Presidencia del diputado Jesús Murillo Karam

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 316 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (a las 11:07 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en razón de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 18 de octubre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la problemática que enfrentan los productores mexicanos de tomate.

De la Cámara de Senadores

Con los que remite Proposiciones con Punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013:

Se etiqueten mayores recursos para las políticas públicas relativas al rubro alimentario, presentada por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Se destinen mayores recursos a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para el rubro de infraestructura deportiva y municipal, presentada por el Senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Minutas

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Omar León Arroyo, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Logro por Servicio Conjunto, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Gerardo Felipe Laveaga Rendón, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Lydia María Cacho Ribeiro, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Marina Stavenhagen Vargas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y Letras, en Grado de Oficial, que le otorga el Gobierno de la República Francesa. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Mirielle Susana Chabre y Audemar, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Alfonso Muray Kobory, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en Grado de Rayos de Oro y Plata, que le otorga el Gobierno de Japón. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Ernesto Rivera Rojas, para aceptar y usar la condecoración Medalla “Mérito Santos-Dumont”, que le otorga el Gobierno de la República Federativa de Brasil. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Juan José Sabines Guerrero, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José Cecilio del Valle, en Grado de Gran Collar, que le otorga la Cámara de Comercio de Guatemala. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Carolina Rojas Cardiel, Mariela Escalona Luna, Jorge Antonio Camacho Ugalde, Rocío Yanez Ojeda, Francisco Javier Meléndez González, Marco Abram Meza Salas, Jesús Manuel García Monreal y Martha Lorena Parra Arteaga, para prestar servicios en las Embajada de Nueva Zelanda y de los Estados Unidos de América y en los Consulados Generales de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco; Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Rodrigo Díaz García, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Humberto Hernández Menchaca, para prestar servicios en el Consulado del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Agenda política

Comentarios relativos a la celebración del 59 Aniversario del Sufragio Femenino en México, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma los artículos 3o. y 17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° y 93 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que deroga el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez y suscrita por el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano y suscrita por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y el artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Faustino Félix Chávez y suscrito por los diputados Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez y Flor Ayala Robles Linares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73, 74 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE, para que detenga los procesos de licitación de contratos para parques eólicos en curso así como los programados para el futuro próximo, a cargo del diputado Rosendo Serrano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la Sagarpa y a Conapesca, para que liberen los recursos concernientes al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, particularmente en su componente sustitución de motores marinos ecológicos correspondiente al estado de Yucatán, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la SHCP, para que realicen las acciones conducentes para reducir el peaje de la Autopista del Sol, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que solicita a la SHCP, para que a través del SAT, preste el servicio de la expedición de la firma electrónica avanzada en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, para quienes por primera vez requieran realizar dicho trámite, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Promoción del Desarrollo Regional, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, implemente una campaña permanente de detección y tratamiento del cáncer de próstata, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República, a los titulares de las SHCP y de la Sedena, a desistir de la adquisición de la aeronave Dreamliner 787-9, para uso del Ejecutivo Federal, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo del estado de Michoacán y de la CNDH, en relación a la solución del conflicto derivado de las exigencias de los alumnos normalistas y para crear una Comisión Plural de Legisladores, para que se trasladen a dicha entidad y coadyuven a la construcción de una salida a dicho conflicto, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de la CFE y al titular de la SHCP, para que se establezca una tarifa para el suministro de energía eléctrica justa, que tome en cuenta las necesidades y carencias de los usuarios, en especial de los bajacalifornianos, así como la capacidad real de producción de energía eléctrica, a cargo del diputado Fernando Castro Trenti y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo con relación a los recientes y lamentables hechos ocurridos en la ciudad de Nogales, Sonora, que derivaron en la muerte de un menor a manos de un agente de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América, a cargo del diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Industria Aeroespacial Mexicana, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sedesol, a fin de que se hagan del conocimiento público las cifras oficiales de pobreza con las que concluirá la administración 2006-2012, así como fortalecer las estrategias encaminadas a superarla, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Michoacán, a que frene la represión de su gobierno a los estudiantes, les otorgue las garantías constitucionales y dirija sus esfuerzos para otorgar seguridad a los habitantes del estado y poner un alto a la delincuencia, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la aplicación integral y el fomento a nivel nacional de la Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Sectur, expida el Reglamento de Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de un grupo plural de trabajo al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para transparentar e investigar el llenado de los socavones de las minas de Texcoco del año 2010 a la fecha, suscrito por los diputados Claudia Elena Águila Torres y Jorge Federico de la Vega Membrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Conaculta para que libere los recursos de la segunda etapa del teatro de la Ciudad de Valladolid “José María Iturralde y Traconis”, aprobados por esta Soberanía en el PEF 2012, a cargo del diputado William Renán Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar Solución a la Problemática de los Trabajadores Mineros en Cananea y en toda la República Mexicana, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria, para que intervengan en la solución del conflicto territorial de la Zona de los Chimalapas, y por el que solicita la creación de una Comisión Especial de Análisis, Seguimiento y Conciliación Pacífica del Conflicto Territorial de los Chimalapas, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración y al Gobierno del estado de Veracruz, para que haga público el resultado de las actividades que ha realizado para prevenir los actos de secuestro a indocumentados centroamericanos, y para que se investigue el paradero de los 40 migrantes desaparecidos el pasado 3 de octubre, en Medias Aguas, Veracruz, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a dar cumplimiento a las medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, contenidas en las sentencias dictadas al Estado Mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cofepris, para que retome y redoble el esfuerzo en el combate contra los llamados productos milagro, a través de un monitoreo masivo de medios de comunicación, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del 16 de octubre, celebración del Día Mundial de la Alimentación, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Haga el mismo procedimiento para efectos del acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra...

La diputada María del Carmen Martínez Santillán(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame. Sí, diputada, a sus órdenes.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán(desde la curul): Buenos días, señor presidente, en cuanto al orden del día tengo una inconformidad. El martes solicité que se agregará por urgente u obvia resolución un punto de acuerdo sobre el caso de Michoacán, cosa que sí está, pero no está como urgente u obvia resolución, está en el punto número seis, quisiera que se considerara en uno de los dos puntos.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En primer término, tengo que decirle que se aprobó ya el orden del día; y en segundo lugar, que si está en la lista no tiene usted problema, en ese momento lo solicita de esa manera y no habrá problema. Su texto ya fue integrado al Diario de los Debates, así lo pidió usted.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán(desde la curul): Presidente.

La diputada Lilia Aguilar Gil(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame darle la palabra a la siguiente diputada y después se lo vuelvo a dar a usted.

La diputada Lilia Aguilar Gil(desde la curul): Presidente, creo que la petición de la fracción del PT, es que este tema de Michoacán se incluya como de urgente u obvia, que fue lo que se planteó en la Junta de Coordinación Política y no fue considerado de esta manera. En un análisis de esta Cámara, de si los abusos que se están cometiendo contra estudiantes en Michoacán son considerados de urgente u obvia, o los vamos a dejar pasar; entonces, no tiene ningún sentido la representación política y popular de esta Cámara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame, diputado, déjeme leerle el artículo 59 del Reglamento de la Cámara, que señala que la Mesa Directiva integrará el proyecto de orden del día de las sesiones que dará a conocer al pleno con las propuestas que reciba de la Junta de Coordinación Política y eso es lo que hacemos, apegándonos estricta y totalmente al Reglamento. Sí, diputado, adelante. Permítame, diputada.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Gracias. Qué bueno que leyó el presidente el artículo 59, pero le pediría que leyera la fracción III del artículo 59.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Lea la Secretaría la fracción III del artículo 59. Es muy sencillo. Señala que tendrán prioridad aquellos asuntos que tengan un interés público. Lo señala —después señaló quién lo tiene que hacer—, y quien lo tiene que hacer es la Junta de Coordinación Política, además de que ya está aprobado el orden del día, diputado, y no voy a alterar ese orden. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

La diputada Luisa María Alcalde Luján(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame la Secretaría. Dígame, diputada.

La diputada Luisa María Alcalde Luján(desde la curul): Únicamente para señalar que ayer en la Junta de Coordinación Política, Movimiento Ciudadano planteó la urgencia de tocar el tema de Michoacán y de los compañeros que siguen presos, para exhortar al diálogo, porque será la única forma de solucionar el conflicto, y estamos pidiendo la renuncia del gobernador.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Diputada, déjeme aclararle el asunto con toda precisión: este debate sobre la relación que tiene el artículo 59 se da en la Junta y la Junta nos determina aquí; la Junta tiene la representatividad prácticamente de cada una de las fracciones parlamentarias y esta Directiva tiene la obligación de sujetarse al Reglamento y de sujetarse a la norma; de otra manera sería un caos el debate. Adelante, diputado.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Señor presidente, hemos visto de manera reiterada que la Junta de Coordinación Política, no solo aplicando su mayoría a la que tiene derecho, sino abusando de ella, ha calificado como de no urgente resolución una serie de propuestas que evidentemente son de urgente resolución, como es el caso de Michoacán.

No tiene sentido diferir este tema, como no ha tenido sentido diferir otros, corriendo el gravísimo riesgo de que se compliquen.

Así es de que la petición, señor presidente, es que en primer lugar, una definición: no puede estar la Junta de Coordinación Política sobre la decisión del propio pleno; así es de que solicitamos muy amablemente que pudieran someter a la decisión del pleno si un asunto de esta naturaleza, tan grave para el país, puede calificarse como de urgente u obvia resolución. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Secretario, pregúntele al pleno si modificamos la decisión ya tomada de aprobar el orden del día.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Ya tiene usted su respuesta, diputado. Continúe la Secretaría.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes 16 de octubre de 2012, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de 257 diputadas y diputados, a las 11 horas con 11 minutos del martes 16 de octubre de 2012, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura al orden del día, en virtud de que se encontraba publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se sometió a discusión el acta derivada de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados en votación económica se aprobó.

En su oportunidad y desde su curul solicitó publicar un pronunciamiento la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo. El presidente obsequió la petición.

El presidente informó a la asamblea que todos los asuntos turnados durante la sesión se conservarían en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las comisiones.

Se dio cuenta con comunicaciones oficiales:

a) Del Congreso de Guerrero con la que remite acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se autorice una partida presupuestal para la creación y ejecución del Programa Federal de Apoyo Económico para Personas con Discapacidad. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.

b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la actualización de las bases jurídico-administrativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Se remitió al promovente para su conocimiento.

c) Del Instituto Nacional de Migración, oficio con el que remite la información de carácter público que contienen los programas de protección a migrantes, correspondiente al tercer trimestre, así como el acumulado al tercer trimestre de dos mil doce. Se remitió a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

d) De la Cámara de Senadores:

• Con la que remite acuerdo aprobado, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se incremente significativamente los recursos destinados a las actividades científicas y tecnológicas.

• Con las que remite proposiciones con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013:

- Se contemple una partida especial para la construcción y operación de tres hospitales de especialidades en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, presentada por el senador Sofío Ramírez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

- Se destinen mayores recursos al combate del cáncer de mama, presentada por la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Acción Nacional.

- Se asigne una laptop con Internet a niños de quinto y sexto año de primaria de las escuelas públicas del país, presentada por el senador Daniel Amador Gaxiola, del Partido Revolucionario Institucional.

- Se consideren los recursos necesarios para el Programa Presupuestario 221, Programa Escuelas de Tiempo Completo, presentada por el senador Daniel Amador Gaxiola, del Partido Revolucionario Institucional.

- Se etiqueten recursos para los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán, presentada por la senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional.

Se turnaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.

e) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes a septiembre de 2012, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mismo mes del año anterior. Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

f) Del Congreso de Querétaro, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción décima quinta del artículo nueve-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se turnó a las Comisiones de Comunicaciones para dictamen.

g) De la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

Se concedió el uso de la tribuna para presentar las siguientes iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

a) Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 10 de la Ley Minera. Se turnó a la Comisión de Economía para dictamen.

b) José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.

c) Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turnó a la Comisión de Gobernación para dictamen.

d) Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se turnó a la Comisión de la Función Pública para dictamen.

A las 11 horas con 38 minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cerró el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta y dos diputadas y diputados.

e) José Arturo Salinas Garza, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turnó a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

f) Andrés de la Rosa Anaya, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

g) Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consideró de urgente resolución y se autorizó someterla a discusión en forma inmediata. El presidente informó a la asamblea de la recepción del posicionamiento por escrito por parte del diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, e instruyó fuera inserto íntegramente en el Diario de los Debates. Se sometió a discusión en lo general y en lo particular e intervino en contra el diputado Rubén Camarillo Ortega, del Partido Acción Nacional. Se consideró suficientemente discutido en lo general y en lo particular, en votación nominal con 388 votos a favor, 30 en contra y 3 abstenciones, se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el numeral 2, del artículo 39 de la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

h) Crystal Tovar Aragón, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos 3o. y 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

i) Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

j) Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que deroga el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

k) Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Partido Revolucionario Institucional, para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro “Tratados de Teoloyucan de 1914”. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.

l) Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, que deroga el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turnó a la Comisión de Vivienda para dictamen.

m) Sonia Rincón Chanona, a nombre propio y de los diputados integrantes de Nueva Alianza, que reforma el artículo 62 de la Ley de Aviación Civil. Se turnó a la Comisión de Transportes para dictamen.

n) Ossiel Omar Niaves López, a nombre propio y del diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 36 y adiciona un artículo 46 Ter a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turnó a la Comisión de Equidad y Género para dictamen.

o) María Teresa Jiménez Esquivel, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Asistencia Social. Se turnó a la Comisión de Salud para dictamen.

p) Jesús Morales Flores, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

Se dio cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia a favor de la consecución de la igualdad sustantiva para las mujeres en México. En votación económica se aprobó.

De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concedió el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

a) Jesús Antonio Valdés Palazuelos, en nombre propio y del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Partido Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza, respectivamente, por el que se exhorta al gobierno mexicano para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Secretaría de Economía, eviten la importación de papa fresca a territorio nacional.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consideró de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervinieron para referirse al tema los diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Héctor Narcia Alvarez, del Partido Verde Ecologista de México; Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática; Gerardo Peña Avilés, del Partido Acción Nacional; y Héctor García García, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

b) Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la coordinación de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de la Secretaría de Gobernación, impulsen acciones legales para atender a las víctimas de crímenes en los que se han empleado armas del operativo Rápido y Furioso y exijan la reparación del daño al gobierno de Estados Unidos de América, quien, en nombre de su grupo parlamentario retiró el segundo resolutivo del punto de acuerdo. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consideró de urgente resolución, tomando en cuenta el retiro del segundo resolutivo por parte del proponente. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervinieron para referirse al tema los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo; Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; Antonio Cuellar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México; Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática; y Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional. En votación económica se aprobó el primer resolutivo. Comuníquese.

De conformidad con el artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el orden del día de esta sesión que no fueron anunciadas, serían turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las de los diputados Roberto López Rosado, Verónica Beatriz Juárez Piña y Rosendo Serrano Toledo, del Partido de la Revolución Democrática; y Mauricio Sahui Rivero, del Partido Revolucionario Institucional, quienes solicitaron a la Secretaría fueran inscritas en la próxima sesión. En consecuencia se turnaron las siguientes de los diputados:

a) María Rebeca Terán Guevara, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial del Café. Se turnó a la Junta de Coordinación Política para su atención.

b) Isaías Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los Congresos de las entidades federativas en las que no se ha legislado sobre el derecho a la no discriminación, para que expidan las disposiciones legales necesarias encaminadas a la prohibición de la discriminación y al desarrollo de acciones institucionales para compensar la violación de este derecho. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

c) Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que se incrementen los apoyos a favor de las mujeres rurales. Se turnó a la Comisión de Equidad y Género para dictamen.

d) Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal a la exposición pública de cada una de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que incluya la denuncia, el estatus del caso y las razones por las que no se ha resuelto. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

e) Diputados integrantes de Nueva Alianza, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que garantice la aplicación del artículo 4o. constitucional, con la finalidad de que en los programas se cumpla con el principio del interés superior de la niñez. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

f) Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la industria automotriz. Se turnó a la Junta de Coordinación Política para su atención.

g) Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los gobiernos estatales a intensificar las acciones para consolidar la estrategia de detección del virus de papiloma humano en todo el territorio nacional; así como las acciones pertinentes para continuar con la aplicación sostenida y permanente de la vacunación universal y para que se amplié la red de laboratorios de biología molecular para la detección de éste. Se turnó a la Comisión de Salud para dictamen.

h) Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la instalación de un grupo de trabajo que de seguimiento a los hechos violentos suscitados el 10 de octubre de 2012 en San Dionisio del Mar, así como del incremento de la violencia en el istmo de Tehuantepec, generada por la instalación y operación de parques eólicos. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

i) Ossiel Omar Niaves López, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco para que libere los recursos del Fondo Metropolitano para la zona de Ocotlán, etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, para la ejecución de proyectos presentados por los municipios de Ocotlán, Poncitlán y Jamay. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Metropolitano para dictamen.

j) María Teresa Jiménez Esquivel, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Procuraduría General de la República, ejerza su facultad de atracción para investigar los supuestos hechos delictivos de la desaparición en forma similar, de mujeres en el estado de Aguascalientes. Se turnó a la Comisión de Justicia para dictamen.

k) Óscar Bautista Villegas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes, se continúe con el programa denominado Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar. Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria para dictamen.

l) Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Energía, para que se aplique un subsidio especial al consumo de gas LP y gas natural, para la población de Chihuahua y Durango en la siguiente temporada invernal. Se turnó a la Comisión de Energía para dictamen.

m) María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Educación Pública para que implanten diversas acciones para atender y eliminar los casos de violencia y acoso escolar. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

n) José Antonio León Mendívil, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que diseñe y ejecute políticas públicas orientadas a la adquisición de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del país, a partir de la producción nacional. Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería para dictamen.

o) Israel Moreno Rivera, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la reforma política del Distrito Federal. Se turnó a la Comisión del Distrito Federal para dictamen.

Desde su curul la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Partido Acción Nacional, solicitó a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria del ciudadano Felipe de Jesús Vicencio Álvarez, quien fue diputado en la LVIII Legislatura. El presidente obsequió la solicitud.

El siguiente punto del orden del día era la efeméride con motivo del 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, se concedió el uso de la palabra a la diputada Petra Barrera Barrera, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

El presidente informó a la asamblea que está en espera la recepción de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para la integración complementaria de las comisiones ordinarias, y a las 14 horas con 40 minutos declaró un

Receso

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

A las 21 horas con 8 minutos se reanudó la sesión.

Se dio cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran las 54 comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura. El presidente dio lectura a los resolutivos e intervino en contra el diputado Rubén Camarillo Ortega, del Partido Acción Nacional. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

Agotados los asuntos del orden del día, el presidente citó para la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el jueves 18 de octubre de 2012, a las 11:00 horas, y levantó la sesión a las 21 horas con 13 minutos.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobada el acta.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame la Secretaría. Sí, diputado, a sus órdenes.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro(desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente quiero solicitar que se brinde la atención debida a una petición que representantes y autoridades de una organización social del estado de Guerrero denominada Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, en su mayoría indígenas y afromexicanos, que salieron en marcha-caravana desde la ciudad capital de Chilpancingo y se dirigen a esta honorable Cámara de Diputados para ser recibidos por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, para efecto de que podamos atender y dar seguimiento a sus demandas relacionadas con la gestión presupuestal sobre obras de infraestructura básica, educativa, salud, proyectos productivos y una agenda legislativa.

Esta petición la formularon de manera oficial mediante oficio, el cual obra en poder de cada uno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política; ruego se solicite a la Junta de Coordinación Política que brinde la atención debida para que a la una, dos de la tarde pueda ser recibida una comisión representativa que estará arribando a esa hora en una caravana-marcha de más de mil integrantes.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Ya está hecho, señor diputado. Ya se pidió la representación para atenderlos.

Adelante la Secretaría.

PRODUCTORES DE TOMATE Y JITOMATE

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0112, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 100.2012.DGE.570, suscrito por la maestra Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, directora general de Enlace de la Secretaría de Economía, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la problemática que enfrentan los productores mexicanos de tomate.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SEL/UEL/311/2797/12, del 3 de octubre del año en curso, me permito enviar respuesta al punto de acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados por el que exhorta al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Economía (SE), a usar los medios legales a su alcance para defender a los productores mexicanos de tomate y renegociar los acuerdos comerciales para exportar jitomate a Estados Unidos.

Al respecto, la Subsecretaría de Comercio Exterior informa que la SE coincide con el interés expresado por la honorable Cámara de Diputados sobre la necesidad de ejercer una defensa férrea y decidida de nuestros intereses comerciales y de nuestra industria mexicana del tomate, a fin de evitar que se adopten medidas proteccionistas que perjudiquen no sólo nuestra relación comercial con Estados Unidos de América, sino a trabajadores, productores, exportadores, importadores, comercializadores y consumidores de tomate en ambos lados de la frontera.

Sobre este punto, hago de su conocimiento que desde que se tuvo conocimiento, en junio de 2012, de la intención de los productores del estado de Florida, Estados Unidos de América, de terminar con la investigación antidumping de 1996 y, por consecuencia, con el acuerdo de suspensión vigente, mediante el cual se realizan nuestras exportaciones de tomare a ese país la SE ha impulsado un conjunto de acciones en estrecha coordinación con los representantes mexicanos de esta industria, gobiernos de los estados, así como con otras dependencias del gobierno federal, como las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE); de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); y de Desarrollo Social (Sedesol).

Para tal efecto se han llevado a cabo diversas comunicaciones escritas, telefónicas, y se ha participado en reuniones presenciales con autoridades del Departamento de Comercio del vecino país (USDOC), la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el Departamento de Agricultura (USDA), el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, y la Embajada de Estados Unidos en México, en las que se ha expresado la preocupación que genera la solicitud de los productores de Florida de dar por concluido el acuerdo de suspensión que durante 16 años ha permitido el comercio de tomate en beneficio de ambos países.

Cabe destacar que la SE presentó, en coordinación con otras secretarías y la industria mexicana, un escrito como parte interesada ante el USDOC, el pasado 4 de septiembre, con argumentos técnicos sobre el proceso legal que se está siguiendo en EE UU., por el asunto en comento, y seguirá participando activamente en el procedimiento administrativo que lleva dicha instancia extranjera para decidir si debe o no terminar con el acuerdo de suspensión.

No omito señalar que existe el compromiso para mantener comunicación estrecha con nuestra industria para presentar los nuevos argumentos durante los próximos 40 días fijados por el USDOC, para recibir comentarios y objeciones adicionales de las partes interesadas antes de que emita una decisión final.

Es importante apuntar que las llamadas, reuniones e intercambios de correos han ocurrido en diferentes niveles de gobierno e instancias, por lo que se adjunta una lista ilustrativa de algunas de las acciones que se han llevado a cabo durante los últimos meses para encausar posibles soluciones y atender el problema.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 10 de octubre de 2012.— Maestra Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), directora general de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía

Anexo

Lista ilustrativa de acciones relacionadas con la posible terminación del acuerdo de suspensión de 1996 sobre el tomate mexicano.

1. 2 de julio de 2012, reunión de los productores mexicanos de tomate, Mario Robles, de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) y Martin Ley, con la representación de la SE en Washington.

2. 11 de julio de 2012, reunión presidida por el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), funcionarios de las Subsecretarías de Industria y Comercio y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, representantes de la industria tomatera mexicana, en la que se atendieron las preocupaciones y se adoptaron compromisos para responder a las mismas, en particular mediante comunicaciones con autoridades estadounidenses responsables de los temas comerciales internacionales.

3. 18 de julio de 2012, reunión técnica con representantes legales estadounidenses de la industria tomatera mexicana, funcionarios de la Subsecretaría de Comercio Exterior y de la Subsecretaría de Industria y Comercio (Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales-UPCI) de la Secretaría de Economía, Sagarpa y Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante la cual se aclararon dudas sobre el procedimiento en EE UU y posibles líneas de acción y argumentación jurídica ante autoridades estadounidenses, en particular el Departamento de Comercio de EE UU (USDOC).

4. 27 de julio de 2012, el subsecretario Francisco de Rosenzweig asistió a una reunión de las Comisiones Unidas del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), a quienes expuso las acciones que hasta ese momento se habían realizado.

5. 30 de julio de 2012, el subsecretario de Rosenzweig realizó una llamada telefónica con Islam Siddiqui, jefe negociador agrícola de la Oficina del Representante Comercial de EE UU (USTR), en la que se reiteró la preocupación por que el USDOC ceda a presiones políticas, sobre todo en un año electoral, y se termine violentando el debido proceso en la determinación del USDOC.

6. 31 de julio de 2012, el Secretario Bruno Ferrari envió un oficio a la Secretaría en Funciones del USDOC, Rebecca Blank. Asimismo, el subsecretario de Rosenzweig envió un oficio dirigido al subsecretario de Comercio Frank Sánchez. En ambos documentos se señala que el acuerdo de suspensión es en el interés público y debe mantenerse vigente. Ese mismo día, el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, dirigió un oficio a la SE.

7. 1 de agosto de 2012, se sostuvieron conversaciones por separado con Eric Viramontes, de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, AC (AMHPAC), y con Mario Robles de CAADES, ambos representantes de los productores nacionales.

8. 1 de agosto de 2012, reunión del secretario Bruno Ferrari con el gobernador del estado de Sinaloa, Mario López Valdés, a quien se le informó de las acciones que la secretaría ha llevado a cabo en favor de los productores mexicanos de tomate. Dicha reunión sirvió también para coordinar los pasos a seguir a nivel federal y local.

9. 2 de agosto de 2012, Arturo Sarukhan, embajador de México en EE UU envió comunicaciones al Departamento de Estado (subsecretario Hormats), a la Casa Blanca (Michael Froman), al Departamento de Comercio (subsecretario Francisco Sánchez), al USTR (Embajador Kirk) y al Departamento del Tesoro (Subsecretaria Lael Brainard), para expresar sus consternación ante el caso de tomate mexicano.

10. 3 de agosto de 2012, el subsecretario de Rosenzweig nuevamente comentó el tema de tomate telefónicamente con el embajador Islam Siddiqui, negociador agrícola en jefe del USTR.

11. 6 al 8 de agosto, los gobernadores de Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas respectivamente le enviaron un oficio al embajador de EE UU en México, Anthony Wayne, para expresarle el impacto económico y comercial que tendría en ambos lados de la frontera, la terminación de la investigación antidumping a las importaciones de tomates frescos de México y del acuerdo de suspensión.

12. 8 de agosto de 2012, el subsecretario de Rosenzweig se reunió con Lorenzo Ysasi, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y con el director del mismo organismo en Sinaloa, a quienes les expuso la postura del gobierno mexicano frente al caso. En esta fecha, el subsecretario de Rosenzweig tuvo una conversación telefónica con el subsecretario de Comercio Internacional de EE UU, Francisco Sánchez.

13. 9 y 10 de agosto, el subsecretario de Rosenzweig y equipo técnico de la Secretaría de Economía sostuvieron reuniones con Paul Piquado del USDOC y con Demetrios Marantis e Islam Siddiqui, del USTR, a quienes exhortó a considerar los recursos legales ya previstos por el acuerdo de suspensión. Durante ese mismo viaje, el subsecretario se reunió con Robert LaRussa, representante legal de los tomateros mexicanos, y con Eric Farnsworth, del Council of the Americas, a fin de sensibilizar a éste último sobre este diferendo.

14. 13 de agosto de 2012, el subsecretario de Rosenzweig se reunió con dirigentes empresariales estadounidenses de sectores importantes en el comercio bilateral en el sector agrícola (pollo y cerdo), reunión en la cual manifestó el interés de México por mantener un ambiente constructivo en el comercio bilateral en dicho sector.

Asimismo, durante esa semana la SE tuvo contacto con diversos sectores empresariales estadounidenses interesados en la relación comercial bilateral, a fin de informarles del caso y solicitar su apoyo ante el USDOC.

15. 13 de agosto de 2012, el secretario Bruno Ferrari sostuvo una conversación telefónica con la secretaria en funciones, Rebecca Blank. Por su parte, el subsecretario de Rosenzweig se reunió con el subsecretario Frank Sánchez. En ambas conversaciones se expresó la posición del gobierno de México y su interés por lograr una negociación en el marco del actual Acuerdo de Suspensión.

16. 16 de agosto de 2012, el subsecretario de Rosenzweig acompañó a los representantes de la industria mexicana en una reunión con el subsecretario Frank Sánchez, en Washington, DC, reunión en la que pudieron expresarle directamente su preocupación en cuanto al caso.

17. 17 de agosto de 2012, una vez más, el secretario Bruno Ferrari envió una carta al embajador Kirk (USTR), a Timothy Geithner, titular del Departamento del Tesoro, a Hillary Clinton, secretaria de Estado y a Tom Vilsack, secretario del Departamento de Agricultura, en la cual les expresó su inconformidad respecto a cualquier acción tendente a vulnerar el Acuerdo de Suspensión y recalcó la petición que ha hecho la industria mexicana de iniciar el proceso de consultas previsto como mecanismo dentro del acuerdo.

18. 21 de agosto de 2012, nuevamente la SE contactó a diversos grupos empresariales estadounidenses solicitando su apoyo en este caso.

19. 28 de agosto de 2012, el subsecretario de Rosenzweig envió de nuevo una carta al subsecretario Frank Sánchez, en la que exhorta al USDOC a iniciar a la brevedad el proceso de consultas correspondiente en el marco del Acuerdo de suspensión, de manera paralela al proceso de revisión por cambio de circunstancias iniciado el 21 de agosto con la publicación del Federal Register. Asimismo, solicita que la revisión se continúe con el procedimiento ordinario que prevé la legislación de EE. UU. (270 días para completar dicha revisión).

20.30 de agosto de 2012, la Subsecretaria Lorenza Martínez presidió una reunión en la que participaron diversos funcionarios de las Subsecretarías de Industria y Comercio y de Comercio Exterior de la SE, así como Mario Robles’ y diversos miembros de CAADES. En esta reunión se analizaron diversas propuestas de la industria mexicana para modificar el Acuerdo de Suspensión, mismas que serán discutidas posteriormente ante el USDOC en las consultas solicitadas en el marco del Acuerdo de Suspensión.

21.4 de septiembre de 2012, presentación ante el USDOC de los comentarios de México como parte interesada en el procedimiento por “cambio de circunstancias”. Dicho documento, presentado por esta SE, incorporó todos los argumentos presentados por el gobierno federal incluidos Sagarpa y Sedesol, los que además fueron discutidos con el representante legal de la industria mexicana.

22.7 y 8 de septiembre, bajo el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el tema fue abordado con autoridades de EE.UU.

23. 12 de septiembre de 2012, reunión técnica entre titulares de la Consultaría Jurídica de Negociaciones, Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, directores generales de Evaluación y Seguimiento y de Análisis de Comercio Exterior, con el Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Sagarpa, para intercambiar opiniones y ruta de posibles acciones legales.

24. 14 de septiembre de 2012, reunión con subsecretarios Lorenza Martínez, Francisco de Rosenzweig, titulares de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones y de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, para acordar las acciones a seguir en el marco del procedimiento por “cambio de circunstancias” y otras gestiones ante autoridades del sector público y privado de EE UU.

25. 17 de septiembre de 2012, se llevó a cabo una conferencia de prensa del subsecretario de Rosenzweig, junto con representantes de la industria del tomate, Rosario Antonio Beltrán, presidente de la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas de CAADES-CIDH y vicepresidente del Sistema Producto Nacional Tomate; Mario H. Robles, director de la misma comisión y facilitador del Sistema Producto Tomate Sinaloa; Carlos Espinoza, productor de Sinaloa y vicepresidente del Comité Técnico del Dumping en AMHPAC; Diego Ley López, productor de Sinaloa y Jalisco y miembro del Consejo de CAADES-CIDH, y Sergio Esquer Peiro, productor de Sinaloa y Nayarit y miembro del Consejo de CAADES-CIDH, quienes recalcaron la importancia de apoyar al sector por el bien de la economía nacional, informaron sobre la situación que guardan nuestras exportaciones a EE UU, las acciones que se han adoptado a la fecha y los posibles escenarios derivados de una decisión adversa para nuestras exportaciones.

26. 19 y 27 de septiembre, el subsecretario de Rosenzweig tuvo comunicación telefónica con el subsecretario de Comercio Internacional de EE UU, Francisco Sánchez, a fin de dar seguimiento al proceso de cambio de circunstancias y a la renegociación del acuerdo de suspensión. Asimismo, el 28 de septiembre se tuvo una reunión en Washington, DC, con grupos empresariales interesados en la relación comercial bilateral, a fin de darles a conocer el estado que guarda este caso y sensibilizarlos sobre su relevancia.

27. 4 de octubre de 2012, en una gira de trabajo a Washington, el subsecretario de Rosenzweig se reunió con productores mexicanos de tomate, a fin de articular las estrategias a seguir sobre la determinación preliminar del USDOC, y les reiteró el apoyo del Gobierno mexicano en sus esfuerzos por finalizar esta negociación en los mejores términos para ambos países.

28. 4 de octubre de 2012, el subsecretario de Rosenzweig se reunió con el embajador Islam Siddiqui, jefe negociador agrícola del USTR, Miriam Sapiro, representante comercial adjunta del USTR, el embajador Demetrios Marantis, representante comercial adjunto del USTR, y con el subsecretario de Comercio Internacional del USDOC, Francisco Sánchez, con el objetivo de comunicarles la preocupación del gobierno mexicano sobre la determinación preliminar y el proceso seguido por el USDOC.

Asimismo, les expresó que el gobierno mexicano continuará buscando que esta controversia se resuelva en los mejores términos para la relación bilateral comercial.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase al promovente, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y secretaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a implementar acciones y mecanismos eficientes y eficaces para erradicar la pobreza que existe en gran parte de la sociedad mexicana.

La presidencia dispuso que los resolutivos primero y tercero del punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Desarrollo Social y el tercero de ellos a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«De la senadora Lisbeth Hernández Lecona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y secretaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, me permito presentar ante esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta de forma respetuosa a las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus facultades y competencia, para que implementen acciones y mecanismos eficientes y eficaces para erradicar la pobreza que existe en gran parte de la sociedad mexicana, con base en las siguientes

Consideraciones

Este 16 de octubre del año 2012, se celebra como desde hace más de 30 años el “Día Mundial de la Alimentación”, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Aunado a lo anterior, el Banco Mundial establece que las soluciones básicas para combatir la pobreza, falta de alimentación y la desnutrición son la educación, el empleo, la capacitación, la transparencia del gobierno, y el fin de la corrupción.

Cabe mencionar que una de las causas de la desnutrición, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es la falta de acceso a los alimentos. La imposibilidad de acceder a ciertos productos básicos y complementarios, sobre todo en las localidades marginadas y de difícil acceso, se asocia a la presencia de desnutrición y mala alimentación para cientos de miles de familias mexicanas que habitan en esos lugares.

El Día Mundial de la Alimentación (DMA) fue establecido por países miembros de la FAO en la Reunión General de la Organización Número 20, en noviembre de 1979. La delegación Húngara, encabezada por el Ministro Húngaro de Agricultura y Alimentación doctor Pál Romány actuó un activo rol en la Sesión Número 20 de la Conferencia de la FAO, sugiriendo la idea de celebrar mundialmente el Día Mundial de la Alimentación. Desde entonces se ha desarrollado cada año en más de 150 países, dando a conocer los problemas detrás de la pobreza y el hambre.

Desde el 15 octubre de 1981, el Día Mundial de la Alimentación ha adoptado diferentes causas o temas cada año, con el fin de destacar áreas necesitadas de reformas sociales, tales como:

Año/Causa

2012: Las cooperativas agrícolas alimentan al mundo

2011: Precios de los alimentos: de la crisis a la estabilidad

2010: Unidos contra el hambre

2009: Conseguir la seguridad alimentaria en época de crisis

2008: Seguridad Alimentaria Mundial: los retos del cambio climático y bioenergía

2007: El derecho a la alimentación

2006: Mejorando la agricultura para la seguridad alimentaria

2005: Agricultura y diálogo intercultural

2004: Biodiversidad y seguridad alimentaria

2003: Trabajando unidos para la Alianza Internacional contra el Hambre

2002: Agua: Fuente de seguridad alimentaria

2001: Lucha contra el hambre para reducir la pobreza

2000: Un milenio libre de hambre

1999: La juventud contra el hambre

1998: Las mujeres alimentan el mundo

1997: Mejorando la seguridad alimentaria

1996: Lucha contra el hambre y la malnutrición

1995: Comida para todos

1994: Agua para la vida

1993: Cosechando la diversidad natural

1992: Alimentos y nutrición

1991: Árboles para la vida

1990: Comida para el futuro

1989: Alimentación y medio ambiente

1988: Juventud rural

1987: Pequeños granjeros

1986: Pescadores y comunidades de pesca

1985: Pobreza rural

1984: Las mujeres en la agricultura

1983: La seguridad alimentaria

1982: La comida va primero

1981: la comida va primero

Bajo esa tesitura el rubro “Agrícola” que toma la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, es ineludible es nuestro México, inclusive, actualmente estamos muy lejos de aquéllos años en que el gobierno de la revolución podía vanagloriarse de la capacidad del sector agrícola para producir alimentos y satisfacer la demanda comercial en nuestro país.

En el fondo de la situación económica que vive nuestro país, existe la necesidad estratégica de disminuir los costos de reproducción social y, en esto, los alimentos juegan un papel central. La posibilidad de que México se transforme en un país exportador, que mejore su competitividad en el mercado mundial está estrechamente vinculada a la existencia de una abundante oferta de alimentos a bajo precio.

Procurar mayor dependencia alimentaria de la producción del campo nacional, generar políticas públicas que garanticen la autosuficiencia alimentaria, o al menos una mayor dependencia de los alimentos de nuestra propia tierra, se convierten en una acción indispensable el apoyar al campo y a los campesinos, y por supuesto, extender la protecciónsocial de los derechos de seguridad social a zonas más rurales y desprotegidas.

Invertir en infraestructura y capacitación para productores del campo y hacerlos productivos, incrementar la inversión en infraestructura productiva y servicios rurales, diseñar nuevas políticas que doten de capacitación a los productores nacionales, tales como las cadenas productivas de valor para apoyar la reconversión productiva y se focalicen los esfuerzos en cultivos de más rentabilidad, deben ser aspectos prioritarios para nuestro ejercicio como representantes de la sociedad, de nuestro estado y de nuestro país.

Cabe mencionar que los programas actuales no contribuyeron a la reducción de la pobreza en México, según manifestación del secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona. Es decir, los programas sociales son un complemento en el combate de la pobreza, pero los motores más importantes para su reducción son la creación de empleos; el alza de la productividad, del crecimiento económico y de los salarios reales, así como el acceso efectivo a los derechos sociales.

Por ello, prevalece una acción que en forma conjunta estaremos trabajando en la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, de la cual, su servidora es integrante de la misma, al ser una Comisión Legislativa de reciente creación en la Cámara de Senadores, por supuesto que felicito a mis compañeras y compañeros Senadores, por tal loable creación que trae consigo un alto grado de responsabilidad y de trabajo para los que integramos ésta Comisión.

Por ello, estoy segura que el autoabastecimiento alimentario es el progreso hacia una nueva y mejor calidad de vida, hacia una vida más grata, hacia una vida que devuelve al trabajo el aliciente y la iniciativa diaria, que trae consigo variedad y grandes éxitos, no es óbice señalar que con la reforma a nuestra Constitución Federal en su artículo 4 establece literalmente “...que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y el Estado tiene la obligación de garantizarla...”

Significa entonces que tenemos una responsabilidad plena por lo que se hace o se deja de hacer, y una de sus mayores compensaciones es la alegría que nace de ver el desarrollo completo de cada tarea, creando leyes y normas que sean un complemento en la ejecución de las mismas y que las reformas constitucionales lleguen a un feliz término en su aplicación a favor de la población mexicana.

Para México este tema resulta de vital importancia, debemos ser capaces de producir el alimento básico de la población pero al mismo tiempo dar apertura comercial y propiciar la competencia a nivel mundial, a fin de no quedar fuera debido a las malas condiciones en las que se encuentra el campo mexicano, es decir, buscar alternativas e instrumentos de libre competencia que beneficie a todos, tanto consumidores como proveedores.

Bajo ese parámetro, debemos buscar instaurar una reserva nacional de alimentos para regular el mercado de suministros, garantizar la producción de granos, de sorbo, frijol y arroz, entre otros, e incentivar políticas públicas dirigidas a productores del campo y consumidores, es preponderante e inaplazable la creación de un programa estratégico a corto y mediano plazo para evitar una eventual crisis en la producción agrícola y con ello beneficiar directamente a los campesinos y otorgar precios justos a los consumidores.

Es imprescindible adecuar las políticas públicas e instituciones del sector agropecuario para garantizar la producción de todos y cada uno de los cultivos básicos de nuestro país y que los mismos sean de alta calidad para proteger a los consumidores, además de generar desarrollo en las regiones y zonas rurales más pobres del país.

El Estado es el encargado de generar riqueza por medio de la cuál ganará poder en el escenario internacional, bajo ese parámetro, es total responsabilidad del Estado Mexicano a través de los tres niveles de gobierno, unificar el mercado interno y lograr su desarrollo, ya que la prosperidad de una nación depende del capital que tiene. Desde esta perspectiva, podemos decir que la autosuficiencia alimentaria es una función básica del Estado ya que como regulador de la economía y los mercados es capaz de fomentar y apoyar la producción de alimentos para la población nacional, la actividad agropecuaria y la planeación de las estrategias son y deben ser creadas por el Estado.

La capacidad de una nación de producir sus propios alimentos es vital para el poderío de un país y no se podría concebir la idea que la alimentación de sus propios ciudadanos dependiese de un país extranjero.

Busquemos la competencia global para estar a la par de naciones con altos índices de competitividad en la producción de alimentos, esto permitirá incrementar los ingresos mediante la exportación de alimentos básicos y primarios, propios de nuestro campo mexicano.

Justificación

Las consecuencias: Del 2006 al 2010, se registra un espectacular aumento de la pobreza que se extiende al 2012, contabilizándose cerca de 60.0 millones de personas, un 25% adicional a lo reportado al inicio de esta administración por concluir, conllevado inevitablemente un proceso de rompimiento de la cohesión social. De esta oprobiosa realidad se afirma que “La estabilidad económica es insuficiente, México se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo, en términos sociales.

Finalmente podemos colegir que es vital darle cabida a tan sensible tema que nos incumbe a todos los Senadores de la República y que nos constriñe exhortar a todas las Autoridades de las tres esferas de gobierno a que mediante acciones de sinergia permitan una estrecha cooperación y coordinación para la creciente demanda de la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno legislativo de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: El Senado de la República exhorta de forma respetuosa a las autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de sus facultades y competencia, para que implementen acciones y mecanismos eficientes y eficaces para erradicar la pobreza que existe en gran parte de la sociedad mexicana.

Segundo: El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a etiquetar mayores recursos para las políticas públicas relativas al rubro alimentario a fin de ejecutar las acciones paralelas al cumplimiento del artículo 4 constitucional, y que en el Presupuesto federal específico sobre ese ramo, sea insertado en el plan nacional de desarrollo social.

Tercero: El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social administre y distribuya de forma eficiente y equitativa los recursos destinados para los rubros de desarrollo social.

Notas:

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, creada en el año de 1945, de donde México es miembro desde su fecha de creación.

2 Ibídem.

3 Ibídem

4 Coneval.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, el 16 de octubre de 2012.— Senadoras: Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi Michoacán, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Mely Romero Celis (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Ávila Ruiz, secretario de la Comisión de Juventud y Deporte e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acurdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se consideren destinen mayores recursos a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para el rubro de infraestructura deportiva y municipal.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, senador Daniel Ávila Ruiz, secretario de la Comisión de Juventud y Deporte e integrante de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

El deporte y sus efectos benéficos pueden analizarse desde una amplia variedad de perspectivas. Por un lado, las actividades deportivas son una de las herramientas más eficaces que tenemos todos los individuos, cualquiera que sea nuestra edad, cualidades, fortaleza y capacidades, para cuidar e, incluso, mejorar nuestro estado de salud física y mental.

Por otro lado, el deporte ha probado ser un factor indispensable en la formación del carácter de los individuos: se sabe que, al ejercitar el cuerpo, las personas incrementan su nivel de disciplina, concentración y dedicación al bienestar social y personal.

En tercer lugar, el desarrollo y éxito de actividades deportivas, sobre todo de deportistas de alto rendimiento, se convierten en ejemplo de miles y hasta millones de personas. Se integran a los motivos de orgullo de su comunidad y de la nación.

Otro gran beneficio del deporte es su capacidad en la generación de hábitos de vida sana, además aleja a niños y jóvenes de los riesgos de las adiccio­nes, y acerca a los jóvenes a su comunidad. Son poderosos mecanismos para crear lazos y solidaridad social, y ofrecen oportunidades para la convivencia familiar y comunitaria.

Sin embargo, para poder desarrollar la capacidad deportiva de la población, se necesitan más y mejores instalaciones al servicio de toda la colectividad, tanto en comunidades rurales como en las urbanas. En cada localidad debe existir por lo menos una cancha de futbol o basquetbol, que estimule a la población a realizar alguna actividad física.

Con estas consideraciones en mente, durante la presente administración se han hecho grandes esfuerzos para incrementar la inversión en infraestructura deportiva; basta citar algunos datos: De acuerdo con el primer y sexto Informe de Gobierno, en 2006 se transfirieron 38 millones de pesos destinados a los Apoyos de Infraestructura y Equipamiento Estatal, mientras que, para 2012 el monto ascendió a 3 mil 204 millones de pesos, 62.5% superior en términos reales en relación a la inversión de 2006. De este último presupuesto 77.9% se asignó a 545 municipios para fortalecer su infraestructura.

A pesar de estos esfuerzos, sabemos que la infraestructura que actualmente se tiene en el país no ha sido suficiente para promover una mejor cultura deportiva entre todos los grupos sociales y en cada región del país, mucho menos en desarrollar e incorporar mayores y mejores atletas de alto rendimiento.

Además, es lamentable que durante los últimos años, debido a la inactividad física de la población, se han presentado grandes problemas de salud pública, tales como la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónico-degenerativas, que aportan un número cercano a 200 mil muertes cada año.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, México es el primer lugar a nivel mundial en casos de obesidad en la población en general; es decir, alrededor de 70 por ciento de los mexicanos tienen problemas de sobrepeso, y de estos, 30 por ciento son obesos. Se añade a esta problemática el caso alarmante de niños en edad escolar en donde se encontró una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de 19.5 por ciento.

Por otra parte, la falta de apoyos económicos y para el equipamiento de las instalaciones deportivas es una de las demandas de nuestros atletas; además, sabemos que en muchos casos no cuentan con entrenadores altamente capacitados y con un equipo multidisciplinario y profesional que los apoye.

Cabe mencionar que el presupuesto que se le asignó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para el 2012 ascendió a 6 mil 147 millones de pesos, cifra que representó únicamente 0.17% del gasto neto del sector público. A pesar de lo anterior nuestros grandes atletas dieron lo mejor de ellos, obteniendo para nuestra nación una medalla de oro, tres medallas de plata y tres de bronce que lo colocaron en la posición 39 del medallero empatado con Georgia.

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único:Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2013 se consideren y destinen mayores recursos para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en infraestructura deportiva y municipal.

Notas:

1 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2008-2012. Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, p.10.

2 Organismo público descentralizado de la Administración Pública encargado de conducir la política nacional en materia de cultura física y deporte.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 16 días del mes de octubre de 2012.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PERMISOS PARA ACEPTAR CONDECORACIONES

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Omar León Arroyo pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Logro por Servicio Conjunto, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único.Se concede permiso para que el ciudadano Omar León Arroyo, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Logro por Servicio Conjunto, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Gerardo Felipe Laveaga Rendón pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único.Se concede permiso para que el ciudadano Gerardo Felipe Laveaga Rendón pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que la ciudadana Lydia María Cacho Ribeiro pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que la ciudadana Lydia María Cacho Ribeiro pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que la ciudadana Marina Stavenhagen Vargas pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y Letras, en grado de Oficial, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que la ciudadana Marina Stavenhagen Vargas pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y Letras, en grado de Oficial, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que la ciudadana Mirielle Susana Chabre y Audemar pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que la ciudadana Mirielle Susana Chabre y Audemar pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Alfonso Muray Kobory pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro y Plata, que le otorga el gobierno de Japón.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Alfonso Muray Kobory pueda aceptar y usar a condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Rayos de Oro y Plata, que le otorga el gobierno de Japón.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Ernesto Rivera Rojas pueda aceptar y usar la condecoración Medalla “Mérito Santos-Dumont”, que le otorga el gobierno de la República Federativa de Brasil.

México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Ernesto Rivera Rojas pueda aceptar y usar la condecoración Medalla “Mérito Santos-Dumont”, que le otorga el gobierno de la República Federativa de Brasil.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Juan José Sabines Guerrero pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden José Cecilio del Valle, en grado de Gran Collar, que le otorga la Cámara de Comercio de Guatemala.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único.Se concede permiso para que el ciudadano Juan José Sabines Guerrero pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden José Cecilia del Valle, en grado de Gran Collar, que le otorga la Cámara de Comercio de Guatemala.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnense a la Comisión de Gobernación.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que los ciudadanos Carolina Rojas Cardiel, Mariela Escalona Luna, Jorge Antonio Camacho Ugalde, Rocío Yanez Ojeda, Francisco Javier Meléndez González, Marco Abram Meza Salas, Jesús Manuel García Monreal y Martha Lorena Parra Arteaga, puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso para que la ciudadana Carolina Rojas Cardiel, pueda prestar sus servicios como administradora financiera en la Embajada de Nueva Zelanda en México.

