Presidencia del diputado José González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores diputados.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 377 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado José González Morfín(a las 11:08 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 9 de octubre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal

Por la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del Día de la Resistencia y Dignidad de los Pueblos, que tendrá lugar el 12 de Octubre a las 10:00 horas.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Con el que informa que rindieron la protesta de ley los jefes delegacionales electos del Distrito Federal, para el período 2012-2015.

Con el que remite Acuerdo aprobado por el que se exhorta a los diputados y senadores integrantes del Congreso de la Unión a que de manera expresa y/o por consentimiento expreso se inscriban o den de alta como donadores de órganos.

Del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

Por el que remite el informe de labores 2011.

De la Procuraduría General de la República

Con el que informa la designación del Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional, del Director de Vinculación con el Congreso de la Unión, y de los Enlaces con las Cámaras de Senadores y Diputados.

De la Secretaría de Educación Pública

Con el que remite el documento titulado “Efectos de la declaración de la obligatoriedad de la Educación Media Superior en la demanda futura por servicios educativos presupuestales”, de conformidad con el acuerdo R.30a.15, derivado de la Trigésima Reunión Plenaria Ordinaria del Conaedu.

De la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Rafaela Mendoza Bautista, Vladimir Espinosa Vázquez, Ana Elizabeth Briones Parra, Enrique Cornejo Robledo, Fernando Mejía Zavala, Laila Nelly Murillo Hernández, Humberto Hernández Menchaca, Nayeli Mayorga Acosta, Reynaldo Felipe González Medina, Adriana Robles Coello, Diana Patricia Ramos Portillo, Óscar Rutilo Pérez Martínez, Luis Raya Campos, José Luis Rodríguez Velázquez, Elie David Villeda Orozco, Luis Alberto González Pérez, Rogelio Quintero Díaz de León, Maricela Navarro Lima, Jacqueline Sánchez Pando, Maricarmen Concepción Ortega García, Carlos Botello Naranjo, Diego Humberto Mendiburu Contreras y Ana Laura Gallardo Méndez, puedan prestar servicios en las Embajadas de Austria, Estados Unidos de América y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México; e informa que los ciudadanos José Román Arizmendi Esquivel, Yolanda Enríquez Hernández, José Gerardo Olivares Méndez, Gilda Sánchez Trejo y María Luisa Tovar Hernández, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en su consulado en Guadalajara, Jalisco.

Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo, aprobado en la Cámara de Diputados, relativo a la creación de un Fondo especial de recursos para atender las consecuencias del virus de influenza aviar A-H7N3.

Iniciativas de las legislaturas de los estados

Del Congreso del Estado de Baja California, con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 64 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7° de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 21 del Código de Comercio, a cargo del diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 322 y 323 y adiciona un artículo 323 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7° de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Leticia Calderón Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo de la diputada María Esther Garza Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se entregue a las entidades federativas, la totalidad de los recursos pactados inicialmente para proyectos estratégicos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, y se respete lo establecido en los acuerdos de coordinación firmados con las entidades federativas y en el acuerdo de modificación de las reglas de operación de dicho Programa para el ejercicio fiscal 2012, a cargo de la diputada María Rebeca Terán Guevara y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a los poderes ejecutivos estatales, al Distrito Federal y a los gobiernos municipales, que consideren en sus programas y planes de desarrollo educativo, los elementos necesarios para la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, evalúe los programas que han sido insuficientes, a efecto de implementar un programa que permita dar respuesta a las enfermedades mentales, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INEGI, para que revise y en su caso, modifique las variables de rezago social a que se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que su aplicación ha redundado en perjuicio de diversos municipios del estado de Puebla, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instrumente acciones específicas de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal de especies destinadas exclusivamente a la pesca deportiva y recreativa; así como para que a través de la Sagarpa, se expida una NOM que regule la simulación de la pesca incidental, a cargo del diputado Arturo de la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Regulación en Tarifas Eléctricas y Revisión del Plan Hídrico del estado de Tabasco, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que se declare el año 2013, como el año de Don Belisario Domínguez Palencia, en virtud de la conmemoración del centenario de su muerte, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que apruebe el Programa para la consolidación de cadenas producción-consumo del sector citrícola en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, que en el PEF 2013, se dé cumplimiento al artículo 25 de la Ley General de Educación y al artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal, emita un Decreto para declarar a la Isla de la Roqueta, como área natural protegida, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el fomento, protección y vigilancia de la Pesca Deportiva y Recreativa, a cargo del diputado Arturo de la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Quintana Roo, para que deje de vulnerar la autonomía del Municipio de Benito Juárez, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Acceso Digital, a cargo de la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IFE, para que suspenda el procedimiento de destrucción de boletas del proceso electoral 2005-2006 y en su caso, se dé la garantía de que no se van a destruir las boletas del proceso electoral 2011-2012, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Denominación de Origen, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la ASF, incluya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, o incorpore en la siguiente revisión, un análisis detallado sobre la situación que guarden las Finanzas de la Hacienda Pública del estado de Michoacán; asimismo se exhorta a la PGR, para que lleve a cabo las investigaciones y en su caso, emprender las acciones legales contra quienes pudieron causar un daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal, a cargo de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los productores de maíz en México, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial Encargada de Conocer y dar Seguimiento a los Feminicidios Registrados en México, a cargo de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a declarar 2013 como “Año Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos” y para que los legisladores, se comprometan a registrarse como potenciales donadores, suscrito por las diputadas Leslie Pantoja Hernández y Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Gobierno del estado de Yucatán, para que destinen los recursos necesarios para impulsar y lograr la continuidad del programa vivienda y escuela segura, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Efeméride

Con motivo del XXXVIII Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo de los grupos parlamentarios.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, vamos a someter a discusión el acta; voy a pedir a la Secretaría someta a discusión el acta, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves cuatro de octubre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta y un diputadas y diputados, a las once horas con un minuto del jueves cuatro de octubre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

El Presidente informa a la Asamblea que todos los asuntos turnados durante la Sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las Comisiones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Secretaría de Gobernación, Tres, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados durante la Sexagésima Primera Legislatura. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

b) De la Cámara de Senadores, con las que remite proposiciones con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, para que:

• Se etiqueten recursos destinados para el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras, Agrícolas Migrantes, presentada por el senador Sofío Ramírez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

• Se destinen mayores recursos para la prevención, detección temprana y tratamiento de la Diabetes Mellitus, presentada por el senador Francisco Búrquez Valenzuela y suscrita por los senadores Daniel Gabriel Ávila Ruíz y María Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional.

Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

c) Del Congreso del estado de Oaxaca, por la que exhorta a la Cámara de Diputados autorizar recursos extraordinarios al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

Se concede el uso de la tribuna para presentar las siguientes iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

a) Socorro de la Luz Quintana León, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

Se recibe de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos cuarenta, cuarenta y uno, y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se recibe del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento dieciocho del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

b) María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

c) Rubén Benjamín Félix Hays, a nombre propio y de los diputados integrantes de Nueva Alianza, que reforma los artículos veintinueve, y treinta y nueve de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

A las once horas con veinticuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta y un diputadas y diputados.

d) José Enrique Doger Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos séptimo, ciento cuatro y ciento seis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

e) Juan Carlos Uribe Padilla, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos treinta y siete, cuarenta y cuatro, y cuarenta y cinco de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

f) Julisa Mejía Guardado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cuarenta, cuarenta y uno, setenta y tres, y ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

g) Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos veinticuatro, ciento cuarenta y tres y adiciona un artículo ciento cuarenta y tres Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

h) Juan Ignacio Samperio Montaño, a nombre propio y de los diputados integrantes de Movimiento Ciudadano, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

i) Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos veintinueve y treinta de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

j) Karina Labastida Sotelo, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y tres de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

k) Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley General del Sistema Nacional de Participación Ciudadana. Se turna a la Comisión de Participación Ciudadana, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

l) Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos segundo y tercero de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte, para dictamen.

m) Jaime Chris López Alvarado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos sesenta y cinco de la Ley General de Educación y doscientos dieciocho del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Justicia, para dictamen.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

n) Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

o) Carlos Alberto García González, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Equidad y Género, para dictamen.

Se recibe del diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo dos Bis y reforma el artículo tercero de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

De conformidad con el artículo setenta y seis, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

a) Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República hacer pública toda la información disponible sobre la operación Rápido y furioso, incluida la generada en instituciones estadounidenses y remitida a autoridades mexicanas. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México; Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática; Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional; y Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad se concede el uso de la tribuna para responder alusiones personales a la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

b) Marco Antonio González Valdez, a nombre propio y de los diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la continuación y ampliación de la Reforma Rural Estructural en la presente Legislatura. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se aprueba. Comuníquese.

Desde su curul, el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, realiza moción de procedimiento. El Presidente somete a consideración de la Asamblea si se autoriza una ronda de oradores para referirse al punto de acuerdo relativo a la continuación y ampliación de la reforma rural estructural en la presente legislatura. En votación económica se autoriza, e intervienen los diputados: Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Jorge Federico de la Vega Membrillo, del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Sámano Peralta, del Partido Verde Ecologista de México; José Luis Oliveros Usabiaga, del Partido Acción Nacional; y Ana Isabel Allende Cano, del Partido Revolucionario Institucional.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión que no fueron anunciadas, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las proposiciones de los diputados Graciela Saldaña Fraire, y Gerardo Gaudiano Rovirosa, ambos del Partido de la Revolución Democrática, quienes solicitaron a la Secretaría sean inscritas en la próxima sesión. En consecuencia se turnan las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

a) Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

b) Mario Alberto Dávila Delgado, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, fortalezca y continúe con los trabajos realizados en el esquema preventivo de enfermedades en la familia, a través de la Semana Nacional de la Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

c) Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Concejo Nacional para la Cultura y las Artes, a que dé cumplimiento al decreto del Presupuesto de Egresos de Federación para el ejercicio Fiscal dos mil doce, liberando los recursos correspondientes. Se turna a la Comisión de Cultura, para dictamen.

d) Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a garantizar la incorporación de las personas con discapacidad a todos los programas sociales. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

e) Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública, se tomen las medidas necesarias para evitar conductas de acoso y hostigamiento entre los alumnos, profesores y autoridades en los centros de educación y enseñanza del territorio nacional. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

f) Heriberto Manuel Galindo Quiñones y suscrito por diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Citricultura. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

g) Luis Miguel Ramírez Romero, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial que contribuya a la Seguridad Alimentaria en el país. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

h) Crystal Tovar Aragón, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Senado de la República para que dictaminen el proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo cuarto y se reforma la fracción vigésimo noveno-J del artículo setenta y tres constitucional, en materia de desarrollo integral de los jóvenes. Se remite a la Cámara de Senadores, para su atención.

i) Jorge Herrera Delgado, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

j) Raúl Gómez Ramírez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que refuerce la correcta aplicación de los procedimientos de verificación de mercancías de comercio exterior al interior de recinto fiscal y se aplique estrictamente conforme a la normatividad, el desaduanamiento libre, al activar el mecanismo de selección automatizada. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

k) Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Quintana Roo, para que deje de vulnerar la autonomía del Municipio de Benito Juárez. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

l) Blanca Esthela Gómez Carmona, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Cuenca del Sistema Cutzamala. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

m) Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Regulación en Tarifas Eléctricas y Revisión del Plan Hídrico del estado de Tabasco. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

n) Javier Filiberto Guevara González, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera Mexicana. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

o) Simón Valanci Buzali, del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Economía y de la Comisión Federal de Electricidad, reclasifique a la baja las tarifas eléctricas del consumo doméstico o residencial para el estado de Chiapas y todas aquellas entidades donde las temperaturas excedan los treinta y dos grados centígrados. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

p) José Noel Pérez de Alba, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento de la Industria Lechera. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

q) Heriberto Manuel Galindo Quiñones y suscrito por diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la terminación del Acuerdo de Suspensión para las importaciones de tomate procedente de México hacia los Estados Unidos de América; asimismo se solicita la creación de una Comisión Especial para atender, apoyar y defender a los productores del tomate mexicano, especialmente a los que tienen vocación exportadora. Se turnan los resolutivos uno, dos y tres, a la Comisión de Economía, para dictamen, y el cuarto resolutivo a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

r) Héctor García García, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a un subsidio a la tortilla de maíz. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

s) Claudia Elena Águila Torres, por el que solicita la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, por las irregularidades presentadas en el relleno de los socavones de las minas del municipio de Texcoco. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes nueve de octubre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las catorce horas con diecisiete minutos.»

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba...

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado. Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Huerta, por favor.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Es solamente para pedir, en el párrafo que está señalando lo del tema de obvia o urgente resolución, que se trató de Rápido y Furioso.

Desde mi punto de vista, no refleja el agregado que propuse y que la diputada Aleida aceptó, al punto de acuerdo original; entonces, para pedir que se rectifique en el acta sobre el tema.

El Presidente diputado José González Morfín: No, es que me dicen que no se aceptó y no se votó. No llegó a la Mesa una indicación de los promoventes de que se aceptaba esa adición. Nunca lo tuvimos en la Mesa y no se votó y no se adicionó así. A ver, es el mismo tema. Sonido en la curul en que se encuentra la diputada Graciela Saldaña.

La diputada Graciela Saldaña Fraire(desde la curul): Buenos días a todas y todos. Con su permiso, señor presidente. Es con el objeto de un documento que entregué ayer, una carta, para solicitar la intervención con respecto a un asunto en Quintana Roo, con un exhorto al gobernador Roberto Borge Angulo, por varios sucesos que han sucedido en el municipio de Benito Juárez. Quisiera que se suscriba en el Diario de los Debates y también la respuesta a esta petición.

El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención quedará en el Diario de los Debates. El asunto no fue considerado así por la Junta de Coordinación Política, en el acuerdo que turno a la Mesa Directiva, pero ya su posición ha quedado debidamente registrada, diputada.

A ver, sonido nuevamente en la curul en que se encuentra el diputado Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): No, señor presidente, lamento mucho, pero está la versión estenográfica y la diputada Aleida se subió a tribuna y aquí mismo se subió, se puso a votación y se aprobó la adición del punto de acuerdo y está la propia diputada Aleida Alavez, que inclusive está en la versión estenográfica. Pido que se revise la versión estenográfica.

El Presidente diputado José González Morfín: No. Pero de verdad, diputado, nunca estuvo en manos de la Mesa una propuesta por escrito que pudiera ser sometida a votación y no se sometió a votación. Revise usted la versión estenográfica, la minuta de la sesión y verá que no se sometió a votación y en ese contexto no se podía adicionar.

Lo lamentó, pero si hay algún documento que haya recibido la Mesa donde conste esto, con mucho gusto lo revisamos, diputado, pero no tenemos eso en la Mesa. No llegó a la Mesa Directiva ese documento. Lo lamento, de verdad. Voy a pedir a la Secretaría continúe con el trámite.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobada el acta.

Le he dado dos veces el uso de la palabra y le he pedido que si tiene algún documento que haga constar que la Mesa recibió esa propuesta de adición, con mucho gusto lo recibimos y lo tramitamos.

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): No interprete lo que quiero decir.

El Presidente diputado José González Morfín: No vi que usted estaba pidiendo la palabra, diputado, no me informaron. Ya le dije que no me informaron, creí que se trataba del diputado Huerta nuevamente. Bueno, no puedo hacerlo si no me lo hacen de mi conocimiento, lo lamento. Ábrase el micrófono en donde se encuentra el diputado Muñoz.

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): Creo que debe tener sensibilidad para abordar el problema que está planteando el diputado. Si hay alguna duda sobre el contenido del acta y él lo está solicitando, me parece que lo que debería hacerse es modificar este punto del orden del día, revisar la versión estenográfica y votarlo en la próxima sesión. Eso es lo que debería hacer, con sensibilidad para resolver este punto.

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría que tome nota y si hay que revisar cualquier procedimiento, lo revisaremos con mucho gusto, diputado.

Vamos a continuar con el desarrollo de la sesión. Informo a la asamblea que todos los asuntos turnados a comisiones durante esta sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las comisiones. Continúe la Secretaría.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del Día de la Resistencia y Dignidad de los Pueblos, el viernes 12 de octubre, a las 10:00 horas, en la Plaza de la Fundación de México-Tenochtitlán, situada en Plaza de la Constitución y Pino Suárez, Centro Histórico, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan dar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Nina Serratos Zavala.— Secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a la diputada Josefina García Hernández, a la diputada Margarita Saldaña y a la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo.

DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VI Legislatura.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42, fracción XXV, y 106 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, y 36, fracciones V y XV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, rindieron su protesta de ley los jefes delegacionales electos para el período 2012-2015, quedando de la siguiente manera:

Leonel Luna Estrada, jefe delegacional en Álvaro Obregón.

Sergio Palacios Trejo, jefe delegacional en Azcapotzalco.

Jorge Romero Herrera, jefe delegacional en Benito Juárez.

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, jefe delegacional en Coyoacán.

Adrián Ruvalcaba Suárez, jefe delegacional en Cuajimalpa de Morelos.

Alejandro Fernández Ramírez, jefe delegacional en Cuauhtémoc.

Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, jefa delegacional en Gustavo A. Madero.

Elizabeth Mateos Hernández, jefa delegacional en Iztacalco.

Jesús Salvador Valencia Guzmán, jefe delegacional en Iztapalapa.

Leticia Quezada Contreras, jefa delegacional en La Magdalena Contreras.

Víctor Hugo Romo Guerra, jefe delegacional en Miguel Hidalgo.

Víctor Hugo Monterola Ríos, jefe delegacional en Milpa Alta.

Angélica Méndez Álvarez, jefa delegacional en Tláhuac.

Maricela Contreras Julián, jefa delegacional en Tlalpan.

José Manuel Ballesteros López, jefe delegacional en Venustiano Carranza.

Miguel Ángel Cámara Arango, jefe delegacional en Xochimilco.

Lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 1o. de octubre de 2012.— Diputada María Angelina Hernández Solís (rúbrica), presidenta.»

El Presidente diputado José González Morfín: Esta asamblea se da por enterado.

DONACION DE ORGANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VI Legislatura.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 50, fracciones IV, V y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los 66 diputados integrantes de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y sus suplentes, así como a todos los funcionarios, empleados y colaboradores que laboran en la asamblea a que de manera expresa y por consentimiento expreso se inscriban o den de alta como donadores de órganos.

Asimismo se exhorta a los 500 diputados y 128 senadores integrantes del Congreso de la Unión, así como a todos los diputados locales integrantes de los Congresos locales de los 31 estados y a los suplentes de todos los legisladores referidos a que de manera expresa y por consentimiento expreso se inscriban o den de alta como donadores de órganos.

Segundo.Se exhorta al Centro de Trasplantes del Distrito Federal, al Consejo de Trasplantes del Distrito Federal y a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a adherirse a la iniciativa héroes por la vida, con el fin de que en la red social denominada Facebook también se pueda acceder al link electrónico del formato de inscripción de manera expresa a los registros de donantes y trasplantes.

Tercero.Se exhorta al Consejo de Trasplantes del Distrito Federal y a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a crear campañas de difusión permanentes que publiciten y promuevan entre los habitantes de la Ciudad, la iniciativa héroes por la vida, así como las demás acciones generadas por dichas autoridades, con el fin de promover la cultura de donación de órganos.

Cuarto. Se exhorta al Consejo de Trasplantes del Distrito Federal y a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a crear medios de difusión e información, tales como páginas de internet oficiales y compañías publicitarias permanentes, para que se promocione la cultura de donación de órganos en el Distrito Federal.

Quinto. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal a promover la inscripción de manera expresa en el Registro de Donantes; y trasplantes de todos y cada uno de sus colaboradores, empleados y funcionarios. Asimismo, se deberá dotar de la información necesaria a los potenciales donantes a efecto de que conozcan todas las implicaciones que esto conlleva y de igual forma se deberá invitar a que dicha decisión de ser donante de manera expresa debe ser compartida con el núcleo familiar desde un inicio.

Sexto. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que en todas y cada una de las dependencias y órganos a su cargo junto con el recibo de nómina que se entrega a sus trabajadores de manera quincenal, se entregue el formato de alta en el Registro de donantes y trasplantes.

Séptimo. Se exhorte al Consejo de Trasplantes del Distrito Federal y a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a dar cumplimiento y aplicar las reformas aprobadas por ésta Asamblea Legislativa respecto de donación de órganos, en el pasado mes de marzo de 2012, así como a las reformas a la Ley General de Salud en materia de trasplantes, referidas anteriormente y con vigencia desde el 11 de marzo pasado.

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 27 de septiembre de 2012.— Diputado Adrián Michel Espino (rúbrica), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VI Legislatura.

Diputado Adrián Michel Espino, Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— Presente.

La que suscribe Laura Iraís Ballesteros Mancilla, diputada de la VI legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, fracción VI, 18, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como 93 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita que la presente proposición con punto de acuerdo sea resuelto de obvia y urgente resolución, para exhortar a los servidores públicos del Distrito Federal a formar parte e inscribirse en el padrón de donantes de órganos de consentimiento expreso, y exhortar al gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Salud a tomar diversas medidas con fin de promover la cultura de donación de órganos en la ciudad, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero.La evolución de las técnicas médicas de trasplante de órganos, ha ido en constante desarrollo desde los años cincuenta, cuando en Estados Unidos, se realizó el primer trasplante exitoso de riñón. El primer obstáculo a vencer en las operaciones de trasplantes es la supervivencia postoperatoria. Posteriormente, se tiene que vencer como obstáculo de éstas cirugías, el rechazo del cuerpo del paciente receptor del órgano donado.

Para evitar los problemas referidos y superarlos con éxito, se han desarrollado medicamentos inmunosupresores, que con el tiempo, no obstante se ha demostrado que también tienen efectos secundarios poco deseables, estos medicamentos no han dejado de evolucionar y son suministrados bajo estricta vigilancia médica.

Segundo. Con el tiempo y la aplicación de avances tecnológicos a la ciencia médica el mayor problema ya no lo representa la operación, la recuperación post operatoria y el rechazo, sino la carestía de donantes. En países con un desarrollo social y tecnológico alto, como España, hay alrededor de 33 donantes por millón de población y un crecimiento sostenido y manteniendo hasta ahora el liderazgo mundial; le sigue Estados Unidos que cuenta con 26 donantes por millón de población, según la Dirección Europea para la Calidad del Medicamento y el Cuidado de la Salud.

En septiembre de 2011, la Dirección Europea para la Calidad del Medicamento y el Cuidado de la Salud, publicó su informe de trasplantes 2011, en el que se desprende que en América Latina los países con mayor número de donantes son Argentina y Uruguay, con un índice de 14.5 y 14.4 donantes por millón de población., mientras que se publicó que nuestro país cuenta con un índice de 2.8 donantes por millón de población., índice que se encuentra por debajo del registrado por pa.ses como Perú, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Cuba, Chile y Brasil, entre otros.

Así, la escasez imperante, ha obligado a la utilización de órganos de personas mayores, a pesar de que no tienen la misma capacidad de respuesta como los de personas jóvenes, y también de donantes vivos, incluso desconocidos por el paciente receptor, en el caso de órganos par, como los riñones, y a la técnica de ablación empleada con el hígado, seccionando una parte para extirparla, pues este órgano se regenera.

Tercero. En México, nuestra lista de espera pasó de diez mil ochocientos setenta y ocho pacientes en el año 2008, a dieciséis mil seis cientos cincuenta y cinco al día de hoy, en los que su mayoría necesitan trasplante de riñones, córneas, hígado, corazón, páncreas, y pulmón; según datos del Centro Nacional de Trasplantes.

En lo que va del presente año, se han presentado, dos mil trasplantes de córneas, mil quinientos de riñón, setenta de hígado, treinta y dos de corazón, uno de pulmón y uno de riñones e hígado. Sin embargo, es importante mencionar que según datos del Centro Nacional de Trasplantes cada año en nuestro país mueren trescientas ochenta mil personas que podrían ser donantes y en contraste el 80% de las personas que requieren un trasplante mueren. Con estos datos, es claro que es necesario, tomar medidas que permitan cubrir las necesidades médicas y evitar la muerte de los pacientes, por falta de donadores.

Si bien, en la actualidad el trasplante de órganos es una técnica terapéutica común, el mismo no resulta posible sin la existencia de un donador; lo cual exige cambios socioculturales y mucha información para los posibles donadores, sobre quien puede donar y bajo que circunstancias.

Este tema, es muy delicado, no solo por la escasez de donadores, sino por la gran problemática ética, moral, religiosa y legal alrededor de esta cuestión; que le compete no solo al médico y al paciente, también a la sociedad en general y de manera muy particular, al legislador.

Cuarto.Por otro lado, las donaciones pueden darse de dos maneras, de un donante vivo, que es cuando una persona decide donar un órgano par o un segmento de un órgano único, y que no pone en peligro su vida; o de un donante cadavérico, por muerte cerebral, esta donación se presenta generalmente, a causa de un traumatismo craneal o un infarto cerebral y bajo condiciones médicas estrictamente vigiladas.

Los órganos se mantienen funcionando con respirador y medicamentos; así se obtienen en su mayoría los órganos trasplantados y bajo cuidados médicos intensivos, que permitan el mantenimiento y manejo adecuado de los mismos, hasta el momento preciso de la operación.

Quinto. Derivado de la problemática anterior en el mes de marzo de 2012, fueron aprobados, a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cambios a la Ley de Salud del Distrito Federal, en los que se estipuló, que todos los habitantes del Distrito Federal somos donantes de órganos, reforma legal en la que se hizo distinción entre donador de manera expresa o tácita. El primero de ellos, es el que de manera escrita y conforme a los formatos de la Secretaría de Salud, da su consentimiento para ser donante de manera total o limitada a algunos órganos y tejidos.

El donante tácito o universal, somos todos los habitantes de la ciudad que de manera expresa no hallamos dado la negativa ante las autoridades para ser donantes y una vez fallecida la persona solo se necesita el consentimiento los familiares para llevar a cabo la donación.

Las reformas referidas fueron publicadas en la Gaceta Oficial del DF, en mayo de 2012.

Sexto. Ahora bien, el martes 18 de septiembre de 2012, Margarita Zavala, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, atestiguó la puesta en marcha de una nueva estrategia para promover la cultura de la donación de órganos mediante una aplicación en Facebook, iniciativa que fue promovida y puesta en marcha de manera conjunta por la asociación ALE, el Instituto Carlos Slim de la Salud y la propia red social Facebook y denominada héroes por la vida.

Los usuarios de la red social en México podrán ser consultados sobre su interés en ser donadores de órganos y se les permitirá escoger si prefieren dar a conocer su postura o mantenerla en privado, además si así se autoriza, los datos serán enviados al Registro Nacional de Trasplantes.

Asimismo, resulta conveniente precisar que las campañas de difusión de la cultura de la donación impulsadas por organizaciones no gubernamentales, deben ser coordinadas previamente con el Centro Nacional de Trasplantes, en razón de que se trata de atribuciones conferidas al gobierno federal en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.

Es importante mencionar que, el 11 de marzo del presente año, entró en vigor el Decreto mediante el cual se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de trasplantes y donación de órganos.

Dicho decreto incluyó la adición de la fracción V al artículo 313 en el que se establece lo siguiente

Articulo 313. ...

V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación y los trasplantes.

Asimismo se adicionó el artículo 329 Bis 1 de la siguiente manera:

Artículo 329 Bis 1. El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación, en coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes.

Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias determinar los mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento de la realización de trámites públicos o la obtención de documentos oficiales.

Séptimo. Que el viernes 24 de septiembre de 2012, los 13 diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de ésta Asamblea, nos inscribimos otorgando nuestro consentimiento expreso, como donantes de manera amplia y sin limitación alguna y nos convertimos en promotores de la iniciativa Héroes por la vida, en el marco de la celebración del día nacional de trasplante de órganos celebrado el 26 de septiembre.

Considerandos

Primero. Que actualmente existe un gran déficit en el número de donantes por consentimiento expreso y que es necesario plantear programas de acción de gobierno para abatir el rezago o insuficiencia que se tiene respecto de donantes de órganos.

Segundo. Que con fundamento en el artículo 95, fracción IV y VI, de la Ley de Salud del Distrito Federal son facultades del Consejo de Trasplantes del Distrito Federal Promover una cultura social de donación de órganos y tejidos; sí como alentar la participación de los sectores social y privado en materia de la donación y trasplante de órganos y tejidos;

Tercero. Que con fundamento en el artículo 91, de la Ley de Salud del Distrito Federal son facultades de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, promover con las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades que integran la administración pública del Distrito Federal, así como los órganos de gobierno y autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento de la realización de trámites públicos o la obtención de documentos oficiales.

Cuarto. Que es necesario que los mecanismos para la inscripción en los registros de trasplantes y tienen que ser publicitados y ser accesibles de manera amigable a la población con el fin de aumentar el bajo índice de donadores que hay en nuestro país.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los 66 diputados integrantes Asamblea Legislativa del Distrito Federal VI Legislatura y sus suplentes, así como a todos los funcionarios, empleados y colaboradores que laboran en la Asamblea a que de manera expresa y por consentimiento expreso se inscriban o den de alta como donadores de órganos.

Asimismo se exhorta a los 500 Diputados y 128 Senadores integrantes del Congreso de la Unión, así como a todos los Diputados Locales integrantes de los Congresos Locales de los 31 Estados y a los suplentes de todos los legisladores referidos a que de manera expresa y por consentimiento expreso se inscriban o den de alta como donadores de órganos.

Segundo. Se exhorta al Centro de Trasplantes del Distrito Federal, al Consejo de Trasplantes del Distrito Federal y a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a adherirse a la iniciativa héroes por la vida, con el fin de que en la red social denominada Facebook también se pueda acceder al link electrónico del formato de inscripción de manera expresa a los registros de donantes y trasplantes.

Tercero. Se exhorta al Consejo de Trasplantes del Distrito Federal y a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a crear campañas de difusión permanentes que publiciten y promuevan entre los habitantes de la ciudad, la iniciativa héroes por la vida, así como las demás acciones generadas por dichas autoridades, con el fin de promover la cultura de donación de órganos.

Cuarto. Se exhorta al Consejo de Trasplantes del Distrito Federal y a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a crear medios de difusión e información, tales como páginas de internet oficiales y campañas publicitarias permanentes, para que se promocione la cultura de donación de órganos en el Distrito Federal.

Quinto. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a promover la inscripción de manera expresa en el registro de donantes y trasplantes de todos y cada uno de sus colaboradores, empleados y/o funcionarios. Asimismo, se deberá dotar de la información necesaria a los potenciales donantes a efecto de que conozcan todas las implicaciones que esto conlleva y de igual forma se deberá invitar a que dicha decisión de ser donante de manera expresa debe ser compartida con el núcleo familiar desde un inicio.

Sexto. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal a que en todas y cada una de las dependencias y órganos a su cargo junto con el recibo de nómina que se entrega sus trabajadores de manera quincenal, se entregue el formato de alta en el registro de donantes y trasplantes.

Séptimo. Se exhorta al Consejo de Trasplantes del Distrito Federal y a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a dar cumplimiento y aplicar las reformas aprobadas por ésta Asamblea Legislativa respecto de donación de órganos, en el pasado mes de marzo de 2012, así como a las reformas a la Ley General de Salud en materia de trasplantes, referidas anteriormente y con vigencia desde el 11 de marzo pasado, a efecto de que se realicen las gestiones necesarias para contar con los coordinadores suficientes capacitados por el Centro Nacional de Trasplantes.

Dado en el recinto legislativo, a 27 de septiembre de 2012.— Diputados: Laura Iraís Ballesteros Mancilla, Alberto Martínez Urincha, Claudia Cortes, Arturo Santana Alfaro, Lucila Estela Hernández, Rocío Sánchez Pérez, Polimnia R. Sierra Bárcena, Dinorah Pizano, Agustín Torres Pérez, Jorge Agustín Zapeda Cruz, Roberto Candía, María Angelina Hernández Solís, Ernestina Godoy Ramos, (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Salud, para su atención.

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.— Secretaría General.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.

Estimado diputado:

Para dar cumplimiento al artículo 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, le comento que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos hace entrega anualmente, ante el honorable Congreso de la Unión de un informe de labores del instituto.

En esta ocasión, me permito hacer llegar a usted el documento correspondiente al noveno informe de labores 2011, que fue entregado el pasado mes de agosto de 2011, que fue entregado el pasado mes de agosto de 2012 a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Sin más por el momento quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente

México, DF, a 21 de septiembre de 2012.— Enrique González Tiburcio, director general de Capacitación, Promoción y Relaciones Institucionales.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de la Función Pública, para su conocimiento.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto me permito distraer su atención para informarle que el 21 de septiembre del presente año entró en vigor el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial el 23 de julio de 2012, el cual dispone en el artículo 89, fracciones X y XI, lo siguiente:

Artículo 89. Al frente de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional habrá un director general, quien tendrá las facultades siguientes:

X. Dar seguimiento a los asuntos del ámbito de competencia de la Procuraduría en el Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las legislaturas de las entidades federativas, en coordinación con las dependencias competentes del gobierno federal, y las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la institución, de conformidad con las disposiciones aplicables; y

XI. Recibir, canalizar y dar seguimiento a la atención de los requerimientos que realizan a la Procuraduría las Cámaras del Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las legislaturas de los estados, así como a las gestiones que realicen sus integrantes.

En virtud de lo anterior y para los efectos arriba indicados, me pongo a sus apreciables órdenes en los teléfonos 5346 1508 y 5346 1501, correo electrónico jorge.nader@pgr.gob. mx. De igual manera, le comunico que licenciado José Luis Martínez Garza funge como director de Vinculación con el Congreso de la Unión; y como enlaces con las Cámaras de Senadores y de Diputados, los licenciados Héctor Pérez Serrano y Francisco Navas de Santiago, respectivamente, quienes podrán ser localizados en los números telefónicos 5346 1813 y 5346 1505, y a los que se ha instruido a fin de que se mantengan atentos para desahogar rápida y eficazmente cualquier planteamiento que se reciba de usted.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 1o. de octubre de 2012.— Maestro Jorge Nader Kuri (rúbrica), director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado José González Morfín: De enterado. Remítase a la Mesa Directiva y a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con el oficio de la Secretaría de Educación Pública.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Diputado Federal Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Derivado de la trigésima reunión nacional plenaria ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), celebrada el pasado día 10 de septiembre de 2012, se adoptó el acuerdo R.308.15 que a la letra dispone:

“El Conaedu toma nota del documento titulado ‘Efectos de la declaración de la obligatoriedad de la Educación Media Superior en la demanda futura por servicios educativos y sus impactos presupuestales’, estudio que recoge las observaciones y recomendaciones realizadas por los representantes de las entidades federativas en torno al tema y, acuerda que el mismo sea remitido por la Subsecretaría de Educación Media Superior a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis”.

A solicitud de la Subsecretaría de Educación Media Superior de esta Secretaría de Educación Pública, remito en disco compacto y ejemplar impreso la información que da cumplimiento al citado acuerdo.

Atentamente

México, DF, 27 de septiembre de 2012.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública.— Presente.

En respuesta al oficio número UCE/0065/2012 y por instrucción superior envío de manera impresa y en disco compacto la información que da cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo R.302 adoptado en la trigésima reunión nacional plenaria ordinaria del Conaedu.

Atenta y cordialmente.

Licenciado Rafael Castelazo Mendoza (rúbrica), secretario técnico.»

Secretaría de Educación Pública

Subsecretaría de Educación Media Superior

Consejo Nacional de Autoridades Educativas

Efectos de la declaración de la obligatoriedad de la Educación Media Superior en la demanda futura por servicios educativos y sus impactos presupuestales

Documento de Trabajo

El presente trabajo pretende ofrecer una panorámica general que sirva como eje conductor del análisis de los efectos que sobre la demanda por servicios educativos tendrá la reciente reforma al Artículo Tercero Constitucional que vuelve obligatoria la educación media superior (EMS) y sus posibles impactos presupuestales derivados de la misma.

A fin de explicar mejor los efectos que tendrá la reforma, es necesario precisar cómo se interpreta el concepto de obligatoriedad establecido por el legislador, de tal forma que la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior se establece como el deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica.

Si partimos del hecho que para cursar la educación media superior no basta con encontrarse en la edad típica, sino que el aspirante previamente debió haber obtenido un certificado de secundaria, en concordancia con la anterior definición, la obligatoriedad para el Estado se reduce a garantizar que el sistema educativo nacional tenga la capacidad de absorber a los egresados de la educación básica y de retenerlos en las aulas hasta la conclusión de sus estudios en este nivel educativo, esta definición trae como resultado que la evolución futura de la demanda esté altamente condicionada por el comportamiento de tasa de cobertura y la eficiencia terminal de la educación secundaria así como del la tasa de eficiencia terminal de la EMS, por otra parte la reforma constitucional tampoco establece al Estado Mexicano la obligación de ofrecer Educación Media Superior a aquellos que teniendo concluida la Educación Secundaria se encuentren por encima de la edad típica, es decir que se encuentren en situación de rezago educativo. De forma tal que de no darse un cambio sustantivo en estas variables, no obstante que se declaró obligatoria la EMS, no cabe esperar un incremento importante en la demanda por este servicio educativo.

Lo anterior se evidencia si analizamos la forma en que se desagrega la población que no fue absorbida por la educación media superior, calculada a partir de la tasa de absorción para el ciclo escolar 2008-2009, cuya tasa de cobertura fue del orden 62.3 % lo que viene a significar que cerca de 2.4 millones de jóvenes en edad de cursar la educación media superior no lo estaban haciendo.

Como se puede observar en el cuadro anterior, las principales causas de la falta de cobertura son explicadas más por número de jóvenes que no terminaron la secundaria y por la deserción en la media superior que por la falta de capacidad del sistema educativo para absorber a los egresados de la secundaria.

Hechas las consideraciones anteriores, el presente análisis se centrará en los aspectos siguientes:

1. Efectos en la demanda por servicios educativos de EMS en función a la evolución histórica observada en las variables que inciden en la cobertura educativa de EMS superior y que fueron mencionadas en el párrafo anterior.

2. El efecto de implementar una política orientada a ofrecer servicios de EMS en aquellos municipios que teniendo planteles de educación secundaria, no cuentan con servicios públicos de EMS.

3. Una breve reflexión sobre los mecanismos presupuestales a través de los cuales pueda financiarse la expansión futura de la demanda.

1. Efectos en la demanda por servicios educativos de EMS en función a la evolución histórica observada en las variables que inciden en la cobertura educativa de EMS.

Para el ciclo escolar 2010-2011, la tasa de absorción de egresados de secundaria alcanzó 96.7 % lo que significó que casi 97 de cada 100 egresados obtuvo un lugar en la educación media superior, sin embargo el indicador de cobertura netaes decir el porcentaje de la población de 15 a 17 años que se matricula en este tipo educativo, al inicio del ciclo 2010-2011 fue de 53.2%. Si se estimara la cobertura sólo para el grupo de edad típica con secundaria terminada, entonces sería de 69%. En el primer caso, se estaría hablando de la inasistencia de casi 3 millones de jóvenes, mientras que en el segundo, de un millón y medio,  dentro de los últimos se encuentran cerca de 600 mil jóvenes que desertaron.

La tasa de absorción mide la eficacia del sistema educativo nacional para atender a la población demandante en el nivel de educación media superior, ya que permite conocer el número de egresados de educación básica que logran ingresar a este nivel, como puede apreciarse en el cuadro que se presenta a continuación, la totalidad de las entidades federativas tienen una tasa de absorción mayor al 80%, incluso existen entidades que están absorbiendo una cantidad mayor al 100% de la egresión de secundaria, circunstancia que puede ser explicada por la migración entre entidades o por flujos diarios de estudiantes en zonas urbanas limítrofes entre varias entidades como puede ser el caso de la Laguna o de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, lo anterior permite anticipar que la inversión futura por servicios educativos habrá de focalizarse en aquellas entidades que están recibiendo fuertes presiones por efectos migratorios, por ejemplo Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Sinaloa y en aquellas cuyas tasas de cobertura son las más bajas, San Luis Potosí, Michoacán por poner solo unos ejemplos, para lo cual es necesario realizar estudios de microplaneación más precisos.

Cabe mencionar que el comportamiento de la migración se ha venido observando a través de la historia como lo muestra el siguiente cuadro:

De lo anterior podemos observar que si bien hay entidades que tienen una absorción mayor al 100% derivado de la migración, este fenómeno se ha presentado al menos desde hace 10 años, por lo que dichas Entidades ya tienen cubiertos en su mayoría los recursos necesarios para dicho fenómeno.

Por otra parte, es importante señalar que ningún país del mundo ha alcanzado una cobertura del 100 % en la EMS, circunstancia que puede ser explicada entre otras cosas por la incorporación anticipada al mercado de trabajo.

Estimación del comportamiento futuro de la matrícula

Con base a la evolución de las variables ya mencionadas, se efectuó una estimación del comportamiento futuro de la demanda a través de un modelo de pronóstico, estableciendo entre otros supuestos que la tasa de crecimiento de la cobertura y la eficiencia terminal de secundaria, así como la tasa de eficiencia terminal de la media superior continuaran creciendo en forma constante a la misma tasa que lo hizo entre los ciclos escolares 2006-2007 al ciclo escolar 2011-2012, considerando la población de acuerdo con las estimaciones del Conapo.

Asimismo se procedió a estimar los costos que implican el crecimiento de la demanda por servicios educativos para los próximos años. Considerando que de acuerdo con la experiencia adquirida a través de la operación del programa de infraestructura para la educación media superior, se sabe que la mayor parte de los nuevos servicios están siendo abiertos en comunidades pequeñas y en menor parte lo hace en zonas metropolitanas las estimaciones se realizan considerando el número de aulas que serían necesarias para incorporar la nueva demanda, incluyendo para tal fin un supuesto simplificador que contempla que toda la nueva demanda se distribuiría uniformemente en grupo de 32 alumnos, estimándose un costo unitario por aula de construcción que incorpora en su costo un componente adicional que prorratea los costos de los servicios complementarios a cada aula (laboratorios, rejas perimetrales, oficinas administrativas, etc.). La necesidad de nuevos plantes se estima a partir de considerar un promedio de 277 alumnos por escuela de educación media superior, en tanto que los costos de operación son calculados a partir de un gasto por alumno de 27,000 pesos anuales. Todos los cálculos se realizan a costos del año 2011.

Los resultados del modelo son los siguientes:

Por otra parte y suponiendo que se diera un cambio significativo y constante en las tasas de eficiencia terminal de la secundaria al igual que un incremento en la eficiencia terminal de la educación media, cabría esperar un incremento significativo y constante en la demanda en este nivel educativo que permitiera alcanzar el 100 por ciento de cobertura en los tiempos previstos por el legislador, de ser así los resultados del modelo y sus implicaciones presupuestales son los siguientes:

2. Municipios de la República Mexicana donde existen Escuelas Secundarias pero no se cuenta con servicios de Educación Media Superior.

Una primer estrategia de política para atender la obligatoriedad puede ir encaminada a establecer bachilleratos en aquellos municipios donde existen escuelas secundarias pero que no existen servicios de educación media superior, de acuerdo con datos provenientes de la estadística 911, existen 310 municipios donde hay planteles de secundaria pero no existen bachilleratos.

Se estima que dotar de infraestructura y equipamiento de acuerdo a la modalidad del sistema de bachillerato que corresponda en función a la egresión de secundaria puede alcanzar el orden de los 1,200 millones de pesos, en tanto que los costos de operación pueden alcanzar los 500 millones de pesos por año.

3. Financiamiento

Tomando en cuenta el hecho que la reforma constitucional mantiene las competencias concurrentes en materia de financiamiento entre las entidades y la federación, sin que en principio cambie la relación existente, la ampliación presupuestal necesaria para alcanzar los objetivos de la reforma debe seguir dos líneas generales; por una parte se deben ampliar los recursos en el ramo 11, concretamente en el programa presupuestas U24 “Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior” que permita al Gobierno Federal contar con recursos para aportar la contraparte federal de la ampliación de servicios en los organismos descentralizados estatales que son cofinanciados por el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales y por otra parte con el fin de apoyar a las entidades el cumplimiento de su pari passu así como dotar de recursos adicionales que permitan apoyar la operación y ampliación de servicios en aquellos sistemas que son financiados totalmente con recursos estatales, se propone se efectúe una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal a fin de incorporar un fondo de aportación federal orientado a la transferencia de recursos económicos complementarios para la financiar los gastos de operación derivados de la ampliación de servicios, tanto en los organismos financiados totalmente por el erario estatal como los financiados por partes iguales por La Federación y la Entidades Federativas.

Este fondo puede incorporase como parte de los fondos previstos en el artículo 25 de la citada ley bajo la denominación: Fondo de Aportaciones para la Educación Media Superior (FAEMS), la fórmula para su distribución puede ser elaborada a partir de la estimación de las necesidades de ampliación de servicios incluyendo en su cálculo un componente que pondere la carga financiera que los servicios de educación media superior que son prestados enteramente con cargo a la hacienda pública estatal con base a las necesidades de cobertura, absorción, rezago, infraestructura, estructura administrativa y académica. Estos recursos adicionales pueden ser presupuestados año con año en el Ramo 25 del PEF para su posterior regularización en el FAEMS.

Por otra parte a fin de cumplir la intención del legislador establecida en el Artículo Tercero Transitorio del decreto que hace obligatoria la EMS, respecto a la implementación de presupuestos plurianuales que aseguren recursos económicos crecientes para infraestructura, una alternativa es la inclusión de los recursos necesarios para ampliar, equipar y dar mantenimiento a la infraestructura dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) previsto en el artículo 39 de la ya citada Ley de Coordinación Fiscal, mismo que a la letra dice: Fondo de Aportaciones Múltiples se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Para el entero de estos recursos, no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta Ley”, mediante la modificación del factor de referencia indicado en este artículo, lo que permitirá asegurar que año con año se asignen recursos para infraestructura, sin necesidad de incluir los proyectos en forma específica cada año en el Proyecto de Presupuesto de Egresos como actualmente establece las normas para la asignación de presupuestos plurianuales.

La inclusión de estos fondo en el FAM, conlleva la reforma al artículo 40 de Ley de Coordinación para incorporar dentro de la población objetivo del fondo la infraestructura y el equipamiento de Educación Media Superior en cualquiera de sus modalidades.

Conclusiones

•Por lo menos en el corto plazo, de no incrementarse la eficiencia terminal en la educación secundaria y aumentar la eficiencia terminal en la EMS, no obstante la obligatoriedad de la EMS no es de esperarse que la demanda por servicios educativos vaya a sufrir un incremento importante y continuará con el incremento inercial que hasta la fecha ha mantenido.

• Las mayores presiones se presentarán en aquellas entidades que están bajo una fuerte presión migratoria y en aquellas cuyas tasas de absorción se encuentran abajo del 90 por ciento.

• Se puede implementar como un punto de arranque, una política orientada a dotar de servicios de Educación Media Superior a aquellos municipios donde existiendo egresados de secundaria no existan servicios de EMS públicos.

• A partir del ciclo escolar 2019 se espera una disminución paulatina de la población en edad de asistir a EMS, y por otro lado la matrícula en la EMS se mantiene ya que se prevé un aumento en la cobertura.

• De acuerdo con la tendencia al despoblamiento de los centros urbanos de las zonas metropolitanas y la disminución de la matrícula en secundaria, se espera una subutilización de la infraestructura educativa existente por lo que se puede analizar como alternativa a la construcción de nuevos espacios educativos el transporte de los estudiantes a dichas instalaciones o la reutilización de las misma.

• Es importante resaltar la necesidad de contar con un marco normativo nacional aplicable a la totalidad de subsistemas que permita hacer realidad el libre tránsito y la portabilidad de estudios entre los diversos subsistemas educativos, así como los criterios de retención, a fin de poder impactar en los indicadores de calidad que inciden en la cobertura educativa.

• Con el propósito de incrementar los índices de cobertura, absorción y eficiencia terminal de la Educación Media Superior, se requiere fortalecer la influencia que tiene la educación media básica hacia este tipo educativo.

• Para atender la demanda educativa en los municipios donde se carece del servicio de Media Superior, es importante impulsar la educación abierta y a distancia, mediante diversos mecanismos de difusión con el objeto de dar certeza y confianza a la población que carece de un servicio de formación presencial.

• A fin de dotar de soporte legal y de mecanismos prácticos para la asignación y distribución de los recursos se considera que la Ley de Coordinación Fiscal es el Instrumento idóneo.

Notas:

1 Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF: 09/02/2012.

2 Se considera el rango de edad de 16 a 18 años

3 Las estimaciones se hacen a partir de considerar un bachillerato de 3 años, agrupando en toda la cohorte la población que en ese periodo debió estar cursando la Media Superior, la tasa de cobertura que se expone es la correspondiente a la tasa bruta.

4 Principales cifras del Sistema Educativo de República Mexicana DGPP/SEP.

5 Educación Media Superior en México. Informe 2010-2011. INEE 2011.

6 La teoría del capital humano, establece que los individuos invertirán tiempo y recursos en su educación en tanto los retornos esperados por el efecto de una mayor preparación son mayores a los costos de oportunidad de no incorporarse al mercado de trabajo y seguir en la escuela.

7 Sistema Educativo Nacional. Principales Cifras ciclo escolar 2010-2011. DGPyP SEP.

8 Ibídem.

9 Ibídem.

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su atención.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP- 1329/ 12, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Rafaela Mendoza Bautista.

Puesto: Recepcionista.

Lugar de trabajo: Embajada de Austria en México.

Nombre: Vladimir Espinosa Vázquez.

Puesto: Operador telefónico.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre: Ana Elizabeth Briones Parra.

Puesto: Agregada adjunta de comercio e inversión.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Enrique Cornejo Robledo.

Puesto: Agregado de comercio e inversión.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Fernando Mejía Zavala.

Puesto: Coordinador regional para los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Laila Nelly Murillo Hernández.

Puesto: Recepcionista.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Humberto Hernández Menchaca.

Puesto: Asistente consular.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Nayeli Mayorga Acosta.

Puesto: Oficial de políticas de cambio climático.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Reynaldo Felipe González Medina.

Puesto: Asistente administrativo.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Adriana Robles Coello.

Puesto: Oficial de prensa y mercadotecnia.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Diana Patricia Ramos Portillo.

Puesto: Agregada de comercio e inversión.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Óscar Rutilo Pérez Martínez.

Puesto: Mozo-chofer.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Luis Raya Campos.

Puesto: Agregado adjunto de inversión.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: José Luis Rodríguez Velázquez.

Puesto: Jefe de oficina de Guadalajara.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Elie David Villeda Orozco.

