Presidencia del diputado Jesús Murillo Karam

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 261 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam(a las 11:01 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 4 de octubre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Secretaría de Gobernación

Tres, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados durante la LXI Legislatura.

De la Cámara de Senadores

Con los que remite proposiciones con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013:

Se etiqueten recursos destinados para el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras, Agrícolas Migrantes, presentada por el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Se destinen mayores recursos para la prevención, detección temprana y tratamiento de la Diabetes Mellitus, presentada por el Senador Francisco Búrquez Valenzuela y suscrita por los senadores Daniel Gabriel Ávila Ruíz y María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Del Congreso del Estado de Oaxaca

Por el que exhorta a la Cámara de Diputados autorizar recursos extraordinarios al instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

Iniciativas

Que reforma los artículos 6o. y 67 de la Ley General de Educación y 218 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Socorro de la Luz Quintana León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40, 41 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 118 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 2 Bis y reforma el artículo 3o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 29 y 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o., 104 y 106 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 37, 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Juan Carlos Uribe Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40, 41, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 24, 143 y adiciona un artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General del Sistema Nacional de Participación Ciudadana, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2° y 3° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 65 de la Ley General de Educación y 218 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE y a la PGR, para que hagan pública toda la información que tengan disponible, en relación al operativo denominado “rápido y furioso”, incluyendo aquella que se hubiese generado en instancias estadounidenses y remitido a autoridades mexicanas, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la continuación y ampliación de la Reforma Rural Estructural en la presente Legislatura, a cargo del diputado Marco Antonio González Valdez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, fortalezca y continúe con los trabajos realizados en el esquema preventivo de enfermedades en la familia, a través de la Semana Nacional de la Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Conaculta, a que dé cumplimiento al decreto del Presupuesto de Egresos de Federación para el ejercicio Fiscal 2012, liberando los recursos correspondientes, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol a garantizar la incorporación de las personas con discapacidad a todos los programas sociales, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SEP, se tomen las medidas necesarias para evitar conductas de acoso y hostigamiento entre los alumnos, profesores y autoridades en los centros de educación y enseñanza del territorio nacional, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Citricultura, a cargo del diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial que contribuya a la Seguridad Alimentaria en el País, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República para que dictamine el Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 Constitucional, en materia de desarrollo integral de los jóvenes, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Transparencia y Rendición de Cuentas, a cargo del diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SHCP, para que refuerce la correcta aplicación de los procedimientos de verificación de mercancías de comercio exterior al interior del recinto fiscal y se aplique estrictamente conforme a la normatividad, el desaduanamiento libre, al activar el mecanismo de selección automatizada, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Quintana Roo, para que deje de vulnerar la autonomía del Municipio de Benito Juárez, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Cuenca del Sistema Cutzamala, a cargo de la diputada Blanca Esthela Gómez Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Regulación en Tarifas Eléctricas y Revisión del Plan Hídrico del estado de Tabasco, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera Mexicana, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo Federal, para que a través de la SHCP, de la Sener, de la SE y de la CFE, reclasifique a la baja las tarifas eléctricas del consumo doméstico o residencial para el estado de Chiapas y todas aquellas entidades donde las temperaturas excedan los 32 °C, a cargo del diputado Simón Valanci Buzali, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento de la Industria Lechera, a cargo del diputado José Noel Pérez de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la terminación del Acuerdo de Suspensión para las importaciones de tomate procedente de México hacia los Estados Unidos de América; asimismo se solicita la creación de una Comisión Especial para atender, apoyar y defender a los productores del tomate mexicano, especialmente a los que tienen vocación exportadora, a cargo del diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al subsidio a la tortilla de maíz, a cargo del diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de la Profepa, así como de la Semarnat y de la Conagua, por las irregularidades presentadas en el relleno de los socavones de las minas del Municipio de Texcoco, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes dos de octubre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos cincuenta diputadas y diputados, a las once horas con diecisiete minutos del martes dos de octubre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

El Presidente informa a la Asamblea que todos los asuntos turnados durante la Sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las Comisiones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, por la que invita a la Ceremonia Cívica del ducentésimo cuarto Aniversario Luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos, el jueves cuatro de octubre a las diez horas. Se designa una comisión de representación.

b) De la Cámara de Senadores, con la que remite acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, otorgue un aumento del quince por ciento de los recursos asignados al Centro Nacional de Trasplantes. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

a) De la Secretaría de Gobernación, dos oficios:

• Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: José Carlos Escobar Gutiérrez, Marianna Romero Fong, Faride Assad Gómez y Fabiola Sánchez Espinosa, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y en sus Consulados Generales en Guadalajara, Jalisco; y Matamoros, Tamaulipas, e informa que las ciudadanas: Guadalupe Patricia Yánez Armas y Margarita Sesma Arias, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Las solicitudes de permiso se turnan a la Comisión de Gobernación, para dictamen; por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, comuníquese a las comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• Por el que comunica la designación del ciudadano Jorge Triana Tena, como Supervisor de los Trabajos de la Dependencia Coordinadora del Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

b) Del Banco de México, con la que remite los informes sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de dos mil doce, y sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, de conformidad con lo que establece el artículo cincuenta y uno, fracción segunda, de la Ley del Banco de México. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

c) Del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la que remite el Informe correspondiente al segundo trimestre de dos mil doce, sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

d) De Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

• Con la que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de agosto de dos mil doce, y la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente con el mes de agosto de dos mil once.

• Con la que remite el Reporte de Donatarias Autorizadas correspondiente a dos mil doce, en atención a lo establecido en el artículo veintisiete de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil doce.

Se remiten a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

e) Del Congreso del estado de Querétaro, con la que solicita a la Cámara de Diputados, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se considere un aumento en el rubro relativo al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El siguiente punto del orden del día es la Agenda Política, se concede el uso de la tribuna para referirse a:

• La conmemoración del dos de octubre, “Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en mil novecientos sesenta y ocho”, a los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Federico José González Luna Bueno, del Partido Verde Ecologista de México; Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática; José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional; y María de la Paloma Villaseñor Vargas, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente invita a la Asamblea a guardar un minuto de silencio en memoria de los estudiantes caídos el dos de octubre de mil novecientos sesenta y ocho.

A las once horas con treinta y cuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro cuatrocientos sesenta y seis diputadas y diputados.

• La transversalidad de las políticas medioambientales, a los diputados: María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Rodrigo González Barrios, del Partido de la Revolución Democrática; y María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Se concede el uso de la tribuna para presentar las siguientes iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

a) Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos veintiséis y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

b) Lucila Garfias Gutiérrez, a nombre propio y de los diputados integrantes de Nueva Alianza, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

c) Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ochenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

d) Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ochenta y nueve de la Ley del Seguro Social, treinta y uno de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y setenta y siete Bis cinco de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Salud, para dictamen.

e) Ruth Zavaleta Salgado, a nombre propio y de los diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo noventa y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

f) Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

g) Cristina Olvera Barrios, a nombre propio y de los diputados integrantes de Nueva Alianza, que reforma el artículo ciento treinta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

h) Leonor Romero Sevilla, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley que establece las bases de coordinación y ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

i) Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cuarenta y cuatro del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

j) José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano, que adiciona un artículo once Bis a la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

k) María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

l) Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

m) Francisca Elena Corrales Corrales, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo tercero de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

De conformidad con el artículo setenta y seis, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

a) Francisco Pelayo Covarrubias, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Economía, utilice los medios legales a su alcance para defender a los productores mexicanos de tomate y renegociar los acuerdos comerciales para exportar jitomate a Estados Unidos de América. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; José Humberto Vega Vázquez, del Partido del Trabajo; José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano; Héctor Narcia Álvarez, del Partido Verde Ecologista de México; José Antonio León Mendívil, del Partido de la Revolución Democrática; Gerardo Peña Avilés, del Partido Acción Nacional; y Heriberto Manuel Galindo Quiñones, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

b) Harvey Gutiérrez Álvarez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Relaciones Exteriores actualicen las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México; Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática; María Guadalupe Mondragón González, del Partido Acción Nacional; y Pedro Gómez Gómez, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

c) Uriel Flores Aguayo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional del Agua, al Gobierno del estado de Veracruz, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz y al Ayuntamiento de Xalapa, para que en la zona metropolitana de Xalapa, diseñen un proyecto integral gubernamental para enfrentar los efectos de las tormentas en esa zona. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, quien propone una adición al acuerdo; Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática; Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Partido Acción Nacional; y José Alejandro Montano Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional. La Secretaría da lectura a la adición propuesta por el diputado Ladrón de Guevara, y en votación económica se acepta, de la misma manera se aprueba el acuerdo con la adición aceptada por la asamblea. Comuníquese.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión que no fueron anunciadas, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las proposiciones de los siguientes diputados: Claudia Elena Águila Torres, del Partido de la Revolución Democrática; y Marco Antonio González Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, quienes solicitaron a la Secretaría sean inscritas en la próxima sesión. En consecuencia se turnan las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

a) José Everardo Nava Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, amplíe el límite de pago a efecto de garantizar el cobro del fondo de apoyo social del fideicomiso diez mil doscientos treinta por la totalidad de los ex trabajadores migratorios mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

b) José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Coahuila, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, establezca medidas de seguridad expedita y eficazmente en los centros penitenciarios de su jurisdicción. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

c) Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Baja California y al Ayuntamiento del Municipio de Tijuana, para que detengan y sancionen los abusos y maltratos contra animales, cometidos por el Grupo Caliente en sus centros de apuestas. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

d) Juan Manuel Diez Francos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Industria Automotriz. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

e) Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que sean desplegadas las medidas de seguridad correspondientes en sus demarcaciones, así como la constante vigilancia de los mandos penitenciarios. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

f) José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, para que se instaure un Comité de Disciplina y Ética Parlamentaria. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

g) Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a no considerar en la Ley de Ingresos dos mil trece el gravamen del tercero por ciento a las telecomunicaciones, señalado en la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

h) Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, para que haga una distribución igualitaria en razón de género de las comisiones ordinarias y especiales de la Sexagésima Segunda Legislatura. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

i) Cesario Padilla Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Vigilancia, Seguimiento y Atención para la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

j) Salvador Ortiz García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Economía, respete el convenio suscrito con la cadena productiva de oleaginosas, y deje sin efecto el Decreto por el que se modifican los aranceles NMF a los Aceites Vegetales Comestibles clasificados. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

k) Rodimiro Barrera Estrada, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el Desarrollo Hidráulico de la región de tierra caliente y la costa del estado de Michoacán. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

l) María del Rocío García Olmedo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a declarar el año dos mil trece como “Año del heroico sitio de Puebla de mil ochocientos sesenta y tres”, asimismo se solicita la creación de una Comisión Especial para la Conmemoración del sitio de Puebla de mil ochocientos sesenta y tres. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

m) Marco Antonio Barba Mariscal, Celia Isabel Gauna Ruíz de León y Luis Armando Córdova Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Análisis de Políticas de Creación de Nuevos Empleos. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día jueves cuatro de octubre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con dieciséis minutos.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobada el acta.

Esta Presidencia informa a la asamblea que todos los asuntos turnados a comisiones durante esta sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las comisiones.

Continúe la Secretaría.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-11-9-3229, de fecha 12 de abril de 2011, signado por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 307-A-3.-254, suscrito por el ciudadano Rodolfo Demetrio Alor Muñoz, director general adjunto de Programación e Integración Presupuestaria de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la incorporación de los subprogramas y acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en el marco del Sistema de Información sobre la Aplicación y Resultados del Gasto Federalizado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de octubre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.—  Presente.

Se hace referencia a su oficio número SEL/UEL/311/1094/11, mediante el cual comunica el punto de acuerdo de la sesión celebrada el día 12 de abril del 2011 hecho por la Cámara de Diputados al gobierno federal el cual transcribió: “La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se incorporen los subprogramas y acciones del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal (FISM) en el marco del Sistema de Información sobre la Aplicación y Resultados del Gasto Federalizado (SFU), con el objeto de que los Municipios realicen más obras de inversión en beneficio de la población en rezago social y pobreza extrema, esto con la finalidad de que se eviten irregularidades u observaciones de los Órganos Fiscalizadores”.

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 33, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); los lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33, “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Lineamientos R33), publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de enero de 2008; y 62, fracción XXVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se comunica lo siguiente

• El exhorto indica que con el objeto de que los Municipios realicen más obras de inversión en beneficio de la población en rezago social y pobreza extrema y con la finalidad de que se eviten irregularidades u observaciones de los órganos fiscalizadores, se incorporen los subprogramas y acciones del FISM en el marco del SFU. En este sentido le informo que el SFU no autoriza a los municipios en que pueden gastar el recurso del fondo, en el artículo 33 de la LCF se establece en que puede destinarse el recurso del fondo, mismo que a continuación se transcribe:

“Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban tos estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicos ya inversiones que beneficien directamente en sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

”a) Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.”

• El SFU es un sistema de información mediante el cual las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reportan sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que les son transferidos.

• Desde el ejercicio fiscal 2007 que se implementó el SFU, dentro del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda, se puede realizar la captura de la información referente al ejercicio y destino de los recursos de cada unos de los Fondos del Ramo 33 al nivel máximo de desagregación (obra o acción), coadyuvando así a la transparencia y mejor rendición de cuentas.

• Derivado del párrafo anterior el SFU t écnicamente permite que se reporten todas las obras o acciones que sean ejercidas por uno o más ejecutores de gasto de cada uno de los fondos, en el mismo sentido el SFU cuenta con los campos necesarios para que las entidades federativas cumplan con la normatividad aplicable.

El inciso III del numeral tercero de los Lineamientos R33 establece que el coordinador del FAIS es la Secretaría de Desarrollo Social.

“En los términos de las disposiciones aplicables, las Dependencias Coordinadoras de los Fondos son las siguientes: III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).”

En atención al exhorto antes mencionado, durante el 2011 se llevaron a cabo reuniones y se estuvo en continua comunicación con servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social, con la finalidad de que la Sedesol, como coordinadora del FISM, definiera e indicaran la apertura máxima del catálogo que debe de tener el fondo dentro del SFU.

El catálogo del FISM fue modificado dentro del SFU para que las entidades federativas y el Distrito Federal estuvieran en posibilidad de reportar con la estructura definida por la Sedesol a partir del primer trimestre de 2012.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Rodolfo Demetrio Alor Muñoz (rúbrica), Director General Adjunto.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

EDUCACION SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-2458 de fecha 15 de diciembre de 2010, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Dolores del Río Sánchez, entonces presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0381/12 suscrito por el licenciado José Francisco Dufour Sánchez, coordinador de Enlace de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la educación superior abierta y a distancia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio número SEL/UEL/311/4253/10, remito a usted similar numero R-UnADM/0368/2012, suscrito por el maestro Manuel Quintero Quintero, rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México, por el que da respuesta al punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión en la sesión celebrada el 15 de diciembre de 2010, relacionado con diversos aspectos de la Educación Superior Abierta y a Distancia.

Atentamente

México, DF, 26 de septiembre de 2012.— Licenciado José Francisco Dofour Sánchez (rúbrica), Coordinador de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior.— Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar copia del oficio número SEL/UEL/311/4253/10, mediante el cual la Secretaría de Gobernación remite el punto de acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados en la sesión del 15 de diciembre, que señala lo siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir a la brevedad posible el decreto de creación de la figura jurídica que respalde al Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD) como una institución de educación superior, considerando en él la situación de los docentes que conforman el programa, la forma en que se avalarán los títulos que obtendrán los alumnos al finalizar su formación y su incorporación al sistema de educación superior como un subsistema más. Segundo. Exhortamos al titular de la Secretaría de Educación Pública a que, de acuerdo a sus competencias, emprenda o agilice las acciones correspondientes para que el titular del Ejecutivo federal cuente con la información y condiciones necesarias que le permitan emitir el decreto de creación de la figura jurídica que respalde al Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia como una institución de educación superior que forme parte del sistema de educación superior. Tercero. Exhortamos al titular de la Secretaría de Educación Pública a que en el portal web y a través de los mecanismos que considere pertinentes de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, haga de conocimiento público la evolución en el número de matrícula, tutores, facilitadores, personal administrativo, y todo aquello que haga del Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia de la Secretaría a su digno cargo, un espacio de transparencia y rendición de cuentas tanto para su comunidad como para la ciudadanía en general. Cuarto. Se informe a esta soberanía los resultados obtenidos.

Atentamente

México, DF, 21 de diciembre de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.— Presente.

Me refiero a su oficio número UR 120 UCE/CECU/0579/ 10, por el cual remitió a la Subsecretaría de Educación Superior copia del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la sesión 15 de diciembre de 2010, en el cual se resolvió lo siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir a la brevedad posible el decreto de creación de la figura jurídica que respalde al Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia como una institución de educación superior, considerando en él la situación de los docentes que conforman el programa, la forma en que se avalarán los títulos que obtendrán los alumnos al finalizar su formación y su incorporación al sistema de educación superior como un subsistema más.

Segundo. exhortamos al titular de la Secretaría de Educación Pública a que, de acuerdo a sus competencias, emprenda o agilice las acciones correspondientes para que el titular del Ejecutivo federal cuente con la información y condiciones necesarias que le permitan emitir el decreto de creación de la figura jurídica que respalde al Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia como una institución de educación superior que forme parte del sistema educación superior.

Tercero. Exhortamos al titular de la Secretaria de Educación Pública a que en el portal web y a través de los mecanismos que considere pertinentes de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública, haga de conocimiento público la evolución en el número de matrícula, tutores, facilitadores, personal administrativo, y todo aquello que haga gel Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia de la Secretaría a su cargo, un espacio de transparencia y rendición de cuentas tanto para su comunidad como para la ciudadanía en general.

Cuarto. Se informe a esta soberanía los resultados obtenidos.

En relación con los resolutivos primero, segundo y cuarto del punto de acuerdo antes citado, cabe destacar que el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, numeral 3.6., objetivo 3, de las Estrategias y Líneas de Acción, establece que se deberá impulsar la educación abierta y a distancia con criterios de calidad e innovación permanentes, con especial énfasis en la atención de regiones y grupos que carecen de acceso a servicios escolarizados, y mandata la creación de la Universidad Abierta y a Distancia para responder a la demanda de la educación superior.

En este sentido, me permito informar a usted que después de haber realizado las gestiones conducentes ante las instancias competentes, que se detallan en el anexo 1 del presente, el pasado 19 de enero del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea la Universidad Abierta y a Distancia de México, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y de gestión, el cual tiene por objeto prestar servicios educativos del tipo superior, en la modalidad no autorizada, abierta y a distancia, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, respaldados en redes de conocimiento, tecnológicas y administrativas, cuyas características serán la flexibilidad, la calidad y la pertinencia.

En otro orden, en cuanto al resolutivo tercero del punto de acuerdo, me permito enviar como anexo la información relativa a “...la evolución en el número de matrícula, tutores, facilitadores, personal administrativo y todo aquello que haga del Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia de la Secretaría a su cargo, un espacio de transparencia y rendición de cuentas tanto para su comunidad como para la ciudadanía en general...”, que está disponible para su consulta pública en la siguiente página electrónica: http://www.unadmexico.mx/.

Mucho le agradeceré remitir la información que por este medio le hago llegar a la instancia solicitante, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de septiembre de 2012.— Maestro Manuel Quintero Quintero (rúbrica), Rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-4-2076 de fecha 8 de diciembre de 2011, signado por el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-357/2012 suscrito por. Sofía Fernández del Castillo Quintana, directora general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la situación de los grupos de pescadores y prestadores de servicios inconformes con el desarrollo del proyecto concesionado a Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de octubre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Secretaría de Gobernación.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/4320/11, de 9 de diciembre de 2011, mediante el cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, remite copia del punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 8 de diciembre de 2011 por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, cuyo resolutivo cito:

Único.La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se revise la situación de los grupos pescadores y prestadores de servicios inconformes con el desarrollo del proyecto concesionado a Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV, para la administración portuaria integral tanto del recinto portuario correspondiente al puerto de Zihuatanejo y sus aguas adyacentes, que comprenden la zona de fondeo de la bahía del mismo nombre, en Zihuatanejo de Azueta, como de la Barra de Potosí, en Petatlán, Guerrero, y se determine su posible incorporación al desarrollo de dicho proyecto portuario.

En atención a ello, me permito ofrecer la respuesta que, en términos de lo establecido en el artículo 50 primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obsequió el licenciado Naím Gilberto Calderón Bárcena, director de Concesiones, Permisos y Autorizaciones, mediante oficio 7.3. 0.5.774/2012, del 3 de julio de 2012, que se adjunta al presente para los fines conducentes.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de julio de 2012.— Sofía Fernández del Castillo Quintana (rúbrica), directora general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sofía Fernández del Castillo Quintana, encargada de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.— Presente.

Me refiero a su atento oficio 1.3.366/2011 de fecha 13 de diciembre de 2011, mediante el cual turna copia y hace referencia al oficio SEL/UEL/311/4320/11, y solicita se de respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 8 de diciembre de 2011.

Sobre el particular le informo que, se han recibido diversos comunicados de grupos ambientalistas, pescadores, transportistas y prestadores de servicios turísticos, en los que solicitan la revocación del título de Concesión que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó a Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV.

Le comento que, en todas las ocasiones se ha respondido a los inconformes que no es procedente revocar de manera lisa y llana el título de concesión referido en el párrafo que antecede, que para ello, es necesario que acontezca alguna de las causas de revocación previstas en el artículo 33 de la Ley de Puertos, y posteriormente instaurar el procedimiento de revocación previsto en el artículo 34 del citado ordenamiento legal, pues de no ser así, se estarían violentando las garantías de legalidad, audiencia y certeza jurídica.

No obstante lo anterior, ninguno de los inconformes ha aportado elementos para iniciar el procedimiento de revocación, sólo aducen que están inconformes, y por tanto, no se ha estado en aptitud de dar inicio al procedimiento respectivo.

Por lo que hace a la determinación de su incorporación al desarrollo del proyecto portuario, le informo que, Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV, conforme al título de Concesión, es la obligada a ejecutar el proyecto portuario, por tanto, a dicha paraestatal es a quien corresponde otorgar los contratos que correspondan, por lo que se sugiere que los pescadores, transportistas y prestadores de servicios turísticos se acerquen con dicha moral oficial para que soliciten la suscripción del contrato que proceda.

Lo anterior con fundamento en los artículos 8, 14, 16 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 36 fracciones XIX, XX y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 y 16 fracción XIV de la Ley de Puertos; 3o. del Reglamento de la Ley de Puertos; 16, fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2, fracción XXII, y 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y artículo único, fracción VI, párrafo segundo, del acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y centros SCT correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En suplencia por la ausencia del director general de Puertos licenciado Alejandro Hernández Cervantes, firma el director de Concesiones, Permisos y Autorizaciones de la Dirección General de Puertos, con fundamento en lo establecido en los artículos 2o., fracción XXII, 9 y 50, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Atentamente

México, DF, a 3 de julio de 2012.— Licenciado Naím Gilberto Calderón Bárcena, director de Concesiones, Permisos y Autorizaciones.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incremente una partida presupuestal para el gasto del Programa de Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes.

La Presidencia dispuso que los resolutivos primero y tercero del punto de acuerdo se turnaran a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; y el segundo, a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 2 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Sofío Ramírez Hernández, senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se incremente una partida presupuestal para el gasto del Programa de Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias forman un sector de la población nacional que padece en alto grado la exclusión social.

De acuerdo con datos del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social, en México hay 405 mil712 familias en permanente movimiento. Según la Encuesta Nacional de Jornaleros 2009, alrededor de 96 mil 440 niños de entre 0 y 14 años migran con los padres o tutores.

En los grandes centros agroindustriales, los menores están expuestos a la falta de alimentación equilibrada, a la carencia de servicios médicos y a las pocas, por no decir nulas, oportunidades educativas y de salud.

Según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la asistencia de los niños agrícolas a la escuela es de menos de 10 por ciento de la población total. El Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, a cargo de la SEP, se creó con el objetivo de cubrir la atención educativa elemental de la población de jornaleros agrícolas migrantes.

El programa tiene cobertura en 29 entidades federativas del país, entre las que destacan Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y, sobre todo, Guerrero. Dicho programa abarca sólo a 4.1 por ciento de los niños jornaleros, mientras que el Consejo Nacional de Fomento Educativo cubre 3.9. Esto quiere decir que 92 por ciento de los niños en condición de jornaleros agrícolas de entre 6 y 14 años de edad que trabajan en el campo no tiene acceso a la educación.

Los centros escolares de atención a niños jornaleros agrícolas se enfrentan a una problemática en la que destaca la insuficiencia de recursos financieros, el estado en que se encuentran las aulas, la escasez de docentes preparados para el reto de impartir enseñanza a poblaciones móviles, y la diversidad étnico-lingüística de los alumnos.

A fin de evitar la deserción a causa de índices reprobatorios y la interrupción del curso, resulta importante emprender una serie de acciones que fortalezcan el programa, como presentar una propuesta académica adecuada para esta situación y crear un calendario escolar que responda a los ciclos migratorios para que los niños no pierdan el año escolar cada vez que cambian de residencia.

También es necesario fortalecer el programa compensatorio, importante factor para la permanencia de los alumnos en la escuela, dado que desde temprana edad éstos deben contribuir al ingreso familiar.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República solicita atentamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2013 incremente una partida presupuestal en términos reales a lo aprobado el año pasado para el gasto del Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes a fin de asegurar mayor inversión en construcción y mantenimiento de instalaciones y equipamiento de materiales didácticos, así como fortalecer mayor plantilla de docentes.

Segundo. Se exhorta a la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión a fin de que en el proceso de discusión y aprobación del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se etiqueten recursos destinados al Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes.

Tercero. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Educación Pública que a través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa diseñe una propuesta de calendario escolar que responda a los ciclos migratorios; y modifique las normas de acreditación y certificación para que se ajusten a los tiempos de permanencia en los lugares de origen, así como que cree un programa para profesores migrantes que den seguimiento y atención a los niños migrantes.

Dado en la Cámara de Senadores, a 2 de octubre de 2012.— Senadores: Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter, Eviel Pérez Magaña, José Ascención Orihuela Bárcenas, Mely Romero Celis, René Juárez Cisneros (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Búrquez Valenzuela, en nombre propio y de Daniel Gabriel Ávila Ruiz y María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se consideren y destinen mayores recursos en el rubro de la salud, particularmente para la prevención, la detección temprana y el tratamiento de la diabetes mellitus.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 2 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Francisco Búrquez Valenzuela, senador de la república en la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se consideren y destinen mayores recursos en el rubro de la salud, particularmente para la prevención, la detección temprana y el tratamiento de la diabetes mellitus, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La epidemia de la diabetes mellitus es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una amenaza mundial. Afecta actualmente a más de 346 millones de personas en el mundo y se espera que alcance 540 millones en 2025. La mayoría de estos casos se presenta en países en vías de desarrollo.

Resulta de gran preocupación que la diabetes haya aumentado 30 por ciento en México en las últimas dos décadas a causa del notable incremento de obesidad y sobrepeso en la población, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

La enfermedad es una de las principales causas de muerte de la población, sobre todo por las complicaciones crónicas que se desarrollan en su evolución, lo cual implica elevados costos económicos para su mantenimiento y control por los países desarrollados y en vías de desarrollo.

El padecimiento, que notablemente va en aumento de una forma alarmante, afecta a adolescentes y adultos jóvenes. La diabetes tipo 1 se encuentra en rápido crecimiento en niños y adolescentes en muchos países; las pruebas indican que hoy se detectan casos de diabetes tipo 2 en niños en un número creciente de países.

En la actualidad, las personas con diabetes tienen una expectativa de vida reducida, lo cual representa 9 años menos en los hombres y 7 en las mujeres. Además, ocurre mayor mortalidad cardiovascular en los enfermos diabéticos que entre la población en general: 2.5 veces mayor en hombres y 2.0 en mujeres. La sobrevida de una persona con diabetes mellitus es equivalente a la de una persona que tuvo un infarto agudo del miocardio, pero si se suman el infarto agudo del miocardio y la diabetes, la mortalidad crece al doble.

De acuerdo con las tendencias en los próximos 20 años, 1 de cada 3 mexicanos la tendrá debido a la obesidad, lo que representa un pequeño panorama del padecimiento.

Sin duda, las enfermedades crónicas no transmisibles son la primera causa de muerte prematura, discapacidad y erogación de recursos económicos, sobre todo la diabetes. Datos oficiales mencionan que se requiere 13 por ciento del gasto en salud para su atención.

Esta enfermedad ocupa el primer lugar en padecimientos y cada año ocasiona alrededor de 80 mil muertes; resulta importante señalar que Sonora ocupa los primeros lugares en el padecimiento de diabetes: tan sólo en 2011 se tuvieron 161 mil 800 detecciones, de las cuales 14.7 por ciento resultó positivo en diabetes.

La enfermedad representa en la entidad la tercera causa de muerte, lo cual la sitúa entre los 10 primeros estados del país con mayor incidencia del padecimiento.

Debido a esta situación, la federación le destina 11.5 millones para el estado al año, de los cuales 20 mil pesos los destina por cada paciente diabético, costo con el que se cubre el tratamiento para su control, fundamental para llevar una buena calidad de vida.

El escenario nacional indica que para 2020 se estiman tasas muy altas de diabetes en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Distrito Federal, Veracruz, Chiapas y Campeche.

Indudablemente, estamos frente a un problema de salud pública mundial muy complejo y con repercusiones graves no sólo en el ámbito de la salud sino, también, en los planos económico y social.

La gravedad del problema a escala nacional es razón de sobra para dar continuidad al combate de la enfermedad.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se consideren y destinen mayores recursos en el rubro de la salud, particularmente para la prevención, la detección temprana y el tratamiento de la diabetes mellitus.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 2 de octubre de 2012.— Senadores: Francisco Búrquez Valenzuela, María Marcela Torres Peimbert, David Ávila Ruiz, Salvador Vega Casillas, Fernando Herrera Ávila, Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Salvador López Brito, Silvia Garza Galván (rúbricas).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

ESTADO DE OAXACA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Poder Legislativo.

Diputados secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, DF.

En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 371 de fecha 15 de agosto de 2012, aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada en la misma fecha, les comunico para su conocimiento y efectos legales consiguientes, el contenido del mismo, que es del tenor siguiente:

Único. La LXI Legislatura constitucional del estado de Oaxaca, exhorta a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión consideré autorizar recursos extraordinarios al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para hacer el pago de la prima de antigüedad, asimismo, se solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de su respectiva competencia, tenga a bien autorizar la creación del concepto prima de antigüedad en las Reglas de Operación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal para los subsecuentes ejercicios fiscales. Transitorio. Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado. San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, 15 de agosto de 2012. Diputados: Francisco Martínez Neri (rúbrica), presidente; Ivonne Gallegos Carreño, Aleida Tonelly Serrano Rosado, María Mercedes Rojas Saldaña, secretarias (rúbricas).

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El respeto al derecho ajeno es la paz.

San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, a 15 de agosto de 2012.— Rafael Mendoza Kaplan (rúbrica), oficial mayor del honorable Congreso del Estado.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jaime Chris López Alvarado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o. y 67 de la Ley General de Educación y 218 del Código Penal Federal. El diputado nos informa que prefiere esperar al siguiente turno para presentar la iniciativa.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la diputada Socorro de la Luz Quintana León, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para reformar o adicionar diversas disposiciones de Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

La diputada Socorro de la Luz Quintana León: Buen día a todos. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, los continuos retos de un mundo altamente cambiante nos arrojan cifras en donde cada vez más mujeres participamos en la vida económica, política y social, éste es un cambio muy trascendente; por lo tanto, debemos de actualizar nuestras políticas públicas y en materia de equidad y género aún hay muchas cosas por hacer.

En el caso de las mujeres, existe la oportunidad de fortalecer el ámbito laboral y empresarial. De acuerdo a la Secretaría de Trabajo existe aún una gran brecha del ingreso –del 30 por ciento– entre hombres y mujeres, el 39 por ciento de mujeres no está afiliado a ninguna institución de seguridad social. Asimismo, el 62 por ciento de las mujeres realiza un trabajo no remunerado.

Por otro lado, el Inegi nos muestra que en México existen 4 millones 15 mil unidades empresariales, por las cuales el PIB es del 72 por ciento del empleo en el país; sin embargo, solo tres de cada 10 mujeres en México emprende un negocio, y de ésas 300 mil mujeres señalan que el 40 por ciento de las barreras a vencer es aún el machismo. Esto no es posible, compañeros legisladores.

A pesar de los obstáculos existentes, las empresas que son encabezadas por mujeres, que fueron respaldados en el tiempo pasado por Fonaes, el 91 por ciento logra su supervivencia. Así, las mujeres demostramos la rentabilidad en este gran sector económico de nuestro país; por lo tanto, existe una gran oportunidad de fortalecer la incursión y permanencia y crecimiento. Por lo que podemos agregar que 7.2 millones de mujeres en México son jefas de familia; es decir, casi la mitad del total de trabajadoras mexicanas son el único y principal sostén en sus hogares y generalmente sus ingresos son aplicados a la educación de sus hijos, a la familia, a los negocios y al desarrollo comunitario.

Las mujeres, señores, queremos trabajar, queremos formar parte de este órgano de transformación que nuestro país tanto necesita; por ello la importancia de impulsar a las mujeres para que incursionemos en el ámbito empresarial cada vez más, lo cual nos permita desarrollarnos profesionalmente y conciliar las tareas familiares, sin que ello implique, de ninguna manera, menor remuneración.

Es evidente que aún existe mucho por hacer desde esta Cámara para promover igualdad y volverla cada vez más real, a través de medidas concretas que contribuyan a emancipar a las víctimas de los desequilibrios sociales; por ello, amigos legisladores, hoy propongo y pongo a su consideración la presente iniciativa, que reforma los artículos 7, 9, 10, 11 y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objeto de propiciar una serie de acciones afirmativas y políticas públicas que actualicen el mandato de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como lo establecido en los diferentes instrumentos internacionales suscritos por México, al incorporar la transversalidad, la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades.

De manera específica, propongo esta mañana —a todos ustedes— crear una cultura empresarial incluyente para que el acceso al financiamiento y a las micro, pequeñas y medianas empresas deba ser en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, además de facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las mujeres jefas de familia.

La ley, entre otras cosas, es orientadora de conductas; el espíritu de las reformas que hoy planteo lleva implícito el deseo de explicar el mundo y de transformarlo en la posibilidad de ser hombres y mujeres con igualdad de oportunidades en procesos productivos. Deben de ser éstos liberadores creativos y capaces de inventar futuros, propiciar mejor calidad de vida y vivir en esfuerzos compartidos para partir del respeto y la semejanza, partiendo también de las mismas diferencias.

Compañeros legisladores, la democracia no garantiza la igualdad de condiciones, pero sí debe garantizar la igualdad de oportunidades como un requisito para el desarrollo de la población y de la nación misma.

Compañeras y amigas legisladoras, respáldenme para respaldar a nuestro género y hacer crecer a nuestro México a través precisamente de nuestras actividades; compañeros legisladores, apoyen el desarrollo de México, así juntos haremos un México mejor. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Socorro de la Luz Quintana León, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Socorro de la Luz Quintana León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 7, se agrega una fracción V al artículo 9, se adiciona la fracción III del artículo 10, se reforma el último párrafo del artículo 11 y se reforma la fracción I del artículo 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

En la actualidad México experimenta importantes y diversos cambios demográficos, sociales y económicos, que exigen de acciones legislativas y políticas públicas decididas, eficientes y eficaces, las cuales incidan significativamente en la población nacional, tomando en cuentas sus características y condiciones particulares, logrando con ello, igualdad en el acceso a las oportunidades en los diferentes ámbitos y sectores, tanto para las mujeres como para los hombres.

Bajo esta óptica, es menester reconocer que existen diferentes esferas como la económica, particularmente en lo referente a los ámbitos laborales y empresariales, en donde las mujeres sufren de discriminación y falta de oportunidades. Si bien, el porcentaje de mujeres exitosas en estas áreas ha ido en aumento, también lo es que, todavía las condiciones no son las idóneas, por lo que es necesario instrumentar una serie de acciones afirmativas y políticas públicas estratégicas que permitan la incorporación plena de las mujeres a los diferentes sectores productivos del país.

En suma, resulta prioritario trabajar bajo dos ejes rectores: la capacitación de las mujeres para su mejor incorporación a la vida laboral formal, lo cual implica acceso a mejores empleos, mejores salarios y seguridad social, así como la facilitación y posibilitación en el acceso de oportunidades para que puedan desarrollarse como empresarias.

Argumentación

De acuerdo a los últimos datos en la materia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 por ciento son Mipyme que generan 52 por ciento del producto interno bruto (PIB) y 72 por ciento del empleo en el país.

Sin embargo, conforme a fuentes oficiales, sólo tres de cada 10 mujeres en México decide emprender un negocio propio y de las 300 mil empresarias en el país, 40 por ciento señala al machismo como la principal barrera a vencer.

A pesar de los obstáculos existentes, las empresas que son encabezadas por mujeres y que fueron respaldadas por el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad, logran una sobrevivencia del 91 por ciento.

Por otro lado, al último censo económico en 2009, del total del personal ocupado, 60.1 por ciento fueron hombres y 39.9 por ciento mujeres, existiendo una mayor presencia de mujeres solamente en los servicios educativos, servicios de salud, de asistencia social, servicios de alojamiento y preparación de alimentos, en tanto que en sectores como pesca y acuicultura, construcción minería, servicios financieros y de seguros, servicios profesionales, científicos y técnicos, apoyo a los negocios y manejo de desechos, información en medios masivos, servicios de esparcimiento, servicios inmobiliarios y de alquiler, corporativos, industrias manufactureras, comercio al por mayor, electricidad, agua y gas, transportes, correos y almacenamiento, existe escasa participación de las mujeres.

Cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, revelan que en México persiste la discriminación laboral, pues existe una brecha de 30 por ciento entre los ingresos de mujeres y hombres. Además, el 39 por ciento de las mujeres no está afiliada a ninguna institución de seguridad social y aproximadamente el 62 por ciento de las mujeres realizaron trabajo no remunerado, mientras que en el caso de los hombres, el porcentaje fue de 26.5 por ciento.

De tal forma que 7 de cada 10 adultos mayores no cuenta con pensión. De los que sí tienen, 41.4 por ciento son mujeres y 58.6 por ciento son hombres. Es decir, del total de adultos mayores con pensión: 4 son mujeres y 6 son hombres; es decir existe una relación cercana a 2 hombres por cada mujer pensionada.

Asimismo, prácticas de discriminación, hostigamiento y precarización laboral constituyen el panorama de las mujeres trabajadoras en México, quienes suman más de 16 millones y representan casi el 40 por ciento de la población económicamente activa del país. Lo anterior, a pesar de que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres ordena promover la incorporación equitativa de las mujeres en el mercado laboral.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalan que actualmente, 55 por ciento de mujeres que trabajan recibe ingresos inferiores a los dos salarios mínimos, mientras que la proporción de hombres con sueldos similares es de 38.8 por ciento.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que mientras el 5.2 por ciento de los trabajadores varones llega a puestos directivos, apenas el 3.9 por ciento de las mujeres lo logra. Cabe destacar además que, el 56 por ciento de las mexicanas están empleadas en el sector informal, lo cual limita sus posibilidades de acceder a servicios de salud y prestaciones sociales.

Según la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2009, las consecuencias de la discriminación son múltiples, en educación: el 24 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años no estudia ni trabaja. En cuanto al trabajo doméstico: las mujeres de 12 años y más dedican el 84 por ciento de su tiempo al trabajo en su hogar.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación reveló que el trato desigual, la discriminación, el abuso y la falta de oportunidades para las mujeres forman parte de las prácticas y prejuicios culturales que se mantienen día a día en nuestro país y que impiden un desarrollo pleno de la democracia. Por lo que “sin la participación equitativa y justa de las mujeres, México no podrá ser un país de justicia y derechos humanos, no podrá ser un país en el cual la democracia sea plenamente incluyente”.