Artículo Segundo.Se concede permiso para que la ciudadana Mariela Escalona Luna pueda prestar sus servicios como operadora telefónica en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero.Se concede permiso para que el ciudadano Jorge Antonio Camacho Ugalde pueda prestar sus servicios como auxiliar del Área Financiera en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto.Se concede permiso para que la ciudadana Rocío Yanez Ojeda pueda prestar sus servicios como asistente administrativo en el Departamento de Servicios a Ciudadanos Americanos en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Quinto.Se concede permiso para que el ciudadano Francisco Javier Meléndez González pueda prestar sus servicios como chofer/almacenista en el Consulado General de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Sexto.Se concede permiso para que el ciudadano Marco Abram Meza Salas pueda prestar sus servicios como chofer/almacenista en el Consulado General de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Séptimo.Se concede permiso para que el ciudadano Jesús Manuel García Monreal pueda prestar sus servicios como cajero en el Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Octavo.Se concede permiso para que la ciudadana Martha Lorena Parra Arteaga pueda prestar sus servicios como asistente de investigaciones de fraude en el Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Rodrigo Díaz García para prestar servicios como especialista en adquisición y ayuda en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único.Se concede permiso al ciudadano Rodrigo Díaz García para prestar servicios como especialista en adquisición y ayuda en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Humberto Hernández Menchaca para que pueda prestar servicios como asistente consular en el Consulado del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único.Se concede permiso al ciudadano Humberto Hernández Menchaca para que pueda prestar servicios como asistente consular en el Consulado del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnense a la Comisión de Gobernación.

DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción XVI; 12, fracción II, y 13, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el debido respeto acudo ante esta soberanía a efecto de que ponga a consideración del pleno mi solicitud de licencia para separarme del encargo de diputada federal a la LXII Legislatura a partir del 22 de octubre del presente año, por tiempo indefinido.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Diputada María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Someta a consideración de la asamblea el punto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada María Elia Cabañas Aparicio, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el IV distrito electoral del estado de Baja California, a partir del 22 de octubre del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa...

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Gracias, señor presidente. Evidentemente no po-dríamos rechazar la solicitud de licencia; quisiera saber nada más, si es posible, las razones por las cuales se retira y quién es la persona que lo suple o que la suple.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para su tranquilidad, es mujer.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): No, no es por mi tranquilidad, es un acto de justicia nada más.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Las razones se derivan del fallecimiento en el Congreso local de alguien de quien era ella suplente.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Muchísimas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para servirle, diputada. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobado. Comuníquese.

ANIVERSARIO DEL SUFRAGIO FEMENINO EN MEXICO

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El siguiente punto del orden del día es, comentarios relativos a la celebración del LIX aniversario del sufragio femenino en México. Para referirse a este tema, se han registrado la diputada Dora María Talamante Lemas, Magdalena del Socorro Núñez, Nelly del Carmen Vargas, Ruth Zavaleta, Margarita Tapia, Carmen Lucía Pérez y Aurora Denisse Ugalde.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la diputada Dora María Talamante.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Partido Nueva Alianza —al que tengo el orgullo de pertenecer— ha avanzado con paso firme en el camino de reconocer a las mujeres como ciudadanas con plenos derechos, incluyendo el derecho a votar y ser votadas para cargos de elección popular, como es evidente en la conformación actual del Congreso de la Unión.

Como puede verificarse, históricamente son numerosas las mujeres de México que desempeñaron un papel importante en la Independencia y en la Revolución y aunque no es reconocida, debe destacar la valiosa participación de la mujer en la construcción de la patria.

A lo largo del siglo XIX, tanto entonces como hoy, en el siglo XXI, mientras construimos la sociedad del conocimiento, las mujeres han sido artífices y promotoras del progreso, la educación y la formación de los mexicanos, de la superación individual y de la integración de comunidades de ciudadanos.

Excluidas de la educación formal, de la institución escolar en el siglo XIX, una numerosa pléyade de mujeres mexicanas aprendió a leer en el hogar y fueron maestras autodidactas de sus hijos y de otros niños y niñas cercanos a la familia; transmitieron valores y construyeron para poner la base de una cultura cívica, que dio frutos en ciudadanos amantes del progreso, políticos y literatos distinguidos.

Grandes hombres de la historia han reconocido en sus autobiografías que fueron sus madres las que los iniciaron en la lectura, las que fomentaron su amor por la literatura y la cultura, las que les enseñaron el camino de la solidaridad y la búsqueda del bien común.

En la actualidad, nadie puede negar que la mejor manera de acelerar el desarrollo sostenido de las naciones sea invertir en la educación y formación, tanto de las niñas como de los niños, que serán en el futuro formadores de ciudadanas y ciudadanos solidarios y comprometidos con su comunidad.

México necesita corregir muchas situaciones; una de las principales es la inestabilidad social, producida por el desequilibrio de una democracia sin mujeres.

Para ilustrar lo anterior, con hechos, echemos un vistazo a las cifras de participación política de la mujer. Tan solo en el ámbito federal, dos de 19 secretarías de Estado son dirigidas por mujeres; veintinueve de 128 senadurías corresponden a mujeres; ciento treinta y ocho de 500 diputaciones son para las mujeres. El escenario de la participación política de las mujeres es aún mucho más adverso al referirse en los ámbitos estatales y municipales.

Resulta incomprensible que en nuestro México se disocien todavía, por leyes y tradiciones, las dos fuerzas fundamentales de toda sociedad: la mujer y el hombre.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en esta LXII Legislatura, no cederá en su desempeño por impulsar la participación política de las mujeres. Mientras nos sea negado un derecho, cualquiera que éste sea, en cualquier porción del país, no habremos cumplido con nuestra misión y con el admirable y definitivo destino que les ha sido asignado a las mujeres en el orden histórico nacional.

Al cumplirse 59 años de haberse reconocido el derecho al voto de la mujer mexicana, reconocimiento que se conquistó a base de tesón y de una larga lucha contra la discriminación y el prejuicio, queda mucho por hacer para que la igualdad de derechos y la oportunidad sea realidad en nuestra patria.

El Partido Nueva Alianza está comprometido con las mujeres mexicanas, por su desarrollo; es garantía de avanzar en la educación, en el progreso y en el desarrollo de los mexicanos.

Compañeras y compañeros legisladores, en el marco de este aniversario del voto femenino en México, Nueva Alianza siempre está a la vanguardia y predica con el ejemplo, siendo el único partido que cumplió en tiempo y forma a lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuanto a la cuota de género en las candidaturas a diputadas y senadoras, en el pasado proceso electoral.

En esta hora decisiva, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas de la nación, para que se establezca un verdadero compromiso en el que dejemos de un lado, de una vez por todas, esa simulación en la que ha caído por un momento, para que a través de los consensos fijemos, como de nuestras prioridades ineludibles, establecer una mayor inversión para la capacitación política de las mujeres.

Tenemos que impulsar a todas las mujeres para que se interesen en la esfera pública de las distintas corrientes políticas; fomentemos un México libre de prejuicios, en donde la participación política de las mujeres se cumpla, no solo por ser mandato de ley, sino por ser parte intrínseca de una cultura incluyente para todos los mexicanos y las mexicanas por igual. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. En el uso de la palabra la diputada Magdalena del Socorro Núñez.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, la creciente participación de las mujeres, en los años 50, producto del México de la postguerra, propicia como una necesidad de estabilidad, política y social, el derecho a las mujeres de decidir e incidir, a través del sufragio, en elección de los gobernantes, en todos los niveles de gobierno.

Es ésta una de las piedras angulares del desarrollo político y social de nosotras las mujeres, y ya significa un parteaguas de la participación sumisa en el hogar a la disputa del poder público, en condiciones que con el paso de la historia se vuelve cada vez más equitativa.

Conmemorar el 59 aniversario de este acontecimiento es redescubrir el origen del inicio del empoderamiento de nosotras, ya que de acuerdo con el último censo de población somos —como algunos dirían— el mayor de los grupos vulnerables, al representar más del 50 por ciento de la población nacional.

A pesar de lo anterior, la lucha de las mujeres por participar en donde se toman las verdaderas decisiones nacionales es inequitativa, ya que solo el 36.8 por ciento; es decir, 184 de 500, somos diputadas, y en el Senado, solo el 33.6 por ciento son compañeras senadoras; es decir, 43 de 128. Aunque somos —como ya lo apunté— más de la mitad de la población nacional. Estamos ante una democracia que no termina de consolidarse.

Aprovecho esta máxima tribuna de la nación para hacer un respetuoso exhorto a nuestras colegisladoras, a que a la brevedad posible nos aboquemos a la discusión y si tienen a bien así considerarlo, a la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se establecen las candidaturas por género.

No más legisladoras Juanitas. Reclamamos respeto a las mujeres que son postuladas para cargos de elección popular y reclamamos a esos dirigentes su falta de visión política y social, al usar este vehículo indigno para todos para hacerse de un cargo.

Amplío mi respetuoso exhorto a las senadoras y a los senadores a que honren sus discursos con acciones concretas y dictaminen la reforma en comento. Me atrevo a comprometer la voluntad del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en esa Cámara, para proseguir en la ruta del empoderamiento de nosotras las mujeres en un marco de igualdad política.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a diario mujeres y hombres luchamos con igualdad para conquistar la justicia, la dignidad y la igualdad para todas y todos, sin absolutamente ningún distingo.

Hago un llamado a las entidades federativas a que asuman compromisos para que esta celebración no sea solo una efeméride más del calendario cívico y que la cultura y nuestra democracia se nutran de justicia para todas y todos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. En el uso de la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, diputados federales, hace 59 años, el 17 de octubre de 1953, las mujeres en México obtuvimos en la ley el derecho a votar y ser electas; sin embargo, muchos años han tenido que pasar para que las mujeres puedan ejercer y gozar ese derecho.

La ciudadanía de las mujeres se ha visto pospuesta a lo largo de estos 59 años, pues aunque las mujeres han asumido su responsabilidad de participar en los procesos electorales, votando con responsabilidad, fungiendo como funcionarias de casilla, siendo las principales promotoras en tiempos de campaña, haciendo trabajo de base, sigue siendo un déficit de representación política de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política de nuestro país.

Las cuotas de género en las diputaciones federales y a nivel estatal han venido a ser una acción afirmativa que busca revertir esa subrepresentación y desde sus primeros antecedentes en leyes federales, en 1996, han venido sorteando los obstáculos y mecanismos de simulación con los que se ha torcido la ley para no darle cumplimiento a la cuota de representación política de las mujeres.

Es hasta la sentencia 12624 del 2011, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se sentaron las bases para que los partidos cumplieran con la cuota establecida del 40-60, habiendo de cubrirla al menos con el 40 por ciento de mujeres candidatas, en fórmulas integradas por mujeres propietarias y suplentes.

A raíz de esta sentencia es que en esta LXII Legislatura hay 184 diputadas y 42 senadoras, con sus respectivas mujeres suplentes, que representan más del 38 por ciento, en el caso de las primeras y 32 por ciento con respecto al Senado.

Sin embargo, los avances en esta materia son dispares. A nivel local las cuotas de género siguen enfrentándose a simulaciones y candados que las hacen inviables, y hay Congresos que no llegan ni al 10 por ciento de representación de mujeres.

A nivel Ejecutivo los resultados son peores, pues a nivel de presidencias municipales no hemos llegado a más de 5 por ciento de mujeres alcaldesas, mientras que en toda la historia de la ciudadanía de las mujeres mexicanas solo ha habido seis gobernadoras; cuatro de ellas electas y dos fueron designadas para terminar periodos constitucionales al frente del gobierno.

Siempre son contadas las mujeres a las que se les considera como secretarias de Estado y contadas las que en el ámbito privado cuentan con cargos de dirección. Abordar este tema en el Congreso no tiene como objetivo festejar o lamentarse, sino reconocer la responsabilidad que las y los legisladores tenemos para impulsar las medidas legislativas y presupuestales que hagan efectiva la ciudadanía de las mujeres.

No se trata únicamente de cubrir una cuota de mayor cargo político a favor de las mujeres, sino de reconocer y respetar, de manera efectiva y en un sentido amplio, la igualdad entre mujeres y hombres.

La representación política de las mujeres es un tema ineludible para consolidar nuestra democracia; en este sentido, la democracia no será tal, mientras se impida el ejercicio efectivo del poder político a las mujeres y ello implica apostar a una democracia paritaria.

Hoy, como mujer, me quiero manifestar por la agresión que están teniendo nuestras maestras normalistas en Michoacán; me quiero manifestar por los tres jóvenes desaparecidos en Michoacán, tres jóvenes de Movimiento Ciudadano y que dentro de ellos hay una mujer muy joven.

Me quiero manifestar ante esta tribuna por la violencia estructural que están teniendo nuestros maestros normalistas desde la estructura de poder del gobierno de Michoacán; no puede ser posible que desde las propias estructuras de gobierno y los propios funcionarios se mofen y se burlen de los maestros normalistas; no puede ser que desde las propias instituciones estemos violentando a nuestros maestros.

Es peligroso que hagamos eso hoy en México; estamos transitando por una cuerda muy tensa y no hay que dejar de mirar lo que sucede hoy en Michoacán. Muchas gracias, señor presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul del diputado Romero.

El diputado Salvador Romero Valencia(desde la curul): Señor presidente, de manera muy respetuosa le pido a usted que nos apeguemos al tema, de acuerdo al Reglamento de la Cámara de Diputados, al artículo 114, fracción II, y al artículo 116, numeral 1. Estamos dispuestos a debatir, en el momento que sea necesario, que en Michoacán el señor gobernador restableció el estado de derecho. Basta de chantajes, basta de impunidad, basta de secuestrar la vida y los bienes de los michoacanos.

El Presidente diputado José González Morfín: Su moción formará parte del Diario de los Debates. Sonido en la curul en la que se encuentra la diputada Mícher Camarena.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Señor presidente, hago un llamado respetuoso a esta asamblea porque estamos interrumpiendo, no atendiendo y menospreciando un punto importantísimo, que es el 59 aniversario del voto de las mujeres.

No permitiremos que se meta otro tema y que ignore el diputado que acaba de pedir que se discuta Michoacán, cuando estamos hablando de nuestros derechos a votar. Le pido, por favor, mayor respeto al diputado. Haremos en su momento la intervención que él solicita, pero le pido también que se ubique en el momento, en base al artículo 115. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente, para sumarnos a que se termine la ronda alusiva al 59 aniversario del voto de las mujeres, pero atendiendo la petición del diputado del PRI de hace unos momentos de que se debata con posterioridad el tema de Michoacán como él lo estaba pidiendo. Esa sería la petición que pedimos someta a este pleno.

El Presidente diputado José González Morfín: Fue una moción, no fue una petición; fue una moción de apego al tema, en términos del Reglamento, como las otras que se están haciendo y que esta Presidencia hace suya y vamos a apegarnos al tema. El otro habrá que agendarlo en su momento. Hoy tenemos un orden del día que fue ratificado por la asamblea.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para sus comentarios relativos a la celebración del 59 aniversario del sufragio femenino en México.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, sé que este tema es un poco, como que no muy importante para muchos, pero para las mujeres que estamos aquí, que somos el 37 por ciento hoy —el octavo país que lo ha logrado—, es muy importante decirles lo que les tenemos que pasar a decir a la tribuna.

Ésta es la primera vez que esta Cámara de Diputados tiene un 37 por ciento de integrantes mujeres. Lamentablemente, no fue porque los partidos políticos hayan establecido la cuota de género como obligatoria, esta presencia la tenemos por una sentencia de género, que emitió el tribunal electoral.

Qué bueno que la emitió, porque seguramente los legisladores hoy estarán de acuerdo en que es muy valioso tener esta presencia femenina.

Lo digo porque quiero hacer también un reconocimiento a los señores coordinadores de todas las fracciones y digo señores, porque solamente son puros hombres; les quiero hacer un reconocimiento, porque a pesar de ser puros hombres, han dado el 25 por ciento de presidencias de comisión a las mujeres y que además la presidencia más importante de esta Cámara para control del gobierno federal ha sido la de Presupuesto y se le quedó a una mujer, a una compañera de nosotros. Muchas gracias a los coordinadores por esa decisión.

En segundo lugar, quiero aclarar que —a pesar de las diferencias que escuchamos hace un rato— la perspectiva de género no es una guerra de sexos, es una lucha de igualdad entre las mujeres y los hombres, es una lucha para que nos reconozcan, para que culturalmente derribemos esas barreras que nos hacen ver como menos que los hombres.

Por eso es tan importante que al día de hoy tengamos un 37 por ciento de presencia las mujeres, porque nos hacemos visibles, porque la gente en general va a ver que en general las mujeres también tenemos capacidad para el quehacer público; por eso es importante que todas las mujeres estén aquí.

Además, es importante que estén las mujeres, porque vamos a luchar por la agenda de otras mujeres, esas mujeres que a pesar de que tengamos 59 años —no son 59, porque desde el 47 los municipios nos hicieron favor de darnos la posibilidad de votar en los municipios para que aprendiéramos a votar—, ya en el 53 nos dieron la oportunidad de votar a nivel federal.

Pero, ¿por qué es tan importante que haya tantas mujeres en este Congreso? Es muy importante, porque estas mujeres van a luchar por la agenda, pero también es importante porque vamos a derribar esa cultura machista, que impide muchas veces que nos vean como iguales.

Eso es lo que pretendemos con nuestro trabajo: hacer un trabajo de calidad, eficiente eficaz, que vea la población, en general, que no solamente las leyes sirven para cambiar la forma de ver el mundo; que también nuestras actitudes en el trabajo público hacen de nuestro quehacer en la Cámara de Diputados y en todo el Poder Legislativo una situación importante para reconocimiento.

Quiero también decirles que lamentablemente, a pesar de que estas mujeres que estamos aquí hemos tenido la oportunidad —quizá la gran mayoría— de votar desde el 53, también es cierto que hay otras mujeres que sufren todavía la triple discriminación, que son nuestras mujeres indígenas. Lamentablemente, en muchos de los municipios de algunos estados pobres de nuestro país estas mujeres no pueden ejercer ni siquiera su voto. Pero tienen triple discriminación, porque son mujeres, porque son pobres y porque son indígenas.

Por esas mujeres estamos unidas en una agenda común las mujeres que estamos en esta Cámara de Diputados. Tengan por seguro que, además de haber luchado por un presupuesto desde hace dos legislaturas para transversalización de perspectiva de género, vamos a seguir luchando para que la mujer siga teniendo una presencia importante y también tenga ese trato de igualdad, que nos hemos merecido siempre y que tiene poco que lo hemos podido concretar.

Compañeras y compañeros diputados, les quiero decir que hay una cita muy hermosa de Michelle Bachelet —que yo soy admiradora de ella—, que dice: que para que el pájaro pueda volar, necesita de las dos alas. Y también esta Cámara de Diputados para que pueda ser una excelente Cámara de Diputados, necesita de los hombres y las mujeres de esta Cámara, para demostrarle a la nación quién es este Congreso de la Unión. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Margarita Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem:Con su permiso, señor presidente. Ciertamente que la celebración del 17 de octubre y con ello el aniversario de la conquista del voto para las mujeres en México, es una fecha que hay que celebrar.

Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros ancestros participaron de la lucha durante décadas para que hoy sea realidad que las mujeres formemos este casi 37 por ciento, que han señalado las legisladoras.

Podemos subir a esta tribuna una, cinco, 10, 20 diputadas a congratularnos de esta fecha y de los logros; sin embargo, lamentablemente siguen existiendo oídos sordos a algunos problemas que nos aquejan. Por lo tanto, podemos celebrar, pero también tenemos que atender los problemas que todavía tenemos.

¿Qué quiero decir? Hemos ganado derechos. En los años veinte las mujeres mexicanas salieron a las calles y organizaron el primer congreso feminista; en los años veinte también hubo ejercicio de legislación en algunos estados y se permitió la participación política de las mujeres.

En los años treinta miles de mujeres salieron a las calles en el frente pro derecho de la mujer y le pidieron al presidente Lázaro Cárdenas, el otorgamiento del voto o el derecho del voto.

Fue hasta los años cincuenta, siendo nuestro país el penúltimo en América Latina en obtener este derecho, que por fin las mujeres pudimos votar y ser votadas, pero de esto nos congratulamos.

Sin duda, la obtención del voto femenino ha permitido que las mujeres lleguemos a los espacios legislativos a ser magistradas, a ser presidenta de la Cámara de Diputados, a ser candidatas a la presidencia, a ser gobernadoras, senadoras, pero todavía tenemos muchos problemas que resolver.

Anoche —sin ir muy lejos—, leía una noticia de una joven doctora que en el pueblo El Macho, nada más ni nada menos ese nombre tiene el pueblo —mis compañeros de Nayarit después me explicaron que no es una alusión a discriminación—, pero en el pueblo de El Macho, en Tecuala, Nayarit, una joven doctora fue brutalmente violada y golpeada.

Por un lado, nos podemos congratular del avance de nuestros derechos, el siglo XXI tendrá que ser el siglo de la paridad, el siglo de la igualdad, el siglo de la igualdad sustantiva.

Tenemos todavía mucho qué hacer y necesitamos la construcción de un gran pacto, no solamente entre legisladoras, necesitamos la voluntad política y la colaboración de los legisladores también, para hacer efectivas las leyes que aún requerimos en materia de prevención de violencia, en materia de derechos sexuales y reproductivos, por más derechos sociales, por vivienda para las mujeres que son jefas de hogar.

Necesitamos avanzar, codo con codo, para hacer real la transversalidad de género en las instituciones públicas; necesitamos de verdad crear ese pacto en el espacio legislativo para aumentar también los presupuestos para la equidad de género, y necesitamos también que estas leyes y políticas públicas, que se puedan instrumentar en nuestro país, vayan orientadas a la gran diversidad de mujeres mexicanas. Así nos lo requieren nuestras niñas, nuestras jóvenes, nuestras adultas mayores, nuestras mujeres indígenas, nuestras trabajadoras del hogar.

Esta Cámara de Diputados tiene que celebrar este LIX aniversario del voto para las mujeres mexicanas, refrendando su compromiso con las mujeres, en su diversidad.

No quiero terminar, sin antes felicitar a nuestras compañeras legisladoras, que ayer —como parte de la celebración— sostuvieron un partido de futbol amistoso con las periodistas de la fuente, y felicidades a la diputada Tere Mojica por sus dos goles, la diputada Tere Mojica, del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, por cinco minutos, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el 17 de octubre conmemoramos el LIX aniversario del otorgamiento del voto a la mujer mexicana.

Reconozco a todas las personas que han luchado por los derechos de las mujeres, en especial a las sufragistas, que hicieron posible con su causa que las mexicanas fuéramos consideradas como ciudadanas con todos los derechos.

Esta conmemoración renueva en las y los legisladores de Acción Nacional la oportunidad para insistir en la agenda de género y en la convocatoria a que trabajemos decididamente para hacer realidad la equidad y el goce de los derechos que todas merecemos.

El derecho al voto marcó —sin duda— el inicio de un camino, que aún no concluye. Podemos subrayar, como una señal positiva, el hecho de que esta Cámara está integrada con un 37 por ciento de diputadas; un avance significativo en el camino a la equidad, que debe de traducirse en propuestas concretas para las mujeres que representamos.

Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que la participación de la mujer avanza de igual manera en los tres órdenes de gobierno. Aún en gobiernos estatales o municipales, inclusive encabezados por alcaldesas, como es el caso de León, Guanajuato, donde la presidenta María Bárbara Botello, no ha incluido en cargos de primer nivel a una sola mujer.

Mujeres, quienes hemos logrado acceder a espacios de toma de decisión, estamos obligadas a abrir espacio a otras más. Seamos congruentes y avancemos juntas. Nunca más Juanitas.

Ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que para evitar casos tan penosos como éste, las suplencias en las fórmulas de candidaturas de mujeres en los partidos políticos sean ocupadas por mujeres.

Pertenezco a un partido político que fue quizá el primero en incluir mujeres en sus órganos directivos nacionales y establecer una organización destinada a promover la participación política de las mismas, aún antes de que se nos reconociera el derecho a votar y ser votadas. Fecha que hoy conmemoramos.

Estoy orgullosa de militar en el partido que postuló a la primera candidata a gobernadora en la historia de México, que abrió espacios en candidaturas a presidencias municipales, desde fines de la década de los cuarenta del siglo pasado, que tuvo a legisladores visionarios cuya primera iniciativa de reforma política, presentada en 1946, proponía establecer de manera irrestricta el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.

Quiero reiterar, una vez más, que en la lucha cívico-política en nuestro país se tiene una larga lista de mujeres panistas, quienes desde las casillas hasta la tribuna del Congreso han sido fundamentales para conquistar los derechos políticos que hoy disfrutamos.

No olvidemos que a la mujer le fue negada su condición ciudadana durante siglos. En nuestros países latinoamericanos tuvo que esperar hasta la mitad del siglo XX, por lo que hago un llamado al presidente electo, para que en su gobierno atienda de manera puntual los compromisos que el Estado mexicano ha signado. Le pedimos se comprometa con las mujeres de México.

Las políticas públicas, los presupuestos, las acciones y los grandes avances que se han tenido en la materia durante la última década, deben ser continuados. Las mexicanas no estamos dispuestas a dar un paso atrás.

Compañeras y compañeros diputados, podremos tener diferencias ideológicas y programáticas, pero sí creo que somos capaces de acordar juntos las reformas que permitan crear condiciones de equidad y respeto a la mujer en nuestro país.

La lucha de las mujeres panistas, al igual que la de ustedes, compañeras, no ha sido fácil, pues a la incomprensión y discriminación, que hoy nos abruman en la realidad social, hay que sumar las distintas adversidades.

La causa de las mujeres panistas forma parte inseparable de la lucha de las mujeres de México y en ella continuaremos hasta alcanzar la equidad, el respeto y la erradicación de los factores de discriminación, que menoscaban nuestra dignidad. Nunca más una mujer sin derechos en México. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Saludo y doy la bienvenida a un grupo de niños y niñas de la primaria Niños Héroes, de Tezoyuca, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Erika Yolanda Funes Velázquez. Bienvenidos y bienvenidas a la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la tribuna la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría:Con su permiso, señor presidente. A nombre de las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional vengo a hablar sobre un hecho pasado, de gran relevancia para el presente y sin duda, para el futuro de nuestra nación.

Hoy celebramos el 59 aniversario de la legalización del sufragio femenino, el poder de las mexicanas a votar y ser votadas.

Con el decreto del día 17 de octubre de 1953, se consumó la ampliación de derechos políticos, que marca un hito en la historia de nuestra nación; las implicaciones derivadas de tan relevante acto son innumerables y saltan a la vista, todas y todos sabemos que más de la mitad de la población del electorado de nuestro país se compone por mujeres; en nuestro Congreso hoy tenemos 184 diputadas y 43 senadoras de la República.

Podemos atestiguar que mujeres de todas las expresiones ideológicas y partidistas encabezan o forman parte de las instituciones del Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno.

No siempre fue así. Ha sido un largo camino de lucha y conquistas para la mujer. Las sufragistas y feministas del siglo XX dan cuenta de ello y este camino aún tiene largo trecho por ser transitado.

Ejemplos individuales y colectivos sobran para calibrar que la mujer mexicana luchó con igual valentía y sacrificio en gestas heroicas, que compartió las carencias y vicisitudes de las luchas libertarias, y que nunca se refugió en el pretexto de una supuesta fragilidad para evadir los peligros.

Tampoco le faltó liderazgo y madurez en los momentos críticos de nuestra historia; la mujer sabe estar al lado del hombre, pero sabe también dar un paso adelante cuando se requiere responsabilidad, carácter y valor.

A pesar de la innegable aportación de la mujer a la vida nacional, los espacios de participación política le han sido regateados, cuando no negados.

Hay que recordar que las mujeres somos compañeras solidarias y aportamos al progreso familiar, social y económico de nuestro país; gracias a la lucha de innumerables mujeres y hombres valientes la situación de las mujeres ha ido cambiando.

Para el PRI este memorable suceso representa un momento paradigmático en la vida democrática de México, explica en gran medida los avances que tuvo nuestra democracia y sin lugar a dudas, sigue marcando el rumbo de una agenda de inclusión y paridad por consolidar.

Es necesario que mujeres y hombres asumamos responsabilidad en las transformaciones del siglo XXI; una fundamental será impulsar y profundizar en la transversalización de la perspectiva de género en el Estado mexicano, hacer un pacto conjunto entre hombres y mujeres reconociendo la igualdad, sin dejar de lado nuestras diferencias, donde las palabras formen un lenguaje plenamente compartido.

La inclusión de la mujer es consustancial a la democracia; es decir, no hay democracia plena cuando el poder es excluyente.

Por ello mi partido, el Revolucionario Institucional, seguirá dando muestra cabal, en discurso y acto, de su compromiso con la construcción de una democracia de género, porque el derecho a votar y ser votado es solo una expresión muy importante, sí, pero inacabada si no transformamos de facto las condiciones de exclusión en las que viven muchas mujeres mexicanas.

Cuando asumamos que hombre y mujer no somos rivales, sin darnos cuenta casi, habremos avanzado hacia el progreso y lo habremos hecho acompañados. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. En otro apartado del orden del día tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en la que se encuentra el diputado Belaunzarán. Dígame, diputado.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Sí, solamente, presidente, para que pudiera quedar asentado en el Diario de los Debates dos cosas; uno, por supuesto que me congratulo que se haya discutido y que aquí no nos haya pasado desapercibido una fecha tan importante, como la conmemoración del 59 aniversario del voto femenino, una conquista democrática de las mujeres y de toda la sociedad en su conjunto que mucho reconozco, respeto, avalo y aplaudo de esta Cámara. Un acontecimiento así no nos podía pasar desapercibido.

Pero así como me congratulo —y quiero que así aparezca en el Diario de los Debates—, quisiera de alguna manera mostrar mi inconformidad, mi desacuerdo, mi decepción, porque no se haya considerado la discusión del tema de Michoacán; si en esta Cámara no se discuten los temas importantes, lo que está sacudiendo a la opinión pública, no sé qué estamos haciendo.

Por lo tanto, simplemente que quede asentado en el Diario de los Debates mi decepción, porque la Junta de Coordinación Política decidió omitir un tema tan importante para la discusión.

Podemos estar a favor, en contra o no, pero en esta tribuna se tienen que discutir estos temas, y mostrar mi decepción por esto y que quede así asentado. Le agradezco, señor presidente, su gentileza.

El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención ya fue recogida, pero ya la Cámara en su conjunto avaló la decisión de la Junta.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado Bonilla, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El diputado Adolfo Bonilla Gómez:Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para solicitar su apoyo a la presente iniciativa que el día de hoy someto a su consideración:

Uno de los problemas que enfrenta el campo mexicano es —sin duda— el continuo empobrecimiento de la tierra, además de las consabidas y múltiples dificultades que ha de atravesar la sociedad rural para su subsistencia.

Las consecuencias de comportamientos atípicos del clima agravan las condiciones de su desarrollo; la desertificación es considerada por la ONU como el problema más grave que vive la humanidad y que afecta al medio ambiente y su desarrollo; su avance produce sequía y empobrecimiento en todo el mundo; sus efectos más agudos se observan en los países pobres, afectando de manera negativa el bienestar humano.

A nivel mundial ha propiciado la proliferación de ecosistemas frágiles propios de las zonas secas, a tal grado que la cuarta parte de nuestro planeta, donde habitamos un sexto de la población mundial, está formado por tierras áridas.

Según datos del Inegi cerca del 40 por ciento de la superficie en México es desértica o semidesértica y se encuentra en diferentes proporciones en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y en mi estado natal, Zacatecas.

He de resaltar que en México se creó, mediante decreto presidencial el 5 de diciembre de 1970, la Comisión Nacional de las Zonas Áridas; sus atribuciones principales son: preservar y rescatar las actividades productivas endémicas de las regiones caracterizadas como zonas áridas; la promoción para la creación y consolidación de organizaciones de productores a nivel regional y sectorial, y la determinación de métodos para explotar, industrializar y comercializar los recursos naturales.

Sus programas fundamentales son la conservación y uso sustentable de suelo y agua, el proyecto estratégico de seguridad alimentaria, la construcción de pequeñas obras hidráulicas y el proyecto estratégico de desarrollo de las zonas áridas. Aun cuando los buenos propósitos se orientan hacia la consecución de las bases de una forma de vida autosuficiente, sustentable y consecuentemente más digna para los pobladores de los ámbitos secos de nuestro país.

Una cantidad de ejidatarios, que fluctúa entre los 12 y los 15 millones que viven en las 100 millones de hectáreas de zonas áridas y semiáridas de México, continúan dependiendo de la parcela o del pequeño estanque, realizando prácticas ancestrales de agricultura y ganadería que resultan anacrónicas y lo que no les permite superar los niveles extremos de pobreza en que subsisten.

Esta situación prevalece a pesar de que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 8o., establece que —me permito citar— las acciones de desarrollo rural sustentable que efectúe el Estado atenderán de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, mediante el impulso a las actividades del medio rural, el incremento a la inversión productiva, el fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre los ámbitos rural y urbano para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso a los apoyos que requiere su actividad productiva, así como a los servicios para su bienestar. Concluyo la cita.

La presente iniciativa, compañeros diputados, tiene como finalidad precisar la incorporación del director general de la Conaza, al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y vincular las funciones administrativas y operativas de dicha comisión a las acciones que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Por lo anterior, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 3o., recorriéndose en su orden la fracción VIII actual a la IX y así sucesivamente hasta llegar a la XXXIV y se reforma el párrafo primero del artículo 17, ambos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Compañeros diputados, es necesario abrir mayores oportunidades para los pueblos del semidesierto que han demostrado tener la capacidad de sobrevivir en condiciones totalmente adversas y que cuando han tenido programas de desarrollo han demostrado su amplia capacidad para ejecutarlos.

En el México del siglo XXI, se requiere que su potencial humano eleve las condiciones de vida de sus habitantes, al obtener mayor calidad con políticas públicas y con programas de desarrollo regional que contribuyan a eliminar la desigualdad social. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Adolfo Bonilla Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los más graves problemas que enfrenta el campo mexicano para su desarrollo, aparte de las consabidas y múltiples dificultades que ha de atravesar la sociedad rural para su subsistencia, es, además de las consecuencias de comportamientos atípicos del clima, el progresivo empobrecimiento de la tierra.

La desertificación, que no es sino un fenómeno consistente en el deterioro de los terrenos de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, es provocada por diversos factores que van desde las variaciones climáticas, hasta la explotación de los recursos naturales que de manera anárquica ha realizado por años el ser humano.

Las prácticas nocivas de explotación empleadas por el hombre, como el pastoreo abusivo, la deforestación y el uso de rudimentarios e inadecuados sistemas de riego, han desembocado en la salinidad del suelo.

Así, a escala mundial, la insuficiencia del recurso agua dulce, la poca profundidad de las tierras cultivables y la escasa productividad de su biomasa, han propiciado la proliferación de ecosistemas frágiles propios de las zonas secas, a tal grado, que la cuarta parte del planeta, donde habita un sexto de la población, está formada por tierras áridas.

Así, ya casi para finalizar el siglo pasado, el recrudecimiento del problema de la desertificación y la sequía a nivel mundial, provocó que en 1994 la Organización de las Naciones Unidas creara la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, para enfrentar el deterioro ambiental en el mundo, particularmente el referido a la degradación de tierras, sequía y desertificación, como resultado de las negociaciones de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, realizada en 1992.

Es decir, la desertificación fue considerada por la ONU como el problema más grave que vive la humanidad y que afecta al medio ambiente y su desarrollo. Su avance produce sequía y empobrecimiento en todo el mundo. Sus efectos más agudos se observan en los países pobres, donde la interrelación de los procesos socioeconómicos y biofísicos, afecta de manera negativa tanto a los recursos de la tierra como al bienestar humano.

Por lo que a nuestro país concierne, los desiertos, definidos como zonas donde la evaporación excede a la precipitación pluvial; y donde las variaciones de temperatura entre el día y la noche son extremas, se localizan principalmente en la latitud del Trópico de Cáncer.

Según datos del Inegi, cerca de 40 por ciento de la superficie en México es desértica o semidesértica, y se presenta en la mayor parte del territorio de la península de Baja California; casi la mitad de la superficie de Chihuahua, así como en grandes extensiones de la planicie costera de los estados de Sonora y Sinaloa y las montañas bajas de Sonora. Casi la totalidad de Coahuila y Nuevo León, parte de Tamaulipas, la mayor parte de Zacatecas y San Luís Potosí; y la región noreste de Guanajuato, Aguascalientes y gran parte de Querétaro, así como Hidalgo, Puebla y una pequeña parte de Oaxaca.

En su oportunidad, tomando en cuenta la especial circunstancia nacional y adelantándose a las determinaciones de la ONU, en México se creó, mediante decreto presidencial del 5 de diciembre de 1970, la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza), como un organismo público descentralizado del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios; con residencia actual en Saltillo, Coahuila, cuyo objeto es promover el desarrollo de los habitantes de las zonas áridas y semiáridas.

Entre sus atribuciones originales se contemplaba la de localizar las zonas áridas del país, estudiar sus principales actividades económicas, promover y coordinar ante diversas dependencias oficiales los trabajos de desarrollo aprobados para las zonas áridas, y promover la organización de los productores regionales y sectoriales, así como su participación en los programas de desarrollo.

El decreto de creación de la Conaza fue adicionado el 1 de diciembre de 1971. Con la modificación principalmente se especificó la integración de su patrimonio y las disposiciones de contratación y reglamentación del personal; el 9 de abril de 1973 fue adicionado nuevamente para incluir dentro de sus atribuciones el determinar métodos para explotar, aprovechar, industrializar y comercializar los frutos y recursos de las zonas áridas.

Desde 1984 y hasta 1992, la Conaza estuvo sectorizada a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, orientando sus actividades a la creación de infraestructura para la producción agrícola y pecuaria. Y a finales de 1992, la comisión fue sectorizada a la Secretaría de Desarrollo Social, orientando sus actividades a la atención de las comunidades rurales marginadas de las zonas áridas, dentro del objetivo de los programas para la superación de la pobreza.

A partir de octubre de 2004, la Conaza forma parte del sector coordinado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, su Consejo Directivo está presidido por el titular de la coordinadora de sector o por la persona que éste designa, y por un representante nombrado por el propio titular de dicha coordinadora que funge como secretario, así como por un representante de las Secretarías de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Comunicaciones y Transportes, de la Reforma Agraria, de Energía, y de Salud.

Cuenta la comisión con ocho delegaciones regionales:

Primera, que comprende Baja California, Baja California Sur y Sinaloa;

Segunda, que comprende Chihuahua, Durango y Sonora;

Tercera, que comprende Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas;

Cuarta, que comprende Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas;

Quinta, comprende Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit;

Sexta, que comprende Hidalgo, México, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal;

Séptima, que comprende Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, y

Octava, que comprende Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Y sus programas fundamentales son éstos:

• Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua;

• Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria;

• Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas; y

• Proyecto Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas.

No obstante, aun cuando los buenos propósitos se orientan hacia la consecución de las bases de una forma de vida autosuficiente, sustentable y, consecuentemente, más digna para los pobladores de los ámbitos secos del país, una cantidad de ejidatarios que fluctúa entre 12 millones y 15 millones, que viven en los 100 millones de hectáreas de zonas áridas y semiáridas de México, continúan dependiendo de la parcela o del pequeño estanque, realizando prácticas ancestrales de agricultura y ganadería, que resultan anacrónicas; lo que no les permite superar los niveles extremos de pobreza en que subsisten.

Históricamente, como novedades sexenales en programas para el semidesierto, se han impulsado unidades ganaderas, plantas desaladoras, plantas solares, crías de conejos y aves, entre muchos otros ejemplos; pero también se han puesto de manifiesto fallas de parte de las dependencias gubernamentales, por la falta de coordinación interinstitucional y acciones de control y seguimiento.

Esa situación prevalece a pesar de que una vez que fue promulgada la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se rescataron buenos propósitos, como los enunciados en el artículo 8, cuando establece:

Las acciones de desarrollo rural sustentable que efectúe el Estado, atenderán de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, mediante el impulso a las actividades del medio rural, el incremento a la inversión productiva, el fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre los ámbitos rural y urbano para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso a los apoyos que requiere su actividad productiva, así como a los servicios para su bienestar.

...

Para lo anterior, el Estado promoverá lo necesario para formular y llevar a cabo programas de atención especial, con la concurrencia de los instrumentos de política de desarrollo social y de población a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes, de las entidades federativas, y los municipios.

En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, promulgada el 7 de diciembre de 2001, 11 años después su creación, no se hace alusión a la Conaza, y la expresión “zonas áridas” aparece por una sola ocasión, en la fracción IV del artículo 190, al señalar que conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre los rubros que podrán comprender las previsiones presupuestales están los “apoyos a productores en zonas áridas, zonas de marginación y de reconversión, así como a los afectados por contingencias” climáticas.

Nos encontramos pues ante cierto grado de confusión y vacío por lo que la legislación sobre las zonas áridas se refiere, pues si observamos cómo están conformados el Consejo Directivo de la Conaza y la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, vemos que en ambos entes directivos, aparecen representaciones de las Secretarías de

• Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

• Desarrollo Social;

• Medio Ambiente y Recursos Naturales;

• Hacienda y Crédito Público;

• Economía;

• Comunicaciones y Transportes;

• Reforma Agraria;

• Energía; y

• Salud.

Marca la única diferencia que la Secretaría de Educación Pública también participa en la Comisión Intersecretarial.

Por otra parte, nos encontramos también con que algo similar ocurre con los montos destinados a los programas que integran el Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable de 2012, pues en el ramos 08, “Agricultura, ganadería desarrollo rural, pesca y alimentación”, aparecen estas asignaciones:

• 200 mdp en el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; “Programas Estratégicos” Desarrollo de Zonas Áridas;

• De 300 mdp en el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo, “Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural”, Desarrollo de Zonas Áridas;

• De 470 mdp en el Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua;

• De 400 mdp en el programa Desarrollo de Zonas Áridas;

• De 2 mil 628.4 mdp en el Programa de Derecho a la Alimentación”; y

• De 56.3 mdp en “Gasto administrativo”, Conaza.

En esa situación se aprecia que para la Conaza de manera explícita sólo existe la asignación de fondos para gasto administrativo, dejando en duda qué órgano oficial es el encargado de aplicar esos recursos para el desarrollo de las zonas áridas.

Estamos pues, concretamente, ante la necesidad de que exista suficiente claridad en las funciones administrativas y operativas de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, para lo cual hago la propuesta de que se le ubique de manera explícita dentro del cuerpo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para evitar confusiones y salvar en lo posible traslapes o duplicidad de funciones, agregando el acrónimo Conaza y su significado en el artículo 3o.; e incluyendo en el primer párrafo del artículo 17 al director general de la Conaza como integrante del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, en consonancia con el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 3o., con lo cual se recorre el orden de la fracción VIII actual a IX y así sucesivamente hasta llegar a la XXXIV; y se reforma el párrafo primero de artículo 17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único.Se adiciona la fracción VIII al artículo 3o., con lo cual se recorre el orden de la fracción VIII actual a IX y así sucesivamente hasta llegar a la XXXIV; y se reforma el párrafo primero de artículo 17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue

Artículo 3o....

I. a VII. ...

VIII. Conaza. Comisión Nacional de las Zonas Áridas.

IX. a XXXIV. ...

Artículo 17. Se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable como instancia consultiva del gobierno federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural. Este consejo se integrará con los miembros de la comisión intersecretarial previstos en el artículo 21 de esta ley, así como el director general de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, representantes, debidamente acreditados, de las organizaciones nacionales del sector social y privado rural; de las organizaciones nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama de producción agropecuaria; y de los comités de los sistemas producto, instituciones de educación e investigación y organismos no gubernamentales, de acuerdo a los temas a tratar, en los términos de las leyes y las normas reglamentarias vigentes; será presidido por el titular de la secretaría y operará en los términos que disponga su reglamento interior.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 La definición adoptada por la convención se fundamenta en una concepción de la desertificación como un fenómeno integral que tiene su origen en complejas interacciones de factores físicos, biológicos, políticos, sociales, culturales y económicos.

2 Podemos encontrar tres tipos de desiertos: los semidesiertos (con una precipitación de entre 150 y 400 mm al año), los desiertos verdaderos (con una precipitación menor de 150 mm y mayor de 70 mm al año) y los desiertos extremos (lluvia inferior a 70 mm al año).

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.— Diputados: Adolfo Bonilla Gómez, José Pilar Moreno Montoya, Faustino Félix Chávez, Julio César Flemate Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Bonilla. Se turna la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos preparatorianos del Instituto García de Cisneros, de Cholula, Puebla, que están hoy aquí invitados por el diputado Julio Lorenzini. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela:Con su permiso, ciudadano presidente; compañeras y compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna para compartir con ustedes una iniciativa muy importante para uno de los sectores sociales más vulnerables en nuestro país, y con ello pido que sea insertada de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Quiero agradecer a la legisladora Leonor Romero Sevilla y a los legisladores Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar y Omar Antonio Borboa Becerra, por sumarse a este trabajo parlamentario.

Pido la atención debida, porque voy a hablar de un grupo social, quienes ante todo, merecen nuestro respeto. Me refiero a los adultos mayores, a los hombres y mujeres de años.

Toda civilización originaria, todas aquellas culturas que nos antecedieron a la modernidad han visto a los ancianos como guías, como maestros; conocedores del sentido de la vida, en principio porque entendían que ellos, los viejos, formaron lo que hoy se tiene. Los ancianos de nuestro país son la historia viva del México que construyeron para nosotros.

Nuestros adultos mayores se encuentran en una etapa de vida donde las posibilidades de contar con una fuente de ingresos son bajas; sin embargo, la realidad del adulto mayor en México cambió con el Programa 70 y Más del actual gobierno federal. Este apoyo llegó a dar nuevas esperanzas para millones de beneficiarios y beneficiarias.

La presente iniciativa busca contribuir a solventar en una parte importante las necesidades de nuestros adultos mayores, otorgando certeza jurídica y permanencia en la ley del programa de atención a adultos mayores de 70 años, apoyos que se han convertido en un ingreso importante en los hogares mexicanos donde habitan nuestros adultos mayores.

Propongo en esta iniciativa asentar puntualmente preceptos que garanticen a los adultos mayores el disfrute de un ingreso seguro, que representa muchas veces la diferencia entre comer o ayunar, entre comprar sus medicamentos o curarse con lo que se pueda, o en el peor de los casos no atenderse con oportunidad, provocando así su propia muerte.

Propongo pues adicionar diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que se convierta en obligatorio otorgar, por parte del gobierno federal, un apoyo directo a las personas que cuenten con 70 años o más.

Es importante señalar que esta iniciativa contempla también dos temas fundamentales: el respeto a la dignidad de las personas adultas mayores y los medios de transparencia y rendición de cuentas, que debe prevalecer en todo ejercicio de gasto público.

Es muy importante señalar que también se detallan en el cuerpo de la iniciativa mecanismos que garantizan el uso exclusivo del programa y la información derivada de ello a fines legales y legítimos en el marco del desarrollo social. Todo padrón de apoyo será público y en toda entrega de recursos resaltará la leyenda de ser un programa ajeno a institución política o candidato alguno, debiendo ser castigado el funcionario que con ello no cumpliera.

Propongo ante esta soberanía que el monto del apoyo directo sea equivalente a la cantidad correspondiente al 50 por ciento del salario mínimo general diario vigente y con ello prácticamente se estaría duplicando el apoyo bimestral que reciben los adultos mayores con el Programa de 70 y Más actualmente. Además, que éste se vaya incrementando en proporción a como se eleve este indicador económico.

Además propongo que el pago del apoyo se efectúe de manera mensual, garantizando así mayor solvencia para los adultos mayores que no cuenten con ningún otro tipo de ingreso.

En corresponsabilidad, los adultos mayores tendrían que cumplir algunos requisitos que son beneficiosos para su salud, por ejemplo, realizarse una evaluación geriátrica al menos una vez al año.

Señoras y señores legisladores, la vida me ha dado la grandiosa oportunidad de trabajar con gente de la tercera edad, de verlos de cerca, de escucharlos y entender sus necesidades; he visto sus rostros cansados, sus manos delgadas y marcadas por el tiempo, sus cabellos blancos y sus ojos vidriosos. Pero, entre todo, he visto también la esperanza que no desfallece, la firmeza que no se dobla y las ganas de seguir aportándole a nuestra patria.

Allá de donde soy, al norte del pedacito de México, que me sirvió de cuna, en la cultura mayo-yoreme, tienen un dicho muy oportuno que vale la pena citar: el joven debe aprender del viejo todo, pero antes de todo, primero la bondad, porque eso le permitirá enseñar cuando sea viejo. Hoy es tiempo de voltear a verlos, porque sin pretextos, ellos han construido en su esfuerzo una patria para todos.

Les pido de una manera respetuosa tomar en consideración esta propuesta; ellos no nos regatean su cariño y su consejo, no les condicionemos nuestro apoyo. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, diputado de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La iniciativa propone establecer que toda persona de setenta años o más de edad tenga el derecho a un apoyo directo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

El proyecto adecua, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con la finalidad de otorgar certeza jurídica y permanencia en la ley al Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años, reformando la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Exposición de Motivos

En México, el espíritu de la Constitución de 1917 incorporó un alto componente social, principalmente a través de los artículos 3, 4, 25 y 123 constitucionales, y la propia dinámica de la vida constitucional a través de diversas reformas han ampliado la protección social a nivel constitucional. La problemática actual nos hace centrar la discusión sobre la forma de garantizar el cumplimiento de dichos derechos.