Puesto: Agregado de comercio e inversión.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Luis Alberto González Pérez.

Puesto: Oficial de visitas y administración.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Rogelio Quintero Díaz de León.

Puesto: Oficial de proyecto.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Maricela Navarro Lima.

Puesto: Contadora.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Jacqueline Sánchez Pando.

Puesto: Agregada de comercio e inversión en energías renovables y ambiente.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Maricarmen Concepción Ortega García.

Puesto: Agregada adjunta de mercadotecnia, educación y salud.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Carlos Botello Naranjo.

Puesto: Agregado de comercio e inversión.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Diego Humberto Mendiburu Contreras.

Puesto: Oficial de prensa.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Ana Laura Gallardo Méndez.

Puesto: Trade & investment research officer.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de los expedientes copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos donde solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo, se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: José Román Arizmendi Esquivel.

Puesto: Mecánico plomero.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Yolanda Enríquez Hernández.

Puesto: Secretaria y asistente de la Oficina de Recursos Humanos.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: María Luisa Tovar Hernández.

Puesto: Auxiliar de visas.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Nombre: José Gerardo Olivares Méndez.

Puesto: Supervisor regional de cajeros de la Oficina de Administración Financiera.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Gilda Sánchez Trejo.

Puesto: Examinadora de cuentas en la Oficina de Administración Financiera.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de octubre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado José González Morfín: La solicitud de permiso se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, comuníquese a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

PRODUCTORES AVICOLAS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-8-0017, signado por el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112.2. 725/ 2012, suscrito por el licenciado Salvador Moreno Cerda, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la creación de un fondo especial de recursos para atender las consecuencias del virus de influenza aviar A H7N3.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención de su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 2573/ 12, del 4 de septiembre de 2012, mediante el cual nos remite punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía un fondo especial de recursos para atender las consecuencias del virus de influenza aviar A H7N3, a través del cual se apoye a los productores avícolas afectados en la compra de insumos, la repoblación de aves, el restablecimiento de la producción a los niveles que había hasta antes de la contingencia y el refuerzo de medidas de higiene en las granjas.

Sobre el particular adjuntamos a la presente información con las observaciones y los comentarios que respecto al tema nos hizo llegar hizo llegar el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, mediante el oficio número B00. 000788, del 18 de septiembre de 2012, con el cual se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de octubre de 2012.— Licenciado Salvador Moreno Cerda (rúbrica), director general Adjunto de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero Jorge Zermeño González, coordinador general de Enlace Sectorial.— Presente.

Me refiero a su solicitud de comentarios relacionados con el punto de acuerdo donde se exhorta a crear un fondo especial de recursos para atender las consecuencias del virus de influenza A H7N3, que contiene el siguiente resolutivo:

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a celebrar por las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía un fondo especial de recursos para atender las consecuencias del virus de influenza aviar A H7N3, a través del cual se apoye a los productores avícolas afectados en la compra de insumos, la repoblación de aves, el restablecimiento de la producción a los niveles que había hasta antes de la contingencia y el refuerzo de medidas de higiene en las granjas.

Sobre el particular, le informo que de conformidad con las consultas realizadas a las áreas técnicas y operativas con injerencia en el tema en comento (Dirección General de Salud Animal y de Administración e Informática), se han vertido los comentarios siguientes:

Se considera pertinente crear el citado fondo especial, pues permitiría apoyar a los productores que fueron afectados, lo cual también beneficiaría la repoblación de aves y así poder lograr el pronto establecimiento de la producción de huevo, recuperando lo que se tenía antes de la contingencia, por lo que este órgano administrativo desconcentrado, a través de la Dirección General de Administración e Informática, procederá a solicitar a la coordinadora sectorial que realice los trámites correspondientes ante la SHCP para que se otorgue ampliación líquida, ya que este órgano no cuenta con recursos presupuestarios.

En virtud de lo anterior, se informa sobre la disposición de las Direcciones Generales de Salud Animal, y de Administración e Informática para cooperar desde el punto de vista técnico, científico y financiero que fuere necesario.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de septiembre de 2012.— MVZ Enrique Sánchez Cruz (rúbrica) director en jefe.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase al promovente, para su conocimiento.

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo.—Poder Legislativo del Estado de Baja California.— XX Legislatura.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Federal.— México, DF.

Por este conducto, nos dirigimos muy respetuosamente a usted, a fin de hacer de su conocimiento, que en sesión ordinaria de la honorable XX Legislatura constitucional de Baja California, celebrada el día 25 de septiembre del año en curso, se aprobó el siguiente

Dictamen número 159De la Comisión de Hacienda y Presupuesto

Único. Se aprueba la iniciativa que reforma el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal (federal), para quedar como sigue:

Artículo 6. Las participaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 30% de las cantidades que correspondan al estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general.

...

...

...

Artículos Transitorios

Primero. Una vez aprobado en el pleno del honorable Congreso del estado de Baja California, remítase al honorable Congreso de la Unión para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Hecho lo anterior y una vez efectuado el análisis correspondiente y decretada la procedencia de la presente iniciativa por parte del Congreso de la Unión, se solicita que se proceda a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones “Licenciado Benito Juárez García” del honorable Poder Legislativo del estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali, BC, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil doce.

Asimismo, se remite copia íntegra del dictamen de referencia para los efectos legales a que haya lugar.

Agradeciendo de antemano, la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra consideración y respeto.

Atentamente

Mexicali, Baja California, a 25 de septiembre de 2012.— Por la Mesa Directiva, Diputado Alfonso Garzón Zatarain (rúbrica), Presidente; Diputado Fausto Zárate Zepeda (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea:Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea:Honorable Legislatura, me permito presentar propuesta de reforma al artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

México cuenta con 11 mil 122 kilómetros de litoral, que comprenden 1 millón 567 mil 300 hectáreas de superficies distribuidas en 166 municipios de 17 estados costeros. De la superficie total de la zona federal casi el 70 por ciento corresponde a las vertientes del océano Pacífico, mientras que poco más del 30 por ciento corresponde a zonas costeras del Golfo de México y Mar Caribe.

La Ley Federal de Derechos, en su artículo 232, establece la obligación de pago por el uso, goce y aprovechamiento de las playas, terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marinas; de igual forma los puertos terminales, instalaciones portuarias, la zona federal marítimo terrestre (Zofemat), los diques, los cauces, los vasos, las zonas de corriente, los depósitos de propiedad nacional y otros muebles de dominio público tienen que pagar un derecho de acuerdo al tipo de uso, ya sea general, para protección u ornato, y de uso agropecuario.

Antes del año 1992, las fracciones I y II del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos contemplaban el cobro de zona federal por metro cuadrado concesionado, a una tasa del 10 por ciento del valor del metro cuadrado del predio colindante, más el 1 por ciento del valor del inmueble en ella construido. Este sistema era poco práctico pero justo, ya que si el predio colindante era de lujo, el concesionario pagaba más.

Sin embargo, en diciembre de 1997 se modificó este artículo, creando un inciso c) y clasificando a los municipios costeros del país en 10 zonas tarifarias —de la 1 a la 10—, en donde la primera es la más económica y la última la más cara; de tal suerte que la cantidad a pagar por concepto de derechos es el resultado de multiplicar los metros cuadrados del área concesionada por el costo establecido, de acuerdo a la zona de clasificación que corresponda.

Es de hacer notar que el criterio establecido en la ley, en cuanto a la clasificación de estas zonas fiscales, se basa en el nivel socioeconómico de los municipios costeros. Así, hasta el año 2010 se consideraron en el artículo 232-D diez zonas fiscales, en las cuales se incluyen desde los municipios más pobres económicamente hablando, hasta los que tienen un alto valor económico, especialmente desde el punto de vista turístico.

En ese sentido, con la primera clasificación el estado de Colima ocupó dos zonas tarifarias; los municipios de Armería y Tecomán fueron ubicados en la zona III, mientras que Manzanillo se ubicó en la zona VIII, con lo cual se marca una gran diferencia entre municipios del mismo estado aun reconociendo que el potencial turístico de Manzanillo es mayor al de los otros dos municipios.

Esta clasificación tarifaria, compañeros diputados, se ha considerado lesiva para Manzanillo, porque lo igualan en desarrollo turístico con otros de mayor infraestructura y potencial económico como Nuevo Vallarta, en Bahía de Banderas; Puerto Peñasco, en Sonora; Isla Mujeres en Quintana Roo; Mazatlán, en Sinaloa; y Veracruz y Boca del Río, en Veracruz; por lo que diversos concesionarios a través de asociaciones han planteado esa discrepancia y solicitado ante diversas instancias la reclasificación de Manzanillo de esta zona tarifaria 8, a la 7, una menor de la que actualmente está.

Sustentan la demanda en el hecho de que Manzanillo solo cuenta con un total de tres mil 534 cuartos de hotel, con una tasa de crecimiento prácticamente estática, en su reducido número de vuelos y de líneas aéreas, falta de consolidación y permanencia de los cruceros turísticos que arriban al puerto y que son muy variables; también por la deficiente infraestructura urbana y la falta de inversión en infraestructura turística. Es de hacer notar que Manzanillo hasta el momento no cuenta con un centro de convenciones, además de que el mayor interés económico recae en la actividad portuaria. A lo anterior habría que agregar que Manzanillo es turístico solamente en temporadas.

Es por ello que resumo, en obvio de tiempo y pidiendo que se inserte íntegra esta exposición en el Diario de los Debates, que se considere el análisis para que Manzanillo sea reclasificado en la zona tarifaria VII, dentro del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos. Por su atención muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77, 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México cuenta con 11 mil 122 kilómetros de litoral, que comprenden 1 millón 567 mil 300 hectáreas de superficies  distribuidas en 166 municipios de 17 estados costeros. De la superficie total de la zona federal, casi 70 por ciento corresponde a las vertientes del Océano Pacífico,  mientras que poco más de 30 por ciento corresponde a las zonas costeras del Golfo de México y Mar Caribe.

Nuestra legislación nacional define la franja contigua a los límites de los continentes  como “zona federal marítima terrestre” (Zofemat), cuyos inicios históricos fueron a principio del siglo XIX, en el que hacían referencia a una franja de tierra firme de 20 metros de distancia, inicialmente como una delimitación de las playas de las cuales formaban parte y posteriormente distinguiéndola del concepto de playa, caracterizándola como propiedad o bien de dominio público. Este concepto de zona federal  marítima terrestre, fue evolucionando conforme las distintas administraciones federales, de suerte que en el año 1982 era conocida  como zona federal marítima terrestre y ambiental costero, pero a principios de los noventa quedó definido este concepto que hoy conocemos.

Más antecedentes históricos de las Zofemat provienen de la etapa colonial, en las Leyes de Partida de Felipe II, en las que consideraban a las playas como cosas comunes a los súbditos españoles y pertenecían al real patrimonio de España. La Real Orden del 10 de septiembre de 1815 señalaba que debería de entenderse por playas a todo aquel espacio que baña el agua del mar en su flujo y reflujo diario. Así que para el México independiente con la resolución presidencial del 15 de noviembre de 1850, se estableció que en materia de playas, los límites de las mismas, se determinaban por los ordenamientos de la Armada de México, por la ordenanza de poblaciones de Felipe II y por la Real Orden de 1815. Para 1894 se instituyó la propiedad permanente del gobierno federal sobre las playas, la zona marítima terrestre, y sobre la zona de diez metros en ambas riberas de los ríos navegables, declarando que dichos bienes no podían enajenarse ni estar sujetos a prescripción. A partir de entonces la zona federal marítimo terrestre ha sido tutelada por diferentes Legislaciones Mexicanas, hasta la actual Ley General de Bienes Nacionales.

La Ley General de Bienes Nacionales, en el artículo 7o., fracción V, señala: la zona federal marítimo terrestre es un bien de uso común y de dominio público de la federación; en el primer caso, son libres para cualquier persona, en el segundo supuesto requieren de una concesión o permiso para su aprovechamiento o explotación que implica la obligación de pago de derechos, regulados por la Ley Federal de Derechos.

La Ley Federal de Derechos, en el artículo 232, establece la obligación del pago por el uso, goce y aprovechamiento de las playas, terreno ganado al mar o cualquier otro depósito de aguas marítimas. De igual forma, los puertos, terminales, instalaciones portuarias, la zona federal marítima terrestre, los diques, los cauces, los vasos,  las zonas de corrientes, los depósitos de propiedad nacional  y otros muebles de dominio público tienen que pagar un derecho de acuerdo al tipo de uso ya sea general, para protección u ornato y de uso agropecuario.

Antes del año 1992, los incisos I y II del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, contemplaban el cobro de zona federal por metro cuadrado concesionado, a una tasa de 10 por ciento del valor del metro cuadrado del predio colindante más 1 por ciento del valor de inmueble en ella construido. Este sistema era poco práctico pero justo, ya que si el predio colindante era de lujo, el concesionario pagaba más. Sin embargo, en diciembre de 1997 se modifica el artículo 232 ya mencionado, creándose un inciso C) y clasificando a los municipios costeros del país en 10 zonas tarifarías en donde la zona I es la más económica y la X es la más cara, de tal suerte  que la cantidad a pagar por concepto de derechos es el resultado de multiplicar los metros cuadrados del área concesionada por el costo  establecido para la zona de clasificación que corresponde. Es de hacer notar que el criterio establecido en la Ley, en cuanto a la clasificación de las zonas fiscales, se basa en el nivel socioeconómico de los municipios costeros. Así, hasta 2010 se consideraron en el artículo 232-D diez zonas fiscales, en las cuales se incluyen desde los municipios más pobres, económicamente hablando, hasta los que tienen un alto valor económico, especialmente desde el punto de vista turístico.

Posteriormente, como un caso especial por la inversión realizada en algunas playas de Quintana Roo, se incorporó una zona adicional con el número XI que comprende las subzonas A y B donde se separaron los distintos municipios turísticos del estado, quedando vigente hasta la fecha, como se muestra en el cuadro adjunto:

Como podrá observarse, separaron en la clasificación a Cozumel del resto de los otros centros turísticos: Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Tulum, que constituyen la Riviera Maya, dejando a Isla Mujeres en la zona VIII.

En este sentido, con la primera  clasificación de la Zonas Marítimas Terrestres  de 1997,  el estado de Colima ocupó dos zonas tarifarias: los municipios de Armería y Tecomán fueron incluidos en la zona III y el de  Manzanillo en la zona VIII, con lo cual se marcó una gran diferencia entre municipios del mismo estado aún reconociendo que el potencial turístico  de Manzanillo es mayor al de los otros dos municipios.

Esta clasificación tarifaria es lesiva para Manzanillo porque lo igualan en desarrollo turístico con otros de mayor infraestructura y derrama económica, como Nuevo Vallarta en Bahía de Banderas, Puerto Peñasco en Sonora, Isla Mujeres en Quintana Roo, Mazatlán en Sinaloa, Veracruz y Boca del Rio en Veracruz así como Rosarito en Baja California, por lo que diversos concesionarios a través de la Asociación de Hoteles y Moteles de Manzanillo, AC, plantearon la discrepancia y solicitaron ante diversas instancias como el ayuntamiento de Manzanillo, la Secretaría de Turismo Estatal y la propia Dirección General de Zonas Marítima Terrestres, la reclasificación a la zona tarifaria VII.

Sustentan la demanda en el hecho de que Manzanillo sólo cuenta con un total de 3 mil 534 cuartos de hotel con una tasa de crecimiento prácticamente estática, en su reducido número de vuelos y de líneas aéreas, la falta de consolidación y permanencia de los cruceros turísticos que arriben al puerto, la deficiente infraestructura urbana y la falta de inversión en infraestructura turística (Manzanillo no cuenta hasta el momento con un centro de convenciones), además de que el mayor interés económico recae en la actividad portuaria. A lo anterior, habría que agregar que su actividad turística es sólo de temporadas: Semana Santa y Pascua, vacaciones escolares y fiestas decembrinas, sin contar que en la primera de ellas el visitante en su mayoría pernocta en las playas o con familiares, por lo que el movimiento turístico del mejor de los municipios colimenses no se compara con los incluidos en la mencionada zona tarifaria VIII, estando más a la par de municipios como Guaymas en Sonora, Coatzacoalcos en Veracruz y Compostela en Nayarit, e incluso por debajo de Tijuana, Baja California, que se encuentran en la zona tarifaria VII.

En este argumento es importante destacar la información de la actividad hotelera que durante la semana 34 (semana de vacaciones de verano) del año 2011, se reportó, siendo una prueba fehaciente de  cuales  playas son más visitadas, en las que se puede observa en el siguiente cuadro que el Municipio de Manzanillo tiene el onceavo lugar de de las playas mexicanas más visitados, y en el que  Mazatlán, Veracruz y Nuevo Vallarta (Bahía de Banderas) integrantes de la zona VIII que están muy encima  de Manzanillo en porcentaje en ocupación hotelera (http://datatur.sectur.gob. mx/work/dcs/5_reporte_semana/sem342011.pdfhttp://datatur.sectur.gob.mx/work/dcs /5_reporte_semana/sem012012.pdf.)

En este segundo cuadro, nuevamente se repite el fenómeno en el que Manzanillo ocupa el onceavo lugar de ocupación hotelera en la semana 01 del año 2012, correspondientemente a las vacaciones decembrinas.

Es de agregar también que la clasificación de Manzanillo en la zona tarifaria VIII, es incongruente con los principios de proporcionalidad y equidad, establecidos por la Constitución en su artículo 31 fracción IV,  y que el excesivo cobro por metro cuadrado de zona federal utilizada en protección u ornato y en general, le ha llevado a este destino turístico a los problemas actuales: el desuso de dichas zonas, la morosidad en el pago de los derechos por los concesionarios, accesos a las playas deteriorados e inconformidad de los usuarios de esa zona, quienes han solicitado desde hace varios años una reclasificación de zona para Manzanillo. Asimismo, es de recordar que el derecho fiscal encuentra su fundamento en el principio de equidad; es decir, trato igual a los iguales, por lo que al ubicar la ley al municipio de Manzanillo en zona VIII, está tratando igual al desigual, no solo equiparándolo con otros municipios del país de mayor desarrollo turístico, sino generalizando incluso, la desigualdad de sus propios concesionarios; pues debemos señalar que otro de los argumentos de su demanda, es que en la zona costera de este municipio se presenta una diversidad de áreas desde el punto de vista socioeconómico que no se valoró al hacer la clasificación de zona; es decir, lo mismo se conjuntan hoteles de gran turismo que de un turismo modesto, o restaurantes de especialidades junto con ramadas de pescadores o pequeños comerciantes que igualmente usan con fines turísticos la zona federal, contigua a sus instalaciones, para brindar un mayor servicio a sus clientes.

Por lo anterior, concluimos que la permanencia del municipio en esta clasificación seguirá generando situaciones como: bajo nivel de competitividad, desaliento para la inversión de franquicias nacionales e internacionales, falta de inversiones en infraestructura turística, de protección y ambiental; migración del turismo a otros centros vecinos como la Costa Alegre, en Cihuatlán, y Puerto Vallarta, en Jalisco, o a playas de Michoacán, etcétera, con lo que el ingreso por concesiones de zona federal marítimo terrestre seguiría estancado.

Por todo ello, existen razones que justifican el cambio del municipio de Manzanillo de zona tarifaría VIII a la zona tarifaría VII, ya que con este aliento, el padrón de concesionarios podría incrementarse considerablemente, lo que traería otras consecuencias positivas como son

1) Atracción de nuevos inversionistas en las zonas costeras de Manzanillo, generando nuevos servicios turísticos, y por lo tanto nuevos empleos.

2) Recaudación puntual de derechos de zona federal, en beneficio del ingreso oportuno a las arcas municipales.

3) Abatimiento del rezago de morosos, que no han pagado debido a la alta tarifa de estos derechos.

4) Incentivo a los concesionarios que pagan puntualmente los derechos de zona federal que ocupan.

5) Incremento de nuevas concesiones para protección y ornato de zona federal, generando un uso armónico de estas áreas.

6) Accesos a las playas con mejores condiciones, ya que los concesionarios las cuidarían.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos

Artículo Único.Se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 232-D...

Zona I...

Zona II...

Zona III...

Zona IV...

Zona V...

Zona VI...

Zona VII.Estados de Baja California: Tijuana; Baja California Sur: Mulegé; Colima: Manzanillo; Jalisco: Cihuatlán; Nayarit: Compostela; Sonora: Guaymas; Veracruz: Coatzacoalcos.

Zona VIII.Estados de Baja California: Playas de Rosarito; Baja California Sur: Loreto; Oaxaca: San Pedro Mixtepec; Quintana Roo: Isla Mujeres; Nayarit: Bahía de Banderas; Sinaloa: Mazatlán; Sonora: Puerto Peñasco; Veracruz: Boca del Río y Veracruz.

Zona IX...

Zona X...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.— Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

ARTICULOS 3o. Y 31 CONSTITUCIONALES - LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Educación.

El diputado Catalino Duarte Ortuño:Con su anuencia, señor presidente; compañeros legisladores y compañeras legisladoras, con base a las disposiciones que establece la condición de presentar iniciativas, me permito hacer la exposición de motivos, en relación con la presente iniciativa.

El derecho de los jóvenes a una educación de calidad es un aspecto elemental para el crecimiento y el desarrollo de cada país; en ese sentido, la educación superior constituye sin duda uno de los temas de mayor trascendencia para el presente y el futuro de los estudiantes de México.

La realidad de fuertes disparidades y exclusión social de nuestro país se refleja todavía en niveles desiguales de cobertura en educación, con brechas importantes en todos los niveles, pero sobre todo a nivel superior, donde una proporción significativa de los sectores pobres o más vulnerables no acceden, y muchos de los que ingresan no pueden concluir. También existe desigualdad en la oferta del servicio que se brinda en las diferentes entidades federativas en zonas rurales y urbanas.

En el informe Panorama Educativo 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico arrojó que México ocupa el último lugar en la expectativa de graduación en el bachillerato, con 47 por ciento y en gasto por alumno penúltimo sitio en la tasa de graduación en nivel superior, con 20 por ciento. Alcanza el tercer lugar en cuanto al mayor número de ninis y el undécimo en lo que se refiere a la tasa de desempleados con educación universitaria.

Al presentar el panorama de la educación 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que —hasta el año 2010— solo 22 por ciento de la población, en el rango de edad entre los 25 y 34 años, tenían estudios universitarios, lo que provocó que nuestro país se situara en el grupo de naciones que acumulan retraso en ese nivel educativo.

La cobertura en educación superior en México es del 30 por ciento, lo cual es insuficiente. Aún estamos muy rezagados frente a países como Finlandia, que tiene 94 por ciento; Estados Unidos de América, en donde se acerca al 83 por ciento; Uruguay, 65 por ciento, y Chile, 55 por ciento; España tiene también coberturas altas y Argentina tiene más del 60 por ciento. Estas brechas son un desafío para los objetivos de la equidad en el ámbito educativo.

Los rezagos más importantes en el sistema educativo nacional son la falta de oportunidades de gran parte de la población para acceder a una educación de calidad y a los avances en materia de tecnología e información, así como superar la desvinculación entre la educación media superior y superior y el sistema productivo.

En México, muchas instituciones de educación superior trabajan por debajo de su capacidad, ya que la demanda educativa está muy concentrada.

Por otra parte, el hecho de alcanzar los niveles de escolaridad más altos no garantiza que los estudiantes se incorporen, una vez graduados, al mundo del trabajo. Ello habla de manera elocuente del problema de la falta de vinculación entre la educación superior y el mercado laboral.

México necesita desarrollar una estrategia educativa, a largo plazo, para garantizar un nivel general de habilidades y conocimiento más alto, lo que facilitaría el crecimiento económico y mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.

Es por todos estos motivos que la educación superior en México requiere, sin lugar a dudas, tener obligatoriedad; asegurará las bases de una sociedad del conocimiento en el país, de profesionistas, técnicos y científicos que nuestro país demanda.

En ese menester de ideas y mandatos y para lograr los objetivos planteados en esta iniciativa, resulta necesario fortalecer el orden jurídico nacional e institucional de nuestro sistema educativo nacional, para que la educación superior tenga obligatoriedad en México.

Por lo expuesto, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3o. y 8o. de la Ley General de Educación, que de manera resumida establecen la obligatoriedad del gobierno, de los padres de familia, de trabajar para que en el caso de la educación superior, sea obligatoria en este país. Muchísimas gracias. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Catalino Duarte Ortuño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3o., 4o. y 8o. de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho de los jóvenes a una educación de calidad es un aspecto elemental para el crecimiento y desarrollo de cada país. La educación superior constituye sin duda uno de los temas de mayor trascendencia para el presente y el futuro de los estudiantes de México.

El reto de lograr una educación inclusiva y de calidad en los jóvenes debe considerar factores como el combate a todo tipo de discriminación y el establecimiento de canales de participación y cooperación, sobre todo para quienes no pueden cursar el nivel superior.

El debate sobre la educación de calidad ofrece una oportunidad para reflexionar sobre cómo y por qué los enfoques actuales resultan inoperantes con tantos jóvenes. La realidad de fuertes disparidades y exclusión social de nuestro país se refleja todavía en niveles desiguales de cobertura en educación con brechas importantes en todos los niveles, pero sobre todo a nivel superior, donde una proporción significativa de los sectores pobres o más vulnerables no accede y muchos de los que ingresan no pueden concluir. También hay desigualdad en la oferta del servicio que se brinda en las entidades federativas, en zonas rurales y urbanas.

El informe Panorama educativo 2012 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) arrojó que México ocupa el último lugar en la expectativa de graduación en el bachillerato, con 47 por ciento, y en gasto por alumno, y penúltimo sitio en la tasa de graduación en nivel superior, con 20 por ciento. Alcanza el tercer lugar en cuanto al mayor número de ninis y el undécimo en tasa de desempleados con educación universitaria.

La OCDE dio a conocer que en México las oportunidades en la educación superior crecen lentamente y de mantenerse la tendencia quizá no logre superar el rezago en que se encuentra.

Al presentar el Panorama de la educación 2012, el organismo señaló que hasta 2010 sólo 22 por ciento de la población, en el rango de edad entre los 25 y 34 años, tenía estudios universitarios, lo que provocó que nuestro país se situara en el grupo de naciones que acumulan retraso en ese nivel educativo. El panorama también se advierte en la educación media superior, ya que se puede prever que sólo 4 de cada 10 niños que ingresaron al sistema educativo en el año 2010 podrán graduarse del bachillerato, esto es la menor tasa entre países de la OCDE.

México se situó apenas por arriba de Brasil, Turquía, Italia y Austria, en la medición de 35 naciones. En el extremo contrario está Corea, con más de 65 por ciento de los jóvenes con ese nivel educativo, seguida de Japón y Canadá con casi 60 por ciento.

La cobertura en educación superior en México es de 30 por ciento, la cual es insuficiente. Aún estamos muy rezagados frente a países como Finlandia, que tiene 94 por ciento; Estados Unidos de América, donde se acercan a 83 por ciento; Uruguay, 65 por ciento; y Chile, 55 por ciento, España tiene también coberturas altas y Argentina tiene más de 60 por ciento. Estas brechas son un desafío para los objetivos de la equidad en el ámbito educativo. Los rezagos más importantes en el sistema educativo nacional son la falta de oportunidades de gran parte de la población para acceder a una educación de calidad, y a los avances en materia de tecnología e información, así como superar la desvinculación entre la educación media superior y superior y el sistema productivo.

La escasa matrícula en educación superior obedece a ineficiencias en los niveles previos, a la pobreza de las familias y a las características propias de las instituciones de educación superior. En México, muchas instituciones de educación superior trabajan por debajo de su capacidad, ya que la demanda educativa está muy concentrada.

Por otra parte, el hecho de alcanzar los niveles de escolaridad más altos no garantiza que los estudiantes se incorporen, una vez graduados, al mundo del trabajo. Ello habla de manera elocuente del problema de la falta de vinculación entre la educación superior y el mercado laboral.

Argumentación

México invierte ya un alto porcentaje del presupuesto público en educación (cerca de 22 por ciento, el más elevado entre los países de la OCDE). Mejorar la calidad de los servicios educativos, incrementar los niveles de logro académico y reducir las tasas de deserción deben ser una prioridad política y social en México; debido a las altas tasas de pobreza, la fuerte desigualdad y el aumento de la criminalidad.

De igual importancia es que México se asegure de que todos los jóvenes, incluidos aquellos provenientes de entornos socioeconómicos desfavorecidos y de familias indígenas, tengan las mismas oportunidades educativas en nivel superior.

México necesita desarrollar una estrategia educativa de largo plazo para garantizar un nivel general de habilidades y conocimiento más alto, lo que facilitará el crecimiento económico y mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.

Una de las primeras condiciones necesarias es establecer un reducido número de objetivos claros, medibles y de alta prioridad, enfocados en la mejora el desempeño de los estudiantes, reducir las tasas de deserción, asegurar el egreso oportuno y reducir las desigualdades dentro del sistema educativo.

El primer punto clave de esta iniciativa es la necesidad de poner a las escuelas mexicanas y a los estudiantes en el centro del diseño de las políticas educativas. La mejora de las escuelas mexicanas necesitará repensar el sistema de gobernanza, así como el papel que desempeñan los líderes escolares y los docentes, para permitirles centrarse en el apoyo de todos los jóvenes para que alcancen su mayor potencial de aprendizaje.

México enfrenta importantes desafíos en educación. Pese al progreso significativo alcanzado en las décadas recientes en términos del acceso, de las mejoras en los índices de terminación en los niveles de educación básica y, del desarrollo de evaluaciones del aprendizaje, aún persisten desafíos considerables; ya que todavía una alta proporción de jóvenes no finalizan la educación media superior y superior, por lo que el desempeño de los estudiantes no es suficiente para proporcionar las habilidades que México necesita.

El país requiere que todos los jóvenes puedan tener acceso a educación superior de calidad, y también que los contenidos y métodos educativos respondan a las características que demanda el mercado laboral.

En los años por venir se requiere poner la mira en metas cada vez más ambiciosas y redoblar el paso para ampliar el acceso a la educación superior. El país debe tener políticas específicas para avanzar a pasos acelerados y no simplemente mantenerse en los niveles de promedio de los miembros de la OCDE.

Es mucho lo que resta por hacer para garantizar que cada vez más jóvenes ejerzan su derecho a la educación. Debemos aspirar a que el origen social no determine el destino educativo, laboral o social de los jóvenes. Lograrlo requiere del continuo fortalecimiento de los programas dirigidos a superar la pobreza y a remover las barreras que obstaculizan la ampliación de las oportunidades educativas entre los sectores más desfavorecidos.

Por todos esos motivos, la educación superior en México requiere sin duda tener obligatoriedad, lo que definirá y asegurará las bases de una sociedad del conocimiento en el país de profesionistas, técnicos y científicos que nuestro país demanda.

Para lograr el progreso que un país requiere son necesarios los cimientos de una buena educación, el país requiere estudiantes de nivel superior con mayores capacidades y herramientas tecnológicas que les permitan tener mayor futuro, que coadyuven a la generación de recursos humanos y de competitividad, que sólo con la garantía de la universidad obligatoria se puede alcanzar.

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y las modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la nación, y apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura.

Finalmente, el artículo 25 de la Ley General de Educación establece que el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado –Federación, entidades federativas y municipios– destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre ellos, a fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

En este menester de ideas y mandatos, y para lograr los objetivos planteados en esta iniciativa, resulta necesario fortalecer el orden jurídico nacional e institucional de nuestro sistema educativo nacional para que la educación superior tenga obligatoriedad en México.

Por lo expuesto someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforman los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3o., 4o. y 8o. de la Ley General de Educación

Primero. Se reforma el artículo 3o., párrafo primero, y fracciones, V y VI, y el artículo 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, estados, Distrito Federal y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, media superior ysuperior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta, la media superior y la superior serán obligatorias.

La educación...

I. y II. ...

Además:

a) a c) ...

III. y IV. ...

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior ,superior y normal, los particulares deberán

a) y b) ...

VII. y VIII. ...

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

II. a IV. ...

Segundo. Se reforman los artículos 3o., 4o. y 8o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior y superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.

Artículo 4o. Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y la superior.

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior y superior.

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan –así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan– se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implantar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I. a III. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, las autoridades educativas federal, estatales y municipales instaurarán programas y acciones que garanticen los procesos de capacitación y conocimiento para los docentes de las instituciones educativas de nivel superior; a fin de iniciar un proceso de transformación estructural que correspondan a este nivel.

Tercero. La obligatoriedad de la educación superior se implantará a partir del ciclo 2014-2015, creciendo de manera gradual, hasta universalizar la obligatoriedad en todo el país para el ciclo 2019-2020.

Cuarto. Los presupuestos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal incluirán los recursos necesarios para la construcción y ampliación de equipamiento de la infraestructura suficiente para la cobertura gradual de los servicios de educación superior, así como de dotación gratuita de materiales de estudio para maestros y alumnos.

Quinto. Cuando las comunidades rurales y zonas donde no se cuente con infraestructura para la educación superior, las autoridades educativas federales, en coordinación con las de las entidades federativas y municipios, establecerán los programas de trabajo especiales que se requieran y tomando las decisiones pertinentes para asegurar el acceso de los aspirantes a los servicios de educación superior.

Sexto. Los gobiernos estatales y del Distrito Federal celebrarán con el federal convenios de colaboración que les permitan cumplir la obligatoriedad de la educación superior en los términos establecidos en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.— Diputado Catalino Duarte Ortuño (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Esther Garza Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco.

La diputada María Esther Garza Moreno:Con su permiso, señor presidente. Con las potestades que la ley me otorga, con su venia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el motivo de mi intervención es presentar a esta soberanía iniciativa de ley sobre un tema que me preocupa y me ocupa; hemos tenido la experiencia de construir un centro de rehabilitación para adictos y a la vez trabajar con ellos directamente. Aquí nos hemos dado cuenta que varias de las adicciones inician fumando. Como dicen ellos: echando humo.

Ese humo gris, como la vida de los niños que pierden a sus padres por cáncer de pulmón, cáncer de laringe; ese humo gris, como la vida de los adictos; esa vida gris, como de las familias que llevan a cuestas este problema.

Los jóvenes se están enganchando con esta adicción cada vez más pequeños y ahora, como buenos mexicanos, juegan con la vida; cuando van a cualquier tienda a comprar los cigarros piden uno de rata, uno de pulmón ahumado o uno de pie negro.

Hay muchas formas de inhibir el consumo del tabaco, aumentar los impuestos es una de ellas, pero no es la única. Aumentar el precio fomenta el comercio ilegal y el contrabando.

La mercadotecnia ha hecho que se fume más. Hagamos, con esta misma herramienta, que se desinhiba el consumo del tabaco. Países avanzados, como Australia, Canadá y Gran Bretaña, establecen en su legislación que los empaquetados y etiquetados sean del mismo color. En Australia es verde olivo.

Nosotros estamos proponiendo que sea color blanco y negro; el objetivo es reducir el atractivo de compra para los más jóvenes, para los que inician. Este empaque único, que no tenga ningún diferente color ni atractivo, para que no les llame la atención y para que no los compren.

Si aprobamos y aplicamos estas medidas, reduciremos notablemente el consumo del tabaco y nos garantizará una población más saludable y un menor gasto de servicios de salud.

La Organización Mundial de la Salud estima que al año mueren seis millones de personas por enfermedades relacionadas con el consumo y exposición al humo del tabaco, y en México, 60 mil personas mueren por la misma causa. Nuestro país gasta al año, en tratamiento para enfermedades relacionadas con el tabaquismo, cerca de 45 mil millones de pesos.

Hay un millón de razones para dejar de fumar y ninguna para fumar. Avancemos en nuestra legislación protegiendo a nuestra juventud y anteponiendo siempre la salud de todos nosotros. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo de la diputada María Esther Garza Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María Esther Garza Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Cultivado por los habitantes nativos de América y difundido en Europa a partir de los viajes colonizadores, el uso y consumo del tabaco siempre ha generado suspicacias sobre los efectos nocivos que genera en la salud del ser humano.

La producción en serie del tabaco comienza a finales del siglo XIX, cuando se patenta la máquina de Bonsack que permite la fabricación de cigarrillos en serie. Aunado a la creación de los fósforos y la invención de la cajetilla, permitió la portabilidad y se popularizó su consumo, sobre todo entre las clases altas y medias.

Varios investigadores comenzaron a indagar los efectos nocivos que produce el consumo del tabaco. Así, en el siglo XX se realizó investigación médica que dio muestra de los efectos perjudiciales de su consumo, no solo a nivel personal, sino también a nivel social.

En 1938 Rayman Pearl, médico inglés publicó un estudio en donde determinaba que los fumadores viven menos que los no fumadores. Así mismo se encontró que existía una estrecha relación entre el consumo de tabaco y la presencia de cáncer de pulmón.

Para 1950, The Journal of the American Medical Association publicó tres estudios que muestran la relación entre el consumo del tabaco y el cáncer, no solamente de pulmón, también de laringe, faringe y graves problemas cardiovasculares.

En 1964, el Director de Servicios Estatales de Salud Pública de los Estados Unidos, presentó un informe en donde concluía: 1.- El tabaquismo es un factor de riesgo de cáncer de pulmón y laringe. 2.- El tabaquismo es la causa más importante de bronquitis crónica. 3.- El tabaquismo es un riesgo importante en la salud pública, por tanto, se deben implementar medidas cautelares en la población.

A partir de estas fechas, con la publicación y difusión de los estudios referentes a los problemas de salud que produce el tabaco, los gobiernos han comenzado a regular y buscar políticas públicas que reduzcan la exposición y el consumo del tabaco, sobre todo en jóvenes.

El tabaquismo es la principal causa de muerte no transmisible y prevenible en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al año mueren 6 millones de personas por enfermedades relacionadas con el consumo y exposición al humo del tabaco. En México, cerca de 60 mil personas mueren por las mismas causas, vinculadas al tabaquismo. México gasta al año, en tratamiento para enfermedades relacionadas con el tabaquismo, cerca de 45 mil millones de pesos.

La OMS en el año 2003, celebró el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT). Dicho Convenio consta de 38 artículos que establecen una serie de propuestas y recomendaciones para los Estados firmantes, con el fin de proteger la salud de sus habitantes, reducir el gasto público por tratamientos médicos y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos del mundo. México firmo el Convenio en 2004 y fue ratificado en 2005 por el Senado.

El Convenio, en su artículo 5 determina que los Estados miembros “adoptarán y aplicarán medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces y cooperará, según proceda, con otras Partes en la elaboración de políticas apropiadas para prevenir y reducir el consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al humo del tabaco”.

La adicción al tabaco se debe al consumo de la nicotina, principal componente del tabaco. Cuando se inicia su consumo, hay mayor probabilidad de que desarrolle una adicción. En México, el promedio de inicio de consumo del tabaco es de 20 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 del Instituto Nacional de Salud Pública. Entre el 10.5 y 27.8% de los estudiantes de secundarias urbanas (13-15 años) fuman; y entre el 8 y el 15% de los estudiantes han probado el cigarro antes de los 13 años.

México ha realizado importantes esfuerzos con el fin de dificultar el acceso al tabaco para los jóvenes. La Ley General para el Control del Tabaco (LGCT), promulgada en abril de 2008, implementó medidas importantes encaminadas al cumplimiento del Convenio Marco. Entre estas se encuentran  la prohibición de venta de cigarros individuales, prohibición de venta a menores de edad, la implementación de pictogramas y mensajes sanitarios en los empaquetes, prohibición de fumar para espacios públicos cerrados, y regulación de la publicidad para los productos del tabaco.

La publicidad de los productos del tabaco está mencionada en el CMCT, en su artículo 13. El Convenio determina que “las Partes reconocen que una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el consumo de productos de tabaco”

La publicidad fue limitada en la LGCT a las revistas para adultos, comunicación personal por correo o dentro de establecimientos de acceso exclusivo para aquéllos. Así mismo, el empaquetado y el etiquetado tienen un espacio disponible para la comunicación de sus productos, así como de sus características.

Elementos como los colores, las características como “Ligeros”, “Suaves”, o con sabores, aumenta el atractivo de consumo para los fumadores, sobre todo para los jóvenes. Es importante que limitemos el uso de estos conceptos, y se reduzca el atractivo del consumo para la población.

El objetivo de esta iniciativa es la regulación de los empaquetados y etiquetados del tabaco, con el fin de homologar los colores, pictogramas y el diseño, y con ello reducir el atractivo de compra para los jóvenes. Se propone dejar el espacio necesario para la colocación de los elementos de marca dentro de los empaques y paquetes, a fin de evitar confusiones dentro de los consumidores. Asimismo, se establece la eliminación de la publicidad a través de cualquier medio para los productos del tabaco, y la prohibición de exhibirlos en los establecimientos comerciales.

En comparación con otros países, como es el caso de Australia, en donde se ha implementado lo que se conoce como “Plain Packaging Tobacco”, que consiste en la elaboración, desde la Ley, de un empaque único para los diferentes productos del tabaco. La Ley, aprobada en 2011 y que será aplicada a partir de diciembre de 2012, obliga a las empresas a homogenizar sus empaquetados, incluso con la eliminación de las marcas y las especificaciones del producto.

Las cajetillas que tienen elementos diferenciadores entre ellas, resultan más atractivas que las cajetillas genéricas. Un estudio realizado en Brasil, demostró que la aplicación de un plan general de empaquetado, removiendo las descripciones y los colores de las cajetillas, reducen el atractivo de comprar productos de tabaco en jóvenes y jóvenes adultos, por lo que en consecuencia, reduce la susceptibilidad de fumar.

Si aprobamos y aplicamos estas medidas, se tendrá una disminución importante en el consumo del tabaco dentro de los rangos poblacionales más jóvenes. Reducir el consumo de tabaco, nos garantiza una población más saludable, un menor gasto en servicios de salud para la atención de las enfermedades, y una mayor productividad dentro de la población económicamente activa del país.

Junto con esta medida, debemos hacer énfasis en el cabal cumplimiento de la Ley General para el Control del Tabaco. La venta de cigarros individuales es una práctica que, además de ilegal, representa una evasión de impuestos importante para nuestro país. Las autoridades sanitarias deben de estar atentas a su cumplimiento.

Las medidas han tenido importantes efectos, con resultados visibles. Sin embargo, aun quedan mucho hacer. Junto con las políticas de control del tabaco, las campañas de información y concientización, la aplicación irrestricta de la ley, la implementación de medidas fiscales, deben ir de la mano para lograr eliminar los efectos nocivos que representa para la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea en siguiente proyecto de

Decreto de reforma la Ley General para el Control del Tabaco

Artículo Único.Se modifica la fracción II del artículo 16, fracción IV del artículo 18, el párrafo tercero del artículo 20; se derogan los párrafos segundos y tercero del artículo 23, y el artículo 25; y se adicionan la fracción IV y IX al artículo 18, recorriéndose las subsecuentes; todos de la Ley General para el Control del Tabaco, para quedar como sigue:

Artículo 16. Se prohíbe:

I. ...

II. Colocar los cigarrillos en sitios visibles para el consumidor.

Artículo 18....

I. al III....

IV. Todo empaquetado y etiquetado se imprimirá en blanco y negro, a excepción de los pictogramas o imágenes;

V.Deberán ocupar el 100 por ciento de la cara anterior, posterior y de una de las caras laterales del paquete y la cajetilla;

VI.Al 50 por ciento de la cara anterior de la cajetilla se le deberán incorporar pictogramas o imágenes;

VII.El 100 por ciento de la cara posterior , el 100 por ciento de la cara lateral y el 50 por ciento de la cara anterior, serán destinados al mensaje sanitario, que del mismo modo será rotativo, deberá incorporar un número telefónico de información sobre prevención, cesación y tratamiento de las enfermedades o efectos derivados del consumo de productos del tabaco;

VIII.Las leyendas deberán ser escritas e impresas, sin que se invoque o haga referencia a alguna disposición legal directamente en el empaquetado o etiquetado , y;

IX.La cara superior y una de las caras laterales, serán utilizadas para la colocación de los elementos de marca.

...

Artículo 20...

...

Quedan prohibidas expresiones tales como “bajo contenido de alquitrán”, “ligeros”, “ultra ligeros” o “suaves”.

Artículo 23....

(Se deroga)

(Se deroga)

Artículo 25.Se deroga

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Lo relativo a aplicación del artículo 18, fracción IV, la Secretaría de Salud tendrá un plazo de 3 meses para emitir la reglamentación necesaria a la nueva legislación del empaquetado y etiquetado. La implementación tendrá un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 Datos obtenidos de la Fundación Interamericana del Corazón México www.ficmexico.org.mx

2 “The potential of plain packaging of cigarette products among Brazilian young women: an experimental study”, BMC Public Health 2012, 12. www.biomedcentral.com/1471-2458/12/737

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.— Diputada María Esther Garza Moreno (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Salud, para su dictamen.

ARTICULO 116 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Solicito se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es una iniciativa que presento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Estimados compañeros diputados, creo que todos ustedes coinciden conmigo en que a nivel local el proceso de democratización no ha sido tan profundo y vigoroso como —a pesar de todas las dificultades— sí lo ha sido a nivel federal.

La llegada de la democracia a nivel federal, de hecho capturó la atención de la ciudadanía, de los medios de comunicación, también de la comunidad internacional y por eso mismo, la construcción de instituciones democráticas fuertes, como el propio Instituto Federal Electoral, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue posible, y hoy en día, a pesar de todo lo que falta por hacer, podemos decir que son dos pilares de la democracia mexicana.

Sin embargo, desafortunadamente la democratización a nivel local no ha seguido el mismo ímpetu y no ha estado sujeta al escrutinio público y esto ha permitido que se conserven diversos rasgos autoritarios en varias entidades federativas.

Hoy vemos a gobernadores comportándose, en sus estados, como auténticos caciques, sin contrapesos federales, apoyando a sus delfines con dinero público y con todo el peso del aparato gubernamental; vemos también a políticos violentando la autonomía que la Constitución Política en su artículo 116 otorga a las autoridades electorales locales.

Vemos hoy en día titulares de organismos electorales nombrados a modo, amiguismo, uso faccioso y manipulación de los órganos electorales y todo esto, sin duda, pone en riesgo su razón de existir.

Además, también tenemos, aunado a lo anterior, un problema de diseño institucional, ya que cada estado señala en su propia constitución cómo se han de elegir a las autoridades electorales locales, así como la duración de su encargo y los requisitos para acceder al cargo, y a falta, precisamente, de una legislación homologada, la autonomía de las autoridades electorales en varios estados se encuentra permanentemente en entredicho y con ello la validez de las elecciones.

Mantener la autonomía, imparcialidad, institucionalidad y el carácter técnico y ciudadano de las autoridades electorales y locales requiere de un nuevo diseño institucional homologado en todo el país; por eso resulta de fundamental importancia establecer —como se pretende con esta iniciativa— desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las pautas generales que garanticen la imparcialidad en el ejercicio del deber de los titulares de los órganos electorales a nivel estatal.

Es necesario determinar, desde nuestra Carta Magna, los criterios básicos de integración y funcionamiento, tanto de los institutos y consejos, como de los tribunales electorales, en cada una de las 32 entidades de nuestro país.

Fijar desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los lineamientos básicos de la duración del encargo, del método de selección y del perfil técnico de consejeros y magistrados electorales, refuerza y dificulta el proceso para realizar modificaciones que atenten contra la independencia de estos pilares de la democracia.

Para ello se propone una reforma al artículo 116 de la Constitución, para expresar en forma clara que las autoridades electorales administrativas y judiciales de los estados se regirán bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

También garantizar la autonomía e independencia de las autoridades electorales de los Poderes Ejecutivos locales, definiendo expresamente que en la integración de dichas autoridades participarán las Legislaturas de cada estado, los partidos políticos y los ciudadanos, previa convocatoria pública, certera y transparente, a fin de acotar un indebido ejercicio de la facultad de nombramiento con la que hoy en día cuentan los Ejecutivos locales en diversos estados, así como los respectivos grupos parlamentarios en los órganos legislativos locales, para nombrar a los consejeros electorales locales, y esto afecta la equidad e imparcialidad en la contienda electoral.

En ese sentido, pretendemos establecer expresamente, a nivel constitucional, que para la integración y organización de los institutos electorales estatales es necesario lo siguiente:

Primero. Que la integración y organización de las autoridades electorales estatales se sujete a lo dispuesto por los artículos 41, base V, y 99 de esta Constitución, para las autoridades electorales federales; es decir, homologar el procedimiento por el cual se elige hoy en día al IFE con el procedimiento con el que se deberán elegir los institutos electorales en los estados.

Segundo. Que los consejeros electorales que integren las mencionadas autoridades administrativas, electorales locales, duren en su encargo nueve años y sean renovados en forma escalonada y además que no puedan ser reelectos ni ocupar cargos públicos en cuya elección hayan participado y dentro de los tres años siguientes a la fecha de su retiro.

Estoy por terminar, presidente. Solicito que se amplíe a 10 minutos, tratándose de reforma constitucional.

El Presidente diputado José González Morfín: No puedo, diputado, el Reglamento es muy claro, solo para leyes generales. Son cinco minutos los que tiene; le pediría que pudiera concluir.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:¿Para reforma constitucional son cinco minutos?

El Presidente diputado José González Morfín: Así es, diputado. Está en el Reglamento.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Pero le pregunto si la reforma constitucional...

El Presidente diputado José González Morfín: Así es, diputado.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Esto es reforma constitucional.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, lo sé. Pero solo para leyes generales. Las iniciativas de reforma constitucional también tienen cinco minutos, y así lo hemos hecho en todas las sesiones.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Concluyo ya.

Tercero. Que además de los requisitos señalados por la ley deberán poseer al día de la designación un título profesional de nivel licenciatura, con una antigüedad mínima de cinco años y contar con los conocimientos y experiencia en materia electoral.

Es decir, de esta manera estamos buscando homologar en cada uno de los estados un sistema electoral que garantice autonomía e independencia, algo que hoy en día ciertamente no hemos podido apreciar en muchos estados donde vemos cómo los gobernadores intervienen impunemente y esto finalmente afecta precisamente la calidad de nuestra democracia. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Fernando Rodríguez Doval, con el carácter de diputado federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el incisoC) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El tránsito hacia un régimen democrático en México ha sido paulatino y gradual y ha requerido de la participación y del compromiso de muchos sectores de la población. Y aunque hoy, después de muchas décadas, podemos decir que vivimos en una democracia, ésta sigue siendo perfectible, especialmente a nivel local, donde el proceso de democratización no ha sido tan profundo y vigoroso como, a pesar de todas las dificultades, sí ha sido a nivel federal.

