Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sírvase la Secretaría hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 306 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(11:16 horas): Y por lo tanto, se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 28 de noviembre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva.

De la Secretaría de Gobernación

Dos, con las que remite contestaciones a punto de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos al Programa del Sistema de Supervisión y Control Vehicular, y a la importación de papa fresca.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Con el que remite acuerdo, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se destinen recursos al Fondo Metropolitano del Valle de México.

Del Congreso del estado de Puebla

Con el que remite acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se incremente el presupuesto del sector educativo.

Iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Federal

Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación)

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SE y de la Sagarpa, se proteja la producción nacional de maíz blanco y se brinde apoyo a los productores mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Ma. Villaseñor Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones correspondientes del sector agropecuario, especialmente a la Sagarpa, a la SE, FIRA y Financiera Rural, para acordar las acciones necesarias y responsables a fin de comercializar la producción de maíz, del ciclo primavera-verano 2012, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Tabasco, para que etiquete y transparente los recursos de la solicitud de crédito que le fue autorizada por el Congreso Estatal el 16 de noviembre de 2012, para inversiones públicas productivas, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Agenda política

Comentarios relativos al 101 aniversario de la Expedición del Plan de Ayala, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6° y 19 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, a cargo del diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y suscrita por el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y expide la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 215-A del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77, 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 32 Bis a la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11 y 89 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Román Alfredo Padilla Fierro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 10 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que cumpla con las disposiciones relativas a los derechos de los enfermos en situación terminal e implemente acciones reales en materia de cuidados paliativos, a cargo de la diputada Flor Ayala Robles Linares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, genere acciones y políticas públicas encaminadas a prevenir, reducir y atender el embarazo adolescente, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, elabore, ejecute y evalúe dentro del programa “Mejores Escuelas”, políticas públicas en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de los sanitarios y bebederos en las escuelas de educación básica, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Comisionado Mexicano de la Comisión Internacional de límites y aguas entre México y Estados Unidos, para que haga pública la información referente al posible acuerdo que modificaría el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, en caso de escases o sequía; y, a que no firme ningún acuerdo hasta que el Congreso de la Unión conozca los perjuicios o beneficios que traería la adopción de tal acuerdo, suscrito por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de los Estados Unidos de América y a la Legislatura del Estado de Nueva York, para que aprueben la ley de trabajadores agrícolas, así mismo se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Oaxaca, para que realice un reconocimiento y se otorgue la condecoración “Miguel Hidalgo”, a la activista migrante Librada Paz Rojas, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur, para que incorpore al titular de la Secretaría de Turismo del gobierno de Jalisco, al seno de los trabajos del Comité de Rutas Aéreas Turísticas para Fortalecer la Conectividad del País, a cargo del diputado Rafael González Resendiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se hagan públicos los avances que guarda la atención de la muerte materna en el país, y para que se diseñen y apliquen políticas públicas destinadas a combatirla, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que organice e instale el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; asimismo, para que sea instalado antes del 1o. de diciembre, suscrito por los diputados Francisco Javier Fernández Clamont y Gerardo Xavier Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las instancias competentes, se implemente una estrategia nacional orientada a detener el alza de los precios de la canasta básica alimentaria, garantizando con ello que las familias mexicanas no se vean afectadas en el cierre del año y la denominada “Cuesta de Enero”, a cargo de la diputada Ma. Leticia Mendoza Curiel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la SHCP y de la SRE, garanticen reapertura de la garita “San Ysidro-Tijuana” en el estado de Baja California, así como su operación normal, suscrito por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintisiete de noviembre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos cuarenta y cuatro diputadas y diputados, a las once horas con veintitrés minutos del martes veintisiete de noviembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, no habiendo oradores registrados en votación económica se aprueba.

En su oportunidad, se concede el uso de la palabra para solicitar modificación en el Orden del Día, y sobre diversos temas legislativos a los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; desde su curul, Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano; y Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones, y en votación económica no se autoriza modificar el Orden del Día.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política:

• Relativas a cambios de integrantes de comisiones ordinarias. De enterado. Comuníquese.

• Por la que modifica la integración de la Comisión de Investigación para la Revisión del Funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros. Se concede el uso de la palabra para referirse al tema a los diputados Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Silvano Blanco Deaquino, y María del Socorro Ceseñas Chapa, ambos del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones, y en votación económica se aprueba. Comuníquese.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Por la que solicita los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Guadalupe Estefanía Ríos Pacheco, Manuel Martínez Rabelero y Leticia Marbella Matías Matías, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en su Consulado General de Guadalajara, Jalisco y en su Agencia Consular en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; e informa que los ciudadanos Bruma Annete Estrella Fong, Elena Evelyn Terrazas Iglesias, Leandro Eduardo López Schaper y Mercedes González Gutiérrez, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y en sus Consulados Generales, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Nogales, Sonora, y en Monterrey Nuevo León. Las solicitudes de permiso se turnan a la Comisión de Gobernación, para dictamen. Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, comuníquese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• Con la que remite informe de avance del Programa para incrementar la eficiencia operativa en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, correspondiente al tercer trimestre de dos mil doce. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

• Con la que remite el Informe Trimestral dos mil doce, respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

• Con la que remite Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de dos mil doce. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

• Con la que remite el Informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondiente al quinto bimestre del año dos mil doce. Se remite a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con la que remite los Indicadores Operativos y Financieros de Petróleos Mexicanos, correspondientes al Primer Semestre de dos mil doce. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, para su conocimiento.

• Dos, con las que remite contestaciones a punto de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa; y a las tarifas eléctricas, de consumo doméstico en las localidades del Estado de Chihuahua. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

c) Del Gobierno del estado de Guanajuato, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

d) De la Cámara de Senadores, con las que remite cuatro proposiciones con puntos de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se asignen recursos a diversos ramos, presentadas por senadoras y senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

e) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la que informa que durante el mes de octubre de dos mil doce, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

f) De los Congresos de los estados de:

• Baja California, con la que remite acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece se asigne mayor presupuesto a la Secretaría de Salud del estado.

• Durango, con la que remite acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece se otorguen recursos emergentes para el control y combate de la plaga de descortezadores que ataca a las zonas boscosas del estado de Durango.

• México, con la que remite acuerdo para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece se asigne al ramo educativo un equivalente no menor al ocho por ciento del Producto Interno Bruto.

• Puebla, dos, con las que remite acuerdos para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece se incremente el presupuesto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y se incorpore una partida suficiente para la realización de un catálogo de obras de arte sacro.

Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

g) De la Cámara de Senadores, por las que remite Minutas con proyecto de decreto que:

• Reforma el artículo noventa de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Concede permisos a los ciudadanos:

– Leonardo González García, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

– Jorge Humberto Pastor Gómez, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Se turnan a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

A las once horas con cincuenta y nueve minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos sesenta y nueve diputadas y diputados.

h) De la Junta de Coordinación Política, por la que se establecen los criterios para conformar y designar las delegaciones permanentes que representarán a la Cámara de Diputados ante organismos y asambleas parlamentarias internacionales, así como las que asistirán a reuniones interparlamentarias y a reuniones por invitación especial. Se concede el uso de la palabra para intervenir en contra al diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria doce dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación, que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario; para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros; y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas. Se someten a discusión en lo general, y no habiendo oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos nueve votos a favor y catorce abstenciones, se aprueban en lo general y en lo particular los proyectos de decreto. Pasan al Senado y al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, según correspondan.

En el capítulo de Agenda Política, hacen comentarios relativos a la admisión a la Organización de las Naciones Unidas del Estado Palestino, Libre, Independiente y Soberano, con las fronteras anteriores al conflicto de mil novecientos sesenta y siete, los diputados: Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo; Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México; José Antonio León Mendívil, del Partido de la Revolución Democrática; Glafiro Salinas Mendiola, del Partido Acción Nacional; y Raymundo King de la Rosa, del Partido Revolucionario Institucional.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto del diputado José González Morfín, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se concede el uso de la tribuna para presentar las siguientes iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

a) María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

b) Mario Dávila Delgado, a nombre propio y de los diputados del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo trescientos cuarenta y tres-A de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

c) Heriberto Manuel Galindo Quiñones, a nombre propio y de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el Decreto por el que se crea la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri, Legisladores de mil novecientos trece”, y reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de mil novecientos trece”. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

d) Carlos Alberto García González, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cuarenta y ocho, y cuarenta y nueve de la Ley de Coordinación Fiscal, y ochenta y cinco de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

e) Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos octavo, cincuenta y uno, y cincuenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

f) María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

g) María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley General para el Combate de la Obesidad y Trastornos en la Conducta Alimentaria de la Niñez y Juventud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, y a las Comisiones de Derechos de la Niñez, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

h) Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a las Comisiones de Fortalecimiento al Federalismo, y de Desarrollo Municipal, para opinión.

i) Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

j) Nabor Ochoa López, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Municipal, para opinión.

k) José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

l) Alfa Eliana González Magallanes, del Partido de la Revolución Democrática, que expide el Reglamento de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

m) Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

n) Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo noveno de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, para opinión.

o) Cecilia González Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento veintinueve de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y treinta y cinco de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

p) Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se reciben iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

a) Simón Valanci Buzali, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Energía, para dictamen.

b) Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo octavo de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.

Se da cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a la integración de la Comisión de Investigación para la Revisión del Funcionamiento de los Usuarios de las Servicios Financieros. Se concede el uso de la palabra para intervenir en pro al diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo aquellas cuyos proponentes solicitaron a la Secretaría sean inscritas en la próxima sesión. En consecuencia se turnan las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

a) Silvia Márquez Velasco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Educación Pública y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a sentar las bases necesarias a fin de crear el Fondo Nacional de Prevención de la Diabetes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

b) Gerardo Peña Avilés, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública, para que vigile el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, durante el periodo de transición y entrada en funciones de la siguiente administración, a fin de que se salvaguarden los derechos de los servidores públicos que han obtenido su plaza mediante concurso. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

c) María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a Nuevas Inversiones en Salud, Recursos del Fondo de Desastres Naturales y del Fondo de Reconstrucción Federativa. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

d) Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que cumpla con lo establecido en el Acuerdo A/145/10, referente a la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, garantizando sus funciones de investigación de los delitos cometidos contra periodistas dentro del territorio nacional. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

e) Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza y suscrita por el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, implemente un programa permanente de detección y tratamiento preventivo del cáncer de próstata. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

f) José Enrique Reina Lizárraga, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, a crear un grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y permisionarios de la pesca de camarón del Golfo de California y delta del Río Colorado, de los estados de Sonora y Baja California, a fin de que se demuestre la supuesta eficacia del nuevo arte y equipo de pesca del camarón que se quiere implementar en la NOM-002-PESC-mil novecientos noventa y tres. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

g) Trinidad Secundino Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a las Prácticas Monopólicas y Regulación de Mercados. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

h) Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a negar la autorización del proyecto “La Ensenada” en la Isla Holbox, dentro del Área Natural Protegida de Yum Balam, en Lázaro Cárdenas, estado de Quintana Roo, así como para que se apruebe y publique el programa de manejo correspondiente a dicha Área Natural. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

i) Francisco Alberto Zepeda González, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la concesión del tramo carretero de la autopista Armería-Manzanillo y las obras de ampliación de la carretera libre Manzanillo-Armería. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

j) Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Querétaro, para que a través de sus dependencias correspondientes, se realicen las acciones necesarias, a fin de verificar las condiciones laborales de las empresas instaladas en la entidad, el trato que otorgan a los trabajadores y sus condiciones de operación. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

k) Roberto López Rosado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de Reforma Agraria, para que impulsen las acciones pertinentes para dar solución al conflicto territorial de la Zona de los Chimalapas, que durante cuarenta y cinco años ha mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

l) María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud, establezca las modificaciones necesarias en la NOM-007-SSA2 Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, a fin de garantizar, promover y privilegiar la atención humanizada a la mujer. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

m) Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que integre a la brevedad el Consejo Nacional de Productos Orgánicos, emita los lineamientos, el distintivo nacional y demás instrumentos regulatorios para la producción orgánica. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

n) Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a las medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del Programa “Albergues Escolares Indígenas” y de diversas instituciones educativas, en el estado de Oaxaca. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y Asuntos Indígenas, para dictamen.

o) Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, realicen las investigaciones necesarias para determinar en su caso, omisiones en la aplicación de las normas ambientales, que han provocado el deterioro de las condiciones sociales y ambientales en la cuenca hidrológica del río El Carmen. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

p) Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros “Casasano La abeja” y “Emiliano Zapata”, ubicados en el estado de Morelos, se considere de manera preferente la propuesta del Ejecutivo Estatal de participar en el mismo. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

q) Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, para que durante los operativos del Programa Guerrero Seguro, se actúe con apego a la legalidad, sin violar las garantías de los ciudadanos. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

r) Eva Diego Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que otorgue una prórroga a quienes tienen concesiones vencidas para el uso del agua con destino agrícola. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

s) Fernando Jorge Castro Trenti y diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aumente la supervisión en las aduanas, y a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Instituto Nacional de Migración, incremente y refuerce la vigilancia del Programa Paisano. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, para dictamen.

t) Luis Miguel Ramírez Romero, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación, para que realice un análisis detallado sobre la situación que guardan las finanzas públicas del Municipio de Cuernavaca, Morelos, y a la Secretaría de la Función Pública para que realice las investigaciones y en su caso emprenda acciones legales contra los funcionarios públicos que resulten responsables por el daño patrimonial a la Hacienda Pública de dicho municipio. El primer resolutivo se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su atención, y el segundo resolutivo se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

u) Mario Rafael Méndez Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los asuntos mineros. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

v) Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, en relación al predio conocido como “La Mexicana”, que forma parte del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, ubicado en las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

w) Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realice los trabajos necesarios para entregar la credencial para votar fuera del territorio nacional, a los ciudadanos que se encuentran en el extranjero, así como celebrar con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes, en relación a la credencial de Elector. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

x) Minerva Castillo Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Ejecutivo Federal, publique en el mes de noviembre, el Reglamento de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

y) Andrés de la Rosa Anaya, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Reguladora de Energía, para que se sancione o en su caso, se cancele el permiso de suministro dado a la empresa Gas Butano Propano de Baja California, Sociedad Anónima de Capital Variable mejor conocida como Z Gas, por la suspensión del suministro de gas, que sin previo aviso a sus clientes ni a las autoridades gubernamentales se dio el pasado dieciocho de octubre. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Energía, para dictamen.

z) Gerardo Villanueva Albarrán, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a diversos Jefes Delegacionales para que transfieran instalaciones para la conformación de centros deportivos de alto rendimiento. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

aa) Por diputados integrantes de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que suspenda el estado de sitio inconstitucional que se vive en los alrededores de la Cámara de Diputados y en su interior. Se turna a la Mesa Directiva.

bb) María de Jesús Huerta Rea, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública, de a conocer a la opinión pública, la situación de las mujeres que se encuentran recluidas, y atienda la problemática que se suscita en los Centro de Rehabilitación Social con este sector de la población, apegándose a las leyes, tratados y convenciones que rigen la materia. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

cc) Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita Ejecutivo Federal, fortalezca los programas y los mecanismos de atención para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de que puedan ser implementados de manera eficiente y equitativa. Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

dd) Blanca Estela Gómez Carmona, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que actualice y expida el Diagnóstico Nacional sobre todas las formas de Violencia contra Mujeres y Niñas. Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el miércoles veintiocho de noviembre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con un minuto.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

MODIFICACION DE TURNO DE INICIATIVA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno, de la siguiente

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el diputado Nabor Ochoa López y suscrita por el diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 13 de noviembre de 2012.

“Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, para opinión.”

México, DF, a 28 noviembre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara, se modifica el turno, actualícense los registros parlamentarios.

SISTEMA DE SUPERVISION Y CONTROL VEHICULAR

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0076, signado por el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-712/2012, suscrito por la ciudadana Sofía Fernández del Castillo Quintana, directora general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Programa del Sistema de Supervisión y Control Vehicular.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/2686/12, de 18 de septiembre de 2012, mediante el cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, remite copia del punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 18 de septiembre de 2012 por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, cuyos resolutivos cito a continuación:

“Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que se rea-lice, a través de las dependencias correspondientes, un análisis sobre la eficiencia y eficacia del programa del Sistema de Supervisión y Control Vehicular y los resultados que ha tenido la aplicación del mismo.

”Segundo.Asimismo, se suspenda a la brevedad posible la operación del programa del Sistema de Supervisión y Control Vehicular en las garitas internacionales dentro de la franja fronteriza del norte del país, hasta en tanto no se obtenga el resultado del análisis en comento.”

En atención a ello, me permito ofrecer la respuesta que, en términos de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obsequió el licenciado Alberto Fernández Oviedo, director general adjunto de Planeación de Infraestructura Carretera, de la Dirección General de Carreteras, mediante oficio 3.4.01.-167, de 20 de noviembre de 2012, que se adjunta al presente para los fines conducentes.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de noviembre 2012.— Sofía Fernández del Castillo Quintana (rúbrica), directora general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestra Sofía Fernández del Castillo Quintana, directora general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.— Presente.

En atención a su oficio 1.3.-555-2012 referente al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados exhortando al ejecutivo para:

1. Que se revise la eficacia del programa Siave.

2. Que se suspenda hasta no tener el análisis de los resultados.

Le informo a usted que por el momento no es posible responder favorablemente al exhorto que hace la Cámara de Diputados, toda vez que el propósito de las inversiones realizadas en seguridad fronteriza son prioridad de la administración federal.

Asimismo, las dependencias gubernamentales involucradas en el programa Siave hemos analizado que la operación de dicho programa no representa un incremento en los tiempos de cruce en los puntos fronterizos y por lo tanto no afectan los flujos comerciales o el turismo entre los dos países. Sin embargo los beneficios se reflejan en los distintos cruces donde se ha implementado dicho programa donde se percibe una frontera más segura.

Atentamente

México, DF, a 20 de noviembre de 2012.— Alberto Fernández Oviedo (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara, se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

IMPORTACION DE PAPA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En respuesta al oficio número D.G.P.L 62-II-8-0179 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100. 2012. DGE. 651 suscrito por la maestra Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, directora general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la importación de papa fresca a territorio nacional.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de noviembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SEL/ UEL/ 311/ 2885/ 12, del 16 de octubre del año en curso, me permito enviar respuesta al punto de acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados, relativo al siguiente resolutivo:

“Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al gobierno mexicano por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y a la Secretaría de Economía, a evitar la importación de papa fresca a territorio nacional.”

Al respecto, la Subsecretaría de Comercio Exterior informa que México ha importado papa en la franja fronteriza desde antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Para ser precisos, en 1993 se realizaron importaciones por 31 mil 328 toneladas de este tubérculo, con un valor de 7.8 millones de pesos, mientras que en 2011, se importaron 86 mil 547 toneladas, con un valor de 45.8 millones de pesos.

Cabe señalar que 94 por ciento de las papas que México importa provienen de Estados Unidos de América, por lo que podemos decir que este es un flujo comercial altamente concentrado con ese país. Durante el primer año de vigencia del TLCAN, por ejemplo, el arancel aplicado a la importación de papa fresca era de 261 (261.1) por ciento, y se fue reduciendo gradualmente año con año, hasta llegar a cero por ciento en 2003.

Por otra parte, en 2011, la producción de papa en nuestro país alcanzó 1.4 millones de toneladas, con un valor superior a los 9 mil millones de pesos. Es importante notar que la producción de papa en México se concentra en 23 estados de la república, siendo Sinaloa (19 por ciento ), Sonora (19 por ciento), Nuevo León (9 por ciento), Estado de México (7 por ciento), y Chihuahua (7 por ciento) los mayores productores del tubérculo. No omito señalar que la producción total en ese año se redujo 6.7 por ciento con respecto a la alcanzada en 2010 (1.6 millones de toneladas), y si tomamos en cuenta la producción de papa en el periodo 2007-2011, ésta decreció 18 por ciento (18.1 por ciento) al pasar de 1.8 millones de toneladas en 2007 a 1.4 millones en 2011.

Asimismo, no hay que perder de vista que un comercio regulado de la papa es positivo cuando las medidas de mitigación de riesgos fitosanitarios son observadas y su cumplimiento vigilado por la autoridad. De hecho, la rigidez de la regulación actual ha fomentado no sólo el contrabando de papa, sino también la falsificación de certificados fitosanitarios y la movilización de papa al resto de territorio nacional sin ningún control.

Adicionalmente, dicha regulación impone condiciones sanitarias más estrictas a los productos de importación que a los nacionales (lo que es discriminatorio y, en consecuencia, violatorio de los acuerdos internacionales), generando desabasto de papa para consumo, y para la industria al existir una oferta errática y estacional de variedades de papa, así como calidades irregulares. Pero lo más importante, es que un comercio regulado de la papa fresca para consumo que respete las medidas sanitarias y fitosanitarias vigentes en México, genera una sana competencia, suprime oligopolios y, lo más importante, repercute positivamente en el precio del producto, en beneficio de consumidor nacional.

El gobierno federal tiene la encomienda no sólo de velar por los intereses de la industria agrícola nacional, sino de favorecer su crecimiento y su competitividad como uno de los pilares sobre los que se sostiene nuestra política de desarrollo. Por ello, debe quedar claro que durante los procesos de integración comercial con otros países, se negocian diversos aspectos que involucran el acceso a los mercados bilaterales de bienes y servicios, con la voluntad de llegar a acuerdos que beneficien tanto a nuestros productores como a los consumidores.

