la Zona de los Chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud, establezca las modificaciones necesarias en la NOM-007-SSA2 Atención de la Mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, a fin de garantizar, promover y privilegiar la atención humanizada a la mujer, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que integre a la brevedad el Consejo Nacional de Productos Orgánicos, emita los lineamientos, el distintivo nacional y demás instrumentos regulatorios para la producción orgánica, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, relativo a las medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del Programa “Albergues Escolares Indígenas” y de diversas instituciones educativas, en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la Profepa y de la Conagua, realicen las investigaciones necesarias para determinar en su caso, omisiones en la aplicación de las normas ambientales, que han provocado el deterioro de las condiciones sociales y ambientales en la cuenca hidrológica del Río El Carmen, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros “Casasano La abeja” y “Emiliano Zapata”, ubicados en el estado de Morelos, se considere de manera preferente la propuesta del Ejecutivo Estatal de participar en el mismo, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP, para que durante los operativos del Programa Guerrero Seguro, se actúe con apego a la legalidad, sin violar las garantías de los ciudadanos, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, para que otorgue una prórroga a quienes tienen concesiones vencidas para el uso del agua con destino agrícola, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, aumente la supervisión en las aduanas, y a la Segob, para que a través del Instituto Nacional de Migración, incremente y refuerce la vigilancia del Programa Paisano, suscrito por el Dip. Fernando Jorge Castro Trenti y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la ASF, para que realice un análisis detallado sobre la situación que guardan las finanzas públicas del Municipio de Cuernavaca, Morelos, y a la SFP para que realice las investigaciones y en su caso emprenda acciones legales contra los funcionarios públicos que resulten responsables por el daño patrimonial a la Hacienda Pública de dicho municipio, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Turno: El Primer Resolutivo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su atención y el Segundo Resolutivo a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los asuntos mineros, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

22. Con punto de acuerdo, en relación al predio conocido como “La Mexicana”, que forma parte del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, ubicado en las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Turno: Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realice los trabajos necesarios para entregar la credencial para votar fuera del territorio nacional, a los ciudadanos que se encuentran en el extranjero, así como celebrar con la SRE los acuerdos correspondientes, en relación a la credencial de Elector, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, publique en el mes de noviembre, el Reglamento de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Turno: Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Profeco y de la Comisión Reguladora de Energía, para que se sancione o en su caso, se cancele el permiso de suministro dado a la empresa Gas Butano Propano de Baja California, S.A. de C.V. mejor conocida como Z Gas, por la suspensión del suministro de gas, que sin previo aviso a sus clientes ni a las autoridades gubernamentales se dio el pasado 18 de octubre, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Turno: Comisiones Unidas de Economía y de Energía, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a diversos Jefes Delegacionales para que transfieran instalaciones para la conformación de centros deportivos de alto rendimiento, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Turno: Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que suspenda el estado de sitio inconstitucional que se vive en los alrededores de la Cámara de Diputados y en su interior, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano

Turno: Mesa Directiva, para su atención.

28. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SSP, de a conocer a la opinión pública, la situación de las mujeres que se encuentran recluidas, y atienda la problemática que se suscita en los Ceresos con este sector de la población, apegándose a las leyes, tratados y convenciones que rigen la materia, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Turno: Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Equidad y Género, para dictamen.

29. Con punto de acuerdo, por el que se solicita Ejecutivo federal, fortalezca los programas y los mecanismos de atención para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de que puedan ser implementados de manera eficiente y equitativa, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Turno: Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob, para que actualice y expida el Diagnóstico Nacional sobre Todas las formas de Violencia contra Mujeres y Niñas, a cargo de la diputada Blanca Estela Gómez Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Turno: Comisión de Equidad y Género, para dictamen.»

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

«Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El deporte es practicado en todo el mundo en diferentes disciplinas, es una necesidad del hombre que además de significarse en una actividad física, es un juego o competición y para muchos también es tiempo de placer y diversión.

El deporte implica perseverancia y esfuerzo, ayuda a que el cerebro este más activo, a la concentración; fomenta valores como la disciplina, la responsabilidad, la superación, la organización, y de manera indirecta favorece el rendimiento escolar.

Practicar deporte es imprescindible para tener una vida saludable, tiene beneficios físicos como: fortalecer órganos, aumenta la oxigenación en músculos, incrementa la fuerza en huesos, nivela el colesterol y mejora la condición física.

También, disminuye el estrés, mejora la capacidad de aprendizaje, aumenta la autoestima y ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y artritis.

En México los esfuerzos gubernamentales para difundir la cultura física están limitados, carecen de políticas públicas para estimular la práctica masiva del deporte en la población.

Nuestra sociedad necesita del impulso y apoyo a prácticas deportivas en todas las disciplinas, especialmente en sectores vulnerables.

Hemos visto como los deportistas de nuestro país batallan para que se les apoye con recursos para ir a torneos. Tenemos el potencial y la energía de millones de jóvenes que quieren sobresalir en algún deporte, pero su condición económica no se los permite y por parte del gobierno no hay suficientes programas y el apoyo es mínimo.

Mundialmente tenemos un muy bajo nivel deportivo, como ejemplo están las olimpiadas de Londres 2012, donde Estados Unidos logro 104 medallas en total; en comparación México accedió a 7.

Otro problema muy delicado y frecuente que tenemos en el país que se puede prevenir con la práctica de deporte es la obesidad.

Datos de la OCDE colocan a México en segundo lugar con mayor índice de obesidad en su población con 30%, únicamente superado por Estados Unidos con el 33%, esto quiere decir que de las mil 200 millones de personas que tienen problemas de sobrepeso y obesidad en el mundo, 80 millones son mexicanos.

El deporte es un recurso importante para la prevención del consumo de drogas y de la delincuencia juvenil, ya que involucra a los jóvenes a desarrollarse con dignidad y conciencia social.

Los jóvenes son el presente del país por eso debemos tomar las medidas necesarias para apoyar y concientizar a todos, debemos reformar la ley del Instituto Mexicano de la Juventud para otorgar más facultades en materia deportiva; ya basta de ignorar las peticiones de millones de jóvenes que quieren sobresalir en el ámbito deportivo y ya basta de seguir permitiendo el aumento de jóvenes involucrados en adicciones o delincuencia.

Es increíble que en el Instituto Mexicano de la Juventud, en su junta directiva, no cuente con un representante de la Comisión Nacional de la Cultura y el Deporte; no es posible que no se le dé importancia al deporte siendo un tema significativo para todos los jóvenes del país.

Esta iniciativa ayudara a que la participación de los jóvenes en el deporte mejore y se establezcan programas deportivos a nivel nacional, evitando que los adolecentes recurran a los hábitos insanos como drogas, alcohol y tabaco, siendo el deporte una de las soluciones más eficaces para una buena vida de cada uno de los jóvenes mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que contiene proyecto de

Decreto por el que se modifican disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Único. Se adiciona el artículo 8, fracción I, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 8. La Junta Directiva se integrará por dieciocho miembros, de los cuales serán:

I. Once miembros propietarios:

a) El Secretario de Educación Pública, quien lo presidirá;

b) El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

c) El Secretario de Gobernación;

d) El Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;

e) El Secretario del Trabajo y Previsión Social;

f) El Secretario de Salud;

g) El Secretario de Desarrollo Social;

h) El Secretario de Comercio y Fomento Industrial;

i) El Secretario de Comunicaciones y Transportes;

j) El Director General del Instituto Nacional Indigenista, y

K) El Director General de la Comisión Nacional de la Cultura Física y el Deporte.

Por cada miembro propietario, el titular podrá nombrar a un suplente, y

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de noviembre del 2012.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.

FONDO NACIONAL DE PREVENCION DE LA DIABETES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa, de la Sedesol, de la SEP y de la Conade a sentar las bases para crear el fondo nacional de prevención de la diabetes, a cargo de la diputada Silvia Márquez Velasco, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Silvia Márquez Velasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a los secretarios de Salud, Desarrollo Social, Educación y al titular de la Comisión Nacional del Deporte a sentar las bases necesarias a fin de crear el Fondo Nacional de Prevención de la Diabetes, Fonapredi, con base en las siguientes

Consideraciones

El desarrollo social es un proceso dirigido a mejorar la calidad de vida y la economía de un país en diferentes ámbitos, como los son: salud, educación, nutrición, deporte, seguridad social, empleo, entre otros derechos. En este proceso democrático el Estado debe promover políticas públicas que garanticen a la población el desarrollo humano de manera integral.

La política social de nuestro país históricamente ha tenido como uno de sus ejes primarios a la salud, que es un derecho humano rector del desarrollo social establecido en la Constitución, tratados internacionales, y normas jurídicas secundarias.

En este sentido, el desarrollo social del Estado mexicano no puede ser integral sino hay fortalecimiento en las medias de prevención en enfermedades crónicas o también llamadas no transmisibles, como lo es la diabetes; por ello, se deben reorientar los recursos económicos que hagan eficaz las políticas públicas en educación nutricional y deporte en los tres ámbitos de gobierno.

En este contexto, el próximo 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, establecido por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos (Organización Mundial de la Salud).

Cabe mencionar, que existen tres tipos de diabetes, siendo la de tipo 1, conocida como Juvenil donde el organismo no produce insulina; la de tipo 2 o de adulto, cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina, principalmente ocasionada por sobrepeso, obesidad e inactividad física, ésta representa un 90 por ciento de los casos mundiales de esta enfermedad y la diabetes gestacional que se caracteriza por el aumento del azúcar en la sangre que aparece por vez primera durante el embarazo.

De acuerdo con cifras establecidas por la Organización Mundial de la Salud existen en el planeta alrededor de 346 millones de personas con diabetes, de éstos, más del 80 por ciento se registran en países de ingresos bajos y medios, es decir, en vías de desarrollo, donde el grupo más afectado es el de 35 a 64 años; se proyecta que para el año 2030 las muertes por diabetes aumentarán más de un 50 por ciento, volviéndose para ese año la séptima causa de muerte a nivel mundial.

La Organización Mundial de la Salud, señala diversas consecuencias que ocasiona la diabetes, siendo las siguientes:

• Problemas cardiovasculares de los cuales de un 50 a un 80 por ciento son causas de muertes en pacientes diabéticos;

• Retinopatía diabética donde aproximadamente un 2 por ciento de los pacientes quedan ciegos y un 10 por ciento sufren un deterioro grave en la visión;

• Insuficiencia renal donde de 10 a 20 por ciento de los pacientes mueren por esta causa;

• Neuropatía diabética que afecta a un 50 por ciento de los pacientes, ocasionando problemas como hormigueo, dolor, entumecimiento en pies y manos; y

• Amputaciones causadas por pie diabético.

En México, la falta de cultura nutricional y deportiva ha ocasionado que los índices de sobrepeso y obesidad sean un problema de salud pública, y factores que generan diabetes. Por tal motivo, los gastos en atención médica y control de la enfermedad han causado derramas económicas superiores a las que se destinan para la prevención.

A principios de 2012, la Secretaría de Salud señaló que la diabetes aumentó 30 por ciento en México a cusa del sobrepeso y la obesidad; mencionando que la obesidad en niños de 11 años incrementó 124 por ciento de 1999 a 2006, alcanzando el 0.94 por ciento en muertes en la población infantil de 11 y 14 años.

Por su parte, el Centro de Nutrición, Obesidad y Alteraciones Metabólicas del Hospital ABC, señala que 80 millones de mexicanos tienen problemas de sobrepeso (70 por ciento) y obesidad (30 por ciento).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, señala que México ocupa el primer lugar mundial con mayor índice de personas con obesidad, teniendo el 30 por ciento, y el cuarto lugar de sobrepeso y obesidad infantil con 4 millones de niños con problemas de sobrepeso y obesidad.

Refiere que alrededor del 12 por ciento de la población en México, entre los 20 y 80 años, es diabética, siendo el país, afiliado a la OCDE con mayor número de individuos que registran este padecimiento.

En este sentido, el doctor Armando Arredondo, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, mencionó en agosto del año en curso, que México ocupa el lugar 10 dentro de los países del mundo que realizan más gasto en atención y control de la diabetes, superando a Estados Unidos, Cuba, Argentina y Brasil.

Señala que, en 2011 los costos totales que son atribuibles a la diabetes en México fueron de 7 mil 784 millones de dólares, de estos, 4 mil 352 millones son costos dirigidos a discapacidad temporal, permanente y a mortalidad prematura; con ello, el impacto económico se ha incrementado de 6 a 8 por ciento entre 2006 a 2012, además señala que de cada 100 pesos, 53 se gastan en complicaciones y el resto para el manejo de la enfermedad.

Al respecto, en el Primer Congreso Internacional de Ciencia e Innovación en Diabetes, 2012, organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM, la Coordinación de la Investigación Científica, el Conacyt y la organización Iniciativa para la Diabetes señalaron que en territorio nacional la principal complicación y muerte de la diabetes está vinculada a la insuficiencia renal con el 43.2 por ciento, seguida de las vasculares con 7.3 por ciento, la cetoacidosis con cuatro por ciento y el coma diabético con el 2.3 por ciento.

Queda constancia que las políticas públicas de prevención del sexenio que termina no generaron resultados satisfactorios en la población mexicana, ejemplo de ello fue el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaría, que recibió severas críticas por sectores de la sociedad civil como lo fue Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, quién le llamó “fracaso, a la estrategia federal para combatir la obesidad significando miles de muertes y el agravamiento de la crisis de las finanzas en el sector salud creada por la epidemia de obesidad y diabetes, además, de ser un instrumento voluntario que carece de recursos”.

Alejandro Calvillo reveló que proyecciones de especialistas internacionales refieren que para 2025, México ocupará el sexto o séptimo lugar con 11.9 millones de mexicanos con diabetes y en cuanto a mortalidad por esta enfermedad, el país ocupa el sexto lugar mundial y el tercer lugar en el continente americano.

Destacó que en el sexenio de Ferlipe Calderón han muerto medio millón de personas por diabetes. Mencionando que en 12 años aumentaron las defunciones por diabetes 92 por ciento.

El sexto Informe de Gobierno en materia de salud señala que han sido más de 82 mil muertes por diabetes en el último año, 31 mil 697 se dieron en la edad productiva y 51 mil 91 en edad postproductiva, siendo la segunda causa de mortalidad general en el país.

Es decir, más de 82 mil muertes por año se dieron en el sexenio de Felipe Calderón, para sumar medio millón.

El secretario de Salud, Salomón Chertorisvki Woldenberg, reconoció que en este sexenio no pudo lograrse la reducción del 20 por ciento en la mortalidad de pacientes con diabetes. Por lo qué comentó que es uno de los problemas de salud más importantes del país, destacando que el 80 por ciento de los casos de diabetes tipo 2 están relacionadas con sobrepeso y obesidad.

Por su parte Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud mencionó que de 2006 a 2012 se incrementó el número de pacientes con diabetes al pasar de 5.29 a 24.54 por ciento.

En conclusión, los más de 7 millones de mexicanos de los estados y municipios que padecen esta enfermedad ocasionadas por sobrepeso y obesidad y las generaciones futuras necesitan mecanismos eficientes que fortalezcan un desarrollo social integral que incluye a la salud como “un estado de bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo como de la colectividad” (Organización Mundial de la Salud). Por ello, es necesario enfrentar la pandemia de la diabetes de manera conjunta donde las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Educación y la Comisión Nacional del Deporte principalmente, construyan programas integrales de prevención.

En consecuencia, es momento de sentar las bases necesarias con visión de Estado para crear el Fondo Nacional de Prevención de la Diabetes, con reglas de operación trasparentes que eviten la corrupción y el clientelismo; para que año con año se incremente y garantice el funcionamiento efectivo de las políticas públicas de salud en materia de prevención, principalmente en los rubros de educación nutricional y deporte en las entidades federativas y sus municipios, y así bajar los índices de esta pandemia que ocasionan discapacidad y mortandad en el país que debilita el desarrollo social de las mexicanas y los mexicanos.

Sugerencia que ha secundado el Instituto Nacional de Salud Pública al referir en recientes investigaciones que con mayor inversión en políticas de prevención contra la diabetes el Sistema Nacional de Salud disminuiría su gasto de 30 a 50 por ciento.

Por lo expuesto, fundado y motivado pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a los secretarios de Salud, Desarrollo Social, Educación y al titular de la Comisión Nacional del Deporte a sentar las bases necesarias a fin de crear el Fondo Nacional de Prevención de la Diabetes (Fonapredi).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 23 de octubre de 2012.— Diputada Silvia Márquez Velasco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SFP a vigilar el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en el periodo de transición y entrada en funciones de la siguiente administración para salvaguardar los derechos de quienes han obtenido la plaza mediante concurso, a cargo del diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Gerardo Peña Avilés en la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y articulo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, a que vigile con estricta rigurosidad el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, durante el periodo de transición y entrada en funciones de la siguiente administración, a fin de que se salvaguarden los derechos de los servidores públicos que han obtenido su plaza mediante concurso, evitando con esto su despido, al tenor de la siguientes

Consideraciones

El servicio profesional de carrera se establece como un sistema que sirve para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad. Asimismo, sirve para atraer, retener, motivar y formar a las mejores mujeres y hombres en el servicio público, garantizando que la administración pública transite por los distintos cambios de gobierno con el mínimo trastorno y la máxima eficacia, asegurando que siendo políticamente neutro, sea un factor estratégico de la competitividad del país.

La profesionalización de la administración pública es importante porque entre mejor preparados estén los servidores públicos mejor será la calidad de los bienes y servicios que el gobierno pueda brindar a los ciudadanos. El manejo de los recursos públicos será más eficiente si sus administradores están bien capacitados, la imagen social de las instituciones gubernamentales mejora en la medida en que los ciudadanos se dan cuenta de que en cada trámite hay una intención de mejorar la relación con los mismos.

Profesionalizar significa mejorar los procesos de selección para atraer a los mejores candidatos del mercado laboral. También significa crear mecanismos que permitan garantizar, de forma permanente, que los servidores públicos cuentan con los conocimientos y habilidades que requieren para desempeñar sus tareas y actividades, estableciendo mecanismos que permiten valorar periódicamente si los servidores públicos cumplen con las metas que se fijaron y si lo hacen de manera más efectiva y eficiente.

El servicio profesional de carrera se fundamenta en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003; Entrando en vigor el 7 de octubre del mismo año. Su implantación gradual inició el 5 de abril de 2004, fecha en la que entró en vigor el Reglamento de la misma. La operación plena del servicio profesional de carrera se realizó en el año 2006. Hasta el año 2010 los datos reportados de la cuenta pública ya fiscalizados nos decían que había 1 millón 698 mil plazas en la Administración Pública Federal y que de ella solamente 35 mil 689 estaban registradas en el servicio profesional de carrera: El 2.1 % del total.

Actualmente el servicio profesional de carrera cuenta con un registro de 29 mil 938 servidores activos registrados.

El próximo gobierno tendrá la posibilidad de designar nada menos que 1 millón 662 mil 785 plazas. Además de los Secretarios, Subsecretarios, Oficial Mayor y Titulares de Unidad que juntos suman 643 plazas, el próximo presidente podría nombrar a casi 4,500 Directores Generales – incluyendo a los adjuntos – a casi 10, 000 Directores de área, y a más de 50, 000 Subdirectores y jefes de departamento.

Un factor que repercute al servicio profesional de carrera, es el cambio de autoridades. El simple hecho de que estas se encuentren en un sistema de administración diferente puede ocasionar el despido de personal o por otro lado el uso indiscriminado de contratación de servidores públicos, justificándose con el Artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el cual a la letra menciona:

“Artículo 34.- En casos excepcionales y cuando peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito o de fuerza mayor o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, los titulares de las dependencias o el Oficial Mayor respectivo u homólogo, bajo su responsabilidad, podrán autorizar el nombramiento temporal para ocupar un puesto, una vacante o una plaza de nueva creación, considerado para ser ocupado por cualquier servidor público, sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección a que se refiere esta Ley. Este personal no creará derechos respecto al ingreso al Sistema.

Una vez emitida la autorización deberá hacerse de conocimiento de la Secretaría en un plazo no mayor de quince días hábiles, informando las razones que justifiquen el ejercicio de esta atribución y la temporalidad de la misma.”

Por otro lado las prácticas político-partidistas que se han observado históricamente al cambio de cada administración son: el acomodo de personas en puestos claves, cuotas partidarias, negociaciones previas y despidos.

La rotación de personal de cada sexenio, impide la profesionalización y el aprovechamiento de la experiencia adquirida por los servidores públicos; ya que se remplazan, por personal que algunas ocasiones no cuentan con la profesionalización que requieren los puestos.

Como ejemplo actual podemos mencionar el caso del Gobierno Estatal en Michoacán donde incuso hace días, renuncio el entonces Titular del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de dicha entidad, mismo que ha denunciado que la estructura gubernamental se plago de amigos, compadres y familiares de las nuevas autoridades.

Esta situación ha generado incertidumbre con la llegada de la próxima administración al Gobierno Federal. Los funcionarios públicos ven en riesgo la permanencia en sus puestos aún contando con el servicio profesional de carrera.

De ahí que se hace indispensable que los funcionarios y sus familias cuenten con la certeza de garantizar su estabilidad económica y permanencia dentro Gobierno Federal, respaldadas y defendidas bajo las prerrogativas que les otorga la Ley Servicio Profesional de Carrera.

De ahí la importancia de no perder de vista los aspectos a resolver de corto, mediano y largo plazo, en los cuales se pueden conseguir grandes resultados y consolidar un servicio profesional de carrera, eficaz, oportuno, sin temor a los cambios de Gobierno, anteponiendo el profesionalismo y preparación de los funcionarios.

Es por esto que urge se tomen medidas al respecto, para garantizar los puestos de trabajo que tienen los servidores públicos de carrera, otorgándoles certeza laboral, fortaleciendo un sistema que apenas cumple 9 años de existencia.

Por las razones expuestas, pongo a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, a que vigile con estricta rigurosidad el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, durante el periodo de transición y entrada en funciones de la siguiente administración, a fin de que se salvaguarden los derechos de los servidores públicos que han obtenido su plaza mediante concurso, evitando con esto su despido.

Palacio legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 9 de noviembre de 2012.— Diputado Gerardo Peña Avilés (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A NUEVAS INVERSIONES EN SALUD, RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES Y DEL FONDO DE RECONSTRUCCION FEDERATIVA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de seguimiento a nuevas inversiones en salud, y recursos del Fonden y del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, a cargo de la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 79 numerales 1 y 2 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, presenta a este pleno proposición con punto de acuerdo, por la que se solicita la creación de la Comisión Especial de seguimiento a nuevas inversiones en salud, recursos del Fonden y del Fondo de Reconstrucción Federativa.

Consideraciones

Primera. Que el próximo pasado cinco de marzo del año 2010, la Junta de Coordinación Política publicó en la Gaceta Parlamentaria 2963 el acuerdo donde crea la Comisión Especial de Seguimiento a Nuevas Inversiones en Salud, Recursos del Fonden y del Fondo de Reconstrucción Federativa;

Segunda. Que en términos del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, La Junta de Coordinación Política tiene la facultad para presentar al pleno de la Cámara de Diputados proyectos de punto de acuerdo;

Tercera. Que el artículo 42 de la Ley Orgánica otorga al pleno la facultad de acordar la constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto en específico y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c), del mismo ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer que representen en el pleno;

Cuarta. Que para la integración de las Comisiones Especiales la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la conformación de las comisiones, cuidando que al hacerlo se incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el pleno;

Quinta. Que la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura está integrada por siete grupos parlamentarios: Partido Revolucionario Institucional (212), Partido Acción Nacional (114), Partido de la Revolución Democrática (104), Partido Verde Ecologista de México (29), Partido Movimiento Ciudadano (16), Partido del Trabajo (15) y Partido Nueva Alianza (10).

Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de seguimiento a nuevas inversiones en salud, Recursos del Fonden y del Fondo de Reconstrucción Federativa.

Segundo. La comisión especial estará integrada por 16 miembros propuestos por los grupos parlamentarios.

Tercero. El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, la comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable. Igualmente podrá solicitar y recibir los archivos de legislaturas anteriores que existan sobre la materia de trabajo que deban atender.

Quinto. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de las comisiones especiales serán aprobados por el Comité de Administración.

Sexto. La comisión especial estará vigente hasta el 31 de agosto de año 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.— Diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rubrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

FISCALIA ESPECIAL DE ATENCION DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESION

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a cumplir el acuerdo número A/145/10, referente a la Fiscalía Especial de Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y garantizar las funciones de investigación de ésta, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII legislatura del Congreso de la Unión, y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción l, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

El Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) es una red global de organizaciones relacionadas a defender y garantizar la libertad de expresión, estableciendo el 23 de noviembre de 2011, como el Día mundial contra la Impunidad, conmemorando el aniversario de la masacre de Ampatuan en Filipinas en 2009, donde 32 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados.

“El objetivo del Día es lograr justicia para los perseguidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión, llamando la atención global sobre la cuestión de la impunidad”.

De acuerdo al Tercer Reporte Trimestral, de la organización periodística internacional artículo 19, sobre las agresiones contra periodistas y medios en México “los ataques a la libertad de expresión se han extendido a 22 diferentes estados de la república y 45.25 por ciento de ellos involucra algún tipo de violencia que compromete la vida e integridad física de los periodistas, o bien el despojo o robo del equipo de reporteros y periodistas gráficos, daños al mismo y la pérdida de material periodístico e imágenes.”

De dichos ataques, seis entidades, concentran el 66.42 por ciento de los agravios contra comunicadores y medios, entre ellos Veracruz, Oaxaca, Baja California, Distrito Federal, Tamaulipas y Sonora.

Cabe rescatar que en este informe se evidencia la impunidad con la que, en ocasiones, opera el sistema de justicia mexicano, recordemos lo sucedido en agosto pasado, en donde la Procuraduría General de Justicia de Veracruz a través de un comunicado, dio por aclarados los crímenes de cuatro periodistas, dando carpetazo a la peor crisis de violencia contra la prensa en el estado.

No podemos dejar impunes los casos en donde –además– existe la criminalización de las víctimas, por ejemplo cuando el procurador estatal veracruzano, Amadeo Flores Espinosa, afirmó que “estos reporteros a su vez habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados por la organización delictiva autodenominada Los Zetas”.

Los datos del informe revelan que el mayor agresor de la prensa continúa siendo el Estado, con el 53.63 por ciento de agresiones cometidas por funcionarios públicos frente a un 15.63 por ciento perpetradas por el crimen organizado, siendo este último el que comete las agresiones más violentas.