La llegada de la democracia a nivel federal capturó la atención de la ciudadanía, de los medios de comunicación y de la comunidad internacional. Gracias a eso, la construcción de instituciones democráticas fuertes, como el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dos pilares de la democracia mexicana, fue posible, y como consecuencia de lo anterior, pudimos experimentar la alternancia en el Poder Ejecutivo.

A pesar de que hay reformas pendientes en aras de perfeccionar nuestro sistema electoral, hoy podemos decir que las elecciones para elegir a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales son organizadas y calificadas por órganos técnicos e imparciales, apegados a la legalidad.

Desafortunadamente, la democratización a nivel local no ha seguido el mismo ímpetu y no ha estado sujeta al escrutinio público, lo que ha permitido la conservación de rasgos autoritarios en varias entidades federativas. Hoy vemos a gobernadores, de todos los partidos, comportándose como auténticos caciques, sin contrapesos reales, apoyando a sus “delfines” con dinero público y con todo el peso del aparato gubernamental. Vemos a políticos violentando la autonomía que la Constitución Política, en su artículo 116, otorga a las autoridades electorales locales: titulares nombrados a modo, amiguismo, uso faccioso y manipulación de los órganos electorales, lo que pone en riesgo su razón de existir.

Hay además un problema de diseño institucional, ya que cada estado señala en su propia Constitución cómo se han de elegir a las autoridades electorales locales, así como la duración de su encargo y los requisitos para acceder al cargo.

Los institutos y tribunales electorales en México surgieron por la necesidad de controlar los excesos partidistas y de contar con una autoridad independiente del Ejecutivo y del Legislativo que se encargara del desarrollo de las elecciones y de guardar el equilibrio político. Para que el cumplimiento de estas encomiendas sea pleno, la condición de autonomía debe de estar garantizada; lo que implica que los órganos electorales deben de mantener una relación de coordinación, y nunca de subordinación, con los otros Poderes.

No obstante, a falta de una legislación homologada, la autonomía de las autoridades electorales en varios estados se encuentra en entredicho y con ello, la validez de las elecciones. Los candados que resguardan la independencia de consejeros y magistrados electorales en ocasiones resultan insuficientes y por consiguiente son vulnerados con relativa facilidad. ¿Cómo garantizar la imparcialidad de un consejero electoral, si éste le debe su puesto a un determinado político? ¿Cómo confiar, entonces, en la equidad de la contienda electoral? ¿Cómo confiar en que los recursos de los partidos políticos están siendo debidamente fiscalizados? ¿Cómo garantizar que estos órganos conserven su carácter ciudadano?

Mantener la autonomía, imparcialidad, institucionalidad y el carácter técnico y ciudadano de las autoridades electorales locales requiere de un nuevo diseño institucional, homologado en todo el país. Por eso resulta de fundamental importancia establecer, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las pautas generales que garanticen la imparcialidad en el ejercicio del deber de los titulares de estos órganos a nivel estatal. Es necesario determinar, desde nuestra Carta Magna, los criterios básicos de integración y funcionamiento tanto de institutos y consejos como de tribunales electorales en cada una de las 32 entidades de nuestro país. De tal modo que en todas las entidades sea igualmente difícil modificar dichos procesos; sea igualmente difícil nombrar a consejeros y magistrados a modo; sea igualmente complicada su remoción; en pocas palabras, que sea igualmente difícil, en todo el país, violentar la autonomía de estos órganos constitucionales.

Así pues, las instituciones encargadas de resguardar la legalidad de las elecciones serán inmunes a los caprichos de ejecutivos locales y se reconocerán como autoridades máximas en la materia, con capacidad para imponer sanciones. Más aún, los órganos electorales permanecerán ajenos a coyunturas políticas y los criterios que guiarán su actuación serán estrictamente técnicos y legales.

Fijar desde la Constitución Política Mexicana los lineamientos básicos de la duración del encargo, del método de selección y del perfil técnico de consejeros y magistrados electorales, refuerza y dificulta el proceso para realizar modificaciones que atenten contra la independencia de estos pilares de la democracia. Fortalecer la autonomía política, financiera, administrativa y jurídica de los órganos electorales es de suma importancia, pues de este modo se contribuye a que la división de poderes se extienda más allá de la estructura tripartita tradicional (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y se refuerza el sistema de pesos y contrapesos.

El objeto de la presente iniciativa es fortalecer la autonomía de las autoridades electorales en los Estados, a fin de que haya una auténtica independencia e imparcialidad en sus decisiones y que su integración se fundamente en la participación de los ciudadanos de cada entidad federativa.

Para ello, se propone:

• Expresar en forma clara que las autoridades electorales administrativas y judiciales se regirán bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

• Garantizar la autonomía e independencia de las autoridades electorales de los Poderes Ejecutivos locales definiendo expresamente que en la integración de dicha autoridades participarán las Legislaturas de cada Estado, los partidos políticos y los ciudadanos, previa convocatoria pública, certera y transparente, a fin de acotar un indebido ejercicio de la facultad de nombramiento con la que cuentan los Ejecutivos locales en diversos estados, así como los respectivos grupos parlamentarios en los órganos legislativos locales, para nombrar a los consejeros electorales locales y que afectan la equidad e imparcialidad en la contienda electoral.

• En este sentido, establecer expresamente a nivel constitucional, para la integración y organización de los Institutos Electorales estatales, lo siguiente:

- Que la integración y organización de las autoridades electorales estatales se sujetará a lo dispuesto por los artículos 41, Base V, y 99 de esta Constitución para las autoridades electorales federales.

- Que los consejeros electorales que integren las mencionadas autoridades administrativas electorales locales durarán en su encargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos, ni ocupar cargos públicos en cuya elección hayan participado y dentro de los tres años siguientes a la fecha de su retiro.

- Que además de los requisitos señalados por la ley, deberán poseer al día de la designación, un título profesional de nivel licenciatura con una antigüedad mínima de cinco años y contar con los conocimientos y experiencia en materia electoral sea en el ámbito administrativo, jurisdiccional o académico.

- Que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de las respectivas legislaturas de los estados, a propuesta de los respectivos grupos parlamentarios, previa expedición de una convocatoria pública, transparente y certera, difundida a través de los medios de comunicación social con mayor número de impactos en la ciudadanía de los estados.

• Y como tercer punto, a fin de que haya una mayor autonomía, profesionalismo y que el diseño estructural de las instituciones sea más acorde con lo previsto para la relevancia de la función electoral, se propone que las autoridades jurisdiccionales electorales locales deberán ser incorporadas orgánicamente al Poder Judicial de los Estados, así como que los magistrados que integren dichos órganos serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de las respectivas legislaturas de los estados y deberán satisfacer los requisitos que exige la ley correspondiente para ser Magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito.

Si construimos un sistema electoral en cada entidad federativa que garantice autonomía e independencia podremos lograr elecciones más equitativas y justas, destacando que dichos presupuestos no sólo se logran con un cambio estructural en el diseño, sino que es necesario que nos eduquemos en contexto y bajo principios de democracia que fomenten la civilidad y el espíritu democrático, entendido como el bienestar de todos los ciudadanos por encima de un interés de grupo.

De lo anterior, destaca la importancia de expresar con toda claridad y puntualidad que la actuación de las autoridades electorales locales atenderá a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, no como meras aspiraciones sino como auténticas reglas de conducta de los servidores públicos electorales.

Por otra parte, al proponer la integración de las autoridades electorales con la participación de las legislaturas de cada estado, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley, es ante todo un compromiso con la dignidad de los ciudadanos que demandan una mayor participación en los órganos de poder.

En consecuencia, este proyecto legislativo constituye una propuesta integral de fortalecimiento de las autoridades electorales en los estados, imbuida en principios sólidos, mecanismos de integración o elección ciudadanos de las autoridades electorales, y sobre todo creando una garantía jurisdiccional electoral autónoma en cada entidad federativa.

Es de suma importancia recalcar que con esta propuesta se está ordenando constitucionalmente que en las entidades federativas haya un tribunal electoral imparcial adscrito a los poderes judiciales de los Estados, tal garantía jurisdiccional de las elecciones a través de sus sentencias ejecutivas y exigibles tendrá por objeto que los partidos políticos se ajusten a la legalidad y a los compromisos pactados, evitando interpretaciones sesgadas o resquicios legales que den pauta al fraude electoral.

A fin de que haya mayor puntualidad en la exposición de esta iniciativa, nos permitimos presentar el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta:

Texto vigente

Artículo 116. ...

...

I. a III. ...

IV. ...

a)y b) ...

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;

d) a n) ...

V. a VII. ...

Propuesta de la iniciativa

Artículo 116. ...

...

I. a III. ...

IV. ...

a) y b) ...

c) Las autoridades administrativas que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, actuando bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

La integración y organización de estas autoridades se sujetará a lo dispuesto por los artículos 41, Base V, y, 99 de esta Constitución.

Los consejeros electorales que integren las mencionadas autoridades administrativas electorales locales durarán en su encargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos, ni ocupar cargos públicos en cuya elección hayan participado y dentro de los tres años siguientes a la fecha de su retiro. Además de los requisitos señalados por la ley, deberán poseer al día de la designación, un título profesional de nivel licenciatura con una antigüedad mínima de cinco años y contar con los conocimientos y experiencia en materia electoral sea en el ámbito administrativo, jurisdiccional o académico. Serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de las respectivas legislaturas de los estados, a propuesta de los respectivos grupos parlamentarios, previa expedición de una convocatoria pública, transparente y certera, difundida a través de los medios de comunicación social con mayor número de impactos en la ciudadanía de los estados.

Las autoridades jurisdiccionales electorales locales estarán incorporadas orgánicamente al Poder Judicial de los Estados. Los Magistrados que integren dichos órganos serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de las respectivas legislaturas de los estados y deberán satisfacer los requisitos que exige la ley correspondiente para ser Magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito.

d) a n) ...

V. a VII. ...

Glosando la propuesta, vemos que se sigue la misma fórmula para integrar el Instituto Federal Electoral en términos del artículo 41 Constitucional que se cita en su parte relativa:

Artículo 41. ...

...

V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

...

(Énfasis añadido.)

Asimismo, este proyecto de reforma sigue la misma tónica del modelo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, garantizando que la autoridad local jurisdiccional pertenezca al poder judicial de cada Estado, y a manera de soporte se cita el primer párrafo del artículo 99 constitucional:

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Como se aprecia, la propuesta no sólo uniforma el diseño del régimen electoral de cada Estado, sino que además lo armoniza con el modelo federal, lo que conlleva a una mayor congruencia y uniformidad en las instituciones electorales, sea la federal o las locales.

Por lo que atañe a la parte de los artículos transitorios, destaca que la propuesta otorga un plazo de un año para que las legislaturas de los entidades federativas adecuen sus constituciones y su legislación electoral contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, lo que resulta un plazo razonable y suficiente para que en la potestad de su autonomía y bajo las bases constitucionales propuestas hagan los ajustes correspondientes.

Finalmente, esta propuesta se enmarca en una pretensión para uniformar los sistemas electorales en los Estados bajo las bases que se establecen en la Constitución, convencidos de que los principios que rigen a la función electoral, la autonomía de las instituciones que depende en gran medida del procedimiento de designación de los ciudadanos que las encabezan y la existencia de un auténtico tribunal judicial son piezas claves que pueden mejorar un sistema electoral que permita elegir a las mejores mujeres y hombres para que nos gobiernen bajo el compromiso del bien común.

Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, se somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Decreto por el que se reforma el inciso C) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 116. ..

...

I. a III. ...

IV. ...

a) y b) ...

c)Las autoridades administrativas que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, actuando bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

La integración y organización de estas autoridades se sujetará a lo dispuesto por los artículos 41, Base V, y, 99 de esta Constitución.

Los consejeros electorales que integren las mencionadas autoridades administrativas electorales locales durarán en su encargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos, ni ocupar cargos públicos en cuya elección hayan participado y dentro de los tres años siguientes a la fecha de su retiro. Además de los requisitos señalados por la ley, deberán poseer al día de la designación, un título profesional de nivel licenciatura con una antigüedad mínima de cinco años y contar con los conocimientos y experiencia en materia electoral sea en el ámbito administrativo, jurisdiccional o académico. Serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de las respectivas legislaturas de los estados, a propuesta de los respectivos grupos parlamentarios, previa expedición de una convocatoria pública, transparente y certera, difundida a través de los medios de comunicación social con mayor número de impactos en la ciudadanía de los estados.

Las autoridades jurisdiccionales electorales locales estarán incorporadas orgánicamente al Poder Judicial de los Estados. Los magistrados que integren dichos órganos serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de las respectivas legislaturas de los estados y deberán satisfacer los requisitos que exige la ley correspondiente para ser magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito.

d) a n) ...

V. a VII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas de los Entidades Federativas adecuarán sus constituciones y su legislación electoral dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 Hernández, María del Pilar. «Autonomía de los órganos electorales.» s.f. http://www.juridicas. unam.mx/publica/librev/rev/refjud/cont/ 1/rjf/rjf9.pdf (último acceso: 5 de octubre de 2012).

2 Ídem .

3 Ackerman, John. Organismos autónomos y democracia: el caso de México. México: Siglo XXI: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.— Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

ARTICULOS 64 Y 73 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 64 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Martí Batres Guadarrama:Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Martí Batres Guadarrama:Recientemente, por mayoría de este pleno de la Cámara de Diputados, se decidió establecer en la Ley Federal del Trabajo el contrato por hora, así como nuevas modalidades de contratación para elevar la productividad, según se dijo, por ejemplo, los contratos a prueba.

Si estas medidas tan fuertes, tan duras se consideran por la mayoría de este pleno como buenas para los trabajadores, es justo que la Legislatura se las aplique a sí misma y predique con el ejemplo.

Con el propósito de facilitar dicho objetivo, sometemos a consideración de este pleno dos propuestas análogas al pago por hora y al contrato a prueba para que sean aplicadas al conjunto de legisladores y legisladoras.

Dichas propuestas por lo demás son congruentes con las iniciativas legislativas que para la austeridad republicana y la democracia participativa ha presentado la izquierda parlamentaria ya en otras ocasiones, y con los propósitos de hacer eficiente el trabajo legislativo y avanzar hacia una nueva reforma política.

Propongo entonces se apliquen a los legisladores y legisladoras las figuras de pago por hora y contrato a prueba; el pago por hora sería a través de la modalidad de pagar a legisladores y legisladoras por las sesiones a las que se asista, invirtiendo el principio establecido de descontar por ausencia para introducir el principio de pagar por asistencia.

En este caso, tenemos ya la experiencia de los Consejos Ciudadanos del Distrito Federal, que funcionaron entre 1995 y 1997 y establecían ese mecanismo de pago por sesión a los consejeros ciudadanos. De igual manera, existe ya en algunas regiones de España esta discusión de que en un marco de austeridad se debe pagar a los legisladores por su asistencia a las sesiones.

Asimismo, propongo establecer una especie de contrato a prueba, a través de la figura de revocación del mandato; de tal forma que la ciudadanía pueda revocar el mandato a legisladoras y legisladores en cualquier momento.

Tomando en cuenta que el Congreso mexicano es —después del británico— el más caro del mundo, por encima del Congreso de Estados Unidos de América, de Canadá, España y Australia y el que mayor porcentaje del producto interno bruto de su país representa, así como la necesidad de mejorar la eficacia de su trabajo y ampliar los márgenes de participación ciudadana, me parece que no habrá inconveniente en que esta iniciativa sea aprobada por la mayoría que le acaba de recetar contratos a prueba y contratos por hora a los trabajadores y trabajadoras.

A final de cuentas, el patrón de esta Legislatura es la ciudadanía y es la que debe decidir a quién contrata, quién se queda en el puesto, con qué costo y a quién despide y en qué momento.

Asimismo, esta reforma se traduciría en los textos siguientes, en los artículos de la Constitución: 64, que diría: Los diputados y senadores cobrarán su dieta con base en el monto máximo mensual señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que será dividido entre las sesiones, tanto de pleno general como de comisiones a las que pertenezca cada legislador, el cual solo recibirá el monto correspondiente a las sesiones a las que asista y permanezca.

Propongo en el artículo 73, fracción XXIX-Q, decir lo siguiente: Para expedir las leyes que establezcan a nivel federal instrumentos de democracia participativa y deliberativa, entre los que deberá incluirse la revocación del mandato de quienes ocupen cargos de elección popular, como una nueva facultad del Congreso de la Unión.

Termino mi intervención simplemente haciendo referencia al punto que el periódico Reforma destaca hoy sobre el desaseo parlamentario en el dictamen de reforma laboral y la minuta que fue enviada al Senado, que tiene no solo errores, sino una falsificación, lo cual simplemente confirma el apresuramiento por sacar a toda prisa una reforma laboral a modo de los patrocinadores.

Firman esta iniciativa también, la suscriben, el diputado Ricardo Monreal, el diputado Gerardo Villanueva, la diputada Yazmin de los Ángeles Copete, el diputado Domitilo Posadas y la diputada Luisa María Alcalde. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma los artículos 64 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Martí Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 64 y 73, fracción XXIX-Q, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Planteamiento del problema

Ante la recientemente aprobada iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la que se establece el cobro por hora y la permanencia del trabajador mexicano condicionada a su productividad a juicio del patrón, se propone establecer los criterios de cobro por productividad y de revocación de mandato de los legisladores.

Para ello se plantea revertir el principio establecido en el artículo 64 constitucional que indica que se descontará de la dieta de los legisladores federales las ausencias a las sesiones por el principio de que cobrarán por su presencia tanto en el pleno como en las comisiones legislativas. Asimismo, se establece que en la segunda mitad del mandato, ante la solicitud de 2.5 por ciento del padrón de electores registrado, se podrá someter a la ciudadanía la revocación de mandato de los legisladores federales.

Argumentos

I. La reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2012

El pasado 29 de septiembre, y como primer dictamen a discusión a cargo de la LXII Legislatura, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo presentada por Felipe Calderón Hinojosa, que contiene múltiples regresiones a los derechos que actualmente ampara dicho cuerpo normativo.

Dos de esas regresiones quedaron establecidas en la redacción que contiene la minuta enviada al Senado en su artículo 83, respecto de la posibilidad de que patrón y trabajador convengan el pago por horas, y en el artículo 159, que introdujo que en las vacantes laborales tendrán preferencia los trabajadores que acrediten mayor productividad en el puesto.

Debemos mencionar que además de ser restrictivos respecto de los criterios actuales de contratación, ninguno de ellos es actualmente aplicable a los legisladores que los están aprobando.

II. La eficiencia del Congreso mexicano

De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones Estratégicas para el Desarrollo de México con datos de 2003, el Congreso mexicano es el segundo más caro del mundo netamente y el primero más costoso respecto del producto interno bruto:

Casi todos los estudios respecto de la eficiencia legislativa toman como parámetro la aprobación de dictámenes, como muestra el estudio realizado muy recientemente por Laura Valencia Escamilla:

En los dos cuadros anteriores se analiza la productividad parlamentaria, primero, respecto de las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo de la Unión y, en el segundo cuadro, con relación a las presentadas por los propios legisladores. En ambos casos, dado que es inconstante la cantidad de iniciativas presentadas, varía, podría decirse, caprichosamente dicha “productividad”.

De acuerdo con Khemvirg Puente, el desempeño parlamentario se debe medir conforme a cinco categorías que se convertirán, a su vez, “en índices empíricos construidos a partir de los conceptos en que se basan las consecuencias del ejercicio del legislador en cuanto a miembro de una colectividad y no en cuanto a su expectativa y desempeño personal”, que son: 1. Legitimación, 2. Legislación, 3. Profesionalización, 4.Supervisión, 5. Opinión.

En cuanto a estos criterios, abunda el autor:

La legislatura es, por si acaso alguna duda cabe, el órgano con mayor legitimidad y representatividad en la estructura institucional de los estados democráticos. Esta legitimidad está fundada en su origen (que puede ser electivo o selectivo) y en sus consecuencias, es decir, en su rol dentro del sistema. La función de legitimación es ejercida para mantener “la creencia en que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad”, aún cuando requieran reformas que sirvan para consolidarlas como fuente de legitimidad. Los legisladores la ejercen con el simple hecho de reunirse periódicamente y con una base regular a discutir los asuntos de la agenda pública nacional (aun cuando no tomen decisión alguna respecto a esos temas), sostener sin interrupciones injustificadas los debates y sesiones pactados para realizarse en los periodos de sesiones, sancionar formalmente las decisiones legislativas (sean éstos producto de la deliberación intraparlamentaria o de la decisión vertical cupular de actores externos) e incluso cuando la legislatura sirve como válvula de escape y participa en la resolución de conflictos políticos o sectoriales.

La esfera decisional (o legislación) está estrechamente ligada a la actividad formal de sanción a las propuestas que deben ser procesadas a través del procedimiento legislativo ordinario, en particular dictámenes a iniciativas y puntos de acuerdo, así como la producción de propuestas legislativas. Por otro lado, la función de profesionalización adquiere una dimensión peculiar para el caso de la legislatura mexicana debido a la imposibilidad legal de la reelección inmediata, por tal motivo, el índice se construye a partir no sólo del reclutamiento político partidario, sino a la socialización parlamentaria que se construye como la interacción entre legisladores que les permite entrenarse en la actividad política, la práctica parlamentaria y en la negociación política, además del entrenamiento adquirido en la diplomacia parlamentaria.

La supervisión es la actividad que desempeña la legislatura para ejercer control a las tareas de los gobiernos, ésta se ejerce a través de los mecanismos de control como las preguntas parlamentarias, función que ha sido muchas veces suplantada en México por las peticiones de información a través de los puntos de acuerdo, pero también con las comparecencias de funcionarios, las reuniones de trabajo (no necesariamente comparecencias) con funcionarios del gobierno para compartir información o para establecer mecanismos de mutuo apoyo para el impulso de decisiones conjuntas. Esta actividad es central en gobiernos divididos como los que México ha experimentado desde 2000.

La esfera de la generación de opinión se detecta a partir del debate político generado en el espacio público y canalizado a través de los mecanismos idóneos para la difusión de las actividades y de las posturas políticas de los partidos representados en el Congreso, de la misma forma a través de los foros de consulta o audiencias abiertas a la ciudadanía para recibir sus peticiones con el objeto de generar empatía con sectores sociales, reuniones con grupos de interés o de presión y giras de trabajo regionales, así como la realización y difusión de actividades de investigación o estudios especializados.

A continuación, Khemvirg Puente propone establecer un parámetro de medición de dichas actividades por comisión o pleno del órgano camaral.

Cabe mencionar que aún cuando estamos de acuerdo en estos criterios, es decir, en que el trabajo parlamentario es bastante más amplio que el que reporta la simple aprobación o no de reformas legislativas, no pueden establecerse estos mismos criterios para medir la productividad individual de los legisladores.

En este sentido, se observa que únicamente la asistencia y permanencia individual del diputado o senador a las sesiones puede facilitar cualquiera de los ámbitos de desempeño del órgano legislativo.

III. Revocación del mandato

Actualmente no se prevé ningún tipo de evaluación ciudadana respecto del desempeño de los representantes populares a nivel federal, entre ellos, los diputados y senadores. La evaluación más plena sin duda la constituye la revocación del mandato.

De acuerdo con Alán García, la revocación del mandato “es el procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido. La revocación del mandato abre la posibilidad a la ciudadanía para que, una vez satisfechos los requisitos correspondientes, someta a consulta del cuerpo electoral la remoción de un funcionario público electo, antes de que venza el plazo para el cual fue designado.”

La Cámara de Diputados ha recibido cientos de iniciativas sobre participación ciudadana en los últimos años. No en todas se incluye la revocación de mandato, por cierto.

Entre las iniciativas más completas y específicas se encuentra la formulada el 10 de noviembre de 2009 por el diputado federal Jaime Cárdenas Gracia, quien propuso reformar la Constitución política para establecer las figuras de presupuesto participativo, afirmativa ficta, auditoría social, iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito, consulta ciudadana, acciones colectivas y populares, y revocación de mandato, entre otras.

Para complementar su propuesta, el 2 febrero de 2010, el mismo legislador presentó la iniciativa de Ley de Revocación de Mandato. En ésta se plantea que la revocación de mandato pueda ser requerida una sola vez durante el ejercicio del encargo, a partir del inicio de la segunda mitad de éste y proceda siempre que sea solicitado por al menos el 2.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del distrito o circunscripción electoral por el que resultó electo el funcionario.

La revocación de mandato es una de las formas de democracia participativa más acabada y tal vez por ello, de las menos adoptadas por las democracias tradicionales planas y representativas.

Este mecanismo jurídico-constitucional tiene como rasgos característicos:

• Es un derecho o facultad que asiste a los electores.

• Tiene por objeto la destitución de un servidor público de elección popular antes que expire el periodo de su mandato.

• Requiere el acuerdo de la mayoría de los electores.

• Puede promoverse por diversas causas, atinentes al ejercicio de sus funciones.

En resumen, mediante el procedimiento de revocatoria de mandato, el electorado tiene el derecho a destituir del cargo a un funcionario público a quien él mismo eligió, antes de que concluya el periodo de su mandato. Es decir, el pueblo, mediante el sufragio y de manera vinculante, decide sobre la continuidad en el desempeño del cargo de un funcionario de elección popular. Se consideran causales para que el electorado solicite la revocación de mandato de un funcionario público electo las siguientes: actos de corrupción, ineficiencia, violación de derechos humanos y pérdida de legitimidad.

Existen varios argumentos a favor de la revocación de mandato o destitución, entre ellos destacan que:

• Refuerza el control popular sobre el representante.

• Permite a los votantes corregir fallas de los sistemas electorales, provocadas por errores en las papeletas de votación, fallas en los sistemas de conteo electrónico, entre otras.

• Reduce la alienación de los votantes.

• Educa al electorado.

• La existencia de la revocación estimula a los representantes electos a ser más responsables con sus electores.

• Estimula a los votantes a jugar un rol de supervisión más activo en relación a los servidores públicos electos.

La revocatoria de mandato se fundamenta en los principios de soberanía popular, representación y rendición de cuentas, a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía, es por tanto una de las figuras de participación electoral menos explorada por los regímenes democráticos de todo el mundo.

La revocación de mandato se contempla en algunos cantones de Suiza. En sistemas de democracias representativas existen disposiciones constitucionales y legales en 26 estados de Estados Unidos de América, que facultan a los electores para pedir la destitución de todos o algunos funcionarios públicos electos, con excepción del estado de Montana, donde la ley de la materia y un pequeño número de disposiciones de gobiernos locales permiten la destitución de funcionarios administrativos no electos popularmente. En Estados Unidos la mayoría de las normas relativas a la destitución prohíben su uso durante los primeros 12 meses del mandato de los funcionarios y, en cinco estados, durante los últimos 180 días de ejercicio del cargo.

Han sido las constituciones latinoamericanas las que han venido incluyendo el mecanismo de revocación de mandato recientemente, como un instrumento de democracia directa destinado al control del abuso de poder de los que ocupan un cargo, especialmente en los ámbitos regional y local.

La Constitución de Ecuador de 1998 ha ido aún más lejos al incorporar la facultad general, no sólo regional o local, de los ciudadanos para “revocar el mandato” que “confieran a los dignatarios de elección popular (artículo 26)”.

El derecho de revocación se encuentra proclamado también en el artículo 103 de la Constitución de Colombia de 1993, dentro del capítulo consagrado a las “formas de participación democrática”; como “mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía” y bajo la denominación de “revocatoria del mandato”. Esta norma establece que “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato” y encomienda su regulación a la ley.

En México, el artículo 115 de la Constitución imprimió la revocación de mandato de manera limitada como facultad de los Congresos locales, al señalar en su fracción 1, párrafo tercero:

“Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.”

Una democracia en ciernes, como la mexicana, requiere fortalecer sus mecanismos de participación ciudadana, el electorado debe tener el derecho de revocar un mandato cuando la mala actuación de sus representantes así lo amerite. De lo contrario la ciudadanía queda sujeta a los arbitrios y designios de un diputado, senador o un presidente de la República desvinculado a los intereses y necesidades sociales.

IV. La reforma propuesta en la presente iniciativa

Actualmente, el artículo 64 constitucional establece la obligación de descontar de la dieta las inasistencias de los legisladores.

Esta disposición permite que los legisladores se presenten a pasar lista y se retiren de las sesiones plenarias de los órganos legislativos y no se considera para la asistencia en las comisiones.

De allí que parte del desempeño tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores quede sujeto a la asistencia voluntaria de legisladores y cientos de asuntos no vean llegar ni su discusión ni su aprobación por falta de quórum.

Por tal motivo, y en congruencia con la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que acaba de aprobar la Cámara de Diputados para ser aplicada a los trabajadores del país, en la presente iniciativa se propone retomar el criterio de productividad personal, partiendo del parámetro más simple que es la asistencia, no para descontar sino para pagar a los diputados.

En tal sentido se propone modificar el artículo 64 para invertir el criterio de descuento por inasistencia por el de pago por asistencia, tanto en pleno como en comisiones.

El texto actual dice:

Artículo 64. Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten.

El texto propuesto diría:

Artículo 64. Los diputados y senadores cobrarán su dieta con base en el monto máximo mensual señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que será dividido entre las sesiones tanto de pleno general como de comisiones a las que pertenezca cada legislador, el cual sólo recibirá el monto correspondiente a las sesiones a que asista y permanezca.

Igualmente, se propone añadir la figura de la revocación del mandato en los términos señalados en el curso de esta iniciativa en el artículo 73 constitucional fracción XIX-Q.

El texto actual dice:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-O. ...

XXIX-Q.Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.

El texto propuesto diría:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-O. ...

XXIX-Q. Para expedir las leyes que establezcan a nivel federal instrumentos de democracia participativa y deliberativa, entre los que deberá incluirse la revocación del mandato de quienes ocupen cargos de elección popular.

Finalmente se incluye en el artículo transitorio de este decreto que si a más tardar en 90 días el Congreso de la Unión no ha expedido las normas reglamentarias de las presentes disposiciones se faculte al Instituto Federal Electoral para que lo haga. Ello, tomando en consideración que serían los propios legisladores los que estarían determinando la posibilidad de su revocación de mandato, y ante la posible resistencia, debe quedar salvaguardada la facultad ciudadana para que se ejerza dicha prerrogativa de control.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Decreto que reforma los artículos 64 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se reforman los artículos 64 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 64. Los diputados y senadores cobrarán su dieta con base en el monto máximo mensual señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que será dividido entre las sesiones tanto de pleno general como de comisiones a las que pertenezca cada legislador, el cual sólo recibirá el monto correspondiente a las sesiones a que asista y permanezca.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-O. ...

XXIX-Q. Para expedir las leyes que establezcan a nivel federal instrumentos de democracia participativa y deliberativa, entre los que deberá incluirse la revocación del mandato de quienes ocupen cargos de elección popular.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días para expedir las normas reglamentarias de la revocación de mandato en los términos de la presente reforma. En caso de que no lo hiciere, el Instituto Federal Electoral expedirá el reglamento correspondiente. En cualquier caso, la normativa correspondiente deberá contemplar que la revocación de mandato pueda ser requerida una sola vez durante el ejercicio del encargo, a partir del inicio de la segunda mitad de éste y que proceda siempre que sea solicitado por al menos el 2.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del distrito o circunscripción electoral por el que resultó electo el funcionario.

Notas:

1. Centro de Investigaciones Estratégicas para el Desarrollo de México. Benchmarking del Poder Legislativo en México. Luces rojas, amarillas y verdes. Disponible en Internet: http://www.ciex.info/html/ inv0201.html#cuad0102

2. Valencia Escamilla, Laura, Las relaciones Ejecutivo-Legislativo en la elaboración de políticas públicas. De la dependencia a la autonomía del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, México, 2012. Disponible en Internet: http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/redipal/ CRV-V-01-12.pdf

3. Béjar Algazi, Luisa, coord., Qué hacen los legisladores en México. El trabajo en comisiones, Khemvirg Puente, “De la productividad legislativa a la eficiencia parlamentaria en el sistema de comisiones del Senado mexicano”, Ed. UNAM-M. A. Porrúa., México, 2009. Disponible en Internet: http://unam.academia.edu/KhemvirgPuente/Papers/959915/ De_la_productividad_legislativa_a_la_eficiencia_parlamentaria_en_el_sistema_de_ comisiones_del_Senado_mexicano

4. García Campos, Alan, La revocación del mandato: un breve acercamiento teórico. Disponible en Internet:http://www.juridicas.unam.mx/ publica/librev/rev/qdiuris/cont/1/cnt/cnt3.pdf

5. Gaceta Parlamentaria número 2885-II, martes 10 de noviembre de 2009. Diputado Jaime Cárdenas Gracia, Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Reforman, Modifican y Adicionan los Artículos 17, 25, 26, 35, 40, 41, 71, 73, 74, 76, 84, 94, 105, 115, 116, 122, 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para Incluir Dentro de su Texto los Principios de Democracia Participativa y Deliberativa.

6. Gaceta Parlamentaria, número 2940-III, martes 2 de febrero de 2010, Diputado Jaime Cárdenas Gracia, Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma los Artículos 40, 41 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y Expide la Ley de Revocación de Mandato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.— Diputados: Martí Batres Guadarrama, Gerardo Villanueva Albarrán, Amalia Dolores García Medina, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Julisa Mejía Guardado, María del Socorro Ceseñas Chapa, Joaquina Navarrete Contreras, Arturo Cruz Ramírez, Jessica Salazar Trejo, Rosendo Serrano Toledo, María del Rosario Merlin García, Uriel Flores Aguayo, Pedro Porras Pérez, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Gloria Bautista Cuevas, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Marcelo Garza Ruvalcaba, Josefina Salinas Pérez, Graciela Saldaña Fraire, Lilia Aguilar Gil, Joaquina Navarrete Contreras, José Alberto Benavides Castañeda, Jaime Bonilla Valdez, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Roxana Luna Porquillo, Rosa  Elia Romero Guzmán, María del Carmen Martínez Santillán, Héctor Hugo Roblero Gordillo, Zuleyma Huidobro González, Guillermo Sánchez Torres, Silvano Aureoles Conejo,  Trinidad Secundino Morales Vargas, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Domitilo Posadas Hernández, Hugo Sandoval Martínez, Nelly del Carmen Vargas Pérez,  José Antonio León Mendívil, José Arturo López Cándido, Roberto López Rosado, José Luis Muñoz Soria, Gisela Raquel Mota Ocampo, Silvano Blanco Deaquino, Catalino Duarte Ortuño, Luis Manuel Arias Pallares, Martha Lucía Micher Camarena, Carlos de Jesús Alejandro, José Luis Muñoz Soria, Mario Rafael Méndez Martínez, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Verónica Beatriz Juárez Piña, Alfa Eliana González Magallanes, Carol Antonio Altamirano, Mario Alejandro Cuevas Mena, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Alejandro Carbajal González, Aleida Alavez Ruiz (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Nada más, señor presidente, para sumarme a la iniciativa que también suscribo y que quede registrado en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado José González Morfín: Así ha quedado ya, diputado, muchas gracias. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana(desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Para el mismo objeto, diputado Medina?

El diputado Marcos Rosendo Medina FiligranaDesde la curul): Sí, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedirle a la Secretaría que deje abierta la iniciativa que presentó el diputado Martí Batres, para que quienes deseen suscribirla puedan pasar a hacerlo a la Secretaría.

El diputado Felipe Arturo Camarena García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Camarena, por favor.

El diputado Felipe Arturo Camarena García(desde la curul). Quisiera pedirle, con todo respeto, señor presidente, que se le proponga al diputado Martí Batres, que se pudiera adicionar a esa iniciativa el que también cuando hay una asamblea, como lo fue la pasada, para poder determinar la Ley Federal del Trabajo, a la que se ha referido, también cuando ellos hacen el mal uso de la tribuna, la toman e impiden que todos los diputados estemos trabajando, que también ahí haya una sanción económica para quienes hacen uso de la tribuna de esta manera.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado; eso ameritaría una nueva iniciativa de ley. Bien, ha sido turnada ya la iniciativa, que por supuesto que no está a discusión.

El diputado Martí Batres Guadarrama(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul donde se encuentra el diputado Martí Batres, para alusiones personales.

El diputado Martí Batres Guadarrama(desde la curul): Diputado presidente, solamente para señalar que la iniciativa no está a discusión en este momento...

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, ya lo había dicho.

El diputado Martí Batres Guadarrama(desde la curul): ... usted ha permitido que se haga una expresión al respecto, pero si quiere la discutimos por obvia o urgente resolución. Estoy seguro que los diputados del PAN votarán a favor, igual que los diputados del PRI. Estamos listos. Adelante.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. No está a discusión la iniciativa y vamos a continuar con el desarrollo de la sesión.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Señor diputado presidente, diputadas y diputados, el Poder Legislativo y el gobierno federal han hecho diversos esfuerzos para generar certeza jurídica y facilitar a los sectores productivos y a la sociedad en general, el acceso a la información pública gubernamental, que permita registrar sus actividades, cumplir con obligaciones y acceder a servicios, ya sea identificando y simplificando trámites o reformando o admitiendo leyes.

Algunos de estos esfuerzos son: la publicación en 1994 de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, la cual aplica a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal, de manera supletoria, las diversas leyes administrativas; la reforma en el año 2000 a dicha ley, que elevó a obligatorio el contar y actualizar con el Registro Federal de Trámites y Servicios y el que no se puedan exigir más requisitos a los particulares que los previstos en dicho registro.

Además, se crea la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Este registro actualmente cuenta con dos mil 900 trámites registrados, es de fácil acceso y se puede consultar a través de Internet. Son trámites que van desde cómo obtener el registro de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta cómo obtener apoyos crediticios, cualquiera que sea su tamaño de empresa, otorgados por la Secretaría de Economía.

Debemos reconocer que México ha tenido avances importantes en materia de mejora regulatoria, competitividad y acceso a la información pública gubernamental. Así lo señala la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en su informe 2011, documento que por obligación legal fue entregado a esta LXII Legislatura.

En él se hace referencia a un reporte denominado Haciendo negocios 2012, del Banco Mundial, en el cual se señala que México se encuentra en el lugar 53 de 183 economías evaluadas, con facilidad de hacer negocios a nivel mundial.

Sin embargo, también debemos señalar que aún estamos competitivamente por debajo de países, como Chile, Perú y Colombia y todavía hoy en algunos estados de nuestro país para abrir una empresa se requieren entre seis y 53 días hábiles, dependiendo de la entidad federativa

Compañeras y compañeros, a través de esta iniciativa, que someto a su consideración, se pretende fortalecer la labor de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y del propio sector público, ampliando obligaciones y facultades, con el fin de facilitar el avance de la competitividad de nuestro país.

Ejemplo de esto es modificar el plazo de elaboración de los programas de mejora regulatoria del sector público para que estos se elaboren cada año y no cada dos años, como actualmente se encuentra estipulado en la ley y que estos a su vez sean dictaminados y autorizados por la Cofemer.

Precisar como obligación de la Cofemer la revisión anual al marco jurídico de la administración pública federal, así como al propio registro; facultar a las dependencias del gobierno federal para que emitan acuerdos para la reducción de plazos de respuesta y adopten el mecanismo de respuesta afirmativa en beneficio de los particulares, siempre y cuando ello no afecte el interés público y social; facultar a la Cofemer para que haga recomendaciones a la administración pública federal para que registren trámites que a su juicio no se encuentren inscritos o que se modifiquen existentes.

Asimismo y con el fin de aprovechar de manera más eficiente los recursos humanos y presupuestales destinados a la mejora de la gestión pública, se propone —dentro de esta iniciativa— establecer como obligación de la Cofemer identificar trámites que por su importancia o relevancia se deben de incluir anualmente en los programas de auditoría y mejora de la gestión pública, que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública y la obligatoriedad de que esta última acate dicha recomendación.

Establecer el mecanismo de denuncia que debe seguir el particular en caso de que se le exijan requisitos que no se encuentren previstos en dicho registro; fortalecer el apartado de sanciones a servidores públicos, tomando en cuenta las nuevas obligaciones que tiene la Cofemer y la Secretaría de la Función Pública.

Por otra parte, esta iniciativa también pretende dar mayor certeza jurídica al particular en cuanto al tiempo de respuesta que debe aplicar a sus peticiones o trámites, así como a la caducidad de los mismos, cuando esto no se encuentre previsto en las leyes y disposiciones de carácter general aplicables.

Sobre ello se propone: modificar el tiempo de respuesta y caducidad de tres meses a 90 días que señala actualmente la ley, y especificar que este plazo también aplica a los organismos desconcentrados, y adicionar el artículo 17-C, con el fin de prever un plazo de respuesta cuando interviene más de una autoridad para resolver un trámite.

El resultado de adoptar este artículo es que no existe un abuso en los tiempos de respuesta al particular, ya que al intervenir varias autoridades el plazo de tres meses se extiende en ocasiones a más de un año.

Con esta propuesta los legisladores del Partido Verde Ecologista de México hacemos patente nuestro compromiso de seguir trabajando por hacer de México un país más competitivo, así como mejorar el acceso a la información pública gubernamental y facilitar a los sectores productivos y a la sociedad, en general, el que puedan obtener de manera cada vez más rápida y eficiente, beneficios o servicios del sector público. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Rubén Acosta Montoya, diputado de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al tenor de lo siguiente.

Antecedentes

A partir del año de 1989, el Poder Legislativo y el gobierno federal llevaron a cabo diversos esfuerzos para generar certeza jurídica y facilitarle a los sectores productivos y a la sociedad en general, el acceso a información que permita el cumplimiento de las disposiciones jurídicas, identificando y simplificando trámites y reformando o emitiendo leyes, algunos de estos son:

1. La creación, en 1989, de la Unidad de Desregulación Económica dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (actual Secretaría de Economía) antecedente de lo que es ahora la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, quien tenía a su cargo el Registro Federal de Trámites Empresariales;

2. La publicación, en 1994, de la nueva Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual aplica a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública de manera supletoria a las diversas leyes administrativas federales;

3. La publicación, en 1995, del acuerdo para la desregulación de la actividad empresarial;

4. La reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, elevando a ley la obligatoriedad de contar y actualizar el actual Registro Federal de Trámites y Servicios y creando a la Cofemer.

Derivado de lo expuesto, el gobierno federal –para octubre de 2000– logró identificar y reducir sus trámites de 2038 a 1103, resultado del Programa de Mejora Regulatoria aplicado en el periodo de 1995 a 2000.

En este contexto, apreciamos que México tuvo avances en materia de mejora regulatoria y, en este sentido, también se pronunció el titular de la Cofemer en su informe 2011, haciendo referencia al reporte “Doing Business 2012” del Banco Mundial, en el cual se señaló a México en el lugar 53 de 183 economías con mayor facilidad para hacer negocios. Empero, es claro, deben hacerse mayores esfuerzos con miras a mejorar en materia de transparencia, acceso a la información, desregulación y rendición de cuentas, sobre todo, por parte del sector público.

Planteamiento del problema y argumentos que la sustentan

El Poder Legislativo tiene, en el marco de sus competencias, el deber de vigilar el ejercicio de las actividades de la Administración Pública Federal, las cuales deben apegarse a la Ley bajo principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, en la medida en que no se ponga en peligro el interés público y social.

El Poder Legislativo también procurará la modificación de las leyes, con el fin de mantenerlas actualizadas, así como fortalecer el ejercicio de las actividades de la administración pública federal, en los ámbitos de la eficiencia administrativa y mejora regulatoria en beneficio de las personas físicas o morales que deseen obtener un beneficio o un servicio de la autoridad.

A través de esta iniciativa se pretende dar certeza jurídica al particular en cuanto al tiempo de respuesta de sus peticiones o trámites, así como aclarar el tiempo que aplica actualmente para decretar la caducidad, cuando éste no sea prevea en las leyes administrativas y disposiciones de carácter general aplicables, ya que, en estos casos, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es de aplicación supletoria.

Se propone también modificar el tiempo de respuesta y de caducidad plasmados en los artículos 17 y 60, especificando un lapso máximo de 90 días.

Asimismo, la ley omite indicar que el plazo señalado en el artículo 17 también aplica a los organismos desconcentrados, lo cual incluimos en esta iniciativa.

Actualmente, la ley no prevé específicamente los casos y plazos de respuesta en los que la Administración Pública Federal atenderá las peticiones o trámites en donde concurran varias autoridades. En estos casos y en los que el particular no ha podido obtener su respuesta y/o su dictamen de negativa ficta, los Tribunales competentes se han pronunciado en dos sentidos:

El primero, aquel que indica que las autoridades partes en un proceso de respuesta, no subordinadas a la autoridad, deben responder en el plazo indicado en el artículo 17 de la Ley, 3 meses, lo cual implica que se duplica el lapso original por cada autoridad interviniente, de conformidad con las leyes y disposiciones de carácter general aplicables al caso. En este sentido, hasta en tanto la autoridad resuelva la petición o trámite no se estará en posibilidad de dar respuesta.

El segundo, y a pesar de estar claro que se requiere de la opinión y/o autorización de diversas autoridades para que la autoridad receptora de la petición pueda dar respuesta, los Tribunales de amparo han resuelto que sólo se puede considerar autoridad responsable a la cual se le dirige la petición o trámite, aún y cuando ésta requiera, para dar respuesta, de las opiniones y autorizaciones señaladas.

Ambos casos de interpretación, no proporcionan certeza jurídica al particular, pudiéndole provocar un posible daño y perjuicio.

Por lo expuesto, la presente iniciativa contempla la adición de un nuevo artículo, el 17 – C, regulador de los casos anteriores. Además, este artículo considera como autoridades responsables a quienes intervengan en el proceso de respuesta, en el ámbito de sus competencias.

Asimismo, esta iniciativa prevé modificaciones a los artículos 69-B, 69-C, 69-D, 69-E, 69-N, 69-Q, 70-A y la adición del artículo 69-R y fracciones X y XI del 70-A, a fin de que la Administración Pública Federal fortalezca su esfuerzo en el ámbito de la eficiencia administrativa y mejora regulatoria del sector público, ampliando facultades y obligaciones a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), a la Secretaría de la Función Pública y a las dependencias, organismos desconcentrados u órganos descentralizados, para:

a) Modificar el plazo de elaboración de los programas de mejora regulatoria. En la actualidad las dependencias las presentan cada dos años, proponemos que sea anualmente.

b) Precisar que la Cofemer elabore anualmente revisiones al marco jurídico de la administración pública federal, así como al Registro Federal de Trámites y Servicios. Además las revisiones deberán ser públicas.

c) Establecer como obligación de la Cofemer la identificación de trámites que por su importancia o relevancia, deben incluirse en los programas de auditoría y mejora de la gestión pública que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública y la obligación de ésta de acatar dichas recomendaciones.

d) Facultar a la autoridad para que en los acuerdos que puede emitir para la reducción de plazos de respuesta para diversos trámites, también pueda adoptar el mecanismo de respuesta afirmativa en beneficio de los particulares, siempre y cuando ello no afecte el interés público y social.

e) Facultar a la Cofemer para realizar recomendaciones a las dependencias, organismos desconcentrados u organismos descentralizados, para que registren trámites, o bien, se modifiquen aquellos existentes y, de ser el caso, justifiquen el por qué no se acata su recomendación.

f) Establecer un mecanismo de denuncia que seguirá el particular, en caso de exigírsele requisitos o formatos a los cuales no tenga acceso o no sean parte del trámite registrado, para que ello no sea una condicionante para atender su respuesta.

g) Fortalecer el apartado de sanciones aplicable a la Cofemer y la Secretaría de la Función Pública.

Fundamentación

Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los siguientes artículos del Reglamento de la Cámara de Diputados: el 3, numeral 1, fracción VIII; el 6, numeral 1, fracción I; el 77 y el 78.

Denominación del proyecto

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Artículo Único. Se reforman los artículos 17, 60, 69-B, 69-C, 69-D, 69-E, 69-N, 69-Q, 70-A y se adicionan los artículos 17-C, 69-R y fracciones X y XI del 70-A, para quedar como siguen

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Artículo 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de noventa días el tiempo para que la dependencia, organismo desconcentrado u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario o que la autoridad hubiese inscrito el trámite correspondiente con resolución en sentido positivo, de conformidad con lo establecido en el Título Tercero A, capítulo cuarto de esta ley. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean o trámites registrados de conformidad con el Título Tercero A capítulo cuarto de esta ley, que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo.

En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo.

Artículo 17-C. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, se aplicará un plazo distinto al señalado en el artículo 17 de esta Ley, solo en los casos que se describen en este artículo y que contemplan que la autoridad receptora de la petición y/o trámite requiera para resolver, por estar establecido en disposición legal o administrativa de carácter general aplicable al caso, la opinión y autorización de una o varias autoridades que no se encuentren subordinadas a la primera autoridad:

I. La autoridad receptora de la petición o trámite tendrá 60 días para responder al particular. El cómputo del plazo se verá interrumpido el día en que solicite la opinión y/o autorización que requiera. Si es a varias autoridades, deberá requerir a todas el mismo día y se reanudará el cómputo para resolver a partir del día hábil siguiente en que reciba la última opinión o autorización. En este caso, la autoridad o autoridades a las que se solicite opinión y autorización deberán responder en un plazo no mayor a 60 días, salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo.

II. La autoridad receptora tendrá 60 días para responder al particular. El cómputo del plazo antes señalado se verá interrumpido, el día en que solicite la opinión y/o autorización que requiera de otra autoridad. Si es obligación que la autoridad receptora tenga la opinión y/o autorización de una autoridad para solicitar la opinión y autorización de otra, el cómputo del plazo aplicable a la autoridad receptora se reanudará en el momento en que reciba la respuesta que requiera y solo se volverá a interrumpir hasta que no requiera la subsecuente. Las autoridades a las que se requiera opinión y autorización deberán resolver en un plazo no mayor a 30 días.

Para cualquier otro supuesto no previsto en este artículo, se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de esta ley.

Las autoridades que emitan las opiniones y/o autorizaciones previstas en este artículo, estarán facultadas para requerir directamente al particular la información complementaria que requieran para emitir su respuesta a la autoridad receptora, siempre y cuando lo hagan de conformidad con las disposiciones legales y administrativas de carácter general aplicables o, en su caso, de conformidad con el artículo 17–A de esta ley.

Las autoridades que emitan opiniones y/o autorizaciones, serán consideradas en el ámbito de su competencia, como autoridades responsables hasta en tanto no emitan su respuesta.

