*PROPOSICIONES

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 23 de octubre de 2012, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 23 de octubre de 2012 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente.»

«Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Citricultura, a cargo de la diputada Verónica Carreón Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Baja California, para que cumpla la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resolvió el recurso de apelación 405/2012 que sanciona al presidente municipal de Mexicali, por la violación al principio de equidad e imparcialidad durante el pasado proceso electoral federal, asimismo se exhorta al citado Tribunal, para que verifique el cumplimiento de dicha sentencia, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el impulso de la agroindustria de la palma de coco y productos derivados, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como a la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a dar cumplimiento a la sentencia dictada a favor del SME, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF, para que considere en la aplicación de la partida presupuestal destinada a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un presupuesto congruente con el crecimiento de la matrícula, fomento al desarrollo de proyectos de investigación y extensión en su infraestructura y actualización de programas y estudios, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Nayarit, para que garantice la seguridad de los jóvenes profesionistas, que prestan su servicio social en zonas rurales apartadas o aún en poblaciones pequeñas, a cargo de la diputada María Celia Urciel Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial plural para la educación media superior en México, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la SSP, a la Sedena y a la Semar, para que cumplan con las recomendaciones hechas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, para que se realicen las gestiones necesarias, a fin de garantizar el cumplimiento del pago de pensiones a los trabajadores ferrocarrileros jubilados, a través de los recursos depositados en el Fideicomiso Ferronales Jub 5012-6, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para fortalecer el cultivo y comercialización del producto plátano, a cargo de la diputada Verónica Carreón Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

11. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Feminicidios, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, para que cumpla con la normatividad en las estaciones migratorias de la frontera sur, asimismo, para que al interior de las Comisiones de Asuntos Frontera Sur-Sureste, de Asuntos Migratorios y de Derechos Humanos, se integre un grupo plural de trabajo con el objetivo de supervisar las instalaciones de las estaciones migratorias de la frontera sur, así como de la normatividad aplicable sobre la materia, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, suscrita por el Dip. Pedro Ignacio Domínguez Zepeda y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Michoacán, para que establezca una mesa de diálogo, para que por esa vía se resuelvan los conflictos suscitados con los normalistas de ese estado y las demandas de mejora de las condiciones de estudio que reclaman los estudiantes y padres de familia, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Michoacán para que libere a los normalistas rurales detenidos en los eventos de represión del 15 de octubre de 2012 y para que retome el diálogo con los normalistas michoacanos desde una postura de respeto a la diversidad y de conciliación entre las partes, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

16. Con punto de acuerdo, para impulsar el desarrollo en infraestructura de transporte público de pasajeros en Guadalajara, Jalisco, a cargo de la diputada Maria del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Infraestructura, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, relativo a la necesidad de evitar que se sigan suscitando agresiones en contra de periodistas, asimismo se solicita la creación de una Comisión Especial para la defensa de la libertad de expresión, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Jalisco y del municipio de Guadalajara, para que celebren un convenio para constituir un fideicomiso público para contar con una reserva urbana destinada al repoblamiento estratégico de esa zona, a cargo de la diputada Maria del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración y al gobierno del estado de Veracruz, para que haga público el resultado de las actividades que ha realizado para prevenir los actos de secuestro a indocumentados centroamericanos, y para que se investigue el paradero de los 40 migrantes desaparecidos el pasado 3 de octubre, en Medias Aguas, Veracruz, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de fomento y desarrollo de los pueblos mágicos, a cargo de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.»

COMISION ESPECIAL DE CITRICULTURA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de citricultura, a cargo de la diputada Verónica Carreón Cervantes, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Verónica Carreón Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y las diputadas y diputados del integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el Estado de Veracruz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 79, numeral II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita la creación de la Comisión Especial de Citricultura, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La citricultura es la tercera actividad de importancia en los cultivos agrícolas mexicanos. Se refiere al cultivo de productos que contienen ácido cítrico o sabor citrino; como lo son: el limón, la naranja, la mandarina y la toronja, los cuales en suma representan un 94% de la superficie sembrada y cosechada con cítricos   en nuestro país.

A nivel mundial son producidas más de 90 millones de toneladas de cítricos, en la cual ocho países concentran casi el 80% de la producción. México es considerado el cuarto productor de cítricos en el mundo ya que sus más de 550 mil hectáreas establecidas con este cultivo, le permiten generar cerca de 7 millones de toneladas métricas.

El 91% de la producción citrícola se concentra en 10 estados y sus zonas productoras se encuentran bastante delimitadas. Predomina en la costa del Golfo de México, comprendiendo los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Yucatán, y cercanos a estos Nuevo León y Puebla. Por el otro lado, en la costa del Pacífico encontramos a Sonora, Colima, Michoacán y Oaxaca.

Ejemplo de la importancia de la citricultura es que la naranja es el cultivo que en cuanto a superficie y volumen de producción ocupa el primer lugar en México en el sector frutícola; y dentro de sus hogares, tiene gran demanda por su consumo en fresco, lo cual deja a la industria con escasa oportunidad de captar mayores volúmenes de producto para su procesamiento y comercialización. El factor que contribuye a generar esta tendencia es su precio, ya que mientras el mercado nacional paga de 450 hasta 1,000 pesos la tonelada promedio en la temporada, la industria no ofrece más de 500 pesos por tonelada, en parte, debido al arancel que hasta ahora paga por exportar el jugo extraído por la fruta procesada; analizar y pugnar por mejores condiciones para el sector, será una más de las tareas de esta comisión especial de citricultura.

Desde esta Cámara de Diputados, tal y como desde la LX Legislatura se ha hecho, debemos continuar salvaguardando esta actividad, con la implementación de políticas públicas dirigidas a la dotación de recursos que permitan erradicar plagas y enfermedades que ponen en riesgo miles de hectáreas de superficie y millones de empleos; aunándose a esto, el constante incremento en el costo de los insumos y la paulatina reducción de precios de venta reales en los frutos cítricos, además de la baja adopción de innovaciones tecnológicas, han acentuado la crisis del campo en general y en particular del sector citrícola.

Asimismo se debe pugnar por eliminar toda clase de barreras fitosanitarias que ponen el desventaja al productor ya que le restringe el acceso a mercados internacionales, principalmente el de Estados Unidos, como mayor comprador a nivel mundial, y para ello se debe revisar la legislación correspondiente, para en su caso, salvaguardar el sector.

Es imperante la necesidad de atender a este sector mediante la interacción entre los diferentes actores que intervienen en esta cadena productiva, he incluso, crear un sistema nacional del producto citrícola, para así propiciar el desarrollo sustentable de los cítricos y el desarrollo humano y social de los productores de todos los estados con producción citrícola; ya que solo así se logrará el desarrollo de la comercialización nacional e internacional de la citricultura al nivel competitivo del cual es capaz y merece México.

Por lo expuesto anteriormente, me permito proponer ante este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita a la Junta de Coordinación Política que se apruebe la creación de la comisión especial de citricultura, con el propósito de analizar las opciones de solución que deriven en las acciones oportunas y necesarias para la transformación del sector citrícola mexicano, que tengan como finalidad elevar la producción nacional de cítricos y los ingresos de sus productores y se solicita respetuosamente que el periodo de funciones de esta comisión especial comprenda toda la LXII Legislatura.

Segundo.Esta comisión especial tendrá el propósito de promover políticas, acciones y actividades necesarias para el desarrollo sustentable de la citricultura; así como responder a las necesidades que el sector demande y las atribuciones del Poder Legislativo así se lo permitan.

Tercero.La comisión especial de citricultura se integrada por el número de diputados que la Junta de Coordinación Política de la Cámara considere pertinente, con base a la representatividad proporcional de los grupos parlamentarios que la conforman; su junta directiva estará formada por un presidente y los secretarios que se consideren convenientes, y contará para su desempeño con los recursos materiales, humanos y financieros necesarios.