Por último, Artículo 19, expone la simulación en cuanto al trabajo de instituciones como la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, la cual, mediante el Acuerdo A/145/10, suscrito por el procurador general de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, fue creada en sustitución de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, ya que únicamente, ha integrado 27 acciones penales y sólo ha obtenido una sentencia condenatoria.

Y no olvidar la falta de voluntad del gobierno Federal en este rubro, al recortar el presupuesto de la FEADLE en un 72.4 por ciento, pasando de 2 millones 304 mil pesos programados en el primer año del sexenio, a 636 mil 740 pesos en 2011; en donde además, hubo un subejercicio de 91.79 por ciento en 2010.

La solicitud de este cumplimiento tiene como fundamento las siguientes:

Consideraciones

Primera: Que conforme a lo establecido en el Artículo 6º constitucional sobre la libertad de expresión:

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.

Segunda: Que conforme al derecho internacional, estableciendo en el artículo 19 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Tercera: Lo establecido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo texto establece que:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Cuarta: Lo establecido en el artículo 13 del Pacto de San José, estableciendo que:

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radio- eléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de la información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”

Quinta: Que conforme al Acuerdo A/145/10, suscrito por el Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010:

Fue creada la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión en sustitución de la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas.

Único. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República que cumpla cabalmente con lo establecido en el acuerdo A/145/10 referente a la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, garantizando sus funciones de investigación y persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional.

Dado en el salón de sesiones de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CANCER DE PROSTATA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Secretaría de Salud un programa permanente de detección y tratamiento preventivo del cáncer de próstata, a cargo de Fernando Bribiesca Sahagún y suscrita por Felipe Arturo Camarena García, diputados de los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza y del PVEM, respectivamente

Los que suscriben, Fernando Bribiesca Sahagún y Felipe Arturo Camarena García, integrantes respectivamente de los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II; y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, fundada en la siguiente

Exposición de Motivos

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. La Organización Mundial de la Salud pronostica que, con los tratamientos y conocimientos actuales, 84 millones de personas morirán de cáncer en un lapso de 10 años, de 2010 a 2015. El desarrollo del país y el aumento de la esperanza de vida han traído consigo el envejecimiento de la población y el concurrente incremento de enfermedades crónico-degenerativas. Entre ellas destacan por su frecuencia los tumores malignos. Los datos proporcionados por la Secretaría de Salud indican que el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte entre los varones de 40 años y la primera entre los mayores de 65 años.

Considerando que la detección temprana del cáncer es un medio que otorga la mejores posibilidades en el combate de la enfermedad, si está en manos de las personas, preocupa que las cifras oficiales indiquen que 90.8 por ciento de los casos de cáncer se diagnostica en etapas tardías o no clasificables, lo cual se relaciona de manera directa con una evolución clínica menos favorable, reduciendo considerablemente la esperanza de vida del paciente.

Específicamente, para el sexo masculino el cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes. En todo el mundo se diagnostican unos 700 mil nuevos casos de cáncer de próstata al año, lo que representa 11.7 por ciento de los tumores masculinos. Por eso, desde años anteriores, países como Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Estado Unidos, Canadá, Sudáfrica, Finlandia, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Bélgica, la República Checa, España, Hong Kong, Singapur, Francia, Alemania, Suecia, Suiza y Austria han dirigido programas oficiales para el cuidado de la salud masculina.

Por esos programas gubernamentales se ha generado suficiente conciencia social en los ciudadanos como para que en todos los países citados se haya gestado un movimiento internacional que invita a todos los hombres a dejarse crecer el bigote durante un mes para concienciar sobre el seguimiento y diagnóstico temprano del cáncer de próstata. El Movember (donde la letra eme corresponde a moustache, “bigote”) ha conseguido recaudar más de 160 millones de dólares, destinados íntegramente a programas de investigación para la lucha contra el cáncer de próstata en el mundo.

Pese a las tendencias globales respecto a una cultura de la prevención, en México no se ha reconocido la importancia del cáncer de próstata como un problema de salud pública, pues se considera que se trata de un país formado mayoritariamente por jóvenes, presumiendo que enfermedades como el cáncer de próstata aquejan sólo a personas en edad avanzada. Tal prejuicio ha postergado la consecución de un programa de detección y tratamiento en etapas tempranas que mitigue la mortalidad por el padecimiento.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los resultados para 2010 revelaban que de los 54.8 millones de varones que forman la población de nuestro país, 13 millones son mayores de 45 años. Es decir, 11.5 por ciento de la población tiene altas probabilidades de padecer cáncer de próstata.

Los pronósticos realizados por el Consejo Nacional de la Población indican un aumento considerable en la incidencia del cáncer de próstata, pues para 2049 sus proyecciones indican un aumento en la esperanza de vida, aunado a que más de la mitad de los hombres de 75 años continuarán formando parte de la población económicamente activa. Eso en general se traduce en un latente riesgo para su patrimonio y el de sus familias de no actuarse a tiempo.

Un programa permanente de detección, prevención y tratamiento del cáncer de próstata instaurado por la Secretaría de Salud puede ayudar significativamente con la concienciación y detención temprana de esa enfermedad y de otras equivalentes, como el cáncer testicular.

Es necesario que la población masculina esté enterada que la detección del cáncer de próstata puede llevarse a cabo por una prueba de sangre del antígeno prostático específico. Es considerada el mejor marcador tumoral para el diagnóstico del cáncer de próstata demostrando un balance costo-beneficio favorecedor: es un estudio económico y asequible. Por otra parte, es importante que el programa de concienciación propuesto dé a conocer que en estadios iniciales, el tratamiento menos agresivo que puede utilizarse es la braquiterapia prostática, ya que no afecta a los órganos adyacentes y minimiza los efectos secundarios que inciden en la calidad de vida del paciente, como la impotencia y la incontinencia urinaria.

Para los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista de México, el objetivo principal del programa de previsión y detección temprana propuesto es que los varones de más de 50 años y menores de 45 con antecedente familiar de la enfermedad estén concienciados respecto a la trascendencia de asistir al urólogo para someterse a revisiones periódicas anuales para posibilitar así la detección precoz del tumor. Este esfuerzo de concienciación debe llevarse a cabo con un plan nacional integral que contribuya a la reducción de la incidencia del cáncer, en el cual se establezcan medios de trabajo y sinergias que complementen esfuerzos entre los sectores público, privado y social, tomando como punto de referencia los exitosos esfuerzos de concienciación respecto al cáncer de mama.

De conformidad con lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Secretaría de Salud un programa permanente de detección y tratamiento preventivo del cáncer de próstata, a fin de disminuir la mortalidad por esa causa en el país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.— Diputados: Fernando Bribiesca Sahagún, Felipe Arturo Camarena García (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

PESCA DE CAMARON

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable a crear un grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y permisionarios de la pesca de camarón del golfo de California y delta del río Colorado, de Sonora y Baja California, para demostrar la supuesta eficacia del nuevo arte y equipo de pesca de camarón que se desea implantar en la NOM-002-PESC-1993, a cargo del diputado José Enrique Reina Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN

De conformidad con el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, los suscritos, diputados José Enrique Reina Lizárraga, Leslie Pantoja Hernández y Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentan ante este pleno la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable a crear un grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y permisionarios de la pesca de camarón del Golfo de California y delta del Río Colorado, de los estados de Sonora y Baja California , a fin de que se demuestre la supuesta eficacia del nuevo arte y equipo de pesca del camarón que se quiere implementar a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993.

Antecedentes

La pesquería de camarón, en el alto Golfo de California se produce en promedio 851 de toneladas de camarón por temporal de pesca comercial, siendo la mayoría camarón azul.

Atributos adicionales de esa región la alta diversidad marina y el alto número de endemismo biológico. Por eso, ahí se ubica una reserva de la biosfera (934,756 hectáreas) que protege especies carismáticas, como la vaquita marina, así pues los principales pobladores de San Felipe, en Baja California, Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora, concentran por lo menos a 46,000 personas que viven principalmente de la pesca.

El recurso del camarón ocupa diferentes hábitats a lo largo de su ciclo de vida, por lo cual su explotación en las diferentes fases debe prever un balance de tal forma que la extracción en las etapas de crecimiento y reproducción no afecten el reclutamiento, el potencial reproductivo y la producción pesquera de la especie.

Por una parte, el aprovechamiento del camarón en los sistemas lagunarios estuarinos y bahías tanto del litoral del Océano Pacífico y Golfo de California, como del Golfo de México y Mar Caribe mexicanos, ha generado el establecimiento de pesquerías comerciales de particular importancia económica y social que es necesario mantener buscando un balance óptimo con otras pesquerías que permita el adecuado aprovechamiento de estos recursos.

Para los propósitos antes señalados, la antes Secretaría de Pesca, quien hoy forma la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), junto con la Conapesca y el Inapesca, ha venido realizando investigaciones biológico pesqueras en los distintos sistemas lagunarios estuarinos y bahías de ambos litorales del país, cuyos resultados hacen recomendable emitir normas para controlar el esfuerzo pesquero reglamentando el número, tipo y especificaciones de las artes, métodos y equipos de pesca; la potencia de los motores fuera de borda y la determinación de zonas y periodos de veda.

Es por lo anterior que surge la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de normas oficiales mexicanas, y derivado de ello el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, en reunión celebrada el 14 de diciembre de 1993, aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM- 002-PESC-1993 para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.”

Esta Norma tiene como propósito garantizar la conservación, la preservación y el óptimo aprovechamiento de las poblaciones de las distintas especies de camarón, en los sistemas lagunarios estuarinos, bahías y aguas marinas de jurisdicción federal.

Como se citó, la norma regula el aprovechamiento de las especies del camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa tesitura me permito señalar las especies de camarón a que se refiere la presente norma oficial mexicana:

En el Océano Pacífico y Golfo de California, camarón café (Penaeus californiensis), camarón blanco (Penaeus vannamei), camarón blanco del sur (Penaeus occidentalis), camarón azul (Penaeus stylirostris), camarón cristal (Penaeus brevirostris), camarón japonés (Sicyonia penicillata), camarón 7 barbas (Xiphopenaeus riveti), camarón zebra (Trachypenaeus faoea), camarón rojo real (Pleoticus robustus), camarón botalón del Pacífico (Trachipenaeus pacificus), camarón japonés (Sicyonia spp).

En el Golfo de México y Mar Caribe mexicanos, camarón café (Penaeus aztecus), camarón blanco (Penaeus setiferus), camarón rosado (Penaeus duorarum),camarón 7 barbas (Xiphopenaeus kroyeri), camarón botalón sintético (Trachipenaeus similis), camarón de roca (Sicyonia brevirostris), camarón rojo manchado (Penaeus brasiliensis).

En este sentido, la norma oficial mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 2011, en el numeral 0.9, la cual a la letra establece “la información técnica y datos estadísticos aportados por el sector productivo, así como las investigaciones científicas y tecnológicas realizadas por el Instituto Nacional de Pesca acerca de la selectividad y eficiencia de la captura de las artes de pesca conocidas como chinchorro de línea, se desprende que es factible autorizar su uso para la pesca de las diferentes especies de camarón con embarcaciones menores con motor fuera de borda en las zonas descritas en los apartados precedentes así como las zonas de amortiguamiento de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y delta del Rio Colorado, en virtud de que se ha demostrado que dicho arte de pesca incide mayormente sobre camarones adultos, contribuyendo con el aprovechamiento sustentable del recurso”.

Por lo anterior, la norma tiene que ser vigilada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, es un órgano consultivo para la elaboración, promoción y observancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que son competencia de la Sagarpa en materia de pesca y acuacultura.

El Comité está integrado de la siguiente manera:

Presidente: Director General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola.

Coordinador: Funcionario designado por el presidente del Comité.

Secretario: Funcionario designado por el presidente del Comité.

Vocales:

a) Presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola.

b) Presidente de la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera, SC de RL.

c) Representante de la Secretaría de Marina.

d) Representante de la Secretaría de Economía.

e) Representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

f) Representante de la Secretaría de Salud.

g) Representante de la Secretaría de Turismo.

h) Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

i) Gerente de Saneamiento y Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua.

 j) Coordinador de Delegaciones Federales de la Sagarpa.

k) Director General de Investigación Pesquera en el Pacífico Norte del Instituto Nacional de la Pesca.

l) Director General de Investigación Pesquera en el Pacífico Sur del Instituto Nacional de la Pesca.

m) Director General de Investigación Pesquera del Atlántico Instituto Nacional de la Pesca.

n) Director General de Investigación en Acuacultura del Instituto Nacional de la Pesca.

o) Director General de Inspección y Vigilancia de los Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

p) Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de la Sagarpa.

q) Director General de Planeación, Programación y Evaluación de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

r) Director General de la Infraestructura de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

o) Director General de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

p) Director del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM.

q) Representante de la Empresa Productora Nacional de Redes, SA de CV.

r) Representante de la Empresa Industrial Mexicana de Equipo Marino, SA de CV.

s) Federación Mexicana de Pesca Deportiva, AC.

t) Colegio de Profesionales de la Pesca.

No obstante lo anteriormente señalado dentro del capítulo de antecedentes, y para mayor abundamiento se prosigue con la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país en el que la ciudadanía abriga una auténtica preocupación por proteger y conservar el medio ambiente y utilizar sustentablemente los recursos naturales conciliando el desarrollo económico, la convivencia armónica con la naturaleza y la diversidad cultural.

En Acción Nacional sostenemos que a la actividad política le corresponde el establecimiento de un orden dinámico que respete la responsabilidad social y el desarrollo sustentable, a fin de que las personas puedan vivir dignamente, sin comprometer el potencial de las generaciones futuras ni el desarrollo económico del país.

En esa tesitura, es que me permito presentar ante esta máxima tribuna las demandas expresas de las Sociedades Cooperativas y Permisionarios Pesqueros del Camarón del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, de los estados de Sonora y Baja California, que tienen como propósito que no se modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993, misma que el pasado 10 de septiembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las respuesta a los comentarios efectuados al “proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993, para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, en donde establece que se incorpore los comentarios del promovente 12 establecidas por la Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas en donde impone una nueva arte de pesca de camarón y equipamiento con redes de arrastre RS-INP-MEX para quedar como sigue:

Promovente 12:

Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas.

Fecha de recepción:14 de febrero de 2012.

Comentario 17:Solicita se agregue el apartado 0.11.1 en la Introducción para mencionar que durante las operaciones de pesca de camarón en embarcaciones menores con chinchorro de línea se presenta la captura incidental de vaquita marina, por lo que es preciso promover acciones de reconversión productiva y tecnológica.

Respuesta 17: Procede. Considerando que el uso de chinchorros de línea en las aguas marinas del Alto Golfo de California puede representar un riesgo para la población del cetáceo conocido como vaquita marina, se incluirá en la introducción un apartado al respecto, para quedar de la siguiente manera:

...

0.11.1 Durante las operaciones de pesca de camarón de embarcaciones menores con chinchorro de línea en el Alto Golfo de California, existe riesgo de captura de vaquita marina, por lo que se requiere promover acciones de sustitución de artes de pesca y reconversión productiva.

...

Comentario 18:Agregar el apartado 0.9.1 en la Introducción para indicar que es factible utilizar la red de arrastre prototipo RS-INP-MEX para la pesca de camarón con embarcaciones menores en la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y delta del Río Colorado.

Respuesta 18: Sí procede. Considerando que las recientes investigaciones del Inapesca determinaron la viabilidad para el uso de la red de arrastre conocida como RS-INP-MEX, se incluye la siguiente redacción en la norma:

...

0.9.1 Recientes investigaciones que ha llevado a cabo el Instituto Nacional de Pesca han determinado que es procedente permitir el uso de la red de arrastre prototipo RS-INP-MEX para la pesca de camarón con embarcaciones menores en la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y delta del Río Colorado.

Considerando que de acuerdo a las investigaciones del Inapesca se requiere utilizar artes y equipos de pesca con las características descritas, se incorpora el apartado 4.3.2.1.1 y el apéndice normativo C, excepto las marcas comerciales registradas propuestas las cuales se sustituirán por una descripción de los equipos y artes de pesca, para quedar como sigue:

4.3.2. Los equipos de pesca para la captura de camarón autorizados para embarcaciones mayores en aguas marinas, serán las redes de arrastre, que deberán cumplir las siguientes especificaciones:

...

4.3.2.1.1. En las aguas marinas de la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera, con excepción del área de refugio para la protección de la vaquita marina, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 2005, se podrán utilizar las redes de arrastre conforme lo establecido en el apéndice normativo C.

Apéndice Normativo C

Captura de camarón en la reserva de la biosfera Alto Golfo de California y delta del Río Colorado

C.1. Zonas de pesca

Las actividades de pesca se podrán realizar en las aguas marinas de la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y delta del Río Colorado y estarán prohibidas en a) la zona núcleo de la reserva y b) el área de refugio para la protección de la vaquita marina, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 2005.

C.2. Características y especificaciones

C.2.1. Las actividades de pesca en embarcaciones mayores se podrán llevar a cabo con redes de arrastre según las siguientes especificaciones:

a) Malla de fibra sintética de polietileno, con luz de malla de 50, 60 y 75 milímetros en alas, cuerpo y antebolso, respectivamente.

b) Sistema de maniobra “bípode” con “A” tangones de acero. Redes de arrastre con diseño mixto de un máximo de 36.6 metros (120 pies) de tamaño; equipos de arrastre de doble aparejo sin cadena “espantadora”.

c) Dispositivos excluidores de peces (DEP) modelo “ojo de pescado” con las características descritas en el apéndice normativo D.

d) Dispositivos excluidores de tortugas (DET) con las especificaciones técnicas siguientes:

d.1.Especificaciones generales de los dispositivos excluidores de tortugas marinas (DET) del tipo rígido con parrilla.

d.1.1Las características del DET en cuanto a forma, dimensiones, materiales de construcción, armado, instalación e inclinación de la parrilla, deben facilitar la exclusión de tortugas adultas y juveniles cuya altura en el caparazón sea superior a los 10.2 centímetros, impidiendo su paso hacia el bolso de la red y permitiendo su salida a través de una abertura de escape. Asimismo, el DET debe facilitar el tránsito del camarón hacia el bolso.

d.1.2Estructura: los DET deben estar conformados por los siguientes componentes:

1. Extensión de paño de red con una abertura de escape.

2. Parrilla sólida.

3. Tapa de la abertura de escape.

4. Flotadores (para excluidores con abertura de escape en la parte inferior y cuando la flotabilidad del DET sea menor a su peso).

Adicionalmente se pueden usar:

1. Cabo tensor.

2. Embudo acelerador.

3. Cabo de protección

4. Cubierta de paño para evitar desgaste.

d.1.3Requisitos de componentes y materiales de construcción:

a)Extensión de paño de red con una abertura de escape.

Conforma el cuerpo del DET. Está construida con una sola pieza rectangular de paño camaronero de hilo poliamida (PA) multifilamento teñido y tratado del número 18 al 36 o de polietileno (PE), con tamaño de malla de 38 milímetros (1 ½ pulgadas) a 41 milímetros (1 5/8 pulgadas) equivalentes a una luz de malla de entre 35 milímetros (1 3/8 pulgadas) y 38 milímetros (1 ½ pulgadas); y dimensiones de por lo menos 50 por 150 mallas debiendo ajustarse al tamaño de las parrillas. Los lados menores del paño deben estar unidos entre sí mediante costura.

La abertura de escape es un corte rectangular, que puede tener las siguientes dimensiones:

1) 142 centímetros (56 pulgadas) en sentido transversal y 51 centímetros (20 pulgadas) en sentido longitudinal, medidos a paño estirado, desde media malla adelante de la parrilla, donde se inicia a cortar la abertura.

La tapa para esta abertura de escape corresponde a la especificación 1) del inciso c).

2) 180 centímetros (71 pulgadas) en sentido transversal y 66 centímetros (26 pulgadas) en sentido longitudinal medido desde media malla adelante de la parrilla, donde se inicia a cortar la abertura.

La tapa a utilizar con esta abertura de escape se especifica en la especificación 2) del inciso c).

b)Parrilla sólida.

Características y materiales:

Debe ser una estructura rígida conformada por un marco oval o semirrectangular sin esquinas, con dimensiones mínimas de 81 centímetros por 115 centímetros y máximas de 107 centímetros por 130 centímetros, con barras verticales fijadas firmemente al marco, al menos por uno de sus extremos y distribuidas equidistantemente con una separación máxima de 10.2 centímetros medidos de borde a borde de las barras y con respecto al marco. En el caso de que en la parte inferior del DET, el extremo de las barras de la parrilla no estén unidas al marco, se deberá incorporar un refuerzo del mismo material del marco o de las barras, a manera de brazo horizontal en la parte de atrás de la parrilla, unido a cada una de las barras por medio de tramos espaciadores perpendiculares de no menos de 12.7 centímetros (5 pulgadas). El refuerzo debe colocarse dentro del área comprendida entre el punto medio del exterior del marco y el extremo inferior de las barras de la parrilla.

Las parrillas pueden ser de cualquiera de los siguientes materiales: varilla de acero galvanizado o inoxidable de 7.9 milímetros (5/16 pulgadas) de diámetro mínimo para el marco y 6.4 milímetros (1/4 pulgadas) para las barras verticales; barra o varilla de aluminio de 19.1 milímetros (3/4 pulgadas) de diámetro mínimo en el marco y 16 milímetros (5/8 pulgadas) para las barras verticales; tubo de aluminio con un mínimo de 32 milímetros (1 ¼ pulgadas) de diámetro exterior para marco y barras, o tubo de acero galvanizado cédula 40 con diámetro exterior mínimo de 12.7 milímetros (1/2 pulgada) para el marco y de 9.5 milímetros (3/8 pulgada) para las barras verticales.

Posición de la parrilla: debe estar instalada en el interior del cuerpo del DET en forma inclinada hacia adelante (parte anterior del DET orientado en sentido boca-bolso de la red), cuando la abertura de escape es inferior, o hacia atrás (parte posterior del DET), cuando la abertura de escape es superior. La inclinación de la parrilla respecto al eje horizontal del DET debe tener un ángulo entre 30° y 50° para el primer caso y entre 130° y 150° para el segundo. La parrilla debe estar sujeta firmemente a la extensión de paño a lo largo del perímetro del marco mediante uniones con hilo de poliamida multifilamento.

Dirección de las barras de la parrilla: Algunos modelos de DET tienen una parrilla cuyas barras tienen cierto ángulo de inclinación respecto al marco que las soporta. Se trata de diseños especiales que evitan la acumulación de basura y su efecto en la retención de camarón; en esos casos la dirección de las barras debe ser hacia la parte delantera del DET.

c)Tapa de la abertura de escape.

La tapa de la abertura de escape debe ser de paño de red de material polietileno (PE) preestirado y tratado a calor. El tamaño de malla debe ser de entre 38.1 milímetros (1 ½ pulgadas) y 41.28 milímetros (1 5/8 pulgadas).

La tapa de la abertura de escape puede tener las siguientes dimensiones:

1)Dos secciones de paño de forma rectangular, con un máximo de 147.3 centímetros (58 pulgadas) de ancho, a paño estirado, las cuales se instalan en el cuerpo del DET cubriendo la abertura de escape (de 142 centímetros por 51 centímetros), traslapándose una sobre otra no más de 38.1 centímetros (15 pulgadas) a todo lo largo de las mismas, sin costura en el traslape que fije una sección de paño con la otra, excepto en la costura que une las secciones (tapas) con el borde anterior de la abertura de escape. Las secciones (tapas) pueden extenderse por detrás de la parrilla hasta un máximo de 61 centímetros (24 pulgadas), debiendo estar fijas en toda su longitud. Esta tapa se utilizará con la opción 1) del inciso a) del apartado d.1.3.

2)Una sección de paño rectangular de 337.8 centímetros (133 pulgadas) de ancho por 147.3 centímetros (58 pulgadas) de largo a paño estirado. Esta tapa se instala en el cuerpo del DET cubriendo la abertura de escape (de 180 centímetros por 66 centímetros), con el borde más largo (337.8 centímetros) pegado al borde anterior de la abertura de escape, pudiéndose traslapar en ese sitio hasta un máximo de 12.7 centímetros (5 pulgadas). Los bordes laterales pueden fijarse al cuerpo del DET hasta 15.2 centímetros (6 pulgadas) por detrás del borde posterior de la abertura de escape, y puede extenderse libremente (sin estar fijadas al paño) hasta un máximo de 61 centímetros (24 pulgadas) por detrás de la parrilla. Esta tapa se utilizará con la especificación 2) del inciso a) de la especificación d.1.3.

Ambos tipos de tapas pueden traslaparse sobre el cuerpo del DET, en el paño anterior a la abertura de escape a un máximo de 2 o 3 mallas, y se fijan mediante costura a todo lo largo de la línea de mallas, equidistante al margen delantero de la abertura o unida al mismo; lateralmente puede traslaparse al cuerpo del DET hasta un máximo de 2 o 3 mallas y quedar igualmente fija mediante costura, incluso hasta un máximo de 15.2 centímetros (6 pulgadas) por atrás de la unión de la parrilla con el cuerpo del DET en su parte inferior, punto a partir del cual, la tapa debe quedar completamente libre.

d)Flotadores (para excluidores con abertura de escape en la parte inferior y cuando la flotabilidad del DET sea menor a su peso).

La flotabilidad que deben tener los excluidores con abertura de escape en la parte inferior, para su adecuada estabilidad, hidrodinámica y funcionamiento, debe ser igual o mayor a su peso en el agua. Si la flotabilidad del excluidor no es igual a su peso, deben incorporarse flotadores que la complementen. Es suficiente una flotabilidad de 9 a 10 kilogramos-fuerza (kgf) proporcionada por flotadores de poliuretano, cloruro de polivinilo (PVC), acetato viniletílico (EVA), otro plástico rígido o aluminio.

Requisitos y posición de los flotadores cuando la abertura de escape es inferior. En el caso de flotadores de poliuretano, deben ser dos cuerpos con dimensiones, peso y forma similares, con fuerza de flotación de 4.5 kgf cada uno, fijados mediante cabo de poliamida (PA) o polietileno (PE) a ambos lados de la parte superior central de la parrilla (en el punto de unión con el cuerpo del DET) en forma simétrica. En este caso, pueden ir afuera del cuerpo del DET o en su interior por detrás del marco de la parrilla.

Cuando se trate de un flotador esférico de PVC, de otro plástico rígido o de aluminio, éste debe cubrir por lo menos la flotabilidad de 9 kgf; ir fijo a la parte superior central de la parrilla (en el punto de unión con el cuerpo del DET) y siempre por fuera del cuerpo del DET.