Artículo 60. En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, cuando se produzca su paralización por causas imputables al mismo, la Administración Pública Federal le advertirá que, transcurridos 90 días, se producirá la caducidad del mismo. Expirado dicho plazo sin que el interesado requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración Pública Federal acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederá el recurso previsto en la presente ley.

La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del particular, de la Administración Pública Federal, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción.

Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución.

Artículo 69-B.- Cada dependencia, organismo desconcentrado y organismo descentralizado creará un Registro de Personas Acreditadas para realizar trámites ante éstas; asignando al efecto un número de identificación al interesado, quien, al citar dicho número en los trámites subsecuentes que presente, no requerirá asentar los datos ni acompañar los documentos mencionados en el artículo 15, salvo al órgano a quien se dirige el trámite, la petición que se formula, los hechos y razones que dan motivo a la petición y el lugar y fecha de emisión del escrito. El número de identificación se conformará en los términos que establezca la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, con base en la clave del Registro Federal de Contribuyentes del interesado, en caso de estar inscrito en el mismo.

Los registros de personas acreditadas deberán estar interconectados informáticamente y el número de identificación asignado por una dependencia, organismo desconcentrado u organismo descentralizado será obligatorio para las demás.

Para efectos de esta ley, por trámite se entiende cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado hagan ante una dependencia, organismo desconcentrado u organismo descentralizado, ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita una resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar, no comprendiéndose aquella documentación o información que sólo tenga que presentarse en caso de un requerimiento de una dependencia, organismo desconcentrado u organismo descentralizado.

Artículo 69-C. Los titulares de las dependencias, u órganos administrativos desconcentrados y directores generales de los organismos descentralizados de la administración pública federal podrán, mediante acuerdos generales publicados en el Diario Oficial de la Federación, establecer la resolución de tramites afirmativamente sin necesidad de respuesta y plazos de respuesta menores dentro de los máximos previstos en leyes o reglamentos y no exigir la presentación de datos y documentos previstos en las disposiciones mencionadas, cuando puedan obtener por otra vía la información correspondiente y no se afecte el interés público.

En los procedimientos administrativos, las dependencias, organismos desconcentrados y los organismos descentralizados de la administración pública federal recibirán las promociones o solicitudes que, en términos de esta Ley, los particulares presenten por escrito, sin perjuicio de que dichos documentos puedan presentarse a través de medios de comunicación electrónica en las etapas que las propias dependencias y organismos así lo determinen mediante reglas de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación. En estos últimos casos se emplearán, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica.

El uso de dichos medios de comunicación electrónica será optativo para cualquier interesado, incluidos los particulares que se encuentren inscritos en el Registro de Personas Acreditadas a que alude el artículo 69-B de esta ley.

Los documentos presentados por medios de comunicación electrónica producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos.

La certificación de los medios de identificación electrónica del promovente, así como la verificación de la fecha y hora de recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad de las manifestaciones vertidas en las mismas, deberán hacerse por las dependencias, organismos desconcentrados u organismo descentralizados, bajo su responsabilidad, y de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Las dependencias, organismos desconcentrados y organismos descentralizados podrán hacer uso de los medios de comunicación electrónica para realizar notificaciones, citatorios o requerimientos de documentación e información a los particulares, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 de esta Ley.

Artículo 69-D. Los titulares de las dependencias y los directores generales de los organismos descentralizados de la administración pública federal designarán a un servidor público con nivel de subsecretario u oficial mayor, como responsable de:

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria en el seno de la dependencia u organismo descentralizado correspondiente, y supervisar su cumplimiento;

II. Someter a la aprobación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, al menos cada año, de acuerdo con el calendario que ésta establezca, un programa de mejora regulatoria en relación con la normatividad y trámites que aplica la dependencia y sus organismos desconcentrados, u organismo descentralizado de que se trate, así como reportes periódicos sobre los avances correspondientes, y

III. Suscribir y enviar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en los términos de esta Ley, los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos a que se refiere el artículo 4 y las manifestaciones respectivas que formule la dependencia u organismo descentralizado correspondiente, así como la información a inscribirse en el Registro Federal de Trámites y Servicios.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria hará públicos los programas y reportes a que se refiere la fracción II así como las opiniones que emita al respecto.

Artículo 69-E. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, promoverá la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Para ello la Comisión contará con autonomía técnica y operativa, y tendrá las siguientes atribuciones:

I.Revisar y elaborar un informe anual que deberá hacer público,sobre el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al titular del Ejecutivo federal,proyectos de modificación o de nuevasdisposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos;

II. Dictaminar los anteproyectos a que se refiere el artículo 69-H y las manifestaciones de impacto regulatorio correspondientes;

III.Llevar el Registro Federal de Trámites y Servicios, efectuar una revisión y publicar un informe anual de ello, cuyo objeto será procurar resultados tendientes a mejorar trámites y disminuir tiempos de respuesta, sin que ello implique poner en riesgo el interés público;

IV. Aprobarlos programas de mejora regulatoria de las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal;

V.Brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias, organismos desconcentradosy organismos descentralizados de la administración pública federal, así como a los estados y municipios que lo soliciten, y celebrar convenios para tal efecto;

VI.Celebrar acuerdos interinstitucionales en materia de mejora regulatoria, en los términos de la ley sobre celebración de tratados;

VII.Expedir, publicar y presentar ante el Congreso de la Unión un informe anual que deberá hacer público, sobre el desempeño de las funciones de la comisión y los avances de las dependencias, organismos desconcentrados y organismos descentralizados en sus programas de mejora regulatoria;

VIII. Recomendar a la Secretaría de la Función Pública los trámites que deberá incluir en sus programas de auditoría y mejora de la gestión pública;

IX. Identificar posibles trámites que se deriven de las publicaciones que haga el ejecutivo federal sobre modificaciones o nuevas disposiciones de carácter legal, reglamentario o administrativo, que deriven en la inscripción de trámites, o modificaciones a los existentes, y notificar esto a la dependencia, organismo desconcentrado u organismo descentralizado competente, para que se proceda conforme a esta ley y, en caso de que no se lleve a cabo ninguna inscripción, dar aviso a la Secretaría de la Función Pública, en un plazo no mayor a diez días posteriores al vencimiento de dicho registro, para que proceda conforme a sus facultades, y

X. Las demás que establecen esta ley y otras disposiciones.

La comisión deberá hacer públicos los informes a que se refiere esta ley, a más tardar en los primeros 120 días del año siguiente que comprendan dichos informes.

Artículo 69-N. La información a que se refiere el artículo anterior deberá entregarse a la Comisión en la forma en que dicho órgano lo determine y la Comisión deberá inscribirla en el Registro, sin cambio alguno, dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal, deberán notificar a la Comisión cualquier modificación a la información inscrita en el Registro, dentro de los diez días hábiles siguientes a que entre en vigor la disposición que fundamente dicha modificación.

Las unidades administrativas que apliquen trámites deberán tener a disposición del público la información que al respecto esté inscrita en el registro, de lo contrario el particular afectado podrá solicitar a un representante de la Secretaría de la Función Pública que se levante constancia en ese momento, a fin de que no se le exija dicha información al momento de presentar y resolver su trámite, salvo en los casos previstos en el artículo 69-Q de esta ley.

Si la comisión hace alguna recomendación para que se modifique o se adicione uno o varios trámites al registro y la dependencia, organismo descentralizado u organismo desconcentrado no está conforme con la recomendación, los últimos deberán enviar un informe que justifique de manera fundada y motivada su posición, en un plazo no mayor a diez días; en caso contrario, deberán enviar la modificación o nuevo trámite a la comisión en diez días.

Artículo 69-Q. Las dependencias, organismos desconcentrados y los organismos descentralizados de la administración pública federal, no podrán aplicar trámites adicionales a los inscritos en el Registro, ni aplicarlos en forma distinta a como se establezcan en el mismo, a menos que se trate de trámites:

I. Previstos en ley o reglamentos emitidos por el Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución. En este caso, salvo por lo dispuesto en la fracción II, sólo serán exigibles a los interesados aquellos datos y documentos específicos que, no estando inscritos en el Registro, estén previstos en ley o en los reglamentos citados;

II. Que las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal, apliquen dentro de los sesenta días hábiles siguientes a que haya entrado en vigor la disposición en la que tengan su fundamento o que modifique su aplicación;

III. Respecto de los cuales se pueda causar perjuicio a terceros con interés jurídico;

IV. Cuya no aplicación pueda causar un grave perjuicio. En este supuesto, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente requerirá la previa aprobación de la comisión, y podrá ordenar la suspensión de la actividad a que esté sujeta el trámite a que hubiere lugar, o

V. Que los interesados presenten para obtener una facilidad o un servicio. En estos supuestos, sólo serán exigibles a los interesados aquellos datos y documentos específicos que, no estando inscritos en el Registro, estén previstos en las disposiciones en que se fundamenten.

En los casos a que se refieren las fracciones I, III, IV y V las dependencias, organismos desconcentrados y organismos descentralizados deberán notificar a la Comisión, simultáneamente a la aplicación de los trámites correspondientes, la información a inscribirse o modificarse en el Registro.

Artículo 69-R. La Secretaría de la Función Pública deberá incluir en sus programas de auditoría y mejora de la gestión pública, las recomendaciones que le haga la Comisión de conformidad con el artículo 69-E, fracción VIII de esta Ley.

Artículo 70-A. Es causa de responsabilidad el incumplimiento de esta Ley y serán aplicables las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En todo caso se destituirá del puesto e inhabilitará cuando menos por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público:

I. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comisión, incumpla por dos veces lo dispuesto en los artículos 17 y 17C;

II. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comisión, por dos veces no notifique al responsable a que se refiere el artículo 69-D, de la información a modificarse en el Registro Federal de Trámites y Servicios respecto de trámites a realizarse por los particulares para cumplir una obligación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que entre en vigor la disposición que fundamente dicha modificación;

III. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comisión, no entregue al responsable a que se refiere el artículo 69-D, los anteproyectos de actos a que se refiere el artículo 4 y las manifestaciones correspondientes, para efectos de lo dispuesto en el artículo 69-H;

IV. Al servidor público responsable del Diario Oficial de la Federación que por cinco veces incumpla lo previsto en el artículo 69-L;

V. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comisión, incumpla lo previsto en el artículo 69-N, tercer párrafo;

VI. Al servidor público que, en un mismo empleo, cargo o comisión, exija cinco veces trámites, datos o documentos adicionales a los previstos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, en contravención a lo dispuesto en el artículo 69-Q;

VII. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comisión, no cumpla con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 69-Q;

VIII. Al servidor público competente de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que, a solicitud escrita de un interesado, no ponga a su disposición la información prevista en el artículo 69-K dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se reciba la solicitud correspondiente;

IX. Al servidor público competente de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que incumpla lo dispuesto en el artículo 69-N, primer párrafo;

X. Al servidor público competente de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que incumpla lo dispuesto en el artículo 69-E, y

XI. Al servidor público competente de la Secretaría de la Función Pública que incumpla lo dispuesto en el artículo 69-R.

Transitorios

Primero. Los artículos 17 y 17-C entrarán en vigor a los 30 días hábiles contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los artículos 60, 69-B, 69-C, 69-D, 69-E, 69-N, 69-Q, 69-R y 70-A, entrarán en vigor 180 días posteriores a su publicación.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta ley, en cuanto entre en vigor el presente decreto.

Notas:

1 Fuente, documento público denominado “Informe final del comisionado, noviembre de 2000” Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

2 En adelante, Cofemer.

3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de agosto de 1994.

4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 noviembre de 1995.

5 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2000

6 Fuente, documento público denominado “Informe Final del Comisionado Noviembre de 2000” “Comisión Federal de Mejora Regulatoria”.

7 Sin embargo, para el año 2011 y debido a la publicación de diversas disposiciones de carácter general que crean obligaciones a los particulares, el Gobierno Federal contaba con 2932 trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios.

8 Fuente, documento público denominado “Informe de labores 2011” Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

9 En adelante “ley”.

10 En este contexto se entiende que los organismos desconcentrados de igual modo están obligados atender el plazo del artículo 17.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.— Diputado Rubén Acosta Montoya (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Túrnese a la Comisión de la Función Pública, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Francisco Coronato, del Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores. Me permito someter a la soberanía de esta Cámara de representantes populares, la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o., 2o., 7o., 8o., 9o., 10, 11, 29, 34, 40, 42, 46, 47, 69, y 70 de la Ley General de Educación.

La presente iniciativa tiene la finalidad que la educación que imparta el Estado sea congruente con la premisa que establece el artículo 3o. de la Carta Magna: que tienda a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentando en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

Consciente de que la premisa de generar técnicos en mano de obra barata para las empresas, tanto nacionales como trasnacionales, observamos que se sustituyó la necesidad nacional de generar ciudadanos íntegros a partir de las bases de un pensamiento humanista y crítico, que permita el desarrollo, tanto personal de cada uno de ellos, como colectivo para el beneficio y desarrollo nacional.

Para ello debemos dejar de ver a los educandos como baldes vacíos, que se deben llenar de conocimientos, que únicamente les sirven para que memoricen nociones y conceptos, lo cual dista mucho de generar una conciencia reflexiva, con bases críticas e incapaces de entender al mundo y a quienes hay que obligar a ser una persona de bien, en lugar de guiar y enseñar para que así sea.

Tengamos presente que los seres humanos somos mucho más que acumulación de conocimientos y fuerza de trabajo.

Hablar de educación integral abarca múltiples campos del quehacer humano; por tanto, resulta impertinente separar los campos de la sociedad al arte, la ciencia, la vida política; reconocimiento por supuesto que la familia tiene un vínculo estrecho.

Conscientes de que todo ello pertenece a una sociedad con capitales simbólicos, inscrita en una cultura común, si bien cada una de éstas tiene sus especificidades, tratarlas como ajenas y excluyentes entre sí contribuye a mermar la integralidad del ser humano y por ende, a la patria misma.

Recordemos que la necesidad de garantizar una educación pública de carácter integral, que procure el amor a la patria y el desarrollo pleno y armónico del ser humano, es una obligación del Estado mexicano consignada, no solo en nuestra Carta Magna, sino en el derecho internacional de los derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en sus artículos 26 y 12, respectivamente.

Por ende, contribuir a través del servicio público de la educación a la conformación de una cultura por el respeto irrestricto a la dignidad del ser humano, no solo es una obligación del Estado mexicano, sino un derecho fundamental.

Por ello es de la mayor importancia y relevancia que la presente reforma, con su participación, genere la adecuación de la Ley General de Educación a la premisa que establece precisamente el artículo 3o. de la Carta Magna y por ende, se revisen y actualicen los planes y programas de estudio de todo nuestro sistema educativo nacional, propiciando esa reforma educativa, que necesitamos sin duda y merecemos.

Es el lograr que el sistema educativo nacional imparta de manera integral sus conocimientos, tendientes a lograr que los individuos sirvan a la sociedad como una persona con plenitud de valores, tanto en lo intelectual como en su formación humanista.

Igualmente, cabe destacar que como parte fundamental de esta reforma se propone fomentar en el sistema educativo nacional la participación social, integrada con los padres de familia, sus asociaciones, maestros y directivos, y por supuesto, de los educandos.

Concluyo mi intervención con esta frase acuñada por el licenciado Benito Pablo Juárez García, quien dijo: La educación es fundamental para la felicidad social; es el principio en el que descansan la libertad y el esclarecimiento de los pueblos.

Es cuanto, señor presidente. Le solicito respetuosamente sea incorporada esta exposición en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

DiputadoJosé Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión suscribe, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos1o., 2o., 7o., 8o., 9o., 10, 11, 29, 34, 40, 42, 46, 47, 69, y 70 de laLey General de Educaciónal tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A pesar de que los preceptos constitucionales en materia educativa dejan en claro que la educación debe tener características enfocadas al desarrollo integral de los educandos, la realidad es que el sistema educativo directa o indirectamente se ha inclinado a una educación con marcadas tendencias al desarrollo de habilidades técnicas, y a generar autómatas que obedecen órdenes sin ningún cuestionamiento, sin una base crítica ni ética, y a quienes el desarrollo científico y el quehacer político del país queda en un segundo plano, al igual que el desarrollo armónico e integral de los seres humanos.

La primicia de generar técnicos como mano de obra barata para las empresas, tanto nacionales como trasnacionales, sustituyó la necesidad nacional de generar ciudadanos íntegros a partir de las bases de un pensamiento humanista y crítico que permita el desarrollo tanto personal de cada una de ellos, como colectivo para el beneficio y desarrollo nacional.

Es totalmente evidente cómo el desarrollo integral de los estudiantes se está dejando de lado. Preparar las condiciones y contribuir a la obtención de las herramientas necesarias para que una persona pueda insertarse en la vida laboral, son algunas de las consecuencias de la impartición de una educación de calidad. Sin embargo, la principal función de la educación pública en México es la de garantizar el desarrollo armónico e integral del individuo con base en el enfoque del respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

Hablar de educación integral abarca múltiples campos del quehacer humano. Por tanto, resulta totalmente impertinente separar a los campos de la sociedad. El arte, la ciencia, la vida política, la familia tienen un vínculo estrecho. Todas ellas pertenecen a una sociedad con capitales simbólicos, inscrita en una cultura común. Si bien cada una de éstas tiene sus especificidades, tratarlas como ajenas y excluyentes entre sí contribuye a mermar la integralidad del ser humano y por ende a la patria.

Debemos dejar de ver a los escolapios como “baldes vacíos” que se deben llenar de conocimientos, e incapaces de entender al mundo, y a quienes hay que obligar a ser una persona de bien, en lugar de guiar y enseñar para que así sea; hay que considerarlos personas con capacidad de reflexión, análisis y acción independientes a través de la inclusión de valores y principios. Las personas somos más que acumulación de conocimientos y fuerza de trabajo.

Llenar de conocimientos a las personas únicamente sirve para que éstas memoricen nociones y conceptos, mas dista mucho de generar una conciencia reflexiva con bases críticas. Al priorizar la enseñanza de materias técnicas se ha abandonado el conocimiento humanista, donde la reflexión sobre el mundo y sobre la humanidad así como sus interrelaciones, constituyen las bases para generar hombres y mujeres sensibles y conscientes de la realidad donde se desenvuelven.

Materias como la Historia y la Filosofía son hoy en día concebidas como “innecesarias” por las autoridades educativas para la enseñanza académica. En el caso de Historia, se plasma como la memorización de años, nombres y acciones importantes que sucedieron en el pasado. Se imparte como sucesos terminados, en lugar de verlos como procesos socio-históricos que hoy en día impacten en la vida de las personas, y que al conocerlos podemos comprender nuestra realidad y así visualizar posibles soluciones a los problemas que hoy nos acontecen, los cuales, tienen orígenes históricos y sirven como un referente teórico para futuros acontecimientos. Derivado de incorporar en nuestras vidas el sentimiento de oriundez y pertenencia.

Ahí tenemos las boyantes corrientes de revisionismo historiográfico, que tienden a reivindicar de manera importante el papel de la historia en las sociedades modernas.

Por otra parte, el desarrollo de habilidades y sensibilidades artísticas no ocupan un lugar secundario sino terciario en la educación en México. Mientras que en países como Inglaterra se brindan lecciones de interpretación y apreciación musical desde niveles muy tempranos de la educación, en nuestras escuelas la música es relegada a la banda de guerra.

La danza se deja únicamente en la reproducción de bailables obligatorios, que si bien si rescatan la cultura nacional, no crea un vínculo significativo a los valores nacionales en la mayoría de los escolapios. Entonces ¿Cómo pretendemos generar valores nacionalistas, como el amor a la patria, si no se enseña a apreciar y valorar enteramente éstas manifestaciones culturales? En otras palabras ¿Cómo podemos apreciar nuestro legado cultural sin una preparación ni enseñanza para su apreciación? El que los niños bailen El son de la negra no significa necesariamente que les genere aprecio ni amor a la cultura mexicana.

La filosofía es dejada de lado. Cuestiones como la metafísica, la estética, la ética, así como las bases de la lógica son dejadas de lado por no ser prácticas, pero estos saberes permiten consolidar en las personas un aprendizaje mucho más completo. Por ejemplo, la lógica bien puede servir en cualquier modelo científico o proceso de reflexión de los individuos.

La falta de importancia en las humanidades es muestra de la poca importancia que se le da en los hechos al tema de los derechos humanos por parte de los responsables de la educación que son los gobernantes. Se han creado instituciones que portan la bandera de los derechos humanos, que sin embargo, no han tenido o ha sido casi nulo, el impacto real para generar una cultura del respeto a la dignidad del ser humano, entre gobernantes y gobernados sin excepción.

A pesar de las múltiples denuncias de violaciones de Derechos Humanos, en México opera la impunidad para quienes atentan contra las personas violentándoseles estos derechos. No olvidemos que se firmaron acuerdos internacionales que comprometen a los gobiernos nacionales a garantizar el respeto de los derechos humanos. Y que hoy gracias a la última reforma constitucional son incluso norma suprema cuando protegen de mejor manera un derecho humano.

El sistema educativo es reflejo de la visión que se tiene en esferas más altas del poder. La educación en los estados nacionales modernos, en su sentido original, sirve para consolidar y fortalecer los valores nacionales. Dotar a quienes estudian de las nociones necesarias para impulsar el desarrollo del pueblo o nación es fundamental. Sin embargo, hoy en día, nuestra educación por sus carencias y sus objetivos no solo no fortalece ni desarrolla a nuestro país, si no que es señal de que los gobiernos y los responsables de la educación, no tienen la mínima intención de establecer un proyecto nacional integral con bases humanistas.

La necesidad de garantizar una educación pública de carácter integral que procure el amor a la patria y el desarrollo pleno y armónico del individuo, es una obligación del Estado mexicano consignada no sólo en nuestra Carta Magna, sino en el derecho internacional de los derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual es considerada por la comunidad internacional como norma de ius cogens.Es decir, como normas que son de estricto e irremisible cumplimiento, dada su trascendencia y su propósito fundamental. Dicha declaración dispone en el párrafo 2 de su artículo 26 lo siguiente:

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.”

La poca enseñanza de los derechos humanos, y en general de las humanidades, en las escuelas mexicanas, es un lastre para generar un desarrollo político, económico, social y cultural en nuestro país de nuestros educandos que promueva una sana relación con la naturaleza, basado en la igualdad y justicia reales, donde se luche “contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Como reza el propio artículo 3 de la Carta Magna.

Al priorizar la enseñanza técnica, no sólo se impide el desarrollo integral de los educandos, sino a la vez nos cerramos las puertas para el desarrollo integral que necesitamos y merecemos cada ser humano.

Breve historia de los derechos humanos

Según algunas fuentes, los antecedentes de los derechos humanos se pueden remontar hasta la antigüedad, hasta el Cilindro de Ciro, redactado en el año 539 antes de Cristo, por Ciro El Grande del imperio Aqueménida de Persia (antiguo Irán) tras la conquista de Babilonia. En cuanto al Pacto de los Virtuosos (Hilf-al-fudul) acordado por tribus árabes en torno al año 590 después de Cristo, es considerado una de las primeras alianzas de derechos humanos.” También en esta línea se puede mencionar la creación de la Carta Magna de 1215 después de Cristo, celebrada por el rey Juan Sin Tierra y los nobles de Inglaterra; primer documento en el que los barones consiguen arrancarle concesiones y reconocimiento de ciertos derechos al soberano.

Sin embargo los derechos humanos modernos tienen sus raíces en los movimientos revolucionarios en Europa. El primer movimiento popular gestado en Inglaterra en el siglo XVII culminó con una declaración de derechos en la cual el eje principal era el vuelco a la democracia en oposición a las formas absolutistas que hasta entonces tenían lugar en territorio inglés. Un siglo más tarde la Revolución Francesa significó una ruptura enorme con el despotismo ilustrado, derivando en la Declaración de derechos del hombre y el ciudadano,tomando como base la igualdad entre todos los hombres. En esta declaración ya se contemplaban derechos como la libertad de expresión, de tránsito, de empresa y postulaba la igualdad entre los hombres .Ésta, en su artículo 2o dispone lo siguiente:

“Artículo 2o.La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.”

Tras la Segunda Guerra Mundial y una vez creada las Naciones Unidas, con la necesidad de mantener un lineamiento de paz entre las naciones y ante el compromiso de impedir atrocidades semejantes a las del holocausto, se firma y publica la Declaración de las Naciones Unidas, que tiempo más tarde, pasaría a ser lo que hoy conocemos como la Declaración universal de derechos humanos en 1946. Los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial inspiraron al género humano para evitar que sucedieran en el futuro. Sin embargo hasta ahora los mecanismos para evitar atropellos sobre las personas son no son funcionales y México no escapa a estadísticas de este tipo.

Argumentación

Ante el poco conocimiento y el deficiente ejercicio de respeto, protección, garantía y aplicación de los derechos humanos, no sólo en el seno de la dimensión gubernamental del Estado mexicano, sino en gran parte de la sociedad mexicana, y siendo la educación el lugar donde se sientan las bases para el desarrollo de un pueblo. Concebida como bien lo establece el artículo 3o. de la Carta Magna, y que establece en su párrafo segundo que:

Artículo 3o ...

La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Por lo que resulta necesario incorporar a la normatividad vigente algunos puntos de perspectiva y aplicación de los derechos humanos, premisas que conlleven a revalorar disciplinas fundamentales en toda instrucción epistemológica, por medio de una revisión y adecuación a los planes y programas de estudio en todos los niveles educativos.

Lo anterior contribuirá de manera importante al cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano consagradas en los artículos 1 y 3 de nuestra Carta Magna, y procurará su consonancia con las máximas plasmadas en el derecho internacional de los derechos humanos.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 1o., 2o., 7o., 8o., 9o., 10, 11, 29, 34, 40, 42, 46, 47, 69, y 70 de la Ley General de Educación

Único. Se reforman los artículos 1o., 2o., 7o., 8o., 9o., 10, 11, 29, 34, 40, 42, 46, 47, 69, y 70 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Ley General de Educación

Texto vigente

Artículo 1o.Esta ley regula la educación que imparten el estado -Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social.

La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3o.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones.

Artículo 2o.Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

Artículo 7o.

III.Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;

VIII.Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación;

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I.Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

II. Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y

III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, media superior y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 10.

(...)

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando incorporarse a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar.

Artículo 11. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece.

Capítulo IIDel federalismo educativo

(...)

Sección 4. De la evaluación del sistema educativo nacional

Artículo 29. Corresponde a la Secretaría la evaluación del sistema educativo nacional, sin perjuicio de la que las autoridades educativas locales realicen en sus respectivas competencias.

Dicha evaluación, y la de las autoridades educativas locales, serán sistemáticas y permanentes. Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes.

Capítulo IIIDe la equidad en la educación

Artículo 34. Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos.

La Secretaría evaluará los resultados en la calidad educativa de los programas compensatorios antes mencionados.

Capítulo IVDel proceso educativo

Sección 1. De los tipos y modalidades de educación

Artículo 40.La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, hijos o pupilos.

Artículo 42. En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a los Derechos Humanos, con ello procurando el cuidado de su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

Artículo 46.La educación a que se refiere la presente sección tendrá las modalidades de escolar, no escolarizada y mixta.

Capítulo VIIDe la participación social en la educación

(...)

Sección 2. De los consejos de participación social

(...)

Artículo 69. Será responsabilidad de la autoridad de cada escuela pública de educación básica vincular a ésta, activa y constantemente, con la comunidad. El ayuntamiento y la autoridad educativa local darán toda su colaboración para tales efectos.

La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, exalumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

Artículo 70. En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación.

Reforma Propuesta

Artículo 1o.Esta ley regula la educación que imparten el estado -federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la república y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social.

La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3o.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones.

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social fundamentada en las bases de los derechos humanos.

Artículo 7o.

III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país mediante estrategias educativas que generen vínculos significativos entre los educandos y su cultura nacional;

VIII. Impulsar la creación y sensibilidadartística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la nación;

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico y el respeto a los derechos humanos; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I. Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

II. Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y

III.- Con una visión basada en los derechos humanoscontribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Artículo 9o.Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, media superior y superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, el pensamiento crítico humanista, al tiempo que alentará el fortalecimiento, la apreciación y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 10.

(...)

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación integralde manera que permita al educando incorporarse a la sociedad como una persona plena tanto en lo intelectual como en lo humanoy, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar.

Artículo 11.La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponden a las autoridades educativas de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia ley establece.

Capítulo IIDel federalismo educativo

(...)

Sección 4. De la evaluación del sistema educativo nacional

Artículo 29.Corresponde a la Secretaría la evaluación del sistema educativo nacional, sin perjuicio de la que las autoridades educativas locales realicen en sus respectivas competencias.

Dicha evaluación, y la de las autoridades educativas locales, serán sistemáticas y permanentes , consultando las sugerencias que organizaciones civiles autónomas pudieran realizar. Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes.

Capítulo IIIDe la equidad en la educación

Artículo 34.Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos.

La Secretaría evaluará los resultados en la calidad educativa de los programas compensatorios antes mencionados. La evaluación se hará conjuntamente con observadores y consejeros de la CNDH quienes harán propuestas para mejorar la equidad y cuidar el cumplimiento de lo marcado en la Declaración Universal de Derechos humanos de la ONU

Capítulo IVDel proceso educativo

Sección 1. De los tipos y modalidades de educación

Artículo 40. La educación inicial tiene como propósito potenciar el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, hijos o pupilos.

Artículo 42.En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a los derechos humanos, con ello procurando el cuidado desu dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

Artículo 46. La educación en materia de cultura y arte procurará fomentar el aprecio, valoración e identificación con la cultura universal, nacional y regional, con el objetivo de desarrollar integralmente al estudiante, y brindar bases para que pueda potenciar su capacidad artística como una profesión.

La Secretaría, en coordinación con secretarías federales y regionales competentes, establecerán formas de reconocimiento y certificación de habilidades artísticas en los estudiantes.

La Secretaría en conjunto con autoridades competentes, generarán las formas en que se llevará educación cultural y artística de calidad a los estudiantes, como parte del desarrollo integral de los educandos.

Artículo 47.La educación a que se refiere la presente sección tendrá las modalidades de escolar, no escolarizada y mixta.

Capítulo VIIDe la participación social en la educación

(...)

Sección 2.- De los consejos de participación social

(...)

Artículo 69.Será responsabilidad de la autoridad de cada escuela pública de educación básica vincular a ésta, activa y constantemente, con la comunidad. El ayuntamiento y la autoridad educativa local darán toda su colaboración para tales efectos.

La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, exalumnos, representantes de la CNDH, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

Artículo 70. En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea o vinculela educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1.“La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.” Artículo 3º Constitucional.

2. Bourdieu Pierre. Cuestiones de Sociología. Anagrama. Barcelona 1999. p. 114.

3. Artículo 3o., constitucional, fracción (apartado-punto) II.

4. Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. “Historia de la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos” en Declaración Universal de Derechos Humanos [en línea] (consultado el 26 de septiembre del 2012) disponible en: http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml.

5. Ídem.

6. Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.— Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

En tanto, esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a Carlos Retureta, a Hernando Sangabriel y a Javier Candanedo, presidentes municipales de Actopan, Coacoatzintla y de Misantla, Veracruz, invitados por don Alejandro Montano Guzmán. Sean ustedes bienvenidos.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, doña María Talamante Lemas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la educación financiera pone al alcance de las personas información que les permite acceder a conocimientos básicos de cómo funciona la economía y las finanzas, y que éstas se encuentran íntimamente relacionadas con su vida diaria.

La educación financiera, inscrita en el contexto de la educación para la vida, es una llave de entrada al siglo XXI y responde al reto de un mundo que cambia rápidamente, provee a las personas los medios necesarios para alcanzar una vida mejor, tanto personal como social, al proponer las herramientas para alcanzar sus metas personales.

En un contexto de dinamismo económico, la educación financiera presenta la oportunidad de blindar a la ciudadanía con herramientas que les permita tomar decisiones económicas mediante inversiones de mediano y largo plazo, en bienes y servicios duraderos.

La Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer —mediante un sondeo de opinión— que el 48 por ciento de los encuestados asegura que nadie le enseñó administrar su dinero; el 52 restante, 49 afirma que fueron sus padres, además 21 de los participantes no lleva un registro puntual de sus ingresos y gastos, mientras que el 32 lo hace ocasionalmente.

Lo anterior, nos confirma que uno de los aspectos que más se ha descuidado en el país es precisamente la educación económica y financiera; la mayor parte de la población en México desconoce qué tipo de consideraciones se debe tener en cuenta en materia de gastos básicos, administración de deuda y prácticas de consumo.

Una educación financiera permitirá contar con una herramienta adecuada, para que los deudores responsables se conviertan en ahorradores consistentes y manejen las diversas alternativas del mercado financiero a su favor.

Es evidente que se requiere información clara que nos permita tomar las mejores decisiones como usuarios de los servicios financieros.

Compañeras y compañeros legisladores, la propuesta que sometemos a consideración no es menor, ¿cuántos casos existen en que las personas acceden a créditos, que resultan impagables por su poca capacidad de pago, o las personas que por falta de información y práctica de consumo adquieren productos y servicios a través de tarjetas de crédito, a meses sin intereses y cuando menos se dan cuenta sus gastos superan con mucho sus propios ingresos? Ante esta situación, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos indispensable que uno de los fines de la educación sea la de proporcionar educación financiera desde el nivel básico, acorde a los planes de estudio.

Que lo que proponemos y ponemos a su consideración es adicionar una fracción XXIII al artículo 7o. de la Ley General de Educación, ya que estamos convencidos que si queremos transformar a México tenemos la obligación de despertar en los niños, adolescentes, adultos, el interés de los temas de educación financiera.

Con dicha propuesta estaremos generando ciudadanos informados y responsables para la toma de decisión respecto a los servicios que presentan las diferentes instituciones bancarias para la formación de un patrimonio, generar la cultura del ahorro, adquirir una vivienda o aceptar un crédito a largo plazo.

No perdamos la oportunidad de dar el siguiente paso, que nos permite colocarnos en la senda del desarrollo a través del uso y manejo de productos financieros de manera transparente y responsable. Por su atención, gracias. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, desde nuestra llegada a la Cámara de Diputados en 2006, hemos insistido en la necesidad de incorporar como uno de los fines de la educación que imparta el Estado la educación financiera, concebida como una herramienta indispensable en el proceso de formación de los niños y los adolescentes de México.

Consideramos necesario citar algunas definiciones básicas de educación financiera. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Improving financial literacy, OCDE, París, 2005, página 13, considera que es un proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, y mejorar su bienestar.

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC (Bansefi), define educación financieracomo el proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que, mediante la asimilación de información comprensible y herramientas básicas de administración de recursos y planeación, permiten a los individuos

• Tomar decisiones personales y sociales de carácter económico en su vida cotidiana; y

• Utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida en condiciones de certeza.

De acuerdo con Javier Carbajal G., en el estudio Educación financiera y bancarización en México, julio de 2008, del Centro de Estudios Económicos y Desarrollo Empresarial, educación financiera es proporcionar los conocimientos, las habilidades y las actitudes requeridos para adoptar buenas prácticas de administración del dinero por lo que se refiere a los ingresos, los gastos, los ahorros, los préstamos y la inversión. Es decir, ésta enseña las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones financieras y lograr un mejor control sobre los riesgos, y poder alcanzar así las metas que permitirán mejorar el bienestar económico de las personas y de las instituciones.

Desde 2007, autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han asumido que uno de los factores que pueden explicar la baja penetración de servicios financieros en México es la falta de una cultura financiera y que uno de los principales retos del sistema financiero es dar acceso a toda la población (Encuesta Nacional de Educación Financiera, Educación financiera: estudio cualitativo, octubre de 2007).

Resultados del estudio: Educación Financiera de abril de 2008, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) entre alumnos de sexto grado de primarias públicas de Aguascalientes, Chilpancingo, Guanajuato, Pachuca, Tijuana, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Toluca, revelaron que 9 de cada 10 identifica correctamente el ahorro o alguna forma de ahorrar y únicamente 1 de cada 5 asemeja correctamente los tipos de ahorro. De igual forma, menos de la mitad entiende que un presupuesto es un cálculo de ingresos y gastos, y lo que significa comprar de manera razonada y responsable. Los niños en México no distinguen la diferencia entre comprar inteligentemente y endeudarse. De ahí la urgencia de comprender que el crédito es mucho más que una tarjeta con la que pueden comprarse cosas en vez de utilizar dinero.

A partir del ciclo escolar 2008-2009, la SEP implantó con la participación de bancos y organizaciones empresariales el Programa de Actitud Emprendedora, Educación Económica y la Cultura Financiera para la Educación Básica 2008-2009, a fin de incluir en los planes y programas de primaria y secundaria vigentes un enfoque empresarial que promueva la educación económica y la cultura financiera para que los educandos reciban clases sobre consumo, créditos, hipotecas, ahorro y tarjetas de crédito y débito.

La citada dependencia ha solicitado el apoyo de la Asociación de Bancos de México (ABM) y del Banco de México para desarrollar un plan macro en materia de educación financiera, que considera la creación del consejo consultivo de educación económica y financiera, formado por la ABM; la Confederación Patronal de la República Mexicana; los Grupos Financieros Banamex y BBVA-Bancomer; las Secretarías de Hacienda, del Trabajo, y de Economía; y la Procuraduría Federal del Consumidor.

La ABM ha tenido una participación activa en favor de la educación financiera, mediante la creación de los módulos de banca, ahorro y bancarización en el Museo Interactivo de Economía; el programa de ahorro infantil ABM-SEP; el acuerdo con el Consejo Nacional para la Educación Económica de Estados Unidos a fin de traducir dos de los libros más importantes en materia de educación financiera (uno para jóvenes y otro para padres y profesores); el convenio con el periódico El Financiero para la publicación mensual de cada uno de los capítulos de esos libros; la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México para impulsar el programa de formación de formadores en coordinación con la Fundación Televisa; la publicación de un cuento para niños sobre el ahorro, como parte del ciclo escolar 2008-2009; y el acuerdo con la Secretaría de Gobernación para transmitir cápsulas de educación financiera en La Hora Nacional.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconocemos la labor y el compromiso de diversas instituciones públicas y privadas en el diseño de acciones que fomenten la educación financiera entre familias de todos los estratos económicos, con mayor énfasis en sectores de medianos y bajos ingresos, pues por no tener dinero el enfoque debe acentuarse en la forma de generarlo y no tanto de administrarlo.

Los logros descritos confirman las acciones reales para insertar a México en el ámbito de la economía mundial. De acuerdo con información del Banco Interamericano de Desarrollo, nuestra creciente participación en la economía global, los tratados de libre comercio y nuestra membresía en la OCDE imponen nuevos parámetros que desbordan el ámbito latinoamericano.

Pese a los avances en la materia, el compromiso de las autoridades responsables es insuficiente debido a que la mayor parte de la población continúa inmersa en el poco conocimiento de estos temas, aunado a la creciente necesidad de formar no sólo a los niños y a los adolescentes en el manejo del ahorro y el crédito sino a los docentes en contenidos de planeación financiera.

Por lo anterior se considera indispensable adicionar la fracción XIII al artículo 7 de la Ley General de Educación, para considerar como uno de los fines de la educación el fomento de la educación financiera.

Argumentación

En la quinta Semana Nacional de Educación Financiera en México (SNEF), del 1 al 7 de octubre de 2012, se confirmó por José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey campus estado de México, que la SNEF es insuficiente.

Esta educación tendría que estar en primaria y secundaria. La iniciativa que se tiene es positiva, pero es insuficiente. 1

De acuerdo con un sondeo dado a conocer por la Comisión Nacional para Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), “48 por ciento de los encuestados asegura que nadie le enseñó a administrar su dinero; del 52 por ciento restante, 49 por ciento afirma que fueron sus padres. Además, 21 por ciento de los participantes no lleva un registro puntual de sus ingresos y gastos, mientras que 32 por ciento lo hace ocasionalmente”. 2

Lo anterior demuestra que uno de los aspectos que se han descuidado en el país es precisamente la educación económica y financiera. La población desconoce los fundamentos básicos de cómo funciona el sistema financiero y, evidentemente, de los cuidados que debe tener desde sus gastos más básicos hasta la administración de su deuda y su consumo, agregó De la Cruz.

Luis Pazos, presidente de la Condusef, admitió que no tener una buena educación financiera puede ser peligroso. “Poco ayuda la inclusión financiera sin educación, ya que un trabajador que no sabe usar su tarjeta de débito puede perder un porcentaje importante de su salario por las comisiones que les cobran en cajeros”.

Por otro lado, en el portal web del Bansefi 3 se detalla que en México es urgente producir un movimiento de gran alcance en favor de la educación financiera por las siguientes razones:

En primer lugar, porque hay grandes lagunas en los conocimientos financieros de la gente. Esto tiene una serie de consecuencias adversas para las personas, como el endeudamiento excesivo, la falta de ahorro para el futuro, el uso improductivo de las remesas y la poca claridad sobre los beneficios que ofrece la inversión en actividades productivas, la adquisición de activos o la educación de los hijos.

En segundo lugar, la falta de información, aunada a la escasa penetración del sistema financiero, fomenta el uso de servicios financieros informales, con frecuencia desventajosos y a costos elevados.

Por último, el número y la complejidad de los productos financieros han aumentado notablemente en años recientes, lo cual dificulta que las personas tomen decisiones informadas que sirvan a sus propósitos.

Respecto a los beneficios que ofrece la educación financiera, la institución sostiene: “Éstos son considerables, tanto para la economía de cada individuo como para la economía nacional. En el plano individual, la educación financiera contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas, pues proporciona herramientas para la toma de decisiones relativas a la planeación para el futuro y a la administración de los recursos, así como información pertinente y clara que da lugar a un mayor y mejor uso de los productos y servicios financieros. Así, los usuarios con mayores niveles de educación financiera tienden a ahorrar más, lo que normalmente se traduce en mayores niveles de inversión y crecimiento de la economía en su conjunto. Adicionalmente, la educación financiera, más allá de contribuir a mejorar el desempeño de las instituciones debido a una clientela más responsable e informada, puede generar un intercambio de información de mayor calidad entre las instituciones financieras y sus clientes. Gracias a la educación financiera, los usuarios demandan servicios adecuados a sus necesidades y los intermediarios financieros tienen un mejor conocimiento de las necesidades de los usuarios, lo que da lugar a una mayor oferta de productos y servicios financieros novedosos, aumentando la competitividad e innovación en el sistema financiero”.

En países como Estados Unidos de América, la Financial Literacy and Education Commission coordina los esfuerzos que el gobierno destina a temas de educación financiera, brindar apoyo a los programas de cultura financiera impartidos por el sector privado y promover la sincronización entre el sector público y el privado. En Reino Unido y su National Strategy for Financial Capability (NSFC), que reúne a los actores de la industria de servicios financieros, del gobierno, de asociaciones de consumo, de organizaciones voluntarias y de los medios, interesados en encontrar mecanismos para mejorar el conocimiento y entendimiento de los individuos sobre sus finanzas personales. Su estrategia consiste en hacer llegar educación, información y asesoría a toda la población de Reino Unido, a través del apoyo de escuelas, padres de familia y lugares de trabajo, entre otros. Al efecto, la NSFC creó el Financial Capability Innovation Fund, con objeto de financiar proyectos que promuevan la educación financiera.

La cultura financiera a escala internacional es reconocida como un factor clave para el desarrollo humano y del sistema financiero. Por ello es indispensable poner en marcha una estrategia de cultura financiera basada en mecanismos de cooperación y coordinación continúa entre las entidades gubernamentales para implantar efectivos programas de educación financiera en las escuelas, en sintonía con los esfuerzos y las acciones de las instituciones públicas y las privadas en el plano nacional citados en la presente expresión legislativa.

Resulta primordial, ante la incesante crisis económica en diferentes regiones del mundo, garantizar a las futuras generaciones novedosos sistemas y normas para la gestión administrativa, la institucionalización de mecanismos y programas de apoyo a la calidad educativa y el aseguramiento de ésta con parámetros internacionales como el consumo responsable y la educación financiera.

Un programa adecuado de educación financiera ayuda a crear conciencia de la importancia del ahorro, del manejo del crédito y del cuidado del dinero por el conocimiento y la prudencia en el manejo de los recursos financieros. Además, representa una oportunidad inigualable para incrementar la calidad de vida de las familias, pues a mayor educación financiera, mayor bienestar económico, sobre todo para los sectores de bajos recursos, al evitar los altos costos de utilizar servicios financieros no formales.

Especialistas en el tema de educación financiera sostienen que ésta trae consigo altos niveles de ahorro, contribuye a la inversión, al crecimiento económico, a la equidad e igualdad de oportunidades y, sobre todo, si se enseña a edad temprana, genera hábitos de ahorro y, por tanto, constituye un elemento de democratización económica para abatir la desigualdad social.

De acuerdo con Eliseo Ruiz Pérez, en Educación financiera en México, sí es viable aplicar una política pública que genere a su vez el valor público (educación financiera) para la población mexicana, lo que implicaría cambios en el sistema educativo nacional y los resultados no serían en el corto plazo. Sin embargo, las iniciativas existentes y que están trabajando en este ámbito son la mejor alternativa que se puede tomar, mientras se espera una política pública que genere este bien público o se implante lo que la SEP ha planteado desde 2007: el “fichero de educación financiera y cultura financiera” para la educación básica.

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que si queremos transformar a México, tenemos la obligación de despertar en los niños y en los adolescentes el interés por los temas de educación financiera. Con ello generaremos ciudadanos informados y responsables de la toma de decisiones respecto a los servicios que prestan las instituciones bancarias para la formación de patrimonio, ahorro, vivienda, retiro, crédito, protección del consumidor y del inversionista, derechos de los consumidores y población multicultural, entre otros.

Compartimos el principio de que para entender el campo de las finanzas debemos comenzar desde la niñez. Aprender a conocer y entender el lenguaje del dinero a temprana edad incrementa la habilidad informada para generarlo y multiplicarlo con base en estrategias financieras pertinentes y viables. Comenzar una educación financiera hoy contribuirá a tener autonomía financiera en nuestra madurez y a no depender de la jubilación que podamos obtener.

Desde la perspectiva mundial en el sentido que las competencias en el ámbito empresarial están ligadas a la eficacia, eficiencia y productividad, así como a la adquisición de destrezas y habilidades financieras para acotar las brechas persistentes de competitividad entre los países, igual que las desigualdades sociales en el país, se propone adicionar la fracción XIII al artículo 7 de la Ley General de Educación para considerar como uno de los fines de la educación el fomento de la educación financiera, en congruencia con la reforma curricular de la Secretaría de Educación Pública, basada en competencias y habilidades para contar con el peso debido en conductas y actitudes dirigidas al entrenamiento, a la enajenación y adaptación de los educandos, en un mundo que reclama más desarrollo, mejores oportunidades y una definida transformación social.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, como integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71.II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.3 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XIII al artículo 7 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se adiciona la fracción XIII al artículo 7 de la Ley General de Educación, y se recorre el orden de las subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

I. a XII. ...

XIII. Fomentar la educación financiera;

XIV.a XVII. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que deban realizarse a fin de cumplir el presente decreto se sujetarán a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en sus respectivos Presupuestos.

Notas:

1 El Economista, http://eleconomista.com.mx, 30 de septiembre de 2012.

2 Ibídem.

3 Véase en http://www.bansefi.gob.mx/

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 9 de octubre de 2012.— Diputados: Lucila Garfias Gutiérrez, René Fujiwara Montelongo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY AGRARIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Abel Octavio Salgado Peña, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la sucesión es el acto jurídico por el cual se transmiten los bienes, derechos y obligaciones que constituye la herencia, los cuales son heredados a los sucesores desde el momento de la muerte de una persona.

En el derecho agrario esta figura opera conforme a lo dispuesto por los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria, en el que de su lectura se desprende que para hacer efectiva la sucesión de los derechos citados se requiere que el ejidatario enliste a aquellas personas sobre las cuales recaiga la adjudicación de los derechos de la parcela, una vez que haya fallecido.

Además de la redacción del artículo 17 citado, se desprende la elaboración de una lista, que es para designar a un número indeterminado de sucesores, de acuerdo a la voluntad del ejidatario, en el que cada uno ejerce una vigencia de derechos de manera individual; es decir, la lista de sucesión es con carácter individual para que el siguiente en el orden de la lista ejerza los derechos que considere pertinentes sobre el ejido en cuestión.

Ampliando el anterior párrafo, esta iniciativa que presento lo que pretende es dejar la posibilidad al ejidatario de testar el ejido, motivo de la aplicación del artículo 17 multicitado, a favor de los dependientes económicos del ejidatario, que a manera de beneficiarios éste designe y por partes iguales, empero desea cuidar al ejido cuando éste opere con la figura de patrimonio familiar.

Los beneficios que generaría la implementación de este testamento agrario son proteger el patrimonio del campesino y su familia; mediante el testamento se define con precisión quién o quiénes heredarán los derechos, lo que evitará posibles conflictos, gastos económicos, pérdida de tiempo y alteraciones de la tranquilidad familiar e incluso de la paz en muchas comunidades.

La asesoría para la elaboración del testamento puede ser gratuita, su formalización se lleva a cabo ante notario público y su depósito es en el Registro Agrario Nacional.

Fomenta la continuidad en la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra; ayuda a mantener actualizado el padrón de ejidatarios o comuneros, lo que permite identificar quiénes pueden participar en las asambleas del núcleo y por tanto, contribuye a la paz social en el campo, evita los conflictos, evitando que solo una persona ocupe la lista de sucesores y sustituyéndolo por la figura de testamento para proteger el patrimonio.

Para el caso de la herencia, el documento que hace efectivos los derechos es conocido como testamento, en el que se constituye la voluntad del testador a favor de las personas de su elección. Sabemos que dentro de las formalidades el testamento es un acto personalísimo, es un acto unilateral, es solemne, siendo la expresión de la última voluntad con carácter de irrevocable.

El Registro Agrario Nacional expide los certificados parcelarios, los certificados de derecho sobre tierras de uso común y los títulos de solares urbanos. Estos documentos se emiten de forma gratuita, derivados del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, mejor conocidos como Procede, en el cual concluyen los esfuerzos de todas las instituciones que integran el sector agrario.

Los bienes que la ley prevé y pueden ser objeto de herencia mediante testamento agrario son las parcelas de que sea titular el testador, sobre las cuales se hayan expedido certificados al ejidatario, comunero o posesionario.

No es posible incluir en un testamento agrario otros bienes inmuebles, como es el caso de los solares, propiedad del autor de la sucesión y que han sido titulados debido a que ya no se encuentran sujetos al régimen ejidal, sino a las disposiciones que marque el Código Civil de la entidad correspondiente.