La alta presencia de mujeres en trabajos informales obedece a que éstos suelen ser más flexibles y les permiten conciliar su vida laboral con la familiar, aunque ello implique, en muchos casos, someterse a esquemas de subcontratación, condiciones de trabajo inestables y bajos salario. El rol tradicional de la mujer como encargada de las tareas domésticas es reproducido en el ámbito laboral al relegarla a actividades relacionadas con el cuidado de personas o la prestación de servicios, trabajos considerados como “propios de su condición de mujer”. Prevalencia de la división sexual en el trabajo motiva la discriminación y violencia hacia las mujeres, pues como su trabajo en el hogar carece de reconocimiento social y económico, al trasladarse al mercado laboral sus actividades se siguen viendo como de menor valor.

Tomando en consideración lo anterior, entendemos la importancia de impulsar a las mujeres para que incursionen en el ámbito empresarial, lo cual les permitiría desarrollarse profesionalmente y combinar las tareas familiares.

En el documento Mujeres y Hombres en México 2010, el Inegi señala que además de la división sexual del trabajo, las condiciones económicas y sociales actuales y la distribución de las actividades dentro del hogar reproducen las diferencias en la participación laboral de hombres y mujeres e incluso en la intensidad de su trabajo.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2009 señala que, en México, las mujeres destinan en promedio 5.5 más horas al trabajo a la semana que los hombres, a las que se suman las 18 horas que tienen de trabajo doméstico por encima de los hombres cada semana. Esta diferencia deja al descubierto los roles de género y pone de manifiesto que aún no se han producido cambios significativos en la esfera doméstica.

A los datos anteriores, debemos agregar que 7.2 millones de mujeres en México, son jefas de familia; es decir que casi la mitad del total de trabajadoras mexicanas son el único o principal sostén de sus hogares. De ahí la importancia de esta iniciativa y el tamaño del reto que tenemos frente a nosotros.

Incorporar la perspectiva de género a la generación de pymes, propiciaría un círculo por demás virtuoso, toda vez que, como sabemos las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) constituyen la columna vertebral de la economía nacional por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional, siendo un importante motor del desarrollo nacional. Además de que constituyen el 97 por ciento del total de las empresas, generadoras de empleo del 79 por ciento de la población y producen ingresos equivalentes al 23 por ciento del producto interno bruto.

A mayor abundamiento, como bien lo señala Susana Gamba, “en los últimos años se produjo un importante avance en las ciencias sociales, al incorporarse los denominados estudios de la mujer como un nuevo paradigma. El género, como categoría social, es una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo contemporáneo. Esta categoría analítica surgió para explicar las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis en la noción de multiplicidad de identidades. Lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica. El género es una categoría transdisciplinaria, que desarrolla un enfoque globalizador y remite a los rasgos y funciones psicológicos y socioculturales que se le atribuye a cada uno de los sexos en cada momento histórico y en cada sociedad...” De acuerdo a Marta Lamas, a pesar que desde 1949 aparece como explicación en El segundo sexo de Simone de Beauvoir, el término género sólo comienza a circular en las ciencias sociales y en el discurso con un significado propio y como una acepción específica (distinta de la caracterización tradicional del vocablo que hacía referencia a tipo o especie) a partir de los años setenta. No obstante, sólo a fines de los ochenta y comienzos de los noventa el concepto adquiere consistencia y comienza a tener impacto en América Latina, comenzando a instalarse en la academia y en las políticas públicas la denominada “perspectiva de género”.

Por ello, esta propuesta objetiva y actualiza lo mandatado por la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y hombres, en su artículo 33 en donde a la letra dice que “será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de:

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos;

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en materia económica, y

III. Impulsar liderazgos igualitarios”.

Finalmente, cabe destacar que la presente iniciativa, pretende dar cumplimiento a la ley y a los instrumentos internacionales suscritos por México, al incorporar la transversalidad, entendida como el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas. Además de entender que la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo.

Propuesta de modificación

En razón de las consideraciones anteriores, se proponen las siguientes modificaciones, a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa:

Artículo 7. La secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las mipyme, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

Artículo 9. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Perspectiva de género.

Artículo 10. ...

I. ...

II. ...

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales, estatales y municipales, atendiendo la perspectiva de género e impulsando en todo momento la igualdad entre mujeres y hombres;

IV. a IX. ......

Artículo 11. ...

I. a VIII. ...

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las Mipyme, en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo especial énfasis en garantizar el acceso a dicho financiamiento para la mujeres jefas de familia.

Artículo 14. ...

I. La formación de una cultura empresarial con perspectiva de género enfocada al desarrollo de la competitividad en las Mipyme a través de la detección de necesidades en capacitación, asesoría y consultoría;

II. a XIII. ...

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 7, se agrega una fracción V al artículo 9, se adiciona la fracción III del artículo 10, se reforma el último párrafo del artículo 11 y se reforma la fracción I del artículo 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 7. La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las Mipyme, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

Artículo 9. ...

I. ...

II. ...

III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las líneas estratégicas;

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento, a la evolución y desempeño de los beneficios previstos en esta ley, y

V. Perspectiva de género.

Artículo 10. ...

I. ...

II. ...

III.Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales, estatales y municipales, atendiendo la perspectiva de género e impulsando en todo momento la igualdad entre mujeres y hombres;

IV. a IX. ......

Artículo 11. ...

I. a VIII. ...

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las Mipyme, en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo especial énfasis en garantizar el acceso a dicho financiamiento para la mujeres jefas de familia.

Artículo 14. ...

I. La formación de una cultura empresarial con perspectiva de género enfocada al desarrollo de la competitividad en las Mipyme a través de la detección de necesidades en capacitación, asesoría y consultoría;

II. a XIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Patricia Espinosa Torres, subsecretaria de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante la presentación, del libro que recopila los 45 años de historia de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias AC (2012).

2 Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social. 2009. Inegi. IMSS.

3 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2009, Segundo Trimestre, Inegi-Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

4 Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social. 2009. Inegi, IMSS.

5 Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, 2002.

6 Hilda Rodríguez Loredo, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coordinadora de la Especialidad de Género en la Economía en dicha facultad.

7 La perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia a esa diferencia sexual. (Marta Lamas)

Palacio Legislativo, a 4 de octubre de 2012.— Diputada Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

ARTICULOS 40, 41 Y 73 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se recibió de la diputada Julisa Mejía Guardado iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40, 41 y 73 de la Constitución.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que reforma los artículos 40, 41 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del PRD

Julisa Mejía Guardado, diputada federal a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto decreto que reforma los artículos 40 y 41 y la fracción XXIX-Q del 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de plebiscito.

Exposición de Motivos

El concepto plebiscito tiene su origen en el término latino plebiscitum, cuyo significado remite a una “llamada, convocatoria a la plebe”, esto es, al pueblo llano. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al plebiscito como la “consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales, etcétera”.

Algunos destacados doctrinarios han dicho que el concepto plebiscito se debería utilizar para el pronunciamiento popular, que constituye el cuerpo electoral, con relación a un hecho, acto político o medida de gobierno (en particular, cuestiones de carácter territorial y asuntos relativos a la forma de gobierno), reservando la denominación “referéndum” para la “manifestación de este cuerpo electoral respecto a un acto normativo2.

El principio democrático que se encuentra plasmado en nuestra ley fundamental, entre otros, en los siguientes artículos: 3, 25, 26 Apartado A, 27 fracción VII, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, demanda de nosotros como legisladores tomar acciones sobre un mecanismo como el plebiscito, hoy en día, de primera importancia.

Sexenio tras sexenio, administración tras administración salen a la luz gigantescos sistemas de corrupción que envuelven a la política, a la administración pública de los gobiernos estatales, a las finanzas públicas del gobierno federal y a la economía mediante la especulación de los precios de la canasta básica de los mexicanos, y se ha desarrollado un Estado paralelo, gestionado por burocracias de los partidos, por los lobbistas de los negocios particulares y los poderes de facto, que tiene sus propios códigos de comportamiento no siempre ajustados al marco jurídico. Lo anterior constituye una crisis de legalidad, que las más de las veces llevan a una crisis de constitucionalidad y la crisis social y económica que genera, ejemplos de esto, lo dan cuenta la crisis por la reforma energética en 2006, el incremento al IVA en detrimento de la economía familiar, el aumento progresivo de la gasolina, y hoy, todo el debate en torno a la maquillada reforma laboral; el plebiscito constituiría un control en mano de los ciudadanos a los fenómeno de la corrupción y de las reformas antidemocráticas y antisociales.

En México, las reglas del juego político se encuentran degradadas, no existen límites ni vínculos al ejercicio de los poderes públicos. Esto permite la existencia de un poder invisible, robusto y cínico, que limita las oportunidades de los gobernados, transformando en un simple deseo del Constituyente el principio de “soberanía popular”.

El principal problema de la representación indirecta del pueblo por parte de los miembros del parlamento o del poder legislativo -amén de que no representa la generalidad de los intereses presentes, ya que es una representación únicamente de los grupos organizados o parlamentarios; de que no representa intereses futuros y que no defiende los intereses generales- está en los intereses creados en los poderes constituidos que impiden la deliberación de los ciudadanos en los actos legislativos y administrativos, lo cual a decir de Luigi Einaudi, es una espantosa regresión hacia formas medievales.

Dicho de otro modo, la regresión a que se refiere el autor citado se actualiza en el caso mexicano debido a que, como es sabido, en la Edad Media no existía el concepto de “Estado nación” y mucho menos una supremacía del Estado, el poder en la Edad Media se tradujo en una poliarquía, pues existían diversos centros de poder. En la actualidad debido a la presencia y la práctica ejercida de los poderes por el Ejecutivo federal, los gobernadores, presidentes municipales parecidos al de los virreyes durante la colonia española y de los poderes fácticos, el mismo fenómeno se reproduce en el Estado mexicano. Por esto mismo el plebiscito, constituye un freno a los poderes fácticos.

El gran procesalista Mauro Capelletti establece que existe un núcleo fundamental en las democracias y que además existe un elemento fundamental que consiste en hacer que todos tengan acceso al sistema jurídico, a sus organismos, derechos, tutelas y beneficios. Por tanto, el hecho de que el resultado del plebiscito determine las decisiones fundamentales de gobierno, contribuye a que todos los ciudadanos tengan acceso al sistema jurídico mexicano, y puedan defender sus intereses por la vía del sufragio.

Hoy día, México se encuentra rezagado en la legislación referente a democracia participativa. Los mecanismos de participación democrática que existen –la iniciativa ciudadana y la consulta popular– distan mucho de ser los idóneos para transformar al Estado mexicano en una república representativa, participativa, deliberativa y democrática; pues mientras los poderes fácticos, sin requisito ni umbral alguno, se superponen a las instituciones para conseguir lo que a sus intereses conviene, a los ciudadanos se les restringe la participación o se les impone requisitos legaloides que impiden la vinculación de sus decisiones, intereses y opiniones. Con este criterio de exclusión no podremos avanzar como sociedad ni como país, puesto que las decisiones que toman las élites no incluyen a la mayoría de los ciudadanos en las decisiones políticas fundamentales.

El contenido de la presente iniciativa de ley puede resumirse en los siguientes puntos:

• Tiene por objeto promover y consolidar el plebiscito como mecanismo constitucional de participación democrática.

• Dota de atribuciones al Instituto Federal Electoral y, en consecuencia, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para aplicar las disposiciones en la materia.

• Se propone un concepto amplio de los actos o decisiones que pueden someterse a plebiscito. De este modo, quedarán comprendidos todos los actos o decisiones de los titulares o responsables de la administración pública federal y todos aquellos órganos del Estado que en su actuación puedan menoscabar los derechos del ciudadano. Con este concepto los poderes públicos no podrán argumentar que su actuación no debe ser sometida al escrutinio de los ciudadanos.

• Se incorpora al texto de la ley el principio de máxima publicidad plasmado en el artículo 6o. constitucional.

• Se garantiza el derecho al voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos.

Por todo lo expuesto, someto a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 40 y 41 y la fracción XXIX-Q al 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de plebiscito

Artículo Primero. Se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, participativa, deliberativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 41, así como el noveno párrafo de la Base V del mismo artículo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal. Igualmente, el pueblo ejerce su soberanía a través de los medios de democracia participativa y deliberativa que establezca esta Constitución y las leyes.

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. a IV. ...

V. ...

...

...

...

...

...

...

...

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. A su vez, el Instituto Federal Electoral a través de su Consejo General será el órgano encargado de organizar, promover e instrumentar los mecanismos de democracia participativa y deliberativa que esta Constitución establece. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

...

...

...

VI. ......

Artículo Tercero. Se reforma la fracción XXIX-Q al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. al XXIX-P. ...

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadanas, consultas populares, revocación de mandato y plebiscito.

Transitorio

Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Real Academia Española de la Lengua: Diccionario de la Lengua Española, Tomo II, Madrid, 1992, página 1623.

2. Biscaretti di Ruffia, P., Derecho constitucional. Madrid, 1965, página 425.

3. Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid, Trotta, 2006, página 15.

4. Einaudi, Luigi. “Parlamento e rappresentanza di interessi”, en Il buongoverno, al cuidado de E. Rossi, Laterza, Bari, 1954, páginas 28-29.

5. Cappelleti, Mauro. Dimensiones de la justicia en el mundo contemporáneo. México, Porrúa, 1993, página 76.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.— Diputada Julisa Mejía Guardado (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se turna  a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, junto con la siguiente iniciativa de ella misma.

ARTICULOS 40, 41, 73 Y 135 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se recibe de la diputada Julisa Mejía Guardado, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40, 41, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de referéndum. * Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se recibió del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 118 del Código Penal Federal.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que reforma el artículo 118 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Carlos Octavio Castellanos Mijares, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presenteiniciativa con proyecto de decreto, que propone reformar el artículo 118 del Código Penal Federal, al tenor de los siguientes rubros:

Planteamiento del problema

La Constitución política de los estados Unidos Mexicanos expresa en el artículo 23, in media res, lo siguiente:

Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.

La redacción y la sintaxis son determinantes para transmitir de modo exitoso la idea pretendida.

En el caso del párrafo transcrito, la idea, de acuerdo con su modo textual, implica exclusivamente el derecho de un culpable a no volver a ser juzgado por un mismo delito, aunque en lo fáctico no haya identidad en las partes ni en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Como ejemplo podemos decir lo siguiente:

El sentenciado de modo ejecutoriado por el delito equis no podrá volver a ser juzgado aunque cometa delitos equis en lo subsecuente, pues se trata “del mismo delito”.

Lo anterior resulta impropio y en el mundo fáctico procesal no es así; sin embargo, la redacción textual del artículo 23 conlleva a esta idea errónea.

Individualización de la pena, recalificación de conductas. Violatoria de garantías.

De conformidad con el principio de prohibición de la doble valoración de los factores de determinación de la pena, según el cual no pueden atenderse nuevamente por el juzgador al efectuar la individualización de la pena las circunstancias o elementos del delito en general que forman parte de la descripción típica en particular, por haber sido ya tomados en cuenta por el legislador al efectuar la individualización legal al fijar el marco punitivo entre el mínimo y el máximo de las sanciones a imponer, es evidente que si el juzgador al momento de individualizar la pena utiliza como elementos de soporte del ejercicio de tal facultad jurisdiccional al hacer el razonamiento respectivo el señalamiento de conductas por parte del justiciable que han sido ya determinadas como elementos del tipo penal del delito que se le imputa, ello implica una recalificación de conducta, al hacerse un doble reproche respecto de una misma determinaciónque, en consecuencia, resulta ilegal y violatoria del principio consignado en el apotegma non bis in idem, reconocido en el artículo 23 constitucional.

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito.

Amparo directo 294/95. Alan Paul Reyes Flores, 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García.

Amparo directo 306/95. José Sánchez González, 28 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Angélica Marina Díaz Pérez.

Amparo directo 411/95. Alfredo Ramírez Anguiano, 12 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Angélica Marina Díaz Pérez.

Amparo directo 495/95. Alberto Bautista García, 30 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Angélica Marina Díaz Pérez.

Amparo directo 503/95. Armando Suárez Cruz, 30 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García.

Nota: Por ejecutoria de fecha 6 de abril de 2005, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 9/2005-PS en que participó el presente criterio.

El criterio transcrito reconoce el principio non bis in ídem; Al respecto puede someterse a consideración la siguiente referencia:

Novena época; registro: 185616; instancia: tribunales colegiados de circuito; jurisprudencia; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XVI, octubre de 2002; materias: constitucional, penal; tesis XXIII.3o. J/4; página 1301.

Vagancia y malvivencia. El artículo 190 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, al prever para la configuración del cuerpo del delito que el activo tenga malos antecedentes comprobados por los archivos judiciales, transgrede las garantías de seguridad jurídica y libertad personal que tutela el principio non bis in idem, contenido en el artículo 23 constitucional.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución federal, que prevé el principio penal non bis in idem, entendido como los hechos o actos de un individuo que fueron sometidos a un juicio criminal que concluyó con sentencia ejecutoriada, con independencia de que haya sido condenado o absuelto, ya no podrán ser materia de otro juicio criminal, debiéndose entender por sentencia ejecutoriada la institución procesal que busca la firmeza de las resoluciones judiciales, y que lleva implícitas las garantías de seguridad jurídica y libertad personal del acusado, dado que impide un doble procesamiento por la comisión de un mismo delito. Por consiguiente, si el artículo 190 del Código Penal del Estado de Aguascalientes prevé para la configuración del cuerpo del delito de vagancia y malvivencia, entre otros elementos, la circunstancia de que el inculpado tenga malos antecedentes comprobados por los archivos judiciales, cuando tales antecedentes derivan de resoluciones firmes en que se estableció la culpabilidad o inocencia del acusado implica sin duda que se está tomando como base para la configuración de dicho evento delictivo un archivo judicial donde ya fue juzgado, con lo que se violan en perjuicio del inculpado las garantías de seguridad jurídica y libertad personal que tutela el principio penal non bis in idem, contenido en el indicado precepto constitucional, conforme al cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito.

Amparo en revisión 173/2002, 10 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Lucila Castelán Rueda. Secretario: Rafael Andrade Bujanda.

Amparo en revisión 184/2002, 11 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Herminio Huerta Díaz. Secretaria: Gloria Yolanda de la Paz Amézquita.

Amparo en revisión 225/2002, 11 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Herminio Huerta Díaz. Secretaria: Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez.

Amparo en revisión 188/2002, 8 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. Secretaria: Indira Ang Armas.

Amparo en revisión 192/2002, 8 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. Secretaria: Indira Ang Armas.

Por último, puede referenciarse, ya en la décima época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que pretendemos en esta iniciativa:

Décima época; 1a. Sala; SJF y su Gaceta; libro II, noviembre de 2011, tomo 1; pág. 211; registro 160 641.

Secuestro exprés. El precepto 163 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, que prevé ese delito, no conculca el numeral 23 de la Constitución.

El delito de “secuestro exprés” exige la demostración del diverso de privación de la libertad, con la diferencia específica de que éste tenga como propósito la comisión de robo o extorsión, con independencia de que estos últimos se verifiquen en toda su extensión. La trasgresión del principio non bis in idem, garantizado en el artículo 23 de la Constitución federal, se actualiza cuando el Estado juzga dos veces a una persona con motivo de los mismos hechos delictivos, lo que no sucede por el hecho de que el tipo de “secuestro exprés” aluda a los delitos de robo y extorsión, pues lejos de que esto se traduzca en una doble pena, el indicado precepto del Código Penal para el Distrito Federal señala con claridad que para el caso de ese delito no se aplicará sanción alguna por los delitos de robo o extorsión.

Amparo directo en revisión 1399/2011, 24 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Horacio Nicolás Ruiz Palma.

Argumentación

En fechas recientes, en la LXII Legislatura, la bancada del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa cuya finalidad era transformar la redacción del artículo 23 constitucional para suprimir la idea de que nadie puede ser juzgado en dos ocasiones por el mismo delito, circunstancia que, como se evidenció en aquella ocasión, era incorrecta, pues la gente puede ser juzgada varias ocasiones por tipos penales iguales, pero nunca por los mismos hechos delictivos: veamos, un ladrón puede ser juzgado varias veces por robo, pero nunca, de acuerdo con el orden jurídico, podrá juzgarse a la misma personas dos veces por el mismo robo.

Creemos que la corrección del orden jurídico no se agotó con el inicio de la iniciativa de reforma constitucional, o como esperamos con la correspondiente modificación, pues en disposiciones ordinarias hay las mismas inconsistencias.

Sistemáticamente, el orden jurídico no es pleno, pues todavía se hallan inconsistencia entre las normas.

Por lo anterior solicitamos a través de la presente iniciativa comenzar el proceso legislativo ordinario para cambiar la redacción del artículo 118 del Código Penal Federal, el cual a la letra expresa:

Artículo 118. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Cuando se hubiese dictado sentencia en un proceso y aparezca que existe otro en relación con la misma persona y por los mismos hechos considerados en aquél, concluirá el segundo proceso mediante resolución que dictará de oficio la autoridad que esté conociendo. Si existen dos sentencias sobre los mismos hechos, se extinguirán los efectos de la dictada en segundo término.

En la ley secundaria se aprecia el mismo error sistemático que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante que el capítulo se denomine “ Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismos hechos”

Por lo anterior pugnamos por reconocer en el texto, en lugar de la frase “Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito” la de Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho delictivo.

Fundamentación de la procedencia de la iniciativa

Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 118 del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforma el artículo 118 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Código Penal Federal

Capítulo IXExistencia de una Sentencia Anterior Dictada en Proceso seguido por los Mismos Hechos

Artículo 118. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho delictivo, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Cuando se hubiese dictado sentencia en un proceso y aparezca que existe otro en relación con la misma persona y por los mismos hechos considerados en aquél, concluirá el segundo proceso mediante resolución que dictará de oficio la autoridad que esté conociendo. Si existen dos sentencias sobre los mismos hechos, se extinguirán los efectos de la dictada en segundo término.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México, a 4 de octubre de 2012.— Diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Buenos días. Compañeras y compañeros diputados, los derechos humanos, entendidos como el conjunto de libertades, facultades, instituciones y principios básicos con los que cuenta el ser humano, por su simple condición natural de existir, han sido una exigencia constante desde la formación de las primeras sociedades organizadas y de la aparición de las autoridades formalmente establecidas hasta nuestros días.

En ese sentido, el derecho internacional en esta materia ha influido a efecto de que los países del orbe hagan su reconocimiento efectivo del mismo.

Las reformas constitucionales del 6 de junio del 2011, permitieron ampliar el espectro de protección por parte de la Carta Magna a aquellos derechos humanos que no están reconocidos implícitamente por la norma suprema; ello implica llevar más allá la protección, reconociendo que hay instrumentos de derecho que se expresan en tratados, resoluciones internacionales; ello deriva de la exigencia de la comunidad internacional, que día a día pide mayores libertades que deben ser reconocidas, protegidas, garantizadas y respetadas por los órganos del Estado, a efecto de evitar el retorno a épocas autoritarias que han surgido en diversos periodos de la historia del país y que se han apartado de los principios de libertad, igualdad, respeto y dignidad de la persona humana.

Si bien es cierto que el Estado mexicano ha avanzado en las garantías de protección de los derechos humanos, aún se requieren mecanismos que hagan efectiva dicha protección, no solo en el ámbito administrativo, sino sancionando penalmente a aquellos funcionarios públicos que han cometido o encubierto la violación a los derechos humanos.

En los años recientes y como consecuencia de la llamada guerra contra el crimen organizado, la violación a los derechos humanos se ha vuelto un problema recurrente, donde se ven envueltos los organismos y el gobierno del Estado mexicano, principalmente de aquellos encargados de la seguridad pública.

Esta situación es la que nos lleva a presentar esta modificación al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, para castigar este tipo de acciones y preservar la protección de los derechos humanos y la integridad de las víctimas.

La realidad es que los procedimientos de carácter administrativo, previstos en la Ley Federal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no han sido útiles para sancionar de manera efectiva a los servidores públicos que han realizado actos tendentes a trastocar los derechos humanos, ya que carecen de un carácter coercitivo.

Lo anterior nos lleva a concluir que el único efecto de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos terminan en un regaño público, como lo fue el caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, quien en el 2007 fue violada y asesinada por militares en la sierra de Zongolica, Veracruz, tema que se resolvió con la complicidad de diversas autoridades, incluyendo la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las cuales en su cinismo abyecto determinaron que el fallecimiento de la indígena se debió a un problema digestivo de úlceras gástricas.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en ese sentido estamos proponiendo tipificar en el Código Penal Federal, específicamente en el capítulo correspondiente a los delitos cometidos por los servidores públicos, la violación a los derechos humanos como una conducta antijurídica, acusable y punible.

La conducta delictiva se persigue de oficio, independientemente de la exigencia de otros delitos que pudiera cometerse o de la existencia de sendos procedimientos administrativos ante la Comisión de Derechos Humanos o judiciales ante los juzgados de distrito en materia de amparo, los cuales puedan llevarse de forma simultánea.

Finalmente, debemos decir que también se acota al tipo penal propuesto a la violación que atenta contra la vida, la integridad física o patrimonial de las personas, ello por considerar que son esas tres esferas las que con más gravedad lesionan la integridad humana.

Derivado de lo anterior y a efecto de seguir haciendo efectiva la protección de los derechos humanos, aparte de incluirlo como un delito autónomo, la presente iniciativa también pretende que dicho delito sea incluido dentro del catálogo de delitos graves que prevé el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, con doble propósito: el preventivo y el de evitar la reincidencia.

Solicito a la presidencia de la mesa incorporar a la versión estenográfica y en el Diario de los Debates el texto íntegro de la presente iniciativa. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, María del Carmen Martínez Santillán, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo XIV al Título Décimo, artículos 224 Bis y 224 Ter, al Código Penal Federal; así como un numeral 37 a la fracción I, del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los derechos humanos, entendidos como el conjunto de libertades, facultades, instituciones y principios básicos con los que cuenta el ser humano por su simple condición natural de existir (ello desde un enfoque iusnaturalista), han sido una exigencia constante desde la formación de las primeras sociedades organizadas y de la aparición de la autoridad formalmente establecida hasta nuestros días; la cual  tenido su mayor esplendor en el derecho internacional moderno a través de instrumentos como la Declaración de los Derechos Humanos, la cual prevé:

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.

En ese sentido, el derecho internacional en esta materia, ha influido a efecto de que, los países del orbe hagan su reconocimiento efectivo, ello al validar dentro de su derecho positivo interno, los mecanismos de instrumentación, protección y garantía de los derechos humanos, sin que los Estados Unidos Mexicanos sean la excepción, pues dicha tendencia ha quedado mostrada con la reforma constitucional realiza en fecha 6 de junio de 2011, mediante la cual se modificó la denominación del capítulo primero del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de quedar como “De los derechos humanos y su garantías”, con lo que se amplió la gama de protección por parte de la Carta Magna, a aquellos derechos humanos que no están reconocidos implícitamente por la propia Constitución, como lo es el caso de las garantías individuales.

Lo anterior, ha sido el reconocimiento por parte del Estado mexicano, de que los derechos humanos sobrepasan el derecho positivo interno y nacional, para dar paso al acatamiento de diversos tratados y resoluciones internacionales, ello derivado de la exigencia de la comunidad internacional y de la sociedad mexicana, que día a día, piden mayores libertades que deben ser reconocidas, protegidas, garantizadas y respetadas por los órganos del Estado, a efecto de evitar el retorno a épocas autoritarias que han surgido en diversos períodos de la historia del país y que se han apartado de los principios de libertad, igualdad, respeto y dignidad de la persona humana.

Si bien es cierto que el Estado mexicano ha avanzado en garantizar y proteger los derechos humanos de sus habitantes, menos verdadero resulta el hecho de que aún falta implantar los procedimientos que tiendan a hacer efectiva dicha protección, no sólo en el ámbito administrativo, sino sancionando penalmente a aquellos funcionarios públicos que han cometido o encubierto la violación a los derechos humanos.

La violación a los derechos humanos se ha convertido en una actividad constante por parte de los órganos de gobierno del Estado mexicano, principalmente de aquellos encargados de la seguridad pública, motivo por el cual se deben implantar los procedimientos que tiendan a castigar este tipo de acciones con la finalidad de evitar su surgimiento y crecimiento con lo que se lleve a cabo la protección más amplia de los referidos derechos humanos.

Es verdad que ante la violación de derechos humanos se han creado organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como su correspondiente ley, con diversas finalidades, entre las que destaca la protección de los derechos humanos, sin embargo, el procedimiento administrativo que prevé la Ley Federal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, poco a servido para sancionar de manera efectiva a los servidores públicos que han realizado actos tendientes a trastocar los derechos humanos, pues si bien, se emiten las correspondientes recomendaciones, las mismas no gozan de un carácter coercitivo, tal y como lo dispone el artículo 46 de la ley en comento, al disponer “la recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá...”.

Lo anterior lleva a concluir, que el único efecto de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, terminan en un regaño público como lo fue el caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, quien en 2007 fue violada y asesinada por militares en la sierra de Zongolica, Veracruz; tema que se resolvió con la complicidad de diversas autoridades, incluida la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las cuales en un cinismo abyecto determinaron que el fallecimiento de la indígena se debió a un problema digestivo de úlcera gástrica.

Ante tales circunstancias y derivado de la constante transgresión de los derechos humanos, se han realizado diversas reformas legales, verbigracia, las modificaciones realizadas en junio de 2011, a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que se prevén la protección, por parte del juicio de amparo, no sólo de las garantías individuales, sino que contempla ampliar su espectro de acción a los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, otorgando de esa manera a nuestro juicio constitucional su carácter humanista, retomado de los diversos criterios dictados por organismos de justicia internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son de carácter obligatorio para toda la nación conforme los dispone el artículo 133 de la Carta Magna.

No obstante la existencia de mecanismos de protección de los derechos humanos que actualmente existen en el país, los mismos no han adquirido un efecto sancionador pleno que tienda prevenir y castigar aquellas conductas que transgredan los derechos humanos, por lo que el objetivo de la presente iniciativa, lo es tipificar dentro del Código Penal Federal, específicamente en el capítulo correspondiente a los delitos cometidos por los servidores públicos, la violación a los Derechos humanos como una conducta antijurídica, culpable y punible, lo anterior, como un delito autónomo que tendrá vida jurídica propia independientemente de la existencia de otros delitos que pudieran cometerse o de la existencia de sendos procedimientos administrativos ante la Comisión de Derechos Humanos o judiciales ante los juzgados de distrito en materia de amparo, los cuales puedan llevarse de forma simultánea, sin que la acción de uno pueda interferir durante el trámite, procedimiento y resolución de cada uno de ellos, aunque sus resoluciones puedan ser diferentes dado los caracteres de autonomía e independencia, tanto de las materias de que se trata como de los órganos jurisdiccionales que resuelven.

Por lo que en ese contexto, incluir la violación de derechos humanos como delito, implica un gran espectro de conductas posibles que pueden constituir una transgresión a los mismos, lo que en si mismo saturaría de trabajo a las agencias del Ministerio Público federal pertenecientes a la Procuraduría General de la República, motivo por el cual en el presente proyecto de reforma se acota el universo de las violaciones a los derechos humanos, a efecto de que sólo sean constitutivas de delito aquellas que atenten contra la vida, la integridad física o patrimonial de las personas, ello por considerar que son estas tres esferas las que con más gravedad lesionan la dignidad humana.

Derivado de lo anterior, y a efecto de seguir haciendo efectiva la protección de los derechos humanos, además de incluirlo como un delito autónomo, la presente iniciativa también pretende que dicho delito sea incluido dentro del catálogo de delitos graves que prevé el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, ello con la doble finalidad siguiente:

A) La preventiva: a efecto de que, los servidores públicos, previo a la comisión de la conducta delictiva de violación de derechos humanos, tome en cuenta las medidas, conductas y acciones dispuestas con anticipación, con el fin de evitar o impedir que se presente su conducta delictiva que puedan dañar o convertir a la población en sujetos o víctimas del ilícito en comento, ello al hacerse sabedor de que la conducta culpable, antijurídica, culpable y punible, es considerada como grave y que, su procedimiento penal tendrá que llevarse acabo con la medida de prisión preventiva.

B) La no reincidencia: diversos estudios de criminología han demostrado, que los mayores niveles de reincidencia criminal se presentan en las conductas delictivas catalogadas penalmente como no graves, motivo por el cual, al contemplar el delito de violación de derechos humanos como grave, se pretende que, aquellos servidores públicos que cometieron la conducta antijurídica, se encuentren dentro de los porcentajes mínimos de reincidencia, lo que implica la reducción de las violaciones a los Derechos Humanos por parte de los servidores públicos.

Por lo expuesto, sometemos a su consideración la presente iniciativa  de ley con proyecto de

Decreto que adiciona un capítulo XIV al Título Décimo del Código Penal Federal; así como un numeral 37 a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo Primero. Se adiciona un capítulo XIV con los artículos 224 Bis y 224 Ter, al Título Décimo del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Del Código Penal Federal

Título DécimoDelitos Cometidos por Servidores Públicos

Capítulo XIVViolación de derechos humanos

Artículo 224 Bis. Al servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, viole los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y Leyes Federales, y que atente contra la vida, libertad, integridad física o patrimonial de las personas, se le impondrá de seis a diez años de prisión, de trescientos hasta seiscientos días multa y destitución e inhabilitación de seis a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión público.

Artículo 224 Ter. Al servidor público que organice, dirija, patrocine o incite a otros servidores para cometer el delito de violación de Derechos Humanos o encubra a quienes lo cometieron, se les aplicará la pena de tres a cinco años de prisión, de ciento cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de tres a cinco años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo Segundo. Se adiciona un numeral 37 a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Del Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo 194. ....

I. ...

De 1. a 36. ...

37. Violación de derechos humanos, previsto en el artículo 224 Bis.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.— Diputada María del Carmen Martínez Santillán, (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, iniciativa suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Compañeras y compañeros legisladores, antes de empezar esta participación, quisiera decirles de qué se trata específicamente, porque hay mucha confusión cuando hablamos de los artículos 29 y 32.

Se trata de hacer deducibles los gastos que hacen en los restaurantes las empresas; hace 20 años se modificaron estos artículos, porque no había los mecanismos de fiscalización que el día de hoy tenemos. Hoy quiero comentarles que tenemos la oportunidad de incentivar el empleo, el crecimiento, a través de esta reforma, que tendrá un impacto tremendo en la industria.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos que los objetivos de generar empleos, incentivar la actividad económica y fortalecer la recaudación fiscal son alcanzables, siempre y cuando se instrumenten los cambios legislativos en sectores con un potencial de impacto socioeconómico positivo, como es el sector restaurantero.

En México —escúchenme bien— uno de cada 10 unidades de negocios se dedica a la preparación de alimentos y bebidas; es decir, cerca de medio millón de establecimientos, de los cuales el 96 por ciento se consideran micro, pequeños y medianos negocios; asimismo el sector restaurantero contribuye en la generación de empleo.

Un claro ejemplo es que cada uno de cuatro puestos de trabajo en el sector turístico, de acuerdo con las cifras del Inegi, pertenecen a este rubro, lo que equivale aproximadamente a 1.3 millones de empleos directos, a los que se suman los tres millones de empleos indirectos que se generan en la cadena de valor agregado que confluye en esta industria cuyo impacto en el PIB es ligeramente superior al 2 por ciento.

Igualmente destacamos que de acuerdo a diversos estudios privados, la base laboral de este sector —escúchenme, mujeres— está conformado por el 55 por ciento, de las cuales alrededor del 80 por ciento son madres solteras o cabezas de familia.

Adicionalmente, por medio de un análisis conforme a la información que ofrece el Inegi y la Secretaría de Hacienda de la evolución del esquema de deducibilidad, a partir de 1990 a esta fecha, encontramos que la disminución en el porcentaje de deducibilidad en el consumo de restaurantes ha impactado negativamente en la rentabilidad del sector, en las remuneraciones medias del personal ocupado y en la incorporación a la formalidad fiscal.

Si consideramos con detenimiento los argumentos presentados, es evidente que la elevación de la tasa de deducibilidad al 100 por ciento impactaría favorablemente en la formalización de negocios existentes la apertura de nuevos negocios y en el desempeño del sector, así como en los indicadores desagregados del empleo, el PIB turístico y el aporte del sector restaurantero en el PIB nacional, en conjunto, con la recaudación por el lado del consumo, en términos de IVA y de la actividad empresarial y en términos de ISR.

Con el ánimo de sustentar el trabajo de Nueva Alianza en la definición e implementación de la agenda del desarrollo del país, someto a consideración de esta soberanía adicionar una fracción XII en el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual posibilitará la deducción del 100 por ciento de los gastos de consumo en restaurantes, por medio de la derogación de la fracción XX del artículo 32, que limita al 12.5 por ciento, siempre y cuando se mantenga el requisito de realización de pagos mediante tarjeta de crédito o débito, servicios o a través de monederos electrónicos, puntualizando la imposibilidad de deducción en el caso de consumo en bares.

Concluyo señalando que la medida propuesta fomentaría la creación de más de 100 mil empleos, fortaleciendo el mercado interno y a su vez incentivando la bancarización en segmentos más amplios de la población, lo que en sí mismo es un medio eficaz de combate a la informalidad y la evasión fiscal.

En resumen, el incentivo fiscal propuesto es una herramienta esencial para estimular el desarrollo de autoempleo, opción por excelencia de los negocios familiares en el país. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 29 y 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Presentación del problema

Los servicios de preparación de alimentos y bebidas contribuyen de manera destacada a la generación de empleo de todo el país; pero además constituyen una actividad estratégica en la creación de nuevas empresas, principalmente micros y pequeñas. Cabe mencionar que de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los restaurantes generan 4 de cada 10 empleos del sector turístico, lo cual es equivalente a un aproximado de 1.3 millones de empleos directos, además de casi 3 millones de empleos indirectos, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está consciente de que el gobierno se enfrenta al enorme reto de perseguir el crecimiento económico y social del país en un sector tan dinámico y que genera tantos puestos de trabajo como es el restaurantero, el cual tiene un alto potencial para incidir directamente en la actividad económica, la generación de empleos y la recaudación fiscal.

El sector restaurantero se caracteriza por su capacidad para generar empleo en todo el territorio nacional, contribuyendo al desarrollo regional, así como por ser un factor de integración de la cadena productiva de numerosas ramas de la industria alimentaria. Cabe mencionar que en la industria predominan las micros y pequeñas empresas siendo una de las principales alternativas para emprender negocios propios.

Argumentación

La contribución de la industria restaurantera al PIB nacional es superior al 2.0 por ciento, contribuyendo con 9.3 por ciento del PIB turístico, y su mercado tiene un valor aproximado de 154 mil millones de pesos. De las unidades de negocio que existen en el país, 1 de cada 10 se dedica a la preparación de alimentos y bebidas. El sector cuenta con más de 428 mil establecimientos, de los cuales 96 por ciento son micro, pequeños y medianos negocios.

En el sector restaurantero participan establecimientos de todo tipo, desde cocinas económicas y loncherías, hasta establecimientos de nivel medio y grandes cadenas de restaurantes, siendo destacable que de acuerdo con estudios privados que se han realizado acerca del sector, alrededor del 55 por ciento de su planta laboral son mujeres y de este porcentaje, el 80 por ciento son madres solteras y cabezas de familia.

Esta cifra nos muestra la magnitud de la necesidad social para hacer cambios en la normatividad de tal suerte que a través de instrumentos fiscales se puedan generar los incentivos para generar nuevos puestos de trabajo, potencializar a un sector económico altamente dinámico e impactar directamente en la recaudación por concepto de IVA, dado el crecimiento esperado en el consumo, así como en el ISR a partir de la mayor actividad económica que se genere.

Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta permite la deducción de hasta 12.5 por ciento de los consumos en restaurantes, siempre que se efectué su pago mediante tarjeta de crédito, de debito o de servicios, o a través de monederos electrónicos autorizados, y se cumpla con ciertos requisitos de carácter formal establecidos en la fracción XX del artículo 32 de la citada Ley.

La demanda legítima del sector restaurantero del país de incrementar la deducibilidad del ISR sobre los consumos facturados, no es nueva, pero las condiciones de fiscalización son ahora lo suficientemente estrictas para inhibir abusos en la medida que el Sistema de Administración Tributaria cuenta con modernos mecanismos de control como la facturación electrónica.

Es de considerarse que la tasa actual, desestimula la actividad económica de un sector que es el segundo generador de empleos, superado tan solo por el sector industrial, y es la primera opción de autoempleo e inicio de negocios familiares en el país como se expuso previamente.