Palacio Legislativo, a 23 de octubre de 2012.— Diputados: Verónica Carreón Cervantes, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Noé Hernández González, Joaquín Caballero Rosiñol, Tomás López Landero, Fernando Charleston Hernández, José Alejandro Montano Guzmán, Jorge del Ángel Acosta, Zita Beatriz Pazzi Maza, Juan Manuel Diez Francos, Genaro Ruíz Arriaga, Marina Garay Cabada, Leopoldo Sánchez Cruz, Gaudencio Hernández Burgos, Ponciano Vázquez Parissi, Regina Vázquez Saut (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Baja California a cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolvió el recurso de apelación 405/2012, que sanciona al presidente municipal de Mexicali por la violación del principio de equidad e imparcialidad en el pasado proceso electoral federal; y a ese tribunal, a verificar la observancia del fallo, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Andrés de la Rosa Anaya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Baja California a cumplir la sentencia que resolvió el recurso de apelación 405/2012 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que sanciona al señor Francisco José Pérez Tejada Padilla, presidente municipal de Mexicali por violación al principio de imparcialidad durante el proceso electoral federal, y asimismo se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a supervisar el cumplimiento de dicha sentencia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La historia política contemporánea de nuestro país está manchada con un hecho lamentable y trágico; la existencia de un régimen autoritario con un partido de Estado, el cual perduró por cerca de 70 años.

Ese régimen se caracterizó por un  presidencialismo autoritario y despótico, con gobernadores y presidentes municipales que no acataban las leyes y ejercían cacicazgos que atropellaban los derechos políticos y sociales de la población, y las  instituciones  de gobierno se usaban al servicio del partido de Estado y de todos sus candidatos, utilizando de manera ilegal los programas sociales y el dinero público en sus campañas electorales.

El Partido Acción Nacional ha sido un actor central en esta lucha por la democratización del país y en particular del estado de Baja California. Siempre exigiendo, junto a la población, el respeto  al sufragio efectivo, la aplicación de la ley, la imparcialidad de las autoridades gubernamentales, oponiéndonos y denunciando la intromisión ilegal de ellas que imponían, casi siempre, a sus candidatos en los procesos electorales por medio de escandalosos fraudes.

México vivió una transición a la democracia por cerca de 20 años. En ese andar se diseñaron las instituciones democráticas para que los ciudadanos participen de manera democrática. La calificación de las elecciones dejó de estar en manos del gobierno autoritario y se crearon los institutos electorales, el Instituto Federal y los estatales,  muchos de ellos verdaderos pilares de la democracia en los estados, otros, todavía con resabios del pasado.

Se crearon padrones y listados de electores objetivos y confiables, se elaboró la credencial de elector y se establecieron con nitidez las funciones de las diversas esferas de gobierno, así también se delinearon con precisión las medidas para evitar que las autoridades federales, los gobernadores, los presidentes municipales, o cualquier otra autoridad, utilizaran el dinero público o los programas sociales para beneficio partidario.

Siempre, en todos estos procesos, Acción Nacional aportó propuestas de avanzada y mantuvimos, de acuerdo a nuestras raíces y a nuestra doctrina humanista, una actitud basada en el diálogo, la convergencia y poniendo en el centro los intereses de la nación.

Con la alternancia en el gobierno en el año 2000 llegó el establecimiento de un régimen político de democracia plena. El país inició un nuevo régimen en donde está estrictamente prohibido por la ley que el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales usen el dinero público y los programas sociales para apoyar a sus candidatos  a los puestos de elección popular.

Este mandato del marco jurídico del régimen de democracia plena no ha sido acatado por muchos gobernadores priístas y por decenas y decenas de presidentes municipales de ese partido. No solo no lo acatan, sino que a diario atentan en contra de las leyes y reglamentos correspondientes, reviviendo así su cultura caciquil del siglo pasado.

Un hecho que retrata en todo su esplendor esta actitud violatoria de las leyes electorales, es la actitud mantenida por el señor Francisco José Pérez Tejada, presidente municipal de Mexicali, en el estado de Baja California, en el pasado proceso para elegir presidente de la República.

El 23 de mayo de este año 2012, durante el curso de las campañas electorales, fue transmitida por la emisora de radio XEMX-AM 1120 de Baja California, y por  el canal 44 del sistema de cable local, una entrevista realizada a este presidente municipal en el programa “Café Político”, en donde este funcionario declaró públicamente su apoyo a Enrique  Peña Nieto, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Compromiso con México, y desde ahí, promovió el voto en favor del citado candidato, haciendo abierto proselitismo por su partido, tratando de desorientar y confundir a la población haciendo afirmaciones partidistas de manera impune.

Por este hecho, Acción Nacional recurrió, como es nuestra cultura, a las instituciones encargadas de impartir justicia electoral, no sólo para presentar nuestras observaciones, exigir un irrestricto respeto a la ley y pedir castigo ejemplar por la intromisión del presidente municipal en la elección presidencial, sino también, con el claro objetivo de establecer un antecedente rotundo y contundente, de que en Baja California no se deben ni se pueden tolerar esos actos violatorios de la ley en los futuros procesos electorales que se avecinan en nuestro Estado.

Después de presentar nuestros reclamos en el Instituto Federal Electoral y de acudir al Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, esta última institución acordó el 28 de agosto de  este año, una sentencia sancionadora en contra de Francisco José Pérez Tejada Padilla, en su carácter de presidente municipal del XX ayuntamiento de Mexicali, Baja California, por la conculcación a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, en relación con el numeral 347, párrafo 1, incisos c) y f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de la violación al principio de imparcialidad, por la difusión durante las campañas electorales del proceso electoral federal, de comentarios que constituyen propaganda electoral indebida.

Esta sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral,  notificada al Congreso del Estado el día 30 de agosto del 2012, establece que es el Congreso del Estado de Baja California la instancia que debe establecer la sanción a Tejada Padilla.

A mayor abundamiento se cita el Considerando Octavo en relación con el Resolutivo Segundo de la citada Sentencia que a la letra señalan lo siguiente:

...

Octavo. Efectos de la sentencia. El artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no contempla un apartado de sanciones aplicables a los servidores públicos por la comisión de faltas electorales.

Empero, ello no es obstáculo  para que la violación a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, en relación con el numeral 347, párrafo 1, incisos c) y f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en esta ejecutoria fue determinada, sea reprochada conforme a derecho.

Por tanto, esta Sala Superior considera que lo procedente en el caso particular, ante la responsabilidad en que incurrió Francisco José Pérez Tejada  Padilla, en su carácter de Presidente Municipal del XX Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, con copia certificada de todo el expediente en que se actúa, incluyendo la presente ejecutoria, es darle vista al Congreso del Estado de Baja  California, para que proceda conforme a derecho, en términos de los artículos 91, 92 y 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; así como 1; 2; 8; 9, fracción V; de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

...

Resuelve

...

Segundo. Es fundado el procedimiento especial sancionador incoado contra Francisco José Pérez Tejada Padilla, en su carácter de presidente municipal del XX ayuntamiento de Mexicali, Baja California, por la conculcación a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, en relación con el numeral 347, párrafo 1, incisos c) y f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de la violación al principio de imparcialidad, por la difusión durante las campañas electorales del proceso electoral federal, de comentarios que constituyen propaganda electoral indebida, en los términos del considerando SÉPTIMO de esta sentencia.

...

Este acontecimiento es un hecho histórico de gran trascendencia, e inédito en la vida política electoral del país, que pone un alto de manera decidida y tajante a las acciones violatorias de la ley desde una alta autoridad federal, y a la vez es una gran oportunidad para que el Congreso bajacaliforniano demuestre a la sociedad una actitud apegada a la ley.

De igual manera, la sentencia del Tribunal Electoral es un antecedente democrático para orientar adecuadamente el próximo proceso electoral estatal a celebrarse en julio del próximo año y en donde se elegirá nuevo gobernador, presidentes municipales y al Congreso Local.