El desarrollo social es el resultado del ejercicio de la democracia, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural, tal y como lo señala el artículo 3o. de la Carta Magna.

Por ello podemos señalar de manera categórica que debe ser preocupación inexcusable del Estado el ver por qué la sociedad obtenga bienes sociales que le permitan alcanzar la Seguridad Social, tal y como lo ha venido impulsando históricamente el Partido Acción Nacional, y en el caso específico del proyecto que hoy vengo a presentar el objetivo principal es contribuir a la protección social de los Adultos Mayores de 70 años y más.

Nuestra Constitución en su articulado contempla la regulación de los derechos fundamentales, los cuales son el sustento del desarrollo social, el cual permita la generación de políticas públicas, que estén diseñadas para el impulso del desarrollo humano a través de la ampliación de las capacidades, las oportunidades y la seguridad de los mexicanos. Ejemplo de ello es la iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura a través de la diputada federal María Esperanza Morelos Borja, y de la cual este trabajo parlamentario retoma sus principios y busca concretarlos su objetivo en la presente legislatura.

El desarrollo social de nuestro país debe ser regido por el Estado de manera integral, fortaleciendo la soberanía de la nación y por tanto fortaleciendo la democracia, incluyendo a todos los sectores sociales y haciendo participar en beneficio de la sociedad a los sectores privados, lo cual solamente puede ser alcanzado con el diseño e impulso de políticas públicas adecuadas.

Para alcanzar este fin la vía legislativa es la puerta por medio de la cual es posible establecer la forma en la que se alcance la integración de estos conceptos.

Ahora bien en el tema de los adultos mayores podemos citar la segunda asamblea mundial sobre envejecimiento, celebrada en Madrid, España, en abril de 2002, se desprende que la humanidad atraviesa por una transformación demográfica sin precedente, debido a que la expectativa de vida ha aumentado en alrededor de 20 años, mientras que la tasa de fecundidad va en descenso. Tal revolución representa retos importantes para un mundo que se transforma por los efectos de la globalización, la migración y los cambios económicos.

El aumento de las personas de más de 60 años entre la población representa, más que una problemática, un reto político para los gobiernos, ya que este sector de la población demanda una cultura para la vejez, entendida ésta como inclusión en la vida de la comunidad, un trato digno, atención médica adecuada, trabajo, vivienda, alimentos, seguros y pensiones dignas.

Este trabajo parlamentario contempla la realidad de las personas mayores que en nuestra actualidad la esperanza de vida ha cambiado completamente desde que sus padres llegaron a los 65 años, están más sanos y vigorosos que sus homólogos de hace varias generaciones.

Desde 1900, las formas de convivencia y atención de las personas mayores han cambiado de tal forma que nada tienen que ver con la visión del pasado, por ello, es importante que garanticemos que el marco jurídico vigente permita proteger a este importante grupo social.

El fenómeno del envejecimiento de la población cobra cada vez mayor relevancia a nivel internacional y México no es la excepción.

Debido al aumento de la esperanza de vida, los mexicanos de 70 años y más pasarán de 3.1 millones en el año 2000 a 4.8 millones en el año 2012, aumentando en más del 50 por ciento la magnitud de este grupo poblacional. De esta manera, en el país cada vez habrá más Adultos Mayores hasta que en el año 2050 se presentará una proporción de 85 adultos mayores de 70 años por cada 100 menores de 15 años.

De acuerdo con las previsiones del Inegi, en México las esperanzas de vida aumentarían de 74 años en 2000 a 76.6 en 2010, 79.8 en 2030 y, finalmente, a 81.3 años para 2050; es decir, la vida media de los mexicanos al final del horizonte de la proyección será similar a la observada en Japón en fechas recientes –ese país registra en la actualidad el nivel de mortalidad más bajo–. Esto representará grandes retos que el gobierno tendrá que enfrentar con políticas demográficas estructuradas de tal forma, que se esté preparado para el nuevo escenario poblacional.

Este grupo vive generalmente en condiciones de pobreza y marginación, y padece de manera particular los rezagos sociales de sus comunidades, debido a que se encuentran en una etapa de vida donde las posibilidades de contar con una fuente de ingresos son muy bajas.

De acuerdo con James Midgley el desarrollo social es “un proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”. Debe ser contemplado como un proceso que, en el transcurso del tiempo, que conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso.

El desarrollo social debe ser uno de los pilares para garantizar el mejoramiento de la vida de todas las personas y en el caso específico de la tercera edad, debe ser tomados en cuenta los conceptos vertidos en esta iniciativa de ley que busca contribuir en ese sentido, otorgando certeza jurídica y permanencia en la ley al Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años, reformando la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Es importante destacar que no se propone la creación de un gasto adicional a lo que se aprueba en cada ejercicio fiscal para este programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación, además de que se considera que la asignación de recursos sea en congruencia con su disponibilidad, pues el objetivo de la presente iniciativa es dar certeza jurídica y permanencia al actual Programa 70 y más.

En esos términos se establece en el Título Séptimo, “Del Apoyo Directo para los Adultos Mayores”, capítulo V, “De los recursos financieros y el gasto”, y en el artículo tercero transitorio de este proyecto.

Además, tampoco es necesario considerar erogaciones adicionales para la administración y operación del apoyo directo a los adultos mayores que se propone, toda vez que actualmente la Secretaría de Desarrollo Social se encarga de operar el programa mencionado, por lo que cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para ese fin.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el presente:

Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Único. Se adicionan las fracciones XII, XIII y XIV del artículo 3, un inciso d) a la fracción VI del artículo 5, se adiciona la fracción XXI del artículo 10, se adicionan las fracciones IV y V del artículo 16 y se adiciona el Título Séptimo, Del Apoyo Directo para los Adultos Mayores de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar como sigue:

Primero. Se adicionan las fracciones XII, XIII y XIV del artículo 3 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a IX. ...

X. Calidad del servicio. Conjunto de características que confieren al servicio la capacidad de satisfacer tanto las necesidades como las demandas actuales y potenciales;

XI. Instituto. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores;

XII. Secretaría. Secretaría de Desarrollo Social;

XIII. Consejo. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; y

XIV. Apoyo directo. Apoyo económico con referencia al salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal o en la zona económica de que se trate que se entrega a las personas adultas mayores de setenta años o más con objeto de mejorar sus condiciones de vida, de acuerdo con lo establecido en esta ley y su reglamento.

Segundo. Se adiciona un inciso d) a la fracción VI del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar como sigue:

Artículo 5. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. a V. ...

VI. De la asistencia social:

a) a c) ...

d) A ser sujetos de un apoyo directo en caso de tener 70 años o más de acuerdo con los términos establecidos en esta ley y su reglamento.

Tercero. Se adiciona la fracción XXI del artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar como sigue:

Artículo 10. Son objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XX. ...

XXI. Garantizar un apoyo directo para toda persona de setenta años de edad o más que habite en localidades asignadas con base en los mecanismos definidos por la secretaría y los criterios emitidos por el consejo.

Cuarto. Se adicionan las fracciones IV y V del artículo 16 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar como sigue:

Artículo 16.Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

I. a III. ...

IV. Diseñar, formular e instaurar mecanismos para la operación, administración y ejecución de los recursos del apoyo directo; y

V. Promover la celebración de acuerdos y convenios de colaboración con dependencias del Ejecutivo federal, entidades federativas, Distrito Federal, municipios, organizaciones civiles y privadas con el propósito de asegurar la equidad y eficacia en la instauración del apoyo directo.

Quinto. Se adiciona el Título Séptimo, Del Apoyo Directo para los Adultos Mayores, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Título SéptimoDel Apoyo Directo para los Adultos Mayores

Capítulo IDel monto y periodicidad del apoyo directo

Artículo 51. El monto del apoyo directo será equivalente a la cantidad correspondiente al cincuenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal o en la zona económica de que se trate, en los términos y con las condiciones que establecen la presente ley y su reglamento.

Artículo 52. El apoyo directo se otorgará mensualmente de acuerdo con los mecanismos definidos por la Secretaría, tomando en cuenta los criterios de focalización emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Capítulo IIDe los Criterios de Elegibilidad

Artículo 53. Toda persona de setenta años o más de edad tiene derecho a un apoyo directo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

Artículo 54. Para ser una persona adulta mayor beneficiaria del apoyo directo se deben cumplir los siguientes requisitos:

I. Tener setenta años de edad cumplidos o más al momento de solicitar la inscripción en el padrón de beneficiarios del apoyo directo;

II. Ser de nacionalidad mexicana;

III. Cumplir con los elementos de residencia definidos por la Secretaría y los criterios establecidos en el Reglamento de la presente ley;

IV. Aceptar las obligaciones establecidas en esta ley y su reglamento con motivo del otorgamiento del apoyo directo.

V. En caso de ser beneficiario de cualquier programa o componente de adultos mayores operado, administrado o ejecutado por el Ejecutivo federal, se requerirá su autorización de baja de él para incorporarse al padrón de beneficiarios del apoyo directo.

VI. No ser pensionado de cualquier institución, dependencia u organismo público o privado.

Capítulo IIIDel Padrón de beneficiarios del apoyo directo

Artículo 55. La integración del padrón de beneficiarios del apoyo directo se ajustará a lo establecido en los lineamientos normativos para la integración, la operación y el mantenimiento, emitidos por la secretaría y publicados en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás legislación aplicable.

Artículo 56. La persona adulta mayor que cumpla los requisitos establecidos en esta ley podrá solicitar su inclusión en el padrón de beneficiarios del apoyo directo de manera directa de acuerdo con lo establecido en los lineamientos mencionados en el artículo anterior.

Artículo 57. Corresponde a la secretaría verificar que los adultos mayores cumplan los requisitos establecidos en la ley para su incorporación al padrón de beneficiarios del apoyo directo.

La secretaría podrá realizar en todo momento visitas domiciliarias a los beneficiarios del apoyo directo a efecto de verificar el cumplimiento de las condiciones de ésta.

Artículo 58. La persona adulta mayor será dada de baja del padrón de beneficiarios, previa notificación formal y por escrito de la Secretaría, en los siguientes casos:

Por tiempo indefinido cuando:

I. Cambie de residencia a una localidad que no se encuentre dentro de la cobertura del apoyo directo;

II. No cobre el apoyo en dos ocasiones consecutivas.

En forma definitiva

I. En caso de fallecimiento de la persona adulta mayor beneficiaria;

II. Por uso indebido del documento que lo acredite como beneficiario del programa;

III. Por proporcionar información falsa con objeto de recibir más de un apoyo económico;

IV. Por dejar de pertenecer a la población beneficiaria de acuerdo con los mecanismos definidos por la secretaría y los criterios emitidos por el consejo.

Capítulo IVDe los Derechos y las obligaciones de los beneficiarios del apoyo directo

Artículo 59. Los beneficiarios del apoyo directo tienen los siguientes derechos:

I. Recibir información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el apoyo directo;

II. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de género, grupo étnico, filiación política, gremial o religiosa, así como tener la debida privacidad y reserva de su información confidencial;

III. Recibir atención y apoyos sin costo;

IV. Recibir documento que lo acredite como beneficiario del apoyo directo; y

V. Denunciar cualquier irregularidad o mal uso que identifique.

Los beneficiarios del apoyo directo para la Tercera edad tendrán derecho a un apoyo económico de pago de marcha por única ocasión en caso de fallecimiento del beneficiario titular, este apoyo podrá ser recibido únicamente por las personas nombradas como representantes por el beneficiario, el cual debe pertenecer al Padrón Activo de Beneficiarios en los términos y con las condiciones que establecen la presente ley y su reglamento.

Artículo 60. Los beneficiarios del apoyo directo tienen las siguientes obligaciones:

I. Contar con la cartilla médica de salud y autocuidado de acuerdo con los términos establecidos en la fracción IV del artículo 18 de esta ley;

II. Realizarse una evaluación geriátrica o examen médico cuando menos una vez al año para el mantenimiento de su salud, lo cual constará en la cartilla médica de salud y autocuidado;

III. Acudir con identificación oficial y el documento que lo acredita como beneficiario a recibir el apoyo en el lugar, la fecha, la forma y los plazos que se le señalen. En el caso de imposibilidad física o enfermedad, el cobro podrá hacerlo a través de su representante;

IV. Proveer la información verídica que se le requiera;

V. Presentarse ante el personal del apoyo directo para actualizar datos cuando así se requiera;

VI. No hacer mal uso del documento que lo acredita como beneficiario del apoyo directo.

La secretaría definirá los mecanismos para la reexpedición de apoyos o la reincorporación de beneficiarios.

Capítulo VDe los recursos financieros y el gasto

Artículo 61. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se establecerá la partida presupuestal específica para el apoyo directo y no podrá destinarse a fines distintos.

Artículo 62. El presupuesto federal destinado al apoyo directo no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento de la población beneficiaria del apoyo directo, y en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que el Congreso autorice al gobierno federal.

Artículo 63. Los recursos presupuestales federales asignados al apoyo directo podrán ser complementados con recursos provenientes de los gobiernos estatales y los municipales, así como con aportaciones de organismos internacionales, y de los sectores social y privado.

Capítulo VIDe la transparencia y evaluación

Artículo 64. La publicidad y la información relativa al apoyo directo deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: “El apoyo directo es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Artículo 65. Ningún servidor público condicionará la entrega del apoyo directo a la participación de la persona adulta mayor de setenta años o más en actividades políticas electorales o a cambio de algún tipo de aportación económica.

Artículo 66. El padrón de beneficiarios del apoyo directo será utilizado exclusivamente para los fines legales y legítimos de éste. No podrá ser difundido ni comercializado, salvo de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 67. Los servidores públicos responsables de la ejecución del apoyo directo deberán actuar con apego a los principios de igualdad, imparcialidad y transparencia, así como a lo establecido en la ley. De no hacerlo, serán sancionados conforme a los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 68. La evaluación de resultados del apoyo directo se llevará a cabo conforme a las disposiciones correspondientes establecidas en la Ley General de Desarrollo Social.

Artículos Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal realizará las adecuaciones reglamentarias necesarias de acuerdo con lo establecido en el presente decreto, en un plazo no mayor de 90 días naturales a partir de su entrada en vigor.

Tercero. A la entrada en vigor del apoyo directo para los adultos mayores establecido en el presente decreto, quedará sin efecto el Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años y más, a cargo del Ramo 20, “Sedesol”, y los recursos aprobados para él serán destinados para la atención de los beneficiarios del apoyo directo. Estos recursos se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria que sea aprobada por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputados: Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Leonor Romero Sevilla, Raquel Jiménez Carrillo, Joaquina Navarrete Contreras, Juan Carlos Uribe Padilla, Genaro Carreño Muro, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Víctor Rafael González Manríquez, Cristina Olvera Barrios, José Alejandro Llanas Alba, Consuelo Argüelles Loya, Leonor Romero Sevilla, Karina Labastida Sotelo, Blanca Jiménez Castillo, Leslie Pantoja Hernández, Alberto Coronado Quintanilla, Rafael Acosta Croda, Alfredo Zamora García, Glafiro Salinas Mendiola, Erick Marte Rivera Villanueva, Enrique Alejandro Flores Flores, Alejandra López Noriega, Germán Pacheco Díaz, Carmen Lucía Pérez Camarena, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Martha Leticia Sosa Govea, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Alliet Mariana Bautista Bravo, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Martha Berenice Álvarez Tovar, José Alfredo Botello Montes, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, María Carmen López Segura, Gilberto Antonio Hirata Chico, Margarita Elena Tapia Fonllem, Jhonatan Jardines Fraire, David Pérez Tejada Padilla, María Fernanda Schroeder Verdugo, Marco Antonio González Valdéz, Fernando Belaunzarán Méndez, Sergio Torres Félix, Román Alfredo Padilla Fierro, Héctor García García, María Elia Cabañas Aparicio, Benito Caballero Garza, Israel Moreno Rivera, Leobardo Alcalá Padilla, Mario Miguel Carrillo Huerta, José Luis Flores Méndez, Abel Guerra Garza, Jorge Rosiñol Abreu, Luis Armando Córdova Díaz, Gabriel Gómez Michel, Miguel Ángel Aguayo López, Francisco González Vargas, Gerardo Peña Avilés, Ossiel Omar Niavez López, Roberto Ruiz Moronatti, Omar Antonio Borboa Becerra, José Guadalupe García Ramírez, Javier Treviño Cantú, Damián Zepeda Vidales, Adolfo Bonilla Gómez, Julio César Flemate Ramírez, Sonia Rincón Chanona (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra la diputada Raquel Jiménez. Un momentito, diputada.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo(desde la curul): Gracias, señor presidente. Para solicitar al diputado Castaños Valenzuela, que acaba de presentar la iniciativa, poder suscribirme a la misma; sumarme al promovente.

El Presidente diputado José González Morfín: No tiene inconveniente.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo(desde la curul): Gracias. Si me lo permite y abusando un poco, agradecer, espero que a nombre de todas las diputadas, si me lo permiten, también el detalle del diputado Fernando Salgado Delgado, por este detalle tan amable y caballeroso que ha tenido con todas las compañeras diputadas el día de hoy.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Quienes deseen suscribir la iniciativa, está en manos de la Secretaría, pueden pasar a hacerlo.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA - LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hago uso de la voz para presentar ante ustedes iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de tarifas eléctricas.

La energía eléctrica es una necesidad básica para las familias mexicanas y no es un lujo; la imposición de las tarifas de alto consumo doméstico está fuera de los subsidios que ofrece el gobierno federal, y se aplican a partir de los 251 kilowatts/hora, que representan un pago de al menos 900 pesos mensuales de energía eléctrica.

Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México la energía eléctrica es como un lujo, tanto en hogares como en industrias, ha llegado a costar hasta el 75 por ciento más que en Estados Unidos de América.

A pesar de las diferencias marcadas en los ingresos y la calidad de vida, las familias mexicanas llegan a pagar hasta más del doble en sus recibos de luz, en comparación de quienes viven en países más desarrollados.

Ante esta realidad, en diversas entidades del país se han organizado resistencias civiles, porque consideran un costo abusivo del fluido eléctrico que consumen, sobre todo en aquellas ciudades donde las elevadas temperaturas hacen de los sistemas de aire acondicionado y equipos de refrigeración una necesidad para soportar el intenso calor, que se presenta durante casi todo el año.

Ahora bien, con la creación de la Secretaría de Energía, que se motivó en su decreto de 94, fue el de abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. Lamentablemente esa facultad hoy en día la tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde claramente existe una invasión en facultades que debe ser subsanada legislativamente.

En Tabasco, por citar un ejemplo, existe un conflicto histórico con la Comisión Federal de Electricidad, que involucra a más de 250 mil familias tabasqueñas, que han dejado de pagar sus recibos por el monto exorbitante de éstos.

Este problema inició en 94, primero como un problema político, una forma de protesta, pero posteriormente ya se convirtió en un problema socio-económico, en donde más de 250 mil familias no pueden pagar las altas tarifas de energía eléctrica.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó de pagar a Tabasco el subsidio, como parte del acuerdo compensatorio que desde el año 2007 se tuvo con la entidad. La solicitud específica, en el caso de Tabasco, básicamente ha consistido en que la Secretaría de Hacienda autorice las tarifas 1E y 1F, así como la ampliación del periodo de verano en toda la zona del estado. A diferencia del resto del país, Tabasco después de la temporada de verano continúa manifestando condiciones termométricas muy altas.

El objeto de la propuesta es el siguiente:

Primero. Que la Secretaría de Energía sea la facultada para establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, con la participación de las dependencias que correspondan, informando constantemente a la Cámara de Diputados, quien emitirá su respectiva opinión.

Segundo. Se deroga la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en establecer y revisar los precios y tarifas eléctricas.

Tercero. Se otorga participación a la Cámara de Diputados en el proceso de determinación de las tarifas por suministro y venta de energía eléctrica, sin que ello signifique suplantar la labor técnica y financiera.

De manera complementaria —cito—, el compromiso que hizo el 25 de junio del presente año el candidato priista a la Presidencia de la República, quien firmó ante el notario público número 17, el compromiso de construir un proyecto hidrológico que evite inundaciones y el impulso de una reforma energética para que haya tarifas de luz justas para los tabasqueños.

En este momento un tabasqueño, en representación de mis conciudadanos, busco se otorgue certeza de transparencia y observación ciudadana en los costos de las tarifas eléctricas y pugnar porque sean justas y equitativas, y en ese ánimo buscamos ser congruentes, y asumamos juntos el compromiso en este sector tan importante, a favor de México y a favor de Tabasco. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, del Servicio Público de Energía Eléctrica, y de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Gerardo Gaudiano Rovirosa, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción X del artículo 31, se reforma la fracción XXV y se recorre a la fracción XXVI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se reforman los artículos 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se reforma el artículo 5 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La energía eléctrica es una necesidad básica para las familias mexicanas y no es un lujo.

La imposición de las tarifas de alto consumo (DAC) doméstico está fuera de los subsidios que ofrece el gobierno federal, y se aplican a partir de los 251 kilowatts/hora, que representan un pago de al menos 900 pesos mensuales de energía eléctrica.

A pesar de las diferencias marcadas en los ingresos y calidad de vida. Las familias mexicanas llegan a pagar hasta más del doble en su recibo de luz que quienes viven en países ricos.

Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México la energía eléctrica es como un lujo tanto en hogares como en industrias, pues llega a costar hasta 75 por ciento más que en Estados Unidos de América.

Como antecedentes cabe recordar que el 28 de diciembre de 1994, como resultado de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal propuesta por el Ejecutivo federal y aprobada por el Congreso de la Unión, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) se transforma en Secretaría de Energía (Sener), y se le confiere la facultad de conducir la política energética del país, con lo que fortalece su papel como coordinadora del sector energía, al ejercer los derechos de la nación sobre los recursos no renovables: petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos, aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear, así como el manejo óptimo de los recursos materiales que se requieren para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público; con objeto de que estas funciones estratégicas las realice el estado, promoviendo el desarrollo económico, en la función de administrar el patrimonio de la nación y preservar nuestra soberanía nacional. En 2001, los cambios en un mundo cada vez más globalizado incidieron en el rumbo de la economía de nuestro país, e hicieron necesario modernizar y fortalecer la estructura de la dependencia, con la finalidad de que respondiera a las nuevas tendencias mundiales y a las exigencias de una sociedad mexicana cada vez más participativa y demandante de mejores servicios.

El proceso de reestructuración buscó principalmente la especialización de la secretaría en subsectores: hidrocarburos y electricidad, sin perder de vista el importante y necesario papel de la formulación de la política energética nacional. Ello se materializó en tres subsecretarías de estado y una oficialía mayor, y sus respectivas direcciones generales, descritas en el Reglamento Interior publicado el 4 de junio del 2001.

En el año 2003 se establecen estrategias y acciones de reestructuración y redimensionamiento de la secretaría, que son concretadas en una estructura organizacional más plana y acorde a la política de austeridad presupuestal del gobierno federal. Dicha estructura se establece en el Reglamento Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2004.

Con esta nueva estructura y con la aplicación de estrategias de innovación y calidad, modernización, racionalización y optimización de recursos, profesionalización del capital humano y el aprovechamiento de nuevas tecnologías, es como la Secretaría de Energía orienta su quehacer al diseño de políticas públicas energéticas y a la conducción estratégica de las actividades de su sector coordinado, a fin de garantizar el suministro de energéticos de manera eficiente, con calidad, seguro, rentable y respetuoso del medio ambiente, con lo que reafirma su carácter rector sobre el ámbito energético de México.

La historia de la creación de la Secretaría de Energía tomada de su propia pagina web oficial, claramente nos indica que es esa secretaría la que se encarga de abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, y nos preguntamos ¿Por qué la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es quien establece las tarifas al suministro de energía eléctrica?, claramente existe una invasión en facultades que debe ser subsanada y regresar esa facultad a la Secretaría de Energía.

Una de las responsabilidades del Estado mexicano es proporcionar servicios públicos para satisfacer, de manera regular y continua, diversas necesidades básicas colectivas, proteger a los consumidores. Desde el ámbito doctrinario algunos autoressostienen, incluso, que el fundamento del estado no es la soberanía sino la noción de servicio público, lo cual implica que las funciones del estado moderno sean, precisamente, todas aquellas actividades que los gobernantes ejercen para crear, organizar y asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios públicos.

En la práctica el cumplimiento de esta actividad técnicadestinada a satisfacer una necesidad de carácter general se lleva a cabo por medio de la administración pública o bien vía particulares facultados para ello por la autoridad competente. Pero más allá de nuestras posturas con respecto al estado prestador de servicios o al estado regulador, en cualquiera de los dos casos, los servicios públicos deben cumplir con su finalidad social, por lo que en todo momento se debe anteponer el interés de la comunidad a los fines del beneficio económico de personas, organismos o entidades públicas o privadas que los proporcionan.

Esta cualidad trascendente de los servicios públicos lamentablemente no se cumple en todos los casos, ya que regularmente por beneficiar los intereses de quienes los prestan, se sacrifica la satisfacción de las necesidades colectivas.

En México, el servicio público de energía eléctrica ha perdido, en la práctica, el principio estratégico que le otorga el artículo 28 constitucional, me refiero, a que, la prestación de esta actividad técnica se ha realizado sin atender los imperativos de interés general o de beneficio social básico para el desarrollo nacional. El modelo económico implantado en los últimos años ha reducido las responsabilidades del estado con el consecuente ensanchamiento de la brecha entre pobres y ricos.

Las altas tarifas eléctricas hacen inaccesible un servicio que es fundamental para llevar a cabo la mayoría de las actividades del quehacer humano y preponderante para alcanzar el desarrollo económico y social de cualquier país. Por tal razón, la exigencia de tarifas eléctricas justas no sólo proviene de la población de menores recursos sino también de otros sectores de la sociedad con distinto nivel de ingreso, como el caso de la clase empresarial que durante años ha reclamado, con razón, que la situación tarifaria les resta competitividad y oportunidades de desarrollo.

Ante esta realidad, en diversas entidades del país se han organizado para resistir lo que consideran un costo abusivo del fluido eléctrico que consumen, sobre todo en aquellas ciudades donde las elevadas temperaturas hacen de los sistemas de aire acondicionado y equipos de refrigeración una necesidad para soportar el intenso calor que se presenta durante casi todo el año.

En Tabasco, por citar un ejemplo, existe un conflicto histórico con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que involucra a más de 250 mil familias tabasqueñas que han dejado de pagar sus recibos por el monto exorbitante de éstos.

Si bien el movimiento del no pago de las tarifas eléctricas surgió como una manifestación de miles de familias tabasqueñas por su inconformidad con el proceso electoral de 1994, en pocos años se convirtió en el reflejo de las grandes dificultades que tiene la sociedad tabasqueña para cubrir las excesivas tarifas que se cobran en el estado por consumo de energía eléctrica, es decir, no es privativo de una zona o colonia, o clase social, por lo que se han incorporado a este movimiento familias de distinta filiación política y condición económica.

En los últimos años diversos sectores de la sociedad tabasqueña han promovido y gestionado ante las autoridades competentes modificaciones al acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 7 de febrero de 2002 que redujo el monto del subsidio a las tarifas domésticas.

En este proceso han participado integrantes de los sectores público, social y privado del estado y representantes populares de filiaciones políticas distintas, del ámbito federal y local, en razón de que se trata de una demanda justa cuya resolución beneficiará el bolsillo de miles de familias tabasqueñas y por su puesto al sector productivo de la entidad.

La solicitud específica, en el caso de Tabasco, básicamente ha consistido en que la Secretaría de Hacienda autorice las tarifas 1 E y 1 F, así como la ampliación del periodo de verano en toda la zona del estado, en razón de que si bien la temperatura efectiva promedio anual en la entidad es de 30 grados centígrados, el alto porcentaje de humedad relativa que se presenta, que es de 83 por ciento, provoca que las condiciones sean similares a los lugares con 42 grados centígrados y 20 por ciento de humedad relativa que es en el norte del país. Asimismo, y a diferencia del resto del país, Tabasco después de la temporada de verano continúa manifestando condiciones termométricas altas.

Las razones de esta solicitud se han planteado en diversas ocasiones y a través de distintos medios, sin que hasta el momento se tenga una respuesta positiva. El convenio de colaboración Acuerdo por Tabasco, firmado en octubre de 2007 entre los gobiernos federal y estatal, así como el convenio modificatorio de marzo 2008, no resolvieron el conflicto, simplemente porque no atendieron la principal demanda que son las tarifas justas.

Reitero, actualmente, la ley faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de otras dependencias y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, para fijar las tarifas eléctricas, competencia que no debiera corresponderle, ya que es una atribución de la Secretaría de Energía por conducto de la Comisión Reguladora de Energía.

La problemática es porque se fijan tarifas por consumo del fluido eléctrico por la autoridad hacendaria y no por científicos y políticos. Las tarifas eléctricas no son congruentes con el ingreso de la población. Esto bloquea los principios de nacionalización de las industria eléctrica y estamos repitiendo el mismo error histórico que nos motivo su control y nacionalización.

Las altas tarifas eléctricas son determinadas de manera discrecional por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin la participación de otras instancias ni de la sociedad civil, y sin tomar en cuenta criterios de justicia y equidad social.

El estado no cumple con los objetivos originales, ya que las condiciones de pobreza y marginación son similares a las que dieron origen a la nacionalización de la industria eléctrica, por lo que esta iniciativa responde a un reclamo social y a la necesidad de impulsar el desarrollo económico del país.

Ante esta problemática en ambas Cámaras del Congreso de la Unión se han presentando diversos puntos de acuerdo y reformas legislativas de diferentes partidos políticos para lograr un trato justo y equitativo en la determinación de las tarifas del servicio de energía eléctrica, proponiéndose cuestiones tales como la derogación del referido acuerdo del 7 de febrero de 2002; la reclasificación de tarifas en distintos estados del norte y sur de país; la aplicación de tarifas especiales a los adultos mayores y a los grupos económicamente más desfavorecidos; así como la introducción del factor humedad para determinar la temperatura aparente en las diversas localidades del país.

Lamentablemente la falta de transparencia ha motivado que las empresas públicas sean susceptibles de ceder ante presiones políticas y que no asignan sus recursos con base en señales de mercado y la existencia de excesivos controles administrativos ha motivado una sobre carga.

• El objeto de la propuesta es que la Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Reguladora de Energía,sea la facultada para establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan; informando constantemente a la Cámara de Diputados quien emitirá su respectiva opinión.

• Se deroga la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, sólo podrá participar con la Secretaría de Energía como coadyuvante, con el fin de otorgar transparencia y participación ciudadana un mecanismos constitucional, se propone que la Cámara de Diputados participe con su opinión en establecer y revisar los precios y tarifas eléctricas ya señaladas.

• Asimismo, la venta de energía eléctrica se correrá a cargo de las tarifas que apruebe la Secretaría de Energía, por considerar que es la secretaría especializada para ese ramo y que motivó su origen.

• Se busca que las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos, serán aprobadas por la Secretaría de Economía, oyendo a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Energía. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, con copia a la Cámara de Diputados.

• Con el propósito de continuar con la transparencia y cooperación institucional y de representación ciudadana, se atribuye a la Secretaría de Energía, con la participación de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y opinión de la Cámara de Diputados, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.

• Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Energía podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas, previa opinión de la Cámara de Diputados.

• Se otorga participación a la Cámara de Diputados en el proceso de determinación de las tarifas por suministro y venta de energía eléctrica, sin que ello signifique suplantar la labor técnica y financiera.

• Se elimina con la discrecionalidad, al proponer que los comisionados que integran la Comisión Reguladora de Energía sean designados por el titular del Ejecutivo federal a propuesta del secretario de Energía y la Cámara de Diputados conjuntamente.

Como medida de seguridad ciudadana y para mantener la transparencia, se plantea que “En ningún caso serán aplicables las tarifas, mientras no sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación y contando con el visto bueno de la Cámara de Diputados, y cuando menos en dos periódicos diarios de circulación nacional”.

La propuesta al mecanismo de participación de la Cámara de Diputados para que emita opiniones en las funciones de la administración pública con las secretarías de estado, no es nueva, dicho mecanismo se encuentra plasmado en diferentes leyes como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria o la Ley General de Desarrollo Social, Ley General de Cambio Climático, entre otras.

Y coincidiendo con las declaraciones recientes del equipo de transición de Enrique Peña Nieto en fortalecer los instrumentos de rendición de cuentas y llenar los huecos en transparencia como se declaró en el periódico El Universal, páginas 1 a 6, del 8 de octubre de 2012.

De manera complementaria cito el compromiso que hizo el 25 de junio del presente año, el candidato priísta a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, firmó ante el notario público número 17, el compromiso de construir un proyecto hidrológico que evite inundaciones y el impulso de una reforma energética para que haya tarifas de luz justas para los tabasqueños.

En este momento un tabasqueño en representación de mis conciudadanos presento una reforma energética que servirá para otorgar certeza de transparencia y observación ciudadana para poder intervenir en el costo de las tarifas eléctricas y pugnar porque sean justas y equitativas.

Y en ese ánimo buscamos ser congruentes y asumamos juntos el compromiso en este sector tan importante que son las tarifas en energía eléctrica.

Porque considero que para dar solución a todos los problemas que padecemos los mexicanos, en especial el alza en tarifas eléctrica y demás, no existen colores, todos somos uno, y con la buena voluntad política, ¡unidos! podemos generar las reformas medulares que necesita nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se deroga la fracción X del artículo 31, se reforma la fracción XXV y se recorre a la fracción XXVI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se reforman los artículos 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se reforma el artículo 5 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía

Primero.Se deroga la fracción X del artículo 31, se adiciona una fracción XXVI y se recorre la fracción XXV del artículo 33, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

I. a IX. ...

X. (Derogado).

Artículo 33. ...

XXV.Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos por conducto de la Comisión Reguladora de Energía escuchando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, y con la participación de las dependencias que correspondan; informando constantemente a la Cámara de Diputados quien emitirá su respectiva opinión y deberá acudir a las reuniones o mesas de trabajo que realicen las dependencias.

XXVI.Los demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

Segundo.Se reforman los artículos 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 30.La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Energía.

Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos, serán aprobadas por la Secretaría de Economía, oyendo a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Energía. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, con copia a la Cámara de Diputados.

Artículo 31.La Secretaría de Energía, con la participación de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y opinión de la Cámara de Diputados, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Energía, podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas, previa opinión de la Cámara de Diputados.

Artículo 32. ...

En ningún caso serán aplicables las tarifas, mientras no sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación, contando con el visto bueno de la Cámara de Diputados, y cuando menos en dos periódicos diarios de circulación nacional.

Tercero.Se reforma el artículo 5 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, para quedar como sigue:

Artículo 5. Los comisionados serán designados por el titular del Ejecutivo federal a propuesta del secretario de Energía y la Cámara de Diputados conjuntamente, y deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. a III. ...

Transitorios

Primero.Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Para León Duguit el estado no es un mando operativo sino una “corporación de servicios públicos organizados y controlados por los gobernantes”.

2. Miguel Acosta Romero en Teoría General del Derecho Administrativo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Energía, para su dictamen.

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 93 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Tomás Torres Mercado:Es necesario, ciudadanos diputados, compañeros, compañeras diputadas, hacer un reconocimiento. La iniciativa que ahora pongo a su consideración, como deben tener todas, hay una fuente en la realidad, y digo es necesario reconocerlo, por virtud de que derivó de una comunicación informal con el señor diputado González Morfín, presidente de la Mesa Directiva en funciones, a quien siempre le refrendo mi respeto por su diligencia, además, por su mesura en la conducción, pero además su congruencia política.

Les decía a algunos compañeros que no traigo el texto a mi alcance, por eso le voy a pedir que reproduzca en sus términos, en el Diario de los Debates, el documento que la contiene.

Buscaba al diputado Marcos Aguilar, que preside la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con el propósito, estimado presidente, de que si es posible que la iniciativa que he traído la haga suya la Mesa Directiva y la Junta Directiva de la comisión respectiva; es decir, Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Es muy simple, se trata de incorporar al artículo 3 y al artículo 93 del Reglamento, la institución de la fe de erratas, que reiteradamente se recurre a ella, en el procedimiento legislativo, pero que no tiene marco reglamentario ni tiene marco legal.

En días pasados desafortunadamente se generó un desencuentro y una polémica innecesaria, al haber dicho que alguien había mutilado una parte del contenido del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

No es el caso. Simplemente sostengo que no fue así y que hay que desestimar las imputaciones infundadas, pero que en todo caso el Reglamento debe reconocer que en el procedimiento legislativo, cuando se modifica algún aspecto gramatical o una incorrespondencia de lo que se haya discutido con relación al texto; es decir, que se modifique la impresión, más no la parte sustantiva de la autoría, debe ser recogida en el Reglamento.

Por eso, he visto necesario presentar esta iniciativa, con la finalidad de que la fe de erratas se describa, pero además se regularice su tratamiento en el procedimiento legislativo.

He señalado que parece irrelevante, pero cuando alguna parte del dictamen no ha sido discutida en las comisiones y votada en las propias comisiones, o presentada por la vía de reserva o de modificación por las comisiones dictaminadoras puede provocar que se violente el procedimiento y que en todo caso, la construcción contenida en un dictamen se venga abajo por una cuestión de procedimiento. Ése es el propósito de la iniciativa.

Le voy a pedir al señor presidente de la comisión que he señalado, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y a la propia Mesa Directiva, diputado González Morfín, que además, por digamos, la simplificación para discutirla y votarla, ojalá en la práctica, hablar de fe de erratas sea con ajuste a un marco reglamentario para conducirnos por el camino de ese marco normativo. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 93 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, integrantes de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se pretende adicionar los artículos 3 y 93 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Planteamiento del problema

En las disposiciones legales y reglamentarias que imponen las obligaciones y competencias del Poder Legislativo federal no se considera en ninguna parte la institución de la fe de erratas. Tal circunstancia es a todas luces impropia, sobre todo en virtud de su continua utilización.

La inclusión de una base legal en el tema es además de urgente deseable, pues de este modo podrían eliminarse las ambigüedades respecto a su uso en los casos de las correcciones no sustantivas.

Argumentación

La actividad legislativa se traduce en la emisión de normas generales, las cuales deben formar parte del orden jurídico, las disposiciones deben tener coherencia con el texto constitucional y, a su vez, solucionar problemas o mitigar necesidades.

En ese proceso pueden llevarse a cabo correcciones materiales de los errores producidos por la propia actividad.

Entre las correcciones de este tipo hayamos a la institución fe de erratas,a la cual no recae una definición precisa sino descripciones respecto a su procedencia y efectos.

Procedencia gramatical

a) Errata proviene del latín y se refiere a un error o yerro; y

b) Errata es el plural del participio de pasado pasivo errare.

Procedencia objetiva

a) Procede ante la existencia de un error;

b) No debe modificar el sentido autorizado por el autor; y

c) Su publicación es posterior al documento normativo.

Su efecto es solucionar un conflicto gramatical, sintáctico o cualquier otro no vinculado al sentido del texto autorizado.

En caso de no emitirse una fe de erratas el error, además de evidenciarse, genera conflictos para la comprensión; vuelve oscuro el texto, algo contrario a lo esperado de una disposición normativa.

La errata es una deficiencia menor que sin duda debe evitarse en las normas jurídicas. Sin embargo, tiene cabida en los casos de los procesos administrativos de mero trámite; es decir, para culminar un proceso donde el error por subsanar no es sustantivo.

También podrá proceder la errata cuando sin afectar el sentido formal, por la premura para culminar un plazo legal, puedan presentarse errores de grafía.

Este último caso se actualizó en el trámite anterior de iniciativa preferente, gestionado en la Cámara de Diputados a finales de septiembre pasado. Tal circunstancia generó suspicacias y, como no hay disposición normativa ad hoc, ocasionó una polémica innecesaria.

Por ello, y con la mira puesta en futuras circunstancias parecidas, deseamos regular la institución de fe de erratas,la cual no es inédita en el orden jurídico: ya tiene expresión legislativa en México.

En concreto, puede apreciarse en la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales:

Artículo 3o. Serán materia de publicación en el Diario Oficial de la Federación

I. Las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión;

II. Los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo federal que sean de interés general;

III. Los acuerdos, circulares y órdenes de las dependencias del Ejecutivo federal que sean de interés general;

IV. Los tratados celebrados por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Los acuerdos de interés general emitidos por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

VI. Los actos y resoluciones que la Constitución y las leyes ordenen que se publiquen en el Periódico Oficial;

VII. Aquellos actos o resoluciones que por propia importancia así lo determine el presidente de la República; y

VIII. Las fes de erratas que la autoridad estime necesarias.

Sobre el particular, también la Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo considera un capítulo desarrollador de la fe de erratas, el cual abarca del artículo 18 al 21.

Capítulo SextoDe la Fe de Erratas

Artículo 18. Los errores de escritura o impresión en las publicaciones del Periódico Oficial del Estado se corregirán por la propia dirección de publicación, responsable de la edición, mediante una fe de erratas.

Artículo 19. La fe de erratas será procedente

Por error en el contenido del documento.

I. Serán corregidos mediante la publicación de la Fe de Erratas, presentada por el emisor; y

II. Por error en la impresión y publicación del Periódico Oficial; corregida por el director de Publicación del Periódico.

Artículo 20. Cuando durante la impresión se cometan errores que afecten en el contenido del material publicado haciendo diferir con el documento original, la dirección de publicación por si o a petición de parte, deberá insertar en el Periódico Oficial una fe de erratas en la que conste de manera cierta el contenido del documento original.

Cualquier ciudadano podrá hacer observaciones respecto de los errores del texto de escritura o impresión, mediante escrito dirigido a la dirección de publicación del Periódico Oficial del Estado.

Artículo 21. Cuando el contenido del documento original contenga errores insertos, la dirección de publicación, previa solicitud de la parte interesada y previo pago de los derechos respectivo, publicará una fe de erratas en la que conste la corrección respectiva.

De igual modo, el poder Judicial de la Federación nos ilustra con criterio sostenido en la materia, en una tesis aislada dictada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la novena época.

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVIII, Julio de 2003

Página: 28

Ley. Para determinar la autenticidad de su texto debe atenderse al aprobado por las Cámaras durante el proceso legislativo y no al que difiriendo de éste se haya enviado al Ejecutivo para su promulgación. El procedimiento de formación de la ley es un acto complejo en el que intervienen diversos órganos constitucionales, como lo son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y publica. Las actuaciones de ambos poderes, en conjunto, son las que dan vigencia a un ordenamiento legal, de manera que dichos actos no pueden quedar subsistentes o insubsistentes aisladamente, aunque tengan lugar en momentos distintos y emanen de órganos diferentes. Por otra parte, son las etapas de discusión y aprobación de las leyes en las que ambas Cámaras, tanto la de origen como la revisora, examinan las iniciativas de ley, intercambian opiniones a favor o en contra del proyecto, sea en lo general o sobre algún punto en particular, y finalmente votan el proyecto de ley; etapas o momentos en los cuales el Poder Legislativo ejerce tanto formal como materialmente su facultad legislativa y, por tanto, son las etapas del proceso legislativo en las cuales se crea la ley en sentido material, aun y cuando no pueda tenérsele como tal formalmente, pues resta aún la intervención del Poder Ejecutivo en las fases de sanción y promulgación, para que dicha ley sea obligatoria y entre en vigor. En consecuencia, el texto del decreto o ley aprobados por el Congreso de la Unión corresponde única y exclusivamente al que fue discutido y votado sucesivamente por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, sin que dicho texto pueda ser modificado al remitirse para su sanción y promulgación al Ejecutivo. La voluntad conjunta de las Cámaras del Congreso de la Unión se expresa en el momento en que se discuten y aprueban los dictámenes presentados por las Comisiones respectivas, sin que la mera autorización que del texto del decreto o ley, realizan los presidentes y secretarios de ambas Cámaras pueda, por sí solo, modificar o corregir la decisión que tomaron, democráticamente, cada uno de los cuerpos legislativos que integran el Congreso, y sin que dicho texto pueda ser modificado durante su etapa de promulgación. Así, aun cuando el texto final de una ley o decreto, previamente a su remisión al Poder Ejecutivo, haya sido pulido y cuidado en términos de estilo, o bien, posteriormente se publique una fe de erratas en relación al mismo, no tiene por qué diferir del texto originalmente aprobado, y mucho menos se podrá, mediante estos mecanismos, subsanar las deficiencias u omisiones que éste presente.

Contradicción de tesis 19/2001-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 24 de junio de 2003. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer MacGregor Poisot.

El tribunal pleno, en su sesión privada celebrada hoy primero de julio en curso, aprobó, con el número VI/2003, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a primero de julio de dos mil tres.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se adiciona la fracción VII al artículo 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y se recorre el orden de las demás.

Segundo. Se adiciona un numeral 3 al artículo 93 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 3.

1.Para efectos del Reglamento se utilizan las voces y significados siguientes:

I. ...

VII. Fe de erratas: todo acto de modificación gramatical llevado a cabo dentro del proceso legislativo por alguna de las Cámaras; o incluso, sobre el texto aprobado por la colegisladora, siempre que no modifique el sentido del mismo.

Artículo 93.

1. y 2. ...

3. La fe de erratas podrán realizarla en cualquier caso, en el marco de sus respectivas competencias, la Mesa Directiva, o las juntas directivas de las comisiones ordinarias o grupos de trabajo correspondientes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Nos referimos exclusivamente a la facultad formal legislativa, no a la material, la cual puede ser en ocasiones actos administrativos o incluso judiciales. Por ejemplo, respectivamente, en las conducciones de de la vida interna de las Cámaras (disposiciones concretas, declarativas y personales como el decreto) o la declaración de procedencia de juicio penal contra servidores públicos, donde auténticamente se aprecia una juicio con carácter de precalificación.

2 No confundir con sistema jurídico. Orden jurídicoes el conjunto de disposiciones normativas que parten de una constitución en un tiempo determinado; por el contrario, el sistema implica la unión de varios órdenes jurídicos. ConfereHuerta Carla. Teoría del derecho, cuestiones relevantes, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, páginas 16-38.

3 La Real Academia Española se refiere a la voz fe del siguiente modo: “... de erratas. 1. f. Impr. Lista de las erratas observadas en un libro, inserta en él al final o al comienzo, con la enmienda que de cada una debe hacerse. De erratas”.

4 La definición tradicionalmente se entiende como la colocación del objeto por definir en su género próximo y su diferencia específica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 18 de octubre de 2012.— Diputado Tomás Torres Mercado (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Llevaré, con mucho gusto —porque comparto su preocupación—, el tema a la Mesa Directiva, y por supuesto, será insertada íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY DE EXTRADICION INTERNACIONAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el actuar de las autoridades debe constreñirse a la realización de todos aquellos actos que las propias normas jurídicas le permiten, sin trazarlas y sin dejar a libre capricho de gobernantes la realización de determinadas actuaciones; de no ser de esa manera, se generaría un estado de incertidumbre jurídica y social, y es precisamente en esta situación en la que se encuentra la figura jurídica de la extradición dentro del sistema jurídico mexicano. Aunado a lo anterior, se observa que han surgido diversos tratados en materia de extradición y las leyes especializadas en dicha materia.

En México, desde el año de 1974 se cuenta con la Ley de Extradición Internacional, misma que ha regulado el procedimiento que deben seguir los Estados recurrentes, a efecto de obtener la extradición de determinada persona.

Si bien es cierto que en el derecho internacional se ha establecido la obligación de otorgar la extradición, si es que existe la correspondiente de trato, menos verdadero resulta el hecho de que cuando se trata de nacionales del Estado requerido, la entrega se torna, efectivamente, queda a juicio del Estado. Pero con la obligación subsidiaria que en el caso que no se entregue, se enjuicie al nacional delincuente y comunicar el fallo al Estado que requiere.

En ese sentido, es válido expresar que la extradición en la mayor parte de los tratados en vigor experimenta ciertas limitaciones; una de ellas y tal vez la de mayor relevancia, es la de la nacionalidad de la persona requerida.

Por regla general, la mayoría de los Estados niegan la extradición de sus propios nacionales. Solamente hay siete Estados que se han mostrado dispuestos a acordar la extradición de sus propios nacionales, a saber México, Reino Unido, Estados Unidos de América, Argentina, República Dominicana, Uruguay, Colombia. Los demás niegan la extradición de sus nacionales e incluso tienen disposiciones constitucionales por las que se prohíbe.

Por lo que, en ese sentido, en nuestro país —tanto la teoría como la práctica— han abordado el tema de la posibilidad de extraditar a un ciudadano mexicano, lo que ha sido incorporado al sistema normativo dentro de la Ley de Extradición Internacional, en su artículo 14, al establecer: que ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero, sino en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo. Lo que ha permitido la extradición de varios mexicanos a otros países, principalmente a Estados Unidos de América.

De este precepto se advierte que el legislador mexicano estableció una excepción al principio de extradición internacional, tratándose de nacionales, en cuyo caso la regla general es que no procede su entrega a un Estado extranjero, pero también instauró la regla específica, el expresar que corresponde al Ejecutivo federal conceder la extradición en casos excepcionales y su juicio.

Debemos comentar que el Ejecutivo federal tiene la facultad discrecional de otorgar la extradición de un mexicano a un Estado extranjero, en casos excepcionales debidamente justificados, por tratarse de una excepción a la regla general que encuentra sustento en el principio de reciprocidad internacional. Lo que puede caer en el uso arbitrario o caprichoso de la misma, ya sea la procedencia de la extradición.

Es por ello y para efecto de que el Poder Ejecutivo federal cumpla con el principio de seguridad jurídica para con todos los ciudadanos mexicanos, que proponemos que la presente iniciativa de ley reforme y adicione el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional, con la finalidad de sentar las hipótesis jurídicas mediantes las cuales la extradición de un connacional podrá ser otorgada al país extranjero solicitante.