En las diversas negociaciones celebradas por México que han involucrado diversos sectores, entre ellos el agrícola, el gobierno federal siempre ha protegido el interés de los productores y de la industria nacional, dejando en claro que no se permitirá el ingreso de productos agroalimentarios que incumplan con la normatividad sanitaria y fitosanitaria vigente en nuestro país. Todos nuestros productos de exportación, y los de nuestros socios comerciales actuales y futuros, han sido y seguirán siendo objeto de riguroso análisis, a fin de asegurar un comercio en el que se observen, en todo momento, las medidas sanitarias y fitosanitarias que protegen la vida y la salud humana, así como la salud animal y vegetal en nuestro país. Sin embargo, y a pesar de las medidas que siempre se han tomado en cuanto a la importación de productos agrícolas a nuestro país, se ha difundido en diversos medios de comunicación que se ha negociado el libre acceso de papa proveniente de Estados Unidos de América como condición para la incorporación de México a las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), dejando a un lado la protección del patrimonio fitosanitario de México. Dicha afirmación es falsa, en virtud de que existe el compromiso de que las relaciones comerciales siempre estarán sujetas a las medidas necesarias para asegurar un adecuado nivel de protección frente a los riesgos sanitarios asociados a ese tubérculo.

Finalmente, es preciso apuntar que México y Estados Unidos comparten una relación comercial muy intensa: Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. En 2011 representó casi 79 por ciento de nuestras exportaciones y prácticamente 50 por ciento de nuestras importaciones, lo que se tradujo en 64 por ciento de nuestro comercio total; mientras tanto, México es el segundo mercado de exportación para Estados Unidos y el comercio con México genera 6 millones de empleos en aquel país.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 16 de noviembre de 2012.— Maestra Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), directora general de Enlace.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara, se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VI Legislatura.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XXI, 36 fracciones V y XX de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hace un atento llamado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que prevean y disponga en el decreto de presupuesto de 2013, de la cantidad de 5 mil millones de pesos, para que sean destinados al Fondo Metropolitano del Valle de México.

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del conocimiento de la diputada Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Sírvase encontrar, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 21 de noviembre de 2012.— Diputado César Daniel González Madruga (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VI Legislatura.

El suscrito diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, con fundamento en los artículos 17, fracción VI de la Ley Orgánica y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y demás artículos relativos y aplicables de ambos ordenamientos, presento ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hace un atento llamado. al presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que, respectivamente, prevean y dispongan en su proyecto y en el decreto de presupuesto de 2013, la cantidad de 5 mil millones de pesos, para que sean destinados al Fondo Metropolitano del Valle de México, conforme a los siguientes:

Antecedentes

1. La zona metropolitana es el conjunto de dos o más municipios, demarcaciones territoriales o asentamientos humanos en los que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración económica.

También se considera zona metropolitana, a todos aquellos municipios, demarcaciones, territoriales o asentamientos humanos que contienen una ciudad de un millón o más de habitantes y aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes, que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.

2.Desde 1940, varias ciudades del país han tenido expansión física sobre el territorio de dos o más estados o municipios, formando zonas metropolitanas que han ido creciendo y desempeñando función estratégica en el proceso de urbanización del país.

3. En 2006, fue creado el Fondo Metropolitano por el Ejecutivo federal, sus reglas de operación publicadas en 2008, con la finalidad de atender las necesidades de las metrópolis del país.

Opera bajo dos principios: la tendencia acelerada de México a concentrar cada vez más población y actividad económica en zonas metropolitanas; y el reconocimiento de que una metrópoli es un territorio con peculiaridades que exigen acciones específicas del Estado mexicano, particularmente porque para gobernarlas, administrarlas y planificarlas, se requiere la concurrencia y coordinación de un conjunto de jurisdicciones político-administrativas que las integran, destinándose los recursos asignados a estudios, proyectos y otras acciones orientadas al desarrollo coordinado, ordenado y sustentable de las metrópolis.

4. El Presupuesto de Egresos 2012, en su Anexo 12 establece que existen 47 fondos metropolitanos, en donde gobiernos de las entidades federativas toman decisiones sobre su asignación y aplicación, a través de un consejo de desarrollo metropolitano.

5.Desde sus orígenes, la zona geográfica que actualmente ocupa la Ciudad de México era el núcleo de las actividades económicas, políticas, religiosas, sociales y culturales del país.

En la actualidad, en el aspecto económico, la Zona Metropolitana del Valle de México genera un poco más del 31 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, concentrando más de 21.4 por ciento de los establecimientos productivos del país.

Igualmente es el sector más representativo del comercio con aproximadamente 323 mil establecimientos, lo que se traduce en 22 por ciento del total nacional, seguido por el sector servicios privados no financieros que representó 22 por ciento y la industria con 17 por ciento.

Asimismo, el Distrito Federal y el estado de México concentraron los productos internos brutos más importantes de la república mexicana, seguidos por Nuevo León y Jalisco.

6. En el Distrito Federal se han realizado obras de gran envergadura con cargo al Fondo Metropolitano; gracias a este dispositivo financiero se han concluido o estén por concluir importantes proyectos en la capital, tales como los siguientes:

Considerandos

Primero. Que el realizar una gestión en zonas metropolitanas, implica concurrencia de dos o más gobiernos municipales y en ocasiones estatales con sus correspondientes autoridades.

Esta disposición de recursos permite, entre otros, a los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México; hacer importantes inversiones en obras y servicios públicos como transporte, alcantarillado, electricidad, agua, etcétera. Tan sólo en 2010, el gobierno del Distrito Federal ejerció 72 mil 632.5 millones de pesos en obras.

En ese marco, se han originado dispositivos jurídicos y administrativos para que ambas entidades federativas se coordinen en las materias más importantes del servicio público en esta zona metropolitana y, así, estar en posibilidad de atender debidamente a la población, independientemente de su residencia, en una Ciudad de México, donde se requiere transporte, luz, alcantarillado, agua y demás servicios debidamente interconectados entre el estado de México y el Distrito Federal.

Por ello, en ambas entidades federativas se han emitido leyes de coordinación metropolitana que con su aplicación cada vez más dinámica, se constituyen en un importante instrumento para la cooperación entre ellas.

Segundo. Que en el Distrito Federal, legisladores y autoridades hemos sorteado diversos obstáculos para alcanzar la creación de una Ley de Desarrollo Metropolitano del Distrito Federal, la suscripción de acuerdos, la armonización de diferencias en la normatividad urbana y otras disposiciones aplicables, mostrando voluntad y eficacia en la aplicación de procesos y mecanismos de asignación y utilización.

Tercero. Que a partir de la asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las partes involucradas abonan a la planeación y administración integral del territorio, una gestión eficiente de servicios públicos y que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos, claves en el desarrollo sustentable de la zona metropolitana que comparte.

Cuarto. En la zona metropolitana que comparten los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México, destinan recursos muy importantes, comparados con otras entidades federativas, ante la enorme cantidad de concentraciones humanas, que asimismo, demandan más servicios y la coordinación de esfuerzos para satisfacer necesidades de población del estado de México y Distrito federal.

Quinto. Estos recursos se incrementan con las participaciones federales, las que aun siendo importantes, resultan insuficientes ante el cúmulo de necesidades a resolver, por lo que las y los diputados a la Asamblea Legislativa, estamos obligados a velar por las intereses de los habitantes de esta zona, para garantizarles mejor calidad de servicios, conscientes de que son necesarios los recursos federales y que en el caso, se justifica plenamente el llamado que hacemos al titular del Ejecutivo federal y a la propia Cámara de Diputados, para que en uso de sus atribuciones destinen la cantidad que esta representación popular solicita.

Sexto. Que, conforme a los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, corresponde al ahora presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos presentar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, a más tardar el 15 de diciembre del año 2012.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un atento llamado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que prevea y disponga en el Decreto de Presupuesto de 2013, la cantidad de 5 mil millones de pesos, para que sean destinados al Fondo Metropolitano del Valle de México.

Notas:

1. Instrumento para la Evaluación del Fondo Metropolitano, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaría de Egresos.http://www.transparencíapresupuestaría.gob.mx).

2. Ibídem.

3. Ver Declaratoria de la Zona Metropolitana del Valle de México,Gaceta Oficial del Distrito Federal, del 23 de enero de 2005.

4. Conforme a la Cuenta de la Hacienda Pública del Distrito Federal, 2010.

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 16 de noviembre de 2012.— Diputados: Héctor Saúl Téllez Hernández, Ana Julia Hernández Pérez, Fernando Espino Arévalo, Laura Iraís Ballesteros Mancilla (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.

Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En sesión pública ordinaria de la Quincuagésimo Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, celebrada con esta fecha, se tuvo a bien aprobar el acuerdo por virtud del cual

Primero. Exhórtese, respetuosamente, al Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades, considere prioritario el incremento al presupuesto del sector educación pública para el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercido Fisca de 2013, dando cumplimiento de lo establecido por la Ley General de Educación, que considera como óptimo el equivalente al 8 por ciento del PIB nacional.

Segundo. Se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que en uso de sus atribuciones priorice el aumento al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, a la educación enfocada a atender a la población indígena de nuestro país.

Tercero.Exhórtese a las treinta legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que, de así considerarlo, se adhieran al presente.

Por lo anterior, se adjunta a la presente copia del acuerdo respectivo, para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, le reiteramos nuestra distinguida consideración.

Atentamente

Heroica Puebla de Zaragoza, a 15 de noviembre de 2012.— Diputado Enrique Nacer Hernández (rúbrica), Presidente; Diputado Felipe López Campos (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.

El honorable Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla

Considerando

Que en sesión pública ordinaria de esta fecha, vuestra soberanía tuvo a bien aprobar, con dispensa de trámite por urgente y obvia resolución, el acuerdo presentado por el diputado Guillermo Aréchiga Santamaría, por virtud del cual se exhorta de manera respetuosa al Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades considere prioritario el incremento al presupuesto del sector educación pública, para el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2013, dando cumplimiento de lo establecido por la Ley General de Educación, que considera como óptimo el equivalente al 8 por ciento del producto interno bruto nacional.

Que la educación como un derecho está considerada a nivel nacional e internacional como una garantía individual universal, correspondiendo a los Estados otorgarla a su población. Dicha garantía está considerada por nuestra Carta Magna desde su promulgación en 1917.

El artículo 25 de la Ley General de Educación establece que “el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos”.

Que el pasado dieciocho de octubre, el Senado de la República exhortó a la Cámara de Diputados por medio de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el transcurso de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, se considere aumentar el presupuesto educativo, en la proporción suficiente para dar cumplimiento de la Ley General de Educación, asignando el 8 por ciento del producto interno bruto de nuestra nación.

Como representantes populares debemos presentar alternativas para solucionar los problemas que enfrenta nuestro país, tal es el caso de la seguridad pública, que estamos seguros, no mejorará creando más y mejores cárceles, para el caso tenemos que concebir una sociedad más equitativa, siendo la educación la mejor herramienta humana forjada para tal fin.

Los recursos federales asignados a la educación siguen estando lejos del lugar privilegiado que en los discursos ocupa. La educación debe ser un tema prioritario para el país.

El sistema educativo ha experimentado fenómenos demográficos que le han significado hacer un esfuerzo extraordinario, acentuándose en la cobertura. De 1950 a 2010, la demanda educativa en México aumentó alrededor de 10.6 veces, mientras que la explosión demográfica lo hizo en cuatro veces. A pesar de ello México ha cumplido en los niveles de educación primaria y secundaria con la cobertura universal, por lo que es necesario incrementar la cobertura en el nivel preescolar, para que todos los niños desde temprana edad tengan las mismas oportunidades de desarrollo. De la misma forma, el aumento en el presupuesto debe impulsar el cumplimiento de la reciente reforma educativa, que considera como obligatoria la educación media superior.

El trayecto aún es largo, ya que cerca de 8 millones de niños y jóvenes de entre 3 y 18 años de edad no asisten a la escuela. Esto es equivalente llenar el Estadio Azteca 76 veces. Además aproximadamente la mitad de los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad no asiste a la escuela.

Por otra parte, el incremento en el presupuesto para la educación debe privilegiar el mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura educativa, así como el equipa miento de los centros educativos con las nuevas tecnologías.

La implementación de dichas acciones tendrá como consecuencia natural la protección y garantía de los derechos a los que todos los mexicanos, sobre todo los más vulnerables, deben tener acceso. Con el mismo impulso exigimos que no se descuide más a los sectores que históricamente han sido marginados del desarrollo en nuestro país, como es el caso de nuestros hermanos indígenas. Consideramos indispensable que se incrementen los fondos para la educación indígena y que se otorguen condiciones equitativas de inclusión y superación social.

El enfoque del Presupuesto de 2013 debe ser oportuno, preciso, pertinente, eficiente, equitativo y con visión de futuro, dotando de más recursos a los ámbitos de la tecnología aplicada a la educación, así como a la enseñanza del inglés, cuya impartición ya es una obligación proyectada para cumplirse en el mediano plazo en nuestro estado.

En palabras del rector de la UNAM, José Narro Robles: tenemos que dar el gran salto de un México desigual a uno con justicia social. En esa tarea, es fundamental la inversión en el sector educativo, pues se trata de recursos con un retomo asegurado y ganancias sociales.

México requiere más escuelas, porque constituyen el principal antídoto contra las conductas antisociales. Tenemos que volver a dar a la enseñanza la importancia histórica que ha tenido, sobre todo, ofrecer opciones a los jóvenes.

Es por ello que los diputados de esta Quincuagésimo Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado de Puebla tenemos claro que el ejercicio de dicho presupuesto tendrá que ser estratégico, sin dispendio alguno en áreas que no generen una rentabilidad social, siempre bajo la óptica de la transparencia y la rendición de cuentas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 121 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se emite el siguiente

Acuerdo

Primero.Exhórtese, respetuosamente, al Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades, considere prioritario el incremento al presupuesto del sector educación pública, para el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2013, dando cumplimiento de lo establecido por la Ley General de Educación, que considera como óptimo el equivalente al 8 por ciento del producto interno bruto nacional.

Segundo.Se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que en uso de sus atribuciones priorice el aumento al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 a la educación enfocada a atender a la población indígena de nuestro país.

Tercero.Exhórtese a las treinta legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que, de así considerarlo, se adhieran al presente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

ARTICULOS 41, 52, 56, 74, 81 Y 99 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento que el titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese órgano Legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño al presente copias de los oficios números 315-A- 04579 y 353.A.-1044, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el dictamen de impacto presupuestario.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de noviembre de 2012.— Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esa honorable Asamblea, por el digno conducto de Usted, la presente iniciativa de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer la segunda vuelta electoral para la elección de Presidente de la República.

El proceso de democratización del país ha traído importantes avances en materia de instituciones, mismos que se han traducido en la instalación definitiva de la pluralidad y de la competencia electoral transparente y en condiciones de equidad.

El pasado 9 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial el Decreto que reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política. Dicha reforma fue producto de un sinnúmero de propuestas presentadas por las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, así como por el propio Ejecutivo Federal.

Las reformas constitucionales aprobadas por el Poder Constituyente Permanente partieron del reconocimiento de que nuestro país necesitaba de una reforma de fondo que permitiera ampliar el ejercicio de las libertades y las capacidades ciudadanas y que hiciera posible traducir en acciones públicas concretas el mandato de los ciudadanos.

En cualquier estado democrático resulta necesario garantizar que el equilibrio entre poderes no se limite a la vigilancia y supervisión, sino que considere la corresponsabilidad en la concreción de acuerdos, a la vez que la unidad en el ejercicio del poder público.

Es por esto que las reformas aprobadas por el órgano revisor de la Constitución fortalecen el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político e instituyen mecanismos que permiten consolidar nuestras instituciones. Varias de estas modificaciones están llamadas a fortalecer el poder directamente en manos de la ciudadanía al ofrecerle nuevas formas de participación pública.

Otra parte de las reformas están encaminadas a dar un nuevo equilibrio a la relación entre los poderes, de tal forma que el diseño de colaboración entre poderes fortalezca la legitimidad de las decisiones y no las obstaculice. Asimismo, generan incentivos para acrecentar el desarrollo institucional del país.

Al autorizar la existencia de las candidaturas independientes se ofrece a la ciudadanía una alternativa para participar en la integración de la representación nacional o acceder al ejercicio del poder público independiente de la que ofrecen los partidos políticos. La implementación de las candidaturas independientes fue propuesta por diversos funcionarios públicos, legisladores y la sociedad civil organizada.

Por su parte, las consultas populares son un instrumento de expresión de la voluntad popular y de representatividad democrática que no forzosamente pasan por el control de los partidos y constituyen una forma de revelar preferencias de los ciudadanos. Incluso, se pueden considerar como mecanismos no sólo de consulta, sino también de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Una de las propuestas que contó con un mayor consenso como forma de expresión directa del interés de la ciudadanía en los asuntos públicos, fue la iniciativa ciudadana. Este mecanismo de participación incentivará una alineación de los intereses de la agenda legislativa del Congreso a las preocupaciones reales de la ciudadanía.

Con la intención de fortalecer la cooperación entre poderes, que debe imperar en cualquier estado constitucional como el nuestro, y en aras de garantizar el adecuado ejercicio de la función pública, se estableció la facultad del Senado de la República, o de la Comisión Permanente en los periodos de receso, de ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica.

De igual forma, se ha modificado el sistema de sustitución presidencial, con el objeto de evitar un vació en el ejercicio del poder ante una eventual falta absoluta del Presidente de la República. Así, en caso de verificarse esta falta, el Secretario de Gobernación por ministerio constitucional, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, en tanto el Congreso nombra a un Presidente interino o substituto, según sea el caso.

El Ejecutivo federal a mi cargo reconoce la especial trascendencia de una reforma de esta magnitud. Sin embargo, el cambio social obliga a un continuo proceso de transformación institucional y a atender las oportunidades donde cambios previos no se han traducido del todo en una mayor capacidad del gobierno para atender y resolver con eficacia los problemas y necesidades de la ciudadanía.

En tal virtud, es preciso insistir en la pertinencia de concretar otras reformas constitucionales que consoliden un cambio político de trascendencia en nuestro País. Uno de los temas pendientes en esta reforma política y que fue propuesta por el Ejecutivo Federal a mi cargo en la iniciativa de reforma política que fue presentada ante el Congreso de la Unión en diciembre de 2009, es la adopción del principio de mayoría absoluta para la elección del Presidente del República, recurriendo a una segunda votación, cuando ningún candidato obtenga la mayoría necesaria para ser electo en la primera votación.

La legitimidad de los procesos electorales para elección de Presidente de la República y el fortalecimiento del respaldo absoluto del electorado para el candidato ganador de la contienda electoral son elementos que deben estar presentes en todo proceso democrático.

La presente iniciativa propone que cuando ninguno de los candidatos contendientes hubiese obtenido más del cincuenta por ciento del total de los sufragios, se realice una segunda votación en la que participen solamente los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de sufragios en la primera votación.

La segunda vuelta electoral se ha consolidado como un mecanismo de fortalecimiento de la legitimidad y actualmente se utiliza en las elecciones presidenciales de ochenta países. En esas naciones, la decisión de sustituir el principio electoral de mayoría relativa por el de mayoría absoluta respondió a la intención de fortalecer la legitimidad de los funcionarios electos, ampliando la base de apoyo necesaria para acceder al cargo.

La existencia de una segunda vuelta electoral promueve la coalición de diversos intereses, el acuerdo y las negociaciones entre partidos y candidatos, con el fin de obtener el umbral de votación establecido como mínimo para ganar. Los partidos políticos y candidatos se verán incentivados a calcular sus posibilidades reales de triunfo y, en su caso, a negociar una asociación electoral con los contendientes que juzguen apropiados.

De conformidad con el texto constitucional vigente, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se elige de acuerdo al principio de mayoría relativa. Este principio electoral por virtud del cual se determina al ganador de la elección presidencial en atención al mayor número de votos que se obtienen -con independencia del porcentaje de la votación que haya obtenido- resulta eficiente en aquellos regímenes en los que la votación se decide sólo entre dos alternativas. Ello en razón de que el número de votos obtenidos (sin importar el porcentaje) asegura que el ganador estará respaldado por la mayoría de los electores.

No obstante, en aquellos casos en que la elección incluye más alternativas, como sucede en nuestra realidad actual, el principio electoral de la mayoría relativa desincentiva la generación de apoyos mayoritarios más contundentes.

La segunda vuelta electoral propuesta en esta iniciativa se actualizará en aquella’ elecciones en las que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta del total de los votos en una primera fecha electoral.

Así, cuando ninguno de los candidatos hubiese obtenido más del cincuenta por ciento del total de los sufragios, se llevará a cabo una segunda votación en la que participen solamente los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de sufragios en la primera votación. La segunda votación será programada de manera concurrente con los cargos legislativos federales. Mediante este mecanismo se garantiza que los candidatos electos sean respaldados, en alguna de las dos votaciones, por una mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos.

La primera vuelta de la elección presidencial se realizará el primer domingo de julio, mientras que la de los legisladores al Congreso de la Unión en ese año, tendrá lugar el segundo domingo de agosto de manera concurrente con la segunda vuelta de la elección presidencial. Lo anterior permitirá al electorado articular su decisión electoral considerando la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y promoviendo un efecto de atemperación al carácter proporcional de integración del Congreso de la Unión.

