Presidencia del diputado Jesús Murillo Karam

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 340 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (a las 11:17 horas): Ya son 350 y sí hay quórum. Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 2 de octubre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal

Por la que invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del 204 aniversario Luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos, el jueves 4 de octubre a las 10:00 horas.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite acuerdo, por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, otorgue un aumento del 15 por ciento a los recursos asignados al Centro Nacional de Trasplantes.

De la Secretaría de Gobernación

Oficio por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Carlos Escobar Gutiérrez, Marianna Romero Fong, Faride Assad Gómez y Fabiola Sánchez Espinosa, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, y en sus Consulados Generales en Guadalajara, Jalisco; y Matamoros, Tamaulipas, e informa que las ciudadanas Guadalupe Patricia Yanez Armas y Margarita Sesma Arias, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Por el que comunica que el ciudadano Jorge Triana Tena, cumplirá las funciones como representante suplente de la Presidencia del Comité Técnico del Fideicomiso 10230 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Del Banco de México

Con el que remite los informes sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de 2012, y sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, de conformidad con lo que establece el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México.

Del Instituto Mexicano del Seguro Social

Con el que remite el Informe correspondiente al segundo trimestre de 2012, sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de agosto de 2012, y la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente con el mes de agosto de 2011.

Con el que remite el Reporte de Donatarias Autorizadas correspondiente a 2012, en atención a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.

Del Congreso del Estado de Querétaro

Con el que solicita a la Cámara de Diputados, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se considere un aumento en el rubro relativo al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

Agenda política

Comentarios relativos a la conmemoración del 2 de octubre, “Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968”, a cargo de diversos Grupos Parlamentarios.

Comentarios relativos a la transversalidad de las políticas medioambientales, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Iniciativas

Que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 89 de la Ley del Seguro Social, 31 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 77 Bis 5 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o. y 67 de la Ley General de Educación y 218 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley que establece las bases de coordinación y ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Economía, utilice los medios legales a su alcance para defender a los productores mexicanos de tomate y renegociar los acuerdos comerciales para exportar jitomate a Estados Unidos de América, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SEP y la SRE, actualicen las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, a cargo del diputado Harvey Gutiérrez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, a la Conagua, al Gobierno del estado de Veracruz, a la SCT, a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz y al Ayuntamiento de Xalapa, para que en la zona metropolitana de Xalapa, diseñen un proyecto integral gubernamental para enfrentar los efectos de las tormentas en esa zona, a cargo del diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, amplíe el límite de pago a efecto de garantizar el cobro del fondo de apoyo social del fideicomiso 10230 por la totalidad de los ex trabajadores migratorios mexicanos, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Coahuila, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, establezca medidas de seguridad expedita y eficazmente en los centros penitenciarios de su jurisdicción, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de la Profepa, así como de la Semarnat y de la Conagua, por las irregularidades presentadas en el relleno de los socavones de las minas del Municipio de Texcoco, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Baja California y al Ayuntamiento del Municipio de Tijuana, para que detengan y sancionen los abusos y maltratos contra animales, cometidos por el Grupo Caliente en sus centros de apuestas, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Industria Automotriz, a cargo del diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que sean desplegadas las medidas de seguridad correspondientes en sus demarcaciones, así como la constante vigilancia de los mandos penitenciarios, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que se instaure un Comité de Disciplina y Ética Parlamentaria, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la continuación y ampliación de la Reforma Rural Estructural en la presente Legislatura, a cargo del diputado Marco Antonio González Valdez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a no considerar en la Ley de Ingresos 2013 el gravamen del 3% a las telecomunicaciones, señalado en la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, para que haga una distribución igualitaria en razón de género de las comisiones ordinarias y especiales de la LXII Legislatura, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Vigilancia, Seguimiento y Atención para la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado Cesario Padilla Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Economía, respete el convenio suscrito con la cadena productiva de oleaginosas, y deje sin efecto el Decreto por el que se modifican los aranceles NMF a los Aceites Vegetales Comestibles clasificados, a cargo del diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el Desarrollo Hidráulico de la región de tierra caliente y la costa del estado de Michoacán, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el año 2013 como “Año del heroico sitio de Puebla de 1863”, asimismo se solicita la creación de una Comisión Especial para la Conmemoración del sitio de Puebla de 1863, a cargo de la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Análisis de Políticas de Creación de Nuevos Empleos, suscrito por los diputados Marco Antonio Barba Mariscal, Celia Isabel Gauna Ruíz de León y Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el viernes veintiocho de septiembre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos siete diputadas y diputados, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del viernes veintiocho de septiembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

Desde su curul la diputada Julisa Mejía Guardado, del Partido de la Revolución Democrática, realiza moción de ilustración. El Presidente hace aclaraciones.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se proponen a la Mesa Directiva las reglas para el desarrollo de la discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de Reforma Laboral. Desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo. En votación económica se aprueba el acuerdo.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y de conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. En votación económica se autoriza someterlo a discusión y votación de inmediato.

Desde sus respectivas curules realizan moción de ilustración y de procedimiento los diputados Martí Batres Guadarrama, y Fernando Zarate Salgado, ambos del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, al diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.

El Presidente informa a la Asamblea que han sido registradas tres mociones suspensivas. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a las mociones suspensivas presentadas por los diputados Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática; y José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano, quienes hacen uso de la palabra para sustentarlas. En sendas votaciones económicas no se admiten a discusión las mociones suspensivas.

A las catorce horas con cincuenta minutos el Presidente declara un

Receso

A las dieciséis  horas con un minuto se reanuda la sesión.

De conformidad con el acuerdo que regula esta discusión, intervienen desde sus curules para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional; y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Trabajo.

Se concede el uso de la palabra para referirse al tema a los diputados Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática; y Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional.

La Secretaría da lectura a la lista de los siguientes artículos reservados para su discusión en lo particular: dos, tres, tres Bis, quince-A, quince-B, quince-C, y quince-D, del Título Primero; veinticinco, veintiocho, treinta y cinco, treinta y nueve-A, treinta y nueve-B, treinta y nueve-C, treinta y nueve-D, treinta y nueve-E, treinta y nueve-F, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cincuenta, y cincuenta y uno, del Título Segundo; cincuenta y seis, cincuenta y seis Bis, ochenta y tres, ciento diez, y ciento veintisiete, del Título Tercero; ciento treinta y dos, ciento treinta y tres, ciento treinta y cinco, ciento cincuenta y tres-A, ciento cincuenta y tres-E, ciento cincuenta y tres-I, ciento cincuenta y cuatro, y ciento cincuenta y nueve, del Título Cuarto; ciento setenta, ciento setenta y tres, ciento setenta y cuatro, ciento setenta y cinco, ciento setenta y cinco Bis, y ciento setenta y seis, de los Títulos Quinto y Quinto BIS; doscientos setenta y nueve, doscientos ochenta, doscientos ochenta y tres, doscientos ochenta y cuatro, doscientos ochenta y cinco, trescientos once, trescientos treinta y tres, trescientos treinta y seis, , trescientos treinta y siete, trescientos cuarenta y tres-B, y trescientos cincuenta y tres-S, del Título Sexto; trescientos sesenta y seis, trescientos setenta y uno, y trescientos setenta y siete, del Título Séptimo; cuatrocientos setenta y seis, quinientos trece, quinientos catorce, y quinientos quince, del Título Noveno; quinientos veintiuno, del Título Décimo; quinientos veintitrés, quinientos veinticinco Bis, quinientos treinta Bis, quinientos veintisiete, quinientos treinta y siete, quinientos noventa y uno, quinientos noventa y dos, quinientos noventa y tres, quinientos noventa y cuatro, quinientos noventa y cinco, quinientos noventa y seis, quinientos noventa y siete, quinientos noventa y ocho, quinientos noventa y nueve, seiscientos, seiscientos uno, seiscientos dos, seiscientos tres, del Título Décimo Primero; seiscientos ochenta y ocho, seiscientos ochenta y nueve, seiscientos noventa y ocho, setecientos, setecientos uno, setecientos cinco, setecientos cuarenta, setecientos cuarenta y tres, setecientos setenta y tres, setecientos ochenta y cuatro, ochocientos dos, ochocientos cincuenta, ochocientos cincuenta y tres, ochocientos sesenta y cinco, ochocientos sesenta y seis, ochocientos sesenta y siete, ochocientos sesenta y ocho, ochocientos setenta y nueve, y ochocientos noventa y nueve-E, del Título Décimo, novecientos cuarenta, novecientos cuarenta y cinco, novecientos cuarenta y siete, novecientos cuarenta y nueve, novecientos sesenta y seis, novecientos setenta y siete, novecientos ochenta y siete, novecientos noventa y uno, novecientos noventa y cuatro, del Título Décimo Quinto; y los artículos mil tres, mil cuatro-B, mil cuatro-C; Cuarto, Quinto y Séptimo Transitorios, del proyecto de decreto. Desde sus curules, realizan moción de procedimiento los diputados Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; y Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, el Presidente hace aclaraciones. En votación nominal, por trescientos cincuenta y un votos a favor; ciento treinta en contra; y diez abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no impugnados del proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Se concede el uso de la palabra para presentar las propuestas de modificación a los artículos reservados en el Título Primero del proyecto de decreto a los siguientes diputados:

• Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, al artículo segundo del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• María Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo segundo del proyecto de decreto, cuya redacción queda pendiente de entrega.

• Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo segundo del proyecto de decreto. En votación nominal, por ciento sesenta votos a favor; doscientos once en contra; y ocho abstenciones, no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo segundo del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

• Julio César Moreno Rivera, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo tres del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Carlos Augusto Morales López, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo quince-A del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Tomas Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México, a los artículos quince-A, quince-B, quince-C, y quince-D, del proyecto de decreto. En votación económica se admite a discusión en lo particular, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueban las modificaciones propuestas y se reservan para su votación en conjunto.

• Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, al artículo quince C, del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• José Antonio León Mendívil, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos trece-A, quince, quince-A, quince-B, quince-C, y quince-D del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar sus propuestas de modificación a los artículos quince-A, quince-B, quince-C, y quince-D, del proyecto del dictamen. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que ya se cuenta con la redacción de la propuesta de modificación al artículo dos del proyecto de decreto, que quedó pendiente la redacción, por parte de la diputada María Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática, e instruye a la Secretaría darle lectura, en votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto quedando en términos del dictamen.

La Presidencia instruye a la Secretaría dar lectura a las propuestas de modificación a los artículos quince-A, quince-B, quince-C, y quince-D, del proyecto de decreto, presentadas por el diputado Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México. En votación económica se someten a discusión en lo particular e intervienen en contra los diputados: Ricardo Moreal Ávila; Luisa María Alcalde Luján, ambos de Movimiento Ciudadano; y Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro intervienen los diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; y Federico José González Luna Bueno, del Partido Verde Ecologista de México. En sendas votaciones económicas se considera suficientemente discutido en lo particular, y se aprueban con las modificaciones propuestas aceptadas por la Asamblea.

En votación nominal, por trescientos cuarenta y tres votos a favor; setenta y siete, en contra; y cinco abstenciones, se aprueban en lo particular del Título Primero, los artículos segundo y tercero en términos del dictamen; y quince-A, quince-B, quince-C, y quince-D, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Se concede el uso de la palabra para presentar las propuestas de modificación a los artículos reservados en el Título Segundo del proyecto de decreto a los siguientes diputados:

• Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano, a la fracción segunda, del artículo veinticinco del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos veinticinco, treinta y cinco, treinta y nueve-A, treinta y nueve-B, treinta y nueve-D, cuarenta y dos, y cuarenta y tres del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, a los artículos veinticinco, treinta y cinco, treinta y nueve-A, treinta y nueve-B, treinta y nueve-D del proyecto de decreto. En votación económica se admiten a discusión en lo particular, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueban las modificaciones propuestas y se reservan para su votación en conjunto.

• Carlos Augusto Morales López, del Partido de la Revolución Democrática, a la fracción segunda del artículo veintiocho del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano, al artículo treinta y cinco del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo, se eliminen el primer, segundo y tercer párrafo de los artículos treinta y nueve- A y treinta y nueve-B del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo, se eliminen los artículos treinta y nueve-C, y treinta y nueve-D, del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos treinta y nueve-A y treinta y nueve-B, del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• José Arturo López Candido, del Partido del Trabajo, se eliminen artículos treinta y nueve-E, y treinta y nueve-F, del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos treinta y nueve-A, y treinta y nueve-B, del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Partido del Trabajo, al artículo treinta y nueve del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• José Humberto Vega Vázquez, del Partido del Trabajo, se elimine la fracción decima cuarta Bis, y reformar la fracción decima quinta del artículo cuarenta y siete del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, a los artículos cuarenta y siete, y cincuenta y uno del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, al artículo cuarenta y siete del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo cuarenta y siete del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Teresa de Jesús Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo cuarenta y siete del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Martha Lucia Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos cuarenta y siete, y cincuenta y uno del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo cuarenta y siete del proyecto de decreto. En votación económica se admite a discusión en lo particular e intervienen en pro los diputados José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Ricardo y Monreal Ávila, del Movimiento Ciudadano. En votación económica se acepta la propuesta de modificación, y se reservan para su votación en conjunto.

• Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, al artículo cuarenta y ocho del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, al artículo cuarenta y ocho del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, a la fracción tercera del artículo cincuenta del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, al artículo cincuenta y uno del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En votación nominal por trescientos cuarenta y cuatro votos a favor; setenta y tres en contra; y dos abstenciones, se aprueban en lo particular del Título Segundo los artículos reservados veintiocho, treinta y cinco, treinta y nueve, treinta y nueve-C, treinta y nueve-E, treinta y nueve-F, cuarenta y ocho, cincuenta, y cincuenta y uno en términos del dictamen; y los artículos veintinueve, treinta y nueve-A, treinta y nueve-B, treinta y nueve-C, treinta y nueve-D, y cuarenta y siete, con las propuestas de modificación aceptadas por la Asamblea..

Se concede el uso de la palabra para presentar las propuestas de modificación a los artículos reservados en el Título Tercero del proyecto de decreto a los siguientes diputados:

• Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo cincuenta y seis Bis del proyecto de decreto. En votación económica se admiten a discusión en lo particular, e intervienen en pro las diputadas: Blanca Jiménez Castillo, del Partido Acción Nacional; Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Partido Revolucionario Institucional; Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México; Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; y Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo. En votación económica se acepta la propuesta de modificación, y se reserva para su votación en conjunto.

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, al artículo ochenta y tres del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• José Arturo López Candido, del Partido del Trabajo, se eliminé el artículo ochenta y tres del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Pedro Porras Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo ochenta y tres del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• José Luis Esquivel Zalpa, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo ochenta y tres del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Alejandro Rangel Segovia, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo ochenta y tres del proyecto de decreto. En votación económica se admiten a discusión en lo particular, e intervienen en contra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y en pro el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se acepta la propuesta de modificación, y se reserva para su votación en conjunto.

• Karina Labastida Sotelo, del Partido Acción Nacional, al artículo ciento diez del proyecto de decreto, desde curul la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, se suma a la modificación presentada. En votación económica se admite a discusión en lo particular e intervienen en pro las diputadas: Lizbeth Loy Gamboa Song, del Partido Revolucionario Institucional; Lourdes Adriana López Moreno, del Partido Verde Ecologista de México; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática. Desde sus curules realizan comentarios con relación al tema los diputados José Francisco Coronado Rodríguez; Zuleyma Huidobro González, ambos de Movimiento Ciudadano; y Karina Labastida Sotelo, del Partido Acción Nacional. En votación económica se acepta la modificación propuesta, y se reserva para su votación en conjunto.

• Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, al artículo ciento veintisiete, fracción cuarta Bis del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

En votación nominal por cuatrocientos once votos a favor, y tres contra, se aprueban en lo particular del Título Tercero los artículos reservados cincuenta y seis Bis; y ciento veintisiete, en términos del dictamen y los artículos cincuenta y seis, y ciento diez las propuestas de modificación aceptadas por la Asamblea. Acto seguido, en votación nominal por trescientos cuarenta y seis votos a favor; y sesenta y nueve en contra, se aprueba en lo particular, el artículo ochenta y tres, del Título Tercero del proyecto de decreto con la modificación aceptada por la Asamblea.

Se concede el uso de la palabra para presentar las propuestas de modificación a los artículos reservados en el Título Cuarto del proyecto de decreto a los siguientes diputados:

• Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, al artículo ciento treinta y dos del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Antonio Sansores Sastré, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo ciento treinta y dos del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Teresa de Jesús Mojica Morgan, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo ciento treinta y dos del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo ciento treinta y tres del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, al artículo ciento treinta y tres del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Martha Lucía Mícher Camarena, de Movimiento Ciudadano, al artículo ciento treinta y cinco del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, a los artículos ciento cincuenta y tres-A y ciento cincuenta y tres-I, del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo ciento cincuenta y tres-I del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, al artículo ciento cincuenta y nueve del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Luis Ricardo Aldana Prieto, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo ciento cincuenta y nueve del proyecto de decreto. En votación económica se admiten a discusión en lo particular, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueban las modificaciones propuestas, y se reservan para su votación en conjunto.

En votación nominal por trescientos cuarenta y cuatro votos a favor; setenta y uno contra; y tres abstenciones, se aprueban en lo particular del Título Cuarto los artículos reservados ciento treinta y tres, ciento treinta y cinco-A, ciento treinta y cinco-I, ciento treinta y cinco-E, y ciento cincuenta y cuatro, en términos del dictamen, y el artículo ciento cincuenta y nueve con la modificación aceptada por la Asamblea. Acto seguido en votación nominal por cuatrocientos seis votos a favor; uno en contra; y dos abstenciones, se aprueba en lo particular el artículo ciento treinta y dos con la modificación aceptada por la Asamblea.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Se concede el uso de la palabra para presentar las propuestas de modificación a los artículos reservados en el Título Quinto del proyecto de decreto a los siguientes diputados:

• Damián Zepeda Vidales, del Partido Acción Nacional y Lizbeth Loy Gamboa Song, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo ciento setenta del proyecto de decreto. En votación económica se admite a discusión en lo particular, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueban las modificaciones propuestas, y se reservan para su votación en conjunto.

Se concede el uso de la palabra para presentar las propuestas de modificación a los artículos reservados en el Título Quinto Bis del proyecto de decreto a los siguientes diputados:

• Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos ciento setenta y tres, ciento setenta y cuatro, ciento setenta y cinco, y ciento setenta y seis, del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Miguel Sámano Peralta, del Partido Verde Ecologista de México, al artículo ciento setenta y cinco Bis, del proyecto de decreto. En votación económica se admiten a discusión en lo particular, no habiendo oradores registrados, en votación nominal doscientos cuarenta y cuatro votos a favor; y ciento sesenta y seis en contra, se aprueban las modificaciones propuestas, y se reservan para su votación en conjunto.

• Abraham Montes Alvarado, del Partido Revolucionario Institucional, a los artículos doscientos setenta y nueve, doscientos ochenta, doscientos ochenta y tres, y doscientos ochenta y cuatro del proyecto de decreto. En votación económica se admiten a discusión en lo particular, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueban las modificaciones propuestas, y se reservan para su votación en conjunto.

• Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos doscientos ochenta y cinco, seiscientos ochenta y nueve, setecientos cuarenta, setecientos cuarenta y tres, ochocientos dos, y ochocientos veinticuatro del proyecto de decreto. En votación económica se admiten a discusión en lo particular, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueban las modificaciones propuestas, y se reservan para su votación en conjunto.

• Roberto López González, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo trescientos once del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Margarita Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos trescientos treinta y seis, y trescientos treinta y siete del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

En votación nominal por trescientos cincuenta votos a favor; setenta en contra; y dos abstenciones, se aprueban en lo particular de los Títulos Quinto, y Quinto Bis, los artículos reservados ciento setenta y tres, ciento setenta y cuatro, ciento setenta y cinco, y ciento setenta y seis, en términos del dictamen; y los artículos doscientos setenta y nueve, doscientos ochenta, doscientos ochenta y tres, doscientos ochenta y cuatro, doscientos ochenta y cinco, trescientos once, trescientos treinta y cuatro-B, trescientos treinta y cinco-S, trescientos treinta y seis, trescientos treinta y siete, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea de los Títulos quinto, y quintos Bis. Acto seguido en votación nominal por trescientos noventa y nueve votos a favor; trece en contra; y tres abstenciones, se aprueban los artículos reservados: doscientos setenta y nueve, doscientos ochenta, y doscientos ochenta y tres, en términos del dictamen; y el artículo doscientos ochenta y cuatro con la modificación aceptada por la Asamblea. En votación nominal por cuatrocientos tres votos a favor; once en contra; y tres abstenciones se aprueban de los artículos doscientos ochenta y cinco, seiscientos ochenta y nueve, setecientos cuarenta, setecientos cuarenta y tres, ochocientos dos, y ochocientos veinticuatro, reservados por el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática. En votación nominal por trescientos cincuenta y dos votos a favor; setenta y uno en contra; y dos abstenciones, se aprueban los artículos doscientos ochenta y tres, trescientos once, trescientos treinta y seis, trescientos treinta y siete, trescientos cuarenta y tres-B, y trescientos cincuenta y tres-S, en términos del dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar las propuestas de modificación a los artículos reservados de los Títulos Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, y Décimo Primero del proyecto de decreto a los siguientes diputados:

• Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, al artículo trescientos setenta y uno del proyecto de decreto. En votación económica se admite a discusión en lo particular e intervienen en contra los diputados: Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional; y Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática; en pro los diputados Fernando Jorge Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional; Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México; y Alejandro Rangel Segovia, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido y votación nominal por doscientos cuarenta y ocho votos a favor; y ciento ochenta; y seis en contra, se aceptan las modificaciones, se reservan para su votación en conjunto.

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos trescientos sesenta y seis, y trescientos setenta y siete del proyecto de decreto. En votación económica no se admiten a discusión y se reservan para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, al artículo trescientos setenta y uno del proyecto de decreto. Por instrucciones de la Presidencia la Secretaría da lectura a la propuesta presentada, y en votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto quedando en términos del dictamen

Desde su curul realiza moción de procedimiento la diputada Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

• Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, para presentar su propuesta de modificación cuatrocientos setenta y seis, quinientos trece, quinientos catorce, y quinientos quince del proyecto de decreto. En votación económica se admiten a discusión en lo particular, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueban las modificaciones propuestas, y se reservan para su votación en conjunto.

• Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, al artículo quinientos treinta y siete del proyecto de decreto. En votación económica se admiten a discusión en lo particular e intervienen en pro los diputados Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México, y Jessica Salazar Trejo, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone una adición. En votación económica se aprueban las modificaciones propuestas por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, y de la misma manera se desecha la propuesta de adición por la diputada Jessica Salazar Trejo, y se reserva para su votación en conjunto.

En votación nominal por trescientos cuarenta y cinco votos a favor; y sesenta y tres en contra, se aprueban en lo particular los artículos reservados, trescientos sesenta y seis, y trescientos setenta y siete en términos del dictamen; y los artículos cuatrocientos sesenta y seis, quinientos trece, quinientos catorce, quinientos quince; y quinientos treinta y siete con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, de los Títulos Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, y Décimo Primero.

Se concede el uso de la palabra para presentar las propuestas de modificación a los artículos reservados en el Título Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto y los Artículos Transitorios del proyecto de decreto a los siguientes diputados:

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano al artículo setecientos setenta y tres del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, al artículo setecientos ochenta y cuatro del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, a la fracción cuarta del artículo novecientos cuarenta y siete, del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, al artículo novecientos noventa y uno del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo Cuarto Transitorio del proyecto de decreto. En votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen.

• Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, a los artículos Quinto y Sexto Transitorio del proyecto de decreto. En votación económica se admiten a discusión en lo particular, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueban las modificaciones propuestas, y se reservan para su votación en conjunto.

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

En votación nominal por trescientos cuarenta y seis votos a favor; sesenta en contra; y una abstención, se aprueban los artículos reservados seiscientos ochenta y ocho, seiscientos noventa y ocho, setecientos, setecientos uno, setecientos cinco, setecientos cuarenta, setecientos cuarenta y tres, setecientos setenta y tres, setecientos ochenta y cuatro, ochocientos dos, ochocientos cincuenta, ochocientos cincuenta y tres, ochocientos sesenta y cinco, ochocientos sesenta y seis, ochocientos sesenta y siete, ochocientos sesenta y ocho, ochocientos sesenta y nueve, novecientos treinta y nueve, novecientos cuarenta, novecientos cuarenta y cinco, novecientos cuarenta y siete, fracción cuarta, novecientos cuarenta y nueve, novecientos sesenta y seis, novecientos setenta y siete, novecientos ochenta y siete, novecientos noventa y uno, mil tres, y Cuarto Transitorio en términos del dictamen; y los artículos Quinto y Séptimo Transitorios con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes dos de octubre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las tres horas con cincuenta y dos minutos, del día sábado veintinueve de septiembre de dos mil doce.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobada el acta.

Se informa a la asamblea que todos los asuntos turnados a comisiones durante esta sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las comisiones. Continúe la Secretaría.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 204 aniversario luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos el jueves 4 de octubre, a las 10:00 horas, en el monumento erigido a su memoria en la plaza situada en República de El Salvador y Pino Suárez, Centro Histórico, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan dar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Nina Serratos Zavala, secretaria.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, diputado Hugo Sandoval Martínez y diputado Roberto López Suárez.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobaron los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.El Senado de la República exhorta respetuosamente a los senadores de la república integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión a manifestar en forma expresa su consentimiento para ser donadores de sus órganos mediante la correspondiente inscripción en el padrón de donadores de la Comisión Nacional de Trasplantes.

Segundo.El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 un aumento de 15 por ciento de los recursos asignados al Centro Nacional de Trasplantes a través de la Secretaría de Salud, a fin de que se otorguen para la capacitación y especialización de médicos en el ramo de la donación y el trasplante de órganos.

Tercero.El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud a enviar a través del Centro Nacional de Trasplantes un diagnóstico integral sobre las condiciones en que opera el Sistema Nacional de Trasplantes, con objeto de que el Congreso de la Unión garantice la disponibilidad de recursos económicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 que cubra sus requerimientos en favor de la cultura de la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células.

Atentamente

México, DF, a 27 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-1291/12, la licenciada Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: José Carlos Escobar Gutiérrez.

Puesto: Técnico de conferencia video digital.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Marianna Romero Fong.

Puesto: Auxiliar en el Departamento de Visas.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Nombre: Faride Assad Gómez.

Puesto: Asistente en el Departamento Político Económico.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Nombre: Fabiola Sánchez Espinosa.

Puesto: Asistente de pasaportes y ciudadanía.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo, se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Guadalupe Patricia Yanez Armas.

Puesto: Secretaria y asistente de visas.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Margarita Sesma Arias.

Puesto: Asistente de Recursos Humanos.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En lo que se refiere al permiso, túrnese a la Comisión de Gobernación.

Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, comuníquese a las Comisiones de Gobernación de ambas Cámaras.

FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

El suscrito, titular de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas, con fundamento en los artículos 2, inciso B), fracción V, y 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en relación con el artículo 2 de la de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942­1964), y en el numeral 2 de las Reglas de Operación de dicho fideicomiso, por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número SG/200/906/2012, de fecha 16 de agosto del año en curso, el licenciado Obdulio Ávila Mayo, subsecretario de Gobierno, tuvo a bien designarme como supervisor de los trabajos de la Dependencia Coordinadora del Fideicomiso denominado Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942 a 1964.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 3 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como la cláusula sexta del Convenio de Sustitución Fiduciaria, cumpliré las funciones como representante suplente de la Presidencia del Comité Técnico del Fideicomiso 10230, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar y a partir de la fecha en que reciba el presente, quedo a sus respetables órdenes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de septiembre de 2012.— Licenciado Jorge Triana Tena (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con entidades federativas y supervisor de los trabajos de la dependencia coordinadora del Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

BANCO DE MEXICO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Banco de México.— Gobernador.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

El artículo 51 de la Ley del Banco de México contiene disposiciones para conciliar la autonomía del instituto central con la necesaria rendición de cuentas sobre su gestión. La fórmula que el Legislativo ha considerado más apropiada para tal fin es la presentación por el banco central de informes sobre sus políticas y actividades. El artículo citado señala, en su fracción II, que en septiembre de cada año este instituto central enviará al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión un informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre del ejercicio de que se trate.

En cumplimiento de lo anterior y por acuerdo de la junta de gobierno de este instituto central, tomado con fundamento en la fracción IX del artículo 46 de la ley que lo rige, el Banco de México envía, adjunto a la presente, el Informe sobre la política monetaria aplicada durante el primer semestre de 2012. En cumplimiento al citado ordenamiento legal, el informe se concentra en las acciones de política monetaria instrumentadas durante dicho semestre. Cabe mencionar que las referidas acciones fueron oportunamente reseñadas en los informes sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, los cuales también se anexan a la presente comunicación.

Atentamente

Ciudad de México, DF, a 25 de septiembre de 2012.— Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Instituto Mexicano del Seguro Social

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El párrafo tercero del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social (LSS) señala que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe establecer dispositivos de información para dar a conocer al público en general, de forma periódica, oportuna y accesible, la composición y situación financiera de las inversiones institucionales.

En cumplimiento de este ordenamiento, el Consejo Técnico del IMSS, a través del numeral 7.1.1 de la norma de inversiones financieras, dispone que la información relativa a la composición y la situación financiera de las inversiones institucionales se revelará al público en general mediante la elaboración de informes que se remitirán trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y al Congreso de la Unión, como indica la LSS, además de enviarse a la Secretaría de la Función Pública, los cuales contendrán la posición en inversión, evolución, estructura, rendimientos, cumplimiento de metas, medición y control de los riesgos financieros, entre otros elementos.

Por lo anterior, envío a usted un ejemplar del informe correspondiente al segundo trimestre de 2012, que fue revisado y aprobado por la Comisión de Inversiones Financieras del IMSS en la sesión ordinaria número 544, celebrada el 19 de septiembre del presente.

Atentamente

México, DF, a 20 de septiembre de 2012.— Daniel Karam Toumeh (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable  Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a agosto de 2012.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con agosto de 2011.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para agosto de 2012.

Adicionalmente se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública, a agosto del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 28 de septiembre de 2012.— José Antonio Meade Kuribreña (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En atención con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, en el sentido de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de internet y entregar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores a más tardar el 30 de septiembre de 2012 un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta adjunto al presente me permito enviarle el reporte de donatarias autorizadas correspondiente a 2012, el cual contiene información para el ejercicio fiscal de 2011.

Le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 28 de septiembre de 2012.— José Antonio González Anaya (rúbrica), subsecretario de Ingresos.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.—Querétaro.— Poder Legislativo.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126 fracciones V y XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en Sesión del Pleno de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro, celebrada el 7 de septiembre de 2012, se aprobó el acuerdo por el que la Quincuagésima Sexta Legislatura del estado de Querétaro solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se incremente el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013, en el rubro de recursos para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; remitiéndole un ejemplar del mismo, para los efectos conducentes.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.

Atentamente

Santiago de Querétaro, Querétaro, 20 de septiembre de 2012.— LVI Legislatura del Estado de Querétaro.— Diputado Hiram Rubio García (rúbrica), Presidente;diputado Antonio Cabrera Pérez (rúbrica), segundo secretario.»

«Escudo.—Querétaro.— Poder Legislativo.

La Quincuagésima Sexta Legislatura del estado de Querétaro, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 17, fracción XIX, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro, y

Considerando

1. Que la Asamblea General de las Naciones Unidas en múltiples ocasiones ha mostrado su interés sobre el tema de pueblos indígenas. Por ello, en el marco del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (2005-2014), entre los objetivos fundamentales se destaca el fomento de la no discriminación y de la inclusión de los pueblos indígenas en la elaboración, aplicación y evaluación de la legislación, las políticas, los recursos, los programas y los proyectos en todos los niveles; así como la adopción de políticas, programas, proyectos y presupuestos que tengan objetivos específicos para el desarrollo de los pueblos indígenas, con parámetros concretos, insistiendo en particular en las mujeres, los niños y los jóvenes indígenas.

2. Que en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, se establecen los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, en particular, los correspondientes a la cultura, la identidad, el idioma, el empleo, la salud y la educación, así como el de mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones, y a promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. Se destaca también la necesidad de promover su participación plena y efectiva en relación con los asuntos que les conciernan, incluido su derecho a seguir siendo distintos y a perseguir su propia idea de desarrollo económico y social.

3. Que los recursos para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas se señalan en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, basándose en lo establecido en el artículo 2, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que prevé que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

De igual forma, establece que para abatir las carencias y rezagas que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, la federación, los estados y los municipios tienen la obligación de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades.

4. Que la ejecución de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, debe considerar su participación con base en su cultura y formas de organización tradicionales; procurando atender el pleno acceso y satisfacción de sus necesidades, tales como electricidad, agua, drenaje, educación, salud y vivienda, tomando siempre en consideración que la visión de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es la de fomentar su desarrollo, pero que éste se realice bajo el concepto de lograr un crecimiento preservando su identidad.

5. Que en tal virtud, es de reconocerse el crecimiento de la inversión que se ha realizado para mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas; no obstante, al ser tan marcadas sus necesidades, se requiere de mayores aportaciones para su atención.

6. Que como legisladores, nos corresponde impulsar acciones en pro de los municipios que tiene población indígena, las cuales deben traducirse en un mejor acceso a los programas sociales y, por ende, a una mejor calidad de vida.

7. Que el objeto del presente acuerdo es el incremento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, en el rubro relativo a erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, lo que habrá de ser evidencia palpable de buena voluntad política hacia las necesidades de este sector de la población.

Que en atención a lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Sexta Legislatura del estado de Querétaro expide el siguiente:

Acuerdo por el que la Quincuagésima Sexta Legislatura del estado de Querétaro solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que se incremente el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013, en el rubro de “Recursos para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas”.

Artículo Único. La Quincuagésima Sexta Legislatura del estado de Querétaro, solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, considere un aumento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2013, en el rubro relativo de recursos para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

Transitorios

Artículo Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno de esta Quincuagésima Sexta Legislatura del estado de Querétaro.

Artículo Segundo. Comuníquese el contenido del presente acuerdo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para los efectos conducentes.

Artículo Tercero. Remítase el acuerdo a las Legislaturas de los Estados de la República Mexicana y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su conocimiento.

Artículo Cuarto. Envíese el Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro; para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

Lo tendrá entendido el ciudadano gobernador constitucional del estado de Querétaro y mandará se imprima y publique.

Atentamente

Dado en el salón de sesiones “Constituyentes 1916-1917” recinto oficial del Poder Legislativo del estado de Querétaro, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil doce.— Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Querétaro.— Mesa Directiva: Diputado Hiram Rubio García (rúbrica), Presidente;diputado Antonio Cabrera Pérez (rúbrica), segundo secretario.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

2 DE OCTUBRE DE 1968

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos a la conmemoración del 2 de octubre, Aniversario de los caí-dos en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco en 1968.

Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, Alfonso Durazo Montaño, Ricardo Cantú Garza, Federico José González Luna Bueno, Amalia Dolores García Medina, José Alfredo Botello Montes y Paloma Villaseñor Vargas.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y diputados, el 68 es una herida que partió en dos la historia de nuestro país; los viejos esquemas se cayeron y rasgaron el velo de la omnipotencia presidencial.

La realidad de un Estado acostumbrado a no recibir preguntas chocó contra una juventud educada para hacerlas; el autoritarismo se atragantó de utopía al no soportar marchas silenciosas, y la cerrazón se topó con la protesta creativa.

A 44 años del derramamiento de sangre más vergonzoso de nuestra historia, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza pugna para que reconozcamos la lucha de la generación del 68, en la construcción democrática de México.

Los movimientos sociales explotan cuando la legitimidad se separa de la legalidad, y así sucedió en 1968, la relativa tranquilidad económica fortaleció la clase media en las ciudades del país, lo cual creó una prioridad social inusitada, misma que requería de una pluralidad en la participación política. El gobierno no lo entendió así.

Es de esta disociación que surgen las primeras inconformidades en el semillero. En octubre de 1966, Everardo Rodríguez Orbe, es asesinado en una marcha de Morelia, y la reacción estudiantil causa muchos muertos y presos políticos.

En el 67 se concede ciudadanía a los de 18 años para poder encarcelar a los jóvenes antes. Ya en 1968 el rector de la UNAM de la época, Javier Barros Sierra, encabeza la llamada Marcha del Rector, con 80 mil personas que marchan por la Ciudad de México, y en agosto sucede la manifestación de los héroes y toma del Zócalo, a la que asistieron más de 400 mil personas.

Claramente existía un rompimiento entre la realidad social y la realidad política del país; por primera vez un movimiento social fue liderado por sectores que no podían ser descalificados oficialmente, estudiantes jóvenes y maestros, unidos por la libertad de expresión, por la educación y por el derecho a disentir de su gobierno.

Lamentablemente el Estado utilizó la tipificación del delito de disolución social como pretexto para apagar con violencia innecesaria muchos de estos movimientos y esto ocasionó que la flama se incendiara más, hasta que se desbordó en los lamentables hechos que ya todos conocemos. El dolor de la sangre manchó las entrañas de nuestro México. Es a partir de esa herida y de la incapacidad del Estado para procesar las demandas sociales legítimas, que el status quo se rompió; la lucha democrática de la generación de 68 logró establecer una forma de dialogar distinta con los gobernantes. Hoy sabemos que la solución de los conflictos nunca se debe hacer a través de las armas y la represión, sino solo a través del diálogo.

Fueron tales los efectos de la lucha de 68, que a los presos políticos ya no se les acusó del delito de disolución social y finalmente éste fue derogado en 1971; los resultados sociales se vieron reflejados hasta los ochenta, cuando la sociedad civil organizada reencontró la fraternidad en la tragedia y se organizó políticamente.

Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza recordamos con tristeza los sucesos del 2 de octubre de 1968; creemos en su testimonio que persiste y creemos también en la generación de hoy, que deberá de unirse por encima de sus diferencias para construir un México nuevo.

Los jóvenes de la generación de 68 sentaron con su lucha las bases para la libertad social en el siglo XX y con ello del desarrollo de la sociedad civil y de la democracia electoral; los jóvenes de hoy tenemos la responsabilidad de hacer de México la nación moderna y justa que el siglo XXI demanda.

Retomemos con vehemencia las lecciones de una generación de jóvenes que ya no existe y luchemos para que ningún otro poeta tenga que volver a escribir líneas, como las de José Emilio Pacheco: El llanto se extiende, gotean las lágrimas ahí en Tlatelolco, porque ese día hicieron una de las mayores crueldades, que sobre los desventurados mexicanos se han hecho en esta tierra. Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, compañeros legisladores.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Señor presidente, compañeras y compañeros diputados, voy a anticipar su comprensión, porque voy a leer mi discurso utilizando una tecnología nueva, un ipad, así es que espero no estar sujeto a alguna trampa de la tecnología.

Recordamos hoy 44 años de aquella tarde amarga que se convertiría en un parteaguas histórico; recordamos hoy aquella lucha de miles de jóvenes mexicanos cuya demanda de libertad y democracia fue ahogada en sangre, por la irresponsabilidad histórica de un gobierno represor. Mientras en la plaza se levantaban cuerpos acribillados y se detenía a jóvenes, por el solo hecho de serlo, desde los medios de comunicación se procedía a su aniquilación simbólica.

Pareciera que habláramos no de hace más de cuatro décadas, sino de un tiempo más próximo, pero la historia de la tragedia de Tlatelolco no fue escrita, afortunadamente, por los vencedores; abajo, ahí donde suele transcurrir la realidad que el poder no quiere todavía contemplar, se fueron abriendo paso los testigos y sus testimonios; se fueron imponiendo los hechos sobre las invenciones y la versión que terminó por trascender en la historia fue la de ellos, la de los vencidos, los agraviados, los torturados, los desaparecidos y los asesinados.

Quede ello como una lección para quienes entonces ahora y en cualquier tiempo piensan que es posible sustentar al ejercicio del poder público en la represión y en la manipulación de la realidad.

Hubo quienes entonces se convencieron —desde el partido en el poder— de que el régimen político podía seguir funcionando con una tímida apertura de puertas para evitar su toma por asalto; suponiendo que la gente olvidaría, conservaron intocados sus territorios esenciales; suponiendo que la sangre no quedaría grabada en la memoria colectiva, se mantuvieron inamovibles los enclaves de fondo del control político.

Sin embargo, la sociedad se puso en movimiento, sindicatos, organizaciones campesinas, guerrillas, partidos, nuevos medios críticos de comunicación y expresiones culturales libertarias desfondaron entonces la inmovilidad del viejo régimen. Se rompieron así las aristas más agudas del presidencialismo mexicano.

Los logros en el avance democrático del país no han sido concesión generosa del gobierno y lo que falta por hacer tampoco lo será.

Del cruento derramamiento de sangre en Tlatelolco surgió una sociedad, que a pesar de resistencias y obstáculos, continúa luchando hasta el día de hoy por los mismos objetivos de libertad y democracia, equidad y bienestar de 1968.

Hoy como entonces son claros los síntomas de descomposición institucional del sistema político mexicano. A 44 años de distancia, ahí están la corrupción, la cerrazón institucional, los millones de pobres, la desigualdad y los poderes fácticos al mando de las poleas y palancas del Estado; ahí están la violencia y el cansancio de una sociedad defraudada por la clase política dominante. La feroz concentración mediática, las elecciones donde cuentan más los pesos que los votos, las decisiones del gobierno sin consenso social, la impunidad, que tan dramáticamente simboliza la guardería ABC, la aprobación, al vapor, de iniciativas que modifican al mundo laboral, sin que los trabajadores en la calle sepan de qué se trata.

A 44 años de la caída de los jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas, les diremos que vamos por el camino correcto. Frente a esas crudas realidades el poder político sigue el itinerario de 1968, la autocomplacencia, la sordera, la ceguera; el resultado es el encono, el aumento de las tensiones sociales y el divorcio evidente entre gobierno y gobernados, que hoy recorre a todas nuestras estructuras políticas.

La Plaza de las Tres Culturas merece, por el bien de la memoria de todos, la erección de un monumento para perpetuar en nuestro tiempo y en el porvenir, no solo ese punto de inflexión en nuestra historia reciente, sino sobre todo para recordar que el camino del autoritarismo político entonces y siempre es y será un callejón sin salida.

Termino recordando a quienes murieron el 2 de octubre de 1968, con las palabras de José Alvarado: Había belleza y luz en las almas de los muchachos muertos. Querían hacer de México morada de justicia y verdad; la libertad, el pan y el alfabeto para los oprimidos y olvidados. Un país libre de la miseria y el engaño, y ahora son fisiologías interrumpidas dentro de pieles ultrajadas. Algún día habrá una lámpara votiva en memoria de todos ellos. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. En uso de la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hace 44 años se verificó en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, una matanza de estudiantes que no tiene parangón en nuestra historia.

Lo único que se demandaba en esa época era la libertad de los presos políticos y ampliación de los cauces democráticos; sin embargo, la cerrazón gubernamental del régimen de Gustavo Díaz Ordaz, se negó a cualquier intento de negociación, en lugar de la palabra para construir acuerdos hubo oídos sordos, la violencia y el asesinato en contra de los estudiantes.

A 44 años de esos sucesos debemos reflexionar qué tanto ha cambiado nuestro país en materia democrática, aunque finalmente al entonces llamado principio de autoridad hoy se le denomina aplicación de una mayoría, pero donde a final de cuentas no se escucha, no se dialoga, no se negocia y finalmente hacen lo que se les viene en gana.

La gran enseñanza que debemos —todos— tomar de los sangrientos sucesos de Tlatelolco es el de reivindicar el diálogo y la negociación política, como instrumento fundamental en la búsqueda de consensos.

No es con el uso de la fuerza, como hace 44 años, ni con la imposición de las mayorías, como ocurrió este viernes y sábado en la aprobación de la reforma laboral, como se construye la solución de los grandes problemas del país.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reconoce el aporte de los cientos de miles de jóvenes estudiantes, trabajadores del campo y la ciudad, y mujeres, que con sus movilizaciones lograron concientizar a la ciudadanía de la necesidad de superar el autoritarismo priista de aquella época.

Debemos reconocer que 12 años de alternancia en el gobierno fueron un desperdicio en la transformación democrática de México; en estos 12 años no se desmanteló el entramado institucional del autoritarismo priista del antiguo régimen.

La rebelión estudiantil que inició desde julio del 68, que culminó con la represión del 2 de octubre de ese año, coincidió con otros movimientos igualmente importantes en otras partes del mundo, como el de la Primavera de Praga y la Revolución de Mayo en París, que detonaron el despertar de la sociedad civil para protestar contra el autoritarismo de los gobiernos.

Los estudiantes siempre se pronunciaron por el diálogo, prueba de ello es que presentaron el pliego petitorio de sus seis puntos, en el que exigían la libertad de los presos políticos, destitución de los generales Luis Cueto y Raúl Mendiolea, la desaparición del cuerpo de granaderos, la derogación en el Código Penal Federal del delito de disolución social en aquellos sucesos.

Como una forma de silenciar el movimiento y de tener su difusión y crecimiento, el gobierno de Díaz Ordaz contó con la publicidad de los medios masivos de comunicación, cuyos propietarios fueron premiados por el gobierno por su mutismo ante el genocidio, el control de la producción del papel y de la publicidad, que mantenía el Estado mexicano, coadyuvó en el ominoso y cobarde silencio de los medios de comunicación.

A 44 años del movimiento, un puñado de oligarcas que se adueñaron de la nación, se han enriquecido hasta la saciedad al amparo de la política gubernamental que contenía manteniendo bajo férreo control a la sociedad. Desterrar el neoliberalismo significa romper con la cultura criminal del individualismo y con los valores del mercado para imponer una cultura basada en la responsabilidad colectiva y la solidaridad.

A 44 años de la matanza del 2 de octubre, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su solidaridad con aquellos que fueron víctimas de violencia; hoy, 44 años después, los recordamos con respeto y aprecio y reconocemos que la mejor forma de rendirles homenaje es luchando por las mejores causas del pueblo de México: 2 de octubre no se olvida.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En el uso de palabra el diputado Federico José González Luna Bueno.

