INICIATIVA Y PROPOSICIONES

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa del turno que le corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 11 de octubre de 2012, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea de los turnos dictados a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 11 de octubre de 2012 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que deroga el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Vivienda, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SEP y del INAH, se declare a Tamazula, Durango, zona de patrimonio histórico y cultural de México, así como la casa donde nació y vivió Guadalupe Victoria, como monumento histórico y cultural de México, a cargo de la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

3. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial encargada de fomentar y vigilar que la industria eólica en la región del istmo de Tehuantepec contribuya activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental de la zona, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

4. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, lleve a cabo una amplia convocatoria a foros y mesas de trabajo en la que participen autoridades, especialistas, investigadores, instituciones académicas, ONG´s, organismos internacionales y la sociedad civil, con la intención de contribuir al diseño de un nuevo modelo penitenciario eficiente, justo, digno y con apego a los estándares internacionales en la materia, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las entidades federativas intensifiquen las acciones para la promoción de la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieren para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de seguimiento, atención y fomento a la agroindustria azucarera mexicana, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

7. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la atención de la región centro occidente, a cargo de la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

8. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob, instituya el día 30 de agosto como el Día Nacional de la Participación Ciudadana, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Gobierno de la CFE, establezca una tarifa especial para los hogares de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Energía, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a los resultados del proyecto Aceite Terciario del Golfo en el paleocanal Chicontepec, suscrito por los diputados Alma Jeanny Arrollo Ruíz y Jorge Del Angel Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

11. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a la problemática de los telebachilleratos, a cargo del diputado Armando Contreras Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua, ejecuten las medidas provisionales pertinentes de saneamiento en el vaso regulador El Cristo, a cargo de la diputada Rosalba Gualito Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, para que revise y actualice el subsidio anual que otorga por alumno a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a cargo del diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.»

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

«Iniciativa que deroga el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Exposición de Motivos

Contrario a lo que muchos pueden creer, la justicia y las prestaciones sociales que el estado otorga a su población, no son una dádiva o una regalía, se trata de un derecho fundamental y una de las más grandes responsabilidades, insoslayable para cualquier gobierno.

Nuestro país a principios del siglo XX estipuló la seguridad y prestaciones sociales de manera implícita en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dentro del espectro de la seguridad social encontramos servicios de salud, el pago de pensiones al término de la actividad productiva, el acceso a créditos para la vivienda y otros derechos para el trabajador.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, apartado A, fracción XII, establece que: “Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones”.

Con base en lo anterior debe resaltarse una cuestión fundamental: La Carta Magna pone especial énfasis en que los créditos otorgados a los trabajadores, a través el organismo que se cree a partir de la expedición de la ley que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda, deben tener carácter de “utilidad social”, y en ningún momento el fondo nacional para la vivienda perseguirá fines de lucro con estos fondos.

Sin embargo este precepto es violado por el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Este artículo en comento dice: “El derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a recibir los recursos de la subcuenta de vivienda en los términos descritos en el artículo 40, prescribe a favor del Fondo Nacional de la Vivienda a los diez años de que sean exigibles”.

Esto es una expropiación injusta que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ejerce contra los trabajadores, o en su caso sus beneficiarios, al término de diez años de ser exigible el fondo de la subcuenta de vivienda.

Esto no debería ser así, porque en la mayoría de los casos la gente que tiene derecho a este tipo de recursos no está bien informada de cuánto es el tiempo que tiene para retirar su dinero, asimismo, resulta una acción abusiva que el instituto se quede con el dinero que el propio trabajador ahorra; no hay razón alguna que sustente tal proceder ya que actuando de esta manera no se respeta la seguridad social. Es decir, los recursos de la subcuenta de vivienda deberían ser permanentes para los trabajadores y, en su caso, para sus beneficiarios, porque son producto de los ahorros que se obtuvieron durante la vida laboral; en dado caso únicamente deberían pasar a manos del Infonavit cuando el trabajador muera y éste no tenga beneficiario alguno al cual heredárselos.

Si dejamos la redacción de este artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores estaremos solapando el abuso de autoridad, pues es la más clara expresión y prueba más fiel del descaro y arbitrariedad que caracteriza a esta normatividad, bajo la complicidad gubernamental, lo cual resulta inaceptable ya que el trabajador está generando ingresos como para que se le quiten. Recordemos que nuestra Constitución Política ordena en su artículo 14 como una de las garantías fundamentales para la seguridad jurídica de todo individuo que “nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones y derechos, sino mediante previo juicio”.

Sin embargo en abierta violación a esta garantía individual, el multireferido artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores autoriza que después de una década los recursos de la subcuenta de vivienda pasarán a ser parte del Fondo Nacional de la Vivienda.

Por lo mismo en este proyecto de decreto estamos proponiendo derogar este artículo tan lesivo para la clase trabajadora. Ello lo hacemos porque sólo en la justicia social, como se desprende de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puede florecer una paz social duradera. Asimismo porque, como ya dijimos líneas arriba, en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece el carácter de utilidad social, es decir, la seguridad social es un servicio público que debe ser proporcionado por el estado de manera exclusiva, integral, perpetua e irrenunciable.

El destino y origen de estos recursos no deben ser la ganancia y el lucro descarnado, antípodas de la esencia y objetivo de la seguridad social, prohibidas por el artículo 123 constitucional, así como por los Convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto que deroga el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores

Único. Se deroga el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 37. Se deroga.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las personas que hayan caído en el supuesto del artículo que se deroga, tendrán un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para solicitar al instituto el reintegro de la subcuenta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

ESTADO DE DURANGO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar –por la SEP y el INAH– zona de patrimonio histórico y cultural de México Tamazula, Durango, y monumento histórico y cultural de México la casa donde nació y vivió Guadalupe Victoria, a cargo de la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Sonia Catalina Mercado Gallegos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha 5 de octubre de 2010, el entonces diputado José Ricardo López Pescador presentó proposición con punto de acuerdo ante la Cámara a efecto de exhortar al gobierno federal a efecto de que, por una parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP), por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, declarase Tamazula, Durango, como zona de patrimonio histórico y cultural de México, así como también la casa donde vivió y nació don Guadalupe Victoria, en esa población.

Aprobada que fue la referida proposición, las autoridades exhortadas comunicaron en mayo de 2011 a esta soberanía la recepción y el turno de dicho asunto al área correspondiente para “determinar su viabilidad y, de ser el caso, iniciar las acciones correspondientes conforme a la normativa vigente”.

Pese a lo anterior, prácticamente después de un año y medio, la Cámara no ha tenido una respuesta satisfactoria. De ahí que presente esta proposición, en razón de las siguientes

Consideraciones

A casi año y medio de recibida dicha respuesta, lo cierto es que hasta el momento las autoridades de la SEP no han emitido un acuerdo definitivo sobre el tema requerido, por lo cual el presente punto de acuerdo reitera en sus términos la proposición realizada por el entonces diputado Ricardo López Pescador.

Lo anterior es así porque la herencia de nuestros antepasados es el patrimonio tangible o intangible que nos han legado, el cual tiene su expresión más acabada en los muebles e inmuebles, así como en los aspectos materiales e inmateriales, que dan cuenta del alma y la esencia de nuestro pueblo.

El patrimonio es la fuente de vida de la cual se nutre la sociedad, generación tras generación, para reafirmar su identidad, recrear su existencia y proyectarse en el tiempo.

Los esfuerzos por reivindicar la ineludible vitalidad de la historia para un mejor conocimiento del pasado, comprensión del presente y planeación del futuro reclaman una serie de acciones que nos permitan la materialización de los más altos valores que nos unen e identifican, particularmente en los tiempos actuales, cuando la mundialización y la globalización deben tener como base el rescate y fortalecimiento de lo local.

Luis Villoro señala que desde la antigüedad “la historia ha sido un elemento indispensable en la consolidación de las nacionalidades... En otros casos, la historia que trata de regiones, grupos o instituciones ha servido para cobrar conciencia de la pertenencia de los individuos a una etnia, a una comunidad cultural, a una comarca; al hacerlo, ha propiciado la integración y perduración del grupo como colectividad. Ninguna actividad intelectual ha logrado mejor que la historia dar conciencia de la propia identidad a una comunidad. La historia nacional regional o de grupos cumple, aun sin proponérselo, una doble función social: por un lado, favorece la cohesión en el interior del grupo; y por el otro, refuerza actitudes de defensa y de lucha frente a los grupos externos...”

Es innegable entonces que la conciencia histórica tiene un peso mayúsculo en la vida de los pueblos. Como señala el francés Raymon Aron, “la conciencia del pasado es constitutiva de la existencia histórica. El hombre posee de verdad un pasado sólo si tiene conciencia de poseerlo, pues únicamente esta conciencia introduce la posibilidad del diálogo y la elección. De otro modo, los individuos y las sociedades llevan encima un pasado que ignoran, que sufren con pasividad. Mientras no tienen conciencia de lo que son y de lo que fueron no alcanzan la dimensión propia de la historia. La historia es la reconstitución, por y para los vivos, de la vida de los muertos. Nace, pues, del interés actual que los hombres que piensan, sufren, actúan, tienen en explorar el pasado. Búsqueda de un antepasado cuyo prestigio y cuya gloria se prolongan hasta el presente, elogio de las virtudes que hicieron nacer y prosperar a la ciudad, relato de las desgracias queridas por los dioses o atraídas por las faltas de los humanos que precipitaron su ruina, la memoria colectiva parte, como la memoria del individuo, de la ficción, mito o leyenda, y se abre penosamente camino hacia la realidad...”

En suma, siguiendo a W. Dilthey, en Teoría de las concepciones del mundo, “aspiremos a la luz, a la libertad y a la belleza de la existencia. Pero no en un nuevo comienzo, rechazando el pasado. Tenemos que llevar con nosotros a los antiguos dioses a toda patria nueva”.