La participación del gasto empresarial en restaurantes dentro del gasto fiscal del ISR empresarial, ha caído sistemáticamente en los últimos tres años debido entre otros factores, al reducido porcentaje del consumo en restaurantes que se puede deducir.

Cabe mencionar que el gasto fiscal de la deducción en consumo en restaurantes ha disminuido en proporción tanto a los gastos fiscales del ISR empresarial como al PIB. La tendencia a la baja en cada ano entre 2003 y 2012, con el ligero repunte del último ejercicio, no se debe a cambios en la tasa de deducción autorizada, sino a que en los años anteriores no se contaban con los suficientes mecanismos de fiscalización.

Propuesta

La idea central de esta iniciativa con proyecto de decreto para incrementar la deducibilidad de ISR por los consumos en restaurantes del actual 12.5 por ciento a 100 por ciento, siempre y cuando se mantengan los requisitos de que estos gastos se realicen mediante tarjeta de crédito, de debito, de servicios o a través de monederos electrónicos bancarias. Para evitar abusos por parte de algunos contribuyentes, específicamente las personas morales, como son intentos de deducir consumos no relacionados con su actividad empresarial, se restringiría la deducibilidad únicamente a los días hábiles, de lunes a viernes, y durante los horarios promedio de trabajo.

En primer lugar, con esta medida se generaría un círculo virtuoso entre incremento en la actividad económica, mayor generación de empleos formales, y aumento en la recaudación fiscal por la vía de la formalización a través de la deducibilidad en el consumo de alimentos.

En segundo lugar, la cadena insumo-producción que se articula en la actividad restaurantera –turismo, transporte, y actividades agropecuarias– se vería sumamente favorecida por el mayor dinamismo que promovería esta medida.

En tercer lugar, es importante mencionar que esta propuesta no implica establecer un régimen especial de tributación y que la propia fiscalización, soportada en la facturación electrónica y en condiciones específicas para deducir al 100 por ciento, serían los mecanismos de control para reducir las posibilidades de evasión y abuso.

Principales beneficios

La medida propuesta  incentivaría el uso de tarjetas de crédito o debito, lo cual es congruente con los propósitos explícitos de las autoridades fiscales de impulsar el mayor uso de medios bancarios de pago por parte de la población como un mecanismo eficaz de combate a la informalidad y a la evasión.

Adicionalmente, la instrumentación de esta propuesta incentivaría a un alto porcentaje de los establecimientos del sector restaurantero a incorporarse a las actividades formales, que en el caso de los restaurantes con servicios de meseros tienen un mayor potencial de generar empleo remunerado formal, tomando en cuenta que de acuerdo con estudios sobre el sector, un 48 por ciento del total del personal ocupado son familiares de los micro y pequeños empresarios. Una medida como la propuesta tendría el potencial de generar 100 mil empleos en un solo año.

En términos de fomento al desarrollo, esta propuesta fortalecerá el mercado interno dado que el sector de negocios familiares mexicanos entrará en un esquema de formalidad fortaleciendo sus competencias laborales, así como las posibilidades de mejorar sus registros y declaraciones. Para el fisco, esta propuesta coadyuva en la rastreabilidad de las operaciones al realizarse por medios electrónicos dado que se incrementara el volumen de negocios de los establecimientos formales.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, Rubén Benjamín Félix Hays, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción vigésima del artículo 32 y se adiciona una fracción duodécima al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Decreto por el que se reforman los artículos 29 y 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XII al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, recorriendo las subsecuentes.

Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

Fracciones I a XI...

XII. El 100 por ciento de los gastos de consumos en restaurantes siempre y cuando se mantengan los requisitos de que estos gastos se realicen mediante tarjeta de crédito, de debido, de servicios ó a través de monederos electrónicos, bajo las disposiciones jurídicas aplicables y en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria para efectos de facturación. De igual forma, la deducibilidad será viable para el caso de los viáticos ó gastos de viaje siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la fracción V de este artículo. Para evitar abusos se restringirá la deducibilidad únicamente a los días hábiles, de lunes a viernes, y durante los horarios promedios de trabajo para lo cual la facturación electrónica será el medio de control a través del cual el Servicio de Administración Tributaria podrá llevar a cabo las conciliaciones correspondientes.

En ningún caso los consumos en bares serán deducibles.

...

Artículo Segundo. Se deroga la fracción XX del artículo 32.

Artículo 32.Para los efectos de este título, no serán deducibles:

Fracciones I a XIX...

XX. Se deroga.

Fracciones XXI a XXVII...

...

Artículo Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.— Diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, Faustino Félix Chávez,  (rúbricas).»

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Aprovecho la ocasión para darles la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados a los alumnos del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla y al rector de esa institución, el doctor Julián Germán Molina Carrillo, que se encuentran hoy aquí con nosotros, invitados por el diputado Javier López Zavala. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 104 y 106 de la Ley General de Salud.

El diputado José Enrique Doger Guerrero:Con su permiso, señor presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados, a nombre propio y de mi partido, el Revolucionario Institucional, presento una propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El derecho a la salud corresponde de manera concurrente y solidaria, tanto a la federación como a las entidades federativas.

El contexto actual en que se desenvuelven los establecimientos de salud, caracterizados por un desigual desarrollo tecnológico, por costos elevados, incertidumbre sobre la efectividad o costo-beneficio del servicio recibido, es imprescindible garantizar al usuario que las atenciones que reciben sean seguras y efectivas.

Es de reconocerse que a nivel institucional existen diversos programas que buscan de manera parcial mejorar algunas de las condiciones de los servicios de salud. Por citar algunos, el Programa de Certificación Hospitalaria, dado en el marco del Programa Nacional de Normalización; los comités locales de ética clínica que funcionan en el IMSS.

La complejidad de tener un control estadístico en los ingresos hospitalarios y los resultados de los mismos se complica considerando los números oficiales que la propia Secretaría de Salud reconoce como ciertos.

Existían en 1986 un total de 11 mil 43 unidades médicas en todo el país, cifra que aumenta hasta 17 mil 634 en 99; diferencia de 6 mil 598 o un 38 por ciento más; sin embargo, la población no aumenta en miles, sino en millones, ya que en 1986 éramos cerca de 78 millones de habitantes y en 1990 casi 82 millones. Para el año 2000 casi éramos 90 millones de mexicanos; por lo que en 14 años la población ha aumentado 12 millones o un 14 por ciento.

En 1990 había 13 mil 195 unidades, poco menos de seis mil 063 habitantes por unidad médica, y en 1999 se contaba con cinco mil 104 habitantes por unidad médica, dato solo de las unidades médicas que pertenecen al sistema de salud, sin poder medir con precisión las clínicas y hospitales particulares.

En 2005 las instituciones de seguridad social cubrían a 55 millones de trabajadores asalariados del sector formal, lo que representa una disminución de 2.56 por ciento con respecto al 2000, debido a una variación en la tasa de desempleo en el período, siendo el IMSS el mayor asegurador, con 44.5 millones de personas, seguido del ISSSTE con 10.6 millones, mientras que Pemex ofrece servicio a alrededor de 700 mil personas y los servicios médicos de las Fuerzas Armadas atienden a alrededor de 600 mexicanos.

Según datos del Sistema Nacional de Información en Salud, Sinais, para este año se tiene el registro de 110 millones 22 mil 552 personas, de las cuales cuentan con cobertura médica institucional solo 50 millones 46 mil.

Contar con información estadística o de atención médica de los mexicanos resulta en suma complejo, pese a que la Secretaría de Salud cuenta con el referido Sinais, que es la entidad encargada de promover el establecimiento de un sistema nacional de información básica en materia de salud. De igual manera, en este mismo instrumento se señalan los aspectos en los que se centrará este sistema, los cuales son estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad e invalidez, factores demográficos, económicos, sociales y ambientales vinculados a la salud, recursos físicos humanos y financieros disponibles para la protección a la salud.

Por otra parte, la Ley Federal de Transparencia ha sido diseñada con la finalidad de proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en los Poderes de la Unión.

Otro importante instrumento en el que se sustenta el Sistema Nacional de Información en Salud es la norma oficial mexicana NOM-040-2004, en materia de información en salud, que tiene por objeto establecer los criterios para obtener, integrar, organizar, procesar, analizar y difundir la información en salud en lo referente a población y cobertura.

Pese a todos los esfuerzos, hoy en día no existe una base de datos que permita registrar los ingresos hospitalarios, las causas de los mismos, así como los resultados de la atención hospitalaria que derivan en el alta respectiva y más aún archivos electrónicos que dispongan el historial médico de los mexicanos.

Considerando las tecnologías de la información y las bondades que ofrecen, así como los beneficios que implicaría, no solo en el ámbito de salud, la creación de un sistema nacional de ingresos hospitalarios, permitiría incluso la identificación de ingresos de personas involucradas en el crimen organizado; por lo que resulta urgente e impostergable la creación de esta entidad con carácter obligatorio, tanto para las instituciones públicas como para los particulares, que presten el servicio de hospitalización.

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta asamblea este proyecto de iniciativa de ley con proyecto de decreto, que sin duda servirá de ayuda al sistema nacional de salud. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 7o., 104 y 106 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, José Enrique Doger Guerrero, diputado del Partido Revolucionario institucional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la salud, como lo reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un derecho fundamental de titularidad Universal, cuya satisfacción corresponde de manera concurrente y solidaria tanto a la Federación como a las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia, por lo que el Estado se encuentra obligado a instrumentar el marco jurídico que prevea las medidas de seguridad adecuadas para la salvaguarda de la integridad, la salud y la educación en términos de las garantías individuales contenidas en nuestra Carta Magna.

En el contexto actual, en el que se desenvuelven los establecimientos de salud, caracterizados por un desigual desarrollo tecnológico, costos elevados, incertidumbre sobre la efectividad o costo beneficio del servicio recibido, es imprescindible garantizar al usuario que las atenciones que reciben son seguras y efectivas.

Es de reconocerse que a nivel institucional existen diversos programas que buscan  de manera parcial  mejorar algunas de las condiciones  de los servicios de salud, por citar algunos, el Programa de Certificación Hospitalaria dado en el marco del programa nacional de Normalización, los comités locales de ética clínica que funcionan en el IMSS y que existen en el contexto internacional con otras denominaciones, tales como Comités de Ética Intrahospitalaria, Comités de Ética Institucional, Comités de Ética Asistencial, los cuales encuentran su antecedentes en la creación de los mismos en los Estados Unidos de Norteamérica en 1983 y que constituyeron una respuesta al dilema ético que surge cuando los médicos necesitan decidir si inician, niegan o suspenden un tratamiento médico; siendo entonces el papel primario de los comités locales de ética hospitalaria  resolver las diferencias de opinión entre pacientes, familiares y médicos; prescindiendo entonces de la intervención de las autoridades jurisdiccionales, lo que sin duda pese a la buena fe e intenciones que le preceden, deja más dudas que soluciones.

La complejidad de tener un control estadístico de los ingresos hospitalarios y los resultados de los mismos se complica considerando los números oficiales que la propia Secretaria de Salud  reconoce como ciertos.

Existían en 1986 un total de 11043 unidades médicas en todo el país, cifra que aumenta hasta 17634 en 1999, diferencia de 6591 o un 38% más. Sin embargo, la población no aumenta en miles sino en millones, ya que en 1986 éramos cerca de 78 millones y en 1990 casi 82 millones. Para el año 2000, casi éramos 90 millones, por lo que en catorce años, la población ha aumentado 12 millones o un 14%. En 1990 había 13195 Unidades, poco menos de 6063 Habitantes por Unidad Médica y en 1999 se contaba con 5104 Habitantes por Unidad Médica datos solo de las unidades médicas que pertenecen al sistema de salud, sin poder medir con precisión las clínicas  y hospitales particulares.

En 2005, las instituciones de seguridad social cubrían a 55 millones de trabajadores asalariados del sector formal, lo que representa una disminución  de 2.56% con respecto al 2000, debido a una variación  en la tasa de desempleo en el periodo de 2.2% en 2000 a 2,75 % en 2005, siendo el IMSS es el mayor asegurador  con 44.5 millones de asegurados, seguido del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 10.6 millones, mientras que PEMEX  ofrece servicios médicos alrededor de 700,000 personas. Los servicios médicos de las fuerzas armadas atienden alrededor de 600,000 personas.

Según datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), para este año se tiene el registro de 110,022,552, de los cuales cuentan con cobertura médica institucional 50,046994.

Contar con información estadística o de atención médica de los mexicanos resulta en suma complejo, pese a que la Secretaría de Salud cuenta ya con el referido SINAIS, que es la entidad encargada de promover el establecimiento de un sistema nacional de información básica en materia de salud.

De igual manera en éste mismo instrumento se señalan los aspectos en los que centrará este sistema, lo cuales son: I. Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad e invalidez; II. Factores demográficos, económicos, sociales y ambientales vinculados a la salud, y III. Recursos físicos, humanos y financieros disponibles para la protección de la salud de la población, y su utilización.

Ahora bien, la estadística de atención médica, ubicada en un contexto más amplio, encuentra sustento en la Ley de Información Estadística y Geográfica que norma la captación, producción y procesamiento de la información necesaria para el proceso de planeación, programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución de la salud pública.

Por otra parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ha sido diseñada con finalidad de “proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal”

Otro importante instrumento en el que se sustenta el Sistema Nacional de Información en Salud es la Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004 en Materia de Información en Salud, que tiene por objeto establecer los criterios para obtener, integrar, organizar, procesar, analizar y difundir la información en salud, en lo referente a población y cobertura, recursos disponibles, servicios otorgados, daños a la salud y evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud.

Adicionalmente el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (artículo 24) define las atribuciones de la Dirección General de Información en Salud, entre las que se encuentra coordinar el Sistema de Información Estadística de la Secretaría y el Sistema Nacional de Salud, incluyendo el Sistema de Protección Social en Salud conforme a los lineamientos que dicten las dependencias competentes.

Pese a todos los esfuerzos  hoy en día no existe una base de datos que permita registrar los ingresos hospitalarios, las causas de los mismos así como los resultados de la atención hospitalaria que deriva en el alta respectiva y más aún archivos electrónicos que dispongan el historial médico de los Mexicanos.

Considerando las tecnologías de la información y las bondades que ofrecen, así como los beneficios que implicaría no solo en el ámbito de Salud la creación de un sistema nacional de ingresos hospitalarios que permitirían incluso la identificación de ingresos de personas involucradas con el crimen organizado, resulta urgente e impostergable la creación del Registro Nacional de Ingreso Hospitalario con carácter de obligatorio tanto para las instituciones públicas como para los particulares que presten el servicio de Hospitalización.

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se reforman los artículos 7o., fracción X, 104 y 106 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 7o.La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. a IX...

X.Promover el establecimiento de un sistema nacional de información integral en materia de salud;

XI. a XV. ...

Artículo 104.La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica , la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, captarán, producirán y procesarán la información necesaria para el proceso de planeación, programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución de la salud pública.

La información se referirá, fundamentalmente, a los siguientes aspectos:

I.Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad e invalidez;

II.Factores demográficos, económicos, sociales y ambientales vinculados a la salud ;

III.Recursos físicos, humanos y financieros disponibles para la protección de la salud de la población y su utilización , y

IV. Una base de datos nacional cuya información será generada por cada hospital clínica o consultorio médico particular, ingresando la información sobre cualquier paciente identificándolo de manera individual con su clave de registro único de población, señalando de manera sucinta los motivos de ingreso así como el diagnóstico inicial, y registrando las altas médicas con fecha y diagnóstico final.

La información generada sólo podrá hacerse pública en datos estadísticos y en su caso a petición expresa de quien quiera contar con su propio historial médico o de la autoridad judicial que plenamente justifique su requerimiento.

Artículo 106. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de  las entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas cuando  proceda, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que generen y  manejen la información a que se refiere el artículo 104 de esta ley, deberán suministrarla a la Secretaría  de Salud, con la periodicidad y en los términos que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Secretaría señalen, para la elaboración de las estadísticas nacionales para la salud.

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la  Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.— Diputado José Enrique Doger Guerrero (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Salud, para su dictamen.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Uribe Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 37, 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Juan Carlos Uribe Padilla:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, una de las principales atribuciones del municipio o de la autoridad local es la de prestar el servicio de seguridad pública para procurar que el desarrollo de la vida comunitaria transcurra dentro de los cauces del estado de derecho.

En la actualidad nos podemos percatar que este objetivo no está muy lejos de cumplirse; se observa que en muchos casos la autoridad municipal se ve rebasada por los problemas de seguridad, tales como el robo a casa habitación, al transporte y a transeúntes. Estos van en aumento y la intervención de la autoridad a la baja, obligando a la sociedad a tomar cartas en el asunto, con los riesgos que ello implica, desde organizarse como vecinos vigilantes, realizar rondines por las noches, e incluso realizar cooperaciones entre ellos para pagar la gasolina que le hace falta a las patrullas, so pretexto de que los ayuntamientos no cuentan con recursos para ello.

Pero más grave aún, manifestando su descontento a través de pintas o lonas con leyendas como la siguiente: Abstente de robar, si te agarramos, te linchamos. No olvidemos que están dispuestos a cumplirlo.

Basta recordar el caso de Chalco, en el estado de México —mi estado—, en donde tres jóvenes, dos de 16 y uno de 26 años, fueron linchados por los pobladores solo por rumores de que decían que eran delincuentes y secuestradores, lo que finalmente resultó ser falso, y así podríamos mencionar algunos otros casos donde la comunidad, harta de la delincuencia, ha optado por querer tomar la justicia por su propia mano.

El objetivo de esta iniciativa es dotar de mayor presupuesto a los municipios de todo el país, con la finalidad de que puedan atender de manera más eficiente el área de seguridad pública.

Actualmente, los gobiernos municipales han tenido que hacer frente a este reto sin contar con los recursos financieros suficientes y dependiendo de la buena voluntad de la instancia estatal y federal y de los criterios que éstas determinen en la distribución de los recursos para atender este tema, situación que los pone en desventaja para la implementación de acciones concretas para contribuir a que la ciudadanía cuente con un mejor servicio de seguridad en su comunidad.

En el año 2008 se hizo un esfuerzo por apoyar a los municipios y las demarcaciones del Distrito Federal, a través del establecimiento en el Presupuesto de Egresos de la Federación de diversos recursos que deberían de ser canalizados a los gobiernos locales para atender el rubro de seguridad pública; sin embargo, al no plasmarlo en la ley, dichas disposiciones y la aplicación de dichos recursos han quedado a criterio de los estados.

Hoy en día existen tres principales fuentes de apoyo para el tema de seguridad: el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios, conocido como Subsemun; el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el Fortamun, y el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de los Estados.

El recurso que llega directamente a los municipios es a través del Subsemun y el Fortamun-DF; sin embargo, el primero de éstos solo beneficia a 239 municipios y demarcaciones territoriales, que son susceptibles de obtener dicho subsidio. Los recursos del Fortamun-DF son utilizados, en su mayoría, para cubrir obligaciones financieras de los ayuntamientos, lo que va en detrimento de la inversión al rubro de seguridad.

Los recursos del FASP son ministrados directamente a las entidades federativas, quedando a criterio de las mismas el monto, el tiempo y la manera como se entregan estos recursos. Todo ello derivado de que las disposiciones sobre la aplicación de los fondos en mención se establecen solo en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, siendo necesario se traslade dicha normatividad a la Ley de Coordinación Fiscal, que permita y que garantice que estos recursos lleguen a los municipios y demarcaciones territoriales y no queden a criterio dichos recursos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 37; se adiciona un párrafo al artículo 44; se reforma el párrafo sexto del mismo artículo y se adiciona un párrafo al artículo 45, todos ellos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Creo, compañeros diputados, que es importante que podamos apoyar a los municipios para que realicen esta tarea de seguridad y no se vean sobrados o limitados en su actuar contra la delincuencia; por tal situación, solicito a la Mesa se integre íntegro el texto de esta propuesta al Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 37, 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Juan Carlos Uribe Padilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal, Juan Carlos Uribe Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 77 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan dos párrafos al artículo 37, se adiciona un párrafo al artículo 44; se reforma el párrafo sexto del mismo artículo y se adiciona un párrafo al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. Lo anterior con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las principales atribuciones del municipio o de la autoridad local es la de prestar el servicio de seguridad pública para procurar que el desarrollo de la vida comunitaria transcurra dentro de los cauces del estado de derecho. En la actualidad nos podemos percatar que este objetivo lejos de cumplirse, se observa que en muchos casos la autoridad municipal se ve rebasada por los problemas de seguridad, el robo a casa habitación, al transporte, a transeúntes, va en aumento y la intervención de la autoridad a la baja, obligando a la sociedad a intervenir, a tomar cartas en el asunto con los riesgos que ello implica: desde organizarse como vecinos vigilantes, realizando rondines por las noches, manifestando a través de pintas o lonas leyendas como la siguiente: abstente de robar, si te agarramos te linchamos, hasta cooperarse entre ellos para pagar la gasolina que le hace falta a las patrullas, so pretexto de que los ayuntamientos no cuentas con recursos para ello.

Actualmente, existen tres fuentes principales de apoyo para el tema de seguridad pública del orden municipal: 1) El Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun); 2) El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamundf) y; 3) El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP).

El recurso que llega directamente a los municipios es a través del Subsemun y el Fortamundf. Sin embargo, el primero de estos solo beneficia a 239 Municipios y Demarcaciones Territoriales que son susceptibles a obtener dicho subsidio.   Los recursos del Fortamundf son utilizados en su mayoría para cubrir obligaciones financieras, de los ayuntamientos, lo que va en detrimento de la inversión al rubro de Seguridad.

Aunado a lo anterior, los recursos del FASP son ministrados directamente a las Entidades Federativas; quedando a criterio de las mismas la manera, el monto y  tiempo de la entrega de dichos recursos.

Todo ello, derivado que las disposiciones sobre la aplicación de los fondos en mención solo se establecen en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Siendo necesario se traslade dicha normatividad a la Ley de Coordinación Fiscal para garantizar que estos recursos lleguen a los municipios y demarcaciones territoriales y no queden a criterio el destino de dichos recursos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan dos párrafos artículo 37; se adiciona un párrafo al artículo 44, se reforma el párrafo sexto del mismo artículo; y se adiciona un párrafo al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Primero. Se adicionan dos párrafos al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal con relación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamundf), para quedar como sigue:

Artículo 37. ...

Los gobiernos municipales y las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal destinarán por lo menos el 20 por ciento de los recursos previstos en el Fondo, a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.

Los municipios reportarán a los gobiernos estatales y estos a la Federación el destino de los recursos del fondo en cada Informe Trimestral, especificando cada una de las obligaciones financieras solventadas, los pagos de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, así como el monto y nombre desagregado del proyecto realizado para atender las necesidades vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

Artículo Segundo. Se adiciona el párrafo cuarto del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, se recorren los demás en su orden y se reforma el párrafo sexto del mismo artículo de la ley con relación al Fondo de Aportaciones para el Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) para quedar como sigue:

Artículo 44. ...

...

...

Los Gobiernos Estatales destinarán por lo menos el 20 por ciento de los recursos del fondo se distribuya entre los municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.

...

...

Los estados, los municipios a través de los primeros y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de Seguridad Pública Federal el ejercicio de los recursos del fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las modificaciones realizadas a los convenios de colaboración y sus anexos técnicos en la materia; en este último caso deberán incluirse los acuerdos del respectivo Consejo Estatal de Seguridad Pública o el acuerdo correspondiente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como la justificación sobre las adecuaciones a las asignaciones previamente establecidas.

Artículo Tercero.Se adiciona un párrafo al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal y se recorren los demás en su orden para quedar como sigue:

Artículo 45. ...

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal que reciban los municipios y las Demarcaciones Territoriales se destinarán exclusivamente al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública y equipamiento.

...

...

...

...

Transitorios

Primero. Los gobiernos municipales beneficiarios de los recursos derivados del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUB) no serán sujetos a la ministración del 20% de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal que las entidades federativas tendrán la obligación de distribuir entre sus municipios y demarcaciones territoriales.

Segundo. El uso y distribución de los recursos del Fortamundf y el FASP cobrará vigencia a partir del siguiente Presupuesto de Egresos de la Federación, una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 a octubre de 2012.— Diputado Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Así se hará. Se inserta la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

ARTICULOS 40, 41, 73 Y 135 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Julisa Mejía Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40, 41, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Julisa Mejía Guardado:Gracias, diputado presidente. Soy Guardado. Debido a que en la orden del día de hoy estoy inscrita como ponente de dos iniciativas en materia de democracia participativa, solicito se me permita posicionar al respecto de ambas en este momento.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, le informo que el Reglamento dice que cuando más de una iniciativa está inscrita por parte de un legislador, él tendrá que optar por presentar una en la tribuna, y la primera de las iniciativas ya fue turnada por el presidente, porque usted no estaba en el recinto.

Entonces, podría comentarla, pero me parece que la primera de las iniciativas ya está turnada y que en términos del Reglamento solamente puede presentar una. No tengo inconveniente que haga algún comentario, pero le pediría que presentara la segunda.

La diputada Julisa Mejía Guardado:Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. El estado de México está por debajo del promedio nacional por la mala calidad e impunidad en la rendición de cuentas, así lo determinó el reporte de Transparencia Municipal 2012, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, que durante un año evaluó a la transparencia de los estados, municipios y delegaciones más pobladas del país, que cuentan con recursos gubernamentales 5.5 veces mayor al promedio nacional y una población con acceso a Internet por arriba del promedio nacional.

Mientras la calificación promedio nacional es de 71 puntos, la entidad mexiquense obtuvo 59.4 de calificación general, la misma calificación en la ley y la misma apreciación en la práctica de transparencia. Peor aún, dos de los municipios del estado reportan las siguientes puntuaciones:

Calificación en la ley, en Ecatepec, 81.3; en Netzahualcóyotl, 93.8.

Calificación en la práctica, 43.9, en Ecatepec; y en Netzahualcóyotl, 30.6.

La brecha de implementación, en Ecatepec, con una diferencia de 37.4; y en Netzahualcóyotl, una terrible diferencia de 63.1.

Las prácticas de transparencia instrumentadas por ambos municipios no se acercan ni por asomo a lo establecido por la ley que las norma.

Ahora que Peña Nieto propone darle más autonomía y dientes al IFAI, esperemos que se llame a cuentas a él mismo y los responsables de la opacidad en estos municipios o que se someta a plebiscito la ley y los bandos municipales que promueven respectivos cabildos.

En nuestro país, el debate sobre la democracia participativa se ha presentado en muy escasos momentos. El espacio de discusión sobre la reforma política, que generó la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura, solo alcanzó para su inclusión en nuestra Carta Magna de la iniciativa ciudadana de candidaturas independientes, la consulta popular, por cierto, con altos umbrales de vinculación.

Además de estos instrumentos aprobados existen muchas más figuras de participación ciudadana que deben contemplarse para beneficio de la sociedad en nuestro país, como el presupuesto participativo, la afirmativa ficta, la auditoría social, el referéndum, el plebiscito, las acciones colectivas y populares, la revocación del mandato, entre otras.

La materia de ambas iniciativas —que propongo a consideración del pleno— son el plebiscito y el referéndum.

Retomo la sustancia que presentó en la legislatura pasada el doctor Jaime Cárdenas Gracia. Ambos instrumentos son entendidos como mecanismos que permiten a los ciudadanos ejercer la soberanía mandatada en nuestro texto constitucional, que manifiesta y a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.

Bajo esta disposición, el pueblo tiene la facultad de elegir a sus representantes mediante el sufragio; sin embargo, la forma de presentación y mandato no implica de manera alguna que los gobernados entreguen la soberanía, más bien delegan facultades, designan representantes que deben sujetar su actuación a los lineamientos previstos por la propia Constitución.

Sexenio tras sexenio, administración tras administración salen a la luz gigantescos sistemas de corrupción que degradan a la política, a la administración pública y a los gobiernos estatales. Una crisis de legalidad, que las más de las veces nos llevan a una crisis de constitucionalidad, que a su vez genera crisis social y económica.

Ejemplos de éstos dan cuenta la crisis de la reforma energética del 2006, el incremento al IVA, el detrimento de la economía familiar, el aumento progresivo de la gasolina y hoy, lo relacionado a la maquillada reforma electoral.

El plebiscito y referéndum constituirán un control, en manos de los ciudadanos, a los fenómenos de la corrupción y las reformas antidemocráticas y antisociales.

El plebiscito y el referéndum remiten una llamada a los ciudadanos, declara una consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo, que apruebe o rechace una determinada propuesta.

El principal inconveniente de la representación indirecta del pueblo, por parte del Poder Legislativo, está en los intereses creados, en los poderes constituidos, que impiden la deliberación de los ciudadanos en los actos legislativos y administrativos.

Los mecanismos de participación democrática que existen, la iniciativa ciudadana y la consulta popular distan mucho de ser idóneos para transformar el Estado mexicano en una república representativa y participativa.

Termino, presidente. La sociedad debe estar cerca del poder para ejercer un control efectivo sobre el mismo; por eso resulta necesario reconocer que el poder no se concibe después de la sociedad, el poder se constituye desde los mismos procesos que forman las sociedades.

La construcción histórica del poder y la sociedad se presenta como formación de un retículo de colaboraciones, significaciones y valores cuya comprensión sigue siendo un reto de la mayor envergadura.

La iniciativa de impulsar y fortalecer la democracia participativa y deliberativa en nuestro país se convierte en una forma de complementar la democracia representativa que se encuentra en los límites de su agotamiento. Establecer en nuestro marco constitucional y legal diferentes mecanismos de participación democrática contribuirá a construir una sociedad fuerte.

En virtud de lo anterior, propongo a esta soberanía la incorporación de los mecanismos de participación democrática, conocidos como plebiscito y referéndum. Gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 40, 41, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del PRD

Julisa Mejía Guardado, diputada federal a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto decreto que reforma los artículos 40 y 41, la fracción XXIX-Q del 73 y adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de referéndum.

Exposición de Motivos

En el desarrollo contemporáneo de los Estados-nación, la democracia como forma de gobierno se consolidó como ideal a materializar; sin embargo, el modelo hegemónico de democracia fue restrictivo con las formas de participación ampliada colocando única y privilegiadamente el procedimiento electoral para la formación de gobiernos.  Por ello, resulta natural que después de dos siglos de historia, la democracia representativa tradicional muestre graves síntomas de agotamiento e insuficiencias para el pleno desarrollo de los derechos en las sociedades contemporáneas. La democracia representativa ha llegado a su límite.

Lo dicho en el párrafo anterior se debe al alejamiento creciente de los representantes en los que se delegan las facultades para gobernar y decidir sobre los asuntos públicos, respecto de los legítimos intereses populares; por eso se han estado desarrollando con mayor fuerza diferentes mecanismos de democracia participativa en distintos países. La idea que subyace al impulso de estos mecanismos, consiste en acercar la democracia sustantiva a la sociedad, devolverle la capacidad de decisión e intervención en los temas de interés público y, al mismo tiempo, contrarrestar su desencanto político.

La democracia representativa es limitativa, debido a que el ciudadano se reduce a un simple elector que sólo decide, cada cierto tiempo, sobre quiénes serán sus representantes, quiénes tomarán las más importantes decisiones en su nombre. Así, el individuo no decide, no delibera, pues la democracia representativa puede operar cotidianamente sin la opinión de la sociedad, convirtiéndose en una democracia de una élite política autista. Resulta paradójico que cuanto más se insista en fortalecer ésta fórmula clásica de democracia, menos se entiende que sea ella la que ha arrastrado consigo una profundización mayor de prácticas democráticas degradantes.

Si bien es cierto que tanto la democracia representativa como la directa tienen en común el principio de legitimidad, fundamento de la obligación política, la diferencia estriba en que la democracia directa coloca al pueblo como su centro vital; es decir, no sólo hace residir la soberanía en el pueblo, sino que ese ente colectivo llamado “pueblo” toma acción directa sobre las decisiones en torno a los destinos de la nación. Este tipo ideal de democracia, en la que el pueblo ejerce directamente el poder, sólo se pudo concretar con los antiguos “en la plaza o ágora entre los griegos, en los comitia de los romanos, en el arengo de las antiguas ciudades medievales” de ahí la diferencia con la democracia de los modernos en la que el pueblo ejerce el poder indirectamente a través de sus representantes.

Debido a las virtudes de la democracia de los antiguos, Montesquieu y Rousseau no dudaron en exaltarla al mismo tiempo que criticaban la democracia representativa. El primero al referir que el pueblo es quien tiene que hacer por sí solo todo lo que pudiera efectuar bien y, el segundo, porque manifiesta que el pueblo es libre sólo el día que vota. Más tarde, a medida que los Estados fueron creciendo se hizo más complicado materializar la posibilidad de que todo el pueblo pudiera congregarse en asambleas públicas para deliberar, sin embargo, éste argumento de la democracia liberal también se ha utilizado como el pretexto para evitar que la sociedad se pronuncie sobre temas que le atañen y que no deben dejarse sólo al arbitrio de los representantes.

La sociedad debe estar cerca del poder para ejercer un control efectivo sobre el mismo. Por eso resulta necesario reconocer que el poder no se concibe después de la sociedad, el poder se construye desde los mismos procesos que forman a las sociedades, “la construcción histórica del poder y la sociedad se presenta como formación de un retículo de complicidades y significaciones y valores cuya comprensión sigue siendo un reto de la mayor envergadura”. Es en éste sentido, un Estado fuerte, lo es gracias a la promoción y el desarrollo de una sociedad fuerte, madura políticamente –esto que los teóricos de la cultura política llaman ciudadanía empoderada–, pues “desde la Antigüedad hasta el Mundo Moderno el éxito y el desarrollo de las civilizaciones dependió críticamente de la capacidad de las sociedades para dotarse de instituciones aptas para expresar al mismo tiempo su unidad compleja y su potencial dinámico”.

Muchas son las causas que nos obligan a ampliar el modelo tradicional de democracia representativa:

• El aumento del abstencionismo,

• La falta de representación auténtica que ha derivado en una toma de decisiones elitista y alejada de los intereses legítimos de la ciudadanía,

• La forzada homogenización social que le subyace.

En el fondo, todo esto es consecuencia de haber destronado de la construcción de la fórmula de democracia liberal, la participación social, que hoy se manifiesta activa, directa y en algunos casos radical, en movilizaciones sociales y acciones colectivas.

La iniciativa de impulsar y fortalecer la democracia participativa y deliberativa en nuestro país, se convierte en una forma de complementar la democracia representativa que se encuentra en los límites de su agotamiento.

Establecer en nuestro marco constitucional y legal, diferentes mecanismos de participación democrática contribuiría a construir una sociedad fuerte, que delibere, debata y cuestione todos los actos de gobierno; que opine y proponga leyes; que convierta a la política en la arena pública privilegiada de ciudadanos pensantes.

En virtud de lo anterior, proponemos ante esta soberanía, la incorporación del mecanismo de participación democrática, conocido como referéndum.

Referéndum es un término de origen francés que significa el mecanismo democrático mediante el cual el pueblo emite una decisión sobre materias legales que se le consultan; es la “institución política mediante la cual el pueblo –el cuerpo electoral- opina sobre -aprueba o rechaza– una decisión de sus representantes elegidos para asambleas constituyentes o legislativas. Con el mecanismo democrático del referéndum se amplía el sufragio y la totalidad del pueblo, organizado en cuerpo electoral participa en el proceso de poder.

Respecto de la naturaleza del referéndum, existe discusión en torno a que “esta participación popular en la formación de la ley se considera como un acto de ratificación, desa-probación o de decisión, inclinándose la doctrina por la consideración de estimarlo como un acto decisorio autónomo, que al sumarse al de los representantes da origen a la disposición legal, la cual sólo adquiere validez cuando ha sido sometida a la votación popular y aprobada por ella”. Con este instrumento, los representantes elaboran la ley pero – ad referéndum– a reserva de lo que el cuerpo electoral resuelva constituyéndose el voto popular en una condición suspensiva que somete la validez y eficacia de la ley. Con la pretensión de que el establecimiento constitucional y la expedición de una ley correspondiente que regule el referéndum, que fortalezca las instituciones democráticas de nuestro país, elaboramos la siguiente propuesta:

1. Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 40, 41, la fracción XXIX-Q del artículo 73 y la adición de un párrafo segundo al artículo 135.

Por todo lo anterior, someto a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 40, 41, la fracción XXIX-Q del 73 y adiciona un párrafo segundo al artículo 135, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Referéndum

Artículo Primero. Se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, participativa, deliberativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 41, así como el noveno párrafo de la Base V del mismo artículo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal. Igualmente, el pueblo ejerce su soberanía a través de los medios de democracia participativa y deliberativa que establezca esta Constitución y las leyes.

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. a IV. ...

V. ...

...

...

...

...

...

...

...

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. A su vez, el Instituto Federal Electoral a través de su Consejo General será el órgano encargado de organizar, promover e instrumentar los mecanismos de democracia participativa y deliberativa que esta Constitución establece.Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

...

...

...

VI. ...

...

Artículo Tercero. Se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-P. ...

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadanas, consultas populares, revocación de mandato, plebiscito y referéndum.

Artículo Cuarto. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 135. La presente Constitución...

Además de la participación de los poderes y órganos mencionados por esta norma y de los procedimientos a que hace alusión este artículo, las reformas o adiciones a la Constitución deben ser aprobadas mediante el referéndum de los ciudadanos.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Boaventura de Sousa, Santos (coordinador), “Democratizar la democracia”, Los caminos de la democracia participativa, Fondo de Cultura Económica, México, 2004, p. 35.

2. Bobbio, Norberto, “Democracia”, en Norberto Bobbio: el filósofo y la política. Antología, Estudio preliminar y compilación José Fernández Santillán, segunda edición, México, FCE, p. 231.

3. Boaventura de Sousa, Santos, op. cit., “Introducción: para ampliar el canon democrático”, p. 37.

4. Ibídem, p. 229.

5. Textualmente, Montesquieu expresó que “el pueblo que goza del poder supremo debe hacer por sí solo todo lo que pueda efectuar bien y confiar a sus ministros únicamente lo que no pueda realizar por sí mismo”; por su parte, Rousseau rechazaba “el gobierno representativo de Inglaterra y aseveraba que los ingleses eran un pueblo libre sólo el día en que votaban”, ídem.

6. Pipitone, Ugo, Asia y América Latina: Entre el desarrollo y la frustración, Capítulo I, “El Estado”, Madrid, CIDE, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Los libros de la Catarata, 1996, p. 22.

7. Ibídem, p. 24.

8. Nohlen, Dieter, en colaboración con Rainer-Olaf Schultze, Diccionario de ciencia política, tomo II, México, Porrúa México-Colegio de Veracruz, 2006.

9. Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.— Diputada Julisa Mejía Guardado (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

Quiero saludar y dar la más cordial de las bienvenidas a un grupo de alumnos de dos escuelas preparatorias del estado de Puebla, quienes están hoy aquí en este recinto legislativo, invitados por el diputado Julio Lorenzini; son alumnos del Instituto Bernardino de Rivadavia y del Colegio Hispanidad. Bienvenidos todos y todas a la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 24, 143, y adiciona un artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos, compañeras y compañeros. El tema de la iniciativa que vengo a presentar el día de hoy aquí tiene que ver con dos grandes temas de la agenda nacional; el primero, el tema del medio ambiente, y el segundo, el tema del presupuesto.

Aquí, donde tenemos el espacio de la deliberación de las ideas, de escuchar todas las voces y lo más importante, de presentar la argumentación para poder tener una discusión de los temas que aquí se vierten.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tenemos un objetivo muy claro, ese objetivo es poder llevar a nivel de prioridad nacional el tema del medio ambiente; ha sido una tarea que nos ha encomendado nuestro coordinador, una tarea muy clara y muy certera. Para ello presentamos diversas reformas a diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Hoy nos toca decir sí al tema ambiental, aprovechar nuestros recursos naturales, como lo es el agua, la tierra, el aire, para mover nuestras casas, nuestras empresas, nuestro país por supuesto, orientándolo hacia un manejo sustentable de los recursos naturales para nuestro futuro. Tenemos que decir cómo sí lo ambiental puede generar recursos financieros, respetando por supuesto la soberanía nacional y la autonomía de los estados y los municipios.