Lo anterior con la finalidad de otorgar seguridad y certeza jurídica, a través de la Ley de Extradición Internacional; en las que se incluyan aquellos delitos considerados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de aquellos delitos que se han considerado graves por la comunidad internacional, y los cuales serán los únicos casos en que la extradición de ciudadanos mexicanos es procedente.

Lo anterior se realiza con el propósito de que los ciudadanos mexicanos tengan la certeza y seguridad de que solo en las hipótesis planteadas concedan su extradición, sin que la misma quede a discrecionalidad del Ejecutivo federal, evitando así conductas arbitrarias y totalitarias que lleven a un estado de incertidumbre jurídica, que es lo que se pretende evitar desde nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional, a cargo de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, María del Carmen Martínez Santillán, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 14 y adiciona las fracciones I A X de la Ley de Extradición Internacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho, como una creación del hombre, que regula su conducta externa, no puede ser estático y uniforme, sino que tiene que ser congruente con el dinamismo social, reglamentando la aparición de nuevas relaciones entre los individuos y las naciones, por lo que, la función del Derecho no se limita únicamente a regular las conductas externas de los individuos, sino también, a establecer la gama de atribuciones con las que cuentan los órganos del Estado, ello con la finalidad de evitar una extralimitación en su actuar, lo que originaría Estados totalitarios en los que la población está al servicio de los mencionados órganos y no éstos al mandato del pueblo.

En ese contexto, el actuar de las autoridades debe de constreñirse a la realización de todos aquellos actos que las propias normas jurídicas les permitan, sin trastocarlos y sin dejar al libre capricho de gobernantes, la realización de determinadas actuaciones, pues de no ser de esa manera, se generaría un estado de incertidumbre jurídica y social; y es precisamente en esta situación, en la que se encuentra la figura jurídica de la extradición dentro del sistema jurídico mexicano.

En ese orden de ideas, es indispensable contextualizar que la extradición, reviste una gran importancia en las relaciones existentes ente los diferentes Estados- nación, desde el momento en que surgen organismos y tratados internacionales, que tienden a regular las relaciones y acuerdos de cooperación mutua en diversos temas y materias, sobre todo en aquellas que tienen que ver con la comisión de diversos delitos en el territorio de determinado país, pero que el mismo se ve imposibilitado para instaurar el procedimiento sancionador en contra de quien lo cometido, por la razón de que ha abandonado el país, refugiándose en otro territorio, a efecto de evitar la sanción, motivo por el cual, ante este tipo de necesidades, surgieron los primeros acuerdos de entregar a los sujetos activos del delito, a los países que así lo requirieran.

Derivado de lo anterior, han surgido diversos tratados en materia de extradición y las leyes especializadas en dicha materia. En México desde el año de mil novecientos setenta y cuatro, se cuenta con la Ley de Extradición Internacional, misma que ha regulado el procedimiento que deben seguir los Estados requirentes a efecto de obtener la extradición de determinada persona.

Si bien es cierto, que en el derecho internacional se ha establecido la obligación de otorgar la extradición, si es que existe el correspondiente tratado, menos verdadero, resulta el hecho de que cuando se trata de nacionales del Estado requerido la entrega se torna facultativa, queda a juicio del Estado, pero con la obligación subsidiaria, que en el caso que no se entregue, se enjuicie al nacional delincuente y comunicar el fallo al Estado requirente.

En ese sentido, es válido expresar que la extradición, en la mayor parte de los tratados en vigor experimenta ciertas limitaciones, una de ellas, y tal vez la de mayor relevancia, es la de la nacionalidad de la persona requerida. Por regla general, la mayoría de los Estados niegan la extradición de sus propios nacionales, solamente hay siete estados que se han mostrado dispuestos a acordar la extradición de sus propios nacionales, a saber: México, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Uruguay y Colombia. Los demás niegan la extradición de sus nacionales e incluso tienen disposiciones constitucionales por las que se prohíbe.

Por lo que en ese sentido, en nuestro país, tanto la teoría como la práctica han abordado el tema de la posibilidad de extraditar a un ciudadano mexicano, lo que ha sido incorporado al sistema normativo dentro de la Ley de Extradición Internacional en su artículo 14, al establecer “que ningún mexicano podrá ser entregado a un estado extranjero, sino en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo”. Lo que ha permitido la extradición de varios mexicanos a otros países, principalmente a Estados Unidos de América.

De este precepto se advierte que el legislador mexicano estableció una excepción al principio de extradición internacional, tratándose de nacionales, en cuyo caso la regla general es que no procede su entrega a un Estado extranjero, pero también instauró la regla específica, el expresar que corresponde al Ejecutivo federal conceder la extradición en casos excepcionales y su juicio.

En ese sentido, la extradición es un acto de soberanía fundado en el principio de reciprocidad, los Estados parte del tratado internacional pactan una excepción a la entrega de sus nacionales, es decir, tratándose de un mexicano la regla general es que no procede su extradición, pues sólo en casos excepcionales podrá concederla el Ejecutivo federal si se cumplen los requisitos constitucionales o legales aplicables, así como a los términos y condiciones pactados en los convenios o tratados internacionales.

En otras palabras, el Ejecutivo federal tiene la facultad discrecional de otorgar la extradición de un mexicano a un Estado extranjero, en casos excepcionales debidamente justificados, por tratarse de una excepción a la regla general que encuentra sustento en el principio de reciprocidad internacional, lo que puede caer en el uso arbitrario o caprichoso de la misma, ya que la procedencia de la extradición.

Es precisamente en el hecho de la discrecionalidad en donde estriba un problema jurídico, en razón de que el Poder Ejecutivo federal, goza de dicha facultad para entregar, a solicitud de un gobierno extranjero, a los mexicanos que hayan cometido un delito en el territorio del país requirente, lo que hace concluir que esta facultad queda a la potestad soberana del gobernante en turno cuya discrecionalidad puede estar afectada por circunstancias subjetivas o por los compromisos internacionales que puedan tenerse con el país solicitante diversos a los tratados de extradición, lo que origina que los ciudadanos mexicanos se encuentren en un estado de incertidumbre y una violación del principio de seguridad jurídica contemplado y reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es por ello que la seguridad jurídica, entendida como la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en el de su aplicación, en el sentido de que, los habitantes conozcan las facultades, derechos y obligaciones que tiene el poder público así como el respeto de éste a los límites que las propias normas jurídicas les marcan; asimismo la garantía de seguridad jurídica que comprende las denominadas sub-garantías de legalidad, fundamentación, motivación, competencia, irretroactividad y audiencia, lo que se debe cumplir en todo acto de autoridad, incluida la extradición.

A efecto, de que el Poder Ejecutivo federal cumpla con el principio de seguridad jurídica para con todos los ciudadanos mexicanos, es por ello que el objetivo de la presente iniciativa de decreto, lo es para reformar y adicionar el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional, con la finalidad de sentar las hipótesis jurídicas mediantes las cuales, la extradición de un connacional podrá ser otorgada al país extranjero solicitante, ello con la finalidad de otorgar seguridad y certeza jurídica, es por ello que se propone adicionar diez fracciones al artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional, en las que se incluyan aquellos delitos considerados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de aquellos delitos que se han considerado graves por la comunidad internacional, y los cuales serán los únicos casos en que la extradición de ciudadanos mexicanos es procedente.

Lo anterior se realiza con el propósito de que los ciudadanos mexicanos tengan la certeza y seguridad de que, solo en las hipótesis planteadas procederá su extradición sin que la misma quede a la discrecionalidad del Ejecutivo federal, evitando así conductas arbitrarias y totalitarias que lleven a un estado de incertidumbre jurídica, que es lo que se pretende evitar desde nuestra Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la presente Iniciativa de Ley con proyecto de

Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 14 y adiciona las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X al mismo, de la Ley de Extradición Internacional

Artículos

Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 14, de la Ley de Extradición Internacional, para quedar como sigue:

Artículo 14. Ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero por parte del Poder Ejecutivo federal, salvo que se haya cometido alguno de los delitos siguientes:

Artículo Segundo. Se adicionan las fracciones I a X al artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

I. Desaparición forzada de personas.

II.Genocidio.

III.Tortura sistemática.

IV.Terrorismo.

V.Tráfico de estupefacientes.

VI. Secuestro.

VII. Esclavitud;

VIII.Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable.

IX.Crímenes de guerra, conforme lo establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

X.Homicidio.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a dieciocho de octubre de 2012.— Diputada María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Justicia, para su dictamen.

Saludamos a un grupo de alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), de la licenciatura de derecho, que se encuentran hoy aquí, invitados por el diputado Javier Guevara González. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También saludamos a un grupo de invitados del diputado Alejandro Rangel Segovia, que son representantes de empresas de las industrias metalmecánica, automotriz y de autopartes del estado de Guanajuato. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

ARTICULOS 41, 116 Y 122 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Estado mexicano tiene como parte de su andamiaje jurídico nacional, así como por la celebración de diversos tratados, convenios y disposiciones internacionales, la obligación de promover la participación política de las mujeres.

La reforma constitucional del 11 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, estableció con base en el principio propersona, reconocido en el artículo 1o., la facultad para que todas las personas puedan invocar y apoyarse para la defensa y protección de sus derechos en los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, suscritos por nuestro país.

A pesar de lo anterior y de que en los últimos años se han logrado reformas, ajustes y modificaciones legislativas que han permitido impulsar en alguna medida la presencia de más mujeres en espacios de representación pública, la realidad imperante nos demuestra que estos avances han sido insuficientes.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 41, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque estamos seguros de la necesidad inaplazable de cumplir con el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, en especial la participación política, que es un derecho humano, mismo que debe estar garantizado en la Constitución de manera explícita.

La iniciativa que presentamos propone que los partidos políticos deben promover y garantizar la paridad de género en todos los cargos de elección popular, desde el cargo de Presidente de la República hasta la integración de los ayuntamientos y que las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integren garantizando la igualdad de oportunidades y la paridad de género.

En la nación mexicana las mujeres conformamos más de la mitad de la población; en una democracia como la nuestra la paridad en la representación y en la administración del país debe ser una exigencia y esto no solo por una simple razón de género, sino para ser congruentes con la estructura poblacional de la República.

Debemos tener una composición similar a la de la sociedad en que vivimos, en donde las mujeres participemos activamente y de manera equitativa en las instituciones gubernamentales, la administración pública, los órganos legislativos y los tribunales judiciales.

Los argumentos aquí esgrimidos, así como los compromisos internacionales en la materia —que mencioné antes—, nos indican la enorme necesidad de llevar a cabo estos cambios, así como una completa armonización legislativa en materia de paridad y acciones afirmativas en cuanto a la participación política de las mujeres en cualquier ámbito, pero sobre todo en el estatal y en el local, que es donde tenemos los mayores rezagos.

Compañeras y compañeros legisladores —nosotros lo sabemos—, ser protagonistas en la acción pública, tarea que nos ha encomendado la ciudadanía, nos otorga visibilidad, lo que invita a otras personas a seguir el curso de nuestras acciones, tanto para mujeres como para hombres. Seamos los principales impulsores de sus trayectorias políticas y profesionales. En nuestras manos está el que se establezcan amplias redes de legitimidad y sustento.

Lo anterior, no solo es una prioridad, es una obligación que tenemos como partidos políticos, a inspirar a que las mujeres participen y se interesen en la esfera pública de las distintas corrientes políticas, tanto a nivel federal, estatal o municipal.

En nuestro Grupo Parlamentario Nueva Alianza, estamos seguros que estas adiciones y reformas a nuestra Carta Magna son esenciales para que en los albores de este tercer milenio, más pronto que nunca lleguemos a cumplir con el proyecto de nación, libre de prejuicios y discriminación que todos anhelamos, en donde la proporcionalidad y la equidad de género realmente se lleven a cabo, en donde las condiciones de igualdad para hombres y mujeres, para competir por puestos de elección popular y participar en la toma de decisiones, sean verdaderamente justas. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 41, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

El escenario más adverso de la participación política de las mujeres en México se encuentra en el ámbito local.

El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, en especial la participación política, es un derecho humano que debe estar garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta forma, es relevante dar la pauta para que las entidades federativas armonicen sus legislaciones electorales en materia de paridad y otras acciones afirmativas, porque de lo contrario, según proyecciones será hasta el año 2050, en el que se espera que la paridad en México sea una realidad.

Los derechos políticos se contemplan en el catálogo de derechos humanos, es decir, son un conjunto de prerrogativas y libertades inherentes a la persona. La lucha de las mujeres por la igualdad y la no discriminación, se originó en la anhelada conquista de sus derechos políticos.

El derecho a la participación política, el derecho a votar y a ser elegida o elegido, y el derecho a tener acceso a la función pública, son los principales derechos políticos reconocidos por la normativa internacional y regional.

Los principales son éstos: Declaración Internacional de Derechos Humanos, Carta Democrática Interamericana, pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos políticos de la Mujer, Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de las Naciones Unidas, Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Declaración y Programa de Acción de Viena y Declaración y Plataforma de Beijing.

Sin las mujeres en el ejercicio del poder político se empobrece la democracia. La democracia se reviste en los derechos políticos, existe en su reconocimiento y deja de existir en su anulación. Sin embargo, el concepto de democracia de ninguna forma puede reducirse a estos, por lo que también es indispensable el acceso pleno a los derechos civiles y sociales.

Los movimientos feministas han utilizado a lo largo de la historia los derechos políticos de la democracia para conquistar otros derechos. Las mujeres han participado en la construcción de una ciudadanía activa, pues no han esperado a que el Estado respete e implemente sus derechos, han luchado y cooperado, han hecho valer sus argumentos en el espacio púbico y han buscado desde la sociedad civil construir alianzas con la clase política en la promoción de un proyecto democrático participativo.

De acuerdo con el folleto Mujeres, participación política en México 2012,del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la participación política de las mujeres es fundamental y está basada en tres valores universales: justicia, eficiencia y democracia. El primero, porque se considera injusto que el poder político esté monopolizado, por lo tanto, la participación de las mujeres es un asunto de equilibrar el acceso a dicho poder. La eficiencia hace referencia a que si las mujeres no están en cargos públicos se desperdicia la mitad del talento del país. La democracia implica, entre otras cosas, que un Congreso donde más de la mitad de la población está subrepresentada, no puede considerarse representativo.

Si no hay condiciones de igualdad para hombres y mujeres para participar en la toma de decisiones o competir por puestos de elección popular, no hay democracia. Las mujeres representan más de la mitad de la población, por lo que la democracia exige la paridad en la representación y en la administración de las naciones, la cual no se basa exclusivamente en una razón de género, implica que esta deba tener una composición similar a la de la sociedad.

El derecho a la participación política de las mujeres implica participar activamente y de manera equitativa en las instituciones gubernamentales, la administración pública, los órganos legislativos y los tribunales judiciales.

También, tomar decisiones en igualdad de condiciones que los hombres, tanto en el ámbito privado como en el público, y recibir capacitación para fomentar el liderazgo de las mujeres.

El Estado mexicano ha firmado los tratados, convenios y demás disposiciones internacionales antes mencionadas y por lo tanto ha adquirido la obligación de promover la participación política de las mujeres. En los últimos años se han logrado reformas, ajustes y modificaciones legislativas que han permitido impulsar la presencia de más mujeres en espacios de representación pública.

Argumentación

Los avances en materia legislativa federal se puntualizan en medidas de acción afirmativa que han sido las cuotas de género y los presupuestos etiquetados para promover liderazgos. Esto ha garantizado a las mujeres la igualdad en condiciones para tener una mayor participación política.

En 1993 se reformó el numeral 3 del artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), señalando que los partidos deben promover mayor participación de mujeres en la vida política. En 1996 se pactó que los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que en las candidaturas a diputados y senadores no habrá más de 70 por ciento de candidatos del mismo sexo.

Para 2002 se aprobaron los incisos a) a c) del artículo 175, que suscribían: no habrá más de 70 por ciento de candidatos del mismo sexo; en cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una candidatura de sexo distinto, y si un partido político o coalición no cumple con lo anteriormente establecido el Consejo Federal del Instituto Federal Electoral (IFE) le dará un plazo de 48 horas para rectificar la situación, vencido el cual lo amonestará públicamente. En caso de reincidencia se lo sancionará con la negativa de registro de las candidaturas correspondientes. Quedan excluidas las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección mediante el voto directo.

En las reformas de 2008, el artículo 219 establece que de la totalidad de las solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el IFE, deberán integrarse con al menos el 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. En esta reforma se exceptuaban las candidaturas de mayoría relativa que fuesen resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido. Para el caso de las listas de representación proporcional, se exigía que en cada una hubiera dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.

La histórica sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 30 de noviembre de 2011, significó la eliminación de cualquier tipo de excepción al cumplimiento de la cuota. Quedó establecido:

En caso de que el partido político elija a sus candidatos de mayoría relativa mediante un proceso de elección democrático, deberá presentar como mínimo 120 y 26 (40 por ciento) candidatos propietarios de un mismo género, a diputados y senadores respectivamente...

La sentencia en comento puso fin a las llamadas “Juanitas de San Lázaro” (12 diputadas federales electas por mayoría en 2009 renunciaron a su cargo para dejar a su suplente hombre). La sentencia determinó: “En el caso de las candidaturas que conforman la cuota de género (mínimo 40 por ciento del total), la fórmula completa (propietario y suplente) debe integrarse por candidatos de un mismo género”.

Para la elección federal de 2012 se aumento en un 9.2 por ciento la representación de mujeres en comparación con el 2009, hoy 36.8 por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados corresponde a mujeres (184), proporción nunca antes alcanzada. En el Senado hay 42 mujeres, que representan 32.8 por ciento, en comparación con 2009 que apenas si alcanzaban 22.7.

Esto se logró pese a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, presentados por algunos candidatos (hombres) de partidos políticos. Lo que implica reveses en cuanto a la voluntad de las dirigencias partidistas para ceder dichos espacios a las mujeres.

Los argumentos relevantes que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el acuerdo CG94/2012, aprobado el 22 de febrero de 2012, sustentan los avances antes señalados:

a) Es obligación de los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular;

b) Es obligación de los partidos políticos garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en las candidaturas a cargos de elección popular;

c) Los partidos políticos deben promover y garantizar la igualdad de oportunidades y procurar la paridad de género en la vida política del país a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión tanto de mayoría relativa como de representación proporcional;

d) De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse invariablemente con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género, procurando llegar a la paridad; y

e) Que en caso de que un partido político o coalición no cumpla con lo establecido en los artículos 219 y 220 del mencionado Cofipe, el Consejo General del IFE, debe realizar hasta dos requerimientos para que rectifique las solicitudes de registro de candidaturas y en caso de no hacerlo, sancionar con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes.

Sin embargo es necesario que los avances hasta ahora mencionados sean un derecho y se garantice en las entidades federativas, donde sigue sin acatarse.

Aunque el avance en la participación política de las mujeres en el ámbito local ha sido lento. Seis entidades federativas de 32 que conforman el país han sido gobernadas por mujeres: Colima, por Griselda Álvarez; Tlaxcala, por Beatriz Paredes; Yucatán, por Dulce María Sauri e Ivonne Ortega; el DF, por Rosario Robles y Zacatecas, por Amalia García.

Cuatro de estas seis mujeres fueron dirigentes nacionales de sus partidos: Amalia García, Dulce María Sauri, Beatriz Paredes (Secretaria General y Presidenta) y Rosario Robles.

El escenario más adverso de la participación política de las mujeres en México se encuentra en el ámbito municipal. En 25 años, sólo se ha incrementado 3 puntos porcentuales las presidencias encabezadas por mujeres. De los 2440 municipios y 16 delegaciones que existen en el país, únicamente 156 están presididos por una mujer, esto representa 6.8 por ciento. Las regidurías son el espacio más accesible para que las mujeres lleguen a formar parte del cabildo (4 mil 454 de 11, 580 en todo el país), e incidir así en la toma de decisiones a nivel de un gobierno local.

Es indispensable la participación de la mujer en el ámbito local, pues es donde mayor resistencia se encuentra a la transformación de los roles y estereotipos de género, donde el escenario es más discriminatorio y existe más violencia contra las mujeres que participan.

El ámbito municipal es un campo de posibilidades para la igualdad de género, fortalecer los liderazgos para la participación política de las mujeres en el ámbito local debe ser una medida inaplazable, tiene que ser complementada con la tendencia del reconocimiento constitucional del acceso a la participación política de las mujeres para abonar a la cultura democrática del país y sea por mandato constitucional el reconocimiento de acciones afirmativas como las cuotas de género y la asignación de recursos para la promoción y desarrollo de los liderazgos de las mujeres.

Actualmente, las mujeres representan 23.6 por ciento en los Congresos locales, es decir, hay aproximadamente 255 legisladoras y 885 legisladores, del total de mil 140. Ocho de las 32 entidades superan la masa crítica de 30 por ciento de mujeres en sus Congresos: Oaxaca (35.7 por ciento), Chiapas (35), Campeche (34.3), Baja California Sur (33), Tamaulipas, Morelos, Zacatecas y Veracruz (30).

Sin embargo, entidades como Aguascalientes, Coahuila y Puebla no superan 15 por ciento de mujeres. Los 32 códigos o leyes electorales locales hacen mención a la importancia que tiene impulsar mecanismos que fomenten la participación equitativa de las mujeres en cargos de elección popular; sin embargo, los diseños electorales y sus alcances difieren.

Algunas entidades incorporan cuotas para candidaturas de propietario y suplente, tanto para candidaturas de mayoría (uninominales) como de representación proporcional (plurinominales), mientras que en otras sólo aplican en algunos casos o lo hacen únicamente para propietarios o propietarias. En cuanto al porcentaje de la cuota, 9 estados consideran la paridad (50 por ciento) en candidatura de representación proporcional, en tanto que el resto estipula cuotas que van del 40 al 30 por ciento, con excepción del estado de Nayarit, que únicamente recomienda promover la equidad de género y etnia en las candidaturas.

Las legislaciones más avanzadas en la materia corresponden a los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Morelos, Tlaxcala, Chihuahua, Chiapas, Campeche y Coahuila, en tanto que las más deficientes pertenecen a Nayarit, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán y Puebla.

En un análisis de armonización legislativa realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, donde catalogan por colores de semáforos los avances en cuanto a la paridad y regulación de las cuotas de género, encontramos que la mayoría, incluso aquellos estados donde se establece paridad (50/50) se encuentran en color amarillo:

• No consideran sanción u obligación alguna para garantizar que las candidaturas ganadas por mujeres no sean sustituidas después por varones, es decir, no menciona que candidaturas y suplencias deben ser del mismo género.

• No consideran la negación del registro lo que hace muy factible el hecho de no cumplir con la cuota.

• Establece la paridad en candidaturas propietarias y suplentes, salvo en los cuando las candidaturas sean resultado de procesos de selección interna, por medio de consulta directa.

En más de dos legislaciones las disposiciones son vagas y confusas, hablan de paridad y de igualdad de oportunidades. Exceptúan de la cuota las candidaturas de mayoría relativa producto de selección interna. Algunos refieren a la normatividad interna del partido en lo concerniente a la cuota de género para señalar que las fórmulas de propietarios y suplentes deberán ser del mismo sexo.

En cuanto al financiamiento para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, a escala local 16 entidades también establecen en sus códigos electorales la etiquetación de entre 2 y 15 por ciento del financiamiento para el mismo fin. Sin embargo, a escala federal apenas en junio de 2011 se expidió un reglamento para la fiscalización del 2 por ciento designado a todos los partidos políticos, donde se establece a que se refieren cada uno de los rubros de capacitación, promoción y desarrollo, por lo que el avance en lo local en este rubro aún es más lento, pues implica reformas en 16 legislaciones.

Aunado a lo anterior, es indispensable la armonización legislativa en materia de acciones afirmativas en cuanto a la participación política de las mujeres en el ámbito local, como hemos referido, la existencia de mujeres en el poder también da visibilidad a otras mujeres, promueve sus trayectorias políticas y profesionales y establece redes amplias de sustento y legitimidad social.

Resulta una obligación para los partidos políticos que las mujeres participen en los cargos de dirección estatal o municipal en sus partidos políticos, pues la confluencia de experiencias, saberes, calificaciones y redes es lo que sustentó sus candidaturas, así como las diversas situaciones de coyuntura en el municipio.

Para los partidos políticos institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género, es un reto que implica voluntad política, pero también sensibilidad. Reformar estatutos, reglamentos, prácticas organizacionales, cultura organizacional en ello, repercutirá en la participación política de las mujeres.

El documento Construyendo reglas para la igualdad de género en derechos políticos y electorales,desarrollado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y auspiciado por el TEPJF, PNUD y Onumujeres, señala que una normatividad electoral que realmente garantice el derecho de las mujeres a ser electas debe incluir los siguientes mandatos:

• Paridad (50 por ciento mujeres, 50 por ciento hombres) en las listas de candidaturas de mayoría relativa, representación proporcional e integración de ayuntamientos, tanto para propietarios/as como para suplentes.

• Las listas de representación proporcional deben alternar de manera sucesiva e ininterrumpida un candidato hombre y una candidata mujer o viceversa.

• Si las listas de representación proporcional se integran con los segundos ‘mejores ganadores’ de mayoría relativa, debe respetarse la alternancia de género.

• No excepción a la cuota aún si las candidaturas son producto de una elección interna/democrática.

• Candidaturas propietarias y suplentes del mismo sexo en el caso de la cuota.

• Sanción por incumplimiento resultante en no registro de las listas.

• Disposición de al menos 2 por ciento del presupuesto ordinario de los partidos políticos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Como diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, estoy a favor de seguir legislando en materia de equidad de género, si bien es cierto que el cuerpo de mujer no garantiza efectivamente una conciencia con perspectiva de género, considero un deber propiciar desde nuestra trinchera la igualdad en condiciones para que exista una sociedad democrática.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71.II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 41, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adicionan un párrafo tercero a la fracción I del artículo 41 y uno segundo a la fracción II; y se reforman el párrafo cuarto y el inciso j) de la fracción IV del artículo 116, y la fracción I, Base Primera, Apartado C, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

I. ......

Los partidos políticos deberán promover y garantizar, conforme a la ley, la igualdad de oportunidades, la equidad entre mujeres y hombres y la paridad de género, en materia de participación política, en todos los cargos de elección popular

II. ...

Artículo 116. ...

I. y II. ...

Los partidos políticos deberán promover y garantizar, conforme a la ley, la igualdad de oportunidades, la equidad entre mujeres y hombres y la paridad de género, en materia de participación política, en todos los cargos de elección popular.

...

Las legislaturas de los estados se integrarán con diputadas y diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, basado en listas plurinominales que garanticen la igualdad de oportunidades y la paridad de género en los términos que señalen sus leyes;

...

...

...

...

...

III. y IV....

a) a i) ...

j) Los partidos políticos promoverán y garantizarán conforme a la ley la igualdad de oportunidades, la equidad entre mujeres y hombres y la paridad de género, en materia de participación política para todos los cargos de elección popular

k) a n) ...

V. a VII. ...

Artículo 122. ..

..

...

A. a C. ...

I. Los diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos cada tres años por voto universal, libre, directo, secreto y bajo los principios de igualdad de oportunidades y paridad de género, en los términos que disponga la ley, la cual deberá tomar en cuenta, para la organización de las elecciones, la expedición de constancias y los medios de impugnación en la materia, lo dispuesto en los artículos 41, 60 y 99 de esta Constitución;

II. a V. ...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas de las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de hasta seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente decreto.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 18 de octubre de 2012.— Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna a la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

ARTICULO 5O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán:Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados; amigos de los medios de comunicación, el suscrito diputado José Alejandro Montano Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

México es un país que cuenta con 11 mil kilómetros de costas, de los cuales 8 mil 475 kilómetros corresponden al litoral del pacífico y 3 mil 117 kilómetros al golfo de México y el mar Caribe; tenemos 12 mil 500 kilómetros cuadrados de lagunas costeras y esteros; 6 mil 500 kilómetros cuadrados de aguas interiores, como lagos, lagunas, represas y ríos, en donde se desarrolla una actividad pesquera que nos ha posicionado en lugar número 16 a nivel mundial.

En estas aguas, interiores y marítimas, se desarrolla una actividad, que se reconoce fundamentalmente para la política alimentaria nacional, como es la pesca, que produce más de 1.7 millones de toneladas anuales de productos pesqueros; que es una actividad donde se realiza un gran esfuerzo para el sostén de la industria pesquera de las familias que dependen de ella, así como de sistemas de vida, que se heredan de generación en generación.

Son miles los mexicanos que dedicados a la noble actividad pesquera enfrentan una problemática recurrente en el oficio que sustentan; por ejemplo, la aplicación de vedas a la producción pesquera para proteger el desarrollo de especies, sin que se brinde a los pescadores alternativas de empleo temporal que les permita mantener a sus familias.

Si bien el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la libertad al trabajo, lo cierto es que la población que depende de la pesca cada año enfrenta el dilema de abandonarla temporalmente, generando pobreza entre las familias que dependen de ésta.

Los más de 200 mil pescadores, frente a las vedas que cada año se establecen, quedan en la indefensión, sin fuentes de trabajo y sin apoyos por parte de la autoridad para poder subsistir.

Siendo una potestad del Estado mexicano el proteger la fauna que crece en las aguas nacionales susceptibles de explotación pesquera, a efecto de promover una pesca sustentable, también es su responsabilidad el impacto social de la población que depende de esta actividad.

Tengamos presente que la libertad de trabajo que prescribe la Constitución es una de las garantías que más contribuyen a la realización de la felicidad humana; que el individuo suele desempeñar la actividad que más esté de acuerdo con su idiosincrasia, preparación, habilidad o inclinaciones natas o innatas, y que el trabajo constituye el medio por el que el hombre puede conseguir lo que se ha propuesto, como fama, dinero, reconocimiento, además de conseguir sus fines vitales, el medio por el cual adquiere su sustento diario y el de su familia.

La disposición consagrada en el artículo 5o. constitucional tiene ciertas limitaciones, como que el trabajo a desempeñar sea lícito y no vaya en contra de las buenas costumbres sociales o las normas del orden público.

Por otra parte, este artículo consagra la igualdad, ya que en sus términos indica que esta libertad al trabajo se hace extensiva a todo gobernado, sin distinción alguna.

Para José María Lozano, el trabajo es el elemento principal que el hombre tiene a su disposición para llegar a los altos fines de su conservación, su desarrollo y su perfeccionamiento, resultado de la combinación de su inteligencia y de su facultad física; provee sus necesidades y las pone en actitud de desempeñar los principales deberes que tiene para con la sociedad.

Es uno de los primeros derechos y por consiguiente la ley que impide el trabajo, que le restrinja, que le imponga condiciones irracionales, viola los derechos de la humanidad.

En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, a ustedes, compañeras y compañeros diputados, el siguiente proyecto de decreto.

Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos.

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos que marca la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad. En el caso de que por causas naturales, sociales o económicas se deteriore el ejercicio de estos derechos, el Estado desarrollará medios alternativos para proveer fuentes de trabajo digno, permanente o provisional, en tanto se restablezca la situación original. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Transitorio. Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. En el caso específico de las vedas de la actividad pesquera, el Poder Ejecutivo desarrollará programas especiales de empleo temporal que auxilien a las personas dedicadas a esta actividad a garantizar su ingreso y el de sus familiares.

Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado José Alejandro Montano Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país que cuenta con 11 mil kilómetros de costas, de los cuales 8 mil 475 km corresponden al litoral del Pacífico (76 por ciento) y 3 mil 117 kilómetros al Golfo de México y Mar Caribe (24 por ciento); 12 mil 500 kilómetros cuadrados de lagunas costeras y esteros; 6 mil 500 kilómetros cuadrados de aguas interiores como lagos, lagunas, represas y ríos, en donde se desarrolla una actividad pesquera que nos ha posicionado en el lugar número 16 a nivel mundial.

En esta actividad que se reconoce fundamental para la política alimentaria nacional encontramos una población pesquera que produce más de 1.7 millones de toneladas anuales de productos pesqueros, que realiza un gran esfuerzo para el sostén de su industria, de las familias que dependen de ella, así como de un sistema de vida que se hereda de generación en generación.

Son miles los mexicanos que dedicados a la noble actividad pesquera enfrentan una problemática recurrente en el oficio que los sustenta: La aplicación de vedas a la producción pesquera, para proteger el desarrollo de especies, sin que se les brinde a los pescadores alternativas de empleo temporal que les permita mantener a sus familias.

Si bien el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la libertad al trabajo, lo cierto es que la población que depende de la pesca cada año enfrenta el dilema de abandonarla temporalmente, generando pobreza entre las familias que dependen de ésta.

Los más de 200 mil pescadores frente a las vedas que cada año se establecen quedan en la indefensión, sin fuente de trabajo y sin apoyos por parte de la autoridad para poder subsistir.

Siendo una potestad del Estado mexicano el proteger la fauna que crece en las aguas nacionales susceptible de explotación pesquera, a efecto de promover una pesca sustentable, también es su responsabilidad el impacto social de la población que depende de esta actividad.

Tengamos presente que la libertad de trabajo que prescribe la Constitución, es una de las garantías que más contribuyen a la realización de la felicidad humana, ya que el individuo suele desempeñar la actividad que más esté de acuerdo con su idiosincrasia, preparación, habilidades e inclinaciones natas o innatas, y el trabajo constituye el medio por el que el hombre puede conseguir lo que se ha propuesto, como fama, dinero, reconocimiento social, etc., además de conseguir sus fines vitales, el medio por el cual adquiere su sustento diario y el de su familia.

La disposición consagrada en el artículo 5o. constitucional, tiene ciertas limitaciones, como que el trabajo a desempeñar sea lícito y no vaya en contra de las buenas costumbres sociales o a las normas del orden público. Por otra parte, una vez más este artículo consagra la igualdad, ya que en sus términos indica que esta libertad al trabajo se hace extensiva a todo gobernado, sin distinción alguna.

Para José María Lozano, el trabajo es el elemento principal que el hombre tiene a su disposición para llevar a los altos fines de su conservación, su desarrollo y su perfeccionamiento, resultado de la combinación de su inteligencia y de sus facultades físicas. Provee a sus necesidades y las pone en aptitud de desempeñar los principales deberes que tiene para con la sociedad. Es uno de los primeros derechos, porque corresponde a uno de sus principales deberes, importa como todos los derechos del hombre, es una condición indispensable de su naturaleza, por consiguiente, la ley que impide el trabajo, que le restrinja, que le imponga condiciones irracionales, viola los derechos de la humanidad.

En atención de lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad; En el caso de que por causas naturales, sociales o económicas, se deteriore el ejercicio de estos derechos, el Estado desarrollará medios alternativos para proveer fuentes de trabajo digno permanentes o provisionales en tanto se restablezca la situación original. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

..

..

...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. En el caso específico de las vedas de la actividad pesquera, el Poder Ejecutivo desarrollará programas especiales de empleo temporal, que auxilien a las personas dedicadas a esta actividad a garantizar su ingreso y el de sus familias.

Palacio Legislativo, a 11 de octubre de 2012.— Diputado José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado Raúl Paz Alonzo:Con su venia, señor presidente. Durante los últimos 20 años México ha estado inmerso en diferentes procesos económicos, que no han permitido disminuir de manera constante los niveles de pobreza y desigualdad que dejó el siglo XX.

La crisis financiera que sufrió nuestro país en 1994 incrementó sustancialmente el número de mexicanos en situación de pobreza, interrumpiendo así el magro avance logrado durante el sexenio que le precedió.

Cierto es que a partir de 1998 México comenzó un período de recuperación y crecimiento económico sostenido.

En el 2004, la Ley General de Desarrollo Social crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social del Estado, Coneval, cuyas funciones son, entre otras, las de medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo social para mejorar sus resultados y apoyar la rendición de cuentas.

A diferencia de países, como España o Chile, la medición de la pobreza en México no depende del Instituto Nacional de Estadística. El Coneval es una institución reconocida por su credibilidad y rigor técnico para generar información objetiva y útil, que contribuye a la mejora de la política de desarrollo social; sin embargo, al ser un organismo público sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, su autonomía es limitada y puede ser sujeta a intereses ajenos a los fines para los cuales fue creado.

Por ello, en Acción Nacional consideramos que es necesario realizar una modificación legal a efecto de fortalecer la autonomía, imparcialidad y objetividad del Coneval.

Diversas voces académicas institucionales e incluso, desde esta tribuna, en otras legislaturas, han pugnado por estos mismos objetivos, que sin duda le permitirán hacer todavía más eficiente su actuación.

Esta iniciativa recoge todas esas voces, en una propuesta integral que busca dotar al Coneval de fortaleza jurídica, al convertirlo en un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, además de establecer y ampliar sus atribuciones, con lo cual se consolida su independencia ante las distintas instancias de la administración pública federal.

Asimismo, consideramos importante, con el objeto de fortalecer la operación y dotarlo de certeza jurídica, que sus atribuciones queden establecidas plenamente en la ley, así como dejar claro que la designación del director general, antes secretario ejecutivo, pueda ser objetada por esta soberanía, en pro de garantizar que quien vaya a conducir a este organismo y sus tareas cuente con el perfil y las capacidades necesarias para ello.

En una sociedad democrática, el trabajo de instituciones, como el Coneval, se vuelve esencial para las decisiones públicas. Fortalecer su institucionalidad generada en años de arduo trabajo garantiza la transparencia y la imparcialidad en beneficio de todos los mexicanos.

Compañeras y compañeros diputados, como bien lo afirmaba don Alonso Lujambio: la transparencia es un tema obligatorio de la política y la economía moderna. Dotar de autonomía e independencia al Coneval abonará sustancialmente, no solo en una mayor legitimidad, sino también en una mayor transparencia, lo que significa dar un paso más para construir el México moderno al que todos aspiramos. Es cuanto, lo que tengo que decir, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Raúl Paz Alonzo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social en materia de fortalecimiento de la autonomía del Coneval, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos veinte años, México ha estado inmerso en diferentes procesos económicos que no han permitido disminuir de manera constante los niveles de pobreza y desigualdad que dejo el siglo XX. La crisis financiera que sufrió nuestro país en 1994, producto de una mala administración de las finanzas públicas incrementó el número de mexicanos en situación de pobreza, lo cual detuvo el avance que en teoría, se había logrado durante el sexenio que le precedió. Cierto es, que a partir de 1998 México comenzó un periodo de recuperación y crecimiento económico sostenido, lo cual derivó en una reducción de la pobreza en términos reales. Sin embargo, en 2008, la crisis inmobiliaria internacional devino en una fuerte recesión económica y en la pérdida de empleos en nuestro país, lo cual contuvo la inercia en la disminución del número de pobres. A ello, se suma la crisis financiera europea que terminó afectando a países como México, que participan intensamente en el mercado mundial. Lo cual ha representado mayores retos para nuestro país en la generación de empleos, en la disminución de la pobreza y en la ampliación de servicios públicos que el Estado tiene bajo su responsabilidad.

En este escenario, el papel del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de Estado, Coneval, cobra una relevancia central. Hoy, el gobierno requiere fortalecer y eficientar su gestión de manera que su acción alcance los objetivos planteados, de atender las necesidades sociales y garantizar los derechos de todos los mexicanos.

Dos son las funciones esenciales que el Coneval tiene a su cargo:

1. Normar y coordinar la evaluación de la política nacional de desarrollo social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas, y

2. Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

La evaluación de los programas y las políticas sociales tiene entre sus alcances generar diagnósticos para la toma de decisiones, con ello el Coneval provee insumos que contribuyen a establecer criterios para la mejora en el diseño y en la operación de los programas y de las estrategias sociales. El Coneval ha institucionalizado un sistema de monitoreo y evaluación, pilar importante en las decisiones de política social de los tres niveles de gobierno. Ha generado un conjunto de indicadores y de evaluaciones que permiten mostrar el impacto y desempeño de las estrategias y programas sociales.

Por otro lado, con la medición y el análisis de la pobreza, que es otra de sus funciones sustantivas, brinda a los actores del proceso de la política social información objetiva, la cual posee una rigurosidad técnica que le permite una mayor veracidad, lo que facilita reconocer los principales avances y retos, así como una visión general del resultado de la política social e inclusive de la política económica.

Los estudios en materia de pobreza son complementarios a la evaluación de los programas sociales, ya que mientras los análisis de la pobreza multidimensional brindan un diagnóstico general sobre el desarrollo social y económico del país, la evaluación brinda información sobre la efectividad de los instrumentos de política pública diseñados por el Estado para lograr dichos objetivos.

Así, el Coneval realiza las funciones de medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo social para mejorar sus resultados y apoyar la rendición de cuentas. Es una institución reconocida por su credibilidad y rigor técnico para generar información objetiva y útil que contribuye a la mejora de la política de desarrollo social.

En una sociedad democrática y transparente, el trabajo de instituciones como el Coneval se vuelve esencial para las decisiones públicas. Por ello esta iniciativa busca fortalecer la institucionalidad generada en años de arduo trabajo de esta institución, a efecto de que siga cumpliendo de manera eficaz con sus atribuciones, a fin de garantizar su incidencia en la toma de decisiones que concilien el manejo responsable de los recursos públicos con el mantenimiento de los derechos sociales de los mexicanos.

Desde 2005, el Coneval ha trabajado en la generación de una cultura gubernamental enfocada a resultados, con ello ha impulsado la medición no sólo de las acciones realizadas sino de los resultados alcanzados, con el fin de retroalimentar la política de desarrollo social en el país.

Así y con base en los resultados de los programas y políticas de desarrollo social, ha emitido un conjunto de recomendaciones dirigidas a mejorar la política de desarrollo social. Lo anterior ha permitido mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos ofrecidos a la población, especialmente para la que se encuentra en pobreza.

Dichas recomendaciones han permitido transitar de un seguimiento de gestión a una gestión para resultados, para mostrar si las políticas y los programas están resolviendo el problema para el cual fueron diseñados. Así mismo, también han favorecido a la implementación de mejoras en la planeación estratégica para el logro de los objetivos y la mejora en la coordinación entre sectores y programas. Sus recomendaciones permitieron realizar mejoras a las políticas para la igualdad de oportunidades de género y grupos vulnerables, y para realizar acciones específicas de combate a la pobreza urbana, facilitando la inclusión social de los sectores geográficamente marginados.

Las contribuciones del Coneval a la política de desarrollo social han sido muy importantes, pero estamos seguros que puede hacer una contribución mayor si le damos las herramientas necesarias para ello.

La evaluación sistemática de la política de desarrollo social ha sido uno de los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas más importantes en nuestro país en los últimos años. La evaluación de los programas sociales es un instrumento imprescindible para la actual política social, cuyo principal propósito es mejorar el desempeño de los programas mediante una valoración objetiva que permite aportar información objetiva para contribuir en la toma de decisiones.

Con la Ley de Desarrollo Social del año 2004 se creó también el Coneval, como una institución técnicamente autónoma, con la misión de medir los resultados nacionales en materia de reducción de la pobreza y coordinar la evaluación de los programas sociales en el gobierno federal.

Las características únicas del Coneval (concretamente su independencia y capacidades técnicas) le han permitido avanzar en la construcción del sistema de evaluación de las políticas sociales y a la vez ejercer una importante influencia sobre el desarrollo de la gestión basada en resultados en el gobierno federal.

En la actualidad funciona como una entidad que lidera la implementación de la gestión basada en resultados a nivel de todo el sector público. Coordina las actividades de evaluación y establece normas y metodologías para si misma, ofrece asistencia técnica a las dependencias y realiza directamente o gestiona la realización de ciertas evaluaciones específicas.

Las características institucionales del Coneval presentan una serie de ventajas. La experiencia y especialización de su personal, sus capacidades institucionales, y la participación de académicos le han permitido convertirse en un órgano técnico altamente confiable y creíble.

No obstante, existen también aspectos de su diseño institucional que deben modificarse para hacer todavía más eficiente su actuación.

Las relaciones del Coneval con las entidades y dependencias gubernamentales pueden resultar complicadas, en particular cuando los resultados de las evaluaciones identifican problemas de implementación o deficiencias en los programas, y se realizan los señalamientos correspondientes.

Su relativa autonomía, al ser un organismo público descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, pero agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, es la principal limitante en el trabajo que desarrolla, ya que el ejecutor de la política y programas, es también quien tiene a su cargo al avaluador, por lo que en Acción Nacional consideramos que es necesario realizar una modificación legal a efecto de fortalecer su autonomía, imparcialidad y objetividad.

Otro aspecto relevante, es que los recursos fiscales que actualmente se asignan como presupuesto al Coneval, son otorgados a través de la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que su independencia técnica y de gestión puede verse comprometida.

En este contexto, la presente iniciativa pretende dotarlo de fortaleza jurídica al convertirlo en un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, además de establecer y ampliar sus atribuciones; con lo cual se consolida su independencia ante las distintas instancias de la administración pública federal.

Es imprescindible que el Coneval como principal órgano de evaluación de la política de desarrollo social, realice su labor con un mayor grado de independencia frente al Ejecutivo federal, lo que implica que quede desincorporado de la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que es necesario transformar su actual estatus jurídico de organismo público descentralizado, no sectorizado.

Asimismo, consideramos importante, con el objeto de fortalecer la operación y dotarlo de certeza jurídica que sus atribuciones queden establecidas plenamente en la ley, así como dejar claro que la designación del director general (antes secretario ejecutivo) puede ser objetado por esta soberanía en pro de garantizar que quien vaya a conducir a este organismo y sus tareas cuente con el perfil y las capacidades necesarias para ello.

Sin duda, someter al escrutinio público las acciones gubernamentales es uno de los mayores avances de las últimas administraciones. La apertura para conocer los programas y acciones que se instrumentan, y la manera en que se ejercen los recursos, nos permite ir fortaleciendo los programas sociales existentes para superar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, especialmente de los que menos tienen.

Hoy tenemos en el Coneval un avance institucional muy importante para el país, que ha contribuido de manera significativa con el mejoramiento de su política de desarrollo social, que para garantizar su objetividad y la autonomía técnica, está integrado por seis investigadores académicos independientes, con amplia experiencia en temas sociales, quienes fueron electos democráticamente por la Comisión Nacional de Desarrollo Social, a través de convocatoria pública, por los gobiernos estatales y los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Necesitamos avanzar, necesitamos fortalecer la independencia del Coneval para que se garantice que su actuar se realiza con toda objetividad y ajeno a cualquier intención de orientar los resultados de evaluaciones o mediciones.

Garanticemos que este organismo contribuya a realizar una política de desarrollo social de mayor impacto entre la población que más lo necesita. Que evalúe las políticas, programas y acciones sociales que ejecuten las dependencias públicas, y establezca los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades.

Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 81, 82, 83, 84 y 85 y se adiciona una fracción XIII al artículo 50, recorriéndose el numeral de la actual para quedar como XIV y los artículos 86 y 87 a la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 50. ...

I. a XI. ...

XII. Sugerir las actividades que estime necesarias y convenientes para el funcionamiento adecuado del sistema nacional;

XIII. Designar a los seis investigadores académicos, miembros del Consejo Nacional de Evaluación, en términos de los que establece la fracción II del artículo 82 y el artículo 83 de esta ley, y

XIV. Las demás que le señale esta ley.

Artículo 81. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. Tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social que ejecuten las dependencias y entidades públicas, así como establecer los indicadores, lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico.

Artículo 82. El Consejo Nacional de Evaluación estará integrado de la siguiente forma:

I. El director general, y

II.Seis investigadores académicos, que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con amplia experiencia en la materia y que colaboren en instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Artículo 83. Los investigadores académicos a que se refiere el artículo anterior durarán cuatro años en el cargo y podrán ser reelectos la mitad de ellos. Serán designados por la Comisión Nacional de Desarrollo Social a través de una convocatoria pública cuya responsabilidad será del Director General.

Artículo 84. El director general del Consejo Nacional de Evaluación será designado por el titular del Poder Ejecutivo federal. La Cámara de Diputados podrá objetar dicho nombramiento por mayoría simple, y cuando ésta se encuentre en receso, la objeción podrá realizarla la Comisión Permanente, con la misma votación.

La Cámara de Diputados tendrá treinta días para resolver sobre la objeción o no, a partir de la designación del Ejecutivo; vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo federal.