En la óptica anterior, resulta plausible dar cuenta a las nuevas generaciones del legado que nos ha dejado a su paso don Guadalupe Victoria, primer presidente de México, un militar y político destacado en la Guerra de Independencia frente al imperio español, cuyo nombre fue inscrito con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara, como un homenaje a su dedicación, entrega, compromiso y heroísmo en favor de la patria.

Es justo también dar visibilidad a los muros y a la noble tierra que fueran testigo de sus primeros pasos, cómplices de su vocación libertaria y dieran cobijo al alma generosa y republicana de don José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix.

En razón de lo expuesto, se somete a su consideración la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a declarar por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Antropología e Historia

a) Zona de patrimonio histórico y cultural de México Tamazula, Durango; y

b) Monumento histórico y cultural de México la casa donde nació y vivió Guadalupe Victoria, en Tamazula de Victoria, Durango.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 11 de octubre de 2012.— Diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Juan Jesús Aquino Calvo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que abarcan desde la reducción a la mitad de la extrema pobreza, hasta la detención de la propagación del VIH/Sida y la consecución de la enseñanza primaria universal para el año 2015, constituyen un plan convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial. Los objetivos han reavivado esfuerzos sin precedentes para ayudar a los más pobres del mundo.

En septiembre de 2000, basada en un decenio de grandes conferencias y cumbres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los dirigentes del mundo se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, para aprobar la Declaración del Milenio, comprometiendo a sus países con una nueva alianza mundial para reducir los niveles de extrema pobreza y estableciendo una serie de objetivos sujetos a plazo, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cuyo vencimiento del plazo está fijado para el año 2015.

El Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas fue encargado en el año 2002 por el secretario general de las Naciones Unidas para preparar un plan de acción concreto para que el mundo pueda alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y erradicar la extrema pobreza, el hambre y las enfermedades que afectan a miles de millones de personas. En 2005, el órgano asesor independiente presidido por el profesor Jeffrey Sachs, presentó su recomendación final al secretario general en un volumen de síntesis Invirtiendo en el desarrollo: un plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La Campaña del Milenio de las Naciones Unidas se ha destacado por la notable coincidencia de opiniones de los líderes mundiales con relación a los retos que el mundo enfrenta, lográndose con ello que se establecieran objetivos concretos, los cuales se denominaron Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que se constituirían desde ese entonces, como uno de los lineamientos para que todo el sistema de la Organización de las Naciones Unidas trabaje coherentemente y en conjunto hacia un fin común.

Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio son:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2. Lograr la enseñanza primaria universal.

3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años.

5. Mejorar la salud materna.

6. Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades.

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

Estos ocho objetivos están divididos en 22 submetas y 80 indicadores a alcanzar por los países firmantes. Esto es importante ya que el alcanzar cada uno de los indicadores es como se alcanzan las submetas y las metas respectivamente.

El compromiso de México es lograr que los indicadores específicos del país, para cada uno de los temas de interés, alcancen el valor esperado en el plazo establecido. Sin embargo, los datos nacionales no son suficientes para reflejar la situación prevaleciente y se hace necesario calcular y analizar el estado y el comportamiento de los indicadores a nivel de las entidades federativas, pues entre éstas existen marcadas diferencias en cuanto al grado de desarrollo prevaleciente, lo cual significa que los indicadores correspondientes a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, podrían estar reflejando marcadas diferencias respecto al promedio nacional.

De ahí la importancia de avanzar en el cálculo, análisis y seguimiento de los indicadores con esa desagregación geográfica y en todos aquellos casos en que sea posible, también a nivel municipal.

Cabe mencionar que a pesar de la falta de datos que faciliten el cumplimiento de este compromiso internacional, el estado de Chiapas aprobó en julio de 2009 una reforma a su Constitución local para adaptar sus leyes a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en 2011 fue más allá al aprobar un nuevo capítulo dentro de la Constitución estatal que convierte en norma superior el cumplimiento de los ODM al establecer que todos los programas sociales deberán armonizarse hasta alcanzarlos. Esto hace de Chiapas un estado pionero y ejemplo de lo que los demás estados de la federación debieran hacer.

Las instituciones federales encargadas de desarrollar el seguimiento y los indicadores del cumplimento de las metas, submetas e indicadores de México en los ODM son: presidencia de la República; Consejo Nacional de Población (Conapo); Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Sagarpa); Secretaría de Educación Pública (SEP); Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Secretaría de Salud (Ssa); Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS); y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

¿Por qué es importante una comisión especial que dé seguimiento y coadyuve a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio?

• Porque estamos a tres años del cumplimiento de los compromisos adquiridos por México como estado firmante de la Declaratoria del Milenio de la ONU.

• Porque existe falta de información sobre el cumplimiento de los ODM en los niveles estatal y municipal de gobierno.

• Porque a la fecha, sólo dos entidades federativas han armonizado su constitución y legislación secundaria para estar en condiciones de alcanzar estas metas: Chiapas y Coahuila.

• Porque alcanzar estas metas, además de ser un compromiso adquirido internacionalmente, se traduciría en el aumento en la calidad de vida la mayor parte de la población mexicana.

• Porque en el seguimiento de alcance de indicadores de México hay 18 que se encuentran en riesgo de no cumplirse por presentar un ritmo más lento al esperado para su consecución.

• Porque 44 indicadores están calificados como “muy probables de cumplir”, debido a que presentan mejoras en sus niveles de desarrollo.

• Porque 18 de los indicadores que México se comprometió a alcanzar ya se han cumplido, por lo que nuestro país se encuentra en ruta correcta para lograr la meta fijada para el 2015.

• Porque de acuerdo al Banco Mundial, México tiene un nivel de ingreso alto-medio, por lo que sus metas tienen mucha probabilidad de ser cumplidas.

• Porque el Congreso de la Unión no debe ser ajeno a la implementación y evaluación de las políticas públicas, tanto federales como estatales, tendientes al cumplimiento de los compromisos hechos por el Estado mexicano, tendientes al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la creación de la comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Segundo. Esta comisión tendrá por objeto dar seguimiento y coadyuvar con el gobierno federal en la consecución de las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas.

Tercero. Podrá solicitar la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con el marco normativo aplicable.

Cuarto. La comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio estará integrada por los diputados de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, contando para su dirección con un presidente y dos secretarías.

Quinto. La comisión especial estará vigente todo el tiempo que sea necesario para alcanzar su objetivo, el cual no podrá exceder el 30 de agosto de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputado Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE FOMENTAR Y VIGILAR QUE LA INDUSTRIA EOLICA EN LA REGION DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC CONTRIBUYA ACTIVA Y VOLUNTARIAMENTE AL MEJORAMIENTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LA ZONA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial encargada de fomentar y vigilar que la industria eólica en el istmo de Tehuantepec contribuya activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental de la zona, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, y del Trabajo, así como de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía propuesta con puntos de acuerdo, con las siguientes

Consideraciones

México ha signado diversos tratados internacionales, entre los que destaca la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en los cuales se compromete, entre otras cosas, a incrementar el uso de las fuentes renovables para la generación de energía limpia.

Por ello, en el Programa Sectorial de Energía 2007-2012 se estableció el objetivo de aumentar la participación de las energías renovables en la capacidad de generación de energía eléctrica de 23 a 26 por ciento durante el periodo.

En el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, definido en la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y su Reglamento, se establece como uno de los objetivos específicos para 2012 en materia de energías renovables impulsar el desarrollo de esta industria en México, incrementando la capacidad instalada de 3.3 por ciento en 2008 a 7.6 en 2012, y la eólica de 0.15 a 4.34 en los mismos años.

Por lo que se refiere a la energía eólica, México cuenta con un destacable potencial, que se estima asciende a 71 mil megavatios. La entidad federativa con mayor capacidad potencial de generación de este tipo de energía es Oaxaca, con 33 mil megavatios, donde resalta el istmo de Tehuantepec, considerada una de las mejores zonas de viento a escala mundial, además de que los emplazamientos con alta calidad del recurso eólico en el estado representan aproximadamente 7 por ciento de su área.

A efecto de que México alcance su nivel óptimo de generación de energía eólica es medular que se fomente esa industria en Oaxaca. Como muestra de lo anterior, empresas de origen extranjero han determinado instalar y operar diversos parques eólicos en esa zona del istmo de Tehuantepec: La Venta I, II y III, Oaxaca I, II, III y IV, Parques Ecológicos de México, Eurus, Fuerza Eólica del Istmo, La Mata, La Ventosa, Bii Nee Stipa, Energía Alterna Istmeña, Energía Eólica Mareña, Bii Hioxio, Bii Stinú, Santo Domingo, Desarrollos Eólicos Mexicanos y Zapoteca de Energía.

Si bien en teoría el funcionamiento de centrales eólicas implica beneficios innegables para el país, como la creación de fuentes de trabajo, desarrollo industrial, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y contribución a la capacidad de generación del sistema eléctrico nacional, en la práctica el proyecto eólico del istmo de Tehuantepec ha convulsionado la región y precipitado un enorme número de conflictos sociales.

En 1999, grupos de ejidatarios iniciaron un movimiento de protesta motivado por los bajos precios que pagaba la Comisión Federal de Electricidad por la ocupación de las tierras y por el incumplimiento de los ofrecimientos de obra pública hechos al ejido. La privatización se ha operado por contratos de arrendamiento de tierras que favorecen a las empresas transnacionales, con duración de 30 años, y renovación automática por otros 30, y por los que con frecuencia se pagan a los dueños de las tierras 150 pesos anuales por hectárea, lo cual no es equivalente en ningún caso al costo real de la tierra comparado con las utilidades obtenidas por el uso de éstas.

Los contratos se firmaron acompañados de promesas de desarrollo y bienestar para la región; sin embargo, con el paso de los años los campesinos se han encontrado con destrucción de las tierras, engaños, afectaciones, abusos, amenazas, intimidación, enfrentamientos intercomunitarios y problemas entre pueblos. En resumen, las comunidades afectadas por los parques eólicos hasta el momento establecidos no se han beneficiado con la instalación de éstos, ni siquiera con tarifas preferenciales de consumo eléctrico.