Requisitos y posición de los flotadores cuando la abertura de escape es superior: Los mismos tipos de flotadores pueden ser usados cuando el DET tenga abertura de escape por arriba, en cuyo caso, deben instalarse por fuera del cuerpo del DET, uno a cada lado de la parrilla por debajo del margen de la tapa de la abertura de escape.

d.1.4.Componentes Adicionales.

a)Embudo acelerador.

Es un aditamento que tiene la función de favorecer el rápido tránsito del camarón hacia el bolso, evitando pérdidas por exclusión. Se construye de paño de polietileno (PE), preestirado y tratado a calor, con tamaño de malla no mayor de 41.28 milímetros (1 5/8 pulgadas). Generalmente se construye con una sección de paño de 100 por 29 mallas, aunque pueden ser mayores dependiendo del tamaño de la parrilla. Se une mediante costura por los lados de 29 mallas. Es un cuerpo semejante a un cono truncado con una lengüeta en uno de sus extremos, con anchura entre 36 y 62 mallas. En ese extremo el embudo debe poderse estirar un mínimo de 180 centímetros (71 pulgadas).

Para la instalación del embudo, deberá fijarse su parte anterior (la que no tiene lengüeta) al perímetro de la extensión de paño, haciendo una distribución uniforme de las 100 mallas de su perímetro, con las mallas de la extensión de paño. La parte posterior del embudo se fija, por su lado más corto (margen en donde empieza la lengüeta) a las barras de la parrilla por el lado opuesto a la abertura de escape, a una distancia de 10 centímetros respecto al marco de la misma, uniendo el borde más angosto del embudo cuando mucho una tercera parte de su perímetro y dejando la lengüeta completamente libre hacia la abertura de escape.

Debe cuidarse que el embudo quede instalado en congruencia con la simetría de la red.

b)Cabo tensor.

Son cabos que aseguran el mantenimiento del ángulo de la parrilla para que el DET tenga una adecuada eficiencia. Pueden ser de poliamida (PA), polipropileno (PP) o polietileno (PE) de 1 centímetro de diámetro como mínimo. Van colocados a cada lado del cuerpo del DET, unidos a la parrilla mediante amarre, entreverados al paño hacia la parte delantera y unidos a varias mallas mediante costura.

c)Cabo de protección.

Es un cabo que contribuye a disminuir el desgaste de la red alrededor de la parrilla y evita el deterioro de la misma por fricción ocasional con el fondo. Puede ser de polipropileno (PP) o polietileno (PE), de por lo menos 1.2 centímetros de diámetro, que se coloca intercalado a todo lo largo del marco de la parrilla y a través de una línea de mallas. Para sujetarse firmemente a la parrilla lleva varios amarres con hilo de poliamida (PA).

d)Cubierta de paño para evitar desgaste.

Puede utilizarse una cubierta de paño para evitar el desgaste de la tapa de la abertura de escape, cuando eventualmente haya fricción con el fondo, particularmente durante el proceso de exclusión de alguna tortuga, siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:

1.Sus dimensiones no sean mayores que las de la tapa de la abertura, por lo que no puede extenderse más allá de los márgenes laterales y posterior de la tapa.

2.Solamente puede ir unida a la extensión de paño (cuerpo del DET) en los puntos de unión con el borde anterior de la tapa de la abertura o coincidiendo con el margen frontal de la abertura, cuando la tapa vaya directamente unida al mismo.

3.El paño utilizado debe ser de hilo de poliamida con diámetro superior a 2.4 milímetros.

4.No puede interferir o restringir la abertura de escape.

d.1.5.Especificaciones técnicas de instalación.

i. Para contribuir al óptimo funcionamiento del DET, su instalación debe hacerse cuidando guardar congruencia de simetría entre el cuerpo del DET y el cuerpo de la red.

ii. La parte anterior del DET (borde de unión con el embudo) va orientada en sentido abertura-bolso de la red.

iii. La tapa de la abertura del DET debe quedar antes de la parrilla, en dirección al bolso de la red.

iv. El otro extremo del DET, debe quedar unido al bolso de la red.

v. En ambas uniones la distribución de mallas del DET respecto al cuerpo y bolso de la red debe ser homogénea.

e) Doble relinga inferior:

El objetivo de esta relinga adicional es separar la red del fondo para que le permita excluir organismos que están en el sustrato y que no son el objetivo de captura, además de basura y pesos muertos que incrementan la resistencia al avance de la red; este aditamento contribuye con la selección de recursos y propicia el ahorro de combustible de la embarcación. La relinga adicional conocida como doble relinga en la red de arrastre para camarón; consiste en adicionar a la red armada un cabo extra en la parte inferior, separada de esta con tirantes equidistantes, en esta relinga extra es donde se fija el lastre del equipo (la cadena de arrastre) manteniendo la relinga inferior de la red libre de peso directo. De tal forma que los ajustes al encadenado que el operador desee realizar deberá aplicarse sobre la doble relinga y no sobre la relinga de la red.

Para las redes utilizadas en embarcaciones mayores (barcos), la doble relinga deberá construirse de cabo con alma de acero (tralla) del mismo tamaño que la relinga inferior normal o hasta 20 centímetros menor, ambas relingas se unen en los extremos con una malla o aro de acero, con un grosor no menor de 0.95 centímetros de diámetro (3/8 de pulgada) en la cual se fijan las bridas que van al portón (figura C1).

La unión de las relingas se realiza partiendo de la punta de las alas hacia el centro de las relingas, uniéndolas con tirantes de cada lado espaciados a 95 cm. con una longitud de 20 centímetros (separación entre relingas) en la parte central no lleva tirantes, de manera opcional podrá sujetarse con 3 tirantes de 35 centímetros de longitud cada uno, uno al centro y otro más a cada uno de los lados, manteniendo la misma separación entre ellos que la que se especifica para las alas (95 centímetros). La cadena a utilizar es la que tradicionalmente se emplea en la red normal. Para las redes construidas con material de polietileno de 33.55 metros (110 pies) de relinga superior (41.4 m de relinga inferior) se utilizan 60 kilos de cadena; 50 kilos de cadena de 5/16 de pulgada repartidas en las alas y 10 kilos de cadena de 1/4 de pulgada en la parte libre entre el centro y las alas (figura C1).

Figura C1. Detalle de armado de la segunda relinga inferior en la red de 33.55 metros  (110 pies) para embarcaciones mayores.

C.2.2. Las actividades de pesca en embarcaciones menores se podrán llevar a cabo con la red de arrastre RS-INP-MEX

a) Red de arrastre tipo túnel corto de 15.24 metros (50 pies) de longitud de relinga superior, construida con paño de polietileno compuesto de hilo trenzado y malla sin nudo de 1.2 milímetros de diámetro.

b) Alargamiento del gradiente de luz de malla a lo largo del cuerpo de la red (alas, cuerpo y copo) con las siguientes características: alas: 60 milímetros, cuerpo: 50 milímetros, antecopo: 40 milímetros y bolso de 45 milímetros.

c) Doble relinga inferior, con la segunda relinga inferior tipo “escalera” con las características siguientes:

Para las redes utilizadas en embarcaciones menores (pangas), la doble relinga deberá construirse de cabo de 5/16 de pulgada de diámetro sin elongación (“ultrablue”) del mismo tamaño que la relinga inferior normal o hasta 20 centímetros menor. El cabo de la relinga de la red se une a la segunda relinga (relinga encadenada) siendo esta ultima la que se fija al portón (figura C2).

La unión de la doble relinga con la red se realiza partiendo del centro hacia la punta de las alas uniéndose con 31 tirantes: 1 en el centro y los 15 restantes por cada lado, espaciados uniformemente; la colocación inicia en el centro con 25 centímetros de separación, reduciendo 1 centímetro cada tirante hasta terminar en el tirante no. 15 con 10 centímetros de separación, aproximadamente a 50 centímetros de la unión de los cabos de las relingas. La cadena a utilizar es la que tradicionalmente se emplea en la red normal. Para las construidas con material de polietileno de 15.24 metros (50 pies) de relinga superior (18.10 metros de relinga inferior) se utilizan 12 o 13 kilogramos de cadena de ¼ de pulgada, “planchada” en el cabo (pegada por completo a lo largo de la relinga) como se muestra en la (figura C2).

Figura C2. Detalle de armado de la segunda relinga inferior de 15.24 metros (50 pies)  para embarcaciones menores.

d) Dispositivo excluidor de peces (DEP) modelo “ojo de pescado”  con las siguientes características:

Componentes.

Aro oval así como una extensión de tres varillas soldadas en el vértice de unión y al centro en la parte superior y a los lados de la salida dándole forma y rigidez al mismo (figura C3).

Figura C3. Componentes del dispositivo excluidor de peces tipo “ojo de pescado”.

Este aro elipsoidal tendrá 320 milímetros de diámetro en su eje mayor, 130 milímetros de diámetro en su eje menor y brazos de 305 milímetros de largo mínimo,  construidos con varilla de acero inoxidable de 6 milímetros de diámetro.

Las características del DEP en cuanto a forma, dimensiones, materiales de construcción, armado, e instalación, deben facilitar la exclusión de peces, impidiendo su paso hacia el fondo del bolso de la red y permitiendo su salida a través de una abertura de escape.

Para su instalación en la red, se localiza el centro superior del bolso y se miden 3.4 metros a partir del cierre del bolso hacia el Dispositivo Excluidor de Tortugas (DET) con el paño estirado y se marca, cortando la malla central superior para realizar un corte para cada uno de sus lados, haciendo un orificio de 13 mallas en el bolso dependiendo del diámetro del aro para redes de 15.24 metros (50 pies). El aro se fija en los bordes del corte del paño ubicando el vértice del triángulo hacia la boca de la red; las mallas del corte que quedan del lado del DET se fijan en el contorno inferior del aro y las del otro lado del corte (las que quedan del lado del bolso) se sujetan a la parte superior del aro del dispositivo (figura C4).

Figura C4 Punto de colocación del dispositivo excluidor de peces.

e) Dispositivo excluidor de tortugas marinas (DET) con las siguientes características:

La parrilla del dispositivo excluidor de tortugas debe ser una estructura rígida de aluminio sólido de 2.54 centímetros de diámetro, de forma oval, de dimensiones 108 centímetros en su eje mayor (alto o largo) y 85 centímetros en su eje menor (ancho), con siete barras verticales de aluminio sólido de 1.63 centímetros de diámetro, fijadas firmemente al marco y distribuidas equidistantemente con una separación máxima entre ellas, así como al marco de la parilla, de 10.2 centímetros.  Se recomienda el uso del diseño Super Shooter que tiene una inflexión de 45° en las barras inferiores antes de fijarse al marco, en dirección a la parte delantera del DET.

La parrilla debe fijarse en una extensión de paño de red de una sola pieza rectangular de polietileno, con tamaño de malla de 4.13 centímetros o luz de malla de 3.81 centímetros, de 140 mallas de ancho por 62 mallas de largo, de la manera que se especifica en la NOM-061-PESC-2006 “Especificaciones técnicas de los excluidores de tortugas marinas utilizados por la flota de arrastre camaronera en aguas de jurisdicción federal de los estados Unidos Mexicanos”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero del 2007.

Las dimensiones de la abertura de escape, tapa de salida y flotadores así como los componentes opcionales como embudo acelerador, cabo tensor, cabo de protección y cubierta de paño para evitar desgaste deberán seguir los lineamientos de materiales, dimensiones y colocación que marca la Norma ya referida.

C.3.Condiciones de operación.

C.3.1. Queda prohibida la captura de camarón con redes de arrastre en la franja marina comprendida entre 0 y 9.14 metros de profundidad (0 y 5 brazas de profundidad).”

Por consiguiente dicha investigación realizada por la Inapesca no demuestran la eficacia de su prototipo en el campo de trabajo, dando así incertidumbre a los pescadores ribereños ya que las especificaciones de las redes propuestas por Inapesca son más pequeñas de tal modo que tiene un impacto presupuestal para los pescadores ya que afectaría la rentabilidad de la pesca.

De tal suerte que los pescadores ribereños del Alto Golfo de California y delta del Río Colorado son el primer grupo de pescadores artesanales en presentar una manifestación de impacto ambiental (MIA) por actividades pesqueras en áreas naturales protegidas (ANP). Esta primera manifestación fue presentada y aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de forma condicionada, por el plazo de un año, y sujeta al cumplimiento de una serie de condicionantes entre los cuales se encuentra la elaboración de una nueva MIA técnicamente más sólida.

En fechas recientes, los pescadores ribereños de las comunidades de Santa Clara, Puerto Peñasco y San Felipe contrataron al Centro Intercultural de Estudios de los Desiertos y Océanos, AC (CEDO) para elaborar dicha MIA.

Un componente importante de este nuevo proceso es el interés y la disposición tanto de los pescadores como del consultor de llevar a cabo un proceso de elaboración socialmente incluyente, participativo y transparente para lograr los mejores resultados.

Por lo antes expuesto a este honorable congreso y con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero.Se exhorta respetuosamente al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, a crear un grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y permisionarios de la pesca de camarón del Golfo de California y delta del Rio Colorado, de los estados de Sonora y Baja California, a fin de que se demuestre la supuesta eficacia del nuevo arte y equipo de pesca del camarón que se quiere implementar a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993.

Segundo. Se solicita al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable que en caso de que no se demuestre la efectividad de la red prototipo RS-INP-MEX y la nueva técnica de pesca a que se hace referencia en el primer resolutivo del presente acuerdo legislativo, se solicita la autorización a la dependencia a que implemente otros mecanismos de pesca, a fin de proteger a la vaquita marina y que los pescadores ribereños del Alto Golfo de California y delta del Río Colorado, de los estados de Sonora y Baja California, se vean beneficiados.

Notas:

1 Inapesca. Evaluación de biotecnología de la red de arrastre prototipo para capturar de camarón en el Alto Golfo de California, marco de referencia. Página 5.

2 12-31-93 Norma Oficial Mexicana 002-PESC-1993, para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable.

4 Norma oficial mexicana publicada en el Diario Oficial Federación el 21 de diciembre de 2011, en el numeral 0.9.

5 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable.

6 Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional 2002. Página 4.

7 Respuesta a los comentarios efectuados al proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993, para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 31 de diciembre de 1993, y sus modificaciones publicadas los días 30 de julio de 1997 y 28 de noviembre de 2006, publicado el 21 de diciembre de 2011. Página 59.

8 Op. cit.

9 Op. cit.

10 Op. cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 22 de noviembre de 2012.— Diputados: José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LAS PRACTICAS MONOPOLICAS Y REGULACION DE MERCADOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de seguimiento a las prácticas monopólicas y regulación de mercados, a cargo del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Trinidad Morales Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2, 205, numeral 1, y 207, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita la creación de la comisión especial de seguimiento a las prácticas monopólicas y regulación de mercados, con base en las siguientes

Consideraciones

México debe dejar de ser un país de una sola marca, y el Congreso es el instrumento imprescindible para que ello ocurra.

En el transcurso de la historia moderna del país, el trabajo de los legisladores ha contribuido a normar, de manera progresiva, la convivencia en el ámbito del Estado mexicano. Además, cada vez son más fuertes y precisos los requerimientos que se hacen al marco legal que rige la vida política, económica y social del país.

Desafortunadamente, hay algunos aspectos de la formación del Estado, como es el que se refiere a la competencia económica, que debe prevalecer en las relaciones que establecen los actores económicos, en los que persiste gran retraso en el aspecto normativo. Eso propicia la apropiación de una renta excesiva por parte de empresas que operan en condiciones de monopolio u oligopolio.

Las deficiencia en el marco regulatorio de la competencia, ha dejado amplios márgenes para que se impongan los intereses de algunos actores con gran capacidad económica, por encima de los intereses, los derechos y las condiciones de bienestar de amplios sectores de la población, limitando el desarrollo económico, la inversión y la generación de empleos.

Está demostrado que en el desarrollo de las economías modernas, ha sido fundamental la regulación sobre el comportamiento de los grandes consorcios, la vigilancia sobre las relaciones de equidad en las relaciones de intercambio y sobre su comportamiento en relación con los consumidores de sus productos.

Ese marco normativo favorable a la competencia es un aliciente para que las empresas aumenten su productividad y no impongan márgenes de utilidad abusivos, por los cuales se apropian de una renta excesiva. También incentiva los ciclos de inversión y modernización tecnológica y, por tanto, promueve aumentos en los recursos que se destinan a investigación y nuevos desarrollos. Además, promueve la maduración de nuevas y más firmas, que dejan de depender de mercados cautivos o tratos preferenciales para convertirse en empresas con capacidad de negociación y crecimiento.

En México hay grandes consorcios que han logrado un tamaño de empresa mundial y ejercen un importante control del mercado en el país, que les permite obtener márgenes de utilidad extraordinarios. En lugar de promover la inversión y la competencia en el territorio nacional, aprovechan sus elevadas utilidades para fondear con ventaja sus inversiones en el exterior, más con la intención de diversificar mercados para asegurar sus márgenes, porque difícilmente podrán encontrar otro país donde obtengan tantos beneficios como aquí.

En el país y fuera de él, todas las voces que explican la falta de crecimiento en nuestro país, sea desde la izquierda o desde la OCDE todos coinciden en el factor hegemónico de los monopolios.

Para nadie es un secreto. Por ejemplo, en la tortilla de maíz, una empresa produce más de dos terceras partes de la producción de harina en México, por lo que es, para todos los propósitos, la empresa dominante. No obstante, el mercado de la tortilla está dividido casi a la mitad entre la que se produce con harina de maíz y la que se obtiene con nixtamal.

Tres empresas dominan el mercado de la carne en México.

En pollo y huevo tres empresas concentran alrededor de la mitad de la producción nacional.

En leche, dos empresas controlan alrededor de 80 por ciento del mercado; el resto está fragmentado.

Refrescos, jugos y agua son dos grandes empresas. Una de ellas tiene un porcentaje suficientemente alto del mercado como para haber sido declarada como empresa dominante por la Comisión Federal de Competencia en 2008.

Cerveza: el mercado está controlado en casi 100 por ciento por dos grupos. Además, el mercado está geográficamente segmentado y los precios son básicamente idénticos entre marcas competidoras. Por ello puede presumirse la práctica anticompetitiva conocida como “paralelismo consciente”.

Medicinas: hay un sinnúmero de empresas productoras, pero sólo dos grandes distribuidoras. Aun cuando la competencia vía supermercados ha ido creciendo, existen documentadas prácticas de cartel.

Y qué decir, aunque la ley mexicana permite hasta 49 por ciento de inversión extranjera en los servicios de telefonía fija y televisión por cable y que no la restringe en la telefonía móvil. Sin embargo la más grande es de un solo dueño, lo que genera falta de competencia y costo a los consumidores y probadamente, manejan una significativa influencia sobre los principales organismos reguladores.

Basta recordar el caso de la “megamulta” a la empresa de telefonía móvil, la cual estuvo envuelta en la polémica y los litigios.

El 29 de abril de 2006, la Comisión Federal de Competencia inició una investigación contra la telefónica por presuntas prácticas monopólicas y hasta el 7 de abril de 2011 no fue impuesta una inédita sanción, de casi 12 mil millones de pesos.

En aquella ocasión, uno de los comisionados se declaró impedido para votar en el pleno; a su vez, Miguel Flores Bernés y Luis Alberto Ibarra Pardo, integrantes del órgano antimonopólico, votaron en contra; en tanto, Rodrigo Morales Elcoro y Eduardo Pérez Motta, este último ejerciendo el voto de calidad, fallaron por imponer la sanción.

La empresa promovió ante la CFC el recurso de reconsideración para revocar esta multa y el 1 de junio siguiente demandó también por escrito al organismo recusar a Pérez Motta de la votación de dicho recurso, pues se le acusó de expresar ante la prensa opiniones que cuestionaban su imparcialidad.

El presidente de la CFC fue recusado y aunque se amparó contra el impedimento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó su demanda de garantías y quedó fuera en definitiva del pleno que definiría la suerte de la megamulta a la empresa.

Es decir, hubo una presión enorme por el poder de los regulados, que de alguna manera somete prácticamente a los reguladores. El Congreso debe establecer un alto a esta situación. Aquí mismo, en esta soberanía, se encuentran representantes de sectores económicos y de poder político que vienen a defender el estatus quo. Si es legítima su defensa de sus intereses, lo es más que nosotros fortalezcamos el poder institucional, defendiendo a los ciudadanos, consumidores, la economía del poder que ejercen empresas.

La reforma de la Ley Federal de Competencia Económica realizada por la anterior legislatura significó un avance, pero es insuficiente. Las prácticas y beneficios de anticompetitivos se siguen dando.

Parecería que el desdén por regular a los monopolios es tan grande que incluso la Comisión Federal de Competencia esta ahorcada presupuestalmente, ni el Ejecutivo ni el Legislativo reflejan su voluntad de consolidarla, pues no le entregan un solo peso para investigaciones.

Por esa razón es imprescindible que el Congreso establezca una comisión especial que vigile prácticas anticompetitivas de los sectores económicos, prestadores de bienes y servicios, caros y de mala calidad, en perjuicio de los millones de consumidores y dotar de mayores instrumentos y datos a los órganos reguladores del Estado mexicano, para eliminar estas prácticas y sus efectos a los ciudadanos y a la economía.

Esta comisión acreditará dichas prácticas para que la legislación actual no facilite abusos en la venta de bienes y en la prestación de servicios en materia de precios y calidad. Debemos procurar que los consumidores concurran a mercados controlados por oligopolios en una situación de verdadera desventaja, sin organización y con la debilidad que da actuar de forma individual.

Denunciará y combatirá las prácticas monopólicas y oligopólicas que obstruyen esa competencia, así como las acciones que de manera individual o en conjunto realicen las empresas contra los intereses colectivos o en detrimento del desarrollo democrático, laboral y cultural del país y del ambiente.

México debe dejar de ser el país de una sola marca, un solo hombre, un solo sector. Tenemos representantes de intereses particulares en esta soberanía. A todos conviene que México siga siendo un país con oportunidades y que se ponga a la vanguardia en materia de competencia económica. El Congreso que tantas veces ha sido acusado de estar capturado y sometido a intereses ajenos a la población, tiene hoy la posibilidad de enmendar su prestigio y devolverle confianza a sus ciudadanos al poner en práctica no una cacería de brujas, tan sólo buscar equidad y sana competencia sin abusos, sin perjudicados. Los millones de consumidores mexicanos lo valen y el Congreso lo necesita.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se crea la Comisión Especial de seguimiento a las prácticas monopólicas y regulación de mercados.

Segundo. La comisión especial estará formada por 10 integrantes o por el número de diputados de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura.

Tercero.Para el cumplimiento de su objetivo, la comisión podrá allegarse de la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades federales, las estatales y las municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar otras acciones para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con el marco normativo aplicable.

Los temas por abordar en la comisión son los siguientes:

1. Alimentos.

2. Telecomunicaciones.

3. Servicios Financieros.

4. Transporte.

5. Medicamentos.

6. Refrescos y cervezas.

7. Gas.

8. Cemento.

9. Las demás que el pleno de la comisión determine incluir.

Cuarto.La Comisión Especial de seguimiento a las prácticas monopólicas y regulación de mercados estará vigente hasta el 31 de julio de 2015.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.— Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

ESTADO DE QUINTANA ROO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a denegar la autorización del proyecto La Ensenada, de la isla Holbox, en el área natural protegida Yum Balam, de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo; y a aprobar y publicar el programa de manejo correspondiente a ésta, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La diputada Luisa María Alcalde Luján, así como los suscritos, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Martha Beatriz Córdova Bernal, José Francisco Coronato Rodríguez, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Merilyn Gómez Pozos, Zuleyma Huidobro González, José Antonio Hurtado Gallegos, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Juan Luis Martínez Martínez, Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila, Juan Ignacio Samperio Montaño, José Soto Martínez, José Luis Valle Magaña, Nelly del Carmen Vargas Pérez, María Concepción Navarrete Vital, José Pilar Moreno Montoya, María Isabel Ortiz Mantilla, Cristina Olvera Barrios, Claudia Elena Águila Torres, Graciela Saldaña Fraire, Ricardo Astudillo Suárez, Ossiel Omar Niaves López, Gabriel Gómez Michel, José Luis Esquivel Zalpa, Juan Manuel Fócil Pérez, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La isla de Holbox, situada dentro del área natural protegida Yum Balam, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, constituye una extensión de los ecosistemas selváticos y humedales de la reserva de la biosfera Río Lagartos. Presenta ecotonos y ecosistemas con una gran biodiversidad neotropical con especies endémicas, raras y en peligro de extinción.

Los ecosistemas de Yum Balam se encuentran en condiciones poco alteradas que conservan su naturalidad y tipicidad, existiendo diversidad de aves tanto residentes como migratorias, y de casi todos los mamíferos neotropicales, así como anfibios, reptiles y plantas endémicas.

La amplísima gama de especies de flora y fauna con las que cuenta Holbox incluye el echinodorus, K’ulin che’, la palma real, el chiit, el guayacán, la tortuga mojina; boa constrictor, tortuga marina carey, tortuga blanca, bejuquilla verde, geco enano ocelado, iguana espinosa rayada, tortuga casquito, lagartija escamosa de Cozumel, cantil enjaquimado, mapache, aguililla negra menor, gavilán pollero, gavilán pescador, diferentes especies de garzas, hohob, halcón peregrino, golondrinas de mar, flamencos americanos, vireos mangleros, y por supuesto, los mamíferos marinos cómo el manatí, tres especies de delfines y el majestuoso pez mas grande del mundo, el tiburón ballena.

La isla tiene alrededor de 2 mil habitantes que se dedican a la pesca y al turismo sustentable. Tiene tan sólo 42kilómetros de largo y 2 de ancho, que ofrecen 36 kilómetros de playas prístinas de arena blanca y coralina, manglares y lagunas, un ecosistema único que a menudo es mejor descrito por quien lo conoce como un paraíso.

Es por ello que el 6 de junio de 1994 por decreto presidencial, se declaró como área natural protegida (ANP), con carácter de área de protección de flora y fauna a la región de Yum Balam,  donde se encuentra por supuesto Holbox.

Sin embargo, a pesar de ser ANP de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y por supuesto de representar parte del patrimonio natural de la nación, existe actualmente un proyecto de desarrollo turístico en la isla llamado “La Ensenada”.