Es importante señalar, que a la fecha, han transcurrido 48 días de la notificación del Tribunal Federal al Congreso del Estado y aún no se ha cumplimentado la sentencia  referida, por lo cual se ha creado un clima de incertidumbre en la sociedad  bajacaliforniana.

Por estas razones expuestas, me permito presentar a esta Soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al Congreso  del Estado de Baja California a cumplir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolvió el recurso de apelación 405/2012 que sanciona al C. Francisco José Pérez Tejada Padilla en su carácter de presidente municipal de Mexicali por violación al principio de equidad e imparcialidad durante el pasado proceso electoral federal y en consecuencia se inicie el procedimiento que corresponda en términos de los artículos 91, 92 y 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Segundo.Se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a verificar el cumplimiento de la sentencia que resolvió el recurso de apelación 405/2012 que sanciona al C. Francisco José Pérez Tejada Padilla en su carácter de presidente municipal de Mexicali por violación al principio de equidad e imparcialidad durante el pasado proceso electoral federal.

México, DF, a 23 de octubre de 2012.— Diputado Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

COMISION ESPECIAL PARA EL IMPULSO DE LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA DE COCO Y PRODUCTOS DERIVADOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para impulsar la agroindustria de la palma de coco y productos derivados, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, acude ante el pleno de esta soberanía a fin de presentar proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la Comisión Especial para el impulso de la agroindustria de la palma de coco y productos derivados con base en las siguientes:

Consideraciones

Durante los últimos 50 años la falta de inversión y el estancamiento han marcado al campo mexicano; ello aunado a los drásticos cambios que implica la globalización, el crecimiento demográfico, el auge de alimentos transgénicos y el continuo proceso de urbanización nos hacen dudar de la subsistencia del sector para los productores que no están ligados a grandes intereses nacionales y/o internacionales.

México requiere que la agroindustria siga siendo una actividad rentable, sustentable y a su vez cree mayor desarrollo económico. Para el logro de este objetivo, los productores sobre todo los pequeños y medianos necesitan tener acceso a insumos económicos, infraestructura, transporte y créditos asequibles; lo que sólo se puede lograr vinculando los esfuerzos de los gobiernos municipales, estatales y federal que creen los incentivos necesarios para el aumento de la inversión en el sector.

En este contexto considero importante detectar e incentivar las actividades agroindustriales que se puedan potenciar nacional e internacionalmente mediante la disminución de obstáculos en la producción y fortaleciendo las inversiones privadas y públicas que incrementen los márgenes de ganancia de los productores y estos a su vez repercutan directamente en la mejora de sus condiciones de vida.

De acuerdo a cifras de la FAO actualmente alrededor de 92 países son productores de la palma de coco. De 2000 a 2010 la producción mundial aumentó de 49,110,340 a 57,199, 929 toneladas; es decir, un 8%. Sin embargo, dicho incremento no se ha visto reflejado en la producción nacional. Del año 2000 a la fecha nuestro país descendió dos lugares en el ranking internacional de productores.

Son los países asiáticos: Indonesia, Filipinas e India quienes ocupan los primeros lugares y en América Latina solo destacan Brasil y México en el 4to y 5to lugar respectivamente.

Lo anterior, evidencia que aunque México cuenta con regiones de clima tropical húmedo y subhúmedo propicias para el cultivo, dicho territorio es subutilizado, debido, entre otras causas a:

• Sistemas de producción que en su mayoría siguen siendo esencialmente anticuados y se enfrentan a una creciente competencia,

• Durante mucho tiempo la estructura productiva del cultivo se orientó a la producción de copra, (misma que se vio afectada cuando el país se abrió a la importación de diversos aceites de otras plantas oleaginosas y grasas vegetales),

• Una falta de integración de la cadena productiva, así como del mercado, y

• Carencia de créditos accesibles, lo que hasta la fecha limita la viabilidad de inversiones ulteriores que mejoren la producción.

A pesar de lo anterior, la palma de coco es un cultivo que puede potenciarse. Su importancia económica y social se debe no solo a su consumo como producto final, sino también a que sus usos se han diversificado en áreas tales como: la industria de alimentos, los dulces artesanales, el aceite de copra, la pasta, el agua de coco, el carbón activado, los cosméticos, la fibra y sustrato, en la medicina, etc.

Datos de SAGARPA de 2010 muestran que cerca de la tercera parte de los estados que integran nuestro país son productores de coco; destaca Guerrero con 44,200 hectáreas de superficie sembrada anualmente, seguido por Colima y Tabasco con 16,619 y 12,474 respectivamente.

Debido a su característica de ser perenne y no depender de grandes cantidades de insumos y servicios agrícolas, además de prosperar favorablemente en suelos arenosos y salinos de las costas lo convierte además en la mejor forma de prevenir la degradación de las zonas costeras. Consecuencia de ello es que su cultivo se ha extendido en la zona intertropical del mundo ubicando su participación en 5% del total de las exportaciones de aceites y grasas vegetales

Se concluye entonces la importancia de incentivar el crecimiento de esta actividad y promover la inversión en tecnología e investigación que aumente la competitividad de cada uno de los actores de la cadena productiva.

Por lo anterior expuesto propongo: la creación de la Comisión Especial para el impulso de la agroindustria de la palma de coco y productos derivados que tendrá por objeto:

• Constituir un foro donde se reúnan los integrantes de la cadena producción-consumo de la palma de coco, coadyuvando el incremento de la producción y al desarrollo de las regiones y los productores.

• Promover mayor inversión pública y privada en investigación así como en todas las etapas de producción para disminuir los costos de operación.

• Fomentar políticas, foros y talleres para los productores que les permitan la renovación e innovación de infraestructura productiva.

Y someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados con las facultades que le confiere lo dispuesto en los artículos 34 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la creación de la Comisión Especial para el impulso de la agroindustria de la palma de coco y productos derivados.

Segundo.Que la Comisión Especial para el Impulso a la Agroindustria de la Palma de Coco y Productos Derivados se integre por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La Comisión Especial tendrá por objeto generar, fomentar, originar y apoyar la inversión pública y privada en la actividad, promoviendo la vinculación de las instancias federales, estatales y municipales para este fin.

Cuarto. Que la Comisión Especial podrá solicitar la información que considere pertinente y realizar las acciones que correspondan para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, El Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Quinto.Que la Comisión Especial para el impulso de la Agroindustria de la Palma de Coco y Productos Derivados estará vigente todo el tiempo que sea requerido para alcanzar su objetivo, mismo que no podrá exceder al 31 de agosto de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y a la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje a cumplir la sentencia dictada en favor del SME, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Luisa María Alcalde Luján, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 8 de octubre del 2012, el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito emitió sentencia en el juicio 1337/2010, mediante la cual otorgó el amparo y protección de la justicia de la Unión al Sindicato Mexicano de Electricistas.

En dicha sentencia se establece que al no haber existido alguna causa de fuerza mayor que justificara la terminación de las relaciones laborales con más de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad se convertiría en patrón sustituto de los trabajadores.

El tribunal resolvió además que a los trabajadores se les debe pagar los salarios vencidos desde el momento de la ilegal terminación de las relaciones laborales hasta la sentencia, jubilar a quienes hayan obtenido ese derecho en el tiempo que duró el juicio y reinstalar al resto de las trabajadoras y los trabajadores a la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, a pesar de estar en juego la estabilidad y subsistencia económica de 16 mil 599 familias mexicanas que dependen de su trabajo y las indemnizaciones que legalmente les corresponden, la Junta Especial Número Cinco de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no ha dado cumplimiento a la ejecutoria del Tribunal Colegiado, incurriendo así en una violación de los artículos 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo que entre otras cosas establecen que el cumplimiento de la sentencia deberá realizarse 24 horas después de notificada.