Con la presente iniciativa estamos entrando al modelo de prevención legislativa; es decir, adelantarnos y agotar los tiempos de discusión en el momento que es necesario, me refiero no solo cuando los presupuestos ya son autorizados, sino que podamos discutir y podamos deliberar para poder considerar los proyectos al año que viene.

Por ello convoco a que no sigamos levantando muros legislativos, que levantemos un país acorde a la realidad y que, por supuesto, demos seguridad ambiental a todos los mexicanos.

Parecería sencillo el hecho de la propuesta de la reforma que tiene que ver con poder revertir los cambios que se dan cuando se origina un cambio de uso de suelo en algún estado o en algún municipio. Todo esto se tiene hoy en día un gran avance que está considerado y llamado Fondo Forestal Mexicano; ahí van a dar los pagos de las obligaciones, tanto de particulares como de gobiernos municipales y estatales, para poder tener una cantidad aproximada hasta mayo de este año de 2 mil 300 millones de pesos.

Este recurso, si bien es cierto regresa a los estados y a los municipios, muchas veces regresa después de cinco o seis años y muchas veces, o la mayoría de ellas, regresa mediante programas diferentes y diversos a donde fue causado el cambiado de uso de suelo y de donde se ha generado una deforestación.

Lo que estamos buscando nosotros con esta reforma es que regrese el recurso mediante un convenio previo de los estados con la federación y que, por supuesto, pueda revertir el proceso de degradación de las zonas en donde fueron afectadas.

Estamos modificando el artículo 143, promoviendo un artículo 143 Bis y modificando el artículo 24 de la presente ley, para que podamos tener este recurso operando en los estados y en los municipios; recordemos que los municipios son el último rubro del tema del medio ambiente a donde apuestan para poder aprobar sus proyectos de egresos.

Es el tiempo del diálogo abierto entre los estados y la federación, respetando a los municipios, a las comunidades y a las localidades, que son los que viven día con día las decisiones que tomamos en este recinto.

Por tanto, los invito a que analicen dicha propuesta y que la podamos aprobar a favor de nuestro país. México no puede esperar más y el medio ambiente tampoco. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 24 y 143, y adiciona el 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable prevé mecanismos de compensación ambiental en materia de cambio de uso de suelo, para tal efecto quienes pretendan realizar dichas acciones deben pagar por las autorizaciones y dichos recursos ingresan directamente al Fondo Forestal Mexicano, la propia ley dentro de su reglamento considera que la Comisión Nacional Forestal deberá destinar dichos recursos a la ejecución de actividades de reforestación, restauración o mantenimiento de los ecosistemas afectados, considerando un principio de preferencia para la ejecución de dichas actividades en las entidades federativas dentro de las cuales se haya solicitado el cambio de uso de suelo.

Lo cierto es que no siempre dichos recursos encuentran su retorno dentro de las circunscripciones territoriales de las entidades que sufrieron la afectación ambiental de sus ecosistemas forestales, por tal motivo planteo una serie de reformas integrales para garantizar que estos recursos no sólo retornen a las entidades federativas sino que sean ejercidos por ellas.

Argumentación

Los desafíos globales de la desertificación, la destrucción de los recursos naturales, los cambios climáticos y la pérdida de la biodiversidad, están cada día más presentes en la búsqueda de un desarrollo sustentable para el futuro. El manejo sustentable de los recursos naturales no sólo es una demanda articulada a la calidad de vida de los ciudadanos, es una necesidad y una posibilidad para el desarrollo de las propias comunidades rurales. Lo anterior ha llevado gradualmente a que se planteen enfoques cada vez más holísticos.

En México, la falta de vinculación del hombre con el recurso forestal está presente en el fondo de toda la problemática forestal, cuando ésta debe ser considerada en todo momento como una prioridad.

Nuestro país ocupa un lugar primordial a nivel mundial en lo que a diversidad de bosques naturales respecta, este tipo de recursos nos brindan una infinidad de servicios ambientales, que van desde la regulación de los ciclos hidrológicos y microclimas, hasta fenómenos globales como la biodiversidad con que cuentan y la captura de carbono que realizan. Los bosques representan también un importante potencial de fuente de ingresos y de materias primas para las poblaciones rurales de México, al igual que para un amplio número de empresas dedicadas al aprovechamiento, transformación y comercialización de productos y subproductos forestales tanto maderables, como no maderables.

Desafortunadamente, a pesar de contar con una extensa variedad y riqueza de recursos forestales, estos, se han visto significativamente afectados por la presencia de factores de disturbio y perturbación, entre los que destacan los incendios forestales, la tala clandestina, el cambio de uso de suelo y el deficiente manejo silvícola, afectando significativamente la capacidad de carga de nuestros ecosistemas forestales, comprometiendo así, la sustentabilidad de los mismos.

México se encuentra dentro del grupo de países con las tasas de deforestación más altas del planeta. De hecho, actualmente, sólo nos queda alrededor de 10 por ciento de la superficie original de selvas altas y cerca de 50 por ciento de la superficie de bosques templados que cubrían nuestro territorio. Debido a esto, actualmente la política forestal mexicana se encuentra orientada a revertir los procesos de degradación de los recursos forestales y, al mismo tiempo, alentar su aprovechamiento, incrementando su potencial y propiciando la participación activa de los propietarios o poseedores de los terrenos en que se encuentran dichos recursos; esta política parte del enfoque de considerar que los recursos forestales tienen la capacidad de generar una serie muy amplia de bienes y servicios ambientales, que satisfacen directa e indirectamente las necesidades humanas vitales.

En algunos casos el aprovechamiento de los bosques o los terrenos forestales implica el cambio de uso del suelo, para darle otro destino; sin embargo, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, aplicable en la materia, prevé mecanismos de compensación ambiental mediante el pago de los promoventes de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales depositando dichos recursos en el Fondo Forestal Mexicano, la propia ley dentro de su reglamento, considera que la Comisión Nacional Forestal deberá destinar dichos recursos a la ejecución de actividades de reforestación, restauración o mantenimiento de los ecosistemas afectados, considerando un principio de preferencia para la ejecución de dichas actividades en las entidades federativas dentro de las cuales se haya solicitado el cambio de uso de suelo.

Lo cierto es que no siempre dichos recursos encuentran su retorno dentro de las circunscripciones territoriales de las entidades que sufrieron la afectación ambiental de sus ecosistemas forestales, por tal motivo planteo una serie de reformas integrales para garantizar que estos recursos no sólo retornen a las entidades federativas sino que sean ejercidos por ellas.

Sin embargo, el mecanismo de retorno que se expone pretende en primera instancia que las entidades federativas celebren convenios de coordinación con la federación, para que les puedan ser ministrados dichos recursos y estas puedan ejecutar los proyectos respectivos, por ello se propone reformar el artículo 24 de la ley en comento, relativo a las materias mediante las cuales versarán estos convenios, posteriormente se adiciona una fracción al artículo 143 del mismo ordenamiento, señalando expresamente que el fondo se podrá integrar entre otras por lo recursos provenientes del cobro de la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Finalmente, se establece la posibilidad de adicionar un artículo 143 Bis, en el cual se detalla que dichos recursos deberán ser ministrados a las entidades federativas previa celebración del convenio respectivo con la federación, y que esta ultima deberá enterar los recursos materia de la presente reforma en el ejercicio fiscal inmediato a las entidades federativas. No omito señalar que en el apartado de artículos transitorios se aborda de manera íntegra la aplicación gradual de cada uno de los mecanismos planteados por la presente reforma.

Resulta fundamental fortalecer y garantizar la ejecución de proyectos de conservación y restauración de los ecosistemas forestales en las entidades federativas, así como diseñar tasas de retorno de los recursos generados por el aprovechamiento de los ecosistemas ubicados dentro de sus circunscripciones territoriales, esta es una demanda de la ciudadanía y los gobiernos estatales.

Para nuestro grupo parlamentario la política forestal debe partir de un enfoque que considere que los recursos forestales tienen la capacidad de generar una serie muy amplia de bienes y servicios ambientales, que satisfagan directa e indirectamente necesidades humanas vitales, por lo cual para alcanzar el aprovechamiento sustentable de dichos recursos, resulta indispensable contar con mecanismos integrales en la aplicación de las políticas de desarrollo y de la normatividad respectiva.

Es necesario instrumentar políticas públicas para revertir el proceso de degradación de los recursos forestales que, al mismo tiempo, aliente su aprovechamiento, incremente su potencial y propicie la participación activa de los propietarios o poseedores de los terrenos en que se encuentran dichos recursos y de los inversionistas.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo Único.Se adicionan una fracción X recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 24; una fracción IX recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 143, y un artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 24. La federación, a través de la secretaría y de la comisión, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de municipios, en el ámbito territorial de su competencia asuman las siguientes funciones:

I. a IX. ...

X. Aplicar los recursos provenientes del fondo por el cobro de la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales dentro de su entidad;

XI. Dictaminar, autorizar y evaluar los programas de manejo forestal, así como evaluar y asistir a los servicios técnico forestales, o

XII. Evaluar el impacto ambiental de las obras o actividades forestales a que se refiere el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.

Artículo 143. El Fondo Forestal Mexicano se podrá integrar con:

I. a VII. ...

VIII. La transferencia de recursos de los usuarios de las cuencas hidrológicas ;

IX. El cobro de la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, y

X. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

...

...

Artículo 143 Bis. Los recursos económicos que obtenga el fondo por concepto de compensación ambiental serán destinados a las entidades federativas donde se haya autorizado el cambio de uso del suelo para la ejecución de actividades de reforestación, restauración o mantenimiento de los ecosistemas forestales.

Los recursos referidos en el párrafo anterior deberán ser ministrados a las entidades federativas de manera permanente en el ejercicio fiscal inmediato a su ingreso al fondo, para dicho efecto deberán celebrar convenio con la federación en los términos previstos por los artículos 24 y 25 de la presente ley.

En la aplicación y destino de estos recursos se deberán observar los siguientes criterios en orden descendiente:

I. Microcuenca donde se asienta el terreno que resultará afectado;

II. Municipio donde se autorizó el cambio de uso de suelo, y

III. Entidad federativa afectada.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.Dentro de los90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal deberá publicar las modificaciones respectivas al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Artículo Tercero.La federación y las entidades federativas deberán celebrar los convenios señalados en el artículo 143 Bis, dentro de los 90 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Cuarto.La ministración de los recursos referidos en el artículo 143 Bis, se realizará en el ejercicio fiscal inmediato a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Quinto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.— Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, suscrita por todos los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia, señor presidente; señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que el artículo 1339 del Código de Comercio debe guardar certeza en la cuantía que prevé; por ello se propone reformar su primer párrafo, así como derogar los párrafos segundo y tercero, a fin de que sea identificada la competencia por cuantía de los procedimientos de los juicios en materia mercantil, en forma ágil y bajo una norma general.

Respecto al artículo 1390 Bis del citado ordenamiento, debe de ser precisa y congruente en la determinación de la cuantía; por ello proponemos su reforma, a fin de homologar su contenido con el del precitado artículo 1339.

Al efecto para el artículo 1390 Bis 42, se propone reformar su contenido en sus tres párrafos, a fin de que su sintaxis permita claridad en las reglas del ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas testimonial, máxime cuando se trata de la situación de testigos por conducto del juez.

Finalmente, por cuanto hace a los artículos 1390 Bis 47 y 1390 Bis 48 del mencionado Código de Comercio, se proponen reformas que permitan homologación en la equidad y en el desempeño de las funciones de los peritos que intervengan con sus conocimientos en la búsqueda de la verdad de los litigios planteados, señalando con precisión el monto de la sanción económica que pudiera aplicarse al perito que injustificadamente resulte ser omiso en el cumplimiento del encargo que aceptó y protestó desempeñar ante la autoridad jurisdiccional.

Señor presidente, toda vez que el presente proyecto ha sido circulado a todos los diputados y diputadas integrantes de esta LXII Legislatura, a través de la Gaceta Parlamentaria, solicito respetuosamente que el mismo sea turnado a la comisión correspondiente para su dictamen. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ocupa esta tribuna en uso de sus facultades y atribuciones conferidas en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para someter a la consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto a través del cual se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, para ello expresamos la siguiente:

Exposición de Motivos

La dinámica social exige constantes ajustes a la normatividad que regula su vida gregaria.

Las relaciones por actos de comercio son una de las actividades de intercambio más practicada por el hombre, ello promueve significativamente las economías nacionales, pero también implica que su ejercicio garantice disposiciones eficaces a sus destinatarios.

Las más recientes reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el pasado nueve de enero de 2012, relativas al procedimiento de juicios orales en materia mercantil, han demostrado un marcado avance en la solución de conflictos derivados de los actos de comercio, a través de los juicios orales, sin embargo, consideramos que el artículo 1339 del Código de Comercio debe guardar certeza en la cuantía que prevé, por ello se propone reformar su primer párrafo, así como derogar los párrafos segundo y tercero a fin de que sea identificada la competencia por cuantía de los procedimientos de los juicios en materia mercantil en forma ágil y bajo una norma general.

Respecto del artículo 1390 Bis del citado ordenamiento, debe ser precisa y congruente en la determinación de la cuantía, por ello proponemos su reforma a fin de homologar su contenido con el del precitado artículo 1339.

Al efecto, para el artículo 1390 Bis 42, se propone reformar su contenido en sus tres párrafos a fin de que su sintaxis permita claridad en las reglas del ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba testimonial, máxime cuando se trata de la citación de testigos por conducto del Juez.

Finalmente, por cuanto hace a los artículos 1390 Bis 47 y 1390 Bis 48 del mencionado Código de Comercio, se proponen reformas que permitan homologación en la equidad en el desempeño de las funciones de los peritos que intervengan con sus conocimientos en la búsqueda de la verdad de los litigios planteados, señalando con precisión el monto de la sanción económica que pudiera aplicarse al perito que injustificadamente resulte ser omiso en el cumplimiento del encargo que aceptó y protestó desempeñar ante autoridad jurisdiccional.

Por lo expuesto y en congruencia con el compromiso adquirido con los Mexicanos, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano somete a su consideración el presente proyecto de decreto, mismo que de estimarlo procedente, solicitamos se apruebe en sus partes integrantes.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles.

Decreto

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles.

Artículo Único. Se reforman: el primer párrafo del artículo 1339, el primer párrafo del artículo 1390 Bis, el primero, segundo y tercer párrafo del artículo 1390 Bis 42, el primero y tercer párrafo del artículo 1390 Bis 47 y el artículo 1390 Bis 48; se derogan los párrafos segundo y tercero del artículo 1339, todos del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1339.Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a quinientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda.

Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo.

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Artículo 1390 Bis.Se tramitarán en este juicio todas las contiendas cuya suerte principal sea inferior a quinientos mil pesos por concepto de suerte principal, sinque sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda.

Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno.

Artículo 1390 Bis 42.Las partes tendrán la obligación de presentar sus propios testigos, para cuyo efecto se les entregarán las cédulas de notificación. Cuando estuvieren imposibilitadas para hacerlo, lo manifestarán así bajo protesta de decir verdad y pedirán que se les cite. El juez ordenará la citación con el apercibimiento de que, en caso de desobediencia, se les aplicarán y se les hará comparecer mediante el uso de los medios de apremio señalados en las fracciones III y IV del artículo 1067 Bis de este Código.

Cuando la citación deba ser realizada por el juez, ésta se hará mediante cédula por lo menos con tresdías de anticipación al día en que deban declarar, sin contar el día en que se verifique la diligencia de notificación. Si el testigo citado de esta forma no asistiere a rendir su declaración en la audiencia programada, el juez le hará efectivo el apercibimiento realizado y reprogramará su desahogo. En este caso, podrá suspenderse la audiencia.

La prueba se declarará desierta si, aplicados los medios de apremio señalados en el párrafo anterior, no se logra la presentación de los testigos. En caso de que se ofrezca prueba testimonial con el propósito de retardar el procedimiento, se impondrá al oferente una sanción pecuniaria a favor del colitigante hasta por la cantidad señalada en la fracción II del artículo 1067 Bis de este Código. El juez despachará de oficio ejecución en contra del infractor, sin perjuicio de que se denuncie la falsedad en que hubiere incurrido, declarándose desierta de oficio la prueba testimonial.

Artículo 1390 Bis 47.En caso de que alguno de los peritos de las partes no acepte el cargo o no exhiba su dictamen dentro del plazo señalado por el juez, precluirá el derecho para hacerlo y, en consecuencia, la prueba quedará desahogada con el dictamen que se tenga por rendido. En el supuesto de que ninguno de los peritos acepte el cargo o no exhiba su dictamen en el plazo señalado, se declarará de-sierta la prueba.

...

El perito tercero en discordia deberá rendir su dictamen en la audiencia de juicio, su incumplimiento injustificado dará lugar a que el juez le imponga como sanción pecuniaria, en favor de las partes y de manera proporcional a cada una de ellas, el importe de una cantidad igual a cincuenta días de salario mínimo vigente. En el mismo acto, el juez dictará proveído de ejecución en contra de dicho perito tercero en discordia, además de hacerla saber al Consejo de la Judicatura Federal o de la entidad federativa de que se trate, o a la presidencia del tribunal, según corresponda, a la asociación, colegio de profesionistas o institución que lo hubiera propuesto por así haberlo solicitado el juez, para los efectos correspondientes, independientemente de las sanciones administrativas y legales a que haya lugar.

...

Artículo 1390 Bis 48.Los peritos asistirán a la audiencia respectiva con el fin de exponer verbalmente las conclusiones de sus dictámenes, a efecto de que se desahogue la prueba con los exhibidos y respondan las preguntas que el juez o las partes les formulen, debiendo acreditar, en la misma audiencia y bajo su responsabilidad, su calidad científica, técnica, artística o industrial para el que fueron propuestos, con el original o copia certificada de su cédula profesional o el documento respectivo. En caso de no asistir los peritos designados por las partes, se tendrá por no rendido su dictamen , la ausencia injustificada del perito tercero en discordia se le impondrá una sanción pecuniaria equivalente a la cantidad que cotizó por sus servicios, en favor de las partes, en igual proporción.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los juicios mercantiles que se encuentren en proceso al momento de la vigencia del presente decreto, serán resueltos de conformidad con las disposiciones vigentes al día en que se emitió el auto de admisión de la demanda.

México, DF, a 4 de octubre de 2012.— Diputados: Juan Ignacio Samperio Montaño, Ricardo Monreal Ávila, Martha Beatriz Córdova Bernal, José Francisco Coronato Rodríguez, Francisco Alfonso Durazo Montaño, José Antonio Hurtado Gallegos (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado; así se hará. Se turna a la Comisión de Economía, para su dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, presidente; con la venia de la asamblea. Permítanme iniciar esta exposición de la propuesta que hemos presentado aquí citando al filósofo y jurista italiano Cesare Beccaria; él decía: ¿queréis prevenir los delitos? Haced que las leyes sean claras, sencillas y que toda la fuerza de la nación se encuentre condensada para defenderla, sin que por el contrario, ninguna parte de la misma se emplee en destruirla; haced que las leyes favorezcan menos a las clases sociales que a los hombres mismos.

Esta frase tiene todo que ver con la iniciativa que estoy hoy presentando, porque —como todos ustedes saben— existe una definición asumida en el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social que explica lo que son las zonas de atención prioritaria y tiene la siguiente definición: se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza y marginación indicativos.

En este mismo sentido, los objetivos del Estado mexicano deben de ser el de garantizar los derechos sociales plenos de sus ciudadanos mediante la política social adecuada; es decir, debemos tener la política social y la elaboración de programas que permitan a la gente salir de la pobreza.

Algunos municipios y sectores en este país, señoras y señores diputados, cuentan con índices de desarrollo comparables a países subsaharianos, con altos niveles de marginación y pobreza, donde el desarrollo es solamente un sueño.

Sin embargo, en este país, desde que se inició la llamada guerra contra el crimen, nuevos municipios y nuevas regiones han caído en estado de pobreza y marginación debido a la violencia.

La presente iniciativa busca reformar los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, referentes a las declaratorias de zonas de atención prioritarias para el desarrollo social, para incluir a aquellos municipios y regiones que son víctimas de altos índices de criminalidad y violencia y que presentan vulnerabilidad social delictual, dado que —como ya todos sabemos— esta guerra contra el narcotráfico, lo que menos podemos decir de ella es que ha servido para, lo que coloquialmente se dice, enturbiar las aguas del crimen y llevar a México a un estado de seguridad extrema, y sobre todo a crear nuevas formas de criminalidad, que afectan el sistema de vida de las personas y que generan círculos de pobreza y afectan directamente a la economía.

El problema no es menor, porque si analizamos, no solamente Chihuahua, Nuevo León o la frontera norte serían una zona de atención prioritaria por el tema de la violencia, sería todo el país, si tomamos en cuenta todas las muertes ligadas a la actividad del narcotráfico y la violencia que se genera por el mismo. Podríamos declarar que prácticamente todo el país es un territorio de zona de atención prioritaria.

La delincuencia, que es un problema social persistente, como ustedes saben, se puede abordar de dos maneras: la prevención y el ataque a la acción criminal.

Nosotros estamos proponiendo que la criminalidad hoy se ataque desde la prevención; la seguridad, desde el plano más amplio que comúnmente conocemos, es atacar el problema de pistolas con pistolas. Lo que decimos es que este combate no ha sido suficiente y lo único que ha generado es nuevas formas de criminalidad, más muertes y nuevas formas de violencia.

Pese al gran despliegue de efectivos militares, así como de policías estales, municipales y federales, la delincuencia no presenta una tendencia a la baja y esto debe de ser porque el problema de la seguridad pública en nuestro país, además de ser ineficaz, es incompleto.

Es por eso que planteamos, compañeros diputados, que se tome una nueva visión para atacar la criminalidad; proponemos una nueva forma de mirar el desarrollo social y el problema de la criminalidad, otra alternativa, dejando de aplicar solo esfuerzos de medidas penales, de pistolas, de militares y de policías, sino disminuir las desigualdades sociales, la falta de oportunidad, para evitar que nuestros jóvenes caigan en la delincuencia.

Termino, señor presidente, con otra frase. Martin Luther King decía que hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos como hermanos.

La idea del Partido del Trabajo, en el tema del ataque a la criminalidad, es a través del desarrollo social, pero del desarrollo social justo y equitativo para que aprendamos a vivir como hermanos. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada federal Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29 y 30 de la Ley de General de Desarrollo Social al tenor de las siguientes

Consideraciones

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos.”

Martin Luther King

Planteamiento del problema

El contrato social, institución a través de la cual se da origen a la sociedad y el Estado, se crea con la finalidad de proteger los derechos del hombre tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Si tomamos en cuenta las dos visiones contractualistas que se han desarrollado en la historia del pensamiento, a saber la hobbesiana y la rousseauniana, si bien no coinciden con la causa eficiente de tal contrato, si lo hacen con la causa final que es la de dar seguridad y proteger la libertad del hombre.

La seguridad en el plano más amplio al que comúnmente se utiliza en las políticas de gobierno tiene ver con un enfoque basado en los derechos y sobretodo en la libertad del individuo. Es así que la seguridad se convierte en la base fundamental del ejercicio de los derechos.

Sin embargo tal combate no es suficiente para encontrar un verdadero camino de solución, ya que las acciones de lucha en contra del mismo, sólo han tomado en consideración una pequeña dimensión del problema de la criminalidad.

Argumento que la sustenta

México sufre una gran crisis en materia de seguridad pública, sobre todo si tomamos en cuenta que la circunstancia histórica en la que nos encontramos, es de tiempos de paz. Podríamos decir que para 2009 se registran alrededor de 12 millones de delitos. De esos, sólo millón y medio se denuncian ante el Ministerio Público y sólo se consignan 250 mil y obtienen sentencia condenatoria 190 mil, lo que representa el11.5 por ciento de los delitos totales.

Pese al gran despliegue de efectivos militares así como municipales, estatales y federales, la delincuencia no presenta una tendencia a la baja en el reporte de nuevos hechos de criminalidad. La lucha directa que el gobierno federal después de cuatro años de operativos coordinados y conjuntos, sus efectos pareciesen ser contrarios a los fijados como meta. Esto se debe a que el problema de la seguridad pública en nuestro país, además de ser ineficaz, es incompleto.

Esto nos lleva a plantear que el problema del crimen y la delincuencia es un hecho social permanente, por lo que la reacción frente al mismo escapa a la estructura política en general, no sólo a la dedicada especialmente a la procuración de justicia.

Hasta ahora y ante la ola de inseguridad que se ha venido presentando de forma alarmante en todo el país se ha buscado la protección contra la comisión de una gran variedad de delitos y las estrategias o respuestas a este problema de criminalidad básicamente se han enmarcado en la operación de los sistemas de justicia penal, tanto en la procuración como administración, asimismo en aquellos  encargados de hacer cumplir la ley. Estos sistemas “oficiales” de control si bien de alguna forma son útiles para la doble finalidad de disuadir de la infracción de la ley a la población en general, y de detener, castigar y tratar a los delincuentes, hoy en día distan mucho de estar cumpliendo a cabalidad esta labor.

Sin embargo, el fenómeno delictivo es muy heterogéneo y tiene muchas aristas en su causalidad e impacto, por lo que las políticas de prevención, tratamiento y, en su caso, sanción deben tomar en cuenta esta complejidad. Tratar al fenómeno delictivo como algo homogéneo con soluciones estándar, ha llevado a tres lustros de política criminológica inefectiva y muy ineficiente.

Reiterando lo dicho hasta aquí es tiempo de virar y mirar a otra alternativa, dejando de aplicar solo esfuerzos hacia las medidas penales y pensar en disminuir las desigualdades sociales, la falta de oportunidades y que éstas se conviertan en precauciones ligadas al desarrollo social, además de combatir el delito donde éste nace, no apenas donde se manifiesta con violencia y produce resultados a menudo irremediables.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que presento a esta Soberanía la siguiente Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 29 y 30 de la Ley de General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforman los artículos 29  y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar de la siguiente manera:

Ley General de Desarrollo Social

Capítulo IVDe las Zonas de Atención Prioritaria

Artículo 29.  Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias , altos índices de criminalidad, violencia y vulnerabilidad social delictual, así comorezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política Social.

Artículo 30. El Ejecutivo federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de los índices mostrados en el artículo anterior, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto, hará la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, junto con el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan el presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a cuatro de octubre de dos mil doce.— Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La diputada Karina Labastida Sotelo:Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, presento a su consideración iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cabe resaltar que uno de los mecanismos creado para impulso a las regiones con bajo grado de desarrollo y un importante rezago social es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, cuyo objetivo —como lo establece la ley— es apoyar a estados o en su defecto a municipios con alto grado de pobreza y marginación.

El artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal en forma explícita manifiesta que los recursos del fondo en comento serán utilizados únicamente para financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a intervenciones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago y pobreza extrema.

También se expresa que en el caso de los municipios, estos podrán disponer hasta de un 2 por ciento del total de recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional.

Se especifica que este programa deberá ser convenido entre el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno estatal correspondiente y el municipio del que se trate. Adicionalmente los municipios podrán destinar hasta un 3 por ciento de los recursos correspondientes en cada caso para ser aplicados como gastos indirectos a las obras que ya se han expresado.

Sin embargo, a partir de la experiencia adquirida en el manejo de dichos recursos, hemos podido detectar dos problemas fundamentales que se presentan en los municipios al ejercer los recursos de los fondos establecidos en este artículo 33; uno de ellos es el aumento de recursos para obra pública, lo que ha permitido a los municipios tener la posibilidad de realizar obras de mayor magnitud y que por ello requieren de la realización de proyectos ejecutivos técnicamente complicados y por tanto, costosos.

Ante este escenario tenemos, como consecuencia, que algunos municipios no logran utilizar el total del recurso asignado, por no contar con proyectos ejecutivos de las obras que la localidad requiere, situación grave ante las grandes necesidades que existen por parte de la ciudadanía, obligándose a la realización de obras pequeñas, como canchas de usos múltiples, aulas de escuela, centros cívicos, que no son necesidades reales ni inmediatas.

Por otro lado, obras que sí son apremiantes y urgentes, y como ejemplos pudieran ser proyectos de drenaje y alcantarillado, vialidades urbanas, caminos rurales y pavimentados, pozos y líneas de conducción de agua potable, entre otros, que no pueden realizarse por la complejidad de ello, al no contar con proyectos ejecutivos adecuados.

Por ello, es necesario propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de los municipios, mediante la asignación y disposición oportuna de los recursos presupuestales para la ejecución de los proyectos de inversión; incluyendo de esta manera asignaciones específicas para la elaboración de proyectos ejecutivos que permitan abatir las condiciones de rezago social y pobreza extrema, y que soporte las acciones municipales.

Es por ello que se propone adicionar al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para que se faculte a aquellos municipios que así lo requieran, el poder utilizar recursos de este Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, a fin de que ellos puedan elaborar proyectos ejecutivos de obra, así como llevar a cabo la supervisión correcta en la ejecución de las mismas.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar:

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo al inciso b), y se recorre el subsecuente y se adicionan las fracciones I y II del mismo inciso b) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Diputado presidente, solicito se inscriba la versión completa e íntegra de esta iniciativa en el Diario de Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Karina Labastida Sotelo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, fracción h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los proyectos de infraestructura son generadores de desarrollo económico y el medio para resolver a mediano y largo plazo problemas específicos en el entorno nacional, estatal o municipal. En México se destina de 15 a 20 por ciento del presupuesto de egresos de la federación para el desarrollo de los proyectos de inversión física.

En el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en forma explícita se expresa que los recursos serán utilizados “exclusivamente” al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a intervenciones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Los fondos de aportación para la infraestructura social municipal deberá ser utilizada para “agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural”.

También se expresa que en caso de los municipios, estos podrán disponer de hasta 2 por ciento del total de recursos del fondo para la infraestructura social municipal que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Especifica que este programa deberá ser convenido entre el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno estatal correspondiente y el municipio de que se trate. Adicionalmente los municipios podrán destinar hasta 3 por ciento de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras que ya se han expresado.

Sin embargo dos problemas fundamentales tienen los municipios al ejercer los recursos de los fondos establecidos en este artículo 33.

Uno de ellos se refiere al aumento de recursos para obra pública ha permitido a los municipios tener la posibilidad para realizar obras de mayor magnitud y que por ello requieren de la realización de proyectos ejecutivos técnicamente complicados y por tanto costosos. En muchas ocasiones, las condiciones propias de los municipios no permiten utilizar recursos, pues no se cuenta con ellos, para la realización o pago de los proyectos ejecutivos requeridos para obras necesarias para cumplir con los requerimientos de la población. Como ejemplos pudieran considerarse, proyectos de drenaje y alcantarillado, vialidades urbanas, caminos rurales pavimentados, pozos y líneas de conducción de agua potable etcétera, etcétera.

Ante este escenario, tenemos como consecuencia que algunos municipios no logren utilizar el total del recurso asignado por no contar con los proyectos ejecutivos de las obras que la localidad requiere, situación grave, ante las grandes necesidades que existen por parte de la ciudadanía, obligándose en ocasiones a la realización de obras pequeñas, como canchas de usos múltiples, aulas de escuela, centros cívicos, etcétera, que no son necesidades reales ni inmediatas. Por otro lado obras necesitadas como apremiantes y urgentes no pueden realizarse por la complejidad de ello al no contar con proyectos ejecutivos adecuados.

No se niega que existen municipios que tiene capacidad de recursos propios para sortear esta problemática y brincan el obstáculo, sin embargo los municipios con mayor rezago social son quienes exactamente carecen de recursos propios y caen en una trampa de ineficiencia, ineficacia y falta de atención a las necesidades apremiantes de la ciudadanía a la que sirven.

Es necesario propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de los municipios mediante la asignación y disposición oportuna de los recursos presupuestales para la ejecución de los proyectos de inversión; incluyendo asignaciones específicas para la elaboración de proyectos ejecutivos que permitan abatir las condiciones de rezago social y pobreza extrema, y que soporte a las acciones municipales. Es por ello que se propone adicionar el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se faculte a aquellos municipios que lo requieran, el poder utilizar recursos de este Fondo de Aportaciones par la Infraestructura Social Municipal, para la elaboración de proyectos ejecutivos de obra, así como para la supervisión correcta en la ejecución de las mismas.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo al inciso b) y se recorre el subsecuente y se adicionan las fracciones I y II de mismo inciso b) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 33....

a)...

b)Fondo de Infraestructura Social Estatal: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.

En caso de los municipios, éstos podrán disponer de hasta 2 por ciento del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno estatal correspondiente y el municipio de que se trate.

Los estados y los municipios podrán destinar hasta 3 por ciento del total de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les corresponda para elaborar específicamente los proyectos ejecutivos para las obras de infraestructura social.

Adicionalmente, los estados y municipios podrán destinar hasta 3 por ciento de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas aportaciones, los estados y los municipios deberán:

I.Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban los proyectos ejecutivos de obras, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;

II.Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de los proyectos ejecutivos de obras, las obras y acciones que se vayan a realizar;

III....

IV....

V....

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor en el ejercicio fiscal siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.— Diputada Karina Labastida Sotelo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Así se hará. La iniciativa quedará inserta íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Participación Ciudadana.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Con su venia, diputado presidente. Solicito que se aplique el artículo 76, numeral 1, fracción I, del Reglamento y que se me concedan mis 10 minutos, en razón que es la expedición de una nueva ley general.

El Presidente diputado José González Morfín: Así está considerado, diputada. Usted puede verlo en el tiempo.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Gracias, señor presidente. Muy buenos días, compañeros diputados. La creciente diversificación de las problemáticas en la República en pocas ocasiones ha rebasado la capacidad gubernamental de los tres niveles y órdenes de gobierno.

Es una realidad innegable y cada vez más frecuente que la ciudadanía demuestre insatisfacción en lo desarrollado por su gobierno municipal, estatal y federal en áreas tan diversas y cotidianas como el uso de suelo, la preservación del delito, la infraestructura urbana, los servicios básicos y, sobre todo, en la toma de decisiones sobre las comunidades.

Tradicionalmente, los gobiernos en todos los niveles han propuesto las medidas y soluciones que a su criterio creen son mejores para estas comunidades, muchas veces sin consulta ni diagnóstico de por medio, lo anterior no demerita en efecto que vivimos en una democracia representativa, en donde la ciudadanía elije —se supone— libremente a sus gobernantes.

Sin embargo, los recientes desencuentros nacionales en materia electoral y la poca transparencia con las que se conducen muchas autoridades ha redundado en una importante desconfianza por parte de la ciudadanía.

Ahora no solo es importante conocer al representante, también es importante y necesario vigilar el cumplimiento de lo que haya prometido en campaña y más aún, integrarse sin corporativizarse al gobierno, ya sea a nivel comunitario, municipal, estatal o incluso nacional.

Según la investigadora Julieta Camacho Granados, desde la LVIII Legislatura se han presentado más de 50 iniciativas de ley en materia de participación ciudadana, que en mayor o en menor medida han girado en torno a los instrumentos clásicos de la participación ciudadana; es decir, en torno al plebiscito, referéndum, iniciativa popular.

De hecho, apenas hace unos meses, en la legislatura pasada, en abril, en el Senado se presentó por parte del legislador Eugenio Govea, del Partido Movimiento Ciudadano, una iniciativa en materia de participación, la cual en la presente iniciativa de su servidora se retoma en parte, pero sobre todo en el apartado de instrumentos de participación directa.

Sin embargo y sin restar ni demeritar importancia alguna a cualquiera de estas 50 iniciativas, es indispensable presentar un proyecto que innove con la fuerza de la aplicación y de la experiencia a cuestas; es decir, es importante proponer fórmulas que han sido exitosas en mayor o menor medida, y que en los hechos han demostrado viabilidad; fórmulas y propuestas que no buscan ni mucho menos logran la perfección, pero que sin embargo pueden hacer la diferencia en una colonia, en un barrio, en una unidad habitacional o en un núcleo poblacional mínimo de cualquier municipio del país, como en el Distrito Federal, que fueron electos, ya hace dos años, los mil 800 comités ciudadanos y que ahora cuentan con poder para decidir sobre las políticas públicas de un total del 3 por ciento del presupuesto total de cada una de las 16 delegaciones.

En esta iniciativa ciertamente se retoman los instrumentos de participación directa tradicionales arriba mencionados, como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Mas se incorporan nuevos esquemas, como el presupuesto participativo y los órganos de representación ciudadana, que en ningún momento buscan rivalizar con experiencias representativas tradicionales o que se fundamentan en los usos y costumbres de —por ejemplo— pueblos originarios, y muy por el contrario, esta iniciativa busca fortalecer estas nuevas formas de representación ciudadana, dotarlas de una formalidad y de un reconocimiento que llegue al ámbito federal e incluso potenciarlas, claro, en donde existan, y en aquellos núcleos mínimos poblacionales en donde no existan órganos de representación ciudadana, generarlos.

Por ello, se requiere un andamiaje mínimo que pase por lo federal, estatal y municipal y llegue a lo que denominamos, en la presente iniciativa, unidades territoriales mínimas de un fondo de aportaciones federales, que llegue directo a los municipios de los estados y de las delegaciones del Distrito Federal, para que sin dilación y de inmediato se pongan a disposición de la ciudadanía, bajo mínimas reglas de operación, estos recursos.

También se realiza una propuesta con base en el supuesto de la colaboración federal, no solo de los órganos del Ejecutivo, sino sobre todo en muchos de los casos de organismos constitucionales autónomos, como lo es el Instituto Federal Electoral, además de los órganos electorales estatales.

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática creemos que la democracia representativa se debe contemplar cada vez con fórmulas de democracia directa y cada vez más participativa; por ello, no solo se propone en la presente iniciativa el control y regulación de los instrumentos clásicos de participación ciudadana, que reitero son el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.

La presente iniciativa además es una propuesta de órganos de representación ciudadana electos, también, como se propone, el ejercicio de una parte del presupuesto, para que los ciudadanos de las diversas entidades y municipios, a través de sus comunidades, decidan lo que más les conviene y sus prioridades a través de un presupuesto participativo, como lo explica Álvaro Aragón Riviera, en Derechos fundamentales y democracia.

La democracia, entendida como una forma de gobierno, supone que el poder fluye desde los ciudadanos hacia arriba; Bobbio la caracterizó como un conjunto de reglas primarias fundamentales que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos.

La ventaja de la definición de Bobbio es muy clara, si se parte del hecho de que toda sociedad tienen que tomar decisiones obligatorias y válidas para todos los miembros de la colectividad; entonces, la definición nos dice quién está autorizado para tomar esas decisiones.

La definición nos dice que efectivamente es el ciudadano, dejando a los miembros de cada grupo la elección de cuáles son las decisiones que más le convienen a la colectividad, si se parte del hecho de que las sociedades actuales están caracterizadas por su tendencia a la aceptación de la pluralidad y la diversidad; por tanto, cada colectividad tiene intereses, problemas y necesidades distintas, y quizá lo más recomendable es que cada colectividad decida cuáles son las prioridades que más le convienen, en función de sus características.

Ahora bien, para poder impulsar, tanto los órganos de representación ciudadana como los proyectos del presupuesto participativo, es menester generar un fondo de aportaciones federales, ubicado presupuestalmente dentro del Ramo 33, en función del número de habitantes y la participación de la sociedad, así como de su extensión territorial.

Dicho fondo se distribuirá entre los municipios de los estados y las delegaciones del Distrito Federal para fomentar la participación ciudadana y el fondo municipal de participación se propone se denomine Fomupaci.

Este esfuerzo que representa esta presente iniciativa también se inscribe en el marco de la declaratoria del Parlamento Latinoamericano, el cual suscribe nuestra nación sobre bases mínimas para la gobernanza local, cuyos resolutivos en un fragmento dicen: exhortar a los Estados miembros del Parlatino a reconocer la existencia y diversidad dentro de nuestras comunidades latinoamericanas y sus gobiernos, en la amplia gama de problemática y necesidades que atañen a los ciudadanos en su espacio natural de convivencia; que la participación decidida de las ciudades, municipios, autoridades locales de los países latinoamericanos constituya un factor determinante en la posibilidad de enfrentar con éxito y superar los rezagos sociales, económicos, ambientales, institucionales que padece nuestra nación ante la falta de participación en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y los programas de Estado.