El diputado Federico José González Luna Bueno: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, nadie pudo imaginar que lo que inició como un pleito callejero frente a la preparatoria Isaac Ochoterena, habría de desembocar en uno de los movimientos sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX mexicano.

Ante el ingreso a las instalaciones del cuerpo de granaderos para detener los disturbios causados, muchos jóvenes alumnos se sintieron violentados en su autonomía y exigieron a las autoridades que este tipo de agresiones no se repitieran.

Las marchas, movilizaciones y manifestaciones comenzaron a realizarse con mayor frecuencia y mayor concurrencia; los estudiantes indignados lanzaron un manifiesto de seis puntos y formaron el Consejo Nacional de Huelga.

El gobierno cometió el grave error de no comprender las demandas de los estudiantes y prefirió verlas como un reto a la autoridad exclusivamente e intentó imponerse por la fuerza. El 13 de septiembre se llevó a cabo una de las más importantes manifestaciones de todos los tiempos en México, la llamada Marcha del Silencio; a lo largo de todo el Paseo de la Reforma caminaron estudiantes, maestros, organizaciones populares, sociedad civil y en general, todo aquel que se quisiera incorporar sin pronunciar una sola palabra, donde el único sonido era el de los pasos hacia el Zócalo.

El mitin del 2 de octubre, se desarrollaba en un ambiente de fiesta. Después de dos semanas la angustia y la incertidumbre producidas por la represión empezaban a disminuir y de nuevo se abrían perspectivas claras para el futuro; sin embargo, para las 18:00 horas, se notó que avanzaban tropas sobre el mitin, la señal la dieron dos luces de bengala verdes disparadas desde un helicóptero, durante las próximas dos horas habría disparos, gritos, ametralladoras, muerte, terror, represión, violencia. En unos cuantos minutos la explanada estuvo totalmente vacía y solamente se veían decenas de muertos y heridos. De ahí siguieron historias interminables de violencia, sangre, muerte e injusticia.

El 2 de octubre es uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de México. Aún se desconoce la cifra exacta de los muertos y heridos. Tres años más tarde, la escritora Elena Poniatowska, en su libro La noche de Tlatelolco, publicó la entrevista de una madre que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por lo menos había contado 65 cadáveres en un solo lugar.

A 44 años de esta tragedia y gracias a la lucha heroica de muchos jóvenes, el país ha evolucionado para bien; el diálogo ahora forma parte de todos los gobiernos, sin importar si son federales, estatales o municipales. Los mexicanos hemos aprendido a conocer y a reconocer a los represores.

El Movimiento del 68 forma parte de una línea perfectamente reconocible de la historia de la lucha por la democracia en nuestro país; línea que pasa por Fray Servando, por el doctor Mora, por el Constituyente del 57, por Madero, por Gómez Morín, por Reyes Heroles; por muchos luchadores desde la izquierda; por Octavio Paz y por tantos otros mexicanos, que en el fondo y desde su solitaria, silenciosa y patriótica trinchera, se han propuesto hacernos ver a todos los mexicanos la necesidad de construir un México democrático, capaz de dialogar y discutir, de respetar las opiniones divergentes de los otros, porque en buena medida la lucha del 68 es una lucha por la democracia.

Después de la noche de aquél triste día, los mexicanos empezamos a entender que nos faltaban formas y espacios para resolver nuestras diferencias; que por la forma como habían ocurrido las cosas, se hacía evidente la necesidad de cambiar las cosas. Estas carencias y necesidades de espacio social fueron entendidas por la sociedad toda, el gobierno incluido.

El Movimiento del 68 sembró la idea de la necesidad de cambiar, que no se detendría hasta alcanzar una realidad diferente para todos. No podríamos entender los espacios, el diálogo y la tolerancia que hoy vivimos los mexicanos sin el movimiento estudiantil de ese año. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna de la patria y en el fondo debemos estar agradecidos con esos jóvenes valientes, idealistas, contradictorios y apasionados.

Por ello, desde esta alta tribuna hacemos —siempre debemos hacerlo— un llamado a todo gobierno al diálogo respetuoso, al respeto a la libertad de expresión, a tener como política pública primordial el respeto a los derechos humanos, el respeto al otro.

A más de cuatro décadas de la masacre de Tlatelolco, esta fecha no se olvida. Si bien es una fecha triste, cruenta, trágica, también es una fecha de fiesta de la democracia, del respeto, del diálogo y de la tolerancia, porque esta fecha sigue viva, no solamente por la crueldad y la significación de los acontecimientos, sino principalmente por la vitalidad y la fuerza de esa lucha y porque aún es necesario seguir luchando, quizás para siempre, para hacer plena realidad los frutos de sus ideales. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. En uso de la palabra la diputada Amalia Dolores García Medina.

La diputada Amalia Dolores García Medina: Con su venia, señor presidente.

La oscuridad engendra la violencia

y la violencia pide oscuridad

para cuajar el crimen.

Por eso el dos de octubre aguardó hasta la noche

para que nadie viera la mano que empuñaba

el arma, sino solo su efecto de relámpago.

¿Y a esa luz breve y lívida, quién? ¿Quién es el que mata?

¿Quiénes los que agonizan, los que mueren?

¿Los que huyen sin zapatos?

¿Los que van a caer al foso de una cárcel?

¿Los que se pudren en el hospital?

¿Los que se quedan mudos para siempre, de espanto?

¿Quién, quiénes? Nadie. Al día siguiente nadie.

La plaza amaneció barrida; los periódicos

dieron como noticia principal

el estado del tiempo.

Y en la televisión, en la radio, en el cine

no hubo ningún cambio de programa,

ningún anuncio intercalado, ni un

minuto de silencio en el banquete

(Pues prosiguió el banquete).

No busques lo que no hay: huellas, cadáveres

que todo se le ha dado como una ofrenda a una diosa,

a la Devoradora de Excrementos.

No hurgues en los archivos pues nada consta en actas

Más he aquí que tocó una llaga: es mi memoria

Duele, luego es verdad. Sangre con sangre

y si la llamo mía, traiciono a todos.

Recuerdo, recordamos

Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca

sobre tantas conciencias mancilladas,

sobre un texto iracundo sobre una reja abierta,

sobre el rostro amparado tras la máscara.

Recuerdo, recordemos

hasta que la justicia se siente entre nosotros.

Es Rosario Castellanos, en un poema sobre la masacre en Tlatelolco, el 2 de octubre.

¿Qué fue lo que sucedió en el mundo en 1968? Fue una ola de movimientos antiautoritarios que recorrieron el planeta; estuvieron presentes en Francia, estuvieron presentes en Polonia, estuvieron presentes en China, estuvieron presentes en México. Aquí, igual que en el resto, movimientos antiautoritarios; aquí, en nuestro país, en contra de un presidencialismo despótico y un sistema de partido casi único, que no permitía la expresión de la diversidad y la pluralidad.

¿Qué fue lo que pasó después del 2 de octubre? Después del 2 de octubre, después de la masacre vino la persecución; los presos políticos, los desaparecidos, pero como dijeron los jóvenes de Praga en Checoslovaquia, que fueron arrollados por las tropas.

Aquí recojo nuevamente ese pensamiento: pueden cortar todas las flores, pero no pueden impedir que regrese la primavera.

El movimiento civil y ciudadano de nuestro país mantuvo su lucha desde la cárcel, desde la oposición y finalmente, se abrió paso una reforma política que empezó a reconocer el pluripartidismo, la diversidad, lo que realmente constituye a la nación en sus múltiples expresiones políticas.

Hoy que se ha aceptado y reconocido en el Congreso de la Unión que se eleve a media asta la bandera; en realidad es el reconocimiento del Estado mexicano de lo que no debe ser y sin embargo, aún con los avances —hay que decirlo hoy, porque la mejor manera de recordar a quienes fueron masacrados, es recordar—, hay que decir que existe un riesgo de retroceso en nuestro país. Ahí están nuevamente los jóvenes, el Movimiento Yo Soy 132, reclamando por todo lo que falta por hacer.

Ahí están en el planeta expresándose millones de hombres y de mujeres a través de los indignados señalando que otro mundo es posible, y como le dijeron los jóvenes de 1968, hoy lo que corresponde es decir: seamos realistas, pidamos lo imposible y lo imposible es que en México exista democracia plena, que exista libertad completa, que exista justicia.

Pero es también pertinente advertir que los avances no son de una vez y para siempre, y que puede haber retrocesos; ahí está, por ejemplo, un intento de disminuir la pluralidad política en los congresos de los estados y en el Congreso de la Unión, con un planteamiento populista de que no deberían ser tantos diputados y tantos senadores, sino que deberían ser menos. Advierto que eso es disminuir la representación y la pluralidad política de la nación.

Ahí está el control de los medios de comunicación, acallando la democracia y la libertad; por eso, el mejor homenaje a aquellos que lucharon por un México mejor en 1968 es no olvidar y seguir la lucha por un México justo, libertario y democrático. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. En el uso de la palabra el diputado José Alfredo Botello Montes.

El diputado José Alfredo Botello Montes: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, 44 años han pasado desde aquel 2 de octubre de 68, en donde la brutalidad sustituyó el diálogo entre los mexicanos. No exageramos al afirmar que por lo menos durante cuatro décadas hemos discutido en tribunas parlamentarias estos acontecimientos, que muy probablemente seguirán discutiéndose y serán materia de reflexión y debate durante muchos años más.

Desde el origen del Movimiento Estudiantil en 1968, fue el PAN quien planteó que como una única herramienta de la política para resolver el conflicto estudiantil era el camino del diálogo, entendiéndolo como la confrontación de ideas y de argumentos para encontrar soluciones que tengan como finalidad la ampliación de las libertades democráticas y el bienestar de la nación.

El miércoles 2 de octubre de 1968, la violencia sustituyó a las palabras y la esperanza fue sustituida por la desconfianza, el rencor, la persecución y la intolerancia.

El viejo régimen priista para esos momentos —mostrando ya rasgos de un fuerte agotamiento— fue incapaz de abrir las puertas de la democracia. Lamentablemente la Cámara de Diputados, como tal también mantuvo una actitud incorrecta, dominada por el partido de Estado se sometía incondicionalmente al presidencialismo autoritario, arrodillando así al Poder Legislativo.

Sin embargo, las voces de nuestros compañeros panistas sonaron fuerte, no en defensa de una supuesta anarquía o conjura del comunismo, como acusaban en aquellos tiempos muchos medios de comunicación; no, las voces dignas, gallardas y valientes de los diputados panistas se alzaron en defensa de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, en defensa de la democracia, de nuestros estudiantes y de sus familias.

En la tribuna de la Cámara de Diputados los entonces diputados Manuel González Hinojosa; Gerardo Medina y José Ángel Conchello, así como don Rafael Preciado Hernández, hicieron valer estos argumentos a favor de un México con mayores libertades y en defensa de la universidad y condenando los abusos del régimen de Díaz Ordaz.

Conocedores y respetuosos siempre de la autonomía universitaria, los dirigentes juveniles del PAN estuvieron presentes en el campus universitario dialogando con estudiantes y profesores, exponiendo nuestros puntos de vista.

En 1968, los acontecimientos de Tlatelolco estuvieron precedidos por la violación a la autonomía de la UNAM; aquel tristemente célebre 18 de septiembre, en que el Ejército mexicano entró al campus de la Ciudad Universitaria y por la violenta toma de las instalaciones académicas del Instituto Politécnico Nacional, en particular, recordamos aquella batalla en que se enfrentaron, por más de cuatro horas, el Ejército y granaderos con estudiantes de esa institución, en la llamada Batalla del Casco de Santo Tomás, el 26 de septiembre, seis días antes del genocidio de Tlatelolco.

Como en décadas anteriores, el viejo régimen priista mostró su faceta represiva y ejerció el control absoluto de la mayoría de los medios de comunicación, para criminalizar a los estudiantes mexicanos.

Sin lugar a dudas que existen muchos puntos aún por aclarar y por discutirse, pero lo que es un reconocimiento unánime es que este Movimiento del 68 es un parteaguas histórico, trascendental en la vida nacional, cuyos frutos pueden verse 44 años después.

En octubre de 1993, en un emotivo evento, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México expresó públicamente que reconocía el papel histórico, el valor y el compromiso de la generación de mujeres y hombres que en 1968 se manifestaron a favor de la libertad, el respeto a la autonomía universitaria y la plena vigencia de los derechos sociales en México y que la contribución de este movimiento fue determinante para el proceso democratizador de México.

En ese momento, nuestro partido expresó una amplia coincidencia con el Consejo Universitario de la UNAM, ya que siempre hemos concebido el Movimiento Estudiantil del 68 como una parte fundamental de la democratización de nuestro país.

En ese momento miles de estudiantes salieron a expresar su descontento en contra de un sistema injusto, antidemocrático, corporativo y autoritario. Tuvieron que pasar 32 años para que ese viejo régimen diera paso a la transición y consolidación de la democracia en este país.

Desde nuestro punto, el mejor homenaje que podemos ofrecer a los hombres y mujeres que participaron en ese movimiento social, a quienes les fue arrebatada la vida y la esperanza, es esforzándonos por consolidar el régimen de democracia plena, iniciada en el año 2000. A 44 años cabe preguntarnos si nuestro país es más democrático que el de 1968.

En nuestro partido sostenemos que los saldos son positivos; hemos aprendido que este país nunca más debe sufrir una barbarie, como la que hace 44 años sucedió en Tlatelolco: la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, ejecutada por el gobierno priista, encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, es un episodio ominoso de la vida nacional.

Señoras y señores, el PAN hace votos porque jamás se vuelvan a propiciar condiciones que repitan un episodio de atropello, de dolor y de muerte, y estamos empeñados en que México tenga un presente y un futuro luminoso, con un régimen de amplia y total democracia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Paloma Villaseñor Vargas.

La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas: Con su venia, señor presidente. Amigas diputadas, amigos diputados, a 44 años de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, ésta es la primera ocasión en que se conmemora oficialmente la fecha como un día de luto nacional.

El 8 de noviembre del año pasado esta Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se modificó la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que establece que este día deberá izarse la bandera nacional a media asta, en conmemoración de los caídos en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en 1968.

Se refrendó así la iniciativa aprobada por el Senado de la República, a propuesta del senador Pablo Gómez Álvarez, líder estudiantil participante del movimiento de aquellos años.

Es un acto de justicia y de memoria histórica y un signo de los nuevos tiempos que vivimos los mexicanos, tiempos de pluralidad, tolerancia, respeto a las diferencias y también de un firme compromiso con la democracia y con el ejercicio pleno de los derechos y libertades ciudadanas; por eso también es una fecha propicia para mirarnos en el espejo de aquellos años y reflexionar sobre las realidades democráticas del México de hoy, tan distinto y a la vez tan vinculado a las experiencias de entonces.

Diálogo, justicia y democracia pedían los jóvenes del 68, en sus intensas movilizaciones en la Ciudad de México, centro neurálgico de la actividad del país; fueron eventos que todos lamentamos. Hoy nuestro México tiene que ser distinto y mal haríamos si solo volteamos la mirada hacia atrás, porque corremos el riesgo de quedarnos petrificados.

Los jóvenes del 68 querían para su tiempo, lo que hoy afortunadamente gozamos como sociedad y es responsabilidad de todos mantener vigente.

Hoy debemos escuchar en mayor medida a nuestra juventud. Honrar a los caídos en 68 significa actuar en la arena pública bajo las reglas y los principios que rigen nuestra vida democrática y que a todos nos igualan, pero también que a todos nos obligan.

Hemos aprendido las lecciones de la historia. Diálogo y tolerancia, respeto a los diferentes, acatamiento a la voluntad de la mayoría son las claves de la democracia; es lo que la sociedad mexicana exige hoy de todos quienes somos representantes populares.

El pueblo de México ha sabido darse instituciones, que día con día las quiere mejores, más eficaces, confiables, productivas, aplicadas en la búsqueda de soluciones a los problemas del país y no perdidas en la mezquindad de intereses de facción o de grupo.

A lo largo de estos años la sociedad mexicana ha sabido evolucionar y es cada vez más informada, crítica y exigente; conoce el valor de su voto y no otorga concesiones perpetuas; exige responsabilidad de los gobernantes y de los actores políticos; quiere respuestas y soluciones viables.

Aun con las imperfecciones de toda obra humana, las instituciones democráticas que los mexicanos hemos sabido construir son el único camino viable, legítimo y seguro para lograr las transformaciones que aún nos faltan para llegar a ser una sociedad más justa y con menos desigualdades sociales.

Nuestra democracia debe ser una democracia de resultados para lograr una sociedad justa, en la que la inmensa mayoría de las mexicanas y los mexicanos cuente con satisfactores que le propicien una vida plena, con disfrute cabal de sus derechos y de sus libertades.

La sociedad aspira gobiernos que cumplan, que brinden seguridad, que actúen con apego a la ley y que combatan cualquier práctica de corrupción. Nadie puede estar al margen de este compromiso. La realidad nos pide a todos actuar con responsabilidad para lograr construir el México próspero, libre y democrático con el que soñó la juventud de 1968 y que espera la juventud actual.

Apegarnos a los valores y prácticas democráticas; cumplir con nuestras responsabilidades de cara a la nación; no cejar en el empeño por lograr una vida plena, segura, en paz y en libertad para las mexicanas y los mexicanos es el mejor homenaje, compañeros, que podemos rendir a los caídos del 2 de octubre de 1968. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. Esta Presidencia quiere solicitar a esta asamblea que se pueda hacer un minuto de silencio en memoria de los hechos sucedidos.

(Minuto de silencio)

POLITICAS MEDIOAMBIENTALES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El siguiente punto del orden del día son comentarios relativos a la transversalidad de las políticas medioambientales y lo plantea el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Es la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito:Con su permiso, diputado presidente. La naturaleza está impresa en los ojos de todos, en la sabiduría, en la experiencia y en la conciencia; cada uno de nosotros somos naturaleza pura, nos desafiémonos hoy a entenderla, a mirarla de cerca y a cambiar nuestro mundo a través del respeto por ella.

Honorable asamblea, la transversalidad de las políticas públicas ambientales se encuentra sustentada en el artículo 25 de la Constitución, al conferir al Estado la rectoría del desarrollo nacional y mandatar que éste sea integral y sustentable. Justo en esta sustentabilidad encontramos la variable ambiental en todos los rubros que se vean inmiscuidos con el desarrollo del país.

Atendiendo a esta correlación entre la ecología y otros aspectos fundamentales de la vida social, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno saliente estableció que para alcanzar el desarrollo las dependencias de administración pública federal, los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión debían coordinarse e integrar esfuerzos para diseñar políticas relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable del medio ambiente y los recursos naturales.

Debemos reconocer que lo anterior fue un acierto del Ejecutivo federal, ya que de ello derivó que se desarrollara una estrategia de vinculación de la variable ambiental en las políticas públicas para el desarrollo humano sustentable.

Esta estrategia tuvo como objetivo que las dependencias de la administración pública federal incorporaran criterios ambientales en todos sus programas y se hizo acompañar de una agenda en la que se fijaron metas específicas dentro de 28 dependencias federales, en función de nueve temas prioritarios de carácter ambiental, entre los que destacan: cambio climático, ordenamiento ecológico y gestión integral ambiental, entre otros.

No obstante, las políticas públicas y programas específicos que se han desarrollado al amparo de esta estrategia tienen metas a mediano plazo; sin embargo, de todos es sabido que los beneficios de una agenda tan corta, no permiten impulsar el desarrollo del país ni mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Por lo anterior, debemos concertar esfuerzos para fortalecer una agenda transversal en el ámbito federal, en la que efectivamente participen los tres Poderes de la Unión y los tres órganos de gobierno.

La estrategia que actualmente desarrolla el gobierno federal solo ha logrado incorporar en los trabajos a 17 entidades federativas, dentro de las cuales destaca la ausencia de Veracruz y Quintana Roo, las cuales albergan una parte importantísima de nuestra biodiversidad y riqueza natural.

Esta agenda de vinculación puede ser concebida desde el Legislativo mediante reformas legales, que permitan a nuestro nuevo presidente desarrollarla e implementarla, no solo planteando metas a mediano plazo, sino también a largo plazo.

La recientemente aprobada Ley General de Cambio Climático considera el desarrollo de una estrategia de esta naturaleza, para enfrentar los efectos del cambio climático, mediante políticas y acciones en materia de vulnerabilidad, adaptación y mitigación.

No podemos seguir desperdiciando recursos de esa manera ni concibiendo a los órganos de gobierno como entes extraños uno del otro; la coordinación y transversalidad son un tema fundamental en el desarrollo y planeación de una nación.

Debemos reconocer que existen rubros, que aunque originalmente corresponden al país, pueden y deben de ser descentralizados para no solo fomentar las buenas prácticas y coordinación, sino también el federalismo que caracteriza a nuestro Estado.

Debemos impulsar el desarrollo de capital humano e infraestructura en las entidades federativas y en los municipios sobre temas torales, ya que la federación no puede seguir haciéndose cargo ni concentrando atribuciones, cuando no tiene la capacidad ni estructural ni humana para atenderlos.

El Presupuesto de Egresos y una reforma fiscal podrían ser un paso importante para la implementación de esta medida de vinculación, ya que al igual que muchos de mis compañeros que han subido a esta tribuna, en ésta y en otras legislaturas, coincido en que el fortalecimiento económico de las instituciones y los órganos de gobierno son fundamentales para hacer efectiva la aplicación de una política pública, con la consecuente retribución de resultados positivos.

Regresemos a los Estados un poco del dinero con el que contribuyen dentro del erario público y los recursos que aquí se aprueban, la nación nos lo demanda y las entidades federativas lo requieren; impulsemos una agenda transversal en temas de medioambiente para así garantizar la sustentabilidad del desarrollo y no comprometer los recursos naturales de la nación para las generaciones futuras.

Recuerden: una nación que depreda sus recursos está condenada a permanecer siempre en el subdesarrollo.

Por ello los exhorto a que generemos las condiciones que la inversión requiere y que la sociedad necesita para una mejor calidad de vida; por ello debemos lograr una correcta coordinación y en su caso, homologación de ciertos procesos, pero para ello debemos institucionalizar su diseño e implementación, así como crear los mecanismos e instrumentos legales y económicos que se requiera, ya sea en la federación, estados o municipios.

Hay un libro abierto siempre para todos: La naturaleza. Hagámoslo nuestro, es nuestra responsabilidad. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en el uso de la palabra.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados y compañeras diputadas, la transversalidad de las políticas públicas en el discurso político es un medio adecuado para posturas ecológicas light, carentes de compromiso real con la protección del ambiente.

Ante el estado que guarda el ambiente en distintas regiones del país, se nos exige un compromiso mayor y actos de congruencia.

Me siento obligado a subir a la tribuna, tuve la oportunidad de ser secretario de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente en la LV Legislatura y alertamos de toda esta política ambiental que se generó desde entonces, de cómo iba a ser nociva para todos los mexicanos y mexicanas, agravado por la firma del Tratado de Libre Comercio y a la vuelta de los años, no nos queda más que observar que teníamos la razón —desgraciadamente—, por todos los daños al medio y sobre todo a las vidas humanas.

Ya más en épocas recientes, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se estableció una agenda de transversalidad de políticas públicas que determinaba la coordinación de los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión, con el objeto de coordinarse e integrar esfuerzos para diseñar políticas relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable del ambiente y los recursos naturales.

Políticas de transversalidad que desconocen los habitantes de la comunidad guerrerense del Carrizalillo, lugar en el cual, desde 2007, la mega empresa Gold Corp renta miles de hectáreas para explotar a cielo abierto el yacimiento de oro, los filos del Bermejal, cuyos predios quedarán inservibles, además de los daños que ocasiona en la salud de los habitantes, ocasionando la muerte de varios de ellos.

Situación similar se presenta en el municipio de Siltepec, Chiapas, en donde la comunidad Campo Aéreo, enclavada entre cañadas y montañas —dentro de la sierra de Chiapas—, es testigo de la explotación minera a cielo abierto.

Los ejidatarios han identificado que la maquinaria de los cargueros pertenece a la constructora de un ingeniero Silva, pero están convencidos que se trata de la empresa canadiense Black Fair.

Siltepec es frontera con Guatemala, donde a pocos kilómetros ya operan grandes proyectos mineros en Tacana y Zacapa; los habitantes originarios saben amenazada la riqueza del agua y los bosques, aunque las autoridades hacen como que protegen el ambiente.

Esperemos que el nuevo gobernador —atendiendo al corte ecologista que dice él que le precede— asuma su corresponsabilidad en este problema que atenta contra el ambiente y la seguridad de los pobladores originarios del estado. Ésta es la realidad con la que funciona la supuesta coordinación de la administración pública federal, estatal y municipal, que al igual que otras áreas reguladas por el Estado se encuentran contaminadas de corrupción e impunidad.

En el municipio de San José del Progreso, la mina de oro y plata Cuzcatlán, propiedad de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines Inc., que por sus actividades extractivas necesita una cantidad enorme de agua, que quedará saturada con químicos tóxicos que podrían contaminar los mantos freáticos de toda la región.

Ante esta realidad, la protesta de los pobladores que participan en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, del municipio de San José del Progreso, Oaxaca, son objeto de presiones por autoridades municipales y estatales.

Podría seguir hablando el caso de la minera Caballo Blanco, en el estado de Veracruz y un sinnúmero de ejemplos, pero nos bastan con estos botones de muestra.

Una política ambiental transversal eficiente debe de ser implementada a través de instrumentos de información y rendición de cuentas; las concesiones otorgadas en este caso a las mineras transnacionales deben ser garantizadas con acciones que reintegren y reparen a las comunidades sus derechos vulnerados y que observen las normas ambientales.

Nos sumamos a la propuesta de revisar y construir políticas ambientales que no solo determinen la coordinación de las autoridades, sino además determinen la responsabilidad en los casos que se ha actuado ilegalmente y se ha dañado el ambiente.

Señoras y señores legisladores, la efectiva transversalidad de una política ambiental comprometida con el futuro de nuestro país exige combatir la corrupción en áreas económicas en las que existen intereses reales, que se sustentan en el lucro exagerado a costa de todos.

No podemos ni debemos permitir seguir medrando con el deterioro del medio ambiente. Ello exige congruencia política y ética. No solo hacen falta proclamas en esta tribuna, son necesarias acciones de vigilancia, denuncia, seguimiento y evaluación por parte de este Poder Legislativo.

En ello estaremos cuando se dé la discusión del presupuesto de ingresos y egresos 2013 y cuando presentemos, en días próximos, reformas para la forma de elaborar y seguir al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018.

Para mí por eso era importante subir a la tribuna y dejar en claro la posición del Partido del Trabajo y que seguramente compañeros del frente legislativo de izquierda comparten.

No basta poner un tucán en un logo partidario para defender al ambiente y hay que reconocer que lo que ocurre hoy, no es nada más de un sexenio, ha sido parte de una política económica que se aplica —como hemos sostenido aquí— desde hace 30 años y en eso hay una complicidad y responsabilidad de actores políticos, que esperemos que en congruencia rectifiquen y sean consecuentes con sus discursos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. En el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. En Movimiento Ciudadano estamos de acuerdo con que la política medioambiental sea transversal y que tenga que ver con las diferentes dependencias y secretarías de la administración pública federal, incluso que sea parte también de las políticas de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales.

Pero no podemos hacer a un lado el origen de esta propuesta de incluir el tema en la agenda política. Este tema fue propuesto por el Grupo Parlamentario del Partido Verde y nos parece que dados los tiempos políticos no se puede soslayar que pareciera que es parte de un mensaje político que se quiere mandar a Peña Nieto, para que se les incluya en las diferentes dependencias del gobierno federal.

Nos parece que esta postura es parte del regateo y de la disputa de posiciones políticas al interior de la coalición que impuso a Peña Nieto.

Ayer se le pagó favores al Panal, que aunque no fue aliado formal, lo fue en los hechos, y hoy el Verde manda un mensaje a Peña Nieto. Estamos en contra de que el discurso ambientalista sirva como coartada para proteger intereses mercantiles; estamos en contra de que se defienda a la ecología y simultáneamente se hagan apologías de la pena de muerte.

Nosotros creemos que la política medioambiental no puede ser solamente propaganda, sino que se tiene que actuar en congruencia; por esa razón, creemos que parte decisiva de que la política medioambiental, progresista, sustentable, que el país requiere, sí atraviesa por la transversalidad, pero atraviesa también por la congruencia.

En Movimiento Ciudadano creemos que dada la importancia de urgencia en el tema ambiental es urgente actuar de manera inmediata. No basta que se incluya como en el Plan Nacional de Desarrollo vigente esta decisión o que la Ley General de Equilibrio Ecológico así lo disponga, se requieren hechos, porque el apremio del medio ambiente y del deterioro que se vive en nuestro país en la materia, genera un problema de política pública fundamental y que se debe atender.

Por eso nosotros estamos a favor de esta transversalidad, pero no podemos dejar a un lado cuál es el propósito final de esta propuesta. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. En el uso de la palabra el diputado Rodrigo González Barrios.

El diputado Rodrigo González Barrios: Con su permiso, diputado presidente. Evidentemente que el Partido de la Revolución Democrática comparte la coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, a efecto de hacer más efectiva lo que tiene que ver con las políticas del medio ambiente. Eso evidentemente lo compartimos, y una vez que queden integradas las comisiones correspondientes daremos prueba y daremos muestra de ello.

Pero miren, tenemos una serie de problemas en esta parte, que seguramente, una vez que pasen estos meses de aquí a diciembre, con estos temas de la coyuntura y después lo del Presupuesto, seguramente habrá temas que volverán a ser temas centrales en la agenda de esta Legislatura.

Hay más de 14 estados de la República que tienen problemas de agua; tenemos déficit de agua y seguramente se tendrá que producir agua para resolver la problemática de agua que se tiene y no la vamos a poder traer de Marte, nos va a salir muy caro, aunque ya hayan encontrado supuestamente agua en Marte, y además tenemos que conservar este planeta, porque si no lo conservamos, nos sale más caro rentar otro, si es que hubiera.

Miren, ya nos sale muy caro llevar agua de una cuenca a otra cuenca; tenemos aquí lo que está sucediendo en el Distrito Federal, pero más reciente, el costo de trasladar agua de donde existe a donde no existe.

Está el ejemplo del acueducto Independencia, en el estado de Sonora, 2 mil 700 millones de pesos; seguramente en estos días, antes de que salga Felipe Calderón de la Presidencia de la República será inaugurado; el costo económico alto, 130 kilómetros para un acueducto de un metro con 40 centímetros de diámetro, varios miles de millones de metros cúbicos de agua para llevar de la presa El Novillo, Plutarco Elías Calles, a Hermosillo, casi un millón de habitantes; el costo, 2 mil 700 millones de pesos, así se inició, se comenta que pueda terminar en cerca de 3 mil 500 millones de pesos.

El Presupuesto para el sector de la agricultura que produce granos, que exporta fundamentalmente en Sinaloa, en Sonora y en Tamaulipas, alrededor de algunos 300 mil productores —nos dicen los asesores—, es de cerca de 10 mil millones de pesos.

A las zonas indígenas, donde hay cerca de 11 millones de indígenas, apenas les llega un presupuesto de 10 mil millones de pesos. No queremos obviamente que se les quiten recursos a esos grandes agricultores de Sinaloa y de Sonora o de Tamaulipas, pero al menos sí queremos emparejarnos en las zonas indígenas, que también haya suficientes recursos.

Vamos a tener que meternos a políticas públicas que tengan que producir agua. En el caso de Sonora los niveles de precipitación son como de alrededor de 800 milímetros de agua anuales; es muy difícil levantar el bosque, seguramente la recuperación de un bosque allá puede durar hasta 40 años. No es lo mismo en zonas como en Chiapas, donde la recuperación de una selva, cuando mucho en 20 años ya tenemos selvas muy altas.

Necesitamos meterle recursos a las zonas productoras de agua. Donde más se produce agua en Sonora, que es precisamente lo que surte de agua a la presa de El Novillo, son 800 milímetros de agua anuales, y es una zona indígena.

Escuché con atención la propuesta que hizo la diputada Lourdes Adriana, del Partido Verde, hace algunos días, a efecto de que se canalicen recursos a las cuencas; creo que se tendrá que hacer lo mismo para que en el cobro de derechos del agua que se va a llevar de la presa El Novillo a Hermosillo haya recursos también para esa zona indígena, que es donde se produce el agua, aunque el agua nazca abajo.

Creo que es importante cambiar un poco la política, se tendrán que meter recursos a esas zonas y creo que es importante que una vez que se instalen las diferentes comisiones ahí nos pongamos de acuerdo, porque también al PRD le queda claro que tendremos que buscar acuerdos para este tipo de políticas públicas.

Compartiendo entonces la coordinación entre las diferentes instancias para que se haga efectiva una política medioambiental, nos parece también que habremos de distribuir de mejor manera los recursos también a favor, sin quitarles a los grandes productores de granos y de exportación, pero sí dándoles también a las zonas indígenas y a los indígenas, que son 11 millones de ellos en este país y están en las zonas donde se produce el agua. Muchas gracias, ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. En el turno, la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez.

La diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos de que la transformación económica y social exige el respeto al medio ambiente; por lo que en los principios que rigen a nuestro partido en la plataforma electoral y en la agenda legislativa, lo hemos considerado como un tema fundamental.

Esa decisión no fue al azar, pues la problemática que aqueja al medio ambiente tiene graves repercusiones en los ecosistemas, así como en la salud y en bienestar de los mexicanos; de ahí la importancia de que todos asumamos la responsabilidad de trabajar a favor de su conservación.

En este sentido, nuestra Carta Magna y las leyes secundarias establecen las bases para preservar el equilibrio ecológico y los recursos naturales, como es la flora, fauna, suelo, agua y aire. Asimismo, señalan los temas concurrentes entre la federación, entidades federativas y municipios.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente, pues cada vez son más graves los problemas ambientales a los que nos enfrentamos; la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales rebasan fronteras y trascienden en el tiempo, complicando aún más la protección de los ecosistemas, el uso sustentable de los recursos, la minimización de los impactos por las actividades antropogénicas, la mitigación y la adaptación del cambio climático, y la prevención y control de contaminación.

Esto exige que se implanten políticas transversales, que deriven en una oportuna conservación del medio ambiente, asegurando la subsistencia y bienestar de las especies en su entorno natural, siendo solidario con las generaciones presentes, futuras y haciendo efectiva la protección integral de los ecosistemas.

El Plan de Desarrollo 2006-2012, establece como uno de los ejes transversales la sustentabilidad ambiental, que se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, y establece el reto de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los proyectos, particularmente los de la infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con la protección del ambiente.

Para alcanzar este objetivo es necesario que las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, los diferentes órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión, conjuntemos esfuerzos para diseñar y ejecutar políticas de conservación del medio ambiente.

Ésta no es una tarea exclusiva de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sino que es sector público, privado. Debemos incorporar criterios ambientales en todos nuestros programas y acciones específicas.

La atención e inclusión de la variable ambiental en todas las políticas públicas se percibe como una gran oportunidad para alcanzar crecimiento y desarrollo, sin que sean consideradas con un costo adicional en los análisis de rentabilidad de proyectos.

Existen temas prioritarios en los que debemos concentrar los mayores esfuerzos, tales como el cambio climático, ordenamiento ecológico, conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, prevención y control de contaminación, investigación y educación entre otros.

Es por esto que hoy, compañeras y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a invitarlos a impulsar el trabajo legislativo en materia ambiental, no solo desde la Comisión de Medio Ambiente, sino de las comisiones de Energía, de Comunicaciones y de Transportes, de Turismo, de Hacienda, de Presupuesto, de Economía y de Recursos Hidráulicos, para que como país logremos una administración eficiente y racional de los recursos naturales.

Asimismo para que a través de la transversalidad de la política ambiental trabajemos, junto con el gobierno federal, para romper el círculo vicioso de pobreza, agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y más pobreza. Es cuanto, diputado.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias Conchita. Con esto terminamos este capítulo.

ARTICULOS 26 Y 73 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Inmediatamente después, ya en el de iniciativas, se le otorga la palabra, por cinco minutos, al diputado Carol Antonio Altamirano, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Carol Antonio Altamirano:Con el permiso de la Mesa Directiva. Diputadas y diputados, el inicio de la LXII Legislatura y del sexenio abren una oportunidad para plantear propuestas de cambio sustancial al régimen político; por esa razón presento una iniciativa para reformar los artículos 26 y 73 de la Constitución Política, para que el proceso de planeación nacional supere su anacronismo y asuma la pluralidad política del país.

El problema que tiene la planeación nacional es que su procesamiento no es incluyente y por tanto, no sirve para construir un compromiso de cara al país por parte de todas las fuerzas sociales y políticas.

La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo es un mecanismo solitario que está controlado por el Ejecutivo, quien tras escuchar propuestas en foros o encuentros, finalmente decide por sí mismo si las incorpora o no.

Esa forma de actuar es propia del pasado. La planeación nacional ya no puede ser así, porque ya no existe un régimen de poder centralizado; aún en el escenario de un proceso electoral legítimo, la realidad es que desde hace 18 años el presidente de México ya no representa a la mayoría absoluta, pues llega al poder con el apoyo de un solo sector del electorado.

Al momento en que el Ejecutivo trata de conducir los esfuerzos nacionales, no resulta lógico pretender que su visión y su plan sean simplemente asumidos por los demás actores sociales.

En contraparte, el Poder Legislativo está al margen del proceso de planeación, aun cuando en el Congreso está expresado el pacto federal y la pluralidad política y donde la suma de sus integrantes representa no una parte sino el total de la representación popular; de manera que el Poder Legislativo está llamado a tener un papel de mayor relevancia, que dará como fruto gobernabilidad y corresponsabilidad.

La propuesta que presento a esta soberanía consiste fundamentalmente en reformar los artículos 26 y 73 de la Constitución para facultad al Congreso de la Unión para que apruebe el Plan Nacional de Desarrollo que proponga el Ejecutivo.

La bondad de la iniciativa es que permitiría ventilar el proceso de planeación en dos momentos; en el primero, el Ejecutivo elaboraría el Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual puede realizar las consultas que considere necesarias; en un segundo momento, el Congreso de la Unión tendrá la responsabilidad de aprobar el plan nacional, dejando para la ley secundaria lo relativo al procedimiento específico con que desarrollaría esta nueva facultad.

Esta iniciativa no es un modelo copiado del extranjero y ajeno a nuestro país, tiene el antecedente exitoso de lo ocurrido en el estado de Oaxaca hace un año; en Oaxaca, en el marco de la transición democrática oaxaqueña, por iniciativa del Ejecutivo del estado y por acuerdo unánime del Congreso local, se realizó una reforma constitucional, que —entre otros rubros— estableció la facultad del Congreso del estado de aprobar el Plan Estatal de Desarrollo y que se logró una corresponsabilidad mayor.

Todos los actores políticos debatieron y asumieron ejes de actividad común; el gobierno de Oaxaca presentó su propuesta de Plan Estatal de Desarrollo y el Congreso sistematizó las opiniones de sus integrantes y las incluyó en el decreto con que se autorizó el plan.

Es decir, se innovó la relación entre los Poderes y ello ha sido de utilidad para que a partir de ese plan estatal se desarrollen programas sectoriales y sobre todo, ya existe un marco de referencia y un compromiso común; si en una entidad con tantos problemas, como Oaxaca, se logró dar ese paso y ello ha contribuido a conciliar la acción pública, es posible que ese ejemplo pueda ser de utilidad en el escenario nacional.

Por lo que hace al marco legal, sería necesario que en consecuencia de la reforma propuesta posteriormente se modifique la Ley de Planeación y la Ley Orgánica del Congreso para establecer procedimientos y plazos específicos.

Diputados y diputadas, los invito a discutir esta iniciativa y los invito a ser congruentes con los nuevos tiempos del país.

Quiero destacar que en la campaña electoral, en su retórica el PRI juró que no representaba el pasado, que no era sinónimo de restauración autoritaria y que tenía vocación para construir un sistema democrático incluyente. Ahora tienen la oportunidad de actuar en consecuencia.

Esta iniciativa es sencilla y se enmarca en el proceso de fortalecimiento al Poder Legislativo, como expresión de la pluralidad y como contrapeso sano del Poder Ejecutivo.

Dejemos ya las formas unipersonales de hacer política del pasado, una nueva gobernabilidad debe construirse con nuevas instituciones y nuevas prácticas; demos el primer paso y avancemos en materia de planeación, ello es congruente y perfectamente viable.

Demostremos que en esta Cámara de Diputados sí es posible construir acuerdos de gran calado, que superen formas de hacer política que ya no corresponden con la realidad desde hace décadas; si queremos que el plan sea dé y para todos, construyámosla entre todos. Por su atención muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Carol Antonio Altamirano, integrante de la LXII Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Planteamiento del problema

La planeación nacional es una responsabilidad fundamental del Estado y debe tener el mérito de orientar el conjunto de la actividad pública durante seis años, pero en la práctica es un ejercicio que, entre otras debilidades, carece de un proceso incluyente y en el que los actores sociales, económicos y políticos no son partícipes efectivos de un compromiso común y de cara al país.

El proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo es controlado por el Ejecutivo y, cuando mucho, incluye la realización de foros o encuentros en los que se presentan algunas propuestas para que finalmente éste decida si las incorpora o no.

Es decir, la planeación del país tiene un estilo y un diseño de construcción política heredado del viejo régimen de poder central por un partido hegemónico.

Ahora que la realidad política y social es distinta, el esquema resulta inadecuado.

Aun en el escenario de un proceso electoral inmaculado, la realidad es que desde hace 18 años el presidente de México no representa la mayoría absoluta, pues llega al poder con el apoyo de sólo un sector del electorado.

El problema se genera al momento en que trata de conducir los esfuerzos nacionales, pues no resulta lógico que su visión y su plan sean simplemente asumidos por los demás actores sociales.

Mientras eso ocurre, el Poder Legislativo está al margen del proceso de planeación nacional, aun cuando en el Congreso de la Unión están expresados el pacto federal y la pluralidad política del país, donde la república está representada por mandato de los votantes de todos los distritos y circunscripciones, y donde la suma de sus integrantes representa no una parte sino el conjunto de la representación popular.

Es decir, el proceso de planeación centralizada y controlada por el Ejecutivo ya no es coherente ni útil para una sociedad plural. De esa manera, el Poder Legislativo, como representante de la totalidad de los electores, está llamado a tener un papel de mayor relevancia, que dará como fruto una gobernabilidad y corresponsabilidad que nos faltan como factor de unidad nacional.

Argumentos

La propuesta que presento a esta soberanía es sencilla en su redacción, pero de gran relevancia.

Consiste en reformar el artículo 73, fracción VI, de la Constitución a fin de facultar al Congreso de la Unión para que apruebe el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el Ejecutivo.

La bondad de la iniciativa es que permitiría ventilar el proceso de planeación en dos momentos. En el primero, el Ejecutivo mantendría la responsabilidad de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual podrá realizar consultas u otros mecanismos para hacerse llegar propuestas de la sociedad, en los tiempos y procedimientos que prevea la ley.

En un segundo momento, el Congreso de la Unión tendrá la responsabilidad de aprobar el plan nacional, dejando para la ley secundaria lo relativo al procedimiento específico con que desarrollaría esta nueva facultad.

La iniciativa tiene el antecedente exitoso de lo ocurrido en Oaxaca.

Por iniciativa del Ejecutivo del estado y por acuerdo unánime del Congreso de la entidad se realizó una reforma constitucional que, entre otros rubros, estableció la facultad de ese Congreso de aprobar el Plan Estatal de Desarrollo.

¿Y que se logró? Una corresponsabilidad mayor.

El gobierno del estado realizó foros, recibió propuestas y presentó su propuesta de Plan Estatal de Desarrollo. El Congreso concentró su atención en el tema, de manera que todas las comisiones tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones que, tras concentrarse, fueron incluidas en el decreto con que se autorizaron la publicación y puesta en marcha del Plan Estatal de Desarrollo.

Es decir, se innovó la relación entre los poderes y ello ha sido de utilidad para que a partir de ese plan estatal se desarrollen programas sectoriales y se analice lo correspondiente a temas de ingresos y egresos, así como la actualización del marco legal, pues ya hay un marco de referencia y un compromiso común.

Si una entidad con tantos problemas como Oaxaca, con una polarización política y conflictividad social tan intensa, se logró dar ese paso y ello ha contribuido a conciliar la acción pública, es posible que el ejemplo pueda alentar y ser de utilidad en el escenario nacional.

Por lo que hace al marco legal, sería necesario que en consecuencia de la reforma constitucional propuesta, posteriormente se modifique la Ley de Planeación, no sólo para modernizarla sino para desarrollar el procedimiento y los plazos en que el Ejecutivo remite al Congreso su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo y el plazo en que el Legislativo debe concluir el análisis y emitir el decreto correspondiente.

De forma complementaria, se requerirá que la Ley Orgánica del Congreso sea modificada para establecer una comisión bicamaral que desahogue el proceso correspondiente, mediante la recepción de las opiniones de las demás comisiones y la formulación del decreto de autorización del Plan Nacional de Desarrollo.

Fundamento legal

La fundamentación de la iniciativa corresponde a los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto de decreto

Proyecto de decreto por el que se reforman el cuarto párrafo del Apartado A del artículo 26 y la fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ordenamientos por modificar

Cuarto párrafo del Apartado A del artículo 26 y fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Texto propuesto

Artículo 26

A. .........

En el sistema y proceso de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señalen esta Constitución y la ley.

B. ...............

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

I. a V....

VI.Para aprobar, a propuesta del Ejecutivo, el Plan Nacional de Desarrollo con los procedimientos y plazos de la ley;

VII. a XXX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión realizará, en un plazo no mayor de 60 días naturales, las reformas necesarias a su Ley Orgánica para establecer una comisión bicamaral que, con facultades para desarrollar el proceso correspondiente, reciba las opiniones de las demás comisiones y formule el proyecto de decreto de autorización del Plan Nacional de Desarrollo.