Considerando la enorme trascendencia de este tema dentro del devenir económico y social, no sólo de las trabajadoras y los trabajadoras del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino de todos los mexicanos es que proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Eduardo Andrade Salaverría, así como a la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a dar cabal e inmediato cumplimiento de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito en el juicio de amparo 1337/2010 a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas y evitar incurrir en prácticas ilegales tendentes a atrasar el cumplimiento de la sentencia en detrimento de las trabajadoras y los trabajadores electricistas y sus familias.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA CIUDAD DE MEXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a considerar en la aplicación de la partida presupuestaria destinada a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México un monto congruente con el crecimiento de la matrícula, el fomento del desarrollo de proyectos de investigación, la extensión de su infraestructura y la actualización de programas y estudios, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, José Arturo López Cándido, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 2, fracciones II y III, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, el presente punto de acuerdo por el que se hace un exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que considere en la aplicación de la partida presupuestal destinada a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), un presupuesto congruente con el crecimiento de matrícula, fomento al desarrollo de proyectos de investigación y extensión en su infraestructura y actualización de programas y de estudios, al tenor de las siguientes consideraciones:

Consideraciones

El panorama actual de la educación en México se caracteriza, desafortunadamente, por un rezago educativo muy extendido. Ante esto se requiere de acciones y metas a mediano y largo plazo, así como de una firme y decidida política de Estado para convertir a la educación en uno de los motores del desarrollo nacional. Se puede aseverar, que en el ámbito de las expectativas sociales de la población en general, la educación superior compone un objetivo y una meta a lograr. En países a las instituciones públicas, la aplicación de procesos de evaluación que no han demostrado una efectiva mejora en la calidad de la enseñanza y el progresivo aumento de instituciones privadas, la mayoría de las cuales tienen déficit cualitativo. Desarrollados, esta visión del sistema educativo se ha convertido en una realidad, con la tendencia a la universalización del acceso a la educación superior y la amplia cobertura en este nivel educativo. Sin embargo, la política del gran capital en la educación superior mexicana ha traído entre otros efectos críticos, la baja de la matrícula universitaria, una notable reducción del financiamiento.

En el año 2007 se realizó el análisis correspondiente a la situación que atraviesa la enseñanza superior en nuestro país, fue elaborada por Hugo Casanova Cardiel, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien hace una revisión del desarrollo que ha tenido este nivel de estudios con más de 450 años de historia institucional y de los retos que enfrenta en el siglo XXI. En el estudio, Casanova Cardiel determina los efectos de las llamadas "políticas de modernización" en la enseñanza, propias del esquema neoliberal implementado en nuestro país en las dos décadas pasadas. De hecho, sostiene, "hay evidencias para pensar que el leit motiv de la modernización de la educación superior en México ha sido la problemática del financiamiento.” Asimismo, esta problemática surge a consecuencia de diferentes factores, la demanda de infraestructura, mantenimiento y la expansión: ante este último factor es a partir de la contundencia de las cifras del 2012. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP); 160,000 jóvenes que no alcanzaron un lugar en el concurso de ingreso a la UNAM, UAM e IPN.

Mientras que la cobertura del sistema de educación superior en México es del 33%. Representando el 0.9% de los jóvenes rechazados o que no encontraron un lugar en las universidades públicas en México engrosando las filas de los llamados “Ninis” (que no estudian ni trabaja) reconoció el Instituto Mexicano de la Juventud. La problemática anterior, empezó ser atendida a partir de la creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), con el propósito de universalizar el acceso a la educación superior surge este recinto de estudios con el objetivo de combatir la exclusión que padecen miles jóvenes que desean cursar la educación superior. De esta manera, a sus 11 años de existencia la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) ha otorgado una espacio educativo a a miles de jóvenes con anhelos de ser matriculados en una Educación Superior Pública en el Distrito Federal misma que contribuya a su pleno fortalecimiento personal y profesional; sin embargo, esta Universidad se ha encontrado con dificultades para su desarrollo institucional y académico, a consecuencia de la restricción del presupuesto. El crecimiento de la infraestructura y el incremento en la matrícula en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) constituye uno de los elementos centrales para la demanda de ampliación presupuestal. El presupuesto asignado a la UACM para el periodo 2007-2012 no corresponde al aumento de estudiantes para el mismo periodo como a continuación se describe:

La matrícula de licenciaturas e ingenierías ha registrado un incremento del 48.47% de 2007 a 2012 (15.95% en 2008, 6.35% en 2009, 6.71% en 2010, 6.76% en 2011 y 12.70% en 2012). En contraste, el presupuesto otorgado a la Universidad Autónoma Ciudad México (AUCM) sólo ha registrado un incremento del 24.78% entre 2007 y 2012; es decir, sólo la mitad del aumento matricular.

En junio de 2012, el Consejo Universitario aprobó seis nuevas licenciaturas y cuatro posgrados. Las nuevas licenciaturas han iniciado en el semestre 2012-II con 511 estudiantes, número que indudablemente crecerá para 2013.

Los planteles Casa Libertad, Centro Histórico y Del Valle han sido adaptados para uso escolar. Son edificios con más de cuarenta años de uso y, en consecuencia, su mantenimiento es costoso. Los tres inmuebles están saturados. No hay espacio suficiente para cubículos de profesores, salas de apoyo didáctico, laboratorios y espacios recreativos. Los dos últimos, además, albergan oficinas administrativas como es la Oficina del Abogado General, la Oficina de Transparencia, la Contraloría y la Rectoría.

En los casos de los planteles San Lorenzo Tezonco y Cuautepec, edificados especialmente para la UACM, existen obras detenidas. San Lorenzo Tezonco no cuenta con auditorio ni biblioteca, pero sí con espacios para que sean edificados. Por lo pronto, se han improvisados salas, no suficientes, que cumplen las funciones de auditorio y biblioteca.

El más joven de todos los planteles, Cuautepec, cuenta con el espacio físico de auditorio, no así con el equipamiento debido. La UACM cuenta, además, con la sede Eugenia (oficinas administrativas), el Centro Vlady (museo y centro cultural), así como con Casa Talavera (centro cultural que comparte espacio con oficinas administrativas universitarias). El mantenimiento de estos espacios implica, sin lugar a dudas, un gasto importante. En 2010 se donó a la UACM un edificio ubicado en República de El Salvador. Para que éste sea utilizado se requieren trabajos de restauración. Estas necesidades, y la solicitud para rentar o edificar un nuevo espacio que concentre todas las áreas administrativas de la UACM, no han podido solventarse ante la falta de recursos presupuestales suficientes. Asimismo, el 16 de diciembre de 2009, con la aprobación de la Asamblea de Comuneros, el entonces Jefe Delegacional de Milpa Alta, Francisco García, llevó a cabo en un acto público la donación del predio Malacaxco al entonces Rector de la UACM, ingeniero Manuel Pérez Rocha.

La donación tiene como objetivo la construcción del sexto plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sin embargo, los trabajos para la edificación de la UACM Milpa Alta se han visto afectados por diversos factores, entre ellos la falta de presupuesto. De contar con presupuesto necesario, la UACM podría expandir su oferta a la zona rural del sur de la ciudad.

Por lo pronto, la disposición de la Asamblea de Comuneros, y de las autoridades delegacionales, así como de un sector amplio de la comunidad de la UACM, existe.

El rezago financiero en el que ha caído la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), impide cumplir los objetivos educativos, sociales y culturales para los cuales ha sido creada, afectando de manera directa a sus matriculados y a sus aspirantes impidiendo el desarrollo integro del potencial profesional de los futuros profesionistas del Distrito Federal; siendo que el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones optimas para lograr el ejercicio pleno del Derecho a la Educación consagrado en el artículo 3 constitucional.

En este orden de ideas, la Ley General de Educación señala en sus artículos 9 y 27 que el Estado promoverá y atenderá las condiciones a través de apoyos financieros necesarios tomando en cuenta el carácter prioritario de la Educación Pública para los fines del Desarrollo Nacional.