El proyecto La Ensenada, con clave 23QR2012TD073, a cargo de la empresa Península Maya Developments, SA de CV, planea construir 875 villas y condominios, 195 cuartos en tres hoteles, seis lotes de preservación y una unidad turística de tres niveles que tendrá plazas, oficinas y aproximadamente 3 mil metros cuadrados de áreas comerciales al menudeo, sumando un total de 2 mil 450 cuartos. Se construirán viviendas y servicios para trabajadores, además de que contará con carreteras, helipuerto, canales y un puerto marítimo, entre otras obras.

El desarrollo turístico-inmobiliario, así como su operación, tendría serias consecuencias en la estructura, composición y funcionamiento de los ecosistemas de Holbox, traería consigo impactos ambientales negativos como

I. Un alto nivel de deterioro del suelo;

II. Perturbación severa de la vida silvestre;

III. Sobreexplotación de los recursos naturales;

IV. Procesos de desertificación acelerada y erosión; y

V. Alteración ocasionada por fenómenos naturales y humanos.

Las obras de construcción y las actividades de operación y mantenimiento de las instalaciones desencadenarían indudablemente impactos adversos múltiples y simultáneos, directos e indirectos, así como impactos acumulativos ecológicos, sociales y en materia de salud.

Considerando los escenarios prevalecientes en la zona y las condiciones actuales del predio que ocuparía el desarrollo, se prevé que La Ensenada conllevaría una alteración grave e irreversible del equilibrio ecológico de la zona. Entre muchas otras cosas, porque

• Se realizará el dragado de un canal, que presumiblemente podría modificar el flujo hídrico alterando a los elementos de mangle presente en el estero.

• En la temporada de lluvias donde el agua pluvial se contaminará con las aguas grises, podría migrar al manto freático en zonas con ausencia de revestimiento.

• El área donde pretende desarrollarse La Ensenada se localiza dentro de un humedal prioritario; el más importante de la península de Yucatán.

• El nuevo núcleo urbano tendrá un promedio de habitantes –sin contar los trabajadores– de 3 mil 838 personas, siendo que la isla cuenta con tan solo 1,486 habitantes fijos, además se estima una población flotante de hasta 10 mil personas. Aún considerando esta población flotante que perturbaría gravemente el medio ambiente, el proyecto la pretende incrementar en una primera etapa en un 40 por ciento.

Por supuesto, nada de lo anterior se establece en la manifestación de impacto ambiental (MIA) número MIA-23QR2012TD073, que la empresa presentó ante la Semarnat como requisito para la autorización del proyecto, en la que las estimaciones de manglar ni siquiera corresponden a las existencias de manglar actuales según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

Los muchos estudios que sobre el tema han realizado organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad o la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente prueban contundentemente que otorgar la autorización del proyecto representaría además de todo lo ya dicho, serias violaciones a los tratados internacionales ratificados por México; principalmente Ramsar y la Convención sobre la Diversidad Biológica.

Por otro lado el artículo 65 de la LGEEPA señala que la Semarnat deberá formular dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas. Sin embargo, a la fecha, el ANP Yum Balam no cuenta con un programa de manejo a pesar de que han transcurrido más de 18 años.

En noviembre de 2011 se presentó el último borrador aprobado por la comunidad de la zona. En la reunión pública del proyecto La Ensenada, efectuada el pasado 7 de noviembre del año en curso, el director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) se comprometió en nombre de la comisión a publicar lo antes posible dicho programa, lo que entre otras cosas establecería las reglas prohibiciones necesarias para proteger el ANP de Yum Balam y la isla Holbox.

Por último, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo con la ley, tiene como plazo hasta el 30 de noviembre para resolver respecto a la autorización del proyecto.

En virtud de la enorme trascendencia para la protección y desarrollo ecológico de la zona, es que los diputados y diputadas de los partidos políticos aquí representados presentamos los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, a negar la autorización del proyecto La Ensenada, con clave 23QR2012TD073, en virtud de que no es viable pues no cumple con los objetivos planteados para el área de protección de flora y fauna “Yum Balam”; no promueve la preservación, no representa un desarrollo turístico sustentable y no se trata de turismo de bajo impacto. Además incidiría directamente en los ecosistemas de manglar y en las poblaciones de las especies enlistadas bajo categorías de riesgo, se descargarían contaminantes a los ecosistemas marinos, provocaría la intrusión salina en el acuífero, crearía un nuevo centro poblacional , pondría en riesgo la pesca de la que dependen los pobladores de la región, entre otros.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, y al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Luis Fueyo Mac Donald, a publicar en el Diario Oficial de la Federación el programa de manejo para el área natural protegida de Yum Balam.

Notas:

1 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 1994, por el que se declara como área natural protegida, con carácter de área de protección de flora y fauna, la región conocida como Yum Balam, situada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo (anexo 1).

2 Ibídem.

3 Información obtenida del Centro Mexicano de Derecho Ambiental en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto La Ensenada, del 29 de octubre de 2012 (anexo 2).

4 Ibídem.

5 Información obtenida de la Organización Greenpeace México en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto La Ensenada, de octubre de 2012 (anexo 3).

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Información obtenida de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto La Ensenada, de octubre de 2012 (anexo 4).

10 Al respecto, conviene consultar la extensa investigación que realizó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, sustentada por imágenes satelitales y aéreas tomadas de la zona, donde delimitan las zonas de construcción y manglar.

11 Información obtenida de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto La Ensenada, del 30 de octubre de 2012 (anexo 5).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

ESTADO DE COLIMA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la concesión del tramo de la autopista Armería-Manzanillo y las obras de ampliación de la carretera libre Manzanillo-Armería, a cargo del diputado Francisco Alberto Zepeda González, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Francisco Alberto Zepeda González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Las autopistas y puentes de cuota han sido eje fundamental en el desarrollo económico del país durante los últimos cincuenta años, ya que han integrado y comunicado a diversas zonas y regiones, lo que ha facilitado su comunicación con el resto del país.

En México la red de autopistas, al igual que en otros países que cuentan con sistemas de carreteras de cuota, ofrece a los usuarios ahorros en tiempos de recorrido, consumo de combustibles y desgastes de vehículos. Esta red está operada en México por Caminos y Puentes Federales, organismo encargado de la administración, mantenimiento y construcción de las autopistas de México. Además, operar una red propia de carreteras y también ha concesionado otros tramos carreteros a particulares.

El reporte anual del año 2011 de Promotora y Operadora de Infraestructura, establece que el 9 de noviembre de 1990, el Gobierno Federal, por conducto de la SCT, otorgó a PAPSA una concesión para la construcción, operación y mantenimiento de una autopista de cuota de cuatro carriles de asfalto, con una longitud de 47 km, que enlaza a las ciudades de Colima y Manzanillo (la “Concesión para la Autopista Armería-Manzanillo”). Cuyos términos se han renegociado con el Gobierno Federal, venciendo el 8 de noviembre del año 2020.

En enero del año 2011, justificando la empresa PAPSA un juicio interpuesto en relación con la Concesión de la Autopista Tlaxcala-San Martín Texmelucan, el Gobierno Federal, por conducto de la SCT, le transfirió a PAPSA una ampliación de la concesión por 30 años más, al tramo carretero de la autopista Armería-Manzanillo, del estado de Colima, venciendo este último en año 2050.

En este tramo carretero se encuentra uno de los polos de desarrollo más impórtate del país, el Puerto de Manzanillo, que hoy en día es considerado el puerto más importante en movimiento de carga contenerizada, moviendo un promedio 2 millones de TEUS, con una proyección generada, por la ampliación de la zona norte de dicho puerto para el año 2016, de 4 millones de TEUS y con la declaratoria del nuevo puerto de Manzanillo, ubicado en el Vaso 2 de la Laguna de Cuyutlán, en donde se proyectan 50 posiciones de atraque más, lo que generaría más movilidad tanto de tránsito pesado como de ligero.

Por este puerto se importan una gran cantidad de mercancías al país y también se exportan una gran gama de productos generados en nuestro territorio nacional, la movilidad de los sectores productivos sociales se ven seriamente afectados por los altos costos que representa el peaje por este tramo carretero, que oscila entre un vehículo compacto y en camión doble remolque entre $114.00 y $600.00.

Una gran expectativa de ser competitivo en la región y en el país, se ha generado esperando el termino de concesión de esta autopista, para que sea recuperada por el gobierno y puedan bajar los costos de peaje, ya que los ingresos que reporta la empresa concesionaria, de acuerdo al aforo aproximado que tienen, es de alrededor de los 600 millones de pesos al año y un gasto mínimo de operación y mantenimiento, ya que la única obra que se ha hecho desde su construcción es un puente de retorno a la altura del km 12 y fue pagado por el Gobierno Federal a través de la SCT.

El costo promedio de todo tipo de unidad que cubre el peaje, representa un costo excesivo de $7.6 pesos por kilometro de seudo autopista.

Cabe mencionar que, desde la construcción hasta el día de hoy, la autopista no ha sido terminada de acuerdo a lo que establece la norma, ya que aún existe un tramo específicamente en el puente de Tepalcates que no ha sido culminado en su totalidad como debe de ser a cuatro carriles.

Se está ampliando la concesión de la autopista Armería-Manzanillo, como consecuencia de un juicio interpuesto por PAPSA, relacionado con la concesión de la Autopista Tlaxcala-San Martín Texmelucan, otorgándole 30 años más del manejo de la autopista del estado de Colima.

No se justifica la ampliación de la concesión, porque no hay un proyecto de inversión de nueva infraestructura en el tramo carretero en comento y el mantenimiento es de bajo costo, en proporción a lo que percibe la empresa concesionaria por el pago de peaje.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez- Jácome Friscione, a que se aplique a resarcir los daños ocasionados a todos los sectores productivos y sociales del país, la región, el Estado y los municipios aledaños, con la ampliación de la concesión del tramo carretero de la Autopista Armería–Manzanillo por 30 años a la empresa PAPSA, otorgada en el mes de enero del año 2011; y para tal efecto realice la obra de ampliación a cuatro carriles de la carretera libre Manzanillo—Armería.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputado Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

ESTADO DE QUERETARO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Querétaro a realizar por las dependencias correspondientes acciones para verificar tanto las condiciones laborales y de operación de las empresas instaladas en la entidad como el trato que dan a los trabajadores, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita al titular del Poder Ejecutivo del gobierno del estado de Querétaro que en ejercicio de sus atribuciones ordene a los secretarios de las dependencias del Trabajo y Previsión Social, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y al titular de Protección Civil Estatal, para que realicen las acciones necesarias, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, con la finalidad de verificar las condiciones laborales de las empresas instaladas en la entidad, el trato a los trabajadores y sus condiciones de operación; informando a la sociedad sobre los trabajos efectuados y difundir sus resultados.

Lo anterior, derivado de los hechos acontecidos el pasado 17 de octubre en la empresa Sam Won, instalada en la ciudad de Querétaro, bajo las siguientes

Consideraciones

1. El pasado 17 de octubre ocurrió un hecho que llenó de indignación a la sociedad queretana, mismo que consistió en la difusión de un video en el cual se puede apreciar el maltrato que sufre un trabajador de la empresa Sam Won, por parte de un empleado de origen coreano de nombre Kim Jaeoak escudándose cobardemente en su posición como superior jerárquico. En el video se aprecia la forma en que es golpeado mediante patadas y golpes en la cabeza y en el rostro. El trabajador agredido, Jorge Alberto Zamora Esparza, posteriormente a estos hechos fue despedido injustificadamente.

2. Este hecho lamentable, que merece la más severa de las condenas, trascendió hasta ser noticia nacional, dejando al descubierto las prácticas irregulares realizadas por esta empresa, que fueron denunciadas por trabajadores de la misma. Entre las irregularidades denunciadas se encuentran la ausencia de prestaciones laborales, agresiones físicas reiteradas, ausencia de periodos vacacionales, negativa a otorgar reposo durante el periodo de lactancia a madres trabajadoras, así como personal extranjero que labora sin contar con los permisos migratorios correspondientes, entre otros. El suceso que desencadenó esta indignación colectiva pone de manifiesto que estas prácticas pueden dar lugar a que las mismas se vean como algo común, con lo que se contraviene el principio que el Partido Acción Nacional impulsa desde su origen y es que el trabajo digno debe ser garantizado y procurado por los gobiernos para generar mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.

3. En su mayoría, los obreros que trabajan en esta empresa y en otras que se ubican en el parque industrial Querétaro, viven en las comunidades rurales con grado de marginación considerable, aledañas a la comunidad de Santa Rosa Jáuregui en el municipio de Querétaro: como Pinto, Pintillo, Lajitas, La Monja, La Gotera, entre otras. Quienes se encuentran en la necesidad de contar con un trabajo para llevar el sustento para sus familias. Por tanto, este hecho lamentable no puede ser permitido, y si no hacemos algo desde esta soberanía, sería tanto como permitir que este tipo de abusos proliferara y que los trabajadores, por temor a perder su fuente de trabajo, se abstengan de denunciar las irregularidades y abusos de que son objeto.

4. Los queretanos no queremos ni podemos permitir que nuestro estado sea el referente del maltrato a los trabajadores mexicanos, y lamentamos profundamente que haya quedado evidenciado que las autoridades estatales no cumplen a cabalidad con la parte que le corresponde de verificar permanentemente que los derechos laborales y las condiciones de trabajo cumplan con lo establecido en la ley.

5. Lamentablemente y en respuesta a estos acontecimientos, las autoridades han empezado a dar visos de querer hacer su trabajo y es, a raíz de los hechos expresados que la Secretaría del Trabajo del estado, ha manifestado que se intensificará la inspección a empresas asentadas en la entidad con el propósito de verificar el cumplimiento de la legislación laboral, cuando a todas luces se ha sido omiso y negligente en la aplicación de un programa estatal de inspección en esta materia.

Los diputados debemos asumir la carga moral y ética ante estos lamentables hechos, y solicitar por tanto a las autoridades gubernamentales que cumplan y observen las disposiciones legales que permitan un desarrollo humano óptimo y digno, de lo contrario deberemos asumir el riesgo y los peligros a que conllevan este tipo de prácticas violentas, e inclusive puedan generalizarse no sólo en Querétaro. Lo que se detectó puede desencadenar en un problema social de gran envergadura; por lo que en términos de lo que prevén los documentos básicos del Partido Acción Nacional rechazamos enérgicamente la violencia laboral.

6. Generalizar que todas las empresas extranjeras asentadas en Querétaro y en el país realizan estas prácticas ilegales e irregulares sería una mentira, sin embargo, es necesario garantizar y atender de manera puntual, que se respeten los derechos de los trabajadores, y adoptar medidas que impidan que situaciones tan lamentables como la aquí referida sigan ocurriendo. No es más que asegurar que nuestras leyes se respeten y prevalezca el respeto a la dignidad de todos nuestros compatriotas, sobre todo aquellos que con el esfuerzo de su trabajo llevan el sustento a sus familias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, los resolutivos de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro para que las instancias a su cargo, en particular, la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría de Justicia del Estado y Protección Civil Estatal, desplieguen todos los recursos a su alcance para realizar de manera inmediata una verificación e inspección de todos los centros de trabajo para identificar y dar a conocer a la sociedad queretana el informe sobre las empresas que no cumplan con las condiciones laborales mínimas y sus instalaciones no reúnan las condiciones de seguridad e higiene.

Segundo.Que las instancias señaladas en el punto primero, informen a la sociedad queretana sobre los casos de violencia laboral detectados en la entidad, derivado de los programas o políticas públicas diseñadas para las actividades de inspección de las empresas, cumplimiento del marco normativo en materia laboral, avance en el cumplimiento de esos programas y porcentaje de empresas instaladas en el estado que se han verificado bajo este esquema en el transcurso del último año.

Tercero.Que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, para que instruya a la Procuraduría General de Justicia a que realice la investigación correspondiente, y en el caso de que se acredite y elemente debidamente la averiguación, el empleado agresor sea sancionado conforme a la normatividad penal y no quede impune este lamentable acontecimiento.

Cuarto.Se solicite al gobernador del estado de Querétaro que, a través de la Secretaría de la Contraloría, se investigue la actuación de los servidores públicos adscritos a la Secretaría del Trabajo, y la Unidad Estatal de Protección Civil de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, con el propósito de determinar la existencia de incumplimientos en sus obligaciones legales, relacionadas con la ejecución de los programas de inspección a grandes, medianas y pequeñas empresas, y en caso de que sean identificadas irregularidades por acción, omisión o negligencia, se impongan las sanciones a que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.— Diputado Marcos Aguilar Vega (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

ZONA DE LOS CHIMALAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria a impulsar acciones para solucionar el conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que ha mantenido en disputa a Oaxaca y Chiapas por 45 años, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Roberto López Rosado, diputado federal por el estado de Oaxaca de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria para que en el ámbito de sus respectivas competencias intervengan en la solución del conflicto territorial de la zona de los chimalapas, que durante 45 años han mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas, con base en las siguientes

Consideraciones

Los chimalapas, zona indígena de las etnias zoques y tzotziles, ubicada entre el bosque tropical de los estados de Oaxaca y parte de Chiapas, actualmente es considerada una de las últimas reservas de selva tropical del país con un delicado ecosistema de gran riqueza al producir el 40 por ciento de los escurrimientos pluviales que alimentan lagunas y estuarios que enriquecen de variedades de pesca al golfo de México y al istmo de Tehuantepec, y que además dan nacimiento a los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tonalá, así como una parte de los muy caudalosos Grijalva-Usumacinta. Con una extensión de 594 mil hectáreas, 460 mil pertenecen a Santa María Chimalapa y 134 mil a San Miguel Chimalapas.

Por muchas razones, los chimalapas resultan ser una de las regiones indígenas con más procesos de intervención institucional del país, y al mismo tiempo de las menos conocidas para la población mexicana.

En este sentido, los antecedentes del territorio chimalapa nos remontan a miles de años de ocupación y poblamiento, como se testifica en los restos prehispánicos que los comuneros guardan, y los propios estudios arqueológicos de los mixe-zoques, antes llamados olmecas.

Lamentablemente durante los últimos 45 años, los indígenas, comuneros y ejidatarios de esta región (Santa María y San Miguel Chimalapas) se encuentran enfrentando una lucha permanente por la reivindicación agraria del conflicto territorial surgido de la resolución presidencial de Gustavo Díaz Ordaz en 1967, que legalizó la posesión de 594,000 hectáreas (6,759.31 kilómetros cuadrados), a favor de estos dos municipios, en contra de controversias promovidas por ejidos y colonias de municipios inconformes.

Los principales puntos de conflicto se encuentran en la zona oriente con ejidos de Chiapas, abarcando más de 100 mil hectáreas de ejidos ubicados en bienes comunales de los chimalapas, por lo que están asentados de manera irregular. Cabe señalar que algunos cuentan con decretos o resoluciones presidenciales en controversia con las resoluciones de los chimalapas.

Es importante mencionar que a pesar de los incipientes avances obtenidos por los comuneros de los chimalapas en la defensa de sus territorios, el conflicto de la zona oriente con ejidatarios y terratenientes adscritos a Cintalapa sigue vigente, y que por el hecho de ser una zona interestatal, aparenta ser una invasión agraria y se presta a falsas controversias por límites entre estados, aunque en realidad se trata de errores acumulados por las instituciones que hace 45 años les entregaron resoluciones presidenciales hechas desde el escritorio sin el conocimiento necesario de las zonas en conflicto, lo que ha provocado un grave problema social entre hermanos indígenas zoques y tzotziles de los estados involucrados, quienes en la lucha por defender sus territorios, han violentado la paz y armonía social e incluso derramado su propia sangre.

Esta situación ha favorecido la tala clandestina de su vasto ecosistema y la explotación desmedida de sus recursos minerales; pero lo más alarmante del conflicto es la imposibilidad de llevar el desarrollo de infraestructura básica que las comunidades exigen desde tiempos inmemorables, lo que hace que el progreso se vea cada vez más lejano.

El 2 de agosto de 1999, los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, convocados por las Secretarías de la Reforma Agraria (SRA) y de Medio Ambiente (Semarnat), reconocieron que en el origen del conflicto estaba el problema agrario y no era por límites entre estados, y las autoridades agrarias ofrecieron regularizar 9 ejidos con resoluciones presidenciales posteriores a las de Santa María y San Miguel Chimalapa, y que en conjunto suman 22,929 hectáreas, en una zona de conflicto que en algún momento fue calculada hasta en 160 mil hectáreas incluyendo todos los poblados.

Sin embargo, la falta de voluntad de las diferentes instancias de gobierno, e intereses mezquinos, por las grandes riquezas que posee la zona de los chimalapas, han impedido durante décadas la solución del conflicto.

A principios de 2012, los chimalapas presentaron dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el gobierno de Oaxaca presentó una tercera. Éstas se encuentran en proceso de revisión luego de que el Ministro Instructor que revisó el caso pretendió rechazarlas y enviarlas al Senado.

Actualmente Las autoridades comunales chimas ganaron dos amparos por los cuales el gobierno de Chiapas tiene prohibido realizar cualquier acto jurídico o administrativo dentro del territorio comunal. Sin embargo, por su complejidad, el conflicto sigue latente.

Ante esta situación, exijo la urgente intervención del gobierno federal y la Secretaría de la Reforma Agraria, para que en el ámbito de sus respectivas competencias; en coordinación con las Gobiernos de ambos estados (Chiapas y Oaxaca), participen para facilitar el diálogo entre las partes en conflicto y se dé una solución integral en sentido positivo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 79, someto a consideración de esta soberanía, y con carácter de urgente y obvia resolución,la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al gobierno federal y la Secretaría de la Reforma Agraria para que en el ámbito de sus respectivas competencias, y con el carácter de urgente, impulsen las acciones pertinentes para dar solución del conflicto territorial de la zona de los chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.— Diputado Roberto López Rosado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

ATENCION DE LA MUJER DURANTE EL EMBARAZO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario de Salud que modifique la NOM-007-SSA2, “Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido”, para garantizar, promover y privilegiar la atención humanizada de ésta, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a establecer las modificaciones necesarias en la norma NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, a fin de garantizar, promover y privilegiar la atención humanizada a la mujer, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo cuarto establece que “toda personas tienen el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos” y además que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.”

Esto significa que en primer lugar, corresponde a cada uno decidir sobre sí mismo y sobre los aspectos referentes a su vida y desarrollo de la misma con la libertad que otorga la ley en un marco de igualdad y respeto entre todos; y en segundo que el Estado está obligado a proporcionarle a la población, servicios de atención a su salud de calidad con disponibilidad y cobertura que le permitan obtener mejores condiciones de vida, integración plena y amplia satisfacción de sus necesidades.

Es precisamente en lo relativo a la salud como lo establece la Constitución Política que esta obligación asume una importancia especial, ya que este servicio de atención básica o especializada, no solo se refiere al cuidado de enfermedades y su cura, sino también debe de hacer énfasis y tener incluidos aspectos como amplia información disponible, prevención, procuración y el seguimiento de la salud de la población y además en la calidad de los servicios y de la atención que provee de manera certificada y profesional.

Esta garantía se vuelve imprescindible en cualquier eslabón en la atención y servicios de salud, sin embargo hay circunstancias especiales que exigen ser incisivos en el cumplimiento de estos aspectos; tal es el caso de la atención a la mujer antes, durante y después del parto.

Atender estos aspectos relevantes no representa una garantía únicamente para la futura madre y su núcleo familiar, también para la sociedad en su conjunto, ya que significa que no solamente estamos atendiendo lo referente a su estancia clínica-hospitalaria, sino que estamos incluyendo una amplia gama de consideraciones que nos han permitido desarrollar por ejemplo en la actualidad, servicios de orientación y planificación familiar, así como el disponer de la información y la consejería suficiente para que la mujer pueda ejercer ese derecho consagrado constitucionalmente, en la toma de decisiones sobre su etapa reproductiva.

Con ello tenemos que en la atención a la mujer y a la familia en su conjunto sobre salud reproductiva, requerimos cono sociedad y nación brindar una atención calificada y profesional durante el embarazo, trabajo de parto, parto y puerperio, y por supuesto cuidar la salud del recién nacido.

Las cifras actuales sobre la dinámica poblacional nos obligan a reconsiderar y revisar el actuar de los sistemas de salud en este aspecto en específico, ya que según datos del 2010 del Censo de Población y Vivienda de Instituto Nacional de Estadística y Geografía hay alrededor de 41 millones de mujeres de entre 15 años y más y cerca del 72 por ciento de estás, han tenido al menos un hijo nacido vivo que desarrollan un papel relevante en la sociedad en su conjunto, basta mencionar que este segmento poblacional presenta un índice del 43 por ciento en el total de la población económicamente activa.

Además, y a pesar de que la tasa de fecundidad se ha reducido significativamente en las últimas 4 décadas al pasar de 7.2 hijos a 2.3 hijos por mujer, la movilidad demográfica de la mujer relacionada con el índice de nacimientos en el territorio sigue siendo un componente determinante en las estadísticas sociodemográficas sobre población general en México, pues se estima que en promedio desde el año 2008 el número de nacimientos se ha mantenido en un promedio de 2.5 millones.

A la par de esto y afortunadamente, las mujeres han ido ganando por méritos propios mayores espacios de participación en ámbitos económicos, sociales, culturales y políticos en el país, sin embargo no debemos olvidar que la fase reproductiva es un procedimiento fisiológico que implica modificaciones anatómicas, funcionales, emocionales y psicológicas que son consecuencia de un considerable aumento hormonal surgido para la atención de las necesidades en ese momento de la madre y el feto.

Y a pesar de que la información disponible, la cobertura médica, la disponibilidad de recursos, la especialización y tecnificación de los profesionales de la salud ha mejorado significativamente e influido en el comportamiento de las tasa de fecundidad actual, el embarazo y su desarrollo en la mujer generará siempre complicaciones de diferente grado en su salud que desafortunadamente siempre nos harán presentes estadísticas de morbilidad y mortalidad materna.

No obstante, la ciencia y la medicina en este sentido han avanzado considerablemente al grado de tener hoy protocolos de atención a la mujer en esta etapa de su vida, detallados, específicos y con un alto grado de modernidad en la atención como la norma en nuestro país NOM-007-SSA2 1993 Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido; que entre otras cosas establece a las autoridades correspondientes y responsables así como a los procedimientos a seguir para la atención a la mujer con embarazo y otras intervenciones prioritarias y la disposición de profesionales especializados como:

• Médicos obstetras o tocólogos (especialistas en embarazo y parto);

• Médicos obstetras/ginecólogos (especialistas en embarazo, parto y salud de la mujer);

• Médicos generales;

• Enfermeras especialistas en asistencia médica para la mujer, en la atención prenatal, parto y posparto.