Tercero. El Ejecutivo presentará en un plazo no mayor de 60 días naturales una iniciativa de reforma de la Ley de Planeación para modernizarla y precisar el plazo en que el Ejecutivo remite el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la Unión y el plazo de que dispone éste para concluir su análisis y emitir el decreto de autorización correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.— Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, la educación es el motor que impulsa el desarrollo de un país, ya que brinda el valor agregado a las actividades productivas e industriales que generan un mayor crecimiento económico, al mismo tiempo que forma ciudadanos capaces de entender y resolver los diversos problemas sociales que enfrentamos en las primeras décadas del siglo XXI.

Esto es más relevante, aun cuando nos referimos a la educación superior, debido a que es uno de los aspectos más preciados de la sociedad contemporánea, pues favorece la movilidad social y potencializa el crecimiento y desarrollo económico.

En Nueva Alianza consideramos impostergable considerar a la educación superior como un bien público social que resulte pertinente, incluyente y capaz de atender las necesidades de nuestra sociedad.

¿Cómo podemos contribuir a que los más de siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan puedan acceder a las aulas en el nivel superior? ¿Qué debemos hacer para resarcir los actuales índices de deserción escolar en el nivel superior? ¿Cómo lograr un mayor acceso a este nivel educativo, cuando solo el 30 por ciento de los jóvenes en México están en las universidades o institutos de formación superior? No podemos permanecer inmóviles ante este escenario.

Conscientes de la importancia de la educación superior para insertar a nuestro país en una economía competitiva, anclada en el conocimiento y la innovación, debemos considerar la enseñanza superior como un eje estratégico del desarrollo humano.

Estamos convencidos que el proceso para la superación de la pobreza transita necesariamente por la capacidad de apropiación y generación de conocimientos científico y tecnológico, derivado de los procesos de enseñanza, aprendizaje en los niveles medio superior y superior.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es de nuestra responsabilidad histórica superar las deficiencias del pasado para implantar nuevos cimientos que nos exige la sociedad actual; el reto es grande, se requiere que gobiernos y representantes de esta soberanía busquemos los mecanismos para colocar a la educación superior como la más alta prioridad que la sociedad nos demanda.

Actualmente el sector educativo enfrenta desafíos importantes, como la mercantilización y privatización, así como la reducción del apoyo y financiamiento del Estado. Es fundamental que se revierta esta tendencia y que el gobierno mexicano garantice el financiamiento adecuado de las instituciones públicas de educación superior.

En fechas recientes, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, atendiendo a los compromisos que el Estado mexicano adquirió con organismos internacionales, con la finalidad de elevar en el rango normativo más alto el garantizar a los derechos humanos como una garantía constitucional fundamental.

En este sentido, debemos considerar el nivel superior como un derecho humano fundamental, que permita reformar y desarrollar a la educación superior, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, según la cual la educación superior deberá ser accesible para todas y todos los ciudadanos.

No podemos permitir algún tipo de discriminación, nadie deberá quedar excluido de la educación superior ni de sus ámbitos de estudio, niveles de titulación y de diferentes tipos de establecimientos, por razones fundadas en su raza, género, lengua, religión, edad ni tampoco por diferencias económicas o sociales ni capacidades físicas diferentes.

Nuestra prioridad en Nueva Alianza es alcanzar el mayor beneficio posible para la sociedad mexicana, las y los jóvenes de México necesitan un marco jurídico sólido y políticas públicas eficaces que les brinden oportunidades de crecimiento y desarrollo.

En nuestra fracción parlamentaria asumimos dicho reclamo como justo e impostergable, y es por ello que presentamos ante esta soberanía una iniciativa mediante la cual proponemos establecer en nuestra Carta Magna que la educación superior sea considerada como un bien público-social y un derecho humano fundamental, que otorgue a las y a los jóvenes las oportunidades que requieren para su desarrollo humano y profesional.

De esta manera asumimos nuestra responsabilidad para plasmar en las leyes el compromiso que adquirimos con la ciudadanía y velar por el interés superior de la sociedad y que estos principios sirvan como directrices eficaces para que la educación sea el eje fundamental del desarrollo sustentable de la nación.

Esperamos contar con su valioso apoyo para esta iniciativa y sobre todo, continuar trabajando para mejorar las condiciones de acceso, pertinencia y calidad de la educación superior, porque solo de esta forma contribuiremos a resolver los problemas que nos aquejan como país. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

En junio de 2008 el Instituto para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, convocó a la Conferencia Regional para la Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES-2008), en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, con la participación de 3500 representantes de instituciones de educación superior, gobiernos, redes, asociaciones académicas y científicas de 33 países. En dicha Conferencia se postuló que la educación superior es un bien público social y un derecho humano universal, el cual debe tener un papel estratégico en los procesos de desarrollo sustentable de la región.

En el mismo año, la CRES hizo un urgente y enfático llamado a los miembros de las comunidades educativas, particularmente a los encargados de la toma de decisiones políticas y estratégicas, a los responsables de los Ministerios de Educación, de Educación Superior, de Cultura y de Ciencia y Tecnología, a las organizaciones internacionales, a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y a los actores y personas involucrados en las tareas educativas y universitarias, para considerar los planteamientos y las líneas de acción derivadas del debate sostenido en ella, acerca de las prioridades que la Educación Superior debe asumir sobre la base de una clara conciencia respecto de las posibilidades y aportes que ésta reviste para el desarrollo de la región. Entre las declaraciones aprobadas destacan las siguientes:

I. La educación superior es un derecho humano y un bien público social. Los Estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. Los Estados, las sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser quienes definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los ciudadanos y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de calidad.

II. El carácter de bien público social de la educación superior se reafirma en la medida que el acceso a ella sea un derecho real de todos los ciudadanos y ciudadanas. Las políticas educacionales nacionales constituyen la condición necesaria para favorecer el acceso a una educación superior de calidad, mediante estrategias y acciones consecuentes.

III. La educación superior como bien público social se enfrenta a corrientes que promueven su mercantilización y privatización, así como a la reducción del apoyo y financiamiento del Estado. Es fundamental que se revierta ésta tendencia y que los gobiernos de América Latina y el Caribe garanticen el financiamiento adecuado de las instituciones públicas de educación superior y que estas respondan con una gestión transparente. La educación no puede, en modo alguno, quedar regida por reglamentos e instituciones previstas para el comercio, ni por la lógica del mercado. El desplazamiento de lo nacional y regional hacia lo global (bien público global) tiene como consecuencia el fortalecimiento de hegemonías que existen de hecho.

IV. La educación suministrada por proveedores transnacionales, exenta de control y orientación por parte de los Estados nacionales, favorece una educación descontextualizada en la cual los principios de pertinencia y equidad quedan desplazados.

Ello amplía la exclusión social, fomenta la desigualdad y consolida el subdesarrollo. Debemos promover en nuestros países las leyes y los mecanismos necesarios para regular la oferta académica, especialmente la trasnacional, en todos los aspectos claves de una Educación Superior de calidad.

V. La incorporación de la educación como un servicio comercial en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha dado lugar a un rechazo generalizado por parte de muy diversas organizaciones relacionadas directamente con la educación superior. La referida incorporación constituye una fuerte amenaza para la construcción de una educación superior pertinente en los países que acepten los compromisos exigidos en el Acuerdo General de Comercio y Servicios, y ello supone graves daños para los propósitos humanistas de una educación integral y para la soberanía nacional. Por ende, desde la CRES, advertimos a los Estados de América Latina y el Caribe sobre los peligros que implica aceptar los acuerdos de la OMC y luego estar obligados por estos, entre otros aspectos lesivos, a orientar fondos públicos hacia emprendimientos privados extranjeros implantados en su territorio, en cumplimiento del principio del “trato nacional” que en ellos se establece. Asimismo afirmamos nuestro propósito de actuar para que la Educación en general y la Educación Superior en particular no sean consideradas como servicio comercial.

En julio de 2009 se llevó a cabo la Conferencia Mundial de Educación Superior, convocada por la UNESCO, la cual contó con más de mil delegados de aproximadamente 150 países, declarándose en el comunicado oficial lo siguiente:

“La educación superior es un bien público y un imperativo estratégico para todos los niveles de educación y la base para la investigación, la innovación y la creatividad debe ser un tema de responsabilidad y de apoyo económico de parte de todos los gobiernos”.

En esta conferencia se rescató además el mensaje de la I Conferencia Mundial, que se celebró en 1998, al indicar que “la década que acaba de concluir evidenció que la educación superior y la investigación contribuyen a erradicar la pobreza, al desarrollo sostenible y al progreso hacia los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente”.

Argumentación

Los delegados de la II Conferencia Mundial de Educación Superior hicieron un llamado a sus gobiernos para que se mantenga y, en la medida de lo posible, se incremente la inversión en educación superior con el objetivo de mantener la calidad y la igualdad en todo momento y promover la diversificación, tanto en garantizar el acceso de educación superior como en su financiamiento.

Los participantes de la conferencia exhortaron a promover la movilidad y los intercambios de estudiantes y académicos y, al mismo tiempo, desarrollar estrategias para evitar la fuga de cerebros. Tal como se indica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece lo siguiente:

“La educación superior debe ser igualmente accesible para todas las personas, con base en sus méritos”.

Conscientes de la defensa de principios para el futuro de la educación superior, es fundamental por tanto, considerarla un bien público social y un derecho humano fundamental.

Puesto que, a través de ésta, se logra forjar la identidad nacional así como las identidades regionales en nuestro país, para proteger los bienes culturales de nuestros pueblos originarios y de la formación de valores e intelectos necesarios para nuestro desarrollo de México.

Es evidente que nuestro país cuenta con una población juvenil que en menos de una década no tendrá acceso a la educación superior si no fuese por la acción del Estado. Imaginar que el sector privado puede actuar como el Estado en el sentido de ampliar la matriculación -incluso por medio de préstamos educativos- no resolverá el problema.

Una de las alternativas que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza propone se centra en reformar el concepto de educación superior, para estar en posibilidades de lograr ampliar la inversión pública en esta materia y así poder garantizar el derecho humano fundamental de los habitantes de México.

Es imperativo enfatizar que la educación que imparte el Estado, atendiendo a las declaraciones de la Cumbre Mundial de la Educación realizada en París en este año y a las declaraciones en materia de Derechos Humanos que ha suscrito el Estado mexicano deben ser entendidas como un bien público social y un derecho humano fundamental.

Por lo anterior, Nueva Alianza propone reformar el párrafo segundo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de considerar a la Educación Superior como un bien público social y un derecho humano fundamental que el Estado mexicano debe garantizar.

No debemos olvidar que uno de los grandes retos para México en el siglo XXI, consiste en alcanzar un progreso donde lo humano y lo social sean el sustento de las prioridades en la agenda nacional, donde millones de niñas, niños y jóvenes tengan acceso a la educación basada en criterios de calidad y equidad.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza: Lucila Garfias Gutiérrez, René Ricardo Fujiwara Montelongo, María Sanjuana Cerda Franco, Sonia Rincón Chanona, Dora María Talamante Lemas, Cristina Olvera Barrios, Fernando Bribiesca Sahagún, Luis Antonio González Roldán, Angelino Caamal Mena y Rubén Benjamín Félix Hays, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados sometemos a consideración de este Pleno, la Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman las fracciones V y VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

...

I. a IV. ...

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior, como bien público social y derecho humano fundamental – necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. ...

a) y b) ...

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior, como bien público social y derecho humano fundamental, a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y

VIII. ...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.— Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

ARTICULO 83 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, don Manuel Añorve Baños, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Manuel Añorve Baños:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Usted lo tiene, don Manuel.

El diputado Manuel Añorve Baños: Amigas y amigos diputados, acabamos de vivir apenas hace unos días una experiencia inédita en la vida parlamentaria con la iniciativa preferente que envió el presidente de la República; dictaminar en un plazo perentorio implica abordar los temas de interés nacional, tomar decisiones que beneficien a México.

En este contexto, uno de los cambios que urge realizar es el que tiene que ver con el excesivo espacio de tiempo que transcurre entre el día de la elección presidencial y la toma del encargo del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Nuestro periodo de transición es de cinco largos meses. Como se sabe, el día de la elección federal es el primer domingo del mes de julio y conforme al artículo 83 de la Constitución, el presidente entrará a ejercer su encargo hasta el primero de diciembre.

Todos coincidimos en que el relevo en la Presidencia de la República es un acontecimiento de gran trascendencia para los mexicanos, pues marca la entrada en funciones del nuevo titular del Ejecutivo federal, lo que significa el inicio de una nueva administración pública federal; por lo tanto, este relevo tendría que realizarse en un periodo suficiente de tiempo, con el propósito de que se brinde certeza y estabilidad social al país.

Acortar el tiempo de transición para el relevo en la Presidencia de la República es una necesidad y una prioridad nacional, que permitiría a la administración federal entrante echar a andar de inmediato los planes y proyectos propuestos en campaña. De esta manera, el nuevo gobierno y la sociedad en su conjunto tendrían la posibilidad de acelerar los procesos de cambio, a fin de acercarnos cada día más a la dinámica con la que se desarrolla el mundo actual.

Por la naturaleza de la propuesta que nos ocupa, he señalado que los cambios aquí propuestos necesariamente tendrían que ser aplicados al presidente de la República que correspondiera al periodo 2018 al 2024, Presidencia que por única ocasión tendría una duración de cinco años 10 meses, pues iniciaría su gestión el primero de diciembre del 2018, pero con esta reforma concluiría la misma el 30 de septiembre de 2024, para así dar posesión al nuevo titular del Ejecutivo federal el primero de octubre de 2024, por el periodo 2024-2030.

En el ámbito internacional, con relación al periodo que transcurre entre el día de la elección y el inicio de un nuevo periodo presidencial, podemos encontrar que Argentina, Ecuador, Perú, Panamá y Honduras, dedican menos de dos meses para este proceso, y con menos de tres meses Brasil, Nicaragua, Chile, Colombia, Costa Rica, destacando el caso de Bolivia, que tarda tan solo 35 días.

En Europa, en las elecciones recientes de Francia y España, los relevos se realizaron de manera inmediata. Esos son ejemplos y grandes indicadores de la urgencia y viabilidad de esta reforma.

Acortando ese tiempo que nos lleva la transición; es decir, del día de la elección al inicio del nuevo gobierno, además de evitar que se genere un vacío de poder entre el titular del Ejecutivo saliente y el entrante, por la incertidumbre en cuanto a la vigencia y aplicación de las políticas públicas del gobierno que culmina, ganaríamos dos meses muy valiosos para la construcción a conciencia del país que queremos.

Si la premisa y nuestro sistema electoral es desahogar todas las impugnaciones y contar con el principio de exhaustividad en el desarrollo y conclusión del proceso electoral, es dable reducir el tiempo de espera, toda vez que si la elección se realiza la primera semana de julio, el órgano jurisdiccional electoral tendría dos meses, más que suficientes para desahogar con éxito en tiempo y forma cada una de las impugnaciones que se llegasen a presentar.

Una vez teniendo presidente electo, en el lapso de dos meses posterior a la jornada electoral, se tendría un mes para el periodo de transición, lo cual significa un tiempo suficiente para una entrega-recepción ordenada.

La reforma planteada es y debe ser parte de una reforma política integral de alto calado que nos permita hacer un rediseño del nuevo andamiaje institucional; el reducir el tiempo de espera en la toma de posesión va a facilitar el relevo en la administración, va a evitar también la inanición de la misma por el tiempo de espera y va a posibilitar reformas colaterales, como es la entrega y discusión el Presupuesto de Egresos antes de diciembre, en razón de que la función en el cargo sería el primero de octubre.

Hay consenso que la actual fecha de inicio del cargo y toma de posesión resulta inadecuada para la formulación y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos.

Como es sabido, actualmente se dispone que la presentación del Paquete Económico se debe de hacer a más tardar el 15 de diciembre, empero nos encontramos con que el Congreso concluye sus sesiones el 31 de diciembre.

Tal situación reduce el tiempo de presidente prácticamente a 15 días para presentar su proyecto e implica que el Congreso de la Unión tenga únicamente 15 días para cumplir con sus atribuciones. Es evidente que se abdica de un examen minucioso, completo y responsable; es evidente también que el denominado periodo de transición es sumamente amplio, un plazo de cinco meses, donde se tiene a un presidente constitucional saliente y un presidente electo.

Conlleva a un riesgo que no debemos, obviamente, nosotros de asumir y tenemos que generar efectos favorables con esta reforma. Con ésta también se reduce el tiempo de transición que garantiza el funcionamiento pleno de la administración pública federal, que posibilita que el presidente constitucional saliente pueda presentar su último informe al Congreso de la Unión, que el presidente entrante cuente con el tiempo suficiente para elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos y que el Congreso de la Unión tenga el tiempo necesario para desarrollar sus funciones y una discusión y aprobación serenas.

En una democracia, el funcionamiento óptimo de un gobierno es parte fundamental en la realización de objetivos, proyectos y programas.

Como se ha expuesto, la tendencia en el mundo es reducir los tiempos de espera entre la elección y la toma de posesión de un representante popular. Tratándose del Ejecutivo, en los sistemas presidenciales como el nuestro, los lapsos largos pueden llegar a ser perjudiciales para la nueva marcha de la administración, el que está en funciones ya está en franca retirada y el electo, no incide porque aún no asume el cargo.

Esta disyuntiva entre el que todavía no se va y el que aún no toma las riendas, constituye un nivel de riesgo que debemos aminorar. Este es el propósito de la presente iniciativa. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Manuel Añorve Baños, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta asamblea la presente iniciativa de reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En una democracia, el funcionamiento óptimo del gobierno es parte fundamental en la realización de objetivos, proyectos y programas.

La tendencia en el mundo es reducir los tiempos de espera entre la elección y la toma de posesión de un representante popular. Tratándose del Ejecutivo, en los sistemas presidenciales como el nuestro, los lapsos largos pueden llegar a ser perjudiciales para la buena marcha de la administración: el que está en funciones ya está en franca retirada y el electo no incide porque aún no asume el cargo. La disyuntiva entre el que todavía no se va y el que aún no toma las riendas constituye un nivel de riesgo que debemos aminorar.

Si la premisa en nuestro sistema electoral es desahogar todas la impugnaciones y contar con el principio de exhaustividad en el desarrollo y la conclusión del proceso electoral, es dable reducir el tiempo de espera, pues si la elección se realiza la primera semana de julio, el órgano jurisdiccional electoral tendría dos meses, más que suficientes, para desahogar con éxito en tiempo y forma cada una de las impugnaciones que se presentaren.

Una vez teniendo presidente electo, en el lapso de dos meses, tras la jornada electoral, se dispondría de un mes para el periodo de transición, tiempo suficiente para una entrega-recepción ordenada.

La reforma planteada es y debe ser parte de una reforma política integral de gran calado, que nos permita hacer una rediseño del nuevo andamiaje institucional; reducir el tiempo de espera en la toma de posesión facilitará el relevo en la administración, evitará la inanición de ésta por el tiempo de espera y posibilitará reformas colaterales, como la entrega y discusión del Presupuesto de Egresos antes de diciembre, en razón de que la asunción en el cargo sería el 1 de octubre.

Hay consenso en que la actual fecha de inicio del cargo y toma de posesión resulta inadecuada para la formulación y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos. Como es sabido, actualmente se dispone que la presentación del paquete económico debe hacerse a más tardar el 15 de diciembre; empero, nos encontramos con que el Congreso concluye sesiones el 31 de diciembre. Tal situación reduce el tiempo del presidente prácticamente a 15 días para presentar su proyecto e implica que el Congreso de la Unión tenga únicamente 15 días para cumplir sus atribuciones. Es evidente que se abdica de un examen minucioso, completo y responsable.

Es evidente que el denominado “periodo de transición” es sumamente amplio, un plazo de cinco meses, donde se tiene a un presidente constitucional saliente y uno electo, lo cual lleva a un riesgo de estabilidad política. Por ello, son muchos los efectos favorables con esta reforma: se reduce el tiempo de transición, se garantiza el funcionamiento pleno de la administración pública federal, se posibilita que el presidente constitucional saliente pueda presentar su último informe al Congreso de la Unión, que el entrante cuente con tiempo suficiente para elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos y que el Congreso de la Unión tenga el tiempo necesario para desarrollar sus funciones y una discusión y aprobación serena y objetiva de éstos.

Otra razón que no debe soslayarse es el costo económico de una transición tan larga como la actual.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 83. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República electo popularmente o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del periodo presidencial comprendido entre 2018 y 2024.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.— Diputados: Manuel Añorve Baños, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, José Noel Pérez de Alba (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Añorve. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DEL SEGURO SOCIAL - LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO - LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 89 de la Ley del Seguro Social, 31 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 77 Bis 5 de la Ley General de Salud.

La diputada Raquel Jiménez Cerillo:Con su venia, señor presidente. Saludo con respeto a las señoras y señores legisladores. Hago uso de ésta, la más alta tribuna de la nación, para proponer y someter a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Salud.

La Organización Mundial de la Salud la define no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como el estado de completo bienestar físico, mental y social. En México, el derecho a la protección de la salud se encuentra consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde hace casi tres décadas.

La salud es uno de los principales objetivos del desarrollo, constituye un bien preciado en sí mismo y una condición indispensable para la igualdad de oportunidades. Además, se le ha reconocido como un insumo esencial de la seguridad global, el crecimiento económico y el avance democrático.

La construcción de nuestro moderno sistema de salud representa un arduo esfuerzo a lo largo de más de 100 años, en los que se han creado instituciones de salud, infraestructura hospitalaria, programas, instituciones encargadas de la formación del personal de salud y un andamiaje jurídico sanitario, entre otros muchos elementos, que han sido dispuestos para generar las condiciones posibles para el ejercicio del derecho a la protección de la salud.

De acuerdo con el artículo 5o. de la Ley General de Salud, el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.

El sistema de salud de México está conformado básicamente por dos sectores: el público y el privado.

En el presente sexenio el gobierno federal ha invertido 70 mil 523 millones de pesos en infraestructura hospitalaria, casi el doble de lo destinado en las dos administraciones que le precedieron; hoy contamos con mil 264 hospitales o clínicas de nueva creación.

Un logro fundamental de este sexenio es también la cobertura universal en salud para todos los mexicanos; el Seguro Popular, de 2003 a julio de 2012 había registrado una afiliación casi de 53 millones de personas, sin duda un logro histórico que pocos países han podido alcanzar.

De igual manera, es de realzar los logros de los programas de embarazo saludable y el seguro médico para una nueva generación; sin embargo, hoy día se advierten nuevos retos. A través de los años nuestro sistema de salud se ha conformado de manera fragmentada y se han creado instituciones que se encargan de la atención de grandes sectores de la sociedad, pero de manera diferenciada con relación a otros, generando así varios subsistemas de salud.

Como ejemplo de ello tenemos que el ISSSTE otorga seguridad social para los trabajadores del Estado y el IMSS proporciona seguridad social a toda persona que posea una relación formal laboral; esta división se expresa incluso en la estructura del artículo 123 constitucional, siendo el caso que contiene un apartado A para los trabajadores afiliados al IMSS y un apartado B para los afiliados al ISSSTE.

Sin embargo, debemos avanzar hacia la integración del sistema nacional de salud, a fin de conjuntar los recursos en un mismo esfuerzo, afrontando los problemas de salud de la población mexicana de una manera mucho más efectiva y eficiente, pero principalmente porque la integración de los servicios que proporciona el sistema nacional de salud permitiría que cualquier mexicano, independientemente de su condición social, geográfica o económica, pueda acceder sin distingos a los servicios de salud.

La presente iniciativa pretende impulsar la integración operativa de los servicios de salud de carácter público, a fin de resolver dos fenómenos que impactan principalmente a los grupos más desprotegidos de la población mexicana y que se derivan de la fragmentación del sistema de salud, estos son la atención de urgencias médicas y la inaccesibilidad geográfica de los servicios de salud.

Esta iniciativa propone que se imponga la obligación a las instituciones de seguridad social más importantes del país, IMSS e ISSSTE, así como al sistema de protección social de salud, a dar servicio en sus instalaciones a los beneficiarios de ambos institutos o del sistema de salud ante una emergencia médica o cuando se encuentren imposibilitados, por su ubicación geográfica, para acudir a un establecimiento de la institución o el sistema del que se es beneficiario.

De esta manera se espera lograr la reducción del tiempo de respuesta en la atención de personas en situación de emergencia médica o que viven en zonas de difícil acceso, evitando así la postergación de la atención en salud y sus resultados negativos, que en algunos casos pueda causar la muerte o incrementar la gravedad del padecimiento.

En resumen, la iniciativa pretende contribuir a la integración operativa y no jurídica del sistema nacional de salud, a fin de motivar el uso eficiente de los recursos y de la capacidad instalada del mismo, generando mejores condiciones para que se proporcione atención médica oportuna.

Se podrá evitar —de aprobarse esta iniciativa— que una mujer embarazada, a la que se le presente una emergencia obstétrica, pueda ser atendida en cualquier servicio de urgencias del IMSS o el ISSSTE —termino, señor presidente—, aunque se encuentre afiliada a cualquiera de los sistemas de salud; una vez estabilizada, podría ser trasladada a un hospital de su propio sistema y habrá evitado posiblemente la muerte o la del producto.

Confío que luego del estudio y la discusión a que sea sometida esta iniciativa al interior de comisión legislativa correspondiente, sea votada a favor de la salud, a favor de la sociedad mexicana y a favor de México.

Solicito a la Presidencia se incorpore el documento íntegro al Diario de Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 89 de la Ley del Seguro Social, 31 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 77 Bis 5 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Raquel Jiménez Cerrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Salud, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. En México el derecho a la protección de la salud se encuentra consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde hace casi tres décadas.

“La salud es uno de los principales objetivos del desarrollo. Constituye un bien preciado en sí mismo y una condición indispensable para la igualdad de oportunidades. Además se le ha reconocido como un insumo esencial de la seguridad global, el crecimiento económico y el avance democrático.”

La construcción de nuestro moderno sistema de salud representa un arduo esfuerzo a lo largo de más de cien años, en los que se han creado instituciones de salud, infraestructura hospitalaria, programas, instituciones encargadas de la formación de personal de salud y un andamiaje jurídico sanitario entre otros muchos elementos que han sido dispuestos para generar las condiciones posibles para el ejercicio del derecho a las protección de la salud.

La creación del Consejo de Salubridad General y el Departamento de Salubridad Pública en 1917; la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia; del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del primero de los institutos nacionales de salud, el Hospital Infantil de México en 1943, la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 1960, la incorporación a la Constitución del derecho a la protección de la salud en 1983.

La promulgación de la Ley General de Salud en 1984, la creación del Instituto Nacional de Salud Pública en 1987, la creación de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en 2001 y la creación del Sistema de Protección Social en Salud, cuyo brazo operativo es el Seguro Popular en 2003, son algunos de los puntos de referencia en la historia de la construcción de nuestro Sistema Nacional de Salud.

De acuerdo con el artículo 5o. de la Ley General de Salud, “el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud”.

Los servicios de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud, se clasifican en

I.Servicios públicos a la población en general;

II.Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social o los que con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, presten las mismas instituciones a otros grupos de usuarios;

III.Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se contraten, y

IV.Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria.

El sistema de salud de México está conformado básicamente por dos sectores, el público y el privado. El sector público incluye a las instituciones de seguridad social, así como las instituciones y programas que protegen o prestan servicios a la población sin seguridad social.

Un logro fundamental de este sexenio es la cobertura universal en salud para todos los mexicanos. Hoy, todos contamos con medicamentos, atención médica y hospitalaria si fuera el caso. Sin embargo se advierten nuevos retos.

A través de los años, nuestro sistema de salud se ha conformado de manera fragmentada y se han creado instituciones que se encargan de la atención de grandes sectores de la sociedad pero de manera diferenciada con relación a otros, generando así varios subsistemas de salud. Como ejemplo de ello, tenemos que el ISSSTE otorga seguridad social para los trabajadores del Estado y el IMSS proporciona seguridad social a toda persona que posea una relación laboral formal; esta división se expresa incluso en la estructura del artículo 123 Constitucional siendo el caso que contiene un apartados A para los trabajadores afiliados al IMSS y un apartado B para los afiliados al ISSSTE.

Es necesario señalar que las instituciones de seguridad social atienden a poco más del 50% de la población nacional y que se han convertido en íconos de la seguridad social y de la protección en salud para quienes cuentan con una relación laboral formal. El otro 40% recibe cobertura en salud a través del Seguro Popular y el resto recurre a los servicios sociales y privados.

Por ello debemos avanzar hacia la integración del Sistema Nacional de Salud, a fin de conjuntar los recursos en un mismo esfuerzo, afrontando los problemas de salud de la población mexicana de una manera mucho más efectiva y eficiente, pero principalmente porque la integración de los servicios que proporciona el Sistema Nacional de Salud permitiría que cualquier mexicano, independientemente de su condición social, económica o geográfica, pueda acceder, sin distingo, a servicios de salud.

La presente iniciativa pretende impulsar la integración operativa de los servicios de salud de carácter público, a fin de resolver dos fenómenos que impactan principalmente a los grupos más desprotegidos de la población mexicana y que se derivan de la fragmentación del sistema de salud, estos son la atención de urgencias médicas y la inaccesibilidad geográfica de los servicios de salud.

Esta iniciativa propone que se imponga la obligación, a las instituciones de seguridad social más importantes del país (IMSS e ISSSTE), así como al Sistema de Protección Social en Salud, de dar servicio en sus instalaciones a los beneficiarios de los dos institutos y de ese sistema que tengan una emergencia médica o se encuentren imposibilitados por su ubicación geográfica para acudir a un establecimiento de la institución o el sistema del que sea beneficiario.

De esta manera se espera lograr la reducción el tiempo de respuesta en la atención de personas en situación de emergencia médica o que viven en zonas de difícil acceso, evitando la postergación de la atención en salud y sus resultados negativos que en algunos casos puede causar la muerte o incrementar la gravedad del padecimiento.

Es claro que los efectos negativos, generados por la postergación de la atención médica, además de causar daños a las personas, generan un gasto mayor e innecesario al sistema de salud.

Asimismo se pretende generar un esquema de portabilidad de la calidad de usuario para la mayor cantidad de personas pero fundamentalmente a quienes tengan una emergencia médica o vivan en zonas de difícil acceso.

En resumen la iniciativa pretende contribuir a la integración operativa y no jurídica del Sistema Nacional de Salud a fin de motivar el uso eficiente de los recursos y de la capacidad instalada del mismo, generando las mejores condiciones para que se proporcione atención médica oportuna e idónea.

Es importante mencionar que la iniciativa procura evitar un amplio impacto financiero al IMSS, al ISSSTE y al Sistema de Protección Social en Salud, por ello les otorga la facultad para determinará los costos de recuperación y los obliga a cubrir dichos costos cuando se trate de sus respectivos beneficiarios.

De materializarse la iniciativa quizá podremos evitar que una niña que viva en una zona de difícil acceso y que sea beneficiaria de una institución de seguridad social por que su padre al haber migrado pudo hacerse de una relación laboral formal, sea atendida en el único centro de salud de su comunidad, aunque este sea del Seguro Popular, evitando que tenga que recorrer miles de kilómetros para llegar a una zona urbana donde haya una Unidad Médico Familiar del IMSS o del ISSSTE.

Se podrá evitar que una mujer embarazada, a la que se le presente una emergencia obstétrica pueda ser atendida en cualquier servicio de urgencias del IMSS o del ISSTE, aunque se encuentre afiliada al Seguro Popular, sin preocupación de que ello le genere un gasto empobrecedor, pues el Sistema de Protección Social en Salud deberá cubrir los costos de recuperación. Una vez estabilizada podría ser trasladada a un hospital del esquema que le corresponde, pero se habrá otorgado atención oportuna y se habrá evitado posiblemente su muerte y la del producto.

La iniciativa conserva el esquema de formulación de convenios a efectos de no privar a los institutos y al sistema de protección social en salud de esta herramienta administrativa que le puede permitir optimizar el esquema de servicios a favor de sus beneficiarios.

Por lo aquí expuesto, someto a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción IV del artículo 89 de la Ley del Seguro Social, adiciona un cuarto párrafo artículo 31 de la Ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y reforman las fracciones XIII y XVI y se adiciona una fracción XII bis al artículo 77 bis 5 de la Ley General de Salud

Primero. Se reforma la fracción IV del artículo 89 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 89. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Mediante convenios de cooperación y colaboración con instituciones y organismos de salud de los sectores públicos federal, estatal y municipal, en términos que permitan el óptimo aprovechamiento de la capacidad instalada de todas las instituciones y organismos. De igual forma, el Instituto dar á servicio en sus instalaciones , para resolver problemas de accesibilidad geográfica y en casos de urgencia sin que por ello se conviertan en derechohabientes,a la población atendida por dichas instituciones y organismos. El Instituto determinará los costos de recuperación que le garanticen el equilibrio financiero y, cuando sean los derechohabientes quienes ejerzan este derecho en otro organismo, cubrirá los costos de recuperación conforme a las bases que al efecto emita.

...

Segundo. Se adiciona un cuarto párrafo y el párrafo cuarto vigente se convierte en quinto, al artículo 31 de la Ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

...

...

El Instituto dará servicio en sus instalaciones, para resolver problemas de accesibilidad geográfica y en casos de urgencia sin que por ello se conviertan en derechohabientes, a la población atendida por otras instituciones y organismos de salud de los sectores públicos federal, estatal y municipal, en términos que permitan el óptimo aprovechamiento de la capacidad instalada de todas las instituciones y organismos. Cuando sean los derechohabientes quienes ejerzan este derecho en otro organismo, el Instituto cubrirá los costos de recuperación conforme a las bases que al efecto emita.

....

Tercero.Se reforman las fracciones XIII y XVI y se adiciona una fracción XII bis al artículo 77 bis 5 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 5. ...

...

I. a la XII. ...

XII Bis. Dar servicio en sus instalaciones, para resolver problemas de accesibilidad geográfica y en casos de urgencia sin que por ello se conviertan en beneficiarios, a la población atendida por los institutos de seguridad social determinando los costos de recuperación que le garanticen el equilibrio financiero y, cubrir los costos de recuperación cuando sean sus beneficiarios quienes ejerzan este derecho en dichos institutos o instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

XIII.A los efectos de intercambiar, servicios, información y comprobar la situación de aseguramiento, suscribir los convenios oportunos con las entidades públicas de seguridad social;

XIV. a la XV. ...

XVI.Definir las bases para la compensación económica entre entidades federativas, el Distrito Federal, instituciones y establecimientos del Sistema Nacional de Salud por concepto de prestación de servicios de salud y para el pago de costos de recuperación cuando sea proporcionada por los institutos de seguridad social y otros esquemas públicos y sociales de atención médica a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, y

XVII. ...

B) ...

I. a la IX. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los Institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad, Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y La Secretaría de Salud deberán realizar las adecuaciones reglamentarias, normativas y previsiones presupuestales necesarias para el cumplimiento de presente decreto.

Tercero.El Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados deberán adoptar las medidas presupuestales, en el ámbito de sus competencias, que sean necesarias para el cumplimiento del presente decreto.

Nota:

1 Frenk, Julio. Gómez Dantés, Octavio. Para entender el sistema de salud. Nostra Ediciones. México-España. 2008. Página 15.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.— Diputada Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Salud, para dictamen.

ARTICULO 93 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, doña Ruth Zavaleta Salgado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de su Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su permiso, presidente. La presente iniciativa se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, en el contexto de fortalecer los mecanismos de transparencia y por ende, la rendición de cuentas de la Función Pública desde el quehacer legislativo.

Uno de los principales objetivos de esta propuesta es que los legisladores cuenten con las herramientas necesarias para el combate a la corrupción mediante el trabajo legislativo y muy específicamente, a través de la ampliación de facultades de la figura de las comisiones de investigación.

En México, desde el año 2000 a la fecha, el papel del Poder Legislativo se ha convertido en un espacio de construcción de acuerdos, de verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo, por medio de reformas fundamentales a la norma jurídica, incluyendo la de la Carta Magna.

También ha sido característica de este periodo las reformas a las normas de transparencia, así como el fortalecimiento a la creación de instituciones garantes de ello, incluso, en el último periodo de sesiones ordinarias de la LXI Legislatura, dentro del ámbito de la reforma política, se realizaron una serie de cambios constitucionales que fortalecen la participación ciudadana y con ello la posibilidad de reabrir el debate sobre los mecanismos de rendición de cuentas, del quehacer público.

Considerando que el Poder Legislativo es precisamente el lugar desde donde se tiene que ejercer un control hacia el ejercicio de los recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo, es necesario que se fortalezcan las atribuciones de vigilancia e investigación del Congreso. Las comisiones de investigación son órganos parlamentarios de carácter temporal, listados por los distintos grupos minoritarios, con facultades excepcionales, que pueden vincular a terceros ajenos a la actividad parlamentaria, por medio de las cuales el Parlamento ejerce el control del gobierno respecto de aquellos asuntos de interés público cuyos resultados a través de la publicidad tienden, por un lado, a poner en funcionamiento los procedimientos de responsabilidad política difusa, y por otro, el fortalecimiento del Estado democrático.

A nivel federal, las comisiones de investigación se crearon como parte de la reforma política de 1977, con facultades extraordinarias de supervisión y como parte de ese espíritu, de estimular la voz de las minorías dentro del Congreso de la Unión.

Las comisiones de investigación han enfrentado diversos problemas para ser operativas; uno de los más importantes es, precisamente, la posibilidad de que puedan constituirse con un mínimo número de legisladores y por el otro lado, la práctica parlamentaria de lo que aquí se vota tiene que ser por la mayoría legislativa; por ello, una relación equilibrada entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo requiere que pasemos de un Congreso fuerte en cuanto a sus facultades de fiscalización.

Por lo anterior, la iniciativa que aquí se presenta propone ampliar las facultades de investigación, de tal forma que no incluyan solamente asuntos de organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, sino cualquier asunto de interés nacional y del Distrito Federal, de acuerdo a las facultades que tiene el Congreso de la Unión en este nivel de gobierno, en términos del artículo 122 constitucional.

Reafirmar que son un instrumento de control para grupos minoritarios al establecer que puedan conformarse a pedido de una tercera parte de los diputados o de los senadores y mediante la aprobación de la mayoría simple del pleno de la Cámara correspondiente.

Establecer que los resultados de las investigaciones, así como los informes y las recomendaciones que en su caso se emitan, se hagan del conocimiento del pleno y de la asamblea respectiva, del Ejecutivo federal y en su caso, del Ministerio Público federal, cuando se desprenda la posible comisión de delitos.

Dejar claro que las autoridades investigadas tendrán la obligación de prestar a las mismas el apoyo que les requieren y proporcionar todo tipo de información o documentación que éstas consideren necesarios.

Para evitar un mal uso de esta facultad se emitirá la reglamentación correspondiente.

Decreto. Único. Se reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Las Cámaras, a pedido de una tercera parte de sus miembros y mediante la aprobación del pleno de las Cámaras correspondientes, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar cualquier asunto de interés nacional y del Distrito Federal dentro de las atribuciones concedidas al Congreso de la Unión en esta materia. Dichas comisiones solo podrán integrarse y funcionar dentro de la Legislatura que las constituyó.

Los resultados de las investigaciones, así como los informes y las recomendaciones, que en su caso se emitan, se harán del conocimiento del pleno de la Cámara respectiva, del Ejecutivo federal y de las autoridades del Distrito Federal, así como del Ministerio Público federal cuando se desprenda la posible comisión de delitos del fuero federal para que se adopten las medidas procedentes.

Las comisiones de investigación deberán conformarse con base en la presencia proporcional de los grupos parlamentarios del pleno de la respectiva Cámara.

Todos los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, del Distrito Federal y los órganos autónomos prestarán a las comisiones de investigación el apoyo que les requieran y deberán proporcionarle la información y documentación que les soliciten, aún la clasificada por la ley como reservada, confidencial, secreta o restringida. Es cuanto, presidente.

Le solicito pueda incluirse el texto completo de esta propuesta en el Diario de los Debates, toda vez que no me ha dado tiempo de exponer todo lo que he escrito en ella y todo lo que he expuesto.

«Iniciativa que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Los que abajo suscriben, integrantes de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se pretende reformar y adicionar el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Planteamiento del problema

En la presente iniciativa se somete a consideración de la Cámara de Diputados en el contexto de fortalecer los mecanismos de transparencia y, por ende, la rendición de cuentas de la función pública desde el quehacer legislativo. Uno de los principales objetivos de la propuesta es que los legisladores cuenten con las herramientas necesarias para combatir la corrupción mediante el trabajo legislativo y, muy específicamente, la ampliación de facultades de la figura de las comisiones de investigación.

Exposición de Motivos

En México, de 2000 a la fecha, el papel del Poder Legislativo se ha convertido en un espacio de construcción de acuerdos de verdadero contrapeso del Ejecutivo, por medio de reformas fundamentales de la norma jurídica, incluida la de la Carta Magna. También han sido características de este periodo las reformas de las normas de transparencia, así como el fortalecimiento o la creación de instituciones garantes de ello. Incluso, en el último periodo de sesiones ordinarias de la Sexagésima Primera Legislatura, en el ámbito de la reforma política, se realizó una serie de cambios constitucionales que fortalecen la participación ciudadana y, con ello, la posibilidad de reabrir el debate sobre los mecanismos de rendición de cuentas del quehacer público. Considerando que el Poder Legislativo es precisamente el lugar desde donde se tiene que ejercer un control hacia el ejercicio de los recursos públicos por el Poder Ejecutivo, es necesario que se fortalezcan las atribuciones de vigilancia e investigación del Congreso.

Las comisiones de investigación son órganos parlamentarios de carácter temporal, instados por los distintos grupos minoritarios (de oposición), con facultades excepcionales que pueden vincular a terceros ajenos a la actividad parlamentaria por medio de los cuales el Parlamento ejerce el control del gobierno respecto a los asuntos de interés público cuyos resultados, a través de la publicidad, tienden por un lado a poner en funcionamiento los procedimientos de responsabilidad política difusa, y por otro al fortalecimiento del Estado democrático.

A escala federal, las comisiones de investigación se crearon como parte de la reforma política de 1977, con facultades extraordinarias de supervisión y como parte de ese espíritu de estimular la “voz de las minorías” en el Congreso de la Unión. Por tanto, según el tercer párrafo del artículo 93 constitucional, una cuarta parte de los diputados estaría facultada para formar comisiones que investiguen la operación de las empresas públicas y de los organismos descentralizados del sector paraestatal.

Sin embargo, hasta hoy no han cumplido con eficacia las labores encomendadas por varios motivos, entre los que destacan que en el momento de su creación respondían principalmente al auge del sector paraestatal (en 1977 había 899 y en 1982 ya eran 115 empresas paraestatales). Hoy, cuando el sector ha disminuido su presencia, el debate que se abre es sobre una reforma que apunta a la ampliación del objeto de fiscalización de las comisiones investigadoras para que puedan abordar cualquier asunto de interés público.

Por otra parte, la autoridad formal y constitucional dada al Congreso en 1977 no ha sido aprovechada en la práctica porque se ha enfrentado de forma constante a controversias jurídicas y políticas en cuanto a su formación y alcances. Por ejemplo, el texto del artículo 93 dice: “Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de diputados [...] tiene la facultad de integrar comisiones para investigar...” Sin embargo, no se aclara la extensión o el significado de la “facultad de integrar comisiones”.

Ello significa que, por una parte, hay el argumento de que una minoría tiene el derecho de integrar comisiones de investigación, con o sin el apoyo del resto de la Cámara pero, por el contrario, existe la argumentación de que una minoría puede tener el derecho de solicitar la formación de tales comisiones, pero que de acuerdo con el principio de mayoría que guía la labor parlamentaria en México, la aprobación final depende de la mayoría.

Un problema más que enfrentan las comisiones de investigación son las facultades que pueden tener para adquirir la información que necesitan, dado que no hay garantías constitucionales de que las obtengan. Cabe señalar que, al contrario de como existe en otros órganos legislativos, tampoco se han definido mecanismos de sanción para quienes hacen mal uso de esta prerrogativa.

Finalmente, es necesario definir los alcances que tendrá la investigación que concluya esta comisión. Es decir, si se dirige a las autoridades correspondientes o si sólo tiene un valor testimonial ante la opinión pública, como parecería ser al día de hoy.

Una relación equilibrada entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo requiere que pasemos de un Congreso fuerte en cuanto a sus facultades de fiscalización. Por lo anterior, la iniciativa que aquí se presenta propone lo siguiente:

• Ampliar las facultades de investigación, de tal forma que no incluya solamente asuntos de organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, sino cualquier asunto de interés nacional y del Distrito Federal de acuerdo con las facultades que tiene el Congreso de la Unión en este ámbito de gobierno en términos del artículo 122 constitucional.

• Reafirmar que son un instrumento de control para grupos minoritarios, al establecer que pueden formarse a pedido de una tercera parte de los diputados o de los senadores, y mediante la aprobación de la mayoría simple del pleno de la Cámara correspondiente. Por otra parte, para evitar una conducción que pueda ser calificada de facciosa y de esa forma deslegitimada, se deja en claro que su integración debe reflejar el equilibrio de los grupos parlamentarios en su asamblea a fin de garantizar un análisis objetivo.

• Establecer que los resultados de las investigaciones, así como los informes y las recomendaciones que en su caso se emitan, se hagan del conocimiento del pleno de la asamblea respectiva, del Ejecutivo federal y, en su caso, del Ministerio Público Federal cuando se desprenda la posible comisión de delitos, para que se adopten las medidas y se ejecuten las que se consideren procedentes.

• Dejar claro que las autoridades investigadas tendrán la obligación de prestarles el apoyo que le requieran, y proporcionar todo tipo de información o documentación que éstas consideren necesarias, aun la clasificada en ley como reservada, confidencial, secreta o restringida, en el entendimiento de que dichas comisiones revisten carácter especial de fiscalización, y por la otra porque se trata de un instrumento o medio que tiene el Congreso de la Unión frente al cual los poderes vigilados no tienen justificación para obstaculizar su funcionamiento.

• Para evitar un mal uso de esta facultad, se emitirá la reglamentación interna de las cámaras para contar con mecanismos para sancionar al legislador que haga un uso indebido de la información entregada al Congreso.

Por lo expuesto, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México someten a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 93. ...

...