Artículo 85. El director general durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser ratificado únicamente para un segundo periodo de igual duración. Será el responsable de conducir las atribuciones del Consejo Nacional de Evaluación, además de las atribuciones que le señala la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Artículo 86. El Consejo Nacional de Evaluación tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México, Distrito Federal, y su patrimonio se integra por:

I. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título;

II. Los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

III. Las aportaciones voluntarias y/o donaciones que reciba de organismos u organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, nacionales o extranjeras;

IV. Los demás bienes, recursos y derechos que adquiera por cualquier título, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 87. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo Nacional de Evaluación tendrá las siguientes atribuciones:

I. Revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social, por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes;

II. Establecer los criterios de resultados para la definición de zonas de atención prioritaria;

III. Establecer y, en su momento, aprobar los indicadores de resultados, gestión y servicios a que se refiere la Ley, para medir la cobertura, calidad e impacto de los programas y acciones de la política de desarrollo social;

IV. Previamente al aprobar los indicadores, someter la propuesta a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Cámara de Diputados por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, para que emitan las recomendaciones que en su caso estimen pertinentes;

V. Establecer criterios y lineamientos para las metodologías de evaluación sobre los programas y acciones de la política de desarrollo social;

VI. Coordinar las evaluaciones en materia de desarrollo social que realicen las dependencias y entidades públicas;

VII. Determinar, bajo parámetros de transparencia, objetividad y rigor técnico, los programas y acciones de la política de desarrollo social que serán evaluados por sí, y aquellos que serán evaluados por organismos evaluadores independientes;

VIII. Emitir la convocatoria para que los organismos evaluadores independientes interesados, participen en la evaluación de los programas y acciones de la política de desarrollo social;

IX. Definir los requisitos que deberán cumplir los organismos evaluadores independientes para participar en la evaluación de los programas y acciones de la política de desarrollo social;

X. Designar, bajo parámetros de transparencia, objetividad y rigor técnico, a los organismos evaluadores independientes que evaluarán los programas y acciones de la política de desarrollo social;

XI. Elaborar el informe de resultados de las evaluaciones, el cual deberá entregarse al Ejecutivo federal, así como a las Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión;

XII. Emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en los resultados de las evaluaciones realizadas a los programas y acciones de la política de desarrollo social;

XIII. Recomendar a las dependencias y entidades públicas, la corrección, modificación, adición, reorientación, suspensión total o parcial de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social, con base en los resultados de las evaluaciones realizadas;

XIV. Establecer mecanismos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora de las evaluaciones realizadas;

XV. Elaborar un informe ejecutivo anual sobre las evaluaciones realizadas;

XVI. Definir los criterios, normas y lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades públicas cuando realicen evaluaciones internas de los programas y acciones de desarrollo social que tengan a su cargo;

XVII. Recibir y, en su caso, considerar las propuestas temáticas y metodológicas de evaluación que sugieran los sectores público, social y privado relacionados con el desarrollo social;

XVIII. Impulsar y fortalecer la cultura de la evaluación en todos los ámbitos relacionados con la política de desarrollo social;

XIX. Realizar estudios e investigaciones en la materia;

XX. Actuar, en su caso, como órgano de consulta y asesoría en materia de evaluación de programas sociales y medición de pobreza, de las dependencias y entidades públicas, de las autoridades estatales y municipales, así como de los sectores social y privado;

XXI. Promover la evaluación de programas y acciones de la política de desarrollo social;

XXII. Concretar acuerdos y convenios con las autoridades de desarrollo social de estados y municipios y, en su caso, con organizaciones de los sectores social y privado, para promover la evaluación de programas y acciones;

XXIII.Establecer los indicadores, lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza conforme a lo que esta Ley establece;

XXIV. Realizar los estudios para la definición, identificación y medición de la pobreza con la periodicidad que esta Ley establece;

XXV. Promover la capacitación y actualización en técnicas y metodologías de evaluación y de medición de la pobreza entre las dependencias y entidades públicas, así como en los sectores social y privado;

XXVI. Aprobar el Estatuto Orgánico, tomando en consideración la propuesta que le presente el director general;

XXVII. Aprobar el proyecto de presupuesto del Consejo Nacional de Evaluación que someta a su consideración el Director General, y

XXVIII. Las demás que esta ley y otros ordenamientos aplicables señalen.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo Nacional de Evaluación aprobará y expedirá el Estatuto Orgánico, dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente decreto.

Tercero. El Ejecutivo federal, dentro de los noventa días siguientes a la publicación de este decreto, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, realizará las reformas y adiciones correspondientes al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.

Nota:

1 M. Castro et. al. El sistema de M&E en México.Serie de documentos de trabajo. Banco Mundial. Número 20. Septiembre 2009.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.— Diputado Raúl Paz Alonzo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social, para su dictamen.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carol Antonio Altamirano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

El diputado Carol Antonio Altamirano:Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, presento una iniciativa para atender el reclamo de miles de pequeños ahorradores defraudados en las cajas de ahorro. Lo que ha ocurrido y en este momento sigue ocurriendo, es que la gente deposita sus recursos y las remesas que reciben desde el extranjero en las cajas de ahorro, donde se presentan miles de abusos, cuando los administradores actúan como vivales y desaparecen de un día para otro, convirtiendo en humo los ahorros de toda una vida.

Ante la falta de sucursales bancarias, las familias buscan alternativas para resguardar su patrimonio, pero eso permite que se abuse de la necesidad, en especial en las zonas con menor nivel educativo y donde no hay conocimiento de los sistemas financieros. Así, muchas familias de Oaxaca, Puebla, Tabasco, Guerrero, Zacatecas y Veracruz que confiaron en las cajas de ahorro, han perdido lo único que tenían.

El marco regulatorio de esta actividad, emitido hace 12 años, ya está rebasado, pese a la buena voluntad con que se aprobó en el año 2000, cuando se estableció la Ley del Fipago.

¿Cuáles son los principales problemas? En primer lugar, es injusto mantener el límite temporal que no permite recuperar su patrimonio a las personas defraudadas en las cajas constituidas después del 2003.

Por la falta de control por parte de la federación existen miles de casos sin atender, de personas que fueron víctimas de defraudación en fecha posterior al 2002 y a quienes se les niega el acceso a los recursos del Fipago.

En segundo lugar, el monto de acceso para la recuperación del recurso afectado es inadecuado. Hay casos de 5 mil a 9 mil pesos, pero como el monto básico del Fipago es a partir de 10 mil pesos, esas personas nunca son atendidas y eso es una verdadera injusticia.

En tercer lugar, la operación del Fipago es casi unilateral, ignorando que las demandas sociales no se presentan en las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria o en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, sino en los gobiernos estatales. Incluso, si se realizan aportaciones por parte de las entidades, la ley no les reconoce el carácter de fideicomitentes ni derecho de voz.

En cuarto lugar, hay discrecionalidad en los criterios para suspender las aportaciones federales y no existe proporción entre la cantidad de las aportaciones que deben hacer la federación y las entidades. El contenido de la iniciativa es el siguiente:

Reforma al artículo 3, para que los gobiernos que suscriban convenidos tengan voz en el comité del fideicomiso.

Reforma al artículo 6, para reconocer el carácter de fideicomitente a las entidades que en la actualidad realizan aportaciones.

Reforma al artículo 8 de la Ley del Fipago, para permitir que las personas defraudadas en cajas constituidas después del 2002 sean beneficiadas del Fipago, extendiendo su cobertura al último día de 2011, en beneficio de las familias afectadas.

Reforma al artículo 10, para limitar la suspensión de los recursos federales al incumplimiento de las obligaciones de las entidades y establecer que la proporción que debe guardar la aportación federal respecto de la estatal tenga un mínimo de tres por uno.

Reforma al artículo 11, para establecer la cifra de 5 mil pesos, como pago básico para que la cobertura incluya a los pequeños ahorradores.

Debe destacarse que esta propuesta de iniciativas tiene importantes antecedentes y un proceso de construcción de consenso. Así —hay que señalar—, la iniciativa que presentó en agosto de 2011 el Congreso del estado de Oaxaca ante el Congreso de la Unión. Esa determinación fue unánime y tuvo el respaldo del PRI, del PAN, del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano.

Los mejores testigos de este acuerdo son los compañeros diputados: Martín Vázquez Villanueva, del PRI, entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, y Eufrosina Cruz Mendoza, diputada del PAN, entonces presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Oaxaca, quienes ahora promueven esta iniciativa con un grupo plural de legisladores federales del PT, de Nueva Alianza, de Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI y del PRD, a quienes les agradezco su apoyo a nombre propio y de la diputada Alliet Bautista Bravo, presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Además, el proyecto que hoy presentamos fue discutido y consensuado con las organizaciones de los afectados, como el Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, además de procesarlas con las autoridades gubernamentales de la entidad.

Compañeras y compañeros, demos el primer paso en la revisión del marco legal del ahorro popular; actuemos de inmediato ante lo urgente, que es corregir las deficiencias de Fipago, que perjudican a los ahorradores que actuaron de buena fe y que les impide recuperar su patrimonio.

Termino, señor presidente. No dejemos, compañeros y compañeras, solas a las familias ante requisitos y plazos ineficientes; demostremos el sentido social de la actividad legislativa; logremos que la gente no solo recupere su ahorro, sino también la confianza en las instituciones.

En atención al tiempo de todos ustedes, no daré lectura al nombre de todos los diputados que suscriben esta iniciativa y por ello, le solicito a la Presidencia que sea integrada al Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a cargo de Carol Antonio Altamirano y suscrita por Alliet Mariana Bautista Bravo, diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Carol Antonio Altamirano y Alliet Mariana Bautista Bravo, legisladores federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración del pleno de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

I. Planteamiento del problema

1. Las cajas de ahorro constituyen una opción para muchas familias, que ante la insuficiente cobertura del sistema bancario, buscan alternativas para resguardar e invertir su patrimonio.

El problema que se ha presentado en muchas entidades es que se han presentado miles de casos de defraudación; en especial en las zonas y entidades del país donde hay un bajo nivel educativo y no existe el conocimiento mínimo de los sistemas financieros.

Muchas familias, que habían confiado en las cajas de ahorro, se encontraron con que en vez de recibir los rendimientos prometidos, los promoventes y titulares de las cajas habían convertido sus ahorros en humo.

Así se abusó de la gente más humilde y con menos posibilidades de defensa en Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tabasco y Veracruz entre otras entidades.

De esta manera, miles de ahorradores se vieron despojados de sus fondos. Otros más, porque se realizaron corridas de pánico y las cajas no tenían la disponibilidad del dinero, pues a su vez lo habían puesto a circular.

2. Ante ese problema el gobierno federal no ha actuado con la suficiente fuerza y claridad ante los riesgos sociales que implica la captación de ahorro de la población, y al mismo tiempo, el marco de referencia, emitido hace 12 años, aunque ha tenido pequeñas actualizaciones, ya ha quedado superado.

De esta manera, en el año 2000, para atender el reclamo de las personas que perdieron su patrimonio, el honorable Congreso de la Unión aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, que ha sido conocida como la Ley del Fipago.

En consecuencia, Fipago se conformó como un fideicomiso público del Ramo 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su unidad responsable es la Unidad de Banca y Ahorro, el fideicomitente es la misma Secretaría y el fiduciario es Nacional Financiera, formando parte del programa Pronafide.

Ahora, ante el problema de los defraudados por las cajas de ahorro se revelan diversas dificultades e inequidades. Las principales son las siguientes: la operación del Fipago de forma prácticamente unilateral por parte de la Federación, la débil participación de los gobiernos de las entidades, el límite temporal que impide que las personas defraudas después del 2008 puedan acceder a la recuperación de su patrimonio, el monto de acceso a los beneficios, la falta de criterios con que pudieran suspenderse las aportaciones federales y su proporción mínima respecto de las aportaciones estatales.

En este contexto hay debe destacarse que las facultades de supervisión a las cajas son esencialmente de la Federación, mientras que las entidades carecen de influencia sustantiva, aun cuando es en el nivel estatal donde la gente reclama, con energía y muchas veces justificadamente, la intervención de la autoridad.

Debe reconocerse que todo el conjunto del marco legal de las cajas de ahorro y de las sociedades cooperativas debe ser revisado. En la actualidad existen: la Ley General de Sociedades Cooperativas (creada en 1994 y reformada en 2009), la Ley de Ahorro y Crédito Popular (creada en 2001 y reformada en 2009), la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (creada en 1985 y reformada en 2008); la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (creada en 2009).

Es evidente que la evolución y coexistencia de ese complejo normativo no ha sido adecuada para regular el ahorro popular, pues la problemática social persiste e incluso se agrava.

Sin duda debería revisarse la actuación de las autoridades con capacidad de sanción, que en términos bancarios es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que en términos penales es el Ministerio Público. En ambos ámbitos debe hacerse una reforma que impida, con eficiencia, la captación y manejo de ahorro popular sin la debida autorización. No debe seguirse aceptando prórrogas ni condicionamientos que permitan la operación de cajas que no cumplan con los requisitos legales.

Pero, lo urgente en estos momentos, es empezar por corregir las principales deficiencias de Fipago, que perjudican a los afectados, que depositaron sus recursos de buena fe, y que les impiden recuperar el patrimonio que conformaron con su esfuerzo.

Lo anterior no impide ni limita la necesaria revisión para resolver el conjunto del problema, pero al menos se atendería el reclamo social más apremiante.

3. Debe señalarse que esta propuesta tiene importantes antecedentes. En principio la iniciativa que presentó, por acuerdo unánime, en agosto del 2011, la LXI Legislatura del Congreso de Oaxaca, en términos de lo dispuesto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además este proyecto fue discutido y analizado con las organizaciones de los afectados como el Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, además de procesarla con las autoridades gubernamentales de la entidad que han encarado este problema social, aun con las limitantes que establece el marco legal.

II. Argumentos

Con los antecedentes señalados, la iniciativa que presentamos a la consideración de la H. Cámara de Diputados tiene los principales elementos:

• Reforma al artículo 3 para que los gobiernos que suscriban convenios tengan voz en el Comité del Fideicomiso. De otra manera permanecerá la paradoja de que se aporten recursos por parte de las entidades y al mismo tiempo estas no sean ni siquiera escuchadas en la atención del objeto social.

Adicionalmente se actualiza la denominación de la anteriormente existente Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ahora constituida como Secretaría de la Función Pública.

• Reforma al artículo 6 para darle carácter de fideicomitente a los gobiernos de las entidades, en el entendido de que deberán suscribir y ejecutar los convenios correspondientes y que ya realizan aportaciones sin que se les reconozca ese carácter.

• Reforma al artículo 8 para permitir que las cajas constituidas después del 2002 sean beneficiadas por el Fipago, extendiendo su cobertura al último día del 2012, en beneficio de las familias afectadas.

• Reforma al artículo 10 para establecer sólo una causa de suspensión de los recursos federales; que sería el no cumplimiento de las obligaciones de las entidades y al mismo tiempo se establece que la proporción que debe guardar la aportación federal respecto de la estatal tenga un mínimo de 3 por 1.

• Reforma al artículo 11 para establecer la cifra de 5 mil pesos como pago básico, con la finalidad de que la cobertura se amplíe a los pequeños ahorradores.

III. Fundamento legal

La iniciativa se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Denominación del proyecto de decreto

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

V. Ordenamientos a modificar

Se reforman los artículos 3, 6, 8,10 y 11 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

VI. Texto normativo propuesto

Artículo 3o. El fideicomiso será público y contará con un comité que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes instituciones: de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; de Gobernación; de la Función Pública; de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del Banco de México y un representante, sólo con voz, de cada uno de los gobiernos de las entidades federativas que hayan celebrado los convenios a que se refiere el artículo 10 de esta ley. Por cada representante propietario del comité habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias.

...

...

Artículo 6o. Los fideicomitentes del Fideicomiso serán el gobierno federal, a través de la secretaría, así como los gobiernos de las entidades federativas que suscriban y ejecuten los convenios correspondientes.

...

Artículo 8o. Sólo podrán acogerse al contenido de este ordenamiento, las Sociedades Objeto de esta ley, que cumplan los siguientes requisitos y condiciones:

I. Haberse constituido legalmente antes del 31 de diciembre de 2010, y acreditar que cumplen con los supuestos a que se refiere el artículo 7o de la ley.

II. a VII. ...

Artículo 10. La aplicación de los recursos federales destinados al pago de ahorradores iniciará cuando las entidades donde residan los ahorradores suscriban el convenio que realice la Fiduciaria en cumplimiento de los fines del Fideicomiso creado por esta Ley y no podrá suspenderse salvo si la entidad federativa incumple el calendario de aportaciones a que se obligue en la suscripción del convenio señalado. Se invitará a las entidades federativas que tengan Sociedades Objeto de esta Ley dentro de su circunscripción territorial, a firmar dichos convenios,en los que se establecerán los montos de aportación de ambas partes, en los que la aportación mínima de la federación será en proporción de tres pesos por cada peso aportado por la entidad.

...

...

Artículo 11. ...

...

...

Bases generales

Primera. El monto básico de pago será de 5 mil pesos, el cual se ajustará con el resultado de aplicar la tasa de rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación denominados en moneda nacional, a plazo de 182 días, que publique Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, o en su defecto, la que resulte equivalente al citado plazo, proporcionada por un proveedor de precios, calculada a partir de diciembre del 2000 y hasta el mes de diciembre del 2010, esto se aplicará para cualquier sociedad objeto de esta ley que se encuentre en estado de insolvencia comprobada o no sea financieramente viable de conformidad con los trabajos de auditoría contable y de consolidación, según sea el caso.

Segunda a Novena. ...

VII. Transitorio

El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 18 de octubre de 2012.— Diputados: Carol Antonio Altamirano, Alliet Mariana Bautista Bravo, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Juan Luis Martínez Martínez, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Eufrosina Cruz Mendoza, Martín de Jesús Vásquez Villanueva, Samuel Gurrión Matías, Catalino Duarte Ortuño, Carlos de Jesús Alejandro, Juan Manuel Fócil Pérez, Armando Contreras Ceballos, Silvano Blanco Deaquino, Joaquina Navarrete Contreras, Marcelo Garza Ruvalcaba, Josefina Salinas Pérez, Víctor Manuel Bautista López, Juana Bonilla Jaime, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Roxana Luna Porquillo, Joaquina Navarrete Contreras, Ricardo Mejía Berdeja, Víctor Manuel Manríquez González (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado, así se hará. La iniciativa se insertará íntegra en el Diario de los Debates, y si no tiene inconveniente, también con la firma del diputado Ricardo Mejía. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores, quiero aprovechar esta maravillosa oportunidad para expresar mi reconocimiento, admiración y respeto a la mujer mexicana, en este día en el que conmemoramos el derecho fundamental que les asiste al sufragio.

A nombre de mi compañera diputada Zuleyma Huidobro González, diputado Ricardo Monreal Ávila y de un servidor, me permito presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5, fracción V, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Como bien saben, nuestro sistema jurídico mexicano contempla dos sistemas de protección a los derechos humanos: el jurisdiccional, al cual le corresponde la característica de la coercitividad, esto es, le corresponde el imperium del Estado; el otro, el no jurisdiccional, que integran los organismos públicos de derechos humanos, los cuales devienen del artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los cuales les corresponde el conocer de toda queja que se deriva de un acto u omisión de un servidor público de los tres órdenes de gobierno.

Lo cual significa que ambos sistemas tienen la trascendental función de proteger y tutelar nuestros derechos fundamentales, ambos emanados de la propia Carta Magna y por ende, les corresponde el coordinarse para lograr tan importante objetivo, cada uno por supuesto en el ámbito de sus competencias.

Sin embargo, el artículo 5, fracción V, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece en esta fracción lo siguiente: Proporcionar información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando lo solicite en ejercicio de sus funciones, siempre que no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas.

Bajo este argumento, erróneamente la Procuraduría General de la República, en forma sistemática, niega información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual no solamente violenta estos derechos de las víctimas de estas presuntas violaciones a derechos humanos, ya que esto se deriva de este derecho, que —reitero— se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna, así como de una serie de tratados internacionales, entre ellos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Declaración Universal de Derechos Humanos, situaciones que de igual manera se replican en los estados, a través de las solicitudes que las comisiones estatales realizan a las Procuradurías de Justicia de cada entidad federativa.

Como todos bien sabemos, el sistema de justicia y su impartición en nuestro país no es el mejor ni el óptimo, como muchos desearíamos; sin embargo, la impunidad que tenemos por encima del 95 por ciento es verdaderamente gravísima, los centros de reinserción social en México alojan principalmente a personas de escasos recursos.

La pregunta es, ¿qué pasa con esas personas que ingresan a un centro penitenciario? Si tenían un trabajo o un negocio fuera de esta prisión, lo pierden, y esto representa un costo de vida y de derechos fundamentales de ellos, de igual manera a las de sus familias.

Resulta por ello indispensable que si la Procuraduría General de Justicia y la Procuraduría General de la República tiene la información que le requiere la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ésta verifique el curso que haya tomado la indagatoria, es de la mayor importancia y trascendencia que proceda a hacer la entrega correspondiente.

En tal virtud, someto a la consideración de esta asamblea la iniciativa a nombre —reitero— de la diputada Zuleyma Huidobro González, del diputado Ricardo Monreal Ávila y de un servidor, la iniciativa de reforma al artículo 5, fracción V, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 5, fracción V, inciso c): Proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando lo solicite en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, señor presidente, le solicito que sea incorporada esta presentación al Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5, fracción V, inciso C), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 5, fracción IV, inciso c), de la Ley Orgánica de la PGR prevé que en el ámbito de su competencia la Procuraduría tiene como obligación proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando ésta actúe en ejercicio de sus funciones; pero permite que en ciertos casos la información no sea entregada, cuando se pueda poner “en riesgo las investigaciones en curso, o la seguridad de las personas”.

El criterio de que cierta información manejada por la PGR no se pueda dar a la CNDH, bajo el pretexto de que entorpezcan las investigaciones en curso o que dañe la seguridad de las personas, es un argumento ambiguo y sin fundamento.

Basta decir que “los órganos del Estado están facultados para actuar, promover y proteger el interés público. Esto último resulta indispensable para que el estado de derecho preserve efectivamente las libertades” y los derechos de los gobernados.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J.98/2001, reconoce que el procurador general de la República (como persona encargada de representar la investidura de esa institución) tiene un interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía constitucional.

La CNDH es un órgano constitucional autónomo que forma parte del Estado mexicano, cuyo encargo es investigar y desahogar, las quejas concretas de violación a los derechos humanos.

Por tal motivo, al ser un órgano del Estado –como la PGR– también tiene un interés general, abstracto e impersonal de que se respeten los derechos fundamentales y la supremacía constitucional.

En este sentido no representa ni busca el interés particular de algún individuo, como para invocar y justificar la confidencialidad de la información, además, sus funcionarios están obligados a guardar reserva y absoluta discreción de los asuntos de los cuales conocen, conforme a lo que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a la letra dice:

Artículo 4. Los procedimientos que se sigan ante la Comisión deberán ser breves y sencillos, y estarán sujetos a las formalidades esenciales que requiera la documentación de los expedientes respectivos. Se seguirán además, de acuerdo con los principios de inmediatez, concentración y rapidez, y se procurará, en la medida de los posible, el contacto directo con quejosos, denunciantes y autoridades, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.

El personal de la comisión nacional deberá manejar de manera confidencial la información o documentación relativa a los asuntos de su competencia.

Lamentablemente el sistema de justicia y su impartición en nuestro país, no es el mejor ni optimo, como muchos desearíamos. Tenemos un sistema de justicia penal en crisis, con nula credibilidad por los índices del 95 por ciento de impunidad que suele alcanzar.

Las cárceles en México alojan principalmente a personas de escasos recursos. ¿Qué pasa con esas personas cuando ingresan a un penal? Si tenían un trabajo o un negocio fuera de la cárcel, lo pierden ya sea por el costo que representa su defensa legal –y la corrupción que implica dejarlos vivir en reclusión– o porque permanecen años encerrados debido a la llamada “prisión preventiva”; lo peor es que el 42 por ciento de la población total encarcelada es legalmente inocente; es decir, su caso está en proceso y no ha recibido sentencia.

Al parecer se castiga a la víctima y no al victimario. Por lo que se vulneran los derechos fundamentales de los primeros, lo que les permite acudir a las instancias correspondientes, como la CNDH.

Creemos que si la PGR lleva un adecuado proceso y todo con normalidad no se negará a entregar la información que le pudiera ser solicitada, pero, si se arraigó, se torturó, no se respetó el debido proceso, o se vulneraron los derechos fundamentales, es obvio que se pondrán trabas para entregar la información.

Resulta indispensable que si la PGR tuvo a su cargo el caso, brinde la información que la CNDH le pida para que ésta vea el curso que tomó el proceso. En este contexto, no se pone en riesgo ni la averiguación, ni la seguridad de las personas, tal y como lo alude el artículo en comento de la Ley Orgánica de la PGR.

Asimismo, cimentamos nuestra petición de modificar el artículo 5, fracción IV, inciso c), de la Ley Orgánica de la PGR, argumentando que según el derecho internacional, y sobre todo las disposiciones en materia de derechos humanos, se deben cumplir por los Estados que adquieren tales compromisos sin invocar, para su incumplimiento, normas del derecho interno. Así lo establece claramente el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969.

El Estado mexicano ha adquirido compromisos en materia de derechos humanos; en tal sentido la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, referente a la libertad de pensamiento y expresión, señala que:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Este artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos da sentido a los postulados establecidos por el artículo 6, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recuerdan la existencia del derecho a la información sostenida sobre dos premisas: por una parte, toda la información en manos de las autoridades, es información pública. Por la otra, la interpretación de este derecho se regirá por el principio de máxima publicidad.

Si la disposición de la información es parte del derecho a la libre expresión, y si la disposición de la información pública depende en ocasiones de las solicitudes de información hechas por el organismo encargado de proteger derechos humanos, es claro que el principio general de plena accesibilidad resulta aplicable.

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 30, señala que: “Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración”.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 2, párrafo dos, establece que: “cada Estado parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente pacto”.

Pero además, en el artículo 5, párrafo dos, del mencionado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es claro y tajante: “No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres”.

Como vemos, tal y como está el artículo 5, fracción IV, inciso c), de la Ley Orgánica de la PGR, el Estado mexicano no está cumpliendo con las disposiciones en materia de derechos humanos que establecen los instrumentos internacionales que reconocen éstos, por esto existe una necesidad de modificarlo.

Además, reitero, la CNDH es un órgano constitucional autónomo del Estado mexicano cuyo encargo es proteger los derechos humanos, y sus funcionarios están obligados a guardar reserva y discrecionalidad de los asuntos de los cuales conocen. Por tal motivo no cabe el supuesto de que no se le puede hacer llegar cierta información porque ello pondría en riesgo la investigación y la seguridad de las personas.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 5, fracción V, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Único. Se reforma el artículo 5, fracción V, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Artículo 5. Corresponde a la Procuraduría General de la República:

...

V. Velar por el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos en la esfera de su competencia. En el ejercicio de esta atribución la Procuraduría General de la República deberá:

...

c) Proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la solicite en ejercicio de sus funciones.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Bailléres, Alberto y Fernández. Arturo. Visión de país. De la pobreza a la prosperidad para todos”,México DF, 2006, editorial DGE Equilibrista, página 25.

2 Pérez López, Carlos. Control de convencionalidad en materia de derechos humanos en la acción de inconstitucionalidad,octubre 2010, Tepantlato, página 19 .

3 Ver “Cárceles, parte del problema”, El Universal, 10 de enero de 2010; http://www.eluniversal. com.mx/editoriales/51285.html

4 Pérez López, Carlos.Obra citada, página 21.

5 Ibíd.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.— Diputados: Ricardo Monreal Ávila, José Francisco Coronato Rodríguez (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Así se hará, diputado Coronato. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

A nombre de la Cámara de Diputados, le doy la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos y maestros del Cetys Universidad, Campus Tijuana, que se encuentran hoy de visita en la Cámara de Diputados, invitados por el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También saludamos con gusto a un grupo de alumnos de la licenciatura de sociología de la UNAM, que están aquí invitados por la diputada María de las Nieves García Fernández. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También con mucho gusto recibimos a un grupo de alumnos de la Telesecundaria No. 404 Venustiano Carranza, del municipio de Naucalpan, en el estado de México, que están aquí invitados por la diputada Irazema González Martínez Olivares. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL DE DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La iniciativa está suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con el permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, buenas tardes. En la última década se ha venido discutiendo en México la necesidad de una reforma fiscal integral. Hoy, a través de la presente iniciativa, queremos proponer una medida específica, esencial para cualquier transformación del sistema tributario mexicano, me refiero a la necesidad impostergable de que se haga realidad el principio de simplificación tributaria que le permita al contribuyente cumplir con sus obligaciones fiscales de una manera ágil, oportuna y con certeza jurídica.

México es un país donde la recaudación es notablemente baja, en comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); mientras que nuestro sistema tributario tiene un promedio de recaudación del 9.6 por ciento, en los países más desa-rrollados la recaudación se eleva a un promedio del 35 por ciento. Es decir, los sistemas tributarios de los países de la OCDE recaudan tres veces más que el nuestro.

La recaudación de impuestos en nuestro país enfrenta serios problemas de evasión, elusión y simulación, que repercuten en la baja recaudación que debilita al Estado mexicano. En estas circunstancias el Estado carece de los recursos fiscales necesarios para enfrentar sus obligaciones constitucionales en materia de educación, salud, seguridad social, seguridad pública, entre otras.

En Nueva Alianza consideramos que es absurdo que, además de los problemas estructurales de nuestro sistema tributario, existan problemas originados en la confusión y la complejidad de los cálculos y los trámites que deben realizar los contribuyentes para cumplir sus obligaciones fiscales.

Los contribuyentes cumplidos —en cambio—, que son la mayoría y no necesariamente los más grandes, tienen derecho a que el proceso para determinar y pagar sus contribuciones fiscales sea un proceso simplificado ágil y oportuno.

En función de ello, presentamos esta iniciativa para reformar el artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, y el artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Lo que estamos proponiendo, en síntesis, es que se considere como un derecho fundamental del contribuyente el contar con una administración tributaria que fomente el principio de simplificación, tanto en la política como en la legislación y en la gestión tributaria; de este modo, el contribuyente cumplido tendrá cada vez mayor certeza jurídica y se le estimulará a la continuidad del cumplimiento oportuno.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la presente iniciativa, que de aprobarse contribuirá a fortalecer las finanzas públicas, pero sobre todo, hará posible que en México se desarrolle una cultura del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esta dinámica aportará elementos de certeza y justicia para el ciudadano y necesariamente incrementará los niveles de legitimidad del Estado.

Preciso: es necesario que en las disposiciones generales, regímenes específicos y estímulos en materia fiscal aplicables en el ejercicio fiscal en cuestión, mismos que deberán establecer muy claramente considerar como derecho del contribuyente el principio de simplificación en la política, en la legislación y en la gestión tributaria.

Esto dará a nuestro país un régimen tributario más justo, más equitativo, más transparente, pero sobre todo, de mayor estímulo al contribuyente que sí cumple y permitirá sentar las bases para una mejor recaudación fiscal de aquellos que hasta el momento se han mantenido al margen de la misma. Por su atención y comprensión, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

La medición de los gastos fiscales contribuye, por un lado, a evaluar al sistema tributario y, por otro, identificar los espacios que dan origen a la evasión y elusión fiscal. Esto último es una de las principales deficiencias del sistema fiscal mexicano, afectando con ello la base tributaria del país y los ingresos del gobierno.

De acuerdo con algunas estimaciones, la evasión fiscal ascendió a 733 mil millones de pesos en el 2011, equivalentes a 5.15 por ciento del Producto Interno Bruto, de acuerdo a un estudio presentado por la Embajada Británica en México y la Fundación Ethos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reportó que en 2010 los ingresos tributarios, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), del gobierno central de México fueron de tan sólo 9.6%, es decir, 1.1 billones de pesos. La cifra recaudada por nuestro país como porcentaje del PIB es inferior a la del resto de los países reportados por la CEPAL. Los cinco países con mayores ingresos tributarios fueron Nicaragua (18.3%), Uruguay (18.1%), Bolivia (17.5%), Chile (16.9%) y Brasil (15.4%). En contraste, los cinco países con la menor recaudación en términos porcentuales fueron Colombia (12.2%), Haití (11.8%), Venezuela (10.9%), Guatemala (10.5%) y México (9.6%), muy por debajo todavía de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con un promedio del 35%.

Poseer una estructura fiscal que sea un estímulo para la economía, logre abatir los índices de evasión y elusión, sea fácil de entender para la población y sencilla de controlar por la administración, debe ser una prioridad para impulsar el crecimiento en los países.

El sistema fiscal mexicano se hace cada vez más complejo. Las modificaciones a las diversas leyes fiscales encaminadas a proteger la recaudación han propiciado un crecimiento en evasores y defraudadores, esto, aunado a innumerables obligaciones formales adicionales al pago de contribuciones cuyo incumplimiento (muchas veces no intencional) repercute en el pago de multas excesivas, así como en el incremento en litigios y controversias fiscales.

El ejercicio 2012 ha sido de intenso trabajo para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que cuenta, a la fecha, con un inventario global de 93 mil 835 asuntos, de los cuales, el 29% se refieren a resoluciones emitidas por el SAT, y el 38%, a resoluciones dictadas por los órganos encargados de la seguridad social (el IMSS, el Infonavit y el ISSSTE).

Una de las causas que inhiben el pago de impuestos es la complejidad de las normas fiscales. De acuerdo, con el “Doing Business 2011” elaborado por el Banco Mundial, México se ubica en el lugar 107 de 183 países en cuanto a la facilidad para cumplir con las obligaciones hacendarias.

Lo anterior ha creado en nuestro país un estado de indefensión, frustración y de falta de cumplimiento para muchos ciudadanos que sí quieren efectuar sus obligaciones fiscales, pero que se enfrentan a disposiciones en leyes, reglamentos, reglas, circulares, decretos, criterios y demás disposiciones que hacen difícil el cumplimiento cabal y oportuno.

Argumentación

La reforma constitucional en materia de derechos humanos tiene profundas implicaciones en el sistema jurídico mexicano, pues constituye un cambio de paradigma; es un nuevo modelo de tutela de los derechos del gobernado en el México contemporáneo.

Existe una tendencia mundial, de la cual México forma parte, por dotar a los contribuyentes de una mayor seguridad jurídica, simplificar los trámites fiscales y limitar la discrecionalidad de las autoridades fiscales federales en detrimento de los contribuyentes.

Si bien en diversos países latinoamericanos se vienen perfeccionando estas instituciones, en diversos países se ha alcanzado una etapa más avanzada mediante la creación de instituciones autónomas, protectoras de las garantías y los derechos de los contribuyentes.

Algunos ejemplos que destacan son:

• La Ley Española de 1998, enumera las garantías fundamentales de los causantes y la obligación de las autoridades de respetarlas, creándose en paralelo a estas normas el Consejo para la Defensa del Contribuyente.

• En Estados Unidos de Norteamérica, desde 1979 existe la Oficina del “Ombudsman del Contribuyente”, con una absoluta independencia de la Oficina Recaudadora de Impuestos.

• En la Unión Europea, existe la figura del “Ombudsman en materia de impuestos”, quien ha asumido una relevante función en la atención de quejas y en la participación ante las autoridades fiscales de esa comunidad.

Es hasta junio de 2005 que en México se publica la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en la cual se hace énfasis en los derechos procedimentales, tales como: informar al contribuyente de sus derechos al inicio de cualquier actuación de las autoridades en materia de fiscalización; el derecho a corregirse y la indicación del medio de defensa procedente; ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos, y que las actuaciones de las autoridades fiscales se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa, entre otros.

En este sentido, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tiene una labor importante en la protección de los derechos de los contribuyentes al asumir la función de un Ombudsman fiscal, compartiendo la misma naturaleza que las defensorías del pueblo en la protección de los derechos fundamentales de la persona.

Las deficiencias del sistema tributario mexicano afectan el crecimiento económico del país por el alto margen de evasión fiscal y la baja recaudación de impuestos. Por ello, consideramos que México requiere crear un sistema fiscal competitivo y simplificado, que permita al contribuyente cumplir con sus obligaciones fiscales. En suma, la eficiencia en la administración tributaria contribuye a que las finanzas públicas se fortalezcan y, con ello, se logre satisfacer las necesidades más apremiantes de la sociedad.

Este propósito sólo se puede lograr se existe una efectiva protección de los derechos de quienes cumplen con el pago de sus contribuciones. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza resulta de elemental justicia, pues como se ha sostenido, los derechos del pagador de impuestos se encuentran inmersos en la gama de los derechos que se consideran fundamentales.

Contar con un sistema fiscal simplificado, eficiente y equitativo es una necesidad imperiosa del Estado mexicano para lograr una mayor recaudación tributaria. Simple, en la medida en que facilite al contribuyente el pago de sus impuestos; eficiente, para que la autoridad competente tenga la capacidad de recaudar y administrar adecuadamente el sistema y potenciar sus atribuciones de fiscalización; y más equitativo, en la medida en que se elimina una serie de distorsiones existentes actualmente.

De ahí que los cambios deban orientarse a que la estructura tributaria del país tienda a ser simple, equitativa y coherente con el modelo de desarrollo nacional adoptado. Con esto se logrará una mayor transparencia en la administración de la hacienda pública, fortaleciendo con ello el régimen democrático y propiciando una mayor certeza en la planeación a largo plazo para impulsar la inversión tanto nacional como extranjera.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, 76, numeral 1, fracción II, 77 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía la Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y el artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Primero. Se adiciona una fracción I, al artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, recorriendo las subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes:

I. Derecho a contar con una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria.

Fracciones II. a XIV. ...

Artículo Segundo. Se reforma el inciso a) de la fracción I, e inciso d) de la fracción II, ambas del artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 40. El proyecto de Ley de Ingresos contendrá:

I. La exposición de motivos en la que se señale:

a) La política de ingresos del Ejecutivo federal, misma que deberá considerar como derecho del contribuyente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria.

Incisos b) a h)...

II. El proyecto de decreto de Ley de Ingresos, el cual incluirá:

Incisos a) a c)...

d) En su caso, disposiciones generales, regímenes específicos y estímulos en materia fiscal, aplicables en el ejercicio fiscal en cuestión, mismos que deberán considerar como derecho del contribuyente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria.

Incisos e) y f)...

Fracción III...

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor, al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 18 de octubre de 2012.— Diputadas: Lucila Garfias Gutiérrez, María Sanjuana Cerda Franco (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

El Presidente diputado José González Morfín: Aprovecho también la ocasión para corregir el turno de la iniciativa presentada por el diputado Carol Antonio Altamirano, por el que propone modificar el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas, que queda turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la de Fomento Cooperativo y Economía Social, para opinión.

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA - LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Faustino Félix Chávez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, también del Código Fiscal de la Federación. Viene firmada también por los diputados Antonio Astiazarán y Flor Ayala Robles, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Faustino Félix Chávez:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del PRI por Sonora, presentamos ante ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto en la que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y del Código Fiscal de la Federación, lo anterior con el propósito de modificar el mecanismo para la fijación de las tarifas eléctricas, en consideración de la siguiente exposición de motivos.

Desde la creación de la Comisión Federal de Electricidad se abrieron importantes expectativas que perfilaron el desempeño de ésta como una institución de gran trascendencia para el desarrollo del país; el decreto de 1937 la define como una institución encargada de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basados en principios técnicos y económicos, sin propósito de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo el mayor rendimiento posible, en beneficio de los intereses generales de la población.

Luego, con la nacionalización de la industria eléctrica, en 1960, el entonces presidente Adolfo López Mateos, presumía que con este acto se consumaba un largo esfuerzo realizado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica.

Posterior a estos decretos se han otorgado al gobierno federal facultades para promover y regular el servicio, entre ellas determinar las tarifas.

Hoy el marco jurídico se aleja de la realidad social, al ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultada para determinar las tarifas por consumo de energía eléctrica, donde por la misma naturaleza de la dependencia se establece un criterio recaudatorio, dejando de lado factores igualmente importantes para establecer tarifas justas para la población.

De hecho, es la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, presidida por el secretario de Hacienda, donde se acuerdan las propuestas de ajustes, las cuales —según la ley— deben formularse de acuerdo con el estado patrimonial y financiero del organismo, sin disponer que deben tomarse en consideración otros factores, como el clima o la condición socioeconómica de la población, para permitir alcanzar el objetivo histórico de la institución.

El resultado son tarifas altas, lo cual ha generado un conflicto permanente entre la sociedad y la Comisión Federal de Electricidad, mismo que se ve reflejado en constantes manifestaciones de la ciudadanía en estados como Sonora, Chihuahua, Baja California, Sinaloa o Tabasco, solo por citar algunos.

En gran parte de nuestro país las altas temperaturas se traducen en un alto consumo de energía, lo cual impacta negativamente en el desarrollo de las actividades económicas; incluso, sin estos consumos, la salud de los habitantes de estas regiones se ve seriamente amenazada.

Todo esto ha encontrado eco en esta misma soberanía, donde legislatura tras legislatura se emiten exhortos a la autoridad federal para que se revise el tabulador de tarifas vigentes, sin encontrar un resultado favorable.

A lo anterior, se une la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los ministros determinaron que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios es de carácter contractual entre empresa y cliente y no se genera una relación entre autoridad y gobernado, lo cual deja al ciudadano en un estado de indefensión ante cualquier irregularidad o abuso que pudieran presentarse en el cobro que realiza la paraestatal.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo principal reformar la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica para que se considere que las tarifas por el suministro de energía eléctrica queden establecidas en la Ley Federal de Derechos y no en el Código Fiscal de la Federación, consagrando además que éstas deberán ser justas y asequibles para la población.

También propone reformar la Ley Federal de Derechos, con el ánimo de establecer de forma precisa que los cobros por concepto del servicio público de energía eléctrica son contribuciones en el rubro de derechos. Asimismo rescata la propuesta que plantea que sea la Comisión Reguladora de Energía quien proponga ajustes o restructuración de las tarifas eléctricas, donde además deberá incorporar consideraciones de carácter socioeconómico y de clima, entre otros, para el cálculo de las tarifas.

Esta iniciativa no descuida la Ley de la Comisión Reguladora de Energía para transportar a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión —en congruencia con lo que dispone la Constitución— la facultad de ratificar a los comisionados que conformarán la dirección de esta Comisión, a propuesta del Ejecutivo, los cuales necesariamente deberán destacarse en la ciencia de materia energética.

La iniciativa que hoy presentamos busca de manera integral una adecuación al marco jurídico para permitir establecer tarifas justas para el suministro de energía eléctrica y rescatar el espíritu por el cual se nacionalizó la industria, que es lograr que todos los mexicanos tengamos derecho a acceder y gozar del servicio de electricidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa y solicito amablemente al presidente de la Mesa Directiva se incorpore en forma íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, Federal de Derechos, y de la Comisión Reguladora de Energía, así como del Código Fiscal de la Federación, a cargo de Faustino Félix Chávez y suscrita por Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez y Flor Ayala Robles Linares, diputados del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Faustino Francisco Félix Chávez, diputado Federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, coordinación de Sonora, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante el pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y del Código Fiscal de la Federación, lo anterior, con el propósito de modificar el mecanismo para la fijación de tarifas eléctricas por parte de las autoridades federales, en consideración a la siguiente

Exposición de Motivos

La creación de la Comisión Federal de Electricidad, impulsada por el general Lázaro Cárdenas el 14 de agosto de 1937, abrió expectativas muy importantes que perfilaron el desempeño de ésta, no solo como una empresa generadora de electricidad, sino como una institución de gran trascendencia para el desarrollo del país, toda vez que el Decreto de creación la define como una institución encargada de “organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basados en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener, con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales”.

A pesar de este y otros decretos en las primeras décadas del siglo XX, se otorgaron al gobierno federal diversas facultades para promover y regular el servicio eléctrico, entre ellas la de determinar las tarifas eléctricas, lo que desde entonces ha generado un conflicto permanente entre el pueblo y los industriales en contra de las compañías eléctricas por las elevadas tarifas que se cobran.

La nacionalización de la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960, por el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, manifestó: “al tomar posesión la nación mexicana de la Compañía de Luz, se consuma un largo esfuerzo realizado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica que en el país se produce por manos de mexicanos”.

El marco jurídico que regula la materia energética, relativa a la eléctrica, se aleja de la realidad social, ya que es la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, integrada y presidida por el Secretario de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Energía, quien acuerda las propuestas de ajuste a las tarifas, las cuales según la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, debe formularse de acuerdo con el estado patrimonial y financiero del Organismo, sin disponer que deben tomarse en consideración, características geográficas , climáticas, científicas y políticas, que permitan alcanzar los objetivos históricos de la institución.

Actualmente las tarifas eléctricas de uso doméstico resultan sumamente elevadas en relación con el ingreso del grueso de la población, lo que frustra los principios de la nacionalización de la industria eléctrica.

Esto se ve reflejado además, en las constantes manifestaciones de la sociedad civil de estados como Sonora, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Tabasco entre otros, por los excesivos cobros por el servicio de energía eléctrica, que han encontrado eco en esta misma soberanía, donde legislatura tras legislatura se emiten constantes exhortos la Comisión Federal de Electricidad y la autoridad federal, para que se revise el tabulador de tarifas vigente.

Es evidente que el Estado no está cumpliendo con los objetivos trazados originalmente, resultando contrario a los intereses de la nación.

Debemos tener en cuenta que en nuestro país, las altas temperaturas afectan a millones de mexicanos, generan un alto consumo de electricidad, e impacta negativamente en el desarrollo de las actividades económicas, se incrementan las enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, la salud de los habitantes de las regiones más cálidas de la República que se ven seriamente afectadas, por tal motivo con el propósito de aminorar tales efectos se originan significativos aumentos en los consumos de energía eléctrica durante los meses más cálidos o de temperaturas muy altas.

El suministro de energía eléctrica a la población es considerado como un “servicio público” que está encaminado a satisfacer necesidades básicas de la sociedad y constituye uno de los pilares estratégicos para el funcionamiento del aparato productivo del país.

Por eso, la estructura tarifaria es un factor fundamental para el desarrollo del sector y el objetivo es que la política de precios y tarifas incorpore consideraciones de carácter económico, financiero y productivo social.

Actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fija las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que cubran las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía, al igual que los subsidios que hacen que aumente o disminuya este excedente al consumidor; esto ha llevado a conflictos y complicaciones en diversos grupos sociales.

De igual forma, debemos precisar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fija dichas tarifas basado en consideraciones económicas y no necesariamente reflejan la situación patrimonial y financiera de la compañía, mucho menos de las necesidades de sus usuarios.

Aunado a esto en el año 2001, el Poder Ejecutivo del gobierno federal comenzó con una política en esta materia, con el fin de eliminar el subsidio a las tarifas de energía eléctrica.

Es cierto que el criterio para fijar las tarifas corresponde necesariamente a una racionalidad económica, pero indudablemente debe confrontarse con la racionalidad social. La Junta de Gobierno no toma en cuenta estos factores al momento de proponer las tarifas, ya que así lo establece la propia Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en su artículo 12, fracción VI, donde el legislador consideró, tan solo que estas deberán formularse de acuerdo con el estado patrimonial y financiero del organismo, sin embargo como ya se menciono aun estos criterios muchas veces son ignorados en las propuestas a el ajuste de las tarifas y son determinadas solo persiguiendo el objetivo de la Secretaria de Hacienda: Recaudar.

Todo lo mencionado, aunado con la resolución emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 209/2011, donde parte de la base de que la relación jurídica existente entre los particulares usuarios del servicio de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad no corresponde a la de una autoridad y un gobernado (de supra a subordinación), sino, como ya lo definió esta misma Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias números 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010, a una relación de coordinación entre dicho organismo descentralizado y aquéllos, originada mediante un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos, y añade que, “resulta indudable que el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica, emitido dentro de esa relación contractual, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del recurso de revisión o juicio de nulidad mencionados”. Por lo tanto los jueces federales del país no deben admitir amparos de particulares contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, como el corte de luz por falta de pago y por el recibo, aun cuando existan irregularidades en la determinación del adeudo.

La segunda sala de la corte echó abajo el criterio que había sostenido desde 1999, en el sentido de que la Comisión Federal de Electricidad sí puede ser considerada como una autoridad y por tanto sus actos son impugnables mediante demandas de amparo.

Los ministros determinaron que en realidad, la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y sus clientes es de naturaleza contractual, es decir entre partes iguales, y no se da la relación entre autoridad y gobernado, necesaria para el amparo.

Por tratarse de un problema contractual, los particulares afectados solo tendrán dos vías: acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor, o promover una demanda civil contra la Comisión Federal de Electricidad, con el inconveniente de que en estos litigios no está prevista la figura de la suspensión del acto de autoridad y que su tramitación puede durar años o que no haya efectos vinculatorios.

De lo anterior deviene un estado de indefensión para los ciudadanos ante los cobros que realiza la paraestatal, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene atribuciones conciliatorias o de sanción al demandado pero no resarce los daños que se generan a los particulares, y en la vía civil, se trata de procedimientos que pueden durar años en trámite y la resolución no necesariamente garantiza un resarcimiento de daños.

Por lo expuesto, la presente iniciativa tiene como objetivo reformar los artículos 12, 30, 31 y 32, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que considere que las tarifas respectivas queden establecidas en la Ley Federal de Derechos, consagrando, además, que éstas serán justas y asequibles para la población.

Por otra parte, esta iniciativa plantea que un órgano especializado, como la Comisión Reguladora de Energía, que goza de autonomía técnica, operativa, de gestión y de decisión en los términos de su ley, sea quien defina el ajuste o reestructuración de las tarifas eléctricas.

En esas condiciones, no corresponderá a la Junta de Gobierno la propuesta de las tarifas de energía eléctrica, sino en lo que disponga la Ley Federal de Derechos.

Por tales motivos, con la presente iniciativa se propone reformar el párrafo cuarto del artículo 1 ° y adicionar los artículos 57 Bis, 57 Ter, a la Ley Federal de Derechos, con el ánimo de establecer de forma precisa que los cobros por concepto de prestación del servicio público de energía eléctrica a cargo de un ente descentralizado de la administración pública federal, como lo es la Comisión Federal de Electricidad, son contribuciones en el rubro de derechos.

Esto conlleva a reformar, a su vez, el Código Fiscal de la Federación, retomando, igualmente, su texto original del 31 de diciembre de 1981, rescatando el sentir de la voluntad general legislativa.

La presente iniciativa busca, de forma estructural e integral, una serie de reformas y adecuaciones al marco jurídico que regula la materia energética; por lo que no descuida la reforma a los artículos 3, fracción I, y los artículos 5, 6 y 7, y la adición del artículo 5 BIS, a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, para transportar a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo que establece el artículo 76 Constitucional en su fracción segunda; la facultad de ratificar los comisionados que conformarán la dirección de la Comisión Reguladora de Energía, a propuesta del Ejecutivo, el cual deberá de tomar en consideración la opinión de las universidades e instituciones de educación superior, los cuales necesariamente deberán destacarse en el campo de la ciencia en materia energética; considerando también que la duración de su encargo será de cinco años, con la posibilidad de ser nuevamente elegidos hasta por un periodo.