Esto es, si en la primera fecha electoral resulta electo un presidente por mayoría los electores tendrán disponible esta información al momento de decidir su voto para el Congreso. Pero aún en la eventualidad de una segunda vuelta, los electores podrán emitir, como ahora, un voto simultáneo para Presidente y legisladores, de manera que mantienen la opción de ofrecer un apoyo unificado o de dividir sus votos entre ambas elecciones. Esta alternativa beneficiará al elector, al tiempo que ofrece mejores incentivos al funcionamiento de nuestro régimen de gobierno.

En congruencia con lo anterior, se propone que la instalación de cada legislatura se verifique a partir del primero de octubre del año correspondiente, realizando los ajustes necesarios para la presentación del paquete económico respectivo.

Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de esa Cámara somete a la consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de:

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.Se reforman el artículo 41, fracción V párrafo noveno; el artículo 74, fracción IV; el artículo 99, fracción II; se adicionan el artículo 41, fracción IV, con un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes; el artículo 52 con un párrafo segundo; el artículo 56 con un párrafo cuarto; el artículo 65 con un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes; el artículo 81 con un párrafo segundo, tercero y cuarto; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

I. ..

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...

II. ...

III. ...

IV. ..

...

La duración de la campaña para la primera votación de Presidente de la República, se sujetará a lo que establece el párrafo anterior. Las campañas para la segunda votación tendrán la duración que señale la ley.

...

V. ..

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...

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a: la capacitación y educación cívica; la geografía electoral; la organización de la primera votación y, en su caso, de la segunda votación para la elección del Presidente de la República; el cómputo de su votación y la emisión de la declaratoria de validez de su resultado;los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos; el padrón y lista de electores; laimpresión de materiales electorales; la preparación de la jornada electoral; los cómputos en los términos que señale la ley; la declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores; el cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

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...

VI. ...

Artículo 52. ...

La elección deberá celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda. En los años en que concurra con la elección de Presidente de la República, la elección deberá celebrarse el segundo domingo de agosto.

Artículo 56. ...

La elección deberá celebrarse el segundo domingo de agosto del año que corresponda.

Artículo 65. ....

En los años que se celebre la elección para Cámara de Diputados, el Congreso se reunirá a partir del 1° de octubre.

..

...

Artículo 74. ...

I. a III. ...

IV. ...

El Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. En los años que se lleve a cabo la elección de la Cámara de Diputados y no concurra con la elección de la Cámara de Senadores, el Ejecutivo Federal enviará la iniciativa y el proyecto a más tardar el día 1° del mes de octubre. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

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V. a VIII. ...

Artículo 81. ...

Será electo Presidente por mayoría absoluta el candidato que obtenga, la mitad más uno del total de los sufragios emitidos.

Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, se realizará una segunda votación en la que únicamente participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de los sufragios emitidos. En este caso, será electo Presidente el que obtenga la mitad más uno de los sufragios válidamente emitidos.

La primera votación se celebrará el primer domingo de julio del año que corresponda. La segunda votación, en su caso, se realizará el segundo domingo de agosto, debiendo estar resueltas todas las impugnaciones que se hubiesen presentado respecto de la primera votación para elegir al Presidente de la República.

Artículo 99. ..

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...

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I....

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en la primera como en la segunda votación, serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

...

La Sala Superior realizará los cómputos finales dela primera votación y, en su caso, de la segunda, de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido la mayoría absoluta de los votos en términos del artículo 81 de esta Constitución.

III. a IX. ..

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Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 180 días posteriores a la publicación del presente decreto.

Reitero a Usted la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a veintiséis días del mes de noviembre de dos mil doce.— Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Luis Fernando Corona Horta, director general de Apoyo Técnica, de la Procuraduría Fiscal de la Federación.— Presente.

Me refiero a su oficio 529-II-DGAT-237/12, mediante el cual remitió a esta Subsecretaría de Egresos (SSE) el anteproyecto de iniciativa de, así como su evaluación de impacto presupuestario respectiva, enviada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para efectos del dictamen de impacto presupuestario correspondiente.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 18 a 20 del Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 65 y 65-A. fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y para efectos de lo dispuesto en el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo Federal (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2003), Y su respectivo acuerdo modificatorio (publicado en el Diario Oficial de la Federación. el 14 de abril de 2005), para los efectos del dictamen de impacto presupuestario a que se refieren las disposiciones de la ley anteriormente citada y de su reglamento, le informo lo siguiente:

1) Esta Unidad Administrativa, con base en lo dispuesto en el artículo 20 del RLFPRH, no tiene observaciones en el ámbito jurídico presupuestario sobre las disposiciones contenidas en el anteproyecto señalado anteriormente.

2) Se anexa copia del oficio 315-A-04579, emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de esta SSE.

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos de lo dispuesto en el articulo 20 penúltimo párrafo del RLFPRH, el cual señala que la evaluación de impacto presupuestario y su dictamen se anexarán a las iniciativas de leyes o decretos que se presenten al Congreso de la Unión o, en su caso, a los reglamentos, decretos acuerdos y demás ordenamientos que se sometan a firma del Presidente de la República.

La presente opinión se emite sobre la versión recibida del anteproyecto antes citado, por lo que nos reservamos la emisión de los comentarios respecto de las modificaciones que, en su caso, se realicen a dicha versión.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2012.— Daniel Muñoz Díaz (rúbrica), Director General.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Daniel Muñoz Díaz, Director General Jurídico de Egresos de la Subsecretaría de Egresos.— Presente.

Hago referencia al oficio número 353.A.-0997, mediante el cual envía la Evaluación de Impacto Presupuestario del anteproyecto de iniciativa con proyecto de documento enviado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), para que en términos de lo establecido en el artículo 20 párrafo cuarto del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se emita el dictamen de impacto presupuestario que corresponda.

El anteproyecto de decreto, tiene por objeto retomar algunas de las propuestas presentadas originalmente en la iniciativa de reforma política del Ejecutivo Federal, presentadas ante el Congreso de la Unión, en diciembre de 2009, y que no fueron aprobadas por el Constituyente Permanente en la reciente reforma de agosto de 2012. Los temas contemplados en este anteproyecto son los siguientes:

1. Elección consecutiva de legisladores y autoridades municipales.

a. Elección consecutiva de los legisladores federales y locales.

b. Elección consecutiva de los funcionarios municipales y de las demarcaciones del Distrito Federal.

2. Conformación de la Cámara del honorable Congreso de la Unión.

3. Segunda vuelta en la elección presidencial.

4. Porcentaje mínimo de votación para mantener el registro como partido político.

El anteproyecto persigue fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político e instituir mecanismos que permitan consolidar nuestras instituciones. Varias de las propuestas buscan fortalecer el poder directamente en manos de la ciudadanía al ofrecerle nuevas formas de participación, así como mecanismos de sanción al desempeño de los funcionarios representantes públicos. Asimismo, busca generar incentivos para acrecentar el desarrollo institucional del país. Finalmente, se incorporan también algunas propuestas que buscan facilitar la toma de decisiones políticas al minimizar los costos de su ejecución y al fomentar que la pluralidad de opinión política se traduzca en mayorías capaces de impulsar las decisiones que el país requiere.

I. Impacto en el gasto de las dependencias y entidades por la creación o modificación  y entidades  por la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o, en su caso creación de nuevas instituciones

Se estima que el anteproyecto de decreto, no contempla la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o creación de nuevas instituciones, ni la modificación de las estructuras orgánicas y ocupacionales de las existentes en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo que no se requerirán recursos adicionales por su entrada en vigor.

II. Impacto presupuestario en los programas aprobados de las dependencias y entidades

El anteproyecto de iniciativa no interfiere en los programas aprobados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo que no se requerirán recursos adicionales por su entrada en vigor.

III. Establecimiento de destinos específicos de gasto público en las leyes fiscales

El anteproyecto no prevé destino específico de gasto público en leyes fiscales, toda vez que se trata de una iniciativa que tiene por objeto reformar la Constitución para fortalecer el arreglo institucional vigente.

IV. Establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar las dependencias y entidades que requieran de mayores asignaciones presupuestarias para llevarlas a cabo

El anteproyecto no establece nuevas atribuciones y actividades para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

V. Inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia presupuestaria

Dado que el objeto del anteproyecto es reformar la Constitución para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político e instituir mecanismos que permitan consolidar las instituciones, sus disposiciones no inciden en la regulación en materia presupuestaria.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 65 apartado A fracción I, apartado B fracción XIV,  del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 18, 19 y 20 de su Reglamento; y derivado del análisis al documento de Evaluación de Impacto Presupuestario -emitido por la CJEF-, comunico a usted que dicho instrumento, ha sido analizado en el ámbito de competencia de esta Dirección General, identificándose que el anteproyecto de iniciativa de proyecto denominado no tendría impacto presupuestario, en virtud de que su instrumentación únicamente tiene por objeto fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político e instituir mecanismos que permitan consolidar las instituciones.

Cabe señalar, que el documento citado en primer término ha sido analizado en el ámbito de competencia de esta Dirección General, por lo que nuestra opinión no prejuzga ni valida la información, los alcances de las acciones que propone el contenido del mismo, ni constituye opinión jurídica alguna con respecto a otras disposiciones.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 15 de octubre de 2012.— María Elena Reyna (rúbrica), Directora General.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, para su dictamen.

Continúe con las declaratorias de publicidad.

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal le fue turnada para su análisis y dictamen, la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, fracción I, 68, 80, fracción I, 81 numeral 1, 82 numeral 1, 84, 85, 176 y 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión es competente para conocer y dictaminar el asunto en cuestión, por lo que somete a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el presente:

Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Metodología

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 176, numeral 1, fracción I, el método del presente dictamen será el siguiente:

a) Antecedentes.

b) Contenido de la Minuta.

c) Consideraciones de la comisión dictaminadora

d) Proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

La comisión encargada del análisis y dictamen de la Minuta en cuestión, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado de “Antecedentes”, se hace una relatoría sucinta del trámite de inicio del proceso legislativo, el recibo y turno para el dictamen de la referida Minuta, así como las acciones realizadas por esta comisión dictaminadora.

II. En el apartado  de “Consideraciones”, esta comisión expresa los argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan el sentido de su resolución.

III.  Finalmente, se presenta el cuerpo del decreto por el que se propone reformar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Antecedentes

I. Durante la LXI Legislatura, con fecha 13 de diciembre de 2010, el senador Javier Orozco Gómez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

II. Con esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, Segunda la iniciativa señalada, para su correspondiente análisis y dictamen.

III. Con fecha 5 de octubre de 2011, los integrantes de las Comisiones antes señaladas, se reunieron para discutir y aprobar el proyecto de dictamen derivado de la iniciativa presentada.

IV. Con fecha 26 de abril de 2012, el pleno de la Cámara de Senadores, aprobó el dictamen que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentado por las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, Segunda.

V. Con fecha 30 de abril de 2012, se recibió en ésta H. Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, misma que fue turnada a esta Comisión del Distrito Federal para su correspondiente dictamen.

VI. Con fecha 27 de noviembre del presente año, la Comisión del Distrito Federal se reunió para analizar, discutir y aprobar el dictamen a la Minuta enviada por la Cámara de Senadores y que se somete a consideración de éste H. Cuerpo Colegiado.

Contenido de la Minuta

Propone reformar la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para otorgar el derecho de iniciativa al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia.

Consideraciones

I. La Teoría clásica de la separación de poderes, es el fundamento del Estado Liberal, formulado por los clásicos del Estado democrático: Alexander Hamilton, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu;  cuya formulación responde a la necesidad de evitar que el poder del Estado se concentre en un solo individuo. El Estado que es la suma de estos tres poderes y  existe con la finalidad de proteger al hombre de otros hombres, debe ser regulado para que nadie controle los tres poderes, exista invasión de un poder sobre otro o subordinación de alguno frente a los demás. Esta misma concepción, esta retomada en nuestra Constitución en su artículo 49 cuando señala:

“Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.”

Así tradicionalmente, al Poder Legislativo se le encomienda como función específica la creación de leyes; al Poder Ejecutivo, la facultad de ser el administrador de los recursos del Estado, el que ejecuta o pone en vigencia las normas y controla su cumplimiento; y al Poder Judicial, se le encarga la administración de la justicia y la resolución de controversias mediante la aplicación de las leyes a casos concretos e interpretación de normas.

II. El objeto de esta división desde su concepción fue evitar la concentración del poder en una sola persona y establecer un sistema de equilibrios y contrapesos; y así evitar el autoritarismo.

Sin embargo, en el presente, la teoría clásica es superada, aunque respetada en su conformación de órganos independientes, que representan, dentro de sus límites, el poder del Estado. Así en el Estado mexicano cada órgano desarrolla una función en forma principal pero no excluyente, sino que algunas se realizan por dos órganos estatales.

Existen opiniones de expertos modernos que rechazan la división de poderes en forma rígida. En la opinión de Charles D. Breiteil, profesor estadounidense nunca ha existido una real división de poderes porque de funcionar el Estado se paralizaría (“Columbia Law Review”.May. 1965. N. York EUA)

No obstante de que cada uno de los órganos ejerce las facultades conferidas por la norma, también es cierto que se les confiere, permite y reconoce atribuciones, en apariencia exclusiva a los otros poderes.

Ejemplo de esto es un Poder Legislativo que realiza funciones ejecutivas al aprobar o rechazar los tratados concluidos con otras naciones, o cuando manifiesta su aprobación para el nombramiento por el poder ejecutivo de jueces, embajadores y jefes militares. De igual forma, realiza funciones judiciales cuando a través de sus cámaras, desahoga juicios políticos o declaraciones de procedencia.

Otro ejemplo es cuando el Poder Ejecutivo que ejerce funciones legislativas cuando participa en la promulgación de las leyes o emite disposiciones reglamentarias; cuando presenta proyectos de ley, o bien, cuando se opone a través del veto a las leyes emitidas por el poder legislativo. Sus funciones judiciales se enfocan a la facultad que tiene de disponer de indultos o conceder conmutación de penas, arrestos de personas durante el estado de sitio, o a través de la “Justicia Administrativa”.

Por su parte, el poder judicial participa dentro del las funciones legislativas cuando declara la inconstitucionalidad de alguna ley del Congreso o decreto del poder ejecutivo; o establece jurisprudencias. Funciones ejecutivas cuando nombra y remueve a los funcionarios que se desempeñan en los tribunales o administra los recursos que les son destinados.

Así las cosas, entendemos que la teoría de la división de poderes ha venido evolucionando, desarrollándose y estableciendo la mutua colaboración de los órganos públicos, pues esto redunda en una adecuada interrelación y equilibrio entre los mismos.

III. En ese contexto, los órganos encargados de la función judicial en diversos estados del país, cuentan con la posibilidad de presentar iniciativas ante su respectivo Congreso Local. Sobre todo, en aquellos asuntos que son correspondientes a la materia judicial.

IV. En el dictamen elaborado por la colegisladora se hace mención de un estudio solicitado al Instituto Belisario Domínguez, mismo que fue solicitado por esta comisión que dictamina y cotejado en los términos concluyentes del mismo.

De esta manera, se observa que:

a) De las treinta y dos entidades federativas, treinta y una han establecido en su Constitución Política el derecho de iniciativa del órgano en el que se deposita el poder judicial local; la gran mayoría, restringen en diferentes grados dicha facultad, algunas (las menos) sólo la otorgan con el fin de regular asuntos internos del propio Poder, y abren el campo a todas las materias en las que tenga injerencia el poder judicial de cada entidad.

b) Los estados de la Federación cuya carta constitucional incluye la facultad de iniciativa a que se hace referencia, de manera restringida respecto de sus Tribunales Superiores de Justicia, son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En tanto que Durango, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Quintana Roo, y Tamaulipas, lo hacen de manera amplia, es decir para todas las materias susceptibles de ser legisladas.

c) Por tanto el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal es el único que no cuenta con la facultad para ejercer el derecho de iniciativa.

V. De igual forma, en el dictamen enviado por la Cámara de Senadores se incluye un cuadro que expresa claramente esta situación; y que por considerarlo ilustrativo para el dictamen en comento, se reproduce en sus términos.

VI. En el caso del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se comparte el criterio esgrimido por la colegisladora de que esta facultad de iniciativa se encuentra limitada, ya que sólo podrá iniciar leyes en materias de su competencia, por la cual no se encuentra razón alguna por lo cual se negara contar con esta facultad como ya la tiene el resto de las entidades del país; siendo el Distrito Federal la excepción.

VII. Otro elemento que fundamenta el sentido de resolución de los integrantes de esta comisión, es el derecho comparado. Que en el ámbito internacional se observa el reconocimiento de esta facultad al poder o autoridad judicial. Encontramos de ello casos en Europa con España y Noruega; en el continente Americano tenemos a Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras. Casos en los que generalmente se limita esta facultad a las materias propias del ramo judicial.

VIII. Los diputados integrantes de esta Comisión, determinan que, establecer en el Estatuto de Gobierno la facultad de iniciativa al Tribunal del Distrito Federal, no implica ninguna invasión de facultades o competencias de los otros dos órganos de gobierno.

Pretende consolidar el principio de la colaboración de poderes en la vida legislativa del Distrito Federal, generando corresponsabilidad en el proceso de creación de las normas jurídicas que han de regir a los habitantes del Distrito Federal.

IX. Se considera también, que otorgar la facultad de iniciativa al órgano judicial, única y exclusivamente en lo que hace a su materia, contribuye a un mejor desempeño en sus responsabilidades y podrá contribuir al perfeccionamiento de la norma que le rige.

X. Cabe señalar que el hecho de concederle al Tribunal Superior de Justicia la facultad de iniciativa, ésta tendría que ceñirse al proceso legislativo que sigue todo proyecto de ley o decreto, que puede dar como resultado su aprobación, su modificación o su rechazo, e inclusive el veto mismo. Con lo que se garantiza la separación y equilibrio de poderes,

XI. Por último, como se desprende de los antecedentes, la Minuta enviado por la colegisladora, se recibió el 30 de abril del presente año. De conformidad con el artículo 95, fracción II del Reglamento para la Cámara de Diputados, la Comisión del Distrito Federal de la LXI Legislatura, contaba con un plazo de 90 días para emitir el dictamen correspondiente. Plazo que ha transcurrido en demasía, por lo que los integrantes de esta Comisión estiman que no hay razón alguna para continuar violentando nuestra normatividad interna.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados determinó:

único. Es de aprobarse la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Por lo que se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente:

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Título CuartoDe las bases de la organización y facultades de los órganos locales de gobierno del Distrito Federal

Capítulo IDe la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Sección IIDe la iniciativa y formación de las leyes

Artículo 46.  ...

I. ...

II. Al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia;

III. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Posterior a la aprobación de la presente reforma y a la entrada en vigor del decreto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá promover las reformas conducentes a la Ley Orgánica y al Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dentro de los 90 días posteriores, a efecto de realizar las modificaciones correspondientes.

Tercero.De conformidad con el inciso A, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase el presente decreto al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.

Por la Comisión del Distrito Federal, diputados:Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel  Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple en sus términos con la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple en sus términos con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad de los dictámenes antes mencionados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza a que se sometan a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la segunda lectura.

La diputada Zuleyma Huidobro González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputada Doña Zuleyma.

La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Sí, para registrarme, por favor, para el dictamen de la Comisión de Justicia, en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿El de adolescentes?

La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Exactamente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pero vamos ahorita al del Distrito Federal, ¿le parece?

La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Sí, es que como lo leyó en conjunto, por eso me estoy registrando de una vez.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lo leímos en conjunto para que la asamblea quede debidamente informada de que abordaremos los dos temas y con muchísimo gusto la registramos.

VOLUMEN II

* ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Discusión del dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, doña Laura Barrera Fortoul, tiene el uso de la voz para fundamentar dictamen.

La diputada Laura Barrera Fortoul: Muy buenos días; con su permiso, señor presidente. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que presentamos a consideración del pleno el día de hoy los integrantes de la Comisión del Distrito Federal y que ha sido aprobado por unanimidad, es favorable al proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para otorgar el derecho de iniciativa al Tribunal Superior de Justicia de esta entidad, en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia.

Dicho proyecto tiene su origen en la iniciativa presentada en octubre de 2011, en el Senado, misma que fue remitida a esta Cámara de Diputados el 26 de abril de este año. Merece ser aprobada, pues el Distrito Federal es la única entidad del país en donde el Poder Judicial no cuenta con dicha facultad, no obstante la dimensión, madurez democrática e importancia política de esta ciudad capital, lo cual resulta incomprensible e inaceptable.

Consideramos que un Tribunal Superior de Justicia autónomo, fortalecido y profesional, en cada entidad, es una pieza fundamental para la consolidación del estado de derecho; por eso estamos convencidos que esta reforma es un tema de corresponsabilidad en el proceso de creación de las normas jurídicas que han de regir en el Distrito Federal. La convivencia y el progreso de los habitantes de esta gran ciudad deben estar garantizados en el marco del derecho al cumplimiento de la ley y de la constante mejora del marco jurídico local de acuerdo con su realidad social.