Por tanto, en el istmo de Tehuantepec está en juego el reto de definir la responsabilidad y justicia social, así como el respeto de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en las inmediaciones de éstas.

Ello parte del hecho de que muchas de las zonas que cuentan con recursos eólicos para aprovechar en Oaxaca son zonas con bajos índices de desarrollo, habitadas por pueblos indígenas, que han sido agraviadas en cuanto a la alteración de su entorno, sus medios de subsistencia y la contaminación del ambiente.

En particular, las acciones del Estado mexicano en materia de generación de energías renovables, como la eólica, se han centrado en atraer empresas interesadas en instalar y operar centrales eólicas, pero en ninguno de los casos en que éstas contribuyan activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental de la zona. Por tanto, la creación de una comisión con ese enfoque es primordial, pues hasta hoy no hay una propuesta con ese objetivo.

La comisión propuesta tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

• Vigilar y, en su caso, exigir a las empresas garantizar el bienestar social de la población en las comunidades donde estén establecidas, partiendo del enfoque “empresa socialmente responsable”.

• Ser interlocutora entre los diferentes actores empresariales, sociales y de gobierno para el entendimiento y la elaboración de directrices y normativas para lograr la armonía y el desarrollo de todos los actores involucrados.

• Vigilar la protección del ambiente, de la fauna y de los medios de subsistencia de las comunidades autóctonas.

• Observar que las comunidades se beneficien de la instalación de los parques eólicos, tanto por derechos adquiridos al amparo de contratos ya signados como por los beneficios que las propias empresas privadas, la Comisión Federal de Electricidad, la CMI, la Sedesol, los ayuntamientos y los Coplademun pudiesen ofrecer, como capacitación y el empleo directo de los habitantes de la misma comunidad.

• Contribuir al desarrollo de la industria eólica y de las zonas, conforme al marco legal, regulatorio y normativo en México.

Por lo expuesto, la comisión especial propuesta se encargará de fomentar y vigilar que la industria eólica en la región del istmo de Tehuantepec contribuya activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental de la zona, pues ha quedado de manifiesto la falta de vigilancia en la responsabilidad social que las empresas con proyectos de energía deben cumplir, así como de la responsabilidad que deben presentar diferentes organismos de gobierno encargados de promover y proveer de políticas públicas de desarrollo social y económico en las comunidades afectadas por la implantación de parques e instalaciones de generación de energía eólica.

Compañeras y compañeros diputados, se someten a resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La constitución de una comisión especial que se encargará de armonizar los intereses del Estado, las empresas y las comunidades donde se instale la industria generadora de energía eólica, a fin de fomentar la inversión extranjera en el rubro, confiriendo prioridad al mejoramiento social, económico y ambiental del istmo de Tehuantepec, a efecto de cumplir uno de los objetivos del Programa Sectorial de Energía 2007-2012, en cuanto a “fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustibles técnica, económica, ambiental y socialmente viables”.

Segundo.La comisión especial materia del presente acuerdo tendrá vigencia hasta el final de la presente legislatura, que será el 31 de agosto de 2015.

Diputados: Yesenia Nolasco Ramírez, Silvano Aureoles Conejo, Karen Quiroga Anguiano, Roberto López Rosado, Carol Antonio Altamirano, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Gloria Bautista Cuevas, Mario Rafael Méndez Martínez, Eva Diego Cruz, Rosendo Serrano Toledo, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, María de las Nieves García Fernández, Hugo Jarquín, Samuel Gurrión Matías, Martín de Jesús Vásquez Villanueva, José Soto Martínez, Juan Luis Martínez Martínez, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

MODELO PENITENCIARIO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía que lleve a cabo una amplia convocatoria a foros y mesas de trabajo con autoridades, especialistas, investigadores, instituciones académicas, ONG, organismos internacionales y la sociedad civil para contribuir al diseño de un modelo penitenciario eficiente, justo, digno y ajustado a los estándares internacionales en la materia, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

Hoy en día son más los mexicanos que consideran un fracaso la guerra en contra del crimen organizado por parte del gobierno de Felipe Calderón, al Ejecutivo federal no le ha servido de mucho gastar más de 20 mil 501 millones 987 mil pesos en publicidad para la exaltación de sus acciones durante su mandato, ya que diario los enfrentamientos, muertes y ajustes de cuentas entre células del narcotráfico revelan lo contrario.

El combate frontal de Felipe Calderón en contra del narcotráfico ha pasado por alto el respeto a los derechos humanos, políticos y sociales del resto de la sociedad, con el fin de justificar un mal menor a cambio de un bien mayor, sin importarle que se pierdan en el camino los objetivos principales de la lucha y las malas prácticas se conviertan en una constante.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México revela en informes detallados sobre casi 90 casos desde 2007 en los cuales determinó que miembros del Ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos, y ha recibido denuncias adicionales de casi 5 mil 800 violaciones de derechos humanos ocurridas entre 2007 y octubre de 2011.

La desacreditación gubernamental por parte de la sociedad, se alimenta de la precariedad en el ámbito políticas públicas, que sirvan para enfrentar las causas que originan el crimen organizado, como es la pobreza y la falta de oportunidades, así como la incapacidad por parte de las autoridades para hecer valer el estado de derecho.

El crimen organizado durante este sexenio, ha hecho del uso de la violencia irracional un beneficio, ya que le ha permitido eliminar a sus competidores, someter a las autoridades y extender sus dominios territoriales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Inseguridad Pública 2012, el 57.5 por ciento de las personas mayores de 18 años temen por el clima de inseguridad en el país.

Por su parte el Centro de Investigación para el Desarrollo coloca a México en el lugar 16 de 115 países con el mayor índice de violencia y delincuencia a nivel mundial, con una tasa de 10.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, seguido de naciones como Panamá y Nicaragua y por encima de naciones que han experimentado conflictos armados como Palestina.

Por esa razón, organizaciones no gubernamentales mexicanas interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el gobierno mexicano, por hechos entre los que destacan las fosas clandestinas descubiertas de 2007 a 2011, de las cuales se han encontrado restos mil 230 cuerpos que no han podido ser identificados, así como los más de 160 cadáveres vinculados a las masacres de Tamaulipas y las decenas de miles de muertes relacionadas con ajustes de cuentas, masacres y los llamados “daños colaterales” por el Ejecutivo federal.

Sin embargo lo único que hemos recibido por parte del gobierno federal a través de discursos y comunicados ha sido un “vamos ganando” y un sistema penitenciario colapsado en su afán de querer hacer la diferencia en números mediante una casería desmesurada, contribuyendo en gran medida a la sobrepoblación en los centros de reclusión.

De acuerdo con datos de la SSP, la población de reos en las cárceles del país asciende a 238 mil 269 reos, de los cuales 50 mil 413 pertenecen al fuero federal, y que tan solo en 27 de cárceles se concentra el 50.1 por ciento de la población penitenciaria nacional.

En el ámbito internacional, México es uno de los países con mayor porcentaje de reclusos, ya que se tiene una tasa promedio de 207 reclusos por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio internacional es de 145 por cada 100 mil habitantes.

Ahora el Ejecutivo federal a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal informó que en los próximos meses serán entregados 8 centros federales con capacidad para 51 mil reos federales, de los cuales el 73 por ciento de ellos no han concluido sus procesos penales, como si ello solucionara la problemática que enfrenta el sistema penitenciario en nuestro país.

Los centros que quiere dejar Felipe Calderón, antes de que termine su administración, están siendo construidos con fondos de la iniciativa privada como parte del nuevo plan de diseño carcelario, con un costo para el bolsillo de los mexicanos de 200 millones de pesos por la construcción y pago de servicios, el cual será aportado durante los 20 años próximos, lo que representa un gasto de 4000 mil millones de pesos, más los 13 mil 400 destinados por Genaro García Luna para mejorar el sistema penitenciario federal.

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, el cual se llevó a cabo a más de 100 cárceles del país, se constató que el 60 por ciento de ellas existen autogobiernos donde los internos tienen las llaves de las celdas, imponen castigos y cobran protección.

No se trata de abrir más universidades del crimen, necesitamos que se lleven a cabo las reformas integrales en materia de readaptación social y de justicia.

Basta que exista voluntad por parte de la clase política para concretar las reformas prioritarias en el sistema penitenciario, como en el caso del “Modelo de Gestión Penitenciaria” implantado desde 2003 en la República Dominicana, basado en el respeto a la condición humana de los reclusos y la profesionalización del personal de los centros de integración social, logrado así resultados extraordinarios que le ha permitido ubicarse dentro de los mejores sistemas penitenciarios del mundo.

Desafortunadamente, el sistema penitenciario en nuestro país ha centrado su atención –como tarea primordial del sistema de justicia criminal– en el castigo de aquellos que han cometido un hecho delictivo, dejando en segundo término la labor de rehabilitación y resocialización del individuo una vez que haya cumplido su condena.

Las cárceles en México al igual que en gran parte de América Latina son utilizadas por parte de los reclusos y de las autoridades carcelarias como recintos para perpetrar actos de injusticia, violaciones de derechos humanos, vejaciones, abusos, tortura, violación, corrupción, drogadicción, prostitución, tráfico de influencias, violencia e inequidad, situación que ha despertado la preocupación de organismos a nivel internacional.

Los centros de reclusión social no cumplen con su tarea que es la readaptación, cada vez están en mayor detrimento para los reos que no cuenten con los recursos suficientes para disminuir su martirio en uno de los hoteles más caros del mundo.

Tenemos un sistema carente de principios que contribuya al bienestar público, mediante el cumplimiento del estado de derecho y el respeto de las garantías de los custodios, trabajadores, reos y las familias de éstos a la hora de visitarlos.