De igual forma, corresponderá a la Comisión de Energía de la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ratificar de entre los comisionados, al que fungirá como presidente de la Comisión Reguladora de Energía.

Una de las atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía será la de definir el ajuste, modificación o reestructuración de las tarifas eléctricas. Al respecto se propone que en un nuevo artículo se establezcan los requisitos que deben cumplir quienes sean designados como comisionados, entre otras, ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores y no tener conflicto de intereses con empresas dedicadas a las actividades reguladas o vinculadas a éstas.

Por otra parte, conforme lo señala el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, los “derechos” son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público [...] También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Sin embargo, es preciso señalar, que al no mencionar de manera expresa el referido Código Fiscal, que la prestación del servicio a cargo de un organismo público descentralizado se considerará como un derecho, ello da pauta para que hoy en día la Junta de Gobierno, fije de manera unilateral las tarifas, por lo que se hace necesario de igual forma, y una vez que se ha propuesto la reforma a la Ley Federal de Derechos, armonizar la legislación y mantener congruencia con el artículo 27, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la presente iniciativa tiene por objeto también reformar el artículo 2, en su fracción IV, y en su párrafo segundo, del referido ordenamiento tributario, para no dejar lugar a dudas respecto de la característica de la contribución que la Comisión Federal de Electricidad genera por la prestación del servicio público a su cargo y el cual proporciona de manera exclusiva.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y del Código Fiscal de la Federación

Primero. Se derogan las fracciones VI y VII del artículo 12, se reforman los artículos 30, 31 y 32 y se adiciona el artículo 33 BIS, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

I. a V. ...

VI. Se deroga

VII. Se deroga

VIII a XII. ...

Artículo 30. La venta y las tarifas por consumo de energía eléctrica se regirán por lo establecido en la Ley Federal de Derechos.

Artículo 31. La Comisión Reguladora de Energía definirá el ajuste o reestructuración de las tarifas eléctricas, de manera que tienda a cubrir las necesidades sociales de la población, el fomento a la competitividad, las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, así como el racional consumo de energía. Invariablemente deberá considerarse las temperaturas medidas en bulbo húmedo, conforme a las estaciones meteorológicas instaladas por la Comisión Federal de Electricidad.

Las tarifas eléctricas deberán ser justas y asequibles a la población mexicana. Las tarifas domésticas se podrán incrementar sin exceder el porcentaje de incremento al salario mínimo de la zona geográfica de que se trate.

Se fijarán tarifas especiales de bajo costo para aquellas entidades en que se genere energía hidroeléctrica o que sufran las consecuencias y afectaciones por su generación.

Artículo 32. ...

En ningún caso serán aplicables las tarifas, mientras las correspondientes reformas a la Ley Federal de Derechos no sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación y cuando menos en dos periódicos diarios de circulación nacional.

Artículo 33. ...

Artículo 33 Bis. Los usuarios del servicio público de energía eléctrica gozarán de los siguientes derechos:

I. Que las lecturas de los medidores por el uso de energía eléctrica se efectúe cada bimestre, caducando el cobro de energía eléctrica después de transcurridos cuatro meses sin que se haya realizado la lectura respectiva ni entregado el recibo correspondiente;

II. Que no se apliquen “estimados” para el cobro de energía eléctrica, siempre y cuando cuenten con el medidor respectivo;

III. Elegir el tipo de medidor de consumo de energía eléctrica:

a) Con sistema automatizado de radiofrecuencia para lectura electrónica.

b) Con sistema tradicional para lectura personal;

IV. Optar por consumir energía eléctrica mediante prepago;

V. Acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor para ser asesorado y lograr la conciliación con la Comisión Federal de Electricidad por inconformidad en la lectura o el cobro del consumo de energía eléctrica. En caso de no lograr la conciliación, ser patrocinado jurídicamente, en forma gratuita, ante los tribunales jurisdiccionales competentes, actuando dicha Procuraduría como abogado procurador del usuario para ejercitar las acciones u oponer excepciones conducentes en contra de la Comisión Federal de Electricidad, en los términos previstos en las fracciones II y III del artículo 24 de su ley; y

VI. Recibir normalmente el suministro de energía eléctrica mientras se tramitan sus inconformidades por el cobro del consumo de la misma, conforme a lo establecido en la fracción anterior.

Segundo. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 1o. y se adicionan los artículos 57 Bis y 57 Ter, a la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

...

...

Las cuotas de los derechos que se establecen en esta Ley se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10 por ciento, con excepción de las tarifas eléctricas. Esta actualización entrará en vigor a partir del primero de enero del siguiente ejercicio fiscal a aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada, se considerará el periodo comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado.

...

...

Capítulo VSecretaría de Energía

Sección ÚnicaActividades Reguladas en Materia Energética

Artículo 57 Bis. Se pagarán derechos en materia de uso de energía eléctrica por el servicio público que presta la Comisión Federal de Electricidad, conforme a las tarifas que establezca la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

Artículo 57 Ter. Se pagarán derechos en materia de uso de energía eléctrica por el servicio público que presta la Comisión Federal de Electricidad en las entidades federativas en que se genere energía hidroeléctrica o que sufran las consecuencias y afectaciones por su generación, conforme a las tarifas que establezca la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

Tercero. Se reforman el artículo 3 en su fracción I, los artículos 5, 6 y 7, y se adiciona el artículo 5 Bis, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, para quedar como sigue:

Artículo 3....

I. Determinar el ajuste, modificación o reestructuración de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

II. a XXII. ...

Capítulo IIOrganización y Funcionamiento

Artículo 5. Los comisionados serán ratificados por las dos terceras partes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo Federal tomando en consideración la propuesta de los institutos o facultades de las universidades e instituciones públicas de educación superior, federales o locales.

Artículo 5 Bis. Los comisionados deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en materia de energía y haberse desempeñado en forma destacada en sus trabajos profesionales y académicos, relacionados con las actividades reguladas; y

III. No tener conflicto de interés con empresas dedicadas a las actividades reguladas o vinculadas a éstas.

Artículo 6. Los comisionados serán designados por períodos escalonados de cinco años de sucesión anual e inicio el 1o de enero del año respectivo, con posibilidad de ser designados, nuevamente por única ocasión por un período igual.

La vacante que se produzca en un cargo de comisionado será cubierta por la persona que designe el Congreso de la Unión en términos del artículo 5 de esta Ley. Los comisionados deberán abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión, con excepción de cargos académicos que no interfieran con el desempeño de sus funciones.

Los comisionados sólo podrán ser removidos:

I. Por causa que así lo amerite de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y

II. Por incumplimiento a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 7. El presidente de la comisión será elegido de entre los comisionados designados en términos del artículo 5o., por las tres cuartas partes de los integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y tendrá las facultades siguientes:

I. a IX. ...

Cuarto. Se reforma la fracción IV y el párrafo penúltimo del artículo 2o del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

I. a III. ...

IV. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. (...) También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Cuando sean organismos descentralizados quienes proporcionen la seguridad social a que hace mención la fracción II, de este artículo o presten los servicios señalados en la fracción IV del mismo, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social o de derechos, respectivamente.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al presente Decreto.

Tercero. En un plazo no mayor a 30 días naturales a la entrada en vigor de este decreto, el Ejecutivo federal deberá realizar las reformas y modificaciones necesarias para adecuar los reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables a los términos del presente decreto.

Cuarto. Dentro del plazo de 30 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto, deberán quedar designados los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y su Presidente, previa convocatoria a las instituciones educativas y el cumplimiento de los requisitos que al respecto se exigen; mientras tanto continuarán en el cargo los comisionados que actualmente se encuentran en funciones, concluyéndolas definitivamente a los 30 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto.

Quinto. Los comisionados designados en términos del artículo anterior, podrán remover libremente o ratificar, en su caso, al personal directivo, titulares de unidades y dependencias de la Comisión Reguladora de Energía, sus mandos medios y al personal de confianza, nombrando a quienes los sustituyan.

Dado en la sede del honorable Congreso de la Unión, a 16 de octubre de 2012.— Diputados: Faustino Félix Chávez, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares, J. Pilar Moreno Montoya, Joaquina Navarrete Contreras, Julio César Flemate Ramírez, Heberto Neblina Veja, Mario Sánchez Ruiz, Máximo Othón Zayas, José Enrique Reina Lizárraga, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, José Alfredo Botello Montes, Juan Manuel Fócil Pérez, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Víctor Rafael González Manríquez, Cristina Olvera Barrios, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, José Alejandro Llanas Alba, Consuelo Argüelles Loya, Karina Labastida Sotelo, Leonor Romero Sevilla, Blanca Jiménez Castillo, Leslie Pantoja Hernández, Rafael Acosta Croda, Alfredo Zamora García, Glafiro Salinas Mendiola, Erick Marte Rivera Villanueva, Enrique Alejandro Flores Flores, Alejandra López Noriega, Germán Pacheco Díaz, Carmen Lucía Pérez Camarena, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Martha Leticia Sosa Govea, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Alliet Mariana Bautista Bravo, Martha Berenice Álvarez Tovar, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Raquel Jiménez Cerrillo, María del Carmen López Segura, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Gilberto Antonio Hirata Chico, Margarita Elena Tapia Fonllem, María Fernanda Schroeder Verdugo, Jhonatan Jardines Fraire, David Pérez Tejada Padilla, Marco Antonio González Valdez, Fernando Belaunzarán Méndez, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Sergio Torres Félix, Alfredo Padilla Fierro Roman, María Elia Cabañas Aparicio, Héctor García García, Benito Caballero Garza, Israel Moreno Rivera, José Luis Flores Méndez, Leobardo Alcalá Padilla, Mario Miguel Carrillo Huerta, Abel Guerra Garza, Luis Armando Córdova Díaz, Gabriel Gómez Michel, Cesario Padilla Navarro, Jorge Rosiñol Abreu, Miguel Ángel Aguayo López, Francisco González Vargas, Gerardo Peña Avilés, Ossiel Omar Niaves López, Roberto Ruíz Moronatti, José Guadalupe García Ramírez, Omar Antonio Borboa Becerra, Javier Treviño Cantú, Damián Zepeda Vidales, Adolfo Bonilla Gómez (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Así se hará. Diputado, el diputado Enrique Reina quiere adherirse a su iniciativa, ¿tiene usted inconveniente?

El diputado Faustino Félix Chávez(desde la curul): No, adelante.

El Presidente diputado José González Morfín: A todos los diputados que desean suscribirla, pasen a la Secretaría a suscribir la iniciativa. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Esther Quintana Salinas:Con su venia, diputado presidente. Muy buenas tardes compañeras diputadas y diputados, el acceso al mercado laboral para las personas de 40 años o más se torna cada vez más complicado: las oportunidades disminuyen y la discriminación, en consecuencia, se puede percibir claramente.

En nuestro país se han diseñado instrumentos legales o de política pública que apoyan la inclusión laboral de los adultos de 60 años; sin embargo, la discriminación laboral no empieza a partir de esa edad, sino desde los 40.

El mercado laboral se oferta a personas de menor edad, dejando fuera a este numeroso sector de la población que se encuentra en plena madurez física y mental y con el bagaje invaluable de su experiencia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, promoviéndose al efecto la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley. Asimismo, la Carta Magna, en su artículo 1o., prohíbe la discriminación por motivos de edad.

A nivel de legislación secundaria, en nuestro país, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a ésta como toda distinción, exclusión o restricción, que basada en la edad, entre otros motivos, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Asimismo, el recién aprobado dictamen de la reforma laboral en esta Cámara de Diputados y en proceso de aprobación por la Cámara de Senadores, previó en su artículo 3o. que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de edad.

En la práctica es posible identificar esta problemática a partir de una simple lectura de los periódicos en la sección de la bolsa de trabajo, donde la mayor parte de las ofertas de empleo van dirigidas a personas que oscilan entre los 20 y los 35 años. A partir de ahí, las ofertas empiezan a decrecer hasta prácticamente cerrarse.

La transición democrática por la que atraviesan los países latinoamericanos está generando cambios en la estructura por edad de la población, con consecuencias para el crecimiento económico a largo plazo. Este envejecimiento de la población alerta sobre la necesidad de promover todas aquellas medidas que sean necesarias para que los adultos de 40 años o más no sufran una discriminación laboral.

La crisis económica afecta la inclusión laboral de la población en edad de trabajar y asimismo la situación económica conforme se avanza en edad es una preocupación que forma parte de las prioridades de los gobiernos, por lo que este tema no ha sido ajeno para otros países del mundo, como España, Francia, Argentina, Colombia, Estados Unidos de América y Uruguay, donde se han promovido diversas acciones de carácter legislativo y de política pública, tendientes a proteger laboralmente a este sector de la población.

En la actualidad, las empresas prefieren contratar a personas que se encuentran entre los 20 y los 39 años, sin tener en consideración una serie de beneficios que se obtienen al abrir los espacios laborales a personas de 40 años o más, tales como aprovechar su experiencia y habilidades acumuladas a lo largo de su trayectoria laboral, logrando en consecuencia un aumento en la productividad de la empresa y en el grado de satisfacción del cliente.

Asimismo se genera una auténtica atmósfera de motivación al personal, a más de que se ennoblece la imagen pública de las empresas, al ser incluyentes en su política de contratación.

La iniciativa que presento el día de hoy tiene como objetivo principalísimo promover la inclusión en el mercado laboral de los adultos de 40 años o más, a través del otorgamiento de un estímulo fiscal del impuesto sobre la renta a los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales que los empleen.

Nuestro país enfrenta un gran desafío y tiene una deuda con los adultos de 40 años o más, a quienes en los últimos tiempos se les complica incorporarse al mercado laboral, por lo que es urgente que se legisle a su favor.

Con la inclusión del estímulo fiscal del impuesto sobre la renta se permitirá avanzar hacia mejores niveles de bienestar y se contribuirá a fortalecer los principios de equidad y no discriminación en las relaciones de trabajo.

Al Poder Legislativo le corresponde generar, desde su ámbito específico de facultades, las condiciones para el empoderamiento económico de su población, del grueso de su población y es hora de hacerlo.

Solicito respetuosamente, diputado presidente, el que se incluya íntegra en el Diario de Debates la presente iniciativa. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Esther Quintana Salinas, de la LXII Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, numeral I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto decreto por el que se adiciona el capítulo IX denominado “De los Patrones que empleen a Personas de 40 años o más de edad”, y se adicionan los artículos 239 y 240 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El acceso al mercado laboral para las personas adultas de 40 años o más edad cada vez se vuelve más complicado; las oportunidades se van disminuyendo, conforme se avanza en edad. Se puede percibir claramente que existe discriminación en la contratación, en el ascenso y en el acceso a un empleo.

Actualmente en nuestro país es a todas luces visible la discriminación que padecen los adultos mayores de 60 o 65 años en materia laboral, por ello es que se han diseñado instrumentos legales o de política pública que apoyan su inclusión laboral. Existen diversas leyes que apoyan a este sector de la población, considerado por la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores como “aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad...”

No obstante, la discriminación laboral no comienza a partir de los sesenta años, hoy día se extiende a partir de los 40 años de edad, cuando las ofertas de trabajo son dirigidas a sectores de la población de menor edad, dejando fuera a un numeroso sector de la población que se encuentra en plena edad productiva y con la experiencia de muchos años de trabajo que puede aportar en un trabajo nuevo.

Un estudio citado en el Informe del Seguimiento de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de la ONU, y realizado por la OCDE, reveló que en casi todos sus países miembros analizados, la mayor parte de los empleadores tenían percepciones estereotipadas de los trabajadores de edad y sus supuestas deficiencias, y que las opiniones negativas de los empleadores sobre la capacidad y productividad de los trabajadores de edad incidían en las decisiones para contratar y mantener a sus trabajadores.

El estudio concluyó que era importante poner en entredicho los prejuicios de los empleadores a fin de que los trabajadores de edad pudieran ver ampliadas sus oportunidades de empleo. También puso de relieve que las percepciones negativas de los trabajadores de edad socavaban las reformas del mercado de trabajo, en particular la adopción de prácticas de empleo favorables a las personas de edad como el empleo a tiempo parcial.

I. Antecedentes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, primer párrafo, reconoce que

Artículo 123

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

...

Asimismo, en su artículo primero, párrafo quinto prohíbe la discriminación por motivos de edad al establecer que

Artículo 1. ...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 23, numerales 1, 2 y 3 que

1.Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

...

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé en su artículo 6o., numeral primero lo siguiente:

1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

...

El Convenio Internacional del Trabajo 111 relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación,considerando que la discriminación constituye una violación de los derechos enunciados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo primero que

A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende

a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.

...

Por otra parte, la Directiva de la Unión Europea relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. 2000/78/CE, establece un marco general para garantizar el respeto del principio de igualdad de trato de las personas de la Unión Europea, independientemente de su origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edadu orientación sexual, en el acceso al empleo y a la ocupación, la promoción y la formación profesional, las condiciones de empleo y de ocupación y la pertenencia a determinadas organizaciones.

En el artículo 1o., la Directiva prevé su objeto, el cual consiste en establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edado de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato.

A nivel de legislación secundaria, en nuestro país, la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, publicada el 11 de junio de 2003, define a la discriminación como toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Asimismo, el recién aprobado dictamen de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y en proceso de aprobación por la Cámara de Senadores, previó en su artículo 2o. que las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Entendiéndose entre otras cosas por trabajo digno o decente, aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador y no existe discriminación por diversos motivos, entre los cuales se encuentra la edad.

Asimismo, el artículo 3o., de dicho dictamen, prevé que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de la edad, entre otras condiciones.

Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, expone cifras que muestran la discriminación laboral de la cual son objeto los adultos mayores, siendo que el principal problema percibido por cuatro de cada diez personas adultas mayores es la dificultad para encontrar trabajo.

En dicha Encuesta, la mayoría de las personas adultas mayores entrevistadas, casi seis de cada diez, señala que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades. Sólo dos de cada diez expresó que sus ingresos son suficientes y, un porcentaje similar, opina que más o menos le alcanza para cubrir sus necesidades.

Si bien, en estos dos resultados se hace referencia a las personas adultas mayores, la realidad nos muestra que estas mismas observaciones, las podemos aplicar a los mayores de 40 años, a quienes conforme avanzan en edad, se les dificulta encontrar un trabajo, las oportunidades laborales empiezan a tener una relación inversamente proporcional al aumento de su edad.

Esto es posible identificar desde una simple lectura de los periódicos en la sección de bolsa de trabajo, donde la mayor parte de las ofertas de empleo, van dirigidas a personas que oscilan en edades de entre 20 a 35 años, a partir de esa edad, dichas ofertas empiezan a decrecer, pudiéndose observar que a partir de los 40 años, las ofertas casi desparecen en su totalidad.

A nivel estadístico, los Indicadores de Ocupación y Empleo al segundo trimestre de 2012 del Inegi revelan que la población total de personas desocupadas es de 2 468 162, con una tasa de desocupación total del 4.8 (ver cuadro I).

Ahora bien, cabe señalar que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre del 2012, del Inegi, en la clasificación de la población económicamente activa (PEA) y población no económicamente activa (PNEA), se refleja una disminución en la contratación de personas, conforme avanza el rango de mayor edad, como se refleja en el cuadro II.

Cabe destacar que el envejecimiento de la población es un fenómeno mundial. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó en 2009, que existían 737 millones de personas de 60 años y más; siendo probable que ese número se incremente a 2 mil millones en 2050, cuando por primera vez en la historia, se estima que pueda haber más ancianos que niños (en edades de 0 a 14 años).

La ONU ha previsto que para el año 2050, de cada cinco personas, una será adulta mayor.

La transición demográfica por la que atraviesan los países latinoamericanos está generando cambios en la estructura por edad de la población, con consecuencias para el crecimiento económico a largo plazo.

Este envejecimiento de la población alerta sobre la necesidad de promover todas aquellas medidas que sean necesarias para que los adultos mayores de 40 años o más edad, no sufran discriminación laboral por edad y, por el contrario, se impulsen todas aquellas medidas que sean necesarias para fomentar su contratación.

Este tema no ha sido ajeno para otros países del mundo, en los cuales se han promovido diversas acciones de carácter legislativo y de política pública, tendientes a proteger laboralmente a este sector de la población de 40 años o más de edad.

En España, ante la gravedad de su situación laboral, consistente en sus altas tasas de desempleo, en febrero del presente año tuvo lugar una reforma laboral, contenida en el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, denominado “Fomento de la contratación indefinida y otras medidas para favorecer la creación del empleo”, orientado a establecer un marco claro que contribuya a la gestión eficaz de las relaciones laborales, así como facilitar la creación de puestos de trabajo y la estabilidad en el empleo.

La reforma está dirigida a las empresas que tengan menos de 50 trabajadores, a través del denominado “Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores”.

La reforma beneficia, entre otras personas, a los mayores de 45 años desempleados, a través de incentivos fiscales a las empresas, consistentes en una bonificación en la cotización empresarial y en la cuota empresarial a la seguridad social por trabajador, bajo ciertas condiciones.

En Francia, en enero del año dos mil once, se anunció una ayuda de 2,000 euros a todo empresario que contratara a un parado de más de 45 años, para contrarrestar la discriminación que sufren los mayores en el acceso al mercado laboral.

En Buenos Aires, Argentina, ante el aumento de la desocupación y la creciente precarización laboral, en el dos mil diez se impulsó a nivel legislativo la creación del programa “Oportunidad para todos”, el cual busca garantizar el empleo a personas desempleadas mayores de 40 años. La iniciativa legislativa propuso exenciones impositivas respecto al pago de ingresos brutos a aquellas empresas que incorporaran a las personas incluidas en el citado Programa y en cuanto mayor sea la edad de la persona contratada, mayor es el descuento impositivo. Entre los requisitos para estar inscrito en el Programa, se requiere tener como mínimo 40 años de edad en mujeres y 45 en hombre, estar desempleado, no tener aportes previsionales acreditados en los últimos 5 años, tener domicilio en la provincia de Buenos Aires, con dos años de antigüedad y no percibir pensión o jubilación.

En Uruguay, en marzo del presente año legisladores de la Cámara de Diputados impulsaron una iniciativa para facilitar el acceso al empleo de personas de más de 45 años, a través de dar incentivos a los empresarios para que resulte atractivo contratar a personas de mayor edad.

En la Alcaldía de Bogotá, Colombia, en el año 2011, al identificar que durante el año 2010, la tasa de desempleo de las personas mayores de 40 años fue del 7,2 por ciento, equivalente en términos absolutos a 117.000 personas de esta edad en condición de desempleo y tomando en consideración que los desempleados mayores de 40 años tardan el doble de tiempo en encontrar un empleo que las personas menores de 40 años (mientras una persona joven tarda en promedio 4 meses y 24 días en conseguir un empleo, una persona mayor de 40 años necesita 9 meses y 9 días), impulsaron a través del proyecto de acuerdo 125 de 2011, la “marca de reconocimiento social para aquellas empresas que contraten personas mayores de 40 años”, entre cuyos objetivos específicos se encuentran:

a) Crear sentido de responsabilidad social dentro de las empresas que funcionen en el Distrito Capital.

b) Generar empleo para aquellas personas mayores de cuarenta años.

c) Incentivar a las empresas para que contraten personas mayores de cuarenta años de edad.

d) Que las empresas utilicen esta marca para fines publicitarios en el ejercicio de su razón social.

En Estados Unidos, la Ley contra la Discriminación por Edad en el Empleo de 1967, conocida por sus siglas en inglés como ADEA otorga protección a personas de 40 años de edad o más contra la discriminación en el empleo por razón de edad. De acuerdo a esta Ley, es ilegal discriminar a una persona por motivos de edad, incluyendo la contratación, el despido, ascenso en el empleo, suspensión, compensación, beneficios, asignaciones de tareas y entrenamiento. La protección que brinda esta ley se extiende tanto a empleados como a solicitantes o postulantes de algún empleo.

La Ley ADEA se aplica a patrones con veinte o más empleados, incluyendo gobiernos estatales y locales, asimismo, se aplica también a agencias de empleo y organizaciones laborales, así como al gobierno federal.

De conformidad con esta ley, es ilegal tomar represalias contra una persona por oponerse a prácticas de empleo de carácter discriminatorio por edad o por presentar una querella por discriminación, testificar o participar de algún modo en una investigación, proceso o juicio conforme a esta Ley.

II. Objeto de la iniciativa

La iniciativa que presento tiene como objetivo promover la contratación de los adultos de 40 años o más edad, en virtud de que en la actualidad el ingreso y las oportunidades laborales de las personas adultas de este rango de edad, resultan ser cada vez más escasas.

La mayor parte de las oportunidades de trabajo están dirigidas a grupos de edad menores a 40 años por lo que a medida que se avanza en edad, la posibilidad de encontrar un trabajo se torna más compleja.

En la actualidad, las empresas prefieren contratar a personas que se encuentran en rangos de edad de entre los veinte y los treinta y nueve años, sin tener en cuenta que existen una serie de beneficios que se obtienen al contratar a personas de cuarenta años o más edad, tales como: aprovechar la experiencia y habilidades acumuladas en esas personas a lo largo de su trayectoria laboral, logrando en consecuencia un aumento en la productividad de la empresa y en el grado de satisfacción del cliente; asimismo, aumenta la motivación del personal; y se mejora la imagen pública de las empresas al ser incluyentes en su política de contratación.

La crisis económica afecta la inclusión laboral de la población en edad de trabajar, asimismo, la situación económica conforme se avanza en edad, es una preocupación que forma parte de las prioridades de los gobiernos, por lo que como se ha dicho anteriormente, gobiernos de diferentes países, como España, Uruguay, Francia, Colombia, Argentina y Estados Unidos, recientemente han promovido medidas legislativas y de política pública con el objetivo de fomentar la contratación de los adultos de 40 años y más de edad.

Finalmente cabe señalar que esta problemática no ha sido ajena para el actual gobierno, concretamente por lo que respecta a las personas adultas mayores de 65 años o más, ya que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 30 de marzo el “decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, en el cual otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales del impuesto sobre la renta, que empleen a personas en ese rango de edad.

Consistiendo dicho estímulo fiscal, en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a los adultos mayores de 65 años o más.

Esta medida fiscal refleja la intención de promover la contratación de adultos mayores, sin embargo, dadas las condiciones actuales de empleo, considero que el rango de edad que beneficia: personas adultas de 65 años o más, es limitado ya que como se ha dicho en esta Iniciativa, en la actualidad la discriminación laboral por motivos de edad la padecen las personas a partir de los 40 años de edad, por lo que se estima necesario que el beneficio fiscal se extienda a aquellas personas físicas o morales que contraten a personas de cuarenta años o más.

Asimismo, es necesario que dicho estímulo fiscal, quede establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta y no únicamente en un decreto, en virtud de la trascendencia del derecho de toda persona a tener un trabajo, previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales ya citados en la presente iniciativa.

Nuestro país enfrenta un gran desafío y tiene una deuda con los adultos de 40 años o más edad, a quienes en los últimos años, se les complica día a día incorporarse al mercado laboral, por lo que es urgente, que al igual que otros países mencionados en esta Iniciativa, se legisle a favor de este grupo que se encuentra marginado de las oportunidades laborales.

Con la inclusión del citado estímulo fiscal en la ley, se permitirá avanzar hacia mejores niveles de bienestar, y se contribuirá a favorecer los principios de equidad y no discriminación en las relaciones de trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se adiciona el capítulo IX denominado “De los Patrones que empleen a Personas de 40 años o más de edad”, y se adicionan los artículos 239 y 240 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Capítulo IX De los Patrones que empleen a Personas de 40 Años o más de Edad

Artículo 239. Las disposiciones de este capítulo tienen por objeto incentivar la contratación permanente en territorio nacional de personas de 40 años o más de edad.

Artículo 240. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales del impuesto sobre la renta, que empleen a personas que tengan 40 años o más de edad.

El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas señaladas en el presente capítulo. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable siempre que el contribuyente cumpla, respecto de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, con las obligaciones contenidas en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social y las de retención y entero a que se refiere el título IV, capítulo I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Estudio disponible en

http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/SGReportA_67_188.p df

2 Declaración Universal de los Derechos Humanos, disponible en http://www.cinu.mx/onu/documentos/declaracion-universal-de-los-d/

3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible en http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm

4 Convenio Internacional del Trabajo 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, disponible en http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-declaration/documents/publication/wcms_095897. pdf

5 Directiva de la Unión Europea relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. 2000/78/CE, disponible en http://europa.eu/legislation_summaries/ employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_es. htm

6 Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social a la Iniciativa del Ejecutivo Federal con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados en fecha 28 de septiembre de 2012, disponible en http://gaceta.diputados. gob.mx

7 Encuesta Nacional sobre Discriminación y Empleo 2010 (Enadis 2010). Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Conapred. En http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf

8 http://social.un.org/index/Ageing.aspx

9 Aguirre Quezada, Juan Pablo. El acceso al empleo de los adultos mayores. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados Federal. Documento de Trabajo 105. México, febrero de 2011.

10 Reforma publicada en el Boletín Oficial del Estado, número 36 de 11 de febrero de 2012. Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/ 2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf

11 Información disponible en http://www.dinero.com/internacional/articulo/francia-dara-2000-euros-cada-empre sario-contrate-mayor-45-anos/114441 y http://america.infobae.com/notas/19965-Francia-dar-2000-a-empresarios-que-contr aten-a-desempleados-mayores

12 Iniciativa promovida por la diputada Mónica López, de la Provincia de Argentina. Información disponible en http://www.portalba. com.ar/noticia.php?idS=1&idN=10197

13 Iniciativa promovida por los diputados Víctor Semproni y Álvaro Delgado. Información disponible en http://www.montevideo.com.uy/ notnoticias_162934_1.html

14 Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ Norma1.jsp?i=42139

15 Información disponible en

http://www.eeoc.gov/spanish/types/age.html

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de dos mil doce.— Diputados: Esther Quintana Salinas, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Martha Leticia Sosa Govea, Elizabeth Vargas Martín del Campo,Cinthtya Noemí Valladares Couoh, Rafael Acosta Croda, Martha Berenice Álvarez Tovar, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Raquel Jiménez Carrillo, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Gilberto Antonio Hirata Chico, Margarita Elena Tapaia Fonllem, María Fernanda Schoeder Verdugo, Jhonatan Jardines Fraire, David Pérez Tejada Padilla, Fernando Belaunzarán Méndez, Marco Antonio González Valdez, Sergio Torres Félix, Román Alfredo Padilla Fierro, Héctor García García, María Elia Cabañas Aparicio, Israel Moreno Rivera, Benito Caballero Garza, Leobardo Alcalá Padilla, Mario Miguel Carrillo Huerta, Abel Guerra Garza, Luis Armando Córdova Díaz, Gabriel Gómez Michel, Jorge Rosiñol Abreu, Cesario Padilla Navarro, Francisco González Vargas, Sonia Rincón Chanona, Miguel Ángel Aguayo López, Joaquina Navarrete Contreras, Gerardo Peña Avilés, Ossiel Omar Niaves López, Roberto Ruiz Moronatti, Graciela Saldaña Fraire, José Guadalupe García Ramírez, Omar Antonio Borboa Becerra, Javier Treviño Cantú, Damián Zepeda Vidales, Julio César Flemate Ramírez, Adolfo Bonilla Gómez (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Así se hará. La iniciativa queda inserta íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

ARTICULOS 73, 74 Y 117 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 74 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. La presente iniciativa de reformas a la Constitución, que presento y que suscriben los compañeros integrantes de Movimiento Ciudadano, pretende frenar el exceso de endeudamiento que se ha presentado en diversos estados de la República.

Estamos planteando reformar el artículo 73, para incorporar una fracción en ese artículo, que establezca la facultad del Congreso de la Unión para establecer leyes que regulen la contratación de empréstitos o créditos en los estados, y estamos planteando en el artículo 74, como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, aprobar la contratación de empréstitos o créditos a los estados. Se hace un reenvío al artículo 117 constitucional, para que haya congruencia en la Constitución.

En las últimas fechas ha habido diversas iniciativas para impulsar la transparencia, para homologar criterios contables, pero nos parece que para frenar el nocivo endeudamiento que se ha dado en algunos estados hacen falta soluciones mayores.

En algunas entidades se han consolidado auténticas satrapías; es decir, gobiernos despóticos y corruptos que utilizan el presupuesto como si fuera de su propiedad, y para esta medida han recurrido a endeudamientos, que bien calificaríamos de endeudamientos criminales.

Este debilitamiento del presidencialismo ha derivado en un feudalismo extremo, que es necesario frenar; por eso nos damos cuenta hoy de estas satrapías en entidades como Chiapas, con Juan Sabines; en Coahuila, con los Moreira; en Zacatecas, con Miguel Alonso; en Quintana Roo, con Borge, y el común denominador de estos estados es el excesivo endeudamiento.

Se podrá decir que establecer como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la autorización para que se contraten estos créditos es una medida centralista, pero, señoras y señores, en esos estados no existe división de poderes, los Congresos locales están sometidos, bien por cooptación, contubernio o de intereses creados; de tal suerte que autorizan cualquier crédito que les piden los ejecutivos locales.

De igual manera, los bancos han estado sumados a esta orgía financiera y han estado concediendo créditos de manera indiscriminada, muchas veces de manera fraudulenta, como se demostró en algunos miles de millones de pesos que se contrataron en Coahuila, con documentos falsos y que los bancos y Hacienda estuvieron avalando; por esa razón, estamos planteando esta reforma a la Constitución.

Insisto, a grandes males, grandes remedios.

Por otra parte, queremos también llamar la atención, precisamente hablando de satrapías y de gorilatos y de gobiernos autoritarios, otros temas. Ayer, en la Junta de Coordinación, que se ha convertido en una aduana impasable para ciertos temas, se negó la posibilidad de traer a esta tribuna...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, le recuerdo que estamos en el periodo de presentación de iniciativas, que en este periodo no se puede ni siquiera hacer preguntas de interpelación.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Estoy hablando de satrapías y de gobiernos autoritarios, que es parte de la justificación de esta iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido que se apegue al tema, que presente su iniciativa...

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:No me coarte, señor presidente, el uso de la palabra.

El Presidente diputado José González Morfín: ...pero no se puede abrir un debate en el apartado de iniciativas, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Estoy razonando mi iniciativa, y en ese sentido, nosotros llamamos la atención, precisamente hablando de falta de transparencia de créditos faraónicos; de dos temas, el tema de la compra del nuevo avión presidencial, por 3 mil millones de pesos, que no se quiso tratar en esta tribuna, y por otro lado, reprobamos la represión y la guerra de odio de Fausto Vallejo, en Michoacán. Michoacán es la continuación del modelo Atenco, de Peña Nieto.

Nosotros por eso estamos haciendo un llamado a que estos temas se traten, para evitar, precisamente, este llamado de atención de la Mesa Directiva. Nosotros exigimos que haya reconciliación en Michoacán y eso pasa por la renuncia de Fausto Vallejo.

El Presidente diputado José González Morfín: Ya hice la moción, diputado, pero no tengo más alternativas. A ver, sonido en la curul en que se encuentra el diputado Romero. Ábrase, por favor, el sonido en esa curul.

El diputado Salvador Romero Valencia(desde la curul): Respetuosamente, le reitero mi petición de que se aplique el Reglamento de la Cámara de Diputados, relativo al artículo 114, fracción II, de apego al tema. Le solicito respetuosamente que la Secretaría de la Mesa Directiva se sirva dar lectura al artículo 114, fracción II, y al artículo 116, numeral 1.

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría atienda la petición del diputado Romero. Estoy atendiendo una petición, inmediatamente después.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Artículo 114, fracción II. Apego al tema. Las mociones podrán ser de apego al tema. La moción de apego al tema es el llamado al orador cuando éste divague, se aparte del tema o refiera asuntos distintos, para que se ciña a la materia que motive la discusión.

El Presidente diputado José González Morfín: Que usted vio que fue exactamente lo que hice, diputado Romero. A ver, sonido en la curul en que se encuentra el diputado Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Señor presidente, de conformidad con el artículo 61 de la Constitución Política, los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

La Constitución está por encima de cualquier otra norma y por otro lado, insistimos en que esto es parte de la cerrazón. Estos temas se deben ventilar abiertamente. Insistimos en la renuncia de Fausto Vallejo al gobierno de Michoacán.

«Iniciativa que reforma los artículos 73, 74 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 73 fracción XXVIII Bis, 74, fracción VII, y 117 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, el desarrollo del mercado local de financiamiento a estados inició a finales de los años noventa, cuando la calificadora Fith Ratings asignó a Sonora la primera calificación de riesgo crediticio a una identidad mexicana. En la misma época, un grupo de estados tomaron la decisión de ser calificados: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, estado de México, San Luis Potosí, Puebla, Tabasco, Nuevo León, Morelos y Veracruz.

Las valuaciones de Fith resultan importantes ya que describen los puntos más vulnerables de cada estado lo que permite observar que áreas deben ser tratadas con urgencia. Para realizar esta labor se audita la deuda de cada entidad con el fin de conocer las capacidades de cumplir las obligaciones contractuales, medir el impacto de riesgos asumidos y analizar la administración de inversiones. Los resultados de la última evaluación 2010 de algunos estados son los siguientes:

Aguascalientes: Alto endeudamiento relativo, deterioro en gasto operacional, alta dependencia de ingreso federal.

Coahuila: Alto nivel de endeudamiento a corto y largo plazo, poca claridad y transparencia en el registro de deuda y contable. Fuerte desequilibrio presupuestal.

Chihuahua: Altos niveles de inseguridad que afectan la actividad económica. Dependencia de ingresos federales. Altos niveles de apalancamiento y sostenibilidad de la deuda.

Estado de México: Presiones presupuestarias debido al alto nivel de población y por lo tanto a la demanda de infraestructura. Importante aportación económica en el contexto nacional.

Morelos: Presiones en materia de seguridad publica. Gran dependencia de ingresos federales y contingencias a mediano plazo relacionadas con el pago no fondeado de pensiones y jubilaciones.

Puebla: Registra contingencias relacionadas con la deuda avalada y con la operación del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla; presenta presiones financieras relacionadas con el pasivo laboral a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado.

Tabasco: Presenta un elevado nivel de pasivos de corto plazo, con bajos niveles de generación de ahorro interno e inversión estatal en términos relativos, mantiene una dependencia significativa de ingresos federales y registra contingencias en el largo plazo derivadas del pasivo no fondeado del sistema de pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del estado.

Veracruz: Alto crecimiento del gasto operacional en los últimos años, lo cual ha deteriorado significativamente la flexibilidad crediticia del estado, y un elevado nivel de pasivo circulante en los últimos ejercicios. Registra un déficit estructural de las finanzas públicas. Dependencia de ingresos federales. Contingencias a mediano plazo relacionadas con el pago no fondeado de pensiones y jubilaciones.

En diciembre de 1999, la Secretaría de Hacienda emitió reglas de capitalización para la banca con lo que de manera indirecta se buscó regular el financiamiento subnacional. Fue entonces cuando se introdujo un esquema de requerimientos de capitalización bancaria, en función de los porcentajes de ponderación de riesgo crediticio de dos calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Con tal medida se buscaba desalentar extraordinarios rescates financieros del gobierno federal; otorgar mayor independencia y responsabilidad en el manejo de las finanzas y deuda a estados y municipios; diversificar sus alternativas de crédito y acceso al mercado bursátil; y diferenciar el riesgo crediticio entre entidades calificadas y no calificadas.

En 2010, en su reporte especial titulado “Mayor gasto y endeudamiento de las entidades subnacionales: menor flexibilidad financiera y una difícil perspectiva”, la calificadora Fitch Ratings señalaba que la flexibilidad financiera de estados y municipios se había reducido en el periodo 2004-2009, producto de diversos factores tales como crecimiento del gasto operacional por encima de los ingresos corrientes; aumento sustancial en el endeudamiento de largo plazo para mantener o incrementar los niveles de inversión pública y presiones de liquidez.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también ha confirmado que, en términos generales, las calificaciones crediticias de todos los estados del país han ido a la baja. No obstante, si bien una calificación de riesgo crediticio proporciona información al mercado, por sí misma no es suficiente para otorgar certidumbre en materia de endeudamiento subnacional, sobre todo si se carece de marcos regulatorios claros que incluyan disposiciones en materia de transparencia y fiscalización.

Argumentación

Nuestro marco jurídico otorga a las entidades federativas facultades para contratar créditos bajo los límites que impone la fracción Vlll del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que los empréstitos deben destinarse a inversiones públicas y ser pagaderos en moneda nacional.

La deuda pública es una de las herramientas financieras que durante los últimos años ha sido utilizada, con mayor frecuencia por parte de los gobiernos estatales para poder obtener recursos adicionales a los generados por la recaudación de impuestos locales y a los aportados por la federación. Estos recursos muchas veces han sido manejados con total opacidad.

Entre 1994 y 2010 se ha registrado un crecimiento sostenido de la deuda de estados y municipios, al pasar de 26 mil 728.5 millones de pesos a 314 mil 664.5 millones de pesos y para junio de 2012 a 404 mil 409.5 millones de pesos.

Mientras que en 1994 el monto del endeudamiento subnacional presentaba 1.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) y 64.5 por ciento en relación con las participaciones federales; en 2010, el porcentaje respecto al PIB se incrementó a 2.4 por ciento y a 72 por ciento respecto de las aportaciones federales.

El crecimiento insostenido de la deuda de entidades federativas se debe principalmente a la falta de monitoreo y leyes efectivas derivada de la subordinación de los poderes legislativo y judicial locales a cacicazgos gubernamentales. La equidad en división de poderes en muchos estados de nuestro país sólo exista en la teoría, ya que el poder hegemónico del gobernador impone cualquier decisión aún cuando sólo favorezca intereses particulares.

Es por esto que resulta de suma importancia que cualquier empréstito contraído por entidades o municipios sea autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual deberá manejarse de acuerdo a controles basados en reglas que establezcan medidas para mejorar la gestión financiera, tomando en cuenta el riesgo moral de que los gobiernos locales no se conduzcan con cautela debido a la creencia de que el gobierno federal debe rescatarlos en caso de urgencia.

Derivado de lo anterior, es notable el crecimiento de las deudas públicas que las entidades federativas en los últimos años han incrementado, resulta contundente la crisis financiera en la que se encuentra nuestro país, por lo cual es de suma importancia establecer urgentemente medidas que eviten este mal.

La deuda de estados incluye obligaciones con la banca comercial, la banca de desarrollo, emisiones bursátiles y fideicomisos. El nivel de endeudamiento con la banca comercial es el que se ha convertido en el mayor acreedor de estados y municipios.

No podemos permitir que uno de los mecanismos de los estados para hacerse de recursos sea el endeudamiento. Además de fortalecer la transparencia y la fiscalización de los créditos contratados por entidades federativas, es necesario poner “candados” a los gobiernos estatales que deseen contratar deuda pública.

Por lo fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

D ecreto, por el que se reforma y adicionan los articulos 73 fracción XXVIII Bis, 74, fracción VII, y 117 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforman y adicionan los artículos 73 fracción XXVIII Bis, 74 fracción VII, y 117 fracción Vlll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

l. a XXVIII. ...

XXVIII Bis. Para expedir leyes sobre la contratación de empréstitos o créditos de los estados.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a VI. ...

VII. Aprobar la contratación de empréstitos o créditos a los estados.

Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:

I. al VII. ...

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a lo dispuesto por esta constitución y las leyes respectivas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Vamos a continuar con el orden del día. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, sonido en la curul en la que se encuentra el diputado Ernesto Núñez, por favor.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar(desde la curul): Presidente, efectivamente usted ya hizo la moción de que se apeguen al tema, pero sí quiero manifestar mi protesta a estas acusaciones temerarias e infundadas, y que además el diputado que habló ni siquiera tiene conocimiento del caso de Michoacán, que se apeguen al tema y que dejen de estar levantando cortinas de humo.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Vamos a seguir con la sesión.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Javier López Zavala:Con su permiso, señor presidente. En este sexenio que concluye vimos la falta de sensibilidad, carencia de rumbo y de políticas públicas adecuadas que eleven la calidad de vida de las mexicanas y de los mexicanos.

Una de las propuestas del presidente electo, Enrique Peña, es utilizar de manera eficiente los recursos públicos; por ello es que en esta iniciativa abordo el tema de los subejercicios. Los subejercicios son un problema que aqueja a nuestro gobierno y afecta principalmente a los contribuyentes, es necesario ver por ellos y debe ser sancionado el funcionario público que los origine.

Debemos buscar la aplicación eficiente de los recursos, esa es la asignatura pendiente que necesitamos resolver los legisladores para proteger la economía de las familias de nuestro país.

El presidente de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, en la legislatura que nos antecedió, documentó, con base en los informes trimestrales presentados por la Secretaría de Hacienda, en 2011, en la Cámara de Diputados, cifras verdaderamente sorprendentes de subejercicios.

El gobierno federal en seis dependencias presentó la mayor cantidad de subejercicios, por un monto superior a los 22 mil 471 millones de pesos. Por ejemplo, Sedesol dejó de ejercer 6 mil 703.50 millones de pesos; Reforma Agraria, 351.50 millones de pesos, y la Sagarpa, 721.40 millones de pesos; la SCT, 5 mil 600 millones de pesos designados para proyectos de infraestructura económica, carreteras alimentadoras y caminos rurales; la Secretaría de Salud presentó un subejercicio de casi 4 mil millones de pesos en el Programa de Fortalecimiento de las Redes de Servicio de Salud, y de mil 300 millones en el Programa de Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención de salud, y 500 millones en el Programa de Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación.

La Secretaría de Reforma Agraria y la Sagarpa un subejercicio de recursos por más de mil millones de pesos, a pesar de que el año en comento tuvimos sequías que sufrimos en todo el país, sobre todo en el norte de la República mexicana.

Lo anterior, sin contar los recursos que se van a fideicomisos poco transparentes, que son reportados como recursos ejercidos; sin embargo, su manejo es discrecional y poco claro.

¿De qué sirve que el Ejecutivo federal solicite al Congreso mayor cantidad de recursos, si no los aplica? No es justo que se apriete a la ciudadanía en cada ejercicio presupuestal con más impuestos, si el gobierno no garantiza que serán gastados de manera eficiente.

El tema de fondo es saber a qué nivel se han subejercido estas cantidades millonarias, como las que se tienen documentadas en los informes trimestrales que ya he comentado.

¿Será por negligencia de los funcionarios? ¿Por dolo o por mala fe? ¿Por cuestiones política? No lo sé; sin embargo, es necesario que el Poder Legislativo actúe en consecuencia. Necesitamos hacer una reforma de fondo, tomando en cuenta todas las propuestas que se han vertido en materia de subejercicios.

Esta iniciativa tiene como intención fortalecer el servicio profesional; que los funcionarios públicos federales designados tengan claro conocimiento de las actividades que deben de realizar. Es necesario sancionar a las y a los servidores públicos en su responsabilidad, que no lleven a cabo las labores que les correspondan.

Actualmente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no es estricta en cuanto a sanciones para los servidores públicos; cuando el servidor público, por negligencia, dolo, omisión o mala fe, no realiza las obligaciones expresamente marcadas en el artículo 8 de la ley citada, no existe una sanción ejemplar, dado que el artículo 13 de la ley en mención divide las faltas administrativas en graves y no graves; entre las graves no se contempla que no formule y ejecute los programas, los planes y presupuestos correspondientes a la competencia.

Si consideramos expresamente como falta grave el incumplimiento de lo establecido en el artículo 8, además de las expresadas en el artículo 13 de la mencionada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, lograremos garantizar que quienes ostentan un cargo de designación dentro de la administración pública tendrán la obligación de realizarlo con la mayor probidad posible.

De no tener la capacidad para realizar su trabajo o realizarlo con dolo o mala fe, abusando de sus facultades, también serán objeto de las sanciones que se expresan en el artículo 13, las cuales consisten, además de las que marca el Código Penal y las leyes afines al tema, la destitución inmediata de su cargo.

En resumen, esta iniciativa tiene por objeto garantizar que las y los servidores públicos, desde los secretarios de Estado, jefes de departamento, de unidad, federales, que tengan bajo su cargo la implementación de programas, así como la distribución de recursos, cuenten con la capacidad necesaria para la realización eficiente de su encargo y, en caso de incumplimiento, sean destituidos inmediatamente.

Con la aprobación de esta reforma podremos garantizar el uso eficiente de los recursos, que bajen los índices de subejercicio en el país y sobre todo podremos bajar las cargas fiscales a los contribuyentes. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Javier López Zavala, diputado federal a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 6, Apartado 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes federales de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y de presupuesto y responsabilidad hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la última década la falta de visión de Estado por parte de los dos titulares del Poder Ejecutivo, el anterior y el actual, ha colocado a nuestro país en una situación sumamente compleja, nos hemos enfrentado a errores en el ejercicio del gasto, despilfarro e irresponsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos.

En el sexenio de Vicente Fox, enfrentamos la falta de experiencia en el gobierno, a los excesos y a las conductas abusivas de algunos funcionarios en turno. En este sexenio que está por concluir, enfrentamos la falta de sensibilidad, carencia de rumbo y de políticas públicas adecuadas que eleven la calidad de vida de las y los mexicanos.

Una de las propuestas del Presidente electo, Enrique Peña Nieto, es utilizar de manera eficiente los recursos públicos. Por ello es que en esta iniciativa pretendo abordar el tema de los subejercicios.