Las Cámaras, a pedido de una tercera parte de sus miembros , y mediante la aprobación del pleno de la Cámara correspondiente, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar cualquier asunto de interés nacional y del Distrito Federal, dentro de las atribuciones concedidas al Congreso de la Unión en esta materia. Dichas comisiones sólo podrán integrarse y funcionar dentro de la legislatura que las constituyó. Los resultados de las investigaciones , así como los informes y las recomendaciones que en su caso se emitan, se harán del conocimiento del pleno de la Cámara respectiva, del Ejecutivo federal y de las autoridades del Distrito Federal, así como del Ministerio Público Federal cuando se desprenda la posible comisión de delitos del fuero federal, para que se adopten las medidas procedentes.

Las comisiones de investigación deberán formarse con base en la presencia proporcional de los grupos parlamentarios en el pleno de su respectiva Cámara.

Todos los servidores públicos de las dependencias y las entidades de la administración pública federal, del Distrito Federal y los órganos autónomos prestarán a las comisiones de investigación el apoyo que les requieran y deberán proporcionarles la información y documentación que les soliciten, aun la clasificada en la ley como reservada, confidencial, secreta o restringida.

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La facultad establecida en el párrafo quinto del artículo 93 quedará sujeta a que ambas cámaras definan procedimientos para sancionar a los legisladores que hagan mal uso de la información y documentación clasificada en la ley como reservada, confidencial, secreta o restringida que reciban.

Notas:

1 Cecilia Judith Mora-Donatto, Las comisiones parlamentarias de investigación como órganos de control político, México, Cámara de Diputados/Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, página 70.

2 Luis Carlos Ugalde, Vigilando al Ejecutivo. El papel del Congreso en la supervisión del gasto público, 1970-1999,México, Cámara de Diputados/Miguel Ángel Porrúa, 2000, página 74.

3 Ibídem, páginas 75-76.

4 Ibídem, páginas 76-77.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.— Diputados: Ruth Zavaleta Salgado, Arturo Escobar y Vega, Héctor Narcia Álvarez, Rubén Acosta Montoya, Ernesto Núñez Aguilar, Ricardo Astudillo Suárez, Nabor Ochoa López, Enrique Aubry de Castro Palomino, Javier Orozco Gómez, Felipe Arturo Camarena García, Carla Alicia Padilla Ramos, Carlos Octavio Castellano Mijares, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Antonio Cuéllar Steffan, Rosa Elba Pérez Hernández, Mónica García de la Fuente, David Pérez Tejada Padilla, Ana Lilia Garza Cadena, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Federico José González Luna Bueno, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Judit Magdalena Guerrero López, Miguel Sámano Peralta, Tomás Torres Mercado, Laura Ximena Martel Cantú, Gabriela Medrano Galindo, Martha Edith Vital Vera (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pero quedó muy claro el contenido de su propuesta. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, don Ricardo Monreal, del Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, he venido a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona algunas disposiciones a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, referidas al sistema penitenciario mexicano.

Como sabemos, este sistema ha fracasado una y otra vez. Ahora están las prisiones, centros de rehabilitación en situaciones prácticamente de ingobernabilidad; por esa razón, planteamos cómo mejorar el sistema y cómo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede intervenir para evitar lo que está sucediendo en el país. El buen juez por su casa empieza.

En diferentes sectores se ha mostrado un interés inusitado por la situación por la que pasan actualmente estos centros de rehabilitación; cerca de mil reos se han fugado en estos últimos años; hay una sobrepoblación en las prisiones o en los centros de rehabilitación social, y hay una verdadera podredumbre provocada por la corrupción de este tipo de centros de rehabilitación.

Sin embargo, aparte de que estoy presentando eso, debo de advertir, vinculado al sistema penitenciario, que me preocupa que luego de aprobarse la contrarreforma laboral, se ha desatado una campaña de linchamiento contra diputados del Congreso, que haciendo uso de recursos políticos valiosos, válidos, ahora se recurre a la distorsión y al exceso en medios de comunicación y en redes, impulsadas por el poder público, generando un clima inconveniente, porque está dando paso a una campaña de odio, a una campaña infame, a una campaña vil contra los compañeros diputados y diputadas de este Congreso.

Lo que evidencia esta estrategia es una cortina de humo frente a la grave decisión de los diputados del PRIAN y sus adláteres, al aprobar la contrarreforma laboral que condena a los trabajadores a una mayor pobreza, mayor marginación y mayor injusticia.

En el contexto de esta propuesta para mejorar el sistema penitenciario, ahora resulta que quienes han asaltado al poder, quienes saquearon a Pemex y financiaron campañas del PRI, aquí están sentados; quienes traficaron con los casineros y con el crimen organizado aquí están sentados, quienes se beneficiaron con las carteras vencidas y el tráfico de influencias aquí están sentados, y quienes representan lo peor del caciquismo aquí están sentados, gritan, y nadie los toca, como personas honorables y decentes. Pero que los luchadores sociales no osen tomar la tribuna, porque el sistema y el poder los despedazan, los estigmatiza, los destruye, y me parece que esto no lo podemos admitir ni lo podemos permitir.

Por eso, aprovechando la propuesta del sistema penitenciario —porque debieran estar muchos ahí—, planteo al presidente de la Cámara —le planteo al presidente de la Cámara— y a los grupos de coordinación política, sus coordinadores, que frenen esta campaña de linchamiento. No es posible admitir esta campaña de linchamiento que está ocurriendo contra diputados.

Si hay una situación pendiente o un delito que cometieron, que procedan a la declaración de procedencia, pero no se vale que so pretexto de haber luchado dignamente contra la reforma que daña a millones de trabajadores ahora intenten lincharlos; por eso hago un llamado respetuoso al presidente de la Cámara y a los coordinadores, frenen esta campaña de linchamiento, porque de lo contrario, no serán 50 los que se suban a la tribuna, seremos más.

Estamos a tiempo de bajarle. No conviene. Nosotros discutimos, deliberamos, podrá no gustarles a algunos, y no generalizo a todos los del PRI, no lo generalizo. A los que chiflan sí, esos no tienen remedio.

Pero, presidente, haga uso de sus buenos oficios para frenar esta campaña vil, esta campaña infame, esta campaña de odio contra compañeros nuestros. Lo mismo haría por cualquiera que estuviera en esa condición. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fudamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El buen juez por su casa empieza, en diferentes sectores se ha mostrado un interés inusitado por el caso de un preso que falleció en Cuba después de una larga huelga de hambre. Pero cual es la situación en México.

El sistema penitenciario mexicano ha fracasado una y otra vez, planes y programas de diferentes gobiernos federales y locales se han visto frustrados por la corrupción, la improvisación y la falta de continuidad; no readapta, no capacita para el trabajo, no educa, no dignifica a la persona, no logra la reparación de daños causados a las víctimas, ni a la sociedad,  por lo que representa un gran costo social, ya que los penales se convierten en universidades del crimen y son generadores de una violencia incontenible.

La sobrepoblación en las cárceles aniquila las posibilidades de rehabilitación para quienes se encuentran en ellas, el exceso de población penitenciaria en México supera 56 mil espacios, 28 cárceles concentran 50 por ciento de los reos, y cuatro de las cinco prisiones de máxima seguridad están a su máxima capacidad. El Estado mexicano alberga alrededor de 220 mil presos en sus 451 reclusorios y gasta un promedio de 29 millones de pesos diarios para su manutención.

La mayor parte de los reclusorios presentan graves problemas estructurales, al no reunir las condiciones establecidas en el artículo 18 constitucional, respecto a las cuales se debe organizar el sistema penitenciario nacional y que son el trabajo, la capacitación laboral y la educación.

El informe de Resultados de la Política Mexicana contra la Delincuencia Organizada, elaborado por el gabinete de seguridad federal da cuenta que del inicio del gobierno de Fox al 30 de abril de 2003 habían sido detenidos 35 mil 678 integrantes del crimen organizado, en tanto que del 1 de diciembre de 2006 al 30 de abril de 2009 el número de los sujetos capturados ascendió a 66 mil 621 presuntos delincuentes.

Menciona que en el periodo de 3 años cuatro meses fueron detenidos 35 mil 678 integrantes del crimen organizado durante el sexenio de Fox y 66 mil 621 durante el de Calderón. Esto hace más de 100 mil detenidos. Si tomamos los dos sexenios completos y agregamos detenidos por otros delitos, tendríamos más de 400 mil detenidos. ¿en que condiciones pueden recluirse si las cárceles mexicanas tienen problemas crónicos de sobrepoblación desde hace muchos años?

Las mediadas adoptadas por el Ejecutivo federal para combatir el crimen organizado resultaron contraproducentes, ya que los resultados esperados no fueron del todo favorable, debido a la sobre población en los centros penitenciarios.

Al cierre del sexenio de Felipe Calderón, a la tradicional y nunca bien combatida corrupción que priva en las cárceles se le suman las fugas, los motines y una avanzada descomposición de los funcionarios y los custodios encargados de mantener el orden en esos centros de reclusión, mientras las autoridades federales descartan que exista una crisis generalizada en la red carcelaria del país, ya que según ellos en los penales federales no ha ocurrido ninguna evasión, crimen o motín.

El subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, Patricio Patiño Arias, indicó hace unos días que, de diciembre de 2006 a agosto de 2012, se han fugado 937 reos de cárceles municipales y estatales, de los cuales 65 por ciento estaban acusados de delitos del fuero común, precisando que estados como Tamaulipas encabezan el número de evasión de internos con 397, le siguen Coahuila con 151, Quintana Roo con 94, Zacatecas con 64, Sinaloa con 48 y Nuevo León con 32, entre otros.

Al desglosar las cifras, dadas a conocer por el diario Reforma, sobre asesinato al interior de los centros penitenciarios, se encuentra que en 2007, hubo 14 asesinados; en 2008, 66; en 2009, 51; en 2010, 78, y en 2011, 39.

De acuerdo con el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2011, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2010 a la fecha se tiene el registro de 14 fugas, con un saldo de 521 presos evadidos; 75 riñas en las que murieron 352 internos y fueron heridos 45, y dos motines, que causaron dos decesos y 32 lesionados.

De acuerdo con el estudio, 60 por ciento de las cárceles en México son controladas por gente del crimen organizado; es decir, se ha instaurado un autogobierno de los reos, debido a la falta de custodios en los penales. Para dimensionar el problema, hay que considerar que la Organización de Naciones Unidas, recomienda que al menos exista un custodio por cada 10 internos; sin embargo, en el más reciente caso en Piedras Negras donde sólo hay un custodio por cada 70 reos. La misma situación se replica en otros centros penitenciarios del país.

Dado que existe una correlación evidente entre crisis económica e índice de delincuencia, las políticas de prevención de los delitos deberían propiciar la creación de programas de atención a la pobreza; la creación de empleos; mejoras laborales; programas sociales y culturales que eviten la descomposición de la sociedad.

La sociedad civil demanda poner un alto a la impunidad; que en la persecución de los delitos y el castigo a la delincuencia se preserven los derechos humanos de acuerdo a las normas establecidas en los pactos y convenios internacionales de derechos humanos.

La función del Estado debe disuadir a los individuos de cometer delitos, bajo la amenaza de un castigo aparejado a una conducta indebida. Quien se encuentra privado de su libertad no podrá delinquir.

La rehabilitación, contemplada en el artículo 18 de la Constitución, contempla que las personas encarceladas serán sometidas a un proceso de rehabilitación y readaptación que evitará la reincidencia y devolverá a la sociedad un individuo socialmente útil.

Para que la sanción tenga un efecto disuasivo, y la prisión tenga un carácter rehabilitador, es necesario un sistema de justicia expedito y un sistema carcelario adecuado, lo que en México no sucede. Por lo que el aumento de penas y del número de presos no se refleja en la disminución de delitos.

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos informa que en México no existe un diagnóstico desde 1995 de la situación en los centros penitenciarios del país.

La Comisión Nacionalde Derechos Humanos, CNDH, a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria señala que en la mayor parte de los reclusorios se continúan presentando graves problemas estructurales, al no reunir las condiciones establecidas en el artículo 18 constitucional, respecto a las cuales se debe organizar el sistema penitenciario nacional, y que son el trabajo, la capacitación laboral y la educación.

Estas deficiencias ocasionan violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los internos y, en consecuencia, que no se cumpla con el propósito de las penas y medidas privativas de libertad, que es proteger a la sociedad contra el crimen, por no lograr la readaptación del sentenciado, incrementando las probabilidades de reincidencia al ser liberado, situación que propicia el incremento de los índices de delincuencia, afectando con ello el derecho humano a la seguridad pública de toda la población.

Carecemos de un Código Federal Penitenciario y un Sistema Nacional Penitenciario.

El gobierno federal cuenta con información de los Centros Federales de Prevención y Readaptación, pero no hay estadísticas confiables de lo que pasa en las cárceles estatales y municipales.

Los Principios de las Naciones Unidas para la Protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y el Comité de Derechos Humanos sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos han establecido que la obligación de tratar a los detenidos respetando su inherente dignidad es una regla básica de aplicación universal.

Los Estados no pueden alegar falta de recursos materiales o dificultades financieras para justificar el trato inhumano y están obligados a proporcionar a todos los presos servicios que satisfagan sus necesidades básicas. De igual modo, estos principios establecen que los detenidos o presos tienen derecho a solicitar mejoras en el trato que reciben, o a quejarse de él. Las autoridades deben responder con celeridad y, si la solicitud o el reclamo son denegados, pueden ser presentados ante una autoridad judicial.

Con base en lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 3 de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados; en los Principios, 20, 21, 36, y 15 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (1988); 1 y 5 de los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, de la ONU de 1990, y en las reglas 37, 45, 57, 58, 59, y 79 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955. Queda claro que el respeto, protección, garantía y efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad no puede quedar al arbitrio o ser la exclusiva responsabilidad de las autoridades dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal.

Por el contrario, la situación del sistema penitenciario a cargo de esta dependencia continuamente ha sido motivo de preocupación en los informes que presentan las distintas comisiones de derechos humanos. Recalcitrantemente, aparecen datos en sus informes, que señalan que las violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad tienen el carácter de sistemáticas.

En tales condiciones, se hace necesaria la participación activa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no solo por lo que ve al desarrollo de inspecciones y visitas o a la elaboración de informes o recomendaciones. Se requiere dotarle de mayores facultades para forzar un escenario de mayor respecto y protección de los derechos humanos de los internos que padecen nuestro sistema penitenciario.

Recordemos que el cumplimiento de las penas privativas de libertad debe estar orientado a la reeducación y a la reinserción social de los penados (artículo 18). Este mandato exige considerar que las personas condenadas a penas privativas de libertad no son seres eliminados de la sociedad –como desde algunas orientaciones ideológicas se mantiene–, sino que son personas que deben continuar formando parte de ésta. En este mismo dispositivo constitucional de manera diáfana se hace mención a que este sistema de readaptación y reinserción social debe orientarse, diseñarse y conducirse sobre la base del respeto a los derechos humanos:

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, ...

El respeto a los derechos humanos es la piedra angular de nuestro sistema penitenciario, y no podía ser de otro modo, pues esto es una condición sine qua non para procurar una verdadera política de readaptación o de reinserción social. Abandonar tan importantes tareas en manos de dependencias de corte represivo y que representan tan solo el brazo coercitivo del Estado, ha provocado el incumplimiento de esta orientación constitucional y ha generado situaciones de desarraigo que entorpecen la integración social y la recuperación personal en el ámbito relacional. De ahí que resulte a todas luces indispensable la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el desarrollo de políticas públicas sobre el sistema penitenciario.

Por lo expuesto y sustentado, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona y modifica la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo Único. Se modifica y adiciona la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se adicionan las fracciones VIII y IX, y se reubica la fracción X, con la numeración subsecuente para quedar como sigue:

Artículo 6o. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. a VII. ...

VIII. Hacer un diagnostico nacional anual vinculatorio de la situación en los centros penitenciarios del país y llevar las estadísticas, sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, así como de las riñas, motines, desordenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en las prisiones Federales y locales.

IX. Colaborar con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en la elaboración de políticas públicas en materia penitenciaria que garanticen la protección de los derechos humanos de los presos.

X. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país;

XI. Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección de los derechos humanos;

XII. Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional;

XIII. Expedir su Reglamento Interno;

XIV. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos;

XV. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos;

XVI. Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación aplicable, la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos;

XVI Bis. La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

XVII. Las demás que le otorguen la presente ley y otros ordenamientos legales.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tomamos nota. Pero de la iniciativa ni hablamos. Bueno, la turnamos a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen.

ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, doña Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con el permiso del diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Estado mexicano aprobó el 10 de junio de 2010, una de las reformas más relevantes del siglo XXI: la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Relevante, porque establece las bases para la más amplia protección de los derechos fundamentales al exigir el principio pro persona. Esto es que la aplicación de nuestra ley fundamental y los tratados internacionales en materia serán en sentido que más favorezcan a las personas.

Consideramos pertinente la modificación del artículo 133 de nuestra Carga Magna, toda vez que en la interpretación de este artículo —de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— quedó establecida que en la jerarquía entre las normas constitucionales, las leyes generales y los tratados internacionales, tratándose de derechos humanos, se encuentran por encima de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, pero por debajo de la Constitución; sin embargo, dicha interpretación se modificó en la decisión del 12 de julio de 2011, relativa a la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del desaparecido ciudadano Rosendo Radilla, en el estado de Guerrero en 1974, al establecer el llamado control difuso de la Constitución.

Eso significa que los jueces tienen la obligación de interpretar y aplicar la Constitución y los tratados internacionales que más beneficien a las personas en materia de derechos humanos, sin importar la jerarquía de las leyes.

Consideramos que a partir del 10 de junio de 2011, fecha en que se incorporó el principio pro-persona, el artículo 1o., párrafo segundo de nuestra Constitución en México, se aplica la ley que más favorezca a las personas, aun si existiese contradicción entre lo dispuesto por la Constitución y un tratado internacional de la ley federal.

La aplicación del principio de pro persona responde también a un compromiso de Estado mexicano con tratados internacionales establecidos en diversos instrumentos jurídicos internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica en 1969, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de Derecho Económico, Social y Cultural o Protocolo de San Salvador, ratificado el 8 de marzo de 1996, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera que la redacción vigente, precepto 133 constitucional, resulta incierta o vaga en relación con la jerarquía de los tratados internacionales de los derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, a partir de la sentencia y reformas mencionadas.

De esta forma, nuestra iniciativa propone la siguiente redacción:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán en dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados, en materia de derechos humanos, se favorecerá en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Compañeras y compañeros legisladores, la propuesta que hoy se presenta, no solo fortalece el compromiso del Estado mexicano con la protección de los derechos fundamentales, sino que da coherencia al sistema de protección de derechos, haciendo factible la exigencia de los mismos frente al abuso del poder, más aún cuando vivimos una época donde las violaciones de los derechos humanos por parte de la autoridad está llegando a niveles preocupantes.

En los últimos seis años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido cinco mil 176 recomendaciones. Hoy más que nunca la defensa ante cualquier violación de los derechos de las personas nos exigen construir acuerdos y consensos que garanticen la defensa y protección sobre todo de los más vulnerables. Es cuanto, señor diputado. Muchas gracias, compañeros legisladores.

«Iniciativa que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

A partir del 10 de junio de 2011, en México se aprobó la reforma que eleva a rango constitucional todos los derechos humanos garantizados en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, misma que modificó 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Indudablemente se trata de un suceso de la mayor importancia que sienta las bases para una mayor protección en la materia y por ende, ha sido elogiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

Sin embargo, en los artículos objeto de esta trascendente reforma, el artículo 133 que establece el principio de supremacía constitucional al establecer que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión, continúa en los mismos términos desde el 18 de enero de 1934.

Por otro lado, en 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adoptó las siguientes tesis:

Registro núm. 172650

Localización: Novena época, instancia: pleno, fuente: Semanario Judicial de la Federación, XXV, abril de 2007, p. 6, tesis: P. IX-2007, tesis aislada, materia(s): constitucional.

Tratados internacionales. Son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario pacta sunt servanda, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

Amparo en revisión 120/2002. McCain México, SA de CV. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número IX/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete.

Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por McCain México, SA de CV, se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/ 2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

Registro núm. 172667

Localización: Novena época, instancia: pleno, fuente: Semanario Judicial de la Federación, XXV, abril de 2007, p. 6, tesis: P. VIII/2007, tesis aislada, materia(s): constitucional.

Supremacía constitucional y Ley Suprema de la Unión. Interpretación del artículo 133 constitucional.

Argumentación

A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de “supremacía constitucional” implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución general de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la “ley suprema de la Unión”, esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.

Amparo en revisión 120/2002. McCain México, S. A. de C. V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VIII/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete.

Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por McCain México, SA de CV, se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/ 2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

En concordancia con el Tribunal Pleno respecto del principio de soberanía del Estado mexicano contenido en el artículo 133 citado, –que establece el sistema adecuado para la recepción del derecho internacional: los tratados internacionales en materia de derechos humanos se encuentran por encima de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión pero por debajo de la Constitución– y específicamente, con la decisión histórica del 12 de julio de 2011, relativa a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición de Rosendo Radilla, se pronunció a favor del llamado control difuso, es decir, la posibilidad de que todos los juzgadores interpreten y apliquen la constitución y los tratados que más beneficien a las personas en materia de derechos humanos. Se considera que la redacción vigente del precepto 133 constitucional, es aún más incierta y vaga respecto de la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano, desde la perspectiva del principio de pro persona contenido en el artículo 1º., párrafo segundo de nuestra Constitución, que determina que cuando se aluda a la interpretación de las normas de derechos humanos, deberá imperar la protección más amplia a las personas aún si existiese contradicción entre lo dispuesto por la Carta Magna y un tratado internacional o ley federal. Es decir, se aplicará el derecho que más favorezca al ser humano, basado incluso en las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos internacionales de los que México sea parte.

“Artículo 1o. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Por otra parte, en diversos instrumentos jurídicos internacionales, México se ha obligado al cumplimiento del principio pro persona:

“Convención Americana de Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica de 1969:

Artículo 29. Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de... b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados...”

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos:

Artículo 5.1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.”

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador”, ratificada el 8 de marzo de 1996:

Artículo 4. No Admisión de Restricciones. No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

Artículo 5.1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él. 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.”

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Preámbulo: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana... Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión...Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad... Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso”.

Artículo 30. Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.”

Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados:

Artículo 53. Tratados que estén en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (ius cogens).

Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.”

De lo anterior se confirma la importancia de incorporar explícitamente el principio pro persona en el contenido del artículo 133 Constitucional para que los jueces de cada Estado en sus resoluciones e interpretaciones en materia de derechos humanos, favorezcan a las personas en todo momento, con la protección más amplia y de esta forma, afianzar en México la obligación y responsabilidad de las autoridades que imparten justicia a observar dicho principio, sin importar si éste se deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de diversos tratados internacionales en los que se reconozcan a los derechos Humanos, con la finalidad única de poder transitar hacia un Estado Constitucional de Derecho en el que se cumplan los estándares reconocidos por la comunidad internacional en la materia.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas las diputadas y diputados Lucila Garfias Gutiérrez, René Ricardo Fujiwara Montelongo, María Sanjuana Cerda Franco, Sonia Rincón Chanona, Dora María Talamante Lemas, Cristina Olvera Barrios, Fernando Bribiesca Sahagún, Luis Antonio González Roldán, Angelino Caamal Mena y Rubén Benjamín Félix Hays, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de este pleno, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 133 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto por el que se adiciona el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Uno. Se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. En materia de derechos humanos, se favorecerá en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Artículo Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 2 de octubre de 2012.— Diputados: René Fujiwara Montelongo, Cristina Olvera Barrios (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, en esta ocasión hasta por 10 minutos, la diputada Leonor Romero Sevilla, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide toda una Ley que establece las Bases de Coordinación y Ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; por eso son 10 minutos, porque es todo un cuerpo normativo.

La diputada Leonor Romero Sevilla:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, presento esta iniciativa a nombre propio y de mis compañeros diputados Beatriz Zavala y Carlos Castaños.

Es responsabilidad del gobierno y de todos los ciudadanos garantizar que todo mexicano tenga cubiertas sus necesidades más apremiantes, a bien de fortalecer sus capacidades humanas para que puedan ser partícipes en el proceso de desarrollo económico y formen parte integral de la sociedad.

Hablaré del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, programa que tiene su origen desde hace 14 años con el nombre de Progresa y que perfeccionándose es hoy uno de los más amplios y exitosos programas de alivio a la pobreza en México.

Su principal objetivo ha sido contribuir al bienestar de las familias de escasos recursos a través de una estrategia que comprende la salud, educación y nutrición. Tiene como meta principal atacar los factores estructurales que inciden en la pobreza para aliviar sus consecuencias inmediatas e interrumpir su transmisión intergeneracional.

Actualmente el programa Oportunidades beneficia a 5.5 millones de familias, las cuales residen en 103 mil 537 localidades de 2 mil 448 municipios, beneficiando a 34.6 millones de mexicanos.

Las 95 evaluaciones externas que se le han realizado al programa constatan avances concretos en materia de educación y salud entre los niños y jóvenes que participan en el mismo.

El Coneval, organismo de carácter técnico integrado por académicos, ha reconocido la valía del programa, mencionando que sin las transferencias de Oportunidades la pobreza se hubiese incrementado en 2.6 millones de mexicanos más, como resultado del aumento en el precio de los alimentos y el entorno económico mundial adverso.

Ahora bien, al regular el programa mediante una ley específica tal y como lo muestra la experiencia de programas similares en América Latina y que incluso su esquema fue trasladado a otros países, se asegurará a los millones de beneficiarios la continuidad de los apoyos que ofrece el programa evitando que esté expuesto a vaivenes políticos o a decisiones discrecionales que pongan en peligro la continuidad del mismo.

Como legisladores, visionarios de una política incluyente, estamos a favor de crear una ley para el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, pues tendría un impacto profundamente positivo en la calidad de vida de millones de mexicanos y mexicanas.

De no hacerlo se notaría una preocupante falta de solidaridad con nuestro pueblo y particularmente con las familias más pobres.

Es preciso contar con un marco jurídico que establezca las bases de coordinación del programa para delimitar claramente las obligaciones de todos los actores y exista mayor eficacia en las acciones; se requiere tener mecanismos formales de coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales en la ejecución de la política social y en particular, en programas como Oportunidades.

Existen varios instrumentos jurídicos para definir a cada actor sus facultades, su ámbito de acción y la obligatoriedad del ejercicio de determinadas funciones, pero creo que el instrumento más sólido es un marco legal respaldado por un marco jurídico formal que institucionalice y que establezca el área de competencia de los tres órdenes de gobierno y que las facultades en la operación del programa estén claramente establecidas.

Como sociedad no podemos permitir que la pobreza y el hambre cancelen las posibilidades de progreso de las familias que menos tienen; por eso, como una visión humanista, como de Acción Nacional, proponemos elevar a rango de ley este solidario y generoso programa, el programa Oportunidades.

Señor presidente, entregamos antes un documento con un error y sin las firmas de mis compañeros, por lo que entrego el documento corregido a efecto de que sea sustituido el anterior y sea éste el que se turne a la Comisión. Es cuanto, señor presidente.

Le solicito pida se incluya íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias, compañeros.

«Iniciativa que expide la Ley que establece las Bases de Coordinación y Ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Leonor Romero Sevilla, diputada en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que establece las Bases de Coordinación y Ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente, más de 50 millones de mexicanos no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas de salud, alimentación, educación y vestido, de los cuales 11 millones viven en la extrema pobreza (Coneval. Pobreza en México y en las entidades federativas 2008-2010).

Ya sea en las regiones más marginadas de Chiapas, Oaxaca, Veracruz o Guerrero, o en los cinturones de miseria que rodean a las grandes metrópolis, cada vez es más común ver el rostro de la pobreza, de mujeres, niños y hombres, que son presas del hambre, el analfabetismo y la enfermedad, que viven de la informalidad, ganando lo mínimo para subsistir.

En este contexto, es responsabilidad del gobierno y de toda la sociedad, garantizar que todo mexicano tenga sus necesidades más apremiantes satisfechas, de fortalecer sus capacidades humanas para que puedan ser participes en el proceso de desarrollo económico y formen parte integral de la sociedad.

No cabe duda de la necesidad de la intervención del Estado para asegurar que el crecimiento y la estabilidad económica vayan acompañados de menores niveles de desigualdad y pobreza. No obstante, las políticas sociales o de combate a la pobreza entendidas como las políticas y acciones dirigidas explícitamente a los sectores de la población que se encuentran en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad, exclusión o desventaja están lejos de consolidarse. Salvo algunas excepciones, se ha caracterizado por contar con poca solidez institucional, que ha estado sujeto a coyunturas políticas, que generalmente no ha contado con una visión de Estado de largo plazo, que no ha contado tampoco con certeza de acceso a recursos para ejecutar políticas y acciones, que ha mostrado una falta de procesos claros y estructuras de ejecución, y que ha carecido de mecanismos formales y sistemáticos de transparencia y rendición de cuentas. Estos rasgos limitan severamente el impacto de las políticas, así como sus posibilidades de hacerle frente de manera estructural a la pobreza y a la desigualdad social.

La institucionalización de las políticas de combate a la pobreza es un paso necesario para dar al Estado una mayor capacidad de enfrentar el problema de la pobreza y la desigualdad, en un contexto en el que millones de familias se encuentran en condiciones de pobreza se requiere garantizar de alguna manera que los instrumentos de la política social cuente se distingan por su continuidad, eficiencia y eficacia. En el caso del programa Oportunidades que  atiende el problema de la pobreza estructural, la creación de un marco jurídico propio, nos referimos a una ley que establezca las bases de coordinación y operación del programa conllevará a la continuidad en el compromiso del Estado haciendo más viable el planteamiento y la consecución de objetivos de largo plazo, lo que a su vez incrementa la probabilidad de atacar el problema de raíz.

El programa Oportunidades es uno de los más amplios y exitosos programas de alivio de la pobreza no sólo de México sino también de América Latina y el Caribe,  su principal objetivo ha sido contribuir al bienestar de las familias de escasos recursos a través de una estrategia que comprende la salud, educación y nutrición. Tiene como meta principal es atacar los factores estructurales que inciden en la pobreza para aliviar sus consecuencias inmediatas e interrumpir su transmisión intergeneracional.

Como bien es sabido, el programa otorga suplementos de alimentación, atención médica gratuita, becas para los niños y una transferencia monetaria. El programa entrega transferencias mensuales de 510 pesos en efectivo considerando únicamente el apoyo alimentario, el energético y el denominado “Vivir Mejor”. El monto de las becas varía de acuerdo con el grado escolar. Una familia con becarios en primaria y secundaria puede recibir hasta 1,560 pesos y una familia con becarios en primaria, secundaria y educación media superior percibirá un monto de 2 mil 520 pesos. Actualmente, el monto promedio mensual de transferencia por familia en lo que va del año asciende a 830 pesos que incluyen el apoyo alimentario, adultos mayores, alimentario Vivir Mejor, Apoyo Infantil Vivir Mejor y componente educativo.

Desde el año 2004, la cobertura de Oportunidades se extendió a 5 millones de familias, esto es, alrededor de 25 millones de personas que no sólo habitan en zonas rurales sino también de localidades semiurbanas y urbanas. Se incrementó también el número de servicios: acceso al ahorro, servicios de crédito y sistema de seguridad social. Desde el inicio del programa Progresa y actualmente con el programa Oportunidades, la familia continúa siendo el grupo objetivo. Sin embargo, en el presente existe también atención focalizada en subgrupos, como la atención a los adultos mayores.

Actualmente Oportunidades beneficia a 5.5 millones de familias y la meta es atender a 5.8 millones a finales de 2012, las cuales residen en 103 mil 537 localidades de 2 mil 448 municipios –casi la totalidad de los 2 mil 456 municipios del país de las 32 entidades federativas–. El 96.4 por ciento de estas familias se ubica en localidades rurales (menores de 2 mil 500 habitantes), 3 por ciento en localidades semiurbanas (de 2 mil 500 a 15 mil habitantes) y 0.6 por ciento en localidades urbanas (mayores a 15 mil habitantes).

Considerando los programas de Oportunidades y Apoyo Alimentario en conjunto, se apoya económicamente a 6.5 millones de familias. Esto es, casi 34 millones de mexicanos, que son los que más lo necesitan, reciben apoyos de alimentación, de salud, de educación para que puedan salir de la pobreza. Hace 15 años, las familias beneficiadas eran menos de la decima parte. Estamos hablando de que Oportunidades representa un ingreso para prácticamente casi tres de cada 10 mexicanos, tres de cada 10, están beneficiados con el Programa Oportunidades.

De este modo, el programa Oportunidades ha sido el principal pilar de la política social mexicana para combatir la pobreza y la desigualdad.

Las 95 evaluaciones externas que se le han realizado al programa constatan avances  concretos en materia de educación y salud entre los niños que participan en el mismo. Los resultados muestran que en las zonas rurales, la probabilidad de ingresar a la escuela secundaria se incrementó en 33 por ciento y la tasa de matrícula en educación terciaria casi se duplicó. En zonas urbanas, la tasa de deserción escolar entre los alumnos de 16 a 19 años de edad disminuyó en 20 por ciento y aumentó la tasa de matrícula de los niños de entre seis y 18 años. Además, las visitas a centros de salud aumentaron en hasta 35 por ciento en todo el país. Padecimientos relacionados con la desnutrición como la anemia, disminuyó 12.8 puntos porcentuales en niños menores de dos años.

Ciertamente, el programa tiene áreas susceptibles de mejora. Se suele mencionar que los servicios de educación y salud que brinda Oportunidades no tienen la calidad suficiente pero cabe recordar que estos servicios son dependientes de las entidades federativas por lo que son corresponsables de mejorar la infraestructura en salud y educación, así como de eficientar los servicios que ofrecen en estos rubros. También se menciona que se cometen errores de inclusión, pero ningún programa focalizado en el mundo tiene un margen de error igual a cero y, además si algo ha caracterizado a Oportunidades ha sido la transparencia en su operación, rasgo que es de mucha valía en un contexto en el que la norma es la opacidad y falta de transparencia en la política social de las entidades federativas, el programa cuenta con reglas de operación claras, consistentes y públicas, monitoreo constante, entrega de apoyos monetarios de manera electrónica a cargo de terceros, padrón de beneficiarios público, evaluaciones externas, mecanismos de participación ciudadana, etcétera.

El mismo Coneval, organismo de carácter técnico integrado por académicos, ha reconocido la valía del programa, mencionando que sin las transferencias de Oportunidades, la pobreza se hubiese incrementado en 2.6 millones de mexicanos más como resultado del incremento en el precio de los alimentos y el entorno económico mundial adverso. En la última evaluación de desempeño, se manifiesta lo siguiente: “Oportunidades debe continuar debido a que su diseño y operación son adecuados. A ello han contribuido todas las instituciones que participan en la operación del programa... Las evaluaciones muestran que tiene impactos positivos sobre sus beneficiarios en indicadores relacionados con su fin. Específicamente, se ha mostrado que mejora la educación, salud y nutrición de sus beneficiarios. El fin del programa tiene una visión de largo plazo pues se centra en contribuir a la ruptura de la transmisión intergeneracional de la pobreza.”

Debido al éxito del Programa, éste se ha exportado a más de una veintena de países en África, Asia, Centroamérica y el Caribe, pero recientemente resulta justo destacar que la ciudad de Nueva York decidió implementar un programa denominado Opportunity NYC el cual, basándose en el modelo de Oportunidades, consiste en un esquema de transferencias monetarias para familias necesitadas de Harlem y el Bronx, a condición de una estricta observancia respecto a la asistencia de los niños a la escuela y al médico. De esta manera, es importante resaltar este hecho porque un país desarrollado como Estados Unidos ha mostrado interés y ha adoptado herramientas de política pública mexicana para el combate a la pobreza.

Por si fuera poco, Oportunidades se distingue por su transparencia, característica que es de mucha valía en un contexto en el que la norma es la opacidad y falta de transparencia en los programas sociales estatales, el programa cuenta con reglas de operación claras, consistentes y públicas, monitoreo constante, entrega de apoyos monetarios de manera electrónica a cargo de terceros, padrón de beneficiarios público, evaluaciones externas, mecanismos de participación ciudadana, etcétera.

Oportunidades representa un  legado en la política social muy importante. Una política social que es transparente, que rinde cuentas. Una política social que fortalece el tejido social y que construye ciudadanía, comunidad, una política social que contribuye a paz. Una política social que ha sabido enfrentar la adversidad,  contener, incluso, disminuir la pobreza extrema.

Con el Programa Oportunidades, estamos rompiendo el círculo vicioso de la pobreza con educación, con salud y con alimentación. Oportunidades es una inversión en capital humano, para que la pobreza de los padres, el día de mañana no continúe siendo la pobreza de los hijos. Es un programa para el que no pide dádivas, sino para los que requieren de un apoyo, un apoyo para poder salir adelante con su propio esfuerzo y con su propia dignidad.

Gracias a esos apoyos, los niños ahora, gracias a Oportunidades, terminan la primaria y terminan la secundaria. Ahora se inscriben en la preparatoria. Ahora las mujeres reciben atención médica antes, durante y después del parto. Al día de hoy hay menos niños enfermos o desnutridos. Hay más y mejores alimentos en los hogares.

Y más allá de las cifras, significa, también, que estamos haciendo realidad la diferencia en el bienestar de las mexicanas y los mexicanos que más lo necesitan. Sin lugar a duda, Oportunidades está marcando un antes y un después en la calidad de vida de millones y millones de familias mexicanas.

Los argumentos sobran para decir que es el programa más exitoso de la política social en México y es un referente internacional, el objetivo de la presente iniciativa es elevar a rango de ley el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para así brindar una mayor certeza jurídica a los millones de familias beneficiarias de dicho programa.

Al regular el programa mediante una ley específica, tal y como lo muestra la experiencia de programas similares en América Latina (Chile Solidario, Familias en Acción de Colombia y Bolsa de Familia en Brasil) que incluso son posteriores a Oportunidades, se asegurará a los millones de beneficiarios la continuidad de los apoyos que ofrece Oportunidades, evitando que el programa esté expuesto a vaivenes políticos o a decisiones discrecionales del gobierno en turno que pongan en peligro la continuidad del mismo.

Los legisladores de Acción Nacional manifestamos nuestro acuerdo por crear una ley para Oportunidades ya que tendrá un impacto profundamente positivo en la calidad de vida de millones de mexicanos, de no hacerlo denotaría una gran y una preocupante falta de solidaridad con el pueblo mexicano y, particularmente con las familias más pobres.

Es preciso contar con un marco jurídico que establezca las bases de coordinación del programa para delimitar claramente de obligaciones de los actores relevantes a fin de promover mayor eficiencia al evitar posibles duplicaciones de acciones y programas por parte de los mismos, o la falta de atención a grupos específicos de la población.

Se requiere que contemos con mecanismos formales de coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales en la ejecución de la política social y en particular de programas como Oportunidades dado que no siempre es obvio cuál son las competencias relevantes y deseables para cada orden de gobierno, cuando no existe una normatividad clara que establezca formalmente las responsabilidades, facultades y atribuciones de cada actor se está limitando la continuidad y la eficiencia de los programas y de la política en general. Si el ámbito de acción de cada orden de gobierno se encuentra definido como se pretende en la presente iniciativa, el marco de acción de la política social no estará sujeto a vaivenes e ineficiencias impredecibles incluyendo por ejemplo duplicaciones de funciones en algunos casos y “vacíos” de atención en otros.

Existen varios instrumentos jurídicos para definir para cada actor las facultades, el ámbito de acción, y la obligatoriedad del ejercicio de determinadas funciones, pero creemos que el instrumento más sólido es un marco legal respaldado por una ley, de un marco jurídico formal que institucionalice y que establezca el área de competencia de los tres órdenes de gobierno, y que las facultades de cada actor en la operación del programa estén claramente establecidas.

Adicionalmente, el  incorporar a una ley procedimientos de operación de los programas diseñados adecuadamente generalmente redunda en mayores impactos, contar con definiciones claras y descripciones de los objetivos de programas así como establecer formalmente los procedimientos de ejecución, las obligaciones de los ejecutores, las reglas de acceso a sus beneficios, el establecimiento de derechos y corresponsabilidades además de dar claridad y reducir la discrecionalidad en cuanto al manejo de los recursos para el desarrollo social, se gana en eficacia y se transparenta de manera considerable la operación de la política social. Lo anterior, aunado a la existencia de procedimientos de evaluación de las acciones y a mecanismos de rendición de cuentas y participación social provee los elementos para el mejoramiento continuo de los instrumentos de política, y acerca del grado de cumplimiento de los objetivos planteados.

En Acción Nacional estamos convencidos de que el establecimiento de normas de aplicación de las políticas públicas como la que se propone a fin de sentar las bases de coordinación y operación del programa Oportunidades es el mejor instrumento para reducir la discrecionalidad en la ejecución, para incrementar la eficiencia, y para dar certidumbre a la ciudadanía sobre la forma y la temporalidad con la que el Estado llevará a cabo las acciones del programa. En el marco de la política social y de la coyuntura que vive nuestro país, este es un ingrediente especialmente importante, ya que puede evitar el carácter coyuntural de los programas y actividades, y sobre todo, puede evitar que las acciones sean de un carácter tan flexible que se presten a su utilización para fines distintos del combate a la pobreza. En suma, es un elemento indispensable que da la posibilidad de llevar a cabo planeación de largo y mediano plazo, y que reduce los espacios de manipulación.

Debemos reconocer los avances en materia de desarrollo social en los últimos años, pero aún queda mucho por hacer. Es preciso hacer un esfuerzo de alcanzar los acuerdos políticos requeridos para tomar las medidas necesarias a fin de mejorar las condiciones de vida de la población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

Como sociedad, no podemos permitir que la pobreza y el hambre cancelen las posibilidades de progreso de las familias que menos tienen. Y, por eso, con una visión humanista, en Acción Nacional proponemos elevar a rango de ley el programa Oportunidades.

Por todo lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de decreto.

Único.Se expide el decreto que crea la Ley que establece las Bases de Coordinación y Ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

Ley que establece las Bases de Coordinación y Ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana, y tiene por objeto establecer las bases de coordinación y ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

Artículo 2.El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades coordina las acciones intersectoriales e interinstitucionales para contribuir a la superación de la pobreza, mediante el desarrollo de las capacidades básicas de las personas y su acceso a mejores oportunidades de desarrollo económico y social. Entre otros, articula incentivos para la educación, para la salud y para la nutrición, con el fin de promover el desarrollo de capacidades de las familias en extrema pobreza.

Artículo 3.Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Coneval.Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

Coordinación Nacional. Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades,

II. Corresponsabilidad. Acciones en los componentes que las familias beneficiarias se comprometen a realizar al ser incorporadas al Programa;

IV. Delegación del Programa. Delegación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, la cual es responsable de la atención de los beneficiarios, así como de la operación del Programa;

V. Familias beneficiarias. Son hogares incorporados al Programa, que por el cumplimiento de sus corresponsabilidades, reciben los beneficios del Programa;

VI. Incorporación. Proceso mediante el cual se lleva a cabo la inclusión de nuevas familias que, siendo elegibles, no recibían los beneficios del Programa;

VII. Padrón. Conjunto de familias beneficiarias que abarca el padrón activo de Beneficiarios y el padrón base;

VIII. Padrón Activo de Beneficiarios. Familias incorporadas que por el cumplimiento de sus acciones de corresponsabilidad se mantienen en el padrón de beneficiarios del Programa recibiendo los apoyos monetarios,

IX. Programa. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades,

X. Titular de la Familia Beneficiaria. Representante de la familia beneficiaria a quien se le entregan los apoyos monetarios del Programa, generalmente es la madre de familia o la persona que está a cargo de los niños y niñas menores del hogar.

Título SegundoDe las Bases de Coordinación

Capítulo UnoDel Objeto de la Coordinación

Artículo 4.La coordinación institucional y la vinculación de acciones, tienen como propósito contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, procurando potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, propiciar la complementariedad y reducir gastos administrativos. Los objetivos específicos de la coordinación serán:

I. Mejorar sustancialmente las condiciones de educación, salud y alimentación de la población en condición de pobreza extrema;

II. Fomentar la participación activa y la corresponsabilidad de los padres y de todos los miembros de la familia y de las comunidades, en beneficio de la educación, salud, alimentación y el desarrollo social;

III. Establecer acciones con otros programas del sector social y de los gobiernos estatales y municipales que contribuyan a la superación de la pobreza, la generación de oportunidades y el desarrollo económico y social de diversas regiones dentro del territorio nacional;

IV. La integralidad de las acciones de educación, salud y alimentación, con los programas de desarrollo regional y comunitario, fomento económico y empleo en zonas marginadas para que el desarrollo de capacidades de las familias en extrema pobreza se complemente con la generación de oportunidades en las comunidades y regiones menos favorecidas; y

V. Establecer los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que las acciones en el marco del Programa no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno federal o local.

Capítulo DosDe la Coordinación Nacional

Artículo 5.El Ejecutivo federal, a través de la Coordinación Nacional del Programa, será responsable de ejecutar, vigilar y realizar el seguimiento de las acciones implementadas en el marco de este programa, así como del cumplimiento, aplicación e interpretación de la presente Ley en el marco de sus atribuciones, en coordinación, en su caso, con los gobiernos de las entidades federativas. La Coordinación Nacional del Programa es organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa.

Artículo 6.Para cumplir con su objeto, la Coordinación Nacional tendrá las atribuciones siguientes:

I. Formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución del Programa y proponer, en su caso, modificaciones al mismo, en el marco de las políticas y estrategias de desarrollo social y en los programas sectoriales que deriven de éste;

II. Contribuir a la vinculación de las acciones de educación, salud y alimentación del Programa, con la política y programas de desarrollo regional, empleo y superación de la pobreza;

III. Planear, programar, supervisar y evaluar, conforme al presupuesto aprobado, la incorporación gradual al Programa de regiones y familias en pobreza extrema, así como los procesos de recertificación y densificación correspondientes;

IV. Definir y aplicar los criterios para identificar regiones y familias beneficiarias del Programa;

V. Elaborar, aplicar y coordinar los sistemas de recolección, procesamiento, análisis, supervisión y evaluación de información de las familias beneficiarias del Programa;

VI. Proponer y vigilar el cumplimiento de los compromisos que adquieran las familias beneficiarias sobre cada uno de los componentes del Programa;

VII. Determinar los montos de las transferencias de apoyo alimentario y de estímulos a la educación, conforme al presupuesto del programa;

VIII. Establecer los mecanismos para hacer llegar a las familias beneficiarias, el apoyo alimentario y de estímulos a la educación que se definan para el Programa;

IX. Promover la coordinación con los gobiernos de los estados y municipios, con instituciones de educación superior y de investigación, así como con los sectores social y privado para el cumplimiento de los objetivos del Programa;

X. Formular el Reglamento del Programa y sus modificaciones;

Supervisar y evaluar los resultados e impactos derivados de la operación del Programa en sus componentes;

XII. Proponer a las dependencias vinculadas con cada uno de los componentes del Programa, las acciones de mejora y medidas correctivas que permitan optimizar el funcionamiento del mismo y cumplir los objetivos planteados; y

XIII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas correspondientes.