Por lo expuesto, los diputados y las diputadas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos que es de suma importancia que se atienda de manera inmediata la problemática por la que atraviesa el sistema penitenciario en el país, por ello solicitamos a los diputados integrantes de la LXII Legislatura se pronuncien a favor del punto de acuerdo para que se realicen foros y mesas de trabajo en la que intervengan autoridades, especialistas, investigadores, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y la sociedad civil con el propósito de coadyuvar al diseño de un modelo penitenciario eficiente y acorde a los principios de justicia, legalidad y respeto.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política para que se lleve a cabo una amplia convocatoria a foros y mesas de trabajo en la que participen autoridades, especialistas, investigadores, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y la sociedad civil con la intención de contribuir al diseño de un nuevo modelo penitenciario eficiente, justo, digno y con apego a los estándares internacionales en la materia.

Notas:

1 Capítulo 1 del Informe Mundial 2012: México, de Human Rights Watch.

2 Juan Carlos Montero ,“La estrategia contra el crimen organizado en México: análisis del diseño de la política pública”, en Revista Perfiles Latinoamericanos, número 39, enero-julio, 2012, México, Distrito Federal.

3 Obra citada.

4 Véase Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, AC, (http://www. Icesi.org.mx)

5 Gutiérrez Cuéllar, Paola, “Violencia, Estado y crimen organizado en México”, en la revista El Cotidiano, número163, septiembre- octubre, 2010, UAM-A, México DF.

6 VéaseLucía Dammert, Liza Zúñiga, La cárcel problemas y desafíos para las Américas, Flacso, Santiago de Chile, 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

FORMACION, CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE SALUD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos locales a intensificar las acciones para promover la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos requeridos para satisfacer las necesidades del país en materia de salud, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas, intensifiquen las acciones para la promoción de la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieren para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, cada momento miles de personas requieren de servicios médicos, debido al padecimiento de alguna enfermedad temporal o crónica, siendo éstas el principal motivo para que en todos los niveles de gobierno sean implementados mecanismos que permitan el buen desempeño y eficacia de las unidades médicas que se ubican a lo largo del territorio nacional.

Es cierto que nuestro país ha tenido grandes avances en materia de salud desde el siglo pasado, mismos que se han reflejado en distintos aspectos importantes como la creación de diversas unidades de atención médica que permiten el abastecimiento de servicios médicos, siendo beneficiadas una cantidad considerable de personas que no cuentan con los recursos económicos para poder solventar estos gastos.

Es importante señalar que nuestro país ocupa los primeros lugares en enfermedades como la diabetes, misma que si no es detectada y atendida a tiempo puede tener consecuencias negativas a mediano y largo plazo.

Actualmente 52.7 millones de personas ya cuentan con la cobertura en salud que da  el Seguro Popular de Salud. En la presente administración se triplicó el número de afiliados y en el último año, de junio de 2011 a junio de 2012, se afiliaron 4.3 millones de personas. Con ello se llegó a la cobertura universal de afiliación. A esto debe agregarse que 54.9 millones de personas cuentan con servicios de salud proporcionados por instituciones de seguridad social, el resto de la población es atendida en el sector privado o de asistencia social, por lo que prácticamente toda la población tiene acceso a los servicios de salud.

De 2007 al 30 de junio de 2012, se han construido 1,070 obras nuevas, se han realizado 194 trabajos de sustitución y ampliado o remodelado 2,470 más. Así, el total de las acciones de obra concluidas durante lo que va de esta administración asciende a 3,734. Esto  equivale a casi dos obras entregadas cada día. Adicionalmente, están en proceso de desarrollo 1,028 unidades más. El financiamiento de estas obras, alcanza 78,259 millones de pesos, de los cuales 70,523 (90.1%) son federales y el resto corresponde a la participación de los gobiernos estatales y municipales, así como a la iniciativa privada.

En virtud de que hemos alcanzado la cobertura universal en salud es que nuestro Sistema Nacional de Salud debe enfrentar el reto de contar con el personal suficiente e idóneo para atender la demanda presente y futura.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la escasez grave de personal sanitario, su distribución geográfica desigual y los desequilibrios de la distribución de sus aptitudes suponen importantes obstáculos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la salud. Es necesario tomar en cuenta que esta organización mundial ha establecido como regla que la distribución mínima de personal de salud debe ser de 23 por cada 10 mil habitantes; en México solamente hay 20 por cada 10 mil habitantes.

Cabe mencionar que desde hace doce años, el ejecutivo Federal ha trabajado arduamente con el único propósito de mantener la salud de toda la población en excelente estado, garantizando con ello, que todos los ciudadanos puedan llevar a cabo sus actividades cotidianas bajo las mejores condiciones.

Sumado a lo anterior, el ejecutivo ha realizado paralelamente acciones encaminadas a fomentar la prevención de enfermedades, permitiendo que los ciudadanos estén lo suficientemente informados de los mecanismos con los que se pueden prevenir distintos padecimientos.

No obstante lo anterior, es imprescindible que las autoridades de salud de todos los niveles continúen por el mismo camino de la prevención. Al respecto es importante señalar que la Secretaría de Salud de nuestro país, tiene como principal misión “contribuir a un desarrollo humano justo incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud como objetivo social compartido y el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a los prestadores, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos y una amplia participación ciudadana”.

Para contribuir y poder alcanzar el desarrollo humano justo en materia de salud, es de suma trascendencia implementar dispositivos que permitan alcanzar el buen funcionamiento de todos los factores implicados en los hospitales y clínicas del sector público, entre los que se encuentra principalmente todo el personal que labora al interior de dichas instituciones.

Es importante mencionar que la Secretaría de Salud tiene como visión que “en 2030 México aspira a ser un país con desarrollo humano sustentable e igualdad de oportunidades. La población contará con un nivel de salud que lo permitirá desarrollar sus capacidades  a plenitud”, de igual manera se menciona en la visión de dicha Secretaría que para alcanzar la igualdad de oportunidades, “será necesario asegurar el acceso universal a servicios de salud  efectivos y seguros, que serán  ofrecidos por un sistema de salud financieramente sólido, anticipatorio y equitativo.”

Para poder alcanzar las metas que se mencionan, es necesario contar con recursos humanos que estén altamente capacitados, y que además cuenten con la preparación profesional y los conocimientos necesarios a fin de poder afrontar las necesidades que se presentan día con día al interior de los centros de salud que atienden una gran cantidad de pacientes.

Actualmente en el mundo se presenta un constante cambio referente al tema de nuevas tecnologías, motivo por el cual es necesario que en materia de salud se pongan en marcha los cambios que son creados en la implantación de nuevos aparatos médicos para un mejoramiento en la atención médica, así como la capacitación técnica y humana del personal que en los hospitales y clínicas labora día con día.

De la misma forma, es importante resaltar que los sistemas de información ayudan a acelerar y mejorar los procesos, logrando que las organizaciones tengan ventajas competitivas que permitan el mejoramiento de sus funciones.

En general, la capacitación son aquellos métodos que proporcionan, a las personas que laboran dentro de una empresa o dependencia todas las habilidades que necesitan para realizar su trabajo; dicha capacitación puede comprender desde cursos enfocados a la terminología y vocabulario, hasta aquellos que permitan dominar los nuevos sistemas teóricos y prácticos, inclusive los dos, para el buen funcionamiento de sus labores.

Con la capacitación que se pueda otorgar a todo el personal del sector salud que labora en los hospitales y clínicas públicas, se puede alcanzar una mayor rentabilidad de conocimientos y en consecuencia, de resultados del puesto que se desempeñe, permitiendo además un mejoramiento en las relaciones laborales y reduciendo la tensión laboral.

De ésta manera, estamos seguros que en cada una de las unidades donde se prestan servicios médicos, los objetivos se podrán alcanzar de una manera más fácil y pronta, toda vez que el personal médico, técnico y administrativo tendrá la capacidad de realizar sus labores con una mayor eficiencia, reflejando los beneficios en una mejor salud a los derechohabientes que asisten a estos centros.

Por lo anterior, es que se someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas, intensifiquen las acciones para la promoción de la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieren para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, ATENCION Y FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA MEXICANA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de seguimiento, atención y fomento de la agroindustria azucarera mexicana, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal Andrés Eloy Martínez Rojas, perteneciente a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La Industria Azucarera se ha desarrollado ininterrumpidamente en nuestro país desde el inicio de la conquista española, representando una de las actividades de mayor tradición y trascendencia en el desarrollo histórico de México. Por tal motivo, la participación de esta Industria dentro de la economía nacional ha tenido y tiene gran relevancia desde cualquier punto de vista, uno muy importante, es que su producción se considera un bien de consumo popular generalizado para toda la población del país. Así como un cimiento de la creación y sostenimiento de empleos productivos y remunerados a lo largo de la República mexicana.

El azúcar es uno de los alimentos básicos más importantes en el mundo; por ser una de las mejores y más baratas fuentes de energía. Por ejemplo, el azúcar, ya sea sola o en combinación con otros alimentos, proporciona un promedio de 12% de hidratos de carbono (elementos productores de energía en el ser humano). Por otra parte es un artículo muy importante para la economía interna del país, como para el comercio internacional, ya que se puede mencionar que desde que el azúcar se convirtió en un artículo de demanda ha sido una fuente de ganancias significativas para México; así mismo podemos darnos cuenta porqué el azúcar es de gran interés en la economía mundial.

La caña de azúcar fue introducida en México desde el siglo XVI, actualmente la superficie cultivada en el país supera las 700 mil hectáreas y desde hace varios años México se ubica entre los primeros diez países productores y consumidores de azúcar en el mundo, representando alrededor del 3.5% del total producido a nivel mundial y consumiendo 5.8 millones de toneladas anuales.

La agroindustria azucarera y la producción de caña de azúcar como materia prima, son vitales para mantener la actividad económica de un amplio sector productivo de la población mexicana, siendo que tiene un alto impacto en más de 227 municipios donde habitan poco mas de 12 millones de personas, especialmente en el medio rural, ya que genera directamente más de 400,000 empleos directos, entre los que se estima existen: 165 mil productores de caña, 176 mil cortadores de caña y trabajadores de campo, 28 mil transportistas, 23 mil obreros sindicalizados, 16 mil personas en labores administrativas y generación de beneficios directos a más de 2.2 millones de personas.