A pesar de que este es un esfuerzo importante e imprescindible, surgió únicamente por la necesidad de combatir, prevenir y erradicar las principales afecciones o patologías vinculadas con el embarazo, parto y puerperio; como las hemorragias graves, las infecciones, los trastornos hipertensivos, el parto obstruido y la interrupción peligrosa voluntaria o involuntaria del embarazo, olvidando o haciendo de lado algunos factores relacionados no nada más con la calidad sino con la profesionalización, la calidez, la cordialidad y la humanización del trato a la mujer en esta etapa de alta sensibilidad para ella y todos los que la rodean.

Cabe señalar que según estadísticas del sector salud en nuestro país, se tiene reportado por parte de los usuarios que las principales especialidades médicas con mayor incidencia de inadecuada práctica, trato cruel y degradante, sin consideración a la confidencialidad y respeto a la intimidad en las revisiones, son precisamente el área de urgencias médicas y el área de ginecología y obstetricia.

Hay que considerar que el personal de atención a la salud tanto médicos, como enfermeras (os), personal administrativo y todos los implicados en el funcionamiento de centros de salud, clínicas y hospitales están expuestos a demasiado estrés laboral producto de jornadas laborales exhaustas, largas y sobre todo agotadoras física y moralmente; resultado de atender un sistema de salud saturado y con una demanda mayor que la prevista conforme a sus capacidades de atención y disponibilidad de servicios.

Esto y no obstante que son circunstancias que padecen a diario, no ha impedido que su profesionalismo y la dedicación en su desempeño sea de admirarse y reconocerse; sin embargo, y a pesar de estos aspectos laborales a los que son sometidos, no deben de olvidar tanto ellos como toda la sociedad en su conjunto que la prestación de la atención médica en cualquier lugar que se dé, es una asistencia humana que debe de tener algunas características específicas en su desempeño que repercute en la calidad y la precepción de la atención otorgada en los servicios.

Y categóricamente, en ningún momento debe de olvidarse que el embarazo y el parto son un acontecimiento fisiológico e íntimo/personal, que requiere una atención especial para la mujer antes, durante y después del parto.

Desafortunadamente, han quedado excluidas previsiones fundamentales en la atención a la mujer en esta etapa con un enfoque sensible, intercultural y humanizado como lo son:

• Garantizarle el respeto y cuidado a su intimidad y a la no intromisión en su privacidad en las revisiones médicas y tactos vaginales.

• Garantizarle una amplia integridad corporal con la atención irrestricta a su dignidad por parte del personal de atención a la salud.

• Garantizarle que no será expuesta a tratos crueles, degradantes, insensibles, con insultos o con comentarios que la descalifiquen o humillen; en ningún momento de su estancia clínica-hospitalaria.

• Garantizarle la confidencialidad, autonomía y libertad en un ambiente de información oportuna y amplia seguridad.

Finalmente, desde esta soberanía debemos en primer lugar reconocer el esfuerzo, profesionalismo y dedicación de todo el personal de nuestro sistema de salud que hace funcionar todos los centros que brindan esta prestación, desde los consultorios de las zonas más alejadas y excluidas o marginadas o las unidades familiares, hasta las clínicas y hospitales de alta especialidad, pero en todos ellos debemos de recordar y reconocer que en México se requiere brindarle y garantizarle a la mujer el derecho a servicios de salud adecuados, a una maternidad libre y sin riesgo para su salud sin que sea marginada bajo ninguna índole, con información amplia y detallada sobre el seguimiento y atención a salud reproductiva, el embarazo, el parto, la lactancia y los cuidados neonatales.

Todo esto bajo un cuidado a su integridad, confidencialidad e intimidad en el marco de una atención humanizada a la mujer antes, durante y después del parto.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a realizar las adecuaciones necesarias en la norma NOM-007-SSA2, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, a fin de que en los centros de salud y hospitales de todo el país, la atención a la mujer al momento del parto se consideren los siguientes criterios:

• Se elaboren lineamientos específicos y debidamente detallados sobre atención humanizada, que otorgue a la mujer las mejores condiciones calificadas durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto.

• Se establezcan programas permanentes para el personal de los centros de atención médica y hospitales, de sensibilización y capacitación en la atención humanizada a la mujer antes, durante y después del parto, bajo estrictas medidas de supervisión, monitoreo y evaluación continua del desempeño de los profesionales de la salud.

• Se consideren las diversidades culturales en la elaboración de las medidas descritas en los puntos anteriores sobre la atención humanizada hacia la mujer en el momento del trabajo de parto, el parto y postparto.

• Se garantice la disponibilidad del equipamiento y suministros requeridos en los centros de salud y hospitales; para la atención humanizada e integral clínica-médica de la mujer y el recién nacido.

• Se establezcan las directrices que regulen el adecuado monitoreo del desempeño del personal en materia de atención humanizada a la mujer en los centros de salud y hospitales; especificando la autoridad responsable del cumplimiento de este propósito.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.— Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCTOS ORGANICOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar con la mayor brevedad el consejo nacional de productos orgánicos y emitir los lineamientos, el distintivo nacional y demás instrumentos regulatorios para la producción orgánica, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, inciso III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo federal a integrar a la brevedad el Consejo Nacional de Productos Orgánicos, emita los lineamientos para la producción orgánica, el distintivo nacional para productos orgánicos y demás instrumentos regulatorios conforme lo mandata la Ley de Productos Orgánicos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace varios años, esta soberanía ha trabajado en la necesidad de establecer el reconocimiento jurídico a la producción de alimentos orgánicos, así como otorgar un marco general para su regulación, protección y fomento.

En consecuencia, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Productos Orgánicos en diciembre de 2005, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2006. Posteriormente, el reglamento correspondiente fue publicado el 1 de abril del 2010, es decir, casi cuatro años después.

Esta ley es de suma importancia, tomando en cuenta que los productos orgánicos son aquellos producidos sin pesticidas, ni agroquímicos de síntesis, garantizando al consumidor, alimentos sanos y con grandes beneficios para el medio ambiente antes, durante y después de su producción.

Este sistema utiliza insumos naturales y prácticas especiales como son la aplicación de compostas y de abonos verdes, control biológico, asociación y rotación de cultivos, entre otras, lo cual promueve el mejoramiento y la protección de los recursos naturales, así como las condiciones de vida de quienes llevan a cabo estas prácticas.

Los sistemas de producción y procesamientos orgánicos, promueven la conservación de los recursos indispensables para el desarrollo humano como el agua, el suelo y el aire. Al estar basadas en normas de producción específicas y precisas, que propician la generación de ecosistemas óptimos y sostenibles desde el punto de vista social, ecológico y económico.

En México, el sector orgánico está representado en casi la totalidad de los estados del país. Los estados de Chiapas, Oaxaca y Michoacán son los que destacan con la mayor superficie de este tipo de sistemas de producción. Pero este sector se encuentra en crecimiento, pudiendo en la actualidad encontrar productores desde Baja California hasta la península de Yucatán.

De igual forma, nuestro país se ha destacado a nivel internacional tanto en el número de agricultores como en diversidad de productos orgánicos, estimándose en el orden de medio millón de hectáreas manejadas con producción orgánica.

A pesar de la importancia de esta ley para el beneficio de los productores nacionales y especialmente para el cuidado del medio ambiente, -tema de gran relevancia en el futuro del desarrollo mundial - a más de seis años de su publicación y a más de dos años de publicado su reglamento, hace falta poner en marcha una serie de instrumentos regulatorios. Específicamente, los lineamientos para la producción orgánica, la lista de insumos permitidos, las especificaciones para la certificación participativa, especificaciones del distintivo nacional, reglamento interno del consejo nacional de productos orgánicos, entre otros, para dar pleno cumplimiento a los términos previstos en la misma.

Dado que estos ordenamientos jurídicos forman parte fundamental para el desarrollo del campo mexicano y en particular para el sector orgánico, a la fecha el Poder Ejecutivo no ha implementado a cabalidad el mandato de la Ley de Productos Orgánicos y los productores mexicanos enfrentan grandes desventajas competitivas en relación con productores de otros países al verse obligados a certificarse con normas extranjeras que complican los procesos de certificación.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en cumplimiento de sus facultades, integre a la brevedad el Consejo Nacional de Productos Orgánicos, emita los lineamientos para la producción orgánica, el distintivo nacional para productos orgánicos y demás instrumentos regulatorios conforme lo mandata la Ley de Productos Orgánicos, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.— Diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

ESTADO DE OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las medidas urgentes para atender y ayudar en las investigaciones sobre las demandas por abuso sexual contra menores en instalaciones del programa Albergues Escolares Indígenas e instituciones educativas de Oaxaca, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, numeral 1, 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracciones I y II, y numeral 2, fracciones III, IV y VI, y 100, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita al gobierno del estado de Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, tome las medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del Programa “Albergues Escolares Indígenas” y de diversas instituciones educativas a fin de que se castigue a los responsables y con base en sus facultades y atribuciones realice la separación inmediata de la adscripción de los presuntos inculpados mientras se desahogan las investigaciones y en tal virtud atienda la recomendación emitida por Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el comento. Se solicita atentamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que derivado de las inspecciones del Programa “Albergues Escolares Indígenas”, haga las recomendaciones y observaciones pertinentes para contribuir y coadyuvar con las investigaciones y se castigue con justicia a los responsables de dichas violaciones, así como la asesoría necesaria para que las víctimas y sus familias puedan contar con la protección y garantías necesarias. Se solicita a las autoridades competentes del gobierno del estado de Oaxaca, atienda a las víctimas y familias involucradas, se les brinde la protección necesaria, a fin de que dichas violaciones se persigan de oficio dado el temor y amenazas para no levantar denuncia formal y que conforme a derecho se deslinden las responsabilidades penales y administrativas. Esta Soberanía, exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, establezca un procedimiento de supervisión y evaluación con personal profesional y capacitado, sobre el cumplimiento de las normas, reglas de operación y funcionalidad de dichos albergues, y toda vez que haga pública la forma que se autoriza su apertura de albergues, los protocolos de protección y prevención, se pueda mejorar la calidad de atención de dichos espacios y su integración comunitaria; al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tras un diagnóstico realizado por la Fundación Internacional Save the Children’s en 40 albergues comunitarios del Programa “Albergues Escolares Indígenas”, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a través de su Delegada en Oaxaca, Concepción Rueda Gómez, denunció el pasado 16 de agosto, una serie de abusos físicos, discriminación y abuso sexual. En dicho informe señala que el personal destinado a los albergues no está capacitado para las labores que realiza, por lo que es necesario el apoyo presupuestal.

Se denunció públicamente la existencia de al menos cuatro casos de abuso sexual, así como una serie de irregularidades y abusos cometidos al interior de los albergues. Actualmente la CDI opera 262 “Albergues Escolares Indígenas” en las ocho regiones del estado, con la modalidad de dormitorios y comedores; otros 103 sólo son comedores con bachillerato. En total, atiende a más de 20 mil menores de comunidades y pueblos indígenas, a lo largo y ancho de Oaxaca.

El 26 de septiembre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), inició una inspección en los 262 albergues de la CDI que operan en Oaxaca. El ombudsman nacional, Raúl Plascencia designó al visitador segundo, Masat Paredes Mantiel, para que iniciara un diagnóstico que evalué la calidad educativa, infraestructura, alimentación y bienestar integral (físico, psicológico, emocional) de las niñas, niños y adolescentes que viven en los albergues.

En tal virtud considero, lamentable que se haya dado la intervención de la CNDH ante la omisión de las instancias locales para la atención de estos casos de violación a los derechos de la infancia. En este sentido, los Diputados locales se han reunido con el titular de la CNDH para exponer los casos de maltrato, abuso sexual, físico y psicológico que consta en expedientes de quejas presentadas ante la otrora Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos desde el 2010. Refirieron que hasta el momento hay dos denuncias penales por abuso sexual en los albergues: Tamazulapam del Espíritu Santo y Atitlán.

En ellos se han presentado casos de expulsión o dejan sin alimento a los menores, como formas de castigo aplicadas por los maestros y directivos. Además hay discriminación hacia las niñas, quienes son levantadas una hora antes que los niños para la realización de actividades de la cocina, como la elaboración de tortillas y preparación de alimentos, aunque existe personal destinado a esas actividades.

El pasado 30 de noviembre la Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Oaxaca, urgió al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) atender la recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), por abusos sexuales en diversos albergues comunitarios.

El Presidente de dicha Comisión, informó que en un albergue para niñas y niños indígenas ubicado en Tamazulapam del Espíritu Santo, en la Sierra Mixe de Oaxaca, dos becarios cometieron un abuso sexual en agravio de un niño, y señaló que el Director del IEEPO (Secretario de Educación estatal), está obligado a reparar el daño a la víctima y promover las medidas preventivas, correctivas, de supervisión y la mejora de las condiciones de vida dentro de los albergues.

De igual forma se solicitó que en coordinación con la CDI, se pudiera establecer un procedimiento de supervisión y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y reglas de operación de los albergues escolares infantiles. En tal virtud, la DDHPO, a través de su recomendación 10/2012, solicitó también la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que determine el legajo de investigación que se inició con motivo del agravio a los menores. Por tanto es deber del IEEPO atender la recomendación y estar al pendiente de los albergues, a fin de no incurrir en omisión e indiferencia de la dependencia en éste y en todos los casos presentados.

Considero que es necesario conocer la forma en la que se autoriza la apertura de albergues, cuáles son los protocolos de protección y prevención, así como los alcances que tendrá la intervención de la CNDH. De igual manera, es imperativo urgir un mejor modelo de atención y nuevos protocolos de atención que abarque la participación de las comunidades, a fin de mejorar la calidad de los albergues.

En tanto la inspección de la CNDH, ha comenzado por los albergues ubicados en Ayutla, Miahuatlán, Tlacolula y Nochixtlán y se prevé que incluya a los cerca de 200 dependientes de la CDI en el estado. La Segunda Visitaduría de la CNDH, consideró el problema en los albergues como un tema que afecta a la sociedad, y recordó que durante los mandatos estatales anteriores no se permitieron supervisiones al Programa “Albergues Escolares Indígenas”.

Esta honorable Cámara debe ser la primera promotora en la defensa de los derechos humanos, de manera más activa con el derecho de las y los niños y jóvenes, garantizados en las leyes que nos hemos dado y en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos jurídicos aprobados por México. Es por ello que apelo a su amplia sensibilidad como madres y padres, para apoyar este punto de acuerdo y votarlo de urgente y obvia resolución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de ésta Soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita al gobierno del estado de Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, tome las medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del Programa “Albergues Escolares Indígenas” y de diversas instituciones educativas a fin de que se castigue a los responsables y con base en sus facultades y atribuciones realice la separación inmediata de la adscripción de los presuntos inculpados mientras se desahogan las investigaciones y en tal virtud atienda la recomendación emitida por Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el comento.

Segundo: Se solicita atentamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que derivado de las inspecciones del Programa “Albergues Escolares Indígenas”, haga las recomendaciones y observaciones pertinentes para contribuir y coadyuvar con las investigaciones y se castigue con justicia a los responsables de dichas violaciones, así como la asesoría necesaria para que las víctimas y sus familias puedan contar con la protección y garantías necesarias.

Tercero: Se solicita a las autoridades competentes del gobierno del estado de Oaxaca, atienda a las víctimas y familias involucradas, se les brinde la protección necesaria, a fin de que dichas violaciones se persigan de oficio dado el temor y amenazas para no levantar denuncia formal y que conforme a derecho se deslinden las responsabilidades penales y administrativas.

Cuarto: Esta soberanía, exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, establezca un procedimiento de supervisión y evaluación con personal profesional y capacitado, sobre el cumplimiento de las normas, reglas de operación y funcionalidad de dichos albergues, y toda vez que haga pública la forma que se autoriza su apertura de albergues, los protocolos de protección y prevención, se pueda mejorar la calidad de atención de dichos espacios y su integración comunitaria.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 22 de noviembre de 2012.— Diputada Gloria Bautista Cuevas (rúbrica)»

Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, para dictamen.

ESTADO DE CHIHUAHUA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la Profepa y de la Conagua a investigar para determinar, en su caso, omisiones en la aplicación de las normas ambientales que han provocado el deterioro de las condiciones sociales y del entorno en la cuenca hidrológica del río El Carmen, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD

Roberto López Suárez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, con la finalidad de exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), realicen las investigaciones necesarias en el ámbito de su competencia, y determinar en su caso omisiones en la aplicación de las normas ambientales, que han provocado el deterioro de las condiciones sociales y ambientales en la cuenca hidrológica del río de El Carmen, por el uso ilegal de las aguas superficiales y subterráneas y la apertura indiscriminada de tierras para uso agrícola sin respetar la normatividad vigente, por parte de la empresa minera Cascabel, subsidiaria de la empresa canadiense Mag Silver, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, con base en los siguientes

Considerandos

La situación que vive el campo de en estado de Chihuahua es preocupante por diversos factores que han propiciado un clima de tensión entre los habitantes de la región así como situaciones irregulares con empresas mineras que pretenden extraer la materia prima pero al parecer no han cubierto los requerimientos legales necesarios para no afectar al ecosistema local y a los habitantes de la zona.

Por desgracia el clima de tensión ya cobró dos víctimas: Ismael Solorio Urrutia y su compañera Manuela Martha Solís Contreras, ambos defensores de los derechos humanos, sociales y ambientales del campo chihuahuense.

Desde octubre de 2011 comenzó una permanente movilización y denuncia de los campesinos a causa de la explotación ilegal del agua por parte de grupos menonitas. La molestia surge porque los productores agropecuarios y pobladores afectados, ejidatarios, colonos agrícolas y pequeños propietarios, son quienes históricamente han compartido la cuenca hidrológica del Río del Carmen, que comprende parte de los municipios de: Riva Palacio, Namiquipa, Buenaventura y Ahumada del estado de Chihuahua, ellos cuentan con concesiones de aguas superficiales y subterráneas desde 1957.

Asimismo con la construcción de la presa Las Lajas se crea un distrito de riego para uso exclusivo de los ejidatarios, además se decretó veda total en la cuenca hidrológica, que prohíbe la perforaciones de nuevos pozos y obras de retención de agua

Pero los grupos de menonitas, han hecho uso indiscriminado e ilegal del agua de los afluentes del rio, han realizado perforación ilegal de pozos y desmontado más de 35,000 hectáreas de tierra en esta región del desierto chihuahuense para abrirlas al cultivo, afectando gravemente a los productores con derechos históricos, legales y reconocidos para el uso del agua en la cuenca hidrológica, así como a la población urbana de la región.

Ante la constante violación de la ley, los campesinos se han movilizado pidiendo la intervención de las autoridades para darle una salida al conflicto, en octubre de 2011 se dio una movilización denominada “Los indignados del campo” cuyo objetivo era plantear a las dependencias estatales, federales y el Congreso de Chihuahua, la problemática que se presentaba por el uso ilegal del agua. Como consecuencia, se establecieron los primeros acuerdos para atender la problemática. No obstante, hubo incumplimiento de los compromisos para establecer una mesa permanente convocada por parte del Congreso estatal con la participación de las autoridades responsables y buscar soluciones.

Ante la negativa de las autoridades locales por intervenir y resolver el conflicto, los afectados llevaron a cabo “La Caravana del Hambre”, una marcha que partió de Chihuahua a la Ciudad de México, para exponer la problemática a la Secretaría de Gobernación, instancia que se comprometió a tomar las medidas necesarias, pero nuevamente los compromisos establecidos se mantienen incumplidos hasta la fecha.

En consecuencia el 7 de junio del presente año, un grupo de organizaciones y productores de la región afectada, formaron el “Frente en Defensa del Agua del Desierto Chihuahuense”, presentaron al Congreso de Chihuahua un documento exigiendo el cumplimiento de la ley, la defensa del derecho al agua y la solicitud para que se convocara a las delegaciones federales y estatales para buscar una solución al problema. Cabe señalar que el Barzón realizó mantuvo un activismo constante para defender los derechos de los afectados, exigiendo la atención a la problemática logrando firmar diversos acuerdos que nuevamente fueron incumplidos, en consecuencia se advirtió que no había voluntad política para hacer cumplir la ley.

Pero el campesinado de Chihuahua no sólo enfrenta el uso ilegal del agua, también se afronta a el acoso de empresas minera canadienses que pretenden explotar la zona, pero violando la ley y a través de procedimientos que dañan el medio ambiente.

Ejemplo de ello es la empresa minera canadiense Mag Silver y su subsidiaria Cascabel, que desde hace seis años compró de manera ilegal 40 derechos de uso común en la zona de pastoreo del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura (el total de los ejidatarios es de 398). La asamblea ejidal en dos ocasiones ha negado el permiso para realizar trabajos de exploración a la minera

Por acuerdo de asamblea de ejidatarias y ejidatarios se realizó una investigación sobre la actuación de la minera y se detectaron las siguientes ilegalidades:

Violaciones a la legislación ambiental

• Violación de la NOM-120-SEMARNAT

• Perforación de 400 pozos de exploración a profundidad de 400 metros, por abajo del nivel freático, prohibido por la normatividad ambiental.

• Carece de estudio de vulnerabilidad del acuífero que exige la ley

Violaciones a la legislación agraria

• Falsificación de dos actas de asamblea ejidal para realizar la certificación de terrenos de uso común ante el Registro Agrario Nacional a nombre de 3 de sus empleados

• Trabajos de exploración sin permiso de la asamblea ejidal

• Compra ilegal de terrenos de uso común

A pesar de presentar a las autoridades locales y federales las diversas irregularidades en las que incurrió la minera canadiense, y la posibilidad real de un conflicto entre ejidatarios y la comunidad de menonitas, estas se han negado a intervenir de manera seria y en lugar de ello se han dedicado a:

• Tergiversar el problema, aparentando que se trata de un conflicto de intereses entre particulares.

• Simular negociaciones desatendiendo la denuncia fundamental de El Barzón, en el sentido de que son violaciones de derechos humanos, ambientales y de las leyes mexicanas.

• Campañas de desprestigio impulsadas por el Gobierno de Chihuahua en contra de El Barzón y de sus líderes sociales, provocando un clima de tensión social en el estado.

• Campaña de linchamiento mediático a El Barzón y en particular a Ismael Solorio, lo que propició el camino para que fuera asesinado.

Por lo anteriormente expuesto, con base en los artículos 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental y la Comisión Nacional del Agua, realicen las investigaciones necesarias en el ámbito de su competencia, para que determinen las omisiones en la aplicación de las normas ambientales, que han provocado el deterioro de las condiciones sociales y ambientales en la cuenca hidrológica del río de El Carmen, por el uso ilegal de las aguas superficiales y subterráneas y la apertura indiscriminada de tierras para uso agrícola sin respetar la normatividad vigente, por parte de la empresa minera Cascabel, subsidiaria de la empresa canadiense Mag Silver, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.

Segundo. Asimismo se solicita a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que integre un grupo de trabajo cuyo objeto tenga el de atender la problemática planteada y contribuya a la solución del conflicto entre ejidatarios y grupos menonitas por el uso y contaminación del agua y en su caso determine informar a las autoridades competentes en caso de encontrar irregularidades a las normas en la materia.

Palacio Legislativo, a 22 de noviembre de 2012.— Diputado Roberto López Suarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

ESTADO DE MORELOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar de manera preferente la propuesta del gobernador de Morelos de participar en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros Casasano La Abeja y Emiliano Zapata, en dicha entidad, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputados de Morelos a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha reciente, el Congreso de Morelos, encabezado por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante, de la Quincuagésima Segunda Legislatura, aprobó un punto de acuerdo donde se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a considerar de manera preferente al gobierno del estado en el proceso de desincorporación de los ingenios azucarares del país, expropiados por el gobierno federal en 2010, se para que participe en la adquisición y el usufructo de dichos ingenios.

El proceso de desincorporación crea la oportunidad de reconocer la importancia que tiene esta rama de actividad económica, no sólo por el potencial que en sí mismo tiene el producto frente a la transición energética sino como una actividad económica que integra regionalmente a la entidad, a la sociedad y en varias cadenas de producción relacionadas con el producto, no sólo en Morelos sino en todas las entidades donde se lleva a cabo esta actividad.

En el exhorto en comento se hace referencia a la premura de dicha acción legislativa porque el proceso de desincorporación está en marcha, por lo que requiere actuar con la premura del caso para que podamos evitar otra acción de exclusión de los que históricamente este sistema ha excluido.

Reconocer el derecho de la sociedad y principalmente de los campesinos y agricultores organizados en cooperativas o asociaciones de productores que han vivido del y para el cultivo de la caña de azúcar y su transformación, para que de manera solidaria con el Ejecutivo estatal participen de manera preferente en este proceso de desincorporación y el derecho que tienen para ser los principales beneficiarios de este proceso de adjudicación y del usufructo de estos ingenios azucareros en particular y de todos los que estén en este proceso de desincorporación por el Ejecutivo federal, es una necesidad y un saldo negativo que debemos pagar.

Por ello conmino a todos los integrantes de esta soberanía a que votemos a favor de este punto de acuerdo para en el proceso de venta sea considerada la propuesta del Ejecutivo de Morelos y de todas las autoridades estatales que manifiesten voluntad de participar de manera solidaria en tan importante actividad agroindustrial.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, a considerar de manera preferente en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros en comento la propuesta del gobernador de Morelos de participar en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.— Diputado Javier Orihuela García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

ESTADO DE GUERRERO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP a actuar durante las operaciones del programa Guerrero Seguro con arreglo a la legalidad, sin violar las garantías de los ciudadanos, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Catalino Duarte Ortuño, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El miércoles 7 de noviembre del año en curso, la Policía Federal llego al municipio del Arcelia en el estado de Guerrero, en un operativo del programa Guerrero Seguro, con la finalidad de decomisar piratería.

Se presentó un convoy de varias camionetas que portaban la leyenda Policía Federal, con alrededor de 40 elementos, quienes no se identificaron, no mencionaron bajo el mando de quién venían ni el destino que tendría la mercancía decomisada, además de actuar con prepotencia.

Al término del operativo que implementó la Policía Federal, la mayoría de los comerciantes se mostraron inconformes ya que se manifestó que muchos de los artículos que se decomisaron no eran piratería, dejando varios establecimientos casi vacíos.