Tampoco pueden ser parte de un testamento agrario disposiciones de herederos, que versen sobre cualquier otro bien de carácter patrimonial, como fincas urbanas o rústicas de propiedad particular, tractores, mobiliario, ganado, herramienta, aperos de labranza, antigüedad, etcétera.

Las listas de sucesión comenzaron a formalizarse a partir del año 1915 y dejaron de levantarse el 26 de febrero de 1992. A partir de marzo de ese año y hasta la fecha se han estado levantando a manera de testamentos agrarios, que en esencia son las mismas listas de sucesión, pero fortalecidas por la Ley Agraria con derechos inherentes.

En otras palabras, compañeras y compañeros diputados, mientras la sesión de derechos es la transmisión de bienes, derechos y obligaciones, en el testamento se dispone que los bienes de una persona, ya sea total o parcialmente, lo cual hace después de su muerte, con las formalidades de ley y dentro de los límites que ésta señala.

En suma, lo que en esta iniciativa estamos proponiendo, compañeras y compañeros diputados, es darle el derecho a cualquier poseedor de una parcela en un ejido o comunidad agraria de poder heredarla a sus familiares, sin la necesidad de que exista una lista de prelación con derechos exclusivos a una sola persona. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 17 a 19 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Abel Octavio Salgado Peña, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que le confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 6, apartado 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17, 18 y 19 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La sucesión es el acto jurídico por el cual se transmiten los bienes, derechos y obligaciones que constituye la herencia, los cuales son heredados a los sucesores desde el momento de la muerte de una persona.

En el derecho agrario esta figura opera conforme a lo dispuesto por los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria, que a la letra dice:

“Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

Artículo 18. Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

I. Al cónyuge;

II. A la concubina o concubinario;

III. A uno de los hijos del ejidatario;

IV. A uno de sus ascendientes; y

V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.

En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos.

Artículo 19. Cuando no existan sucesores, el Tribunal Agrario proveerá lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo de población de que se trate. El importe de la venta corresponderá al núcleo de población ejidal. [...]”.

De su lectura se desprende que para hacer efectiva la sucesión de derechos citada, se requiere que el ejidatario enliste a aquellas personas sobre las cuales, recaiga la adjudicación de los derechos de la parcela, una vez su fallecimiento. Además es invariable el fallecimiento del ejidatario.

Además, la redacción del artículo 17 citado, en la que supone la elaboración de una lista, es para designar a un número indeterminado de sucesores, de acuerdo a la voluntad del ejidatario, en el que cada uno ejerce una vigencia de derechos, de manera individual, es decir, la lista de sucesión es con carácter individual para que el siguiente en el orden de la lista ejerza los derechos que considere pertinentes, sobre el ejido en cuestión.

Ampliando el anterior párrafo, esta iniciativa lo que desea es dejar la posibilidad al ejidatario, de testar el ejido motivo de la aplicación del artículo 17 multicitado, a favor de los dependientes económicos del ejidatario, que a manera de beneficiarios éste designe y por partes iguales.

Empero, se desea cuidar el ejido, cuando éste opere con la figura de patrimonio familiar.

Prosiguiendo, en el supuesto de derecho a que se refiere el numeral 17 citado, aplica la sucesión de derechos prevista en la norma, los cuales son heredados a los sucesores desde el momento de la muerte de una persona.

De lo anterior hay que considerar que no siempre es lo justo, toda vez que la familia del ejidatario queda en estado de indefensión, cuando llega su muerte si en la lista a que hace referencia el artículo citado, no se encuentra alguno de sus legítimos herederos, ya sea la esposa o un hijo, constituida en herencia.

Para el caso de la herencia, el documento que hace efectivos los derechos es conocido como testamento, en el que se constituye la voluntad del testador a favor de las personas de su elección.

Sabemos que dentro de las formalidades, el testamento es un acto personalísimo, es un acto unilateral, es solemne, siendo la expresión de la última voluntad con carácter irrevocable.

Sobre el particular, invoco la siguiente tesis jurisprudencial:

Novena época instancia: Segunda sala fuente: Semanario Judicial de la Federación y su gaceta Tomo: XI febrero de 2000. Tesis: 2o./J. 11/2000. Página: 231

Sucesión de derechos agrarios, la última voluntad del ejidatario formulada en testamento notarial es susceptible de revocar o modificar la lista de sucesión inscrita en el registro agrario nacional hecha con anterioridad. El artículo 17 de la Ley Agraria, que tiene por objeto proteger al ejidatario en sus derechos agrarios, establece, sin mayores formalismos, que tiene derecho de designar a quien o quienes deban sucederle en el goce de sus derechos sobre la parcela ejidal mediante un trámite ágil, práctico y sencillo, con la simple formulación de una lista de sucesión, que debe depositar en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público, pero nada impide que también exprese su última voluntad, a través de testamento en los términos de las leyes civiles, modificando o revocando aquella lista, pues si la misma Ley Agraria le concede derecho de revocar o modificar una lista anterior con las mismas formalidades con que se hubiera realizado, con mayor razón podrá hacerlo en un testamento notarial.

En otras palabras, mientras la cesión de derechos es la transmisión de bienes, derechos y obligaciones, en el testamento se dispone de los bienes de una persona, ya sea total o parcialmente, la cual hace después de su muerte, con las formalidades de ley y dentro de los límites que ésta señala.

Asimismo y dentro de las formalidades de la sucesión de derechos, se encuentra el causante, los elementos personales, los elementos reales, los elementos formales. Aquí, los herederos son llamados causahabientes.

Sobre los efectos del artículo 17 y demás de la ley citada, no siempre se constituye como un elemento de justicia, toda vez que es posible que deje sin prevención alguna, a su cónyuge o sus hijos, es por esta razón que presentamos esta iniciativa, para reformar el artículo citado e incorporar la figura de testamento con carácter de agrario, respecto de la última voluntad del ejidatario.

Este artículo deja al ejidatario en un estado de indefensión, ya que está obligado a nombrar a una persona como su sucesor en primer término, y que automáticamente al nombrarle lo hace dueño de su parcela y transfiriéndole él su calidad de ejidatario, dejando a los demás miembros de su familia a la voluntad del sucesor preferente, ya que de inmediato es el dueño y aplica una nueva lista aplicando el numeral 17 y demás ya citados.

En concreto, consideramos que cuando el ejido sea patrimonio familiar, es necesario dejar protegidos a los miembros de la familia del ejidatario y consideramos que esta iniciativa cubre esas deficiencias legales, no obstante las fracciones I a V del artículo 18 de la multicitada ley, prevé en orden de preferencia, al cónyuge, a la concubina o concubinario, a uno de los hijos del ejidatarios, a uno de sus ascendientes así como a cualquier otra persona que dependa económicamente del ejidatario finado.

Creemos que incorporando la figura del testamento, es posible subsanar aquellos errores involuntarios del constituyente permanente, al considerar que una sucesión de derechos es suficiente para disponer el destino de su ejido.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por la fracción III y el primer párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el artículo 17, 18 y 19 de la Ley Agraria

Artículo Único. Se reforman los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 17.El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual, formulará testamento, en el que consten los nombres a quienes se deberán adjudicar los derechos del ejido a su fallecimiento. Ningún tercero podrá figurar como sucesor o heredero, en tanto existan dependientes económicos del ejidatario.

El testamento deberá ser depositado en el Registro Agrario Nacional o formalizado ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificado por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

Artículo 18. Cuando el ejidatario no haya hecho el testamento, los derechos agrarios se transmitirán por partes iguales, de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

I. Al cónyuge;

II. A la concubina o concubinario;

III. A uno de los hijos del ejidatario;

IV. A uno de sus ascendientes; y

V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.

...

Artículo 19.- Cuando no exista testamento y habiendo sido agotado el orden de preferencia enunciado en las fracciones I a V del artículo anterior, el tribunal agrario proveerá lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo de población de que se trate. El importe de la venta corresponderá al núcleo de población ejidal.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.— Diputado Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Abel Octavio Salgado. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO - CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hasta por cinco minutos, tiene el uso de la voz, el señor diputado don José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 21 del Código de Comercio.

El diputado José Ángel González Serna:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, las acciones emprendidas en nuestro país durante la última década, en materia de buenas prácticas en la administración pública, se han enfocado en gran parte a la simplificación de trámites, y ahora el gran reto al que nos enfrentamos es el de lograr eliminar los trámites y cargas adicionales innecesarias para los particulares que participan en algún acto mercantil; claro está, sin dejar de lado la certidumbre jurídica de quienes intervienen en los mismos. De ahí que se considera de especial importancia realizar un análisis y actualización de nuestro marco jurídico, que permita dar celeridad a la celebración de actos mercantiles.

Debemos reconocer que este procedimiento ya ha comenzado, tal y como lo podemos observar en la aprobación de diversas reformas al Código de Comercio y a la Ley General de Sociedades Mercantiles del 2 de junio de 2009, mediante las cuales los actos trascendentales de las sociedades mercantiles, tales como la constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación deben ser inscritos en el Registro Público del Comercio, eliminando la inscripción de otros actos que no producen efectos ante terceros, logrando así una aportación significativa a la desregulación y al otorgamiento de un tratamiento jurídico homogéneo respecto a la publicidad de los actos previstos en ambos ordenamientos.

En este sentido, la iniciativa que hoy someto a su consideración tiene como propósito reformar la fracción I del artículo 9o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para permitir que la representación en el otorgamiento o la suscripción de títulos de crédito puedan realizarse mediante poder otorgado en escritura pública, sin que dicho poder, para efectos de su validez, tenga que inscribirse en el Registro Público del Comercio.

Debo destacar que esta propuesta coadyuva a la consideración efectuada por el Poder Judicial de la Federación, respecto de los requisitos legales del otorgamiento de poderes, que ha sido enunciada en diversas tesis jurisprudenciales.

Es así que nuestra propuesta se encuentra encaminada a que el otorgamiento de poderes para el otorgamiento y suscripción de títulos de crédito, se lleve a cabo en escritura pública ante fedatario público, pero sin que exista una condición de inscripción en el Registro Público del Comercio de dicho instrumento.

En este orden de ideas y a fin de hacer congruente dicha reforma, se propone derogar la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio, que actualmente señala que existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad en el que se anotarán:

VII. Para efectos del comercio y consulta electrónicos, opcionalmente, los poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o revocaciones.

De esta forma se eliminará el requisito de anotar en el Registro Público del Comercio los poderes y nombramientos de los funcionarios de una sociedad, ya que el poder otorgado ante fedatario contiene los elementos necesarios para brindar seguridad y certeza jurídica, tanto a los poderdantes, los apoderados y quienes intervienen en actos jurídicos.

De igual manera permitirá eliminar trámites y cargas innecesarias para los particulares, pues al considerarse actualmente de manera optativa su inscripción, ésta deja de ser eficaz cuando solo algunos poderes y nombramientos son inscritos y otros no.

Por las razones expuestas, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto.

Primero. Se reforma la fracción I del artículo 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para establecer que la representación para otorgar o suscribir títulos de crédito se confieren mediante poder otorgado en escritura pública.

Segundo. Se deroga la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio.

Por encontrarse publicada dicha iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, solicito que se integre el texto en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 21 del Código de Comercio, a cargo del diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Ángel González Serna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral I, 76, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y deroga la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La desregulación implica la eliminación de trámites administrativos y burocráticos que han sido impuestos por las autoridades. En materia económica se refiere a la liberalización de las fuerzas competitivas y la no obstaculización a la entrada y salida del mercado, que son sinónimo de la libertad de competencia. En el caso de México, por ejemplo, durante los años ochenta se inició un largo proceso de desburocratización y simplificación de trámites requeridos para la apertura de negocios, licencias de construcción, permisos sanitarios, trámites administrativos, entre otros muchos.

Así, la desregulación se puede resumir en la simplificación administrativa de trámites para el establecimiento y operación de empresas; la revisión y adecuación del marco normativo vigente y la revisión de proyectos de iniciativas y modificaciones normativas mediante la Manifestación de Impacto Regulatorio.

En este orden de ideas, el Congreso de la Unión ha tenido una participación sumamente relevante, sobre todo en los últimos años, al aprobar diversas reformas orientadas a mejorar la gestión pública, a través de la implementación de mecanismos más ágiles y asequibles para los ciudadanos. Estos mecanismos han estado orientados a eliminar procesos administrativos complejos, simplificando en gran medida diversos trámites, notificaciones y declaraciones a cargo de los particulares.

Así, se han aprobado reformas a diversos ordenamientos de carácter mercantil que conforman nuestro derecho positivo, tales como el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Instituciones de Crédito, las cuales se han orientado por el principio de desregulación, eliminando trámites y cargas adicionales innecesarias para los particulares, sin perder de vista la certidumbre jurídica de quienes intervienen en los actos jurídicos.

En tales reformas, el Poder Legislativo ha coincidido en el hecho de que la concepción de mejora regulatoria no puede limitarse a los procesos administrativos, sino requiere el análisis y actualización del marco jurídico.

Dentro de la adecuación del marco jurídico nacional destacan, por la importancia en la simplificación administrativa, la expedición de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la cual, por primera vez en la historia moderna de México, permitió a nivel legal, el uso de una firma digital constituida por un conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, la cual es creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, lo que permite que produzca los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.

El uso de la firma electrónica avanzada es de carácter obligatorio para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en sus comunicaciones y en los actos jurídicos que realicen entre las mismas, además se permite el uso de dicha Firma por los particulares, previa expedición de los certificados digitales emitidos por la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Economía o el Servicio de Administración Tributaria.

Asimismo, otra reforma que permite la desregulación en los trámites administrativos es la reciente modificación a la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, dicha reforma permite la difusión del Diario Oficial de la Federación, en forma electrónica, garantizando la autenticidad, integridad e inalterabilidad de éste, a través de la firma electrónica avanzada.

También destaca por su importancia la aprobación del decreto por el que se reformaron diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la que se introdujo la posibilidad de llevar a cabo juicios orales en materia mercantil, lo que permitirá la celeridad en la sustanciación de este tipo de juicios, además de una disminución significativa en los trámites escritos que anteriormente se llevaban a cabo.

Asimismo, el Congreso de la Unión ha aprobado otras reformas tendientes a mejorar la llamada “tala regulatoria”, tal es el caso de diversas modificaciones que ha sufrido el Código de Comercio para establecer que los actos trascendentales de las sociedades mercantiles tales como la constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación deberán ser inscritos en el Registro Público del Comercio, eliminando la inscripción de otros actos que no producen efectos ante terceros, logrando así una aportación significativa a la desregulación y al otorgamiento de un tratamiento jurídico homogéneo respecto de la publicidad de los actos previstos en ambos ordenamientos.

Esta condición de definición legal debe de encontrar un equilibrio entre los actos que necesariamente requieran ser inscritos en aras de certidumbre jurídica y de transparencia de la actividad de las sociedades mercantiles y la carga innecesaria de numerosos registros cuyos derechos conculcados no requieren para su ejercicio de dicho requisito, porque así lo establecen otros artículos del propio Código de Comercio o de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Particularmente, es de destacarse el artículo 21 del Código de Comercio en la fracción VII. Este precepto regula el contenido del folio electrónico y con anterioridad a la reforma refería que deberían anotarse los poderes generales y nombramientos, y revocación de los mismos si la hubiere, conferidos los gerentes, factores, dependientes y cualesquiera otros mandatarios.

La reforma permitió que para los efectos del comercio y consulta electrónicos, podrían inscribirse opcionalmente, los poderes y nombramientos de sus funcionarios, así como sus renuncias o convocatorias. Lo anterior, en razón de que la inscripción en el Registro Público de Comercio no conlleva elementos constitutivos de derecho, sino solamente de carácter declarativo.

Ante ello el entonces diputado Jesús Ramírez Rangel del Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó el 15 de diciembre de 2011 una iniciativa para reformar los artículos 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 21 del Código de Comercio, a efecto de permitir que la representación en el otorgamiento o suscripción de títulos de crédito pueda realizarse mediante poder otorgado en escritura pública, sin que dicho poder para efectos de su validez tenga que inscribirse en el Registro Público del Comercio. Lo anterior, conservaba el espíritu de mantener un criterio homogéneo en la normatividad mercantil y eliminar trámites innecesarios.

Dicha propuesta de reforma legislativa de haber sido aprobada sería congruente con diversos criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación en lo relativo a los requisitos legales que deben revestir el otorgamiento de poderes, pero lo más importante: ayudaría a eliminar requisitos y trámites innecesarios que hacen en muchas de las ocasiones más complejos los trámites administrativos a cargo de los particulares.

En este orden de ideas, la citada iniciativa fue turnada en su oportunidad a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, sin que haya sido aprobada por ambas comisiones. No obstante ello, por lo valioso de su contenido y por la importancia que reviste la posibilidad de dar celeridad en los trámites administrativos respecto de los actos que no necesariamente requieren de inscripción en el Registro Público del Comercio por no tener efectos hacia terceros, es que los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en esta LXII Legislatura estimamos necesario proponer a esta Soberanía la iniciativa en comento, a efecto de impulsar su aprobación en aras de seguir abonando en la mejora regulatoria.

Así, como se ha dicho, la iniciativa que se retoma por esta Legislatura es congruente con los diversos criterios que ha emitido el Poder Judicial Federal, respecto de los requisitos legales para el otorgamiento de Poderes, como ejemplo de lo anterior podemos citar la siguiente Tesis:

Poderes otorgados por las instituciones de crédito: requisitos legales

Conforme a la recta interpretación del artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, los poderes que las instituciones de crédito otorguen, para su validez, sólo requieren de lo siguiente: a) Las inserciones relativas al acuerdo del consejo de administración que haya autorizado su otorgamiento; b) Las relativas a las facultades que en los estatutos sociales se concedan al propio consejo; y c) Las de comprobación del nombramiento de los consejeros; de manera que el poder para pleitos y cobranzas que contenga tales requisitos es eficaz y suficiente para acreditar la representación del mandante, sin que requiera de ningún otro que los señalados, y mucho menos su inscripción en el Registro Público de Comercio, porque dicho dispositivo no lo exige.

Como es de observarse, en referencia a los poderes otorgados por instituciones de crédito, el criterio empleado refiere que la inscripción de los mismos en el Registro Público del Comercio no es requisito legal para la producción de las consecuencias jurídicas. En tal sentido y por analogía, si el propio Código de Comercio se ha reformado para derogar la inscripción obligatoria de los poderes y sus renuncias, es pertinente que las demás disposiciones mercantiles, sean adecuadas a la brevedad para lograr la coherencia, unanimidad e integralidad del orden jurídico nacional.

Además, la inscripción en el registro no aporta elementos adicionales de certidumbre jurídica para los contratantes ante el representante de la persona moral, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la propia Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), la persona que emita o suscriba por cualquier concepto un título de crédito en nombre de otro sin poder bastante o sin facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente, como si hubiere obrado en nombre propio.

Por otra parte, el artículo 11 del mismo ordenamiento prevé una hipótesis inherente a la persona moral que conforme a usos de comercio haya dado lugar a que se crea que un tercero está facultado para suscribir en su nombre títulos de crédito no podrá oponer la excepción de falta de representación. El artículo refiere lo siguiente:

“Artículo 11. Quien haya dado lugar, con actos positivos o con omisiones graves, a que se crea, conforme a los usos del comercio, que un tercero está facultado para suscribir en su nombre títulos de crédito, no podrá invocar la excepción a que se refiere la fracción III del artículo 8o. contra el tenedor de buena fe. La buena fe se presume, salvo prueba en contrario, siempre que concurran las demás circunstancias que en este artículo se expresan”

En tal sentido, es conveniente destacar que si bien es cierto la regla general para el otorgamiento de poderes se encuentra prevista por el artículo 9 de la LGSM, también lo es que la circunstancia a que nos hemos referido anteriormente ha sido objeto de análisis por el Poder Judicial de la Federación en el sentido de que existen otras hipótesis a considerar para establecer el carácter de la representación para suscribir por cuenta de otro. Como ejemplo de lo anterior, cabe destacar las siguientes tesis: “Títulos de crédito: hipótesis a considerar para establecer el carácter de la representación para suscribir por cuenta de otro”.

La representación para otorgar o suscribir títulos de crédito no se limita sólo a los dos casos previstos en el artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; esto es, cuando dicha representación se confiere: I. Mediante poder inscrito debidamente en el Registro de Comercio; y II. Por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de contratar el representante; sino que también existen en el propio ordenamiento legal tres supuestos más que son los siguientes: 1. Si alguien ha dado lugar a que se crea, conforme a los usos del comercio, que un tercero está facultado para suscribir en su nombre títulos de crédito, con las consecuencias y limitaciones establecidas en el artículo 11 de la ley de la materia; 2. Si se trata de administradores o gerentes de sociedades o negociaciones mercantiles se consideran autorizados para suscribir letras de cambio a nombre de éstas, por el hecho de su nombramiento, sin más limitación que la señalada en los estatutos o poderes respectivos, según lo dispone el artículo 85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y 3. La representación relativa a la ratificación que haga el representado expresa o tácita de los actos objeto de aparente representación, que transfiere a aquél las obligaciones que nacen de esa representación, según lo previsto en el artículo 10 de la ley citada.

Dicho argumento puede reforzarse con el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación:

Títulos de crédito: suscripción a nombre de otro con facultades presuntas

De los artículos 9o., 10 y 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se advierten una regla general y dos especiales, en torno a la posibilidad de que una persona obligue cambiariamente a otra. Por regla general, la representación para otorgar o suscribir títulos de crédito puede conferirse mediante poder inscrito en el Registro Público de la Propiedad o simple declaración escrita al tercero con quien haya de contratar el representante de acuerdo con las modalidades marcadas por la ley para uno y otro caso. La primera regla especial expresa que quien acepte, certifique, otorgue, gire, emita o endose un título de crédito a nombre de otro, sin tener representación o facultades para hacerlo, se obliga en nombre propio, salvo cuando haya ratificación expresa o tácita del representado aparente; la primera puede hacerse en el mismo título de crédito o documento diverso, la tácita, implica actos de aceptación del acto o alguna de sus consecuencias. La segunda regla especial indica que cuando una persona, mediante la realización de actos positivos u omisiones graves da lugar a creer, conforme a los usos comerciales, que un tercero está facultado para suscribir títulos de crédito a su nombre, no puede oponer al tenedor de buena fe la excepción prevista en el artículo 8o., fracción III, de la citada ley (falta de representación, facultades o poder bastante). Este último caso es una sanción impuesta por el legislador a quien con motivo de sus actos u omisiones, conduzca a otros a creer que un tercero puede obligarlo cambiariamente, conforme a los usos del comercio, es decir, el legislador estableció una presunción legal como consecuencia del error al cual pudiera inducir a una persona las acciones u omisiones de otra; en ese caso, los títulos de crédito suscritos por el presunto representante obligan al supuesto representado. Al respecto, la otrora tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis titulada Títulos de crédito: facultad presunta, con relación a terceros para la suscripción de (Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época. Volúmenes 145-150. Cuarta parte. Página 481), interpretó que aun cuando la ley no precisa lo que debe entenderse por actos positivos u omisiones graves, el juzgador debe apreciar esos hechos atendiendo a la expresión “los usos del comercio”; por ejemplo, cuando el comerciante autoriza a una persona para manejar la cuenta bancaria del negocio, hacer pedidos, recibir mercancías, firmar correspondencia comercial o tener arreglos con otras personas, pues esos actos pueden hacer creer la existencia de una autorización para obligar cambiariamente.

Es así que la certeza jurídica de la contratación por terceros se encuentra debidamente tutelada en razón de dos vías:

a) En caso de que el emisor del título de crédito carezca de poder suficiente para ello, éste responderá personalmente, como si se hubiera obligado en nombre propio, y

b) En caso de que no cuente con poder suficiente, pero la persona moral hubiera tenido actos u omisiones que conduzca a otros a creer que un tercero puede obligarlo cambiariamente no puede oponer al tenedor de buena fe la excepción de falta de poder bastante para la representación.

En este último caso se encontraría una persona moral que habiendo revocado un poder a favor de un tercero, no haya comunicado a éste dicha revocación, siendo que el representante, de buena fe, hubiera actuado en representación de aquélla. De esta forma, quedan debidamente salvaguardados los derechos del contratante de buena fe.

Además de lo anterior, es necesario destacar que el Código de Comercio fue reformado para derogar la inscripción obligatoria en el folio del comerciante de los poderes generales, nombramientos y revocación de éstos si la hubiere, conferidos a los gerentes, factores, dependientes y cualesquiera otros mandatarios.

Por otra parte, la regla general para el otorgamiento de poderes en materia mercantil se encuentra enunciada en el artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los casos previstos por este artículo no se encuentran amparados por la aplicación supletoria de la figura de mandato y gestión de negocios prevista en el Código Civil para el Distrito Federal, por lo que debe analizarse a profundidad el alcance de su contenido y precisar que de conformidad con el propio artículo 1 de la ley, los títulos de crédito son cosas mercantiles, por lo que su expedición constituye un acto de comercio.

De forma tal que, si seguimos el criterio empleado por el Poder Judicial de la Federación no son aplicables de manera supletoria las disposiciones del mandato contenidas por los artículos 2546 a 2604 del Código Civil para el Distrito Federal.

Sin embargo, si se pretendiera aplicar por analogía los principios del mandato nos encontraríamos que dicho contrato debe otorgarse en escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y de los testigos ante notario, ante los jueces o ante las autoridades administrativas, cuando sea general, cuando el interés del negocio para el que se confiere sea superior al equivalente a mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (54 mil 800 pesos a la fecha) en el momento de otorgarse o bien cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, en nombre del mandate algún acto que conforme a la ley debe constar en instrumento público.

Dicho otorgamiento ante fedatario se da en razón del aseguramiento de la certidumbre jurídica del otorgante del poder y del tercero de buena fe que lleva a cabo un acto jurídico con el representante.

Es así que la propuesta presentada por el ex Diputado Ramírez Rangel, y la cual hacemos propia se encuentra encaminada a que el otorgamiento de poderes para la suscripción de títulos de crédito se lleve a cabo en escritura pública ante fedatario público, pero sin que exista una condición de inscripción en el Registro Público del Comercio de dicho instrumento, logrando mantener la unidad normativa respecto del Código de Comercio y aportando un elemento adicional de desregulación que permitirá una mejor dinámica en las relaciones comerciales.

Así, al existir intervención de un fedatario público en el otorgamiento del poder, se presume que se han cumplido con las formalidades exigidas por la ley y que ha sido voluntad lisa y llana de los participantes la producción de consecuencias de derecho.

En este sentido, previo a la emisión de cualquier instrumento, el fedatario deberá verificar que se han cumplido con requisitos mínimos que aseguran la idoneidad jurídica del acto sobre la que recae, con lo que se aporta un elemento absoluto de certidumbre jurídica en el desarrollo de las relaciones comerciales, al tiempo que sustituye el trámite de la inscripción en el Registro Público.

En este orden de ideas, y a fin de hacer congruente la reforma al artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se propone derogar la fracción VII del artículo 21 del Código Comercio, que actualmente señala que existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad en el que se anotarán, para efectos del comercio y consulta electrónicos, opcionalmente, los poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o revocaciones.

De esta forma, se eliminará el requisito de anotar en el Registro Público del Comercio los poderes y nombramientos de los funcionarios de una sociedad. Como se ha dicho, el poder otorgado ante fedatario público contiene los elementos necesarios para brindar seguridad y certeza jurídica tanto a los poderdantes, los apoderados y quienes intervienen en actos jurídicos. Además de que permitirá eliminar trámites y cargas innecesarias para los particulares, pues al considerarse de manera optativa su inscripción, ésta deja de ser eficaz cuando sólo algunos poderes y nombramientos son inscritos y otros no. Es importante señalar que la reforma al Código de Comercio coadyuvará a simplificar trámites lo cual redunda en una desregulación en las actividades mercantiles.

Acción Nacional refrenda su compromiso por trabajar en favor de las reformas que permitan a los ciudadanos de manera eficaz, pronta y expedita llevar a cabo todo tipo de actos jurídicos sin mayor trámite ni cargas excesivas e innecesarias que sólo abonan a la burocratización administrativa. Estamos convencidos que el camino para lograr un estado de bienestar y de seguridad jurídica se logra a través del mejoramiento de la gestión pública, de la transparencia y sobre todo de la desregulación excesiva que en muchos casos se trata de reminiscencias del pasado.

Es el momento de abonar en la certidumbre jurídica perfeccionando nuestro marco legal, a través del impulso de iniciativas que nos permitan tener un Estado de derecho homogéneo y congruente. Es por ello que con la finalidad de evitar regulaciones excesivas e innecesarias y a efecto de consolidar nuestro orden jurídico nacional proponemos ante esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma la fracción I del artículo 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y deroga la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio

Artículo Primero. Se reforma la fracción I del artículo 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

I. Mediante poder otorgado en escritura pública; y

II. ...

...

...

Artículo Segundo. Se deroga la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio para quedar como sigue:

Artículo 21. ...

I. a VI. ...

VII. Se deroga.

VIII. a XIX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Número de registro: 190,446. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIII, enero de 2001.

2 Número de registro: 173,150. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, febrero de 2007. Tesis: V.1o.C.75 C. Página: 1908.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.— Diputado José Ángel González Serna (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado iniciante. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hasta por cinco minutos, tiene el uso de la voz la diputada Eva Diego Cruz, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 322 y 323 y adiciona el artículo 323 Bis de la Ley General de Salud.

La diputada Eva Diego Cruz:Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, las enfermedades infecciosas han dejado de ser las responsables de la morbilidad, la incapacidad y la muerte de los habitantes. Ahora se padecen enfermedades crónicas, la mayoría degenerativas, que frecuentemente producen a corto plazo la pérdida de la función de órganos vitales, trayendo consigo la muerte a quienes han enfermado a edades muy por debajo del promedio de vida.

Sin embargo, los avances en las ciencias médicas permiten que los órganos deficientes puedan sur sustituidos exitosamente por órganos sanos obtenidos o bien de un cadáver o de individuos vivos sanos; en México, el 9 de diciembre del 2011, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley General de Salud, en materia de transplantes de órganos.

Es de reconocerse los avances que se han logrado, así como la importancia de contar con un marco jurídico adecuado que facilite la donación y que privilegie la voluntad del donador o disponente, y es precisamente el ánimo de esta iniciativa.

La libertad es una característica fundamental del ser humano, en cuanto se configura como derecho esencial y natural de todo hombre. Todo ser humano es un ente capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, porque goza de autonomía personal; es decir, está habilitado para tomar decisiones.

La libertad individual, como manifestación de la dignidad humana, le da legitimidad al derecho y a toda la formación social; es el individuo, con su autonomía y libertad, el que se considera anterior a lo social y le otorga fundamento a la formación social, legitimando al derecho en la medida en que se fundamenta en el libre consentimiento. De ahí la importancia de privilegiar la voluntad del donador o disponente.

Es frecuente encontrar casos en donde existe el antecedente de que el individuo proporcionó su consentimiento para que su cuerpo o cualquiera de sus componentes sean utilizados para trasplantes y sin embargo, por oposición de familiares, el deseo no se materializa. Es claro que no ha sido suficiente que el legislador haya dejado de forma implícita el respeto a la voluntad del disponente, es necesario que sea establecido de forma expresa.

La oposición a la donación de órganos por parte de familiares en ocasiones obedece a que su conciencia así se lo indica; sin embargo, la mayoría de las veces se debe a consideraciones de tipo religioso respecto de la muerte; por eso la importancia de incluir, dentro de la legislación, la figura del consentimiento informado.

El consentimiento informado constituye uno de los principios básicos en bioética, fundamentado en la autonomía de la voluntad, la cual es primordial en todo tratamiento médico.

Lo esencial es que en la donación de órganos, bien sea en vida o post mortem, exista libertad o el libre consentimiento informado, bien sea de la persona en vida o a falta de éste, que la ley le otorgue oportunidad a los parientes y familiares más cercanos para que puedan manifestar su voluntad, antes de que entre a operar el consentimiento presunto, la presunción legal de donación.

El tema del consentimiento informado se encuentra íntimamente relacionado con el tema del derecho a la información, pues el derecho a ser informado de manera clara, objetiva, idónea y oportuna sobre todos los aspectos que encierra la donación de órganos —es el caso post mortem— es un requisito necesario que garantiza que la persona en vida o los familiares, cuando no existe manifestación de voluntad expresa al respecto por parte de aquella, puedan otorgar un consentimiento libre u oponerse a la extracción de los órganos del cadáver del ser querido.

No hay duda que la voluntad expresada por un individuo competente sobre el destino de sus órganos después de su muerte debe ser respetada; sin embargo, también es cierto que para que el consentimiento sea válido debe ser otorgado libremente y sin ninguna coacción o fraude sobre el proceso de decisión del donador o disponente.

Por eso sugiero agregar en el artículo 323 de la Ley General de Salud que el consentimiento sea libre. Como representantes populares tenemos la obligación —como se ha mencionado en otras ocasiones en esta tribuna— de aceptar y trabajar para que la donación expresa de órganos y tejidos para trasplante se convierta en una práctica cada vez más generalizada, tomando en cuenta que respeta la autonomía del individuo y beneficia a la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Artículo Único. Se reforman los artículos 322 y 323 y se adiciona el artículo 323 Bis de la Ley General de Salud, para quedar de la manera siguiente.

Artículo 322, segundo párrafo. La voluntad del donador o disponente prevalecerá sin importar la forma como se haya manifestado.

Artículo 323. El consentimiento debe ser expreso, libre, informado y constar por escrito.

Artículo 323 Bis. El Centro Nacional de Trasplantes, en coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes establecerán los mecanismos para informar, de manera clara y objetiva, sobre el procedimiento de donación de órganos al aspirante a ser donador o disponente.

Transitorio. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 322 y 323 y adiciona el 323 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Eva Diego Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, 77 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Las enfermedades infecciosas han dejado de ser las responsables de la morbilidad, la incapacidad y la muerte de los habitantes, ahora se padecen enfermedades crónicas, la mayoría degenerativas, que frecuentemente producen a corto plazo la pérdida de la función de órganos vitales, trayendo consigo la muerte a quienes han enfermado a edades muy por debajo del promedio de vida.

Sin embargo, los avances en las ciencias médicas permiten que los órganos deficientes puedan ser substituidos exitosamente por órganos sanos obtenidos o bien de un cadáver o de individuos vivos sanos.

En México el nueve de diciembre de dos mil once fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, reformas a la Ley General de Salud en materia de Trasplantes de Órganos.

Es de reconocerse los avances que se han logrado, así como la importancia de contar con un marco jurídico adecuado, que facilite la donación y que privilegie la voluntad del donador o disponente y es precisamente el ánimo de esta iniciativa.

La libertad es una característica fundamental del ser humano en cuanto se configura como derecho esencial y natural de todo hombre. Todo ser humano, es un ente capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones porque goza de autonomía personal. Es decir, está habilitado para tomar decisiones.

La libertad individual como manifestación de la dignidad humana, le da legitimidad al derecho y a toda la formación social. Es el individuo con su autonomía y libertad, el que se considera anterior a lo social y le otorga fundamento a la formación social, legitimando al derecho en la medida en que se fundamente en el libre consentimiento. De ahí la importancia de privilegiar la voluntad del donador o disponente.

Es frecuente encontrar casos en donde existe el antecedente de que el individuo proporciono su consentimiento para que su cuerpo o cualquiera de sus componentes sean utilizados para trasplantes y sin embargo, por oposición de familiares, el deseo no se materializa. Es claro que no ha sido suficiente con que el legislador haya dejado de forma implícita el respeto a la voluntad del disponente, es necesario que sea establecido de expresa.

La oposición a la donación de órganos por parte de familiares en ocasiones obedece que su conciencia así se lo indica, sin embargo la mayoría de las veces se debe a consideraciones de tipo religiosas respecto de la muerte. Por eso la importancia de incluir dentro de la legislación la figura de consentimiento informado.

El consentimiento informado constituye uno de los principios fundamentales en bioética, fundamentado en la “autonomía de la voluntad” la cual es fundamental en todo tratamiento médico. Lo esencial es que en la donación de órganos, bien sea en vida o post-mortem, exista libertad o el libre consentimiento informado bien sea de la persona en vida o a falta de éste, que la ley le otorgue oportunidad a los parientes y familiares más cercanos para que puedan manifestar su voluntad antes de que entre a operar el consentimiento presunto o la presunción legal de donación.

El tema del consentimiento informado se encuentra íntimamente relacionado con el tema del derecho a la información, pues el derecho a ser informado de manera clara, objetiva, idónea y oportuna sobre todos los aspectos que encierra la donación de órganos, en el caso post-mortem, es un requisito necesario para garantizar que la persona en vida o los familiares, cuando no existe manifestación de voluntad expresa al respecto por parte de aquélla, puedan otorgar un consentimiento libre u oponerse a la extracción de los órganos del cadáver del ser querido.

No hay duda de que la voluntad expresada por un individuo competente sobre el destino de sus órganos después de su muerte debe ser respetada .Sin embargo, también es cierto que para que el consentimiento sea válido, debe ser otorgado libremente y sin ninguna coacción o fraude sobre el proceso de decisión del donador o disponente, por eso sugiero agregar en el artículo 323 de la Ley General de salud que el consentimiento sea libre.

Como representantes populares tenemos la obligación como se ha mencionado en otras ocasiones en esta tribuna de aceptar y trabajar para que la donación expresa de órganos y tejidos para trasplante se convierta en una práctica cada vez más generalizada, tomando en cuenta que respeta la autonomía del individuo y beneficia a la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Artículo Único: Se reforman los artículos 322 y 323; y se adiciona el artículo 323 Bis de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 322. ...

La voluntad del donador o disponente prevalecerá sin importar la forma como se haya manifestado.

...

...

...

...

Artículo 323. El consentimiento debe ser expreso, libre, informado y constar por escrito:

I. ...

II. ...

Artículo 323 Bis. El Centro Nacional de Trasplantes en coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes establecerán los mecanismos para informar de manera clara y objetiva sobre el procedimiento de donación de órganos al aspirante a ser donador o disponente.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2012.— Diputada Eva Diego Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hasta por cinco minutos, tiene el uso de la voz doña Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General de Salud.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos:Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados, el Día Mundial de la Salud Mental se conmemora todos los 10 de octubre, desde 1992, con una campaña que busca concentrar la atención de la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de conducta.

La participación de la Federación Mundial de la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud, fueron instancias definitivas para que por primera ocasión se celebrase este día; el gran objetivo de dicha conmemoración es promover y difundir el debate y la reflexión sobre los diferentes trastornos mentales y lo que se ha realizado en términos de servicios de prevención y atención a la población.

La enfermedad mental es un desorden o trastorno del cerebro que impide a la persona que la padece el interactuar normalmente con el medio en el que vive; es una alteración de los procesos cognitivos y efectivos del desarrollo, considerado como anormal con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Se encuentra alterado el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de vida.

Los trastornos mentales han sido definidos mediante una gran variedad de conceptos, tales como malestar, descontrol, limitación, incapacidad, inflexibilidad, irracionalidad, entre otros; sin embargo, cada uno es un indicador útil para un tipo de trastorno mental, pero en ningún caso equivale al concepto y cada caso requiere una definición distinta.

Las enfermedades mentales se dividen en agudas y crónicas; las agudas son aquellos padecimientos que persisten durante poco tiempo, y las crónicas se definen como aquellas que progresan o persisten durante lapsos de tiempo prolongado. Esto es, ciertos trastornos psiquiátricos graves que dificultan o impiden el desarrollo de las capacidades funcionales de quienes las padecen, en relación con aspectos de su vida diaria y que además, dificultan el desarrollo o mantenimiento de su autosuficiencia económica.

No hay una edad determinada en la cual se produzca la enfermedad mental, ésta puede aparecer en cualquier momento del desarrollo evolutivo de la persona. Algunas enfermedades mentales tienen curación y otras necesitan de un control periódico para que las personas puedan lograr una mejora en su calidad de vida.

El tratamiento normalmente es una combinación entre psicoterapia y medicación. La enfermedad mental puede producir discapacidad psicosocial y la provocan distintos factores, tanto genéticos como bioquímicos. Generalmente se presentan los primeros síntomas en la adolescencia y no tienen que ver con la capacidad intelectual.

Afecta la forma de pensar, los sentimientos, el humor, la habilidad de relacionarse con otros y el funcionamiento diario de una persona. La enfermedad mental es un trastorno cerebral que a veces disminuye la capacidad que tienen las personas para afrontar las demandas ordinarias de la vida.

Una encuesta de la Organización Mundial de la Salud sobre trastornos mentales, realizada a más de 60 mil personas de 14 naciones, reveló una elevada frecuencia de estos males en el mundo y un alto porcentaje de afectados sin atención. México está contenido en el estudio entre los pueblos subdesarrollados, junto con Colombia, Líbano, Nigeria y Ucrania. Al respecto, en nuestro país solo una de cada 10 personas con perturbaciones mentales recibe tratamiento especializado.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental, en México 11 por ciento de las mujeres y 7 por ciento de los hombres han sufrido algún trastorno mental. Sin duda, los pacientes que sufren enfermedades mentales graves y crónicas tienen el derecho de recibir una rehabilitación que complemente el tratamiento para el trastorno mental que padecen, y se puedan reincorporar a sus actividades diarias.

El objetivo de la rehabilitación psiquiátrica es ayudar a las personas discapacitadas a desarrollar las habilidades emocionales, sociales e intelectuales necesarias para poder vivir, aprender y trabajar en la comunidad con la menor cantidad posible de apoyo por parte de los profesionales de las distintas áreas.

El desarrollo de la rehabilitación psiquiátrica ha alcanzado un punto en el que debería ser fácilmente accesible para cualquier persona discapacitada.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, considero que tanto enfermos mentales, agudos como crónicos, deben tener la atención y rehabilitación psiquiátrica que merecen, puesto que no podemos prohibir a cualquier ciudadano que así lo requiera que pueda contar con una rehabilitación para superar la enfermedad mental que padezca.

Por todo lo anterior, esta iniciativa va encaminada a incluir la palabra agudo en la fracción I del artículo 74 de la Ley General de Salud, ya que en este artículo solo está contemplada la rehabilitación psiquiátrica para enfermos mentales crónicos. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Carla Alicia Padilla Ramos, Diputada de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 74 de la Ley General de Salud, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Las enfermedades mentales se dividen en agudas y crónicas. Las agudas son aquellos padecimientos que persisten durante poco tiempo y las enfermedades mentales crónicas se definen como aquellas que progresan o persisten durante un lapso de tiempo prolongado; esto es: ciertos trastornos psiquiátricos graves, que dificultan o impiden el desarrollo de las capacidades funcionales de quienes las padecen, en relación con aspectos de su vida diaria, y que además dificultan el desarrollo o mantenimiento de su autosuficiencia económica.

Al respecto, esta propuesta va encaminada a incluir la palabra “agudo” en la fracción I del artículo 74 de la Ley General de Salud ya que sólo está contemplada la rehabilitación psiquiátrica para enfermos mentales crónicos, y creemos que toda persona con trastornos mentales ya sea agudos o crónicos merecen una rehabilitación psiquiátrica.

Argumentación

El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales(DSM), de la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos (American Psychiatric Association), contiene una clasificación de los trastornos mentales y proporciona descripciones claras de las categorías diagnósticas, con el fin de que los clínicos y los investigadores de las ciencias de la salud puedan determinar, estudiar e intercambiar información y tratar los distintos trastornos mentales.

Según el DSM-IV-TR, los trastornos son una clasificación categorial no excluyente, basada en criterios con rasgos definitorios. Admiten que no existe una definición que especifique adecuadamente los límites del concepto, careciendo de una definición operacional consistente que englobe todas las posibilidades. Un trastorno es un patrón de alteración en el comportamiento o psicológico de significación clínica que, cualquiera que sea su causa, es una manifestación individual de una disfunción del comportamiento, psicológica o biológica.

Más aún, existen pruebas de que los síntomas y el curso de un gran número de trastornos están influidos por factores étnicos y culturales. No olvidemos que la categoría diagnóstica es sólo el primer paso para el adecuado plan terapéutico, el cual necesita más información que la requerida para el diagnóstico.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, define a la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.

La dimensión positiva de la salud mental se destaca en la definición de salud que figura en la Constitución de la OMS: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

La enfermedad mental impide a la persona que la padece el interactuar normalmente con el medio en el que vive. Dentro de las enfermedades mentales graves nos encontramos con la depresión mayor, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de la personalidad entre otras.

No hay una edad determinada en la cual se produzca la enfermedad mental, la misma puede aparecer en cualquier momento del desarrollo evolutivo de la persona. Algunas enfermedades mentales tienen curación y otras necesitan de un control periódico para que las personas puedan lograr una mejora en su calidad de vida. El tratamiento normalmente es una combinación entre psicoterapia y medicación, otras medidas accesorias para que el enfermo mejore pueden ser grupos de ayuda y servicios comunitarios.

La enfermedad mental es una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, considerado como anormal con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Se encuentra alterado el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de vida.

El concepto de enfermedad mental aglutina un buen número de patologías de muy diversa índole, por lo que es muy difícil de definir de una forma unitaria y hay que hablar de cada enfermedad o trastorno de forma particular e incluso individualizada ya que cada persona puede sufrirlas con síntomas algo diferentes.

La enfermedad mental puede producir discapacidad psicosocial, y la provocan distintos factores, tanto genéticos como bioquímicos. Generalmente se presentan los primero síntomas en la adolescencia, y no tiene que ver con la discapacidad intelectual. La enfermedad mental puede ser temporal (aguda) o permanente (crónica) y se convierte en una condición de vida.

Afecta la forma de pensar, los sentimientos, el humor, la habilidad de relacionarse con otros y el funcionamiento diario de una persona. La enfermedad mental es un trastorno cerebral que a veces disminuye la capacidad que tienen las personas para afrontar las demandas ordinarias de la vida.

Una encuesta de la OMS sobre trastornos mentales, realizada en el año 2008 a más de 60 mil personas de 14 naciones –entre ellos México-, reveló una elevada frecuencia de estos males en el mundo y un alto porcentaje de aquejados sin atención. México está contenido en el estudio entre los pueblos subdesarrollados, junto con China, Colombia, Líbano, Nigeria y Ucrania.

Al respecto, en nuestro país solo una de cada 10 personas con perturbaciones mentales recibe tratamiento especializado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud mental del 2009, en México 11 % de las mujeres y 7% de los hombres han sufrido algún problema mental durante su vida.

La lista de disturbios que afectan a los mexicanos es encabezada por la depresión, seguida por la ansiedad que afecta al menos a 15 millones.

Sin duda los pacientes que sufren enfermedades mentales graves y crónicas tienen el derecho de recibir una  rehabilitación que complemente el tratamiento para la enfermedad mental que padece y se pueda reincorporar en sus actividades diarias.

El objetivo de la rehabilitación psiquiátrica es ayudar a las personas discapacitadas a desarrollar las habilidades emocionales, sociales e intelectuales necesarias para poder vivir, aprender y trabajar en la comunidad con la menor cantidad posible de apoyo por parte de los profesionales de las distintas áreas. La filosofía básica de la rehabilitación psiquiátrica está fundamentada en dos estrategias de intervención.

La primera de estas estrategias está centrada en el individuo y tiene como objetivo conseguir que el paciente desa-rrolle las habilidades necesarias en su interacción con un entorno estresante.

La segunda estrategia es de carácter ecológico y persigue el desarrollo de los recursos ambientales necesarios para reducir los potenciales factores estresantes.

La mayoría de las personas discapacitadas requiere la combinación de ambos abordajes.

El desarrollo de la rehabilitación psiquiátrica ha alcanzado un punto en el que debería ser fácilmente accesible para cualquier persona discapacitada.

Lo anterior se encuentra plasmado dentro de instrumentos internacionales que nuestro país ha firmado y ratificado, como lo son la declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949, que en su artículo 25 establece “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar...”.

Asimismo, se encuentra el Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).  Este documento establece, en su artículo 12, que el Derecho a la Salud debe otorgarse en su más alto nivel posible de disfrute.

Y por último y no menos importante, en nuestro artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que menciona que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...”

Al respecto, en el Partido Verde estamos preocupados por este problema de salud pública, ya que consideramos que tanto enfermos mentales agudos como crónicos deberán tener la atención y rehabilitación psiquiátrica que merecen, ya que no podemos prohibir que cualquier ciudadano que así lo requiera, pueda contar una rehabilitación para superar la enfermedad mental que padezca.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforma la Ley General de Salud

Artículo Único.Se reforma la fracción I del artículo 74 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 74.La atención de las enfermedades mentales y del comportamiento comprende:

I.La atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, la evaluación diagnóstica integral y tratamientos integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos y agudos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas;

II. – III. ...

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 http://es.scribd.com/doc/23938115/DSM-IV-en-espanol

2 http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/index.html

3 http://www.who.int/mental_health/mhgap/mhgap_spanish.pdf

4 http://www.wfmh.org/WMHD%2009%20Languages/SPANISH% 20WMHD09.pdf

5 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948

6 ONU, Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, de 1966.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.— Diputada Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, por su participación. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hasta por cinco minutos, tiene el uso de la voz don Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores y legisladoras, vengo a presentar una iniciativa que seguramente ustedes, en sus distritos o en su cotidiano quehacer, han escuchado y les han planteado. Estos dos artículos, el 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, tienen que ver con los burós de crédito, con las carteras vencidas.

Seguramente ustedes saben que desde 1965 al 95 el Banco de México era quien se encargaba de registrar todas las actividades relacionadas con créditos y relacionadas con el comercio en instituciones bancarias.

A partir del 95, con el gran problema económico que se presentó en México —el error de diciembre de aquel año—, cambió la modalidad, porque creció el número de morosos o de personas con incapacidad de pago en distintas actividades, pero también en créditos hipotecarios, créditos mercantiles, créditos a la vivienda, créditos en instituciones bancarias mediante las tarjetas de crédito.

Pues bien, se establecieron dos empresas sociedades anónimas para registrar a todas las personas en el buró de crédito, y fue en el 2005 que se estableció una tercera sociedad anónima autorizada por Hacienda, denominada el Círculo de Crédito, S. A.

Como ustedes también saben, quienes regulan el buró de crédito son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, conocida como Condusef.

Este buró de crédito opera desde el momento que una persona física o moral solicita un crédito automotriz, hipotecario, tarjeta de crédito, o contrata algún servicio con televisión, con telefonía u otros servicios que se establecen en el mercado interno, en el mercado nacional o internacional.