En este tenor la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal establece en su artículo 5..(..)..La autonomía presupuestaria y de gestión otorgada a los órganos autónomos y de gobierno a través de la Constitución, estatuto o, en su caso, de disposición expresa contenida en las respectivas leyes de su creación, comprende: (...) III. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor cumplimiento de sus programas, previa aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la normatividad correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y cumpliendo con las metas y objetivos de sus programas operativos; esta Ley, de las leyes de su creación y demás normatividad aplicable en la materia.

En este orden de ideas el artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma Ciudad de México establece que la Asamblea Legislativa asignará anualmente a esta institución, como mínimo para su presupuesto de operación, 3.4 salarios mínimos generales anuales en el Distrito Federal por cada estudiante con dedicación ordinaria.

Asimismo señala que la Asamblea Legislativa debe considerar la asignación presupuestaria de la Universidad como programa prioritario para propósitos presupuestales y el monto del financiamiento nunca será inferior al presupuesto del año previo.

Aunado a lo anterior la Universidad Autónoma Ciudad de México (UACM) sufre deterioro en sus instalaciones y requiere un diagnóstico completo que permita que se complementen los trabajos de mantenimiento y de seguridad de los diversos planteles en situación de riesgo, los cuales requieren atención inmediata.

Dado los acontecimientos mencionados, vemos con preocupación el presupuesto que no es suficiente para darle operatividad a la Universidad.

Por lo antes mencionado, sometemos a la consideración del pleno el presente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que considere en la aplicación de la partida presupuestal destinada a la Universidad Autónoma de la Ciudad De México, un presupuesto congruente con el crecimiento de matrícula, fomento al desarrollo de proyectos de investigación y extensión en su infraestructura y actualización de programas y de estudios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintitrés de octubre de dos mil doce.— Diputado José Arturo López Cándido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

ESTADO DE NAYARIT

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nayarit a garantizar la seguridad de los prestadores de servicio social en zonas rurales apartadas o aun en poblaciones pequeñas, a cargo de la diputada María Celia Urciel Castañeda, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, María Celia Urciel Castañeda, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3o., fracción XVIII; 6o. fracción I; 62, 76 fracción IV y 79 numeral 1 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable   Congreso de la Unión, la siguiente proposición con puntos de acuerdo, con exhorto al gobierno del estado de Nayarit para que se garantice la seguridad de todos los jóvenes profesionistas, que prestan su servicio social en zonas rurales apartadas o aún en poblaciones pequeñas que carecen de elementos de seguridad necesarios para su población.

El pasado lunes 15 de octubre del presente año en la población de  “el Macho” municipio de Tecuala en el estado de Nayarit, se presentó un hecho lamentable y vergonzoso que ha cimbrado los sentimientos de todos los mexicanos. En donde una jóven médico pasante de la carrera de Medicina que prestaba su servicio social obligatorio en el Centro de Salud Rural,  disperso de dicha localidad, fue salvajemente atacada por cinco sujetos que después de golpeada y violarla la dejaron abandonada, fue encontrada hasta el día siguiente cuando se le traslado al Hospital General de la ciudad de Tepic, donde aún pertenece en el nivel 3 de terapia intensiva con intubación endotraqueal y en estado de coma, con un diagnóstico reservado.

Los atentados de esta naturaleza vulneran el libre desarrollo psicosexual de las personas, representan una de las atrocidades más aberrantes que atentan directamente contra los derechos fundamentales de todo ser humano que el Estado debe proteger y sobre todo garantizar. Cabe recordar que durante los meses de junio, julio y agosto se presentaron crímenes considerables de violencia sexual en contra de menores, impactaron a la sociedad nayarita que permanece en temor constante ante estos delitos.

Después del suceso, el pasado día 19 de octubre estudiantes de medicina, pasantes y médicos de la entidad indignados por esta agresión, convocaron a una marcha de protesta y paro de labores, situación que pone de manifiesto la voluntad y solidaridad ciudadana, así como la inconformidad presente debido a la falta de seguridad en esta entidad federativa.

A pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit (PGJE) ha confirmado la detención de cuatro sujetos presuntos responsables del ataque, y que el gobernador  licenciado  Roberto Sandoval Castañeda externó su repudio ante la agresión que sufrió la jóven pasante, cabe mencionar que el gobierno de Nayarit, ha mostrado una ineficiencia considerable en cuanto a garantizar la protección de los ciudadanos. Cabe recordar que en el 2011, el gobernador declaró que se trataba de “asuntos electorales” la petición de apoyo a víctimas de la violencia ejercida por la delincuencia organizada en el estado desde 2010, lo que pone de manifiesto la opacidad que presenta el estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Prueba de ello, recae en que el índice de inseguridad en dicha entidad federativa es del 62.3%.

Asimismo, por su índice de homicidios en 2011, Tepic ha sido catalogada como la ciudad número 16 de las 50 ciudades más violentas del mundo, y Nayarit es la entidad federativa número 28 de las 50 más violentas del mundo, según se desprende de una evaluación realizada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC.

Este crimen representa de manera clara y consistente la evidente situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los jóvenes que desempeñan su labor, talento y esfuerzo en beneficio de las comunidades más necesitadas, así como la situación de violencia imperante en Nayarit. Ante estos acontecimientos, resulta por demás necesario e indispensable que el gobierno del estado, garantice la seguridad de las médicas y los médicos poniendo elementos de seguridad permanentes en cada uno de los centros de salud que dan servicio y benefician a su comunidad.

En consideración a los hechos anteriormente mencionados, me permito presentar a esta soberanía, la siguiente propuesta con:

Punto de acuerdo

Único. Se realiza un exhorto al gobierno del estado de Nayarit para que se garantice la seguridad de todos los jóvenes profesionistas, que prestan su servicio social en zonas rurales apartadas o aún en poblaciones pequeñas que carecen de elementos de seguridad necesarios para su población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputada María Celia Urciel Castañeda (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

COMISION ESPECIAL PLURAL PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN MEXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial plural para la educación media superior en México, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 13 de octubre de 2011, la LXI Legislatura aprobó el dictamen con proyecto de decreto que presentó la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Con fecha 9 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformados el párrafo primero, el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el transitorio segundo del mismo decreto se señala: “Se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022”.

Con fecha 9 de octubre del presente año, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara publicó una comunicación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la que remite el documento Efectos de la declaración de la obligatoriedad de la educación media superior en la demanda futura por servicios educativos presupuestales, donde informa de la trigésima reunión nacional plenaria ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), celebrada el 10 de septiembre de 2012.

En el comunicado se especifica: “Se interpreta el concepto de obligatoriedad establecido por el legislador, de tal forma que la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior se establece como el deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica”.

Y agrega: “La obligatoriedad para el Estado se reduce a garantizar que el sistema educativo nacional tenga la capacidad de absorber a los egresados de la educación básica y de retenerlos en las aulas hasta la conclusión de sus estudios en este nivel educativo”. Acota: “Las principales causas de la falta de cobertura son explicadas más por número de jóvenes que no terminaron la secundaria y por la deserción en la media superior”.

Además, señala: “Esta definición trae como resultado que la evolución futura de la demanda esté altamente condicionada por el comportamiento de tasa de cobertura y la eficiencia terminal de la educación secundaria así como del la tasa de eficiencia terminal de la EMS, por otra parte la reforma constitucional tampoco establece al Estado Mexicano la obligación de ofrecer Educación Media Superior a aquellos que teniendo concluida la Educación Secundaria se encuentren por encima de la edad típica, es decir que se encuentren en situación de rezago educativo (énfasis nuestro). De forma tal que de no darse un cambio sustantivo en estas variables, no obstante que se declaró obligatoria la EMS, no cabe esperar un incremento importante en la demanda por este servicio educativo”.