Artículo 7.Para el ejercicio de sus atribuciones, la Coordinación Nacional se integrará por:

I. Un Consejo;

II. Un Coordinador Nacional; y

III. Un Comité Técnico.

Artículo 8.El Consejo estará integrado por el Coordinador Nacional quien lo presidirá; por los Secretarios de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público; de Educación Pública, y de Salud. Los titulares de las dependencias referidas nombrarán a sus respectivos suplentes, quienes deberán tener el carácter de Subsecretario.

Artículo 9.El Consejo tendrá las funciones siguientes:

I. Autorizar las políticas de coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación del Programa;

II. Definir los lineamientos y las estrategias para la operación y seguimiento del Programa;

III. Analizar los informes de avance y cumplimiento programático de las acciones del Programa, así como evaluar sus resultados e impactos y emitir recomendaciones para su mejor funcionamiento; y

IV. Revisar, a propuesta de cualquiera de sus integrantes, y modificar, en su caso, las decisiones del Comité Técnico.

Opción 1

Artículo 10.El coordinador nacional será nombrado por el Ejecutivo federal.La Cámara de Diputados podrá objetar dicho nombramiento por mayoría, y cuando ésta se encuentre en receso, la objeción podrá realizarla la Comisión Permanente.

En todo caso, la Cámara de Diputados tendrá hasta treinta días para resolver sobre la objeción o no; vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal.

Opción 2

Artículo 10. El coordinador nacional será propuesto por el Ejecutivo federal y ratificado por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

Artículo 11. El coordinador Nacional tendrá las facultades siguientes:

I. Planear, coordinar, dirigir, dar seguimiento y evaluar la ejecución de los programas y acciones encomendados a la Coordinación Nacional;

II. Proponer al Consejo los criterios para identificar zonas marginadas y familias beneficiarias del Programa;

III. Proponer al Consejo los lineamientos aplicables a los compromisos o corresponsabilidades que deberán adquirir las familias beneficiaras del Programa;

IV. Proponer al Consejo los criterios para la aplicación de los montos de las transferencias de apoyo alimentario y de estímulos a la educación comprendida dentro del Programa;

V. Administrar y evaluar el ejercicio de recursos y la ejecución de acciones e inversiones del Programa;

VI. Coordinar el diseño, desarrollo y ejecución de las acciones de difusión del Programa;

VII. Aprobar el diseño, producción y distribución de materiales destinados a la información y comunicación de las familias beneficiarias y las organizaciones comunitarias participantes en el Programa;

VIII. Coordinar el desarrollo de estudios especializados en materia de medición socioeconómica y estimación de población en condición de pobreza, así como de estrategias para elevar sus condiciones de vida y su potencial de bienestar;

IX. Informar periódicamente al presidente de la República y al Consejo sobre los avances, resultados e impacto del Programa;

X. Administrar los recursos materiales y financieros de la Coordinación, así como celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos que se requieran para el ejercicio de sus atribuciones;

XI. Ejecutar al interior de la Coordinación, las decisiones técnicas y administrativas que considere pertinentes para el buen funcionamiento del Programa;

XII. Intervenir en la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del personal de la Coordinación, tramitar las licencias de conformidad con las necesidades del servicio y participar, directamente o a través de un representante, en los casos de sanción, remoción o cese del personal a su cargo, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables; y

XIII. Las demás que le otorguen el Reglamento de la y otras disposiciones jurídicas.

Artículo 12.El Comité Técnico será un órgano de apoyo de la Coordinación Nacional y estará integrado por representantes de las Secretarías de Desarrollo Social; de Hacienda y Crédito Público; de Educación Pública; de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se reunirá cuando menos en forma bimestral y su operación se regirá por el Reglamento que expida el Consejo.

Artículo 13.El Comité Técnico tendrá las siguientes funciones:

I. Auxiliar al Coordinador Nacional y al Consejo en las tareas que le sean encomendadas;

II. Llevar el seguimiento del Programa conforme a los lineamientos que fije el Consejo;

III. Adoptar medidas que permitan una operación más eficiente y transparente del Programa;

IV. Revisar el cumplimiento de las responsabilidades de las dependencias y entidades que participen en el Programa;

V. Facilitar la coordinación con las dependencias participantes, para la operación de los diversos componentes del Programa; y

VI. Las demás que le sean encomendadas por el Consejo.

Capítulo TresDe la Coordinación Local

Artículo 14.La Coordinación Nacional podrá establecer acciones de coordinación con los otros órdenes de gobierno, así como con la representación de sus localidades, las cuales tendrán que darse en el marco de transparencia y colaboración, en apego a las disposiciones de esta Ley y de la normativa aplicable.

Artículo 15.Con el fin de establecer la concertación entre los actores locales que participan en el Programa, cada entidad federativa contará con un Comité Técnico estatal u órgano colegiado equivalente en el Distrito Federal.

Artículo 16. Los Comités Técnicos estatales son instancias de coordinación interinstitucional, donde participan las autoridades de los organismos y dependencias gubernamentales, federales y estatales cuyo objetivo es la mejora de la calidad en la operación del Programa en cada entidad federativa, promoviendo la mejora continua de los servicios que se prestan a la población beneficiaria del Programa.

Artículo 17.Las autoridades municipales, a través de su Cabildo, podrán nombrar un enlace municipal con el Programa. Dicho enlace coadyuvará en la Coordinación Nacional en la identificación de las zonas en que se requiera ampliar la cobertura podrá acompañar al personal de la Coordinación Nacional en el levantamiento de la información de campo para la selección de posibles beneficiarios, así como en la logística general del Programa en municipio.

Artículo 18.La Coordinación Nacional contará con delegaciones en las entidades federativas, encabezadas por un Coordinador, las cuales son responsables de la atención de las familias beneficiarias, así como de la operación y seguimiento del Programa en los estados.

Artículo 19.Los gobiernos de las entidades federativas, las delegaciones y las representaciones de los programas federales, en su caso, son los responsables de operar y otorgar los servicios de educación y de la atención a la salud de la población. Para el despliegue de sus acciones y con el fin de asegurar una operación eficiente, eficaz, equitativa y transparente, el Programa se apoya en el compromiso conjunto de los ejecutivos de las entidades federativas y del federal.

Artículo 20. La Coordinación Nacional promoverá las bases de colaboración suscritas con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, se atienda prioritariamente a las familias beneficiarias, con el objeto de promover su desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo.

Capítulo CuatroCoordinación Interinstitucional

Artículo 21.Oportunidades se vinculará con otras dependencias y entidades para asegurar la complementariedad de acciones con otros programas, facilitar la homologación de criterios de identificación de beneficiarios y evitar duplicidades en la entrega de apoyos.

Artículo 22.El Programa procurará la complementariedad de sus acciones con otros programas mediante la aportación de información socioeconómica de los hogares, promoviendo espacios de coordinación y articulación institucional.

Título SegundoDel Programa

Capítulo UnoDel Objeto y Lineamientos Generales

Artículo 23.El Programa tiene como objetivo favorecer el desarrollo de las capacidades básicas y a la generación de oportunidades de las familias en extrema pobreza, mediante apoyos asociados a la educación, salud y nutrición de las familias, entre otras, para contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza; así, el Programa buscará:

I. Otorgar apoyos educativos crecientes en educación básica y media superior a los niños, niñas y jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, y consecuentemente la terminación de dichos niveles educativos;

II. Asegurar el acceso al un paquete básico de Salud a las familias beneficiarias, con el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y el autocuidado de la salud y nutrición de todos sus integrantes;

III. Proporcionar apoyos a las familias beneficiarias para mejorar la alimentación y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la población más vulnerable como son los niños y niñas, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia;

IV. Fomentar el compromiso con los objetivos del Programa y la participación activa de todos los integrantes de las familias beneficiarias mediante el cumplimiento de las corresponsabilidades asociadas a las intervenciones del Programa;

V. Potenciar los efectos del Programa mediante la entrega de otros apoyos monetarios que establezca el gobierno federal para la población beneficiaria del Programa; y

VI. Apoyo para adultos mayores con objeto de que puedan vivir en condiciones dignas.

La Coordinación Nacional podrá determinar la complementación del Programa mediante otras acciones que se consideren necesarias para el cumplimiento de su objetivo.

Artículo 24.La población objetivo del Programa son los hogares cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de educación, nutrición y salud, de conformidad con los criterios de elegibilidad y metodología de focalización establecidos en la presente ley y en su Reglamento.

Artículo 25.El Programa tendrá cobertura nacional en las localidades donde existan condiciones de accesibilidad y capacidad de atención de los servicios de salud, así como accesibilidad a los servicios de educación, que permitan operar en forma integral sus componentes.

Artículo 26.Las familias elegibles para ingresar o reingresar al Programa, son aquellas que cumplan con los lineamientos y criterios establecidos por la Coordinación Nacional del Programa. En el universo de atención se considera el total de localidades del país, priorizando la atención de aquellas localidades con hogares en condiciones de pobreza no cubiertos por el Programa.

Las entidades federativas, a través de los Comités Técnicos estatales, podrán proponer a la Coordinación Nacional, localidades para que sean incluidas en el universo de atención.

Artículo 27.La Coordinación Nacional es responsable de la recolección, captura, procesamiento, resguardo y análisis de la información socioeconómica de las familias, necesaria para identificar a aquellas familias que cumplen con los criterios y requisitos de elegibilidad del Programa.

Artículo 28.La Coordinación Nacional será responsable de la entrega bimestral de los apoyos que otorga el Programa a las titulares beneficiarias, serán proporcionales al número de integrantes de la familia menores de 9 años, a los becarios y al grado escolar que cursen, así como al número de adultos mayores miembros de la familia.

El monto de los apoyos monetarios será determinado por la Coordinación Nacional y se actualizará semestralmente, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y con los lineamientos que emita al respecto.

Capítulo DosDe los Derechos y la Corresponsabilidad

Artículo 29. Las familias beneficiarias del Programa tienen derecho a:

I. Recibir oportuna y gratuitamente los apoyos y beneficios del Programa al haber cumplido con sus corresponsabilidades;

II. Decidir libremente en qué escuela estudian sus hijos;

III. Decidir voluntariamente su participación en las acciones de alfabetización;

IV. Recibir gratuitamente las acciones del Paquete Básico Garantizado de Salud con base en las Cartillas Nacionales de Salud y en lo establecido en esta ley;

V. Recibir gratuita y oportunamente el suplemento alimenticio, en el marco del control de nutrición para los niños y niñas menores de cinco años y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia;

VI. Recibir la cartilla nacional de salud correspondiente al grupo de edad y sexo, para cada integrante de la familia beneficiaria;

VII. Recibir información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del Programa;

VIII. Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias, y

IX. Solicitar a las autoridades del sector salud su afiliación al Seguro Popular conforme lo establecido en la Ley General de Salud y su reglamento.

Artículo 30. El cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de las familias beneficiarias es esencial para el logro de los objetivos del Programa y es requisito indispensable para que reciban sus apoyos:

I. Inscribir a los menores de 18 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar, que no hayan concluido la educación básica en las escuelas de educación primaria o secundaria autorizadas y apoyarlos para que asistan en forma regular a clases, e inscribir a los jóvenes de hasta 22 años y once meses con necesidades educativas especiales en escuelas de educación especial;

II. Inscribir a los jóvenes de hasta 21 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar, que hayan concluido la educación básica ,en los planteles de educación media superior autorizados y apoyarlos para que permanezcan en el sistema escolar;

III. Registrarse oportunamente en la unidad de salud que les sea asignada al momento de incorporarse;

IV. Todos los integrantes de la familia beneficiaria deben asistir a sus citas programadas en los servicios de salud, incluyendo los adultos mayores; y

V. Participar mensualmente en las acciones de comunicación educativa para el autocuidado de la salud.

Capítulo CuatroDe la Suspensión y Cancelación de los Apoyos

Artículo 31. Los apoyos se podrán suspender en forma temporal o definitivamente de acuerdo con los lineamientos emitidos al respecto. Las familias beneficiarias con suspensión de los apoyos definitivamente, causan baja del padrón activo de beneficiarios.

Capítulo CincoDel Financiamiento

Artículo 32.El Presupuesto de Egresos de la Federación asignará para cada ejercicio fiscal, los recursos necesarios para cubrir los apoyos del Programa que esta ley consigna. Para tal efecto, el Ejecutivo federal deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, la estimación de la población objetivo y el número de beneficiarios potenciales.

Capítulo SeisDel Padrón de Beneficiarios, la Transparencia y la Participación Social

Artículo 33.El padrón de beneficiarios del Programa contiene la relación de familias elegibles para el proceso de incorporación al Programa y el Padrón Activo de Beneficiario integra a las familias incorporadas al Programa y que se mantienen activas por el cumplimiento de su corresponsabilidad.

La administración del padrón es responsabilidad de la Coordinación Nacional, misma que establecerá los lineamientos normativos para su integración, mantenimiento y consulta del padrón y demás normatividad aplicable.

Artículo 34.La información contenida en el padrón de beneficiarios será pública, con las reservas y los criterios de confidencialidad que prevé la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No podrá ser destinada a otro fin que el establecido en la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias, por lo que queda prohibida su utilización para fines políticos, electorales, de lucro o cualquier otro ajeno al objeto de esta ley.

Artículo 35.La Coordinación Nacional, a través de su página de Internet, deberá publicar trimestralmente los movimientos de baja y alta del padrón.

Artículo 36.Las evaluaciones externas que se realicen al Programa serán coordinadas por la Coordinación Nacional, ajustándose a lo señalado en los lineamientos generales que emita para este efecto y de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 37.La Coordinación Nacional establecerá las disposiciones y mecanismos adecuados para garantizar la atención oportuna y eficaz de las quejas, denuncias, peticiones y sugerencias que respecto a los apoyos del programa presenten los beneficiarios, sus representantes acreditados, organizaciones de la sociedad civil o el público en general.

Artículo 38. Las quejas y denuncias vinculadas a la operación del Programa son canalizadas a las instancias competentes, en los términos de las disposiciones jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables a cada caso.

La Coordinación Nacional, en apego a los lineamientos y criterios que determine la Secretaría de la Función Pública, desplegarán acciones tendientes a garantizar la atención oportuna y eficiente de las quejas, denuncias, inconformidades, peticiones o sugerencias que presenten las familias beneficiarias y la ciudadanía en general.

Artículo 39. La Coordinación Nacional la participación de los beneficiarios a través de la integración y operación de contralorías sociales, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.

Título TresDe las Responsabilidades

Capítulo Único

Artículo 40. Los servidores públicos responsables de la aplicación de la presente ley deberán cumplir sus actividades observando los principios de respeto a la dignidad humana, imparcialidad, apego a derecho y veracidad.

Artículo 41. El incumplimiento de las disposiciones y los principios de la ley será sancionado, según sea el caso, de acuerdo con lo que establece el Código Penal Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal expedirá el reglamento, lineamientos y demás disposiciones reglamentarias de esta Ley en un plazo no mayor de 180 días naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.— Diputados: Leonor Romero Sevilla, María Beatriz Zavala Peniche, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, José Alfredo Botello Montes, Verónica Sada Pérez, Fernando Bribiesca Sahagún, Rubén Benjamín Félix Hays, Flor de María Pedraza Aguilera, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Carmen Lucía Pérez Camarena, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Gerardo Peña Avilés, Patricia Lugo Barriga, Marcelina Orta Coronado, José Guadalupe García Ramírez, Alberto Díaz Trujillo, Xavier Azuara Zúñiga, Glafiro Salinas Mendiola, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, José Ángel González Serna, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Ricardo Villarreal García, Raúl Paz Alonso,  Esther Quintana Salinas, J. Jesús Oviedo Herrera, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Genaro Carreño Muro, Juan Pablo Adame Alemán , Carlos Alberto García González, Tania Margarita Morgan Navarrete, María Guadalupe Mondragón González, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Consuelo Argüelles Loya, Heberto Neblina Vega, Julio César Lorenzini Rangel, Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Adriana González Carrillo, Alejandra López Noriega, Leslie Pantoja Hernández, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Raquel Jiménez Carrillo, Raudel López López, Mariana Dunyaska García Rojas, Germán Pacheco Díaz, Máximo Othón Zayas, José Guillermo Anaya Llamas, Ricardo Anaya Cortés, Mario Sánchez Ruiz, Alberto Coronado Quintanilla, María Guadalupe Sánchez Santiago, Leticia López Landero, Arturo de la Rosa Escalante, Margarita Licea González, José Angelino Caamal Mena, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Francisca Elena Corrales Corrales, Cristina Olvera Barrios, Luis Antonio González Roldán, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Sonia Rincón Chanona, María Sanjuana Cerda Franco, René Ricardo  Fujiwara Montelongo, José Pilar Moreno Montoya, Alfredo Zamora García, Juan Carlos Muñoz Márquez, Erick Marte Rivera Villanueva, Rafael Acosta Croda, José Arturo Salinas Garza, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Andrés de la Rosa Anaya, José Enrique Reina Lizárraga, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Martha Berenice Álvarez Tovar, María Celia Urciel Castañeda, Adriana González Carrillo, Víctor Serralde Martínez, Alfredo Rivadeneyra Hernández , Eufrosina Cruz Mendoza, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Rosa Elba Pérez Hernández, Purificación Carpinteyro Calderón, Fernando Rodríguez Doval, Raúl Gómez Ramírez, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Damián Zepeda Vidales, Jorge Rosiñol Abreu, Humberto Alonso Morelli, José Isabel Trejo Reyes, Juan Carlos Uribe Padilla, Blanca Jiménez Castillo, José Villalobos Seáñez, Juan Bueno Torio, José Martin López Cisneros, José González Morfín y Karina Labastida Sotelo (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así se hará. Ya con firmas y ya sin error, túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, doña Beatriz Zavala Peniche, ¿con qué objeto? Diputada yucateca. Sonido. Tiene que poner su huella, tiene que dejar su huella.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Señor presidente, para pedirle, por su conducto, a la diputada que acaba de presentar la iniciativa, diputada Leo-nor Romero, que se agregue que es suscrita la iniciativa por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional aquí en la Cámara.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así se hará, siempre y cuando ellos estén de acuerdo. Bueno, pues así se hará.

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el apreciable abogado don Felipe Arturo Camarena, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, señor presidente. El que suscribe, diputado de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, en virtud del cual se pretende reformar el numeral 1 del artículo 44 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de lo siguiente:

El cargo que ostentamos implica diversos derechos y obligaciones; debemos cumplirlos como fieles representantes de la nación, anteponiendo ante todo el bien común sobre cualquier interés personal; debemos recordar que fuimos electos para cumplir con un compromiso con la gente que nos dio su voto, y que desde este Congreso representamos no solo a nuestro distrito o estado, sino a todo el país.

Nuestro trabajo se centra en generar los instrumentos necesarios para propiciar el desarrollo nacional, para ello es indispensable organizarnos temáticamente dentro del Congreso por materia y método.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que tendremos la responsabilidad de formar comisiones, en las que se analizarán, estudiarán y dictaminarán iniciativas de ley o decreto necesarios, en beneficio de los mexicanos. Dicha labor solamente será posible con el compromiso de todos nosotros como legisladores.

Nuestra labor debe ser profesional en todo momento, circunstancia que no siempre se aprecia. En este tenor, el artículo 44 del Reglamento de la Cámara de Diputados determina: Será facultad del presidente que se realicen los avisos necesarios para procurar la presencia de todos los diputados y diputadas integrantes de la Cámara, en la apertura de las sesiones y en las votaciones nominales.

Lamentablemente, lo anterior no siempre sucede así, es de todos conocido que existe una gran coyuntura que dificulta la presencia de todos los legisladores durante las sesiones. No obstante ello, creemos firmemente que debemos cambiar estas prácticas y asumir la responsabilidad que nos ha sido encomendada por el pueblo; por ello proponemos modificar el referido artículo, a fin de que se establezca de manera reglamentaria la permanencia de todos los legisladores durante las sesiones del Congreso.

Debemos asegurar la estadía de los diputados, pues es nuestra obligación, no solo permanecer en la asamblea en el momento de acreditar nuestra asistencia y votación, sino que lo realmente importante es cumplir con nuestro mandato de atender todos los asuntos que se propongan en el salón de plenos durante todas las sesiones, a fin de tener el suficiente conocimiento de los temas a sufragar.

De igual manera, consideramos determinante el respeto a las formas entre legisladores, tanto al momento de expresarnos en tribuna como a los miembros de la Mesa Directiva. Así pues, tenemos el compromiso con nuestros representados, con nuestro país y con nosotros mismos, de que se cambie la imagen errónea que se tiene del Poder Legislativo.

Debemos dignificar el trabajo que realizarnos y olvidarnos de los colores, simple y sencillamente pongámonos a trabajar en bien de México; seamos auténticos representantes de la ciudadanía legislando sus necesidades, demostrando civilidad dentro de esta Cámara y atendiendo todas y cada una de las encomiendas al cargo que nos reclama.

Escuchémonos con respeto y atención a nuestros compañeros en sus exposiciones. Que nuestro voto ante los asuntos presentados sea un voto consciente y razonado. No defraudemos la confianza de los ciudadanos, demostremos que somos capaces de cambiar la visión que se tiene sobre nuestro trabajo.

Por lo expuesto, señor presidente, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto:

Único. Se reforma el numeral 1 del artículo 44 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar de la siguiente manera:

1. Será facultad del presidente que se realicen los avisos necesarios para procurar la presencia y la permanencia de todos los diputados y diputadas integrantes de la Cámara, en la apertura de las sesiones y en las votaciones nominales.

Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 44 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscribe, diputado Felipe Arturo Camarena García, de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto en virtud del cual se pretende reformar el numeral 1 del artículo 44 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El cargo que ostentamos implica diversos derechos y obligaciones, debemos cumplirlos como fieles representantes de la nación, anteponiendo ante todo el bien común, sobre cualquier interés personal.

Debemos recordar que fuimos electos para cumplir con un compromiso con la gente que votó, y que en este honorable Congreso representamos no sólo a nuestro distrito o estado, sino a todo el país.

Nuestro trabajo se centra en generar los instrumentos necesarios para propiciar el desarrollo nacional, para ello es indispensable organizarnos técnicamente dentro del Congreso, por materia y método.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tendremos la responsabilidad de formar comisiones en las que se analizarán, estudiarán y dictaminarán iniciativas de ley o decretos necesarios en beneficio de los mexicanos.

Dicha labor solamente será posible con el compromiso deóntico de todos nosotros como legisladores, nuestra labor debe ser profesional en todo momento, circunstancia que no siempre se aprecia.

En este tenor, el artículo 44 del Reglamento de la Cámara de Diputados determina que:

Artículo 44. Será facultad del presidente que se realicen los avisos necesarios para procurar la presencia de todos los diputados y diputadas integrantes de la Cámara, en la apertura de las sesiones y en las votaciones nominales.

Lamentablemente lo anterior no siempre sucede así, es de todos conocido que existen una gran cantidad de coyunturas que dificultan la presencia de todos los legisladores durante las sesiones.

No obstante ello, creemos firmemente que debemos cambiar estas prácticas, y asumir la responsabilidad que nos ha sido encomendada por el pueblo.

Por ello, proponemos modificar el referido artículo a fin de que se establezca de manera reglamentaria la permanencia de todos los legisladores durante las sesiones del Congreso.

Debemos asegurar la estadía de los diputados, pues es nuestra obligación no sólo permanecer en la asamblea al momento de acreditar asistencia y votación, sino que lo realmente importante es cumplir con nuestro mandato de atender todos los asuntos que se propongan en el salón de plenos durante toda la sesión, a fin de tener el suficiente conocimiento de los temas a sufragar.

De igual manera, consideramos determinante el respeto a las formas entre legisladores tanto al momento de expresarnos en tribuna, como a los miembros de la Mesa Directiva.

Así pues, tenemos el compromiso con nuestros representados, con nuestro país y con nosotros mismos, de que se cambie la imagen errónea que se tiene del Poder Legislativo, debemos dignificar el trabajo que realizamos y olvidarnos de los colores, simple y sencillamente pongamos a trabajar en bien de México.

Seamos auténticos representante de la ciudadanía, legislando sus necesidades, demostrando civilidad dentro de la Cámara, y atendiendo todas y cada una de las encomiendas que el cargo nos reclama.

Hasta la fecha en el pleno de esta Cámara se ha discutido el VI Informe de Gobierno del presidente de la República, se está trabajando en la iniciativa presentada para la reforma laboral, se ha discutido la problemática en materia de seguridad por la que actualmente pasa nuestro país, se han propuesto reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Orgánica del Congreso General, hemos hablado sobre la problemática de la alimentación, y muchos otros temas realmente relevantes para los mexicanos.

Escuchémonos con respeto y atención a nuestros compañeros en sus exposiciones, que nuestro voto ante los asuntos presentados, sea un voto consciente y razonado. No defraudemos la confianza de los ciudadanos, demostremos que somos capaces de cambiar la visión que se tiene sobre nuestro trabajo.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el numeral 1 del artículo 44 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar de la siguiente manera:

1. Será facultad del presidente que se realicen los avisos necesarios para procurar la presencia y permanencia de todos los diputados y diputadas integrantes de la Cámara, en la apertura de las sesiones y en las votaciones nominales.

2. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.— Diputado Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, y creo que es mucho. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Esta Presidencia saluda, además con mucho afecto, a los estudiantes preparatorianos de Tezoyuca, estado de México, invitados por la diputada Erika Funes Velázquez. Sean ustedes bienvenidos jóvenes, a la casa de la representación del pueblo de México.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General de Educación.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos:Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros legisladores, manifiesto ante esta honorable tribuna el problema social que resulta del consumo del alcohol y que ha sido objeto de discusiones tanto en el plano nacional como internacional. Esto ha sido estudiado por autoridades e investigadores profesionales en el campo de la salud.

Actualmente, el consumo de bebidas alcohólicas jurídicamente no se cuestiona, no se condena ni se considera ilegal, como ocurre con las otras drogas psicoactivas, no obstante que el alcohol es una droga potencialmente adictiva y constituye un grave problema de salud pública.

No solo por su consumo está asociado a una de las principales causas de muerte, como son los accidentes automovilísticos, además se le relaciona con crímenes, episodios de violencia, disolución social y desintegración familiar.

Hoy más que nunca, sobre todo en el contexto de la denominada guerra contra las drogas que libra el gobierno federal, el tema del alcohol, principalmente su consumo, venta y regulación, debe ser motivo de preocupación y análisis.

Para la Secretaría de Salud el alcoholismo es un problema de salud pública, que representa la primera causa de muerte entre personas de 15 a 40 años de edad; el titular de esta dependencia considera el consumo inmoderado de bebidas etílicas como un problema mucho más grave, ya que el 12 por ciento de la población general lo padece en algún grado, y de este porcentaje el 5.5 por ciento presenta cuadros que requieren atención médica especializada, de lo contrario, morirían.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones del año 2008, el problema más importante de adicciones en México es el consumo de bebidas alcohólicas, particularmente en jóvenes que están iniciando el consumo a edades muy tempranas. Lamento decir que nuestra juventud, en un alto porcentaje, se está alcoholizando.

Otro ejemplo aleccionador es que el 52 por ciento de los adolescentes en la Ciudad de México consume alcohol de una a dos veces por semana. Lo más dramático es que se trata de estudiantes de 12 años de edad en adelante, que ingieren bebidas embriagantes saliendo de la escuela, principalmente en las secundarias.

El alcohol lo compran en las tienditas, que en realidad son las denominadas chelerías y no establecimientos o expendios de micheladas, que fomentan el alcoholismo infantil. En su gran mayoría, estos lugares que venden alcohol —a menos de 10 metros de distancia de las escuelas— están disfrazados como juguerías, loncherías y misceláneas, siendo otra la realidad, toda vez que estos giros comerciales les venden a los estudiantes las bebidas embriagantes en bolsas disfrazadas de refrescos.

Generalmente el otorgamiento de licencias para el establecimiento de comercios, expendios y demás es competencia municipal y del gobierno del Distrito Federal, a través de los reglamentos para la expedición de licencias para su funcionamiento, o los mandos de policía de buen gobierno de cada ayuntamiento, en el interior de la República.

El detalle estriba en que no todos los municipios del país o todas las delegaciones del Distrito Federal regulan, vigilan o sancionan los establecimientos que venden alcohol a menores.

Varios ordenamientos municipales establecen que los negocios que se dedican a esta actividad deben estar a 200 metros de distancia de las escuelas, lo cual resulta irrisorio, resulta insignificante, aunado a que no todas las autoridades locales cumplen con esta disposición, puesto que se encuentran estos negocios a menor distancia de la debida.

Esta circunstancia es muy grave, por omisión o complicidad se está solapando la venta clandestina de bebidas embriagantes a los jóvenes, con lo cual se potencia el consumo y las adicciones.

Por ello es que propongo establecer en la Ley General de Educación que tanto la Secretaría de Educación Pública federal y las secretarías educativas de los diferentes estados de la República verifiquen que no haya tienditas o expendios que vendan bebidas alcohólicas a no menos de 400 metros de distancia de las escuelas.

En esta tarea se requiere corresponsabilidad entre las autoridades locales y educativas para que se denuncie, verifique y sancione a los establecimientos que no cumplan con la debida distancia y vendan bebidas embriagantes a nuestros jóvenes, solicitando que esta disposición sea considerada en la legislación local y municipal correspondiente.

Es cierto que para atender la problemática del alcoholismo se requieren diversas políticas públicas y programas orientados a la prevención y manejo de estos graves problemas de salud pública. También es cierto que se requiere establecer en la norma mecanismos para evitar la impunidad de establecimientos —termino, señor presidente— que vendan bebidas embriagantes en cualquiera de sus modalidades.

Una vida libre de adicciones permite contar con las oportunidades para desarrollarse a plenitud. De ello depende la salud, la libertad, la vida y la convivencia familiar y social del individuo.

Compañeros legisladores, debemos asumir este problema del alcoholismo con mucha responsabilidad, apoyando fuertemente a nuestros jóvenes. No es fácil, pero sería peor no enfrentarlo; compañeras y compañeros legisladores, cuando las cosas están mal, lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 11 Bis a la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Antonio Hurtado Gallegos y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 Bis a la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La problemática social que resulta del consumo de alcohol ha sido objeto de discusiones en el plano internacional y nacional tanto por autoridades e investigadores, así como por profesionistas en el campo de la salud.

Actualmente el consumo de bebidas alcohólicas, jurídicamente, no se cuestiona, no se condena, ni se considera ilegal, como ocurre con las otras drogas psicoactivas, no obstante que: a) el alcohol es una droga potencialmente adictiva; b) el alcohol, fuera de ser antiséptico externo, no tiene aplicaciones terapéuticas; c) constituye un grave problema de salud pública, no sólo porque su consumo está asociado a una de las principales causas de muerte en la actualidad, los accidentes automovilísticos; sino que además se le relaciona a crímenes, episodios de violencia, disolución social y desintegración familiar.

Hoy más que nunca, sobre todo en el contexto de la denominada guerra contra las drogas que libra el gobierno federal, el tema del alcohol, principalmente su consumo, venta y regulación, debe ser motivo de reflexión y análisis.

Para contextualizar la magnitud de este problema, basta decir que en el 2009 la tasa de mortalidad causada por acciones vinculadas con el consumo de licor en el mundo fue de 20.8 fallecidos por cada 100 mil habitantes. Y de acuerdo con una encuesta realizada en 18 países, México ocupó el lugar 11 en alcoholismo a nivel mundial; el 26.6% de los mexicanos son bebedores de alto riesgo, ya que toman entre 5 y 24 copas en cada ocasión.

Para la Secretaría de Salud, el alcoholismo es un problema de Salud Pública que representa la primera causa de muerte entre personas de 15 a 40 años de edad. El titular de esta dependencia considera el consumo inmoderado de bebidas etílicas como un problema mucho más grave que la influenza A H1N1 (asunto que fue motivo de alarma nacional), ya que 12% de la población general lo padece en algún grado, y de este porcentaje 5.5% presenta cuadros que requieren atención médica especializada, de lo contrario morirá.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, el problema más importante de adicciones en México es el consumo de bebidas alcohólicas, particularmente en jóvenes, que están iniciando el consumo a edades muy tempranas.

Una investigación que realizaron fundaciones sociales, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, y que difundió los resultados la Secretaría de Salud, muestra que 8 de cada 100 niños de primaria, y 26% de los alumnos de secundaria, son consumidores de licor. Se trata de niños de 10,11 y 12 años que en un solo contacto han tomado, por lo menos, cinco copas en un día.

Otro ejemplo aleccionador es que el 52% de los adolescentes en la Ciudad de México consume alcohol de 1 a 3 veces por semana. Lo más dramático es que se trata de estudiantes de 12 años que ingieren licor saliendo de la escuela, principalmente en secundaria; el alcohol lo compran en las tienditas, que en realidad son las denominadas “chelerías”; establecimientos o expendios de “micheladas” que disparan el alcoholismo infantil.

En su gran mayoría estos lugares que venden alcohol a menos de 100 metros de las escuelas, están disfrazadas como “jugarías”, “loncherías” y “misceláneas”, siendo otra la realidad. Además, muchas de éstas no cumplen con la normatividad en desarrollo urbano y protección civil, afectando la calidad de vida de los alumnos y de los propios vecinos aledaños.

Generalmente el otorgamiento de licencias para el establecimiento de comercios, expendios y demás, es competencia municipal, o en el caso del DF delegacional, a través de los reglamentos para la expedición de licencias o los bandos de policía y buen gobierno de cada ayuntamiento.

El detalle estriba en que no todos los municipios del país, o todas las delegaciones del DF, regulan, vigilan o sancionan a los establecimientos que venden alcohol a menores.

Varios ordenamientos municipales establecen que los negocios que se dedican a esta actividad deben estar a 200 metros, lo cual resulta una cantidad muy ínfima, aunado a que no todos los ayuntamientos cumplen con esta disposición, puesto que se encuentran a menor distancia de la debida.

Esta circunstancia es muy grave, por omisión o complicidad se está solapando la venta clandestina de bebidas embriagantes a los jóvenes, con lo cual se potencia el consumo y las adicciones.

Por ello es que propongo establecer en la Ley General de Educación que tanto la Secretaría de Educación Pública Federal y las Secretarías educativas de los diferentes estados verifiquen que no haya “tienditas” o expendios que vendan bebidas alcohólicas a cuando menos 400 metros de las aulas educativas. En esta tarea se requiere corresponsabilidad, para que se sancione a los establecimientos que no cumplen con la debida distancia y vendan bebidas embriagantes.

Es cierto que para atender la problemática de las adicciones y el alcoholismo entre la juventud se requieren diversas políticas públicas y programas orientados a la prevención y manejo de estos graves problemas de salud pública, pero también es cierto que se requieren establecer en la norma mecanismos para evitar la impunidad de establecimientos que venden alcohol.

Una vida libre de adicciones permite contar con las oportunidades para desarrollarse a plenitud, de ello depende la salud, la libertad y la vida del individuo, pero también la convivencia social de éste.

En diciembre de 2006, el gobierno federal lanzó su lucha contra el crimen organizado, y uno de sus objetivos era precisamente la reducción de las adicciones entre la población, sobre todo, entre los jóvenes.

Lejos de claudicar se debe asumir el problema y el reto, ignorarlo con la suposición de que con ello se evitan los costos de su solución, implica abandonar a la sociedad, sobre todo a nuestra juventud.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 11 Bis a la Ley General de Educación

Único.Se adiciona el Artículo 11 Bis a la Ley General de Educación.

Artículo 11. (...)

(...)

Artículo 11 Bis. Las autoridades educativas de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, deberán cerciorarse que a cuando menos 400 metros de los centros educativos no haya establecimientos comerciales que vendan bebidas alcohólicas. En dado caso de que el establecimiento que oferta la bebida etílica no cumpla con los 400 metros, deberán notificarlo a la autoridad correspondiente para que ésta proceda a sancionar al comercio conforme a las disposiciones aplicables.

La asociación de padres de familia de cada escuela de nivel básico, podrá solicitar el apoyo a las autoridades educativas cuando conozca o sospeche que presuntamente haya comercios a menos de 400 metros de las escuelas que venden alcohol, para que éstas actúen conforme al párrafo anterior.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Héctor E. Ayala, Leticia Echeverría, Mark B. Sobell y Linda C. Sobell. “Una Alternativa de intervención breve y temprana para bebedores problema en México”. Acta Comportamentalia,Vol. 6. Núm 1, junio 1998, UNAM. Pp. 71.

2 López Betancourt, Eduardo. “Drogas: su legalización”, Editorial Porrúa, México D.F., 2009, pp. 47.

3 “Alcohólico, uno de cada 7 mexicanos”, El Universal, 26 de septiembre de 2009.

4 Ibídem.

5 “Aumenta el consumo de alcohol en menores de edad”, El Universal, 1 de noviembre de 2008.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.— Diputado José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica).»

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su venia, señor diputado presidente. El bullying en México deja de ser un tabú para ser ley. Presento esta iniciativa a nombre del diputado Manlio Fabio Beltrones, la diputada Amira Gómez Tueme y una servidora.

El bullying es una enfermedad social que se ha convertido en un problema de salud pública; en 2010, la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dio a conocer que dos de cada tres alumnos de sexto de primaria y secundaria han recibido al menos una agresión física de alguno de sus compañeros. Es un fenómeno en ascenso, no se trata de casos aislados.

La especialista de la Facultad de Psicología de la UNAM, Milagros Figueroa Campos, ha revelado que —según sus estudios— el 25 por ciento de los niños que cursan la primaria en México son víctimas del bullying.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha señalado que México está en el primer sitio a escala internacional en el número de casos de acoso escolar a nivel secundaria; el titular de la Dirección General de Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República, Francisco Castillo Alemán, mencionó que uno de cada seis jóvenes víctima de bullying se suicida, según las denuncias que se presentan en la propia Procuraduría. Tan solo en 2009 se quitaron la vida 190 adolescentes.

Las cifran van y vienen, pero poco o nada se hace; el acoso escolar se presenta tanto en escuelas públicas como privadas y puede incidir en un bajo rendimiento académico, reprobación, deserción, fobia escolar, baja autoestima, depresión, ansiedad, miedo, angustia e incluso el suicidio.

El bullying no es una moda, es una realidad que tenemos que enfrentar; el acoso escolar en algunas ocasiones nace en la casa y se manifiesta en la escuela. La carencia de valores es pasto fértil de este problema social; hacer oídos sordos es sumarse a la complicidad del silencio, es suponer que no pasa nada.

El abusador se sirve de la impunidad, y la impunidad ante la violencia genera más violencia. Rompamos con la conspiración del silencio. Pareciera que en México es tabú hablar de violencia escolar; existe, pero nadie se atreve a reconocerlo.

El espíritu de esta ley es prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso escolar. Con esta ley se garantizará un ambiente libre de violencia en las escuelas; la iniciativa de ley define con claridad la violencia o acoso escolar físico, verbal, psicológico, de exclusión social y sexual, así como el tan de boga entre los jóvenes y adolescentes el cyberbullying a través del Internet, redes sociales, mensajes de teléfono celular o video grabaciones.

Para que exista acoso escolar deberá presentar una acción agresiva e intencional en forma reiterada, que exista un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima, y provoque el daño físico, psicológico dentro de la víctima.

Nos hemos vuelto insensibles ante el sufrimiento de otros, ya que el 50.6 por ciento de los padres ignoran que sus hijos son víctimas del bullying; el 67.4 por ciento de los padres se enteran del fenómeno a través de sus hijos y no del profesorado. Es preciso que las escuelas lleven un registro en los expedientes de cada alumno de los reportes levantados por conductas de bullying, que se debe informar de manera inmediata y constante al padre o tutor del alumno.

Es una realidad que en muchos de los casos el camino a la escuela se ha vuelto peligroso; nos vemos a la salida, es la amenaza que se lanza en la escuela y se consume en la calle. Hay que acabar con un ambiente agresivo, bélico, para crear un ambiente libre de intimidación.

En situaciones de indisciplina escolar los implicados serán canalizados a una especialista que los atenderá y apoyará. Sobre aviso no hay engaño, si es reiterada la conducta del agresor se buscará la reubicación del mismo en otra escuela para romper este círculo vicioso.

Tenemos que fomentar el hábito de la denuncia de parte de los alumnos, ya que muchos ven, sufren y callan, debido al miedo a ser constantemente agredidos y no ser atendidos, y el silencio se convierte en el único testigo de su dolor.

La Secretaría de Educación deberá —a partir de esta reforma— generar en las escuelas actividades de capacitación y orientación al personal docente y de apoyo para la prevención y atención del acoso, violencia escolar, y la aplicación de medidas disciplinarias.

Es urgente conocer la magnitud del problema para erradicarlo. No más cifras maquilladas, sino reales. Debemos de afrontar un problema que lastima y duele en el seno de la familia. Ya basta de una escuela sin ley, donde predomina la ley del más fuerte.

El bullying duele por fuera y por dentro, deja cicatrices en el cuerpo y deja su marca en el alma de los niños.

Éste es un problema real que no está sacado de historietas o novelas; combatir el acoso escolar nos atañe a todos los legisladores; luchar contra el bullying es una responsabilidad de todos: padres de familia, alumnos, maestros, gobierno y sociedad en general. Hagamos nuestra tarea que nos corresponde hacer.

Solicito, señor presidente diputado, se trasfiera íntegramente el contenido de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Rocío Corona Nakamura, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 76 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa de ley que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación en materia de prevención y control de la violencia y el acoso escolar; para lo cual expreso la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o., refiere que todo individuo tiene derecho a recibir educación y, la que imparta el estado, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano.

Por su parte, la Declaración de principios del Partido Revolucionario Institucional reconoce la aspiración de todos los mexicanos de alcanzar oportunidades de vida digna y educación de calidad para todos, y textualmente señala que, como priistas, “Queremos un estado que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o. constitucional, refrende a la educación pública de calidad con suficiente cobertura en todos sus niveles, como el medio más importante para contrarrestar la desigualdad social”.

El dispositivo programático de la Constitución y el mensaje político de nuestra declaración de principios, son coincidentes en la necesidad de formar hombres y mujeres capaces de alcanzar –a través de la educación– su desarrollo pleno; y se percibe el ejercicio educativo como vía eficiente para contrarrestar la desigualdad social y proporcionar oportunidades de vida digna para las y los mexicanos.

Sin embargo, se ha venido presentando un fenómeno que, por su cada vez mayor incidencia, y por el daño que ocasiona en sus víctimas, se visualiza como un serio obstáculo para el proceso educativo de niñas, niños y adolescentes del país.

El bullying es la denominación que se le ha dado al abuso y maltrato que sufren los niños y jóvenes escolares de parte de sus compañeros de escuela.

Aunque existen datos imprecisos sobre el fenómeno de la violencia, el maltrato en las aulas existe, y así lo confirma el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que encuestó a poco más de 39 mil estudiantes y encontró que 17 de cada100 alumnos de escuela primaria y 14 de cada 100 estudiantes de escuela secundaria, son lastimados físicamente por sus compañeros durante el periodo escolar.

Es un fenómeno en ascenso; no se trata de casos aislados. La especialista de la Facultad de Psicología de la UNAM, Milagros Figueroa Campos, ha revelado que según sus estudios el 25 por ciento de los niños que cursan la primaria en México son víctimas del bullying.

Ahora bien, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) México está en el primer sitio a escala internacional en el número de casos de acoso escolar (“bullying”) en nivel secundaria. Un documento que obra en la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de esta Cámara de Diputados, destaca que sólo Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y el Distrito Federal, cuentan con una ley específica para evitar la violencia escolar. En las entidades donde no se ha legislado el tema, las leyes en materia educativa plasman de manera general el compromiso de otorgar una educación libre de violencia y fomentar la cultura de la paz. Este estudio denominado El bullying o acoso escolar refiere que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 11 por ciento de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero. En tanto que en el nivel de secundaria ese porcentaje alcanza a poco más de siete por ciento, mientras que el porcentaje de estudiantes de sexto grado de primaria que declaran haber sido víctimas de robo en su escuela es de 40.24 por ciento.

Los porcentajes de escolares que han sido insultados o amenazados en centros educativos asciende a 25.35 por ciento; el de golpeados, 16.72 por ciento, y de quienes han vivido algún episodio de violencia, 44.47 por ciento. Se precisa que la edad más frecuente en la que se presentan actitudes violentas de los niños, según las estadísticas, es entre los siete y 14 años.

En el texto se resaltan declaraciones del titular de la Dirección General de Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República (PGR), Francisco Castillo Alemán, quien mencionó que uno de cada seis jóvenes víctimas de bullying se suicida. El funcionario de la PGR también destacó que la violencia de ese tipo la ejercen 8.8 por ciento de los niños en escuelas primarias y 5.6 por ciento en secundarias. Refirió que el acoso escolar se presenta tanto en escuelas públicas como privadas de educación básica y su práctica puede incidir en un bajo rendimiento académico, reprobación e incluso deserción, además de que este comportamiento se expande.

El maltrato que los abusadores infieren a sus compañeros es de forma y gravedad variable. Se trata de humillaciones que incluyen agresiones físicas, verbales, sicológicas, exclusión social y hasta acoso electrónico, y va desde poner apodos, insultar, golpear, injuriar, excluir, ridiculizar, esconder cosas, rechazar, ignorar, robar, amenazar, romper sus cosas, tocamientos erotizados, insultos sexuales, amenazas con arma de fuego, y otros hostigamientos.