Es en este sentido que el fortalecimiento del Poder Judicial del Distrito Federal se reflejará en un mejor desempeño de sus responsabilidades, de representar y salvaguardar los intereses de los ciudadanos y hacer que la legalidad sea el eje de la vida en sociedad.

Establecer en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal la facultad de iniciativa de su Tribunal Superior de Justicia, en los términos propuestos, no invade facultades de otros poderes; por el contrario, buscan consolidar el principio de la colaboración y comunicación entre los mismos.

Este sencillo cambio —que implica la reforma a la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal— es fundamental, pues el fortalecimiento del tribunal va de la mano con el fortalecimiento del régimen democrático y del sistema de justicia.

Quiero señalar que la aprobación del dictamen por todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión del Distrito Federal fue gracias a la amplia disposición, consenso y participación de sus integrantes. A todos y cada uno de ellos, mi reconocimiento y agradecimiento. Hago votos por que este ejercicio de apertura e inclusión sea un común denominador en los trabajos de esta legislatura.

Por todo lo anterior, solicitamos el voto favorable al dictamen que se presenta a su consideración; estamos seguros que será a favor del mejoramiento de la impartición de justicia en nuestra ciudad y con ello a favor del bienestar de sus habitantes. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Don Javier Orozco Gómez, tiene usted el uso de la voz, en términos del 104.

El diputado Javier Orozco Gómez: Con su permiso, ciudadano presidente. Creo que es muy importante esta reforma que el día de hoy se somete a la consideración de esta honorable asamblea, en virtud de una iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México en la pasada legislatura, en el Senado de la República.

Sin lugar a dudas —como lo ha manifestado la diputada que me ha antecedido en el uso de la palabra—, en ningún momento se ha buscado con esta iniciativa una invasión en las funciones que tiene cada uno de los poderes de la Unión; por el contrario, el objeto de esta división en el ejercicio del poder es establecer un equilibrio que evite los abusos entre ellos.

Su importancia radica en que es la manera legal de impedir y limitar un autoritarismo; por ello, solo una nación que vive dentro de este equilibrio puede decirse que vive realmente en un estado de derecho.

De igual forma, tenemos que el Poder Judicial, por su parte, participa dentro de las funciones legislativas, cuando declara la inconstitucionalidad de alguna ley del Congreso o decreto del Poder Ejecutivo, y en funciones ejecutivas, cuando nombra y remueve a los funcionarios que se desempeñan en los tribunales.

En esa tesitura, entendemos que la teoría de la división de poderes ha venido evolucionando, desarrollándose y estableciendo la mutua colaboración de los órganos públicos, pues esto redunda en una adecuada interrelación y equilibrio entre los mismos.

Sin embargo, una facultad que se le reconoce al Poder Ejecutivo y no así al Poder Judicial, es el hecho de presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión. En esa medida, diversas son las propuestas que se han venido presentando en ambas Cámaras del Congreso de la Unión para lograr una adecuación constitucional que permita dotar de tal atribución, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Partiendo de ese día precisamente, se consideró presentar esa iniciativa para el caso del Tribunal de Justicia del Distrito Federal; la propuesta va encaminada a establecer en el Estatuto de Gobierno la facultad de iniciativa del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, la cual no implica —como lo señalé— ninguna invasión de facultades o competencias entre los dos órganos de gobierno constituidos dentro del territorio de la sociedad.

Lo que se busca es consolidar el principio de la colaboración de poderes en la vida legislativa del Distrito Federal, generando corresponsabilidad en el proceso de creación de las normas jurídicas que han de regir a los habitantes de la capital.

En este sentido, se propone una reforma al artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para reconocerle al Tribunal Superior de Justicia dicha facultad de iniciativa, ya que creemos que la transformación estructural de la actividad ejercida por la autoridad judicial es parte de los retos que tiene la Ciudad de México, hoy en día.

En este contexto, el fortalecimiento del órgano judicial contribuye a que esta institución tenga un mejor desempeño en sus responsabilidades de representar y salvaguardar los intereses de la sociedad y hacer que la ley sea la norma central de la vida social.

No podemos negar que esa autoridad, como responsable de la administración de justicia, requiere de condiciones de legitimización mucho más exigentes; creemos con ello que en los casos en que se ejerciera esta facultad, se permitiría dar mayor legitimidad al origen, formulación y vigencia de la ley, pues participarían los tres órganos de gobierno: el Judicial, mediante la iniciativa; el Legislativo, mediante el análisis, discusión, modificación y en su caso, aprobación de la misma, y el Ejecutivo, mediante la promulgación y publicación. Con esta participación tripartita se pueden obtener mejores resultados en las legislaciones para esta ciudad.

Por ello creemos que es de suma importancia para el desarrollo democrático del DF la aprobación del dictamen que se somete hoy a votación, ya que con esto se logrará que se otorgue la facultad formalmente jurisdiccional y materialmente legislativa al Tribunal de Justicia para presentar iniciativas ante la Asamblea del Distrito Federal.

El fortalecimiento de este órgano local de gobierno es esencial para el adecuado funcionamiento del régimen democrático y de todo el sistema de justicia. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Don Ricardo Monreal, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores. Quiero expresar mi posición frente a esa modificación, frente a este dictamen que contiene modificaciones a un artículo, al artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, del estatuto jurídico.

Actualmente el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal menciona que el derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal corresponde únicamente a los diputados de la Asamblea Legislativa, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los ciudadanos de la ciudad, a través de una iniciativa popular.

En 1993 al 96, se ejemplifican, como pocas, el carácter trunco y errático de la transición a la democracia, porque el DF fue excluido.

Quiero en esta ocasión —casi nunca lo hago, porque no hay razones— expresar mi reconocimiento a la presidenta de la Comisión del Distrito Federal, a Laurita, a Laurita Barrera —hija de un gran amigo, buen político—, porque ésta es una vieja demanda; Laurita, es una vieja demanda del Tribunal del Distrito Federal, el tener facultad de iniciativa de ley para presentar ante la Asamblea esta posibilidad y lo reduce a la organización y funcionamiento de la administración de justicia. Nos parece que esa modificación es un avance en materia legislativa.

Los que son abogados o estudiosos del derecho, recordarán las clases de derecho administrativo e incluso de derecho constitucional, que establecían las facultades formales de los poderes y las facultades materiales de los poderes. Este acto, que de aprobarse y concluir el trámite legislativo e iniciar su vigencia, será un acto formalmente legislativo, aunque materialmente jurisdiccional o judicial.

Son, en efecto —decía Javier—, facultades materiales y facultades formales; las Cámaras realizan actos formalmente legislativos, pero también realizan actos formalmente judiciales y formalmente ejecutivos, cuando aprueban su Presupuesto y cuando administran y cuando llevan a juicio político a funcionarios que carecen de escrúpulos, que violan la Constitución y que son sometidos por la Cámara. Ese es un acto formalmente jurisdiccional, pero materialmente legislativo.

Por eso me parece que es importante que esta facultad de iniciar leyes por parte del Tribunal pueda ahora iniciar y pueda generar condiciones de un mejor proveer para los procesos judiciales y para la administración de justicia a la que está obligada la autoridad en materia jurisdiccional.

Sin embargo, esta modificación que se propone también restringe la facultad del Tribunal a otras áreas que no tengan que ver con su competencia y me parece sano y correcto.

Esta decisión es una vieja demanda, es un viejo reclamo, como hay también un reclamo de aprobar una nueva constitución para el Distrito Federal, como hay también el reclamo de otorgarle plenitud de facultades al Distrito Federal en materia legislativa, judicial y también en materia ejecutiva.

Son viejos reclamos en los que seguiremos insistiendo para que el Distrito Federal recobre plenitud de facultades y sea tratado en una forma mejor, de acuerdo con la teoría constitucional de la división de poderes que rige la República y que rige a nuestro país desde las primeras constituciones federativas.

Presidente, creo que ésta es una buena decisión; por eso el Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Ojalá y algunos priistas aprendan de esta jovencita, de Laurita. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Karen Quiroga Anguiano, tiene usted el uso de la voz.

La diputada Karen Quiroga Anguiano: Con su venia, diputado presidente. Me parece importante poder felicitar, no solamente al proponente, al Partido Verde Ecologista de México, por esta iniciativa tan importante que se presentó en la legislatura pasada, sino también extender esta felicitación a todos y cada uno de los integrantes de las diferentes fracciones parlamentarias de la Comisión del Distrito Federal, toda vez que hoy no solamente el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con esta modificación al artículo 46 del Estatuto de Gobierno, no solo contará con la jurisprudencia como medio para poder legislar y generar ley.

Hoy tenemos mayores facultades en el tribunal al que dignamente encabeza Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal del Distrito Federal; estas nuevas atribuciones para poder hacer ley son un avance importante, pero no es lo único que necesitamos en el Distrito Federal, necesitamos elevar el debate.

Hago una invitación a todos y cada uno de los diputados de los diferentes grupos parlamentarios para que podamos dar pasos todavía más contundentes para crear la ciudad capital, para darle atribuciones plenas a los tres niveles de poder, al Poder Ejecutivo, Legislativo y obviamente al Poder Judicial, para poder tener igualdad con todo el resto de los 31 estados de la República.

Me parece importante dar el paso para dotar de una Constitución a los ciudadanos del Distrito Federal, se los debemos; deben ser ciudadanos de primera, no ciudadanos de segunda. Creo firmemente que en esta Legislatura podremos hacerlo; me parece que existe la madurez necesaria para generar los acuerdos políticos que incidan para que la ciudad avance en materia jurídica y tenga una nueva Constitución y derechos plenos.

Diputada Laura Barrera, hago una felicitación por la conducción de los trabajos en esta comisión. Ojalá podamos continuar con esta labor y dotar al Distrito Federal, y que usted esté al frente de esta comisión y que el Distrito Federal hoy cuente con su Constitución; se los debemos, diputada.

Agradezco el voto y la actitud tan madura de todos los integrantes de la comisión e invito a que votemos a favor, ya que los ciudadanos estarán felices de contar con un Tribunal con más atribuciones y que pueda generar en la administración de justicia certeza jurídica. Muchas gracias; gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Por nada, diputada. Don Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del PAN.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Muchas gracias, presidente. Me congratulo en estar el día de hoy en esta tribuna festejando el que la Comisión del Distrito Federal proponga a ustedes este dictamen. Este dictamen, a pesar de que textualmente, realmente no tiene una gran extensión, sí tiene un gran calado.

¿Qué quiere decir esto? Estamos avanzando en homologar al Distrito Federal al resto de las entidades federativas. La facultad que hoy se le entrega al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ya cuentan con él sus homólogos en el resto de las entidades federativas; es decir, el Distrito Federal, al día de hoy, es la única entidad federativa que no le ha dado esta facultad al Poder Judicial.

¿A qué se refiere esta nueva facultad? Pues bien, a partir de que nosotros votemos a favor este dictamen, y que espero que se haga así también en el Senado, el Poder Judicial va a tener la facultad de poder presentar iniciativas de ley a la Asamblea Legislativa.

Como ya lo dijeron las personas que me antecedieron en la palabra, esto es una facultad materialmente legislativa y formalmente judicial, ¿qué significa esto? Significa que a partir de que este dictamen sea aprobado, el Tribunal Superior de Justicia va a poder presentarle a la Asamblea Legislativa las modificaciones a sus herramientas con las que trabaja diariamente; esto va a favorecer la mejor administración de justicia.

Ya lo ha dicho por ahí alguna persona —y lo utilizo para traerlo a la Mesa Directiva—, a partir de ahora, el Poder Judicial del Distrito Federal va a proponer y la Asamblea Legislativa podrá disponer si está de acuerdo o no con lo que el Tribunal Superior de Justicia le proponga. Éste —como ya les dije— es un gran avance en la reforma política del Distrito Federal.

Utilizo la tribuna para hacer un llamado a las fuerzas políticas que me antecedieron en la palabra, al Partido Revolucionario Institucional, a su presidenta, en la Comisión del Distrito Federal, a quien le mando un fuerte aplauso, una gran felicitación por la buena conducción que está teniendo en esta comisión, a que podamos darle, más que una facultad o una autonomía al Distrito Federal respecto de la federación, primero vayamos de abajo hacia arriba, en lugar de ir de arriba hacia abajo.

¿Qué significa esto? Dotar primeramente a las delegaciones de mayores facultades, ¿qué quiere decir esto? Primero vámonos de abajo hacia arriba, primero démosle autonomía a las delegaciones respecto del gobierno central y luego busquemos darle autonomía al gobierno central respecto de la federación.

En próximos días estaremos presentando una serie de iniciativas para otorgarle mayores facultades a las delegaciones. A todas las personas, a todos los grupos parlamentarios que hoy se congratulan con este dictamen, les pido que podamos estudiar de manera muy puntual las iniciativas para darles mayores facultades a las delegaciones.

No es posible —de verdad así lo digo— que no podamos en el Distrito Federal tener una democracia real; tenemos un Distrito Federal cooptado por un solo partido, un solo partido que en el dicho pretende que seamos autónomos, pretende que las delegaciones tengan más facultades y sin embargo, si ustedes revisan lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa van a poderse dar cuenta que cada vez son menos las facultades que tienen las delegaciones.

No hay mejor ejemplo que la creación del Invea; no hay mejor ejemplo que tan solo ver que son menores las facultades que tienen quienes acaban de tomar cargo como delegados que quienes lo tenían hace seis años.

La IV y V Legislatura en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no ha hecho otra cosa que suprimirles facultades a las delegaciones. Utilizo este espacio para solicitar que esto se revierta en próximas iniciativas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted. Doña Paloma Villaseñor, tiene usted el uso de la voz.

La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas: Honorable asamblea, quiero también, desde esta tribuna, felicitar ampliamente a la presidenta de la Comisión del Distrito Federal, Laura Barrera, por el espléndido trabajo al presentar el día de hoy este dictamen en esta tribuna; quiero felicitar también a los integrantes de la Junta Directiva y a la comisión en pleno, por el trabajo realizado.

Quiero decirles que esta Comisión del Distrito Federal, como lo ofreció desde su instalación, ya está dando resultados; está atendiendo los asuntos pendientes del Distrito Federal y eso es causa de gusto y beneplácito para todos los diputados que somos del Distrito Federal.

Ésta es una iniciativa y un paso muy importante para que el Distrito Federal tenga las mismas atribuciones que tienen el resto de las entidades federativas, para que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tenga el derecho de iniciar leyes y decretos ante el Poder Legislativo local; es decir, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Me parece que es una propuesta que encamina hacia una verdadera división de poderes en el Distrito Federal.

Quisiera también comentar, que el hecho de que el Tribunal tenga esta facultad ayudará al perfeccionamiento de la norma de que el mismo Tribunal es parte; no invade esferas, pues se está sujetando al procedimiento legislativo que ya está establecido, y por otro lado, como decíamos, en el DF estábamos en falta con esta atribución.

También quisiera subrayar, que ojalá este importante paso sirva para que la justicia en el Distrito Federal sea pronta, sea expedita y sea gratuita; que este paso tan importante redunde en beneficio de los habitantes de esta ciudad capital. Quisiera pedirle al Tribunal, ahora, un compromiso firme por mejorar su actuación en materia de justicia.

Finalmente, con este paso, el Grupo Parlamentario del PRI está manifestando y demostrando que estamos abiertos al debate, que estamos abiertos al análisis, que estamos abiertos a la discusión y a apoyar todas las propuestas que estén en beneficio de los habitantes de esta ciudad. Enhorabuena al Distrito Federal; felicidades, señora presidenta y que esto sea en beneficio de los habitantes de esta ciudad capital. Muchas gracias a todos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, nos está llegando una fe de erratas de la Comisión del Distrito Federal; luego entonces, viene firmada por toda la comisión y le ruego a la Secretaría dar cuenta, en función de que necesitamos que pase a formar parte del dictamen desde ahorita, para votarlo en estas condiciones.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Comisión del Distrito Federal.— Presidencia.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente

Estimado diputado: Con respecto al dictamen a la minuta del proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, aprobado el día 27 de noviembre de 2012 por la Comisión del Distrito Federal; me permito hacer de su conocimiento la siguiente fe de erratas.

Las correcciones son las siguientes:

Dice:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89 y 90 fracción X de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 66, 67 fracción I, 68, 80 fracción I, 81 numeral 1, 82 numeral 1, 84, 85, 176 y 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ésta Comisión es competente para conocer y dictaminar el asunto en cuestión, por lo que somete a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el presente:

Debe decir:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 fracción I, 68, 80 fracción I, 81 numeral 1, 82 numeral 1, 84, 85, 176 y 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión es competente para conocer y dictaminar el asunto en cuestión, por lo que somete a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el presente:

Dice:

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados determino:

Debe decir:

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados someten a la consideración de la H. Asamblea y para los efectos de la fracción A del artículo 72 Constitucional, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Dice:

Artículo 46. ....

I. ...

II. Al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia;

III. ...

Para los efectos legales y administrativos conducentes. Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Debe decir:

Artículo 46. ....

I. ...

II. Al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia;

III. y IV. ...

Finalmente, se elimina en su totalidad, el artículo tercero transitorio.

Lo anterior, para los efectos legales y parlamentarios a que haya lugar.

Se suscriben

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.— Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), Presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, secretarios.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, esta fe de erratas tiene como objeto fundamental, básicamente, rimar la minuta del Senado de la República con este dictamen; de tal suerte de que pase a su publicación y que no tenga que regresar.

Consulte la Secretaría a la asamblea si autoriza que pase a formar parte del dictamen.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza pase a formar parte del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, pasa a formar parte del dictamen. Ábrase el sistema electrónico de votación, por 10 minutos, de tal suerte de que todos los compañeros alcancen a venir de sus oficinas.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Compañeros diputados, los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo de la votación; una vez cerrado el sistema no se aceptará ningún voto.

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): A favor.

El diputado Roberto López González (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se emitieron: 0 en contra, 8 abstenciones y 421 a favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 421 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, dígame. A ver, sonido en la curul en la que se encuentra la diputada Huidobro.

La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Presidente, nada más para preguntar qué pasó con el dictamen de la Comisión de Justicia.

El Presidente diputado José González Morfín: Entiendo que le están haciendo algunos ajustes y viendo algunos de los detalles, y si está en condiciones de presentarse lo meteremos en el orden del día como corresponde y en todo caso, que la asamblea decida si se le dispensa la segunda lectura y lo discutimos de inmediato.

La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Sí, presidente, por eso era importante, como lo comenté hace rato, que no se planteara de forma conjunta, por lo mismo, porque se pone a confusión de este pleno. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, estoy de acuerdo con usted, diputada y en todo caso, que la asamblea decida lo que corresponda, cuando lo tengamos físicamente aquí en las manos, pero lo están revisando.

MAIZ BLANCO

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras diputadas y compañeros diputados, de conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento, tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, la diputada Blanca María Villaseñor Gudiño, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía y de la Sagarpa, se proteja la producción nacional del maíz blanco. Adelante, diputada.

La diputada Blanca María Villaseñor Gudiño: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los productores de maíz blanco de los estados de Jalisco, Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas atraviesan por una grave crisis, tanto en la producción como en la comercialización del grano.

El año pasado, de acuerdo a estimaciones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, México importó una cantidad récord de grano, aun teniendo una gran producción nacional de 2011, sin comercializar. Desafortunadamente, a estas alturas del año, los productores no tienen certeza del precio y quiénes serán sus compradores y poder así asegurar los costos y dar impulso al sector.

En los últimos 12 años el problema se ha agudizado, particularmente porque al maíz blanco se le ha dado un trato comercial igual que al del maíz amarillo, lo cual resulta improcedente, toda vez que la calidad y diferencia entre los granos es abismal; sin embargo, el precio se ha tasado igual e incluso más caro este año.

Las importaciones han propiciado la caída del precio nacional, teniendo como resultado cuantiosas pérdidas para los productores mexicanos y pobreza para sus familias; el maíz que se importa es transgénico, lo cual atenta contra la salud de los mexicanos.

La soberanía alimentaria del país se encuentra seriamente amenazada, ya que los agricultores no tienen utilidades para seguir sembrando maíz, que es el principal producto en la dieta de las familias mexicanas.

Reiteradamente los productores nacionales de maíz han expresado sus demandas sin que se les haya escuchado; en abril de este año informaron cabalmente a la Sagarpa sobre las condiciones de mercado que prevalecieron en su zona de producción, destacando los incumplimientos de contratos de compra entre productores e industriales de la masa y la tortilla, manifestando incertidumbre en el precio del producto, así como la predecible especulación de la industria, debido a la escasez del grano y las importaciones por un millón 800 toneladas de maíz transgénico proveniente de Sudáfrica, distorsionando el mercado nacional, sin costo de arancel, precisamente en plena temporada de recolección del grano mexicano.

En mayo de este año, un grupo de productores acudieron a la Secretaría de Economía en representación de un millar de familias —que dependen de esos ingresos—, a dejar en claro su inconformidad por la importación de maíz transgénico y obtener apoyos para la comercialización del producto, ya que para esa fecha el precio había bajado considerablemente, complicando aún más la economía familiar y afectando el oportuno pago de créditos.

Ante esta situación, esta Cámara debe levantar la voz a favor de los productores mexicanos y exigir al Ejecutivo el cabal cumplimiento de sus atribuciones, particularmente en lo que respecta a sus funciones de participar en el aseguramiento de bienes de consumo básico para la población, así como evitar el acaparamiento y que las intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el encarecimiento de productos y servicios.