El transitorio segundo del decreto dice: “... ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país”. Enfatizo: “en sus diversas modalidades en el país”. Esto implica la enseñanza media superior de los sistemas federal, estatal, municipal y autónomo, en sus modalidades de propedéutico, mixto y terminal, pero también la educación para adultos.

Agrega: “La población que no fue absorbida por la educación media superior, calculada a partir de la tasa de absorción para el ciclo escolar 2008-2009, cuya tasa de cobertura fue del orden 62.3 por ciento, lo que viene a significar que cerca de 2.4 millones de jóvenes en edad de cursar la educación media superior no lo estaban haciendo”.

El comunicado concluye: “Para el ciclo escolar 2010-2011, la tasa de absorción de egresados de secundaria alcanzó 96.7 por ciento lo que significó que casi 97 de cada 100 egresados obtuvo un lugar en la educación media superior. Sin embargo, el indicador de cobertura neta, es decir el porcentaje de la población de 15 a 17 años que se matricula en este tipo educativo, al inicio del ciclo 2010-2011 fue de 53.2 por ciento. Si se estimara la cobertura sólo para el grupo de edad típica con secundaria terminada, entonces sería de 69 por ciento. En el primer caso, se estaría hablando de la inasistencia de casi 3 millones de jóvenes, mientras que en el segundo, de un millón y medio: dentro de los últimos se encuentran cerca de 600 mil jóvenes que desertaron”(énfasis nuestro).

Todo ello quiere decir que la SEP, según su interpretación, sólo atendrá en esos 10 años a los egresados de secundaria que cuentan con su certificado de estudios y cuantifica en un millón y medio de jóvenes aproximadamente para 2012 y abandona a su suerte a otro millón y medio de jóvenes que no fueron absorbidos y los que no terminaron su secundaria, y a quienes desertaron en la enseñanza media superior, durante más de cinco años, que es el tiempo promedio en que pudieron estudiar una carrera profesional y que no tuvieron esa oportunidad, hasta alcanzar la edad correspondiente.

Las cifras que aquí conocemos ilustran sobre la responsabilidad de la SEP, principalmente sobre la eficiencia terminal de la enseñanza secundaria y la media superior y que en consecuencia se traduce en jóvenes que no logran obtener su certificado de secundaria y de preparatoria y que la SEP no logró retenerlos para el término de sus estudios.

Éstos son precisamente los jóvenes que constituyen el grupo denominado peyorativamente como “ninis”. Estamos hablando entonces, como dice la SEP, de 3.5 millones de jóvenes que no estudian, debido principalmente a que esta dependencia federal no ha resuelto la mejora de la eficiencia terminal, o evitar la deserción en educación media superior y a los cuales la SEP no dará educación media superior. Y también ha decidido que no atenderá la población en calidad de rezago educativo.

La política educativa en la educación media superior

La política educativa de Luis Echeverría adoptó la decisión de separar las escuelas preparatorias de las universidades y la creación de los colegios de bachilleres. A esto obedecía también la separación de las prevocacionales del Instituto Politécnico Nacional y las secundarias de las normales rurales, creando escuelas de técnico-agropecuarias, industrial y comercial, y de separar las escuelas preparatorias de las universidades para sustituirlos por Colegios de Bachilleres, Conalep u otras instituciones.

En el régimen de Carlos Salinas de Gortari se aplicó una política aún más restrictiva de la educación superior y de la media superior, impulsando las carreras del sistema terminal postsecundaria y las cortas de bachillerato (PNES 80).

Así proponía la disminución del ingreso, con aumento de demandantes de educación media terminal, con campañas de orientación vocacional; aumento de requisitos y procedimientos de selección académica para el ingreso, con eliminación gradual del pase automático, implantación de topes de admisión por carreras y la Racionalización del crecimiento de la población escolar. (p. 10.41).

Según el Informe nacional sobre la educación superior en México, de la SEP, la política educativa aplicada en 1983, flexibilizó el currículo y pasó al sistema de créditos, para no prolongar los estudios innecesariamente y disminuir lo más posible la estancia de los estudiantes en las aulas. Unificación del tronco común curricular, reducción de años de estudio y unificación de fechas de ingreso del bachillerato. Los diversos sistemas y propuestas educativas, son un obstáculo, ya que la homologación de créditos entre los diferentes currículos es difícil. Como consecuencia, los jóvenes desertan”.

En México, el número de jóvenes de entre 25 y 34 años sin bachillerato es de 58 por ciento, junto con Turquía, lo que lo convierte en uno de los países con mayor porcentaje. México ocupa el primer lugar cuando se mide la deserción entre 33 de 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha informado que en el sistema educativo, la tasa de deserción más alta está concentrada en la preparatoria y bachillerato, que llega a 15 por ciento.

Por las fechas en que fue celebrada la reunión del Conaedu, es decir, el 10 de septiembre de 2012 y la fecha del dictamen, podemos intuir que las conclusiones de la reunión mencionada influyeron finalmente en la redacción de la reforma constitucional, acotando los efectos solo a los egresados de secundaria y que se encuentren en la edad típica, abandonando a los jóvenes que no pudieron estudiar la secundaria y los que desertaron por la deficiencia terminal de la SEP en este nivel educativo.

Han sido entonces la SEP y la política aplicada, la responsable de que existan estos jóvenes que no estudian y no ha tenido políticas eficientes para que terminen su educación, ni tampoco, para que los que han desertado, puedan posteriormente terminar su instrucción secundaria con programas intensivos y especiales para los jóvenes.

A esa situación se agregarán ahora los jóvenes que no pueden ingresar en la educación media superior y los que desertan. Estos programas deben aplicarse inmediatamente y resolver la terminación de la educación secundaria y la media superior de estudiantes rezagados y que ya suman 9 millones. Es evidente que ahora podemos iniciar la solución de los jóvenes ninis por lo que corresponde a su educación. La madre de los ninis es sin duda la SEP.

Deserción en educación media superior

En México, 14.5 por ciento de los bachilleres que se encuentran en las aulas abandonan los estudios, es decir, 600 mil jóvenes en edad económicamente activa, terminan integrándose al campo laboral informal, mal remunerado o incluso ilícito. En promedio, en los países de la OCDE, 20 por ciento de los adultos jóvenes dejaron de estudiar antes de completar la preparatoria.

De los jóvenes de 15 a 18 años, 60 por ciento no recibe educación media superior, por lo que es necesario que la SEMS amplíe sustancialmente el programa de becas, ya que de las principales causas de la deserción es el no poder sustentar sus estudios.

En el ciclo escolar 2009-2010 del programa “Síguele, caminemos juntos”, que realizó la SEP, cada 25 segundos, en promedio, un joven decide no seguir estudiando y abandona el bachillerato. Para 2008-2009, se calculaba que por día 3 mil 114 jóvenes desertaron a diario del bachillerato. Su magnitud no sólo afecta la calidad de vida de los jóvenes, sino también tiene repercusiones económicas y sociales en el país”.

Para contener este fenómeno, la SEP intensificó la campaña de inscripción para que los estudiantes puedan obtener una de las 400 mil becas, para retener a los jóvenes en las aulas de la educación media superior.

En el apartado “Justificación” del programa se plantea que el propósito es disminuir la deserción y la reprobación escolar.

Motivos para el abandono

“Los jóvenes de 15 a 19 años de edad que dijeron –en la Encuesta Nacional de la Juventud 2005– haber abandonado la escuela señalaron como las principales causas el que “tenía que trabajar” y “porque ya no me gustaba estudiar”, como los motivos centrales de su decisión, dice el estudio”.

Deserción es un drama: SEP

El subsecretario de Educación Media Superior informó que la cifra de jóvenes de entre 15 y 18 años de edad que deberían estar en la escuela y no lo hacen es de un millón 800 mil personas, entre los cuales están los que habiéndose inscrito abandonaron sus estudios y los que no concluyeron la primaria o la secundaria o son analfabetos.