Tan solo en el 2010-2011 señalaron estadísticas e informes oficiales que había 160 millones de créditos en el mercado nacional. De éstos, el 96 por ciento, 94 por ciento eran ciudadanos individuales y el 7 por ciento de personas morales.

Según datos de la Comisión Nacional Bancaria, la cartera vencida del sistema bancario comercial que opera en México ascendió a más de 61 mil millones de pesos el primer trimestre de este año, lo que significa un incremento del 25 por ciento sobre el crédito o sobre los montos de los créditos en moratoria, registrados en el 2011.

La situación económica, la falta de empleos, la escasez de oportunidades y el clima de inseguridad en nuestro país limita día con día el salir adelante, repercutiendo de manera directa en aquellos ciudadanos que recurrieron a un préstamo financiero para ayudarse, los cuales ahora han visto complicado el pago de su préstamo o intereses.

Pero va más allá la injusticia de estos dos artículos, hay un índice de morosidad, hay una cartera de créditos de nómina bancaria vencidos y en créditos de tarjetas de crédito.

Derivado del oportuno o mal manejo del crédito y del cumplimiento en el pago de las obligaciones se genera el historial, con un carácter positivo o negativo, y la ley actualmente contempla que las personas —independientemente de la manera como manejan su crédito— deben permanecer en los registros del buró de crédito 72 meses, es decir, seis años.

Si ustedes, o algún empresario, o algún ciudadano deja de pagar 300 pesos en telefonía o en televisión, el buró de crédito los señala en su aspecto negativo y no tienen posibilidad de acceder a ningún crédito y los castigan siete años, seis años o 72 meses; por lo que me parece injusto, porque reprime o deprime el mercado, pero además, desacelera la inversión y genera un problema de injusticia para muchos ciudadanos en el país.

Por lo que planteo que se elimine este castigo de 72 meses y pueda reducirse —concluyo presidente— a 12 meses; que una vez que la gente cubra su obligación crediticia o su pendiente con alguna institución o con un servicio de telefonía, de televisión o de una casa comercial en la compra de muebles, una vez que liquide, se limpie su historial crediticio a los 12 meses y pueda acceder a más créditos.

Es en detrimento del país, es en detrimento de la economía, pero es una injusticia para los ciudadanos; recuerden, son 160 millones de créditos y hay una cantidad impresionante de personas que están padeciendo este castigo injusto, de castigarlos por 72 meses, sin acceder al crédito. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la siguiente iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículo 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El buró de crédito es una sociedad financiera encargada de proporcionar los servicios de registrar y administrar la información de los manejos crediticios de las personas físicas y morales.

Según los datos de la Condusef sus antecedentes se remontan a los años de 1964 a 1995 en los cuales el Banco de México realizaba la operación y los registros de la información crediticia. Sin embargo, en 1995 el aumento de los créditos pone a la vista la imperiosa necesidad de recurrir a las Sociedades de Información Crediticia (SIC).

Desde 1995 y con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Trans Union de México, SA, integró el buró para personas físicas; y en 1997, Dun & Bradstreet, SA, para personas morales.

A pesar de que estas dos empresas son parte del buró de crédito, el mayor porcentaje se los llevan los bancos en México. Y no fue sino hasta 2005 que se conformó el Círculo de Crédito, SA de CV, con accionistas como Grupo Elektra, Coppel, entre otros.

Las autoridades que regulan el buró de crédito son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (Banxico o B de M), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El buró de crédito opera desde el momento que una persona física o moral solicita un crédito automotriz, hipotecario, tarjeta de crédito, o el contrato de algún servicio de televisión por paga, o telefonía, ante cualquier empresa comercial o entidad financiera (denominados como usuarios) y el crédito es autorizado. Automáticamente se registra el cliente en el buró de crédito, se almacena en su base de datos y comienza su historial.

Derivado del oportuno o mal manejo del crédito y del cumplimiento en los pagos y las obligaciones, se genera el historial con un carácter positivo o negativo.

Actualmente, la ley contempla que las personas independientemente de la manera como manejan su crédito deben permanecer en los registros del Buró por 72 meses.

Es oportuno reconsiderar este supuesto, ya que, existen personas físicas o morales que han hecho un correcto y oportuno cumplimiento en las obligaciones convenidas, por lo que, es necesario se reduzca a estas personas la temporalidad del registro.

Las cifras dadas por la Encuesta Nacional a los Clientes del buró de crédito del 2009 señalan que existían 140 millones de créditos, de los cuales 94 por ciento correspondían a las personas físicas y 6 por ciento a las personas morales.

Con respecto al Círculo de Crédito la base de datos indicó que se conformaba de 58.4 millones de créditos, de los cuales 36.3 millones eran de personas físicas. Aunque es necesario aclarar que más de la mitad de las personas que aparecen en el buró se debe a créditos financieros seguidos de los préstamos comerciales.

Aunque se esperaba que en 2011 creciera el crédito bancario en un 14%, las expectativas en el 2010 señalaron un incremento en la cartera vencida, es decir, aumento el nivel de morosidad en los clientes de 2.86% en abril a 2.88% en mayo.

No obstante, este hecho se observa desde una óptica esperanzadora porque quiere decir que el crédito creció. Aunque se debe especificar que sólo en lo referente a las tarjetas de crédito.

La reciente crisis económica provocó el desempleo masivo de muchos trabajadores mexicanos, lo que ocasionó la falta de recursos para cumplir con algunas de sus obligaciones en tiempo y forma.

No es justo que los efectos de la crisis del país perjudiquen económica y moralmente al aparecer como morosos en el buró de crédito por 72 meses, cuando estas personas han hecho un esfuerzo para cubrir sus compromisos.

Este plazo lo único que hace es afectar el crecimiento económico y el crediticio, a pesar de lo que dicen las Instituciones Financieras y el Gobierno.

Al permanecer tanto tiempo en el buró, las personas son orilladas a recurrir a prestamistas informales, y a ser objeto de abusos y a perder su patrimonio.

Es por lo anterior, que propongo en esta iniciativa la disminución del tiempo que deben guardar los historiales crediticios, las sociedades de información crediticia, para el caso de personas que paguen sus adeudos, para así quedar en posibilidad de solicitar créditos de nueva cuenta, y no tener que esperar 6 años para ser sujetos de este tipo de préstamos.

Estamos comprometidos con las personas físicas y morales que cumplen cabalmente con sus obligaciones.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículo 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia

Único. Se reforman y adicionan los artículos 20 y 23 de la Ley Para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 20. La base de datos de las Sociedades se integrará con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los Usuarios. Los Usuarios que entreguen dicha información a las Sociedades deberán hacerlo de manera completa y veraz; asimismo, estarán obligados a señalar expresamente la fecha de origen de los créditos que inscriban y la fecha del primer incumplimiento. Las Sociedades no deberán inscribir por ningún motivo, créditos cuya fecha de origen no sea especificado por los Usuarios, o cuando éste tenga una antigüedad en cartera vencida mayor a 72 meses. En el caso de aquellas personas físicas y morales con historiales crediticios que reflejen el cumplimiento de la obligación la temporalidad máxima que se conservarán será de doce meses. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 de esta ley.

(...)

Artículo 23. La Sociedades están obligadas a conservar los historiales crediticios que les sean proporcionados por los Usuarios, correspondientes a cualquier persona física o moral, al menos durante un plazo de doce meses desde el cumplimiento de la obligación.

Las Sociedades deberán eliminar del historial crediticio del Cliente aquella información que refleje el cumplimiento de cualquier obligación, después de doce meses de haberse incorporado tal cumplimiento en dicho historial.

(...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/07/09/credito-morosidad-impagos-cnnex pansion. (5 de marzo de 2011).

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 9 días del mes de octubre de 2012. — Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Ricardo Monreal. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

Esta Presidencia saluda con un enorme gusto a los alumnos del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, preparatorianos, invitados por el señor diputado don Homero Niño de Rivera. Sean ustedes bienvenidos, que les resulte grata su estancia en esta honorable Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora viene doña María Sanjuana Cerda Franco, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con el permiso, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, la salud de las personas en una sociedad condiciona de manera profunda e inevitable su desarrollo intelectual, económico, productivo y social; por lo que el Estado está obligado a garantizar un servicio de salud de calidad para sus habitantes, tanto en la prevención, atención y tratamiento de sus enfermedades y padecimientos.

El campo de la medicina ofrece muchas alternativas, no podemos olvidar que las primeras civilizaciones y culturas humanas basaron su práctica médica en dos pilares aparentemente opuestas: un empirismo primitivo y de carácter pragmático, aplicado fundamentalmente al uso de hierbas o remedios obtenidos de la naturaleza, y por otro lado, una medicina mágico-religiosa, que recurrió a deidades para intentar comprender lo inexplicable.

La medicina tradicional alternativa y complementaria es tan antigua como el hombre, es parte de la cultura de los pueblos y ha sido transmitida de una generación a otra, pero durante mucho tiempo ha sido considerada una práctica no científica, de menor calidad o empírica.

En las últimas dos décadas la Organización Mundial de la Salud ha impulsado estrategias que tienen como finalidad apoyar a la medicina convencional con tratamientos tradicionales o alternativos, protegiendo de esa manera a la población de una mala utilización o del uso de prácticas que podrían poner en riesgo su salud.

Actualmente en México el uso de la medicina alternativa o tradicional se ha convertido en una constante, derivado en ocasiones del desabasto de medicamentos o por la facilidad para acceder a ese tipo de tratamientos que representa un gasto menor que medicina convencional.

La Ley General de Salud considera el fomento a la medicina tradicional indígena, pero no toda la medicina alternativa proviene de cultura indígena; por lo que consideramos importante reformar la ley, ampliando el espectro de la denominada medicina alternativa.

Es necesario que reconozcamos que además de la medicina convencional las familias mexicanas recurren a tratamientos médicos alternativos. En el 2010, por ejemplo, el gasto en este rubro aumentó en 14.8 por ciento respecto al que realizaron en el 2008. No podemos entonces mantenernos ajenos a los usos y costumbres que nos caracterizan como país.

Es nuestra responsabilidad —como legisladores y representantes de la sociedad— conocer y atender todas estas actividades para así poder regularlas, darles un enfoque innovador y principalmente, satisfacer las necesidades de salud que tiene la población mexicana.

La mayoría de la gente recurre a tratamientos alternativos cuando han agotado todos los métodos convencionales, en muchas ocasiones se utilizan como la última opción, misma que si no está regulada o recetada por un profesional podría tener reacciones secundarias y complicar el padecimiento inicial.

La historia se ha encargado de colocar a la medicina convencional como la mejor y más óptima forma para solucionar las enfermedades que aquejan a los seres humanos; sin embargo, no podemos ignorar que la naturaleza ha cumplido su función curativa y en la actualidad la medicina alternativa o tradicional es prioritaria en muchos pueblos y comunidades de nuestro país.

Por consiguiente, es imperativo legislar para que la medicina alternativa pueda ser objeto de la regulación adecuada, a fin de promover la investigación necesaria para comprobar su eficacia y su utilización como medio complementario de lo convencional.

Por ello, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos comprometidos en mejorar la calidad de los servicios de salud, por lo que esperamos contar con su apoyo en esta iniciativa para adicionar la fracción VI Bis del artículo 6o. de la Ley General de Salud, con la finalidad de regular y fomentar la utilización de la medicina tradicional, garantizando su práctica como un complemento benéfico para las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es todo, señores legisladores.

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

La medicina tradicional abarca muchas prácticas y remedios distintos, y varía de un país a otro. Algunas prácticas parecen ser beneficiosas, pero sobre otras sigue habiendo dudas.

En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una estrategia sobre medicina tradicional para facilitar a los países la exploración de las posibilidades de esa medicina para mejorar la salud y el bienestar de la población, reduciendo a la vez al mínimo los riesgos de utilización de remedios de eficacia no demostrada, o de una utilización inadecuada. La finalidad principal de la estrategia fue alentar la realización de investigaciones.

Existen datos que parecen avalar el uso de determinadas medicinas tradicionales y complementarias, por ejemplo, la acupuntura para aliviar el dolor; el yoga para disminuir los ataques de asma; o las técnicas de tai ji para ayudar a las personas mayores a disminuir su miedo a sufrir caídas. En la actualidad, la OMS no recomienda esas prácticas, pero está colaborando con los países en el fomento de un planteamiento basado en la evidencia para elucidar las cuestiones relativas a la seguridad, eficacia y calidad.

Los tratamientos a través de la medicina tradicional, alternativa y/o complementaria son utilizados por la población mexicana. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, las familias mexicanas con mayores carencias económicas fueron las que más gastaron en estos métodos. Entre 2008 y 2010, el gasto de los hogares mexicanos en tratamientos alternativos aumentó 14.8%, esto es, curandero, huesero, quiropráctico, productos naturistas, hierbas medicinales, acupuntura y homeopatía.

La Ley General de Salud contempla el fomento a la medicina tradicional indígena de nuestro país, dejando de lado la medicina tradicional y los métodos alternativos.

En Nueva Alianza consideramos de vital importancia regularizar la medicina tradicional y alternativa, aclarando que serán utilizados por los médicos como complemento de los tratamientos médicos convencionales. El propósito es apoyar la mejora de los pacientes.

La gente que recurre a la medicina tradicional y alternativa, lo hace cuando agotó todos los tratamientos posibles que ofrece la medicina convencional. Por ende, para muchos, se observan como la última frontera a experimentar.

Algunos de estos complementos están establecidos por la Secretaria de Salud tanto en la Ley General como en Normas Oficiales Mexicanas, lo que nos obliga a regularlas en el marco complementario del sistema nacional de salud.

El artículo 224 de la Ley General de Salud contempla la clasificación de los medicamentos y en su inciso B fracción segunda y tercera están establecidos los herbolarios y homeopáticos.

Los medicamentos homeopáticos son toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio y que sea elaborado de acuerdo con los procedimientos de fabricación descritos en la farmacopea homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, en las de otros países u otras fuentes de información científica nacional e internacional.

Por su parte, los herbolarios son productos elaborados con material vegetal o algún derivado de éste, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta o extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos y esenciales, presentados en forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y seguridad ha sido confirmada científicamente en la literatura nacional o internacional.

De igual forma, la secretaría emitió en el año de 1998, la Norma Oficial Mexicana denominada “Criterios de operación para la práctica de la acupuntura humana y métodos relacionados”. Todo esto como acción de la secretaría para lograr regular estos métodos complementarios dentro de la normatividad de salud.

El objetivo de esta iniciativa es integrar la medicina tradicional al Sistema Nacional de Salud, con lo que se garantizaría un nivel más alto de seguridad y un mayor seguimiento a los pacientes.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos de gran importancia atender las necesidades de la población en materia de salud pública, lo que nos compromete a buscar siempre el bienestar de la población mexicana, explorando y atendiendo las lagunas legales existentes en nuestro marco jurídico en el Sistema Nacional de Salud.

Argumentación

La OMS define estos métodos complementarios como Medicina Tradicional, Medicina Alternativa o Complementaria y menciona que en algunos países, hacen referencia a un conjunto amplio de prácticas de atención de salud que no forman parte de la propia tradición del país y no están integradas en el sistema sanitario principal.

La OMS y sus Estados Miembros colaboran para promover el uso de estos métodos alternativos en atención a la salud; y con esta colaboración pretende:

1. Apoyar la medicina tradicional e integrarla en los sistemas de salud de los países en combinación con políticas y reglamentos nacionales sobre los productos, las prácticas y los practicantes para garantizar la seguridad y calidad;

2. Garantizar que se aplican prácticas y se utilizan productos que sean seguros, eficaces y de calidad a tenor de los datos científicos existentes;

3. Reconocer la medicina tradicional en el marco de la atención primaria de salud a fin de incrementar el acceso a la asistencia sanitaria y preservar conocimientos y recursos;

4. Velar por la seguridad del paciente mejorando el nivel de conocimientos y competencia técnica de los practicantes de la medicina tradicional.

En el mismo sentido la OMS publica datos y cifras internacionales relevantes acerca de los ya mencionados métodos de tratamiento alternativo:

1. En algunos países asiáticos y africanos, el 80% de la población depende de la medicina tradicional para recibir atención primaria de salud.

2. De las distintas formas de medicina tradicional, la más lucrativa es la medicina herbaria, que genera miles de millones de dólares de ingresos.

3. Con la medicina tradicional se pueden tratar diversas infecciones y enfermedades crónicas: el descubrimiento y aislamiento de la artemisinina a partir de Artemisia annua L., planta utilizada en China desde hace casi 2000 años, sirvió para obtener nuevos fármacos antipalúdicos.

4. La existencia en los mercados internacionales de productos herbarios falsificados, de mala calidad o adulterados constituye una grave amenaza para la seguridad del paciente.

5. Más de 100 países tienen reglamentada la medicina herbaria.

La doctora Margaret Chan, directora general de la OMS, señaló en el Congreso sobre Medicina Tradicional el contexto de estos los métodos tradicionales en tres aspectos: la realidad actual, la renovación de la atención primaria de salud y el aumento de las enfermedades crónicas. De igual forma, mencionó que millones de personas, con frecuencia habitantes de zonas rurales de los países en desarrollo, utilizan las medicinas herbarias, los tratamientos tradicionales y los práctico-tradicionales como la principal fuente de atención sanitaria.

La postura de la doctora Chan en cuanto al uso de los métodos tradicionales es la siguiente:

“La medicina tradicional tiene mucho que ofrecer, pero no siempre puede suplir el acceso a esos medicamentos modernos y medidas de urgencia de gran eficacia que marcan la diferencia entre la vida y la muerte para muchos millones de personas”.

Sin embargo, reconoció que existe un indicativo de las carencias de que adolece la prestación de atención sanitaria en el mundo; se trata del aumento, en las sociedades ricas, de la popularidad de tratamientos y remedios que complementan la medicina ortodoxa, o que sirven a veces de alternativa a los tratamientos convencionales. Al final de su discurso la Directora General de la OMS mencionó que la investigación y el desarrollo en materia de medicina tradicional forma parte de la estrategia mundial y del plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual adoptada en la Asamblea Mundial de la Salud este año.

En América Latina sólo Bolivia y Chile cuentan con alguna regulación de la medicina tradicional. En Ecuador, Guatemala, Perú y México el proceso de legislación se está desarrollando. En nuestro país, la secretaría de salud federal y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son las instancias que otorgan los permisos para el uso de la medicina tradicional.

El Programa Nacional de Salud 2007- 2012 contempla diez estrategias sobre las cuales base su información y dentro de la quinta estrategia denominada “Organizar e integrar la prestación de Servicios del Sistema de Salud” dentro de sus líneas de acción la 5.2 dice:

“Incrementar el conocimiento de las medicinas tradicional y complementarias y promover su utilización de acuerdo a la demanda que de ellas haga la población.”

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos de la necesidad de regular estos métodos complementarios a la medicina convencional establecida en el Sistema Nacional de Salud en la búsqueda de una coadyuvancia en beneficio de la salud de las y los mexicanos.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestra calidad de Diputadas y Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción VI Ter al artículo 6o. de la Ley General de Salud

Único.Se adiciona la fracción VI Ter al artículo 6o. de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6o.El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I. a VI Bis. ...

VI Ter.Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y la medicina alternativa o complementaria, así como su práctica y a quienes la ejercen, con el objetivo de complementar la medicina convencional, garantizando la seguridad, calidad de los productos y las condiciones adecuadas en la atención de los pacientes.

VII. y VIII. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Congresos de los estados y la Asamblea del Distrito Federal realizarán las adecuaciones correspondientes en sus legislaciones en un término de 180 días contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2012.— Diputados: Lucila Garfias Gutiérrez, René Fujiwara Montelongo, María Sanjuana Cerda Franco (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Leticia Calderón Ramírez, del PRI. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.

La diputada Leticia Calderón Ramírez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, he venido a esta tribuna a expresar la preocupación de muchos mexicanos que creemos que nuestro país no merece vivir en un clima desbordado de violencia; violencia que no agrede solamente a los que están al margen de la ley, sino que ha afectado a la sociedad, en su conjunto, generando un clima de temor y una gran inseguridad.

La violencia se ha vuelto cotidiana; ante estos lamentables hechos hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Ahora pareciera que es normal observar en los medios de comunicación el horror de las muertes, con un tinte genocida y pareciera que es común el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, la venta de drogas, el acoso escolar y el consumo excesivo del alcohol en jóvenes y niños. Esto forma parte de una realidad socialmente aceptada. Hemos perdido nuestra capacidad de crítica y tal vez se nos ha olvidado que todos somos corresponsables.

La degeneración del tejido social no es un fenómeno aislado, es el resultado de no haber tomado las medidas adecuadas en el momento que se percibió que las consecuencias iban a ser funestas. No atender éste gravísimo problema es asumir una actitud contemplativa, porque al callar y dejar de hacer nos convierte en cómplices pasivos.

México no merece vivir así, somos un pueblo con una gran trayectoria pacifista, somos un país de gente trabajadora; estamos orgullosos de nuestras tradiciones y somos una nación que apreciamos profundamente nuestras raíces.

Ante los retos de este presente cargado de violencia, debemos unir nuestros esfuerzos y promover un gran acuerdo nacional para fomentar y aplicar, en todos los contextos, con la vivencia de los valores y no con discursos persuasivos, sino con la práctica integral en nuestra vida cotidiana.

La pérdida de valores en la convivencia social es un problema que se debe enfrentar urgentemente. Los esfuerzos aislados resultarían vanos y los recursos técnicos, humanos y económicos habrían de ser insuficientes.

El gran acuerdo nacional al que me refiero debe involucrar a todos los sectores de la sociedad: a los partidos políticos, a las asociaciones religiosas, a los Poderes de la Unión, a las organizaciones no gubernamentales, a empresarios, a sindicatos, a medios de comunicación y a la sociedad civil, en general. Este esfuerzo seguramente rendirá frutos en el corto, mediano y largo plazo; su evaluación será permanente, al constatar que los niños y jóvenes recobren y de-sarrollen actitudes que favorezcan la sana convivencia social, basada en los principios éticos universales que permitan el desarrollo integral de sus facultades.

La violencia no se ataca con más violencia, señores, es necesario tomar medidas preventivas, como segura estoy, lo hará el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, impulsando los valores como eje rector de la generación de un ambiente de reconciliación nacional.

En la actualidad, recordemos que México forma parte de los 62 países que firmaron el acuerdo en la UNESCO para participar en el programa denominado Valores para vivir.

Compañeras y compañeros diputados, por las razones planteadas y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito poner a su amable consideración la iniciativa que adiciona la fracción XVII al artículo 7o. de la Ley General de Educación, que se describe a continuación.

Fracción XVII. Fomentar en la educación básica la práctica de: amor, honestidad, responsabilidad, amistad, solidaridad, tolerancia, igualdad, pluralidad, democracia y equidad; valores sociales fundamentales como principio de la convivencia armónica entre las personas.

Solicito que el texto íntegro sea incluido en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente; muchas gracias por su atención, señoras y señores diputados.

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Leticia Calderón Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII al artículo 7o. de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En 1993, con la reforma de planes y programas, la formación de valores cívicos y éticos en la educación básica mexicana se convirtió en un componente fundamental de los planes y programas de estudio.

En el Programa de Desarrollo Educativo de 1995 se señala el propósito de atender a la formación de valores y de fomentar la responsabilidad de los alumnos. De manera expresa, con el acuerdo secretarial número 253, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1999, explícitamente se sustituyeron las asignaturas de civismo I, civismo II y orientación educativa en las secundarias, para implantar en su lugar formación cívica y ética, cuyos contenidos y enfoque apuntan a la formación de valores de manera oficial en la educación nacional.

Esa decisión de las autoridades educativas es de gran trascendencia, pues coloca explícitamente en el currículum obligatorio la educación ética y manifiesta la intención de rescatar la función formativa de la escuela secundaria.

En el nivel primaria, el plan y programa de estudios de 1993 para educación básica-primaria incluye la enseñanza de valores a través de la asignatura de educación cívica. De manera expresa señala como propósito asegurar que los niños se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes, así como la práctica de valores en su vida personal, en sus relaciones con los demás y como integrantes de la comunidad nacional.

En 2009, el secretario de Educación Pública, licenciado Alonso Lujambio Irazábal, dio a conocer que un estudio realizado entre 37 países de Latinoamérica reveló que sólo 10 por ciento de los estudiantes mexicanos de segundo de secundaria demostró que comprende los conceptos cívicos y de ciudadanía, mientras que 27 por ciento desconoce y no identifica la diferencia entre justicia e injusticia.

Actualmente, México forma parte de los 62 países que pertenecen al Programa Valores para Vivir cuyo origen data de 1996 y es liderado por la UNESCO. Este grupo de países determinó 12 valores universales clave para el desarrollo de dicho programa. Al respecto, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, subrayó: “Toda sociedad necesita la cohesión que proporcionan los valores comunes, de manera que los miembros sepan qué esperar unos de otros y tengan principios compartidos para resolver sus diferencias sin recurrir a la fuerza”.

Nuestro grupo parlamentario está convencido de que el mejoramiento de la calidad y cobertura del sistema educativo nacional es una de las más importantes y urgentes tareas del gobierno y de la sociedad.

Hoy, el país atraviesa por una situación compleja en materia de valores, reflejada en la violencia diaria que vivimos en las esferas familiar y social, en la desintegración familiar, así como el deprimente lugar internacional que ocupamos respecto a la corrupción.

Estos factores y otros más son causa de la confusión y distorsión en valores, tema que ha sido desatendido, ocasionando actitudes y actuaciones destructivas que generan el deterioro social.

En el país hemos aprendido a ser reactivos. Por tanto, nos encontramos sumergidos en una práctica correctiva que, por el hecho de que sea común, no quiere decir que sea normal.

Lo normal sería que aprendamos a ser preventivos, que demos valor a lo que lo tiene, a todos los valores que nos identifican (o identificaban) alrededor del mundo y vivirlos; crear un tejido social digno y arrastrar con el ejemplo a familiares, amigos, vecinos, compañeros...

Por ello, la iniciativa adiciona la fracción XVII al artículo 7o. de la Ley General de Educación para que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares tenga como fin fomentar en la educación básica la práctica de la tolerancia, la cooperación, la democracia, la equidad, la honestidad, la igualdad, la pluralidad, la responsabilidad y la solidaridad, valores sociales fundamentales como principio de la convivencia armónica entre las personas.

Es urgente y primordial reconstruir el tejido social, reorientarnos por el camino de los valores, los andamios de la convivencia, de la conciencia social y humana. Por ello, la mejor manera, desde el punto de la educación, es comenzar a trabajar en las nuevas generaciones de mexicanos.

Por lo expuesto y debidamente fundado, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona la fracción XVII al artículo 7o. de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se adiciona la fracción XVII al artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. ...

I. a XVI. ...

XVII. Fomentar en la educación básica la práctica del amor, honestidad, responsabilidad, amistad, solidaridad, tolerancia, igualdad, pluralidad, democracia, equidad, valores sociales fundamentales como principio de la convivencia armónica entre las personas.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.— Diputada Leticia Calderón Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, doña Leticia. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

ARTICULOS 115 Y 117 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente, para terminar con este capítulo de iniciativas, hasta por cinco minutos, tiene el uso de la palabra don Omar Antonio Borboa Becerra, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Omar Antonio Borboa Becerra:Con su permiso, presidente. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 35 por ciento de la deuda estatal recae en 10 municipios; en primer lugar, es el municipio de Guadalajara, Jalisco, que tiene una deuda de más de 2 mil 680 millones de pesos. Representa el 5.9 por ciento de la deuda del país.

En estos 10 municipios más endeudados del país encontramos, en el cuarto lugar, al ayuntamiento de Zapopan o el municipio de Zapopan, Jalisco también, con una deuda de mil 477 millones; en décimo lugar tenemos a Tlaquepaque, también de Jalisco, con 845 millones de pesos.

Quiere decir esto que en la zona metropolitana de Jalisco se encuentran tres de los diez municipios más endeudados de este país.

En los estados ni se diga; por ejemplo, el estado de Veracruz, del 2000 al 2011, elevó su deuda por casi más de mil 229 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que de 17.8 millones de pesos la aumentó a 21 mil 874 millones.

Si no tomamos medidas necesarias en los estados y en los municipios, nos encontraremos cada vez con esta problemática; cada vez estados más endeudados, los municipios más endeudados.

Hace unos días tomaron protesta los nuevos alcaldes de la zona metropolitana de Jalisco y de ahí nace esta iniciativa y la inquietud porque, aunque siendo del mismo partido, se quejaron de que los municipios se los habían entregado endeudados.

Hay municipios que están pensando cómo van a poder pagar la siguiente nómina de los empleados y los trabajadores debido al endeudamiento tan grave y tan grande que se ha manejado en el estado de Jalisco, del cual represento un distrito.

Por tal motivo, compañeras y compañeros diputados, debemos impulsar medidas que contribuyan a que en las entidades federativas y en los municipios mantengan finanzas públicas y niveles de endeudamiento sanos; por ello vengo a proponer modificaciones a los artículos 115 y 117 de nuestra Carta Magna, nuestra Constitución.

Principalmente tenemos que fortalecer disposiciones en materia pública local, estableciendo que los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos que rebasen su capacidad de pago.

Tuvimos un caso en Zapopan, que en la última sesión del ayuntamiento el alcalde pidió 300 millones de pesos un día antes de salir, ¿será que le quiere dejar las finanzas grandes al siguiente, que también es de su partido político? No sabemos cuál sea la referencia en este tipo de casos, pero lo que sí queremos es que no puedan endeudar al país, que no se puedan endeudar los municipios ni los estados, a menos que el alcalde que pida el préstamo tenga la capacidad de poderlo pagar durante su administración. No podemos seguir dejando que endeuden a nuestros municipios y a nuestros estados.

Por otro lado, una modificación para los plazos de interés y condiciones de los pasivos existentes, así como refinanciamiento; es decir, contratación y financiamiento para amortizar pasivos previamente contratados.

La iniciativa que hoy presento busca también que los estados y los municipios consideren que por lo menos el 30 por ciento de la contratación de deuda pública se pueda respaldar con sus contribuciones, que puedan ser autosuficientes por lo menos en ese 30 por ciento, para poder pagar su deuda y no que estén esperando que los financien con recursos de la federación.

En Acción Nacional pugnamos porque la transparencia, el marco jurídico y las leyes nos permitan la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos, tanto federales como locales, y contribuyamos a eliminar la opacidad y casi nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos de financiamiento, especialmente de los municipios.

Compañeras y compañeros, les solicito que esta iniciativa pase lo antes posible debido a que existe un endeudamiento grave en el país, sobre todo en los municipios. Tenemos que pensar en el futuro y no pensar en el porcentaje que puede ganar el alcalde al momento de pedir algún tipo de empréstito. Necesitamos el apoyo de todos para poder hacer más sanas nuestras finanzas en nuestros municipios y en nuestros estados. Es cuanto, presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Omar Antonio Borboa Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente en el tema de la deuda de los estados aún falta mucho por hacer, es una asignatura pendiente y sin duda la información disponible sobre el tema es evidencia de que representa un foco amarillo, por lo que deben tomarse medidas adecuadas.

En el ámbito de las finanzas públicas mexicanas, la deuda pública “es el conjunto de obligaciones financieras generadoras de interés, de un gobierno central con respecto a otro gobierno, a empresas o a individuos de otros países, e instituciones internacionales (públicas o privadas)”.

La situación del Estado como acreedor y como deudor, aun en los casos en que no interviene como poder público, presenta diferencias con la situación de un acreedor o de un deudor de derecho civil, diferencias que consisten en las prerrogativas especiales que al poder público reconocen las leyes.

Dicho reconocimiento se establece desde la Constitución en su artículo 117 fracción VIII, en ese precepto se prevé el establecimiento, por parte de las legislaturas locales, de leyes que deben dotar de una regulación particular a la deuda pública, ésta debe ser diferente de la concerniente a los particulares, pues los organismos públicos no deben depender de su mera voluntad para su contratación, sino de reglas claras que delimiten las razones y medios para endeudarse, al tiempo que les obligue a una irrestricta transparencia y rendición de cuentas.

La gran preocupación es que no existe una evidencia clara entre el aumento de la deuda estatal y el desarrollo y crecimiento económico de los estados y municipios. Existen diversos problemas de origen del incremento de la deuda. Las participaciones que reciben en los estados y municipios por parte de la federación representan una parte muy importante de sus ingresos.

El problema de esta práctica reside en que esos ingresos no son totalmente estables ni predecibles, porque a su vez dependen en gran medida de los ingresos por exportaciones de petróleo. Cuando los recursos entregados son menores a los previstos, entonces se recurre a la contratación de deuda. Por otro lado, es necesario reconocer que las participaciones le han facilitado a los estados y municipios una posición cómoda para allegarse de recursos, lo que ha reducido el esfuerzo de las autoridades locales de recaudar impuestos y derechos.

Además, también está la ausencia de reglas de contratación de deuda estatal y municipal en cuanto a montos con relación a ingresos y estructura de plazos de deuda de corto y largo plazo; y la falta de transparencia en el destino de los recursos de la deuda contratada y ausencia en el control del costo, eficiencia y beneficio social del gasto estatal.

Según el “Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011” de la Auditoria Superior de la Federación, entre diciembre de 2000 y marzo de 2011, el saldo de la deuda pública de las entidades federativas y municipios se incrementó nominalmente en 3.5 veces, al pasar de 90 mil 731.3 millones de pesos a 315 mil 18.3 millones de pesos, es decir, una variación absoluta de 224 mil 287 millones de pesos corrientes. En términos reales y a nivel nacional, entre 2000 y 2010 el saldo total de la deuda registrada creció 97.7 por ciento, mientras que entre 2000 y 2011 ésta se incrementó a 133.3 por ciento en términos reales.

El análisis especifica que “entre el año 2000 y marzo de 2011, destaca el crecimiento de las obligaciones financieras de los estados de Michoacán, con un aumento nominal absoluto de 62.6 veces; Nayarit, con 44.8 veces; Hidalgo, con 24.1 veces; y Oaxaca, con 18.7 veces. Veracruz fue un caso crítico, al elevar su deuda en casi 1,229 veces, ya que de un saldo de 17.8 millones de pesos en 2000 llegó a 21 mil 874.9 millones de pesos en marzo de 2011”.

En el periodo 2000 -marzo de 2011, la evolución de la deuda local creció exponencialmente, debido a factores de tipo presupuestario y financiero, relacionados con las mayores participaciones en ingresos federales, principal fuente de pago y garantía de los financiamientos contratados; los crecientes déficit primario y presupuestario; el crecimiento del mercado crediticio destinado a esos gobiernos; el descenso de las tasas de interés; y la incursión de los gobiernos locales en la emisión de títulos de deuda en los mercados bursátiles.

Por otro lado, según el reporte de deuda pública de entidades federativas y municipios elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los diez ayuntamientos más endeudados concentran 35 por ciento del total de la deuda municipal en el país que asciende a 44 mil 859 millones de pesos hasta junio de 2012.

Así, por ejemplo, la alcaldía de Guadalajara, Jalisco, presenta la deuda más abultada con 2 mil 680 millones de pesos de pagos vencidos para la banca comercial, que representa 5.9 por ciento, que acumulan los 2 mil 450 municipios del país, lo que la coloca en primer lugar a nivel nacional como la localidad con mayor adeudo. De marzo de 2012 a los últimos días del mes de junio, los municipios jaliscienses incrementaron su deuda a 945 millones 700 mil pesos.

De la ciudad tapatía le sigue Zapopan en cuarto lugar nacional, con una deuda de 1,477 millones de pesos, con lo que se coloca como el segundo municipio más endeudado del estado, mientras que Tlaquepaque está en el lugar diez del país, y en el tercero en la entidad con un pasivo de 845 millones de pesos.

Según se observa, Jalisco sobrepasa con más de 2 mil millones de pesos las deudas de los otros dos estados, Nuevo León y estado de México, clasificados como los que mayor adeudos tienen en sus ayuntamientos municipales, a quienes se suman las entidades de Baja California, Veracruz, Quintana Roo, Sonora, Guanajuato, Morelos y Tamaulipas, todos dentro del ranking de los 10 más endeudados de la República Mexicana.

En este contexto, el elevado endeudamiento representa un riesgo para la sostenibilidad de los financiamientos contratados en el mediano y largo plazos. La necesidad de los gobiernos locales por financiarse, contribuye a que su déficit se incremente debido a la dependencia de sus finanzas públicas locales respecto de los recursos de origen federal, aunado a lo débil de la recaudación tributaria propia y lo limitado de las medidas de reducción del gasto no prioritario y con bajo desempeño.

El déficit público es el resultado de una insuficiencia de ingresos para solventar el nivel de gasto corriente y de capital, por lo que se recurre al financiamiento. En consecuencia, para regular el nivel de endeudamiento y los riesgos de su crecimiento, es necesario adoptar medidas para sanear y fortalecer las finanzas públicas, con un mejoramiento gradual y sostenido del balance presupuestario y del balance primario.

Si los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios no incrementan sus ingresos y racionalizan el gasto, reduciendo los egresos aplicados en programas que no agregan valor público ni tienen impacto económico y social, así como las erogaciones en actividades operativas, de administración, comunicación social y servicios personales, principalmente, el déficit público persistirá y las necesidades de financiamiento aumentarán con el tiempo.

El problema no sólo consiste en el incremento de la deuda de los estados y municipios, sino en el uso inadecuado de los recursos captados por esta vía, lo cual deriva en un aumento constante de la misma, y por ende, un impacto directo en la economía ciudadana, pues obliga a los gobiernos a captar los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones o bien reducir sus gastos en ciertos rubros cruciales para su desarrollo sustentable.

Compañeras y compañeros legisladores, debemos impulsar medidas que contribuyan a que las entidades federativas y los municipios mantengan finanzas públicas y niveles de endeudamiento sanos. Por ello, hoy vengo a proponer modificaciones a los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, buscando principalmente fortalecer las disposiciones en materia de deuda pública local, estableciendo que los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos que rebasen su capacidad de pago o pongan en riesgo sus finanzas públicas.

Además, resulta sumamente importante que al final de las administraciones se mantenga el saneamiento de las finanzas públicas, y se evite heredar una deuda mayor a los gobernantes entrantes; por ello, se especifica también que los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos durante los últimos seis meses de gestión, excepto en casos de emergencia, debiendo ser aprobados por mayoría calificada de las legislaturas estatales.

Por otro lado, se incorpora la reestructura como una modificación del plazo, tasa de interés u otras condiciones de un pasivo existente, así como el refinanciamiento, es decir, la contratación de un financiamiento para amortizar un pasivo previamente contratado.

Por último, la presente iniciativa busca que los estados y municipios consideren que por lo menos el treinta por ciento de la contratación de deuda pública, debe respaldarse con contribuciones propias. Ello contribuirá a que los estados y municipios traten de mejorar la recaudación local, y aminorar la dependencia que tienen respecto a los recursos de la federación.

Sabemos que es necesario contar con cuentas más transparentes y claras por parte de los gobiernos estatales y municipales. Estamos a tiempo, fortalezcamos el marco jurídico y construyamos leyes que permitan una rendición de cuentas sobre el uso de los recursos, tanto federales como locales, contribuyamos a eliminar la opacidad y casi nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos obtenidos mediante financiamiento, especialmente de los municipios.

En virtud, de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Se adiciona un párrafo sexto al inciso c) fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 115....

I. a III. ...

IV. ...

a) a c)...

...

...

...

...

Los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos que rebasen su capacidad de pago o pongan en riesgo sus finanzas públicas, ni los podrán contraer durante los últimos seis meses de gestión, excepto en casos de emergencias relacionadas por contingencias climatológicas y de salud pública. Lo anterior sin menoscabo de lo dispuesto en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 117 de esta Constitución.

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo  de la fracción VIII y se adicionan dos párrafos al artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 117....

I. a VII. ...

VIII. ...

Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, incluyendo operaciones de refinanciamiento y reestructura,inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos y plazosque las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.

Por lo menos treinta por ciento de las obligaciones o empréstitos contraídos debe respaldarse con contribuciones propias de los estados y municipios.

La contratación de nuevas obligaciones financieras deberá ser aprobada por las tres cuartas partes de la legislatura local. Cuando los estados y municipios decidan llevar a cabo un refinanciamiento y/o reestructuración de sus obligaciones financieras, éstos deberán informar a la legislatura local.

IX. ...

...

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los congresos locales contarán con un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir las leyes correspondientes o, en su caso, para realizar las adecuaciones necesarias en su legislación de acuerdo a lo previsto en el mismo.

Notas:

1 Et Al, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Porrúa, 2009.

2 Fraga Gabino. Derecho administrativo, Porrúa, México, DF, 1997.

3 Auditoria Superior de la Federación. Cámara de Diputados. Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011. Junio de 2011.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.— Diputados: Omar Antonio Borboa Becerrra, Víctor Manuel Jorrín Lozano, María del Rosario Merlín García (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es mucho, don Omar. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Pido la palabra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Solamente para solicitarle a nuestro compañero que me permita adherirme a su propuesta, porque Acapulco padece del mismo problema del endeudamiento de más de mil 295 millones de pesos, más lo que se acumule, que se está revisando y que se encuentra en quiebra y no hay con qué pagar la nómina.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Tiene inconveniente el iniciante?

El diputado Omar Antonio Borboa Becerra(desde la curul): No, adelante.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿No? Usted suscribe, también.

Honorable asamblea...

El diputado Salvador Arellano Guzmán(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sonido en la curul del diputado.

El diputado Salvador Arellano Guzmán(desde la curul): Diputado presidente, por su conducto, si le pregunta al diputado que presentó esta iniciativa, para poderme adherir a ella, ¿si sabe cuántos millones de pesos debe el estado de Jalisco y si sabe exactamente el ex presidente de Acción Nacional, Juan Sánchez Aldana, cuántos millones de pesos no ha podido comprobar a los zapopanos, por favor?

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Arellano ya su dicho quedó inserto en el Diario de los Debates. Desgraciadamente no le puedo preguntar, porque no está a discusión la iniciativa, pero su inquietud ha quedado manifiesta.

PUEBLOS INDIGENAS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Rebeca Terán Guevara, a nombre propio y de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se entregue a las entidades federativas la totalidad de los recursos pactados inicialmente en proyectos estratégicos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.

Esta Presidencia les recuerda, con todo afecto y con toda atención, que por disposición reglamentaria, alguna modificación que se tenga que hacer a este planteamiento tiene que venir del propio grupo parlamentario y firmado por su coordinador.

En tanto, les damos la más cordial bienvenida a los integrantes del Comisariado Ejidal de San Francisco Tepojaco, de Cuautitlán Izcalli, estado de México, invitados por la diputada doña Paulina Alejandra del Moral Vela. Sean ustedes bienvenidos.

La diputada María Rebeca Terán Guevara:Diputado presidente; honorable asamblea, el VI Informe de Gobierno que presentó el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión señala como uno de sus objetivos prioritarios incorporar plenamente a los pueblos y las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país; sin embargo, las acciones y las omisiones reflejan otra realidad.

Tal es el caso del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas, que sufrió a lo largo del 2012 severos recortes por parte del Ejecutivo federal; a pesar de haber firmado el acuerdo de coordinación, en su modalidad de proyectos estratégicos, el Ejecutivo modificó los lineamientos y realizó más de 800 recortes presupuestales a nivel nacional, con lo que violentó el principio de la supremacía de la norma jurídica.

Para ejemplificar la magnitud de dicha resolución presupuestal les expongo el caso de San Luis Potosí. Para la ejecución de 42 obras de infraestructura en comunidades indígenas se pactó una aportación tripartita inicial de 460 millones 396 mil 615 pesos; el Ejecutivo tomó la determinación de aplicar una reducción presupuestaria de recursos federales, por 87 millones 188 mil 643 pesos, afectando esto a 19 obras.

Dos meses después, el 14 de septiembre de este año, nuevamente el Ejecutivo determinó aplicar una nueva reducción presupuestaria del recurso federal por 90 millones 972 mil 188 pesos, afectando con ello 38 obras; es decir, el 84.44 por ciento.

Estas obras llevan un 55 por ciento de avance; sin embargo, al recortar el 40 por ciento de los recursos, quedarán inconclusas y la entidad enfrentará diversos problemas:

Uno. Al haberse licitado las obras y estando contratadas en términos legales, el estado y los municipios ejecutores deberán enfrentar litigios y sanciones que obligan al pago de indemnizaciones o a sus equivalentes.

Dos. La no conclusión de obras provocará la pérdida de recursos utilizados en los inicios de las mismas, contraviniendo los principios de eficacia y eficiencia presupuestal.

Tres. Con estos recortes se les ha eliminado a nuestros hermanos indígenas la posibilidad de nuevas oportunidades, una mejor calidad de vida y desarrollo.

Los pueblos indígenas han sido históricamente discriminados por la etnia a la que pertenecen, por su pobreza y ahora son triplemente discriminados desde el ámbito institucional, tratándolos como ciudadanos de segunda.

Compañeras y compañeros diputados, el punto de acuerdo que someto a su consideración busca reducir la brecha de exclusión y marginación de quienes más lo necesitan, exhortando al Ejecutivo federal para que cumpla los acuerdos presupuestarios pactados en todos y cada uno de los estados del país, y se respeten las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Desde esta tribuna es preciso dejar en claro que la democracia no es excluyente ni selectiva; la democracia auténtica se funda en el reconocimiento genuino de todas y todos los ciudadanos.

México no puede ser concebido sin sus pueblos y comunidades indígenas y un gobierno eficiente tampoco puede ser concebido si no atiende sus necesidades legítimas más demandadas. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entregar a las entidades federativas los recursos pactados inicialmente sobre proyectos estratégicos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, y respetar los acuerdos de coordinación firmados con ellas y el de modificación de las reglas de operación de dicho programa correspondientes a 2012, a cargo de la diputada María Rebeca Terán Guevara y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados Rebeca Terán Guevara, Jorge Terán Juárez, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Óscar Bautista Villegas y José Everardo Nava Gómez, Simón Valanci Buzzali, Mirna Hernández Morales, Salvador Romero Valencia, Samuel Gurrión Matías, Carlos Sánchez Romero, Eduardo Román Quian Alcocer, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El Programa de Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas fue creado para impulsar la atención a las carencias y rezagos en materia de servicios básicos, promoviendo y apoyando las tareas de las demás dependencias federales y los distintos órdenes de gobierno, sin embargo, en los hechos su objetivo se ha visto desvirtuado.

Nuevamente los asuntos prioritarios de los pueblos y comunidades indígenas son sólo el mejor pretexto para los discursos demagógicos, mientras la realidad es inclemente con los que menos tienen.

Las políticas erráticas y la falta de voluntad política para asignar recursos y cumplir con lo proyectado, deja a los indígenas en el abandono y la desolación, ya que la única herencia que pueden ofrecer a las nuevas generaciones es la pobreza.

El recorte presupuestal a proyectos estratégicos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas de San Luis Potosí, realizados por el Ejecutivo federal, al igual que en otras entidades federativas, ha ocasionado diversos problemas de índole económica y social, no sólo para los gobiernos locales, sino particularmente para las y los indígenas, que han visto de nueva cuenta, quebrantadas sus posibilidades de desarrollo.

Para dimensionar la magnitud del problema, es menester traer a la memoria los siguientes antecedentes:

• En fecha 18 de enero de 2012 el gobierno de San Luis Potosí firmó con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, acuerdo de coordinación en su modalidad de proyectos estratégicos, para la ejecución de 42 obras de infraestructura en comunidades indígenas, con una aportación tripartita inicial de 460, 396,615.92 pesos (cuatrocientos sesenta millones, trescientos noventa y seis mil, seiscientos quince pesos, 92/100 MN).

• La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) manejó como limitante para cubrir las obligaciones del mismo,  una expectativa de avances físicos y financieros, de término de obras al 31 de agosto de 2012 sin que este concepto estuviera contemplado en el instrumento legal firmado por las partes.

• No obstante lo anterior, en la cláusula primera, referente al objeto del acuerdo, el cual es la ejecución de estas obras basado en “las reglas de operación del programa”, y que serán realizados durante y con recursos del ejercicio fiscal 2012; así como la clausula vigésima quinta del acuerdo de coordinación, en la que se establece que tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, sin que exceda del 31 de diciembre de 2012.

• Mediante oficio UCC/DGI/1553/12 de fecha 31 de julio del presente año, signado por el director general de Infraestructura de la Unidad de Coordinación y Concertación de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Miguel Ángel Carrillo Chávez, indica al delegado estatal de CDI en San Luis Potosí, que se tomó la determinación de aplicar una reducción presupuestaria de recursos federales por 87’188,643.79 pesos (ochenta y siete millones, ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres pesos, 79/00 MN) afectando con ello a 19 obras.

• Posteriormente, con fecha 14 de los corrientes mes y año, la instancia referida, emite oficio  UCC/DGI/1884/ 12 dirigido al delegado estatal de CDI, en el que se informa de la determinación de aplicar una nueva reducción presupuestaria de recursos federales por 90’962,118.12 pesos (noventa millones, novecientos sesenta y dos mil ciento dieciocho pesos, 12/100 MN), afectando con ello un total de 38 obras.

Los recortes presupuestales antes señalados, así como la comunicación de las oficinas centrales de la CDI hacia sus delegaciones, contravienen lo establecido tanto en los acuerdos de coordinación firmados con las entidades federativas como lo establecido en el Acuerdo de Modificación a las reglas de operación del Programa Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Además, violenta el principio de jerarquía de las normas, lo mandatado en la ley fundamental y lo proyectado en el Pan Nacional de Desarrollo:

– El apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha establecido el mandato de que “la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”.

– El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su diagnóstico, destaca que los pueblos y comunidades indígenas carecen de una situación social y económica propicia para el desarrollo humano; se caracterizan por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de significativa desventaja. De manera particular, y no obstante los crecientes recursos autorizados por la Cámara de Diputados destinado a la atención de los pueblos y comunidades indígenas, la mayoría de estas comunidades no disponen de los servicios básicos que les permitan acceder a condiciones de vida mínimamente satisfactorias y además les provean de las condiciones materiales indispensables para emprender sus propios procesos de desarrollo. La falta de estos servicios, además de la insuficiente atención a áreas como la salud, la educación y su cultura, crea una brecha que conduce a situaciones de exclusión que padece la gran mayoría de los indígenas del país. Es por ello que el combate al rezago social de los pueblos y las comunidades indígenas representa una de las áreas de política pública prioritaria para el desarrollo de México en su conjunto y es fundamental que las políticas públicas que impulsa el gobierno federal, en coordinación con las entidades federativas y municipios, sirvan para incrementar las capacidades de los pueblos y las comunidades indígenas.