No podemos, señoras diputadas y señores diputados, dejar de considerar que del 34 por ciento de los ingresos familiares que se gastan en alimentos y bebidas, el 71 por ciento se destina a productos elaborados con maíz; en razón de ello, estamos obligados a mostrar nuestra solidaridad con los productores de maíz, con sus familias y con todos los mexicanos que tienen derecho a tener en su mesa productos de calidad, a precios justos y no productos transgénicos importados de dudosa calidad, que pongan en riesgo su salud.

Desde esta tribuna es necesario decirles a los secretarios de Economía y de Sagarpa que están en falta con el campo mexicano; su política ha sido errática y omisa, y que los productores nacionales no tienen las mínimas condiciones para competir con los mercados nacional e internacional.

Los productos mexicanos han quedado en desventaja, lo cual ha puesto en alto riesgo la soberanía alimentaria de este país y a la economía nacional. En razón de lo anterior, se presenta, con carácter de urgente resolución, la presente proposición con punto de acuerdo:

Primero. La LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo, a través de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se restablezca el esquema de agricultura por contrato y se restituya el arancel para las importaciones, a efecto de proteger a los productores mexicanos de maíz.

Segundo. La LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo, a través de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de realizar las gestiones necesarias para que el pago de maíz blanco se realice a precio de indiferencia internacional, más las bases que se establezcan para el grano, la cual ha sido históricamente mayor que la del maíz amarillo debido a sus propiedades, ya que su destino es el consumo humano.

Tercero. La LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo, a través de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a mantener una vigilancia estricta sobre las importaciones de maíz, evitar prácticas especulativas, diversificar las fuentes de producción y abastecimiento, así como a retribuir el diferencial de precio prometido a los productores de maíz blanco, compensando así su costo de producción.

Esta Cámara no puede cerrar los ojos ante esta realidad; el campo mexicano está desatendido y por consecuencia, las miles de familias que dependen de él. Los hombres y las mujeres que trabajan de sol a sol para dar vida a la planta productiva nacional, solo han conocido —termino, presidente— el abandono y la desolación. De ahí la creciente pobreza, de ahí la migración, de ahí la marginación y la falta de oportunidades. Vamos todas y todos unidos por el campo. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proteger por la SE y la Sagarpa la producción nacional de maíz blanco y apoyar a los productores mexicanos, a cargo de la diputada Blanca María Villaseñor Gudiño, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, y numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes, se somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los productores de maíz blanco, atraviesan por una grave crisis tanto en la producción como en la comercialización del grano. Cabe mencionar que en estos momentos se encuentran en la etapa de recolección y no cuentan con un precio de garantía que permita solventar los costos y desarrollar al sector.

En los últimos 12 años, el problema se ha agudizado, particularmente porque:

• Al maíz blanco se le ha dado un trato comercial igual al de maíz amarillo, lo cual resulta improcedente, toda vez que la calidad y diferencia entre los granos es abismal, sin embargo el precio se ha tasado igual.

• Las importaciones han propiciado la caída de la producción nacional, teniendo como resultado cuantiosas pérdidas para los productores mexicanos y pobreza para sus familias.

• El maíz que se importa es transgénico, lo cual atenta contra la salud de los mexicanos.

• La soberanía alimentaria del país se encuentra seriamente amenazada, sobre todo si consideramos que el maíz es el principal producto de la dieta de las familias mexicanas.

Bajo el anterior orden de ideas, es importante recordar que el 2 de agosto del presente año, mediante un boletín del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se dio a conocer el volumen diario de exportaciones de granos. Dicha entidad informó que exportadores privados reportaron ventas por un volumen de 982 mil 980 toneladas para entregar a México en el ciclo 2012-2013, y 533 mil 400 para el periodo 2013-2014. Transacción que se señaló como la mayor compra del grano efectuada a los Estados Unidos desde finales de la década de los 80, a pesar de que el precio internacional del maíz mantiene fuertes presiones al alza debido al pronóstico de sequía en el vecino país del norte.

No obstante los señalamientos por parte de Sagarpa, en el sentido de que al tratarse de maíz amarillo destinado al sector pecuario, la compra no afectará el mercado nacional, porque lo que están haciendo las empresas es “una planeación adecuada” que evita las compras de pánico, es clara la omisión de los resultados que la compra tendrá sobre los productores nacionales, sobre los precios y la afectación al gasto de las familias.

Resulta evidente que al tener diversas aplicaciones como forraje y materia prima para la industria, el alza del precio del maíz amarillo generará incrementos en diversos productos como la leche, el cerdo, los embutidos, el chocolate en polvo, los caramelos que contienen glucosa, atoles, alimentos infantiles, cerveza, etcétera.

Aunado a lo anterior, es menester considerar que del 34% de los ingresos familiares que se gastan en alimentos y bebidas, el 71% se destina a productos elaborados con maíz, lo cual, fue expuesto con toda puntualidad durante la última Comisión Permanente la Legislatura pasada.

Por otro lado, es necesario aclarar que México produce aproximadamente 21 millones de toneladas de maíz blanco y ha importado 11 millones de toneladas. Siendo un país deficitario, resulta inconcebible que el maíz nacional no se venda.

Reiteradamente los productores nacionales de maíz blanco han expresado sus demandas sin que se les haya escuchado. En abril de este año informaron cabalmente a la Sagarpa sobre las condiciones de mercado que prevalecieron en su zona de producción, destacando los incumplimientos de contratos de compra entre productores e industriales de la masa y la tortilla, manifestando incertidumbre en el precio del producto así como la predecible especulación de la industria, debido a la escases del grano y las importaciones por un millón 800 mil toneladas  de maíz transgénico proveniente de Sudáfrica, distorsionando el mercado nacional, sin costo de arancel, precisamente en plena temporada de recolección del grano mexicano.

Posteriormente en mayo de este año, los productores acudieron a la Secretaría de Economía, a efecto de manifestar nuevamente sus demandas, en representación de un millar de familias que dependen de estos ingresos para manifestar la inconformidad por la compra del maíz transgénico y obtener apoyos para la comercialización del producto, ya que para esa fecha el precio había bajado considerablemente, complicando aún más la economía familiar y afectando el oportuno pago de créditos.

Ante esta situación, es evidente que resulta oportuno exigir a la Secretaría de Economía el cabal cumplimiento de sus atribuciones, particularmente, en lo que respecta en las funciones participar en el aseguramiento de bienes de consumo básico para la población; y evitar el acaparamiento y que las intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el encarecimiento de productos y servicios.

En razón de lo anterior, se presenta con carácter de urgente resolución la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que se restablezca el esquema de agricultura por contrato, a efecto de proteger a los productores mexicanos de maíz blanco.

Segundo.La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de realizar las gestiones necesarias para que el pago del maíz blanco se realice a precio de indiferencia internacional más las bases que se establezcan para el grano, la cual ha sido históricamente mayor que la del maíz amarillo debido a sus propiedades y a que su destino es el consumo humano.

Tercero.La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a mantener una vigilancia estricta sobre las importaciones de maíz, evitar prácticas especulativas, diversificar las fuentes de producción y abastecimiento, así como a retribuir el diferencial del precio prometido a los productores de maíz blanco, compensando así su costo de producción.

Nota:

1 http://www.fas.usda.gov/scriptsw/PressRelease/pressrel_dout.asp?PrNum=0121-12

Dado en el Palacio Legislativo, el 22 de noviembre de 2012.— Diputados: Blanca María Villaseñor Gudiño, Abel Octavio Salgado Peña, Ossiel Omar Niaves López, María Angélica Magaña Zepeda, Blanca María Villaseñor Gudiño, Rafael González Resendiz, Salvador Arellano Guzmán, Patricia Elena Retamoza Vega, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Lizbeth Loy Gamboa Song, Silvia Márquez Velasco, Erika Yolanda Funes Velázquez, Maricruz Cruz Morales, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, Blas Ramón Rubio Lara, Cecilia González Gómez, Gabriel Gómez Michel, Oscar Bautista Villegas, María Esther Garza Moreno, Dulce María Muñiz Martínez, Emilse Miranda Munive, Faustino Félix Chávez, José Noel Pérez de Alba, Héctor García García, Alma Marina Vitela Rodríguez, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Román Alfredo Padilla Fierro, Marco Antonio González Valdéz, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Luis Olvera Correa, Marina Garay Cabada, María Concepción Navarrete Vital, Zita Beatriz Pazzi Maza, María del Carmen García de la Cadena Romero, Joaquina Navarrete Contreras, Ana Isabel Allende Cano, Leobardo Alcalá Padilla, Armando Contreras Ceballos, Víctor Manuel Manríquez González (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. De conformidad con el artículo 100 del Reglamento, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

Permítame un momento, diputado, vamos a continuar con el trámite.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, se considera de urgente resolución. A ver, sonido en la curul del diputado Contreras.

El diputado Armando Contreras Ceballos (desde la curul): Si me permite la diputada, para suscribir este punto también de urgente resolución, porque estamos del conocimiento, al menos en los estados productores de sorgo y de maíz blanco, y que hoy están atravesando esta situación difícil, complicada, porque el día miércoles 21 de este mes compareció ante la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego el secretario del ramo, Mayorga, en la cual aceptó los 12 mil millones de pesos que Sagarpa dispuso del Presupuesto del 2012; evadió muchas preguntas y la verdad, quienes salen perjudicados son los productos sorgo, producto maíz blanco en Tamaulipas, en Jalisco, en Michoacán, y varios estados productores de esta leguminosa.

En el entendido, señor presidente, de que 10 empresas transnacionales como Cargill, Maseca, Bachoco, Gonsa, se llevaron mil 200 millones de pesos de subsidio, un promedio de 250 millones de pesos cada uno, insisto, acaparando el recurso de los 12 mil millones de pesos etiquetados en el Presupuesto 2012.

Por eso queremos suscribir esta iniciativa para que hoy, que se están todavía levantando las trillas en estos estados, se considere de pronta o urgente resolución para que el precio de comercialización que fija la bolsa de Nueva York, y que estas...

El Presidente diputado José González Morfín: Ya está considerado de urgente resolución, diputado. Le pediría que pudiera concluir con su intervención, porque lo vamos a abrir a discusión.

El diputado Armando Contreras Ceballos (desde la curul): Solamente para suscribirlo y estar al pendiente de todos los productores y los pequeños productores de estos dos productos.

El Presidente diputado José González Morfín: Ya su intervención quedó registrada, diputado. En consecuencia a lo anterior, tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario del Nueva Alianza, para referirse a este tema.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, a nombre de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, les pido su atención para que apoyemos el presente punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución.

Nuestro país había sido autosuficiente en la producción de maíz blanco; sus importaciones eran principalmente por cuestiones de logística, ya que se facilitaba la subproveeduría del sur de Estados Unidos de América.

Productores nacionales de maíz blanco han expresado sus demandas, sin que se les haya dado la debida atención.

En abril del presente año, informaron a la Secretaría de Agricultura sobre las condiciones del mercado que prevalecieron en su zona de producción, manifestando incertidumbre en el precio del producto, así como la predecible especulación de la industria debido a la escasez del grano y a las importaciones por un millón 800 mil toneladas de maíz transgénico proveniente de Sudáfrica, distorsionando el mercado nacional, sin costo de arancel, precisamente en plena temporada de recolección del grano mexicano.

En ese orden de ideas, debemos precisar que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación vigente en su artículo 1o., Capítulo 10, establece la obligatoriedad de aplicar el 194 por ciento de arancel a las importaciones de grano blanco harinero, provenientes de todos aquellos países con los que México no tiene acuerdo de libre comercio.

Sudáfrica no tiene acuerdos o convenio alguno con el país y las importaciones de ese maíz están teniendo un costo de 4 mil 670 pesos.

Respetuosamente le decimos al titular del Ejecutivo federal que la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación no puede estar por debajo de un decreto administrativo expedido por el titular del Poder Ejecutivo federal, en ejercicio de su facultad reglamentaria.

Es clara la jerarquización de normas del sistema jurídico mexicano; por lo que exhortamos a que se establezca a la brevedad el esquema de agricultura por contrato.

Posteriormente, durante el mes de mayo, los productores acudieron a la Secretaría de Economía a efecto de manifestar nuevamente sus demandas, representando a las familias que dependen de estos ingresos y a manifestar la inconformidad por la compra del maíz transgénico. Solicitaron también apoyo para la comercialización del producto, ya que durante ese mes el precio había bajado considerablemente, complicando aún más la economía familiar y afectando el oportuno pago de créditos.

En ese orden de ideas, los productores señalaron que en los últimos 10 años el maíz blanco para consumo humano se ha pagado como si fuera maíz amarillo de uso industrial y para consumo animal, que en su mayoría es importado y transgénico y que el precio que se piensa ofrecer es equivalente al precio del sorgo, a 3 mil 800 pesos, cuando el maíz amarillo, al día de hoy, se está pagando a 4 mil 953 pesos la tonelada.

Así las cosas, durante agosto autoridades de la Secretaría de Economía aseguraron que la tonelada de maíz blanco se mantendría por debajo de los 5 mil pesos, lo cual no sucedió, ya que en ese mismo mes alcanzó un precio máximo de mayoreo hasta de 6 mil 500 pesos por tonelada, de acuerdo con reportes oficiales.

Aún no está claro el precio que les pagarán los compradores de este grano debido a las modificaciones de la Secretaría de Agricultura que promovió, a efecto de eliminar el esquema de agricultura por contrato.

Coincidimos con la diputada proponente de este punto de acuerdo, en el sentido de que resulta evidente, al no tener diversas aplicaciones, como forraje y materia prima para la industria, el alza del precio del maíz amarillo generará incrementos en diversos productos, como la leche, el cerdo, los embutidos, el chocolate en polvo, los caramelos que tienen glucosa, atoles, alimentos infantiles, etcétera.

En Nueva Alianza nos solidarizamos también con los productores maiceros y los acompañamos en su lucha para hacer frente a esta problemática, que está provocando un descontento generalizado en el sector rural. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, por tres minutos, el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, el modelo que gestó el gobierno panista en la producción del campo desafortunadamente no dejó de producir, sino que empobreció al campesino mexicano. Este modelo fracasó y ahora están las consecuencias.

En el campo solamente ganan los que especulan con los insumos, compran aprovechándose de las necesidades de los campesinos, porque en la cosecha solamente piensan en pagar sus deudas y créditos; entonces, al no haber una protección en la comercialización, pues quien gana realmente son los especuladores y no el que produce.

Por eso debemos ya determinar un proyecto. Ahora las autoridades que entran deben puntualizar en un proyecto que verdaderamente concatenen las cadenas productivas, que verdaderamente haya capacitación, no solamente extensionismo, sino una verdadera capacitación; que haya centros donde los mismos campesinos intervengan, interactúen para que haya intercambio de experiencias y se puedan manejar modelos productivos que generen en verdad remuneración para ellos, y cuidarnos especialmente de la especulación.

Le dan trato y se sigue importando maíz amarillo, situación que deja en desventaja a los productores de maíz blanco. Eso es lo que necesitamos verdaderamente, de entrada. Ya la Sagarpa y el Ejecutivo federal, la Secretaría de Economía, pero sucede que ya a unas horas de entregar, pues ya no pueden hacer nada.

Por ello también el exhorto va para las autoridades que entran, que verdaderamente pongan atención en este aspecto; que inmediatamente vean y se reúnan con los productores de maíz blanco para que especifiquen ahí y realmente determinen el apoyo para la comercialización ahorita que están cosechando, porque —insisto— su mayor preocupación es que ya tienen que pagar sus créditos, que ya tienen que pagar sus deudas y son víctimas del coyotaje.

Por eso es el exhorto y vamos a votar los del Partido del Trabajo a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el maíz es un producto que se ha venido cultivando desde hace más de siete mil años por nuestros antepasados indígenas en las zonas de México y América Central, y actualmente es el cultivo más imprescindible en nuestro país; se producen alrededor de 18.2 millones de toneladas, en una superficie de 8.5 millones de hectáreas, las cuales en su mayoría son producidas por productores ejidales.

Alrededor del 90 por ciento de la producción nacional de maíz es de la variedad de maíz blanco, el cual en su mayoría se destina al consumo humano, pero a partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte las importaciones de maíz provenientes de Estados Unidos de América han ido en aumento de manera exorbitante.

En nuestro país se sigue teniendo la deuda histórica de desatención al sector rural; existen 25 millones de campesinos, de los cuales el 75.2 por ciento vive en marginación, como históricamente ha sido, por lo que aproximadamente 15 millones de niños que viven en el campo se encuentran en condiciones de extrema pobreza, gracias a las políticas nefastas emprendidas por los verdugos del pueblo de México, el PRI y el PAN.

La Sagarpa anunció que dejará de operar el esquema de agricultura por contrato, argumentando la falta de presupuesto, pretendiendo sustituirlo por el Programa de Administración de Riesgos de Mercado. Con este nuevo programa se pretende otorgar, a través de las instituciones bancarias y no bancarias, solo un apoyo decreciente y de limosnas, lo cual sin duda conllevará a agrandar la severa crisis en la producción de este importante grano, el único que garantiza la subsistencia de nuestras comunidades indígenas y pueblos originarios.

Evidentemente, los agricultores están en desacuerdo y Movimiento Ciudadano se suma su rechazo, porque tienen toda la razón, ya que el nuevo programa es muy atractivo y redituable para el coyotaje e intermediarios financieros, pero no para los verdaderos productores.

Nos parece que el programa que Sagarpa quiere implementar es improvisado, inoperante e inoportuno, pues adolece de una verdadera planeación de cultivo, como se puede hacer con el esquema de agricultura por contrato.

No podemos permitir que se siga afectando severamente el sector agrícola, no hay que perjudicar el patrimonio de todos los agricultores mexicanos; no pongamos ni sigamos poniendo de rodillas a los productores ante los compradores, que con este nuevo programa acabarán esperando el libre comercio y comprando mercancía foránea a menor precio.

Se solicita a la Sagarpa que permita seguir operando el esquema de agricultura por contrato, ya que éste debe prevalecer para garantizar la comercialización de la cosecha, que es tan importante para la economía de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera importante apoyar a los productores de maíz blanco; por lo tanto, votaremos a favor. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada María del Rosario Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito:Con su venia, señor presidente. La norma oficial mexicana define al maíz blanco de ese color que presenta un valor menor o igual al 5 por ciento de maíces amarillos, y que contenga como máximo 5 por ciento de maíces oscuros, como el rojo, azul y morado. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América indica que es la semilla formada por granos blancos, la cual puede contener hasta 2 por ciento, como máximo, en otros colores.

Los granos ligeramente teñidos se consideran como blancos, a condición de que no se cubra con otra tonalidad menos del 50 por ciento de la superficie del grano; por el contrario, si es igual o mayor a otro color al 50 por ciento, será considerado como un grano distinto.

Las industrias harineras y almidoneras prefieren al maíz blanco debido al color en el producto terminado. La prueba es el uso dado en Estados Unidos de América para hacer hojuelas de maíz y harinas gruesas; por lo anterior, tiene un precio mayor que el maíz amarillo y las prácticas culturales para su producción son similares a las del maíz amarillo, el único inconveniente es el efecto del grano de polen, proveniente del amarillo, ya que producirá un grano teñido de ese color.

En nuestro país, en este momento, no se encuentra contemplado un precio de garantía para este producto. Al contrario, hay diferentes factores a que los productores de maíz blanco vayan desapareciendo.

Dentro de dichos factores encontramos, un trato en costos igual al maíz amarillo, lo cual resulta totalmente erróneo, pues la diferencia entre ambos productos es notoria; el exceso y la desmedida importación de maíz amarillo, la importación del maíz transgénico.

Por todo lo aquí expuesto, consideramos necesario apoyar a los productores mexicanos de maíz blanco. Solo a través de estímulos podríamos lograr la tan anhelada soberanía alimentaria, que tanto necesita nuestro país.

En la bancada del Partido Verde Ecologista apoyamos, en todos sus términos, el punto de acuerdo propuesto por la diputada Blanca Villaseñor Gudiño, del Partido Revolucionario Institucional. Además, consideramos que la agricultura por contrato —como ella lo propone— tiene un sistema bien definido y organizado.

Como se ha visto, en dicho contrato se establece la necesidad de cubrir todos los aspectos de la elaboración del maíz blanco, desde antes de la producción hasta la entrega de la misma, con el objetivo de evitar riesgos de diferentes tipos, tales como: sistémicos, financieros, crediticios, climáticos, entre otros; apoyándose en la colaboración de diversos agentes.

Por todo lo anterior, podemos afirmar que es un acierto la propuesta planteada. Asimismo, consideramos oportuno solicitar que el precio del maíz blanco sea superior al del maíz amarillo, ya que contienen diferentes compuestos y en ningún momento pueden ser equiparables; además de exhortar a las autoridades federales a mantener una vigilancia estricta sobre las importaciones del maíz amarillo, para evitar acciones o prácticas que dañen a los productores de maíz blanco, por lo que reiteramos nuestro total apoyo a este planteamiento. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Con el permiso del diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, los organismos, como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y la mayoría de los gobiernos de los países ricos, impusieron la industrialización de la agricultura con la liberación de los mercados y además, la introducción de los granos genéticamente modificados en la dieta de los mexicanos y por si fuera poco, destruyeron, en los últimos 25 años, las bases de la seguridad alimentaria, y como producto básico y estratégico: el maíz blanco.