Ese abuso permanente, agresivo, intencional y sin motivo, provoca en los niños, niñas y jóvenes víctimas, daños que pueden llegar a ser irreversibles. El bullying llega a ocasionar daños físicos como hematomas o fracturas; y daño psicológico como fobia escolar, baja autoestima, depresión, ansiedad, miedo, angustia e incluso el suicidio.

Este es un problema real de las niñas, niños y adolescentes mexicanos; no está sacado de historietas o novelas. Combatir el acoso escolar nos atañe como legisladores. Luchar contra el bullying es una responsabilidad de todos: padres, alumnos, maestros, gobierno y sociedad.

La carencia de valores es pasto fértil para problemas sociales, como el bullying, que revela las consecuencias de una niñez y juventud que ya están formando parte de una generación de la violencia.

Hacer oídos sordos es sumarse a la complicidad del silencio. Es suponer que “ no pasa nada”. El abusador se sirve de la impunidad, y la impunidad ante la violencia genera más violencia. Por ello es importante que rompamos con esa conspiración del silencio; reconozcamos que muchos niños y jóvenes sufren maltrato en la escuela; en su camino a la escuela y de regreso a casa. Pareciera que en México es tabú hablar de violencia escolar: existe, pero los profesores no se atreven a platicarlo.

Este paquete de reformas y adiciones a la Ley General de Educación propone que las autoridades educativas del país, federales y locales, se coordinen para garantizar la seguridad y convivencia escolar así como para prevenir y controlar la violencia y el acoso escolar.

Se les impone a los padres de familia la obligación de promover desde el hogar la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar y participar en las actividades programadas para prevenir y controlar esta calamidad social.

En cada escuela pública de educación básica, a través del Consejo Escolar de Participación Social (integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, ex alumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela), se propondrán medidas para la divulgación de la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar, así como para prevenir y controlar la violencia y el acoso escolar, y deberán gestionará ante el ayuntamiento que corresponda el apoyo necesario para garantizar la seguridad y convivencia de los alumnos fuera de las escuelas y la participación de las autoridades municipales en las actividades para la prevención y control de este problema.

Se propone la adición de una sección especial de la ley, denominada De la seguridad y convivencia escolar, en donde se fija que la “protección de los alumnos contra la violencia y el acoso escolar es condición para una formación escolar equitativa”. Es decir, con bullying no hay equidad en la educación y se ataca la dignidad de los jóvenes.

Se trata de que en los espacios de educación públicos y privados se fomente la cultura de convivencia, respeto y tolerancia entre los integrantes de la comunidad educativa, y se adopten medidas para garantizar la seguridad en los centros educativos del país.

Por ello, se establece de manera imperativa que es obligación de las autoridades educativas salvaguardar la integridad física y psicológica de los educandos dentro de los planteles educativos. Y se propone que los directores y maestros se auxilien de las autoridades municipales y estatales para garantizar la seguridad de los educandos en los alrededores de los planteles educativos.

Se propone el concepto legal de bullying como la violencia o acoso escolar, el hostigamiento e intimidación entre estudiantes, y que se puede presentar como violencia física (empujones, golpes o lesiones), verbal (insultos y menosprecio que se realice por un estudiante a otro, de manera pública o privada), psicológica (persecución, intimidación, sometimiento, chantaje, manipulación o amenazas, incluidas las gesticulaciones y obscenidades mediante señas, miradas o expresiones corporales), social (el estudiante víctima es excluido y aislado de la convivencia escolar), sexual (comentarios de índole sexual, ya sea de forma verbal o escrita, miradas o señas que denoten obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual), y acoso cibernético(por medios electrónicos como Internet, páginas web, redes sociales, blogs, correo electrónico, mensajes de teléfono celular o videograbaciones).

Entre las medidas que se proponen en este ejercicio legislativo, está la obligación de la autoridad educativa de derivar hacia un especialista los casos de violencia y acoso escolar que se presenten en un centro educativo; cuando por el tipo o la gravedad del hecho constitutivo de violencia escolar no se logre armonizar la relación entre el generador del acoso y la víctima, se buscará trasladar al primero a otro centro escolar; y cuando el presunto acosador realice actos tipificados como delito, se procederá conforme a las leyes en materia de menores infractores o penales, según sea el caso.

Es preciso que las escuelas lleven un registro en los expedientes de cada alumno de los reportes levantados por conductas de bullying. De esos reportes se debe informar de manera inmediata y constante al padre o tutor del alumno que corresponda.

Se propone que las escuelas informen cada seis meses a las autoridades educativas respecto a los incidentes de acoso y violencia escolar, para el efecto de que exista una estadística que arroje la incidencia, los avances o retrocesos en relación con el tema.

El bullying duele por fuera y por dentro. Deja cicatrices en el cuerpo y deja su marca en el alma de los niños.

Un joven español de 14 años, Jokin Zeberio, después de sufrir un proceso de acoso y violencia escolar por años, se suicidó arrojándose en su bicicleta desde una muralla. Sus últimas palabras escritas fueron:

“Libre, Libre. Mis ojos seguirán aunque paren mis pies”.

Ocho compañeros de Jokin fueron suspendidos temporalmente de la escuela.

Pamela Pizarro, joven chilena de 13 años se ahorcó después de recibir una golpiza por parte de algunas de sus compañeras. El mismo día en que se velaba a Pamela apareció en Internet la frase “Menos mal que te decidiste a hacerlo tú, porque si no lo hacíamos nosotras”.

No se trata de someter a castigo o venganza a los generadores de la violencia escolar –ellos también son niños o jóvenes, y también son víctimas de una sociedad violenta– sino crear los medios para integrarlos a la comunidad escolar y lograr su proceso educativo y de socialización en armonía con los demás.

Es una realidad que en muchos de los casos el camino a la escuela se ha vuelto peligroso. “Nos vemos a la salida” es la amenaza que se lanza en la escuela y se consuma en la calle.

Hay que acabar con un ambiente agresivo, bélico, para crear un ambiente libre de intimidación.

Debemos afrontar un problema que lastima y duele en el seno de la familia. Ya basta de una escuela sin ley donde predomina la ley del más fuerte.

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de

Decreto que adiciona los artículos 14, fracción XIII, 66 fracción VI, 69 inciso ñ), 70 inciso m), capítulo III, sección 1, denominada Disposiciones generales y sección 2 denominada De la seguridad y convivencia escolar, ésta última de los artículos 36 A a la 36 W y 75 fracción XVI de la Ley General de Educación

Único. Se adicionan los artículos 14, fracción XIII, 66 fracción VI, 69 inciso ñ), 70 inciso m), capítulo III, sección 1, denominada Disposiciones generales y sección 2 denominada De la seguridad y convivencia escolar, ésta última de los artículos 36 A a la 36 W, y 75 fracción XVII de la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 14.Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

De la I. a la XI.

XII. Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares;

XIII. Garantizar la seguridad y convivencia escolar así como prevenir y controlar la violencia y el acoso escolar; y

XIV. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 66. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

De la I. a la III.

IV. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que las citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios;

V. Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, las irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico, que ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en los educandos; y

VI. Promover desde el hogar la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar y participar en las actividades programadas para prevenir y controlar la violencia y el acoso escolar.

Artículo 69

La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, ex alumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

Este consejo:

Del a) al m)

n) Respaldará las labores cotidianas de la escuela,

ñ) Propondrá medidas para la divulgación de la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar, así como para prevenir y controlar la violencia y el acoso escolar, y

o) En general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela.

Artículo 70

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local:

Del a) al k)

l) Procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública;

m) El apoyo para garantizar la seguridad y convivencia de los alumnos fuera de las escuelas y su participación en las actividades para la prevención y control de la violencia y el acoso escolar, y

n) En general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

Capítulo IIIDe la equidad en la educación

Sección 1Disposiciones Generales

Del artículo 32 al artículo 36

Sección 2. De la seguridad y convivencia escolar

Artículo 36 A. La protección de los alumnos contra la violencia y el acoso escolar es condición para una formación escolar equitativa.

Artículo 36 B. Las autoridades educativas, consejos técnicos y padres de familia, en su respectiva área de competencia, promoverán la cultura de convivencia, respeto y tolerancia entre los integrantes de la comunidad educativa, y adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el centro educativo de que se trate.

Artículo 36 C. Es obligación de las autoridades educativas salvaguardar la integridad física y psicológica de los educandos dentro de los planteles educativos. Cuando sea necesario, los directores y maestros podrán solicitar a las autoridades municipales y estatales competentes en materia de seguridad pública, tomen las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los educandos en los alrededores de los planteles educativos.

Artículo 36 D. Los centros escolares estarán obligados a guardar reserva sobre la información de que se disponga acerca de las circunstancias personales y familiares del alumno o de cualquier integrante de la comunidad escolar, particularmente aquella que pudiera dar ocasión a la burla o escarnio.

Artículo 36 E. Cualquier persona deberá comunicar a la autoridad competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos para cualquier integrante de la comunidad escolar.

Artículo 36 F. Cuando no se respeten los derechos de algún miembro de la comunidad escolar, la autoridad educativa adoptará las medidas que procedan, conforme a lo dispuesto en los reglamentos vigentes.

Artículo 36 G. Cualquier integrante de la comunidad escolar tiene derecho a que se le procure una debida armonización en caso de conflicto generado en el ambiente educativo.

Artículo 36 H. Cuando se detecten conductas de indisciplina escolar que se consideren anómalas o extraordinarias en razón de las circunstancias del alumno, se le deberá procurar atención por especialistas de la salud, del sector público o privado.

Artículo 36 I. Las autoridades educativas deberán emitir las reglas de conducta dirigidas a crear una cultura de convivencia en la comunidad escolar, las cuales estarán dotadas de un carácter educativo, socializador y recuperador con el fin de inculcar el respeto como componente básico de las relaciones entre todos los miembros de la comunidad escolar, estableciendo la metodología y estrategias de atención a través de las cuales se harán cumplir dichas normas, a efecto de evitar prácticas que generen violencia en las instituciones escolares.

Cada centro educativo emitirá su reglamento interno en base a las reglas de conducta dictadas por la autoridad educativa correspondiente.

Artículo 36 J. Todos los integrantes de la comunidad escolar, deben colaborar y acatar las reglas de conducta vigentes en su centro escolar y participar en actividades que fomenten los valores de convivencia, respeto y tolerancia.

Artículo 36 K. Las autoridades educativas tomarán las medidas pertinentes para la difusión de las reglas de conducta que al efecto emita, para garantizar su conocimiento y cumplimiento por parte de toda la comunidad educativa.

Artículo 36 L. Al aplicarse medidas disciplinarias para preservar la seguridad y convivencia escolar, deberá tomarse en cuenta lo siguiente:

I. Las correcciones se aplicarán conforme a lo establecido en los reglamentos vigentes;

II. Las medidas disciplinarias serán proporcionales a la conducta que se le atribuya al alumno;

III. Las circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, así como la reincidencia en el actuar de éste si la hubiere, y

IV. Cuando un alumno incurra en indisciplina escolar, el hecho deberá hacerse del conocimiento del padre o tutor, así como la medida correctiva que vaya a aplicarse.

Artículo 36 M. Las medidas disciplinarias emitidas por las autoridades educativas serán aplicables cuando la indisciplina escolar se cometa en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Mientras los educandos permanezcan dentro de la institución educativa, de autobuses escolares o transporte alquilado por el centro educativo correspondiente;

II. Mientras participen en actividades escolares, y

III. Estando fuera del centro educativo en actividades extraescolares.

Artículo 36 N. Los integrantes de la comunidad escolar deberán colaborar para crear y mantener un ambiente de convivencia armónica y aprendizaje libre de amenazas y violencia, e informarán a sus maestros o directores sobre cualquier acto de indisciplina de que tengan conocimiento.

Artículo 36 Ñ. Cuando se presenten situaciones de conflicto escolar, la dirección del centro de que se trate intervendrá para proteger la integridad física y mental de los alumnos, procurará armonizar la relación entre ellos y, en su caso, derivará a los involucrados a un especialista, para solucionar el conflicto.

Artículo 36 O. La violencia y el acoso escolar serán considerados como indisciplinas, sobre las cuales las autoridades educativas deben dictar las medidas necesarias para su prevención y control, sin menoscabo de la aplicación de otras disposiciones legales.

Artículo 36 P. Es violencia o acoso escolar, el hostigamiento e intimidación entre estudiantes, y se puede presentar de las siguientes formas:

I. Físico: empujones, golpes o lesiones;

II. Verbal: insultos y menosprecio que se realice por un estudiante a otro, de manera pública o privada;

III. Psicológico: persecución, intimidación, sometimiento, chantaje, manipulación o amenazas, incluidas las gesticulaciones y obscenidades mediante señas, miradas o expresiones corporales;

IV. Exclusión social: el estudiante víctima es notoriamente excluido y aislado de la convivencia escolar;

V. Sexual: podrá manifestarse mediante comentarios de índole sexual, ya sea de forma verbal o escrita, miradas o señas que denoten obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual, y

VI. Cibernético: por medios electrónicos como Internet, páginas web, redes sociales, blogs, correo electrónico, mensajes de teléfono celular o videograbaciones.

Artículo 36 Q. Para que exista acoso o violencia escolar se requiere que se presente alguna de las siguientes condiciones:

I. Se trate de una acción agresiva e intencional;

II. Se produzca en forma reiterada, entendiéndose la agresión dada en dos o más ocasiones por un mismo victimario aunque se trate de distintas víctimas; para el caso del acoso previsto en las fracciones V y VI del artículo que antecede, así como cuando se trate del maltrato físico manifestado mediante golpes o lesiones, bastará con que se presenten una sola vez para que se tenga como presumible el acoso;

III. Exista desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima, aun siendo estudiantes ambos, a causa de condiciones físicas, psicológicas o emocionales de la víctima, y

IV. Provoque en la víctima daño emocional, psicológico o físico.

Artículo 36 R. La autoridad educativa tiene la obligación de derivar hacia un especialista los casos de violencia y acoso escolar que se presenten en un centro educativo.

Cuando por el tipo o la gravedad del hecho constitutivo de violencia escolar no se logre armonizar la relación entre el generador del acoso y la víctima, se buscará trasladar al primero a otro centro escolar.

Independientemente de las medidas señaladas en los párrafos anteriores, cuando el presunto acosador realice actos tipificados como delito, se procederá conforme a las leyes en materia de menores infractores o penales, según sea el caso.

Artículo 36 S. La autoridad escolar tiene la obligación de aplicar las medidas disciplinarias correspondientes cuando sea manifiesta o comprobada una conducta considerada como acoso o violencia escolar en los términos de esta ley.

Artículo 36 T. Cuando lo solicite el padre o tutor de la víctima de acoso o violencia escolar y un especialista así lo recomiende, podrá trasladarse a dicho alumno a otra institución educativa, para efecto de que pueda desarrollarse en un ambiente escolar adecuado.

En cualquier caso que amerite el traslado de un alumno a diverso centro escolar, tal circunstancia deberá ser previamente notificada tanto al alumno como al padre o tutor. Al preparar la reinscripción del alumno en diverso plantel escolar, se procurará tomar las medidas necesarias para evitar que éste pierda el ciclo escolar.

Artículo 36 U. Las escuelas deberán generar actividades de capacitación u orientación al personal docente y de apoyo, para la prevención y atención del acoso y la violencia escolar.

Artículo 36 V. Las escuelas deben registrar en el expediente de cada alumno los reportes levantados por conductas especificadas en esta sección.

De los reportes señalados en el párrafo anterior deberá enterarse de forma inmediata y constante al padre o tutor del alumno que corresponda.

Artículo 36 W. Las escuelas deberán presentar un informe semestral a las autoridades educativas respecto a los incidentes de acoso y violencia escolar, a efecto de que exista una estadística que arroje la incidencia, los avances o retrocesos en relación con el tema.

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

De la I. a la XIV.

XV. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

XVI. Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos, y

XVII. Incumplir las disposiciones de prevención y control de la violencia y el acoso escolar que deriven de la aplicación de la presente ley.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor a los treinta días de publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y del Distrito Federal deberán adecuar sus disposiciones normativas en materia de prevención y control de la violencia y el acoso escolar a más tardar un año después de la entrada en vigor de la ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.— Diputados: Rocío Corona Nakamura, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Amira Griselda Gómez Tueme, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Luis Miguel Ramírez Romero (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada, así se hará. Se inserta la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su dictamen.

ARTICULO 127 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Buenos días compañeras, compañeros diputados, las actuales circunstancias económicas que vive nuestro país nos obliga a una revisión constante del marco normativo del desempeño de la función pública y con ello evitar el abuso del poder en la asignación de remuneraciones, procurar la transparencia en el ejercicio de la gestión gubernamental, la conservación del equilibrio y equidad presupuestal de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno, incluidos los organismos autónomos, toda vez que su regulación es piedra angular en un estado de derecho.

En ese sentido, resulta oportuno instrumentar los organismos jurídicos necesarios que permitan establecer los lineamientos sobre los cuales deberá basarse la determinación de la remuneración atribuida al servidor público, la cual deberá establecerse tomando en consideración las responsabilidades y las funciones que realice por el ejercicio del empleo, cargo o comisión.

La presente iniciativa tiene como propósito primordial el destacar que debe prevalecer un principio de proporcionalidad y que por norma lógica las remuneraciones que reciban los servidores públicos por su desempeño debe responder a criterios del grado de responsabilidad y nivel jerárquico; de tal forma que en ningún caso a un funcionario público podrá corresponder una remuneración igual o mayor que la del superior jerárquico.

Igualmente, con la presente iniciativa se propone que el texto de la Constitución sea congruente en todas sus partes, no debe contradecirse entre sí y todas sus disposiciones deben complementarse y adecuarse; por ello se plantea que sea coincidente en lo precisamente señalado en la fracción II del propio artículo 127 constitucional, que señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República.

Por lo que de igual manera se plantea que en los estados de la federación ningún presidente municipal o funcionario de la administración pública de un gobierno estatal o municipal pueda obtener una mayor remuneración por su encargo que el gobernador estatal en turno.

En realidad, el establecimiento de un tope máximo en los sueldos es indispensable, debido a que existe una desproporción entre los salarios de los altos funcionarios del Estado mexicano y la situación de la economía nacional, pues en numerosas dependencias federales estatales, pero particularmente en alcaldías municipales, el sueldo es adicionado con otras percepciones, que se deciden con absoluta discrecionalidad.

Por ejemplo, recientemente la asociación civil Iniciativa Sinaloa, presentó los resultados del estudio denominado Sueldo, de los 18 alcaldes de Sinaloa, de la opacidad a la falta de regulación; resultados que indignan al ciudadano y que por supuesto también nos ponen, como legisladores, en una situación de alerta para tratar de impulsar propuestas de ley que ayuden a regular los sueldos de nuestros funcionarios y que éstos sean confiables y transparentes.

Cita el estudio que existen alcaldes que perciben mayores emolumentos que el propio gobernador de Sinaloa. Cabe hacer mención —por citar uno— a Baridaguato, municipio de Sinaloa, está entre los municipios más marginados de este país y su alcalde gana alrededor de 113 mil pesos y el gobernador 83 mil.

Sin duda la dignificación de la función pública atraviesa por la revisión de sueldos adecuados y transparentes, que no sean aumentados a través de apariencias administrativas, las cuales se convierten en canonjías y privilegios.

Para establecer la base de una política de sueldos de carácter nacional es preciso modificar nuestra Constitución, esto como la única vía para lograr que estados y municipios acaten un tope máximo de percepciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo único. Se adiciona un segundo y un tercer párrafo a la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 127...

I y II...

En el caso de los estados o el Distrito Federal, ningún servidor público podrá recibir una remuneración igual o mayor que la del gobernador o jefe de gobierno, según se trate.

Para el caso de las remuneraciones de los presidentes municipales o titulares de los órganos políticos administrativos a que se refiere el artículo 122 de esta Constitución, en ningún caso la remuneración podrá ser igual o mayor a la del titular del Ejecutivo de la entidad federativa que corresponda.

Es cuanto, señor presidente. Le solicito se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Gracias por la atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN

Martín Alonso Heredia Lizárraga, diputado federal por Sinaloa e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y I del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a la consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las circunstancias económicas actuales que vive el país nos obligan a una revisión constante del marco normativo del desempeño de la función pública y, con ello, evitar el abuso del poder en la asignación de remuneraciones, procurar la transparencia en el ejercicio de la gestión gubernamental, la conservación del equilibrio y equidad presupuestal de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno y los organismos autónomos, toda vez que su regulación es piedra angular en un estado de derecho.

Resulta oportuno instaurar los instrumentos jurídicos necesarios que permitan establecer los lineamientos sobre los cuales deberá basarse la determinación de la remuneración atribuida al servidor público, la cual deberá considerar las responsabilidades y las funciones que realice por el ejercicio del empleo, cargo o comisión. No obstante, es bien conocida por la sociedad mexicana la existencia de sueldos excesivos y escandalosos de muchos servidores públicos federales, estatales y municipales. Incluso, en comparaciones internacionales con los países más ricos del mundo, México se encuentra entre los que mejor pagan a quienes desempeñan altos cargos en el Estado.

La presente iniciativa tiene como propósito primordial destacar que debe prevalecer un principio de proporcionalidad y que por norma lógica las remuneraciones que reciban los servidores públicos por su desempeño debe responder a criterios del grado de responsabilidad y nivel jerárquico, de tal forma que en ningún caso a un funcionario público podrá corresponder una remuneración igual o mayor que la del superior jerárquico.

Igualmente, con la presente iniciativa se propone que el texto de la Constitución sea congruente en todas sus partes, no debe contradecirse entre sí y todas sus disposiciones deben complementarse y adecuarse. Por ello se plantea que sea coincidente en lo señalado en la fracción II del propio artículo 127 constitucional, respecto a que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor que la establecida para el presidente de la República.

Por ello, de igual manera se plantea que en los estados de la federación ningún presidente municipal o funcionario de la administración pública de un gobierno estatal o municipal pueda obtener por el encargo una remuneración mayor que la del gobernador en turno.

En realidad, el establecimiento de un tope máximo en los sueldos es indispensable debido a que hay una desproporción entre los salarios de los altos funcionarios del Estado mexicano y la situación de la economía nacional, pues en numerosas dependencias federales o estatales y, particularmente, en alcaldías municipales el sueldo es adicionado con otras percepciones que también se deciden con absoluta discrecionalidad.

Por ejemplo, recientemente la Asociación Civil Iniciativa Sinaloa presentó los resultados del estudio Sueldo de los 18 alcaldes de Sinaloa: de la opacidad a la falta de regulación, los cuales indignan al ciudadano y, por supuesto, también nos ponen como legisladores en una situación de alerta para tratar de impulsar propuestas de ley que ayuden a regular los sueldos de los funcionarios y que sean confiables y transparentes.

Cita el estudio que ciertos alcaldes perciben mayores emolumentos que el propio gobernador de Sinaloa. Cabe mencionar que Badiraguato está entre los municipios más marginados del país, y su alcalde gana cerca de 113 mil pesos al mes.

Sin duda, la dignificación de la función pública atraviesa por la revisión de sueldos adecuados y transparentes, que no sean aumentados a través de apariencias administrativas, las cuales se convierten en canonjías y privilegios.

Para establecer la base de una política de sueldos de carácter nacional es preciso modificar la Constitución, como única vía para lograr que estados y municipios acaten un tope máximo de percepciones.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos a la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se adicionan un segundo y tercer párrafos a la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 127. ...

...

I. y II. ...

En el caso de los estados o el Distrito Federal, ningún servidor público podrá recibir una remuneración igual o mayor que la del gobernador o jefe del gobierno, según se trate.

Para el caso de las remuneraciones de los presidentes municipales o titulares de los órganos político-administrativos a que se refiere el artículo 122 de esta Constitución, en ningún caso la remuneración podrá ser igual o mayor que la del titular del Ejecutivo de la entidad federativa que corresponda.

III. a VI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2013.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 2 de octubre de 2012.— Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Así se hará. La iniciativa será insertada íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud.

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, este mes de octubre se conmemora el Día Mundial del Cáncer, con el fin de sensibilizar a la población general acerca de la importancia que esta enfermedad tiene en el mundo.

En el marco de esta conmemoración y teniendo como referencia la dramática estadística, que nos muestra que cada dos horas una mujer muere producto de esta enfermedad, es que presento ante ustedes esta iniciativa.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos, en algún lugar del mundo, se diagnostica esta terrible enfermedad; según esta organización, el cáncer de mama ocupa el primer lugar entre los cinco tipos de cáncer más comunes. El segundo igual de lamentable es el cáncer cervicouterino.

El cáncer de mama representa una pesada carga de muertes prematuras, ya que 60 por ciento de las mujeres que mueren tienen entre 30 años y 59 años de edad.

Revisémoslo muy bien, compañeras y compañeros, ¿ya se dieron cuenta que mínimamente el 90 por ciento de estas mujeres que mueren son madres de familia?

Se estima que aquellas que padecen esta enfermedad pierden 21 años potenciales de vida debido a que el promedio de edad en que mueren es de 57 años, mientras que la esperanza de vida en una mujer sana es de 78 años de edad.

El diagnóstico temprano del cáncer de mama permite su curación en un 98 por ciento; sin embargo, en México el 80 por ciento de los casos se diagnostican en una etapa avanzada, con probabilidades de curación de solo el lamentable 35 por ciento, con el inherente impacto familiar, social y económico por la muerte del 65 por ciento de estas pacientes.

Un estudio hecho a 256 mujeres mexicanas con diagnóstico de cáncer de mama, reveló que el 90 por ciento de los casos fueron ellas mismas quienes identificaron su padecimiento y solo el 10 por ciento se diagnosticó en la etapa uno; el mismo estudio también mostró que solo el 30 por ciento de las mujeres se practicó la autoexploración e incluso que en un porcentaje menor lo hicieron de manera adecuada.

Lamentablemente será casi imposible reducir la mortalidad por este mal, si nosotros no adoptamos medidas legislativas que contemplen el diseño e implementación de programas permanentes y obligatorios a la prevención, detección oportuna y atención, no solo del cáncer de mama, sino también del cervicouterino.

En lo que se refiere al cáncer cervicouterino, quiero que sepan que cada año 500 mil casos se diagnostican en el mundo; la población femenina de Latinoamérica es considerada como de alto riesgo para desarrollar este tipo de enfermedad, cada año se reportan 68 mil casos nuevos y las tasas más altas corresponden a Chile y a nuestro país, México.

En México el cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte por neoplasias en mujeres mayores de 25 años. De acuerdo con los datos del Colegio Mexicano de Especialidades en Ginecología, cada dos horas una mujer fallece en México a causa del cáncer en el cuello uterino.

En estos momentos, compañeras y compañeros diputados, puede estar muriendo una mujer por esta terrible enfermedad, que es prevenible y es curable si se detecta a tiempo.

Recientemente se anunció la cobertura universal y la incorporación de la vacuna contra el virus del papiloma humano a la Cartilla Nacional de Vacunación. De acuerdo con la Secretaría de Salud, independientemente de esta vacunación, las mujeres tienen que realizarse un estudio de papanicolaou, pues con esta vacuna, 8 de cada 10 cánceres se evitarán, pero dos no.

El hecho de que el cáncer de mama y el cervicouterino sean los causantes del mayor número de muertes en total entre las mujeres mexicanas, hacen imperante considerarlos parte de los servicios de salud ofrecidos por este sector, pues actualmente las materias de salubridad general contenidas en la Ley General de Salud no establece a la salud sexual y reproductiva, y en consecuencia, tampoco a la prevención, detección y atención al cáncer de mama y al cervicouterino; razón por la que a través de la presente iniciativa proponemos incluirla.

Lo anterior nos permitirá elevar a categoría de ley los programas de detección temprana de cáncer de mama y cervicouterino existentes, así como que éstos se ejecuten de manera permanente u obligatoria y no solo de forma temporal o emergente, éste es un asunto que requiere de la voluntad y el esfuerzo de todos.

Los sistemas sociales, la familia, los sectores de salud, educación, el económico y por supuesto, nosotros, las y los legisladores, debemos aplicarnos en la labor de atenuar el impacto y las consecuencias que estos males generan a las mujeres y en la sociedad.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud.

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

Fracción V Bis. La salud sexual y reproductiva, en particular la prevención, detección oportuna y atención de cáncer de mama y cervicouterino.

Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores. Solicito atentamente se incorpore el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Francisca Elena Corrales Corrales, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción V Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud, al tenor de la la siguiente

Exposición de Motivos

En octubre a nivel internacional se celebra el mes de la lucha contra el cáncer de mama y se intensifica la implantación de programas para su detección temprana y oportuna, por lo que, en el marco de esta conmemoración y teniendo como referencia la dramática estadística que muestra que cada dos horas muere una mujer víctima de cáncer de mama, se presenta esta iniciativa.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos, en algún lugar del mundo, se diagnostica un caso de cáncer de mama. Según esta organización, el cáncer de mama ocupa el primer lugar entre los cinco tipos de cánceres más comunes que causan la muerte a mujeres en el mundo. El segundo es el cáncer cervicouterino.

En México, el Consejo Nacional de Población aceptó que el cáncer de mama y cervicouterino son las principales causas de muerte de las mujeres mexicanas en la actualidad.

Como causa de muerte, el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino muestran una clara distribución geográfica diferenciada: el primero, se presenta primordialmente en el centro y norte del país, mientras que el cáncer cervicouterino afecta mayormente en los estados del sur y sureste de México.

La distribución de la mortalidad por estado también sugiere que el cáncer de mama ha crecido y afecta a todos los estratos sociales. Es la segunda causa de muerte más común entre mujeres de 30 a 59 años de edad en 11 de los 32 estados de la República. Esta lista incluye a la Ciudad de México, que representa alrededor de 20 por ciento de la población.

El cáncer de mama representa una pesada carga de muertes prematuras, ya que 60 por ciento de las mujeres que muere tiene entre 30 y 59 años de edad. También existe cierta evidencia de que la edad promedio de inicio de la enfermedad es menor en los países en desarrollo que en los más desarrollados. Muchas de estas muertes prematuras pueden evitarse con un diagnostico oportuno y un tratamiento adecuado.

Se estima que aquellas que padecen esta enfermedad pierden 21 años potenciales de vida, debido a que el promedio de edad en que mueren por este mal es de 57 años, mientras que la esperanza de vida de una mujer sana es de 78 años.

El diagnóstico temprano del cáncer de mama permite su curación en 98 por ciento de los casos. Sin embargo, en México el 80 por ciento de los casos de cáncer de mama se diagnostican en una etapa avanzada, lo que provoca cientos de muertes cada año en el país, razón por la que en los últimos años su incidencia ha aumentado de forma considerable.

Por otra parte, en nuestro país, lamentablemente, también incide el bajo nivel cultural de la población, la falta de información, la falta de recursos técnicos para efectuar la detección oportuna con mastografía a las mujeres en riesgo y por ello el cáncer de mama se diagnostica más frecuentemente en fases avanzadas (Etapas III y IV) con probabilidades de curación de sólo 35 por ciento, con el inherente impacto familiar, social y económico por la muerte del 65 por ciento de las pacientes. Es importante señalar que 60 por ciento de las pacientes con etapas III son mujeres menores de 50 años y 68 por ciento pre o perimenopáusicas, con mediana de 47 años, lo que sugiere que en las mujeres más jóvenes no se hace el diagnóstico con la oportunidad debida y que se debe de modificar el criterio de detección en ellas.

Los datos de acceso y utilización de servicios de salud para el cáncer de mama en México son escasos, situación que también se aplica a los demás países latinoamericanos. Los datos existentes indican una falta de acceso a los servicios de salud, y en especial a la cobertura con mamografía de tamizaje. Un estudio de 256 mujeres mexicanas con diagnóstico de cáncer de mama reveló que, en 90 por ciento de los casos, fueron ellas mismas las que identificaron su padecimiento y sólo 10 por ciento se diagnosticó en etapa I. El mismo estudio también mostró que sólo 30 por ciento de las mujeres se practicó la autoexploración e incluso, que un porcentaje todavía menor lo hizo de manera adecuada.

De acuerdo con la OMS, el cáncer podría disminuir casi en una tercera parte del total de casos, si la detección y el tratamiento fueran oportunos.

A este respecto la Fundación del Cáncer de Mama (Fucam) ha señalado que en México hay 15.4 millones de mujeres mayores de 35 años, es decir, en riesgo de enfermar de cáncer de mama. Si consideramos que 40 por ciento de la población tiene derecho a instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, etcétera) y que 5 por ciento de la población pertenece a clases socioeconómicas que cuentan con seguros de gastos médicos o tienen potencial económico para hacerse su mastografía en los hospitales y clínicas privadas, entonces veremos que tan sólo en el Distrito Federal hay 800 mil mujeres mayores de 35 años que no tienen acceso a efectuarse un estudio para identificar el cáncer de mama.

Es por ello trascendental incrementar anualmente la cobertura para detectar el cáncer de mama. Para poder disminuir la mortalidad por este mal resulta necesario tener una adherencia anual al programa de detección lo más alto posible y su continuidad por un período mayor a 5 años.

Lamentablemente, lo anterior no podrá ser posible si nuestro país no adopta medidas legislativas que contemplen el diseño e implantación de programas permanentes y obligatorias de prevención, detección oportuna y atención no sólo del cáncer de mama, sino también del cervicouterino.

En lo que se refiere al cáncer cervicouterino, cada año 500 mil casos nuevos son diagnosticados en todo el mundo. En el año 2001, el 11.7 por ciento de todas las neoplasias en las mujeres correspondieron a este tipo de cáncer, y se reportaron 369 mil 500 casos nuevos en países en vías de desarrollo, a diferencia de los países desarrollados en los cuales 96 mil 100 casos fueron diagnosticados en el mismo año.

La población femenina originaria de Latinoamérica es considerada como de alto riesgo para desarrollar cáncer cervicouterino. Cada año se reportan 68mil casos nuevos. Estudios comparativos de las tasas de mortalidad por esta patología, señalan que tasas más altas corresponden a Chile y a México.

En nuestro país el cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte por neoplasias en mujeres mayores de 25 años. El Sistema Nacional de Salud mexicano brinda atención médica aproximadamente a 9 mil casos de cáncer cervicouterino invasor y se registran 4 mil muertes anualmente.

Sin embargo, este tipo de cáncer es absolutamente prevenible y su tratamiento es relativamente fácil, cuando el diagnóstico es oportuno. Sabemos que es de etiología infecciosa, pero desde la perspectiva de la salud pública, estamos conscientes de que los programas de control no han funcionado como se esperaba. La experiencia de países desarrollados ha permitido demostrar que la mejor opción para disminuir la mortalidad por cáncer cervicouterino es la detección y el tratamiento oportuno de lesiones precursoras y lesiones malignas por medio de programas de detección oportuna.

El cáncer de mama y cervicouterino constituyen una grave amenaza para la salud de las mujeres y el bienestar de las familias, así como para los sistemas de salud y la sociedad en su conjunto. Esto es particularmente evidente en los países de ingresos medios en los que la transición epidemiológica y demográfica han progresado en forma notable. En México, más de 50 años en la mortalidad sustentan esta conclusión.

En este sentido, la Unión Internacional Contra el Cáncer ha hecho un llamado a la comunidad internacional, a las organizaciones gubernamentales internacionales, a la comunidad internacional de donantes, agencias de desarrollo, organizaciones profesionales, al sector privado y a toda la sociedad civil para que tomen, de inmediato, medidas para retrasar y por último, revertir, el incremento de las muertes ocasionadas por cáncer, comprometiéndose a alcanzar los objetivos definidos para el 2020, con acciones prioritarias, que incluyen una política sanitaria y acciones de prevención y diagnostico precoz del cáncer, en las que se incluye presionar a los gobiernos para que pongan en práctica las políticas necesarias para ello.

El hecho de que el cáncer de mama y el cervicouterino, sean los causantes del mayor número de muertes en total entre las mujeres mexicanas, hacen imperante considerarlos parte de los servicios de salud ofrecidos en el marco de la salud sexual y reproductiva de la mujer.

Sobre este particular, es de hacer mención que la Ley General de Salud, Reglamentaria del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

• El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

• La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

• La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

• La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

• El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

• El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

• El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

Asimismo, la Ley General en mención define las materias objeto de la salubridad general, entre las que se encuentran la salud visual, la salud auditiva, la salud mental y la salud ocupacional. No obstante, este precepto legal es omiso respecto a la salud sexual y reproductiva y, en consecuencia, sobre la prevención, detección y atención al cáncer de mama y cervicouterino, razón por la que a través de la presente iniciativa proponemos incorporarla.

Esta incorporación nos permitirá elevar a categoría de ley los programas de detección temprana de cáncer de mama y cervicouterino y que éstos se ejecuten de manera permanente y obligatoria y que no sólo sean implantados de forma temporal o emergente.

La presente propuesta tiene como visión: Mujeres saludables sin cáncer. Como misión: Guiar y apoyar las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino y de mama para salvar vidas. Y como meta final: Disminuir la mortalidad del cáncer de mama y cuello uterino mediante enfoques de salud pública.

Resulta de vital importancia involucrar a todos, incluyendo a los hombres, en la detección temprana y en el combate al cáncer de mama y al cervicouterino. Los sistemas sociales, la familia, los sectores de salud, educación, el económico y por supuesto nosotros, las y los legisladores debemos aplicarnos en la tarea de atenuar el impacto que estos tipos de cáncer pudiera tener a corto y largo plazo. A la vez debemos enfrentar esta gran tarea con la seguridad de que los avances que se pueden lograr en su combate, tendrán beneficios en la lucha para alcanzar niveles de salud significativos, un trato más digno y servicios de salud de mayor calidad, sistemas de salud más eficaces y más equidad de género a nivel de la sociedad en su conjunto.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción V Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud

Único. Se adiciona la fracción V Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a V. ...

V Bis. La salud sexual y reproductiva, en particular, la prevención, detección oportuna y atención de cáncer de mama y cervicouterino.

VI. a XXVIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 2 de octubre de 2012.— Diputados: Francisca Elena Corrales Corrales, Heriberto Galindo Quiñones, Raúl Santos Galván Villanueva, Sergio Torres Félix, Alfonso Inzunza Montoya, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara, Fernando Bribiesca Sahagún, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Tanya Rellstab Carreto, Merilyn Gómez Pozos, Celia Isabel Ruíz de León, Lizbeth Loy Gamboa Song, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Luis Armando Córdova Díaz, Fernando Bribiesca Sahagún, María de Jesús Huerta Rea, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Landy Margarita Berzunza Novelo, Blanca Jiménez Castillo, Abraham Montes Alvarado, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Flor Ayala Robles Linares, Leonor Romero Sevilla, Elvia María Pérez Escalante, Minerva Castillo Rodríguez, María Sanjuana Cerda Franco, María Concepción Navarrete Vital, Alma Marina Vitela Rodríguez, Petra Barrera Barrera, Diana Karina Velázquez Ramírez, Lucila Garfias Gutiérrez, Sonia Rincón Chanona, María Guadalupe Velázquez Díaz, María Esther Garza Moreno, María Carmen López Segura, Laura Guadalupe Vargas Vargas, María Angélica del Carmen García de la Cadena Romero, María Angélica Magaña Zepeda, María del Rocío García Olmedo, Mayra Karina Robles Aguirre, Sonia Catalina Mercado Gallegos, María Elia Cabañas Aparicio, Adriana Hernández Iñiguez, Regina Vázquez Saut, Ana Isabel Allende Cano, Rosalba Gualito Castañeda, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Silvia Márquez Velasco, Miriam Cárdenas Cantú, Esther Angélica Martínez Cárdenas, María Rebeca Terán Guevara, Marcelina Orta Coronado, Rosalba de la Cruz Requena, Verónica Beatriz Juárez Piña, María del Carmen Ordaz Martínez, Josefina Salinas Pérez, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, J. Pilar Moreno Montoya, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, María del Carmen Martínez Santillán, Mario Alberto Dávila Delgado, José Alfredo Botello Montes, Francisco Javier Fernández Clamont, Irazema González Martínez Olivares, José Angelino Caamal Mena, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Verónica Carreón Cervantes, María Guadalupe Sánchez Santiago, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Alejandra López Noriega, Leslie Pantoja Hernández, Emilse Miranda Munive, Dulce María Muñiz Martínez, Martha Edith Vital Vera, Harvey Gutiérrez Álvarez, René Ricardo Fujiwara Montelongo, Zita Beatriz Pazzi Maza, Tania Margarita Morgan Navarrete, Alma Jeanny Arroyo Ruíz, José Noel Pérez de Alba,  Marina Garay Cabada, Adolfo Bonilla Gómez, Julio César Flemate Ramírez, Ruth Zavaleta Salgado, David Pérez Tejada Padilla, Leticia Calderón Ramírez, Erika Yolanda Funes Velázquez, Faustino Félix Chávez, María Fernanda Schroeder Verdugo, Raquel Jiménez Cerrillo, Erick Marte Rivera Villanueva, Gabriel Gómez Michel, Roberto Ruíz Moronatti, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, Rubén Benjamín Félix Hays, Blanca Estela Gómez Carmona, Cristina González Cruz, Sue Ellen Bernal Bolnik, Irma Elizondo Ramírez, Delvim Fabiola Barcenas Nieves, Maria del Rocio Corona Nakamura, Rosalba de la Cruz Requena, Amalia Dolores García Medina, Graciela Saldaña Fraire, Rosa Elba Pérez Hernández, Rubén Acosta Montoya, Carla Alicia Padilla Ramos, Antonio Cuéllar Steffan, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Víctor Hugo Velasco Orozco, Gabriela Medrano Galindo, Laura Ximena Martel Cantú, Mónica García de la Fuente, Felipe Arturo Camarena García, Francisco González Vargas, José Antonio Rojo García de Alba, Salvador Barajas del Toro, Claudia Delgadillo González, Patricia Elena Retamoza Vega, Leobardo Alcalá Padilla, Abel Octavio Salgado Peña, Ernesto Núñez Aguilar, Arturo Escobar y Vega, Carlos Octavio Castellanos Mijares, Areli Madrid Tovilla, Consuelo Argüelles Loya, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Benjamin Castillo Valdez, Ossiel Omar Niaves López, José Enrique Reina Lizárraga, Julio César Lorenzini Rangel, José Martín López Cisneros, Lilia Aguilar Gil, Adriana Fuentes Téllez, Luis Alfredo Murguía Lardizabal, Héctor García García, Marco Antonio González Valdez, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Miguel Ángel Aguayo López, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Rodimiro Barrera Estrada, Raymundo King de la Rosa, Flor de María Pedraza Aguilera, José Ignacio Duarte Murillo, Kamel Athie Flores, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Angélica Rocío Melchor Vásquez,  Juana Bonilla Jaime, Alliet Mariana Bautista Bravo, Roxana Luna Porquillo, Marcelo Garza Ruvalcaba, Damián Zepeda Vidales, Mario Sánchez Ruiz, Eufrosina Cruz Mendoza, Verónica Sada Pérez, Oscar Bautista Villegas, Enrique Alejandro Flores Flores, Humberto Armando Prieto Herrera, Salomón Juan Marcos Issa, Esther Quintana Salinas,  María Teresa Jiménez Esquivel, María Leticia Mendoza Curiel, Rafael González Resendiz, María de la Paloma Villaseñor Vargas, Karina Labastida Sotelo, Luis Miguel Ramírez Romero, José Arturo Salinas Garza, Maricela Velázquez Sánchez, Luis Antonio González Roldán, Joaquina Navarrete Contreras, Patricia Lugo Barriga, Josefina García Hernández, Luis Olvera Correa, Luis Gómez Gómez, Salvador Ortiz García, Fernando Belaunzarán Méndez, Mariana Dunyaska García Rojas, Alfredo Zamora García, Roy Argel Gómez Olguín, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, María Guadalupe Mondragón González, Javier Salinas Narváez, Ramón Montalvo Hernández, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Arturo Cruz Ramírez, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Gloria Bautista Cuevas, Crystal Tovar Aragón, Noé Barrueta Barón, Juan Manuel Carbajal Hernández, Glafiro Salinas Mendiola, Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, Rafael Acosta Croda, Joaquín Caballero Rosiñol, Germán Pacheco Díaz, Mauricio Sahui Rivero, Marco Alonso Vela Reyes, Raúl Paz Alonzo, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Eduardo Roman Quian Alcocer, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Teresita de Jesús Borges Pasos, Juan Manuel Fócil Pérez, Roberto López González, Rodrigo González Barrios, Jorge Federico de la Vega Membrillo, Verónica García Reyes, Carlos Augusto Morales López, Jorge Salgado Parra, Israel Moreno Rivera, Fernando Cuéllar Reyes, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Karen Quiroga Anguiano, Margarita Elena Tapia Fonllem, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Trinidad Secundino Morales Vargas, José Antonio León Mendívil, José Arturo López Cándido, José Humberto Vega Vázquez, José Francisco Coronato Rodríguez, Martha Lucía Mícher Camarena, Gerardo Villanueva Albarrán, Eva Diego Cruz, Mario Rafael Méndez Martínez, Pedro Porras Pérez, Guillermo Sánchez Torres, Alfa Eliana González Magallanes, Rosendo Serrano Toledo, Vicario Portillo Martínez, Agustín Miguel Alonso Raya, Purificación Carpinteyro Calderón, Mario Miguel Carrillo Huerta, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Zuleyma Huidobro González, Juan Luis Martínez Martínez, José Luis Valle Magaña, José Antonio Hurtado Gallegos, Juan Ignacio Samperio Montaño, Luisa María Alcalde Luján, Carlos de Jesús Alejandro, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Domitilo Posadas Hernández, Martí Batres Guadarrama, Gisela Raquel Mota Ocampo, Teresa de Jesús Mojica Morga, Cecilia González Gómez, Marco Antonio Barba Mariscal, Jorge Herrera Delgado, Martha Berenice Álvarez Tovar, José Luis Esquivel Zalpa, Antonio García Conejo, Silvano Aureoles Conejo, Julisa Mejía Guardado, Hugo Jarquín, María del Socorro Ceseñas Chapa, Uriel Flores Aguayo, José Luis Muñoz Soria, Jorge Rosiñol Abreu, María Celia Urciel Castañeda, Blanca María Villaseñor Gudiño, Socorro de la Luz Quintana León, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Así se hará, diputada Corrales. Se inserta la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates.