El recorte presupuestal que afecta 38 de las 42 obras, es decir el 84.44%, mantiene a San Luis Potosí en un triple problemática, ya que de los 42 proyectos estratégicos se encuentran contratados y en proceso de ejecución, con un avance físico promedio de 55%, lo cual:

1. Tomando en consideración que los procesos de licitación de obra fueron concluidos satisfactoriamente conforme a la normatividad existente, habiéndose licitado las obras y siendo contratadas en términos legales, al no contar con los recursos necesarios para el pago de los trabajos convenidos, el gobierno del estado y los municipios ejecutores deberán enfrentar litigios y sanciones que obliguen al pago de indemnizaciones o su equivalente.

2. La no conclusión de obras, provocaría la pérdida de recursos utilizados en los inicios de las obras contratadas, lo cual es contrario al espíritu que motiva las erogaciones presupuestarias, así como contrario a derecho.

3. Las comunidades indígenas no contarán con las obras de infraestructura que tanto requieren, lo cual resulta a todas luces injusto, antidemocrático e inhumano para su desarrollo futuro.

En suma los recortes presupuestales señalados, se alejan del espíritu equitativo y de justicia social que deben tener como fundamento, lesionan los derechos de los indígenas y obstaculizan el desarrollo regional.

En virtud de lo cual, se somete a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que se entregue a las entidades federativas la totalidad de los recursos pactados inicialmente para proyectos estratégicos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, cumpliendo así con el compromiso y responsabilidad adquiridos con los pueblos y comunidades indígenas del país.

Segundo.Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, respete lo establecido en los acuerdos de coordinación firmados con las entidades federativas y en el acuerdo de modificación a las reglas de operación del Programa Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.— Diputados: María Rebeca Terán Guevara, Jorge Terán Juárez, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Óscar Bautista Villegas, José Everardo Nava Gómez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Pregunte la Secretaría, en términos del artículo 100 reglamentario, si se considera de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Entonces, tiene el uso de la voz doña Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, por tres minutos, como una llamada de teléfono.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en México la mayoría de los habitantes de nuestras comunidades indígenas viven una situación de pobreza extrema y de significativa desventaja por carecer de los servicios básicos que les permitan acceder a condiciones de vida satisfactoria y digna, así como de aquellas necesarias para aspirar al desarrollo.

En Nueva Alianza estamos comprometidos con el desarrollo de los pueblos indígenas, por lo que apoyamos todas las acciones que contribuyan a resarcir el rezago en materia de infraestructura básica; acciones que requieren recursos públicos para construir caminos rurales, puentes vehiculares; dotar de servicios básicos, como la electricidad, agua potable, drenaje y saneamiento, con la finalidad de que la población indígena cuente con los satisfactores básicos de bienestar y desarrollo.

En lo que no estamos de acuerdo es que por una decisión burocrática y unilateral, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas haya decidido ejercer un recorte presupuestal a obras y proyectos de infraestructura básica, contemplados en acuerdos firmados por las entidades federativas y el Ejecutivo federal.

El impacto de dicho recorte en San Luis Potosí no es menor, ya que representa el 84 por ciento de las obras comprometidas, tal como lo señala el punto de acuerdo que se presenta ante esta soberanía.

Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera inaceptable y reprobable que el Ejecutivo federal realice este tipo de recortes debido a su alto costo social y financiero; social, porque impide cumplir con el mandato constitucional de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas, y financiero, porque compromete los recursos de estados y municipios para cumplir con los compromisos de pago por los trabajos convenidos.

Las diputadas y diputadas del Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor de este punto de punto de acuerdo, para que el gobierno federal cumpla su obligación con los pueblos indígenas. Por su atención, gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Sonia. Don Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT, tiene usted el uso de la voz, hasta por tres minutos.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se solidariza con la propuesta que se ha presentado ante el pleno de esta soberanía, relativa a exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que se respete el acuerdo signado con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Adicionalmente, como chiapaneco, no omito decir que la población de mi estado integra un 40 por ciento de habitantes de los pueblos originarios, por lo que doblemente apoyo el exhorto en comento.

Dicho acuerdo, con vigencia desde el 18 de enero de este año, consideró la ejecución de 42 obras de infraestructura en comunidades indígenas del estado de San Luis Potosí, por un total de 460 millones 395 mil 615 pesos.

Sin embargo, en julio y septiembre de 2012, sin causa justificada, las oficinas centrales de la Comisión aludida determinaron, unilateralmente, que había que hacer sendos recortes presupuestales por 87 millones 188 mil 644 pesos y por 90 millones 962 mil 118 pesos, respectivamente. Dichos recortes representan el 38.5 por ciento del total presupuestado, para ajustar el proyecto en la cifra de 283 millones de pesos, en números redondos.

El ajuste ordenado desde un escritorio de la Ciudad de México, sin conocimiento de la realidad en que viven las comunidades, que supuestamente serían beneficiadas, representa que el 38 de las 42 obras previstas se encuentran en la indefinición.

Quienes emitieron las medidas ordenadas no consideraron que se cumplieron con los protocolos marcados para estos casos, según la normatividad existente; por lo que es inaceptable que se hagan recortes al presupuesto, cuando además existen recursos etiquetados para tal fin.

Con la determinación acordada se trastoca el contenido de dos primeros párrafos del apartado B y de la fracción I del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho ordenamiento señala —en su parte central— que los tres niveles de gobierno promoverán la igualdad de oportunidades de los indígenas.

Adicionalmente, se hace caso omiso de la parte conducente del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, relativo al diagnóstico que concluyó en que los pueblos y comunidades indígenas carecen de una situación social y económica propicia para el desarrollo humano, que además se caracteriza por sus habitantes que viven en condiciones de pobreza extrema.

En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se solidariza con el exhorto que las compañeras diputadas y los compañeros diputados efectúan al Ejecutivo federal para que de inmediato se entreguen las partidas faltantes para cumplir con los objetivos del acuerdo firmado. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es mucho, diputado orador. Doña Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Muy buenas tardes a todos. Con su venia, señor presidente. Los auténticos indígenas, al tener la oportunidad de estar hoy aquí en esta máxima tribuna, alzaremos la voz, porque México no puede ser visto como un solo país.

La nación pluricultural que describe nuestra Carta Magna es aún una utopía, falta todavía iniciar acciones y mostrar resultados que promuevan el respeto a la diversidad de las comunidades indígenas y seamos reconocidos realmente como parte integrante de la población mexicana actual, sin estigma alguno.

Es obvio que el racismo aún se percibe en millones de mexicanos, ya que existen quienes se identifican tan solo con aquellos que hablan español, con los que conviven en el mundo moderno, o bien, con aquellos a los que tienen acceso a servicios básicos.

México no tan solo es ese México, es un México en donde convergen otras historias, otros idiomas y otras maneras de ver la vida, y en un intento para integrar a ese sector al desarrollo, las instituciones han generado políticas públicas; sin embargo, éstas han sido insuficientes para sacarlos del subdesarrollo.

El Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (Pibai) tiene como misión promover y realizar acciones que contribuyan en la lucha del rezago en materia de infraestructura básica, con la finalidad de que estas mejoras sirvan para incrementar el nivel de la vida del indígena, quien al día de hoy carece de servicios básicos, tales como la vivienda digna, drenaje, electricidad y salud, y que por las condiciones deplorables en que sus caminos se encuentran es doblemente difícil su desarrollo.

Tan solo en Oaxaca, las principales vías de comunicación de 300 cabeceras municipales siguen siendo de terracería. Resulta indignante y ruin que se considere siquiera recortar el presupuesto destinado a ayudarlos y más indignante aun que sean los mismos encargados de los programas quienes condicionan el otorgamiento de estos, con fines electorales, como sucedió el pasado proceso electoral.

También resulta indignante que estas mismas autoridades impongan a los beneficiarios, por su condición de indígenas, y porque en la mayoría de los municipios de usos y costumbres la gente que gobierna a lo mejor no tiene un nivel de estudios superiores; que los condicionan para que los recursos sean ejecutados por constructoras que los mismos están condicionando, como sucede en las delegaciones federales, tan solo Oaxaca es un ejemplo, en donde aun cuando ya han sido aprobados sus proyectos los recursos no les son otorgados por una supuesta insuficiencia presupuestaria o porque el beneficiario no cumple con la condición de contratar a la empresa recomendada.

Ya termino, señor presidente.

¿Cómo es posible que ante este panorama que se vive en las regiones indígenas de nuestro país el gobierno de San Luis Potosí y la Unidad de Coordinación y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas decidan reducir 38 de las 42 obras, que podrían otorgarle un nivel de vida mínimamente digno a este grupo?

¿De qué sirve que a partir de 1992 México se proclama como una nación pluricultural y que desde el 2001 se haya dado la aceptación de los derechos indígenas, cuando siguen sucediendo estos atropellos? Por ende, no podemos permitir que ni en este estado ni en ninguno otro se reduzca el presupuesto destinado a las minorías, cuando representa la única esperanza de rompimiento del círculo vicioso que los encadena.

Exigimos que se realicen las obras de manera íntegra, como se aprobaron en un inicio. Ante la urgencia y gravedad del tema debemos crear los candados que garanticen la prevención de este tipo de recortes; es nuestro deber dar voz a los más desvalidos y luchar por sus derechos. Basta ya de tantas injusticias.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Tiene ahora la palabra doña Martha Edith Vital Vera, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.

La diputada Martha Edith Vital Vera:Gracias. Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeros legisladores, quiero aprovechar esta máxima tribuna para —desde aquí— ofrecer una disculpa pública a todos nuestros pueblos indígenas por el olvido y la marginación a los que han sido sometidos durante décadas.

México tiene una enorme riqueza cultural y nos ubicamos dentro de los primeros 10 países en este rubro. Esto se debe a la enorme diversidad poblacional dentro de la cual los grupos indígenas tienen un papel fundamental en el aporte a la cultura nacional.

Basta señalar que casi el 10 por ciento de nuestra población pertenece a estos grupos; desafortunadamente han sido considerados como vulnerables debido a la situación de marginación en que se encuentran dentro de los índices de desarrollo humano.

Entidades como Chiapas, Durango, Nayarit, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, donde se distribuye la mayor cantidad de población indígena, presentan los niveles más bajos de desarrollo humano.

Programas como el de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, han sido fundamentales para que se encuentren orientados a la inversión de sus comunidades, a fin de detonar el desarrollo y dotarlos de una mejor calidad de vida; por tal motivo, la administración de estos recursos a las entidades federativas resulta fundamental para dar continuidad a las acciones emprendidas y no perder la oportunidad de acceder a estos procesos de desarrollo.

Sin embargo, como en muchas de las problemáticas expuestas en esta tribuna, la liberación de los recursos presupuestales aprobados para ciertos programas siempre implican burocracia. De nada sirve que esta Cámara se esfuerce para dotar de recursos a programas como el antes mencionado, si el Poder Ejecutivo insiste en ponerle trabas a la liberación de los mismos recursos.

Señor presidente de la República, los grupos indígenas del país requieren de esta inversión. Desde esta tribuna respetuosamente le exhortamos a que se liberen de manera inmediata los recursos, que tanto ayudarán a nuestras comunidades indígenas. No permita que se frene el desarrollo de nuestros hermanos indígenas. Las entidades federativas que los albergan lo requieren con suma urgencia.

Para nosotros resulta vergonzoso discutir este tema en tribuna, pero más vergonzoso es tener a estas comunidades sin el recurso para realizar obras tan básicas, como construcción de escuelas o centros de salud.

En Chiapas, por ejemplo, tenemos 122 municipios, 90 de los cuales tienen presencia indígena; es decir, el 63.8 por ciento de su territorio es indígena y para atender el rezago social se han realizado acciones de infraestructura social básicas, como caminos, agua potable, drenaje y electricidad.

Para continuar esta tarea es muy importante que se respeten los compromisos contraídos con los tres órdenes de gobierno y evitar así un problema de gobernabilidad, toda vez que la CDI ha oficializado un recorte a su aportación, lo que afectaría enormemente la continuidad de estas obras estratégicas en las zonas indígenas de nuestro país.

Compañeros legisladores, apoyemos estas propuestas y exhortemos al Ejecutivo federal a liberar estos recursos tan importantes y contribuyamos así a evitar que se siga condenando a los grupos indígenas de nuestro país a una marginación y rezago.

Por tal motivo, el Partido Verde Ecologista de México asegura que las minorías étnicas y culturales no sean avasalladas e ignoradas; es fundamental garantizar la convivencia y cohesión social de nuestros pueblos indígenas. Por ello, manifestaremos nuestro voto a favor. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Martha Edith. Ahora tiene el uso de la voz don Carlos de Jesús Alejandro, del PRD, hasta por tres minutos.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro:Con su permiso, señor presidente. El presupuesto transversal que ha sido establecido en el Anexo 7 denominado Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas para el ejercicio fiscal 2012, corresponde al monto de 68 mil millones de pesos. De ese presupuesto se desprende lo correspondiente o asignado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que apenas asciende a 10 mil millones de pesos.

Desde la CDI se instrumenta el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, mejor conocido como el Pibai, con un presupuesto autorizado de 5 mil 908 millones de pesos.

Sin duda el actuar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va contra lo estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; no es posible que el día 29 de junio del año en curso, la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya emitido un oficio circular donde se especificaron las disposiciones para el cierre del ejercicio fiscal con fechas límite.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha recortado el presupuesto asignado a este programa, Pibai, por la cantidad de 385 millones de pesos, de los cuales 284 millones de pesos fueron retirados el 16 de agosto y 103 millones de pesos el día 3 de octubre.

Estos recursos estaban plenamente convenidos con los estados principalmente de Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Chiapas, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro para los meses de agosto, septiembre y octubre. Para Guerrero, por cierto, corresponden 40 millones de pesos de estos recursos retirados. De ahí la alta gravedad en la actuación de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque son recursos para obras que ya están contratadas e incluso son obras, muchas de ellas, ya en proceso de ejecución.

No informan y no hay rendición de cuentas por parte de las autoridades hacendarias ni de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. No obstante, hay un 40.5 por ciento de pobreza en las regiones indígenas, de acuerdo al Coneval y aunado a esto el 90 por ciento de la población de los pueblos indígenas vive en pobreza extrema.

Aún peor, de los 100 municipios que se reconocen como de menor índice de desarrollo humano, el 80 por ciento corresponde a municipios indígenas. Es pernicioso e indignante que la CDI permita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recorte este presupuesto asignado al rubro de infraestructura básica para los pueblos indígenas, siendo hoy en día las comunicaciones un piso mínimo para el desarrollo de nuestros pueblos.

Termino, señor presidente. Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario del PRD suscribimos este punto de acuerdo, pero además proponemos que creemos —mostrando de verdad disposición y voluntad política— una comisión plural de diputados para hacer una revisión y puntual seguimiento y evaluación de estos recursos que fueron asignados para pueblos indígenas y de manera específica para el PIBAI.

Ojalá coincidamos también en el futuro, no solo en los discursos, sino con la disposición política para hacer las reformas necesarias constitucionales e institucionales que permitan el pleno desarrollo de nuestros pueblos indígenas y no sigamos siendo mero discurso de folclor. Es cuanto, señor presidente. Tlashtlahui, tlazocemati miak weyitlakatl.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra doña Eufrosina Cruz Mendoza, del PAN, hasta por tres minutos.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, cuando se nace indígena duele reconocerse como parte de una minoría, sin voz ni rostro.

Más de 500 años han transcurrido desde que inició el proceso de transculturación de nuestra nación indígena y aún seguimos siendo la nación segregada que vive oculta entre las sombras dentro del territorio nacional.

Para muchos mexicanos resulta imposible imaginar y concebir la belleza y la diversidad de una lengua que no sea el español, mucho menos saben y conocen algunas de las más de 60 lenguas originarias que aún sobreviven entre el arrullo de los sabinos y las aves.

Para quienes juramos en la Constitución la responsabilidad de representar los intereses de todas las mexicanas y de todos los mexicanos resulta extraño pensar en esos pueblos y mucho menos concebir el dolor, las carencias de quienes nacen en medio del bosque, la selva o en la soledad de la montaña.

Muchos mexicanos piensan que este país tiene una historia única y desconocen las otras historias que se han transcurrido, construidos a lo largo de siglos en cada rincón del territorio en donde habitan los pueblos indígenas.

Muchas historias de pobreza son comunes: el aislamiento, la reducción del territorio, el arrasamiento de los recursos naturales, la sustracción de los bienes originarios, el aniquilamiento de la prácticas tradicionales de trabajo, la falta de oportunidades de empleo, la discriminación y la carencia de servicios básicos.

Por ello, el Partido Acción Nacional no puede oponerse al reconocimiento de un hecho que está a la vista de todos; es preciso apoyar de manera más decidida a los pueblos originarios de México.

A nombre de mi fracción parlamentaria vengo a expresar nuestro respaldo al punto de acuerdo que merece esta responsabilidad extraordinaria de recibir el apoyo de las instituciones para mejorar sus condiciones de vida. Pero no olvidemos que esta responsabilidad también es de los tres órdenes de gobierno.

Quiero pensar que este punto de acuerdo tiene un objetivo humano, honesto y que no persigue fines políticos ni mucho menos personales; los pueblos indígenas de México no deben de ser ya más botín político ni bandera de proselitismo electoral.

Pido a mis a compañeras y a mis compañeros legisladores que refrendemos nuestro compromiso de actuar a favor de las causas sociales de México, sin afanes protagónicos ni de coyuntura.

Los 62 pueblos indígenas de México son nuestra esperanza para un mejor futuro; sin duda, la visión de nuestros pueblos indígenas puede dar solución a los desafíos del presente y pueden aportarnos una lección muy importante sobre la importancia de la paz, el trabajo en común y el respeto a la democracia.

Por lo expuesto, las diputadas y los diputados del PAN nos pronunciamos en favor de este punto de acuerdo, pero ratificamos la urgente y necesaria colaboración de los gobiernos estatales y municipales en la atención de los rezagos de los pueblos indígenas, y nos pronunciamos en contra de que se le siga utilizando como botín político y desde el ámbito local se siga ignorando esta problemática para perpetuar su miseria, y espero que no solamente como lo dijo ya mi compañero Alejandro, quien en puntos posteriores todos nos sumamos a las propuestas, a las leyes de mejora para nuestros pueblos y comunidades. Xchistodo. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Eufrosina. Finalmente, doña Alma Jeanny Arroyo Ruiz, de Papantla. Tiene usted el uso de la voz.

La diputada Alma Jeanny Arroyo Ruiz:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, nuestro Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional manifiesta su apoyo a la proposición con punto de acuerdo, presentado por la diputada María Teresa Terán Guevara, ya que tenemos claro los compromisos adquiridos, los cuales por mandato de ley se deben desarrollar y cumplir; por ello, lo que hoy se viene a plantear es que se entreguen los recursos acordados para los proyectos estratégicos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.

El Pibai fue creado para impulsar la atención a las carencias y rezagos en materia de servicios básicos, promoviendo y apoyando las tareas de las demás dependencias federales y los demás órdenes de gobierno.

No podemos dejar pasar que los acuerdos publicados el 30 de diciembre de 2011, en el Diario Oficial de la Federación, aprobados por la Dirección General de la CDI, por lo que emitieron la autorización y el dictamen en las reglas de operación del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, sean violentados por aplicar reducciones presupuestarias, afectando la culminación de 38 obras de un total de 42, así como los empleos en ellos generados, afectando las acciones que promueven el desarrollo integral de las comunidades y familias, así como el desarrollo local y regional de dichos pueblos. Los servidores públicos deben manifestar en sus acciones el compromiso con los pueblos originarios.

La historia y tradición de las culturas de México no pueden ser tratadas con indiferencia, con promesas incumplidas y apoyos limitados, cuando éstos son publicitados y señalados oficialmente.

¿Qué pueden esperar de una comisión, que en lugar de apoyarlos los limita y deja a mitad del camino? La realidad, compañeras y compañeros diputados, que hoy viven los pueblos originarios de San Luis Potosí no es muy diferente a la que se vive en otros estados de la República, esto es solo una muestra y por ello debemos verificar la situación en cada uno de nuestros estados, para conocer la magnitud del incumplimiento por reducción presupuestal a nuestros pueblos originarios.

Nuestras comunidades indígenas históricamente se han mantenido al margen de los apoyos y cuando se les contempla en los acuerdos, programas y presupuestos se les regatea o se les ponen trabas, que impiden el acceso a los recursos, lo que genera a su vez grandes subejercicios en las dependencias gubernamentales.

Por ello, apoyamos los exhortos al Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para respetar lo establecido.

No podemos permitir que por ser fin de sexenio se dé un fin de compromisos, que afectará a la administración entrante; debemos comprometernos a trabajar desde la Cámara de Diputados, desde la próxima conformación de la Comisión de Asuntos Indígenas, para que cuando se hable de indígenas en México no sea sinónimo de pobreza ni de marginación, sino por el contrario, sea sinónimo de orgullo, de identidad y de grandeza. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Jeanny. Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos.

En tanto, saludamos a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial No. 45, de Tezoyuca, estado de México, invitados por doña Erika Funes Velázquez. Sean ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquense.

EDUCACION MEDIA SUPERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, tiene hasta por cinco minutos el uso de la voz la diputada Roxana Luna Porquillo, del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los Poderes Ejecutivos estatales, al Distrito Federal y a los gobiernos municipales, que consideren en los programas y planes de desarrollo educativo los elementos necesarios para la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior.

Esta Presidencia, con todo respeto, recuerda a la asamblea que cualquier propuesta de modificación a los resolutivos que plantee la diputada Roxana Luna Porquillo, tendrá que venir del coordinador de su grupo parlamentario.

La diputada Roxana Luna Porquillo:Buenos días. Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Buenas tardes.

La diputada Roxana Luna Porquillo:Tardes. La suscrita, Roxana Luna Porquillo, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones III y VI del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente.

Exposición de motivos. Con fecha 9 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara reformado el párrafo primero, el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta reforma introduce la educación media superior como el nivel de estudio que el Estado promoverá y atenderá; por lo que la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Ésta y la media superior serán obligatorias.

En el transitorio segundo de este mismo decreto se señala que se realizará de manera gradual y creciente, a partir de este decreto, en el ciclo escolar 2012 y 2013, y hasta lograr una cobertura total en sus diversas modalidades en el país, a más tardar del ciclo escolar 2021-2022.

Esto obliga a la federación y a las entidades federativas a que se establezcan los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para la infraestructura de la educación media superior, en los términos establecidos en los instrumentos del sistema nacional y los sistemas estatales de planeación democrática del desarrollo. Así, el proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013 debe contemplar este ordenamiento.

En el Plan Nacional de Educación Superior se propuso, hasta 1980, crear nuevos centros de educación profesional postsecundaria y carreras cortas postbachillerato y de ahí surgieron los Conalep, los Colegios de Bachilleres y la implementación de 27 centros de educación profesional postsecundarias y carreras cortas postbachillerato en el área metropolitana del Distrito Federal y en las 47 entidades federativas.

Se impulsó la salida terminal como la única alternativa después del bachillerato y a mantener como expectativa solo la posibilidad de llegar a la mano de obra calificada. Esto provocó inquietudes en la carta de los jóvenes que buscan nuevas alternativas. En la actualidad existen tres tipos de enseñanza: la propedéutica, la bivalente y la terminal.

El informe nacional sobre la educación superior en México, de la Secretaría de Educación Pública, conjuntamente con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, nos dice que la modalidad propedéutica permite acceder a la educación superior; se puede cursar el bachillerato propedéutico en los bachilleres de las universidades autónomas, los Colegios de Bachilleres, tanto federales como estatales, los bachilleratos estatales, las preparatorias federales, entre otros.

La modalidad bivalente desarrolla una formación profesional tecnológica de carácter propedéutico.

La modalidad terminal tiene como objeto capacitar al estudiante para el trabajo, suponiendo que no puede continuar con más estudios.

Así tenemos que para el año 2000 existen escuelas preparatorias autónomas de tres años y dos años. Para el 2010, según los datos de la SEP, existen universidades con cerca de 100 preparatorias autónomas y en otros casos varían considerablemente. Para el año 2012, para algunas universidades la matrícula en las preparatorias representa más del 40 y 50 por ciento de la matrícula.

Por todo ello, debemos tomar en cuenta los diferentes regímenes legales e institucionales y en especial, el referente a las universidades autónomas, a las cuales, por tener este rango constitucional se requiere una incorporación, que participen activamente.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal, a los Poderes Ejecutivos estatales, al Distrito Federal, a los gobiernos municipales, a que consideren en sus programas y planes de desarrollo educativo los elementos necesarios para la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior, del fortalecimiento de las instituciones, la infraestructura, el personal académico y la evaluación de la calidad educativa para el cumplimiento del mandato constitucional.

Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los Poderes Ejecutivos estatales, al Distrito Federal y a los gobiernos municipales a considerar en los programas y planes de desarrollo educativo elementos para ampliar la matrícula en el nivel medio superior, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Roxana Luna Porquillo, diputada del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones III y VI del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta –ante esta honorable asamblea– el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha 9 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta reforma introduce a la educación media superior como un nivel de estudio que “el Estado promoverá y atenderá”, por lo que “la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. En el transitorio segundo de ese mismo decreto, se señala que “se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022”. Esto obliga a la Federación y a las entidades federativas a que se establezcan “los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos pluria-nuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación media superior (...) en los términos establecidos en los instrumentos del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación Democrática del Desarrollo”.

Así, el proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, debe contemplar este ordenamiento.

El Plan Nacional de Educación Superior (PNES), se propuso hasta 1980 crear nuevos centros de educación profesional postsecundaria y carreras cortas, post bachillerato. De aquí surgieron los Conalep, los Colegios de Bachilleres y “la implantación de 27 centros de educación profesional postsecundarias y carreras cortas postbachillerato en el área metropolitana del DF y 47 en las entidades federativas”. (PNES: 104). Se impulsó la salida terminal como única alternativa después del bachillerato y a mantener como expectativa sólo la posibilidad de llegar a “mano de obra calificada”. Esto provocó inquietudes en las capas de jóvenes que buscan nuevas alternativas.

Según la Secretaría de Educación Pública, SEP, y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, existen escuelas centralizadas como el Bachillerato Tecnológico y los Centros de Estudio de Bachillerato, las descentralizadas que son los Centros de Estudios Técnicos y los Colegios Nacionales de Educación Profesional (Conalep), centralizados como los Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytes) y Colegios de Bachilleres (Cobach), las desconcentradas del Instituto Politécnico Nacional y las autónomas de las universidades, con una matrícula nacional, para 2006 de cerca de 3 millones de alumnos.

En la actualidad existen tres tipos de enseñanza, la propedéutica, la bivalente y la terminal.

El Informe Nacional sobre la Educación Superior en México, de la Secretaría de Educación Pública, conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, dice que “la modalidad propedéutica (...) permite acceder a la educación superior. Se puede cursar el bachillerato propedéutico en los bachilleratos de las universidades autónomas, los colegios de bachilleres, tanto federales como estatales, los bachilleratos estatales, las preparatoria federales, entre otros.

La modalidad bivalente desarrolla una formación profesional tecnológica de carácter propedéutico. La modalidad teminal, entonces tiene como objeto capacitar al estudiante para el trabajo, suponiendo que no puede continuar con más estudios.

Así tenemos que para el año 2000 existen escuelas preparatorias autónomas de tres años y de 2 años. Para el año 2010, según los datos de la SEP, existen universidades con cerca de 100 preparatorias autónomas, y en otros casos varían considerablemente. Para el año 2012, para algunas universidades la matrícula en las preparatorias representan más de 40 y 50 por ciento de la matrícula.

Por todo ello debemos tomar en cuenta los diferentes regímenes legales e institucionales, en especial el referente a las universidades autonómas, a las cuales, por tener este rango constitucional, requieren una incorporación en la que participen activamente.

Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación reveló en el informe de la Cuenta Pública de 2010, que será hasta 2043, cuando se alcanzará la cobertura universal de la enseñanza media superior, lo que implica un retraso de 22 años respecto a lo que ordena la reforma constitucional. Es evidente que esta legislatura debe tomar cartas en el asunto y vigilar que el precepto constitucional aprobado, se cumpla.

Por lo expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición de obvia y urgente resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a los Poderes Ejecutivos estatales, al Distrito Federal y a los gobiernos municipales, que consideren en sus programas y planes de desarrollo educativo, los elementos necesarios para la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior, del fortalecimiento de las instituciones, la infraestructura, el personal académico y la elevación de la calidad educativa, para el cumplimiento del mandato constitucional.

Palacio Legislativo, a 9 de octubre de 2012.— Diputados: Roxana Luna Porquillo, Joaquina Navarrete Contreras, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Mario Alejandro Cuevas Mena, Silvano Blanco Deaquino, Carol Antonio Altamirano, Graciela Saldaña Fraire (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del artículo 100, pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene el uso de la voz don José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, uno de los retos actuales de nuestro país es elevar la oferta, calidad y pertinencia de la educación, ya que eso nos permitirá responder en mejores condiciones a los desafíos de la sociedad del conocimiento, retos que nos obligan a sentar bases sólidas para el desarrollo integral de la sociedad.

La educación media superior es una etapa estratégica en la formación de las personas para brindar a los estudiantes las oportunidades de aprendizaje actualizado con calidad y equidad. Resulta complicado cumplir con este anhelo al no existir condiciones de infraestructura para cubrir la demanda que año con año se incrementa.

¿Cómo explicarles a los jóvenes que sus deseos y derechos de seguir estudiando no podrán cumplirse debido a que no hay espacio para ellos en el bachillerato? El Estado mexicano tiene la obligación de cumplirle a la sociedad y a sus jóvenes, no solo por un mandato constitucional, sino como un principio de equidad y justicia social.

Atendiendo a estos principios, en Nueva Alianza sabemos la importancia de que ningún joven quede fuera de este nivel educativo; por ello, en la LX Legislatura presentamos la iniciativa para hacer obligatoria la educación media superior, la cual fue retomada para que hoy sea una realidad plasmada en nuestra Carta Magna.

Por lo anterior, el apoyo de nuestra fracción parlamentaria es a favor de que los miles de estudiantes, que son excluidos cada año de la educación media superior y superior, sean incorporados a las distintas modalidades de este nivel de estudios.

Es obvio que esta realidad configura una urgente exigencia para que la federación, los estados, municipios y el Distrito Federal asuman su responsabilidad de canalizar los recursos públicos necesarios destinados a la infraestructura y calidad de los distintos tipos y modalidades de educación media superior tendientes a ampliar la matrícula para que el Estado mexicano implemente políticas que permitan ampliar la cobertura con equidad, mejorar la oferta educativa y avanzar hacia el establecimiento de un sistema educativo pertinente.

En consecuencia, las diputadas y diputados de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza votaremos a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña María del Carmen Martínez Santillán, del PT, tiene usted el uso de la voz por tres minutos.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hemos enfatizado, a lo largo de las distintas legislaturas, la importancia de fortalecer nuestro sistema de enseñanza en todos sus niveles.

No obstante, cuestiones como la capacitación de los docentes, así como la actualización de los distintos planes de estudio y la educación de las asignaturas y de los contenidos educativos ofrecidos en las escuelas y universidades, según las características de los espacios de trabajo que ofrece el mercado laboral, son un tema de mayor importancia que aún no se logra abarcar en su totalidad, pues la propia demanda de la población y autoridades hacia el Estado para que se garantice el acceso a un espacio educativo en instituciones públicas así lo demuestran.

Para lograrlo es necesario que todos los esfuerzos se centren en los mecanismos de actualización y mejora educativa en la planta docente, así como de garantizar un máximo de recursos para este criterio.

En este sentido, el punto de acuerdo que hoy se somete a discusión no está fuera de contexto y se suma a una lista indeterminable de exigencias que deben ser atendidas a la brevedad.

Considerar en los programas y planes de desarrollo educativo los elementos necesarios para la identificación de la matrícula en el nivel de educación media superior no es un asunto nuevo, pero sin lugar a dudas sigue existiendo el reclamo por parte de la sociedad para que todos los jóvenes en edad de cursar su educación preparatoria sean atendidos.

Nuestro compromiso, como legisladores, tiene que ver hoy con dar respuesta pronta y efectiva a tan imperante solicitud, pero además no permitir que temas se queden en el tintero.

Compañeras y compañeros legisladores, es preciso recordar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por ejemplo, recomienda una inversión de 8 por ciento del producto interno bruto en educación; sin embargo, la realidad es que solo se destina apenas 5.5 por ciento, lo que representa un gasto por alumno de unos 6 mil dólares por cada uno de ellos, cifra muy por debajo de lo recomendado por dicho organismo, quien según calcula una inversión sugerida de 25 mil dólares.

Por una parte, se calcula invertir entre 6 y 7 millones de pesos anuales paulatinamente hasta el 2020, aproximadamente, para cubrir toda la demanda. Pero no todo queda ahí, en cuanto a incrementar la oferta educativa; si a todo ello le agregamos las observaciones que se nos presentan a través de la Auditoría Superior de la Federación, quien reveló en su informe de la Cuenta Pública para el 2010, que será hasta el 2043 cuando se alcanzará la cobertura universal de la enseñanza media superior. Estaremos hablando de la gravidez total de una política educativa, que lejos de tener buenas intenciones, está quedando rebasada por la descoordinación interinstitucional y la falta de atención presupuestal.

Con la debida dedicación que amerita el tema, nuestro grupo parlamentario votará a favor del punto de acuerdo en comento. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Muy buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es obligación del Estado garantizar la educación media superior. Así lo reza el transitorio segundo del decreto por el que se declara reformado el párrafo primero, en inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o.; y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 9 de febrero de 2012, y se establece que se realizará de manera gradual y creciente, a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades del país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022; suficiente tiempo.

Es decir, como vacatio legis se concede a la dimensión gubernamental del Estado un plazo bastante considerable, si tomamos en cuenta no la materia presupuestal o contable, sino las condiciones de alarma social que están envolviendo a nuestros jóvenes.

Debe recordarse que tal reforma a los artículos 3o. y 31 constitucional tiene como trasfondo el tema de millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan y que derivado de un contexto social y familiar y que lamentablemente por falta de oportunidades y un creciente enrolamiento en las bandas del crimen organizado, requieren con urgencia espacios para ser incorporados en el sistema de educación media y educación superior.

Por ejemplo, en la zona metropolitana del valle de México se habla de 150 mil jóvenes rechazados, que no tuvieron un lugar en universidades públicas, como la UNAM, la UAM y Politécnico, por la complicidad e irresponsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, por lo que los jóvenes en esta situación se ven obligados a optar por estas absurdas alternativas de universidades que no son legales, llamadas las universidades patito.

México dedica el 5.7 por ciento de su ingreso nacional a educación, monto que en comparación con su gasto público lo ubica como la nación con mayor tasa de inversión en este rubro, el 21.7 por ciento del gasto público total, frente al 13.3 por ciento promedio en el conjunto de países que forman parte de la OCDE.

No obstante lo anterior, el gasto per cápita por alumno permanece muy bajo en todos los niveles escolares, puesto que más del 90 por ciento del presupuesto para la educación se destina a gasto corriente, lo que ha provocado importantes descuidos en infraestructura, tecnología y acondicionamiento; prueba de ello ha sido el fracaso de los proyectos de Enciclomedia y Habilidades Digitales para Todos, negocios ilícitos, lo cual ha sido un pillaje y una ratería, y debo decirles que hoy en este recinto están sentadas personas que han sido cómplices de toda esta ratería que se ha dado en la educación pública.

Por lo que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano —concluyo, señor presidente— nos sumamos a la exhortación y a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que consideren urgente y prioritario para contemplar planes, proyectos y programas de desarrollo educativo integral para ampliar la matrícula, fomentar el fortalecimiento de las instituciones, la infraestructura, el personal académico y la elevación de la calidad de la educación media superior y superior.

Concluyo con la siguiente frase: Donde hay educación no hay distinción de clases. Confucio, filósofo chino. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Mónica García de la Fuente:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en México nuestra Carta Magna reconoce que todos los niños y jóvenes deben tener las mismas oportunidades de calidad y acceso a los servicios educativos.

El derecho a la educación es un derecho fundamental inherente a cualquier persona, que hoy más que nunca está en el debate público; su importancia es innegable en nuestro país y de ahí su importancia y la implementación gradual que está llevando a cabo el gobierno federal.

Así por ejemplo recordemos que en noviembre de 2002 se publicó una reforma al artículo 3o. constitucional para incorporar a la educación preescolar como parte de la educación básica y por lo tanto, el Estado está obligado a proveerla.

Desde hace poco más de tres años el gobierno federal ha intentado instrumentar el derecho para incorporar la educación básica como parte de la educación en nuestro país; sin embargo, después de muchos esfuerzos, dados los requisitos que se impusieron, sigue enfrentando problemática para su implementación. Éste es un reto que sigue vigente para nosotros y para el Estado mexicano.

Por ello, para conseguir ampliar la matrícula de alumnos en nivel de educación media superior, primero se requiere fortalecer nuestras instituciones educativas, generar una mejora en la infraestructura, así como establecer una correcta preparación del personal académico y de los alumnos.

La realidad en México es que la educación media superior hoy no se encuentra en condiciones de atender a todos los jóvenes que desean ingresar a esta etapa del sistema educativo.

Al respecto, hace unos días el secretario de Educación, José Ángel Córdova Villalobos, expresó que para atender este reto se necesitan más de 14 mil millones de pesos, más recursos adicionales por casi 24 mil millones de pesos; por ello la importancia de este llamado al Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno para que cumplan con sus responsabilidades en la materia.

Que nos quede claro, la inversión en la educación es la mejor inversión que podemos hacer para combatir el problema del crimen organizado; por ello para el Partido Verde el reconocimiento del derecho fundamental y su cobertura hasta nivel de educación media superior está hecha. Ahora lo que tenemos enfrente es el desafío de volver realidad este precepto constitucional para que todos nuestros jóvenes tengan acceso real a una educación media superior digna.

Por ello votaremos a favor de que se exhorte a las autoridades, en todos sus niveles, para que se den las condiciones objetivas necesarias para el cumplimiento expedito y eficiente de la obligación del Estado de proveer la educación a todas las personas, en particular a nivel medio superior. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Toda la educación del Estado, que imparta el Estado, será gratuita.

El decreto que reforma el artículo 3o. responde en parte a poner la educación en este país como una prioridad; digo en parte, porque el plazo para garantizar lo expresado es largo, aunque algunas y algunos dirán que es a mediano plazo, pero eso significa no ver la realidad que vivimos en nuestro país, en nuestro querido México, en todo lo que representa la palabra realidad.

La realidad es que la situación de la descomposición del tejido social es consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales implementadas en los últimos 25 años, que a todas luces han cumplido con su cometido, que es alcanzar los objetivos de un sistema social y una construcción moral y cultural que económicamente es empobrecedora, que socialmente es excluyente, que políticamente es autoritario y que moralmente es anti-solidario.

La realidad es que se ha aplicado una política errática para abatir la inseguridad, lo cual no le ha garantizado a la ciudadanía ni a la nación la seguridad que tanto demanda, pero sí ha permitido que muchos jóvenes, hombres y mujeres, sean carne de cañón para los grandes delincuentes en este país.

La realidad es que pretenden continuar con el mismo modelo de política económica social que tiene a nuestro México en los estándares muy por debajo de muchos otros países en diversos aspectos, como educación, seguridad, crecimiento económico, cultura e investigación, y dicen ser la panacea y que ahora sí las cosas van a cambiar.

La realidad es que la educación es una prioridad y que el Estado es mandatado por nuestra Carta Magna a garantizar esa educación en sus términos expresados en el artículo 3o.

La realidad es que las normas jurídicas son bilaterales, son imperativo-atributivas, atribuyen derechos y generan obligaciones; la realidad es que está ausente el debate parlamentario y que reduce a discusión y posicionamiento de los argumentos que permita convencer a los representantes, a las representantes populares responder como tales.

El PRD resalta que la educación es un derecho y es el Estado quien está obligado a impartir la educación de manera laica, científica, democrática, libre y gratuita; creemos en la rectoría económica del Estado y en el compromiso social que tenemos de cara a la nación, y la responsabilidad histórica con el pueblo de México.

Por lo que solicitamos a las y los diputados de esta LXII Legislatura, aprobar la proposición presentada por la diputada Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, como de obvia o urgente resolución, misma que conlleva a materializar el espíritu de la norma, de que todo individuo tiene el derecho y el Estado es el obligado, y traducirla en el presupuesto suficiente que permita crear las condiciones y atender de forma integral y continua la cobertura de una educación media superior de calidad; presupuesto suficiente para no dejar en letra muerta lo establecido en el decreto del pasado 9 de febrero del presente año, que atiende la demanda de que la educación, vuelvo a repetir —termino presidente—, es prioridad nacional para el crecimiento y desarrollo integral de un país y no una mercancía, como han pretendido hacerla pasar.

Nos indigna la mala imagen del país en el exterior, pero no nos atrevemos a admitir que muchas veces la realidad es peor.

Por México, por una educación de calidad, obligatoria y gratuita para todos los niños y las niñas; para todas y todos los jóvenes, sin exclusión, sin discriminación, la educación es primero. Esta Legislatura puede y debe demostrar que somos representantes populares, por el bien de México y de las y los jóvenes. Gracias, señor presidente, y a ustedes, por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Quisiera pedirle, en los términos del artículo 8 del Reglamento, que retire el material que utilizó durante su intervención. Muchas gracias, diputada.

Tiene ahora la palabra el diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, para Acción Nacional es requisito fundamental y condición básica para resolver el problema de la educación en México el establecer en la Constitución los principios estructurales de un verdadero sistema educativo. Coherente con ello, el Grupo Parlamentario del PAN y el Ejecutivo federal, en un esfuerzo conjunto con los demás actores políticos, impulsamos la aprobación del decreto por el que se reformaron los artículos 3o. y 31 de nuestra Constitución Política, para elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior.

Es preciso decir que en la conformación de tal reforma fuimos cuidadosos, sobre todo en establecer que tal obligatoriedad del Estado implicara su deber de ofrecer un lugar para cursar este nivel educativo a todos los jóvenes, debiendo realizarse ello de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar que está en curso, con la concurrencia presupuestal de la federación y de las entidades federativas.

Por ello y previo a la publicación de esta reforma, el Ejecutivo federal, consciente de los grandes desafíos que enfrenta el sistema educativo nacional para brindar una educación suficiente y de calidad a nuestra juventud, ha llevado a cabo una serie de acciones que han sentado las bases para que hoy el Estado pueda cumplir cabalmente con lo que hoy en día ya es una obligación de la federación y las entidades federativas.

Así, entre otras acciones, el Ejecutivo federal desde 2007 ha emprendido la reforma integral de la educación media superior a fin de resolver importantes desafíos y promover mejores oportunidades para que los jóvenes salgan adelante.

Sobresale la alineación de los planes y programas que se imparten en 7 mil 310 planteles al marco curricular común, que establece la reforma integral de ese nivel educativo y que impulsa la educación por competencia.

Se destaca que en estos planteles estudia alrededor del 76 por ciento de todos los alumnos del nivel bachillerato, es decir poco más de 3.3 millones de jóvenes. Asimismo, se han hecho los ajustes necesarios para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tenga atribuciones para evaluar también la educación media superior, tanto pública como privada, y en 2012 inició la modernización del servicio de preparatoria abierta y a distancia.

Son claros los logros en el afianzamiento de la vinculación del bachillerato con el sector productivo que hoy se tiene. Por ejemplo, un importante papel en la definición de carreras técnicas en Conalep y en los bachilleratos tecnológicos. Asimismo, destaca la incorporación del bachillerato a la prueba Enlace desde 2008, lo que contribuye a mejorar la calidad en la educación que reciben nuestros jóvenes. Por todo ello, el Grupo Parlamentario del PAN votaremos a favor del punto de acuerdo que se discute y refrendamos nuestro compromiso con la educación media superior.

Compañeras y compañeros diputados, es un hecho que nuestro país, la sociedad y los gobiernos, estamos obligados constitucionalmente a que todos los ciudadanos cuenten con la educación media superior.

Somos representantes de los ciudadanos en el Congreso. Seamos consecuentes con ello e impulsemos las acciones necesarias que hagan posible un mejor desarrollo educativo para nuestro futuro: los jóvenes. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Dorador. Tiene ahora el uso de la tribuna el señor diputado J. Pilar Moreno Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado J. Pilar Moreno Montoya:Con su permiso, señor presidente. Conforme a los datos de población que nos indican que estamos en la cresta más alta en la juventud de entre 15 y 18 años y aquello obliga que tengamos la infraestructura suficiente para que les brindemos la oportunidad de prepararse y alcanzar el nivel bachillerato, es necesario que no solo lo revisemos como datos estadísticos de infraestructura existente, número de aulas por demanda, ya que muchas de ellas son de carácter privado y la gran mayoría de los aspirantes a cursar este nivel no cuenta con los recursos suficientes para pagar su bachillerato.

Tenemos que considerar las diversas modalidades desde el acuerdo 286, para aquellos que por diversas circunstancias en su momento no pudieron realizar sus estudios y que a través de un examen pueden alcanzar el bachillerato hasta la educación a distancia, que facilita obtener el nivel correspondiente.

No olvidemos que en la legislatura pasada se aprobó la obligatoriedad del bachillerato, por consecuencia hoy estamos obligados a buscar los medios que permitan que tal obligatoriedad se cumpla.

Si a la fecha solo estamos atendiendo el 60.4 por ciento de la población, que son más o menos 5 millones 292 mil 111 jóvenes de un universo de 8 millones 761 en números redondos en edad de estudiar, quiere decir que tenemos que aplicarnos para atender por lo menos el 90 por ciento, lo que hace que tengamos la obligación y necesidad de crear espacios para 2 millones 365 mil jóvenes. Ello nos indica el tamaño del compromiso que debemos asumir.

Pero lo importante no radica solo en inscribir una gran mayoría, ya que del 60 por ciento que atendemos tenemos una deserción de alrededor del 40 por ciento, lo que implica que 2 millones 116 mil jóvenes abandonan la preparatoria por múltiples motivos, como son: mala elección de la escuela, falta de recursos, bajos niveles o una mala educación. Ello nos agrava el problema e incrementa el bajo nivel académico de los ciudadanos. Por ello debemos revisar los planes y programas.

A partir del 2005 en que se realizó la reestructuración de la SEP, y en particular la SEIT, en Subsecretaría de Educación Media Superior y en donde se buscó a partir del 2007 la reforma educativa al nivel, se han hecho muchos intentos de compactar los diferentes programas, ya que existían, para que se den una idea de la dificultad del nivel, 287 planes y programas de estudio en diferentes subsistemas, con caprichos, todavía, de algunos directores, solamente por sacar números, sin ver la calidad de sus egresados.

Ello complicaba y continúa sin resolverse de fondo, el tránsito del alumno de un plantel a otro, incluso en el mismo subsistema. No hablemos de otros donde no existía secuencia en tiempos y mucho menos en contenidos.

Ante ello la federación, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior debe seguir impulsando las comisiones de educación a las entidades federativas y a los municipios, con el fin de que así podamos estar buscando bachilleratos bilingües, con inglés, pero también que se preparen maestros para lenguas en las regiones, se motive a los jóvenes con actividades extracurriculares, como deportes, arte y cultura que les brinden una formación integral y los motiven con los temas de su interés.

Se tiene que generar una inserción en los diferentes subsistemas, incluidos los particulares, para bajar los altos costos que implica el contar con suficientes talleres y laboratorios, así como espacios físicos y canchas. Ello significa, en algunos casos, saturación de algunos planteles y abandono de otros.

Por eso tenemos que trabajar para producir los planes y programas, haciéndolos más universales. Tenemos que cuidar, precisamente, el perfil profesional, pero que además exista un tronco común.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario de mi partido, el Revolucionario Institucional, apoya el punto de acuerdo presentado por la compañera diputada del PRD, Roxana Luna Porquillo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Habiéndose agotado la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

ENFERMEDADES MENTALES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que evalúe los programas que han sido insuficientes en respuesta a las enfermedades mentales. Adelante, diputado.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de mis compañeras legisladoras y mis compañeros legisladores. Someto a la consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, a celebrarse el día de mañana 10 de octubre, por medio del cual se le hace una exhortación al secretario de Salud del gobierno federal, a afecto de que en el ámbito de su competencia y en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud, y a través del Consejo Nacional de Salud Mental, evalúe los programas hasta ahora implementados que a todas luces resultan ser insuficientes, a efecto de implementar el necesario, que permita dar una respuesta cabal a las personas que padecen una enfermedad mental.

Es menester precisar que el derecho a la salud implica no solamente la salud física, sino que además la salud mental; congruentemente, la definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, por lo que no solamente es la ausencia de afectaciones o de enfermedades, relacionándola con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales, el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos.

Particularmente, por lo que se refiere a las enfermedades mentales, la Organización Mundial de la Salud ha establecido los siguientes datos: 450 millones de personas experimentan problemas mentales o neurológicos en el mundo, de los cuales a 350 millones les afecta la depresión.

Estos desórdenes constituyen cinco de las 10 principales causas de discapacidad; la depresión clínica será la segunda causa de discapacidad en el mundo para el 2020, y en países en desarrollo se estima será la primera causa.

Las personas con trastornos mentales sufren de discriminación y estigmas, y por ende, violación sistemática a sus derechos fundamentales.

De los gobiernos que informaron que contaban con un presupuesto para la salud mental, el 36.3 por ciento invertía menos del 1 por ciento de su presupuesto total para la salud.

Congruente con lo anterior, la Organización Mundial de la Salud estableció en 1992 el Día Mundial de la Salud Mental, con una campaña que busca anualmente concentrar la atención mundial en la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de conducta específico, siendo para el 2012 el destinado a la depresión, considerándola como crisis mundial.

Quiero dejar constancia de que hay instituciones, incluso educativas a nivel superior, como particularmente la Universidad La Salle, de Cuernavaca, a través de la Escuela de Psicología, que el día de mañana estará conformando un foro en esta materia para coadyuvar en la concientización que se requiere para salvaguardar este derecho fundamental a la salud.