Hoy la alimentación y el consumo del maíz amarillo, transgénico, en la dieta de los mexicanos depende de las empresas trasnacionales, como Cargill y Monsanto, organismos que imponen y manipulan el mercado interno de los granos y los productos básicos, teniendo —claro está— aliados como Maseca, Minsa, ADM (Archer Daniels Midland), Bachoco, Bimbo, entre otras.

En los últimos 10 años estas empresas trasnacionales se han beneficiado con más de 3 mil millones de dólares en aranceles no cobrados por concepto de importación, y en el 2011 se les destinaron 10 mil 376 millones de pesos del PEF.

El diario La Jornada publicó que durante el 2012 Maseca recibió un subsidio de 292 millones 368 mil pesos; Bachoco, 267 millones; Cargill, 224 millones. Además, Gravesac, 213 millones, y Grupo Gamesa, 104 millones.

Los titulares de la Sagarpa y Economía utilizaron la crisis alimentaria para que estas empresas agroalimentarias incrementaran sus ganancias por la importación de maíz amarillo transgénico.

El gobierno federal niega los subsidios a los productores mexicanos de maíz blanco, dizque para protegerlos; en cambio, otorga miles de millones de dólares en subsidios a estas empresas que manipulan el mercado mundial de los precios de maíz transgénico y lo introducen al mercado interno para el consumo de las familias mexicanas.

Compañeras y compañeros diputados, es importante señalar que después de la aprobación del TLC y la introducción del maíz amarillo transgénico a la dieta de los mexicanos, las enfermedades crónicas-degenerativas se han incrementado por la ingesta de estos alimentos.

La obesidad, el cáncer y la diabetes, no descartemos que tengan mucho de origen en el envenenamiento que sufrimos los mexicanos cuando consumimos estos granos.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 110, mandata al Ejecutivo federal para que a través del PEF aplique medidas para la protección de la producción nacional por presupuesto anual, para equilibrar las políticas agropecuarias y comerciales del país, con la de los países con los que tiene tratados comerciales, tales como el establecimiento de pagos compensatorios, gravámenes, aranceles, cupos y salvaguarda, entre otros, para contribuir a la formación eficiente de precios nacionales y reducir las distorsiones generadas por las políticas aplicadas en otros países.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, tenemos que aplicar subsidios a los productores de maíz blanco y protegerlos de las importaciones de maíz amarillo transgénico, que tanto daño provocan a nuestra salud.

Es inadmisible cómo es que hay grandes industriales millonarios —que hasta se dan el lujo de extender sus empresas en el extranjero, como Maseca—, que tengan subsidios de nuestro Presupuesto y los campesinos agonizantes cada vez mas.

Es irrisible, el precio fluctúa, por kilo de maíz blanco, entre 3 y 4 pesos, y la tonelada de harina de Maseca o Minsa, cuesta alrededor de 10 mil pesos.

Compañeras y compañeros, por ello sostengo: grandes industriales, muy ricos, a expensas de los pobres productores y el subsidio de nuestro gobierno, y campesinos empobrecidos.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD, del que formo parte, está a favor de este punto de acuerdo que propone la diputada Blanca, y ello es muestra de que hay puntos donde coincidimos plenamente y que nos podemos poner de acuerdo; ello es prueba de que sí se puede. Hace falta voluntad política, y de nuestra parte la hay. Gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado José Ángel González Serna:Con su venia, diputado presidente. No hay duda que en México históricamente el maíz ha sido el cultivo más importante, por lo que representa en términos alimenticios, económicos, culturales e incluso políticos.

En los últimos años, la variedad de productos descubiertos como derivados del maíz, el comercio internacional de este grano, su menor superficie sembrada en México y la ocurrencia de eventos climáticos intensos han influido en el mercado nacional de este cultivo.

En décadas pasadas el maíz era utilizado para consumo humano y animal, pero actualmente tiene otros usos: en la industria refresquera, en la de bebidas alcohólicas, en la de pastas dentales o en biocombustibles, entre otros usos.

En ese sentido, el consumo mundial del maíz de 2003 al 2010, evidenció un dinamismo más acelerado, con una tasa media de crecimiento anual de 3.8 por ciento, y una producción inestable que ha derivado en presiones en los precios internacionales de este commodity.

Por otra parte, en la década de 1990-1999, la superficie nacional sembrada de maíz fue en promedio anual de 8.5 millones de hectáreas; mientras que de 2000 a 2011, el promedio no alcanzó los 8 millones de hectáreas y mostró una tendencia descendente con un promedio anual de 500 mil hectáreas sembradas menos, debido a factores como la de reconversión de cultivos.

Ante un escenario como el antes descrito, el gobierno federal ha impulsado políticas agrícolas para incrementar la producción nacional de maíz, mejorar los procesos de comercialización, además de posibilitar que este bien sea accesible a la población y además, como materia prima en sectores como el ganadero.

Para contribuir con la soberanía y seguridad alimentaria nacional y afrontar el cambio climático, se han impulsado proyectos como el de modernización sustentable de la agricultura tradicional, se ha incrementado la productividad del maíz y actualmente se tienen rendimientos y una producción mayor a la de las décadas pasadas, a pesar de una superficie menor sembrada.

De 1990 a 1999 se tenía un rendimiento anual de 2.2 toneladas por hectárea y una producción promedio anual de 17.2 millones de toneladas; mientras que en el 2000 a 2011, el rendimiento promedio anual ascendió a 2.9 toneladas por hectárea y una producción promedio anual de casi 21 millones de toneladas con sequías inclementes.

Con lo que respecta a la comercialización, ya no se promueven políticas gubernamentales costosas e ineficientes para todos los mexicanos, con intervenciones en el mercado y barreras comerciales que impiden el fomento de la competitividad de la producción nacional, salvo aquellas que tienen visión responsable de las finanzas públicas y del bienestar de todos los mexicanos; ahora no se estaría de acuerdo en promover esquemas, como el de Conasupo, que absorbían más de 1 punto porcentual del PIB y que solo eran un espejismo, además de una cueva de ladrones.

A razón de lo anterior, los diputados del PAN apoyamos las políticas agrícolas y de comercialización responsables y estamos a favor de que el Ejecutivo federal continúe fomentando el ordenamiento de los mercados en las regiones que presentan cosechas excedentarias de maíz, a fin de dar una certeza en la venta de un precio competitivo.

Estamos a favor de ser más competitivos, eficaces y eficientes en el sector agropecuario y en particular en el maíz; estamos a favor de una fórmula que incluya a los productores, pero además a la economía familiar. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado orador.

Don Cesario Padilla Navarro; don Cesario, de Magdalenas, Jalisco, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Cesario Padilla Navarro: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI brinda su total apoyo a la proposición presentada por la diputada Villaseñor y reiteramos nuestra solidaridad y compromiso con los productores nacionales.

No hacemos oídos sordos a las demandas de los productores de maíz blanco; nos sumamos a la defensa del grano nacional y convocamos a todas las fuerzas políticas y al Ejecutivo federal a defender la producción, comercialización y precio, el cual se mantiene a la baja debido a las indiscriminadas importaciones y a la incertidumbre que ha causado la modificación al esquema de agricultura por contrato.

Jalisco, Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas, son los principales estados que se ven afectados por la falta de políticas y programas que blinden el interés nacional de este rubro.

Es de señalarse que a punto de recoger la cosecha, los productores no tienen claro el precio que les pagarán. Como es sabido, en los últimos años, el maíz blanco para consumo humano se ha pagado como si fuera amarillo, de uso industrial y para consumo animal, que en su mayoría es importado y transgénico, e incluso se ha denunciado que el precio que se empieza a ofrecer es equivalente al sorgo.

La caída del precio del grano mexicano se relaciona directamente con las importaciones autorizadas de Economía de maíz blanco transgénico, proveniente de Sudáfrica, lo que impidió la comercialización de casi medio millón de toneladas de maíz nacional.

Lo anterior afecta tanto a los productores como a la población que consume maíz transgénico de dudosa calidad, lo cual no solamente deriva en una problemática que agudiza la falta de soberanía alimentaria, sino que pone en riesgo la salud de todos los mexicanos.

Sin duda manifestamos nuestra posición favorable para que se impidan las importaciones futuras de productos, sobre todo si ello implica nuestra economía.

El Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor de que las autoridades del ramo apoyen la compra de maíz blanco nacional y se impulse un programa emergente de compensación y cobertura a los precios de este producto.

Amigas y amigos diputados, los campesinos tenemos una bomba de tiempo y está a punto de estallar; atendámoslos y démosles todo el apoyo que ellos quieren para que el precio del maíz esté bien y que paguen sus deudas. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor orador. Muchas gracias.

Perdón, pero me faltó un trámite; necesitamos votar el anterior. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se prueba.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado, comuníquese.

* LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen relativo a las modificaciones que la Cámara de Senadores realizó a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; que adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; que adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se reforma la Ley Federal de la Defensoría Pública.

Con el objeto de que todos estemos claros del procedimiento o de la condición de esta minuta, le ruego a la Secretaría dar lectura al inciso E del artículo 72 constitucional.

Sí, a sus órdenes. Sonido en la curul de la diputada, por favor.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Sobre la inclusión al orden del día del dictamen de justicia, si me permitiera hacer algunas consideraciones.

Como bien marca el artículo 64, la Junta podrá proponer la inclusión de un punto del orden del día cuando no se encuentre originalmente publicado en la Gaceta, como es el caso de este dictamen, pero para ello deberá de hacer la solicitud el presidente al pleno y deberá de distribuir a los diputados y diputadas, en forma electrónica y a solicitud en forma impresa, antes de que se ponga a consideración del pleno.

Simplemente quería comentar que en este caso soy miembro de la Comisión de Justicia y algunos miembros de la Comisión de Justicia ni siquiera teníamos conocimiento de que esta minuta se iba a poner a consideración del pleno y obviamente no tenemos el dictamen; sé que algunos diputados lo tienen, pero al menos a esta curul 118 no ha llegado y creo que muchos de los compañeros en el pleno tampoco tienen conocimiento de qué es lo que van a votar.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada, el dictamen está en el orden del día; al inicio de la sesión hicimos todos los trámites a los que usted arguye y al inicio de la sesión —hace ya varias horas— dispensamos los trámites, pero aparte declaramos la publicidad.

Le ruego a la Secretaría proceder con la lectura del inciso E del 72.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Artículo 72 constitucional, inciso E: Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse de manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharan en su segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto solo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Esta Presidencia informa a la asamblea que la honorable Cámara de Senadores realizó las siguientes modificaciones a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes: la supresión del párrafo segundo del artículo 72, la modificación en el primer párrafo del artículo 127 y la supresión del párrafo segundo del artículo 179. En consecuencia, están a discusión en estos términos, en lo general y en lo particular.

Tiene el uso de la voz doña Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, para fijar postura. Permítame un segundo. La comisión nos manda a doña Delvim Fabiola Bárcenas Nieves.

Le ruego me disculpe. Perdón —la dejé como caballo en el arrancadero—, le ruego me disculpe.

La diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves: Buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas de esta honorable Cámara, me permito manifestar que la Comisión de Justicia que se honra en presidir nuestra compañera Claudia Delgadillo, ha aprobado el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública.

Después de un largo proceso desde el año 2009, hoy ponemos a consideración de esta soberanía la iniciativa en comento; por lo anterior, es menester resaltar las bondades que esta ley ofrece a los adolescentes que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad y a los que se les atribuye y compruebe la realización de una o varias conductas tipificadas como delito, competencia de las autoridades federales, así también como a los adultos jóvenes de entre 18 años cumplidos y menos de 25 años de edad que se encuentren en estas mismas circunstancias, y a los que se les aplicará el sistema federal de justicia para adolescentes en todo aquello que proceda.

Se establecen, como principios rectores del sistema, el interés superior de adolescente, la presunción de inocencia, la cual es acorde con la reforma constitucional, transversalidad, certeza jurídica, mínima intervención de los adolescentes, subsidiaridad, especialización de los órganos en materia de justicia para adolescentes, inmediatez y celeridad procesal, flexibilidad para suspender en cualquier momento el proceso en beneficio de las adolescentes y protección integral de los derechos a éstos y adultos jóvenes, reintegración social y familiar; justicia restaurativa, que comprende la reparación del daño, la conciliación entre las partes y el fortalecimiento, el sentido colectivo de seguridad y proporcionalidad e inmediación.

Este ordenamiento dispone medidas de orientación y protección, como lo son el apercibimiento, prestación de servicios a favor de la comunidad, libertad asistida, asistencia a instituciones educativas y prohibiciones diversas que favorezcan al adolescente, ya que éstas se encuentran encaminadas a promover su formación, la comprensión del sentido que tiene la medida, el fomento de vínculos socialmente positivos y el pleno desarrollo de su personalidad, respetando —por supuesto— en todo momento, los derechos humanos de los adolescentes.

Los puntos a destacar son los procedimientos alternativos, como lo es la conciliación, que deberá ser aprobada por el juez de distrito especializado para los adolescentes y el de mediación, en el cual una persona o entidad especializada en la procuración de acuerdos interviene en el conflicto para brindar a las partes asesoramiento respecto de los posibles acuerdos que puedan alcanzar para dirimir su controversia.

Otro aspecto es la reparación del daño, el cual tiene como finalidad infundir en el adolescente y adulto joven el respeto por el derecho a la integridad moral, física y psicológica de las personas, así como el derecho a la propiedad, el valor estimativo de los bienes privados y garantizar los derechos de las víctimas u ofendidos.

Compañeros y compañeras diputadas, hoy es momento de actuar y de poner sobre la mesa la realidad en la que vive nuestro país y de la que han sido presa nuestros jóvenes y debemos cumplir con una obligación social y política, en donde nuestra participación como legisladores conlleve una gran responsabilidad para con nuestros distritos y comunidades.

Es importante que todos los grupos parlamentarios seamos solidarios y responsables, y más hoy en día, que nuestros jóvenes están siendo presa de la delincuencia organizada con mayor facilidad de agravio, ya que el futuro de nuestro país se encuentra en sus manos.

Estimamos, con la aprobación de esta ley, que se cumpla con la obligación constitucional para que opere lo más perfecto posible todo el aparato del Estado mexicano para aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento de quienes hoy detentamos el presente y futuro de nuestro país, los jóvenes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Ahora sí, está a consideración. Tiene doña Lilia Aguilar Gil el uso de la voz, porque ya se la habíamos concedido, aún cuando don José Angelino Caamal se acaba de inscribir a nombre de Nueva Alianza, pero doña Lilia, tiene usted el uso de la voz.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Antes de que corra mi tiempo, señor presidente, le solicitaría —aunque aprecio mucho su sentido del humor y lo he apreciado durante estos meses en esta Cámara— que no me compare con un caballo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le ruego me disculpe; mi disculpa más sentida.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Con la venia de la asamblea. La minuta que estamos discutiendo el día de hoy —en esto hay que ser muy claros— es una minuta chiquitita que se refiere solamente a cuatro artículos, el 72, el 113, el 127 y el 179 de la Ley de Justicia para Adolescentes, pero la discusión que nosotros vamos a dar acá es una discusión que debe interesar a todos ustedes como legisladores, y que tiene que ver, no sobre estos artículos que son meros cambios de redacción, sino sobre el fondo de esta ley, que es una ley —lo menos que podemos decir— que no cumple con los objetivos de la reforma penal que se ha anunciado en este todavía gobierno de Felipe Calderón, y que tampoco cumple con los principios del sistema adversarial y oral, que se supone que debe de perseguir el nuevo gobierno de la República.

Antes que nada, permítanme, a nombre de la fracción del PT, ser generosa en el reconocimiento del artículo 18 constitucional, que se modificó y que da pie a esta ley.

El 18 constitucional es la idea, el sueño de un sistema penal que pretende hacer sujetos, no solamente de obligaciones penales, sino de derechos y eliminar la tutela a los adolescentes entre los 12 y los 17 años.

En efecto, la persona que me antecedió en la palabra decía que tiene muchas bondades el artículo 18 constitucional en la Constitución y en el papel, no en la práctica y no en esta ley; sin embargo, aunque los saca del limbo jurídico, hace un proceso judicial especial, y eso es lo que pretende hacer: un proceso judicial especial para los adolescentes.

No tiene esta Ley como objeto castigar o tutelar a los adolescentes, eso es lo que se supone y eso es lo que dice el artículo 18 constitucional y prevé el 18 constitucional, insisto, un sistema transparente, adversarial y público.

¿Pero qué es lo que pasa en la realidad con este dictamen que ha saltado de Cámara en Cámara, y que ha sido modificado de su propuesta original de 2009, presentada por el presidente de esta Cámara de Diputados? Este dictamen ha sido corrompido finalmente; adolece esta Ley de todos los principios del sistema de justicia penal y adversarial.

El espíritu del artículo 18 constitucional se perdió en este peregrinar, compañeros diputados, cuando el centro de esta ley debería de ser hacer sujetos de un proceso a los adolescentes y el reconocimiento de sus derechos.

Ahora sí que como dicen por ahí: para muestra basta un botón, y en esto quisiera que pusieran mucha atención, porque es lo que están aprobando o lo que se aprobó ya en el Senado y en la Cámara de Diputados; permite, no solamente el uso de la fuerza y la coerción en los centros de internamiento para los jóvenes adolescentes, y no se acaba con la tutela y tampoco prevé un sistema transparente ni oral, porque esta misma ley marca que las resoluciones se harán en papel —como se hacen ahora— y el procedimiento seguirá siendo el mismo. No hay cambio, no hay nada nuevo, sobreelegido en este tema.

Voy a hacerles la lectura del artículo 11 y para esto pido la consideración de la Presidencia. El artículo 11 de este dictamen —y por eso solicitaba que a todos nos hubiese sido distribuido el mismo—, en su fracción XVII, dice: El adolescente o adulto joven podrá ser controlado con fuerza o instrumentos de coerción, para impedir que lesione a otros adolescentes o a sí mismo o cause daños materiales.

Vuelvo a insistir. El artículo 1o. de esta ley dice que el centro de esta ley es el interés superior del adolescente. No conozco ley penal ni conozco ley penitenciaria que diga que al interior de los centros de internamiento, cárceles o como les quieran llamar, se pueda torturar o se pueda utilizar el uso de la fuerza a los internos, porque así lo determine algún trabajador administrativo de este centro.

Pero vayamos más allá. Artículo 26, fracción XIII: Podrán las autoridades administrativas utilizar la fuerza física o instrumentos de coerción, exclusivamente cuando se hayan agotado todos los medios no coercitivos para la imposición de la seguridad y la disciplina.

Señores diputados, quién va a determinar cuándo ya se utilizaron todos los medios no coercitivos, quién va a decir cuándo a estos jóvenes se les pueda aplicar el uso de la fuerza y quien va a decir hasta dónde.

Este dictamen es claramente violatorio de derechos humanos y estamos poniendo en una Ley de Justicia para Adolescentes, estamos diciendo que los jóvenes entre los 12 y los 17 años, o antes de cumplir los 18, ahora sí pueden ser internados, en términos no estrictos, jurídicamente pueden ir a la cárcel o pueden ser internados, pero no pueden ser sujetos de derecho ni se les respeta sus derechos humanos en los centros de internamiento. Eso es lo que dice este dictamen.

Finalmente —como lo dije al inicio y para terminar mi intervención—, esto se votó en la legislatura anterior, esto se votó ya en el Senado. Lo que nos queda hacer en esta Cámara de Diputados —y les agradezco a mis fans que me chiflan desde atrás—, lo que se debería de hacer sobre este dictamen es reformarlo, porque creemos que los adolescentes no deben de ser tratados de esta manera, porque ya no podemos hacer nada.

La posición del Partido del Trabajo en este sentido es: no podemos votar en contra de una minuta que no tiene de fondo y que no se va a discutir de fondo en este dictamen, que ya fue aprobado por la legislatura anterior; el Partido del Trabajo se abstendrá, en seriedad a esta minuta que estamos votando, pero sí queríamos hacer del conocimiento de toda la asamblea qué es lo que está en el fondo de esta ley, y qué es a lo que estamos exponiendo a nuestros jóvenes en este país.

Le agradezco mucho, presidente y le agradezco mucho su consideración de tiempo. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Doña Zuleyma Huidobro, tiene el uso de la voz.

Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Universidad Autónoma del Noreste, en Coahuila, invitados por don Salomón Juan Marcos Issa. Sean ustedes bienvenidos.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Gracias, presidente, con su permiso. Resulta alarmante que no obstante que apenas comienza la Legislatura, ya estamos arrastrando con los vicios, las irregularidades y las ilegalidades, que son propias de las pasadas.

Con fecha 14 de noviembre de este año, en la reunión de trabajo de la Comisión de Justicia se incluyó en el orden del día el análisis sobre la minuta de proyecto de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, minuta que fue aprobada en sus términos con un solo voto en contra, el mío, por cierto.

Hoy, sin embargo, no fue puesto del conocimiento —como era debido— a todos los integrantes del pleno de esta Cámara.

Ahora resulta que se encontró enlistado en el orden del día y no obstante que fue presentado un voto particular en tiempo y forma, éste también fue publicado en último minuto.