Otro caso se dio el domingo 11 de noviembre, en el municipio de Chilpancingo, donde los policías actuaban de forma ilegal, sin dar tiempo a que se mostraran los documentos y permisos de las mercancías, llevándose detenidos no sólo a los propietarios sino también a los empleados, quienes no tienen responsabilidad alguna.

Asimismo el miércoles 14 del mismo mes y año, en el mercado Baltazar R. Leyva, tuvieron que bajar sus cortinas para evitar que los agentes federales que iban en camino entraran y actuaran, como lo han venido haciendo, de forma violenta.

Esta situación ha sido injusta ya que los comerciantes pagan impuestos, luz, renta, seguro social, generando 90 por ciento de los empleos en la capital; recibiendo a cambio saqueos por parte de la autoridad que está para protegerlos, provocando la inestabilidad dentro de la población.

Hechos como los antes mencionados se han presentado de forma reiterativa al término del sexenio del actual presidente, Felipe Calderón Hinojosa, y no sólo en los comercios sino también en las casas habitación de la región de tierra caliente, a las cuales se han metido sin orden de cateo, llevándose dinero y alhajas, violando las garantías de los ciudadanos, no sólo de Arcelia y de Chilpancingo, sino de todo el estado de Guerrero.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna, para que durante los operativos del programa Guerrero Seguro, se actúe con apego a la legalidad, sin violar las garantías de los ciudadanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.— Diputado Catalino Duarte Ortuño (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

AGUA CON DESTINO AGRICOLA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a otorgar una prórroga a quienes tienen vencidas sus concesiones para uso de agua con destino agrícola, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Eva Diego Cruz, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El agua es, junto con el aire, el recurso natural más necesario para la vida de los seres vivos en este planeta y un bien básico para el desarrollo equilibrado de la economía.

Si bien es cierto, el agua es un recurso limitado, también es el único recurso natural renovable a través del ciclo hidrológico.

Ese líquido vital es indispensable para las actividades agrícolas para la producción de alimentos y fibras, y en casi todos los procesos industriales de producción de energía. De ahí su valor como recurso ambiental que sostiene la sociedad y la economía.

Como es del conocimiento de todos, debido a las sequias que se han presentado en diversos países, nos enfrentamos a una crisis alimentaria mundial, pero además, México enfrenta otra peculiaridad , se ha convertido en el segundo país en América Latina que más redujo el área para cultivar maíz, grano básico dentro de la dieta de las familias mexicanas. Organismos de la ONU, ante este hecho, han advertido sobre el incremento de la pobreza y de precios de alimentos.

La CEPAL, la FAO y el ICCA hacen hincapié en que el buen desempeño del sector agropecuario y de la economía es importante para evitar que la pobreza rural se incremente.

De acuerdo a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en el 2011 la producción nacional agrícola fue de 211 millones 196 mil toneladas; la mitad del volumen se concentró en siete entidades: Jalisco (11.7 por ciento), Veracruz (11.4 por ciento), Oaxaca (7.2 por ciento), Chiapas (5.8 por ciento), Chihuahua (4.7 por ciento), Tamaulipas (4.2 por ciento) y Michoacán (4.2 por ciento).

En esta tribuna se ha expuesto un problema recurrente de los pequeños productores, y es la renovación de su título de concesión para el aprovechamiento del agua para fines agrícolas, mismo que no es solicitado en tiempo y forma, en ocasiones por desconocimiento e ignorancia.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “la nación ha tenido y tiene el derecho de transferir el dominio de la tierra y del agua con el fin de constituir la propiedad privada.”

“El uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal.”

Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales estipula las facultades del Ejecutivo federal en materia de administración de aguas nacionales y precisa los instrumentos normativos de que dispone la Comisión Nacional del Agua (CNA) para formular, poner en práctica y evaluar la planeación hidráulica del país, administrar y custodiar las aguas nacionales, así como expedir títulos de concesión y permisos de descarga de aguas residuales, sus prórrogas, transmisiones y proyectos de reglamentos de cuencas.

La Ley de Aguas Nacionales define a la CNA como el “órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto”.

Conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, la CNA puede iniciar procedimientos de caducidad para los volúmenes concesionados que los usuarios dejen de usar durante tres años consecutivos, supuesto que no es el caso en mención. La finalidad de esta política de caducidad de volúmenes es ajustar los títulos de concesión a la realidad.

El artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales en su párrafo segundo establece que “las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento.

“La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga.”

Sin embargo debemos de reconocer que los productores que incurren en el supuesto son de bajos ingresos y la mayoría de baja escolaridad. Claro ejemplo es el estado de Oaxaca que aun cuando se encuentra entre los 6 estados que aporto la mayor parte de la producción agrícola de México, también se ubica entre los estados, donde existe mayor rezago educativo y analfabetismo.

Los tiempos de crisis a los que nos enfrentamos requieren de medidas “especiales”, pero principalmente de apoyar a quienes menos tienen.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros y diputados, considero que estos puntos de acuerdo tienen que ser tratados como de urgente y obvia resolución.

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero.Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que por única ocasión conceda prorroga de 180 días a quienes tienen concesiones para uso de agua con destino agrícola vencidas dentro del año próximo pasado, así como para que otorgue las facilidades necesarias para la renovación de las mismas.

Segundo.Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que por medio de los 13 organismos de la Cuenca y Direcciones Locales establezcan estrategias para dar a conocer la prorroga señalada en el artículo anterior.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.— Diputada Eva Diego Cruz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

PROGRAMA PAISANO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aumentar por la SHCP la supervisión en las aduanas; y a la Segob, a reforzar por el Instituto Nacional de Migración la vigilancia del programa Paisano, suscrita por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Carmen López Segura, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el periodo vacacional, gran cantidad de migrantes mexicanos regresa para celebrar las fiestas navideñas en compañía de los familiares que permanecen en el país.

Los ciudadanos que vivimos en los estados de la frontera norte siempre nos hemos preocupado por el trato que deben recibir los connacionales en su entrada en el territorio mexicano, pues son víctimas de arbitrariedades y abusos de las autoridades aduanales y de los policías federales.

La mayoría de los problemas que afectan a nuestros paisanos en su regreso a casa tiene su origen en uno de dos factores: la corrupción de los funcionarios de alguna de las dependencias públicas en sus tres órdenes de gobierno, o la ineficacia administrativa de éstas.

Ello lesiona intensamente al conjunto de la sociedad mexicana, cuando nuestros paisanos que viven en el extranjero son extorsionados por alguna autoridad, sin menospreciar el esfuerzo de todos los que sí ejercen su trabajo en congruencia con principios y valores éticos que su puesto exige.

Es penoso ver cómo los migrantes mexicanos regresan con la ilusión de ver a familiares y amigos para entregarles los obsequios que les compraron con tanto esfuerzo, y además traen consigo sus ahorros, y aquélla disminuye al momento de cruzar la frontera, donde comienzan la extorsión y corrupción de que son objeto, o bien la ineficacia y apatía de las autoridades respecto al servicio que deben prestarles.

Los migrantes mexicanos tienen que afrontar los deficientes programas del gobierno federal que les exige el pago excesivo de franquicias fiscales y mercancías que se introducen en el país. También enfrentan a algunos agentes aduanales o policías corruptos o delincuencia organizada, que los roban en las autopistas o caminos rumbo a sus hogares.

Es sustancial que las autoridades de los gobiernos federal, estatales y municipales cumplan con eficiencia y calidez humana las funciones que les corresponden para recibir bien a nuestros paisanos, y que cumplan el objetivo principal del programa Paisano: asegurar un trato digno y ajustado a derecho a los mexicanos y descendientes que vivan o trabajen en los países vecinos y que retoman al país, que combatan la extorsión, el robo, la corrupción, el maltrato y la prepotencia en que incurren algunos servidores públicos contra connacionales al pisar suelo mexicano.

La necesidad que tienen los migrantes de traer artículos que mejoren la calidad de vida de sus familias los hace presa fácil de policías federales, agentes aduanales y migratorios que están en espera de los valiosos regalos y dólares que traerán consigo. Y que debido al elevado cobro de impuestos por mercancía extra tendrán que dejar a su paso por las aduanas mexicanas.

Por ello se tienen que garantizar los derechos y el trato digno de nuestros paisanos que viven en el extranjero cuando regresan a México. El gobierno federal es el encargado de garantizar y refrendar de manera categórica su apoyo incondicional a los mexicanos que regresen al país, de proteger sus derechos y brindar bienestar a los migrantes y a millones de familias mexicanas que esperan con ilusión el buen regreso a casa de los seres queridos.

Por las razones vertidas se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir en el ámbito de sus atribuciones al secretario de Hacienda y Crédito Público para que aumente la supervisión en las aduanas; y al de Gobernación, a fin de que refuerce por el Instituto Nacional de Migración la vigilancia del programa Paisano, con el propósito de evitar la extorsión que sufren los connacionales en temporada vacacional, y se les den la seguridad y protección tanto al ingresar aquí como al salir a los países de donde nos visitan.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 27 de noviembre de 2012.— Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, para dictamen.

ESTADO DE MORELOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la ASF a analizar con detalle la situación que guardan las finanzas públicas de Cuernavaca, Morelos; y a la SFP, a investigar y –en su caso– emprender acciones legales contra los servidores que resulten responsables por el daño al erario municipal, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis Miguel Ramírez Romero , diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación y a la Auditoría Superior de la Fiscalización del Congreso del estado de Morelos para que en el ámbito de sus competencias proporcionen un informe pormenorizado de la situación que guardan las finanzas públicas del municipio de Cuernavaca; al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Hemos visto en los últimos días el escandaloso y penoso endeudamiento público de algunas entidades federativas y de algunos municipios vulnerando la viabilidad financiera y patrimonial de corto y largo plazo de los erarios públicos locales, tal es el caso del municipio de Cuernavaca Morelos que equivale a 50.2% del total de ingresos previstos para el municipio en el 2012, mismo que fue aprobada por el cabildo el 23 de septiembre pasado, y el cual ascendió a mil 231 millones 455 mil 284 pesos.

El trayecto seguido para alcanzar tal nivel de endeudamiento participó además del ahora ex alcalde, el priísta Manuel Martínez Garrigós, los integrantes del cabildo del municipio de Cuernavaca y diputados de Congreso local, quienes conocieron la solicitud de la deuda y la aprobaron, en ambos casos, por unanimidad.

Los integrantes del cabildo fueron convocados a celebrar una sesión extraordinaria en el Salón Benito Juárez del Palacio Municipal de Cuernavaca el 10 de diciembre de 2009, a las 12:00 horas. En el punto seis del orden del día se establecía: “Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acuerdo por medio del cual se autoriza al Lic. Manuel Martínez Garrigós, Presidente Municipal Constitucional del municipio de Cuernavaca, a realizar los trámites necesarios a efecto de contratar un crédito, el cual se deberá de constituir como deuda pública, para el municipio de Cuernavaca”.

Los diputados Federales de Acción Nacional tenemos el compromiso de salvaguardar los recursos públicos, que con gran sacrificio contribuyen los ciudadanos a fin de que haya un correcto y ético gasto público, que inexcusablemente debe traducirse en servicios públicos, y no en deudas financieras de largo plazo para los ciudadanos, que además comprometen el correcto desarrollo de los futuros gobiernos locales.

Lo que se contendería era permitir o no al alcalde endeudar al municipio. Finalmente, con 17 votos a favor, por unanimidad, se aprobó el acuerdo AC/SE/10-XII-09/030, que pedía al Congreso local la autorización para contratar deuda pública por hasta 600 millones de pesos, “pagaderos en un plazo no mayor a 15 años ante diferentes instituciones bancarias con la garantía de que las tasas de interés sean las más bajas del mercado financiero y con el compromiso ineludible de hacer un uso transparente”.

El documento fue remitido al Poder Ejecutivo. El 30 de diciembre de 2009, en vísperas de las celebraciones de Año Nuevo, se publicó en el Diario Oficial de Morelos (“Tierra y libertad”, número 4764) el decreto 113. El acuerdo del cabildo no fue modificado en ningún sentido: se aceptó el monto de 600 millones y el plazo de 15 años para pagar; es decir, las próximas cinco administraciones se encuentran desde ahora condicionadas.

Al mismo tiempo se autorizó al gobernador panista Marco Antonio Adame Castillo “para que por conducto del Secretario de Finanzas y Planeación, en representación del Gobierno del estado de Morelos, se constituya como aval del municipio de Cuernavaca, ante la o las instituciones financieras con las cuales se contrate el crédito, afectando en garantía de pago las participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio de Cuernavaca, Morelos”

El 20 de marzo de 2011, en sesión extraordinaria, el cabildo facultó a Martínez Garrigós a gestionar un refinanciamiento de la deuda. Se argumentó que era posible obtener mejores condiciones con otros bancos. Según el acuerdo AC/SE/20-111-11/226 votado por unanimidad, “posterior a la contratación del financiamiento, se han recibido una serie de propuestas de instituciones financieras diversas, que proponen a este gobierno municipal mejorar las condiciones originalmente contratadas por el ayuntamiento de Cuernavaca con el Banco del Bajío SNC y de esa manera, obtener ahorros sustanciales que permitan la liberación de flujo de capital en beneficio de la sociedad”.

En esa misma sesión se aprobó la implementación del Programa de Racionalidad, Austeridad, Disciplina, Ahorro y Control Presupuestal del ayuntamiento de Cuernavaca mediante el acuerdo AC/SE/20-111-11/225, en cuyo texto se advierte: “Todos debemos de participar con un porcentaje de aportación para que la administración municipal se encuentre en condiciones de operar adecuadamente, sin que ello represente una carga económica insostenible y nos obligue a llevar a cabo acciones que nadie desea”. Se decidió que asesorías, gastos de alimentación, viáticos, pasajes, servicios de fotocopiado, agua, luz, telefonía, internet, entre otros, serían reducidos “al mínimo costo”.

En marzo de 2011, el gasto corriente del municipio de Cuernavaca fue de 57 millones 467 mil 173 pesos –incluyendo 3 millones 529 mil 505 pesos por pago de deuda–; en octubre aumentó casi un millón de pesos, al alcanzar los 58 millones 462 mil 187 pesos, incluyendo 3 millones 988 mil 645 pesos por concepto de deuda pública. En 2011, al 31 de octubre, los egresos por gasto corriente suman 532 millones 928 mil 22 pesos, de acuerdo con la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto del ayuntamiento de Cuernavaca.

El Congreso de Morelos aprobó en mayo pasado el refinanciamiento de la deuda del ayuntamiento capitalino. La tasa de 6.83% que pagaba al Banco del Bajío fue reducida a 6.09%, que se retribuiría al banco que ofreciera las mejores condiciones, que se especulaba era Bancomer. Con esto, el ayuntamiento ahorraría apenas 30 millones: “Eso significa que durante los 15 años que estará endeudado, con el refinanciamiento terminará pagando 240 millones adicionales a los 600 millones del capital”.

Todavía en octubre pasado, las autoridades de Cuernavaca pagaron 3 millones 895 mil pesos al Banco del Bajío por concepto de interés. En 2011, al 31 de octubre, el banco ha recibido 34 millones 120 mil 205 pesos derivado del crédito otorgado, según puede verse en el más reciente Estado Comparativo de Egresos Presupuestales del municipio, elaborado por el tesorero municipal, Nelson Torres Mondragón.

Además debe quedar muy claramente dicho, que los gobiernos no están para endeudarse, sino para gastar exclusivamente lo que recaudan, y en caso de que dichos recursos sean insuficientes, mejorar la recaudación y el ejercicio del gasto, y como última opción el financiamiento.

Sin duda alguna lo que se refleja en las deudas públicas de estados y municipios del país es la opacidad con que se conducen, de igual manera la ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas respecto de los recursos públicos efectivamente ejercidos, el caso de Cuernavaca es un ejemplo contundente de cómo la opacidad en el manejo de las finanzas públicas puede ser aprovechado por ciertos alcaldes para buscar cargos de mayor prestigio.

El gobierno federal en los últimos 12 años ha promovido significativos cambios legales e institucionales en favor de la transparencia y rendición de cuentas. En particular en la búsqueda de consolidar un orden y certeza en el ejercicio de los recursos públicos de la federación.

Sin embargo, también es cierto que se afirma que en Cuernavaca no se observa una transformación que justifique un endeudamiento por 600 millones de pesos.

El caso de Cuernavaca remite a Pardinas al tema de la reelección de presidentes municipales, de la que se asume como partidario. Cree que el desempeño de Martínez Garrigós obliga a pensar en propuestas de cambio institucional que permitan procesos electorales más equitativos.

Se ha podido descubrir que algunos de los pasivos confirmados por los acreedores no fueron clasificados o registrados de acuerdo a la establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente, lo que podría derivar en responsabilidades legales.

Nuestro país requiere de un Estados con finanzas sanas donde la contratación de deuda se utilice verdaderamente como una herramienta financiera y no como mecanismo político, por ello que los estados deben hacerse responsables de sus obligaciones y del uso que les dan a los recursos públicos, en términos generales, la situación en las entidades federativas y municipios es de una marcada opacidad, por lo que los ciudadanos y las autoridades fiscalizadoras desconocen el destino de los recursos públicos, ya sea que estos fueron obtenidos mediante participaciones federales, recaudación propia o endeudamiento ya que los gobernantes locales no están obligados a reportar cómo gastan, dando como resultante el incremento irresponsable del gasto público.

Por lo antes expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior de la Fiscalización del Congreso del estado de Morelos para que en el ámbito de sus competencias incorpore un programa pormenorizado de la situación que guardan las finanzas públicas del municipio de Cuernavaca del periodo del 2009-2012, y en su caso de existir anomalías se de vista al ministerio público para las investigaciones correspondientes por causar un daño patrimonial a la hacienda pública estatal del municipio de Cuernavaca, Morelos.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que lleve a cabo las investigaciones y en su caso emprender las acciones legales contra los funcionarios públicos que resulten responsables por el daño patrimonial a la hacienda pública estatal del municipio de Cuernavaca, Morelos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputado Luis Miguel Ramírez Romero (rúbrica).»

Se turna el primer resolutivo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su atención y el segundo resolutivo a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS MINEROS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial encargada del impulso y seguimiento de los asuntos mineros, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La minería en México es una actividad que antecedió a la llegada de los españoles. La población precolombina preciaba el valor del oro y el de las piedras preciosas como el jade y la malaquita, que se utilizaban en la elaboración de ornamentos. La llegada de Hernando Cortés a México en 1521 dio inicio al comercio de bienes minerales desde México hacia España. Históricamente, la explotación de minas por los españoles se inicia aproximadamente en 1532 y ya para el siglo XVI, los metales preciosos representaban más del 80 por ciento de las exportaciones históricas totales de México a la Nueva España. Las exportaciones de oro y plata registraron un descenso después de la firma de la independencia, fecha a partir de la cual, los metales preciosos son acumulados para ser acuñados como monedas La minería mexicana se fue diversificando durante los siguientes 300 años que precedieron al descubrimiento por los españoles, para pasar de ser una de las mayores productora de plata –más de 10 billones de onzas producidas a la fecha– hacia la producción de cantidades significativas de cobre, oro, plomo, zinc, hierro y carbón.

México frente al proceso de globalización, debe concentrar y coordinar acciones dirigidas a aquellos aspectos que aseguren el incremento de la participación de la inversión extranjera en minería y que además mejore su posicionamiento competitivo principalmente, frente a países que en que en Latinoamérica aplican y desarrollan con mayor agilidad cambios en el ciclo de la industria, aún sin la tradición minera que la caracteriza nuestro territorio.

Los principales indicadores económicos, tales como el PIB minero, en el país actualmente se reporta en cero de las exportaciones, lo que repercute en la generación de empleo calificado, directo e indirecto, valor de la producción y otros, son medidas de consecuencia, mas no, los únicos parámetros de análisis frente al desarrollo minero en si, condicionando por aspectos fundamentales como el trabajo sectorial que se disgrega en acciones de poco impacto frente a los elementos desarrollo minero global.

Las asimetrías ancestrales existentes entre las entidades federativas productoras del norte, con las del sur del país, lamentablemente no sólo se siguen presentando sino que, con el paso del tiempo, se han vuelto más profundas, hasta ahora, y son muchos los temas pendientes en la agenda política, económica y social en los estados del sursureste.

Teniendo en cuenta que un aumento de los ingresos que se obtengan de la explotación de recursos naturales no renovables como las del ramo minero, lo que le daría un impulso económico regional, y sería importante determinar los mecanismos apropiados para la estabilización de dichos ingresos y una estrategia de política económica para establecer vínculos con los demás sectores productivos, que redunden en mayores niveles de crecimiento económico.

Una intervención adecuada de las autoridades económicas durante los períodos de fuerte crecimiento de los ingresos por dicho concepto, debe garantizar el principio de equidad en la distribución de la riqueza extraída del subsuelo en tres dimensiones:

Primero, generar ahorros para épocas de escasez, promover el carácter contracíclico de la política económica, y mantener estable el gasto público a través del tiempo.

Segundo, un mecanismo de inversión de los ingresos minero-energéticos que priorice su distribución hacia la población más pobre y contribuya a la equidad social.

Tercero, el reconocimiento de los recursos del subsuelo como una propiedad de todos los mexicanos, debe favorecer el desarrollo regional de todos sus estados y municipios. Este concepto de equidad regional fortalece la integración de diversas entidades territoriales en pos de proyectos comunes; promueve, además, la coordinación y planeación de la inversión de los recursos y priorización de grandes proyectos de desarrollo.

Temas como la generación de energías alternativas; la revisión de tarifas eléctricas preferenciales; el control eficaz de los flujos migratorios, comerciales y de especies animales y vegetales; la seguridad en fronteras; la adecuada recaudación fiscal; el diseño de un programa integral para el saneamiento de las cuencas hidrológicas de la región; la construcción de infraestructura para el desarrollo y la competitividad; el fortalecimiento y expansión minera; el sistema logístico para el desarrollo de la s zonas y regiones mineras del país as inacabados, que exigen seguimiento y atención prioritaria y urgente, por parte del gobierno.

Nuestro país, por su ubicación geográfica y porque cuenta con una gran potencialidad productiva y vastos recursos naturales y humanos debiera ser considerada estratégica para la seguridad nacional. Tendrían que canalizársele recursos que permitieran disminuir aceleradamente la brecha que separa al estado de Oaxaca con el resto de la república.

Pero, contradictoriamente, esto no se hace y los 112.5 millones de mexicanos que en ella habitan no logran salir de su atraso, de su marginación y de su pobreza.

Esto debiera obligar políticamente a los diputados y a las diputadas de esta LXII Legislatura a seguir coadyuvando para que las entidades federativas que conforman el país superen las inequitativas, injustas y desfavorables condiciones que padecen.

Es indispensable que esta Cámara continúe articulando acciones con la federación, estados y municipios para establecer prioridades; impulsar proyectos viables de desarrollo sustentable, social, de competitividad y de comunicaciones; y generar riqueza y bienestar a México.

Para atender esta tarea, consecuentemente, es conveniente y oportuno reinstituir y relanzar la instancia parlamentaria especializada que ha tenido como finalidad la creación de instrumentos legales que contribuyan al desarrollo de las nueve entidades que comprenden el sur-sureste del país y gestionar, mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, proyectos de impacto en la región. Es decir, es necesario crear la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo minero de México.

En razón a ello, con fundamento en los artículos 34 y 42 la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y solicitando se de la intervención que por ley corresponde a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, es que someto a consideración de este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de Asuntos Mineros, que deberá impulsar y dar seguimiento a los asuntos programas y proyectos de desarrollo de la minería de México, cuyo objeto será el que se deriva de su denominación.

Segundo. La Comisión Especial de Asuntos Minerosestará integrada por el número de miembros que la Junta de Coordinación Política determine, los cuales serán propuestos por los grupos parlamentarios en la misma proporción que estos últimos tienen en la composición del pleno, y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Tercero. La comisión especial tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputado Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

DISTRITO FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al predio La Mexicana, que forma parte del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, en Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Arturo Escobar y Vega, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete proposición con punto de acuerdo al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

En fechas recientes vecinos de la delegación Cuajimalpa de Morelos del Distrito Federal han solicitado la intervención de las autoridades federales para resolver el conflicto que existe por la aprobación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, que comparten territorialmente las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos en el Distrito Federal, mismo que se publicó en la Gaceta Oficial de esa entidad el 4 de mayo de 2012.

Los vecinos de esta demarcación han señalado que a través de los medios de comunicación tuvieron conocimiento que en un predio conocido como “La Mexicana”, se había permitido la construcción de más de 5 mil viviendas, obra que comenzaría a mediados del próximo año, y que de ejecutarse generaría un grave conflicto de carencia de servicios e infraestructura para los habitantes de la zona poniente de la Ciudad de México.

Efectivamente, el predio La Mexicana forma parte del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe (instrumento de planeación que sirve para regular en lo específico la zonificación en un determinado territorio), y se ubica de las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, y Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Los vecinos igualmente manifestaron que en el mes de agosto del presente año, el jefe de Gobierno del Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la desincorporación del predio en cuestión, para que, previo avalúo, fuera vendido en un precio ínfimo para beneficiar a sólo un pequeño grupo, afectando al medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Ante ello, los vecinos han iniciado una serie de actividades entre las que se encuentran visitas a las autoridades locales de la Ciudad de México (como a la Secretarías de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano y Vivienda),  y a diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También han enviado cartas al presidente de la República, y han solicitado la intervención de esta honorable Cámara para resolver este gravísimo problema.

La cuestión no es menor, si consideramos que dicha problemática abarca elementos de tipo ambiental, de dotación de agua y otros servicios públicos, infraestructura y saturación de vialidades, que vendrán a complicar de manera importante la difícil situación que ya de por sí viven los habitantes de esa zona.

Es importante destacar que por su parte, los comités vecinales manifiestan que no fueron convocados para emitir su opinión al respecto, ni por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, ni por las autoridades delegacionales de Álvaro Obregón ni de Cuajimalpa de Morelos; más aún, afirman que en el territorio de esta última demarcación territorial, no se realizó la consulta ciudadana a que hace referencia el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

De igual forma, denuncian los vecinos que la consulta ciudadana –que sí tuvo verificativo en la delegación Álvaro Obregón–, no se realizó en los tiempos que para tal efecto establece el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que dispone que la misma no podrá durar menos de 30 días ni más de 60 días, sino que tuvo una duración de tan solo 10 días, se realizó en un establecimiento mercantil de acceso restringido.