Por todo lo anterior, y considerando que el derecho a la salud mental de las y los mexicanos se encuentra en un estado de vulneración por las diferentes enfermedades mentales, considerándose ya un problema de salud pública, incluso a nivel mundial, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, como punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, la solicitud dirigida al secretario de Salud, para que en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud y a través del Consejo Nacional de Salud Mental se proceda a la evaluación de los programas hasta ahora implementados, que —repito— a todas luces resultan ser insuficientes, a efecto de que se implemente el necesario que permita verdaderamente salvaguardar nuestro derecho fundamental a la salud y particularmente se asigne un presupuesto específico para el próximo ejercicio que permita en forma ex profeso salvaguardar este derecho fundamental. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud a evaluar los programas que han sido insuficientes a efecto de implantar uno para dar respuesta a las enfermedades mentales, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud a efecto de que en el ámbito de su competencia y en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud, mediante el Consejo Nacional de Salud Mental, evalúe los programas implantados que a todas luces resultan insuficientes a efecto de establecer el que permita dar una respuesta cabal a las enfermedades mentales, destinando el presupuesto específico de 2013 para tan trascendente objetivo, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, por celebrarse el 10 de octubre, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas correspondientes a los seres humanos. Los necesitan para desarrollarse con base en sus capacidades y virtudes; toca al Estado a través de los servicios públicos generar su satisfacción.

Dichos derechos fundamentales son reconocidos como consecuencia en su norma suprema; en nuestro caso particular, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ahora en forma expresa en el artículo 1o. y en los tratados internacionales que el país ha suscrito; es entre otros el derecho a la salud.

Ese derecho se encuentra reconocido en el artículo 4o. de la Carta Magna, el cual establece expresamente que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”; concibe ésta en una forma integral.

En congruencia con lo anterior, la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que tiene todo ser humano en términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Especifica en el artículo 2o. que el derecho a la protección de la salud tiene entre otras finalidades las siguientes:

I. El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.

II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana.

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuvan a la creación, la conservación y el disfrute de condiciones de salud para lograr el desarrollo social.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce en el artículo XI el derecho a la salud, igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25. La Organización de las Naciones Unidas, desde su creación, se ha implicado activamente en promover y proteger la salud en todo el mundo, desde 1948. Pertenece a este sistema promotor y defensor de los derechos humanos la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual asumió, entre otras, la responsabilidad de generar una clasificación internacional de enfermedades, la cual se ha convertido en el estándar internacional para propósitos clínicos y epidemiológicos.

El derecho a la salud implica no sólo la física sino la mental. En congruencia, la definición de salud que da la OMS es “estado de completo bienestar físico, mental y social”. Por ello no es únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades: la relaciona con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por ellos.

Por lo que se refiere a las enfermedades mentales, la OMS ha establecido los siguientes datos:

• 450 millones de personas experimentan problemas mentales o neurológicos en el mundo. De ellas, a 350 millones les afecta la depresión, de todas las edades y en todas las comunidades; contribuye de modo significativo a la carga mundial de morbilidad, para lo cual se dispone de tratamientos eficaces pero inaccesibles en la mayoría de los países: lo reciben menos de 10 por ciento de quienes precisan de éstos.

• Estos desórdenes constituyen 5 de las 10 principales causas de discapacidad.

• Crean un efecto social y económico importante en individuos, familias y gobiernos.

• La depresión clínica será la segunda causa de discapacidad en el mundo para 2020, y en países en desarrollo se estima que será la primera.

• Las personas con trastornos mentales sufren de discriminación y estigma; están proclives a sufrir conculcaciones de derechos humanos.

• La pobreza interactúa en forma importante con la salud mental, en un círculo vicioso.

• Pese a la importancia de un presupuesto dedicado a la salud mental, en el general de salud, 32 por ciento de los países comprendidos en el proyecto Atlas de esta organización no contaba con un presupuesto diferenciado del gobierno. De los que informaron que contaban con uno, 36.3 por ciento invertía menos de 1 por ciento de su presupuesto total de salud en salud mental (OMS. Invertir en salud mental,página 37).

Las cifras disponibles muestran que en el continente americano la mayoría de los niños necesita atención de salud mental, mas no recibe tratamiento. El suicidio entre los jóvenes deriva de un problema de salud mental generalizado; es la tercera causa de muerte entre los jóvenes en el mundo. Además, el abuso de sustancias en adolescentes supone también un problema mundial.

El derecho a la salud mental es uno de los derechos fundamentales para todo ser humano y sociedad. Consciente de lo anterior y de los datos por demás preocupantes que generan los trastornos mentales en el mundo, la OMS estableció a iniciativa de la Federación Mundial de la Salud en 1992 el Día Mundial de la Salud Mental con una campaña que busca concentrar la atención mundial en la identificación, el tratamiento y la prevención de algún trastorno emocional o de conducta específico para cada año; se destinó para 2012 al trastorno mental denominado “depresión crisis mundial”.

El Día Mundial de la Salud tiene como objetivo crear conciencia para generar el respeto de la dignidad de las personas que padezcan alguna enfermedad de este tipo.

El derecho a la salud mental no es sólo la ausencia de trastornos mentales sino un estado de bienestar en el cual el ser humano es consciente de sus propias capacidades, que le permite afrontar las tensiones normales de la vida, permitiéndole trabajar de forma productiva y fructífera, contribuyendo a propiciar el bien común.

La Ley General de Salud considera como servicios básicos de salud en la fracción VI del artículo 27 la salud mental. Especifica en el 72 que la prevención de las enfermedades mentales es de carácter prioritario, con base en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de conducta, los métodos de prevención y el control de las enfermedades mentales.

Esa norma reglamentaria establece una corresponsabilidad de la Secretaría de Salud y de las demás instituciones del sector y los gobiernos de las entidades federativas, lo cual deriva en la formación de un sistema nacional de salud.

El derecho a la salud mental de los mexicanos se encuentra en un estado de vulneración por las diferentes enfermedades mentales; se considera ya un problema de salud pública incluso a escala mundial, así como a la falta de la eficacia y eficiencia de las programas de las instituciones públicas en el ámbito de la prevención, la detección y el tratamiento de estas enfermedades y la rehabilitación de estas personas, así como la provocación que nos genera la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, que en esta ocasión se denomina “de la depresión como crisis mundial”, por celebrarse este 10 de octubre, aunado a nuestra responsabilidad que nos consagra el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara porque se trata de un asunto, sin duda, de interés nacional.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al secretario de Salud del gobierno federal a efecto de que en el ámbito de su competencia y en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud, a través del Consejo Nacional de Salud Mental, al cual corresponde entre otras funciones apoyar la promoción de las acciones de los sectores público, social y privado del país en las áreas de prevención, consulta externa, hospitalización, rehabilitación y reintegración social del individuo en lo relacionado con problemas de salud mental, así como proponer y coadyuvar en la evaluación de los programas relativos en la materia y la difusión e implantación de modelos innovadores de atención en salud mental, evalúe los programas hasta ahora implantados que a todas luces resultan insuficientes a efecto de implantar el que permita dar una respuesta cabal a las enfermedades mentales, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, por celebrarse el 10 de octubre.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2012.— Diputados: José Francisco Coronato Rodríguez, María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si el punto de acuerdo se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se considera de urgente resolución y está a discusión...

La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra la diputada Paloma Villaseñor.

La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas(desde la curul): Señor presidente, deseo comentar a la asamblea que quiero suscribir el punto de acuerdo del diputado Coronato, porque la salud mental en México está muy lejos de ser la deseable; no hay detección temprana ni suficientes centros de atención ni médicos ni terapeutas.

No hay respuesta gubernamental suficiente, en especial para las personas con autismo u otros trastornos generalizados del desarrollo; se requieren políticas, presupuesto, así como que estas personas gocen de todos los derechos en materia de salud. Es por ello, presidente, que no nada más quiero votar a favor, sino deseo suscribir este punto de acuerdo.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada, su intervención formará parte del Diario de los Debates; el punto ya ha sido autorizado de urgente resolución y en consecuencia, tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, en los años recientes se ha presentado una situación donde las enfermedades de carácter mental se han incrementado en nuestro país. Las nuevas modalidades de trabajo y las presiones del mundo moderno han generado trastornos de carácter emocional, que no eran tan comunes hace algunas décadas.

Como ejemplo de ello debemos decir que una de cada 10 personas que acude a los servicios médicos de atención primaria padece de depresión; sin embargo, esta enfermedad es una de las que no se ha podido detectar a tiempo en quienes la padecen.

Se estima que del año 2001 a la fecha se han incrementado los casos de suicidio hasta en un 62 por ciento; los trastornos de tipo neuropsiquiátrico ya están en el quinto lugar dentro de las 10 causas de morbilidad entre los mexicanos.

Por su parte, la depresión afecta entre 12 y 20 por ciento de las personas adultas; es decir, entre quienes tienen 18 y 65 años de edad. La situación se agrava cuando vemos que los padecimientos de tipo emocional y mental no son diagnosticados a tiempo y no reciben tratamiento médico oportuno.

En este sentido, debemos recordar que en nuestro país hay 24 hospitales psiquiátricos y solo cuatro tienen el equipamiento necesario para internar a pacientes para recibir un tratamiento.

Es indispensable fortalecer las políticas de gobierno en el tema de prevención y atención de las enfermedades y trastornos mentales y emocionales; en la LXI Legislatura nuestro grupo parlamentario propuso una iniciativa para modificar la Ley General de Salud, con el propósito de incorporar el manejo de tratamiento de las enfermedades mentales desde la atención primaria.

Con esta modificación se contribuye a la detección oportuna de estos padecimientos, con lo que los pacientes pueden recibir la ayuda correspondiente antes de que se agrave el cuadro clínico.

La proposición que se está discutiendo ahora busca que se haga una evaluación de los programas implementados por la Secretaría de Salud a través del Consejo Nacional de la Salud Mental, con el objeto de poder detectar qué áreas deben ser fortalecidas e incrementar los recursos para mejorar la atención a los pacientes.

La proposición en comento es de la mayor relevancia, sobre todo si consideramos que este tipo de padecimientos se irán incrementando durante las décadas por venir y de seguir desatendiendo dicha problemática estaremos permitiendo su recrudecimiento y una cura más difícil.

Con tales consideraciones, nos parece positivo que esta soberanía se pronuncie al respecto y pueda tomar las medidas de tipo legal y presupuestario correspondientes, siempre con el interés de ayudar a los mexicanos que padecen algún trastorno mental.

En consecuencia, nuestro grupo parlamentario apoya la proposición que se nos presenta, refrendando nuestro compromiso de que en la próxima discusión presupuestal tendremos que destinar mayor gasto al sector social, en particular el educativo, de salud y de abatimiento de la pobreza extrema, en virtud de que 58 millones de pobres requieren de políticas públicas que los saquen de la postración en la que viven y no de políticas asistenciales, que solo administran electoralmente la pobreza. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Corresponde ahora el uso de la tribuna a la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, señor presidente. El derecho a la salud física y mental en México es un tema que debe tratarse y ser atendido de manera inmediata.

Las actividades diarias de todos los seres humanos requieren de un óptimo rendimiento tanto físico como mental. No obstante, en nuestros días somos testigos de un mundo marcado cada vez más por procesos de grave deterioro de salud mental.

Las causas de este hecho son diversas y complejas; factores hereditarios, psicológicos y comunitarios han desembocado en estructuras vivenciales anómalas, donde lo específico es el desarrollo de crecientes estados de estrés.

En este sentido, resulta evidente comenzar a establecer mecanismos institucionales de prevención y tratamiento adecuado.

La Organización Mundial de la Salud celebra, el 10 de octubre de cada año, el Día Mundial de la Salud Mental. Este año destinado a resaltar el tema: Depresión, crisis mundial.

En este terreno no debemos olvidar un dato estrujante: el 90 por ciento de los suicidios en el mundo están asociados con la depresión.

Estudios recientes señalan que en nuestro país el 2.6 por ciento de los hombres y el 6.8 por ciento de las mujeres han experimentado por lo menos una crisis depresiva en su vida; es decir, más de 5 millones de mexicanos han sufrido algún tipo de colapso leve o severo, siendo el grupo más vulnerable el conformado por los adolescentes y adultos jóvenes ente 18 y 35 años de edad.

La juventud es uno de los sectores donde se vuelve más patente este problema; información reciente revela que la tasa de suicidios en el país ha crecido 31 por ciento en el último año. Es decir, cada 24 horas fallecen alrededor de 16 jóvenes.

No soslayemos que a este sector precisamente pertenecen el mayor número de habitantes en el país.

Debemos señalar con desánimo que nuestra nación sigue sin cobrar la debida importancia a los programas para combatir y prevenir las enfermedades mentales, razón por la cual continúa creciendo el número de personas con problemas de esta índole.

En México, del total del presupuesto asignado a la salud solamente el 2 por ciento es orientado a la salud mental y de este monto únicamente se destina el 80 por ciento a la operación de los hospitales, por lo que las condiciones de trabajo y salvaguarda en estos centros de salud resultan a todas luces insuficientes.

La atención de la salud mental en nuestro país es de tercer nivel. Existen 46 hospitales de cuidado mental, 13 unidades de internamiento en hospitales generales y ocho establecimientos residenciales; por lo cual el acceso del grueso de la población se ve limitado y ello fundamentalmente por nuestro tradicional centralismo institucional y operativo. Se podría decir, sin exagerar, que los servicios regionales en este rubro son casi inexistentes.

Si queremos evitar el crecimiento de los problemas asociados a la salud mental en nuestra población resulta por demás apremiante atender de forma pronta, eficaz y con pleno respeto a los derechos humanos esta disfuncionalidad institucional que nos agobia.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos:Con su venia, señor presidente. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, nuestros compañeros legisladores del partido Movimiento Ciudadano presentan un punto de acuerdo exhortando la evaluación de los programas hasta ahora implementados en materia de salud mental, mismos que no han sido suficientes, y al mismo tiempo solicitan implementar programas eficaces para responder con tratamientos óptimos a las personas que sufren de trastornos mentales.

Lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, depende en gran parte de la realización exitosa de acciones de salud pública para prevenir, tratar y rehabilitar.

En México las enfermedades mentales afectan a una de cada cuatro familias y según la Organización Mundial de la Salud al menos dos de cada 10 adolescentes tienen alguna alteración de este tipo.

Uno de los derechos fundamentales de todo ser humano es el derecho a la salud, un derecho que se encuentra consagrado en las constituciones de países de todo el mundo, así como en tratados internacionales.

El derecho a la salud es un derecho fundamental al que todo individuo debe tener acceso sin distinción de raza, ideología o condición socioeconómica.

En la agenda de mi partido, el Partido Verde Ecologista de México, y como parte de sus propuestas siempre ha estado presente la importancia de este derecho fundamental, consagrado en el artículo 4o. de nuestra Constitución.

Constantemente hemos impulsado propuestas para mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de nuestro país en materia de salud. Algunas de ellas son lograr una mayor asignación de inversión pública federal, estatal y municipal en materia de salud, que pueda reflejarse en el crecimiento de infraestructura, así como en el aumento de los recursos humanos del ramo; implementar gabinetes psicopedagógicos y nutricionales a nivel primaria y secundaria.

Además, hoy hemos presentado una iniciativa que va encaminada a reformar el artículo 74, fracción I, de la Ley General de Salud, para hacer extensiva la atención y rehabilitación psiquiátrica de los enfermos mentales agudos, puesto que este artículo solo ampara a los que tienen una enfermedad mental crónica.

Por todo lo anterior, es que puntos de acuerdo que contribuyan a propiciar la atención de salud oportuna y apropiada, mi partido, el Partido Verde, con gusto los apoya, puesto que es un derecho fundamental de todo ser humano tener una salud que le permita trabajar de forma productiva y fructífera para así poder contribuir y relacionarse con su comunidad.

Asimismo, quisiéramos proponer un pequeño cambio a la redacción del petitorio, ya que el punto de acuerdo solicita se proporcione respuesta cabal a las enfermedades mentales y en realidad lo que se necesita es implementar programas necesarios para dar respuesta a los tratamientos de las enfermedades de este tipo; por lo cual, la redacción que proponemos es la siguiente:

Único. Se exhorta al secretario de Salud del gobierno federal, a efecto de que en el ámbito de su competencia y en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud, a través del Consejo Nacional de Salud Mental, al cual le corresponde, entre otros, la de apoyar la promoción de las acciones de los sectores público, social y privado del país en las áreas de prevención, consulta externa, hospitalización, rehabilitación y reintegración social del individuo en lo relacionado con problemas de salud mental, así como proponer y coadyuvar en la evaluación de los programas relativos en la materia y la difusión e implementación de modelos innovadores de atención en salud mental; evalúe los programas hasta ahora implementados, que a todas luces resultan ser insuficientes, a efecto de implementar el necesario que permita dar una respuesta cabal al tratamiento de las enfermedades mentales, destinando el presupuesto específico en 2013 para tan trascendente objetivo, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, a celebrarse este 10 de octubre.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Esta Presidencia se permite recordar a todos los diputados y diputadas que cualquier propuesta de modificación al presente punto de acuerdo debe de provenir del mismo grupo parlamentario que lo propuso y firmada por el coordinador de dicho grupo parlamentario, de otra manera no podríamos darle ningún trámite.

Tiene la palabra la diputada Juana Bonilla Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.

La diputada Juana Bonilla Jaime:Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes. La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Los conceptos de salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia intergeneracional y reconocimiento en la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente.

Nuestro país tiene 2.7 psiquiatras por cada 100 mil habitantes y destina el 0.85 por ciento de su presupuesto nacional para atender la salud mental, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que este porcentaje sea del 10 por ciento.

La discapacidad psiquiátrica en nuestro país, como tal, simplemente no existe, a pesar de que la OMS nos indica que las enfermedades mentales representan el 13 por ciento dentro de las discapacidades.

México se encuentra rezagado en la atención que brinda a la salud mental, puesto que si bien se estima que alrededor del 15 por ciento de la población del país padece algún trastorno mental, solo 2.5 por ciento de los pacientes se encuentran bajo supervisión de algún especialista.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, en la población mexicana existen 7 por ciento de personas con depresión, 1.6 por ciento con trastorno bipolar, 1 por ciento de personas con esquizofrenia, más del 1 por ciento con trastorno obsesivo-compulsivo, 7 por ciento con trastornos de angustia y pánico. Más aún resaltan las cifras de la OMS, según las cuales el suicido, el cual se relaciona estrechamente con enfermedades mentales, ocupa el quinto lugar en la población joven a nivel mundial y en México, el Inegi lo reporta en segundo lugar o en tercer lugar, dependiendo la entidad federativa.

Por estos motivos, y en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática se suma a la propuesta hecha por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, exhortando al Ejecutivo federal, en especial al titular de la Secretaría de Salud, para que en la propuesta de presupuesto, que en breve habrá de hacer llegar a esta soberanía, se incorporen mayores recursos para la atención y prevención de los temas de salud mental, así como en el plazo inmediato se ponga mayor atención en los servicios que actualmente se brindan en el rubro, garantizado de esta manera el derecho constitucional a la salud de los mexicanos que enfrentan esta enfermedad. Con su permiso y muchísimas gracias, señor presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Margarita Saldaña Hernández:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales. En última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

En el año 2009, la Secretaría de Salud reportó que en nuestro país el 8 por ciento de las enfermedades mentales corresponden al área neuropsiquiátrica, 4 millones de personas padecen depresión, 6 millones más tienen problemas relacionados con el consumo de alcohol, 10 por ciento de los adultos mayores de 65 años en adelante sufren cuadros demenciales, mientras que el 15 por ciento de la población, entre 3 y 12 años de edad, padece algún tipo de trastorno mental o de conducta.

El impacto es aún más importante, porque hay muchas personas que desarrollan esos trastornos a edades tempranas y no reciben ninguna ayuda efectiva —del tipo que fuere— a lo largo de toda su vida.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la OMS dispuso que el tema de este año fuese La depresión, una crisis mundial. De acuerdo con ese organismo, a nivel mundial la depresión afecta a más de 350 millones de personas de todas las edades y en todas las comunidades, y contribuye de modo significativo a la carga de morbilidad. Se dispone de tratamientos eficaces contra la depresión, pero el acceso a ellos es problemático en la mayoría de los países y en algunos solo lo reciben menos del 10 por ciento de las personas que lo necesitan.

Los indicadores de salud mental en México exponen una problemática social, que sin duda requiere de una atención efectiva, en aras de mejorar, no solo la prevención, sino la atención de los trastornos mentales.

El estrés, la depresión, los suicidios, las adicciones, los trastornos de humor y afectivos, así como la ansiedad, los trastornos obsesivo-compulsivos, los trastornos alimenticios y de la conducta, entre otros, son cada vez más comunes en nuestra sociedad. Resulta evidente que la modernidad conlleva diversos fenómenos que agudizan la manifestación de este tipo de enfermedades.

Por ello y ante el firme compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con respecto a la dignidad de la persona humana y con la defensa de los derechos humanos, apoyaremos en lo general esta proposición con punto de acuerdo que exhorta al secretario de Salud del gobierno federal a que evalúe los programas hasta ahora implementados, a efecto de instrumentar una respuesta cabal a las enfermedades mentales, ello en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, a celebrarse el día de mañana.

Asimismo, nos sumamos a la invitación que los grupos parlamentarios ya han hecho y que se integra a esta Cámara de Diputados, para que en la próxima definición del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, le demos la importancia y el soporte financiero necesario para que nuestro Sistema Nacional de Salud cuente con los recursos idóneos para enfrentar los problemas de salud mental que padece la población nacional. Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Finalmente, tiene la palabra el diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla:Con su permiso, señor presidente. Saludo con respeto a todos mis compañeros y compañeras que aún están en esta sesión, y de la misma forma saludo a nuestros amigos de la ciudad de Guadalajara, particularmente del distrito VIII.

Hoy quisiera, más que sumarnos a este punto de acuerdo, quisiera reflexionar junto con ustedes y pedirles un momento de su atención, no vaya a ser que este punto de acuerdo después nos sea necesario a todos.

Hoy no tenemos nada que festinar, nada que alabar ni nada que festejar en el Día Mundial de la Salud Mental; 450 millones de seres humanos en el mundo no es un problema menor y si hablamos de México, 20 millones de mexicanos hoy están sumidos en problemas de salud mental y solamente el 2.5 por ciento son atendidos.

Señoras y señores, compañeros, las afectaciones mentales no distinguen niveles sociales, credos, religión o en nuestro caso, grupos parlamentarios, afectan por igual a hombres, mujeres y niños y no distinguen a los ricos de los pobres, pero por desgracia sí afectan más a los grupos socialmente más desprotegidos.

Grupos y asociaciones como Voz Pro Salud Mental, insisten que los gobiernos no deben verlo como un lujo sino como una necesidad.

Ya se habló —lamentable sí—, solo 544 establecimientos de salud mental en el país, 48 hospitales psiquiátricos, solo 13 unidades de internamiento, solo 7 estados de nuestro país tienen unidades de especialidad psiquiátrica en algún hospital general.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud refiere que el suicidio en jóvenes es el quinto lugar y en nuestro país el Inegi habla que estamos en segundo o tercer lugar.

¿Cómo mejoraremos, si tenemos 2.5 psiquiatras por cada 100 mil habitantes? Se destina, como ya se mencionó, el 0.8 por ciento del presupuesto para salud, cuando la Organización Mundial de la Salud requiere y solicita el 10 por ciento.

Quiero reflexionar, en razón de cuáles son los grupos vulnerables. ¿Nos gustan los adultos mayores? Ellos, nuestros viejitos ya se partieron el alma por nosotros y hoy no tienen la más mínima posibilidad de apoyo en nada.

¿Les gusta el que hablemos del adulto mayor joven? Aquel que tiene 36 años y que no tiene trabajo y que por ende, no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse, cuando sus posibilidades son mayores al insertarse en una responsabilidad familiar.

¿Qué hablar —de tanto que hemos dicho— en razón a las mujeres, con toda la carga social de ser esposas, amas de casa, trabajadoras, mamás, entre otras tantas responsabilidades cotidianas? ¿Cómo le podremos exigir que esté emocionalmente en óptimas condiciones físicas o sobre todos mentales?

Y por último, ¿qué decir de los niños o jóvenes? De los niños, es una de las principales 10 causas de atención en consultas externas y urgencias, y de los jóvenes, hoy el 38 por ciento de los casi 100 mil muertos y desaparecidos son jóvenes entre 14 y 16 años, que no tuvieron ninguna posibilidad.

La tarea, finalmente, no es fácil y hoy este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución sobre enfermedades mentales, que presenta el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, en donde se exhorta al secretario de Salud del gobierno federal, a efecto de que en el ámbito de su competencia implemente lo necesario y se haga una evaluación de los programas hasta ahora implementados y que a todas luces resultan insuficientes, a efecto de implementar el que se permita dar una respuesta cabal a las enfermedades mentales, no solamente como diputado y en representación de mi fracción parlamentaria respaldaremos y daremos seguimiento a las políticas nacionales en materia de salud, en particular a la que nos ocupa. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Habiéndose agotado la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

*PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida a la Secretaría se registren para la próxima sesión.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del XXXVIII Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Se han inscrito para hacer uso de la tribuna en este punto la diputada Graciela Saldaña Fraire, del PRD, la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del PAN, y el diputado Raymundo King de la Rosa, del PRI.

Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Presidente, quisiera hacer uso de la palabra en este punto también.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, diputado Durazo, lo anoto inmediatamente, ya le di la palabra a la diputada; lo anoto con mucho gusto.

La diputada Graciela Saldaña Fraire:Con permiso, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos, compañeros diputados. Amigos todos, los peninsulares del sur nos llamamos, como signo de identidad, a nombre de don Andrés Quintana Roo, poeta y forjador de la Independencia de nuestro país, y portamos en la piel y en la sangre el carácter indomable del pueblo maya, quien en defensa de su libertad y su dignidad cultural se apertrecho y configuró la resistencia en la franja más oriental de la península, territorio de dignidad, que hoy se conoce como estado libre y soberano de Quintana Roo.

Somos pues los herederos de la insurrección en contra de la esclavitud y el exterminio maya, y de la concentración absoluta y abusiva del poder, que a nombre de una casta criolla ejercieron los caciques de Campeche y Yucatán; conformamos desde entonces una forma propia de gobierno en resistencia, a través de la cabecera maya Chan Santa Cruz.

Somos parte integrante de la federación desde el 24 de noviembre de 1902, una reforma constitucional nos otorgó el carácter de territorio federal. Esto permitió comenzar a asentar las bases de nuestro desarrollo económico, pero también la explotación de nuestros recursos naturales.

Hasta hace 38 años, el Diario Oficial de la Federación publicó las reformas de los artículos 43, 73 y 89 constitucionales, que nos reconoce como estado libre y soberano e integrantes del pacto federal, suceso histórico que hoy recordamos y llamamos a conmemoración.

Los quintanarroenses somos también migrantes, poseedores de una fuerza de trabajo especializada y que gracias a ella la esplendorosa belleza de nuestro paisaje natural puede ser ofrecida como uno de los más reconocidos centros de atracción turística en el mundo.

Debemos cuidar y honrar nuestra herencia natural, cultural y política; no podemos permitir que las condiciones de violencia e inseguridad, que privan en algunas regiones del país, generen una percepción arbitraria que afecte el flujo de turistas en nuestra entidad. Tampoco podemos permitir en nuestro estado la reproducción de prácticas propias de los feudos decimonónicos de las castas de antaño, donde un cacique decidía y subyugaba la voluntad y la organización de las comunidades.

Desde esta tribuna llamamos a respetar las atribuciones y competencias de los distintos órdenes de gobierno, particularmente las correspondientes a ejercer a sus nueve ayuntamientos.

Hoy Quintana Roo es un estado con una enorme diversidad cultural social y de una vital pluralidad política; la mejor forma de conmemorar el XXXVIII aniversario de su reconocimiento como estado libre y soberano es honrándola y fortaleciéndola.

Recordemos que hacer de Quintana Roo un estado próspero y seguro es compromiso de todos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, antes de entrar en materia saludo desde esta tribuna a los estudiantes de la Universidad de Sonora, que nos acompañan en este recinto en un viaje de estudios.

Ante los ojos de todos nosotros aparecen en el muro frontal de este recinto los nombres de quien a lo largo de nuestra historia política han hecho posible a la nación. Solemos olvidar, sin embargo, los calificativos, que previo al juicio de la historia se les otorgaron o se les señalaron en su momento.

El juicio de la historia fue —lo sabemos hoy— muy distinto; ahí está Miguel Hidalgo, llamado en su tiempo seductor protervo, sedicioso, hipócrita, traidor a la patria, blasfemo y enemigo implacable del Estado; ahí está Emiliano Zapata, a quien el poder nombró Atila del sur, conductor de hordas salvajes, bandolero y enemigo de la civilización; ahí está Francisco I. Madero, considerado por los beneficiarios del viejo orden que contribuyó a desmontar como un loco ambicioso, enemigo del progreso y soñador descarriado.

Ahí está también Andrés Quintana Roo, en cuyo honor lleva hoy su nombre el estado y cuya constitución hoy conmemoramos.

Hay en la historia de México quienes han vivido tiempos de oscuridad, con la luz como horizonte. De esa estirpe fue Andrés Quintana Roo; su nombre nos acompaña en los muros de esta Cámara, porque en tiempos de cinismo y turbiedad, en tiempos de genuflexión, ante el poder constituido por los hechos, adoptó el camino de la dignidad y la defensa de la moralidad política.

Es un honor mencionar, junto a don Andrés Quintana Roo, a don Javier Rojo Gómez, gobernador impulsor de la infraestructura para que se pudiera aspirar al cambio de administración constitucional. Un ícono del priismo de sus mejores tiempos. Pero eso es historia

Hoy el estado de Quintana Roo es la segunda entidad más endeudada del país, después de Coahuila; una práctica que caracteriza a la mayoría de los gobernantes es la discrecionalidad en el manejo de las arcas públicas: no rinden cuentas.

Es inconcebible que Quintana Roo, siendo uno de los estados más jóvenes del país, tenga —a 38 años de su fundación— los vicios de un estado en decadencia. De ahí que esa entidad ocupe hoy uno de los primeros lugares en pederastia, en corrupción, tráfico de personas, prostitución, narcotráfico, lavado de dinero y crímenes.

Es responsabilidad elemental de todo servidor público preservar toda documentación relacionada con los acontecimientos que dan forma a nuestra historia.

La transparencia pretende combatir, particularmente, el fraude y la corrupción en el sector público.

Hablando de fraude, qué contradictorio que una de las áreas históricamente más vulnerables y susceptibles al fraude haya sido precisamente la electoral, cuyos testimonios el IFE pretende ahora destruir y a los cuales la elección presidencial en Quintana Roo no fue ajena.

No entraré aquí en la argumentación política y ética sobre la limpieza o no de esos comicios. Al margen de esa discusión, parece evidente que la decisión del IFE carece de perspectiva y sentido histórico, pues se trata de un material con un inestimable valor para encontrar la verdad sobre uno de los acontecimientos más decisivos en la historia de nuestro país.

Quiero decirles, recordar que con el arribo del PAN al poder, se ampliaron las opciones para interpretar la historia oficial que por décadas no pocos aceptamos acríticamente. Gracias a ese hecho tenemos ahora versiones contrastantes sobre acontecimientos históricos que fueron utilizados políticamente. Podría ser el caso de las elecciones de 2006 y 2012.

Ahora regreso al estado de Quintana Roo, no se preocupen; vendrán historiadores independientes, desligados de influencia e intereses políticos e insatisfechos con la versión escrita por los vencedores, interesados en arrojar luz sobre esta etapa política tan intensa de la vida nacional. Si no se hubiese preservado la información sobre los gobiernos de Quintana Roo, no sabríamos hoy que ese estado, más que un paraíso turístico, es un invernadero de la corrupción.

Por esa razón, debemos preservar también esos —termino, señor presidente—, esos elementos que nos van a permitir conocer uno de los acontecimientos más importantes en la historia reciente de nuestro país. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Informo a la asamblea que además de los inscritos han pedido —y se les concederá el uso de la tribuna— también participar en este tema la diputada Gabriela Medrano, del Partido Verde y la diputada Araceli Torres, del Partido del Trabajo.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Gabriela Medrano Galindo:Me ocuparé, señor presidente, de la efemérides, lo otro no solo se aparta del tiempo, sino son divagaciones y falsedades y podremos debatir, solo que ahora me ocupo de esto.

Honorable asamblea, el 18 de noviembre de 1937, durante el ejercicio de la XXXVII Legislatura y bajo la presidencia del ciudadano Alfonso Francisco Ramírez y con la presencia de 88 diputados, se presentó ante el pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre del ilustre patricio, licenciado don Andrés Eliseo Quintana Roo.

Don Andrés Quintana Roo fue un destacado abogado, político y poeta de la época independentista, cuyo mayor logro fue haber luchado por la libertad de este país, ¿y por qué hacemos referencia a este distinguido miembro del Congreso de Chilpancingo, presidente de la Asamblea Constituyente, diputado, senador, magistrado de la Suprema Corte y miembro del gobierno tripartita? Porque en su honor se dio el nombre al estado que hoy me enorgullezco en representar y me refiero al bello Quintana Roo.

Mi estado, junto a Baja California Sur, es una de las entidades más jóvenes en integrarse a esta federación; precisamente el día de ayer, 8 de octubre, se cumplieron 38 años, desde la declaración de Quintana Roo como un estado libre y soberano.

Hoy en día hablar de Quintana Roo es referirnos a un estado en crecimiento, de gente trabajadora, donde se abren ventanas de oportunidad para muchos mexicanos de otros estados, donde los inversionistas no temen llevar su capital.

Me llena de orgullo el señalar que aunque mi estado solo cuenta con 10 municipios —no nueve, diputada Graciela— tenemos más de 865 kilómetros de litorales, 19 áreas insulares, se practica la agricultura, la ganadería, la pesca; existen tres parques industriales y somos grandes productores de caña de azúcar.

Centros turísticos como Cancún, la Riviera Maya, Chetumal, Isla Mujeres o Cozumel, entre muchos otros, tan solo en 2011 captaron el 37.2 por ciento del total de divisas que ingresaron al país por concepto de turismo.

La afluencia de turistas que han llegado al estado, de enero a junio del presente año, ascienden a cuatro millones 328 mil 690 personas. Asimismo es importante destacar que nuestro gobernador, Roberto Borge Angulo, presidente de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, ha trabajado de la mano de los 10 municipios del estado, preocupado por los quintanarroenses, atento a las necesidades de la ciudadanía, sin distingos de colores partidistas, siempre abierto al diálogo positivo.

Un claro ejemplo de esto es el Plan Quintana Roo 2011-2016, con el cual el gobierno estableció los lineamientos para dar congruencia, orden y rumbo a todas las acciones de la administración con un gobierno incluyente, con un Quintana Roo solidario, competitivo, fuerte y verde.

Lograremos seguir impulsando el progreso de nuestro querido estado manteniendo nuestro liderazgo turístico en Latinoamérica con profundas raíces mayas, siendo Quintana Roo la puerta al Caribe mexicano.

Por estas razones, desde esta tribuna quiero convocar a mantener a nuestra entidad como un referente nacional en la generación de empleos y en la afluencia al turismo.

En México, Quintana Roo debe continuar como un faro de creciente gestión en infraestructura, de generación incesante de oportunidades, de crecimiento en beneficio de todos los sectores; en suma, de democracia, estabilidad y de desarrollo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Les voy a pedir que...

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Gracias, señor presidente. Por alusiones personales, quiero decirle, con todo respeto a la compañera, que no subí a la tribuna a rendir tributo a un gobernador que no lo merece, a un gobernador que ha agravado la situación del estado, con niveles de corrupción africanos y con un rezago social de los más altos en país fuera de las playas de Cancún.

Subí a la tribuna a rendir homenaje a un hombre, al hombre que dio nombre al estado de Quintana Roo, a don Andrés Quintana Roo, por ser un hombre que aportó a la historia de nuestro país, que se condujo con transparencia y que luchó desde su trinchera contra la corrupción, vinculado a la necesidad de conducirnos en la administración pública con transparencia.

Es que aproveché mi espacio en tribuna para pedir al IFE que reconsidere la decisión de destruir las boletas, porque es gracias a la preservación de testimonios históricos que podemos tener...

El Presidente diputado José González Morfín: Señor diputado. Permítame decirle que no hay un asunto a discusión...

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): ... nombres como el de Andrés Quintana Roo en las...

El Presidente diputado José González Morfín: Ni es tema a discusión. Estamos en una efeméride...

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): ... en este recinto...

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Voy a pedir que...

El diputado Tomás Torres Mercado(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Tomás Torres Mercado.

Quiero decirle a la asamblea que —en términos del Reglamento— en este tema no proceden las mociones sobre alusiones personales, en razón de que no hay ningún tema a discusión; se trata de una efeméride donde los grupos parlamentarios tienen el derecho de expresar lo que a su interés convenga. Sonido en la curul del diputado Tomás Torres Mercado.

El diputado Tomás Torres Mercado(desde la curul): En efecto, ciudadano presidente; primero, no hay una alusión personal, y por otra parte, no estamos en un tema a discusión, es solamente efemérides.

Puede decir lo que quiera decir; sin embargo, sí en la oportunidad de nuevamente retomar su participación. Gracias presidente por la conducción diligente de su parte.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias diputado.

La diputada Graciela Saldaña Fraire(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra la diputada Saldaña, en el entendido de que vamos a regresar al tema que nos ocupa, que es una efeméride y cada quien tiene derecho a expresar aquí lo que su interés convenga. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Graciela Saldaña Fraire(desde la curul): Con el objeto que fui aludida por la diputada Medrano.

El Presidente diputado José González Morfín: No proceden las alusiones personales, diputada, lo lamento mucho.

La diputada Graciela Saldaña Fraire(desde la curul): Entonces, complemento la información, si me permite.

Hice una efeméride, hice una efeméride a un estado de donde provengo y de un municipio que también ha habido intromisión, y en ese sentido fue como la dije. En ningún momento hablé mal del gobernador y respeto mucho la diferencia política de cada uno de los municipios, como de mi municipio, Benito Juárez, que es del PRD. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Araceli Torres Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Araceli Torres Flores:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para participar en esta sesión, en la que conmemoramos el XXXVIII aniversario de la creación como entidad federativa del estado de Quintana Roo.

El 18 de octubre de 1974, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman diversos artículos de nuestra norma fundamental, para efecto de nuestro tema, a los artículos 43, 73 y 89 constitucionales.

En el artículo 43 constitucional se incluye como parte integrante de la federación al nuevo estado de Quintana Roo. En el texto original de la Constitución de 1917 fue creado como territorio federal el territorio de Quintana Roo; en el caso del entonces territorio de Quintana Roo, por disposición de la reforma constitucional, publicada el 19 de diciembre de 1931, desaparece el territorio de Quintana Roo y se dispuso a la distribución de su territorio entre los estados de Yucatán, Campeche, con la descripción de los nuevos límites y ambas entidades.

En virtud de una nueva reforma constitucional, publicada el 16 de enero de 1935, se erige nuevamente el territorio de Quintana Roo.

En el caso de los territorios federales, las reformas de 1974 también afectan a la fracción XI del artículo 73 constitucional, en la que se establece la facultad del Congreso de la Unión para originar los territorios en estados, cuando tuvieran una población de 80 mil habitantes, y los elementos necesarios para proveer a sus existencias políticas.

Asimismo se reforma la fracción XI del artículo 89 constitucional, que da al presidente de la República la facultad de nombrar a los gobernadores de los territorios.

Con la reforma constitucional —hace 38 años— forman parte de la federación dos nuevas entidades federativas, que desde entonces, con el esfuerzo de sus habitantes, se han ocupado del desarrollo económico.

El estado tiene polos de desarrollo turísticos de primer orden, posee una inmensa riqueza natural; Cancún es conocido en todo el mundo, Playa del Carmen, Xcaret, Tulum y Bacalar, entre otros, han dado fama mundial al estado y el país en conjunto. Sin lugar a dudas, Quintana Roo cuenta en la actualidad con los elementos humanos y económicos que permita su total viabilidad como entidad federativa.

Compañeras y compañeros legisladores, en esta sesión celebramos la transferencia de los dos últimos territorios federales en estados, con plenos derechos. Sin lugar a dudas, en un tiempo cercano veremos también al actualmente Distrito Federal convertido en estado de la República.

Felicitamos a los habitantes del estado de Quintana Roo, por estos primeros 38 años como estado de la República Mexicana y estamos seguros que seguirán contribuyendo al engrandecimiento de México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Alicia Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Ricardo Monreal, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, solo una moción. Mire, usted no ordenó el que se le cortara el sonido a la intervención del diputado Durazo. Aquí los del sonido son muy obsequiosos. Mientras usted no indique una orden de cortar el sonido, no pueden hacerlo de manera obsequiosa ni gratuita.

Puede que tenga usted razón en su resolución, no la cuestiono, pero me parece una grosería de parte del servicio técnico, del sonido, que ojalá y no vuelva a ocurrir; cuando es una resolución suya la podemos combatir, pero imagínese, enfrentarnos con los del sonido, me parece muy grave.

El Presidente diputado José González Morfín: Tomo en cuenta lo que usted ha dicho, diputado Monreal. Tiene la palabra la diputada Ricalde.

La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña:Gracias, señor presidente. Estimadas legisladoras y legisladores, hoy estamos aquí para recordar que hace 38 años se emitió el decreto de creación del estado libre y soberano de Quintana Roo, mediante el cual se reformó el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el entonces territorio federal de Quintana Roo fue reconocido como estado integrante de la federación.

El Congreso Constituyente estuvo integrado por siete diputados, todos ellos miembros del PRI; este hecho marcaría la ruta del régimen político por venir, un régimen político local intolerante, dominado por caciques locales, como es hasta el día de hoy.

De 13 legislaturas que han trabajado en Quintana Roo, durante tres de ellas el PRI no permitió el ingreso de oposición alguna. Tuvieron que pasar 10 años desde el Congreso Constituyente para que se aceptaran a dos candidatos de oposición real, uno de ellos de Acción Nacional por la vía plurinominal y de ahí hasta el año de 1996, el autoritarismo priista campeó abiertamente.

Basta recordar los resultados electorales del año de 1993, en donde ganó la gubernatura estatal el priista Mario Villanueva, con un abstencionismo de más del 50 por ciento; Villanueva obtuvo el 91.98 por ciento de los votos emitidos. Éste es solo un ejemplo de cómo se ha ejercido una política autoritaria por ese régimen.

La administración de esta entidad federativa ha estado marcada por la corrupción, de malas administraciones, debido a la ineficacia de sus gobernadores. Los gobiernos municipales, diputados y regidores de oposición son acosados, amenazados y en varios casos destituidos, como acaba de pasar con la presidenta municipal de Tulum.

Recordemos que al primer gobernador constitucional de esta entidad federativa, Jesús Martínez Ross, se le recuerda por traición a la patria, como lo calificó Manuel Buendía, por haberle regalado —entre comillas— a la Universidad de las Américas un millón de metros cuadrados, con un kilómetro de playa en Puerto Morelos, terreno que esta universidad tuvo que regresar por la presión social, retornándole las escrituras al gobernador Pedro Joaquín Coldwell y exigiéndole que le regresara lo que le dieron a Martínez Ross, en dólares.

Mario Villanueva desgobernó de 1993 a 1999. Quien fuera secretario de gobierno del ex gobernador Coldwell y ha sido conocido como el narco gobernador fue acusado de narcotráfico al finalizar su sexenio. No se presentó a entregar el cargo a su sucesor y permaneció prófugo de la justicia desde ese momento hasta ser capturado posteriormente en Cancún y encarcelado en el penal de alta seguridad del Altiplano.

Recordemos que con Villanueva se hizo exageradamente evidente la penetración de la delincuencia organizada en el gobierno de Quintana Roo.

Actualmente, este personaje se encuentra extraditado en Estados Unidos de América y ha argumentado a su favor que no fue en su gobierno cuando llegó el narcotráfico a Quintana Roo, que ya había antecedentes de esto en los gobiernos anteriores.

Por su parte, el hoy senador Félix González Canto, carga —entre otras cosas— haber aumentado la deuda pública en cerca de 14 mil millones de pesos, sin que existan obras que lo justifiquen, dejando a nuestro estado en el segundo lugar de los estados más endeudados del país.

Finalmente, durante la presente administración Quintana Roo, pese a ser el primer lugar en competitividad turística se desplomó al último sitio en eficiencia gubernamental. Lo que quiere decir que el estado ocupa el último sitio en transparencia, en combate a la corrupción, buen gobierno y recaudación de impuestos, como el IVA.

Por su parte, el Congreso local no se queda atrás. Basta decir que de acuerdo con datos revelados por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, publicados en agosto del año pasado, el Congreso de Quintana Roo no cumple con los requisitos mínimos de transparencia.

La mejor manera de conmemorar la creación del estado de Quintana Roo es impulsando la democratización...

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego respeto al orador. Es una efeméride, está hablando de Quintana Roo. A todos les he dado un minuto de tolerancia. No proceden mociones, les ruego permitan que concluya la oradora para poder concluir con este tema.

Después vendrá la intervención del Grupo Parlamentario del PRI. Necesitamos aprender a escucharnos unos a los otros, no hay de otra.

Concluya, por favor, con su intervención, diputada.

La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña:Gracias, señor presidente. Nuestro partido tiene el objetivo y la intención de encabezar las causas y bandera de los ciudadanos para consolidar la existencia del estado de derecho, a efecto de garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población.

La mejor manera de conmemorar la creación del estado de Quintana Roo es impulsando la democratización de la vida política, estableciendo un régimen político de libertades plenas, ampliando la lucha en contra de la delincuencia organizada en cada uno de los municipios y en todo el estado, y garantizando seguridad en sus vidas y en sus propiedades a todas y cada una de las familias de esa entidad federativa.

Y como lo expresa la letra de nuestro himno: la tenacidad como virtud. Eso es Quintana Roo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul en la que se encuentra el diputado Williams Ochoa.

El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Lo único que estamos pidiendo, por mi conducto, la fracción parlamentaria del PRI, es que —como usted bien sabe— este tema no se puede someter a discusión, pero sí podemos apegarnos a una moción de apego al tema, como lo marca el artículo 114 de nuestro Reglamento.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. A juicio de la Presidencia —con todo respeto— sí se refirió al estado de Quintana Roo quien hizo uso de la tribuna.

Tiene finalmente, para concluir este tema, el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Raymundo King de la Rosa:Muchas gracias. Con su venia, señor presidente de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados, primero comentarle aquí al diputado Durazo, respeto el Reglamento, y a la diputada Gabriela Medrano.

Por otro lado, informarle aquí a la diputada Graciela Saldaña, que en Quintana Roo no somos nueve municipios, sino 10, y finalmente, aquí con la diputada Alicia Ricalde, pues a ver si es del PRD o es de Acción Nacional, ya que su hermano, Julián Ricalde, es el presidente municipal y hermano de ella. Valdría la pena la congruencia ideológica...

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a todos los presentes el mismo respeto que pedí para los otros oradores; les pido que oigamos con respeto a quien hace en este momento uso de la tribuna.

El diputado Raymundo King de la Rosa:El día de ayer, 8 de octubre —gracias, señor presidente—, se cumplieron 38 años, que por mandato constituyente el estado de Quintana Roo obtiene vida constitucional propia como integrante de la federación, ello como resultado de la movilización cívica y ciudadana de los habitantes del entonces territorio federal.

Quintana Roo, como consecuencia de sus propios éxitos, tiene hoy grandes retos inmediatos, su acelerado crecimiento poblacional derivado de su atractivo turístico y laboral requiere, a su vez, más recursos para continuar respondiéndole al país con la velocidad necesaria, en virtud del limitado presupuesto que año con año recibe nuestra entidad y el cual no se toman en cuenta factores como el crecimiento de la población flotante y el hecho cierto e innegable que nuestro estado contribuye con más del 30 por ciento de las divisas que hay en nuestro país.

A mayor abundamiento, el mismo presidente Felipe Calderón, acostumbra vacacionar, junto con su familia, en la bella isla de Cozumel; sin embargo, durante su administración fueron cancelados trascendentales proyectos turísticos, como la construcción del aeropuerto internacional de la Riviera Maya, así como de tres muelles de cruceros, sin que a la fecha se hayan justificado plenamente las razones que fundamentaron tan lamentables decisiones.

Es por ello que desde esta tribuna convoco a mis compañeros y compañeros quintanarroenses a sumarnos a la intensa labor, que sin distingos partidistas de ninguna índole ha emprendido nuestro gobernador Roberto Borge Angulo, que en todos los municipios de nuestro estado ha venido trabajando, al ser reconocida de forma abierta, de forma clara por todos los sectores de nuestra sociedad.

Pero conminando especialmente a aquellos actores políticos, que sin conocimiento del estado —y mucho menos sin idiosincrasia y sin identidad—, han reaccionado contrariamente al beneficio social, de forma irresponsable, con argumentos legaloides y politiquería partidista; para que se sumen a la buena voluntad y al accionar de nuestro gobernador dentro de sus facultades constitucionales, en beneficio de la sociedad.

En Quintana Roo hay crecimiento sostenido y lo vemos en todo momento; va a duplicar su población en los próximos años, derivado de una migración constante, principalmente de aquellos estados como Guerrero, donde no hay condiciones ni crecimiento; como Michoacán, donde hay una deuda muy grande con la sociedad; en Oaxaca, donde lo único que existe es la intolerancia. Ahí en Quintana Roo se les han abierto los brazos con mayores empleos y ahí está la constancia de un estado en pleno crecimiento.

Con ello el gobernador de Quintana Roo ha intervenido...

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a todos los presentes permitan que el orador concluya con su intervención.

El diputado Raymundo King de la Rosa:... de manera clara y contundente al rescate del municipio de Benito Juárez, ante las desastrosas administraciones de Gregorio Sánchez y de Julián Ricalde, evitando con ello el embargo de participaciones federales, por más de 118 millones de pesos, como el Fonhapo.

Es lamentable lanzar acusaciones infundadas y con un claro tinte electorero, con aseveraciones graves, que tendrán que probar. No se vale que interpongan sus oscuros intereses —por el bienestar de la sociedad— aludiendo, con el afán de desestabilizar y generar una cortina mediática, que en nada beneficia a los quintanarroenses.

En Quintana Roo hay estabilidad, hay desarrollo, hay un gobierno incluyente que sabe escuchar y que prefiere el diálogo a la confrontación; un gobierno cercano a la gente y que da resultados.

En este XXXVIII aniversario de Quintana Roo, hay un rumbo claro y hay un liderazgo firme. Que viva Quintana Roo. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Me están solicitando la palabra para alusiones personales. No procede, en los términos del 114 del Reglamento; no se las puedo dar.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín(a las 15:43 horas): Como se han agotado los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 11 de octubre de 2012, a las 11 horas. Se les informa que el registro electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.

————— O —————