Ciertamente, a estas instancias del procedimiento legislativo, estamos frente a un dictamen que nos ofrece un margen de maniobra bastante reducido. Tan solo se pusieron a discusión cuatro artículos contenidos en la minuta.

En la Comisión de Justicia reiteradamente se manifestó que era importante que esta Cámara no solo se volviera de trámite.

¿Cuál es la urgencia para que se apruebe? Una opinión de la recién creada Comisión de la Niñez no fue atendida debidamente. Me pregunto entonces, ¿para qué, diputados, aprueban la conformación de nuevas comisiones, si no son tomadas en cuenta? Sí se leyó la opinión, pero sus propuestas no fueron consideradas; es como si no hubieran existido.

El proyecto de decreto incluye la implementación de órganos, instancias y procedimientos especializados para determinar la responsabilidad de los adolescentes en la realización de una conducta tipificada como delito, garantizar la protección de los derechos de la víctima u ofendido, y regular la ejecución de las medidas de sanción penal federal aplicables.

No obstante, y a pesar de las aparentes bondades escritas en la ley, debe afrontar algunas observaciones que demeritan y contradicen el proyecto presentado por la Comisión de Justicia y el cual, reitero, se votó en contra.

Primero. El proyecto en comento retoma una iniciativa presentada en el 2009; sin embargo, esta iniciativa resultaba en su origen obsoleta, en la parte procesal, frente a las reformas constitucionales, en materia de justicia penal de 2008, además de ser incongruentes con el espíritu de la propia reforma constitucional de justicia de 2005 cuyo objetivo consistía en dotar de mejores y mayores garantías a los adolescentes.

Las razones de ellos son las siguientes: establece como supletorio el Código Federal de Procedimientos Penales, el cual es de carácter inquisitivo, lo que contraviene la reforma de justicia penal de 2008, que establece un sistema acusatorio y oral; el proceso que pretende establecer la existencia jurídica de delitos cometidos por adolescentes es escrito y formal, en vez de ser acusatorio y oral; las normas que regulan el proceso que se seguiría a los adolescentes mantienen el modelo del sistema inquisitivo actual. Esto es abiertamente contrario a las garantías del debido proceso legal, reconocido por la propia Constitución y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En la Ley de Adolescentes se encuentran normas que son más rígidas aún que para los adultos. Por señalar un ejemplo, el catálogo de delitos graves a los que es aplicable la medida de internamiento permanente es aún más extenso que el catálogo provisto en la Constitución para adultos.

Sin contar la parte de tortura hacia adolescentes, que inclusive diputados del PRI reconocieron que habrá de reformarse posteriormente. Esto se encuentra contemplado en el artículo 26, fracción VIII, y que hizo referencia la diputada Lilia Aguilar.

En los artículos transitorios de la ley se establece que entrará en vigor dos años después de su publicación; es decir, si hipotéticamente el día de hoy fuera aprobado, la ley procedería en el 2014, siendo que el sistema acusatorio obligadamente tiene que actualizarse a nivel federal en 2016, tanto para adolescentes como para adultos.

Tampoco fueron consideradas leyes de los estados que se encuentran más avanzados en este tema, como es el caso de los estados de Veracruz y Tamaulipas.

La ley es ambigua y en ocasiones omisa en esclarecer cuáles son las premisas o el modelo de reintegración social a seguir, cuáles son los protocolos terapéuticos necesarios, o cuáles son las prácticas coercitivas genuinamente especializadas.

Más aún, en marzo de 2011, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la anterior legislatura de esta Cámara de Diputados informó de los resultados del estudio y análisis que llevaron a cabo del proyecto de decreto que hoy consideramos. En opinión de dicha Comisión, el impacto presupuestario para establecer el sistema de justicia para adolescentes ascendería a la cantidad de 676 millones 405 mil 820 pesos, solo en el primer año de ejercicio.

La fuerte erogación presupuestal —y que por supuesto, no está actualizada—, que implica la ejecución de la ley que examinamos, resulta a todas luces significativa y abrumadora.

¿Por qué no se invierte este presupuesto para prevenir, en vez de sancionar, en crear más burocracia de la que hay en México, y no se destina mejor a la cultura y a la educación de los adolescentes de nuestro país? Esto es lo que realmente hace falta, repito, cultura y educación.

En un país como el nuestro, donde las carencias están al orden del día, donde los problemas, marginación, inseguridad pública o educación prevalecen de manera alarmante, como consecuencia de las irresponsables políticas económicas del Estado mexicano, resulta incongruente dirigir los escasos recursos presupuestales a un sistema de justicia, que por su propio diseño institucional resultará en la práctica obsoleta, por no decir que retrógrada.

Derivado de lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del proyecto a discusión. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México.

Le damos la bienvenida al señor presidente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Samuel Toledo Córdova, invitado por el Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, se está sometiendo a su consideración esta Ley de Justicia para Adolescentes.

Quisiera empezar por comentarles que de alguna manera todos, poco a poco y sin que esto pudiera suponerse como una aceptación o un apoyo para que un Estado autoritario pudiera imponerse —desde luego que no—, ante todo estamos de acuerdo en que el Estado tiene que permitir las expresiones más libres de nuestra democracia, pero todos hemos sido tolerantes y de alguna manera hemos ido construyendo este estado de barbarie en el que nos encontramos.

¿Por qué? Porque las violaciones más mínimas a la ley, las violaciones más absurdas e inocentes que puedan ustedes pensar, como puede ser una violación a un reglamento de tránsito, se van sumando y sumando y de repente esta serie de gotas acaban por llenar el vaso y llega el momento en el que el vaso nos demuestra la realidad de adolescentes que acaban siendo, quizá, de entre todas aquellas personas que cometen conductas tipificadas como delitos, los más violentos.

Tenemos que hacer algo —desde luego nosotros como legisladores, nuestro Estado— para remediar este estado de violencia en el que estamos nosotros inmersos. No se trata de ser intolerantes, sino que se trata de que reconozcamos de una vez por todas que las normas jurídicas son típicamente coercitivas y en ocasiones el ejercicio de la fuerza pública acaba siendo perfectamente legítimo, inclusive para corregir a los adolescentes, cuanto estos han sido participes en alguna conducta tipificada como delito y están siendo sujetos de medidas para su reintegración social y familiar.

En este estado de violencia, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha dejado familias desintegradas; ha provocado que muchos padres de familia, madres de familia tengan que emigrar hacia otros países con el objeto de lograr su sustento; ha provocado que muchos padres de familia, madres de familia queden desamparados en el desempleo, y esto ha vulnerado a la familia como principal núcleo de nuestra población.

¿En qué se ha traducido también esto? En una grave pérdida de valores, y la pérdida de valores ha tomado como principal víctima a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestro futuro. Tenemos que reaccionar.

Celebramos desde luego que, muy a pesar de que esta ley no tuvo la posibilidad de discutirse en esta Legislatura, se abra ahora esta ocasión para que nosotros nos posicionemos con relación a sus alcances; es una ley que permite tener instrumentos para que autoridades especializadas del orden administrativo o judicial traten este fenómeno y acaben por individualizar las medidas más adecuadas, de acuerdo con el artículo 18 constitucional, para dar tratamiento a la violencia, a la falta de rumbo en la que se ven muchas inmersos nuestros adolescentes cuando cometen delitos.

Les estamos dando certidumbre jurídica a los adolescentes, en primer lugar, como sujetos de estos procesos; estamos abriendo un proceso que se apega al 18 constitucional y que entra desde luego dentro de la ventana de temporalidad a la que se refiere nuestra nueva justicia adversarial, en el 20 constitucional; se van a respetar garantías fundamentales de todo gobernado, como sujetos de un debido proceso legal.

¿Qué es lo que pensamos nosotros? Es un primer paso, desde luego es un paso insuficiente, si tomamos en consideración que el fenómeno que estamos nosotros presenciando es sumamente complejo y tiene distintas aristas.

Nosotros tendríamos que impulsar también desde aquí otro tipo de políticas para resolver la problemática atendiendo a la educación de los menores; atendiendo, sí, desde luego, a la posibilidad de que se cultiven y de que participen activamente en todo tipo de actividades culturales y deportivas.

Por último, tenemos también que hacer algo por recuperar los espacios públicos. En la medida en la que el crimen siga avanzando, desde luego que nuestros jóvenes van a ser las primeras víctimas que van a tener que enfrentar la desocupación, el desempleo y con ello, esta grave pérdida de valores que ha venido progresando.

No dejamos de ver, desde luego, que no obstante los beneficios que podría traer aparejada la Ley de Justicia para Adolescentes, hay un par de disposiciones que acaban por dejar un hueco, por cuanto a la forma en que las unidades especializadas para la imposición de las medidas para el tratamiento de los adolescentes habrán de fundar sus resoluciones y sus proposiciones, como también la manera en que los centros de internamiento habrán de organizarse para permitir precisamente que los mayores de 14 años y los menores de 18, logren una reintegración efectiva a la sociedad de la familia.

¿A qué nos obliga esto, sobre todo pensando en la futura interpretación obligada de la ley por parte de nuestros tribunales? No obstante que no existan directrices claras con relación a esto, sí queremos hacer un enfático señalamiento, en el que toda decisión que dicten los tribunales apegándose a las recomendaciones de las unidades especializadas, deberán ser de acuerdo con las características individuales de cada uno de estos sujetos responsables de la comisión de una conducta tipificada como delito, sustentada en bases científicas.

No podríamos nosotros suponer que las unidades especializadas puedan ir recomendando aquello que de acuerdo con un libre albedrío pudieran ir suponiendo.

Lo mismo sucede con relación a los centros de internamiento. Nos opondríamos ante todo a que estos centros de internamiento pudieran equipararse a cualquier reclusión o sanción en contra de los adolescentes.

Apoyaremos la iniciativa, desde luego y esperamos también poder debatir en el futuro sobre otro tipo de medidas integrales vinculadas. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Alejandro Carbajal González, del PRD, tiene el uso de la voz.

El diputado Alejandro Carbajal González: Con su venia, diputado presidente. Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos es de suma importancia el tema de los jóvenes; no vamos a soslayar ni a dejar de lado la Ley Federal de Justicia para Adolescentes en esta ocasión, porque vamos a respaldarla, pero no sin antes hacer una serie de precisiones.

Queda claro que solamente estuvimos a discusión con cuatro artículos, en los cuales no estuvimos mayormente en tela de juicio. Pero por otra parte es necesario señalar que no compartimos una visión totalmente parcial, que se está haciendo por parte del Partido Revolucionario Institucional; no compartimos la política de la represión, no compartimos la política punitiva, no compartimos el que solo pensemos en construir cárceles, no le apostamos a la impunidad.

Por supuesto que deben de existir estructuras jurídicas, pero a lo que también nosotros le apostamos es a que generemos las condiciones, en donde los jóvenes tengan áreas de recreación, tengan educación, tengan cultura, tengan deporte. A eso es a lo que le apostamos.

Hoy tristemente podremos observar a siete y medio millones de jóvenes que no tienen ninguna alternativa, ni estudian ni trabajan.

¿Cuáles son las condiciones que les hemos generado como sistema? Generar más estructuras administrativas, en donde podemos apreciar que el Poder Judicial de la Federación gasta 40 mil millones de pesos al año. Es el último reporte que tenemos del 2012.

Lo que vamos a hacer es generar más estructuras, más burocracia, ¿por qué no pensar en invertir precisamente en posibilidades y oportunidades para estos jóvenes?

No compartimos esa política tan parcial ni mucho menos el que podamos solamente observar a los jóvenes como un objeto de represión.

Necesitamos generar condiciones de recreación y alternativas. No tan solo por el hecho de que en la misma ley estos centros de internamiento, estas unidades especializadas tendrían que depender de una secretaría de seguridad pública, una secretaría que ustedes, el Partido Revolucionario Institucional, se ha encargado de desaparecer y que están generando una súper Secretaría de Gobernación.

No compartimos tan solo estas deficiencias, que incurren en esta norma y no tan solo el hecho de la política del tolete, la política de la represión.

Hemos observado, tenemos muy claro el escenario; está por concluir una administración de Acción Nacional, que lo único que genera, según el reporte que presentó el día de antier Edna Jaime, directora de México Evalúa, el sexenio, el desgobierno de Felipe Calderón genera 101 mil 109 muertes, 101 mil 109 muertos en el país. Incluso este saldo es superior a la Guerra de los Balcanes.

Hemos podido apreciar que la solución no es la guerra para efecto de contener las problemáticas sociales; una absurda guerra, en donde la violencia no se soluciona con más violencia.

Este día sábado, el Partido Revolucionario Institucional va a iniciar una nueva etapa en este país; cuestionada, sí, pero tienen la oportunidad de generar una política diversa, una política en la cual vayamos a atender los problemas desde su origen; no atendamos las causas.

Es por ello que aquí les exhortamos, les llamamos a que se cumpla la palabra, porque en la comisión nos comprometimos a trabajar en una Ley Federal de Prevención al Delito, en donde solucionemos los problemas desde su origen. No estemos pensando todo el tiempo en generar represión, atendamos los problemas desde su origen, es ahí donde tenemos que apostarle.

Tenemos conocimiento de los mil 500 millones de dólares que se destinaron al Plan Mérida, en donde lo único que se hizo fue militarizar al país, ¿por qué no se pensó en construir escuelas? ¿Por qué no se pensó en generarles condiciones de trabajo? Eso es a lo que le deberíamos de estar apostando.

Es por ello que los invitamos a que refrenden ese compromiso, que reformemos esta ley, que adolece en muchos artículos, que ya citaron los diputados y diputadas que me antecedieron. Pero nosotros vamos a insistir en que nos vayamos en otra dinámica.

La política pública a la cual le apuesta el Partido de la Revolución Democrática es para efecto de que ataquemos el origen, reitero, de que nos vayamos a la prevención. La solución de estos problemas sociales radica justamente en que generemos condiciones de desarrollo y alternativas de trabajo, de estudio, de educación, de cultura.

Esta ley justamente, la Ley Federal de Prevención al Delito va a ir sobre cuatro ejes: educación, cultura, deporte y rescate del espacio público. Eso es lo que queremos hacer los diputados y diputadas del Partido de la Revolución Democrática para efecto de que salgamos adelante con estos temas.

Reitero, la violencia no se soluciona con más violencia; al contrario, genera encono, genera odios y genera los 101 mil muertos que reporta México Evalúa.

Ahí la pregunta es para Acción Nacional, ¿qué les vamos a responder a estos deudos? ¿Qué le vamos a responder a esta gente? Espero que no salgan como lo hizo Felipe Calderón: son daños colaterales. Qué respuesta tan infame. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña Karina Labastida Sotelo, del PAN, tiene el uso de la voz.

La diputada Karina Labastida Sotelo: Muchísimas gracias, a la Mesa Directiva. Solamente quisiera dar respuesta a lo que acaba de comentar el diputado Alejandro. No haría responsable solamente a Felipe Calderón, de los muertos de los que ya habla el diputado, creo que aquí hay una corresponsabilidad de todos aquellos que no han sabido ser responsables, que han mantenido en el olvido a sus estados.

Hay que echarles la culpa a todos aquellos gobernadores de los estados que no han sabido hacer la chamba y han venido a pedirle a Felipe Calderón, que saque la casta por ellos.

Por lo pronto, señor diputado, lo exhorto a usted a que cada quien se ponga a hacer su chamba y vamos a legislar en lo que a nosotros nos toca.

Quiero también resaltar que con respecto a la reforma de diciembre de 2005, al artículo 18 de nuestra Carta Magna, se estableció ya la creación de justicia para adolescentes en México. Esta reforma constitucional es uno de los cambios más significativos realizados al ordenamiento jurídico nacional, por encontrarse estrechamente vinculado con la Convención de los Derechos los Niños de la ONU, del cual nuestro país forma parte.

Dicho instrumento establece los lineamientos para que cada país salvaguarde los derechos elementales de niñas, de niños y de adolescentes, y de manera específica, una regulación especial de los sistemas integrales de justicia, en el que se encuentren inmiscuidos este sector de la sociedad.

Con la aprobación de esta Ley Federal de Justicia para Adolescentes nuestro país, sin duda, estará a la vanguardia de los tratados internacionales, toda vez que anteriormente los menores de edad que incurrían en la comisión de conductas ilícitas eran sometidos a un sistema de situación irregular, el cual no reconocía su calidad como personas sujetas de derecho, sino que se les concebía únicamente como sujetos de tutela.

Por ello, los niños o adolescentes sometidos al sistema de justicia eran objeto de violaciones de sus derechos humanos, lo cual limitaba su pleno desarrollo y por consiguiente, no se lograba el objetivo principal de integrarlos nuevamente a la sociedad.

Es importante resaltar que el sistema de justicia para adolescentes, sin duda, será un sistema especializado; aplicará a las personas que tengan entre 12 y 18 años de edad; reconocerá los principios de protección integral; implementará en forma indiscutible el debido proceso legal; establecerá formas alternativas de justicia, entre otras.

Si bien —como ya lo han comentado los diputados y las diputadas que me antecedieron en la palabra—, a nosotros en la Comisión de Justicia, de conformidad con el artículo 72, inciso E de la Constitución, única y exclusivamente nos tocó platicar o reformar los cuatro artículos sobre los cuales ya comentamos hace un momento, toda vez que no podemos alterar de manera alguna lo ya aprobado con anterioridad.

Por eso es que también coincidimos con ustedes, que a esta ley hay que hacerle todavía mucho, puede ser mejorada; sin embargo, reconocemos también que éstas no afectan su aplicación ni desvirtúan su contenido, por lo que con su aprobación comenzaremos ya a realizar las acciones necesarias para su debida aplicación, como lo son la capacitación integral de los derechos de los adolescentes y la elaboración de los reglamentos necesarios por las autoridades federales.

De igual manera, compañeras y compañeros diputados, principalmente a los compañeros de la Comisión de Justicia, nosotros debemos cumplir con nuestra responsabilidad de aprobar el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, respecto del cual ya existe un dictamen con declaratoria de publicidad, así como destinar el presupuesto necesario en la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

De este modo y por todas las ventajas que implica la aprobación de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, el Partido Acción Nacional emitirá su voto a favor y los exhortamos a que ustedes lo hagan de la misma manera. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, doña Karina. Tiene el uso de la voz doña Cristina González Cruz, del PRI.

La diputada Cristina González Cruz: Con la venia del señor presidente de este recinto, rogándoles a los diputados su atención, a mis compañeras y compañeros diputados.

Es menester hacer notar que en fecha 12 de diciembre de 2005, se reformó el artículo 18 de nuestra Carta Magna, estableciendo medularmente la creación de un sistema integral de justicia para adolescentes, elevando a rango constitucional la aplicación de medidas de orientación, protección y tratamiento del menor, en atención a la protección integral y el interés superior del adolescente.

Esta Ley Federal de Justicia para Adolescentes constituye una gran aportación, al proponer y crear toda una ingeniería jurídica en el ámbito federal para garantizar la justicia en materia de adolescentes, mediante la instalación de organismos especializados, tales como los siguientes que les voy a mencionar.

1. Ministerios Públicos de la federación para adolescentes, y en contraposición, un defensor público federal para adolescentes, para la debida protección precisamente del interés superior de los adolescentes.

La creación de juzgados de distrito y magistrados de circuito especializados para adolescentes. Centros federales de internamiento especializados también. Unidad especializada para adolescentes y adultos jóvenes, siendo esta autoridad la encargada de supervisar los centros de internamiento federales, reincorporación familiar y/o social del adolescente, mediante programas y actividades individualizados que cumplan la ejecución de una sanción, previa autorización del juez de distrito. De igual forma, se reconoce la detención provisional y el internamiento de adolescentes únicamente en casos de urgencia y tratándose de delitos graves.

En los procedimientos se destaca la obligatoriedad indelegable para que esté presente el juez de distrito especializado para adolescentes o adultos jóvenes en todas las audiencias.

En las sentencias que dicte el juez especializado, solo podrán imponer las medidas consideradas en esta ley, valorando la edad, nivel de educación, condiciones personales, socioeconómicas, familiares; entre otros rubros, gravedad de la conducta, necesidades particulares, como atención médica o psicológica.

En este contexto, compañeras y compañeros diputados, la Ley Federal de Justicia para Adolescentes —que hoy nos ocupa— viene a llenar un importante vacío en la materia, sin lugar a dudas, una asignatura pendiente de esta LXII Legislatura; retoma con responsabilidad y compromiso, para complementar así la obligación constitucional del Estado mexicano, para aplicar medidas de orientación, protección y tratamiento de las y los adolescentes.

No es ajeno a nosotros expresar que este proyecto tiene su primer antecedente desde el 2009 y es menester compartirles a ustedes que es una iniciativa de la fracción parlamentaria del PRI, del hoy diputado Jesús Murillo Karam, y que ha pasado o han pasado tres años en proceso legislativo, siendo objeto de sendas discusiones y análisis, por lo que hoy resulta muy importante y pertinente dar cauce a las adecuadas observaciones de la colegisladora, en torno a la minuta enviada por esta soberanía en marzo de este año.

Esta ley salvaguarda los derechos humanos de las y los adolescentes, su protección y formación integral, la reinserción a su familia y comunidad, pero sobre todo, deja en claro, en su interés superior.

Invito a mis compañeras y compañeros diputados, a que hagamos un análisis muy profundo del espíritu de esta iniciativa, de este dictamen, porque sin duda esta ley recoge el espíritu de legislador, con el que fueron realizadas las reformas constitucionales.