Para la población mexicana el azúcar ha sido desde hace mucho tiempo un bien de consumo básico, ya que su nivel per-cápita de consumo es de los más grandes en el mundo, durante la última década, llegando a 47 Kg. y dentro de la dieta diaria de los mexicanos contribuye con el 17% de las calorías que consumen diariamente las personas, básicamente en 8 diversos productos (refrescos, jugos, néctares, galletas, repostería, conservas y enlatados, productos lácteos y bebidas alcohólicas); es así como este sector primario nacional contribuye al Producto Interno Bruto con el 3.9%., 2.5 por ciento del producto interno bruto manufacturero; 11.6% del valor del sector primario y alrededor del 12 % del producto generado por el sector de la industria Alimentaría. De esta manera la agroindustria azucarera debe tener un efecto multiplicador enfocado al empleo y sobre todo en el ingreso de la población, así como contribuir a la estabilidad social de la misma y a la permanencia de las personas en sus lugares de origen, además de promover la creación y mejorar la infraestructura de apoyo a la producción con caminos, puentes, presas e infraestructura hidráulica, servicios de salud, educación, técnicos, venta de insumos a menor costo, etc. Sin embargo, no es una agroindustria que genere desarrollo regional sostenible e ingresos por la exportación de azúcar, ya que al no ser un sector superavitario y gran exportador, México es una región con producción deficitaria y productividad a la baja en el campo cañero, así como en la calidad de su producto y la eficiencia en la extracción y recuperación de sacarosa en los ingenios, con incrementos de importación de azúcar de tipo refinado y blanco y una alta tasa de adopción de Jarabes de Maíz de Alta Fructosa (JMAF o HFCS) y otros edulcorantes que a largo plazo generaran un efecto contraproducente en la salud de la población.

La producción de azúcar en México depende de tres elementos fundamentales:

a) La cantidad de caña industrializada, b) el rendimiento en fábrica, y c) la capacidad instalada y aprovechada de los ingenios azucareros.

Los campos cañeros, los ingenios azucareros, trapiches y los grupos empresariales productores y consumidores se encuentran distribuidos como la agroindustria de la caña de azúcar en 15 estados de la República: Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz; cerca de la mitad de la producción total del país se concentra en la costa central del Golfo de México, principalmente en el estado de Veracruz. La región del Golfo, el noreste y la costa central del Pacífico representan, combinadas, más de 80 % de la producción total. Por citar un ejemplo, en el Estado de Morelos, al cual represento, la superficie cosechada, hasta 2009, era de 21,867.55 hectáreas y el destino de la producción de caña de azúcar se dividía de la siguiente manera: azúcar (ingenios) 1,487,448.74 toneladas y piloncillo (trapiches) 2,254.00 toneladas.

Es por ello que expongo que la verdadera competitividad azucarera se evalúa por la productividad y para tal objetivo es necesario identificar las áreas de oportunidad en el campo, los ingenios y la comercialización; considerando una política diferenciada en cada región cañera y cada ingenio, el uso de factores de producción inductores y generadores de esa productividad; así como la innovación del campo cañero, minimizar los efectos del impacto ambiental derivados de la producción de la caña de azúcar y la composición y volumen de la generación de subproductos entre los que se encuentran: residuos de cosecha, jugos, bagazo, melaza, cachaza, bagacillo, cenizas, etcétera, modernización de los ingenios azucareros, variación del aprovechamiento de la caña de azúcar en coproductos y subproductos, el abasto de las necesidades locales domésticas e industriales y exportar más valor agregado sin depender exclusivamente del mercado interno y el de los Estados Unidos de América, dentro del Tratado de Libre Comercio, para los actuales limitados excedentes de azúcar que se presentan dependiendo si las condiciones naturales climáticas limitantes son favorables; a su vez es necesario normar los procesos y evaluar el ciclo de vida de los recursos conforme a la sostenibilidad ambiental, social y económica y así evitar los riesgos virtuales del aumento del precio de azúcar en México y la pérdida de competitividad internacional.

La necesidad de transformar la agroindustria azucarera constituye una prioridad y uno de los retos más importantes es hacer de la caña de azúcar una fuente importante para solucionar problemas esenciales como: la alimentación, la energía y el medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto someto al Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta al pleno de esta honorable Cámara de Diputados LXII Legislatura, a crear la “Comisión Especial de seguimiento, atención y fomento a la agroindustria azucarera mexicana”.

Segundo.El objetivo principal de esta Comisión estará enfocado a fomentar el desarrollo de la Agroindustria Azucarera Mexicana, construir y alcanzar metas primordiales que lleven a los productores de la caña de azúcar a un adecuado y prometedor futuro de elevar la producción nacional de azúcar a través de construir los acuerdos necesarios con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones de productores, trabajadores, etc. y desempeñar las acciones correspondientes al marco normativo aplicable.

Tercero.La comisión especial se integrará, con base en los criterios de proporcionalidad, pluralidad e inclusión, por diputadas y diputados pertenecientes a los diversos Grupos Parlamentarios de la LXII Legislatura.

Cuarto.La Junta de Coordinación Política deberá aprobar y asignar los recursos técnicos, financieros y materiales apropiados para el adecuado funcionamiento de esta Comisión Especial.

Quinto.La comisión especial, tendrá la obligación de presentar un informe semestral de actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados, durante los recesos o ante la Junta de Coordinación Política.

Sexto.La comisión especial tendrá una vigencia desde el día de su instalación hasta el 31 de agosto de 2015.

Palacio Legislativo, a 9 de octubre de 2012.— Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

COMISION ESPECIAL PARA LA ATENCION DE LA REGION CENTRO OCCIDENTE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la atención de la región centro-occidente, a cargo de la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del PVEM

Judit Magdalena Guerrero López, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las mesorregiones son las unidades base del sistema de planeación para el desarrollo regional; se componen de varias entidades federativas que en forma práctica se integran para coordinar proyectos de gran envergadura con efectos que trascienden los límites de dos o más entidades federativas.

En la elaboración del Plan Nacional de desarrollo 2001-2006, se planteó el objetivo de eliminar las desigualdades entre las regiones de nuestro país, emprendiendo acciones que coadyuvaran al desarrollo integral de éstas.

Existen 5 mesorregiones que son una manera de organización para facilitar la planeación y la colaboración entre las entidades y la federación, en las que se encuentran: la noroeste, (Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora) noreste, (Chihuahua Durango, Coahuila Nuevo León y Tamaulipas), centro del país, (Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala) centro occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas) y sur sureste (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco Veracruz y Yucatán).

Todas ellas, con ventajas tanto comparativas como competitivas pero con un fin común: el desarrollo integral.

A pesar de lo complejo que resulta avanzar en todos los ámbitos, las regiones se han podido organizar de manera que han tenido mejoras sustanciales de diversas índoles, estrechando los vínculos con la Federación, y así, llegar a mejores acuerdos. Sin embargo, falta mucho por hacer en bien de la población ya que las disparidades de desarrollo entre las Entidades Federativas se siguen observando.

Como ya mencionamos, una de las cinco mesorregiones que forman parte del país, es la región Centro Occidente, que se constituye formalmente en 2001, a través de la crea-ción de un fideicomiso llamado Fiderco (Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro Occidente), después de diversas reuniones con distintas dependencias y organizándose para lograr un desarrollo económico, social, ambiental y territorial (ordenamiento e infraestructura), ha logrado consolidarse como una región competitiva y se propone continuar con ese ritmo a través de la planeación de programas, que le permitan desarrollarse valiéndose de previsiones regionales para las nuevas administraciones de las entidades federativas, y a su vez tomando en cuenta las propias circunstancias por las que atraviesa nuestro país.

La región centro occidente en su aspiración de continuar ese rumbo proactivo que lo ha caracterizado, se ha dado a la tarea de crear una agenda para el desarrollo de la región 2012-2016, reflejando los esfuerzos y recursos conjuntos para emprender las acciones correspondientes en los próximos años, tomando en cuenta la competitividad, inclusión y cohesión social y la sustentabilidad que son los ejes básicos del Programa de Desarrollo de la Región Centro Occidente.

Es de reconocerse y valorarse el impulso que las mesorregiones han hecho para continuar desarrollándose a pesar de las dificultades, a fin de implementar las acciones que se han propuesto, principalmente por contar con pocas facultades fiscales que les permitan percibir recursos para satisfacer las necesidades de cada una de las entidades federativas, además de la alta movilidad geográfica que tienen las inversiones y la mano de obra.

De acuerdo al índice de competitividad 2010, elaborado por el Instituto Mexicano de Competitividad, (Imco) son cinco las entidades federativas más competitivas, entre las que se encuentran Aguascalientes que concentra el 65 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) y Querétaro, que concentra el 49 por ciento de investigadores en todo el país. Es importante mencionar que, el resto de las entidades federativas que forman parte de la región centro occidente, no se consideran en la lista de los menos competitivos, lo cual quiere decir que se está avanzando en el camino adecuado para el desarrollo de la región.

Por otro lado, en cuanto a los avances como economías dinámicas y estables que tuvieron los estados, se encuentra Zacatecas, con un avance de 46 por ciento con relación al crecimiento constante y acelerado del producto interno bruto, PIB, mayor cobertura de la banca y un mercado hipotecario más grande. En el rubro de gobierno eficiente y eficaz, Zacatecas tuvo un avance de 24 por ciento, en cuanto a crecimiento en inversión pública, mayor facilidad para hacer negocios y nómina pública menos costosa.