El subejercicio es un problema que aqueja a nuestro gobierno y afecta principalmente a los contribuyentes, es necesario ver por ellos, debe ser sancionado el funcionario público que lo origine.

Muchos piensan que para que el gobierno tenga recursos, es necesario aplicar nuevos impuestos pero esa es una solución simplista, no una cura para la enfermedad, buscar la aplicación eficiente de los recursos es la asignatura pendiente que debemos resolver nosotros los legisladores, ya que así velaremos efectivamente por proteger la economía de las familias y la del país.

Basta de discrecionalidad y de negligencia al trabajo de los servidores públicos.

El Presidente de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, en la legislatura que nos antecedió, documentó con base en los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública que se presentaron por parte de la SHCP en 2011, a la Cámara de Diputados, cifras verdaderamente sorprendentes de subejercicios.

El Gobierno Federal en seis dependencias presentó la mayor cantidad de subejercicios por un monto mayor a los 22 mil 471 millones de pesos.

Son preocupantes los montos de los subejercicios presentados; por ejemplo, la SCT dejó de ejercer siete mil 850.40 millones de pesos para el ejercicio 2011.

Sedesol dejó de ejercer seis mil 703.50 millones de pesos; Reforma Agraria 351.50 millones de pesos; y la Sagarpa 721.40 millones de pesos.

La SCT, cinco mil 600 millones de pesos designados para “Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales”, pertenecientes al Programa de Caminos Rurales. Además de recursos por más de mil 600 millones de pesos destinados a “Proyectos de Infraestructura Ferroviaria”.

La Secretaría de Salud presentó un subejercicio de casi cuatro mil millones de pesos en el “Programa de Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud”; de mil 300 millones en el “Programa de Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud” y de 500 millones en el “Programa de Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación”.

La Secretaría de la Reforma Agraria y la Sagarpa subejercieron recursos por más de mil millones de pesos, a pesar de las sequías que sufrimos el año pasado.

Lo anterior sin contar los recursos que se van a fideicomisos poco transparentes, que son reportados como recurso ejercido, sin embargo su manejo es discrecional y poco claro.

El subejercicio evidentemente afecta a la ciudadanía, ¿De qué sirve que el Ejecutivo federal solicite al Congreso que apruebe más impuestos, si no aplica los recursos recaudados? Es una sin razón y un despropósito.

No es justo que se afecte a la ciudadanía en cada ejercicio presupuestal con más impuestos si el gobierno no garantiza que serán gastados de manera eficiente.

En retrospectiva, hago referencia a la información contenida en la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente a 2007 que refleja subejercicios reportados por 4 mil 236.6 millones de pesos y 115 mil 92.6 millones de pesos de recursos destinados a fideicomisos, de los cuales 73 mil 435.6 millones de pesos corresponden a recursos etiquetados ex profeso para asignarse a éstos. Los otros 41 mil 657 millones de pesos se canalizaron a 28 fideicomisos o fondos, cuyo objeto, de acuerdo con la ASF, fue evitar la concentración de recursos en la Tesorería de la Federación al final de 2007, “es decir para que la Tesorería no los reportara como subejercicio”.

De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública de 2008, los sectores que registraron subejercicios significativos fueron salud, comunicaciones y transportes, educación y el agropecuario. En el sector comunicaciones y transportes se detectaron 9 mil 605.2 millones de pesos.

El tema de fondo es saber por qué a nivel federal se han subejercido cantidades millonarias, como las que se tienen documentadas en los informes trimestrales y en los informes de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Será por negligencia de los funcionarios? ¿Por dolo o mala fe? ¿Por cuestiones políticas? o ¿Por qué?

Es necesario que el Poder Legislativo actúe en consecuencia, nuestro grupo parlamentario, congruente en el decir y el hacer, ha presentado diversas iniciativas de reforma con la finalidad de hacer eficiente el gasto público. Esta que hoy presento, tiene como intención abonar en la conclusión de ese objetivo, sancionando a aquellos funcionarios que por dolo, negligencia, mala fe o cualquier razón imputable a ellos, no se utilicen los recursos públicos en tiempo y forma.

Necesitamos hacer una reforma de fondo tomando en cuenta todas las propuestas que se han vertido en materia de subejercicios.

La iniciativa que presento, tiene como intención fortalecer el servicio profesional, que los funcionarios públicos federalestengan claro conocimiento de las actividades que deben realizar, ya que en la práctica es común que se asignen cargos a personas ineficientes, ineptas o dolosas que solo están en los espacios públicos como pago de un favor o una cuota de un grupo.

Es necesario sancionar a las y los funcionarios que en el ejercicio de su responsabilidad no llevan a cabo las labores que les corresponden, me refiero a los Servidores Públicos designados, ya que los titulares de cargos de elección popular, tenemos un tratamiento específico en las leyes correspondientes.

En este caso, el objeto es aplicar adecuadamente el presupuesto que les fue asignado. Recordemos lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 113 “... los servidores públicos deben atender los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.”

Cuando lo anterior no se lleva a cabo por negligencia, dolo, omisión o mala fe de la o el servidor público, se da un rompimiento dentro del engranaje institucional, afectando directamente a la ciudadanía, ya que al no recibir los servicios que el Estado está obligado a brindar, pierde oportunidades de desarrollo o mejoramiento en su calidad y nivel de vida”.

Actualmente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no es estricta en cuanto a sanciones para las y los servidores, ya que el artículo 8o. de la ley precisa claramente sus obligaciones, entonces, el espíritu del legislador primario, define eficazmente el deber ser, pero no completa las sanciones en caso de que ese deber ser no se realice tal como lo marca la ley.

Es decir, cuando el servidor público, por negligencia, dolo, omisión o mala fe no realiza las obligaciones expresamente marcadas en el artículo 8o. de la citada ley, no existe una sanción ejemplar, dado que el artículo 13 de la ley en mención, divide las faltas administrativas en graves y no graves.

Pero entre las faltas graves no se contempla:

La no formulación y ejecución de los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y el no cumplimiento de las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos, en lo que a su cargo respecta.

¿Qué puede ser más grave que un funcionario público no realice su función?

Eso es igual a negligencia profesional. Entonces pues, la no realización de sus actividades como servidores públicos, se vuelve una falta gravísima que no está así prevista actualmente en la ley.

La falta de sanciones expresas, genera que exista un gran número de prestadores de servicio público sin la más mínima capacidad para llevar a cabo las acciones que su cargo establece o que aprovechándose de esa falta de sanciones, se valen para servirse del cargo, en lugar de servir a la ciudadanía.

Por el contrario, si consideramos expresamente como falta grave, el incumplimiento de lo establecido en las fracciones II, III y IV del artículo 8o., además de las expresadas en el artículo 13 de la mencionada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, lograremos garantizar que quienes ostentan un cargo de designacióndentro de la administración pública, tendrán la obligación de realizarlo con la mayor probidad posible.

De no tener la capacidad para realizar su trabajo o realizarlo con dolo o mala fe, abusando de sus facultades, también serán objeto de las sanciones que expresa el artículo 13, las cuales consisten además de las que marca el Código Penal y las leyes afines al tema, la destitución inmediata de su cargo.

¡No puede un funcionario negligente continuar en el ejercicio de su función!

En resumen, esta iniciativa tiene por objeto garantizar que las y los servidores públicos desde Secretarios de Estado, hasta jefes de unidad, federales, que tengan bajo su cargo, la implementación de planes y programas, así como la distribución de recursos, cuenten con la capacidad necesaria para la realización eficiente de su encargo y, en caso de incumplimiento, sean destituidos inmediatamente. Para que los cargos administrativos no sean vistos como una prebenda, una gratificación, el pago de un compromiso político o el producto de un compadrazgo. Sino como un verdadero compromiso de servir a la ciudadanía, sin un pago más allá del establecido por la ley.

Con la aprobación de esta reforma podremos garantizar el uso eficiente de los recursos, bajaremos el índice de subejercicio en el país y sobre todo podremos disminuir las cargas fiscales a los contribuyentes.

Por lo expuesto y fundado, pongo a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Primero. Se reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar de la siguiente forma.

Artículo 8o.

Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I. ...

II. Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir con la publicación en tiempo y forma de reglas de operación de los programas que tenga en su encargo, de conformidad a lo que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación, así comolas leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos.

III. a XXV. ...

Segundo.Se reforma y adiciona el artículo 13, fracción V, párrafos cuatro y cinco, para quedar como sigue:

Artículo 13.

Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

I. a IV. ...

V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de tres meses a un año de inhabilitación.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

En el caso de infracciones graves se impondrá la destitución inmediata.

En todo caso, se considerara infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones II, III, IV, VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8o. de la ley.

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado.

Tercero.Se reforma el artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 114.Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos:

I. a IX. ... y

X. ...

En lo que se refiere a las fracciones I a IX del presente artículo, se iniciará un procedimiento administrativo inmediato, de conformidad a lo que establece el artículo 13 fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, considerándose como infracciones graves.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2010.— Diputados: Javier López Zavala, María del Rocío Corona Nakamura (rúbricas).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, don Javier. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a ciudadanos del Distrito XIX, de Tlalnepantla de Baz, invitados por la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría.

También a alumnos de la Universidad ETAC, del municipio de Ixtapaluca, estado de México, invitados por nuestro querido amigo don Reinaldo Navarro de Alva.

Y, claro, a los alumnos de la Universidad Libre de Derecho del estado de Puebla, invitados por Frine Soraya Córdova y por un servidor de ustedes, Francisco Arroyo Vieyra. Sean ustedes bienvenidos.

CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez:Con su venia, presidente. Muy buenas tardes, diputados y diputadas, el día de hoy subo a tribuna para comentarles lo que está sucediendo con la garantía de audiencia y el registro único de garantías mobiliarias.

Como ustedes saben, la garantía de audiencia es la máxima que debe existir en todo debido proceso; es la oportunidad —como ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia— de que una persona que piensa que se están conculcando sus derechos se pueda defender y hacer alegatos, o dicho de otra forma, es el derecho a ser oído y vencido en juicio.

Como ustedes saben, en el año 2009, mediante un cambio que hubo en el Código de Comercio, se estableció el Registro Único de Garantías Mobiliarias. Hace unos días el diputado Salinas —de mi bancada—, presentó una iniciativa para fortalecer esta institución. En ese mismo sentido va la reforma que les estoy presentando.

Como ustedes saben, el RUG, Registro Único de Garantías Mobiliarias, lo que busca es inscribir garantías mobiliarias, privilegios especiales y derechos de retención sobre bienes muebles para garantizar cualquier tipo de crédito.

El objetivo es crear certeza y seguridad jurídica respecto de las personas que garantizan cualquier inmueble y respecto de las personas que se verían beneficiadas con esta garantía.

¿Cuál es la problemática actual? La problemática que tenemos es que según como está la legislación actualmente, no se está favoreciendo el derecho de garantía respecto de probables terceros perjudicados.

¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que se le dé vista en el juicio, ¿y de qué forma? De una manera muy sencilla. Como ustedes saben, el RUG es un registro que se encuentra en línea; es decir, basta con tener una computadora que tenga Internet para que nosotros podamos buscarlo.

Lo que se está buscando aquí es que cuando uno presenta su demanda, el actor al mismo tiempo anexe una búsqueda que haga respecto del RUG en su computadora. De esta manera el juez va a poder estar en posibilidad de llamarlo a juicio y si esta persona tiene la intención de manifestar lo que a su derecho convenga, así lo hará.

Como sabemos, las ventajas que va a tener esta reforma es que se le está dando audiencia a quienes antes no la tenían, con esto se van a evitar probables juicios de amparo y se está reduciendo el trabajo que puedan tener los jueces; se abona a la credibilidad del RUG y por otro lado —como ya se los mencioné—, es muy sencillo hacer esto, no tiene costo y sí traería grandes beneficios.

Por tal motivo es que estoy pidiendo que se incluya un tercer párrafo en el artículo 1414 Bis 7, con el siguiente texto: El actor deberá demostrar fehacientemente que se realizó una consulta al Registro Único de Garantías Mobiliarias y establecer en su escrito inicial de demanda, el resultado de la misma. Lo anterior, a fin de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado. En su caso el juez deberá realizar la notificación correspondiente.

Como ustedes ven, es una iniciativa muy sencilla, pero que abona mucho para el derecho de audiencia, que es un derecho muy anhelado para todos.

Les pido que en su oportunidad se pueda votar esta iniciativa a favor, junto con la que presentó el diputado Salinas. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, con el carácter de diputado federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 27 de Agosto de 2009 fue reformado el Código del Comercio, estableciendo el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG), como una sección del Registro Público de Comercio, a cargo de la Secretaría de Economía (SE), en el cual las personas podrán inscribir todo tipo de Garantías Mobiliarias, privilegios especiales y derechos de retención sobre bienes muebles para garantizar cualquier crédito.

Se debe explicar lo que se entiende por garantía mobiliaria como el acto jurídico mercantil por medio del cual se constituye, modifica, transmite o cancela una garantía, un privilegio especial o un derecho de retención, en favor de un acreedor sobre un bien o conjunto de bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. El Reglamento del RPC estable un catálogo genérico de los tipos de bienes muebles que pueden ser objeto de una garantía mobiliaria: maquinaria y equipo; vehículos de motor; ganado; productos agrícolas; bienes de consumo; inventario; acciones y obligaciones, bonos, contratos de opción y futuros; derechos, incluyendo derechos de cobro, y otros.

Consecuentemente, los principales usuarios del RUG son las entidades financieras, incluyendo bancos, financiadores especializados y micro financieras, quienes pueden inscribir garantías mobiliarias de manera directa o indirecta: a través de sus representantes y personas que autoricen; y solicitando este servicio a delegados y subdelegados de la SE, así como fedatarios públicos.

La importancia del RUG radica en el fortalecimiento el sistema de garantías mobiliarias como una herramienta para el acceso al crédito, estimulando la penetración en sectores que hasta ahora no habían sido atendidos; así como brindar a los acreedores mayor certeza jurídica, permitiendo la identificación eficiente de los bienes otorgados en garantía y la prioridad entre acreedores; permite abonar a la transparencia de las transacciones, evitando asimetrías de información; y por ultimo permite agilizar el procedimiento registral, convirtiéndolo en digital (antes en papel y en ventanilla), reduciendo tiempos (antes el promedio nacional ascendía a 17 días) y costos (antes el promedio nacional del monto de derechos ascendía a 2% sobre el monto del crédito).

La importancia de la protección hace oponible frente a terceros las garantías mobiliarias desde el momento de su inscripción además que permite definir la prelación entre acreedores: primero en registro primero en derecho.

En análisis el RUG surge como un registro que permitió mayor seguridad y certeza jurídica de los derechos de crédito que recaían sobre las cosas muebles, dando así mayor publicidad de las garantías otorgadas, el problemas existe cuando no hay dispositivo legal que establezca la obligación de consultarlo tanto para los gobernados como a las autoridades jurisdiccionales. Desde su creación hasta la fecha no ha tenido reforma o adición al Código de Comercio, donde se imponga al ejecutante dicha obligación.

En análisis de los preceptos que regulan el RUG se puede percatar que el principal momento de conflicto es en el momento en que se elabora una demanda donde se reclama el pago de un crédito, el registro ante el RUG no es un documento fundante o determinante para la admisión de la misma, por lo que no se pudo comprobar por el juzgador la existencia de derechos de terceros con lo que considero se vulneran nuestros derechos, ya que si se inscribió la garantía con anterioridad en el RUG. El siguiente conflicto de la falta de regulación se da cuando a el juzgador se le obliga a acudir a dicho registro, consecuentemente no se nos llamara para dicho proceso y no podrá advertirse a los posibles perjudicados del juicio en curso.

La afectación se agrava cuando ya existe sentencia y comienza la ejecución del pago del crédito, es donde finalmente se viola el derecho del registro que no fue tomado en cuenta dando lugar a la violación de una garantía constitucional de audiencia, por no haber sido llamados a juicio cuando se tenía el interés jurídico sobre el bien objeto del proceso. Dicha situación llevaría a un futuros juicios de amparo donde además del objeto de la garantía también se le podría exigir al juzgador el pago de daños y perjuicios por la omisión de su derecho en el proceso, ya que no se toma en cuenta el registro que un acreedor inscribió con el fin de hacerlo oponible a terceros.

Así llegamos a las siguientes conclusiones:

1 .ElRegistroÚnicodeGarantíasMobiliar ias,fuecreadocomoinstitucióndecertezayseguridad jurídicasobrelasgarantíasinmobiliariasenelinscr itas,esincongruentecrearunainstitucióndeesamagn itudynoproveerladeunprincipio ergaomnes,dondeseaobligaciónimperanteentregobernadosyjuzga dores.

2 .Lainscripciónayudaasabersielbienestáonolibredegravámenesoanotacionesp reventivasyahoranosepodrásabersilostieneonosinoesobligatorioenunprocedimiento.

3. La función principal del juzgador es procurar la administración de justicia y reducir el riesgo de los individuos de ser perjudicados en este caso en los procedimientos de ejecución de garantías inmobiliarias y de la probable violación al derecho de audiencia de un tercer interesado.

Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, se somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio

Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1414 Bis 7. [...]

El actor, deberá demostrar fehacientemente que se realizó una consulta al Registro Único de Garantías Mobiliarias, y establecer en su escrito inicial de demanda el resultado de la misma. Lo anterior a fin de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado. En su caso, el juez deberá realizar la notificación correspondiente.

Transitorios

Único. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.— Diputados: Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Arturo Salinas Garza, José Ángel González Serna, Alberto Coronado Quintanilla (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente, doña Laura Ximena Martel Cantú, del Partido Verde, tiene la palabra para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La diputada Laura Ximena Martel Cantú:Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, México es un país con más de 112 millones de habitantes distribuidos a lo largo de un territorio, con marcadas divergencias regionales, en donde persisten desigualdades y graves problemas sociales.

Es de sobra conocido que los recursos federales siempre resultan insuficientes ante las crecientes demandas de la sociedad; por ello la definición de en qué y cómo se gastan, son decisiones clave, a través de las cuales se establecen y hacen efectivos los principios generales y prioridades de gobierno.

En ese sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación es uno de los más importantes instrumentos de la política pública; la moderación en el gasto y la búsqueda de una completa claridad en su ejercicio, adquieren una nueva dimensión y contenido, no como atributo del discurso moderno, sino como verdaderos paradigmas de la acción gubernamental.

Transparencia y austeridad son componentes ampliamente aceptados en el ámbito de la administración pública como dispositivos de control, que inhiben el uso indebido del servicio público y favorecen el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles; son también elementos de respuesta a la legítima demanda ciudadana de un mejor gobierno, que brinde resultados más efectivos y rinda mejores cuentas, haciendo más con menos.

En nuestro país los mecanismos para hacer efectivos estos controles no están suficientemente desarrollados en la normativa presupuestal. A partir de 2006, el gobierno federal publica anualmente el decreto para establecer medidas de austeridad y disciplina en el gasto de la administración pública federal.

Asimismo se han incorporado criterios en los ejercicios presupuestales. Tal fue el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, en el que se incluyó un capítulo denominado De las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública; sin embargo, como sabemos, los resultados concretos de las políticas de austeridad son muy discutibles.

Actualmente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contiene disposiciones generales de austeridad y disciplina presupuestaria dirigidas a los ejecutores del gasto, como regla a observar durante su ejercicio, pero no existe un mandato expreso para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se consideren lineamientos de austeridad y transparencia que perfilen el diseño y sujeten el ejercicio de dicho instrumento.

Por lo tanto, es imperativo crear mecanismos que institucionalicen la austeridad y la transparencia, como pautas para orientar el diseño, aprobación y ejecución de los recursos públicos.

La iniciativa que hoy presento propone adicionar la fracción V al artículo 16 de la ley, incorporando la obligación de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se especifiquen los criterios de austeridad y transparencia, señalando las medidas de disciplina y racionalidad a realizar para reducir el gasto, las metas que se pretende alcanzar anualmente y las responsabilidades de los ejecutores del gasto en materia de transparencia.

Con ello, la definición del gasto público incorporará desde su proyección dos de los más importantes atributos de un gobierno democrático, abierto y eficaz, concentrado en la búsqueda de prácticas y modelos administrativos que potencian las capacidades institucionales para dar respuesta a los problemas que México y los mexicanos enfrentamos cotidianamente.

Señores legisladores, iniciativas como la que presento ante ustedes deben ser discutidas y aprobadas en comisiones; principios fundamentales como la austeridad y la transparencia deben ser criterios rectores medibles en el Presupuesto de Egresos, mismo que deberá contener ajustes contrastables que permitan disponer de mayores recursos para enfrentar los arduos problemas que se viven en nuestro país: el combate a la pobreza, el fomento a la educación, el derecho a la salud y sobre todo para poder elevar el nivel de vida de todos los mexicanos. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, Laura Ximena Martel Cantú, diputada a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La etapa de cambio y renovación por la que atraviesa nuestro país, demanda generar mecanismos que permitan consolidar, desde el ámbito de nuestras atribuciones, un gobierno moderno, capaz de racionalizar el gasto público y efectivo para cumplir con eficiencia los fines del servicio público. Un gobierno transparente que, efectivamente, rinda cuentas a los ciudadanos.

La vigilancia del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, es uno de los mecanismos que nos permiten observar la capacidad del gobierno para administrar los recursos; refleja la disciplina con la que se está gastando, y facilita medir el cumplimiento de las metas y objetivos con respecto del total de recursos utilizados.

Es por ello, que el Presupuesto de Egresos de la Federación debe regirse bajo una política que consolide los principios de austeridad y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, para lo cual es necesario incorporar medidas de control, a fin de lograr una administración presupuestal apegada a estos.

En razón de lo anterior, la propuesta pretende establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la obligación para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se incluyan las disposiciones en materia de disciplina, control, racionalidad y transparencia presupuestal.

Consideraciones

En los últimos años, se han hecho esfuerzos por instrumentar mecanismos que doten de transparencia y austeridad al gasto público.

El artículo 7, fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, señala que los responsables de la ejecución del presupuesto deberán poner a disposición del público y actualizar la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Actualmente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, contempla disposiciones generales para transparentar la administración de los recursos públicos, y para promover su uso bajo principios de austeridad:

1. Incluye un capítulo titulado De la austeridad y disciplina presupuestaria, en el cual se establece que los ejecutores del gasto deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, siempre y cuando no se afecten las metas de los programas aprobados en el presupuesto.

2. Contempla que los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas, deberán ser destinados a los programas prioritarios del ejecutor de gasto que los genere.

3. Establece la obligación de que el Ejecutivo, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, implemente un programa de mediano plazo para promover, entre otras, la reducción de gastos de operación de las dependencias y entidades de la administración pública, a fin de poder medir los avances que se van obteniendo e implementar acciones orientadas a lograr mejoras continuas.

En este sexenio, por ejemplo, el gobierno federal, mediante decreto, estableció las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal e implementó programas en la materia.

En el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 (PEF 2012), se contempla un capítulo en materia de austeridad titulado: De las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública, en donde se prevén las medidas que se tomarán a fin de fomentar la austeridad en la ejecución del gasto en ese año.

Entre otras, se contemplan las siguientes acciones:

• No se crearán plazas en nivel alguno.

• No se autorizará incremento salarial en términos reales para mandos medios y superiores ni para personal de enlace.

• No procederá la adquisición de inmuebles.

• No procederá la adquisición de mobiliario para oficinas.

• No procederán erogaciones para remodelación de oficinas públicas.

• No procederá la adquisición de vehículos.

• Se realizará la contratación consolidada o al amparo de los contratos marco vigentes de materiales y suministros; siempre y cuando se asegure la obtención de ahorros y de las mejores condiciones para el estado en cuanto a calidad, precio y oportunidad disponibles, y se observen los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez.

• Se utilizará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos en las licitaciones públicas que realicen cuando los bienes a adquirir o servicios por contratar satisfagan los requisitos y condiciones y se asegure la obtención de las mejores condiciones para el estado.

• Procurar la reducción en el gasto administrativo y de operación de los siguientes conceptos, entre otros:

a) Contrataciones por honorarios y eventuales.

b) Viáticos, pasajes y gastos de representación.

c) Asesorías, consultorías y capacitación.

d) Erogaciones relacionadas al pago de horas extra.

e) Costos de operación incluyendo servicios, materiales y suministros.

Las medidas de austeridad que contempla el PEF 2012, fueron establecidas conforme a las acciones de racionalización del gasto previstas en el Programa de Mediano Plazo y en el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, los cuales son temporales, lo que genera incertidumbre jurídica en la materia.

Actualmente, en la ley no existe un mandato para que se incluyan dentro del propio proyecto y luego en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, lineamientos y medidas de austeridad y transparencia que ajusten el ejercicio de dicho instrumento, lo cual promueve la discrecionalidad en la transparencia del gasto, pues supedita su ejercicio a la voluntad temporal de quien lo ejecuta.

Es imperativo crear mecanismos que generen certidumbre acerca de los principios que deberán orientar el diseño, aprobación y ejecución de los recursos públicos.

Por ello, con esta iniciativa se busca incorporar en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la obligación de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se especifiquen:

1. Las medidas de disciplina y racionalidad a realizar para reducir el gasto y las metas de ahorro que se pretenden alcanzar anualmente.

2. Las responsabilidades de los ejecutores del gasto en materia de transparencia.

Lo anterior, en cumplimiento no sólo con los principios de la gobernabilidad democrática, sino además cumplimentando cabalmente con una de las más altas funciones que le han sido conferidas a este Congreso:

El control y evaluación de los actos del Poder Ejecutivo federal.

Por lo expuesto, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Único.Se adiciona la fracción V al artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 16.La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la administración pública federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente:

I. a IV. ...

V. Los criterios de austeridad y transparencia, señalando las medidas específicas de disciplina y control presupuestario que las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán ejecutar para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, haciendo explícitas las metas de ahorro que se pretenden alcanzar, a fin de fomentar la calidad del gasto público.

Los resultados obtenidos de las medidas de apoyo y austeridad aplicadas deberán incorporarse a los informes que establece el artículo 106 de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.— Diputada Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

DIA INTERNACIONAL DE LA DETECCION OPORTUNA DEL CANCER DE MAMA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, espero que me tengan un poco de indulgencia o que la tengan con esta Presidencia, porque con su concurso voy a violar un poco el Reglamento, en función de un interés superior.

La diputado Malú Mícher y un grupo de apreciables compañeras, nos han anunciado que por un fin muy noble van a tomar la tribuna por un momento; lo hacen con el concurso de esta Presidencia y lo hacen para llamar la atención de la sociedad mexicana en relación con el Día Internacional de la Detección Oportuna del Cáncer de Mama.

Esta Presidencia accede; siempre ha sostenido el criterio de que el derecho parlamentario también es uno que facilita el interés superior, que significa que todos nos pongamos de acuerdo, en este caso, para tan noble fin.

Diputada Malú, compañeras, servidas, con un enorme cariño, solo les encargo que no tapemos el águila nacional para que la violación del Reglamento no sea tan severa. Son tres minutitos y con un enorme gusto y cariño, solo no tapen, por favor, el águila nacional, por un asunto de respeto, y además otras compañeras traen un guante rosa y ya verán ustedes qué parte de su cuerpo van a explorar.

Muchas gracias por la salud y la vida de las mujeres. Nuestras compañeras hacen esta manifestación, con el concurso y el cariño de todos.

(Toma de tribuna)

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar lectura —ya que estamos en este marco de conmemoración de los derechos de la mujer, en este caso de la niña—, dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con el Día Internacional de la Niña. El puro resolutivo, apreciable señor secretario.

DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, exhorta respetuosamente a las comisiones ordinarias de la LXII Legislatura a dictaminar las iniciativas que les corresponda, dando prioridad al interés superior del niño.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña del Grupo Parlamentario del PRD a nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las comisiones ordinarias de la LXII Legislatura para que observen y atiendan en todas sus actividades legislativas el principio del interés superior del niño previsto en la Constitución General de la República y en la Convención de los Derechos del Niño, al momento de elaborar y aprobar los dictámenes que les corresponda.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones ordinarias de la LXII Legislatura a observar el interés superior del niño previsto en la Convención de los Derechos del Niño al elaborar y aprobar dictámenes, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con el respaldo de diputadas de los Grupos Parlamentarios del PRI, PT y MC; y con fundamento en los artículos 6, fracción II, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presenta a esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, la población infantil según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, asciende a 32.5 millones de niñas y niños de 0 a 14 años de edad, en términos relativos representan 29% de la población total. Las y los niños al inicio de su vida, transitan por varias etapas en las que se identifican necesidades básicas que garantizan su pleno desarrollo.

Retomando otros datos censales de 2010, encontramos que el número de niñas y niños que se encuentran en la primera etapa (0 a 4 años) asciende a 10.5 millones, en tanto que, 22 millones se encuentran en edad escolar (5 a 14 años); en términos porcentuales cada conjunto representa 32.4% y 67.6% de la población menor de 15 años, respectivamente.

En el marco del Día Internacional de la Niña (11 de octubre) implementado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 19 de diciembre de 2011, a través de la resolución 66-170, teniendo como origen el propósito de conmemorar para crear conciencia de la problemática de las niñas a nivel mundial, la cual se refleja en el doble impacto que tiene sobre ellas: la pobreza y la cultura diferenciada sobre los géneros.

No es desconocido para todas y todos que principalmente las niñas serán alejadas de la escuela cuando se requiera de un ingreso más para los hogares, ya que en muchos de los casos son vendidas para la trata de personas o para trabajo domestico, así como las responsables del hogar ante la ausencia de las madres trabajadoras, en resumen las que, al igual que las mujeres también enfrentan la doble discriminación; por género y por edad.

Sumado a la problemática particular de las niñas se ve incrementada por la que vive este grupo social que enfrenta en su conjunto, diversas situaciones complejas que las y los alejan de una infancia segura e ideal. Donde niñas y niños sean totalmente sanos, se encuentren en la escuela y en lugares de recreo, creciendo fuertes y seguros de sí mismos, reciben el amor y el estímulo de sus familias y de una sociedad integrada por adultos que se preocupan de ellas y ellos. Y que asumen convencidos, la responsabilidad que implica la coadyuvancia en su desarrollo y protección, para colaborar en la formación de infantes sin miedos, seguros frente a la violencia y protegidos contra los malos tratos y la explotación.

Para dar cumplimiento a lo anterior, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece en el artículo 4o. el fundamento legal que debe regir para la protección de niñas, niños y adolescentes, que a la letra dice:

“Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.

Así también, México ha colaborado y firmado convenios internacionales que se han traducido en verdaderos instrumentos jurídicos que se deben considerar al momento de estudiar y dar seguimiento a la situación de las y los niños. En 1990 se llevó a cabo la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, en la cual diversos países se comprometieron a instrumentar acciones encaminadas a la protección y cuidado de la niñez, particularmente de aquellos que se encuentran en circunstancias desventajosas. En este sentido, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) establece que la manera más apropiada de interrumpir la cadena de vigencia de la pobreza es dirigir mayor importancia a la atención y protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, en relación a los compromisos internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, suscrita y que se encuentra ratificada por México desde el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las y los niños. Dentro de las consideraciones se cita como referencia la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual se proclaman como derechos de la infancia, el cuidado y asistencias especiales que requieren. Asimismo, se observa el deber para que a la infancia se le brinde el medio natural para lograr su crecimiento y bienestar, incluyendo la protección y asistencia que sean necesarias. De esta forma, se identifican las necesidades que por derecho tienen las y los niños y legitima el reclamo social y las acciones del Estado para hacerlas cumplir.

En este sentido, tenemos la reciente reforma constitucional relacionada con un mayor compromiso hacia los derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011, la cual contiene en su artículo 1º el principio de Convencionalidad, en el sentido de que los convenios internacionales de los que México es parte se encuentran por encima aún de la Constitución, en tal caso, la Convención de los Derechos del Niño, que debe observarse por el Estado Mexicano.

En la Declaración de los Derechos del Niño se ha definido que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal. Por su parte, en la Convención de los Derechos del Niño se establecen diversas disposiciones que textualmente indican.

Artículo 3. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 4. Los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Artículo 6. (...) 2. Los Estados parte garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

En este sentido, estos y otros instrumentos internacionales buscan que prioritariamente el interés de la infancia debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad y se relacionan con niñas, niños y adolescentes. Por lo que, la normatividad existente o aquellas que se encuentren en elaboración, deben dirigirse a procurarles de manera prioritaria los cuidados y la asistencia que requieren, con el propósito de lograr un crecimiento y un desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar tanto en el aspecto familiar como social.

Es importante señalar que este interés superior de la niña y del niño, no es exclusivo de los padres o de quien le represente u ostente la patria potestad, ya que dicho interés pertenece a la sociedad en su conjunto.

Por eso, no podemos olvidar que los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado forman parte de nuestra ley suprema y sus postulados deben prevalecer.

De esta misma forma, el interés superior de las niñas y niños y adolescentes previsto en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales implica, como se menciona con anterioridad, que el bienestar del infante cuyo principio obliga al Estado a intervenir, subraya un interés legítimo de las instituciones públicas, para que en todas sus políticas y acciones se apliquen medidas que favorezcan a las niñas, niños y adolescentes.

Así entonces, es requerimiento fundamental que cualquier aplicación de medidas concernientes a menores, las instituciones públicas o privadas que brinden servicios de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, órganos legislativos de los distintos ordenes y niveles de gobierno, deberán tener presente que su prioridad será el “interés superior de la niña, niño y adolescente”.

Por lo anterior, debe considerarse puntualmente que el principio de interés superior de la niña, niño y adolescente se refiere al conjunto de acciones y procesos que tienden a garantizar un desarrollo integral y vida digna, plasmadas en condiciones materiales y efectivas que permitan a los infantes vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible.

Dado que, es importante la necesidad de garantizar que este principio se vea reflejado en la construcción de la normatividad que estará relacionada con la infancia, el Estado Mexicano al hacer suyos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y formar parte de mecanismos de protección, asumió la responsabilidad de realizar acciones legislativas para garantizar su cumplimiento; por tanto, resulta de suma importancia que en la Cámara de Diputados a través de sus comisiones ordinarias encargadas de dictaminar las iniciativas y puntos de acuerdo al momento de hacerlo, se dictaminen de manera transversal, tomando en cuenta las recomendaciones y resoluciones de los mecanismos internacionales para incorporar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Logrando de esta forma garantizar con un marco jurídico acorde con un desarrollo integral y una vida digna, que generará condiciones materiales efectivas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las comisiones ordinarias de la LXII Legislatura para que observen y atiendan en todas sus actividades legislativas el principio del interés superior del niño previsto en la Constitución General de la República y en la Convención de los Derechos del Niño, al momento de elaborar y aprobar los dictámenes que les corresponda.

Notas:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2012,

2 Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Estado mundial de la infancia 2011. La adolescencia una época de oportunidadeshttp://www.unicef.org/spanish/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-Rep ort_SP_02092011.pdf, marzo de 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.— Diputadas: Verónica Beatriz Juárez Piña, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Loretta Ortiz Ahlf, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Aída Fabiola Valencia Ramírez, María del Rocío Corona Nakamura, Alfa Eliana González Magallanes (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si es de aprobarse, señor secretario, si es tan gentil.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

PARQUES EOLICOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el señor diputado don Rosendo Serrano Toledo, del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que detengan los procesos de licitación de contratos para parques eólicos.

El diputado Rosendo Serrano Toledo:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, quiero llamar su atención por un asunto que hoy en día en la región del istmo de Tehuantepec está desatando conflictos, que desde cualquier punto de vista no deberían suceder; no deberían suceder, porque esta situación no fue atendida oportunamente y que hoy, por un descuido de ese tipo y por la falta de regularización, sobre todo en términos jurídicos, hoy ya es un conflicto. Estoy hablando de los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec.

Me acuerdo cuando era chamaco —soy originario de allá, de Ciudad de Ixtepec—, los vientos a veces de 120, 140 kilómetros por hora, nos poníamos de frente y el viento nos peinaba —no había necesidad del peine—; hoy ese viento es riqueza en mis territorios, de donde soy originario.

Hoy ese viento vale oro —como dicen nuestros paisanos—, hoy ese viento puede sacar, con un buen proyecto, incluso con inversión de la iniciativa privada —que no estamos en desacuerdo de ello, al contrario, bienvenidas sean esas inversiones—, hoy podremos desarrollar nuestras comunidades con ese favor de Dios, que nos dio en esa región del istmo, que es el viento, desarrollando parques eólicos, desde el punto de vista comunitario.

En esos parques eólicos se ha dado el estudio de que podrían generar solo en la región del istmo de Tehuantepec, más del 10 por ciento de la energía que consume nuestra nación; por ello quiero llamar la atención, para que puedan apoyar este punto de acuerdo de obvia o urgente resolución, para que la Comisión Federal de Electricidad, que es la institución que regula esta instalación de parques eólicos, detenga las licitaciones, sobre todo en un proyecto que hemos presentado desde la comunidad de Ciudad de Ixtepec, del Proyecto Eólico Fase 1, Fase 2. No lleva otra intención.

Por eso, presidente, quisiera ser didáctico —sé que su conducción es una muy buena— y que me permita enseñar cuál es la situación, espero no ponerlo al revés.

Éste es el estudio que se tiene de la ventaja del viento allá en el istmo de Tehuantepec, de excelencia en su mayor parte, del 100 por ciento; una vez que este estudio lo hizo el Departamento de Energías Renovables de los Estados Unidos de América, gobiernos anteriores, sin consultar a las comunidades, lo dividieron y comenzaron a ofertarlos a las compañías particulares.

¿Qué ha ocasionado este tipo de situación incorrecta? Conflictos en las comunidades y obviamente que ahora ponen en duda y en riesgos estos capitales, de manera innecesaria.

Urge darle un marco jurídico a esto, donde los capitales privados deben ser bien vistos, pero también deben ser bien vistos que las comunidades lleven en esto también sus ventajas y sobre todo, compañeras y compañeros, que también sean muestra y se pueda resarcir a las comunidades para el progreso de ellos mismos. Eso es lo que estamos pidiendo en este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, que nos apoyen.

Lo suscribo y le voy a pedir al presidente, porque no me daría tiempo, con el tiempo, es más ya me estoy pasando, que aprobado en la Junta de Coordinación Política lo meta con integridad a la mesa de los debates.

Quisiera leer textualmente nada más el punto de acuerdo, después de esta explicación; que espero haya sido didáctico, fui 12 años maestro y espero que sí me hayan entendido.

Punto de Acuerdo. Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que detengan los procesos de licitación de contratos para parques eólicos en curso, Sureste 1, Fase I, Fase II, con números de procedimiento LO-018TOQ054-T11-2012, y con el mismo numeral, nada más con el T12; así como los programados para el futuro próximo, hasta que se hayan adaptado las bases de licitación para facilitar la participación de las propuestas comunitarias.

No quiero ser irreverente con el tiempo, con la paciencia de ustedes, pero de veras, compañeros y compañeras, esto es importante para detener —termino, señor presidente— una situación que no es correcto que se dé en las comunidades del istmo de Tehuantepec.

Por su atención y con mucho respeto también, vamos a pedir la intervención de las autoridades del gobierno del estado, para que no haya ni un enfrentamiento por algo que podemos solucionar con un marco jurídico. Muchas gracias y estamos a sus órdenes, para los compañeros y compañeras que necesiten mayor información sobre este tema.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a detener las licitaciones sobre contratos de parques eólicos en curso y las programadas para el futuro próximo, a cargo del diputado Rosendo Serrano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Rosendo Serrano Toledo, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Asamblea de Comuneros de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, aprobó en 2009 un ordenamiento territorial que incluye el desarrollo de un proyecto eólico comunitario. La propuesta supone una solución constructiva de los problemas ocasionados por el modelo eólico actual, que transfiere el control y usufructo sobre la tierra a empresas extranjeras, mientras que las comunidades apenas si reciben beneficios pese a que casi toda la tierra es de propiedad social (ejidos y comunidades).

Este modelo alimenta conflictos sociales: en el istmo de Tehuantepec se han realizado centenares de bloqueos y protestas contra parques eólicos, con consecuencias graves, como la de un muerto y varios heridos. Los conflictos se intensifican, lo que aumenta el riesgo de los proyectos y, por tanto, el coste de su financiamiento y de la energía producida.

El modelo eólico comunitario, en contraste, garantiza el control de los pueblos originarios sobre los recursos naturales de sus territorios y da a las comunidades un papel central en los proyectos, convirtiendo la energía eólica en motor de prosperidad. El modelo ha tenido gran éxito en Dinamarca, Alemania, Suecia, Canadá y Japón, entre otros países, donde con base en políticas adecuadas las comunidades han demostrado ser las promotoras de proyectos eólicos más efectivas, dinámicas y competitivas. El modelo comunitario genera gran aceptación social, lo que multiplica los proyectos, reduce riesgos y permite obtener financiamiento en condiciones óptimas.

En México, los proyectos comunitarios pueden ser la clave para la transición a un sistema energético democrático y participativo, donde la energía limpia sea motor de desarrollo social. La comunidad de Ixtepec han dado todos los pasos necesarios (estudios, permisos y otros factores) para instalar un parque eólico comunitario de 102 MW en los terrenos comunales de Ixtepec, al lado de la subestación eléctrica Ixtepec Potencia. El proyecto contará con financiamiento de inversionistas sociales, de tal modo que la mayoría de los beneficios generados se invertirá en el desarrollo social de Ixtepec y en replicar el modelo eólico comunitario en otras comunidades.

El proyecto eólico comunitario será realizado con base en una forma legal que todavía no hay en México, llamada Community Interest Company (CIC) Limited by Guarantee. Las CIC son propiedad de sus fines sociales de beneficio comunitario, a cuya realización tienen que dedicar todos sus activos, como es el caso de las asociaciones civiles y las fundaciones. Pero a diferencia de éstas, las CIC pueden llevar a cabo actividades con fines de lucro para financiar sus fines sociales y devolver financiamiento.

El proyecto eólico comunitario generará un fideicomiso de desarrollo comunitario que financiará el desarrollo social y productivo de Ixtepec, con base en una estrategia de diversificación económica y formación de capacidades humanas de excelencia. Asimismo, generará un fondo de garantía e inversión para respaldar la propiedad comunitaria de los activos y replicar el modelo en otras comunidades. Esto es posible gracias a un esquema de financiamiento específico, basado en créditos blandos con objetivos sociales, sin que tenga lugar una transferencia de acciones a los financiadores.

Para llevar a cabo este proyecto se requiere un contrato adecuado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tiene el monopolio de la electricidad para el servicio público. Cuando la comuna de Ixtepec comunicó a la CFE su propósito de instalar un proyecto eólico comunitario, en el contexto de la negociación para instalar en sus tierras la subestación eléctrica Ixtepec Potencia, la CFE no consideró la propuesta. La comuna de Ixtepec, sin embargo, siguió adelante con el proyecto, en colaboración con Grupo Yansa, la organización que trabaja en esta visión con la comunidad de Ixtepec desde 2009.

Como parte del proceso preparativo, se llevaron a cabo múltiples reuniones con la CFE y Secretaría de Energía. Desafortunadamente, la promesa del secretario de Energía, Jordy Herrera, de celebrar el contrato para el proyecto eólico comunitario como proyecto piloto de esta naturaleza no se materializó. Por tanto, quedó únicamente abierta la vía de la licitación para obtener el contrato con la CFE.

Actualmente hay dos licitaciones en marcha a fin de adjudicar contratos para parques eólicos. Una convocatoria, denominada “Sureste I Fase I”, adjudicará 200 MW, divididos en varios contratos. La otra, “Sureste I Fase II”, adjudicará un solo contrato, de aproximadamente 100 MW, y agotará la capacidad de transmisión bajo control de la CFE disponible en el istmo.

La Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) da a la CFE gran autonomía para definir las bases de licitación. Por tanto, la CFE ha decidido ignorar los preceptos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que reducen las barreras de acceso a los procesos de licitación, e incluir en las bases los siguientes requisitos para que una propuesta sea considerada:

• Obligación de presentar una carta de crédito o aval líquido de 7 millones de dólares estadounidenses.

• Obligación de presentar estados financieros que demuestren que el licitante, o un miembro del consorcio con una participación mínima de 20 por ciento del accionariado, cuenta con al menos 548 millones de pesos en capital contable.

• Compromiso de cubrir los gastos incurridos por la CFE y el Fideicomiso 2030 con relación a un sitio opcional al que no optará el parque comunitario, lo cual viola el Reglamento de la LSPEE.

Estos requisitos suponen una barrera infranqueable para la participación de un proyecto comunitario. La obligación de presentar una garantía previa de 7 millones de dólares es ilegal de acuerdo con la Ley de Obras Públicas, pero el Reglamento de la LSPEE permite que la CFE la exija si lo considera oportuno.

La obligación de dar una participación de 20 por ciento a un socio capitalista supone una negativa al esquema de financiamiento con créditos blandos de los parques comunitarios. Al verse forzada a adoptar una estructura de accionariado determinada por aportaciones de capital, la comunidad verá su papel diluido por no contar con más capital que los terrenos, quedando en una posición marginal.

Se ha explicado a la CFE en repetidas ocasiones que el acceso al capital social para el proyecto comunitario está condicionado a que el proyecto gane la licitación, y hemos solicitado formalmente en todas las juntas de aclaraciones que se eliminen estas barreras arbitrarias y discriminatorias. La CFE ha decidido mantenerlas, restringiendo así la participación en la licitación a propuestas comunitarias, y haciendo el contrato accesible únicamente a empresas multinacionales.

Adicionalmente, para participar en la licitación Sureste I Fase I es necesario tener derecho de acceso a la subestación eléctrica Ixtepec Potencia, derecho que la CFE no reconoce a la comunidad de Ixtepec, pues vendió los derechos sobre la subestación a seis empresas (cuatro de ellas españolas). La convocatoria está hecha a la medida de éstas, pues nadie más puede participar.

Al negar a las comunidades campesinas dueñas de los territorios donde se instalan los proyectos eólicos la posibilidad de obtener contratos, la CFE viola derechos recogidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en convenios internacionales, y en el derecho agrario. Contradice asimismo la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, según la cual todos los proyectos de más de 2.5 MW tienen que aplicar las mejores prácticas internacionales para promover el desarrollo social en la comunidad. Según la Asociación Mundial de Energía Eólica, dichas mejores prácticas corresponden a los proyectos comunitarios. *

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a detener los procesos de licitación de contratos para parques eólicos en curso (Sureste I Fase I y Fase II, con números de procedimiento LO-018TOQ054-T11-2012 y LO-018TOQ054-T12-2012), así como los programados para el futuro próximo, hasta que se hayan adaptado las bases de licitación para facilitar la participación de propuestas comunitarias.

Nota:

* Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Artículo 21.Los proyectos de generación de electricidad a partir de energías renovables con capacidad mayor de 2.5 megawatts procurarán

I. Asegurar la participación de las comunidades locales y regionales, mediante reuniones y consultas públicas convocadas por las autoridades municipales, ejidales o comunales; en dichas reuniones deberán convenir la participación de los proyectos en el desarrollo social de la comunidad;

II. Según se convenga en el contrato respectivo, pagar el arrendamiento a los propietarios de los predios o terrenos ocupados por el proyecto de energía renovable; la periodicidad de los pagos podrá ser convenida con los interesados, pero en ningún caso será inferior a dos veces por año;

III. Promover el desarrollo social en la comunidad en que se ejecuten los proyectos de generación con energías renovables, conforme a las mejores prácticas internacionales, y atender a la normatividad aplicable en materia de desarrollo rural sustentable, protección del medio ambiente y derechos agrarios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.— Diputado Rosendo Serrano Toledo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, pues más que meterlo vamos a transcribirlo íntegramente en el Diario de Debates. Pregunte la Secretaría a la asamblea, en términos del 100, si se considera de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene el uso de la voz doña Lilia Aguilar Gil, del PT. ¿Está doña Lilia? No está en el salón de plenos. Don Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano:Con su permiso, señor presidente. Es el mismo caso que antecedió a mi participación, que vale la pena hacer una reflexión para este punto de acuerdo. Comunidades como la de San Lorenzo Pápalo, en Oaxaca, se encuentran en la extrema pobreza, y que en este mismo estado también están pugnando por la apertura de parques eólicos, de lo cual Movimiento Ciudadano no está en desacuerdo, por el contrario, quiere la energía limpia y renovada.

Sin embargo, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad han sido objeto de los saqueos más desalmados y de los actos de corrupción más emblemáticos y monumentales. Ambas paraestatales han sido diezmadas por prácticas funestas, a manos de las últimas administraciones, como el llamado contratismo.

De manera inconstitucional e ilegal, pero cobijados en la impunidad, los directivos de dichos organismos han celebrado un sinfín de contratos con empresas privadas que disparan exponencialmente los costos de funcionamiento de las paraestatales. Además, los mecanismos de asignación de tales contratos se han caracterizado por implicar procedimientos turbios y poco transparentes. Son incontables las muestras de malos manejos y corrupción en la Comisión Federal de Electricidad.

Citar algunos de estos casos, como en el año 2000, el titular de la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Secodam, antecesora de la Secretaría de la Función Pública, había informado al titular de la Comisión Federal de Electricidad de las irregularidades en doce obras llevadas a cabo por la empresa, en ese entonces.

En esos documentos se puntualizaba que se pagaban contratos de subestación y líneas de transmisión que no estaban en operación —empresas fantasma—; las copias de las facturas y recibos correspondían a subestaciones que no se encontraban funcionando.