Que la capacidad local para tomar decisiones es una condición indispensable para el desarrollo y debe ser apoyada. Que la participación ciudadana es un proceso fundamental para la gobernabilidad democrática y que se debe promover a través del Estado.

Es claro, compañeros diputados y diputadas, que la presente iniciativa presenta unidades mínimas territoriales, que es el municipio, la unidad administrativa de política territorial y que se buscará generar con ello un mayor desarrollo de nuestras comunidades.

La iniciativa, por ello, pretende abonar el esclarecimiento de los tres niveles de gobierno en sus facultades y responsabilidades, a fin de dotar con mayores elementos para la toma de decisión a los ciudadanos de toda nuestra República Mexicana.

Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que los exhorto a participar, a enriquecer esta iniciativa y que podamos llevarla en el debate a las comisiones a las que sea turnada. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que expide la Ley General del Sistema Nacional de Participación Ciudadana, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD

Lizbeth Eugenia Rosas Montero, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley General del Sistema Nacional de Participación Ciudadana, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. La creciente diversificación de problemáticas en la república, no en pocas ocasiones ha rebasado la capacidad gubernamental de los tres niveles y órdenes de gobierno, es una realidad innegable y cada vez más frecuente que la ciudadanía demuestre insatisfacción en lo desarrollado por su gobierno municipal, estatal y federal.

Tradicionalmente los gobiernos de todos los niveles han propuesto las medidas y soluciones, que a su criterio, en ocasiones suficientemente informado y en otras tantas, tan solo a capricho, creen son mejores para las comunidades.

Lo anterior no demerita que en efecto, vivimos en una democracia representativa en donde la ciudadanía elige, se supone que libremente, a sus gobernantes; sin embargo los recientes desencuentros nacionales en materia electoral y la poca transparencia con que se conducen muchas autoridades han redundado en una importante desconfianza ciudadana.

Ahora no solo es importante conocer al representante, también es importante y necesario vigilar el cumplimiento de lo que haya prometido en campaña y más aún integrarse (sin corporativizarse) al gobierno, ya sea al nivel comunitario, municipal, estatal e incluso nacional.

II. Según la investigadora Julieta Camacho Granados, desde la LVIII legislatura se han presentado cerca de 50 iniciativas que versan sobre participación ciudadana.

En mayor o en menor medida han girado en torno a los instrumentos clásicos de la participación ciudadana, es decir, en torno al plebiscito, al referéndum, a la iniciativa popular, de hecho en la legislatura pasada, a penas en abril de 2012, en el senado, se presentó por parte del legislador Eugenio Govea Arcos, del partido Movimiento Ciudadano, una iniciativa en materia de participación ciudadana, la cual en la presente se retoma en gran medida, solo en el apartado de instrumentos de participación directa; sin embargo y sin restar ni demeritar importancia alguna a cualquiera de esas 50 iniciativas es indispensable presentar un proyecto que innove con la fuerza de la aplicación y de la experiencia a cuestas, es decir es importante proponer fórmulas que han sido exitosas en mayor o en menor medida y que en los hechos han demostrado viabilidad, fórmulas o propuestas que no buscan, ni mucho menos logran la perfección pero que sin embargo pueden hacer la diferencia en una colonia, unidad habitacional o núcleo poblacional mínimo de cualquier municipio del país.

III. En esta iniciativa ciertamente se retoman los instrumentos de participación directa tradicionales arriba mencionados; más, se incorporan nuevos esquemas como el presupuesto participativo y los órganos de representación ciudadana, que en ningún momento buscan rivalizar con expresiones representativas tradicionales o que se fundamentan en los usos y costumbres, de por ejemplo, pueblos originarios, muy por el contrario ésta iniciativa busca fortalecer estas formas de representación, dotarlas de una formalidad y un reconocimiento, que llegue al ámbito federal e incluso potenciarlas, claro, en donde existan y en aquéllos núcleos mínimos poblacionales, en donde no exista este órgano de representación ciudadana, generarlo.

IV. Para ello se requiere de un andamiaje mínimo federal, de un fondo de aportaciones federales que llegue directo a los municipios de los Estados y a las delegaciones del Distrito Federal, para que sin dilación y de inmediato se ponga a disposición de la ciudadanía, bajo unas mínimas y simples reglas de operación.

V. También se realiza esta propuesta con base en el supuesto de la colaboración federal no sólo de órganos del ejecutivo sino sobre todo en muchos casos de los Organismos Constitucionales Autónomos, como los son el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales Estatales, en donde estén constituidos o sus similares en donde la normatividad local así lo disponga.

VI. En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, creemos que la democracia representativa se debe complementar cada vez más con fórmulas de democracia directa y cada vez más participativa, por ello no solo se propone en la presente iniciativa el control y regulación de los instrumentos clásicos de la participación ciudadana como son el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.

VII. En la presente iniciativa además de una propuesta de órganos de representación ciudadana también se propone el ejercicio de una parte del presupuesto para que los ciudadanos de las diversas entidades a través de sus comunidades decidan qué es lo que más les conviene, a través de un presupuesto participativo. O, como mejor lo explica, Álvaro Aragón Rivera, en “Derechos Fundamentales y Democracia”:

“La democracia entendida como forma de gobierno supone que el poder fluye desde los ciudadanos hacia arriba. Bobbio la caracterizó como “un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos” (1996: 24). La ventaja de la definición de Bobbio es que es muy clara. Si se parte del hecho de que en toda sociedad se tienen que tomar decisiones obligatorias y válidas para todos los miembros de la colectividad, entonces la definición nos dice quién está autorizado a tomar esas decisiones y cómo se toman esas decisiones, dejando a los miembros de cada grupo la elección de cuáles son las decisiones que más convienen a la colectividad. Si se parte del hecho de que las sociedades actuales están caracterizadas por su tendencia a la aceptación de la pluralidad y la diversidad, por lo tanto, cada colectividad tiene intereses, problemas y necesidades distintas, y quizá lo más recomendable es que cada colectividad decida cuáles son las decisiones que más les convienen en función de sus características.”

VIII. Ahora bien para poder impulsar tanto los órganos de representación ciudadana como los proyectos del presupuesto participativo es menester generar un Fondo de Aportaciones Federales, ubicado presupuestalmente dentro del ramo 33, en función del número de habitantes, la participación de la sociedad y la extensión territorial, dicho fondo se distribuirá entre los Municipios de los Estados y las delegaciones del Distrito Federal, para fomentar la Participación ciudadana (Fomupaci).

IX. Este esfuerzo que representa la presente iniciativa también se inscribe en el marco de la declaratoria del Parlamento Latinoamericano sobre Bases Mínimas para la Gobernanza Local, cuyos resolutivos en un fragmento dicen así:

“Exhortar a los Estados miembros del Parlatino a reconocer la existencia y diversidad dentro de nuestras comunidades latinoamericanas y sus gobiernos, de la amplia gama de problemas y de necesidades que atañen a los ciudadanos en su espacio natural de convivencia.

Que La participación decidida de las ciudades, municipios y autoridades locales de los países latinoamericanos, constituye un factor determinante en la posibilidad de enfrentar con éxito y superar los rezagos sociales, económicos, ambientales e institucionales que padecen nuestras naciones, ante la falta de su participación en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y programas de estado para tales efectos.

Que la capacidad local, para tomar decisiones es una condición indispensable para el desarrollo, y debe ser apoyada y fortalecida con políticas, programas y mecanismos institucionales, cuya implementación y promoción constituye una obligación preponderante del Estado, que debe ser salvaguardado y garantizado en su respectivo marco jurídico constitucional.

Que la participación ciudadana es un proceso fundamental para la gobernabilidad democrática, que debe promover el Estado en el ámbito municipal, ya que a través de ésta los distintos sujetos sociales, en función de sus respectivas necesidades e intereses, intervienen en la marcha de los asuntos colectivos con el fin de mantener, reformar o transformar el orden social y político, más allá de los procesos electorales, reconociendo con ello el derecho de los ciudadanos para incidir en las decisiones públicas que afectan su calidad de vida.”

X. Es claro que aunque en la presente iniciativa se presentan las UMT, es el municipio la unidad en donde se buscará detonar el mayor desarrollo, ya que es ahí en donde los problemas subsisten, por ello esta iniciativa pretende abonar en el esclarecimiento de la ambigüedad que existe en sobre la manera en que los tres niveles de gobierno pueden coordinar un desarrollo municipal y en el caso del DF. A través de las delegaciones a fin de que por un lado se acorde con las prioridades de las comunidades municipales y por el otro cumpla con las normas y fines estatales y federales.

Con base en la exposición de motivos que antecede, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto mediante el cual se expide la Ley General del Sistema Nacional de Participación Ciudadana

Artículo Único. Se expide la Ley General del Sistema Nacional de Participación Ciudadana, para quedar como sigue:

Título Primero

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley tiene dos objetivos primordiales.

El primero. Instaurar las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las delegaciones del Distrito Federal para la constitución, integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Participación Ciudadana.

El Segundo. Establecer las normas y principios elementales acorde a los cuales se realizará la participación ciudadana de democracia directa en materias del orden federal.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.

Artículo 2. El Sistema Nacional de Participación Ciudadana se integra con las instancias, instrumentos, políticas y acciones previstos en la presente ley, tendientes a cumplir la promoción y difusión de la participación ciudadana como elemento transversal para opinar y participar en diversos temas de interés nacional.

Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Legislativo Federal: Cámaras del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

II. Legislativo local: Congresos Estatales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

III. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Ejecutivo Federal: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

V. Ejecutivos locales: Gobernadores y Jefe de Gobierno.

VI. Entidades: Los 31 estados de la República y el Distrito Federal.

VII. Fomupaci: Fondo Municipal de Participación Ciudadana

VIII. Ley: Ley General del Sistema Nacional de Participación Ciudadana.

IX. Presupuesto Participativo: Presupuesto asignado por municipio y/o delegación del Distrito Federal, que se ejecutará conforme cada unidad territorial mínima, establezca

X. Sistema (SNPC): Sistema Nacional de Participación Ciudadana.

XI. Tribunal Federal: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

XII. Tribunales Locales: Tribunales Electorales de las 32 Entidades federativas

XIII. Instituto: Instituto Federal Electoral

XIV. Órganos Electorales: Organismos electorales locales de las 32 entidades federativas.

XV. Órganos de Representación: Comités Ciudadanos electos en las UTM, consejos Ciudadanos Municipales, consejos Ciudadanos Delegacionales, consejos Ciudadanos Estatales, consejo Ciudadano del distrito Federal y consejo ciudadano Nacional

XVI. Unidad Mínima Territorial (UMT): Colonias, unidades Habitacionales, Barrios, Pueblos Originarios, y demás divisiones de los espacios geográficos, determinados por las autoridades competentes, para efectos de participación y representación ciudadana, que se hacen con base en la identidad cultural, social, étnica, política, económica y demográfica.

Artículo 4. El ámbito de aplicación de esta ley corresponde a las 32 entidades federativas, en donde sus respectivas autoridades locales cumplan con las disposiciones contenidas en este ordenamiento. También el ámbito de aplicación de esta ley corresponde a los actos legislativos, administrativos, reglamentarios o normativos del Congreso, del Ejecutivo Federal y de los órganos autónomos constitucionales.

La participación ciudadana se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, corresponsabilidad, pluralidad, solidaridad, tolerancia y objetividad.

Artículo 5. Cuando las disposiciones de esta ley comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal, de los municipios o de las delegaciones del Distrito Federal, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre las partes componentes del sistema Nacional de Participación ciudadana.

La coordinación y aplicación de esta ley se hará con absoluto respeto de las atribuciones constitucionales que tengan autoridades, instituciones y órganos autónomos constitucionales y demás autoridades que intervengan en el SNPC.

Artículo 6. Los derechos observados en esta ley no excluyen otros derivados de cualquier fuente legal y legítima.

Artículo 7. Para ejercer el derecho de participar en los mecanismos de participación ciudadana, los ciudadanos deberán acreditar ante la autoridad correspondiente que se encuentran en pleno goce de sus derechos, y que se encuentran inscritos en el padrón y en la lista nominal de electores, además de contar con credencial para votar vigente, y no encontrarse dentro de los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Constitución.

Capítulo IIDe los Mecanismos de Participación Ciudadana

Artículo 8. Son mecanismos de participación ciudadana, los siguientes:

I. Plebiscito

II. Referéndum

III. Iniciativa Popular

IV. Presupuesto Participativo

V. Colaboración Ciudadana

Artículo 9. No se someterá a plebiscito, referéndum ni iniciativa popular, los actos legislativos, administrativos, reglamentarios o normativos del Poder Legislativo Federal, del Poder Ejecutivo Federal y de los órganos autónomos constitucionales, relativos a:

I. Materias de carácter tributario, fiscal o de egresos de la Federación

II. Régimen interno de la administración pública federal

III. Los actos realizados por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública

IV. Regulación interna del Congreso de la Unión o de alguna de sus Cámaras

V. Los reglamentos internos del Poder Judicial de la Federación

VI. Actos cuya realización tengan carácter obligatorio en términos de la Constitución y de de las leyes aplicables

Artículo 10. La participación en los mecanismos señalados en esta Ley, es un derecho y una obligación del ciudadano, desempeñando los cargos que le sean encomendados por las autoridades competentes, con motivo de la aplicación de la presente Ley.

Artículo 11. Podrán participar en los procesos de los mecanismos de participación ciudadana todos los ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional y en el extranjero, siempre y cuando cumplan con las disposiciones constitucionales y legales correspondientes.

Artículo 12. Para efectos de esta ley, se entenderá como trascendental para el orden público y el interés social, aquellos actos o decisiones, y aquellas disposiciones constitucionales o legales, que afecten de forma directa y comprobable, por lo menos a la mitad más una de los Estados o el Distrito Federal, o bien a las dos terceras partes de la población del país, de acuerdo con los datos más recientes del Censo Población de Vivienda o del Conteo de Población, según sea el caso.

Artículo 13. En los procesos de plebiscito y de referéndum sólo podrán participar los ciudadanos mexicanos que cuente con Credencial para Votar vigente, expedida por lo menos sesenta días antes del día de la consulta.

Artículo 14. Corresponde al Instituto:

I. Calificar la procedencia de los procesos de plebiscito y de referéndum.

II. Iniciar cada proceso de plebiscito y de referéndum con la publicación de una convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, así como su difusión en por lo menos tres de los principales diarios de circulación nacional y en los medios de comunicación electrónicos.

III. Organizar, realizar y efectuar el cómputo de los procesos de plebiscito y referéndum

IV. Ordenar, en su caso, los actos necesarios en los términos de esta ley.

V. Declarar los efectos del plebiscito y referéndum, y publicar los resultados en el Diario Oficial de la Federación y en por lo menos tres de los principales diarios de circulación nacional y ordenará su difusión en los medios de comunicación electrónicos.

Artículo 15. En el año en que se celebren elecciones federales para cargos de representación popular no se realizará procedimiento de ningún mecanismo de participación ciudadana, ni durante los sesenta días previos y posteriores al inicio y conclusión del proceso electoral.

Título Segundo

Capítulo IDel Sistema Nacional de Participación Ciudadana

Artículo 16. Las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios se coordinarán para:

I. Propiciar la Normatividad local pertinente y necesaria para integrarse al sistema.

II Adecuar la Normatividad existente para hacerla compatible con el sistema.

III. Establecer las condiciones suficientes y necesarias para realizar a la brevedad posible la elección de los Órganos de Representación Ciudadana en las UMT.

IV. Facilitar la correcta aplicación del Presupuesto Participativo en las UMT a través del Fomupaci

V. Otorgar todas las facilidades para el desarrollo y funcionamiento de los órganos de Representación Ciudadana.

Artículo 17. El sistema se encargará de operar el Fomupaci a efecto de que el ejecutivo federal a través de la secretaría y dependencias correspondientes entreguen directamente a los municipios y delegaciones del Distrito Federal los recursos federales para la operación de los órganos de representación ciudadana y para la ejecución del presupuesto participativo en cada UMT.

Artículo 18. Cada congreso local y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando así lo estimen conveniente realizarán las adecuaciones necesarias a sus marcos legales a fin de establecer en una Ley de Participación ciudadana, las formas y los plazos en que su órgano electoral local, habrá de llevar a cabo la elección de los órganos de representación ciudadana.

Artículo 19. El Sistema Nacional de Participación Ciudadana se conformará por los comités ciudadanos electos de manera libre, secreta y transparente en cada UMT de los municipios y delegaciones del Distrito Federal; de la representación de cada comité se formará el consejo ciudadanos municipal y consejo ciudadano delegacional para el caso de las 16 delegaciones del Distrito Federal, de representantes los Consejos ciudadanos municipales y delegacionales se formará el consejos ciudadano estatal y del Distrito Federal y finalmente de los representantes de los consejos ciudadanos estatales y del Distrito Federal Emergerá el Consejo Ciudadano Nacional.

Capítulo IIDel Fondo Municipal de Participación Ciudadan

Fomupaci

Artículo 20. El Fomupaci sólo podrá operar en aquéllas entidades en donde se cumpla con las estipulaciones marcadas en la presente Ley y de conformidad con la misma.

Artículo 21. El ejecutivo Federal determinará el monto del El Fomupaci, que es un Fondo de Aportaciones Federales, ubicado presupuestalmente dentro del ramo 33, en función del número de habitantes, la participación de la sociedad y la extensión territorial de los municipios y delegaciones del Distrito Federal, dicho fondo se distribuirá entre los Municipios de los Estados y las delegaciones del Distrito Federal, para fomentar la Participación ciudadana. (Fomupaci), a través del Presupuesto Participativo y de los órganos de Representación ciudadana. Así mismo, el ejecutivo federal, emitirá las reglas de operación pertinentes para el óptimo desempeño de este fondo.

Capítulo IIIDe los Órganos de Representación Ciudadana

Artículo 22. Los Comités Ciudadanos, los consejos ciudadanos municipales y delegacionales y los consejos ciudadanos estatales y del Distrito Federal, estarán a los que disponga la Ley local de la Materia, en cuanto a organización funciones y apoyos estatales, del Distrito Federal, municipales y delegacionales según corresponda.

Artículo 23. Los comités Ciudadanos serán electos en la UMT, en elecciones organizadas por el órgano electoral estatal, conforme se prevea en la Ley local correspondiente, en donde al menos se contemplarán las siguientes atribuciones:

i) Estar conformado por no menos de 5 ciudadanos, ni más de 15.

ii) Representar los intereses colectivos de los habitantes de la colonia, así como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas o propuestas de los vecinos de su UMT.

iii) Recibir las propuestas de vecinos sobre el presupuesto participativo por UMT

iv) En cada UMT se reunirá una Asamblea Ciudadana, integrada por los ciudadanos y habitantes conforme lo establezca la Ley local correspondiente, dicha Asamblea es el órgano máximo de decisión en Participación Ciudadana. El comité ciudadano Instrumentará las decisiones y dará seguimiento a los acuerdos de la Asamblea ciudadana.

v) Promover la organización democrática de los habitantes y ciudadanos para la resolución de los problemas colectivos.

Artículo 24. El Consejo Ciudadano Nacional, es la representación ciudadana de las 32 entidades federativas y sus funciones principales son:

I. Ser un órgano de representación ciudadana nacional.

II. Fomentar la participación ciudadana atendiendo y en su caso gestionando las necesidades colectivas y demandas por entidad.

III. De entre los miembros del Consejo se elegirá a un presidente que durará en el encargo un año.

IV. El consejo ciudadano nacional se renovará periódicamente conforme lo establezca el reglamento de la presente ley.

V. Al pleno del Consejo Ciudadano Nacional podrán acudir los secretarios de estado a rendir informes de las actividades realizadas conforme al reglamento de la presente Ley.

VI. Recibir información por parte de las autoridades de la Administración Pública Federal en términos de las leyes aplicables.

Título TerceroDe la Instrumentación de los Mecanismos de Participación Ciudadana en el Ámbito Federal

Capítulo IDel Plebiscito

Artículo 25. El plebiscito es el mecanismo de participación ciudadana que tiene por objeto someter a consideración de los ciudadanos la aprobación o rechazo de los actos o decisiones del Ejecutivo Federal o de los órganos autónomos constitucionales, que sean trascedentes para el orden público y el interés social.

Artículo 26. El plebiscito lo podrán promover:

I. El Titular del Poder Ejecutivo Federal

II. La Cámara de Diputados

III. La Cámara de Senadores

IV. La Comisión Permanente del Congreso

V. Los Congresos de los Estados

VI. Los ciudadanos mexicanos

Artículo 27. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a la autoridad competente que se someta a plebiscito la aprobación o rechazo de actos o decisiones de su gobierno o de los órganos autónomos constitucionales.

Artículo 28. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente del Congreso podrán solicitar a la autoridad competente, con la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, que se someta a plebiscito la aprobación o rechazo de actos o decisiones del Ejecutivo Federal o de los órganos autónomos constitucionales.

Artículo 29. La petición que realicen los Congresos de los Estados de que se someta a plebiscito la aprobación o rechazo de actos o decisiones del Ejecutivo Federal o de los órganos autónomos constitucionales, deberá contar con el apoyo de, por lo menos, la mitad más uno de los Congresos, previa aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de cada Congreso.

Artículo 30. Los ciudadanos podrán solicitar que se someta a plebiscito la aprobación o rechazo de actos o decisiones del gobierno federal que consideren como trascendentes para el orden público y el interés social, siempre y cuando se acredite el apoyo de, cuando menos, el 3% de los electores registrados en la Lista Nominal de Electores.

Artículo 31. Toda solicitud de plebiscito deberá contener, por lo menos:

I. El acto que se pretende someter a plebiscito

II. Una exposición de motivos en la que se señalen de manera puntual las razones políticas, económicas y sociales por las que el acto que se pretende someter a plebiscito se considera trascendente para el orden público y el interés social de la nación

III. Propuesta de pregunta a consultar

IV. La documentación que acredite legalmente haber cumplido con los requisitos para solicitar ante la autoridad competente la realización de plebiscito

Artículo 32. La solicitud de plebiscito deberá ser presentada al Instituto dentro de los treinta días siguientes a la fecha o antes de realizado el acto que lo motive, que tendrá un plazo de diez días para calificar su procedencia o improcedencia.

Artículo 33. Cuando la solicitud de plebiscito sea motivada por un acto o decisión del Instituto, el procedimiento corresponderá al Ejecutivo Federal, salvo la organización y realización.

Artículo 34. En los procesos de plebiscito sólo podrán participar los ciudadanos mexicanos que cuente con Credencial para Votar vigente, expedida por lo menos sesenta días antes del día de la consulta.

Artículo 35. El Instituto hará la declaratoria de los efectos del plebiscito y publicará los resultados en el Diario Oficial de la Federación y en por lo menos tres de los principales diarios de circulación nacional y ordenará su difusión en los medios de comunicación electrónicos.

Artículo 36. Los resultados del plebiscito tendrán carácter vinculatorio para los actos del Poder Ejecutivo y de los órganos autónomos constitucionales, sólo cuando haya votado al menos el cincuenta por ciento de los ciudadanos registrados en la Lista Nominal de Electores, al momento de hecha la solicitud, y de los votos emitidos más del cincuenta por ciento haya sido en un mismo sentido.

Artículo 37. Si el resultado del plebiscito es en sentido de desaprobar el acto cuestionado, el Ejecutivo Federal emitirá, en un plazo no mayor a diez días, el decreto revocatorio procedente. Para el caso de los órganos autónomos constitucionales, el Titular emitirá, en el mismo plazo, el acuerdo correspondiente. En ambos casos, decreto o acuerdo, serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

En ningún caso se podrá expedir decreto o emitir acuerdo en el mismo sentido de lo que se haya desaprobado mediante plebiscito, dentro de los dos años siguientes, contados a partir de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Capítulo IIDel Referéndum

Artículo 38. El referéndum es el mecanismo de participación ciudadana por medio del cual los ciudadanos mexicanos manifiestan su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión.

Artículo 39. El referéndum lo podrán promover:

I. El Titular del Poder Ejecutivo Federal

II. La Cámara de Diputados

III. La Cámara de Senadores

IV. La Comisión Permanente del Congreso

V. El titular del Poder Ejecutivo de cualquier entidad federativa

VI. Los Congresos de los Estados

VII. Los ciudadanos mexicanos

Artículo 40. El referéndum podrá ser solicitado cuando la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el Congreso de la Unión, sean de trascendencia para el orden público y el interés social de la nación.

Artículo 41. Las materias de las leyes o decretos emitidos por el Congreso que se pretendan someter a Referéndum deberán referirse a las descritas en el artículo 73 de la Constitución, salvo aquellas que versen sobre los temas señalados en el artículo 9 de esta ley.

Artículo 42. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y, en su caso, la Comisión Permanente, podrán cada una por sí mismas, decidir con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, si se somete o no a referéndum la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones constitucionales o legales.

Artículo 43. Un titular del Poder Ejecutivo de cualquier entidad federativa puede solicitar, con el respaldo de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso local, que se someta a referéndum la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones constitucionales o legales.

Artículo 44. El referéndum podrá ser solicitado por las entidades federativas cuando la petición la formulen, al menos, diecisiete Congresos locales que deberán contar, cada uno, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes.

Artículo 45. Los ciudadanos podrán solicitar que se someta a referéndum la creación, modificación, derogación o abrogación de disposiciones constitucionales o legales que consideren como trascendentes para el orden público y el interés social, siempre y cuando se acredite el apoyo de, cuando menos, del 1% de los electores registrados en la Lista Nominal de Electores.

Artículo 46. Toda solicitud de referéndum deberá ser presentada al Instituto dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicarse la disposición constitucional o legal de que se trate en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 47. La solicitud de referéndum deberá contener, por lo menos:

I. La mención precisa del ordenamiento, motivo de la solicitud, así como el o los artículos correspondientes que se proponen someter a referéndum

II. Una exposición de motivos en la que se señalen de manera puntual las razones políticas, económicas y sociales por las que se considera trascendente para el orden público y el interés social de la nación realizar el referéndum

III. La documentación que acredite legalmente haber cumplido con los requisitos para solicitar ante la autoridad competente la realización de referéndum.

El Instituto contará con diez días para resolver la procedencia o no de la solicitud de referéndum.

Artículo 48. Ninguna solicitud de referéndum será válida cuando se presente después de treinta días de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación la disposición constitucional o legal de que se trate.

Artículo 49. Los resultados del referéndum tendrán carácter vinculatorio sólo cuando haya votado, al menos el cincuenta por ciento de los ciudadanos registrados en la Lista Nominal de Electores, al momento de hecha la solicitud; y que de los votos emitidos, más del cincuenta por ciento haya sido en el mismo sentido.

Artículo 50. Si el resultado del referéndum es en sentido de desaprobar la disposición constitucional o legal, el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a cinco días después de que el Instituto haya dado a conocer los resultados, expedirá y publicará en el Diario Oficial de la Federación el decreto que contenga la abrogación de la disposición motivo del referéndum.

En ningún caso se podrá expedir decreto o emitir acuerdo en el mismo sentido de lo que se haya desaprobado mediante referéndum, dentro de los dos años siguientes, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Capítulo IIIDe la Iniciativa Popular

Artículo 51. La iniciativa popular es el mecanismo mediante el cual los ciudadanos mexicanos presentan ante cualquiera de las Cámaras que integran el Congreso o, en su caso, ante la Comisión Permanente, proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos.

Artículo 52. La iniciativa popular la podrán promover, por lo menos, el 0.05% de los electores registrados en la Lista Nominal de Electores, mediante escrito dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, según la materia de que se trate, de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Durante los recesos de las Cámaras del Congreso el escrito se podrá presentar a la Presidencia de la Comisión Permanente.

Artículo 53. Todo proyecto de iniciativa popular deberá contener, por lo menos:

I. Encabezado o título, en el que se indique si se trata de una nueva ley o, en su caso, el o los artículos legales motivo de la iniciativa

II. Fundamento legal

III. Exposición de motivos que contenga las razones de carácter político, económico y social en que se sustenta el proyecto

IV. Texto normativo que se propone de nuevos ordenamientos o reformas a los ya existentes

V. Régimen transitorio y, en su caso, señalar la legislación a derogar o abrogar

VI. Lugar y fecha de formulación

VII. Listado con los nombres, firmas y datos de la Credencial para Votar de cada uno de los ciudadanos que suscriben el proyecto de iniciativa popular.

VIII. Nombre y domicilio de un representante común para recibir notificaciones La iniciativa se presentará en medio impreso y en archivo electrónico, así como los documentos anexos que se consideren puedan facilitar la comprensión y el análisis del proyecto.

Artículo 54. La Mesa Directiva de la Cámara en que se presente o, en su caso, de la Comisión Permanente, determinará, de manera fundada y motivada, si se cumplen o no los requisitos señalados en el artículo anterior, y su resolución se notificará al representante acreditado por los promoventes y, además, se publicará en la Gaceta Parlamentaria.

Artículo 55. Cuando la iniciativa popular sea admitida, será presentada al Pleno legislativo por parte de un integrante de la Mesa Directiva, y se someterá al proceso legislativo previsto en la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y en los Reglamentos de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Artículo 56. En caso de que el proyecto de iniciativa popular sea desechado, no podrá promoverse nuevamente antes de transcurridos ciento ochenta días, contados a partir de haberse publicado tal resolución en la Gaceta Parlamentaria.

Capítulo IVDel Financiamiento

Artículo 57. El Ejecutivo Federal contemplará en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación, incluso en la excepción contemplada en el artículo 15 de esta ley, una partida especial dentro del presupuesto del Instituto destinada para cuestiones relativas a los mecanismos de participación ciudadana.

Artículo 58. El presupuesto asignado al Instituto que no se ejerza, en cumplimiento de lo que señala el artículo 15 de esta ley, no será considerado como subejercicio presupuestal y, por tanto, no podrá ser reasignado a ningún otro programa, ni del Instituto ni de ninguna otra dependencia.

Artículo 59. En el caso que se indica en el artículo anterior, los recursos no aplicados se destinarán a programas de capacitación y difusión de los mecanismos de participación ciudadana en todo el país.

Artículo 60. El Instituto contemplará dentro de su Programa Operativo Anual los recursos suficientes para que los ciudadanos mexicanos en el extranjero ejerzan plenamente sus derechos a participar en los mecanismos de participación ciudadana.

Artículo 61. En ningún caso el Estado mexicano, y particularmente el Instituto, podrán argumentar la insuficiencia o falta de recursos como motivo para no realizar cualquier procedimiento de los mecanismos de participación ciudadana. Bajo ninguna circunstancia, los ciudadanos, individual o colectivamente, aportarán recursos propios para llevar a cabo cualquiera de las etapas del plebiscito, referéndum o iniciativa popular.

Capítulo VDe los Recursos de Impugnación

Artículo 62. Las resoluciones del Instituto, así como los resultados consignados en las actas de cómputo, en relación a los procesos de cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana, podrán ser impugnadas por los promoventes ante el Tribunal.

Artículo 63. Los recursos se sustanciarán y resolverán por parte del Tribunal, aplicando en lo conducente lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Artículo 64. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley, por parte de autoridades y ciudadanos, será sancionado administrativa y penalmente, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes.

Transitorios

Primero.La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los Congresos Estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contarán con un año contado a partir de la publicación de la presente para adecuar sus marcos legales locales, en caso de que decidan participar de los fondos federales para la participación ciudadana.

Tercero.En un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal y el IFE, se coordinarán a fin de emitir un reglamento que contenga tanto las disposiciones para reglamentar la ley en general como los preceptos y normas que se requieran para el adecuado desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana.

Cuarto.Las entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Participación Ciudadana para recibir las participaciones que establezca esta Ley y su reglamento, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura. También, con autorización de la legislatura podrán dar por terminado el convenio.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Entidad de que se trate, ordenarán la publicación en el Diario Oficial de la Federacióny en el Periódico Oficial de la Entidad, respectivamente, del convenio celebrado, por el cual la Entidad se adhiera; del acto por el que se separe del sistema; y de los decretos de la Legislatura de la Entidad por los cuales se autoricen o se aprueben dichos actos, que surtirán efectos a partir del día siguiente a la publicación que se efectúe en último lugar.

Nota:

1 XXVII Asamblea ordinaria del Parlamento Latinoamericano, Panamá, 2 de diciembre de 2011, declaración: AO/2011/06 Declaración en apoyo y promoción de Bases Mínimas para la Gobernanza Local en nuestra región. En http://www.parlatino.org/es/organos-principales/la-asamblea/declaraciones-y-res oluciones-de-la-asamblea/declaraciones-aprobadas-xxvii/declaraciones-aprobadas- xxvii/1835.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.— Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Participación Ciudadana, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a algunos grupos de invitados especiales que están hoy aquí con nosotros. Se encuentra un grupo de ciudadanos del municipio de Ecatepec, invitados por la diputada Brenda María Alvarado Sánchez. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También están con nosotros un grupo de jóvenes de la Alianza Estudiantil de diversas licenciaturas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, invitados aquí por la diputada Rosalba Gualito Castañeda. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También algunos ciudadanos del distrito 19 de Tlalnepantla de Baz, estado de México, invitados aquí por la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría.

También está aquí el presidente municipal electo de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, invitado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Adelante, diputada.

La diputada Merilyn Gómez Pozos:Compañeras diputadas y compañeros diputados, mientras vemos cómo se desvanecen los beneficios del llamado bono demográfico, el Instituto Nacional de la Juventud permanece como un organismo decorativo.

Actualmente los jóvenes registran niveles históricos en su participación dentro de la población total y en la fuerza de trabajo; estadísticas de la Comisión Nacional de Población indican que en México hay 37.7 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad que representan el 51 por ciento de la población en edad de trabajar.

A pesar de contar con todo este potencial de desarrollo los gobiernos no han podido o no han querido poner en marcha políticas dirigidas a este segmento de la población en ámbitos como salud, educación y empleo; los resultados de la falta de atención a jóvenes son evidentes, de los 37.7 millones de jóvenes en edad de trabajar solo 14.7 millones se encuentran económicamente activos; el 70 por ciento de los jóvenes trabajadores no se encuentran amparados por un contrato laboral, solo el 16 por ciento tiene acceso a los servicios de salud y solo un pequeño porcentaje a préstamos personales, seguro médico o crédito de vivienda.

Por si esto fuera poco, los jóvenes, más que ningún otro sector, sufrirán las consecuencias de la contrarreforma laboral, que los condena a la reducción de salario, prestaciones sociales y a la inestabilidad laboral.

En el ámbito educativo, asistir a la educación básica en México no es sinónimo de educarse; la prueba PISA, que se aplica a jóvenes de 15 años, demuestra que más del 50 por ciento de los estudiantes no son educados para desa-rrollarse de manera fructífera en la sociedad; tres de cada cuatro jóvenes en edad de cursar estudios superiores no puede hacerlo y de sobra es conocida la cifra negra de 7.5 millones de ninis, jóvenes que ni comprendemos ni apoyamos.

Lo anterior refleja lo que se ha dejado de hacer en términos de crecimiento económico y política social. No se han generado empleos bien remunerados ni suficientes espacios de calidad para la juventud.

Priva entre nuestros jóvenes un desencanto y una crisis de expectativas, lo cual es sumamente grave, porque se vuelven un campo fértil para la adicciones y candidatos idó- neos para ser enlistados por el crimen organizado.

Movimiento Ciudadano siempre ha pugnado porque se generen para los jóvenes esquemas que incluyan educación, oportunidades de trabajo, salud, cultura y seguridad social; la iniciativa que hoy presento busca darle un impulso al Instituto Nacional de la Juventud, como generador de distintos programas económicos, sociales y culturales.

El instituto no ha sido capaz de alcanzar sus objetivos debido a una falta de estrategia integral de desarrollo y con esta reforma se pretende combatir tales faltas; por lo que proponemos incluir en la legislación actual la obligación del Ejecutivo para que evalúe la política del Instituto Mexicano de la Juventud para la atención de ese sector de la población.

Al mismo tiempo, planteamos dotar al Congreso de la Unión con la capacidad de emitir opinión al respecto, la cual deberá ser tomada en cuenta por el instituto. Ambas propuestas detonarán un instrumento de cooperación y seguimiento institucional para tener pleno conocimiento de cuáles son los planes y estrategias que se encaminan para el sano desarrollo de nuestra juventud.

Compañeros legisladores, demos hoy un pequeño paso para reparar el descuido al que hemos condenado a nuestros jóvenes. Pido a la Presidencia que se incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Merilyn Gómez Pozos, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y los miembros del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano que suscriben, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México atraviesa por una transición demográfica de suma relevancia, pues nunca como hoy tiene abundante oferta de trabajo: 68 por ciento de la población se encuentra entre 14 y 64 años de edad.

En este momento de transición demográfica, los jóvenes han alcanzado máximos históricos en su participación dentro de la población total y en la fuerza de trabajo. Hasta 2009 había en México, según estimaciones del Consejo Nacional de Población, 37.7 millones de jóvenes (de entre 12 y 29 años), que representan 51 por ciento de la población en edad de trabajar.

Paradójicamente, ni sociedad ni gobierno parecen haberse percatado de la trascendencia de esta circunstancia crucial de contar con el denominado “bono demográfico”, y de lo que ello implica para el futuro del país. A ello hay que añadir la ausencia de políticas dirigidas a este segmento de la población en ámbitos como la salud, la educación y el empleo.

Basta decir que de los 37.7 millones de jóvenes referidos en edad de trabajar, sólo 14.7 millones se encuentran económicamente activos. Y quienes han logrado tener acceso al empleo, se han enfrentado a condiciones laborales más negativas que las generaciones anteriores, tanto por la reducción del salario real y las prestaciones sociales como por la precariedad del propio puesto de trabajo. Para ejemplificar el dramatismo de esta situación hay que decir que 70 por ciento de los trabajadores jóvenes no se encuentra amparado por un contrato laboral. Sólo 16 por ciento tiene acceso a los servicios de salud y un porcentaje menor tiene acceso a algún tipo de préstamo personal, seguro médico o crédito para vivienda.

Respecto al ámbito educativo, hay que mencionar que en México asistir a la educación básica (que comprende primaria y secundaria) no es sinónimo de educarse. El país tiene 25 millones de niños y jóvenes de entre 5 y 15 años que acuden a la enseñanza básica pero con muy diferentes niveles de calidad. Al problema de la falta de infraestructura y recursos materiales y humanos debemos sumar los arcaicos planes educativos y la nula vocación del magisterio para incentivar y detonar el potencial del educado.

La prueba PISA que levanta la OCDE, y que se aplica a jóvenes de 15 años, demuestra que más de 50 por ciento de ellos no están siendo educados para desarrollar una vida fructífera en la “sociedad del conocimiento”, donde la enseñanza superior desempeña y desempeñará un papel crucial.

Pese a ello, casi tres de cada cuatro jóvenes en edad de cursar estudios superiores no puede hacerlo; en 2007 teníamos una cobertura en educación superior de 27 por ciento, mientras que en Estados Unidos de América fue de 82 por ciento, en España de 69 y en Canadá de 62, y en países de similar desarrollo o menor que el nuestro hay cobertura mayor. Por ejemplo, en Argentina es de 67 por ciento, en Uruguay de 64, en Chile de 52, en Perú de 35 y en Colombia de 32.

Esos datos son particularmente aleccionadores, pues “en 2021 debemos tener un número de alumnos en la educación universitaria que sea equivalente a 60 por ciento de la población de 19 a 23 años”.

La Universidad Nacional Autónoma de México ha señalado contundentemente que en el país hay 7.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, ninis.

Lo anterior, podemos señalarlo, es reflejo de todo lo que se ha dejado de hacer en crecimiento económico y de política social; no se han generado empleos bien remunerados ni suficientes espacios de calidad en materia para la juventud.

Esos hechos deben hacer reflexionar tanto a gobierno como a la sociedad, pues la escuela y el trabajo han dejado de ser un instrumento de movilidad social, y se ha provocado un desencanto entre la población joven que deviene crisis de expectativas, lo cual es sumamente grave si consideramos que este sector es un campo fértil para las adicciones y un sector relevante para ser enlistado en las filas del crimen organizado.

Deben considerarse esquemas que incluyan educación, inserción laboral, salud, seguridad social, cultura, deporte, esparcimiento y atención de las adicciones para la juventud.