En este tenor, es evidente que las entidades federativas de la región, convergen en varios temas; sin embargo algunas de las áreas que abarcan no se han desarrollado adecuadamente para ser más competitivas, y lograr por ende el desarrollo sustentable integral que se busca. Por ello, planteamos la necesidad de una Comisión Especial cuya finalidad sea destinar fondos que generen mayor avance de la región de acuerdo al Programa de Desarrollo Regional; así como la agenda para el desarrollo de la región centro occidente, impulsando la mejora en todos los ámbitos de las entidades federativas de la región, permitiendo continuar con el camino que hasta ahora se ha llevado.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por mi conducto, propone al Pleno, el siguiente proyecto, para la creación de una Comisión Especial que atienda a la brevedad este argumento al tenor del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, conforme al artículo 42 de la citada ley, la creación de la Comisión Especial para la atención de la región centro occidente.

Segundo.Esta comisión tendrá por objeto promover acciones legislativas que coadyuven a la integración social, la competitividad y sustentabilidad para el desarrollo integral de los estados que la conforman.

Nota:

1 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 pag. 10

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputada Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

DIA NACIONAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que instituya el 30 de agosto como Día Nacional de la Participación Ciudadana, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Salvador Arellano Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara,   proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación se instituya el 30 de agosto como Día de la Participación Ciudadana.

Consideraciones

Primera. La participación ciudadana es un concepto determinado históricamente, pero que también se ve afectado por diferentes corrientes de pensamiento. Por estas razones, para poder explicar la evolución de la participación ciudadana en nuestro país, es necesario, además de hacer un recuento histórico de sus momentos clave, revisar el desarrollo teórico por el que ha pasado.

Segunda. Entenderemos aquí el concepto de participación como la intervención organizada de ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces socio estatales.

Hoy en día es común escuchar que la participación de la sociedad es indispensable para la buena marcha del gobierno, especialmente en temas como el combate a la corrupción, la superación de la pobreza, la equidad de género o la protección del medio ambiente, seguridad pública.

Tercera. La participación Ciudadana ha tomado nuevas dimensiones en las últimas décadas. Hoy podemos notar que la población ha perdido el miedo a participar y a consecuencia de ello, comienzan a ser representados por un gobierno realmente democrático, pues cada vez son más las figuras no gubernamentales que se interesan, intervienen y contribuyen al mejoramiento de las políticas públicas y las condiciones sociales de la ciudadanía.

Es necesario redefinir el sentido de la participación ciudadana, a fin de que se encauce en sus dimensiones reales y se convierta verdaderamente en un conducto para garantizar el bienestar social y el fortalecimiento democrático, con la finalidad de que todos los ciudadanos se identifiquen con la gestión pública y las diferentes políticas sociales, pues sólo así podrán ser consideradas transparentes, incluyentes y participativas

Cuarta. México vive una etapa muy peculiar, no sólo por el contexto de violencia que padece, sino por el papel que la sociedad civil ha desempeñado en las últimas décadas en la toma de decisiones. En este sentido, la participación ciudadana tiene como objetivo, influir en las cuestiones políticas a través de mecanismos que pueden ser legales o ilegales, de apoyo o rechazo; por lo que no solo se manifiesta en el acto electoral del voto, con el cual se le suele vincular como eje central.

Quinto. La agenda pública y las políticas de estado, deben ser conformadas conjuntamente con la sociedad, pues es ésta la actora principal de las mismas, por lo que necesariamente debe ser escuchada de manera previa a su elaboración, con la finalidad de que el gobierno, en cualquiera de sus niveles y poderes, tome conciencia de su dinámica y realidad social, a efecto de que suceda una retroalimentación mutua, con respecto a las acciones que deberían ser implementadas para garantizar las necesidades sociales mínimas y así, a su vez la ciudadanía, pueda manifestarse informadamente y pedir que se transparente la aplicación de estas políticas a cuya formación contribuyó.

Sexto. Es obligación de todos, pero, fundamentalmente del Estado, promover la vinculación de la ciudadanía en actividades de vigilancia y control de la gestión pública, con la finalidad de implementar y desarrollar estrategias de comunicación que permitan difundir el derecho que tiene la ciudadanía de participar y mantenerse informada,

El ejercicio de la democracia depende del rol de la sociedad y sus ciudadanos. Sin participación ciudadana, la democracia pierde su razón de ser, representatividad y legitimidad. El aumento gradual de las democracias recientes está vinculado a los procesos de liberalización política así como a los intentos de extender la participación.

Es importante tener presente el hecho de que la participación ciudadana no sólo reside en el voto, éste es solo una de sus modalidades; las formas de participación  ciudadana  van  desde el  acto mismo  del ciudadano en el ejercicio de sus derechos, pasando por la libre manifestación de ideas, la  exigencia de rendición de cuentas, hasta la competencia  política  por la dirección de la nación.

De acuerdo con todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: En el marco de la división de poderes, esta Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, se instituya el 30 de agosto como Día Nacional de la Participación Ciudadana.

Segundo:Se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a que en uso de sus atribuciones adopten las medidas conducentes para promocionar el 30 de agosto como el Día Nacional de la Participación Ciudadana.

Nota:

1 Natacha Molina, “participación ciudadana, género y participación de la mujer” en Primer seminario conceptual sobre participación ciudadana y evaluación de políticas públicas, FLACSO, s/f, en http://www.eurosur.org/FLACSO/confere2.htm (consulta: 4 noviembre 2005).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputado Salvador Arellano Guzmán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

ESTADOS DE OAXACA, CHIAPAS, GUERRERO Y VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Gobierno de la CFE a establecer una tarifa especial para los hogares de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primero. La Organización de las Naciones Unidas, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, afirmó en su “Informe sobre Desarrollo Humano, México 2011” que los subsidios que otorga el gobierno son inequitativos, ya que benefician a los sectores más favorecidos. En contradicción con la Ley de Desarrollo Social que en su artículo 8° manifiesta que “Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja”.

De acuerdo con este informe los subsidios al consumo aplicados a las tarifas de electricidad son regresivos, es decir la mayor parte de los recursos que se destinan a estos subsidios benefician a las personas con mayores ingresos, pues según cifras de 2011, la población con mayor desarrollo humano e ingreso concentró los mayores porcentajes.

La distribución indiscrimi­nada de este gasto ocasiona que hasta 17% del subsidio a tarifas residenciales de electricidad se ha asignado al 10% de la población con mayor nivel de desarrollo. Por tal motivo, es indispensable agregar otras variables para la asignación de tarifas eléctricas en el territorio nacional, sobre todo por la gran heterogeneidad que existe en los ingresos de los mexicanos.

A la luz de estos resultados, no se puede negar que el gasto público del país tiene un pobre desempeño como re­ductor de las diferencias de ingreso y la importancia de estos aumenta cuando existe una pobreza elevada. Como se puede identificar en el siguiente cuadro:

Estado                                             Índice de

                                                   marginación

1. Guerrero                                            88.72

2. Chiapas                                             84.14

3. Oaxaca                                              80.48

4. Veracruz                                             57.63

*Elaboración propia con datos del INEGI 2010

Además, los estados del Sureste citados, sufren año con año extremas oleadas de calor que se agrava con el efecto de humedad que eleva la sensación térmica hasta en un 10°C obligando a los ciudadanos a la utilización de ventiladores y sistemas de aire acondicionado para la realización de sus actividades más elementales.

Los subsidios del gobierno constituyen un instrumento para aumentar las opciones de las personas, al liberar parte del ingreso de las familias para cubrir otras necesidades. Sin embargo, la ausencia de criterios mínimos de equidad en la asignación del gasto puede coartar la ampliación de la libertad de quienes cuentan con más limitaciones. Diversas investigaciones universitarias apuntan a que dentro del gasto en desarrollo social se necesario focalizar los subsidios.

El presente punto de acuerdo pretende subsanar estos problemas, disminuyendo la tarifa de energía eléctrica aplicada a los hogares de los Estados de la Republica que cuentan con los índices más altos de pobreza y marginación.

Segundo. De acuerdo con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad es regida por una Junta de Gobierno, integrada por los Secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Energía, es la encargada de acordar y aprobar las propuestas de ajuste a las tarifas.

Hasta el día de hoy existen siete tarifas eléctricas aplicadas a los hogares de los mexicanos, siendo las altas temperaturas la variable utilizada para designarla. El objetivo de este punto de acuerdo es una tarifa especial para los hogares de los Estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz que cuentan con los primeros lugares de pobreza y marginación según cifras oficiales.

Además, de las altas temperaturas y de ser estados potenciales en la generación de energía; se busca cumplir con la deuda histórica que se tiene con los estados del Sursureste y hacer que se cumpla efectivamente con el objetivo de los subsidios, beneficiar a los que menos tienen y más lo necesitan.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad aprobar una tarifa especial para los hogares de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz, por ser los estados que se encuentran en los primeros lugares de pobreza y marginación.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de de Energía, para dictamen.

COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DEL PROYECTO ACEITE TERCIARIO DEL GOLFO EN EL PALEOCANAL CHICONTEPEC

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para dar seguimiento a los resultados del proyecto Aceite Terciario del Golfo, en el paleocanal Chicontepec, suscrita por los diputados Alma Jeanny Arrollo Ruiz y Jorge del Ángel Acosta, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos diputados, Alma Jeanny Arroyo Ruiz y Jorge del Ángel Acosta, en nombre propio y de los diputados que al calce firman, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, punto 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los resultados del proyecto Aceite Terciario del Golfo en el paleocanal Chicontepec, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno. Según lo dispone el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Dos. A su vez, el artículo 42 del ordenamiento legal invocado establece que el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, debiendo establecerse en el acuerdo que las establezca el objeto, número de integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les haya encomendado y que cumplido su objetivo, se extinguirán.

Tres. En términos de lo establecido en el artículo 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la propia Cámara puede constituir comisiones especiales para la atención de las funciones constitucionales y legales que no sean competencia de las comisiones ordinarias.

Antecedentes

Primero. El paleocanal de Chicontepec es una cuenca geo-lógica constituida por innúmeros yacimientos de hidrocarburos, que en su mayoría se formaron durante la era Cenozoica o Terciaria (Eoceno Inferior-Paleoceno Superior).