En 2007 la Comisión Federal de Electricidad celebró un contrato con la empresa española Repsol para el suministro de gas, por 500 millones de pies cúbicos diarios, el servicio contratado tenía un costo real de 6 mil 26 millones de dólares; sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad diseñó dicho acuerdo en condiciones totalmente desventajosas y gravosas para el Estado mexicano, ya que por 15 años el servicio de la paraestatal se comprometía a pagarle a la empresa española 21 mil millones de dólares.

Por otro lado, se señaló en su momento que la Comisión Federal de Electricidad había otorgado ilegalmente el contrato, pues el estudio de impacto ambiental necesario para autorizar el proyecto fue hecho con una gran deficiencia y violación a la protección de los manglares.

No obstante lo anterior, en julio de este año, la Comisión Federal de Electricidad dio pie a la regeneración de su contrato con Repsol de compra de gas natural licuado en su terminal de Manzanillo, Colima, luego de que el precio del mercado en los Estados Unidos de América tuvo una caída muy fuerte.

Es decir, de manera inexplicable la propia Comisión Federal de Electricidad ha dado pie a la posibilidad de retractarse del acuerdo, en virtud de la caída de los precios del gas natural en el sur de Texas, porque ya no es negocio para la compañía española.

Como es de todos conocido, desde principios del año pasado renunció por supuestos motivos de salud quien estuviera a cargo de la Comisión Federal durante 12 años; la administración que encabezó dicho ex director de la paraestatal se caracterizó por solamente impulsar la participación de empresas privadas y generación de energía eléctrica, principalmente para negocios extranjeros, violando la Constitución.

Asimismo durante su administración se desbordaron emblemáticos casos de corrupción, como el de Néstor Félix Moreno, hombre de todas las confianzas del ex director de la Comisión Federal de Electricidad.

Concluyo, señor presidente.

Tenemos que ponerle atención a todos estos casos de corrupción, en donde el dinero en estos contratos se va para el extranjero, para las empresas extranjeras y no hay control; por tanto, este dinero que se va serviría para atender a todas nuestras comunidades, que tienen hambre y necesidades importantes de educación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, por tres minutos; por favor, tres minutos o hasta por tres minutos.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, como lo hemos manifestado ya en esta tribuna varias veces, el medio ambiente no puede esperar y México tampoco.

El sentido del voto del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México será en contra en esta ocasión, puesto que no podemos dar marcha atrás a los grandes avances que hemos tenido en nuestro país en lo que respecta al tema del medio ambiente y lo que tiene que ver con las energías renovables.

Hemos avanzado en diferentes instrumentos internacionales, en los cuales nos hemos comprometido a dar un seguimiento puntual a todos estos proyectos.

Por supuesto que estamos a favor de que las comunidades y de que la economía regional y municipal se fortalezca con todos estos proyectos, pero nos parece que no es el camino el regresarnos y cancelar lo que ya está hecho.

Hay que trabajar, sí, en un marco jurídico desde las comisiones, desde la Comisión de Energía, desde la Comisión de Medio Ambiente y todas aquellas que tienen que ver con estos puntos.

Estamos a favor de que por supuesto se desarrolle la economía regional. Hoy los próximos o ya presidentes municipales van a tener uno de los retos más grandes que enfrenten: el poder buscar los mecanismos de apoyo económico para fortalecer la economía regional; es decir, van a tener una creatividad diferente y diversa a la que se ha tenido, buscando el apoyo mediante fideicomisos, empresas paraestatales, organismos internacionales, etcétera.

Nosotros estamos aquí para proponer que hagamos un camino verde de dos vías; por un lado, la energía para el desarrollo económico, y por el otro, el tema del medio ambiente para que podamos tener un país vivible, viable y equitativo, mediante la creación de este andamiaje jurídico, el cual nosotros estaremos dispuestos a trabajar de la mano con todos los actores involucrados. Es por ello que en este caso estamos en contra de que se cancele el proceso de licitación de lo que ya se inició. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz doña Lilia Aguilar Gil, que ya vino a explicarme por qué no estaba presente a la hora que le tocó.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Presidente, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto? No se exalte, diputado. Le doy la palabra con mucho gusto, diputado Muñoz Soria, ¿con qué objeto? Creo que tiene que hacer algún trámite ahí, con el dedo —Perdón.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Diputado presidente, solamente para pedirle, si es tan amable en darme el uso de la palabra, porque quería hacerle una pregunta al orador.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Fíjese que estamos en posturas de grupo y no operan las preguntas, por eso no es posible.

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): Me parece que el orador no entiende la propuesta, por eso quería hacerle la pregunta. Me extraña que el representante del Partido Verde diga que van en contra.

La propuesta no es que se suspenda, la propuesta es que se considere la opinión de los habitantes de esas regiones a propósito de los parques eólicos. No quisiéramos que se den situaciones como la que se da en Michoacán o como la que hay ya en la región, con protestas de los habitantes de esas regiones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya lo escuchó diputado.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Bueno. A ver, por favor, por favor, le pido respeto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Usted lo tiene, diputado.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Usted tiene la costumbre de que cualquier petición de la palabra que uno hace siempre lo hace en tono de burla; le pido respeto, somos pares. El hecho de que usted esté allá arriba, no le da ninguna facultad para estar burlándose de manera permanente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De ninguna manera, diputado, tiene usted mi respeto.

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): Bueno diputado, nada más le pido respeto. Cerramos el caso, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia saluda con mucho afecto a dirigentes municipales y regidores de la CCI del estado de México, invitados por su diputada federal aquí presente. Continúe, diputada.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, presidente. Con la venia del pleno. Este punto de acuerdo nos muestra claramente que no todo lo relacionado con energía es Pemex, y aparentemente no todo Pemex está relacionado necesariamente con la producción de energéticos para los mexicanos. Ésa es otra discusión que se dará pronto en este pleno.

Déjenme contarles una historia para poder sustentar el posicionamiento del PT. En el 2009, como ya lo dijo el iniciador —creo que esto vale para los diputados del Verde Ecologista—, la asamblea de los comuneros de Ixtepec, Oaxaca, aprobó el desarrollo —un proyecto eólico comunitario—, no para eliminar el existente, sino para que éste nuevo modelo los incluyera e incluyera también que hubiera derrama económica para los comuneros y para los miembros de la comunidad del Istmo.

Este modelo eólico garantiza el control de los pueblos originarios y da a la comunidad un papel central en los proyectos, mientras que el actual solo ha dejado beneficios a empresas extranjeras y ha dejado también violencia y varios muertos y heridos en los conflictos sociales que se han generado en el istmo.

Sin embargo, esto necesita —como ya se ha comentado también en esta tribuna—, un contrato de la Comisión Federal de Electricidad, que ha sido negado, porque no ha querido ser considerado el proyecto de los comuneros, que es un proyecto que creo que debería de analizarse y además de replicarse en el país.

Esto no es una casualidad, es un doble pecado, ¿por qué es un doble pecado? Primero. Porque este proyecto que han presentado los comuneros del istmo permite la generación en economías comunales de generar nuevas fuentes de energía que dejen derrama económica a sus tierras de origen; segundo, porque una vez que la CFE ha otorgado miles de contratos de este tipo, ahora se los niega a los comuneros, sin ningún fundamento real.

Es por eso que lamentamos que ésta haya sido la posición de CFE. Nos unimos al punto de acuerdo y la posición del PT es decir: en el tema de energía no todo es Pemex, también debemos de incluir energías renovables y también debemos de incluir y de considerar economías comunales, como este proyecto que se está presentando en el istmo de Tehuantepec. Es cuanto, presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada. Doña Yesenia Nolasco Ramírez, del PRD, tiene la palabra.

La diputada Yesenia Nolasco Ramírez:Gracias, señor presidente. Vengo a dar el posicionamiento de nuestro partido y quiero aclarar algo al diputado del Verde Ecologista y es que no estamos en contra de las energías renovables, estamos en contra de las formas en las que se están llevando a cabo.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, desde 1991, en el istmo de Tehuantepec, comenzó el proyecto para la generación de energía cinética, por efecto de las corrientes de aire, también conocida como energía eólica; se realizó la construcción de lo que en sus inicios fue el parque experimental, al que se le denominó La Venta I, proyecto que interesó a empresas transnacionales.

Sin embargo, el funcionamiento de empresas de generación de energía eólica ha modificado totalmente la forma de vida en el istmo de Tehuantepec y precipitado un enorme número de conflictos sociales.

El problema que hoy aqueja a los pueblos de la zona del istmo no debe pasar desapercibido, ya que no estamos en contra de la generación de energía eólica, sino de las formas en cómo se están llevando a cabo en este proceso.

Entendemos perfectamente la postura digna que han tomado las comunidades de la zona, porque no están haciendo otra cosa más que defender sus derechos; por tanto, condeno totalmente que se coarte la libertad de expresión y la libre autodeterminación de los pueblos indígenas de la zona.

Debemos de pensar en el desarrollo de nuestro país, eso es algo muy cierto, pero también debemos tener presente la seguridad de nuestros pueblos indígenas, ya que ellos mantienen la esencia cultural de este país y sin esta gran herencia de México, no sería uno de los países más hermosos del mundo; la conservación de sus tradiciones, de su lengua, de su forma de vida, de su territorio, no debe de ser modificada, por el contrario deben ser recuperadas.

Derivado de lo anterior, he presentado dos puntos de acuerdo reprochando esta violencia y planteando acciones para su solución: he propuesto que se instituya una comisión especial encargada de fomentar y vigilar que la industria eólica en la región del istmo de Tehuantepec contribuya activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental en la zona. Asimismo propuse la creación de un grupo de trabajo de seguimiento a los hechos violentos suscitados el 10 de octubre del presente año, en San Dionisio del Mar, así como en el incremento de la violencia en el istmo de Tehuantepec.

En los puntos de acuerdo propuestos manifiesto tajantemente que los hechos violentos que se han producido desde hace varios años, desde la instalación de parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, no deben de continuar.

No podemos permitir que sigan los pleitos de muerte a muerte entre hermanos de una misma comunidad. Ninguna defunción más, ningún secuestro más, ninguna desaparición, ningún despojo, ningún tipo de violencia y de injusticia puede ser justificado en nombre de la energía limpia.

Por lo expuesto, yo y mi grupo parlamentario estamos a favor del punto de acuerdo presentado por el diputado Rosendo Serrano Toledo, así como nuevas propuestas que busquen mejorar y cambiar la forma en cómo se ha desa-rrollado la instalación de parques y de generación eólica en nuestra zona.

Debemos de realizar proyectos comunitarios y es un ejemplo de esto lo que se presentó esta mañana en una junta con comuneros y con organizaciones provenientes del istmo de Tehuantepec.

Debemos priorizar el bienestar de la comunidad y velar porque realmente esto se vea reflejado de manera tangible en los hogares de las personas; es deber de todo ser honesto.

Exhorto a los sectores involucrados a resolver esos conflictos en paz, sin violencia y sin rencores entre hermanos. Nuestros pueblos indígenas merecen tener un bienestar social; hagamos las cosas como deben de hacerse, dialogando y proponiendo.

Estoy segura que si cambiamos el enfoque para la generación de la energía eólica, los proyectos de este tipo serán bienvenidos en el istmo de Tehuantepec y sobre todo, por los pueblos y comunidades indígenas, siempre y cuando se realicen con transparencia, sin abusos y conforme a la ley. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Víctor Rafael González Manríquez. Diputado Astudillo, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): Solamente, presidente, hacer una moción de orden y un comentario breve, si me lo permite.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estamos en un debate pactado, se lo digo con todo respeto para que no se malentienda. ¿De qué se trataría, diputado?

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): Solamente para exponer que entendemos perfectamente el punto de acuerdo al que me referí y que la redacción es muy clara en lo que tiene que ver con la detención de los procesos de licitación de contratos de parques eólicos. A eso me refería.

Sin embargo, también comentar que ya tuvieron la cortesía política los compañeros Muñoz Soria y el doctor Serrano Toledo y vamos a buscar un punto medio para sacar adelante este resolutivo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia, siendo respetuosa del dicho de los señores legisladores, es que si bien no ha permitido el uso de la tribuna, en función de lo dispuesto por el Reglamento cuando hay fijación de posición, ha permitido que se expresen, de tal suerte que sus consideraciones queden para el Diario de los Debates. Continúe por favor el orador.

El diputado Víctor Rafael González Manríquez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, sin duda el punto de acuerdo en comento atiende un asunto sensible para la comunidad de la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, ya que se tiene planeado el desarrollo de un parque eólico en dicha región, que tiene como antecedente que en el año 2009 se aprobó un ordenamiento territorial que incluye el desarrollo de un proyecto eólico comunitario.

En este sentido, es importante precisar que el proyecto de energía eólica se entendió, en una primera instancia, como un proyecto comunitario. Con ese fundamento y en concierto con los considerados del punto de acuerdo en comento, la Comisión Federal de Electricidad inició el proceso de licitación para adjudicar contratos para parques eólicos en esta región, a través de la convocatoria denominada Sureste I, Fase I, que se planea adjudicar 200 megawatts divididos en varios contratos.

La otra denominada Sureste I, Fase II, que adjudicará un solo contrato de aproximadamente 100 megawatts y agotará la capacidad de transmisión bajo control de la Comisión Federal de Electricidad disponible en el istmo.

En este contexto se argumenta que bajo las condiciones que establece la Comisión Federal de Electricidad en el proceso de adjudicación se excluye la posibilidad de que ésta pueda ser a través de un proyecto comunitario.

Retomo parte de la justificación del punto de acuerdo, en el sentido de que un modelo eólico comunitario daría a la comunidad de Ixtepec importantes beneficios en materia de desarrollo económico, infraestructura y bienestar, en donde la experiencia internacional es clara al señalar que este tipo de modelos han tenido gran éxito en Dinamarca, Alemania, Suecia, Canadá y Japón, entre otros países, donde con base en las políticas adecuadas las comunidades han demostrado ser las promotoras de proyectos eólicos más efectivas, dinámicas y competitivas.

Por lo antes expuesto, es importante revisar el cómo se está llevando a cabo el proceso de la licitación y cuál es la situación, en específico, del proyecto eólico presentado por la comunidad de Ixtepec.

Es decir, consideramos que antes de solicitar o exhortar a la Comisión Federal de Electricidad el detener los procesos de licitación de contratos para los parques eólicos en curso, Sureste I, Fase I y Fase II, primero debemos solicitar a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Energía, un informe detallado sobre la situación que guarda el proceso de licitación y como ya mencioné, se entregue a esta soberanía toda la información concerniente al proyecto eólico presentado por la comunidad de Ixtepec, y en su caso, se precise la viabilidad o inviabilidad del mismo.

En Acción Nacional coincidimos que se lleve a cabo dicho proceso por medio de licitaciones, pero al mismo tiempo, estamos conscientes que debemos promover y fomentar el desarrollo de la región de Ixtepec y del istmo de Tehuantepec, y qué mejor que éste se dé a través de proyectos comunitarios que repercutan en beneficio tangibles para toda la población.

Por lo antes expuesto, coincidimos con el espíritu y alcance del punto de acuerdo, pero consideramos que primero se debe informar a esta soberanía sobre el proceso que guarda la licitación de los proyectos de generación de electricidad por medio de energía eólica, por lo que ponemos a su consideración la siguiente propuesta de resolutivo:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Energía entreguen un informe detallado sobre la situación que guardan los procesos de licitación denominados Sureste I, Fase 1 y Fase 2, con números de procedimiento LO018TOQ055-T11-2012, y LO018TOQ054-T12-2012, y asimismo se especifiquen y precisen las circunstancias de viabilidad del proyecto eólico presentado por la comunidad de Ixtepec. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Señor orador, lamentablemente no puedo someter a la consideración de la asamblea su adición, en función de que tendría que venir de parte del grupo parlamentario que propone.

El diputado Rosendo Serrano Toledo(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, don Rosendo? Desde su curul, don Rosendo. ¿Con qué objeto?

El diputado Rosendo Serrano Toledo (desde la curul): Señor presidente, soy el que propuso el acuerdo y no tiene mayor problema, porque lo que está diciendo el compañero de Salina Cruz —mi paisano—, es que también se necesita la información referente al punto de acuerdo que propuse.

Entonces, creo que se puede agregar esto, porque es correcto que también tengamos esta soberanía la información del asunto; entonces, no habría ningún problema de mi parte.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Le preguntaremos al enlace del grupo parlamentario del proponente si no tiene objeción.

Perdón, de repente nos vemos muy burocráticos, pero la redacción del 113 así está y de lo que se trata es de cumplir con el Reglamento. Le pediríamos al Grupo Parlamentario del PRD nada más que nos dé la anuencia para poder procesarlo y que me lo traigan, por favor, por escrito, de tal suerte de someterlo a la consideración de la asamblea.

Don Martín de Jesús Vásquez Villanueva, del PRI, tiene el uso de la voz.

El diputado Martín de Jesús Vásquez Villanueva:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, comparto la preocupación del diputado Rosendo Serrano, distinguido oaxaqueño militante del Partido de la Revolución Democrática, por preservar los derechos e impulsar el desarrollo de las comunidades del estado de Oaxaca.

En el Grupo Parlamentario del PRI y en lo personal, somos los primeros en exigir que en México generemos cada vez mejores condiciones para que las comunidades indígenas se incorporen, como actores, al desarrollo social; en este sentido, es loable el planteamiento del diputado Serrano, para que las comunidades participen en los procesos de licitación para generar energías limpias y renovables, como son los parques eólicos.

Sin embargo, la figura cuya utilización se propone sería rea-lizada con base en una institución legal que todavía no existe en nuestro país; es decir, es una modalidad que se llama compañía de interés comunitario, dicha figura jurídica requiere de entidades reguladoras y reglas de operación, que son inexistentes en el derecho nacional.

Por ello, no podemos pasar un proyecto eólico, de la trascendencia que éste reviste, en un modelo legal que no es vigente en México; no, porque quebrantaríamos el estado de derecho.

No podemos hacer ningún exhorto, llámese Comisión Federal de Electricidad o a cualquier otra institución, a que se detengan los procesos de licitación en los que los aspirantes cumplan con los requisitos que prevé la ley. Ése es el razonamiento de fondo, pero además el exhorto sería extemporáneo, ya que la licitación Sureste 1, Fase I, tiene fecha de presentación de propuestas precisamente el día de hoy.

Aún más, quiero decirles que la Comisión de Fomento de la Energía Renovable del Congreso de Oaxaca, un órgano que tuve el honor de presidir, trabaja ya en la preparación de una iniciativa para incentivar el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y de la tierra, por las comunidades y propietarios de espacios susceptibles a su utilización concurrente con la producción eólica de electricidad.

Ahí jugaron un papel importante para la creación de esa comisión reciente, el diputado miembro del Partido de la Revolución Democrática y en ese momento integrante de la Junta de Coordinación Política, con nosotros, el diputado Carol Altamirano, así como la presidenta de la Mesa Directiva en ese momento del Congreso local, la diputada Eufrosina Cruz, de Acción Nacional.

Por eso, lejos de frenar a quienes en este momento cumplen con los requisitos de ley, instaría a que en esta Cámara se definan mecanismos que permitan que no solo los comuneros de Ixtepec, sino cualquier grupo social puedan desarrollar proyectos eólicos, en su beneficio.

En suma, compañeras y compañeros diputados, apoyemos a las comunidades, pero no frenemos el desarrollo y mucho menos quebrantemos el estado de derecho. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Esta Presidencia no tiene la posibilidad de someter a la consideración del pleno la propuesta que hizo el compañero diputado del PAN, porque no la tenemos, ya está firmada aquí, nada más que... ¿la tienen? No. Bueno.

Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueban los resolutivos, tal y como están, en votación económica.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechado.

MOTORES MARINOS ECOLOGICOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con los títulos reglamentarios correspondientes, tiene el uso de la voz el diputado Mauricio Sahui Rivero, del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo para que se liberen los recursos concernientes al programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, particularmente en su componente sustitución de motores marinos ecológicos, correspondientes al estado de Yucatán. Don Mauricio Sahui, tiene usted el uso de la voz. Es del PRI.

El diputado Mauricio Sahui Rivero:Con su permiso, señor presidente. Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sagarpa y de su órgano desconcentrado, Conapesca, a fin de que liberen los recursos concernientes al programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, particularmente en su componente sustitución de motores marinos ecológicos, correspondientes al estado de Yucatán.

México es uno de los países con mayor extensión en litorales. De acuerdo con datos recabados por el Inegi, nuestro país cuenta con 11 mil 122 kilómetros a lo largo de la República Mexicana.

El estado de Yucatán al día de hoy cuenta con 373 kilómetros de litorales, los cuales representan el 10 por ciento de la línea litoral total del Golfo de México y el mar Caribe; su plataforma continental es de las más amplias en el país, con una superficie de 37 mil 344 kilómetros cuadrados de extensión y su mar territorial es de 6 mil 792 kilómetros cuadrados.

Sus principales puertos, con actividad pesquera, se ubican en la zona oriente del estado, Río Lagartos, Las Coloradas, San Felipe y Dzilam González; zona centro, Puerto Progreso y sus comisarías costeras, y la zona oriente-poniente, Sisal y Celestún, contando actualmente con poco más de 15 mil pescadores, divididos en grupos de socios cooperativistas, permisionarios y empresarios pesqueros.

Debido a la extensión con la que cuenta Yucatán se ha podido posicionar en la producción de pulpo, camarón, langosta y actualmente del pepino de mar.

Es preciso señalar que la pesca de langosta, en los estados de Yucatán y Quintana Roo, representa poco más del 25 por ciento de la pesca a nivel nacional. Lo mismo sucede con el pulpo, que en la actualidad arroja volúmenes superiores a las 18 mil toneladas. Dado este gran potencial, nuestro país ocupa el cuarto lugar mundial en volumen de pesca, situándose por arriba de países como Brasil, Canadá y Argentina.

En tal virtud, resulta de todos nosotros conocida la importancia y trascendencia que el sector pesquero significa para miles de familias mexicanas, la mayoría de ellas de escasos recursos, y en obvio de oportunidad, el reto y potencial de este sector para la mejora de la calidad de vida en nuestro país.

Es por esta razón que federación, estados y municipios destinan recursos para atender las demandas del sector pesquero, mismos que desafortunadamente han resultado insuficientes para fortalecer la producción y desarrollo de las actividades de este sector.

Entre los programas que han ayudado a sobrellevar esta lamentable situación se encuentra el denominado Sustitución de motores marinos ecológicos, ejercidos directamente por la Conapesca.

Es de señalarse que en el Diario Oficial de la Federación se señala específicamente que fue otorgado para la Sagarpa —en su Anexo VII—, a este rubro, el monto de 25 millones 635 mil 478 pesos.

En razón de lo anterior, diversos pescadores y empresas dedicadas a esta actividad, como lo hicieron en años anteriores, acudieron a las ventanillas que para tal efecto fueron abiertas y presentaron las solicitudes de crédito respectivas, con el objeto de hacerse acreedores a los beneficios que este programa otorga.

Al igual que en años anteriores, exactamente en las mismas circunstancias, solicitan la apertura de créditos con las empresas que proporcionan los motores en cuestión; se comprometen a realizar los pagos correspondientes, en el entendido de contar con el beneficio que de manera regular habían obtenido en ocasiones anteriores.

No obstante, es de sorprendernos que dicha institución hasta la fecha no ha dado respuesta afirmativa relativa al otorgamiento de estos créditos, aludiendo una serie de argumentos, sin fundamento, en perjuicio de la actividad pesquera, pero más allá, en perjuicio de miles de familias que dependen de estos recursos para solventar su quehacer cotidiano.

Resulta lamentable que no sean tomadas en cuenta las solicitudes de estos hombres y de estas mujeres de trabajo, que no han hecho otra cosa que ejercer los legítimos derechos que su actividad les otorga.

Los mandatos de esta soberanía son dictados para ser cumplidos a cabalidad, no están sujetos a presupuestos rigoristas de orden administrativo ni a comisiones de índole político. Simple y llanamente se convierte el cumplimiento de estos mandatos en preceptos de derecho y más allá, en una cuestión de justicia social.

Por lo que, respetuosamente solicitamos a esta asamblea considere como punto de urgente u obvia resolución el tema aquí tratado, a fin de evitar subejercicios presupuestales sin fundamentos y el daño eminente a las miles de familias dedicadas a la industria pesquera en nuestro país, y reciban los recursos a que está obligada la federación a otorgarles; por lo que pongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sagarpa y al de su órgano desconcentrado, Conapesca, a fin de que liberen los recursos concernientes al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, particularmente en su componente Sustitución de motores marinos ecológicos, correspondiente al estado de Yucatán.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la Sagarpa y de la Conapesca a liberar los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura para Yucatán, en particular en su componente “Sustitución de motores marinos ecológicos”, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Mauricio Sahuí Rivero, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de su órgano desconcentrado Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a fin de que liberen los recursos concernientes al programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura particularmente en su componente Sustitución de Motores Marinos Ecológicos correspondiente al estado de Yucatán.

Exposición de Motivos

México es uno de los países que cuenta con una gran extensión de litorales. De acuerdo con datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), nuestro país tiene 11 mil 122 kilómetros de litorales a lo largo de la República Mexicana, lo cual significa un gran potencial en recursos del mar.

Aunado a lo anterior, nuestro país ocupa el cuarto lugar en volumen de pesca, situándose por arriba de países como Brasil, Canadá y Argentina. De igual forma nos encontramos dentro de los 20 lugares en producción pesquera a nivel mundial, y en la posición 26 en acuacultura.

En México las familias que se dedican a esta actividad primaria son principalmente de escasos recursos, algunas de ellas llevan a cabo su actividad para beneficio propio y otras trabajan para terceros. Sin embargo, la gran cantidad de pescadores que existe en el país se ve afectada por la carencia de recursos materiales para llevar a cabo sus actividades.

En algunos estados, y principalmente en algunos municipios, la pesca es una de las actividades consideradas de mayor importancia para el fortalecimiento de su economía, así como el sustento alimenticio para muchas familias. Por otra parte, para otros es una tradición que viene de generación en generación y se vuelve parte del quehacer cotidiano y una actividad económica para salir adelante.

El estado de Yucatán, al día de hoy cuenta con 373 kilómetros de litorales, que representan 10 por ciento de la línea litoral total del Golfo de México y el mar Caribe. Su plataforma continental es de las más amplias en el país con una superficie de 37 mil 344 kilómetros cuadrados de extensión y su mar territorial es de 6 mil 792.

Debido a la extensión con la que cuenta Yucatán, se ha podido posicionar en la producción de pulpo, camarón, langosta y actualmente el pepino de mar. Es preciso señalar que la pesca de langosta de los estados de Yucatán y Quintana Roo representa poco más de 25 por ciento de la pesca a nivel nacional, lo mismo sucede con el pulpo que en la actualidad arroja volúmenes de poco mas de 18 mil toneladas.

Asimismo, los principales puertos de actividad pesquera del estado se ubican en la zona oriente (Río Lagartos, Las Coloradas, San Felipe y Dzilam González); Zona Centro (Telchac Puerto, Progreso y sus comisarías costeras) y la zona poniente (Sisal y Celestún), y se cuenta actualmente con poco mas de 15 mil pescadores, los cuales se encuentran divididos en 3 grupos siendo estos: socios cooperativistas, permisionarios y empresarios pesqueros.

Ante ello, la federación y los estados destinan recursos a este sector con el objeto de fortalecer la producción y desarrollo de las actividades pesqueras, pero siempre son insuficientes debido a la demanda que tiene esta para la sociedad, prueba de ello son los programa federales que se ejercen a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

De los programas autorizados para este año, la Sagarpa contempla diversos componentes, uno de ellos es el denominado Sustitución de Motores Marinos Ecológicos, el cual lo ejerce directamente la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) con recursos ya autorizados y que año con año se habían estado ejerciendo de forma correcta.

El Presupuesto de Egresos de la Federación publicado el 11 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, otorgó a la Sagarpa específicamente en el anexo 7 el monto de 25, 635,478 millones para el programa denominado Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, en el cual se incluye el componente denominado Sustitución de Motores Marinos Ecológicos.

Por lo que se refiere a los recursos de dicho componente, al estado de Yucatán ya se le habían autorizado, toda vez que se le dio apertura a las ventanillas para recibir las solicitudes, las cuales fueron entregadas en tiempo y forma y posteriormente aprobadas, adquiriendo la autoridad una obligación frente a los beneficiarios los cuales hasta el día de hoy nos les dan una solución, alegando la autoridad que ya no se tienen los recursos para dicho programa en Yucatán, entre otras cosas.

En ese sentido, las autoridades federales deben ejercer sus funciones con responsabilidad y sin tintes políticos, ya que al día de hoy contamos con un gran número de pescadores en espera de la entrega de sus motores para poder promover el desarrollo de los mares y generar empleos, pero vemos que es imposible con autoridades que no tienen sensibilidad ante las circunstancias de los que menos tienen.

Por ello, en el Poder Legislativo tenemos una responsabilidad con todos los sectores de la sociedad, en especial por el firme compromiso que hicimos con la sociedad de responder a sus necesidades más apremiantes y es por ello que exhortamos al Ejecutivo federal con el fin de que se liberen los recursos destinados a dicho programa y sean beneficiadas las personas que ya han sido aceptadas en el mismo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de su órgano desconcentrado Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a fin de que liberen los recursos concernientes al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, particularmente en su componente Sustitución de Motores Marinos Ecológicos correspondiente al estado de Yucatán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.— Diputados: Mauricio Sahuí Rivero, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, María del Carmen Ordaz Martínez, William Renán Sosa Altamira, Marco Alonso Vela Reyes (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea, en términos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con el permiso del presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la protección del medio ambiente conlleva en forma esencial el principio de prevención, y con ello también el de desarrollo sustentable.

Para preservar el medio marino es imprescindible controlar las actividades que degradan nuestros océanos, así como vigilar el acceso de los recursos pesqueros.

Estimaciones señalan que la demanda de productos pesqueros se duplicará en el corto y mediano plazo, derivado del crecimiento de la población; por ello la mayor preocupación estriba en la contribución de la pesca al desarrollo sustentable. Esto es satisfacer las necesidades de la generación actual, sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza una de las prioridades es abatir el deterioro del medio ambiente. En este caso y como consecuencia de las políticas de desarrollo, estamos comprometidos con las comunidades pesqueras del país que trabajan en una visión enfocada en extraer los recursos pesqueros en forma responsable, al sustituir los motores convencionales de sus embarcaciones con las establecidas a través del componente denominado Sustitución de motores marinos ecológicos.

Para Nueva Alianza el sector pesquero, así como su impacto en el desarrollo regional, son sumamente importantes; por ello es que vamos a favor de este punto de acuerdo, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Comisión Nacional de Apicultura y Pesca, liberen los recursos presupuestales para este programa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho diputada. Don José Humberto Vega Vázquez, del PT, tiene el uso de la voz.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Con la venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, una de las asignaciones más importantes en la agenda de nuestro país es la relativa a la soberanía alimentaria.

No solamente debemos circunscribirla a la parte de la producción agrícola o pecuaria, sino también debemos estar muy atentos y debemos apoyar de manera muy importante a la parte de la producción pesquera; por eso es este punto de acuerdo, por la gran riqueza que tiene nuestro país en sus litorales, riqueza que muchas veces no hemos aprovechado adecuadamente, por falta de los apoyos necesarios del gobierno federal.

Tenemos productos muy importantes que ayudan a la alimentación balanceada de los mexicanos por el grado de calidad y de proteína que tienen todos los productos marítimos; por ello nosotros, los del Partido del Trabajo, apoyamos, porque sabemos que en el estado de Yucatán, en los 373 kilómetros de litoral hay 8 municipios involucrados y también 15 mil trabajadores que se dedican a la pesca —donde está su sustento diario— y sucede que Sagarpa no les quiere soltar los recursos, no los quiere liberar, porque dice que ya no los tiene.

Hay algo importante aquí. Esa decisión está sobrepasando lo que acordó aquí la soberanía; el año pasado ya se etiquetaron los recursos para este punto y sucede que a la fecha hacen caso omiso de poderlos liberar.

Eso está dañando sustancialmente esta productividad, pero no nada más la productividad, sino la parte ecológica; debemos preservar nuestros recursos naturales y ahora que ya están dispuestos a cambiar los motores, sucede que esos recursos no llegan.

Por eso, la fracción del PT apoya firmemente, por lo expuesto, la propuesta para que se liberen los recursos y exhorta a Sagarpa y a Hacienda, que sin dilación, liberen esos recursos inmediatamente. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz don Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano.

¿Perdón? La diputada Zuleyma, tiene el uso de la voz; con enorme gusto la recibimos en la tribuna.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, señor presidente. El sexenio de Calderón, se ha distinguido en los últimos años por la incontenible ola de violencia sobre el territorio nacional, por la lucha contra el narcotráfico, el desempleo, la opacidad, la impunidad, el nepotismo y la corrupción. A este conglomerado hay que sumarle la falta de transparencia y rendición de cuentas.

La agonizante administración mantuvo inmóviles los recursos de varios proyectos prioritarios para el desarrollo económico del país.

De acuerdo con datos de la Comisión de Presupuesto de esta Cámara, en varias de sus secretarías de Estado el Ejecutivo ha reportado subejercicios en varias de sus secretarías de estado en todo el sexenio.

El ejercicio presupuestal del gobierno es un tema de enojo para los mexicanos, debido a los mediocres resultados y al elevado subejercicio. Tan solo en 2011, arrojó la cifra de 16 mil 123 millones de pesos, pero en la parte de Disposiciones en fideicomisos se registró la cantidad de 367 540 millones de pesos.

Un ejemplo claro sucedió con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual mantuvo inmóviles al 90 por ciento de los recursos concentrados en el Fondo Nacional de Infraestructura.

La reasignación de recursos, por parte de Calderón, a instrumentos importantes para el desarrollo, no pareciera ser prioridad, ya que de esta manera se favorece de la existencia de presupuestos paralelos que pueden ser ejercidos con discrecionalidad o autorizados en el financiamiento de campañas políticas.

Movimiento Ciudadano se pronuncia a favor del punto de acuerdo a fin de que se liberen los recursos concernientes al programa de Sustitución de motores marinos ecológicos, en el estado de Yucatán, con la intención de que también beneficie a la operación de la flota pesquera menor.

Es importante señalar que todos los temas presentados de urgente u obvia resolución en esta Legislatura, respecto a productores como el de la importación de papa, el de arancel al jitomate y hoy al de pescadores, han sido con la intención de favorecer o brindar ayuda a productores de alto nivel, que si bien merecen nuestra atención, resulta importante comenzar a atender los problemas que aquejan a uno de los sectores más importantes y vulnerables y menos apoyados de la sociedad.

Es necesario escuchar y reparar las demandas de aquellos productores que viven del autoconsumo a través de bienes, como el maíz o el frijol; es hora de incluir a este sector social en los puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Por último, nos congratulamos por las diputadas que hoy tomaron, con el permiso de esta Presidencia, la tribuna. Ojalá también y fuera del Reglamento se pudieran tratar temas de trascendencia nacional, como es el caso de la represión por parte del gobierno de Michoacán en contra de jóvenes estudiantes de esa entidad. Gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Nabor Ochoa López: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, este punto de acuerdo amerita algunos comentarios, reflexiones e incluso propuestas, por el tema tan sensible que toca y con el que estamos completamente de acuerdo con el diputado Mauricio Sahui, de Yucatán.

Para quienes tenemos la dicha de vivir en un puerto, donde una de sus vocaciones económicas importante es la pesca, nos queda claro que este sector, en las últimas décadas ha tenido un abandono considerable, que se ha traducido no solo en haberse convertido en una actividad cada vez menos rentable y productiva, sino en años recientes en generar niveles de pobreza para quienes viven de él, principalmente los pescadores ribereños, que son los más afectados.

Ese abandono, esa indiferencia, se refleja desde el hecho —si ustedes quieren simple pero para mí muy significativo— de la ubicación de este sector en la estructura orgánica de la administración pública federal, pues creo que muchos de nosotros nos preguntamos qué tiene que ver pesca en la Sagarpa.

Pero además, mientras que para el campo y la ganadería existen programas como el Procampo, el Progan, al sector pesquero se le ha dejado a la deriva, con apoyos mínimos, meros paliativos que no resuelven de fondo los problemas de subsistencia que tienen miles de familias de pescadores.

En algunos casos la problemática del sector es por falta de apoyos directos en equipamiento; en otros, como es el caso de mi municipio, Manzanillo y seguramente otros municipios pesqueros, por el propio desarrollo económico que va reduciendo y eliminando sus áreas de trabajo, además de los períodos de veda y la propia legislación, que prohíbe la pesca de ciertas especies.

En el caso particular de Manzanillo, el viacrucis de los pescadores empezó desde la década de los setenta y continúa a la fecha. En los setenta, con la construcción en la laguna de Cuyutlán de la termoeléctrica, después el puerto interior en la laguna San Pedrito y en los años recientes la construcción de la regasificadora en el Vaso II de la laguna de Cuyutlán, obras por cierto que han provocado severos daños en dicha laguna y por obvias razones han desplazado de estos espacios de pesca a quienes antes ahí trabajaban.

Por todo esto, es necesario retomar lo que los propios pescadores nos demandan en cada campaña política y que ya ha sido planteado por algunos diputados de anteriores legislaturas y otros de la actual Legislatura y que consiste en la necesidad de tener un programa de apoyos directos a los pescadores, que les permita vivir con sus familias en mejores condiciones.

Aprovechemos que faltan dos meses para la aprobación del Presupuesto de Egresos 2013, que por cierto es facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados aprobar; pongámonos a trabajar los interesados en este tema, conjuntamente con la Comisión de Pesca, y si de verdad queremos apoyar a las miles de familias que actualmente mal viven de la pesca, aprobemos los recursos que se requieren para este programa. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero dar la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados a un grupo de alumnos y maestros de la Universidad de Estudios Avanzados (Unea), del estado de Aguascalientes, que están hoy aquí con nosotros, invitados por la diputada María Teresa Jiménez Esquivel. Bienvenidos y bienvenidas a la Cámara de Diputados.

También agradecemos mucho la presencia de la organización civil de ciudad Nezahualcóyotl, Enlace y Poder Ciudadano, que está aquí invitada por la diputada Joaquina Navarrete Contreras. Bienvenidos todos a la Cámara de diputados.

Tiene la palabra el diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José Antonio León Mendívil:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, una vez más llega a esta tribuna las denuncias de que el gobierno federal manipula el uso de los recursos públicos y no atiende a los legítimos beneficiarios de los programas, a los que esta soberanía autoriza los recursos, ahora se trata de los pescadores de la península de Yucatán.

Pero aquí todos sabemos que es una práctica constante del gobierno federal y los gobiernos de los estados regatear los recursos que por ley les corresponden a los productores en sus organizaciones.

Es del conocimiento público la práctica perversa de desviar los dineros etiquetados en los programas públicos prioritarios para el país para destinarlos al apoyo del compadre, del amigo o del familiar; cuando no, para satisfacer los caprichos del gobernador o de cualquier otro funcionario federal en turno, o peor todavía, destinarlos para la compra de la voluntad popular en elecciones, como ocurrió apenas el primero de julio pasado, en este país.

Esta soberanía le ha aprobado al Ejecutivo federal sumas crecientes, en términos reales, para financiar el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, PEC, siendo para el 2012 de más de 305 mil millones de pesos.

Dentro de las prioridades establecidas al Ejecutivo para la asignación del recurso al PEC se encuentra la que define que hay que darle prioridad al impulso a la producción de los denominados productos básicos y estratégicos, consignados en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así como de dar atención preferente a los pequeños y medianos productores, particularmente de la alta y muy alta marginalidad.

El pescado es uno de los 11 productos básicos y estratégicos en el consumo de la población mexicana, por lo que el fomento de la actividad pesquera es una obligación insoslayable del Estado mexicano.

Como ya se mencionó aquí, en el PEC se encuentra el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, en el cual se incluye específicamente el componente denominado Sustitución de motores marinos ecológicos, con 26 millones de pesos para su ejecución. No hay razón alguna para que el reclamo de los pescadores de Yucatán no sea atendido.

Si tuviéramos un gobierno federal y gobiernos estatales más sensibles de las necesidades del pueblo mexicano, no habría por qué de estos exhortos, puesto que esta soberanía autorizó los recursos suficientes para atender estas demandas, conscientes de que el sector pesquero es fundamental para la solución de los problemas de desnutrición de amplios segmentos de la población mexicana.

Hace dos días celebramos el Día Mundial de la Alimentación, fecha emblemática que ha servido para reflexionar sobre los temas relevantes asociados al derecho constitucional a la alimentación; entre ellos se ha destacado el problema de la pobreza, el hambre y la desnutrición, en alrededor de 2 mil millones de personas en el mundo.

En México el problema de la pobreza y la desnutrición afecta alrededor de 52 millones de personas. Como puede observarse, el derecho a la alimentación constituye un reto de gran magnitud, razón por la que para satisfacerlo es necesario diseñar y poner en marcha una estrategia de largo plazo de manera planificada, para ir avanzando paulatinamente, pero con pasos firmes en su solución.

La soberanía alimentaria a su vez solamente puede lograrse mediante la producción —termino, señor presidente— de alimentos agropecuarios y pesqueros, de otra manera solo estaría hablando de una soberanía hipotética; por lo que es nuevamente una demanda de los perredistas que el gobierno federal haga llegar los recursos públicos, en tiempo y forma, a los legítimos beneficiarios, y que no se desvíen hacia propósitos distintos para los que esta Cámara de Diputados los autorizó. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Con su permiso, señor presidente. Por supuesto que vengo en representación de los diputados del Partido Acción Nacional, para manifestarnos a favor de la propuesta de exhorto establecida por el diputado proponente; por supuesto que estamos a favor, los diputados del Partido Acción Nacional, para poner y dar las herramientas necesarias para que un sector tan importante en el país, como el sector pesquero y tan importante como es en Yucatán, tenga todo el apoyo, no solamente de la federación, sino del estado y de los municipios.

Estoy aquí precisamente para señalar que estamos de acuerdo y votaremos a favor, porque ese sector trabaja y produce y es un sector muy sensible en nuestra nación.

También he escuchado con atención comentarios, desde el diputado proponente hasta algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, y voy a ser concreto y objetivo para señalar que por supuesto que desde la federación, en la actual administración federal, se han dado apoyos al campo y a la pesca a nivel nacional, pero por supuesto que también a nivel estatal, como es el caso que nos ocupa por la propuesta específica.

Quiero señalar, por ejemplo, nada más del año 2011 y de 2012, se han propuesto y ejercido para 2011, 400 millones de pesos para el campo; 222 millones se ejercieron directamente por la Sagarpa y 178 millones es la aportación federal a una bolsa que se reúne y se ejerce a manera estatal con la participación del estado.

Quiero decirles que esos 178 millones en el 2011, 132 millones en el 2012 y sus contrapartes, se establecieron y se firmaron los compromisos en el Presupuesto de Egresos de esta Cámara, que se emitieron en el año correspondiente y en el Congreso estatal. Pero la aportación, el pari passu del gobierno estatal de la administración que recién terminó, no fue aportada.

Nos vamos a más detalle, en el de los motores, en este programa que tanto ayuda a los pescadores para ir con seguridad a pescar y proveer a sus familias; efectivamente, en todos los años anteriores ha habido la aportación de la federación, pero también ha habido la omisión del estado: 50 por ciento la federación, 25 por ciento el estado y 25 por ciento los pescadores.

Aquí, en Yucatán, en los años anteriores —como bien se dijo— que ha funcionado este programa, el 50 por ciento lo han tenido que dar cada año los pescadores y la federación.

Solamente para concluir y marcar diferencias entre lo que es apoyar y realmente estar a favor de los pescadores en México y en Yucatán. El informe de gobierno de la administración que recién concluyó, el V Informe de Gobierno, nos dice en un párrafo muy escueto —en la página 200, por si lo quieren revisar—, que el apoyo hacia los pescadores en el programa estatal a productores en el estado de Yucatán fue de rehabilitar 17 embarcaciones, se compraron tres motores y se repararon otros seis. Ésa es la importancia en Yucatán para la administración priista, que recién terminó, el tema de los motores y de los pescadores.

Por eso aquí hay que venir con datos objetivos y hablar con la verdad. Votaremos a favor, porque votamos a favor de los pescadores en México y de Yucatán. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo: Señor presidente, para que no me corran el tiempo, nada más si me permite unas palabras, no me voy a robar mucho tiempo, lo prometo.

Es más, solamente hacer un reconocimiento y todo mi respeto a las diputadas, mujeres diputadas federales de todos los grupos parlamentarios, que el día de ayer demostraron que las mujeres podemos tomar acuerdos, trabajar en equipo y ser muy valientes. Ayer jugaron fútbol, lo hicieron muy bien, así que mi reconocimiento a todas las mujeres, tanto a periodistas como a las diputadas, un aplauso, que a pesar de todo nos ganaron, pero ahí vamos. Un aplauso para todas ustedes.

Con su permiso, señor presidente. La pesca es una de las actividades que más permite crear empleos, realizar comercio y por lo tanto, generar bienestar económico en el país.

Esta actividad es desempeñada por alrededor de 300 mil pescadores, distribuidos: 52 por ciento en el Pacífico, 40 por ciento en el Golfo de México y en el Caribe y 8 por ciento en estados sin litoral.

Sin embargo, este sector cada vez es más vulnerado, cada vez va más a la baja y muestra de ello es que nuestros pescadores carecen de embarcaciones equipadas y cuentan con una infraestructura portuaria deficiente, lo que redunda en detrimento de su productividad y condiciones de vida.

Como consecuencia de lo anterior, el gobierno federal puso en marcha el programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, el cual tiene como uno de sus objetivos incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas acuícolas y pesqueras, a través de apoyos para la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura pública productiva para beneficio común.

Derivado de esta política pública se desprende el programa estratégico de Sustitución de motores marinos ecológicos cuyo objetivo consiste en eficientar la operación de la flota pesquera menor mediante la sustitución de estos motores o de igual manera con sus embarcaciones, el cual va dirigido a las personas físicas o morales que tengan permiso de pesca, que se dediquen a la captura de especies marinas o dulces acuícolas.

Con el firme compromiso de apoyar a este sector, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año en curso, en su Anexo VIII, establece que se destinarán a la Sustitución de motores marinos ecológicos, 300 millones de pesos.

No obstante lo anterior, las autoridades federales han retenido aquellos recursos destinados al programa de referencia. Lo que significa que los apoyos no están llegando a los productores, como ya se había previsto.

Déjenme nada más comentar, en este momento, al diputado que me antecedió, de Acción Nacional, que si en años pasados no se había dado la aportación por parte del estado, seguían llegando estos recursos. Luego entonces, eso no es pretexto para que nuestros pescadores padezcan esta falta de recursos.

Y retomo. Señoras y señores diputados, si estos recursos ya fueron aprobados, tienen y deben llegar a los pescadores; es por ello que nos unimos, muy comprometidos, al punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de Hacienda, Sagarpa y de su órgano desconcentrado, Conapesca, a fin de que se liberen los recursos destinados a dicho programa, específicamente a la Sustitución de motores marinos ecológicos para beneficio de los pescadores. Nuestros pescadores necesitan estos recursos. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir que se abra el sonido de la curul en la que se encuentra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, por favor. Adelante, diputada.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Gracias, presidente. Solo para que no pase por desapercibido, en el momento en que estábamos las diputadas en la tribuna, tuvo a bien leer el acuerdo de la Junta de Coordinación por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las comisiones ordinarias para dictaminar iniciativas dando prioridad al interés superior de la niñez.

Quiero exteriorizar mi reconocimiento a la Junta de Coordinación por esta sensibilidad que ha mostrado, como a esta asamblea y a las diputadas que, junto con su servidora, con el mismo entusiasmo y compromiso, lo suscribimos.

A la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del PT; a Loretta Ortiz Ahlf, del PT; a Nelly del Carmen Vargas, de Movimiento Ciudadano; a Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Movimiento Ciudadano; María del Rocío Corona Nakamura, del PRI; a Patricia Elena Retamoza Vega, del PRI; a Isabel Gauna Ruíz de León, del PRI; a nuestra compañera Alfa Eliana González, del PRD, y a todos mis compañeros y compañeras mi reconocimiento. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Su intervención ya formará parte del Diario de los Debates.

*INICIATIVA Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Informo a la asamblea que en términos del artículo 102 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida a la Secretaría se registren para la próxima sesión.

DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 16 de octubre, celebración del Día Mundial de la Alimentación. Tiene la palabra el diputado Jorge de la Vega Membrillo, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo:Gracias, señor presidente. Diputadas, diputados, hace un par de días, se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre, día que nos invita a la reflexión, día que nos invita a dar un repaso sobre este tema, que desde luego no es menor; no lo es, porque si existe un problema de carácter social vinculado a la alimentación, es el problema del hambre, problema connatural a la pobreza.

Escuchar cifras que no dejan de ser escalofriantes nos ponen en alerta, nos advierten lo mucho que sobre el tema tiene que realizarse, escuchemos algunas de ellas. Según estimaciones de organismos internacionales, en la actualidad existen más de mil millones de personas en el mundo que padecen hambre.

Aquí en nuestro México, de acuerdo al Inegi, de 2001 a 2010 fallecieron 85 mil 343 personas por desnutrición. Estas cifras —decíamos hace un momento— requieren, exigen una profunda revisión de la política económica y social para construir una economía con equidad y con justicia.

Hace falta mucho por hacer. No conmemoremos este día aplaudiéndole, sino impulsando, profundizando aquellas iniciativas que ayuden a enfrentar este grave problema, que es el hambre. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Ruego a la Secretaría continúe con los asuntos en cartera.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se han agotado los asuntos del día de hoy, señor presidente.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín (a las 15:26 horas): Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 23 de octubre de 2012, a las 11 horas. Se informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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