Voy a pedir que se abra el sonido en la curul en que se encuentra la diputada Adriana González Carrillo.

La diputada Adriana González Carrillo(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Primero que nada quiero felicitar a la diputada Corrales por esta iniciativa, y pedirle si nos permite a las diputadas Luci Pérez, Beatriz Zavala, Marisa Ortiz y una servidora, Adriana González, poder suscribir su iniciativa.

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Con mucho gusto, diputada. Bienvenidas y muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Veo que hay también algunas otras diputadas y diputados que lo quieren hacer; la iniciativa quedará aquí, en manos de la Secretaría, para que todos quienes quieran suscribirla puedan hacerlo en estos momentos. Muchas gracias, diputada Corrales. Aquí estará la iniciativa para que todos los que deseen suscribirla lo puedan hacer. Se turna a la Comisión de Salud, para su dictamen.

PRODUCTORES DE TOMATE Y JITOMATE

El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día, tiene la palabra el diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía utilice los medios legales a su alcance, para defender a los productores mexicanos de tomate. Tiene la palabra el diputado Pelayo Covarrubias.

El diputado Francisco Pelayo Covarrubias:Muchas gracias, presidente, con su permiso. Estimados compañeros diputados, estimadas compañeras diputadas, el tomate es sin duda la hortaliza más consumida en el mundo y gracias a la cual México ha desarrollado la industria hortícola, lo que ha consolidado a nuestro país como el líder en la producción de este fruto, del cual tenemos la capacidad para abastecer el mercado interno, así como para exportar a otras partes del mundo.

El tomate mexicano se mantiene como una industria competitiva a nivel mundial, no solo gracias a la amplia diversidad de climas de las regiones— lo que nos permite cosechar todo el año—, sino también a las tecnologías empleadas, a la modernización del riego, al uso de invernaderos y malla sombras, lo que ha colocado a nuestro país como el principal productor de tomate del mundo.

Según las cifras del Consejo Nacional del Sistema Producto Tomate, México ocupa el primer lugar de exportación de tomate a nivel mundial, con dos millones de toneladas e ingresos superiores a los 12 mil 700 millones de pesos anuales, además este cultivo genera más de mil 600 empleos directos e indirectos, contribuyendo así a la economía formal y con la generación cada vez de más fuentes de trabajo.

A pesar de que hoy en día las empresas comercializadoras de Estados Unidos de América exigen certificaciones rigurosas y estrictas de inocuidad a nuestro tomate, México cumple muy por arriba de las normas que exigen las autoridades de los Estados Unidos de América e incluso son ellos quienes hacen las inspecciones a los ranchos, a los empaques, a los invernaderos de nuestros productores mexicanos.

Pese a las exigencias de los mercados internacionales, México es actualmente el principal exportador de tomate del mundo, desplazando a Holanda, nación que durante los últimos años se había consolidado como líder de esta actividad.

Estados Unidos de América es el principal importador de tomate fresco y el 85 por ciento de sus importaciones es de producto mexicano, debido a que el consumidor estadounidense prefiere nuestro tomate por su empaque, por su sabor, por su frescura y simple y llanamente porque el tomate mexicano es el mejor de todo el mundo.

El panorama de México. El panorama del tomate en el comercio exterior es complejo, sobre todo cuando se enfrenta a momentos coyunturales y políticos, como el actual, en donde los productores de tomate de Florida buscan aplicar un arancel al producto mexicano por acusaciones de dumping, que incluso irá en perjuicio de los consumidores americanos, ya que actualmente el arancel es de cero para exportar, al amparo del Tratado Libre Comercio, y de no respetarse se generaría un ambiente de incertidumbre en el precio, pues la comunidad norteamericana tendrá que pagar hasta tres veces más por cada kilo de tomate.

En días pasados, el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América decidió anticipadamente poner fin a un pacto de comercio de tomate que tiene México con él desde hace 16 años, decisión que se vislumbra con fines meramente políticos, ya que para que haya un impuesto al tomate mexicano deben estar de acuerdo el 85 por ciento de los productores norteamericanos, según la Ley del Departamento de Comercio, y hasta el momento, menos del 50 por ciento de esos productores están de acuerdo, pero la presión sigue siendo por los productores de Florida, principalmente, ya que es con ellos con los que compite de manera directa el tomate mexicano, lo cual es muy lamentable, ya que se está impulsando una medida proteccionista, eliminando con ello un pacto comercial.

En caso de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América falle a favor de los productores de Florida, habrá un desabasto y un aumento en el precio de tomate en la Unión Americana. Sin embargo, los productores estadounidenses siguen presionando para que se aplique un arancel al tomate mexicano por el orden del 16.5 por ciento, lo que dejaría a nuestros productores en un desventaja comercial y afectaría, sin duda, las relaciones comerciales con el vecino país. Además, dejaría de generar empleos para miles de conciudadanos jornaleros agrícolas que viven únicamente de esta actividad.

Por lo anterior, el gobierno de nuestro país debe presentar argumentos en contra de la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de América, impulsada por consideraciones electorales más que comerciales y no de política pública; por lo que demandamos que de manera inmediata se establezcan acciones en defensa de nuestros productores de tomate y adopten el compromiso de seguir respetando los acuerdos internacionales de comercio exterior.

De no ser así, que la Secretaría de Economía tome medidas de restricción para limitar la entrada a productos del campo estadounidenses que también afectan, por cierto, a nuestro mercado interno y a nuestros productores.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Se exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Economía, a usar los medios legales a su alcance para defender a los productores mexicanos de tomate y renegociar los acuerdos comerciales para exportar tomate a Estados Unidos de América.

Asimismo, pedimos en carácter de urgente, al titular de la Secretaría de Economía y la Sagarpa, se reúnan con todas las organizaciones de productores, los sistemas producto nacionales y los gobiernos de los principales estados productores de tomate, a fin de encontrar mecanismos viables para resolver esta verdadera problemática. Es cuanto, señor presidente.

Le pido se inserte, por favor, el texto de punto de acuerdo, de manera íntegra, en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a utilizar por la Secretaría de Economía los medios legales a su alcance para defender a los productores mexicanos de tomate y renegociar los acuerdos comerciales a fin de exportarlo a Estados Unidos de América, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta Poder Ejecutivo federal a revisar y, en su caso, a tomar medidas legales a su alcance en defensa de los exportadores de tomate al tenor de las siguientes

Consideraciones

El jitomate es sin duda la principal hortaliza gracias a la cual México ha desarrollado la industria hortofrutícola, tanto para abastecer al mercado interno como para exportar a Estados Unidos. El jitomate mexicano se mantiene como una industria competitiva en el plano mundial, debido en parte a la amplia diversidad de climas y a las tecnologías empleadas; diversos factores nos han colocado como un país potencialmente productivo, donde es posible obtener una amplia gama de productos en diferentes épocas del año.

Según las cifras del Consejo Nacional del Sistema Producto Tomate, México ocupa el primer lugar mundial de exportación de tomate, con 2 millones de toneladas e ingresos de 12 mil 700 millones de pesos anuales. Además, el cultivo genera un millón 600 mil empleos directos e indirectos.

Pese a que hoy las empresas y las comercializadoras de Estados Unidos están solicitando ciertas pruebas de que el producto les brinda seguridad a sus clientes, México cumple los requisitos fijados en las normas y certificaciones, lo que demuestra que en la producción de tomate se llevan las mejores prácticas a fin de cuidar en todo momento la cadena de producción y la integridad del producto.

La exportación anual de jitomate registró un crecimiento promedio cercano a 10 por ciento. En 2009 se cultivaron 53 mil hectáreas, donde se obtuvo una producción de 2.3 millones de toneladas, de las cuales 50 por ciento se destinó al mercado de exportación. El jitomate es la hortaliza que genera la mayor cantidad de divisas al país, con un promedio de mil 200 millones de dólares anuales.

Pese a las exigencias de los mercados internacionales, principalmente Estados Unidos, México es actualmente el primer exportador de tomates del mundo en 2011. Desplazó al segundo lugar a Holanda, nación que durante los últimos años se había consolidado como líder en la actividad. Y es que el año pasado, las ventas externas mexicanas de la hortaliza sumaron 2 mil 38 millones de dólares, mientras que las de Holanda llegaron a mil 461 millones.

Estados Unidos de América es el principal importador mundial de tomate, con más de 1.2 millones de toneladas de tomate fresco al año, y prácticamente la totalidad de sus importaciones las realiza de México, en una proporción aproximada de 85 por ciento, lo cual ha ido creciendo, en alrededor de 14 por ciento anual. Se observa que este fenómeno de crecimiento se debe a que los consumidores prefieren los alimentos naturales, ricos en fibra y de gran calidad, características que reúne el jitomate mexicano.

En los primeros cinco meses de 2012, las exportaciones de tomate mexicano sumaron 963.7 millones de dólares, que lo consolidan como el producto agropecuario de mayor desplazamiento en el extranjero. Ello implicó enviar 768 mil 225 toneladas al otro lado las fronteras, de los cuales, 99.8 por ciento tuvieron como destino Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Economía, únicamente se exportó el tomate mexicano a ocho países; Estados Unidos fue el destino natural: allá se envió 96.8 por ciento del volumen de exportaciones.

El panorama del comercio exterior del tomate es complejo, sobre todo cuando enfrenta momentos coyunturales como el actual, cuando los productores de tomate de Florida buscan aplicar un arancel al producto mexicano por acusaciones de dumping.

El Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos de América tiene la finalidad impulsar la apertura comercial como eje de una política económica. Uno de los objetivos de la estrategia es mejorar la productividad interna y, de esa manera, incrementar el volumen actual de exportaciones. Sin embargo, ante la diversidad de actividades que integran la economía mexicana, se esperan distintos efectos derivados de esta política. En el sector agropecuario, gracias a esas medidas, México ha sido un importante exportador y presenta niveles adecuados de competitividad internacional.

En México, el jitomate y sus derivados son por volumen y valor la principal hortaliza de exportación y el sostén básico de la estructura productiva y comercial de este subsector. Sin embargo, el jitomate está entre los productos de exportación sujetos a “ventanas estacionales”, y por un cierto periodo en el que los productores podrían exportarlo libremente, cubriendo parte de la demanda que los productores estadunidenses, por factores climáticos, no serían capaces de satisfacer

En días pasados, el Departamento de Comercio de EU decidió preliminarmente poner fin a un pacto de comercio de tomate que tiene con México desde hace 16 años. La determinación se vislumbra con fines meramente políticos, pues para que haya un impuesto al jitomate mexicano debe estar de acuerdo 85 por ciento de los productores estadounidenses, según la Ley del Departamento de Comercio, y hasta el momento menos de 50 por ciento están a favor, pero la presión sigue siendo por los productores de Florida principalmente, pues con ellos el jitomate mexicano compite de manera directa.

En el caso de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos falle a favor de los productores de Florida, habrá desabasto y aumento en el precio del jitomate en la Unión Americana. Sin embargo, los productores estadounidenses presionan para que se aplique un arancel al jitomate mexicano.

Esta decisión, además, perjudicaría las relaciones comerciales con Estados Unidos, nuestro socio en el Tratado de Libre Comercio, pues el comercio de jitomates con él está valorado en más de mil 800 millones de dólares, con lo que, además de las pérdidas que esto representaría para los productores, se perjudica la competitividad mexicana de la industria.

Por lo anterior, el gobierno del país debe presentar argumentos contra la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en particular sobre el 85 por ciento de apoyo de la producción nacional necesario para terminar con el acuerdo de suspensión, así como reiterar los beneficios que éste otorga.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Economía a usar los medios legales a su alcance para defender a los productores mexicanos de tomate y renegociar los acuerdos comerciales para exportar jitomate a Estados Unidos.

Notas:

1 Estudio de mercado Promercado,2009.

2 Sagarpa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.— Diputados: Francisco Pelayo Covarrubias, José Isabel Trejo Reyes, Consuelo Argüelles Loya, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Luis Miguel Ramírez Romero, Alfredo Zamora García (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Así se hará, diputado Pelayo. Queda inserta íntegra.

A ver, antes de seguir con el trámite, si pueden abrir el sonido de la curul en que se encuentra la diputada Mícher Camarena.

LEY GENERAL DE SALUD

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señor presidente. Las compañeras diputadas del PRD y los compañeros, queremos suscribir la iniciativa que anteriormente presentó la diputada del PRI, Francisca Elena Corrales, y por un error no levantamos la mano a tiempo y lo queremos hacer para apoyar también este tipo de iniciativas tan importantes.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Es justamente la que están firmando las diputadas y diputados, y bueno, queda registrada su intervención de que también será suscrita por las diputadas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática.

A ver si podemos hacer una lista nueva y pasarla, no sé, para agilizar este trámite, que pudieran ir personal de la Secretaría de Servicios Parlamentarios también a las curules a recoger las firmas y pudiéramos seguir en orden con nuestra sesión, nos ayudaría mucho.

PRODUCTORES DE TOMATE Y JITOMATE

El Presidente diputado José González Morfín: Para continuar con nuestra sesión y para los efectos del artículo 100 del Reglamento, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto planteado por el diputado Pelayo Covarrubias se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión. Informo a la asamblea que se han inscrito para participar en el debate el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, el diputado José Humberto Vega Vázquez, el diputado José Soto Martínez, el diputado Héctor Narcia Álvarez, el diputado José Antonio León Mendívil, el diputado Gerardo Peña Avilés y el diputado Heriberto Galindo.

En consecuencia, tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso del presidente. Compañeros y compañeras legisladores, en Nueva Alianza estamos comprometidos; el movimiento del comercio justo ha constituido en los últimos 25 años una posibilidad real de desarrollo y de vida digna para miles de productores y sus comunidades, quienes no tenían otra alternativa que la migración, la explotación y la marginación; sin embargo, la crisis financiera en los últimos años ha puesto y seguirá poniendo a prueba los esfuerzos liberadores de las décadas pasadas.

La trascendencia del cultivo del tomate, en el contexto económico del país, reside en su importante aportación de divisas y en la generación de empleos en todas y cada una de las fases de la cadena agroalimentaria.

El comercio del tomate es de la mayor importancia para la relación comercial bilateral México-Estados Unidos de América, entre otras cosas porque México es el principal proveedor de tomate de los Estados Unidos de América; uno de cada dos tomates que se consumen en ese país proviene de México. Tan solo el año pasado nuestras exportaciones a Estados Unidos de América representó dos mil millones de dólares. Asimismo, este intercambio comercial genera alrededor de 350 mil empleos en nuestro país.

Esto generará perjuicios importantes en el desarrollo regional en diversos estados de la República mexicana, siendo el principal productor mi estado, el estado de Sinaloa cuya producción representó el 35 por ciento del total nacional, monto 3.8 veces mayor al producido por el segundo lugar.

Por otra parte, no debemos perder de vista que diversos cultivos fueron dañados por sequías y heladas que azotaron diversos estados, entre ellos Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California Sur, Veracruz, Durango y Zacatecas, situación que dejó pérdidas económicas por más de 50 mil millones de pesos, con las respectivas consecuencias en el empleo y calidad de vida.

Nuevamente el fantasma del proteccionismo aparece como una forma de defensa a los efectos de la crisis y si bien el recuerdo de la gran depresión está presente, no está claro que las lecciones lo estén; las medidas proteccionistas tomadas a partir del estallido de la crisis han superado a las liberadoras en una proporción de tres a uno, identificando un nuevo tipo de proteccionismo a través de medidas discriminatorias para la inversión, subsidios a la exportación, rescate discriminatorio, subsidios al empleo, entre otros.

El embajador de México en Washington deploró la decisión preliminar del Departamento de Comercio de Estados Unidos de América contra las exportaciones de jitomate fresco, debido a la queja de agricultores del estado de Florida sobre un presunto comercio injusto por parte de sus competidores mexicanos.

En este caso, restringir las importaciones puede parecer un buen modo de apoyar a un sector económico, pero desequilibra la economía, en perjuicio de otros sectores a los que no se debería penalizar, en específico a más de 350 mil personas que participan en todas y cada una de las fases de la cadena agroalimentaria.

En Nueva Alianza estamos convencidos sobre la importancia de una reacción pronta, para que en el lapso que dure la controversia por la limitación unilateral en el rechazo del tomate mexicano, la Secretaría de Economía imponga las restricciones comerciales a productos de la Unión Americana que correspondan.

Termino.

Apoyar a los productores nacionales en el comercio internacional implica fortalecer nuestra economía; por tal motivo, estamos a favor de este punto de acuerdo, en donde la solución de las diferencias está en que el gobierno de los Estados Unidos de América se centre en las normas de los acuerdos comerciales. Por su atención, gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Me piden —y con mucho gusto lo hago— informar a la asamblea que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, los diputados y las diputadas también se han sumado a la iniciativa que presentó la diputada Corrales.

Tiene ahora el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados y compañeras diputadas, el Departamento del Comercio del país del norte, a petición de los agricultores de Florida, preliminarmente puso fin a un acuerdo de comercio al tomate mexicano, que estuvo vigente durante 16 años y que en noviembre de este año debería ratificarse, como se hizo en el 2002 y 2008.

Por más de una década el precio del tomate mexicano en Estados Unidos de América fue de 21 centavos de dólar por libra y nunca fue sujeto a investigación antidumping. Este acuerdo sin duda es violatorio, porque se comenta —y está establecido— que debiera estar establecida para que ésta se suspenda por el 85 por ciento de los agricultores americanos, y solamente lo hicieron el 50 por ciento. Según esto es por las estimaciones del gobierno mexicano.

Uno de cada dos tomates que se consumen en Estados Unidos de América es mexicano; eso lo deben pensar muy bien, porque va a desequilibrar el mercado norteamericano y también nosotros debemos tomar medidas, y es lo que estamos exhortando.

Afecta a varios estados de manera muy importante, como lo es Sinaloa, como lo es Durango, como lo es Zacatecas, porque ahí es donde se concentra la mayor producción. Es un producto en donde nosotros basamos nuestra exportación agrícola a los Estados Unidos de América; por eso la determinación de este acuerdo afecta muchísimo y es por la cantidad aproximadamente de 1 millón 900 mil dólares donde vamos a sufrir y sobre todo los 350 mil trabajadores que viven de ello. Es un gran golpe para la agricultura mexicana.

Este impacto se ha visto ya otras veces, no nada más ahora con el tomate. El gran problema son las barreras no arancelarias, desde hace muchos años lo hicieron con el limón, lo hicieron con la naranja, también lo hicieron con el atún, hace algunos días lo hicieron con el mango y ahora lo hacen con el tomate; por eso es importante, compañeros diputados, que pongamos especial atención en este punto.

Nosotros, los del Partido del Trabajo, solicitamos que este exhorto no solo se debe limitar a la Secretaría de Economía, sino también solicitamos que se involucre la Secretaría de Relaciones Exteriores haciendo un frente común en defensa de la agricultura mexicana, pues en esas circunstancias solamente podremos salir adelante y lograr defender algo muy importante, que es la agricultura de nuestro país; por eso el grupo parlamentario apoya sin reservas el exhorto en comento. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Soto Martínez: Con su permiso, diputado presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados, la relación de México con Estados Unidos de América es profundamente compleja, en reiterados momentos de la historia esa relación ha sido particularmente difícil, llegando a manifestaciones que han merecido una postura enérgica del gobierno de México.

En lo que respecta al planteamiento central del punto de acuerdo presentado en relación con la comercialización del tomate mexicano a la Unión Americana, consideramos que esta soberanía se manifieste a favor de este punto de acuerdo.

Con base a las consideraciones de dicha proposición, sabemos que uno de los principales productos agrícolas que nuestro país exporta es el tomate, teniendo como principal mercado el vecino país del norte.

De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Sagarpa, las exportaciones del tomate alcanzaron un valor de 987 millones de dólares para 2011, presentando un 9.4 por ciento de las exportaciones agropecuarias y agrícolas.

Lamentablemente en una decisión unilateral y que contraviene los acuerdos comerciales suscritos por ambos países, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América decidió poner fin al convenio que permite la exportación de tomate mexicano, medidas que fueron alentadas por los productores de Florida.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano respalda la propuesta consistente en exhortar al Ejecutivo para que éste, a través de la Secretaría de Economía, intervenga a fin de proteger a los productores nacionales de tomate y que se respeten los acuerdos que se signaron.

No es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos de América comete estas anomalías no respetando los acuerdos, ya lo hizo también con el aguacate dañando a miles de productores de aguacate. Asimismo también con el atún, buscando cualquier pretexto, como que mataban delfines y tampoco recibió el producto de los pescadores mexicanos.

Más aún, la caña de azúcar también, cuando producíamos grandes excedentes de azúcar, aunque el Tratado de Libre Comercio decía claramente que Estados Unidos de América tenía la obligación de recibir esos excedentes, tampoco lo hizo.

Así lo vemos también con los transportistas y siempre, como dice el dicho: tan cerquita de Estados Unidos de América y tan lejos de Dios. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Aprovecho también para informar a la asamblea —que me han pedido que lo informe— que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, las diputadas y los diputados, se han adherido también a la iniciativa presentada por la diputada Corrales.

El diputado Héctor Narcia Álvarez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados de la LXII Legislatura, como integrante del Partido Verde Ecologista de México vengo a respaldar y a fortalecer este punto de acuerdo donde se exhorta a la Secretaría de Economía a defender las políticas agropecuarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que han pactado México y Estados Unidos de América desde hace 18 años.

El tomate mexicano se ha caracterizado por ser un fruto fresco de importancia comercial; los productores mexicanos han puesto considerablemente todo su empeño, invirtiendo en tecnología de punta para que dicho producto sea competitivo a nivel internacional, con los mejores estándares de calidad en el mercado.

La producción de tomate tiene una importante aportación de divisas y genera empleos en las principales entidades federativas donde se cultiva.

Al 31 de agosto del año en curso, los estados con la producción a nivel nacional son: Sinaloa, con el 63.9 por ciento; Nayarit, con el 4.7 por ciento; Oaxaca, con 4.3 por ciento y Baja California Sur, con 3.4 por ciento.

Según datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Sagarpa, en el primer cuatrimestre de 2012 las ventas internacionales del jitomate se ubicaron en 746 millones de dólares y un volumen de 655 mil toneladas.

En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLCAN, el tomate mexicano que se exporta a Estados Unidos de América está exento del pago de aranceles de importación.

Debido a ello se ha comentado que los productores mexicanos y los de Florida compiten por en el mercado estadounidense durante el invierno y principios de la primavera; sin embargo, no es motivo para que el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América frene las exportaciones del producto de manera deliberada, sin tomar en cuenta las opiniones de la industria mexicana, toda vez que desde el 15 de agosto solicitó que se llevaran a cabo consultas con el Departamento de los Estados Unidos de América para llegar a una solución que no afectaría a ninguna de las partes.

Pero no hubo respuesta de aquella institución, generándose el día de ayer una determinación preliminar en la que anuncia su intención de terminar con la investigación antidumping de 1996 y el acuerdo de suspensión que ha regido las exportaciones del tomate mexicano a Estados Unidos de América durante los últimos 16 años.

Esta decisión afecta notoriamente a una parte significativa del sector agrícola y a sus productores, ya que el 98 por ciento de las exportaciones se canalizan a los Estados Unidos de América.

Otro dato importante es que la superficie cosechada ha estado descendiendo y hoy se ubica en las 70 mil hectáreas, mostrando un mercado que privilegia a la relación de los precios productivos y los acuerdos de suspensión antidumping con los Estados Unidos de América.

Por lo que urge la respuesta y solución de este problema por los grandes riesgos que se corren en la economía mexicana, entre los que destacan pérdidas de empleo y un agravamiento a la problemática alimentaria en México.

Debido a lo anterior, nos sumamos al exhorto de la Secretaría de Economía, de usar los medios legales a su alcance para defender a los productores mexicanos y renegociar los acuerdos comerciales para exportar a Estados Unidos de América este preciado fruto, considerado como uno de los principales productos en la dieta alimentaria, como lo es el tomate; por lo que se exhorta la atención urgente de obvia resolución. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José Antonio León Mendívil: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el punto de acuerdo que en esta discusión nos ofrece una situación propicia, no solamente para venir a expresar de manera solidaria nuestro apoyo a los productores de tomate del país, en particular a los del estado de Sinaloa, sino que nos lleva a retomar un asunto que afecta a todo el país y que tiene que ver con los graves daños provocados por el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En relación con las hortalizas y en particular el tomate, han sido una de las pocas líneas de producción agropecuaria que se han visto beneficiadas por el TLC, con Norteamérica. No es la primera vez que se presentan diferencias comerciales con Estados Unidos de América, han sido connotadas las controversias en relación al atún, al algodón.

Con lo que respecta al tomate, de manera recurrente los productores de la Florida han presionado políticamente al gobierno estadounidense para frenar la importación de tomate mexicano. En esta ocasión, ante la coyuntura política de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos de América, recientemente han logrado que el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América pusiera en marcha un procedimiento administrativo orientado al establecimiento de un arancel a la importación de tomate mexicano, bajo la premisa de que los productores mexicanos están practicando dumping; es decir, que están exportando por debajo de su costo de producción.

Nuestra visión —la del PRD— del desarrollo rural del país también incluye la política de impulso a las actividades de alta competitividad y con vocación exportadora, como es el caso del tomate; sin embargo, creemos justo exhortar desde esta tribuna a los productores de tomate, particularmente los de Sinaloa, a mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas, tanto en términos de su ingreso como el caso de la seguridad social.

Creo que la solidaridad va y viene, este país es de todos nosotros, no solamente de unos cuantos y en muchas ocasiones agarran parejo nuestros vecinos, afectando a los productores y por supuesto a los trabajadores.

Solo una precisión sobre el punto, el diputado ponente habló de mil 600; es un millón 600 mil trabajadores los que dependen de esta rama.

Por lo que hace a los efectos del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, es indispensable subrayar que en sentido contrario a las hortalizas, los granos básicos, maíz, frijol, trigo, arroz, que son fundamentales para la dieta nacional, han sido los grandes perdedores. De no hacer nada, muy pronto estaremos importando en promedio alrededor del 50 por ciento del consumo nacional de los granos básicos.

Compañeras y compañeros diputados, nuestro grupo parlamentario hace un llamado a todas las corrientes políticas representadas en esta Cámara de Diputados, para ampliar la mira y no solamente poner atención a los problemas de nuestros productos exportables, sino analizar los graves problemas derivados de la dependencia alimentaria que se ha agravado por los efectos del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica.

La soberanía nacional está en riesgo, revisemos el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados. Señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Gerardo Peña Avilés: Buenas tardes a todos. Señor presidente, con su permiso. Para mí es un orgullo saber que en México se produce el mejor tomate del mundo; quiero felicitar a todos los productores de tomate por lograrlo, quiero felicitarlos por estar siempre a la vanguardia en este cultivo y también felicitarlos por su lucha en la permanencia de los mercados, y como a todo lo bueno, no falta quién le complica la existencia.

Con respecto a este tema, el Poder Ejecutivo ha respondido con acciones de defensa de los productores de tomate mexicano y la Secretaría de Economía ha estado en contacto con industriales, organizaciones de productores, sistema de producto nacional de tomate, así como dirigentes de las comisiones para la investigación y la defensa de las hortalizas y por supuesto con las autoridades estadounidenses.

No obstante lo anterior, éste es un tema que requiere todo nuestro apoyo como Poder Legislativo hacia uno de los sectores más competitivo del campo mexicano y entre los más importantes comercialmente. Muestra de ello es que el año pasado representó aproximadamente 2 mil millones de dólares, como parte de nuestras exportaciones a Estados Unidos de América. Además, significa aproximadamente mil 600 millones de empleos generados en torno de esta actividad, los cuales están en riesgo de desaparecer o de sufrir complicaciones.

Los señalamientos hacia productores mexicanos, en el sentido de posibles acciones de dumping, como sabemos no es nuevo, esto tiene su antecedente en los años ochenta y noventa, y en su momento se resolvió mediante un acuerdo; sin embargo, la coyuntura electoral de Estados Unidos de América ha significado una oportunidad para revivir este tema por parte de los productores de la Florida.

Por ello, es fundamental que los productores nacionales cuenten con el apoyo de los diputados federales. Hay que decirlo, la conveniencia electorera de Estados Unidos de América queda de manifiesto, si tomamos en cuenta el tratamiento que el Departamento de Comercio de dicho país le ha dado a este asunto.

Este tipo de procedimientos conlleva un poco menos de 300 días; sin embargo, el día de ayer, es decir, en menos de dos meses dio a conocer su determinación preliminar, en la que anuncia la intención de terminar con la investigación antidumping de 1996 y el acuerdo de suspensión que ha regido a las exportaciones del tomate mexicano a Estados Unidos de América durante los últimos 16 años.

Esto tiene solución si se revisa el acuerdo en detalle y se conviene entre las partes; se puede hacer una de las herramientas de revisión y de consultas para solucionar posibles diferencias y los agroindustriales de nuestro país están totalmente conscientes de ello.

Dentro de las próximas seis semanas, las partes interesadas, incluidas la industria mexicana del tomate, así como el gobierno de México, podrán presentar argumentos contra la decisión del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América; por ello hay que darle puntual seguimiento a este asunto.

A razón de lo anterior, nosotros, los diputados del Partido Acción Nacional, votaremos a favor, no solo del punto de acuerdo, sino que estaremos muy pendientes de que la resolución de este asunto sea en beneficio de los productores nacionales de México, ya que aquí venimos a velar por los intereses de nuestro país y apoyemos las actividades que hablen bien de nuestro país.

Si en Jalisco se habló de huevos, si en Sinaloa se habló de calor y de gente caliente, en todo México se pusieron buenos los tomatazos, señores. Gracias, por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Heriberto Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones: Con su venia, señor presidente. Vengo en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a defender a los productores mexicanos de tomate, en específico a los que tienen vocación exportadora, pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, que producen en todos los estados de la República el tomate, en especial los de mi tierra, Sinaloa, frente a las acechanzas, las acciones y las amenazas de las autoridades comerciales de los Estados Unidos de América, que han dictado medidas contra las exportaciones de tomate mexicano a los Estados Unidos de América.

Compañeras y compañeros legisladores, el pasado 22 de junio los productores agrícolas del estado de Florida, agrupados en el Florida Tomato Exchange, aprovechando el actual proceso electoral que se lleva a cabo en los Estados Unidos de América, presentaron ante el Departamento de Comercio de dicha nación una petición para dar por terminada la investigación por el posible dumping en las importaciones de tomate procedente de México, iniciada en 1996.

Sin embargo, el objetivo de dicha petición es que se dé por terminado el acuerdo de suspensión de la investigación del posible dumping del tomate fresco mexicano, el cual fue celebrado entre el Departamento de Comercio y más de 950 agricultores mexicanos y ha estado en vigor desde el primero de noviembre de 1996.

Este acuerdo, que suspendió temporalmente la realización de la investigación por posible dumping en 96, ha permitido a los productores mexicanos exportar a los Estados Unidos de América tomate fresco libre de aranceles, de conformidad con lo acordado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la condición de que se venda por encima de un precio de referencia y se mantengan adheridos al mismo, cuando menos el 85 por ciento de los productores y exportadores mexicanos.

Sin embargo, a pesar del estricto cumplimiento que los productores mexicanos han dado al acuerdo durante los últimos 16 años y a pesar de que se ha refrendado y renovado en los años 2002 y 2008, por haberse demostrado que es de interés público, elimina cualquier efecto dañino de las importaciones de tomate de México e impide la disminución de los precios en el mercado doméstico. A pesar de eso, el pasado 27 de septiembre el Departamento de Comercio emitió una resolución preliminar, en la que acepta la petición hecha por los productores de Florida y estima que es procedente dar por terminada la investigación de 1996 y el acuerdo de suspensión. Esto es muy delicado.

Cabe señalar que el Departamento de Comercio, por presiones ejercidas por congresistas del estado de Florida, emitió su resolución preliminar, ignorando los argumentos legales presentados por los productores y por el gobierno de México.

Con esta resolución preliminar, en un plazo de 40 días —gravísimo— el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América puede dar por concluido el acuerdo firmado en 1996, iniciando nuevamente una investigación antidumping, lo que reiniciaría la guerra comercial contra el tomate mexicano, misma que ha permanecido suspendida durante los últimos 16 años.

De ahí la urgencia de que actuemos a la mayor brevedad; por eso y con el permiso del presidente, proponemos un punto de acuerdo.

1. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión manifiesta su rechazo a la determinación preliminar emitida el pasado 27 de septiembre por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América.

2. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, asista, asesore, defienda y coordine a los productores mexicanos de comercio para exportación y movilice todas las relaciones diplomáticas al respecto.

3. Se exhorta al Ejecutivo federal para que en uso de las facultades que le confiere nuestra Constitución instruya al secretario de Economía para que tome las acciones en defensa del tomate mexicano y también en contra de los productos que pueden dañar al pueblo de México, como una respuesta, hasta que los Estados Unidos de América cambien de actitud y pueda volverse a impulsar la exportación del tomate mexicano.

4. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial para atender, apoyar y defender a los productores de tomate mexicano para exportación.

Solicitamos su respaldo ante esta flagrante actitud de los Estados Unidos de América, que puede propiciar de nuevo la guerra contra el tomate mexicano. Es cuanto. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de decreto presentado por el diputado Francisco Pelayo Covarrubias, que la asamblea consideró de urgente resolución.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se apruebe el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACION EDUCATIVA

El Presidente diputado José González Morfín: En otro punto del orden del día, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Harvey Gutiérrez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Relaciones Exteriores actualicen las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.

El diputado Harvey Gutiérrez Álvarez:La instrucción es la base de la prosperidad de un pueblo. Con su permiso, diputado presidente; amigos y amigas, diputados todos, el mundo contemporáneo está permeado por complejos procesos de cambios, transformaciones y reajustes sociales, donde el hombre, como ser dotado de raciocinio, sigue siendo el protagonista de la conservación y desarrollo de la sociedad en que vive, y la educación, como fenómeno social históricamente desarrollada y como núcleo del proceso socializador, ejerce una influencia decisiva en la formación del hombre al prepararlo para su incorporación social activa y para el disfrute y plenitud de la vida.

Durante la VIII Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, realizada en 1954, en Montevideo, Uruguay, se acuerda la creación de un organismo regional que contribuyera al mejoramiento de la educación, a través del uso de los medios y recursos audiovisuales, concretándose finalmente hasta el 30 de mayo de 1956.

En correspondencia con su propósito general desde la creación y hasta finales de los sesenta, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa dedicó sus esfuerzos a la producción y distribución de material educativo y audiovisual, proporcionando colaboración técnica para la creación de las áreas de enseñanza de los ministerios de educación y formando técnicos latinoamericanos en las denominadas ya audiovisuales.

Posteriormente el ILCE, a través del proyecto SEC21 buscó integrar los avances tecnológicos a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas secundarias, explorando nuevas didácticas a partir de actividades prediseñadas y apoyadas en los medios.

Otro proyecto del ILCE, Enciclomedia, tuvo como eje los libros de texto gratuitos de quinto y sexto grados de primaria, digitalizados y enriquecidos con recursos tecnológicos, simulaciones, animaciones, interactivos, integrando el uso de las tecnologías de la información para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Los logros alcanzados por el instituto son evidentes, pero también aclara la necesidad de replantear sus propósitos, a la luz de las necesidades educativas actuales y de la evolución de nuevos enfoques pedagógicos, a través de los medios y la tecnología de la información y la comunicación, llamada TIC.

Fundamento este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que requiere la reestructuración del ILCE en:

1. La necesidad de actualizar los instrumentos jurídicos de cooperación internacional, en virtud de que el último convenio de cooperación para la reestructuración del instituto data de 1979.

2. El deber de responder a los retos y oportunidades que plantea la sociedad actual caracterizada como sociedad del conocimiento haciendo de la generación y administración del conocimiento la principal tarea del instituto.

3. La exigencia de que se articulen, reestructuren, evolucionen, concluyan y adquieran otro estatus los proyectos de innovación del ILCE, de manera que se aclare hasta dónde deben continuar y cuándo se considera que cumplieron su cometido.

4. El compromiso de generar una política integral de uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar la calidad de la educación en América Latina, con el fin de brindar elementos para reordenar y articular los esfuerzos que de manera aislada han llevado a cabo distintas instituciones de la región.

Derivado de los puntos anteriores, se hace evidente la urgencia de alinear las bases jurídico-administrativas a las actuales necesidades de adecuar la estructura administrativa del instituto, de diversificar la generación de ingresos financieros y promover la autosustentabilidad del instituto, procurando a su vez la transparencia y rendición de cuentas.

Se requiere entonces realizar una reingeniería administrativa del ILCE, que lo convierta en un organismo de innovación educativa e investigación, centrando sus propuestas en el uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar y elevar los niveles de logro en los distintos niveles de la educación de los sistemas de los países miembros del instituto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía, a nombre de los diputados federales del estado soberano de Chiapas, del Grupo Parlamentario del PRI, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores actualicen las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, adecuando la estructura administrativa del instituto para diversificar la generación de sus ingresos financieros, promoviendo la autosustentabilidad del instituto, procurando a la vez la transparencia y rendición de cuentas realizando una reingeniería administrativa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a actualizar por la SEP y la SRE las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, a cargo del diputado Harvey Gutiérrez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Harvey Gutiérrez Álvarez, en nombre propio y de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado soberano de Chiapas en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que dispone el inciso c), numeral 1, del artículo 34; y el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como la fracción II, numeral 1, del artículo 79; el numeral 1 del artículo 205; y el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, actualicen las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, adaptándolas a las necesidades actuales adecuando la estructura administrativa del Instituto, para diversificar la generación de sus ingresos financieros y promoviendo la autosustentabilidad del Instituto, procurando a su vez, la transparencia y rendición de cuentas, realizando una reingeniería administrativa, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Antecedentes

El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, antes Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa, ha constituido uno de los esfuerzos más importantes de Hispanoamérica en materia de cooperación internacional para el uso de los medios como la radio, la televisión, la videograbadora, los discos compactos, los satélites y, actualmente, las tecnologías de la información y la comunicación, con fines educativos.

A lo largo de sus cerca de 53 años de historia, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) se ha reestructurado, replanteado sus propósitos y redefinido sus acciones en diferentes ocasiones, con el fin contribuir a superar las necesidades educativas de los países de la región, así como para ponerse al día con el avance de los medios y de las tecnologías de la información y la comunicación. A manera de resumen, se presentan a continuación algunos de las transformaciones más importantes de este instituto.

Los objetivos originales del ILCE se establecen en la octava reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, realizada en 1954 en Montevideo, Uruguay. Ahí, se acuerda la creación de un organismo regional que contribuyera al mejoramiento de la educación a través del uso de los medios y recursos audiovisuales, creación que se concreta hasta el 30 de mayo de 1956.

En correspondencia con su propósito general, desde su creación y hasta finales de los años sesenta el Instituto dedicó sus esfuerzos a la producción y distribución de material educativo audiovisual; a proporcionar colaboración técnica para la creación o ampliación de las áreas de enseñanza audiovisual de los ministerios de educación; a la formación de técnicos latinoamericanos en las denominadas ayudas audiovisuales, así como a la búsqueda de acervos audiovisuales.

En 1970 se amplían las funciones del ILCE para hacer del Instituto un “centro de reflexión continental” al constituirse en un centro de estudio e investigación sobre la comunicación educativa y la educación audiovisual para enriquecer la enseñanza de los países de Latinoamérica.

A finales de los años setenta se hace una reestructura del ILCE que fue resultado tanto de la evaluación de la problemática educativa de la región, como de los enfoques educativos y modalidades de los sistemas educativos de esos tiempos.

A partir de la reestructura, además de erigir al ILCE como organismo internacional con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión al servicio de los países de América Latina y el Caribe, se determinó como propósito general que el Instituto contribuyera al mejoramiento de la educación a través del uso de los medios y recursos audiovisuales, así como de la tecnología y la comunicación educativas.

En la década de los años ochenta el ILCE, en correspondencia con la evolución de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, y derivado de la necesidad de resolver la escasez de docentes, de capacitar a los maestros en servicio y de la introducción de modelos educativos basados en tecnologías en otros países, se enfoca a llevar a cabo proyectos para ampliar la cobertura; apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje e introducir la enseñanza del cómputo en la educación básica, mediante el desarrollo de un modelo de aplicación de las microcomputadoras con fines didácticos y una metodología para el diseño se software educativo.

Ante la necesidad de ampliar la cobertura en educación básica, sobre todo en el nivel de secundaria, a mediados de los años noventa los ministros de educación de América Latina y el Caribe plantearon la necesidad de incorporar esquemas de educación a distancia como parte de los sistemas educativos, definiendo dicha educación como “un conjunto diverso de procesos de enseñanza y aprendizaje que se realizan con el apoyo de los medios de comunicación e informática, para ofrecer programas educativos y ambientes de aprendizaje formales e informales, presenciales, no presenciales y mixtos, orientados a atender muy diversas necesidades educativas de la sociedad”.

Con el fin de apoyar la recomendación de esta reunión de ministros de educación, en esos años, el ILCE fortalece el proyecto Red de Educación Vía Satélite Edusat, cuya programación está relacionada fundamentalmente con temas de educación básica, actualización docente, capacitación tecnológica, divulgación científica y difusión cultural.

A la Red Edusat se suma la creación de la Red Escolar de Informática Educativa, sistema de información y comunicación basado en Internet, que ofrece a los maestros y alumnos nuevos ambientes de aprendizaje y recursos pedagógicos e informativos encaminados a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

A finales de los años noventa, el ILCE impulsa el proyecto Sec21, que buscó integrar los avances tecnológicos a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas secundarias, mediante la combinación de diferentes plataformas para la producción de contenidos y materiales para su uso pedagógico y un equipamiento en red local. En correspondencia con los enfoques pedagógicos adoptados por los sistemas educativos en esa década, el modelo propuesto por Sec21 buscó transformar la práctica escolar promoviendo el desarrollo de habilidades de acceso y uso crítico de la información y de la comunicación, así como explorando nuevas didácticas a partir de actividades prediseñadas y apoyadas en los medios.

En el 2002 surge el proyecto Enciclomedia, que tiene como eje los libros de texto gratuitos de 5o. y 6o. grados de primaria, digitalizados y enriquecidos con recursos tecnológicos como audios, videos, simulaciones, animaciones e interactivos donde se relacionan, explican, complementan y ejercitan los contenidos de dichos libros; el propósito de Enciclomedia es proporcionar opciones de trabajo variadas en las que el libro de texto no sea la única vía pedagógica.

Para lograr sus fines, Enciclomedia hace una propuesta pedagógica que integra el uso de las tecnologías de la información y la comunicación al salón de clases, para mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje, que incorpora la capacitación docente como parte de su esquema, así como la dotación e instalación de equipos.

Reestructuración del ILCE

El recuento anterior permite ver que los logros alcanzados por el Instituto son evidentes, pero también aclara la necesidad de replantear sus propósitos a la luz de las necesidades educativas actuales, de la evolución de nuevos enfoques pedagógicos, de la evolución de los medios; y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Diversas razones explican por qué se requiere la reestructuración del ILCE; entre ellas pueden observarse:

1. La necesidad de actualizar los instrumentos jurídicos de cooperación internacional para dar cuenta de las transformaciones y requerimientos actuales de los sistemas educativos de la región y del ILCE, en virtud de que el último Convenio de Cooperación para la Reestructuración del Instituto data de 1979.

2. El deber de responder y aprovechar a los retos y oportunidades que plantea la sociedad actual, caracterizada como sociedad del conocimiento, haciendo de la generación y administración del conocimiento la principal tarea del Instituto, y en consecuencia, realinear sus propósitos, programas, proyectos y acciones a esta tarea.

3. La exigencia de que se articulen, reestructuren, evolucionen, concluyan o adquieran otro estatus, los proyectos de innovación [o que en algún momento fueron de innovación] del ILCE, de forma que se evidencie cuál es su relación con los propósitos y tareas principales del Instituto; de manera que se aclare hasta dónde deben continuar o cuándo se considera que cumplieron su cometido.

4. El compromiso de generar una política integral de uso de las TIC para mejorar la calidad de la educación de América Latina y del Caribe, con el fin de brindar elementos para reordenar y articular los esfuerzos que, de manera aislada, han llevado a cabo distintas instituciones de la región.

5. La pertinencia de que dicha política integral del uso de las TIC en la educación y los proyectos de innovación se fundamenta en la investigación educativa que genere productos y libere patentes para el propio instituto.

6. La necesidad de reposicionar al Instituto a nivel internacional para que, independientemente de la participación en congresos y organismos internacionales, se generen propuestas con proyectos de gran envergadura enfocados principalmente, a la atención de las necesidades del sistema educativo mexicano, sino que se propongan este tipo de proyectos a otros sistemas educativos en América Latina y el Caribe, en correspondencia con los planes estratégicos para la educación de jóvenes y adultos, que diversos países de la región han concertado.

7. Derivado de los puntos anteriores, la urgencia de alinear las bases jurídico-administrativas a las actuales necesidades, de adecuar la estructura administrativa del Instituto, de diversificar la generación de ingresos financieros y promover la autosustentabilidad del Instituto, procurando a su vez la transparencia y rendición de cuentas, se requiere realizar una reingeniería administrativa del ILCE.

Con el fin de reestructurar al Instituto, para ponerlo a punto con los requerimientos nombrados anteriormente, se propone el establecer los siguientes ejes estratégicos:

1. Replantear sus propósitos

2. Reingeniería administrativa

3. Énfasis en generación y administración de conocimiento

4. Enfoque mesoamericano

5. Proyectos estratégicos

6. Renovación del sistema de telecomunicaciones

7. Reposicionamiento latinoamericano

Deberá el Instituto Latinoamericano convertirse en un Organismo de innovación educativa e investigación, atendiendo a una necesidad o problemática, identificada a partir de resultados educativos, producto de evidencia empírica derivada de, por ejemplo, evaluaciones nacionales o internacionales; resultados de investigaciones; producto de estudios realizados al interior de una escuela, nivel educativo; sistema educativo, etc.