Segundo. El proyecto aceite terciario del golfo de Petróleos Mexicanos tiene como objetivo principal la recuperación de una reserva aproximada de 17 mil mmb de petróleo crudo y 28 mil mmmpc de gas asociado mediante un modelo de desarrollo sustentable, en nueve municipios del norte de Veracruz (Coatzintla, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Álamo-Temapache, Poza Rica, Papantla, Tihuatlán, Castillo de Teayo y Tepetzintla), así como tres municipios del oriente de Puebla (Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena y Pantepec), en una extensión de alrededor de 3 mil 785 kilómetros cuadrados, en el área correspondiente al paleocanal de Chicontepec.

Tercero. Aceite terciario del golfo es el proyecto de mayor importancia estratégica para Petróleos Mexicanos, pues en él se concentra aproximadamente el 40 por ciento de las reservas de nuestro país. Sin embargo, dadas sus complejas características geológicas (yacimientos compartimentados y de baja permeabilidad con un alto contenido de arcillas, aunados a liberación de importantes volúmenes del gas disuelto que restringen el paso del aceite hacia los pozos al iniciarse la extracción de crudo), su explotación rentable ha resultado difícil y costosa, sobre todo cuando se le compara con la de los grandes yacimientos existentes en el sureste del país. No obstante lo anterior, estos retos pueden superarse, como ha sido demostrado de manera continuada en el lapso en que el mencionado proyecto ha venido ejecutándose. Baste al efecto notar que según datos del Sexto Informe de Gobierno, la producción del Proyecto Aceite Terciario del Golfo ha ido en franco crecimiento, pues tan solo en el primer semestre de este año se aumentó la producción en 18.3 millones de barriles diarios en comparación al mismo periodo del año anterior.

Cuarto. El proyecto mantiene cuatro estrategias fundamentales:

1. Mantener e incrementar la producción base.

2. Incorporar rápidamente producción de nuevos y productivos campos.

3. Desarrollar e incorporar tecnologías para yacimientos no convencionales.

4. Comunidad, seguridad y medio ambiente.

Quinto. Gracias a las inversiones que se han hecho para incrementar la productividad del proyecto aceite terciario del golfo, se ha logrado una substancial derrama económica en la región, lo que ha generado un robusto mercado local de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto, traduciéndose en la creación de aproximadamente 11 mil empleos directos. Según el diagnóstico socioeconómico elaborado y coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo junto con la Universidad Veracruzana en el marco del Convenio para la Colaboración Institucional con Pemex, una de las principales restricciones sociales y económicas en los municipios de esa región es que cerca de 70 por ciento de su población está ocupada de manera informal, con un ingreso aproximado de dos salarios mínimos, lo que refleja en general la precaria situación económica de la región, siendo este proyecto un decidido detonante del desarrollo social.

Sexto. A la comisión que se propone crear le corresponderá coordinarse con los organismos involucrados (Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, Comisión Nacional de Hidrocarburos) a efecto de verificar el avance del proyecto y la complementación de las actividades petroleras, lo cual reviste vital importancia desde una perspectiva potencializadora y de integración de sectores locales, así como la posibilidad de que las empresas contratistas generen esquemas de alianza locales, eslabonamientos productivos con empresas nacionales y de la región.

Séptimo. Es pertinente señalar que la comisión especial que se propone sea creada funcionó durante la LXI legislatura, cumpliendo importantes tareas en relación con el proyecto aceite terciario del golfo, situación que debe continuar durante la presente Legislatura para que ese trabajo no se pierda.

Por lo expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 93 constitucional, 34, párrafo 1, inciso c), 42, párrafo 1, y 43, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados se constituya la Comisión Especial para dar seguimiento a los resultados del proyecto Aceite Terciario del Golfo en el paleocanal Chicontepec, cuyo objeto será el que se deriva de su denominación.

Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración con los requisitos señalados por los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y contará con los recursos y personal necesario para su operación.

Tercero. La comisión se integrará de manera plural por 30 diputadas y diputados representantes de todos los partidos políticos de esta Legislatura.

Cuarto.La comisión especial funcionará por el término de duración de la LXII Legislatura o cuando se haya cumplido su objeto.

Quinto. La comisión especial deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputados: Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Jorge del Ángel Acosta, Luis Ricardo Aldana Prieto, Laura Guadalupe Vargas Vargas, José Luis Márquez Martínez, Javier López Zavala, Verónica Carreón Cervantes, Fernando Charleston Hernández Juan Manuel Diez Franco, Marina Garay Cabada, Gaudencio Hernández Burgos, Noé Hernández González, Tomás López Landero, José Alejandro Montano Guzmán, Genaro Ruiz Arriaga, Leopoldo Sánchez Cruz, Ponciano Vázquez Parissi (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PROBLEMATICA DE LOS TELEBACHILLERATOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial encargada de impulsar los telebachilleratos y dar seguimiento a su problemática, a cargo del diputado Armando Contreras Ceballos, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Armando Contreras Ceballos, diputado federal de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 79, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo urgente y obvia resolución por el que se solicita la creación de la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los telebachilleratos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema de telebachilleratos en las entidades federativas, es un tema de la mayor relevancia ya que garantiza la gratuidad y la obligatoriedad en la educación media superior. El funcionamiento de los telebachilleratos permite el cumpliendo de los artículos 3o. y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El sistema de telebachilleratos ha significado una alternativa a la carencia de infraestructura convencional de educación. Anualmente da cobertura a la población ubicada en las zonas de alta y muy alta marginación evitando con ello el rezago educativo, la migración, la inserción en actividades ilícitas y además representa importantes ahorros económicos para las familias de más escasos recursos.

Los telebachilleratos dan servicios a lo largo y ancho del país. La demanda se incrementa año con año hasta en un 40 por ciento. Esto permite tener un sistema educativo emergente, pues ante la alta demanda de espacios educativos convencionales, es una alternativa viable para dar cobertura a los excluidos y rechazados de los sistemas educativos escolarizados.

Desde los años setenta, la UNESCO ha considerado al sistema de telebachillerato como un instrumento que favorece la educación a distancia ya que logra la concreción y proyección de las televisoras regionales como parte de una infraestructura educativa. La ventaja fundamental de la teleenseñanza, es su capacidad de cobertura, alcanzando a un número de población el cuál no se cubriría con medios tradicionales. Además genera y desarrolla la habilidad para adaptarse a los cambios a nivel global.

Dentro de los alcances y ventajas de tener un sistema de telebachilleratos podemos destacar lo siguiente:

• Atiende a comunidades dispersas principalmente semiurbanas y rurales.

• Amplía la cobertura en municipios y comunidades rurales de los estados.

• Descentraliza la educación de las ciudades más grandes, dando la oportunidad de generar contenidos temáticos acorde a las distintas regiones y localidades.

• Fomenta la participación y cohesión de grupos y comunidades sociales.

Sin embargo, a pesar de las ventajas y contribuciones al desarrollo educativo nacional, el sistema presenta grandes retos. Entre ellos, cabe destacar la insuficiencia presupuestal, la falta de infraestructura física y de planta docente. Dependiendo el caso, encontramos que se ha intentado cerrar planteles, se recortan los presupuestos operativos y en algunos casos hasta se ha prescindido de los servicios docentes, debilitando su capacidad y calidad académica.

La relación con el personal académico y administrativo, también está en peligro de la confrontación. Hace falta promover el dialogo y el acercamiento entre las partes con el objetivo de resolver los conflictos en torno a las problemáticas que enfrenta el sistema.

Los telebachilleratos requieren de la contribución y apoyo de las autoridades educativas para fortalecer y no debilitar al sistema como está ocurriendo. Los docentes y alumnos están haciendo lo posible para sacar adelante el sistema en sus comunidades. No escatimemos esfuerzos e impulsemos el apoyo de las autoridades.

Invito a la conciencia y a la congruencia, ya que el martes 9 de octubre pasado esta soberanía aprobó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, donde se hizo referencia a la Ley General de Educación y al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se destacó la obligatoriedad y la gratuidad de la educación, por lo que respetuosamente hago la petición de que se cumpla el decreto del 9 de febrero de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Dicho decreto menciona que la educación media superior es un nivel de estudio que el Estado debe promover y atender. Por tal motivo, también solicito que en el proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación se garantice el presupuesto necesario para la educación media superior incluyendo a los telebachilleratos.

Por lo expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a esta soberanía considere, la creación de la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a la problemática a los telebachilleratos, la cual tendrá como objetivo, revisar las condiciones administrativas y operativas de los telebachilleratos en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputado Armando Contreras Ceballos (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

VALLE DE MEXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua a ejecutar medidas provisionales de saneamiento en el vaso regulador El Cristo, a cargo de la diputada Rosalba Gualito Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Rosalba Gualito Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a efecto de que en ejercicio de sus facultades y con fundamento en la Ley de Aguas Nacionales, el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua den pronta respuesta a las exigencias sanitarias derivadas de las quejas ciudadanas por el foco de infección que representa el vaso regulador El Cristo.

Antecedentes

El vaso regulador El Cristo se encuentra en la conjunción de Azcapotzalco, Tlalnepantla de Baz y Naucalpan de Juárez; se encuentra en este último municipio 80 por ciento del vaso. El Cristo es un vaso receptor de aguas pluviales, fluviales y residuales, donde convergen los cauces de los ríos Hondo y Chico de los Remedios, así como el escurrimiento del Interceptor Poniente que se descargan al río Hondo vía su planta de bombeo. Dichas aguas, a su vez, tienen salida por el Emisor Poniente y el Río de los Remedios, por lo que El Cristo es parte fundamental del entramado hidrológico del valle de México.

El vaso regulador El Cristo comenzó su funcionamiento a inicios de la década de 1970. Tiene una extensión de 130 hectáreas, su capacidad de almacenamiento es de 4 metros cúbicos y debe ser utilizado exclusivamente para el manejo temporal de los picos de lluvia provenientes de las zonas urbanas. Actualmente, dicho vaso funciona bajo dos regímenes hidráulicos: Primero. En época de secas las aguas que llegan al vaso son derivadas directamente al Río de los Remedios; y Segundo. En época de lluvias sirve para regular las avenidas de los Ríos Chico de los Remedios y Hondo.