Un punto de partida para definir estos esquemas y proponer una política integral hacia los jóvenes es el instituto nacional, que desde su creación ha sido mera figura decorativa. Por ello, esta iniciativa pretende darle un impulso en cuestiones que resultan esenciales para su funcionamiento, pues hasta ahora no se ha aprovechado como una instancia para la definición de ejes transversales en los programas económicos, sociales, culturales y demás que atiendan al sector juvenil, pero ello no implica que no sea una vía muy promisoria para la definición de políticas que beneficien a la juventud.

La principal traba para alcanzar tal meta es que en los objetivos que persigue dicho instituto no hay una estrategia integral de desarrollo, y ello trae implicaciones en la conducción de los planes hacia los jóvenes.

La presente iniciativa pretende resarcir tales faltas, agregando la obligación del Ejecutivo para que evalúe la política que el Instituto Mexicano de la Juventud emprenda para los jóvenes, y dotando al Congreso de la Unión con la capacidad de emitir opinión al respecto que deberá ser tomada en cuenta por el instituto, con lo cual se detona un instrumento de cooperación y seguimiento institucional para tener pleno conocimiento de cuáles son los planes y las estrategias encaminados a la juventud.

Por lo anterior se somete a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifican los artículos 2 y 3, fracciones I y V, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Único.Se modifican los artículos 2 y 3, fracciones I y V, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 2.La población joven es la de edad comprendida entre los 12 y 29 años y que, por su importancia estratégica para el desarrollo del país, será objeto de los programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo.

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto

I. Perseguir el respeto de los derechos fundamentales de los jóvenes, con el fin de garantizar su desarrollo pleno e integral, a través de una política nacional que permita incorporar a la población joven al desarrollo del país. Dicha política será evaluada anualmente por el Ejecutivo federal; y éste remitirá un informe detallado al Congreso de la Unión;

(...)

V. Tomando en consideración la opinión que emita el Congreso de la Unión, conforme a los términos de la fracción I de este artículo, deberá promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos; y

(...)

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 VéaseUNAM, México, 2010, página 52.

2 Ibídem, página 57.

3 Ibídem, página 60.

4 El término hace referencia a la transformación progresiva de las sociedades industriales en otras basadas en el saber, mediante inversiones elevadas en educación, formación, investigación y desarrollo, programas y sistemas de información; es decir, orientadas a la creación de conocimiento. Esa gran mudanza permite que instituciones, comunidades y personas, a través de los sistemas educativos y de investigación científica y técnica, los mercados laborales, los modos de organización de las empresas y los mercados, y el entramado de relaciones socioculturales desarrollen una enorme intensidad de innovación.

Véase http://www.escenarios.unam.mx/pdf/Programa_Seminario_Internacional.pdf

5 Narro Robles, José. “México requiere una gran hazaña educativa”, en Campus 400 Milenio, jueves 27 de enero de 2011, página 5.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.— Diputada Merilyn Gómez Pozos (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Merilyn. Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION - CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jaime Chris López Alvarado, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 de la Ley General de Educación y 218 del Código Penal Federal.

El diputado Jaime Chris López Alvarado:Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, presento iniciativa con proyecto de decreto que básicamente reforma los artículos 65 de la Ley General de Educación y 218 del Código Penal Federal, consciente de que no son suficientes ante las insuficiencias del sistema educativo mexicano y con el firme compromiso de trabajar en esta Legislatura a mayor profundidad en la materia, leal a un fuerte reclamo de padres y madres mexicanos que exigieron en el pasado proceso electoral a lo largo del país, ya ni siquiera educación de calidad, sino el simple acceso a la educación, tal y como lo marca la Constitución Política de México.

Es importante que se diga en esta honorable Cámara de Diputados que muchos mexicanos hoy piensan que más leyes para qué, si las que tenemos nadie las hace cumplir.

Pertenezco a esa generación en la que el artículo 3o. constitucional se convirtió en uno de los más conocidos por los mexicanos, como educación laica, gratuita y obligatoria y que pareciera también ser demagogia moderna.

Esa misma generación que ve en los estados, municipios y comunidades de México cómo la educación atraviesa por una profunda crisis en cuanto a su calidad, infraestructura y lo más triste y lo que esta iniciativa busca es el simple acceso a la educación para los niños, niñas y jóvenes mexicanos que tanto decimos en este país que son el futuro de México, y como bien decía Octavio Paz: El valor supremo no es el futuro, sino el presente. El futuro tan solo es un tiempo falaz, que siempre nos dice todavía no es hora y que así nos niega.

Que el gobierno cumpla con su obligación, que se respete la Constitución. Recordemos que estamos aquí para todos juntos ser mejores y ayudar al gobierno a dar resultados, pero también para cuidar cuando éste no los está dando.

Esta iniciativa busca reformar la ley para que en los siguientes ciclos escolares ningún niño, niña, joven mexicano sea condicionado a que si no paga una cuota escolar le nieguen el acceso a una escuela pública en nuestro país, que para todos ellos México guarda sueños y esperanzas y que plasmado en la Constitución Política de México dice claramente: toda la educación que el Estado imparta será gratuita.

Es importante también decir que esta iniciativa no significa que las escuelas, subdirectores, maestros y padres de familia no podrán seguirse organizando para recabar recursos para su mantenimiento o nuevos proyectos, lo único que deja claro —insisto— es que no podrá condicionarse a ningún niño, niña o joven mexicano el acceso a la educación en nuestro país o retener sus documentos cuando no han pagado en una escuela pública.

Ya algunos estados de la República han legislado en la materia y muchos de ellos lo hacen en el sentido de castigar a los funcionarios públicos de la Secretaría de Educación, maestros o directores de escuela que cobren, soliciten o acepten voluntariamente a fuerza alguna cuota escolar. Ése no es el camino ni la forma.

Recalco y siempre he sostenido que no es una situación para buscar culpables y que no los hay, que es una situación en la que todos debemos de entrarle y en la que todos somos responsables.

El fondo está hoy en día en que la federación y los estados no cuentan con los recursos necesarios para el mantenimiento de las escuelas públicas; en que los maestros y los directores de las escuelas se han dejado prácticamente a la deriva, situación que en los últimos 15 años se ha agudizado y al gobierno, en su conjunto, le ha sido muy cómodo —por decirlo de una manera— el dejar que sea sola la sociedad, los ciudadanos, quienes se organicen a través de sociedades de padres de familia constituidos en mesas directivas en las escuelas públicas, quienes encuentren estos mecanismos para hacerse de recursos y darle el mantenimiento de las escuelas a donde asisten sus hijos.

Sobra mencionar las cifras aquí conocidas por todos y plasmadas en esta exposición de motivos, que a pesar de ser un país que invierte mucho en educación, estamos mal evaluados y quizás esto entraría al rubro de calidad, pero se estanca cuando todavía quedamos quienes creemos que la calidad comienza por el acceso, el orden y la limpieza.

Será responsabilidad de esta Legislatura y habremos de trabajar y seguir legislando para que México sea un país próspero, lleno de libertades, donde los niños, niñas y jóvenes representen lo mejor de nosotros, donde la educación sea para todos, sin condición de ningún tipo, donde todos tengan las mismas oportunidades de asistir a la escuela, prepararse, ser mejores y superarse.

Es por esto, compañeras y compañeros diputados, que los invito a conocer esta iniciativa y con toda apertura, sin ningún tipo de distingos, invitarlos también a perfeccionarla y sacarla adelante por el bien de las nuevas generaciones y el futuro de México. Más y mejor educación. Iniciemos por el acceso. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 65 de la Ley General de Educación y 218 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI

Jaime Chris López Alvarado, diputado federal por la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 65, fracción I, de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Es facultad concedida al Congreso de la Unión el legislar en todo lo que se refiere a las instituciones educativas, el dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la república.

2. El derecho a la educación es el resultado tangible de las grandes luchas mexicanas y del triunfo de la república, a través de las cuales las políticas liberales adquirieron una estructura pedagógica-institucional solida, viéndose, por primera vez, la organización concienzuda de la enseñanza en México.

3. El Constituyente de 1857 confirió al pueblo mexicano los elementos esenciales de la educación en México, mismo que ratificó y amplió el legislativo de 1917, bajo los principios rectores de laicidad, democracia, nacionalidad y de gratuidad, primicias del derecho positivo vigente, contemplado bajo el precepto del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. El derecho a la educación al ser parte de los derechos humanos fundamentales, se le han reservado y atribuido los principios básicos inherentes al hombre por el simple hecho de serlo, bajo el carácter de irrevocable, inalienable, intransmisible e irrenunciable, respecto del cual, el Estado tiene la ineludible obligación de garantizar su ejercicio, goce y disfrute.

5. El derecho a la educación es reconocido y protegido a nivel internacional por diversos pactos y convenciones de los que México es parte, tales como:

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26:

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental...

b) Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, artículo 13:

La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente... La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita... La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita...

c) Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 5o.:

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico ... El derecho a la educación y la formación profesional...

d) Convención por los Derechos del Niño, artículos 28 y 29:

Los Estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades... Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos... Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad...

e) Convención contra la Discriminación en Educación, artículos 3o., 4o. y 5o.:

Los Estados parte se comprometen a... derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y abandonar todas las prácticas administrativas que entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza... Adoptar las medidas necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no se haga discriminación alguna en la admisión de los alumnos en los establecimientos de enseñanza... formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza... Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundaria en sus diversas formas; hacer accesible a todos...En que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones. En que debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener escuelas y, según la política de cada Estado en materia de educación, emplear y enseñar su propio idioma.

6. Por lo que respecta a la Ley General de Educación es la norma interpretativa del artículo 3 constitucional, y que a su vez es el ordenamiento por el que se rigen, entre otros aspectos, la distribución de la función social educativa, los servicios educativos, el financiamiento de la educación, la equidad, y los tipos y modalidades de la educación; retomando de la misma la correcta aplicación normativa del financiamiento y la “gratuidad” de la educación en México.

7. Que tanto la Constitución Política Mexicana como su Ley General de Educación, se encuentran en consonancia con lo dispuesto en los tratados internacionales suscritos por México; sin embargo, en la práctica, tanto los principios de accesibilidad como de gratuidad se han visto violentados por acciones de funcionarios que hostigan, limitan o condicionan a los padres de familia con “cuotas voluntarias”, pues según la finalidad que persiguen, es que el plantel educativo siga en operaciones.

Lo anterior, se evidencia con una seria de notas periodísticas en las que se ha documentado la exigencia de cuotas a los padres de familia, mismas que cuando no son cubiertas, se niega el acceso del educando a la escuela, o bien, se le retienen los documentos oficiales:

Condicionan ingreso a primaria de Tacoaleche por cuotas “voluntarias”

• Para inscribirlos les solicitan de 300 a 500 pesos, denuncian

• El director asegura que el acuerdo se dio entre los propios padres de familia

• Reconocen que el artículo 3 de la Constitución garantiza la educación gratuita

• Ante la falta de apoyo de las autoridades se recurre a estas medidas, justifican

/César Pérez

La escuela primaria Ramón López Velarde, de la comunidad de Tacoaleche, en Guadalupe, ha condicionado las inscripciones de los niños con el pago de cuotas voluntarias. En este sentido, a los padres de alumnos de nuevo ingreso les pidieron 500 pesos de recuperación, mientras que al resto 300 pesos, comentó el director de dicho plantel, Abelardo Casillas Guerrero. No obstante, para los deudores de cuotas del año pasado la cifra es mayor, de tal manera que el adeudo puede ser hasta de mil pesos, explicaron cinco madres inconformes.

Abelardo Casillas argumentó que esta decisión fue tomada por los padres de familia desde el 25 de mayo, cuando 109 de los 169 tutores de los infantes se reunieron y aprobaron por mayoría tal iniciativa. Por lo tanto, las mujeres que acudieron ayer a inscribir a sus hijos desacreditaron los reclamos de la minoría inconforme, pese a que el director reconoció que en el artículo 3 de la Constitución se establece que la educación que imparta el Estado debe ser gratuita.

Agregó que la realización del cobro de la cuota voluntaria obedece a la necesidad de dar mantenimiento a la infraestructura de las aulas, ya que éstas “funcionan gracias a las aportaciones de padres de familia”, dado que “no reciben apoyo de alguna autoridad”. Por ende, sugirió que gobierno estatal establezca una estrategia para que todas las escuelas cuenten con una bolsa de recursos que les permitan subsistir a lo largo del ciclo escolar y así no depender de las asociaciones de padres de familia.

Por su parte, las madres inconformes explicaron que deben cerca de mil pesos, ya que durante el año anterior se acordó instalar, mediante el programa 3x1, un domo en beneficio de los 220 infantes que estudian en este plantel, el cual ya se encuentra colocado. Para este fin, la escuela cooperó con 25 por ciento (131 mil 952 pesos) del costo total, que es de 527 mil 808 pesos.

“Nos obligan a firmar un papel que nos compromete a pagar (la cuota voluntaria), porque si no lo hacemos nos dan los documentos de los niños para inscribirlos en otra escuela”, sentenció una de las afectadas. A su vez, el director, al momento de ser entrevistado al respecto, evitó confirmar tal declaración, aunque sí recalcó que existen otras opciones donde pueden estudiar los niños, en caso de no cumplir con lo acordado.

En contraste, las madres que están a favor del cobro de cuotas argumentaron que las inconformes tuvieron tiempo para ahorrar y ponerse al corriente con sus pagos, pero no lo hicieron, lo que consideraron como razón suficiente para evitar que las disidentes logren inscribir a sus hijos. Finalmente la mayoría de las mujeres despidió con gritos de “¡fuera!” a las inconformes.

Cosamaloapan: Cuotas en escuelas violan artículo 3o. constitucional

200 pesos de “aportación voluntaria” para inscribirse en primaria Manuel Carpio de Cosamaloapan

Cosamaloapan, Veracruz. Padres de familia de la escuela primaria Manuel Carpio se quejan del cobro de 200 pesos como “aportación voluntaria” sin que autoridad alguna tome cartas en el asunto. A pesar de que está prohibido establecer aranceles en los planteles escolares. Y condicionar la inscripción con una cuota, en este caso de 200 pesos, la cual para muchos padres resulta más que lacerante para su tan golpeada economía.

Por lo que piden la intervención del gobernador Javier Duarte de Ochoa, ante la inercia del delgado regional de la SEV en la cuenca, contador público Juan Armando Hernández Aponte, al igual que el secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández. Ya que en diversos planteles se vienen estableciendo elevadas “cuotas voluntarias”, condicionando la inscripción de los alumnos para el ciclo escolar 2012-2013. Violando con este acto las garantías de los niños de recibir educación sin ningún costo, como lo tutela enfáticamente nuestra Carta Magna en su artículo 3o., fracción IV, que indica que toda la educación que el Estado imparta será gratuita.

Ciudad Juárez

Si no tienen para la cuota... que barran

Recomienda funcionaria de Educación

24 de agosto de 2012

Juan Salazar García /El Mexicano

Ciudad Juárez, Chihuahua. Olga Duarte Jáquez, jefa académica de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte en Ciudad Juárez sostuvo que es obligación moral de los padres de familia hacer aportaciones económicas en las escuelas para gastos de mantenimiento y operaciones de los planteles.

Dijo que no hay obligación de que paguen las cuotas, pero si es una “obligación moral” y se paga porque las escuelas necesitan mantenimiento, dijo la funcionaria

Recomendó que los padres que no tengan dinero hagan convenios y acudan a la escuela a realizar trabajos de mantenimiento o limpieza en las escuelas

La medida ha sido considerada por algunos sectores como una imposición de los directores, pese a que en contra de las decisiones del gobernador de que no se condicione la educación a causa de las colegiaturas.

Esta localidad hay 566 escuelas primarias con una población de 173 mil 323 alumnos, de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Educación, los cobros por ‘cuotas escolares’ van desde los 900 a 1 mil 200 pesos, si lo dejamos en la última cifra, como una cuotas estándar.

Las escuelas de nivel primaria en esta ciclo escolar obtuvieron ingresos por 207 millones 987 mil 600 pesos (doscientos siete millones novecientos ochenta y siete mil 600 pesos)

Pero tal vez algunos directores de las escuelas se han hecho sordos porque no lo han entiendo así de esa manera, al estar condicionando la entrada de los alumnos en las escuelas, por el simple hecho de no presentar la papeleta que expiden los bancos donde se prueba que hicieron el depósito de las cuotas escolares, que mas que voluntarias en algunos casos son impuestas por los directores de las escuelas que han creado su propio impero económico a costa de las aportaciones de los padres de familia, que hoy enfrentan una profunda crisis financiera, por la falta de oportunidades de empleo en algunos casos.

No obstante a pregunta expresa la hermana del gobernador y jefa académica de la Subsecretaría de Educación Cultura y Deporte que esta cargo de Javier González Mocken, la funcionaria sostuvo que las aportaciones de los padres de familia las tienen que pagar debido a que tienen una obligación moral.

Esto porque se tienen que cubrir los gastos de operación y mantenimiento de los planteles escolares, sin embargo dijo que si hay padres o madres de familia que no tienen para pagar pueden hacer convenios de pago o sea en abonos pero de todas formas tiene que pagar.

Las escuelas tienen gastos de mantenimiento, reparación de baños aseo, los convenios son para que durante el ciclo escolar vayan cubriendo la cuotas que son acordadas.

Otra de las cosas es que pueden hacer son aportaciones con trabajo o especie para las escuelas, dijo Olga Duarte Jáquez, se les invita a los padres a que hagan trabajos de mantenimiento de construcción, limpieza todo ese tipo de trabajo.

Dijo que no se debe de condicionar la entrada a los alumnos, y en estos momentos después del día 20 en que empezaron las actividades escolares no se han recibido denuncias en ese sentido, y en caso de que se detecte alguna autoridad en los planteles escolares, que estén imponiendo las cuotas o que se prohíba la entrada a los estudiantes en las escuelas recibirán un extrañamiento o sanción de acuerdo al reglamento.

Las cuotas se establecen de acuerdo a las necesidades y son los padres quienes se ponen de acuerdo, dijo que no hay obligación que paguen las cuotas, pero si es una “obligación moral” y se paga porque las escuelas necesitan mantenimiento.

Las cuotas “voluntarias” de las escuelas públicas son ilegales

23 de agosto de 2012, by Giusttav

Los establecimientos que exijan cuotas escolares están realizando una conducta ilegal, puesto que es contrario a los artículos 3 de la Constitución mexicana, 6 de la Ley General de Educación, 8 de la Ley de Educación Estatal y los Municipios, y 29 de la Ley Estatal de los Derechos de las Niñas y los Niños del Estado de Baja California Sur, dijo la diputada Oropeza Villalejo.

La diputada Dora Elda Oropeza Villalejo presentó una iniciativa de acuerdo económico para exhortar al secretario de Educación Pública de Baja California Sur, Alberto Espinoza Aguilar, a exigir a los directores de escuelas de educación básica el respeto irrestricto a los artículos 3 de la Constitución Política de México y 8 de la Ley de Educación vigente en el estado y vigile que éstos se abstengan de imponer cuotas a los alumnos de nivel básico y/o condicionar su inscripción a los planteles educativos en el presente ciclo escolar 2012-2013.

En algunos establecimientos de Cabo San Lucas, incluso llegaron a aumentar las cuotas “voluntarias”, pasando ya los 700 pesos por alumno.

Mientras que muchas directoras logran un “desahogo” financiero gracias a la aportación de padres, el gobierno estatal se muestra impotente para comprobar que todos los padres reciban las becas escolares y les dejen de exigir la aportación escolar.

Exhortan autoridades a evitar el cobro de cuotas escolares

Las aportaciones deben ser determinadas por los padres, no por los funcionarios, precisan

No deben ser condición para que los menores puedan estudiar, señala Ubaldo Ávila Ávila

/Martín Catalán Lerma

Ubaldo Ávila Ávila, subsecretario de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), exhortó a directivos de escuelas del nivel básico y a funcionarios del sistema educativo a evitar el cobro de cuotas escolares o condicionar a los padres de familia para aceptar a sus niños en el ciclo escolar 2012–2013 que inicia el próximo mes.

Expuso que las cuotas voluntarias deben ser determinadas por los padres de familia, y no por el director de la escuela ni por algún otro tipo de funcionarios, de manera que ése no es motivo para no dar atención a los menores. “Todos los niños zacatecanos tienen derecho a estar en una escuela de educación básica, por eso no puede ser limitante alguna condición de cuotas o de otra situación que le aleje de esa posibilidad”, indicó el subsecretario.

Ciudad Victoria.La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) advirtió que las cuotas escolares no serán eliminadas de las escuelas secundarias de la entidad debido a que requieren de recursos para conservación y mantenimiento.

El director de Escuelas Secundarias de la SET, Eleno Medina Vázquez indicó que ninguna de las 744 escuelas secundarias de Tamaulipas recibe recursos federales suficientes para el mantenimiento de los edificios, por lo que las cuotas escolares no pueden desaparecer de tajo.

Refirió que ante la incapacidad del gobierno federal para atender todas las necesidades de las escuelas, los padres de familia se organizan y acuerdan un monto económico para cubrir las principales prioridades durante el año.

“Yo no digo demagógicamente que desaparezcan las cuotas, no. Yo lo que digo es que está prohibido que los directores pidan cuotas, ellos no piden, nadie pide, son los padres de familia los que las piden”, aclaró.

De acuerdo con Medina Vázquez, si los planteles se atuvieran al presupuesto federal ni siquiera el 10 % de los alumnos contaría con banco en las aulas, “porque lo que mandan cuando quieren es una cantidad insuficiente”.

El funcionario hizo énfasis en que son los propios jefes de familia los más interesados en que sus hijos asistan a una escuela de calidad, con techumbre, agua purificada, con todos los servicios y cierta comodidad para que puedan concentrarse en sus estudios.

“Ellos quieren para sus hijos un servicio de calidad y escuela con aire acondicionado, porque si vieran cómo sube el nivel académico cuando el muchachito se ocupa y se concentra y cuándo no; en esas condiciones está sudando y renegando y prefiere salirse o inventar que va al baño.

“Hasta yo haría lo mismo”, subrayó. Por eso, dijo, la existencia de las cuotas escolares no debe ser satanizada; y aclaró que la inscripción de un niño al plantel es independiente a las cuotas.

Añadió Medina que hasta ahora, y al menos en el área que él preside, no ha habido quejas por condicionamiento de inscripciones, y retó a los padres de familia a que presenten, por escrito, una queja formal en donde comprueben que un director los condicionó o pidió dinero como requisito para ingresar y “haré que le regresen el dinero”.

Reiteró que el Departamento de Secundarias que él preside no ha recibido quejas en contra de directivos de este nivel, por condicionar la inscripción de los alumnos, “sólo comentarios verbales pero cuando les pido que la escriban y la oficialicen no las presentan”.

Dijo por último que la actual administración estatal ha invertido millonarias sumas para la adquisición de equipo, mobiliario y para cubrir diversas necesidades de las escuelas de educación básica.

8. Queda de manifiesto, como lo exponen las notas periodísticas que anteceden, que las escuelas utilizan las llamadas “cuotas voluntarias”, como un medio para coartar el derecho universal de la educación, lo que resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y convenciones en materia de derechos humanos de los que México forma parte, así como de lo dispuesto por la propia Ley General de Educación, ya que estas “cuotas voluntarias”, no son más que un medio de presión y abuso por parte de los funcionarios públicos.

9. De acuerdo con datos proporcionados por la Asociación Nacional de Padres de Familia, se detalla que las “cuotas voluntarias” oscilan entre 250 y 300 pesos por estudiante, según el plantel y la zona en la que éste se ubique. Sólo en el Distrito Federal, dicha asociación calcula una recaudación anual de más de 500 millones de pesos por concepto de cuotas, sin embargo se desconoce a cabalidad el monto puntual y el destino final del dinero.

10. La presente iniciativa está a favor de la participación de los padres de familia a cooperar, si así se acuerda con la institución educativa, pues esto conlleva a mejorar el desarrollo de la educación de los menores hijos, mas no así cuando se establece como una obligación tendente a limitar el acceso a la educación.

11. La propuesta de reforma a que se refiere la presente iniciativa busca adicionar el artículo 65 fracción I de la Ley General de Educación, el cual establece actualmente que es un derecho de quienes ejercen la patria potestad o la tutela obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria, esto a fin de sancionar cualquier conducta por parte de servidores públicos que, bajo el pretexto de la omisión en el pago de una contraprestación (entiéndase, “cuotas voluntarias”) por parte de los padres o tutores, atente en contra de dicha prerrogativa.

12. De igual forma, la presente iniciativa busca reformar el artículo 218 del Código Penal Federal, para el efecto de que, en tratándose del delito de concusión, la pena se aumente en una tercera parte, cuando el dinero, los valores, servicios o la cosa indebida sean exigidos por un servidor público, como contraprestación, a cambio de permitir la inscripción de alumnos de la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

13. En el siguiente cuadro se presenta la propuesta de reforma los artículos 65 de la Ley General de Educación y 218 del Código Penal Federal, propuesta por la presente iniciativa:

Por las consideraciones fundadas y motivadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan los artículos 65, fracción I, de la Ley General de Educación y 218 del Código Penal Federal.

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 65, fracción I, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 65.Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

El ejercicio de este derecho no podrá ser condicionado al pago de cuota alguna, sea en especie o en dinero.

...

II. ...

Artículo Segundo. Se adiciona un quinto párrafo al artículo 218 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 218. (...)

(...)

(...)

(...)

Cuando el dinero, los valores, servicios o la cosa indebida sean exigidos como contraprestación, a cambio de permitir el acceso y la inscripción de alumnos de la educación preescolar, la primaria y la secundaria, la pena se aumentará hasta en una tercera parte.

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.— Diputado Jaime Chris López Alvarado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, Chris. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Justicia, para dictamen.

Esta Presidencia saluda y además con un gran afecto, a los presidentes municipales de Huahutla de Jiménez, de Loxotitlán de Flores Magón, de San Mateo Xolotitlán, de San Juan Bautista Valle, de Mazatán, Villa de Flores y a la Coordinación de Desarrollo Indígena Mazateco, invitados por nuestro amigo el señor diputado Juan Luis Martínez Martínez, del estado de Oaxaca y por don Ricardo Monreal. Sean ustedes bienvenidos, gracias.

También a los servidores públicos del ayuntamiento de Tenancingo, estado de México, invitados por la secretaría Tanya Rellstab Carreto, del distrito 35.

ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Roxana Luna Porquillo, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Roxana Luna Porquillo:Con su venia, señor presidente. La suscrita diputada Roxana Luna Porquillo, a nombre mío y de mis compañeros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática e integrantes de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I; 65 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VII del mismo artículo, bajo la siguiente exposición de motivos:

Los jóvenes, en el 2010, representamos cerca de la quinta parte de la población total en el país y su peso relativo es aproximadamente del 20.3 por ciento; actualmente existen cuatro millones de jóvenes, entre 16 y 23 años, que se encuentran excluidos de la educación media superior y superior.

La política educativa aplicada hasta ahora ha cerrado las puertas a la educación a millones de jóvenes, lo que les ha arrebatado la esperanza. Esta política ha sido un verdadero juvenicidio.

México ha llegado a 11 millones de migrantes en el 2011; decenas de jóvenes migrantes son encontrados en las fosas comunes asesinados por el narcotráfico. Según la UNAM, de los más de 16 millones de jóvenes en el país en edad de trabajar, millón y medio no cuentan con un empleo; de cada diez egresados universitarios solo siete encuentran trabajo.

El gobierno actual habla de una cobertura del 33 por ciento en educación. Esto es insuficiente ya que se requiere llegar al 40 por ciento.

La Auditoría Superior de la Federación reveló en un informe de la Cuenta Pública 2010, que será solo hasta el 2043 cuando se alcance la cobertura universal de la enseñanza media superior, lo que implica un retraso de 22 años, respecto a lo que ordena la reforma constitucional. Es evidente que esta Legislatura debe tomar cartas en el asunto y vigilar que el precepto constitucional aprobado se cumpla.

Existe una diferencia entre la enseñanza media superior que se imparte en universidades públicas y estatales; en las universidades de Guadalajara, Guerrero, Sinaloa y estado de México las preparatorias tienen un peso fundamental en la matrícula universitaria. Solo el 10 por ciento de los matriculados en el sistema educativo nacional llega a nivel superior.

Entre 1980 y 1995 la matrícula de la educación superior bajo el control público creció el 49 por ciento y la privada el 177.3 por ciento. En 1995 el 77 por ciento de la matrícula de las instituciones de educación superior está ubicado en el sector público y el 23 por ciento en el privado.

Según los datos de la SEP, de 1990 a 2000, la Universidad de Guadalajara creció a 150 mil alumnos; la Universidad Autónoma de Guerrero pasó a 75 mil 500 y la Universidad de Michoacán pasó a 53 mil alumnos; las universidades de Sinaloa, la veracruzana y la del estado de México crecieron muy poco.

Es caso emblemático la Universidad Autónoma de Puebla, que pasó de 94 mil estudiantes a 43 mil estudiantes en 10 años, reduciendo su matrícula en 51 mil estudiantes, más de la mitad. La matrícula en la preparatoria pasó de 23 mil estudiantes en 1990 a nueve mil 700, reduciendo en ese lapso 13 mil estudiantes, también más de la mitad.

El 16 de marzo del 2002 el rector informa que de 64 mil estudiantes de la UAP, en 12 años dejó de ser benemérita e incrementó la matrícula en 10 mil estudiantes. A este ritmo de crecimiento alcanzará el nivel de población que tenía en 1990, que era de 91 mil estudiantes hasta el 2040, a raíz de esta aplicación de una política de austeridad en el gasto público, resultado de la devaluación del peso mexicano y de la crisis económica, acentuando algunos rasgos de privatización.

El Estado mexicano definía el plan nacional de desarrollo de la educación superior y constituía el Conacyt y el Sistema Nacional de Investigadores, entre otros mecanismos, que hasta la fecha deciden el rumbo de la investigación científica que realizan las universidades autónomas.

Así, surge entonces el Programa Nacional de Educación Superior (Pronaes) y el Programa Integral de Educación Superior (Proides). Ahora la SEP decide la asignación de partida por partida, puesto por puesto, proyecto por proyecto y departamento por departamento en las universidades autónomas.

Es por ello que es importante que en el Presupuesto de Egresos de la Federación venga contenido el fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en la educación superior; los proyectos son presentados por instituciones y evaluados por la SEP, así en el año 2012.

Con esto termino.

Es por ello que es importante someter a esta Cámara el proyecto decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3o. constitucional, fracción VII del artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma y se adiciona el primer párrafo del artículo 3o. y fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado —federación, estados, Distrito Federal y municipios— impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conformarán la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. Es todo.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Roxana Luna Porquillo, en nombre propio y de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 65 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción VII del mismo artículo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los jóvenes representan en 2010, cerca de la quinta parte de la población total del país y su peso relativo es de aproximadamente 20.3 por ciento. Actualmente existen cuatro millones de jóvenes entre los 16 y 23 años que se encuentran excluidos de la educación media superior y superior. La política educativa aplicada hasta ahora, ha cerrado las puertas a la educación de millones de jóvenes. Les ha arrebatado la esperanza. Esta política es de verdadero “juvenicidio”.

México ha llegado a más de 11 millones de migrantes en 2011.Decenas de jóvenes migrantes son encontrados en fosas comunes asesinados por el narcotráfico. Según la UNAM, de los más de 16 millones de jóvenes en el país en edad de trabajar, millón y medio no encuentran empleo. De cada diez egresados universitarios, sólo siete encontrarán trabajo. El actual gobierno habla de una cobertura del 33 por ciento, en educación; esto es insuficiente y se requiere llegar al 40 por ciento.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en el informe de la Cuenta Pública de 2010, que será hasta 2043, cuando se alcanzará la cobertura universal de la enseñanza media superior, lo que implica un retraso de 22 años respecto a lo que ordena la reforma constitucional. Es evidente que esta legislatura debe tomar cartas en el asunto y vigilar que el precepto constitucional aprobado se cumpla.

Existe una diferenciación entre la enseñanza media superior que se imparte en las universidades públicas estatales. En las Universidades de Guadalajara, de Guerrero, de Sinaloa y del Estado de México, las preparatorias tienen un peso fundamental en la matrícula universitaria.

Sólo 10 por ciento de los matriculados en el sistema educativo nacional llega al nivel superior. Entre 1980 y 1995 la matrícula de educación superior bajo control público creció 49 por ciento y la privada 177.3 por ciento. En 1995, 77 por ciento de la matrícula de las instituciones de educación superior se ubicaba en el sector público y 23 por ciento en el privado (ANUIES, 1996).

Según los datos de la SEP, de 1990 a 2000, la Universidad de Guadalajara creció 156 mil alumnos, la Universidad Autónoma de Guerrero pasó a 70 mil 500, la Universidad de Michoacán pasó a 53 mil 500 estudiantes. Las universidades de Sinaloa, la veracruzana y la del estado de México crecieron muy poco.

El caso emblemático lo es la Universidad Autónoma de Puebla que pasó de 94 mil estudiantes a 43 mil en 10 años, reduciendo su matrícula en 51 mil estudiantes, ¡más de la mitad!. La matrícula en preparatoria pasó de 23 mil 244 en 1990 a 9 mil 769 en 2000, reduciendo en ese lapso en 13 mil 475 estudiantes, también ¡más de la mitad!.Al 16 de marzo de 2012, el rector informa de 64 mil estudiantes de la UAP. En 12 años, la UAP, que dejó de ser “benemérita”, incrementó su matrícula en 10 mil estudiantes. A este ritmo de crecimiento, alcanzará el nivel de población de que tenía en 1990, que era de 91 mil estudiantes, hasta el año 2040.

A raíz de la aplicación de una política de austeridad en el gasto público, resultado de la devaluación del peso mexicano y de la crisis económica, se acentuaron algunos rasgos de privatización. El Estado mexicano definía el Plan Nacional de Desarrollo de la educación superior (PNDES) y constituía el Conacyt y el Sistema Nacional de Investigadores, entre otros mecanismos, que hasta la fecha deciden el rumbo de la investigación científica que realizan las universidades autónomas.

Así, surgen el Programa Nacional de Educación Superior (Pronaes) y el Programa Integral de Educación Superior (Proides). Ahora, la SEP decide la asignación, partida por partida, puesto por puesto, proyecto por proyecto y departamento por departamento, en las universidades autónomas.

El Proides recomendó que las instituciones de educación superior la eliminación gradual del pase automático,y que implementa topes de admisión por carreras (páginas 20-28).

Por su parte el Proides impulsó... “que las instituciones de educación superior de más de 30 mil alumnos en licenciatura detengan su crecimiento, que las que tengan una matrícula ente 10 y 30 mil fijen límite de crecimiento y aquellas con menos de 10 mil aumenten su población; los tecnológicos con una matrícula de más de 10 mil estudiantes detengan su crecimiento y los de menos de 5 mil la aumenten”. Finalmente propone la necesidad de establecer criterios y normas para la creación y funcionamiento de las universidades privadas (página28).

El promedio de gasto por alumno en los países de la OCDE en 1993 fue de 5 mil 500 dólares. México sólo gasta 960 dólares por alumno. El subsidio público federal a la educación superior, como proporción del PIB, ha disminuido, hasta alcanzar en 1989 el 0.41 por ciento. Entre 1988 y 2003, el gasto por alumno de las universidades públicas de los estados (UPE) aumentó sólo el 4.1 por ciento.

En México, la asignación de recursos dividido entre la matrícula total, es muy variable. Así, universidades como la de Yucatán que cuenta en 2003 con 11 mil estudiantes, el más alto gasto por alumno asciende a 67 mil 331, La Universidad de Guadalajara que cuenta con 103 mil estudiantes para ese año, solo gasta por alumno 33 mil pesos. La Universidad Autónoma de Puebla, con 40 mil 462 estudiantes gastaba por alumno en 2003, 38 mil pesos. Esto expresa plenamente el desorden con que se desarrolla la educación superior nacional.

En cuanto a la distribución del gasto educativo entre el gobierno federal y las entidades federativas, los gobiernos de los estados de Coahuila, estado de México, Sonora, Veracruz, Quintana Roo, Jalisco, Baja California, asignan el 50 por ciento del subsidio público a sus universidades. Otros gobiernos como el de Puebla sólo asigna el 28 por ciento y algunos como el de Yucatán el 15 por ciento. Esto expresa la diversidad de criterios en torno al apoyo a la educación superior.

El sistema universitario público de educación superior, se compone de universidades públicas federales (UPF); universidades públicas estatales (UPE); universidades tecnológicas (UT); universidades públicas estatales con apoyo solidario (UPEAS) y otras instituciones.

El subsidio federal está integrado por tres grandes componentes: el ordinario, el extraordinario y el asociado a la ampliación de la oferta educativa. Los montos de los fondos federales extraordinarios, son negociados directamente por cada institución, en esta Cámara de Diputados, con los gobernadores y con el gobierno federal.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación viene contenido el Fondo para ampliar y diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior. Los proyectos son presentados por las instituciones y evaluados por la SEP. Así, en 2012, este fondo se distribuyó de tal manera que sólo siete universidades estatales absorbieron 55.12 por ciento del total del monto.

Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de marzo de 1993, excluyó de la educación que imparte el Estado a la educación media superior y a la superior.

Desgraciadamente, esto se tradujo en el incremento de salario y prestaciones de funcionarios. En algunas universidades se aprobaron sueldos vitalicios a los ex rectores. A su vez, implicó el despido del personal de carrera y el incremento de la contratación de personal por tiempo determinado y por hora-clase, en detrimento del nivel académico de profesores e investigadores y por tanto de la enseñanza.

El Estado mexicano imparte la educación superior en instituciones públicas estatales y federales, en universidades politécnicas, interculturales, Institutos tecnológicos, y la Universidad Pedagógica Nacional y a través de las universidades autónomas; además realiza la investigación científica a través de las universidades y de los institutos de investigación del sector público.

El paso dado por la anterior legislatura y que enérgica y firmemente logró recuperar a la educación media superior como un nivel de educación que otorga el estado y que es gratuita, recupera esos principios. Toca ahora a los integrantes de esta LXII Legislatura recuperar a la educación superior que imparte el Estado desde las instituciones estatales y autónomas, como instituciones públicas y gratuitas, como lo establecía la reforma constitucional de 1945. Esta nos lleva en consecuencia a enunciar de nueva cuenta en el texto de la Constitución que toda la educación que imparta el Estado es gratuita.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto de reforma y adición al artículo 3o. de la Constitución.

Decreto por el que se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 3o. y la fracción VII del mismo artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 3o y la fracción VII del mismo Artículo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, distrito federal y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

...

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía y reciban recursos del Estado, asumirán el carácter de educación pública y gratuita y tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se tomará en cuenta para la asignación de presupuesto a las universidades públicas, lo previsto en el presente decreto.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.— Diputados: Roxana Luna Porquillo, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Alliet Mariana Bautista Bravo, Carol Antonio Altamirano, Juan Manuel Fócil Pérez, Juana Bonilla Jaime, Mario Alejandro Cuevas Mena, Silvano Blanco Deaquino, Graciela Saldaña Fraire (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD - LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Alberto García González, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El diputado Carlos Alberto García González:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía los razonamientos que sustentan la iniciativa con proyecto de decreto que agrega una fracción X al artículo 168 de la Ley General de Salud, así como reforma las fracciones VIII y IX del artículo 56, el artículo 57 y el 60 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de acuerdo a lo siguiente.

En el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que queda prohibida toda discriminación, motivada entre otras cosas por el género, y en el artículo 4o.: El derecho a la protección de la salud para toda persona. A lo que debe de agregarse que es una obligación constitucional del Estado promover, respetar, proteger y sobre todo garantizar los derechos humanos.

En relación al derecho a la protección de la salud, la intervención del Estado debe desarrollarse en dos sentidos; el primero, generando a través del sistema nacional de salud la infraestructura de los servicios necesarios para que las personas conserven, restauren o mejoren su salud, y el segundo, instrumentando un sistema de protección contra riesgos que puedan afectar la salud de las personas.

El artículo 2o. de la Ley General de Salud establece que entre las finalidades del derecho a la protección de la salud se encuentran el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como el disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

Aquí cabe mencionar que se hace referencia al hombre como sinónimo de género humano.