Las propuestas de innovación educativa que el ILCE desarrolle deberán centrarse en el uso productivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación para mejorar la calidad y elevar los niveles de logro en los distintos niveles de la educación de los sistemas de los países miembros del Instituto.

Además estas propuestas de innovación educativas, en el sentido ya descrito deben de partir de un proceso de incubación, esto es de una etapa de puesta a prueba y ser acompañadas de estrategias de seguimiento y evaluación que proporcionen elementos para su reestructuración, modificación y perfeccionamiento para su posterior generalización.

Las líneas de investigación deberán abocarse a identificar las necesidades de los distintos niveles educativos, para proporcionar soluciones mediante propuestas de innovación donde el principal recursos para su atención sean las TIC.

La reingeniería administrativa deberá alinear sus bases jurídico - administrativas a los nuevos propósitos; adecuar y replantear su organización y funcionamiento obteniendo calidad certificada en sus productos para generar ingresos diversificados, estimulando la transparencia.

Al replantear su funcionamiento deberá hacer énfasis en la generación y administración del conocimiento.

Por lo anterior debe contemplarse entre los objetivos educativos el acercamiento objetivo y metodológico de los estudiantes para desarrollarse en un ambiente de enseñanza con TIC, donde la colaboración, la interacción, el intercambio de ideas, la discusión, la argumentación son algunos de los componentes claves que se desencadenan durante la dinámica de enseñanza y aprendizaje en el salón de clases y posiblemente entre otros salones, escuelas, comunidades, estados e incluso países, es decir, el proceso de aprendizaje puede ser producto de comunidades de aprendizaje.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, actualicen, las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, adaptándolas a las necesidades actuales, adecuando la estructura administrativa del Instituto para diversificar la generación de sus ingresos financieros, promoviendo la autosustentabilidad del instituto, procurando a su vez, la transparencia y rendición de cuentas, realizando una reingeniería administrativa.

Recinto de San Lázaro, Ciudad de México, a 2 de octubre de 2012.— Diputados: Harvey Gutiérrez Álvarez, Simón Valanci Buzali (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión. Tiene la palabra, por tres minutos, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la diputada María Sanjuana Cerda Franco.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes; el desarrollo exitoso de una región, como la nuestra, debe tender a generar proyectos educativos aplicando tecnologías de vanguardia en la enseñaza, con la finalidad de que los estudiantes latinoamericanos sean cada vez más competitivos.

Desde su fundación, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, ha enfocado sus esfuerzos al desarrollo y difusión de la investigación y aplicación de las tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje, para la formación a distancia, la producción de materiales educativos, capacitación docente y de recursos humanos en general, contribuyendo así al mejoramiento de la educación en América Latina y el Caribe.

Además de ser su país sede, las relaciones entre el ILCE y México han sido muy estrechas; el ILCE ha celebrado también convenios de cooperación con otras secretarías del Ejecutivo federal y con las entidades federativas en México para impactar en sus políticas públicas, tanto educativas como sociales.

Sin embargo, desde la ratificación de diversos convenios de cooperación celebrados para reestructurar a dicho instituto, no hemos tenido grandes avances en los proyectos que se han desarrollado con la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, ya que desde esa fecha solo destacan programas como: Telesecundarias, Enciclomedia, Edusat y recientemente el Programa de Habilidades Digitales para Todos.

El gran legado del ILCE para nuestro país es que es el conducto por el cual México ha podido ayudar a diferentes países de la región, tanto en infraestructura tecnológica como en experiencia con sus aportaciones y acervos a las redes educativas latinoamericanas; si las dependencias del gobierno federal, a quienes va dirigido el presente exhorto, logran delinear las bases jurídico administrativas que fundaron al instituto y adecuarlas a las necesidades actuales, propiciarán con ello la generación de ingresos financieros y la autosustentabilidad del instituto.

En Nueva Alianza insistimos en que esas herramientas tecnológicas y de desarrollo social fomentarán la innovación, la difusión y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a las que el ILCE está vinculado y así contribuir a la sociedad del conocimiento.

Las propuestas de innovación educativa que el ILCE desa-rrolle deberán enfocarse en el uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la calidad y elevar los niveles de logro en los distintos niveles de la educación de los sistemas de los países miembros del instituto.

Debemos de asumir el compromiso de multiplicar los espacios y el acceso a la programación de temas educativos destinados a fomentar el interés por nuestros valores como mexicanos, pero a la vez a fomentar nuestra identidad latinoamericana.

En consideración a lo anterior, la imagen e identidad del ILCE debe —en todo momento— ser objeto de un uso adecuado de manuales, que sirven de medio para difundir información acerca del instituto y de los servicios que presta en el amplio ámbito de la educación.

Es de este modo y no de otro, como tiene que empezar la modernización de dicho instituto y para ello es necesario actualizarse y readecuar sus programas y ordenamientos administrativos. Por su atención, muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Loretta Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, es grato recordar para quienes entre las dinámicas de aprendizaje en las escuelas a nivel secundaria, preparatoria e incluso universidad, hemos podido instruirnos bajo documentales en investigaciones proporcionados por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), materiales ilustrativos, audiovisuales como la Revolución, como nuestra guerra de Independencia, entre muchos otros; son clásicos, que nunca pasarán a la historia, no solo por el tipo de contenido informativo, sino también por su metodología en cuanto al diseño y la orientación con la que se trabajaron dichos materiales.

No cabe duda de que estamos hablando de un gran esfuerzo a nivel mundial que se realizaba en pro de la educación en todos los niveles. No es extraño que hoy en día, gracias a la revolución tecnológica que se ha dado en la mayor parte del orbe, se tenga la necesidad de adecuar nuestras actividades diarias para converger con los adelantos en medios de comunicación e investigación.

Como este es el caso que hoy nos ocupa, coincidimos con que existe la improrrogable necesidad de actualizar los esquemas jurídico-administrativos que deben dar soporte a la buena operatividad del ILCE; en este sentido, nos sumamos al exhorto, pues se trata de un importante medio de enseñanza que se encuentra con dificultades de orden técnico para seguir ofreciendo materiales de calidad para apoyo a las diversas actividades académicas.

No obstante, es preciso señalar que para evitar el detrimento de las actividades del propio instituto, cualquier tipo de apoyo siempre debe ser lo más vigilado posible, pues la inserción de programas, como lo fue Enciclomedia, constituye un riesgo para su efectivo desarrollo.

Debemos recordar que dicho programa ha estado sujeto a diversas investigaciones, por haber encontrado irregularidades en su funcionamiento; por tanto, debe estar esta iniciativa de apoyo sujeta a una vigilancia efectiva, replantearnos los propósitos y la reingeniería administrativa para que opere adecuadamente el apoyo que se le dé al ILCE.

Celebramos con agrado que nuestros planteamientos señalen la intención de adoptar mayores posibilidades de conocimiento haciendo uso de herramientas tecnológicas y de competitividad, acorde a las necesidades que hoy exigen muchas partes del mundo y de manera particular, nuestro país; por todas estas consideraciones, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente acuerdo. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Mucha gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Por principio de cuentas, en el documento no se precisa claramente cuáles son las llamadas necesidades actuales a las que se hace referencia. Aclarar cuáles son dichas necesidades debe ser el primer paso para poder establecer las modificaciones pertinentes.

Si bien es cierto que todas las instituciones y programas gubernamentales —y específicamente en materia educativa— requieren de una constante actualización, a la par de capacidades de adaptación a las nuevas circunstancias, se debe atender esta necesidad con prudencia y valorando múltiples variables.

La reestructuración jurídica-administrativa que se propone no atiende a necesidades urgentes de actualización o modernización, no se otorgan fundamentos sólidos, más allá de referencias al énfasis que se debe de poner a la generación y administración del conocimiento, el enfoque y el reposicionamiento latinoamericano.

Los objetivos o fines del ILCE, contemplados en el último convenio de cooperación para reestructurar a dicho instituto, ya comprenden gran parte de las premisas que mediante el punto de acuerdo en estudio se manejan como necesidades de actualización; en este sentido, realmente la base de la propuesta consiste en diversificar la generación de los ingresos financieros del ILCE, a fin de hacerlo autosustentable.

No estamos en contra del autosustento; sin embargo, el buscar esta cualidad en este programa gubernamental responde a la lógica de eliminar la inversión en materia educativa por parte del Ejecutivo federal. Las modificaciones que pudieran plantearse en materia jurídico-administrativa no deben tener por objetivo el autosustento.

Los ingresos logrados con las reformas deberán ser complementarios a los recursos derivados del pago de las cuotas anuales ordinarias, así como de las aportaciones provenientes de convenios bilaterales.

Dejar a la deriva financiera al ILCE es sujetarlo a los altibajos y condicionarlo a la actividad dinámica trepidante del capitalismo de mercado, lo cual puede limitar considerablemente los ingresos del instituto, poniendo en riesgo el cumplimiento de sus objetivos educativos y de investigación.

Por otro lado, el exhorto al Ejecutivo por este conducto de la SEP y de la SRE parece una medida unilateral, en un entorno y respecto de un tema que debe partir del consenso, la interacción y retroalimentación del carácter latinoamericano. La generación y administración del conocimiento, el enfoque y el reposicionamiento latinoamericano son asuntos de índole bilateral o multilateral.

Antes de pensar en actualizar, modernizar y reestructurar un organismo internacional, como lo es el ILCE, hay que evaluar y actualizar la forma en que operan los programas e institutos de carácter educativo en México. No se nos olvide el gran fracaso que fue el proyecto Enciclomedia y en general, los proyectos de educación a distancia.

Lo que ha acarreado magnos resultados en materia de aprovechamiento escolar y mantiene a la infraestructura educativa en condiciones paupérrimas, son aquellos índices que hoy preocupan a la educación en México. De ahí la falta de resultados de muchos programas y proyectos que intentan poner a México al día en tecnología e innovaciones en el área de la información y comunicación de carácter pedagógico.

Queda claro que antes de intentar reducir las vías de financiamiento de un organismo internacional, que tiene por objeto, a partir de una base pedagógica sólida, desarrollar modelos, proyectos y materiales educativos aplicando tecnología de vanguardia para contribuir eficazmente al progreso cultural, social y económico de los países de América Latina y el Caribe; debemos enfocarnos primeramente en reestructurar jurídica, financiera y administrativamente todo nuestro sistema educativo. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Estimados diputados y diputadas, quisiera iniciar mi exhorto con una pregunta, ¿quién de los que estamos aquí, que permanecemos aquí, ha obtenido sus estudios de una telesecundaria o de un telebachillerato? Bueno.

Tradicionalmente la educación ha sido —dudo que muchos lo sean— el instrumento para el cambio social en el mundo. Para nadie es un secreto que todo factor de producción inicia con la investigación, el conocimiento y la capacitación.

En este sentido, para obtener el crecimiento social requerido en México y en general, en América Latina, es importante establecer medios de difusión de ese conocimiento. Pero la labor de formación humana en México está directamente encomendada al Poder Ejecutivo y especialmente a una dependencia centralizada: la Secretaría de Educación Pública. Como referencia dejo la Ley Orgánica de la Administración Pública, en su artículo 38.

Sin embargo, debemos tener presente que las políticas de aprendizaje y capacitación en México no vienen siempre de esas estructuras centralizadas del gobierno federal; existen instituciones multilaterales, esto es, las formadas de común acuerdo por varios países que han decidido asociarse con objetivos comunes y que se obligan a acatar resoluciones para lograr sus objetivos.

En el caso que nos ocupa hoy y del que también han hablando nuestros compañeros, este organismo multilateral o internacional —como se conoce por la opinión pública— es el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, o ILCE, así es, señores compañeros, donde se originaron los modelos de telesecundarias y telebachilleratos.

El ILCE tiene una personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, que nace alrededor de 1954, con el objetivo de desarrollar modelos, proyectos y materiales educativos, para sumarse al progreso cultural de América Latina. Las multilaterales sí han sido un factor decisivo para el progreso de la educación en México.

Otro ejemplo, aparte de telesecundarias y telebachilleratos, es Sepa Inglés, una actividad del Instituto Latinoamericano que se difunde a través de Canal 22; son solo botones de muestra que he utilizado para darles una referencia más fácil de ubicar sobre la importancia y la relevancia de ILCE.

Hay que traer a este organismo multilateral al nuevo orden internacional. Ellos no se han modernizado por falta de recursos, como mencionaron algunos de mis compañeros legisladores.

Por eso, desde esta alta tribuna queremos hacer un llamado al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública y de Relaciones Exteriores se establezca un nuevo marco de trabajo para ILCE.

Queremos que haya una mayor innovación y creatividad, que sean guías de trabajo para que la educación y conocimiento, a través de las tecnologías digitales, permeen hasta las comunidades más alejadas del país, que, como insisto, no voy a cansarme de repetirlo, telesecundarias, telebachilleratos, que es muy probablemente los lugares donde muchos de nosotros no hemos obtenido nuestra educación.

Recordemos que ellos están ahí, hay mucha gente, mucha población mexicana que necesita del apoyo, como dijera un compañero, presupuestario, para actualizar a las multilaterales de este tipo educativo. Gracias, señor presidente, es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Purificación Carpinteyro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón: Compañeros y compañeras legisladoras, venimos a discutir un punto que se presenta como de urgente u obvia resolución y es precisamente éste que exhorta al Ejecutivo federal a actualizar, por medio de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.

Este instituto, que surge a raíz del acuerdo de la Conferencia General de las Naciones Unidas para la Educación, la UNESCO, en 1954, con diferentes restructuraciones posteriores, tenía un objetivo fundamentalmente de difundir la cultura y la educación a través de contenidos audiovisuales; sin embargo, es obvio que estos contenidos audiovisuales —de una manera u otra— están siendo ya ahora transmitidos a través de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Es decir, las conocidas tecnologías o las TIC. Estas tecnologías de información y conocimiento, al final de cuentas son herramientas, no artículos de lujo que deben estar disponibles a toda la población mexicana y no nada más a unos cuantos.

El problema aquí, de este acuerdo, es que lamentablemente lo que estamos haciendo sería exhortar al Ejecutivo federal para que una vez más, los pocos y limitados recursos que tiene nuestra nación para impulsar que estas herramientas permeen en toda la población, se dispersen y se diluya el impacto que pueden tener los recursos que tenemos.

Quiero decirles que este acuerdo, que se llama latinoamericano, apenas está integrado por 14 naciones, como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Nicaragua, Venezuela y México, y no por decir que estas naciones no sean importantes, sino porque llama la atención que no estén integradas a esta organización ni Brasil ni Argentina ni Chile, que por cierto, son los países que en latinoamérica llevan el liderazgo en materia de telecomunicaciones y en materia de tecnologías de la información y el conocimiento.

¿Por qué es que está sucediendo esto? Porque en estos países las naciones han adoptado una visión de Estado de hacia dónde queremos ir en materia de comunicaciones.

¿Qué vamos a hacer? Dónde es que debe estar México en 10 años y dónde estamos hoy y cómo le hacemos para ir desde donde estamos hacia donde deberíamos de estar en10 años conforme a un plan, el mismo plan que ya tiene Brasil, el mismo plan que tiene Chile, el mismo plan que tiene Argentina, el mismo plan que tienen los Estados Unidos de América o la Comunidad Económica Europea, porque si nosotros no estamos a la par de ellos, simplemente estamos destinando a nuestro país al fracaso.

No se debe tratar de crear nuevas estructuras para nuevamente diluir los recursos que tenemos en millones de diferentes esfuerzos, porque además no solamente los organismos multilaterales de reducida participación, como es en este caso el ILCE, sino además cada una de las dependencias federales tiene su propio presupuesto; la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene su presupuesto para un sistema de comunicaciones, el e-gobierno o e-México de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el e-gobierno de la Secretaría de Gobernación, o el de la Función Pública.

Todas las secretarías de Estado quieren tener su presupuesto y lo único que hacemos es que esa cantidad de dinero que ha sido destinada o que debería ser destinada a llevar a cabo un plan integral que atendiera las necesidades, no solamente en materia de educación, sino en materia de salud, en materia de atención ciudadana, en materia de energía, de seguridad y violencia se esté diluyendo, porque es como tirar balas al aire.

Yo más bien los conmino a dejar este punto de acuerdo de lado, porque de urgente no tiene nada, para empujar nuestros esfuerzos a llevar a cabo un verdadero plan, un plan que nos lleve desde donde estamos a que en 10 años seamos parte de las naciones desarrolladas. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Gabriel Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Perdón. Tiene el uso de la tribuna la diputada Guadalupe Mondragón, del Grupo Parlamentario del PAN. Mil disculpas.

La diputada María Guadalupe Mondragón González: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, respecto al punto de acuerdo presentado por el diputado Gutiérrez Álvarez, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional considera que debe desecharse por ser notoriamente improcedente.

Me permito recordar que el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa es un organismo internacional con autonomía de gestión, con personalidad y patrimonio propios, al servicio de los países de América Latina y el Caribe, en aquellos campos que le son propios a la institución, por lo que no se trata de un organismo de la administración pública federal de México.

El ILCE se creó el 30 de mayo de 1965, en cumplimiento de una resolución de la Conferencia General de Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, celebrada en Montevideo, Uruguay en 1956.

El artículo segundo del Convenio de Cooperación, celebrado entre los países miembros el 31 de mayo de 1978, señala que el ILCE tiene como objetivo la cooperación regional en la investigación, experimentación, producción y difusión de materiales audiovisuales, la forma de capacitación de recursos humanos en el área de la tecnología educativa, la recopilación de materiales y documentación audiovisuales, y las demás que convengan a los Estados miembros; de lo que se desprende que el ILCE no es un organismo con fines de lucro.

El artículo vigesimoquinto señala que el ILCE celebrará con el gobierno mexicano un convenio relativo a la situación jurídico de la sede del ILCE en el territorio nacional y de los privilegios e inmunidades a sus funciones.

Nos parece que el promovente desconoce el acuerdo celebrado entre el ILCE y el gobierno mexicano. Relativo a la sede del instituto y a las misiones permanentes establece que el instituto y sus bienes disfrutarán de inmunidad y jurisdicción, salvo en la materia en que en algún caso el instituto renuncie expresamente a esta inmunidad.

Por otra parte, el artículo 5o. del Capítulo Cuarto del acuerdo invocado en último términos precisa que la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas será aplicable para las misiones permanentes y al personal de las mismas.

Aceptar en sus términos el presente punto de acuerdo equivaldría a que esta Cámara pudiera exigir la reorganización y transparencia de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y de más organismos en los que participe nuestro país, con lo cual esta soberanía se excedería al aceptar una petición fuera de toda lógica y razón.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional pide que el punto de acuerdo en comento sea de-sechado en sus términos, al ser notoriamente improcedente, en razón de que el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, como organismo internacional, y sus funcionarios acreditados gozan de inmunidad diplomática, protegidos por las normas establecidas en la Convención de Viena. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene finalmente la palabra el diputado Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Pedro Gómez Gómez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, relativo al punto de acuerdo presentado por nuestro compañero diputado Harvey Gutiérrez, vengo a sumarme, porque este punto de acuerdo tiene como propósito fundamental la actualización de los esquemas estructurales del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, y se propone establecer los siguientes ejes estratégicos; primero, porque replantea sus propósitos; segundo, implementa una reingeniería administrativa que es en beneficio del mismo instituto; tercero, pone énfasis en la generación y la administración del conocimiento; cuarto, observa el enfoque mesoamericano; quinto, aplicar los proyectos estratégicos; sexto, renovar el sistema de telecomunicaciones; y por último, reposición al mismo instituto en el ámbito latinoamericano.

Para ello las propuestas de innovación educativa que el ILCE desarrolle deberán centrarse en el uso productivo de las tecnologías de la información, llamadas TIC, para mejorar la calidad y elevar los niveles de logro en los distintos niveles de educación de los sistemas de los países que son miembros del instituto.

Además estas propuestas de innovación educativas, en el sentido ya descrito, deben partir de un proceso de incubación; esto es, primero de una etapa de prueba y luego para ser acompañadas de estrategias de seguimiento y evaluación, que proporcionen elementos de sobreestructuración, modificación y perfeccionamiento para su posterior generalización.

Las líneas de investigación deberán abocarse a identificar las necesidades de los distintos niveles educativos para proporcionar soluciones mediante propuestas de innovación, donde el principal recurso para su atención sean las mencionadas TIC.

La reingeniería deberá alinear sus bases jurídico-administrativas en los nuevos propósitos, adecuar y replantear su organización y funcionamiento, obteniendo la calidad certificada en sus productos para generar ingresos diversificados y estimular la transparencia. Al replantear su funcionamiento deberá hacer énfasis en la generación y administración del conocimiento.

Por lo anterior, debe contemplarse entre los objetivos educativos el acercamiento metodológico de los estudiantes para desarrollarse en un ambiente de enseñanza con TIC, donde la colaboración, la interacción, el intercambio de ideas, la discusión, la argumentación sean algunos de los componentes claves que se desencadenan durante la dinámica de enseñanza y aprendizaje en el salón de clase y posiblemente entre otros, escuelas, comunidades, estados, incluso países; es decir, el proceso de aprendizaje debe ser producto de comunidades de aprendizaje.

Por lo anterior, solicito a todos mis compañeros diputados, su apoyo para exhortar al Ejecutivo a que se realice cuanto antes esta reingeniería, como una primera etapa para refundamentar un instituto que históricamente ha sido exitoso en todos sus servicios y que por líneas diversas no se le ha permitido crecer. Es cuanto, señor presidente; muchas gracias, compañeros diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir al secretario que repita la votación.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, a la Conagua, al gobierno del estado de Veracruz, a la SCT, a la Comisión del Agua del estado de Veracruz y al ayuntamiento de Xalapa, para que en la zona metropolitana de Xalapa diseñen un proyecto integral para enfrentar los efectos de las tormentas en esa zona.

El diputado Uriel Flores Aguayo: Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre propio y del diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento a ustedes el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del estado de Veracruz, a la Comisión del Agua del propio estado y al ayuntamiento de Xalapa, para que en la zona metropolitana de dicha ciudad diseñen un proyecto integral gubernamental para enfrentar los efectos de las tormentas en esa zona.

Antecedentes

El paso de la tormenta tropical Arlene, el pasado primero de julio de 2011, en la zona metropolitana de Xalapa, dejó una persona muerta en el municipio de Tlalnelhuayocan, así como el desgajamiento de un cerro en el Circuito del Roble, del municipio de Banderilla.

Asimismo la capital veracruzana, Xalapa, se declaró zona de desastre, ya que por las lluvias el agua alcanzó hasta dos metros de altura en las colonias Independencia, Represa del Carmen y El Lago.

Nuevamente este año las torrenciales lluvias volvieron a afectar a la zona metropolitana de Xalapa, desde el pasado 7 de septiembre, donde nuevamente hubo un muerto, que lo arrastró la corriente del río Sedeño.

Por otra parte, las secuelas de la tormenta Ernesto, que afectó a 143 municipios, donde nuevamente se desbordaron los ríos Carneros y Sedeño de la zona metropolitana de Xalapa.

Afortunadamente ahora el saldo fue blanco; sin embargo, estos fenómenos meteorológicos ya son muy frecuentes.

Por esas desgracias humanas en la región, los distintos niveles de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, deben de implementar las medidas gubernamentales preventivas y pertinentes en materia de protección civil y de la reconstrucción de la infraestructura necesaria para enfrentar estas nuevas condiciones de la gobernación, donde son afectadas miles de familias por los recurrentes fenómenos meteorológicos.

Considerando

Primero. Que durante los últimos dos años los fenómenos meteorológicos están afectando gravemente a la zona metropolitana de Xalapa, particularmente a Tlalnelhuayocan, Banderilla, Jilotepec y por supuesto Xalapa, donde las lluvias han tenido valores de 50 milímetros en promedio.

Segundo. Los referidos fenómenos naturales ya cobraron vidas humanas, como lo fue el primero de julio del 2011, en Tlalnelhuayocan y el 7 de septiembre de 2012, en Xalapa y materiales de manera creciente, sobre todo estas últimas.

Tercero. Que la Sedesol implemente el programa de empleo temporal, inmediato, haciendo público el censo de las afectados en la zona metropolitana de Xalapa en el corto plazo.

Cuarto. Que la Conagua y CAEV revisen la infraestructura hidráulica donde desembocan los ríos Carneros, el arroyo Papas y el río Sedeño, cuya finalidad sea renovar lo necesario en materia de infraestructura.

Quinto. Que la Secretaría de Comunicaciones y el ayuntamiento de Xalapa desazolven, hagan el dragado y ampliación del cauce del río Carneros.

Sexto. Es necesario diseñar un proyecto integral gubernamental donde participen los tres niveles de gobierno para que de manera eficaz y eficiente resuelvan este problema.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del estado de Veracruz, y al ayuntamiento de Xalapa para que en la zona metropolitana de Xalapa diseñen un proyecto integral gubernamental para enfrentar los efectos de las tormentas en esa zona.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 2 de octubre de 2012.

Agrego la solicitud, diputado presidente, para que el texto completo de esta proposición se incluya en el Diario de los Debates. Es todo y gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, a la Conagua, al gobierno de Veracruz, a la SCT, a la Comisión del Agua del estado y al ayuntamiento de Xalapa a diseñar en la zona metropolitana de ésta un proyecto integral gubernamental para enfrentar los efectos de las tormentas locales, a cargo del diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Uriel Flores Aguayo y Alejandro Montano Guzmán, de los Grupos Parlamentarios de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, a la LXII Legislatura, presentan –conforme a lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 76, fracción IV, y 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputado– el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, para que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del estado de Veracruz, así como particularmente a la Secretaría de Comunicaciones, a la Comisión del Agua del estado de Veracruz (CAEV) y al ayuntamiento de Xalapa para que en la zona metropolitana de Xalapa diseñen un proyecto integral gubernamental para enfrentar los efectos de las tormentas en esa zona.

Antecedentes

El paso de la tormenta tropical Arlene, el pasado 1 de julio de 2011, en la zona metropolitana de Xalapa dejó una persona muerta en el municipio de Tlalnelhuayocan; así como el desgajamiento de un cerro en el Circuito del Roble del municipio de Banderilla; asimismo, en la capital veracruzana se declaró zona de desastre, ya que por las lluvias, el agua alcanzó hasta 2 metros de altura en las Colonias Independencia, Represa del Carmen y El Lago.

Nuevamente, las torrenciales lluvias volvieron a afectar a la zona metropolitana de Xalapa, desde el pasado 7 de septiembre, donde nuevamente hubo un muerto que lo arrastró la corriente del río Sedeño.

Por otra parte, las secuelas de la tormenta Ernesto, que afectó a 143 municipios, donde otra vez se desbordaron los ríos Carneros y Sedeño de la zona metropolitana de Xalapa, afortunadamente ahora el saldo fue blanco, sin embargo estos fenómenos meteorológicos ya son muy frecuentes. Por esas desgracias humanas en la región, los distintos niveles de gobierno tanto federal, estatal y municipal deben implantar medidas gubernamentales preventivas y pertinentes en materia de protección civil y de la reconstrucción de la infraestructura necesaria para enfrentar estas nuevas condiciones de la gobernación, donde son afectadas miles de familias por los recurrentes fenómenos meteorológicos.

Considerando

1. Que durante los últimos dos años los fenómenos meteorológicos están afectando gravemente a la zona metropolitana de Xalapa, particularmente a Tlalnelhuayocan, Banderilla, Jilotepec y por supuesto Xalapa, donde las lluvias han tenido valores de 50 milímetros en promedio.

2. Los referidos fenómenos naturales ya cobraron vidas humanas como lo fue el 1 de julio de 2011 en Tlalnelhuayocan, y el 7 de septiembre de 2012 en Xalapa daños y materiales de manera creciente, sobre todo estas últimas.

3. Que la Sedesol implemente el Programa de Empleo Temporal Inmediato haciendo público el censo de los afectados en la zona metropolitana de Xalapa en el corto plazo.

4. Que la Conagua y la CAEV revisen la infraestructura hidráulica donde desembocan los ríos Carneros, el arroyo Papas, y el río Sedeño, cuya finalidad sea renovar lo necesario en materia de infraestructura.

5. Que la Secretaría de Comunicaciones y el ayuntamiento de Xalapa desazolven, hagan el dragado y ampliación del cause del río Carneros.

6. Es necesario diseñar un proyecto integral gubernamental donde participen los tres niveles de gobierno para que de manera eficaz y eficiente resuelvan este problema.

Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de este pleno la siguiente proposición –de urgente u obvia resolución– con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del estado de Veracruz, asi como particularmente a la Secretaría de Comunicaciones, a la Comisión del Agua del estado de Veracruz y al ayuntamiento de Xalapa para que en la zona metropolitana de Xalapa diseñen un proyecto integral gubernamental para enfrentar los efectos de las tormentas en esa zona.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 2 de octubre de 2012.— Diputados: Uriel Flores Aguayo, Alejandro Montano Guzmán (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado, así se hará. Se incluye el texto íntegro en el Diario de los Debates. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión y tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Con el permiso de la Presidencia. Sin duda este tema para mí es relevante, no tan solo por ser un tema de protección civil, de prevención de desastres, de mitigación de riesgos, que —entre paréntesis— es un tema cada vez más recurrente en esta Cámara de Diputados, sino también por mi origen, como originario de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Obviamente que la presencia cada vez más cotidiana de fenómenos naturales, como huracanes, tormentas tropicales, ciclones, sismos, ha orillado al país a la necesidad de fortalecer la cultura de políticas de prevención y desastre y mitigación de riesgos.

El cambio climático ha provocado que estos fenómenos sean cada vez más severos y sus consecuencias más devastadoras. Recordemos que se han dado en el sureste del país donde se han presentado lluvias severas, desbordamiento de ríos y presas, dejando daños materiales de consideración.

En esta soberanía ya se ha impulsado la creación de una Comisión; primero, fue especial de protección civil la legislatura pasada, que con la reciente reforma a la Ley Orgánica del Congreso ya tendrá el carácter de comisión ordinaria, ello con el propósito de contar en este órgano legislativo con una instancia que pueda dar seguimiento a las políticas de carácter federal en materia de protección civil, de mitigación de riesgos y de prevención de desastres.

En junio de este año ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección Civil, la cual abrogó a la de febrero del año 2000 y a sus reformas y adiciones subsecuentes.

Esta nueva ley supuso una reorientación de los principios rectores de la protección civil incorporando el criterio de coordinación entre los tres niveles de gobierno y la participación del sector social y privado en temas relativos a la protección civil.

Compañeras y compañeros diputados, la proposición que discutimos expresa la preocupación de los habitantes de la zona metropolitana de Xalapa, donde las lluvias, las cuales han superado los 50 milímetros, han provocado daños materiales y lamentables fallecimientos, como ya se dijo aquí.

Se corre el riesgo que las lluvias provoquen más desbordamientos de los ríos aledaños Carneros, el arroyo Papas, el río Sedeño, entre otros; por eso apoyamos el punto de acuerdo que se propone, pero además lo hacemos con la convicción de que en el nuevo marco legal federal y con respecto a las autonomías de las entidades federativas se llevan a cabo acciones específicas en la prevención de desastres naturales.

El gobierno estatal y el gobierno del municipio de Xalapa deben atender de manera oportuna a las comunidades afectadas, pero lo que es mucho más importante es que se ponga un programa en marcha de mejora estructural de aquellas comunidades donde hay caudales de ríos y asentamientos irregulares.

Es en este contexto que creemos que se ponga como indispensable, en marcha, un programa inmediato de reducción de riesgos y de rehabilitación del hábitat de las zonas afectadas, que restablezca mejores condiciones para las zonas de riesgo de la ciudad.

Entonces, en concreto, estamos proponiendo al punto de acuerdo que nos sumamos una adición —y ya lo hemos comentado con el promovente, el diputado Uriel—; pediría a la Mesa que le preguntara si acepta que se adicione un resolutivo al punto de acuerdo y que se le diera lectura a la propuesta de iniciativa por parte de la Secretaría.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. En su momento le daremos trámite a la propuesta de adición.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Pero quisiera —para que estuviera ilustrado el pleno— que pudiera darse lectura por parte de la Secretaría a la adición.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, cuando la pongamos a discusión, si se admite, consultaremos al promovente, a ver si la acepta. Con mucho gusto lo vamos a hacer, diputado.

Tiene la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, señor presidente. El cambio climático representa el mayor problema ambiental de este siglo y el más grave riesgo para la humanidad.

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, en sus estimaciones para los próximos años, asegura que de continuar el incremento de la temperatura se podría registrar desalinización y desertificación de tierras que hoy son fértiles; baja en la producción ganadera y desabastecimiento de alimentos; carencia de agua potable, inundaciones en áreas costeras y crecimiento de desastres climáticos de manera extremosa, lo que significaría vulnerar el equilibrio o la tendencia sustentable del medio ambiente y como consecuencia inmediata decrecimiento económico y del nivel de bienestar general.

Como lo definía en su informe de la economía del cambio climático Nicholas Stern, el cambio climático afectará los elementos básicos de la vida de personas de todas partes del mundo: el acceso al agua, la producción de alimentos, la sanidad y el medio ambiente; cientos de millones de personas podrían sufrir hambre, escasez de agua e inundaciones costeras, a medida que se calienta nuestro planeta.

La reducción de los ingresos de la población agrícola aumentará el nivel de la pobreza, disminuyendo así la capacidad de ahorro en las familias, forzándoles a agotar los mismos para poder sobrevivir.

Algunos ejemplos de lo que está sucediendo en torno a los efectos climáticos son los hechos ocurridos en 1997, desencadenados por el denominado fenómeno de El Niño, hecho relacionado al calentamiento de las aguas sudamericanas, provocando afectaciones de manera cíclica, el cual causó graves sequías que ascendieron a pérdidas en la agricultura cercanas a los mil 500 millones de pesos.

El día de hoy Veracruz es un ejemplo de esas afectaciones, ya que enfrenta secuelas de las inundaciones que han dañado 143 municipios por la tormenta Ernesto. Otros casos emblemáticos han sido los estados de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Guerrero, tan solo por mencionar a algunos estados que han generado daños a miles de familias por los recurrentes fenómenos meteorológicos.

Para tales efectos se necesita que los recursos del Fonden bajen y sean eficientes, así como desarrollar acciones preventivas y de coordinación interinstitucional y mantener en condiciones óptimas la infraestructura. Son algunas de las labores que deben implementar en el territorio nacional.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo, en concordancia con la ciudadanía y en aras de solicitar conjuntamente que la Sedesol, la Conagua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobierno de Veracruz y sus instituciones, deben apoyar con recursos propios y del Fonden a esta entidad federativa y particularmente al municipio de Papantla, Veracruz. Compañeras y compañeros, es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar: Con su venia, señor presidente. Amigos y amigas, diputadas y diputados, Según lo reportado por las autoridades veracruzanas, las lluvias han afectado severamente a esta entidad, esto derivado de los impactos en los fenómenos del clima que viene afectando a sequías en la zona norte del país, pero también problemas de abasto alimenticio, y en cambio, en la zona sur-sureste y el Golfo, las fuertes lluvias llegan a afectar a las familias con escasos recursos económicos, que se sienten vulneradas, asentadas en zonas de riesgo y que pone presente a las autoridades federales.

Hoy el gobierno del estado de Veracruz hace lo propio; sin embargo, como fracción parlamentaria, preocupados por el tema del medio ambiente, solicitamos la participación de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Comisión Nacional del Agua, a que haya mayor vinculación entre los tres órdenes de gobierno. Si bien es cierto, existe el Fondo Nacional de Desastres, pero este fondo no es suficiente, que legalmente está etiquetado en los municipios, en las entidades federativas y en el gobierno federal. Estamos enfrentando estos cambios climáticos que van a vulnerar y que pueden poner en riesgo la economía de las familias mexicanas, toda vez que los pone en el riesgo de perder su patrimonio familiar.

Por eso, de manera muy atenta, queremos pedir al diputado promovente, amigo de esta fracción, que pueda incluir dentro del presente acuerdo de urgente u obvia resolución, que se plantee la posibilidad de modificar el resolutivo, a fin de que se exhorte a las autoridades señaladas a diseñar, a implementar un proyecto integral para prevenir y enfrentar los efectos de las tormentas y no solamente esté el estado de Veracruz, sino también Chiapas y Tabasco, ya que a veces somos hermanos de esas mismas necesidades.

Asimismo aprovecho agradecerle a la diputada que nos mandó las galletas y los dulces. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros, diputados y diputadas, vengo a expresar nuestro respaldo a la proposición con punto de acuerdo, propuesta a consideración del proponente.

El caso de Veracruz se repite, prácticamente, en todas aquellas regiones del país en donde la ocurrencia de inundaciones es un fenómeno sistemático; los recursos para atender a los afectados de estas inundaciones llegan a cuentagotas, casi siempre bajo la declaratoria de desastre natural. Esto significa que para la programación de obras prevalece una visión reactiva del problema y no preventiva.

A la fecha, Conagua es la única responsable de programar y ejecutar acciones y obras en esta materia; sin embargo, el programa acusa, por decir lo menos, deficiencias por las siguientes razones: programación discrecional de las obras, sin tomar en cuenta las necesidades de protección planteadas por los gobiernos locales, que son quienes mejor conocen la situación de sus municipios; obras con sobreprecios, supervisión de obras simuladas, monopolios u oligopolios de proveedores, atraso en la programación y ejecución de obras, baja calidad en los materiales empleados; por lo que se deben programar constantemente la reposición de obras.

Un caso concreto es el de la región de donde vengo, la zona de los Tuxtlas, en Veracruz, tenemos problemas graves de comunicación, está cortada la carretera, no hay paso de Santiago Tuxtla a Villa Isla, a ciudad Isla; Santiago Tuxtla-Tres Zapotes, asentamiento de la cultura Olmeca, de donde soy oriunda y que hay que pasar con mucho cuidado, hay deslaves en dos puentes exponiéndose al riesgo que ello significa para estar incluso aquí, donde tuvimos inundaciones hace dos semanas.

Qué decir de los municipios aledaños a Santiago, donde colinda Ángel R. Cabada, la carretera costera de lo que tiene que ver con el trópico, laguna El Majahual, El Majahual-Puntilla, etcétera, Tlacotalpan, que es una zona que también circunda y tiene problemas graves. Los caminos, las terracerías están en deplorables circunstancias.

Por estas razones se han tenido que erogar miles de millones de pesos en forma por demás ineficiente; ha sucedido incluso en la cuenca del río Grijalva, donde ustedes conocen la historia.

Es por ello que en el Grupo Parlamentario del PRD consideramos necesario generar cambios en la estructura programática presupuestal del Ramo 016 y para ello propondremos, en el marco de la discusión presupuestal, la implementación de un programa que pudiera ser denominado fondo concursable de adaptación al cambio climático por inundaciones o fondo concursable para la construcción de bordos de protección, mismos que deberán sustituir al actual programa de infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas.

Es necesario atender la planta productiva. Me decía el alcalde de Santiago Tuxtla, de Acción Nacional, que son mil 500 los productores afectados y que Sagarpa, Sedarpa solamente le reconoce 40. Es inadmisible. Claro, detrás de un escritorio difícilmente se puede tener conciencia de la realidad que prevalece.

Este fondo deberá fomentar la participación de las entidades federativas en la construcción de infraestructura de protección, claro, en lo más que sea posible, contra inundaciones como el que mediante este punto de acuerdo se reclama para Xalapa, Veracruz, en voz del diputado de ese distrito, Uriel Flores Aguayo, al cual nos sumamos.

Se requieren los recursos necesarios, ya que en la actualidad se tiene que cargar incluso con una deuda contraída hace 10 años y ahora la presidenta municipal de Xalapa, Elizabeth Morales, tiene que cargar con ese vía crucis de lo que significa esa deuda; por lo tanto, se hace necesaria la concurrencia de recursos para atender. Gracias por su atención, compañeras y compañeros diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del PAN reconocemos el problema de las inundaciones que afectan a la zona metropolitana de Xalapa, capital de Veracruz, un problema que ha causado la pérdida de vidas y la afectación terrible al patrimonio de la población.

Estas inundaciones son producto del desordenado crecimiento de la mancha urbana, la falta de mantenimiento del sistema de drenaje, el azolve de cauces por sedimentos, productos de la tala inmoderada y la presencia de fenómenos meteorológicos atípicos, por nombrar algunos.

Los legisladores del PAN tradicionalmente hemos luchado por la protección de la población; por ello, desde este Congreso hemos impulsado una sólida legislación en materia de protección civil; hemos además velado por la oportuna asignación de los recursos del Fonden en las zonas de desastre, así como la ejecución de obras preventivas para minimizar el riesgo que representa el desbordamiento de cauces, el desgajamiento de cerros, y otros desastres naturales.

Este caso no es la excepción, por lo que desde aquí hacemos un llamado urgente al gobierno federal para que se coordine con el gobierno del estado y el ayuntamiento de Xalapa, para realizar acciones que permitan diseñar y ejecutar planes integrales de protección a los ciudadanos.

Ahora no podemos ni debemos pensar en soluciones improvisadas, urgimos que se otorguen respuestas estratégicas y definitivas que involucren a las autoridades gubernamentales, a las instituciones académicas y a la población, en general, para evitar que todos los años se repita esta triste historia.

Hoy es apremiante que los diferentes órdenes de gobierno asuman su responsabilidad, que diseñen y vigilen el cumplimiento puntual de los planes de desarrollo urbano para evitar asentamientos irregulares en cauces de ríos y arroyos, poniendo en riesgo a la población y a su patrimonio.

Hacemos un llamado para realizar un plan integral hídrico, que permita definir zonas de riesgo, contar con información precisa sobre las precipitaciones y definir las acciones y obras necesarias para evitar que se afecten los asentamientos humanos, las áreas de cultivo y la infraestructura productiva, asimismo que contemple acciones preventivas como el desazolve, la reforestación, la limpieza de coladeras, la evaluación de la capacidad de los drenajes y de ser necesario, evalúe al posibilidad de construir bordos y represas, o en un caso extremo reubicar a la población para salvaguardar su vida y su integridad.

Con base en lo anterior, el Grupo Parlamentario del PAN manifiesta su voto a favor de que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno se coordinen para una realización de planes integrales que permitan de una vez por todas erradicar las inundaciones en las diferentes regiones del país que comparten este terrible problema. De igual manera, solicitamos a todos los legisladores el voto a favor en este importante punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán:Con permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, tomo la palabra para sumarme a la proposición con punto de acuerdo que ha presentado el compañero diputado Uriel Flores Aguayo, representante del X distrito, Xalapa urbano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por considerar que es positiva y pertinente para la capital del estado de Veracruz.

En la zona conurbada de Xalapa se vive la paradoja de ser una región de alta densidad fluvial, pero sin que se cuente con un sistema de canalización de las aguas de lluvia o aprovechamiento de éstas; esa situación nos lleva a tener una ciudad que vive de escasez del agua en la época de estiaje, por lo que se tiene que llevar agua a la población desde tierras lejanas del estado de Puebla.

La falta de un gran proyecto en la zona alta del río Sedeño genera, por un lado, escasez de agua y por el otro, que se enfrenten durante la temporada de lluvias y huracanes serias inundaciones en diversas colonias de los municipios conurbados que provocan pérdidas materiales recurrentes a la población.

Es un clamor social el que se realicen las inversiones necesarias y suficientes para que los bienes de los ciudadanos no se pierdan cada año, para que las casas no queden anegadas y llenas de lodo en cada aguacero torrencial. Se necesita un gran proyecto a escala en la zona alta del río Sedeño, un proyecto que aminore sustancialmente las afectaciones de la zona conurbada.

El río Sedeño ha crecido en los últimos días 15 por ciento de su margen original; eso es un fenómeno que ha crecido en los últimos 30 años y ha afectado seriamente la zona.

Quiero resaltar que actualmente el gobierno de Veracruz está haciendo grandes inversiones para enfrentar este problema en diversos puntos, y ponemos ejemplos: ha invertido 50 millones de pesos en la colonia Monte Sinaí, 70 millones en el río Carneros, 45 millones de pesos en el municipio de Banderilla, 3 millones de pesos en la colonia El Tejar.

Estas inversiones del gobierno de Veracruz suman 168 millones de pesos y han permitido reducir en parte las afectaciones en las zonas más focalizadas, en donde el problema requiere de una atención inmediata como la que se han planteado aquí.

Veo con entusiasmo la preocupación de todos los grupos de diputados y esto va a llevar a que podamos hacer algo de beneficio a la zona que está padeciendo esa situación. Pero debemos atender, a través de este gran proyecto de la zona alta del río Sedeño, desde origen, para poder canalizar y aprovechar esta , que es tan importante para la zona y con ello aminoraremos los daños a la zona conurbada que es Banderilla, Xalapa, San Andrés, Tlalnelhuayocan, Jilotepec y las comunidades que están alrededor.

Por ello solicito a esta soberanía y respetuosamente a mis compañeros diputados, que de ser aprobado el punto de acuerdo, también sea remitido a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Presupuesto, para asegurar recursos, como un proyecto especial para Veracruz en el Presupuesto de Egresos 2013.

Como representante popular, tanto el diputado Uriel Flores Aguayo y un servidor, a pesar de ser de diferentes corrientes políticas, nos unifican el compromiso con los ciudadanos. Quiero resaltar que se unifica también y apoya el diputado Tomás Torres, del Partido Verde Ecologista, que se suma a este proyecto con esta intención. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría dé lectura a la propuesta de adición que dejó en la Mesa el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara y que ha sido aceptada en los términos del Reglamento por el Grupo Parlamentario promovente y una vez leída, pregunte a la asamblea, en votación económica, si acepta que se adicione al punto de acuerdo presentado.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del estado de Veracruz, a la Secretaría de Comunicaciones, a la Comisión del Agua del estado de Veracruz y al ayuntamiento de Xalapa, a que pongan en marcha un programa inmediato de reducción de riesgos y de rehabilitación del hábitat de las zonas afectadas, que restablezca mejores condiciones para las zonas de riesgo de la ciudad.

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se adiciona al punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Ahora consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo ya adicionado.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

* PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros diputados, en términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida a la Secretaría se registren para la próxima sesión.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín (a las 16:16 horas): Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 4 de octubre de 2012, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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