Esta problemática, aunque de manera parcial por los términos en que se planteó, ya fue atendida por la Conagua y mediante oficio con fecha 17 de noviembre de 2011, dirigido a la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, remitió contestación a punto de acuerdo relativo al vaso regulador El Cristo.

Dicha contestación no consideró en su tiempo el avance de algunas obras, pues no habían iniciado, además de que no atendió en su totalidad los riesgos para la salud pública, las afectaciones del ambiente y las medidas provisionales que deben tomarse para evitar el riesgo de contagio por enfermedades hídricas, en tanto se resuelve de manera integral la problemática del vaso regulador El Cristo.

Consideraciones

El crecimiento de la mancha urbana en la zona metropolitana del valle de México y la consiguiente pavimentación de zonas altas provocan creciente escurrimiento de aguas pluviales, las cuales se juntan con las residuales de origen sanitario, municipal e industrial. Ello provoca la saturación prácticamente todo el año del vaso regulador El Cristo.

Lo anterior, aunado al aumento de las lluvias atípicas y el hundimiento diferenciado del valle de México, por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, ha propiciado que se tomen diversas medidas para evitar inundaciones y rupturas en los drenajes.

Ejemplo de ello son la creación del Programa Regional de Saneamiento del Valle de México, el Protocolo de Operación Conjunta del Sistema Hidrológico del Valle de México para la Temporada de Lluvias en el año 2000, la construcción de la planta de bombeo del vaso El Cristo en 2008, la constitución del Fideicomiso 1928 para Apoyar el Saneamiento del Valle de México en 2009, la actualización del Protocolo ya citado en 2011 y la próxima construcción del túnel emisor Poniente II.

Si bien las inundaciones no son un problema menor y deben atenderse de inmediato a fin de evitar catástrofes económicas, de urbanidad y sanitarias como las acontecidas en 2009 en Tlalnepantla de Baz y Naucalpan de Juárez, la saturación del vaso regulador resulta un grave problema por la amenaza que representa para la salud de la población naucalpense que vive en las inmediaciones.

El funcionamiento óptimo del vaso regulador El Cristo se percibe cuando éste se encuentra prácticamente vacío pues, lejos de ser una cuenca artificial de almacenamiento, es un recolector mediante el cual deben administrarse la afluencia de aguas y su debida canalización.

Por los factores mencionados y como la cota de plantilla del túnel emisor Poniente está varios metros arriba del fondo del vaso regulador, el emisor Poniente sólo recibe aguas del vaso cuando se deja embalsar el agua para que alcance un nivel por encima de la cota de plantilla, así que las aguas contaminadas que llegan al vaso ocasionan problemas ambientales y de salud pública.

El embalse del agua ha sido resuelto parcialmente mediante la construcción de la planta de bombeo en el vaso en Tlalnepantla de Baz. Sin embargo, como manifiesta la Conagua en su oficio de respuesta citado en el apartado de antecedentes, la calidad del agua estancada puede ser mejorada con la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que, conforme al Programa Regional de Saneamiento del Valle de México y el Fideicomiso 1928, considera tres etapas: Primera. Construir la planta de tratamiento de aguas residuales para reúso municipal y venta de agua tratada con capacidad de .5 metros cúbicos por segundo; Segunda. Ampliación de la capacidad de la planta de tratamiento a 2.5 metros cúbicos por segundo; y Tercera. Ampliación de la capacidad de la planta de tratamiento a 4 metros cúbicos por segundo. Al término de las tres etapas enumeradas se lograría, a decir de la Conagua, un espejo de agua de calidad que no represente un foco de infección para la población naucalpense.

Sin embargo, y pese al proyecto que según se considera ejecutar a través del Programa Regional para el Saneamiento del Valle de México y el Fideicomiso 1928, persisten el hedor y las plagas de insectos que tienen como medio propicio para su proliferación el agua residual. Ello representa un peligro de salud pública para la población naucalpense que habita en las inmediaciones del vaso regulador. Ello pone en riesgo la salud y el ambiente sano, derechos fundamentales y garantías del gobernado consagrados en los párrafos cuarto y quinto, respectivamente, del artículo 4o. de la Carta Magna.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a las autoridades competentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua que con arreglo a derecho y a solicitud de esta soberanía se ejecuten las medidas provisionales pertinentes de saneamiento y, en su caso, de fumigación periódica a efecto de resolver este problema sanitario en tanto se logra dar solución integral a la problemática causada por la saturación del vaso regulador El Cristo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputada Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica).»

Se turna a Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

ESTADO DE MICHOACAN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar y actualizar el subsidio anual otorgado por alumno a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a cargo del diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Salvador Ortiz García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a revisar y actualizar el subsidio anual que otorga por alumno a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La experiencia internacional ha demostrado que los países que apuestan en la actividad científica como estrategia para el desarrollo ven el presupuesto destinado al rubro como una inversión y no como un gasto.

En el país contamos con instituciones de educación superior del más alto nivel; una de ellas es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que se ha caracterizado históricamente por su capacidad y potencial de innovar en los campos de educación, investigación, vinculación servicio y difusión.

La UMSNH es la más antigua de las universidades públicas. Su decreto de creación, en 1917, sirvió de modelo para fundar las primeras universidades autónomas durante las tres primeras décadas del siglo XX.

Resulta innegable el carácter que tiene la UMSNH como factor de desarrollo en el estado; genera no sólo movilidad social sino soluciones a la problemática de la entidad. La aplicación de las investigaciones científicas y tecnológicas en diversas áreas como el agro, la pesca y la forestal permite vincular la UMSNH con la solución de problemas reales.

Además, el trabajo realizado en la modalidad de servicio social de los alumnos de licenciatura y posgrado extiende el efecto de la universidad a lo largo y ancho del territorio. Los egresados son el mejor ejemplo de la importancia de la Casa de Hidalgo en el desarrollo estatal.

Cada peso invertido en la UMSNH es bien invertido en el desarrollo de Michoacán, que se multiplicará en investigación, docencia y generación de conocimiento y cultura, que permitirá consolidar no sólo la economía y el crecimiento social del estado sino, también, la calidad de vida de los michoacanos.

Desde su fundación, la UMSNH ha recibido y educado a una importante cantidad de alumnos provenientes de diferentes entidades federativas. En un reciente estudio, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) la sitúa como la tercera a escala nacional en admisión de estudiantes de entidades federativas diversas de la propia.

Michoacán se encuentra por debajo de la media nacional en materia de cobertura educativa, pero este rezago es un reto para la Universidad Michoacana, que actualmente atiende más de 50 por ciento de la demanda de estudios superiores de la entidad, con más de 55 mil alumnos, y 91 por ciento de los que cursan licenciatura lo hace en programas acreditados por organismos externos. Por su calidad y pertinencia, hoy la UMSNH ocupa el quinto lugar nacional en programas de posgrado de calidad.

De la planta de profesores de tiempo completo (PTC), 86 por ciento cuenta con posgrado. Se sitúa en cuarto lugar en el número de PTC con doctorado; ocupa también el cuarto lugar nacional en número de PTC que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Una de las mejores muestras de la calidad de la UMSNH es el trabajo y reconocimiento nacional e internacional de los investigadores y sus estudios.

La universidad financia más de 300 proyectos de investigación a través de la Coordinación de la Investigación Científica y cuenta con un importante número de proyectos financiados por instancias externas, tanto nacionales como internacionales.

En 2010, el Congreso de Michoacán aprobó la ley de gratuidad para la educación media y superior, con lo que exentó del pago de inscripción en el sistema público de educación. Así, la UMSNH se sumó a estados como Jalisco y el Distrito Federal, y se tuvo como fin la obligatoriedad y gratuidad desde el nivel básico hasta el superior.

Sin embargo, desde hace varios años y pese a sus altos estándares de calidad y la gran cobertura que brinda, la UMSNH se encuentra muy por debajo de la media nacional en subsidio federal por alumno. En el ejercicio 2010-2011, ocupó el séptimo lugar más bajo en subsidio por alumno, que fue de 33 mil 700 pesos, cuando la media nacional ascendió a 61 mil 374(véase http://www.anuies. mx/c_social/presupuesto).

Igual que otras 34 universidades públicas del país, la michoacana tiene un presupuesto integrado en 69 por ciento por aportaciones federales y 31 de aportaciones estatales. Para el ejercicio de 2011, la aportación federal fue de mil 187.7 millones de pesos.

Si este punto de acuerdo lograra su objetivo y se considera revisar el subsidio por alumno al menos por la media nacional, para la UMSNH, no solamente se abatiría el déficit financiero que enfrenta sino que se ampliaría la cobertura educativa con pertinencia y calidad.

El tema del déficit financiero de la UMSNH es un asunto con más de 10 años en gestación. Desde entonces, la matrícula y la oferta educativa de la Casa de Hidalgo han crecido exponencialmente en cobertura y calidad, lo cual necesariamente conlleva inyección de mayores recursos.

Aunado a lo anterior, el sistema de jubilaciones y pensiones y la regularización de la plantilla docente y administrativa son retos que enfrenta la universidad en materia de solvencia financiera y de la que ya hay una propuesta de solución.

En cuanto a la regularización de plantilla laboral, entre algunas de las acciones concretas tomadas, en abril de 2011 el Consejo Universitario congeló la posibilidad de otorgar plazas de nueva creación si no cuentan con sustento presupuestal y se demuestra la necesidad de la contratación. Esto permitió abatir el crecimiento acelerado de la plantilla laboral, especialmente en el caso de los trabajadores administrativos; además, se analiza la vía jurídica para la liquidación del personal administrativo, no basificado que fue contratado de manera irregular por las administraciones anteriores. Para ello es necesario contar con un fondo especial a fin de liquidar conforme a la ley.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a revisar y actualizar el subsidio anual que otorga por alumno a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Diputado Salvador Ortiz García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.