Adicionalmente, los vecinos de la delegación Cuajimalpa de Morelos han señalado que a la fecha han presentado diversas quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por los daños al medio ambiente que la construcción de las más de 5 mil viviendas les generará, así como por la violación al derecho humano de acceso a la información a que se refiere el artículo 6o. constitucional, y por la transgresión al artículo 26, también de la Carta Magna, en materia de planeación.

Derivado de todo lo anterior y toda vez que esta soberanía no tiene elementos suficientes para realizar una valoración de fondo para hacer un pronunciamiento sobre el particular, es que a través de este punto de acuerdo deseamos exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a realizar un revisión de todo el proceso de elaboración del Programa Parcial de la Zona de Santa Fe, así como de la desincorporación del predio La Mexicana, mismo que forma parte de esa zona.

En el mismo sentido, consideramos que los titulares de las jefaturas delegacionales en Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, licenciados Leonel Luna Estrada y Adrián Rubalcava Suárez, respectivamente, deben revisar su participación en el proceso de elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, que forma parte de ambas demarcaciones territoriales del Distrito Federal, ya que estos territorios serán los más afectados en caso de continuar con el desarrollo de este proyecto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a revisar el procedimiento de elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, desde el “aviso” para informar el inicio de la formulación del programa hasta la aprobación y publicación del mismo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Así como  el proceso de desincorporación del patrimonio del Distrito Federal y actos subsecuentes del predio conocido como La Mexicana, mismo que forma parte de ese mismo programa, para que de encontrar irregularidades en uno u otro caso, se proceda a realizar las denuncias correspondientes.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a los titulares de las jefaturas delegacionales en Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, licenciados Leonel Luna Estrada y Adrián Rubalcava Suárez, respectivamente, revisen minuciosamente todos los actos de la participación que en ese entonces tuvieron las delegaciones ahora a su cargo, durante la formulación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe que forma parte de las demarcaciones territoriales de las que son titulares y, en caso de encontrar irregularidades, se proceda a realizar las denuncias correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica).»

Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

CREDENCIAL DE ELECTOR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a realizar los trabajos conducentes a entregar la credencial para votar fuera del territorio nacional a los ciudadanos localizados en el extranjero, y celebrar con la SRE los acuerdos correspondientes sobre dicho documento, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII legislatura del Congreso de la Unión, y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En las últimas dos elecciones presidenciales los mexicanos que se encuentran en el extranjero han tenido la posibilidad de emitir su voto fuera del territorio nacional, sin embargo, sigue siendo un reclamo de muchos connacionales, el hecho de no poder ejercer sus derechos políticos plenamente, por no contar con el instrumento indispensable para ello: “La credencial para votar”.

En cuanto a la colaboración que para el ejercicio del voto se requiere en el extranjero por otras autoridades mexicanas, el 1 de diciembre de 2010, el IFE suscribió con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el “Convenio General de Apoyo y Colaboración Interinstitucional entre el Instituto y la Secretaría de Relaciones Exteriores”; dentro del cual, entre otros aspectos se acordó lo siguiente:

Resulta necesario fortalecer la presencia de México ante la comunidad internacional en materia de democracia electoral y que los mexicanos que viven en el extranjero cuenten con los elementos necesarios para poder ejercer su ciudadanía con pleno conocimiento de sus derechos, así como de las formas de participación político- electoral, a través de la conjunción de esfuerzos entre el Instituto Federal electoral y la Secretaría de Relaciones exteriores en los ámbitos de sus respectivas competencias.

En virtud del derecho de los mexicanos de elegir al Presidente de México, el Estado mexicano debe poner a disposición de los ciudadanos que residen en el extranjero, los medios y condiciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos cívicos y electorales.

En el marco de éste convenio que aun se encuentra vigente por haberse determinado por las partes que fuera de duración indefinida, en 30 consulados de México en los Estados Unidos de Norteamérica, se pusieron a disposición de los ciudadanos y se realizaron trabajos de apoyo, para el llenado de formatos de solicitud de inscripción a la lista nominal para residentes en el extranjero.

Bajo el amparo de este convenio existe la obligación para ambas instituciones firmantes de poner a disposición de los ciudadanos que residen en el extranjero, los medios y condiciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos cívicos y electorales; que implica la posibilidad de realizar un esfuerzo conjunto para poder dotar a quienes residen en el extranjero de un instrumento indispensable para votar, como sería el canje y entrega de la credencial.

Actividades que mediante la conjunción de esfuerzos entre el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los ámbitos de sus respectivas competencias sería posible realizar dentro de los espacios físicos destinados a los servicios consulares, como parte de los servicios que brinda el gobierno mexicano a sus ciudadanos en el exterior, por lo cual no se requerirá de otros convenios, solamente hacer efectivos los términos ya establecidos en el convenio firmado por ambas instituciones del Estado mexicano.

Anteriormente, pero sobre todo a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se deben destacar los principales razonamientos y elementos que justifican dotar de credencial a los ciudadanos mexicanos en el extranjero.

El voto garantiza la expresión de su decisión como mexicanos y es el reflejo de la nacionalidad que por el simple hecho de haber nacido en nuestro país tiene cada individuo, dotándolos a su vez del derecho de elegir a quien va a gobernar a su país, en este caso al Presidente de la República; por lo que es obligación del Estado que este derecho se ejerza plenamente por todos los mexicanos, garantizando a los connacionales el derecho al voto, libre, secreto y en condiciones de igualdad con independencia de su lugar de residencia.

Aquellos que vivimos en nuestro país, contamos con una credencial diseñada ex profeso, como el instrumento que brinda certeza técnica y jurídica en un proceso electoral, sin embargo, en el extranjero carecen de ella, por lo tanto, una de las formas de igualar las condiciones para el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, es dotar al marco electoral de los preceptos jurídicos utilizados al interior de nuestra nación.

Y no solo para hacer valer el principio constitucional de igualdad, sino para forzar a las instituciones a que se cumpla con la ley, ya que en ese sentido el artículo 6 del COFIPE es muy claro al señalar que para ejercer el derecho al voto, el ciudadano debe contar con la credencial de elector, con lo que la violación a la ley es grave al no dotar a los mexicanos residentes en el extranjero con este documento a pesar de ser connacionales y dejarlos ejercer el derecho a votar para elegir a su gobierno conforme a lo que establece la norma jurídica.

Asimismo, cabe recordar, que todos los mexicanos tienen derecho a una identidad y la credencialización es una herramienta que le permitirá ese derecho, porque son ciudadanos conforme lo establece el artículo 34 Constitucional esto es, los que tienen 18 años cumplidos al día de la elección y cuentan con un modo honesto de vivir; sabemos que muchos no desean ejercer ese derecho en el extranjero, por temor a diversos factores, no obstante, es un derecho que deben tener; que el Estado mexicano les debe brindar y dejar que ellos elijan si lo ejercen o no.

De la misma forma se plantea, se realicen campañas temporales para la credencialización de los mexicanos residentes en el extranjero y puedan obtener su credencial de elector con medias de seguridad, que no podrán ser menores a las que tiene la actual credencial para votar con fotografía que se utiliza dentro del territorio mexicano.

Si la credencial de elector es el medio por el cual un ciudadano ejerce el derecho de sufragar, evidentemente es necesario contar con dicho instrumento para no hacer nugatoria el derecho de otra a través de la credencial de elector en extranjero, sin tener que trasladarse a México, e incluso el registro y credencialización de los migrantes mexicanos que son mayores de edad y que están fuera del país.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realice los trabajos necesarios para poder realizar la entrega de la credencial para votar fuera del territorio nacional a los ciudadanos que se encuentran en el extranjero, así como, celebrar con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Ejecutivo federal que publique en noviembre el Reglamento de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Minerva Castillo Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral I, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere al Titular del Poder Ejecutivo federal tres facultades transcendentales:

a) La de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión.

b) La de ejecutar dichas leyes.

c) La de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, es decir, la facultad reglamentaria.

Lo anterior lo ratifica la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aseverar en su Tesis P./J. 79/2009:

“Facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo federal. Sus principios y limitaciones. La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que el artículo 89, fracción I, de la Constitución federal establece la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo federal, la que se refiere a la posibilidad de que dicho poder provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes; es decir, el Poder Ejecutivo federal está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas por el órgano legislativo. Estas disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son similares a los actos legislativos expedidos por el Congreso de la Unión en cuanto que son generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de las mismas básicamente por dos razones: la primera, porque provienen de un órgano distinto e independiente del Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo; la segunda, porque son, por definición constitucional, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados por la misma Ley. Asimismo, se ha señalado que la facultad reglamentaria del Presidente de la República se encuentra sujeta a un principio fundamental: el principio de legalidad, del cual derivan, según los precedentes, dos principios subordinados: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El primero de ellos evita que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión o, dicho de otro modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular. El segundo principio consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida. Así, la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo federal tiene como principal objeto un mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas. Por ende, en el orden federal el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas, abstractas, amplias, impersonales e irrestrictas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes en las diversas materias que ésta consigna; por tanto, en tales materias es dicho órgano legislativo el que debe materialmente realizar la normatividad correspondiente, y aunque no puede desconocerse la facultad normativa del Presidente de la República, dado que esta atribución del titular del Ejecutivo se encuentra también expresamente reconocida en la Constitución, dicha facultad del Ejecutivo se encuentra limitada a los ordenamientos legales que desarrolla o pormenoriza y que son emitidos por el órgano legislativo en cita.”

El especialista, Miguel Alejandro López Olvera, argumenta que la fracción I del artículo 89 de la Carta Magna otorga al Poder Ejecutivo la facultad reglamentaria; pero dicha facultad reglamentaria únicamente lo es para completar las leyes en las cuales se desarrolla la actividad de la administración pública. Dichos reglamentos son los llamados “de ejecución”, ya que dicha fracción debe interpretarse teniendo en cuenta todo el texto, y no sólo la frase que establece “proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”. Por lo cual, dicha facultad es restringida y no genérica; es decir, el Presidente no puede expedir normas jurídicas de cualquier tipo y género, sino única.

Y exclusivamente reglamentos que regulen y completen las leyes que expida el Congreso de la Unión.

Por su parte, Gabino Fraga señala que el sentido gramatical de la palabra “proveer” es el de poner los medios adecuados para un fin; es decir, para facilitar la ejecución de las leyes, por lo que si se analizan las circunstancias prácticas en que las leyes deben ejecutarse, se observará que es necesario para que tengan una exacta observancia, entre otros actos, desarrollar sus preceptos para ajustarlos a las modalidades que tienen las relaciones a las cuales van a ser aplicados.

Afirma también que las disposiciones que detallan los elementos que la ley consigna deben tener el mismo carácter que ésta, pues la fracción se refiere no únicamente a un solo caso de observancia, sino a todos los casos que puedan presentarse, a diferencia de la ejecución misma, que siempre significa la aplicación concreta de la ley a un caso especial.

En consecuencia, puntualiza que la atribución de la facultad reglamentaria al poder Ejecutivo se justifica desde el punto de vista práctico por la necesidad de aligerar la tarea del poder Legislativo relevándolo de la necesidad de desarrollar y completar en detalle las leyes para facilitar su mejor ejecución, teniendo en cuenta que el Ejecutivo está en mejores condiciones de hacer ese desarrollo, puesto que se encuentra en contacto más íntimo con el medio en el cual va a ser aplicada la ley. Además, existiendo mayores facilidades para la modificación de los reglamentos, el uso de la facultad reglamentaria permite que la legislación se pueda ir adaptando oportunamente a las circunstancias cambiantes en que tiene que ser aplicada, adaptación que no sería posible si dependiera del poder Legislativo, ya que éste tiene procedimientos más complicados y periodos reducidos de funcionamiento.

Delimitando el objeto de estudio que nos ocupa, en términos legislativos, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tiene como fin regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.

En ella, se establece que la política nacional en la materia debe considerar, entre otros lineamientos, fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres; fomente la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres; promueva la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres; promueva la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil, y la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo.

Para la concreción de la política nacional se contemplan como instrumentos de ésta el Sistema Nacional, el Programa Nacional y la Observancia en la materia.

De ese modo, el Sistema Nacional se define como el conjunto articulador de las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.

Por consiguiente, el Programa Nacional se considera como el instrumento rector de la política pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres que requiere para su cumplimiento la coordinación entre dependencias, transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública Federal.

Por su parte la Observancia –con tareas de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas en materia de equidad de género– recae en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al considerarse que dicha materia forma parte de la noción de protección integral a los derechos humanos inherentes a todo individuo.

De ese modo, llevar a cabo una evaluación integral de su ejecución exige tener certidumbre de la operatividad de sus instrumentos, de su efectividad práctica, de la concreción de objetivos y metas en cada tema que integra la llamada Política Nacional.

En este tenor, es necesario precisar, que a la fecha, la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres no tiene el reglamento respectivo que siente las bases de su aplicación.

De esa manera, por ejemplo, es menester que el Ejecutivo federal precise en el Reglamento, no en una disposición administrativa interna de bajo perfil, lo siguiente:

Que acciones fehacientes tomarán las “autoridades correspondientes” para garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas.

Cómo se va articular el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; esto es, qué dependencias y entidades de la administración pública federal lo integran y qué atribuciones tienen, sin menoscabo de la tarea administrativa que recae en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres en esta materia.

Qué dependencias y entidades de la administración pública deben concretar los objetivos y acciones de la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres y con qué procedimientos.

Qué acciones desarrollarán las “autoridades correspondientes” para que se alcance la igualdad en la vida económica nacional; en la participación y representación política; en el acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales y en la vida civil.

También, que acciones implementaran las autoridades correspondientes para la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo, así como para dar cauce al derecho a la información y a la participación social en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

De qué manera se garantiza la concreción de los objetivos y las líneas de acción del programa nacional en la materia.

Dada la importancia del objetivo que persigue el presente punto de acuerdo, es oportuno puntualizar que el Congreso de la Unión tiene la posibilidad de establecer plazos específicos para que el Ejecutivo federal expida reglamentos, es por ello que solicitamos que se emita y publique el documento de referencia antes de que termine el mes de noviembre del año en curso:

“Tesis Jurisprudencial Núm. 58/2007 (Pleno)

Reglamentos. El Congreso de la Unión puede establecer en la ley los plazos en que el Ejecutivo federal deberá expedirlos. El principio de primacía de la ley derivado de los artículos 89, fracción I, y 72, inciso F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica la posibilidad de que el Congreso de la Unión establezca plazos específicos en los que el Ejecutivo federal deba expedir los reglamentos correspondientes a la ley emitida, a fin de proveer a su exacta observancia. Por tanto, cuando la ley prevé un plazo o da líneas específicas materiales para el ejercicio de la facultad reglamentaria, el presidente de la República no puede elegir si cumple o no con la norma, sino que está obligado a acatar lo ordenado por el legislador, toda vez que la norma le obliga por mandato constitucional y debe cumplirla.

Acción de inconstitucionalidad 26/2006.- Promoventes: Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión.- 7 de junio de 2007.- Unanimidad de nueve votos. (Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Impedido: José Ramón Cossío Díaz).- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretarias: Andrea Zambrana Castañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.”

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a publicar, en noviembre de 2012, el Reglamento de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Notas:

1Semanario Judicial de la Federación, México, SCJN, Octava época, tesis XL/89, tomo III primera parte, página 325.

2 “Número de registro: IUS 166,655, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, Tesis: P./J. 79/2009, página: 1067.”

3 Miguel Alejandro López Olvera. La facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo en México. Un estudio histórico; páginas 358 y siguientes.

4 Fraga, Gabino, Derecho administrativo, México, Porrúa, 2000, Citado por Miguel Alejandro López Olvera. La facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo en México. Un estudio histórico; página 358 y siguientes.

5 Ibíd.

6 Ibíd.

7 Ibíd.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputada Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Profeco y de la Comisión Reguladora de Energía a sancionar o, en su caso, cancelar el permiso de suministro de Gas Butano Propano de Baja California, SA de CV –o Z Gas–, por la suspensión del servicio dada el pasado 18 de octubre sin previo aviso a los clientes ni a las autoridades, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Andrés de la Rosa Anaya, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; fracción II del numeral 1 y fracción III del numeral 2 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El jueves 18 de octubre la empresa Gas Butano Propano de Baja California SA de CV, mejor conocida como Z Gas, suspendió sin previo aviso a sus clientes ni a las autoridades gubernamentales, el servicio de suministro de gas por tubería a 2 mil 599 usuarios de las colonias Industrial, Burócratas, Nueva y Los Pinos de la ciudad de Mexicali.

Dentro de las zonas afectadas se encuentran ubicadas casas habitación, escuelas, hospitales, guarderías, el centro de readaptación social así como numerosos comercios dedicados a la venta de alimentos, lo que se tradujo en pérdidas económicas de considerable cuantía que pudieran ascender a más de 15 millones de pesos.

La empresa a través de su representante, Ignacio Alcalá, atribuyó dicha decisión estrictamente a razones de seguridad, sin embargo no presentaron ningún dictamen sobre las condiciones de la red de distribución ni de una fuga o falla de tal magnitud que justificara la cancelación súbita del servicio.

De igual forma, la empresa no previó ningún plan de transición para sus clientes, lo que ocasionó una reacción en cadena que encareció los precios de los competidores, y provocó instalaciones sin asesoría técnica especializada que asegurara las medidas mínimas de seguridad.

A la fecha la empresa no ha dado una respuesta contundente sobre el cierre definitivo de la red o su restablecimiento.

Es por ello que exigimos se sancione y, en su caso, se cancele el permiso de suministro de gas a la empresa Gas Butano Propano de Baja California, SA de CV, o Z Gas, hasta que no repare los daños ocasionados por suspensión del servicio a la población afectada.

Al respecto, contamos con información acerca de que la Comisión Reguladora de Energía giró un requerimiento de información al permisionario con fecha 18 de octubre, estableciendo un plazo de 3 días para presentarla, el cual venció el 23 del mismo mes.

Asimismo, es importante que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informe a esta soberanía sobre los procedimientos administrativos abiertos para dar solución a las demandas de los consumidores.

Finalmente solicitamos a la Profeco asesore a los usuarios o consumidores afectados, para que puedan presentar una demanda colectiva contra Z Gas por daños y prejuicios con el propósito de resarcir los daños provocados a los consumidores por dicha empresa.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se hace un atento exhorto al titular de la Comisión Reguladora de Energía para que, en ejercicio de sus funciones, sancione o en su caso cancele el permiso de suministro dado a la empresa Gas Butano Propano de Baja California SA de CV, por la suspensión del suministros de gas, que sin previo aviso a sus clientes ni a las autoridades gubernamentales se dio el pasado 18 de octubre.

Segundo.Por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en ejercicio de sus funciones, informe a la opinión pública sobre los procedimientos administrativos abiertos ante esta procuraduría para dar solución a las demandas de los consumidores, derivado de la suspensión en el suministro de gas, por parte de la empresa Gas Butano Propano de Baja California, SA de CV.

Tercero.Que la Procuraduría Federal del Consumidor asesore a los usuarios o consumidores afectados para que puedan presentar una demanda colectiva contra la empresa Gas Butano Propano de Baja California SA de CV o Z Gas, por daños y prejuicios, con el propósito de resarcir los daños provocados a los clientes por dicha empresa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputado Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Energía, para dictamen.

DISTRITO FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF, al jefe del gobierno del Distrito Federal y a diversos jefes delegacionales a transferir instalaciones para formar centros deportivos de alto rendimiento, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del PRD

El infrascrito, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 71, fracción II, y 122, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I y IV, 76, fracción IV, 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo mediante los cuales se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al jefe de gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegacionales de los órganos político-administrativos en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco del Distrito Federal, para transferir instalaciones deportivas para la conformación de centros deportivos para alto rendimiento, con base en los siguientes elementos

Exposición de Motivos

El deporte capitalino ha sufrido un deterioro constante en la última década debido principalmente a la transferencia de las instalaciones deportivas del Instituto del Deporte del Distrito Federal (IDDF) a los órganos político-administrativos (delegaciones).

El proponente considera que, independientemente de que cada entidad federativa en este país tiene plena autonomía en su administración sobre materia deportiva, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene especial corresponsabilidad constitucional con el Distrito Federal, no sólo de forma estructural, sino también sobre su población y, por ende, sobre la garantía de la cobertura de los servicios públicos a que son derechohabientes. Esta es la razón principal por la que se pone a consideración del pleno de la Cámara federal el punto de acuerdo en materia deportiva capitalina que a continuación se sustenta.

El 31 de enero de 2001 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por el que se transfieren a los órganos político-administrativos, las instalaciones deportivas, actualmente a cargo del Instituto del Deporte del Distrito Federal. Las 12 instalaciones involucradas en el proceso de transferencia fueron:

• La ciudad deportiva “Francisco I. Madero”, delegación Iztapalapa.

• El centro deportivo “Guelatao”, delegación Cuauhtémoc

• El centro deportivo “Margarita Maza de Juárez”, delegación Gustavo A. Madero

• El centro hípico de la Ciudad de México, delegación Miguel Hidalgo

• El centro deportivo “Rosendo Arnaiz”, delegación Gustavo A. Madero

• El centro deportivo “Plan Sexenal”, delegación Miguel Hidalgo

• El centro deportivo “Tiempo Nuevo”, delegación Tlalpan

• La ciudad deportiva “Magdalena Mixhuca”, delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza

• El velódromo olímpico, delegación Venustiano Carranza

• La pista olímpica de remo y canotaje “Virgilio Uribe”, delegación Xochimilco

• La alberca olímpica “Francisco Márquez”, delegación Benito Juárez

• El gimnasio olímpico “Juan de la Barrera”, delegación Benito Juárez

Cuando el gobierno del Distrito Federal realizó dicho proceso se perseguían los objetivos de facilitar el acceso de los servicios deportivos a la población, fortalecer el sistema de detección de deportistas para el alto rendimiento, además de coadyuvar en el combate a la corrupción en dichos centros. Al día de hoy y a más de 10 años de entrar en vigor esta decisión, se puede ver con lamentación que ninguno de estos objetivos ha sido cumplido.

Según lo establecido en el punto 3 de los considerandos del acuerdo en comento, “que es necesario que la administración de las instalaciones deportivas esté a cargo de los órganos político administrativos, para lograr un funcionamiento más adecuado y eficaz de los mismos, así como para su mejor conservación y mantenimiento (sic)”, la finalidad de la descentralización no se ha cumplido en ninguna de las 12 instalaciones involucradas.

Los propios vecinos y usuarios han dado testimonio de cómo dichas instalaciones se han ocupado para eventos de todo tipo, tales como conciertos, exposiciones, puestas de circos, espectáculos privados y hasta actos político-electorales, con lo que evidentemente el uso deportivo ha quedado menospreciado ante el voraz deseo de las delegaciones por rentarlas el mayor tiempo posible y obtener así recursos financieros autogenerados.

Sobre esto, el artículo 6 de dicho acuerdo sentenció que “La utilización y destino de los recursos que se recauden por concepto de aprovechamientos y productos que se generen mediante el mecanismo de aplicación automática, derivados de las instalaciones deportivas mencionadas en este acuerdo, quedan a cargo de los órganos político administrativos a los que éstas se transfieran, con el objeto de que sean utilizados para el mantenimiento, sostenimiento, seguridad, desarrollo y funcionamiento de las instalaciones que los generen; de conformidad con lo establecido por el Código Financiero del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas aplicables”.

El problema comenzó al no crear medidas coercitivas para hacer cumplir a la letra a los órganos político-administrativos en este aspecto: en otras palabras, cada jefe delegacional desde entonces ha podido administrar bajo su libre criterio (porque hay que recordar que no cuentan con ningún cabildo para contrapesar sus decisiones) el uso de los recursos financieros autogenerados por distintos conceptos relacionados con la renta de estas instalaciones deportivas, lo que siempre ha sido una sombra en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Es decir, nunca se ha sabido con certeza si el total de recursos financieros obtenidos de las instalaciones deportivas se han aplicado precisa y únicamente al uso de las instalaciones deportivas y a la promoción y desarrollo deportivo, lo cual fue la meta presupuestal de este proceso. Por consiguiente, jamás se conocerán las cifras reales de cuánto ingresó a las arcas delegacionales bajo este concepto.

Por cuanto a la promoción y desarrollo deportivos se refiere, se ha visto en esta década cómo las delegaciones designan, por ejemplo, menos personal para la enseñanza de deportes, utilizando incluso el régimen de autogenerados para explotar a varios profesores de disciplinas que cobran una miseria por su tiempo y esfuerzo; y ni qué decir sobre las escuelas técnico-deportivas, las cuales, en algunos casos, sólo se han desarrollado en la tinta y el papel de los informes anuales que entrega cada Jefa o Jefe Delegacional, porque, en la realidad, no existen.

Sin duda, el desarrollo del deporte de alto rendimiento ha sido el más castigado de toda la escala deportiva: mientras que antes de 2001 el IDDF dedicaba tiempos y espacios para sus atletas olímpicos en estas 12 instalaciones, ahora cada delegación negocia directamente con las asociaciones, ligas y/o con los profesores y evalúa la conveniencia de rentar o dejar libres los espacios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del acuerdo de descentralización citado. Ante la imposibilidad de contar con instalaciones seguras en tiempo y forma para sus entrenamientos, muchos atletas prefieren irse a vivir a otros estados y competir a su nombre; el Distrito Federal cede atletas a otras entidades.

El resultado de lo anterior: del segndo lugar obtenido por el Distrito Federal en 2000 en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional con 468 medallas, con tristeza podemos apreciar nuestra caída libre al noveno puesto con apenas 239 metales, superados por estados como Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sonora, México, Yucatán, Quintana Roo y Guanajuato, cuya mayoría no cuenta con la cantidad de instalaciones deportivas que tenemos en esta ciudad.

Este fenómeno también ha sido denunciado por diversos medios: según el periódico La Crónica de Hoy en su edición del miércoles 2 de julio de 2003, “las delegaciones deciden qué hacer con sus instalaciones, qué hacer con sus deportistas y ahora está todo disperso a falta de coordinación de una rectoría del deporte capitalino”. El domingo 4 de noviembre pasado Milenio Televisión hizo público el abandono y la falta de transparencia en los millonarios permisos para uso de las instalaciones deportivas en La Magdalena Mixhuca. De continuar esta situación así, los grandes afectados serán los usuarios de las instalaciones deportivas y los atletas de alto rendimiento.

Por igual suerte corre el IDDF, el organismo público descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal: al verse desprovisto de sus instalaciones deportivas, se vio inutilizado para coordinar los procesos de preparación de atletas de alto rendimiento, además de que su principal tarea, a saber, la promoción y el desarrollo del deporte, se ha confinado a eventos mínimos en las calles o en lugares no aptos para el deporte masivo.