La cifra de jóvenes que pertenecen a la cohorte generacional de 6 millones y tienen edad para cursar estudios de educación media superior, alrededor de 4 millones 200 mil alumnos están en las aulas, y 1 millón 800 mil “por alguna razón no lo están”.

Al presentar el informe, en París, Equidad y Calidad de la Educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventajas, la OCDE consideró que el abandono escolar es uno de los mayores desafíos en todos los países y planteó 10 recomendaciones para prevenir el fracaso escolar y ayudar a mejorar las escuelas y estudiantes en desventaja. Entre ellas están el crear un “pase automático” que limite la reprobación, “clausurar” las escuelas que no brinden un servicio adecuado y fusionar los pequeños planteles, además de impulsar créditos y apoyos conforme a las necesidades de los alumnos, entre otras.

El estudio señala que el entorno socioeconómico bajo, las circunstancias personales o sociales y de injusticia, “provoca el fracaso escolar cuya manifestación más visible es la deserción”.

El gobierno tiene una responsabilidad de asegurar que los jóvenes encuentren oportunidades para realizarse en la proximidad de su vida adulta. En 2010 nuestro país alcanzará el máximo histórico en el número de jóvenes entre 16 y 18 años, los cuales constituyen el grupo en edad de cursar educación media superior (EMS).

“De no haber un nuevo impulso a la EMS, en el ciclo escolar 2012-13 la tasa de graduación sería de 49.1 por ciento por ciento, la cual es menor al promedio en el que se encontraban los países de la OCDE a finales de la década de los años sesenta”. En otras palabras, de continuar las tendencias actuales, al inicio de la segunda década del siglo XXI, la EMS en nuestro país tendría un rezago de 50 años. Esta no puede ser una opción para un país que aspira a mayores niveles de bienestar en una etapa en que el número de jóvenes alcanza su máximo histórico.

Cobertura

Dadas las tendencias demográficas y educativas que se observan en el país, el crecimiento más notable del sistema educativo nacional durante los próximos años se localizará en el nivel medio superior. La cobertura de la EMS debe entenderse como el número de jóvenes que cursa el nivel en relación con los que se encuentran en edad de cursarlo.

El cuadro siguiente muestra el indicador de cobertura de la EMS desde 1990 y las proyecciones hasta el 2020. Incluye datos sobre el número de egresados de secundaria, para poder dimensionar la demanda de servicios de EMS, y la tasa de absorción (que divide el número de alumnos de nuevo ingreso en la EMS entre los egresados de la secundaria). Asimismo muestra la llamada eficiencia terminal, un reflejo de la deserción, que mide el porcentaje de alumnos que egresa del nivel respecto de los que ingresaron tres años antes.

Cuadro I.3. Indicadores de cobertura de la EMS. Cifras nacionales

Los datos muestran que, en el escenario tendencial que consideró la pasada administración federal, la cobertura de EMS pasaría de 58.6 a 65.0 por ciento a lo largo de la actual administración. La eficiencia terminal y la deserción prácticamente no tendrían cambios.

El cuadro es revelador de que, al menos entre 1995 y 2006, el problema de la falta de cobertura en la EMS ha obedecido a la deserción y la baja eficiencia terminal antes que a la incapacidad del sistema de absorber a los egresados de la secundaria. En los años próximos se deberá reanimar el crecimiento de la oferta educativa, pues el número de egresados de secundaria seguirá creciendo hasta llegar a poco más de 1.8 millones de alumnos en 2010.

Debe tenerse en mente asimismo el nivel académico de los egresados de secundaria; puede condicionar su desarrollo a factores más allá de su control.

La deserción afecta de manera especialmente severa a los grupos de bajos ingresos. Ello se debe en parte a consideraciones sociales, culturales y económicas. La escasa cobertura de la EMS en los primeros deciles de la distribución del ingreso está asociada a que el sistema educativo no resuelve satisfactoriamente las desventajas de partida de ese segmento de la población.

Esta situación refuerza la inequidad que se observa en el sistema educativo del país. Como se observa en la siguiente gráfica, entre los estudiantes de entre 15 y 17 años que abandonan la escuela, la mayoría de los cuales se ubica en los deciles de ingreso más bajos, la mayor parte, alrededor de 40 por ciento, lo hace por falta de interés por los estudios.

En resumen, en la coyuntura actual resulta esencial fortalecer la cobertura, equidad y calidad en la EMS, de manera que tenga sentido estudiarla, y se convierta en un mecanismo a través del cual los jóvenes adquieran habilidades y conocimientos que les resulten útiles para desarrollarse como personas y actores en la sociedad y el mercado laboral.

En promedio, los jóvenes de México tienen su primer trabajo a los 16.4 años, salen de casa de sus padres por primera vez a los 18.7 años, tienen su primera relación sexual a los 17.5 años. Este tipo de eventos revelan que se trata de una etapa determinante en la vida y en el desarrollo personal. Es muy importante considerar la vulnerabilidad a la que la persona se encuentra expuesta, los cambios que en ella tienen lugar y la trascendencia de las decisiones que el joven asume a lo largo de esos años. Todo ello reclama una atención especial hacia los estudiantes, la cual debe comprender diversos sentidos.

Desde luego, habría que agregar que los 18 años es la edad en la que los jóvenes adquieren la mayoría de edad y con ello los derechos y obligaciones que otorga la ciudadanía plena.

Entonces, la SEP interpreta incorrectamente que su responsabilidad, regateando los recursos, pues su atención se reduce solo a un millón y medio de jóvenes dejando en el abandono, al otro millón y medio que no obtienen su certificado, sino, además, a aquellos que no pudieron ingresar a secundaria y que además desertaron de este nivel de enseñanza y del nivel medio superior.

La SEP tiene la obligación de resolver la eficiencia terminal de la secundaria y hacer un esfuerzo especial para ello, por lo que el monto del presupuesto que se enuncia en el comunicado, no considera la solución de la problemática que esto implica. Además, debe tomar medidas extraordinarias para incrementar la eficiencia terminal en educación media superior y evitar la deserción.

Es evidente que lo primero que salta a la vista es que tendrá que duplicar su presupuesto para educación media y media superior.

Por ello es necesario que la SEP incluya en sus cuantificaciones presupuestarias la responsabilidad de formación y capacitación de profesores de educación media y media superior, elevando con ello la calidad de la enseñanza, que incremente el número de plazas de profesores de carrera de tiempo completo, profesionalizando la enseñanza y reduzca la contratación de profesores hora clase. Además es posible establecer un amplio sistema de escuelas de enseñanza secundaria y media superior para adultos, lo cual también debiera ser considerado.

Para todo ello deberán reformarse diversas leyes y sobre las cuales en su oportunidad presentaremos las iniciativas correspondientes.

Por tal motivo, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados crea una comisión especial plural para la educación media superior en México, con los siguientes

Objetivos

a)Dar seguimiento a la aplicación de la cobertura general neta a la educación media superior ordenada en la reforma del artículo 3o. constitucional;

b)Que dé seguimiento a la eficiencia terminal en el nivel secundario y de la educación media superior, tomando las medidas necesarias para evitar la deserción;

c)Que la totalidad de los egresados de secundaria cuente con la matrícula que le corresponde;

d) Que sean ampliados los programas en la educación para mayores de 18 años; y

e) Se cumpla este mandato constitucional de lograr 100 por ciento de la cobertura nacional.

Dados los objetivos y el plazo de 10 años establecido en la reforma constitucional, la comisión tendrá como duración el correspondiente a la LXII Legislatura.