Por otra parte, en relación a la materia objeto de modificar, expongo que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad que nosotros los hombres.

Lamentablemente, en nuestro país la violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema social de amplias dimensiones; es por ello que mejorar y fortalecer las acciones que se lleven a cabo por el Estado para lograr una adecuada atención de las mismas, es una obligación y es impostergable.

Se estima que 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han padecido algún índice de violencia en su relación con su pareja, en espacios comunitarios, laborales, familiar o escolar.

Tomando en cuenta que la violencia contra la mujer pone en peligro su salud y su vida, es por lo que propongo reformas a la Ley General de Salud, así como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en la Ley General de Salud, con el fin de que se incluya de manera expresa como una actividad básica de asistencia social la protección física, mental y social de las mujeres en situación de maltrato, abandono o explotación, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que la capacitación que se preste como parte de los servicios otorgados a las víctimas de violencia de género en los refugios sea técnica, social, legal y administrativa, coadyuvando así a dotar de más y mejores herramientas a estas mujeres para alcanzar por sí mismas independencia económica.

Si bien las mujeres víctimas de violencia son consideradas sujetos de asistencia social, no obstante al ser la violencia contra las mujeres un claro problema de salud pública, es porque la Ley General de Salud no considera un servicio básico de salud la protección física y mental de la mujer, de manera expresa en su artículo 168, que es en donde se enlistan los servicios básicos en la materia de asistencia social.

En general, esta iniciativa desea contribuir al reforzamiento de acciones a través de las cuales se brinden las herramientas necesarias a las mujeres víctimas de violencia, tal que les permita reintegrarse a la sociedad de la manera más digna posible y romper el ciclo de violencia al que muchas veces se ven sometidas, fundamentalmente por dependencia económica y psicológica.

En mérito de lo expuesto, es que —el suscrito— somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente decreto que agrega una fracción X al artículo 168 de la Ley General de Salud, y reforma las fracciones VIII y IX del artículo 56, artículo 57 y artículo 60 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por último, solicito respetuosamente que se inserte íntegramente la presente participación en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Salud, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Carlos Alberto García González, diputado de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción X al artículo 168 de la Ley General de Salud y reforma las fracciones VIII y IX del artículo 56, el artículo 57 y el 60 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el párrafo quinto del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se instituye que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras cosas por el género; y en el artículo 4o. el derecho a la protección de la salud para toda persona. A lo que debe agregarse que es una obligación constitucional del Estado promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Con relación al derecho a la protección de la salud, la intervención del Estado debe desarrollarse en dos sentidos, el primero, generando, a través del Sistema Nacional de Salud, la infraestructura y los servicios necesarios para que las personas conserven, restauren o mejoren su salud. El segundo, instrumentando un sistema de protección contra riesgos que puedan afectar la salud de las personas.

El artículo segundo de la Ley General de Salud establece que entre las finalidades del derecho a la protección de la salud se encuentran, “el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades”, así como, “el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población”. Resulta pertinente señalar que en este caso se hace referencia al hombre como sinónimo de género humano.

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en México hay 56 millones 856 mil 343 mujeres, de un total de 111 millones 714 mil 641 mexicanos. Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, reportan que 67 de cada cien mujeres de 15 años y más, han padecido algún índice de violencia en su relación de pareja, en espacios comunitarios, laborales, familiar o escolar. Además, uno de cada cinco días de trabajo que pierden las mujeres se debe a la violencia que sufren.

Según estadísticas del Inegi, 47.4 por ciento de las mujeres casadas o unidas con al menos un hijo o hija han sufrido violencia por parte de su compañero o cónyuge. De acuerdo al tipo de violencia, 40 por ciento sufrió violencia emocional; 28.8 por ciento económica; 21.4 por ciento física y 8.7 por ciento sexual.

La violencia, en todas sus manifestaciones, genera problemas de salud física y mental. Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006 indican que de las mujeres que sufrieron violencia física, 23 por ciento necesitó atención médica debido a ello y 21 por ciento pensó en suicidarse.

La situación es más grave en las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual: 29 por ciento necesitó ayuda médica y 28 por ciento tuvo ideas suicidas.

Las consecuencias de daños a la salud de las mujeres separadas o divorciadas son más evidentes: 40 por ciento de las que sufrieron violencia sexual necesitó ayuda médica y 44 por ciento tuvo ideas de suicidio.

Las mujeres siguen viviendo episodios violentos aun después de separadas o divorciadas: de las que sufrieron violencia durante su unión y se separaron o divorciaron, 37.4 por ciento siguió padeciéndola después de la separación.

Las mujeres separadas o divorciadas que tienen hijos están más expuestas a sufrir violencia que quienes no los tienen. De las mujeres separadas o divorciadas que no tienen hijos, 13.7 por ciento sufrió algún tipo de violencia, mientras que esto sucedió a 36.5 por ciento de las que tienen hijos en edad escolar (menores de 13 años).

Las mujeres víctimas de violencia son consideradas sujetos de asistencia social. No obstante, siendo la violencia contra las mujeres un claro problema de salud pública, la Ley General de Salud no considera servicio básico de salud la protección física y mental de la mujer de manera expresa en su artículo 168, que es en donde se enlistan los servicios básicos en la materia de asistencia social.

Por ello, en un primer momento, la presente iniciativa propone que se incluya de manera expresa en la Ley General de Salud, como una actividad básica de asistencia social, la protección física, mental y social de las mujeres en situación de maltrato, abandono y explotación; a fin de que el reenvío que hace el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, refuerce y consolide la protección a las mujeres víctimas de violencia.

Tener una vida libre de violencia es un derecho humano de las mujeres reconocido por leyes nacionales e internacionales. Entre estas últimas, destacan las Convenciones sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia contra las mujeres se define como, cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

La ley referida cuenta, como parte del conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, y como parte de la obligación del Estado de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos; con un capítulo denominado: De los refugios para las víctimas de violencia.

En este capítulo, se indica que los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos, entre otros servicios especializados y gratuitos, capacitación para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral. Asimismo, se obliga a los refugios a contar con bolsa de trabajo, sin embargo, esta última solamente beneficia a quienes los soliciten.

Reconociendo que es necesario imprimir a esta capacitación un sentido que permita dirigir dicha labor hacia la obtención de mejores resultados para las mujeres y sus hijos. En esta iniciativa se propone que tal capacitación sea de carácter técnico, social, legal y administrativo; componentes que pueden facilitar la independencia económica y el empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia, a fin de reintegrárseles a la sociedad.

Es imprescindible que las mujeres violentadas que acuden a un refugio obtengan las herramientas técnicas para desempeñarse en una actividad laboral, que conozcan sus derechos laborales y civiles, y que puedan mejorar la administración del dinero que obtenga a su favor y de su familia.

Por último, la presente iniciativa, propone la reforma del artículo 60 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en el texto vigente únicamente señala que “será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta ley y se sancionará conforme a las leyes en la materia”. Sin embargo, es necesario señalar que los casos de privación ilegal de la libertad son competencia de las leyes en materia penal, razón por la cual se considera importante que la Ley General en comento lo reconozca en su contenido y lo deje a salvo.

En general, esta iniciativa desea contribuir al reforzamiento de acciones, a través de las cuales, se brinden las herramientas necesarias a las mujeres víctimas de violencia tal que les permitan reintegrarse a la sociedad de manera más digna posible y romper el ciclo de violencia al que muchas veces se ven sometidas fundamentalmente por dependencia económica y psicológica.

Por lo aquí expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que agrega una fracción X al artículo 168 de la Ley General de Salud y reforma las fracciones VIII y IX del artículo 56, el artículo 57 y el 60 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Primero. Se agrega una fracción X al artículo 168 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 168.Son actividades básicas de asistencia social:

I. a VII. ...

VIII. El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas con carencias socioeconómicas,

IX. La prestación de servicios funerarios , y

X. La protección física, mental y social de las mujeres en situación de maltrato, abandono y explotación.

Artículo Segundo. Se reforman las fracciones VIII y IX del artículo 56, el artículo 57 y el 60 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

Artículo 56.Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos:

I. a VII. ...

VIII. Capacitación técnica, social, legal y administrativa, para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral digna, que les proporcione independencia económica, y

IX. Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan acceder a la actividad laboral a la que hace referencia la fracción anterior.

Artículo 57. La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser mayor a tres meses, a menos de que persista su inestabilidad física, psicológica o su situación de riesgo, por lo que se deba continuar su atención en él o evaluar su transferencia a una institución con mayor capacidad de resolución.

Artículo 60. Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta ley y se sancionará conforme a las leyes en la materia. Lo anterior sin perjuicio de lo que en materia penal resulte aplicable, derivado del incumplimiento del artículo 59 de la presente ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.— Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Respetuosamente se instruye para que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Equidad y Género, para dictamen.

OPERATIVO RAPIDO Y FURIOSO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, cambiamos el capítulo de los temas de la sesión. De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de esta Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Aleida Alavez Ruiz, del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República, para que hagan pública toda la información que tengan disponible en relación al operativo denominado Rápido y Furioso, incluyendo aquella que se hubiese generado en instancias estadounidenses y remitido a autoridades mexicanas.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias. Con su venia, diputado presidente. El pasado 30 de septiembre nos enteramos, a través de un reportaje publicado en la cadena estadounidense Univisión, que algunas de las armas que fueron utilizadas en la masacre de 16 jóvenes de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, estaban registradas en el denominado programa Rápido y Furioso, implementado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), pertenecientes al Departamento de Justicia, mediante el cual se permitió el ingreso legal de miles de armas a territorio mexicano bajo el pretexto de que dicho ingreso serviría para rastrear las armas mediante localizadores satelitales asegurando con ello el intercambio de información sobre la localización de grupos criminales.

Cuando dicho operativo fracasó, los funcionarios de la Agencia ATF, en particular el fiscal general de los Estados Unidos, reconoció que no podrían rastrear dichas armas y que las armas perdidas durante esta operación continuarían apareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera.

Efectivamente esas armas, junto con otras miles que ingresan de manera cotidiana a nuestro país, han cobrado la vida de mexicanas y mexicanos inocentes, sin que hasta la fecha se haya realizado una investigación profunda por parte de las autoridades para deslindar las responsabilidades pertinentes y para sancionar a los servidores públicos mexicanos que permitieron, toleraron o consintieron que dichas armas llegaran a manos de grupos criminales.

La Procuraduría General de la República anunció, el pasado 21 de septiembre, que inició el análisis del informe del inspector general del Departamento de Justicia relativo al operativo Rápido y Furioso, de la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, a pesar de que este operativo inició sus actividades desde 2009 y que fue denunciado por medios de comunicación estadounidenses desde hace más de dos años.

Por medio de un comunicado de prensa la dependencia federal señala que la introducción de armas hacia territorio nacional, sin cumplir los requisitos de la ley de la materia, constituye un delito; por tanto, corresponde al Ministerio Público de la Federación determinar si como consecuencia del operativo Rápido y furioso se cometió dicho ilícito.

Es decir, dos años después y a pesar de que se ha acreditado el ingreso ilegal de las armas y su utilización en diversos crímenes, como el del Villas de Salvárcar o el asesinato del agente de la Oficina de Migración y Aduanas de Estados Unidos, Jaime Zapata, en San Luis Potosí, en 2011, la PGR informa que todavía no determina si existe la comisión de algún delito, mientras en Estados Unidos de América el Congreso de Representantes citó a varias comparecencias al titular del Departamento de Defensa, Eric Holder, quien estuvo a punto de ser inhabilitado y sometido a juicio político.

En nuestro país apenas se está analizando la información remitida por las autoridades estadounidenses, desconociendo, desde luego, toda información relacionada con la investigación de este operativo y las lamentables consecuencias, pues ni la PGR ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han compartido con la sociedad nacional dicha información.

La obligación de difundir información que no comprometa aspectos de seguridad es un compromiso de todo el Estado mexicano y en estos casos tan sensibles debe ser un compromiso con todas las víctimas mortales y con sus familiares, pues ellos tienen el derecho inalienable de acceder a la justicia, de conocer la verdad y de ser reparados integralmente.

Las armas que privaron de vida a los 16 jóvenes, en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, no entraron solas a nuestro país, tampoco se distribuyeron y se infiltraron en los grupos criminales de manera autómata. En este operativo participaron, de manera directa e indirecta, muchas personas, mismas que hasta el día de hoy se encuentran gozando de total impunidad.

Es precisamente la razón sustantiva de este punto de acuerdo, la lucha contra la impunidad, la que nos mueve a solicitar que se den a conocer las investigaciones que se realizan y que realizan las autoridades mexicanas.

No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que se continúe con la cultura de la opacidad y el encubrimiento. Ejemplos sobran, recientemente se cumplieron 44 años de la masacre de Tlatelolco y las promesas de esclarecimiento solo quedan en eso, en promesas.

De igual manera, en el Instituto Federal Electoral, con una prisa cínica acordaron destruir el material electoral de las elecciones 2006 y 2012, antes que permitir el escrutinio público.

Por lo que en aras de que la sociedad mexicana conozca la información disponible, de que se garantice a las víctimas el derecho a la verdad y que se rompa con el eterno círculo de la impunidad se emite el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados, por considerarlo un asunto de interés nacional, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República para que a la brevedad hagan pública toda la información que tengan disponible en relación al operativo denominado Rápido y Furioso, incluyendo aquella que se hubiere generado en las instancias estadounidenses y se haya remitido a las autoridades mexicanas.

Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la PGR a hacer pública toda la información disponible sobre la operación Rápido y furioso,incluida la generada en instituciones estadounidenses y remitida a autoridades mexicanas, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El 30 de enero de 2010 sucedió una de las peores masacres de que tengamos memoria en los años recientes del país: la de Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, que conmocionó a todo México, pues las víctimas era niños y jóvenes de esa localidad que compartían en una fiesta entre amigos. Fueron asesinados brutalmente por un grupo de sujetos armados, quienes los “confundieron” con presuntos integrantes de una banda criminal rival.

Después de algunas semanas de esos hechos, la Fiscalía General de Chihuahua presentó públicamente a algunos sujetos que fueron señalados como responsables de la masacre. En la actualidad, la mayoría de ellos han obtenido sentencias por el Poder Judicial de la entidad. Sin embargo, las sentencias se encuentran bajo sospecha porque uno de esos presuntos culpables, de nombre Israel Arzate, ha probado que fue víctima de tortura para autoinculparse del acto criminal, igual que otros de los detenidos acusados de la masacre de Villas de Salvarcar.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el 31 de agosto de 2011 la recomendación 49/2011, que documenta la tortura a que fue sometido Arzate, condición que desde un inicio han sostenido la defensa legal y sus familiares.

Incluso, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, el 15 de marzo de este año, exhortó a las autoridades nacionales para que investigarán dichos actos de tortura y para que en su momento se repararan las consecuencias que la tortura había provocado en el proceso y en la investigación de los hechos.

El pasado 30 de septiembre, nos enteramos a través de un reportaje publicado en la cadena estadounidense Univision que algunas de las armas que fueron utilizadas en Villas de Salvarcar estaban registradas en el denominado programa “Fast and Furiuos” implementado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) perteneciente al Departamento de Justicia mediante el cual se permitió el ingreso legal de miles de armas a territorio mexicano bajo el pretexto de que dicho ingreso serviría para “rastrear” las armas mediante localizadores satelitales asegurando con ello el intercambio de información sobre la localización de grupos criminales.

Cuando dicho operativo fracaso, los funcionarios de la ATF, reconocieron que no podrían rastrear dichas armas y que las “armas perdidas durante esta operación continuarán apareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera”, aseguró el Fiscal General Estadounidense Eric Holder.

Efectivamente esas armas junto con otras miles que ingresan de manera cotidiana a nuestro país han cobrado la vida de mexicanas y mexicanos inocentes, sin que hasta la fecha se haya realizado una investigación profunda por parte de las autoridades mexicanas para deslindar las responsabilidades pertinentes y para sancionar a los servidores públicos mexicanos que permitieron, toleraron o consintieron que dichas armas llegaran a manos de grupos criminales.

Por información difundida por la cadena televisora Univisión, hoy se sabe que la Secretaría de la Defensa Nacional, obtuvo la información suficiente para poder informar al Comandante de la Región Militar de Ciudad Juárez que las armas usadas en Villas de Salvarcar, fueron armas ingresadas por el operativo “Rápido y furioso”, y que por ello tendría que ser requerida la información correspondiente a las autoridades estadounidenses.

Mientras en los Estados Unidos el Congreso de Representantes citó a comparecencia al titular del Departamento de Defensa, Eric Holder y estuvo a punto de ser inhabilitado y sometido a un Juicio Político, en nuestro país se desconoce la información relacionada con la investigación de este operativo y con sus lamentables consecuencias, pues ni la Procuraduría General de la República ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han compartido con la sociedad nacional dicha información.

Por lo que en aras de que la sociedad mexicana conozca toda la información disponible, se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que en el ámbito de sus competencias, se proporcione a esta Cámara de Diputados toda la información relacionada con la ejecución y consecuencias de dicho operativo en nuestro país, así como la información relacionada con el estado de las investigaciones realizadas por las autoridades responsables sobre la probable responsabilidad de funcionarios nacionales en todo este complejo proceso ilegal y de consecuencias mortales y en su caso, que entregue también la información que le hayan remitido sus símiles en territorio estadounidense.

Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados, por considerarlo un asunto de interés Nacional, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República, para que a la brevedad, hagan pública toda la información que tengan disponible, en relación al operativo denominado “Rápido y furioso”, incluyendo aquella que se hubiere generado en instancias Estadounidenses y se haya remitido a las autoridades mexicanas.

Nota:

1 (Consúltese http://www.hchr.org.mx/files/comunicados/2012/03/Comunicado_ONU_DH_15_marzo_201 2.pdf).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.— Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada Aleida. En términos del artículo 100, pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, y tomando como fundamento el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento, tiene el uso de la palabra Angelino Caamal, por tres minutos.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, México vive momentos difíciles marcados por una escalada de violencia que parece incontenible, dejando a su paso una estela de dolor, miedo y zozobra ante la incapacidad gubernamental de hacer valer el imperio de la ley ante los criminales.

El Estado mexicano ha fallado en uno de sus principales cometidos, que es el de garantizar la seguridad en la vida de las personas y en su patrimonio. En ese contexto, en lo que se refiere al tema de Rápido y Furioso, en el que pudo introducirse a nuestro país con toda impunidad una serie de armas que hoy están en manos criminales, de este hecho surgen varias preguntas.

¿Cómo es posible que hayan entrado a nuestro país tal cantidad de armas, sin que nuestras autoridades se percataran de tal situación? ¿Cuáles son las condiciones en las que operan los mecanismos de cooperación para la seguridad fronteriza entre los Estados Unidos de América y nuestro país?

¿Qué medidas ha tomado el gobierno mexicano para controlar el tráfico de armas en la frontera norte? ¿Qué funcionarios mexicanos supieron de este operativo y no actuaron ante el fracaso y en su implementación?

¿Cuáles son las armas implementadas por ambos gobiernos para rastrear y localizar estas armas introducidas en el operativo? ¿Por qué en Estados Unidos de América compareció ante el Congreso el fiscal general Eric Holder para explicar lo sucedido y hasta el momento en México nadie se responsabiliza de estos hechos?

Pocas o nulas han sido las respuestas a este respecto, tanto en la cancillería mexicana como en la Procuraduría General de la República, como señala el punto de acuerdo.

Estas armas, junto con otras que ingresan a nuestro país, son utilizadas por los cárteles, grupos del crimen organizado y delincuentes, tanto en sus disputas por el control territorial de sus zonas de influencia, como en los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad.

En el caso del operativo Rápido y Furioso pone en evidencia la fragilidad de nuestra frontera, al no existir el control adecuado para impedir la entrada de armamento al país en un momento de extrema violencia precisamente en los estados fronterizos. Nos preocupa sobremanera la pérdida de México frente al gobierno norteamericano, quien sin restricción alguna implementa un operativo de esta magnitud sin informar a sus pares mexicanos.

Sea cual fuere la circunstancia, estamos convencidos que el combate al crimen organizado es un asunto regional y solo en la medida de que se adopten las estrategias coordinadas entre los países de la misma es como pueden solucionarse varios de los problemas de seguridad.

Compañeras y compañeros diputados, diputadas, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza acompaña y apoya el punto de acuerdo que plantea hacer pública la información disponible del operativo Rápido y Furioso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República en los términos legales correspondientes, incluyendo aquella que se hubiese generado en las instancias estadounidenses y remitidas a las autoridades mexicanas.

Concluyo, presidente.

Es una exigencia y una obligación del gobierno nacional o más bien al gobierno nacional informar a la sociedad sobre las consecuencias de este operativo implementado y que como saldo ha dejado un resultado negativo, que va en contra del estado de derecho al que aspiramos todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Posteriormente, don Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, por tres minutos, como una llamada de teléfono.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Con el permiso de Presidencia y de todos ustedes, es de conocimiento de la opinión pública que el operativo Rápido y Furioso toma mayor relevancia en Estados Unidos de América, puesto que no solo ha sido tema en el debate de los candidatos a la Presidencia de dicho país, sino también es tema para el Congreso de los mismos Estados Unidos de América, en donde los congresistas Charles Grassley y Darrell Issa promueven una extensa investigación congresional sobre el fracaso de la operación y determinar la responsabilidad de funcionarios del gobierno estadounidense.

Abordar el tema de Rápido y Furioso en esta tribuna obedece principalmente a la obligación del Estado mexicano para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La omisión en la responsabilidad administrativa y política es base para la impunidad y condición para mantener relaciones de corrupción y complicidad.

La reforma constitucional, en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial en el año de 2011, en particular el artículo 1o. de la Constitución, en su párrafo tercero, dice: toda autoridad en el ámbito de su competencia tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia —subrayo—, señoras y señores legisladores, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Obligaciones constitucionales a las que ha sido omiso el titular del Poder Ejecutivo Felipe Calderón, persona insensible a la que una de las madres de las jóvenes víctimas de la masacre de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, increpó públicamente su omisión y falta de responsabilidad ante la fallida guerra contra el narcotráfico; el reclamo directo de las víctimas colaterales de su guerra —del señor Felipe Calderón— no es suficiente para implementar políticas eficientes de las dependencias a su cargo.

En una estrategia en la que se involucra directamente a su gobierno al anunciarse públicamente que el gobierno federal conocía de la fallida operación, resulta increíble que investigaciones que realizan medios de comunicación como Univisión aporten más datos sobre todos estos asuntos.

Esto está publicado en diversos medios en inglés y en español en México y en Estados Unidos de América y se destaca la identificación de armas usadas en las masacres de Ciudad Juárez, con 57 armas relacionadas con esta lista y una lista del gobierno mexicano de 60 mil armas recuperadas en diferentes escenas del crimen entre 2009 y 2010.

Identificación de armas que aportan para determinar la responsabilidad del gobierno americano en la violación de los derechos humanos de las víctimas identificadas en los actos criminales en las que éstas fueran utilizadas; por lo que es pertinente preguntar, ¿qué políticas ha implementado el gobierno de Felipe Calderón, para atender a las víctimas y familiares identificadas por las masacres vinculadas con armas del operativo Rápido y Furioso? ¿Qué ruta legal implementa para determinar la responsabilidad civil y política del gobierno norteamericano en la reparación del daño de las víctimas directas y colaterales de las armas introducidas ilegalmente a nuestro país?

La omisión del gobierno de Felipe Calderón no solo atiende a su ineficacia en la investigación de la responsabilidad de las autoridades mexicanas y norteamericanas en el operativo Rápido y Furioso.

En el caso concreto se puede convertir en cómplice, por ocultar información y no cumplir con la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Esperamos que la difusión que se realice en los medios de comunicación, de información, relacionadas con el rastreo e identificación de armas del operativo Rápido y Furioso con las víctimas y sus familiares, impulse acciones del titular del Ejecutivo federal y sus dependencias para que...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Su tiempo ha concluido, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Ahorita termino, quiero tolerancia como la ha tenido con otros oradores, señor presidente.

... mínimamente impulsen acciones para exigir la responsabilidad del gobierno americano en la reparación del daño que corresponde y no estar litigando el asunto los propios ciudadanos ante los organismos internacionales o por la vía de la responsabilidad del señor Calderón y su gabinete a través del juicio político.

Por eso pido una adición al punto de acuerdo, lo he platicado con la diputada Aleida, y la adición que proponemos es la siguiente: párrafo segundo. Que el titular del Poder Ejecutivo federal, en base al artículo 1o. de la Constitución, en su párrafo tercero, instrumente conforme a la ley su responsabilidad con todas las víctimas que hayan sido afectadas por la instrumentación en México del operativo Rápido y Furioso, proveyendo en beneficio de dichas víctimas y sus familias todas las medidas que estén a su alcance para en la medida de lo posible resarcir los daños y afectaciones que hayan sufrido en su persona, su patrimonio o posesiones.

Al mismo tiempo que el titular del Poder Ejecutivo federal determine la responsabilidad de los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la de Relaciones Exteriores y la de Gobernación, en la investigación de la responsabilidad del gobierno norteamericano para exigir la investigación y reparación de daños de las víctimas de las masacres en que se usaron armas provenientes del operativo Rápido y Furioso.

Le pido a la Presidencia —ahora sí—, que le pregunte a la diputada si acepta la adición para que el pleno, con esa prisa que traen, señores diputados, se pongan los pantalones y le exijamos al Poder Ejecutivo que cumpla con la ley. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta propuesta, según nuestro Reglamento, solo tiene que venir por el grupo originalmente proponente; solo ella lo puede proponer, porque así está el Reglamento y no puedo incumplirlo. Si ella lo pide, como proponente, lo someteremos a la consideración de la asamblea.

En tanto, tiene el uso de la palabra don Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Compañero presidente, compañeros legisladores, pareciera que esta atmósfera de Rápido y Furioso está invadiendo este recinto; ayer precisamente rápido y furioso el Instituto Federal Electoral, sin ninguna razón, sin apelar a la historia, ordenó la quema de los paquetes electorales del 2006 y del 2012, al igual que antes se habían quemado los paquetes y las boletas electorales de 1988. Quieren sepultar la historia, pero —como decía nuestro coordinador del grupo parlamentario, Ricardo Monreal— las cenizas se esparcirán y los perseguirán por siglos.

Este operativo completamente ilegítimo, inconstitucional y totalmente contrario a los principios del derecho internacional público y a los derechos humanos, ha tenido resultados catastróficos, lejos de combatir la criminalidad solo ha conseguido empoderarla y potenciarla cada vez más. Es un caballo de Troya de una intervención cada vez más evidente.

Nos hemos convertido, en este sexenio sangriento, en uno de los países con mayor número de muertes, comparable a estados que atraviesan guerras regulares o irregulares, de alta o baja intensidad. Operativos como éste han servido para que 14 agencias de información e inteligencia de Estados Unidos de América estén en territorio nacional.

Nuevamente ocupa este Congreso, esta Cámara, un tema que tiene que ver con la seguridad pública y la seguridad nacional. Nosotros, a nombre de Movimiento Ciudadano, hemos insistido una y otra vez en la comparecencia de los secretarios del gabinete de seguridad nacional; sin embargo, la complicidad del PRI y del PAN han impedido que comparezcan en este recinto la procuradora general de la República, el secretario de Seguridad Pública y los secretarios de la Defensa y de la Marina.

Traemos nuevamente a cuenta este asunto, porque el día de ayer Calderón y Peña Nieto se reunieron de las diez a las tres de la tarde, según las crónicas, para discutir estos temas y ahí estuvo todo el gabinete de seguridad y aquí no le merece la atención y el respeto a esta Cámara de Diputados.

Todos los días tratamos temas de seguridad pública y de seguridad nacional y no podemos preguntar directamente a los titulares del ramo; por eso creemos que no podemos seguir con esta tapadera, con este oscurantismo y hacemos un llamado a los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN para que permitan la comparecencia de estos titulares y hablemos de Rápido y Furioso, hablemos del caso Tres Marías, hablemos de la Iniciativa Mérida, hablemos del fracaso de la política de seguridad pública que ha habido en el país. Eso verdaderamente demostrará que hay voluntad política para atender este tema.

El día de ayer el encargado del equipo de transición de Peña Nieto decía en twitter que iba saliendo de una reunión en Los Pinos con Felipe Calderón, Peña Nieto y el gabinete de seguridad, que fue muy productivo el intercambio de ideas, ¿por qué no vienen aquí, a la Cámara de Diputados a compartir esta información? Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Ricardo Mejía. Don David Pérez Tejada Padilla, del Verde Ecologista de México.

Esta Presidencia saluda a un grupo de estudiantes del CBTIS 181, de Paracho, Michoacán, invitados por José Luis Esquivel Zalpa.

También un grupo de estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Derecho, de la ciudad de Zamora, Michoacán. Sean ustedes bienvenidos.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Las relaciones entre México y Estados Unidos de América son una realidad dictada por la geografía y que, en consecuencia, no puede ser modificada por ninguna de las dos naciones. Pero sí podemos cambiar su índole y su función, convertirla en una barrera infranqueable o transformarlas en un espacio abierto a la cooperación y a la acción en común. Fin de la cita de Octavio Paz.

Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, la relación México-Estados Unidos de América siempre ha tenido claroscuros, tanto político como económicos, sociales y culturales, pero últimamente se ha recrudecido el tema relacionado con la seguridad.

En el mes de marzo de 2011, salió a la luz pública una noticia que nos conmocionó a todos, diversas agencias de inteligencia del gobierno estadounidense habían aprobado el ingreso de armas a nuestro país, supuestamente monitoreadas para así poder localizar a algunos grupos de la delincuencia organizada e implementar un operativo que permitiría dar con los líderes y desmantelar a estos grupos criminales.

La estabilidad y la paz en el país se han alterado gravemente por la introducción masiva e ilegal a nuestro territorio de miles de armas de fuego de alto calibre. Este brutal contrabando, además de estar destinado a pertrechar a la delincuencia organizada que opera en México, se ha traducido en la reciente muerte de miles de mexicanos.

Las autoridades norteamericanas han declarado que permanecen muy preocupados por la violencia de los cárteles de la droga en México, y que tienen que protegerse vigorosamente contra los efectos de un potencial desbordamiento de esa violencia hacia su país; sin embargo, nosotros creemos que esto debería de traducirse en acciones más firmes y coherentes para combatir el narcotráfico.

La gestación de un hecho tan lamentable, como el denominado operativo Rápido y Furioso, no concuerda con el objetivo que han señalado los gobiernos de México y de Estados Unidos de América de detener el tráfico de armas sobre la base del principio de responsabilidad compartida, tampoco refleja que ambos gobiernos estén trabajando para fortalecer la cooperación bilateral en la materia, a pesar de haberse ratificado este compromiso por los presidentes de ambos países en Washington.

Aquél patio trasero que aludió Aguilar Zinser pasó a ser lamentablemente el campo de pruebas de Estados Unidos de América, un laboratorio en el cual se ha derramado sangre y han perdido la vida víctimas inocentes, donde será demasiado difícil encontrar al culpable; ha sido un juego mortal, como la ruleta rusa, donde el gobierno de Estados Unidos de América facilitó el arma con la que México jaló el gatillo y nos dimos el tiro de gracia.

Es perverso y contradictorio que los mismos gobiernos de México y  Estados Unidos se América se confabulen en negociaciones por debajo de la mesa, en el tema del tráfico ilegal de armas, y por otro lado, estén anunciando con bombo y platillo para frenarlo, la implementación del programa Siave en nuestra frontera norte.

Debemos de seguir insistiendo a través de la vía diplomática la ratificación por parte del gobierno de Estados Unidos de América de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas, adoptado por la OEA. Asimismo, el Programa de Acción para Prevenir el Tráfico Ilícito de Armas por parte de la ONU.

Declaraciones desafortunadas, como las de presidente Felipe Calderón, donde asegura que estos muertos han sido resultado de la rivalidad entre bandas criminales, laceran y molestan, no solo a los familiares sino a la sociedad en general. Él mismo aceptó en Los Ángeles, California, que había sido un error garrafal.

Termino diciendo que estaremos atentos y nos sumamos al exhorto hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, para que se publique toda la información que tengan disponible en relación a este grave operativo denominado Rápido y Furioso, remitido a las autoridades mexicanas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Luis Ángel Espinosa Cházaro, del PRD, tiene el uso de la voz, por tres minutos.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro:Compañeras y compañeros diputados. Con su venia, señor presidente. Ya se ha hablado mucho aquí respecto de este tema, me parece que solo ha faltado plantear algo de suma importancia, que es el origen de un programa que pretende hoy desestimarse como ilegítimo, como ilegal, pero que de origen está viciado; plantear la introducción a México de armas para el crimen organizado, escondido de la luz pública, me parece que no podría pensarse que en ninguno de los mundos tuviera un buen final.

Pero más increíble aún nos parece que en Estados Unidos de América, de donde enviaron el armamento, donde si bien es cierto no hay una afectación directa a su población, hayan llamado a comparecer a más de 11 representantes, a 11 funcionarios, incluido el procurador general, quien estuvo a punto de ser destituido por no clarificar la información, y la pregunta sería, ¿por qué acá, en donde ponemos los muertos, por qué acá, donde está la violencia, hemos pretendido tapar o echarle tierra a un asunto que cada que se aleja en el tiempo parecería que se desestima, pero que nos sigue causando tantas muertes de inocentes?

Como ya se planteaba antes de mi intervención, se ha querido hacer ver como que son solo narcotraficantes los que mueren con estas armas; en Villas de Salvárcar no eran, eran jóvenes y eran niños.

Es muy importante que saquemos a la luz pública, que logremos que se transparente esta información, que se nos diga, pero más importante aún es que haya consecuencias legales para quienes intervinieron.

En México no se han dado nombres de quienes participaron en un operativo como éste, no ha habido responsabilidad penal para los que en ello intervinieron y es indispensable que no solo sepamos cómo se llevó a cabo, cuáles fueron los acuerdos para llevar un operativo tan riesgoso y de tanta consecuencia para nuestro país, sino que haya consecuencias legales para quienes en él intervinieron.

Yo les conmino, compañeros y compañeras, a que no permitamos que el silencio cómplice, que pretende mandar al olvido, permanezca, siga ahí, porque de verdad, las familias de las víctimas, que también son nuestros connacionales —hay un sinfín de personas que han muerto con estas armas—, no lo van a olvidar.

Entonces, de ahí que es importante que este punto de acuerdo prospere, que en unidad llevemos esta idea hacia adelante y podamos saber bien a bien quiénes participaron, con autorización de quién y para ellos haya las consecuencias legales y no permanezcan en la impunidad, que tanto daño ha hecho a nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Luis Ángel. Doña Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional, venga usted rápida y furiosa. Don Miguel Alonso Raya.

La diputada Adriana González Carrillo:Buenas tardes. Muchas gracias, presidente y amigo. En el Grupo Parlamentario del PAN lamentamos y condenamos la masacre de jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, cometida por integrantes del crimen organizado con armas del operativo denominado Rápido y Furioso.

Apoyamos el resolutivo del punto de acuerdo de la diputada Aleida Alavez, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la PGR hagan pública toda la información que tengan disponible en relación al operativo denominado Rápido y Furioso, incluyendo a aquellas que se hubiere generando en instancias internacionales y remitido a autoridades mexicanas.

Nosotros debemos aclarar que tanto en la Unión Americana como en México las investigaciones avanzan con transparencia y de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional en nuestro país.

Debo recordar que en la anterior legislatura han venido a comparecer los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y la Procuradora, en relación a este tema.

En la PGR se reportan principalmente avances, dado que existen órdenes de aprehensión por el delito de introducción ilegal de armas a México; existe también en la PGR averiguación previa por la que se investigue el vínculo de las armas del operativo Rápido y Furioso en el asesinato de los jóvenes en Villa de Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por su parte, el gobierno de la Unión Americana ha presentado hace unos días, en el mes de septiembre, un informe del Departamento de Justicia, en particular de la Oficina de Control del Tabaco, Armas y Explosivos sobre el operativo Rápido y Furioso. Este reporte está siendo analizado por la PGR para ampliar también la información disponible, dado que la introducción de armas a territorio nacional no cumplían los requisitos de ley, que en la materia constituye un delito.

Por lo tanto, corresponde al Ministerio Público de la Federación determinar si como consecuencia del operativo Rápido y Furioso se cometió dicho ilícito, ello con total independencia de lo que al respecto haya concluido la investigación del inspector general del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en términos de su legislación interna y respeto de las autoridades de aquel país.

En el Grupo Parlamentario del PAN apoyamos la cooperación internacional entre México y Estados Unidos de América, basada en el principio de responsabilidad compartida, así como en el pleno respeto a nuestra soberanía y a nuestras instituciones, pero también estamos a favor de la rendición de cuentas.

Debo recordar que dejamos en el pasado las acciones unilaterales, como lo era la certificación que hacía Estados Unidos de América a México, y a partir del año 2000 nos dimos instrumentos de cooperación con pleno respeto a nuestra soberanía y a nuestra independencia.

Por ejemplo, conocimos que estas armas fueron utilizadas en el operativo Rápido y Furioso y que después fueron usadas por el crimen organizado, dada la cooperación que nuestras Fuerzas Armadas tienen y el intercambio de información.

Estamos convencidos que la cooperación es necesaria para poder atacar el crimen organizado, especialmente en el siglo XXI, en donde el crimen organizado no conoce fronteras ni tiene pasaportes.

En el Grupo Parlamentario del PAN estamos atentos a las investigaciones y esperamos que pronto haya sanción a los responsables de que hoy en México y en Centroamérica haya muertes de civiles inocentes, policías y militares con armas del operativo fallido Rápido y Furioso y también de Receptor Abierto, que están en manos de crimen organizado, y apoyamos al gobierno de México para sancionar a los responsables y si es necesario, pedir la extradición de los mismos para que sean juzgados en territorio nacional.

Diputada Aleida, le comparto el informe que en el mes de septiembre hizo público en Internet el Departamento de Justicia. Nosotros no vamos a permitir que se diga que hay opacidad o que hay encubrimiento o que hay un silencio cómplice; rechazamos que por falta de conocimiento se acuse al gobierno de México de omisión.

Le pido, diputada Aleida, si lo puede hacer también partícipe a los compañeros que no conocen la información, si se los puede dar, para que todos conozcamos que sí hay rendición de cuentas y que sí hay información y no como se vino a decir aquí: que hay opacidad y hay encubrimiento.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente, la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Partido Revolucionario Institucional. Menos rápida, menos furiosa, pero con toda pasión.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales:Con su permiso, señor presidente. El Grupo Parlamentario del PRI aprecia, en su justa dimensión, el valor e importancia estratégica de la cooperación internacional y bilateral, como un factor crucial en la lucha contra el crimen organizado trasnacional.

Además, de ser un elemento esencial para el éxito de cualquier estrategia de índole nacional, la cooperación es un elemento que legitima ante la comunidad nacional e internacional los múltiples esfuerzos que se realizan, así como los cuantiosos recursos públicos y humanos que se destinan en materia de seguridad.

Es justamente por lo anterior que preocupa la claridad, transparencia y el rigor jurídico con el cual se conduce la Cooperación Internacional en cuestión de seguridad pública.

Planteamos lo anterior, porque el lamentable asesinato de un agente fronterizo de Estados Unidos de América, en el 2010, fue el incidente que reveló una operación encubierta de trasiego de armas destinadas a grupos de la delincuencia organizada establecidos en México, y solamente debido a una exhaustiva investigación por parte del Congreso estadounidense es que la opinión pública nacional y la comunidad internacional se han enterado de que efectivamente se perdió el control del monitoreo de armas conseguido dentro de la operación Rápido y Furioso, cuyo inicio data de la administración del presidente Bush.

Dejemos a un lado por un momento la controversia sobre si la investigación del Congreso se debió a una disputa interpartidista y de carácter electoral; si el presidente Obama se excedió con su orden ejecutiva en la protección del titular del Departamento de Justicia; si esta persona mintió o no alguna vez al Comité del Congreso, cuando fue cuestionado durante las nueve ocasiones en que compareció, y si su reciente exoneración junto con los otros funcionarios es justa o no lo es, se trata de asuntos internos ajenos a nuestro país.