Es importante advertir que de aprobarse esta ley, se logrará una coherencia entre la normatividad nacional en materia de justicia para niñas, niños y adolescentes, y los instrumentos internacionales en la materia, suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

Finalmente, vale aclarar que los principios antes señalados no son meramente manifestaciones retóricas, sino mandatos de realización y optimización, que dan pie a decisiones normativas fundamentales, con lo que se da paso a una justicia penal, juvenil, acabada y de vanguardia.

Invitamos a su análisis muy profundo y se considere la gran aportación de este dictamen. Muchas gracias, por su atención y es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada oradora.

Honorable asamblea, esta Presidencia tiene registrados en contra a don Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano y a don Gerardo Villanueva Albarrán, y a don Héctor Gutiérrez de la Garza, a favor.

Corresponde darle el uso de la voz a don Francisco Coronato y luego a don Héctor Gutiérrez de la Garza. Después de que tengamos estos tres oradores, esta Presidencia preguntará si el asunto está suficientemente discutido.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente y con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores. Hago uso de mi derecho para manifestar y argumentar mi voto, así como el de la fracción legislativa de los integrantes del Partido Movimiento Ciudadano, en contra del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, al tenor de lo siguiente.

Como bien saben, mediante decreto de fecha 28 de mayo de 2008, se generan sendas reformas constitucionales en materia de justicia penal, a través de las cuales se constriñe, en base al artículo segundo transitorio, un plazo hasta de ocho años, contados a partir del día siguiente de su publicación, a efecto de la implementación del sistema de justicia penal adversarial, lo cual vence en el próximo 2016. Cumpliendo una serie de estados en este sentido y por el contrario, debo señalar que la federación está siendo omisa al respecto.

En consecuencia, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones y ordenamientos legales que sean necesarios, a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. Para ello señala el decreto correspondiente que se adoptará el sistema penal acusatorio, reitero, en la modalidad que cada una determine, sea regional o por tipo de delito, lo cual, por supuesto, comprende el sistema de justicia para adolescentes.

Es menester precisar que como consecuencia, la reforma constitucional del 2005 resulta ser obsoleta con la reforma constitucional del 2008. Los principios que rigen el proceso de justicia adversarial son la oralidad, la publicidad, la contradicción, la continuidad, la mediación, la igualdad ante la ley e igualdad entre las partes; sin embargo, el contenido del proceso, materia del presente dictamen, por el contrario, responde aún al proceso inquisitorio y no al acusatorio adversarial, proceso que se encuentra establecido en el artículo 5 y 23 fracción II del proyecto del dictamen.

En su artículo 57, expresamente señala que el juicio que se desahogará de manera escrita y formal, cuando atendiendo al sistema acusatorio adversarial, nos constriñe que sea oral y acusatorio. De igual manera establece dicho proyecto que el Código Federal de Procedimientos Penales será de carácter supletorio, característica —reitero— del sistema inquisitivo en vez de ser acusatorio y oral.

Por otra parte, derivado de corresponder el proceso de justicia para adolescentes, a través de las normas que regulan el proceso en los artículos 27 al 63, de acuerdo al dictamen, corresponden al sistema inquisitivo y no al acusatorio adversarial, lo cual es contrario a las garantías del debido proceso legal, reconocido por la propia Constitución federal y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Por todo lo anterior, el contenido del dictamen del decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes no solamente resulta ser obsoleto, ya que se tendrá que elaborar una nueva legislación que se adecúe al nuevo sistema de justicia adversarial, en base al decreto del 2008, sino además resulta ser inconstitucional y violatorio a los derechos humanos de los adolescentes. Por todo ello, nuestro voto, en justicia y en derecho será en contra, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Francisco Coronato. Don Héctor Gutiérrez de la Garza, mi kelseniano amigo, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado presidente. Hago uso de esta tribuna para manifestar los razonamientos por los cuales el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de este dictamen.

En el 2005 se reformaba el artículo 18 de nuestra Constitución federal para crear un sistema de justicia para adolescentes; un nuevo esquema de brindar justicia a aquellos niños entre 12 y 18 años de edad.

Esta buena intención fijó plazos de cumplimiento, el transitorio de la ley —que me extraña no haya sido manifestado en esta tribuna— preveía para todos los estados del país —una disculpa por la omisión— su cumplimiento en seis meses.

Muchos estados lo cumplimos en su momento, hablo como nuevoleonense; sin embargo, el propio 18 señala: la federación, los estados y el Distrito Federal. Todos los estados de la República y el Distrito Federal han emitido la ley correspondiente para regular la justicia para adolescentes. Seis años tardamos para que la federación cumpliese con el compromiso que el día de hoy pretendemos transitar hacia adelante.

Todos los que hemos hecho el uso de esta tribuna tenemos muy claro que es indispensable una justicia para adolescentes, que busca el respeto a los derechos humanos y la reintegración social de aquellos jóvenes que delinquen.

Les tomamos la palabra de inmediato, tal como se ha manifestado aquí en el pleno, con la mejor voluntad del acuerdo político, que priva y ha privado en esta Cámara de Diputados, para que inmediatamente que sea publicada esta reforma nos aboquemos a actualizarla conforme a la regulación actual.

Tenemos seis años buscando la legislación perfecta, no les demos excusas a aquellos que no quieren legislar a nivel federal sobre la justicia para adolescentes.

Reconocemos que es una ley que tiene que adecuarse a las circunstancias, aprovechemos el transitorio de la propia ley, que da un margen de dos años para que nos pongamos a trabajar de inmediato y nos fijemos como plazo el siguiente periodo ordinario de sesiones, para sacar de manera conjunta una nueva Ley Federal de Justicia para Adolescentes, pero ya dejemos de estar dando excusas para no cumplir con lo que la Constitución nos ha señalado.

Sabemos que lo que el día de hoy aprobamos no es perfecto, es perfectible indiscutiblemente, pero lo que más nos complace el día de hoy, es saber la voluntad y reconocer el trabajo de todos los diputados de esta Cámara de Diputados, que está pensando única y exclusivamente en el bienestar de los adolescentes, con la problemática que vivimos en este momento. Enhorabuena y los convoco, a todos, a que voten a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Gerardo Villanueva Albarrán, del PRD, en contra. Luego viene Crystal Tovar Aragón, también del PRD, pero a favor, y luego don Andrés de la Rosa, del PAN, a favor; y votamos.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Gracias, diputado presidente. Creo que en primer lugar habría que extrañarnos por la ausencia en este debate del presidente de la Mesa Directiva, que fue uno de los promoventes de esta iniciativa y de la minuta que el día de hoy estamos discutiendo. Agradeceríamos un poco de humildad por parte del presidente diputado de la Mesa Directiva, para estar defendiendo este tema.

Me parece inconcebible, por otro lado, este prurito formalista y legalista, cuando aquí se ha demostrado que la ley actual, que está en la minuta a punto de votarse, contraviene los principios del artículo 20 constitucional; estamos a punto de aprobar algo que va en contra de las normas más elementales de la técnica legislativa.

Es decir, que la reforma al artículo 18 constitucional tiene que armonizar con el 20 constitucional para trascender el juicio mixto e inquisitorial y dar el paso a las garantías, que ahora —si votamos esta minuta— sí van a tener los adultos, pero no van a tener los adolescentes ni los jóvenes aprobando esta Ley Federal de Justicia para Adolescentes.

Tampoco me extraña la forma en cómo cierra Acción Nacional un periodo de militarización y de supuesto uso de la fuerza en contra de la delincuencia organizada; simplemente es un síntoma más del fracaso del Estado, que no cumplió su palabra ni supo darle respuesta a la juventud y sin embargo, la delincuencia sí pudo y ha reclutado a muchos de nuestros jóvenes y niños a conductas antisociales.

Sin embargo, coincido plenamente con la posición del diputado Alejandro Carbajal, que sin dejar de ser crítico asume la buena voluntad de los diferentes integrantes que formamos parte de la Comisión de Justicia para que de inmediato se subsane y ya sin el pretexto de procedimiento, que nos impone el artículo 72 constitucional, inciso E, de inmediato subsanemos esta falta y esta contradicción, y yo diría: esta violación al artículo 20 constitucional.

Quiero además informarle a este pleno que la Comisión de Derechos de la Niñez presentó una opinión muy extensa, bien documentada, muy bien formulada legalmente —algo que aquí causa de pronto mucha preocupación de algunos diputados—, que no vamos a violar el Reglamento, no vamos a violar el 72 de la Constitución, pero nada le hace que violemos el artículo 20 de la Constitución. Eso es lo que nosotros planteamos, compañeras y compañeros diputados, porque un servidor, además de ser integrante de la Comisión de Justicia, formo parte de la Comisión de Asuntos de la Niñez y se presentó en tiempo y forma, por escrito y con todo respeto a los reglamentos de esta Cámara, esta opinión en contra de esta minuta.

Luego entonces, compañeras y compañeros, acepto el posicionamiento que han hecho diputados en perfeccionar la norma, pero no podemos dejar de dar testimonio de que lo que estamos haciendo es totalmente incorrecto.

Nada más quiero, diputado presidente, si me lo permite, porque quizás muchos diputados no han tenido la oportunidad siquiera de revisar la minuta; en la Comisión de Derechos de la Niñez sí vemos con alarma el artículo 26, fracción VIII, donde se permite utilizar la fuerza física o instrumentos de coerción, exclusivamente cuando se hayan agotado todos los medios no coercitivos para la imposición de la seguridad y disciplina.

Por un enunciado menos rudo y castigador que éste se hicieron las cuatro modificaciones que hoy vamos a votar y sin embargo, el artículo 26, fracción VIII, señala otra vez una cuestión que no puede estar en una Ley de Justicia para Adolescentes, que en todo caso tendrá que revisarse en los reglamentos de actuación y protocolos de la policía, pero no en la Ley de Justicia para Adolescentes.

Éste es un elemento adicional a lo que la propia comisión manifestó por escrito a la Comisión de Justicia. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias a usted. Doña Crystal Tovar Aragón, también del PRD, pero a favor.

La diputada Crystal Tovar Aragón: Con su venia, señor presidente. El dictamen de la Comisión de Justicia por el que se expide la Ley Federal de Justicia para los Adolescentes, es una tarea pendiente que tenemos para avanzar en la protección de los derechos fundamentales y garantías individuales de las y los jóvenes, en especial aquellas que se encuentran entre los 12 y los 18 años de edad.

La aprobación de este dictamen no pudo haberse dado en mejor ocasión; el balance de este último sexenio —debo decirles—, no es para nada alentador para las y los jóvenes de México. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de 2006 a septiembre del 2011, murieron más de 101 mil personas a causa de la violencia en México; cerca de dos mil eran menores de 18 años. Cifras aproximadas a las muertes violentas a causa de la guerra en Irak.

Según el último informe de averiguaciones previas reportadas por la Procuraduría de Justicia estatal, de enero del 2008 a diciembre del 2011 también desaparecieron más de 14 mil personas y solo un poco más de dos mil personas aparecieron vivas o muertas, casi nueve mil fueron secuestradas o levantadas por el crimen organizado.

En términos generales, el sexenio de Felipe Calderón nos hereda cerca de 50 mil muertes víctimas del narcotráfico; al menos 20 mil migrantes secuestrados; 140 mil desplazados; más de 40 mil huérfanos, como consecuencia de la violencia.

La Red por los Derechos de la Infancia en México reportó que en los primeros tres años y medio de su gobierno fallecieron más de 900 menores de edad a causa de la violencia, fuego cruzado u operativos militares.

En los últimos 10 años el consumo de drogas entre los mexicanos casi se duplicó, al pasar de 0.8 en el 2002 a 1.4 por ciento en el 2008. Asimismo 1.5 por ciento de los de habitantes en este país ha utilizado algún tipo de narcóticos en el último año. Lo más preocupante es que la edad promedio de inicio en el consumo de drogas disminuyó significativamente, a partir de los 18 años en hombres y de 20 años en las mujeres.

Así es que a nivel nacional el saldo para la sociedad no es favorable, y eso que no hemos mencionado la crisis permanente, la falta de empleos dignos, bien pagados y en general, la falta de oportunidades para las y los jóvenes para acceder en mayor proporción a los servicios educativos y de salud.

La población más afectada por tales condiciones de exclusión e inequidad somos precisamente las y los jóvenes; la población entre 12 y 29 años de edad es la que padece en mayor escala los efectos de desigualdad y pobreza.

De manera indudable, los legisladores del PRD apostamos a una visión que ponga el acento en la prevención antes que en la privación de la libertad. Queremos que las y los jóvenes tengan acceso a una vida digna.

Esta ley permite el acceso a algunos de los principios constitucionales en materia de jóvenes y en específico al acceso a la justicia. Pero el dictamen que hoy nos ocupa establece que el sistema penitenciario se deberá organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, al trabajo, a la capacitación, a la educación, la salud y el deporte, como medios de reinserción social de la juventud.

Coincidimos con la postura de la diputada Zuleyma Huidobro González, en que el dictamen es limitado, totalmente limitado y pudo haber incluido algunos otros temas para garantizar un verdadero acceso a la justicia; pero también vemos que es un inicio y sobre la base del esfuerzo debemos avanzar; por ello el voto del PRD será a favor de los cuatro artículos, pero con obligación de someter a discusión la Ley Federal de Prevención del Delito, y todo lo demás es perfectible y está sujeto a revisión, por lo que votamos en contra el resto de los artículos. Repito, votamos a favor los cuatro artículos que solo nos dejaron discutir en la comisión. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Crystal Tovar Aragón.

Honorable asamblea, vamos a...

La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Presidente, para una pregunta y por alusiones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya se fue. Le ruego me disculpe. Tiene el uso de la voz doña Lilia Aguilar Gil, en contra, y terminamos el periplo del 104 con don Andrés de la Rosa.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Con la venia de la asamblea. Lo que vamos a tratar de hacer desde el PT es tratar de centrar el debate. No estamos en contra de la minuta, pero la minuta responde a un dictamen votado en la legislatura anterior, que incluye graves violaciones desde nuestro punto de vista a los derechos humanos.

El artículo 18 constitucional —y ustedes lo pueden leer y lo pueden checar desde sus curules— es completamente garantista y es —como decía un compañero de la Comisión de Justicia— el sueño de lo que debería de ser el sistema de justicia para adolescentes.

¿Qué es lo que tenemos en la realidad? Un decreto aprobado en la legislatura anterior, que no contempla una defensoría autónoma; por lo tanto no hay separación entre los actores del proceso; no hay adversalidad ni oralidad en el proceso. El proceso es por escrito, compañeros diputados, ¿cuál oralidad? ¿Cuál transparencia? No se respeta el interes superior del adolescente.

Los invito a que lean el artículo séptimo transitorio, que dice que mientras entra en vigor esta ley, se sacará un protocolo para la utilización del uso de la fuerza en los centros de internamiento.

Compañeros diputados, fíjense bien lo que se aprobó y lo que tiene esta minuta detrás, un séptimo transitorio que dice que mientras esta iniciativa entra en vigor, en una vacación legal, que le dieron de dos años —porque no sabemos cuál es el apuro si el vacatio legis es de dos años—, que mientras tanto dentro de los seis meses siguientes se determinará un protocolo del uso y coerción para los centros de internamiento para adolescentes; es decir, no les damos derechos, pero sí los vamos a maltratar adecuadamente.

No hay división de grupos etarios; es decir, se establecen las sanciones de manera general; pierde el objetivo de un sistema penal garantista y adversarial; rompe el contrato social de los ciudadanos con este gobierno, porque las medidas de reinserción están basadas en el castigo y es restrictiva en temas de derechos humanos, y rompe todo principio de derecho penal, porque como muchos de ustedes saben —son abogados—, el objetivo del derecho penal no es el castigo general a la ciudadanía; el objetivo del derecho penal es castigar las actividades o las acciones antisociales de los ciudadanos que están rompiendo con este contrato social. No es castigar, sino tratar de remediar.

Coincido con el diputado Gutiérrez de la Garza, al que respeto y no puedo más que coincidir con él —y con esto termino, señor diputado—, que claro que la reforma de justicia integral no puede aplicarse de un solo porrazo —y discúlpenme el término—, tiene que ser gradual. Simplemente aceptemos que en este tema, diputado, empezamos al revés, el artículo 18 constitucional está aprobado en 2005, esta iniciativa se presentó en 2009, ha ido y venido en las Cámaras, pero se utiliza como manera supletoria un Código de Procedimientos Penales que todavía no tenemos; entonces, empezamos al revés.

¿Por qué no empezamos con el Código Penal, con el Código de Procedimientos Penales, en lugar de darle una vacatio legis de dos años, y hacer las cosas adecuadamente y como usted dijo, poco a poco, con tiempo, pero bien hechas? Ésa es la posición del Partido del Trabajo. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, doña Lilia Aguilar. Don Andrés de la Rosa, cierra la lista de oradores y tiene el uso de la voz.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya: Con su permiso, presidente. Quiero en principio ratificar la posición del Grupo Parlamentario del PAN, como aquí lo han venido a expresar nuestras compañeras diputadas, en términos de aprobar este dictamen, que tiene que ver con la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y sobre todo, porque no podemos postergar más la aprobación de este instrumento jurídico, porque además ya tenemos dos años perdidos, en donde no ha sido cumplido el artículo transitorio que origina precisamente el que esta ley pueda nacer al orden jurídico y pueda regular lo que tiene que ver con la Ley de Justicia para Adolescentes.

Quiero decirles que la federación no puede quedarse a la zaga de entidades federativas que ya tienen la Ley de Justicia para Adolescentes, con muy buenas prácticas por cierto.

Soy del estado de Baja California y ahí existe una Ley de Justicia para Adolescentes y quiero decirles que ha sido un instrumento que ha venido a regular y a darle una mayor claridad y certeza a todo ese proceso que se sigue para atender temas de adolescentes, y aquí en esta tribuna he escuchado algunos conceptos, que debo decir que desde mi muy particular punto de vista me parecen totalmente equivocados.

Quiero decirles que se ha hablado de que esta ley no contiene los principios que deben regular y regir lo que tiene que ver con la normatividad para la justicia para adolescentes, y este dictamen propone precisamente principios, como la inmediación, en donde implica que el juzgador debe estar en la audiencia o en las audiencias en donde se aborde el proceso para adolescentes, cosa importantísima a la hora de tomar una decisión o una sentencia por parte del juzgador.

Hay principios que tienen que ver con la flexibilización, que esos principios permiten, precisamente, que se puedan tomar medidas en relación al proceso del adolescente a su favor.

Entonces, me parece que aquí se ha generado un falso debate con conceptos que realmente están en la ley.

Decirles también que aquí se ha venido a comentar que el uso de la fuerza física es algo que atenta contra los adolescentes. Quiero decirles que precisamente ese tema, es un tema cotidiano y ordinario, que no tiene que ver con tortura ni nada de eso, tiene que ver con establecer el orden, la seguridad, las garantías que deben de existir en cualquier centro de internamiento, como en cualquier centro penitenciario.

Entonces, no podemos tratar de querer confundir con conceptos de esa naturaleza, que hagan o que generen una apreciación equivocada de lo que estamos queriendo someter a consideración de esta asamblea.

Quiero decirles también que ciertamente esta ley se va a empatar con los principios de oralidad y de publicidad —como bien lo dice el octavo transitorio—, dentro de los seis meses siguientes a que entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal, que también es un tema pendiente y que tendremos que ir por la aprobación del Código Federal de Procedimientos Penales, para que le dé vida a este tipo de procesos, y ahí es donde se va a empatar. Eso también está previsto en el dictamen, así que yo sí quiero resaltar y destacar...

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, orador. ¿Doña Lilia Aguilar Gil, con qué objeto? Sonido.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Sonido a la curul. Para hacerle una pregunta al orador y si me la acepta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya está. ¿La acepta?

El diputado Andrés de la Rosa Anaya: No.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Y por alusiones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pero no la acepta.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya: No la acepto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya: Para terminar, compañeros diputados, compañeras diputadas, quiero decirles que lo que hoy se está sometiendo a consideración es un tema importantísimo para México, porque tiene que ver con regular los procesos a los que son sometidos los adolescentes. No es cosa menor y esta ley, este dictamen que contiene este proyecto de ley, en realidad viene a satisfacer esa necesidad y en realidad viene a fortalecer esa vida institucional, en términos de los procesos que habrán de atenderse por estos conceptos. Así que vamos nosotros a favor de este proyecto de dictamen...

La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. ¿Con qué objeto, diputada Huidobro?

El diputado Andrés de la Rosa Anaya:...porque sabemos que esto es lo mejor para México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya abandonó el orador y ya había dicho que no. A ver, denle sonido.

La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Que quede constancia que es la segunda vez, presidente, que no me da el uso de la voz a tiempo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues que quede constancia. Créame que no es un asunto de voluntad, aquí se le atiende con un enorme gusto y cariño.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Se les recuerda que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo para la votación. Una vez cerrado el sistema no se aceptará ningún voto.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 381 votos en pro, 19 en contra y 22 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

* PROPOSICIONES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 14:24 horas): Se levanta la sesión  y se cita a la de Congreso General el próximo sábado primero de diciembre, a las 9 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 7:30.

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