Al perder la coordinación deportiva de facto, el IDDF se vio obligado a negociar con los Jefes Delegacionales el uso de las instalaciones y la participación de los deportistas (ya en manos de cada demarcación) en las justas atléticas de cada año; lo anterior no hace más que perjudicar el proceso de formación de atletas, pues los coloca en la indefensión y en medio de la rebatinga política entre la administración central y las delegacionales, lo cual empeora cuando gobierna la oposición en las segundas; el factor político-electoral también perjudica al deporte capitalino.

La Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal hace énfasis en la superioridad del IDDF ante las delegaciones en materia de instalaciones deportivas: de acuerdo con lo señalado por su artículo 69 “Los responsables o administradores de toda instalación deportiva deberán tramitar su registro ante el Instituto del Deporte del Distrito Federal, quien verificará que cuente con las condiciones adecuadas para la práctica del deporte, calidad y seguridad que se requiere”. Es decir, el espíritu de la ley implica la necesidad de que el Instituto mantenga el orden necesario para el uso correcto de dichos espacios; pero, al mismo tiempo, no le da armas para cumplir con este ideal.

Con esta exposición de motivos se pretende sensibilizar a esta Soberanía para tomar acciones inmediatas en torno a estos fenómenos que han producido inestabilidad en el proceso deportivo capitalino, toda vez que también es nuestra responsabilidad lo que sucede en el Distrito Federal y sus habitantes en el ejercicio de sus derechos sociales.

Por lo expuesto, es de someter a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los Jefes Delegacionales de los Órganos Político-Administrativos en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, del Distrito Federal, a realizar la inmediata transferencia de las 12 instalaciones deportivas señaladas por el Acuerdo por el que se transfieren a los Órganos Político-Administrativos, las instalaciones deportivas, actualmente a cargo del Instituto del Deporte del Distrito Federal, emitido por el Gobierno del Distrito Federal el 31 de enero de 2001, al organismo público descentralizado llamado Instituto del Deporte del Distrito Federal para cumplir con los objetivos previstos por tal acuerdo.

Segundo. Una vez realizado el proceso de transferencia de las 12 instalaciones deportivas señaladas, se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que instruya al Instituto del Deporte del Distrito Federal a generar en ellas centros de alto rendimiento y promoción y desarrollo deportivo, en estricta observación con lo establecido por la Ley General de Cultura Física y Deporte y la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal.

Notas

1 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/1130.doc

2 http://on2012.deporte.org.mx/Medallas.aspx

3 http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=72692

4 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0f3f4dc87152c7cd20421624d2678f7e

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

CAMARA DE DIPUTADOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suspender el inconstitucional estado de sitio que se vive en los alrededores y el interior de la Cámara de Diputados, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Alfonso Durazo Montaño, Zuleyma Huidobro González, Luisa María Alcalde Luján, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Merilyn Gómez Pozos, Nelly Vargas Pérez, Martha Beatriz Córdoba Bernal, José Soto Martínez, Juan Luis Martínez Martínez, José Valle Magaña, Juan Ignacio Samperio Montaño, Víctor Manuel Jorrin Lozano, José Antonio Hurtado Gallegos y José Francisco Coronato Rodríguez, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las violaciones que estamos viendo con motivo del acto protocolario del 1 de diciembre, son por decir lo menos exageradas y desproporcionadas. Soldados, policías, agentes francos y encubiertos. La evidente suspensión del Estado de Derecho que, motivada por el miedo del gobierno federal y muy en especial, Felipe Calderón Hinojosa, en funciones del Poder Ejecutivo, están haciendo.

Nuestra Constitución es clara al respecto, el artículo 29 señala que para restringir o suspender el ejercicio de los derechos y las garantías se necesita el acuerdo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República, y contar con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente.

Nada de esto se ha hecho.

Pero se están violando ahora mismo, además, varios artículos de nuestra Constitución Política, y estamos ante el supuesto de violación de varios más; para empezar el libre tránsito, artículo 11; y el de no ser molestados en nuestra persona, familia o domicilio, el 16.

Lo que hoy estamos viendo es vergonzoso. Que domicilios y trabajos que tienen la mala suerte de estar ubicados en el perímetro de este Congreso sin más son restringidos en su acceso. Las estaciones del metro aledañas están canceladas, igual el metrobús. Ahora mismo los puentes de peatones están tomados por la fuerza pública y se requiere demostrar la residencia o la comprobación de que se está trabajando en esta zona, para permitirse el acceso a ella.

Está en entredicho también el artículo 9, pues con el pretexto de reuniones pacíficas que pretenden realizar ciudadanos mexicanos en ejercicio de sus derechos, que desean protestar por el acto del 1 de diciembre, se ponen vallas y cercos alrededor del Congreso y aún más allá.

¿A qué le tienen miedo? La gente no está contenta pero no está levantada en armas. El que fuera nuestro candidato ha llamado a movilizaciones pacíficas y aquí en esta ciudad se va a llevar a cabo en El Ángel de la Independencia. ¿Por qué pues el estado de sitio? ¿Por qué el aparato de represión?

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano repudiamos estos hechos y elevamos la voz enérgica y categóricamente, porque lo que hoy mismo estamos viendo no puede suceder en un país democrático, y por lo mismo constituye de sí un pésimo augurio para el inicio del nuevo gobierno.

Dejo la advertencia aquí de que, con este tipo de decisiones, Felipe Calderón les está endosando a los priístas sus miedos y sus fobias, su miedo al pueblo, pero les está dejando también su proclividad a violar nuestro orden constitucional, algo a lo que él está tan acostumbrado, como la última palada sobre su gobierno y que podría ser la primera al que viene.

O de plano, que se nos diga de qué tamaño es el miedo y por qué y a quien, y que se cumpla con el ordenamiento del artículo 29 y que vengan a esta Cámara a pedir de plano, y que lo justifiquen, la suspensión de garantías.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que se exhorte al Ejecutivo federal para que suspenda este estado de sitio inconstitucional que estamos viviendo en los alrededores de la Cámara de Diputados y en su interior.

Segundo. Que cese el cerco y la vigilancia sobre domicilios, calles y trabajos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de noviembre de 2012.— (Rúbrica).»

Se turna a la Mesa Directiva, para su atención.

CENTROS DE READAPTACION SOCIAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SSP que dé a conocer a la opinión pública la situación de las reclusas y atienda la problemática suscitada con ellas en los Ceresos, ajustándose a las leyes, los tratados y las convenciones en la materia, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María de Jesús Huerta Rea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública que remita a esta soberanía un informe real sobre las mujeres en reclusión.

Exposición de Motivos

Es de conocimiento público que las mujeres privadas de su libertad son doblemente castigadas y señaladas, ya que por una parte compurgan una sentencia por la comisión de un presunto delito y por otra son objeto del señalamiento y olvido de la sociedad y de sus propias familias.

Desde que son detenidas, las mujeres sufren maltratos físicos, mentales, psicológicos, morales y sexuales, además de inequidad en la imposición de las sentencias respecto a los hombres, debido a que el sistema no toma en consideración que generalmente las mujeres son primodelincuentes y si analizaran este elemento estarían enfrentando delitos culposos y no dolosos, el cual es un elemento determinante respecto de la tipicidad.

La Secretaría de Seguridad Pública señaló que al mes de octubre de 2011, la población penitenciaria en el país era de 231 mil 510 reos, de dicha población, 220 mil 806 son hombres y 10 mil 704 mujeres. Es importante señalar que entre los 20 y 44 años de edad es cuando se registra un mayor índice delictivo por parte del sexo femenino.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los tres delitos de mayor incidencia atribuidos a las mujeres son contra la salud, robo y lesiones. Lo anterior se debe a que en ocasiones las mujeres al no encontrar una mejor opción, ponen en riesgo su libertad o bien, son obligadas por sus parejas a cometer el delito.

Por lo anterior, la violencia de género representa uno de los factores por los cuales la mujer delinque, dado que es una causal ante la indiferencia de las autoridades del sistema de justicia penal y penitenciaria de nuestro país.

Estos hechos son contradictorios con lo previsto por el artículo 4o. de nuestra ley suprema, las garantías de legalidad, así como de los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que son

• La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre.

• El respeto a la dignidad humana de las mujeres.

• La no discriminación.

• La libertad de las mujeres.

En este tenor, el Instituto Nacional de las Mujeres hizo una investigación sobre la situación de las mujeres en reclusión y dio a conocer que el 94 por ciento contó con un abogado (asignado o contratado), durante su detención, lo cual denota la mínima atención y desinterés por parte de la defensa durante el proceso.

En cuanto a las reclusas de origen indígena, sólo el 14.3 por ciento contó con los servicios de un traductor, lo que denota el estado de indefensión de este sector ante la incertidumbre de su situación jurídica.

En materia educativa, el 50.6 por ciento de las internas tenían, al momento de su ingreso al penal, un nivel escolar de primaria o menor. Un 12 por ciento lo constituyen las mujeres sin alfabetización.

La investigación de referencia señala que el 78.8 por ciento desarrolló alguna actividad económica antes de ingresar al penal y el 77.4 por ciento de las mujeres recluidas desarrolla una actividad remunerada al interior de las cárceles, que de las 455 que existen actualmente en nuestro país, exclusivamente 13 son femeniles.

Ante esto, la salud de las mujeres en reclusión se ve afectada ya que padecen enfermedades psíquicas como el insomnio, estrés, ansiedad y depresión, y padecimientos crónicos degenerativos como la diabetes, hipertensión, obesidad.

Por ello es deplorable que los sistemas de salud al interior de los centros de reclusión no respondan a las necesidades de la población penitenciaria, ya sea por negligencia, insuficiencia de medicamentos o la negativa en la atención; situación que ha sido denunciada constantemente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo existen centros que carecen de áreas ginecológicas, lo cual es alarmante si tomamos en consideración que el cáncer de mama es la primera causa de muerte de las mujeres mexicanas.

Por lo anterior me cuestiono en dónde quedó el compromiso del Ejecutivo federal de transformar y mejorar la infraestructura del sistema penitenciario; ¿de qué forma se están cumpliendo los objetivos de la nueva ley en la materia que tanto alardeó Felipe Calderón?

Compañeros, es indubitablemente que una vez más el presidente del empleo dejó otra tarea pendiente en su sexenio.

Otro sector vulnerable en este sistema son las internas con padecimientos psiquiátricos, debido a que en los centros de reclusión no existen áreas especializadas para su tratamiento y al convivir con el resto de la población son objeto de diversos abusos.

En este tenor, no olvidemos que hace unos meses, la ex diputada federal Rosi Orozco denunció en esta tribuna la existencia de una presunta red de prostitución forzada que operaba en el penal femenil de Santa Marta Acatitla y en el Reclusorio Oriente, en donde se vieron involucrados reos, personal de seguridad y del área jurídica de los juzgados.

Ante la gravedad de este asunto, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal aceptó la recomendación en todos sus términos de la Comisión de Derechos Humanos de esta circunscripción pero este asunto ha quedado en el olvido.

Otro tema sensible que circunscribe a este fenómeno es la maternidad. El Instituto Nacional de las Mujeres dio a conocer que de una muestra de 580 reclusas, 557 de ellas son madres, es decir el 95 por ciento.

La reclusión de las madres se hace extensiva a sus hijos, sobre todo a los menores de edad. La convivencia de las y los niños con sus madres en la prisión es un derecho previsto en las Reglas Mínimas de Tratamiento del Delincuente de la ONU, en el que se estipula la obligatoriedad de la atención, antes y después del parto de la interna, así como la instalación de guarderías para la atención de las y los hijos que nazcan durante la reclusión de la madre y para los menores que vivan con ellas en los centros de reclusión.

Desafortunadamente en nuestro país las diversas legislaciones estatales en la materia no contemplan este tipo de especificidades relativas a los requerimientos particulares de las mujeres y de sus pequeños. Es menester que se aplique la nueva ley.

Este entorno disiente con el interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política, así como de la postura que el Poder Judicial de la Federación, mediante la siguiente tesis jurisprudencial, asevera:

Registro número 172003

Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Julio de 2007 Página: 265. Tesis: 1a. CXLI/2007. Tesis Aislada. Materia: Civil.

Interés Superior del Niño

Su concepto

En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: “la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.

Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.

De igual forma con las disposiciones jurídicas previstas en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que en su artículo tercero establece como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Ante esta situación, la Organización de Naciones Unidas, en el Marco Internacional de los Derechos Humanos, ha promulgado una serie de instrumentos jurídicos cuyas disposiciones son de observancia obligatoria para los Estados miembros.

En materia de tratamiento de reclusos y el sistema penitenciario, los instrumentos internacionales más representativos son los siguientes:

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos 37 económicos, sociales y culturales enunciados en el presente pacto.

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer:

Los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

• Reconocer la igualdad del hombre y de la mujer frente a la ley.

• Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

• Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación.

• Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

• Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará)

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

• El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley.

• El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos.

• Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

• Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso.

• Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

• Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esa Convención.

Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión

Principio 5:

Las medidas que se apliquen con arreglo a la ley y que tiendan a proteger exclusivamente los derechos y la condición especial de la mujer, en particular de las mujeres embarazadas y las madres lactantes, los niños y los jóvenes, las personas de edad, los enfermos o los impedidos, no se considerarán discriminatorias.

Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos

Regla 8:

Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles

Regla 23:

En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.

Regla 53:

En los establecimientos mixtos, la sección de mujeres estará bajo la dirección de una funcionaria femenina responsable, que guardará todas las llaves de dicha sección del establecimiento. Ningún funcionario del sexo masculino penetrará en la sección femenina sin ir acompañado de un miembro femenino del personal.

Por lo anterior, el objetivo de la presente proposición con punto de acuerdo consiste en que la Secretaría de Seguridad Pública nos informe acerca de la situación real de las mujeres en reclusión, ya que sólo con cifras fidedignas podremos contribuir a la restructuración real del sistema penitenciario.

No debemos olvidar que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del pasado 10 de junio de 2011, se logró incorporar el principio pro persona como eje rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, por ende México, al ratificar los tratados y convenios internacionales, se encuentra obligado a tomar todas las medidas necesarias para garantizar a las mujeres en reclusión el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos.

México tiene la enorme responsabilidad, al ejercer su ius puniendi, de garantizarles seguridad y bienestar, así como de estructurar sus políticas penitenciarias en base a las condiciones concretas del género, por ello es momento de incorporar la perspectiva de género en las normas jurídicas en materia penitenciaria para prevenir y sancionar las transgresiones que sufren las mujeres.

No olvidemos compañeros legisladores que un Estado de Derecho real debe reconocer, resguardar y garantizar los derechos humanos, así como radicar en la cultura de la legalidad y el respeto pleno de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública que dé a conocer a la opinión pública la situación de las mujeres que se encuentran recluidas y atienda la problemática que se suscita en los centros de readaptación social con este sector de la población, apegándose estrictamente a las leyes, tratados y convenciones que rigen la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputada María de Jesús Huerta Rea (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Equidad y Género, para dictamen.

VIOLENCIA CONTRA NIÑAS Y MUJERES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita Ejecutivo federal que fortalezca los programas e instrumentos de atención para combatir la violencia contra niñas y mujeres, a efecto de poder implantarlos de manera eficiente y equitativa, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN

De la diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que fortalezca los programas y los mecanismos de atención para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de que puedan ser implementados de manera eficiente y equitativa en comparación con otros programas que cuentan con mayores recursos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución 54/134, a través de la cual declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al establecer esta conmemoración a nivel mundial, se hace un llamado a todas las naciones y a sus gobiernos, para que lleven a cabo acciones eficaces tendientes a sensibilizar a la población sobre la importancia de poner fin a esta problemática que a todos, directa o indirectamente, nos afecta.

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México indicó que la violencia contra la mujer inhibe su derecho a la plena participación y su desempeño en la toma de decisiones, mientras que, por su parte, la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) , señaló la cuestión cultural como uno de los motivos por los que hoy en día continúa presentándose este fenómeno en nuestra sociedad, el cual varía en cada pueblo, por eso es indispensable mantener el compromiso para erradicar esta práctica denigrante para cualquier ser humano, sobre todo para aquellos que están en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, denunció el mismo Instituto en el Mecanismo de seguimiento de la Convención Belém Do Pará (Mesecvi), que los presupuestos para la seguridad pública en México y los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) llegan hasta 5 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que en el caso de los programas para atender la creciente violencia y discriminación hacia niñas y mujeres van apenas del .01 al .1 por ciento del PIB.

La elaboración de los indicadores para la protección del derecho de la mujer y de las niñas a una vida libre de violencia, así como las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y para asistir a la mujer afectada por la violencia, deben ser fortalecidas puesto que las estadísticas son alarmantes en nuestro país como un ejemplo de la magnitud de esta problemática mundial. De todas las mujeres que comparten hogar con su pareja, 45 por ciento manifiesta haber sido víctima de, por lo menos, un incidente relacionado con violación emocional, física, económica o sexual.

Otros datos proporcionados en la novena reunión del comité de expertas de Mesecvi, son que en México, 67 por ciento de las mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia, o que en la región niñas y mujeres representen 80 por ciento de las víctimas de trata, mayoritariamente con fines de explotación sexual y que en aplicación del derecho en el caso de violación a los derechos de niñas y mujeres, prevalezca la impunidad. Se destacó que la mayoría de los países con representación ante la OEA, no reportan el número de violaciones contra niñas y mujeres, ni el número de sentencias contra sus violadores; tampoco el número de feminicidios ni de sentencias contra sus asesinos.

Asimismo, la Secretaría de Salud señala que los egresos hospitalarios por abuso sexual en el año 2000 ascendieron a 21 casos y para 2009 la cifra se incrementó a 59, mientras que las muertes por agresión en menores de 15 años en el año 2009, fueron de 296 casos en mujeres y 199 en hombres. De igual forma, esta secretaria reporta que 73 por ciento de los casos de abuso sexual lo padecen menores de cuatro a nueve años de edad: más de 70 por ciento de los delitos lo padecen las niñas y 45 por ciento de estos hechos se originan en el propio hogar. Mientras que 86 por ciento de los abusos los cometen los varones y 13.9 por ciento mujeres adultas.

De acuerdo con el informe presentado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, en el estado de México se denunciaron 922 homicidios dolosos de mujeres entre 2005 y 2010, es decir, el doble de casos a los reportados en el mismo periodo en Ciudad Juárez.

Si bien el estado Mexicano ha realizado una serie de acciones para combatir esta problemática, como la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ejemplo que han seguido diversas entidades federativas, aún falta camino por recorrer, pues hasta ahora los resultados han sido limitados en parte por la tolerancia de esta práctica por parte de la sociedad e incluso, de las autoridades.

La sociedad y las autoridades deben ser conscientes y sensibles para combatir esta práctica, de lo contrario no se logrará mejorar la situación. Para ello es necesario contar con servicios de vigilancia y atención eficaces, así como con un sistema de justicia imparcial, que sancione a los responsables.

Las circunstancias nos obligan a que las palabras de los discursos se transformen en políticas públicas oportunas, consistentes, eficientes y efectivas, pero sobre todo que se destinen mayores presupuestos a los programas, tanto de prevención como de contención, a fin de resguardar de la violencia y mejorar la calidad de vida de las mujeres y niñas.

En la medida que logremos una sociedad cada vez más igualitaria, podremos avanzar con pasos firmes hacia el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y niñas, lo que sin duda contribuirá al desarrollo económico, político, social y cultural de México.

Punto de Acuerdo

Primero.Se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que fortalezca los programas y los mecanismos de atención para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de que puedan ser implementados de manera eficiente y equitativa en comparación con otros programas que cuentan con mayores recursos.

Segundo.Se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a intensificar las campañas destinadas a concientizar y sensibilizar a la población sobre la no violencia contra las niñas y mujeres.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

DIAGNOSTICO NACIONAL SOBRE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a actualizar y expedir el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra Mujeres y Niñas, a cargo de la diputada Blanca Estela Gómez Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI

Blanca Estela Gómez Carmona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como es de conocimiento público, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia –publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007– estableció en la fracción IX del artículo 38, que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres considerará acciones con perspectiva de género a fin de “garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, a fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia”.

La fracción X del artículo de referencia establece que dicho programa también contendrá acciones con perspectiva de género para “publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres”.

La fracción XII del artículo 42 estableció que la Secretaría de Gobernación (Segob) está facultada para “realizar un diagnóstico nacional y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

A efecto de reforzar la anterior disposición, el artículo quinto transitorio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que “el diagnóstico nacional a que se refiere la fracción XII del artículo 44 de la ley deberá realizarse dentro de los 365 días siguientes a la integración del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”.

El Reglamento de la Ley General de Acceso precisa –en el inciso f) de la fracción V del artículo 54– que la Segob, en su calidad de presidenta del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, tendrá la atribución de coordinar, a través de la secretaría ejecutiva del sistema, la tarea de “efectuar el diagnóstico nacional de la violencia de género con los ejes de acción que señala la ley, a partir de la información integrada en el banco nacional”.

El Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, donde el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) actúa como secretaría ejecutiva, quedó instalado el 3 de abril de 2007, de conformidad con la Ley General de Acceso. Luego entonces, resulta notorio que los plazos se han agotado.

Al respecto, ya desde el segundo informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2007-2012) se dio cuenta de los compromisos atendidos por el gobierno federal durante 2008, derivados de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; entre ellos, “se integró el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, que concentra la información local y federal sobre los registros administrativos y las denuncias en los casos de violencia hacia las mujeres y se elaboraron el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las bases para realizar el diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todos los ámbitos”.

Posteriormente, en el tercer informe del gobierno federal (septiembre de 2009) se detalló que la Segob, en el marco del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, firmó el 13 de noviembre de 2008 un convenio plurianual de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México con el propósito de elaborar un “diagnóstico nacional con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en el país”.

En ese tenor, el Poder Legislativo ha sido consecuente con las disposiciones de la ley general por lo que se refiere al artículo 39, que a la letra dice:

Artículo 39.El Ejecutivo federal propondrá en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema y del programa previstos en la presente ley.

Así, desde 2008 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó recursos para llevar a cabo el citado diagnóstico: en 2008, 20 millones; en 2009, 9 millones; y en 2011, 15 millones.

De esa forma, entre febrero y septiembre de 2010, la misma Segob informaba a la Cámara de Diputados que el diagnóstico de referencia estaba en la etapa de observaciones, las cuales eran atendidas por la Universidad Nacional Autónoma de México, de conformidad con el convenio signado.

No obstante, la información oficial –proveniente de los informes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y de la Segob, expuestos ante la Cámara de Diputados– daba cuenta de que el interés institucional se había centrado en la elaboración de los “estudios complementarios”, también previstos en la fracción XII del artículo 42, pasando por alto que lo primordial era formular el diagnóstico nacional.

Entre las razones expuestas por los funcionarios de Gobernación para justificar el retraso del diagnóstico nacional resaltaban las siguientes:

• Que la Universidad Nacional Autónoma de México, analizaba las observaciones realizadas por la Secretaría de Gobernación.

• Que las instancias que presentaron las observaciones fueron el Inmujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

• Que debido a una cláusula de confidencialidad no presentarían adelanto alguno de los resultados del diagnóstico.

• Precisaron que el término del convenio, signado el noviembre de 2008 con la UNAM, fue en octubre de 2009.

Han pasado cinco años y seguimos careciendo de un insumo básico para delinear una política nacional en la materia sobre bases reales. Tal retraso implica no contar con información objetiva para la elaboración de políticas públicas orientadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En documentos del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados se ha abordado la idea de la existencia del diagnóstico nacional en cita. Sin embargo, en la Ley General de Acceso no se dispone que dicho insumo tenga carácter confidencial o reservado; por tanto, estamos convencidos de que en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas debe ser publicado.

Pese a ello, es menester actualizar el citado diagnóstico nacional, más aún porque contamos ya con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2011, publicada por el Inegi –que detalla el grado de violencia ejercido contra más poco más de la mitad de la población, en los ámbitos nacional y estatal–, y también porque recientemente la Secretaría de Gobernación, en su sexto informe de labores, dio a conocer que a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se acordó impulsar “la homologación de los sistemas de información de los bancos estatales de casos de violencia contra las mujeres para hacerlos compatibles y poder alimentar el banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres”, que debe sustentar la actualización del diagnostico nacional.

No olvidemos, compañeras y compañeros legisladores, que México ha ratificado diversos tratados internacionales en materia de erradicación de violencia contra la mujer. Por ello se genera la inaplazable necesidad de analizar el contenido de estos instrumentos con el objeto de contribuir al conocimiento del ordenamiento jurídico y promover la cultura de la legalidad; tal es el caso de la Convención de Belém do Pará, ratificada en 1998.

Esa convención tiene carácter vinculante para México y establece la obligación de cumplirlas disposiciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Por lo anterior, en función de la interpretación de la norma fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considero conveniente establecer la siguiente tesis de jurisprudencia:

Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión “... serán la Ley Suprema de toda la Unión... “parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben de emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la ley fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la ley suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destaca: supremacía del derecho federal frenarte al local y misma jerarquía de los dos en sus variantes lisa y llana, con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley suprema la que se calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente de la ley fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se aplica que el constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de las entidades federativas y, por medio de su gratificación, obliga a sus autoridades . otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa que en esta materia no existe limitación competenciada entre la federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido de tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado puedan obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos esta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la ley fundamental, el cual ordena que “las facultades que no están expresamente concedidas en esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”. No se pierde de vista que en su anterior conformación, este máximo tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P.C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro “Leyes federales y tratados internacionales. Tienen la misma jerarquía normativa”; sin embargo, este tribunal pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.

En virtud de estos argumentos, reiteramos la necesidad de contar con datos fidedignos que nos permitan erradicar el problema.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Gobernación, doctor Alejandro Poiré Romero, a actualizar y expedir el diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia contra mujeres y niñas del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Notas:

1 En realidad se trata de una imprecisión que no ha sido corregida; la fracción XII corresponde al artículo 42.

2 En torno del banco nacional, señala el sexto informe de labores de la Segob (de septiembre de 2012):

Del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Gobernación presidió tres sesiones ordinarias y una extraordinaria: Dentro de los principales acuerdos destacaron (...), la homologación de los sistemas de información de los bancos estatales de casos de violencia contra las mujeres para hacerlos compatibles y poder alimentar el banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres,y la formación de una mesa de trabajo para la revisión y propuesta de reforma del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

3 Novena época, pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 1999; página 46.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo deSan Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputada Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.