Lo que sí es de interés prioritario de nuestro grupo parlamentario es que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha permanecido omisa al trasiego de armas, no obstante la evidencia anterior y a pesar de que se ha reconocido que aquellas armas han sido identificadas en diversos actos de violencia perpetrados por el crimen organizado, tanto en México como en Centroamérica.

Es preciso hacer notar que hasta el marco de 2011, la Secretaría del ramo aceptó durante una comparecencia ante el Senado de la República que el gobierno mexicano sí tenía conocimiento de estos operativos; argumentó entonces que se tenía noticia de operativos de detección de tráfico ilícito de armas, pero no del trasiego de éstas para identificar a grupos de la delincuencia organizada.

Lo anterior no es un caso aislado, porque también ha sido muy lamentable que sucesos como los recientes ocurridos en Tres Marías y en general, la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, carezcan en ocasiones de la debida justificación jurídica que norme la naturaleza, alcances y propósitos específicos de la cooperación bilateral en este caso con Estados Unidos de América.

Por ello es que en la glosa del informe presidencial sostuvimos de manera enfática que la negligencia del gobierno federal y concretamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la conducción de la relación bilateral con Estados Unidos de América, habrá de ser el sello que marque la gestión de la política exterior en la presente administración.

Señoras legisladoras y señores legisladores, con el ánimo de contribuir a la eficacia, legitimidad y continuidad de los acuerdos y esfuerzos de cooperación bilateral en contra del crimen organizado y de cerrar la desinformación, que a veces predomina en la materia, es que suscribimos el punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del PRD, a fin de que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, hagan pública la información disponible sobre el operativo denominado Rápido y Furioso, incluyendo aquella que se hubiese generado en instancias estadounidenses y remitido a las autoridades mexicanas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Esta Presidencia saluda con todo afecto a los alumnos de la escuela primaria Alfredo del Mazo Vélez, de Tezoyuca, estado de México, invitados por la diputada Erika Yolanda Funes Velázquez.

La diputada Aleida Alavez Ruiz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sonido en la curul de doña Aleida Alavez. Ponga su dedito, por favor.

La diputada Aleida Alavez Ruiz(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Es para pedirle la palabra por alusiones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Quién la aludió?

La diputada Aleida Alavez Ruiz(desde la curul): La diputada del PAN.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Creo que sí la aludió y tiene usted el uso de la voz.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Muchas gracias, diputado presidente. Quiero aquí señalar que es obvio, si pusieron atención en el momento de la exposición del punto de acuerdo, que no sería lo más sensato solamente pedir información; información con la que cuenta el PAN y que lamentablemente no han hecho nada, a pesar de que ahí hay señalamientos muy puntuales de quiénes han intervenido y quiénes han estado de parte de la PGR en esta agencia documentando lo que hacen en el operativo Rápido y Furioso.

El punto de acuerdo fue aceptado así en la Junta de Coordinación Política, no fue presentado de origen así, porque obviamente solicitar información sería lo menos que podemos hacer como Cámara de Diputados, sin dejar de lado que también señalamos que en el propio Congreso de Estados Unidos de América hay señalamientos de las responsabilidades de al menos 14 personas.

¿Por qué aquí no? ¿Por qué en México no? ¿Por qué aquí no se dice quiénes son los responsables omisos de que a pesar de que este operativo haya causado la muerte de centenares, sino es que miles de gentes, entonces estemos en la total impunidad?

Por eso creo necesario atender este agregado que hace el diputado del PT, Manuel Huerta, en el sentido de que se deslinden responsabilidades; no se trata solamente de tener información, que así lo acepten de consenso en la Junta es una cosa; pero que nosotros aquí queramos que no haya impunidad y que se deslinden responsabilidades, es cierto.

Entonces, asumo este añadido al punto de acuerdo y ojalá haya la sensatez, responsabilidad, pero sobre todo compromiso de los diputados del PAN para entender que es necesario que el Poder Ejecutivo federal asuma e instrumente la responsabilidad con todas las víctimas que hayan sido afectadas por la instrumentación en México del operativo Rápido y Furioso, proveyendo, en beneficio de dichas víctimas y sus familias, todas las medidas que estén a su alcance para que se resarzan los daños y afectaciones que hayan sufrido en su persona, patrimonio o posesión, al mismo tiempo que el titular del Poder Ejecutivo federal determine la responsabilidad de los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación.

¿Quieren nombres? En el informe están, nada más actuemos en consecuencia y no vivamos más en la impunidad en este país.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

REFORMA RURAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el 76, fracción IV del Reglamento, tiene el uso de la voz Marco Antonio González Valdez, a nombre propio y de diputados integrantes del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo relativa a la continuación y ampliación de la reforma rural estructural en la presente Legislatura.

El diputado Marco Antonio González Valdez:Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, en los últimos años México ha asumido el reto de acordar y aprobar diferentes reformas jurídicas que han permitido a la sociedad avanzar en su proceso de crecimiento económico y satisfacción en necesidades básicas.

De esta manera, se presentaron iniciativas y se avanzó en temas como la reforma del Estado, la reforma energética, en el 2008, la reforma fiscal en el 2009, la reforma política en el 2010, principalmente.

Actualmente se está trabajando para sacar adelante la reforma laboral en el 2012 y están pendientes otras reformas importantes, como la energética y la fiscal.

En el 2010, esta soberanía aprobó un punto de acuerdo sobre la reforma rural estructural, planteada por el Grupo Parlamentario del PRI y el pleno de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que a la letra consideraba: A pesar de haber diseñado y establecido una gran variedad de leyes, políticas y programas para diversos aspectos del campo, su situación no mejora; su participación en el crecimiento económico de la nación no es lo que podría ser; su interacción virtuosa con el medio ambiente no es la más adecuada y lo más preocupante de todo, su pobreza endémica y aguda en vez de disminuir ha seguido aumentando.

A dos años y medio de aquella propuesta, la situación en el campo ha empeorado; la pobreza sigue en aumento, la dependencia de productos básicos con el exterior se ha incrementado, mantenemos un déficit crónico en nuestra balanza agroalimentaria, los empleos e ingresos han diminuido, lo que ha orillado a la migración del campo.

Finalmente, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, conocido como el PEC, no ha sido bien interpretado ni bien aplicado en sus años de ejecución del 2003 a la fecha, como lo señalan los estudios de la FAO y la misma OCDE, pues no hay concurrencia de programas, sino es una simple lista de programas que cada Secretaría realiza, independientemente de otras secretarías de Estado involucradas.

El Senado de la República durante la LX y la LXI Legislaturas abordó también el tema de una reforma integral del campo, realizó diversas reuniones y foros; sin embargo, quedó inconclusa.

En la pasada legislatura esta Cámara hizo suyo el punto de acuerdo y solicitó a las siete comisiones rurales, que son la de Agricultura y Ganadería, la de Desarrollo Rural, la de Recursos Hidráulicos, la de Pesca, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la de Reforma Agraria, la de Asuntos Indígenas, así como el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, a trabajar en conjunto para generar la reforma rural estructural basada en cinco ejes fundamentales.

Primer eje. Armonización del marco legal rural. Los avances a la fecha es que hay evidencia de lagunas, duplicidades y contradicciones entre las leyes secundarias y con la propia Constitución.

Se plantea la elaboración de un código de desarrollo rural sustentable, la unificación de obligaciones y cargas y de manera general del marco jurídico a que se encuentran sometidos los productores y el Ejecutivo; es una alternativa que facilitaría y estimularía las actividades económicas del campo.

En el eje dos, en lo que concierne a la reingeniería institucional pública, los resultados a la fecha señalan que existen deficiencias e inconsistencias importantes en el marco funcional y programático de la administración pública federal. Existe una visión sectorial más no integral.

En el apartado del eje tres, sobre la planeación participativa rural, si bien hay una Ley General de Planeación, ésta no tiene reglamento y cada administración realiza su muy particular interpretación.

No hay una ley de planeación agropecuaria y no hay mecanismos formales de participación de la base de la sociedad rural en la elaboración de los programas y presupuestos.

En el eje cuatro, el de la política de Estado de corto, mediano y largos plazos, se puede señalar que a la fecha no existen programas de este tipo y que falta un enfoque territorial transversal y concurrente.

En el último eje, sobre el presupuesto integral multianual, se revisan aspectos sobre el marco legal vigente que señala que existen diversos mecanismos, mandatos que fortalecen la multianualidad y que sí es factible ajustar reformando la fracción IV de la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para que se considere la multianualidad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo: incorporar en la agenda legislativa de esta Cámara la reforma rural estructural.

Que las siete comisiones ya mencionadas, junto con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, continúen con los trabajos de la reforma rural estructural y que los incorporen en sus programas de trabajo en esta Legislatura.

Que las comisiones del sector rural reporten en sus informes los resultados de las actividades realizadas en el marco de esta reforma y que en la reforma rural estructural participen también aquellas comisiones legislativas con competencias en aspectos sociales, económicos, ambientales y de seguridad relacionadas con el sector rural, como son entre otras la Comisión de Desarrollo Social, la Comisión de Salud, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, las comisiones de Economía, Energía, Ciencia y Tecnología y sobre todo Seguridad Pública. Muchas gracias, diputadas y diputados.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la continuación y ampliación de la reforma rural estructural en la LXII Legislatura, a cargo del diputado Marco Antonio González Valdez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Marco Antonio González Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo para la reactivación y ampliación de la reforma rural estructural, al tenor de los siguientes

Antecedentes y Consideraciones

En los últimos años, México ha asumido el reto de acordar y aprobar reformas jurídicas que han permitido a la sociedad avanzar en su proceso de crecimiento económico y satisfacción de necesidades básicas.

De esa manera se presentaron iniciativas y se avanzó en temas como las reforma del Estado y energética, en 2008; la fiscal, en 2009; y la política, en 2010, principalmente.

Todas ellas partieron de manifestaciones de inconformidad de la sociedad nacional, de funcionarios y de legisladores sobre el marco jurídico vigente en ese entonces, por lo que fue necesario modificarlo y acercarse a satisfacer las demandas colectivas.

Todas ellas fueron relevantes y su aprobación significó la movilización nacional de conciencias y modificaciones de diversas leyes, desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta diversas leyes secundarias.

En 2010, esta soberanía aprobó un punto de acuerdo sobre la reforma rural estructural, planteada por el Grupo Parlamentario del PRI y el pleno de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que a la letra consideraba:

... a pesar de haber diseñado y establecido gran variedad de leyes, políticas y programas para diversos aspectos del campo, su situación no mejora, su participación en el crecimiento económico de la nación no es lo que podría ser, su interacción virtuosa con el ambiente no es la más adecuada, y lo más preocupante de todo, su pobreza endémica y aguda, en vez de disminuir, ha seguido aumentando. Es una situación que no puede seguir así, pues la población del campo, como la de todo el país, sufrirá consecuencias graves en su desarrollo económico y social y podría poner en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional e incrementar la intranquilidad y malestar del país.

A dos años y medio de aquella propuesta, la situación en el campo de México ha empeorado, y coincidimos plenamente con nuestros antecesores de que se trata de un problema de “seguridad nacional”.

Esto es así porque la pobreza extrema, la alimentaria, se ha asentado en la población rural, donde la padecen 12.3 millones de habitantes, de 21.2 millones en México que, conforme a su ingreso, no alcanzan para una canasta alimentaria básica. El flagelo del hambre invade a las familias rurales de las zonas marginadas.

Porque nuestra dependencia con el exterior se ha incrementado, sobre todo de un solo país, Estados Unidos de América, de productos básicos como maíz, trigo, arroz, frijol, sorgo, leche, huevo y carnes de res, puerco y aves, dado que se carece de una política de Estado nacionalista, que impulse y respalde la producción nacional para cubrir la demanda de nuestros mercados locales, regionales y el nacional. Esta dependencia alimentaria nos hace cada vez más vulnerables.

Si bien podría decirse que se han incrementado los volúmenes e ingresos en dólares por la exportación de productos del campo, hortalizas, cerveza y licores, café y azúcar, principalmente, lo cual es cierto, éstos no son suficientes y mantenemos un déficit crónico en nuestra balanza agroalimentaria. Como se señala en el sexto Informe Presidencial, nuestra balanza en este rubro fue deficitaria en 2010 en 3 mil 500 millones de dólares y en 2011 en más de 5 mil millones.

Los empleos han disminuido, así como los ingresos de las familias rurales, lo que ha orillado a la emigración del campo. Sin embargo, a raíz de la crisis financiero-económica de el vecino del norte en 2009, sus requerimientos de mano de obra han disminuido y se han endurecido sus medidas antiinmigrantes, lo que ha ocasionado que nuestros jóvenes principalmente, ante la falta de expectativas de empleo en EUA, estén siendo presa fácil del llamado de las bandas delictivas en México. Todo ello ha llevado a la ruptura del tejido familiar y social en las zonas rurales y a un serio problema de inseguridad social.

Finalmente, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) no ha sido bien interpretado ni bien aplicado en sus años de ejecución, 2003-2012, como señalan estudios de FAO y la misma OCDE, pues no hay concurrencia de programas sino una simple lista de programas que cada secretaría de Estado realiza, independientemente de las otras involucradas. Esto lo ha señalado el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) en su estudio con la Universidad Autónoma Chapingo sobre la evaluación de la aplicación e impacto del PEC en las UPR de México, realizado en 2006.

El sector es muy importante para el país, pues posee 88 por ciento del territorio nacional y es proveedor de alimentos, agua y otros bienes y servicios de valor estratégico para la vida en el país. La superficie ligada a la producción asciende a 112.5 millones de hectáreas, agrupadas en 5 millones de unidades de producción (UP), y 62.5 millones de hectáreas se localizan en tierras de uso común, propiedad social. De esa manera, por número de pobladores, cerca de 38 millones si se consideran localidades de 15 mil habitantes, por propiedad de la tierra y por los bienes y servicios que otorga, definitivamente, es un sector preponderante para el país.

El Senado de la República, durante la LX y LXI Legislaturas, abordó también el tema de la reforma integral del campo, realizó diversas reuniones y foros, pero no pudo concluir.

La Conferencia para la Dirección y Programación para los Trabajos Legislativos de la LXI Legislatura hizo suyo el punto de acuerdo y ordenó a las Comisiones Unidas del Campo –de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Pesca; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Reforma Agraria, y de Asuntos Indígenas–, así como al CEDRSSA y al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, que trabajaran en conjunto para generar la reforma rural estructural basada en cinco ejes fundamentales:

I. Armonización del marco legal rural;

II. Reingeniería institucional pública;

III. Planeación participativa rural;

IV. Política de Estado de corto, mediano y largo plazos; y

V. Presupuesto integral multianual.

Avances

Para cumplir tan importante tarea, por acuerdo de su comité, el CEDRSSA llevó a cabo seminarios, estudios y análisis, con investigadores multidisciplinarios de diversas instancias académicas y de investigación en los cinco ejes de la reforma, cuyos primeros avances obran en el documento Reforma rural estructural. Primeros resultados, cuyo contenido se presentó en un seminario del mismo nombre en abril de 2012.

Algunos de los principales contenidos y avances preliminares en cada eje son éstos:

Eje I, sobre armonización legislativa rural. En el texto se analizaron cinco materias con múltiples leyes que las abordan. Las materias analizadas fueron las de fundamentos constitucionales del desarrollo rural, la propiedad agraria y el desarrollo rural, legislación forestal y desarrollo rural, legislación pecuaria y la pesca y la acuacultura en el desarrollo rural.

Hay evidencias de lagunas, duplicaciones y contradicciones entre las leyes secundarias y la propia Constitución. Se plantea la elaboración de un código de desarrollo rural sustentable. La unificación de obligaciones y cargas y, de manera general, del marco jurídico a que se encuentran sometidos los productores y el Ejecutivo, es una alternativa que sería de utilidad tanto para las autoridades que cuentan con facultades o atribuciones en la materia, como para los productores, que en un único cuerpo legal encontrarían las obligaciones a las que se encuentran sujetos, así como otros elementos que faciliten y estimulen las actividades primarias, secundarias y terciarias relacionadas con el campo en México.

En el eje II, de reingeniería institucional pública, se identifican posibles desencuentros entre el marco legal y el andamiaje administrativo que el gobierno federal ha construido para dar una respuesta integral, eficaz y eficiente a los asuntos del campo y de la alimentación. En particular, se pretende determinar si las instituciones de la administración pública federal y sus programas operativos responden cabalmente a los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes secundarias relacionadas. Los resultados preliminares del eje señalan que existen deficiencias e inconsistencias importantes en el marco funcional-programático de la administración pública federal que atiende al desarrollo rural y a la seguridad alimentaria.

En el apartado del eje III, de planeación participativa rural, se presenta un análisis de este tema a partir de diversas ópticas, internacionales y nacionales, desde la perspectiva y los límites que impone nuestra realidad legal e institucional, así como los factores socioculturales que como país limitan o favorecen mayores avances en el logro de una planeación participativa.

Si bien hay una ley general de planeación, ésta no tiene reglamento y cada administración realiza su muy particular interpretación. No hay ley de planeación agropecuaria ni mecanismos formales de participación de la base de la sociedad rural en la elaboración de los programas y presupuestos municipales, estatales y nacionales.

En el eje IV, de política de estado de corto, mediano y largo plazos, se abordan diversos aspectos sobre el accionar del Estado y de la sociedad rural, desde la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI, durante los cuales se ha reflexionado a partir del agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones en la década de 1980 y los resultados del actual modelo que inició fundamentalmente en el decenio de 1990 y que abrió la puerta a las reformas estructurales, de primera y segunda generación.

Como resultados iniciales del eje se puede señalar que no hay programas de corto, mediano y largo plazos integrales que reconozcan las marcadas diferencias regionales, productivas y de tipo de productor en cada actividad del sector rural y que falta un enfoque territorial, transversal y concurrente, para asegurar la concurrencia de los recursos federales, estatales y municipales en el nivel municipal. Eso requiere un rediseño institucional ad hoc que armonice las leyes federales y las estatales, que detone y aproveche la participación ciudadana, y que favorezcan la integración y articulación económica regional.

En el eje sobre presupuesto integral multianual se revisan aspectos atinentes al marco legal vigente que señala que diversos mandatos fortalecen la multianualidad, aun cuando los artículos 73, fracción XXVIII, 74, fracción IV, 75 y 134 constitucionales facultan a la Cámara de Diputados, para realizar la revisión, modificación y aprobación anualmente de los programas y montos contenidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Los resultados preliminares del eje indican que el Presupuesto de Egresos de la Federación multianual no es sólo una lista de programas y montos sino interrelación con fines, propósitos, objetivos, metas físicas y financieras e indicadores de impacto por programas y componentes en los corto, mediano y largo plazos y que es factible ajustar reformando la fracción IV de la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para que se considere la multianualidad.

Propuesta

Por lo expuesto se someten a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita respetuosamente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que realice las gestiones conducentes a incorporar en la agenda de la presente legislatura la “reforma rural estructural”, garantizando que las comisiones ordinarias y las especiales relacionadas directa o indirectamente con la materia incorporen el tema a sus programas de trabajo y den continuidad a las acciones realizadas por la pasada legislatura.

Segundo.Que las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Pesca, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Asuntos Indígenas, de Reforma Agraria, y de Recursos Hidráulicos, las del sector rural y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria continúen los trabajos de la reforma rural estructural y lo incorporen en sus programas de trabajo durante de la LXII Legislatura.

Tercero.Que las comisiones del sector rural reporten en sus informes sobre los resultados de las actividades realizadas en el marco de la reforma rural estructural.

Cuarto.Que en la reforma rural estructural participen también las comisiones legislativas con competencias en aspectos sociales, económicos, ambientales y de seguridad relacionados con el sector rural, como son, entre otras, las de Desarrollo Social, de Salud, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Economía, de Energía, de Ciencia y Tecnología, y de Seguridad Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2012.— Diputados: Marco Antonio González Valdez, José Rubén Escajeda Jiménez, J. Pilar Moreno Montoya, Harvey Gutiérrez Álvarez, Arely Madrid Tovilla, Kamel Athié Flores, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Abraham Montes Alvarado, Diana Karina Velázquez Ramírez, Minerva Castillo Rodríguez, José Luis Flores Méndez, Petra Barrera Barrera, María Elena Cano Ayala, María Guadalupe Velázquez Díaz, Francisco González Vargas, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Salomón Juan Marcos, José Antonio Rojo García de Alba, Salvador Arellano Guzmán, Salvador Barajas del Toro, Rafael González Reséndiz,  Ossiel Omar Niaves López, José Noel Pérez de Alba, Darío Zacarías Capuchino, Rodimiro Barrera Estrada, Salvador Ortiz García, Socorro de la Luz Quintana León, Juan Manuel Rocha Piedra, Ana Isabel Allende Cano, María del Carmen García de la Cadena Romero, Javier López Zavala, María del Rocío García Olmedo, Javier Filiberto Guevara González, Jesús Morales Flores, José Everardo Nava Gómez, Óscar Bautista Villegas, Francisca Elena Corrales Corrales, Alfonso Inzunza Montoya, Blas Ramón Rubio Lara, Jesús Antonio Valdez Palazuelos, Enrique Cárdenas del Avellano, Verónica Carreón Cervantes, María del Carmen Ordaz Martínez, William Renán Sosa Altamira, Marco Alonso Vela Reyes, Abel Guerra Garza, Benito Caballero Garza, Eloy Cantú Segovia, Héctor Gutiérrez de la Garza, Héctor García García, Javier Treviño Cantú, Raymundo King de la Rosa, Luis Olvera Correa, Román Alfredo Padilla Fierro, Jorge Mendoza Garza, María de Jesús Huerta Rea, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Sergio Torres Félix (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte, en términos del 100, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No habiendo registrados oradores, pregunte si se aprueba el resolutivo.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

ELENA SANCHEZ ALGARIN

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea: Por acuerdo de la Mesa Directiva quiero compartir con ustedes un asunto que nos llena de emoción y orgullo; el día de hoy cumple 56 años de trabajo en esta honorable Cámara de Diputados una persona a la que todo mundo queremos mucho. Les pido un aplauso para María Elena Sánchez Algarín.

*PROPOSICIONES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del artículo 102 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida a la Secretaría se registren para la próxima sesión. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:Los asuntos del día de hoy se han agotado, señor presidente...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítanme, permítame un segundo.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Presidente, se brincó los oradores inscritos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es cierto, pero ya se votó. Es cierto, pero ya se votó. Le ruego me disculpen.

REFORMA RURAL

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Monreal, desde su curul, nada más ponga su huella.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, en efecto creo que fue demasiado apresurado el procedimiento, no se preguntó si había oradores; sí había oradores registrados previos en este punto de obvia o urgente resolución, aunque sí hay ya dictada una resolución de su parte.

Sin embargo, para efecto de que pudiese escucharse a los compañeros, le pediría, por esta única vez, escuchar a los que se prepararon en la fijación de posición, aun cuando la resolución ya está dictada.

Al menos de nuestra parte sí nos gustaría escuchar a nuestro compañero Juan Luis, porque Juan Luis Martínez, el diputado de Oaxaca, siempre se prepara con mucha acuciosidad y yo espero que nos permita, en los tres minutos, agotarlo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Cierto es, don Ricardo, cierto. Créanme que fue rápido pero no furioso. La verdad es que pregunté si había oradores y no tuve alguna respuesta. Es cierto que me están pasando una lista en este momento. También es cierto que sería un poco kafkiano presentar postura una vez que ya se votó; sin embargo, si usted me lo permite, voy a buscar un justo medio.

Pregunte la Secretaría a la asamblea si nos permite una ronda de oradores, aun cuando ya es un asunto votado.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta la asamblea si es de permitir una ronda de oradores para este punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues miren, hay duda y la duda beneficia.

Tiene el uso de la tribuna doña Sonia Rincón Chanona. Le rogaría, por favor, que fuera por tres minutos. Es meramente testimonial, en función de que el asunto ya está votado. Igual, quienes no quieran participar, su discurso pasa al Diario de Debates.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Compañeras y compañeros, me voy a permitir saludar a mis hermanos indígenas de la sierra de Oaxaca, en mi lengua originaria.

Danó chamiyo cuin gna ngozz. Buenas tardes, compañeros presidentes municipales, Cuautla de Jiménez, tierra de María Sabina, la sacerdotisa de los hongos, que traspasaron las fronteras de México; Manuel Cepeda...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Perdón, señor orador, es que quien tenía el uso de la palabra era doña Sonia Rincón, a quien le ofrezco una disculpa. Vamos a permitir que su oda a la sacerdotisa de los hongos continúe con toda tranquilidad.

Adelante compañero, adelante. Tiene usted el uso de la palabra, culmine su turno.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Pero me repone el tiempo. Saludo a mi compañero presidente municipal indígena mazateco, Manuel Cepeda, originario de la tierra de los ilustres hermanos Flores Magón. Con su venia, señor presidente.

Las llamadas reformas estructurales realizadas en México, que en este punto de acuerdo se describen como avances de la sociedad en crecimiento y satisfacción de necesidades básicas, no han sido más que logros para grupos e intereses particulares, que han conseguido eliminar cualquier intento, por mínimo que sea, que busque beneficiar al país. Es así que México continúa rezagado mientras otros países apuestan a cambios eficientes.

La brecha de desigualdad en nuestro país no ha hecho más que aumentar a pasos agigantados este importante rubro del sector rural. Los programas implementados por el PRI hicieron del campo redes clientelares y corporativas, que lejos de beneficiar al productor terminaron favoreciendo a los más ricos y concentrando la riqueza en manos de unos cuantos.

No menos grave resulta que haya sido la perpetuación de estas políticas públicas la que dividió al país en dos partes: el norte, de los ganaderos con grandes hectáreas que permitieran obtener rentas descomunales, y el centro, y particularmente el sur, con 12 millones de campesinos pobres que no logran pasar la línea de pobreza extrema. Es así que tenemos dos realidades en México, sin ninguna cohesión social.

Cabe mencionar la gran brecha existente al interior de estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, tan solo por mencionar unos cuantos, en donde la situación de desigualdad se encuentra muy marcada en sus diversas regiones.

Estamos de acuerdo que la dependencia del comercio exterior, principalmente de Estados Unidos de América, es una situación que nos deja vulnerables, pero más allá de plantear la queja debemos tomar cartas en el asunto y proteger a nuestro sector agrícola.

El Tratado de Libre Comercio es una realidad, no podemos vivir del reclamo; es necesario exigir que Estados Unidos de América cumpla lo establecido en el instrumento internacional. Resulta sorprendente que no se encuentre en los ejes rectores de las comisiones que han trabajado en la creación de una reforma rural en este asunto.

Los volúmenes e ingresos en dólares por la exportación de productos del campo han crecido, pero —como explica el punto de acuerdo— no han sido suficientes para mitigar el déficit crónico de nuestra balanza agroalimentaria.

En Movimiento Ciudadano estamos conscientes que los avances nunca serán suficientes hasta que los programas económicos tengan un objetivo redistributivo y no tan solo la generación de riqueza, tampoco este punto se encuentra contemplado en los ejes rectores.

Las llamadas reformas estructurales, como la fiscal, la política y la laboral, no han sido más que instrumentos del neo-liberalismo, que lejos de beneficiar al trabajador, lo han empobrecido aún más.

¿Qué puede ofrecerle como cambio positivo el eliminar prestaciones y derechos inherentes? La evidencia histórica muestra que nos hemos equivocado con la adaptación de un sistema económico que no funciona para México y que no solo perjudica a los más desprotegidos.

Proponemos la creación de foros con los productores, para que expliquen cuál es la verdadera realidad que se vive en el campo. Asimismo, es necesario no tan solo el reporte de los informes sobre los avances en dicha problemática, sino la máxima difusión posible a todos los grupos que puedan verse afectados por cambios en el presente tema.

Será necesario que en los cambios realizados se observe la correcta implementación y la eficiente destinación de los recursos, lo cual solo será posible con un monitoreo eficaz, que evite la corrupción, que tanto ha aquejado a la economía rural.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Creo que ya votó a favor. Don Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT... Perdónenme, doña Sonia Rincón; doña Sonia Rincón, le ruego me disculpe la descortesía tan grande, usted entenderá.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la agricultura sigue siendo una de las principales actividades económicas de nuestro país, ya que la alimentación de las mexicanas y los mexicanos es un asunto de soberanía y sustentabilidad; por ello, la importancia de colocar el tema del desarrollo rural en la agenda nacional, que debe ser atendido por esta soberanía y contribuir a que el campo mexicano se coloque como un sector estratégico del desarrollo nacional.

Asimismo, trabajaremos para que esta soberanía emita una ley de planeación agropecuaria y forestal, para coordinar los recursos y esfuerzos en torno de las estrategias nacionales que se fijen.

Esta problemática —como ya se ha mencionado en diversos foros— debe considerarse un tema de seguridad nacional, debido a que se vincula directamente con la soberanía de nuestra república.

La falta de una visión sustentable hacia el desarrollo rural ocasiona que la productividad del campo mexicano se minimice, al mismo tiempo que aumenta nuestra necesidad de importar productos agrícolas.

Nuestra dependencia de importar productos, como el maíz, trigo, arroz, frijol, sorgo, leche, huevo y carnes hace crónico el problema del campo nacional y acentúa las desigualdades con los productores del campo, al verse en la imposibilidad de competir con los precios de los productos importados.

Por estas razones anteriormente expuestas, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza ha votado favorablemente este punto de acuerdo, porque es un tema de gran urgencia para la nación. Esperamos la comprensión de todos en las reformas de estas leyes estructurales. Es cuanto. Diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bien. Ahora sí, don Héctor Hugo Roblero.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo saluda la proposición de punto de acuerdo que este día ha presentado al pleno de esta soberanía la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional sobre la reforma rural estructural.

El planteamiento efectuado en el documento aludido recoge los trabajos efectuados por esta soberanía en la anterior legislatura en un tema tan importante, como el referente al campo mexicano.

Debe apoyarse la propuesta y aquí ya está acordada, porque tratándose de una cuestión en la que México tiene vocación y además necesidad, los esfuerzos realizados en el pasado inmediato no deben ser desaprovechados ni dese-chados.

Por su parte, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo plantea al pleno de esta soberanía que debemos dar cabal cumplimiento a lo mandatado en nuestra Carta Magna, en la fracción XX del artículo 27, que establece con toda claridad, en la primera parte del primer párrafo, que cito: el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, crédito, servicios de capacitación y asistencia técnica. Fin de la cita.

En el segundo párrafo del artículo aludido se señala, que cito: el desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Fin de la cita.

El ordenamiento constitucional es preciso con la reforma rural integral, debemos y tenemos que producir el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos.

El punto toral que apoyamos es el relativo a la soberanía alimentaria, que nuestro país nunca ha logrado tener, por la insuficiencia de los programas agropecuarios que no han tenido la profundidad que se requiere.

México —cuesta trabajo decirlo— no produce ni siquiera lo que consume para su alimentación, y en esas condiciones se ha provocado que la importación de insumos cada día sea más creciente. A su vez la importación de alimentos genera salida de divisas que en otras condiciones no tendríamos que utilizar para el pago de lo que producimos.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya la propuesta que hemos aprobado este día. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Jorge Federico de la Vega Membrillo, del PRD, por tres minutos.

El diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo:Gracias, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el punto de acuerdo que se ha presentado contiene sin lugar a dudas elementos que caracterizan la grave situación por la que atraviesa el campo mexicano.

Los riesgos que se derivan de la crisis alimentaria permanente atentan de manera sistemática contra la seguridad alimentaria y nutricional. Estamos de acuerdo con el texto de la proposición que ya se ha aprobado, donde se expresa que el problema alimentario constituye un componente esencial del concepto de seguridad nacional.

Al estar de acuerdo con lo anterior, estaremos también de acuerdo que es un compromiso ineludible del Congreso de la Unión legislar con el propósito de definir las bases constitucionales y legales a partir de las que se tiene que diseñar y poner en marcha la política de Estado que revierta las condiciones actuales del campo mexicano.

Se trata de que la política de Estado que impulsa el desarrollo rural parta de un eje central, que no es otro más que la soberanía y seguridad alimentaria nutricional; la soberanía y seguridad alimentaria nutricional tiene como condición fundamental que los alimentos básicos y estratégicos se originen en el territorio nacional.

Actualmente las importaciones de alimentos básicos equivalen a más del 40 por ciento del consumo nacional; si seguimos por esta ruta, la soberanía nacional sufrirá un mayor menoscabo.

Los legisladores, sensibles a esta problemática, seguramente habremos de hacer aportaciones legislativas para coadyuvar en la solución de este factor restrictivo del desarrollo nacional. Ello pasa por revisar a fondo en esta Legislatura el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio, así como focalizar las políticas públicas y el presupuesto en atención de los pequeños y medianos productores del país, especialmente quienes habitan las regiones de mayor índice de marginación en el país.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ya ha presentado ante esta soberanía una iniciativa de proyecto de decreto que adiciona la fracción XX del artículo 27 constitucional, justamente para el concepto de desarrollo rural sustentable, que establezca que la alimentación sea a partir preferentemente de la producción nacional de básicos y estratégicos, creándose además un sistema nacional de reservas alimentarias estratégicas.

Por otra parte —termino— debemos destacar que dentro de la agenda legislativa del PRD tiene carácter prioritario presentar ante este pleno una iniciativa que reglamente el derecho constitucional a la alimentación. Estimamos que una ley de esta naturaleza debe de ser el objetivo donde debemos concentrar nuestro esfuerzo legislativo.

Finalmente, por las razones anteriores, propongo que se agregue como eje a partir del cual se desarrolle el programa de trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, la aportación de insumos para el diseño de la ley reglamentaria de derecho a la alimentación en la perspectiva de la planeación participativa y los presupuestos multianuales. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Miguel Sámano, tiene el uso de la voz.

El diputado Miguel Sámano Peralta:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, los problemas que enfrenta el sector rural en México son muy diversos y complejos, comprenden desde una baja productividad y escasa tecnificación, hasta condiciones de abandono y niveles de pobreza que resultan realmente inaceptables.

Es necesario reconocer que a pesar de los esfuerzos realizados estamos ante un reto de elevadas dimensiones. Actualmente 25 millones de mexicanos dependen de las actividades del campo; en promedio, dos de cada tres personas que viven en las zonas rurales son pobres y México tiene que importar cerca del 50 por ciento de los alimentos que consumimos.

La situación se agrava si consideramos los efectos que la peor sequía de los últimos 70 años, las heladas e inundaciones, han tenido sobre la producción en diversas regiones del país.

Para este año la Sagarpa estima afectaciones a 2.5 millones de hectáreas de tierras agrícolas; la reducción de la producción de maíz, en un 17 por ciento; de frijol, en un 40 por ciento, y la pérdida de más de dos millones de cabezas de ganado. Éste último según cifras de organizaciones agrarias.

Ante un problema de estas dimensiones, la elaboración de propuestas como la reforma rural estructural, iniciada por la anterior legislatura, resultan de vital importancia para impulsar el desarrollo del sector, sin importar qué tan urbana o rural sea nuestra vida.

Nuestra soberanía alimentaria depende de la agricultura, de la pesca o la ganadería y por lo tanto, todos tenemos que contribuir a fortalecer el agro nacional; por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos a favor del punto de acuerdo presentado, porque creemos firmemente que cada día que pasa es una oportunidad que se pierde para reactivar el campo, como generador de riqueza y bienestar.

Con responsabilidad los invito a retomar los trabajos de la reforma rural estructural, sabedores de que los productores esperan propuestas, pero sobre todo respuestas; respuestas de sus legisladores para integrar el sector agropecuario al desarrollo económico del país; respuestas que se reflejen en mejores condiciones de vida para todo México. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado. A ver, don José Luis Oliveros Usabiaga, mi paisano Chelis, de Apaseo.

El diputado José Luis Oliveros Usabiaga:Agradezco a los que se hayan quedado a escucharnos, una vez ya votado este punto.

Está claro, por el contenido social, por la aportación a la alimentación y por los recursos naturales que utilizan, que el sector rural es el sector para el desarrollo de México; es a partir de ese reconocimiento del sector, de las condiciones necesarias para permitir el desarrollo rural sustentable y la participación ciudadana, como los gobiernos de Acción Nacional han dado una visión al sector rural.

La construcción de una sociedad libre, independiente, así como la armonización del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que permiten el abasto accesible, sano y de calidad de alimentos a la población, es justamente el desafío que debemos afrontar.

Los diputados del PAN asumimos el compromiso y la responsabilidad de promover una legislación acorde con esta visión. Para muestra, la creación del marco jurídico y la ley vigente durante nuestros gobiernos.

Ahora bien, si se busca una organización seria de este complejo tejido normativo, no se puede partir del planteamiento mezquino, que trata de permear en la población un enfoque fatalista acerca del campo, pues lejos de construir, sugiere la necesidad de regresar a modelos basados en el proteccionismo y en el paternalismo ya fallidos.

Se debe procurar fortalecer instrumentos de política pública, como el Programa Especial Concurrente, con el cual no se contaba y hoy permite aglutinar distintos programas dirigidos al sector rural; sin embargo, no se trata de incrementar los cuantiosos recursos públicos que se le destinan, sino asegurar la transparencia, pero sobre todo dar resultados.

Para que exista una reforma estructural real en el campo se debe formular un nuevo modelo de propiedad agraria, que empodere al ejidatario como legítimo propietario de la tierra, facultándolo para disponer de ella y que pueda migrar de un modelo de producción anacrónico a un esquema moderno y eficaz, que le permita dar resultados a favor de su calidad de vida.

Por lo expuesto, los diputados del PAN ya nos manifestamos a favor de promover un marco jurídico sólido para el desarrollo rural sustentable, con una sociedad libre y participativa, nunca clientelar ni corporativa, que por ningún motivo se someta al campo a una política unilateral y paternalista, como ocurría en el arcaico y viejo régimen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Oliveros, muy apreciado Chelis. Finalmente, doña Ana Isabel Allende Cano, poblana, del Partido Revolucionario Institucional, que prácticamente cierra el orden del día de esta sesión.

La diputada Ana Isabel Allende Cano:Nuestro campo está atravesando una de las crisis más fuertes de las últimas décadas. Grandes sectores de la población dependen de que el campo mexicano se reactive; sin embargo, las mismas condiciones naturales han generado las sequías más fuertes en los últimos 50 años.

Quienes viven del campo mexicano —muchas veces en zonas marginadas— padecen una serie de desventajas económicas y sociales que reclaman atención. De ahí que sea urgente legislar para que los campesinos y pequeños productores sean incorporados al desarrollo del país. Esto requiere forzosamente cambios de fondo, transformaciones institucionales y estructurales que estén orientadas a mejorar las condiciones de vida de las zonas rurales.

Los diputados debemos ser los más cercanos a la población, conocer sus necesidades y traducirlas en instrumentos que se conviertan en políticas públicas que resuelvan los problemas más apremiantes de la población; sin embargo, en México tenemos un gobierno federal despiadado, que en los momentos de mayor urgencia de los campesinos de nuestro país responde con trabas y burocratismos.

En un verdadero país democrático no es posible que los altos funcionarios del Poder Ejecutivo restrinjan la voluntad popular que se manifiesta a través de los instrumentos legislativos que discutimos y aprobamos en esta Cámara. Nuestros mandatos reflejan la necesidad del pueblo.

Es común que en México el gobierno federal reporte subejercicios de programas, como los del campo, que al final de cuentas son recursos públicos que no llegan a la gente que necesita producir y mantener a sus familias.

La falta de claridad en cuanto a los programas para el campo y las funciones de las dependencias encargadas de ponerlos en marcha, la duplicidad de actividades entre las dependencias y la incongruencia entre los programas, generan distorsiones que alejan a la población de los recursos.

Nos encontramos con una serie de reglas de operación que burocratizan el mandato popular y alejan a los campesinos de los programas que pueden coadyuvar al sostenimiento de sus necesidades básicas, y que a su vez permitan el desarrollo integral del campo.

Compañeros diputados, el hambre y la pobreza no deben de ser toleradas; somos la esperanza de productores y campesinos. Hoy damos un primer paso, pero ya es tiempo de darle la justa dimensión al campo mexicano; es urgente que trabajemos de la mano para generar consensos y discutir seriamente la reforma estructural del campo. Es tanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, breve y bueno, doblemente bueno.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (a las 14:17 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 9 de octubre de 2012, a las 11 horas en punto. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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