Los recursos económicos y materiales que requiera la comisión serán determinados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo, a 23 de octubre de 2012.— Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

DERECHOS HUMANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la SSP, a la Sedena y a la Semar a cumplir las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, diputado de la LXII legislatura del Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición de urgente y obvia resolución con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El pasado 20 de octubre, el señor Stavros Lambrindinis, vicepresidente de la Unión Europea y representante especial para Derechos Humanos, afirmó en el marco del III Diálogo Bilateral entre México y la Unión Europea, que “México enfrenta situaciones muy difíciles en torno a la seguridad, pero sin importar qué tan complicado sea el reto, los derechos humanos son de la máxima relevancia e importancia, y lo mismo puede decirse de la lucha contra el terrorismo”.

Asimismo, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han documentado e informado de muchos casos que “ilustran el patrón de graves violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas en su desempeño de labores policiales.”

De acuerdo a Amnistía Internacional, “entre los abusos figuran desaparición forzada, homicidios extra-judiciales o ilegítimos, tortura y otros malos tratos y detención arbitraria”. De hecho la información publicada por la Sedena, la CNDH y algunas comisiones estatales de Derechos Humanos indican que esta tendencia ha aumentado significativamente en los últimos años.

En su informe del 2009, Amnistía Internacional afirma “las violaciones a los derechos humanos por miembros del ejército no son excepcionales, sino frecuentes y, en algunas zonas, habituales”.

Los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos indican que las cifras oficiales son muy inferiores a las reales, así tenemos que a consecuencia de la estrategia del presente sexenio contra el crimen organizado hay por lo menos 90 mil muertes relacionadas de las que no se sabe a ciencia cierta si tenían o no vinculo con las organizaciones criminales y han sido archivadas sin un juicio de por medio.

Los casos del informe de Amnistía Internacional demuestran además que, cuando los abusos son perpetrados por miembros de las fuerzas armadas, la respuesta del Estado a todos los niveles es ineficaz, no se emprenden acciones para prevenir y sancionar esas graves violaciones a derechos humanos.

A razón de ello, es muy importante, que esta Cámara de Diputados, solicite el cumplimiento de todas y cada una de la recomendaciones que han hecho los organismos de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, ante las diversas autoridades mexicanas que forman parte del gabinete de seguridad responsables de la estrategia contra el crimen organizado.

Es fundamental que en esta soberanía conozcamos y reconozcamos la magnitud y gravedad de las violaciones a los derechos humanas perpetradas por integrantes de las diferentes fuerzas armadas involucradas en operaciones de seguridad pública en los últimos años, para actuar e invertir esa tendencia.

Asimismo, es importante conocer la atención que las diferentes dependencias han dado a las múltiples recomendaciones que se les han hecho desde la CNDH y organismos internacionales, entre las que cabe destacar:

• Asegurar que los miembros de las fuerzas armadas  que lleven a cabo operaciones policiales cumplan irrestrictamente el derecho internacional de derechos humanos, que prohíbe, en toda circunstancia, las desapariciones forzadas, los homicidios extra-judiciales o ilícitos, la tortura y la detención arbitraria.

• Asegurar que las autoridades civiles lleven a cabo de inmediato acciones eficaces sobre todas las denuncias de graves violaciones de derechos humanos a fin de que los responsables sean puestos a disposición judicial y las víctimas obtengan reparación.

• Asegurar que jefes militares, mandos policiales y ministerios públicos cooperen y exijan a quienes están bajo su responsabilidad que cooperen plenamente para determinar el paradero de las personas desaparecidas.

• Asegurar de que los familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos en las que están implicados miembros de las fuerzas armadas tengan derecho a acceder a la información sobre su caso y participen plenamente como coadyuvantes del ministerio público con ayuda legal de su elección, independientemente de que su caso se ocupe el sistema de judicial militar, civil o ambos.

• Garantizar que la Sedena publique regularmente información fiable y detallada sobre denuncias de violaciones de derechos humanos contra persona de las fuerzas armadas y sobre procesamientos y sentencias en los sistemas de justicia civil y militar.

La solicitud de este cumplimiento tiene como fundamento las siguientes:

Consideraciones

Primera:Que conforme a las recientes reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, establece en el artículo 1º constitucional que:

“Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y condiciones que la Constitución establece”.

Segunda:Que la Cámara de Diputados como parte del Estado y en términos del artículo 1o. constitucional debe:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto del artículo 79 fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición de urgente y obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único.Esta honorable Cámara de Diputados Exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, para que cumplan con todas y cada una de las Recomendaciones hechas por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.

Palacio de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a realizar gestiones para garantizar a los trabajadores ferrocarrileros jubilados el pago de pensiones con los recursos depositados en el Fideicomiso Ferronales Jub 5012-6, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, José Arturo López Cándido, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 2, fracciones II y III, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las gestiones necesarias a fin de que se dé cumplimiento de lo establecido en el decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2001, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un grupo de trabajadores jubilados por Ferrocarriles Nacionales de México han venido sosteniendo una larga lucha en la defensa de sus derechos laborales como está establecido tanto en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario como en el decreto de extinción ya mencionado. Por circunstancias ajenas a su voluntad, no han logrado que el gobierno federal les garantice el pago vitalicio de su jubilación.

El proceso de reestructuración del sistema ferroviario del país tuvo como prioridad el respeto a los derechos de los trabajadores ferrocarrileros y como parte fundamental; la salvaguarda de los derechos de los jubilados, ya que con su trabajo y esfuerzo, propiciaron que Ferrocarriles Nacionales de México se constituyera en una empresa, eje del desarrollo del país.

El 19 de diciembre de 1997 fue constituido por Ferrocarriles Nacionales de México en Nacional Financiera, SNC, con un fondo inicial de 13,629.7 millones de pesos en el Fideicomiso Ferronales Jub 5012-6, con un padrón de 56 mil 372 fideicomisarios.

El 17 de diciembre de 1998, se realiza la primera modificación en forma ambigua el contrato del fideicomiso, con el único propósito de modificar la clausula cuarta, a la cual se le agrega el inciso F, Los recursos materia del fideicomiso podrán destinarse al otorgamiento de créditos al gobierno federal.Lo anterior trajo como consecuencia que en lugar de generar los 3000 millones anuales de intereses como ocurrió de diciembre de 1997 a diciembre 1998, solamente se generaron a partir de 1998, 1,700 millones, debido a que el gobierno Federal solo empezó a pagar intereses del 6.4 por ciento.

El 9 de mayo de 2000 se firma un segundo contrato modificatorio del Fideicomiso Ferronales Jub 5012-6, en el se cambio el objeto del fideicomiso,ya que no solo se destinaria al pago de Jubilaciones sino también a un seguro de vida que administraría otro fideicomiso.

Finalmente, el 26 de septiembre del 2000 se lleva a cabo el tercer contrato modificatorio del fideicomiso, que cambia totalmente la esencia del Fideicomiso.Esta vez en forma ilegal se da participación al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, reconociéndole una personalidad como Representante de los Trabajadores Jubilados, la que en forma legítima no debió reconocerse, ya que el Fideicomiso es un documento de índole mercantil, no laboral, pues no es un contrato colectivo.

Con objeto de conocer el déficit de dicho fideicomiso al 31 de diciembre de 2008, se realizo un estudio actuarial por el despacho Lescale Consultores Actuariales, SC, el cual determinó como resultado un déficit del orden de 15,699 millones de pesos a dicha fecha considerando las variables actuariales existentes en ese momento en el fideicomiso.

Dada la situación financiera que reportaba el fideicomiso y con objeto de conocer las necesidades anuales de recursos el despacho de actuarios Lescale Consultores Actuariales, SC, realizó nuevo estudio para conocer a partir del año 2011 el presupuesto base cero que permita hacer frente a las obligaciones que mensualmente se enfrentarán durante todo el tiempo que se requiera y hasta que el último jubilado por Ferrocarriles Nacionales de México fallezca y por ende se extinga el grupo objeto de estos pagos; al respecto, dicho estudio determinó que las obligaciones se extinguirían hasta el mes de agosto de 2032 y el gasto corriente durante ese periodo ascenderá a 43, 223.6 millones de pesos.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo señalado en los artículos 8 A del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 65-A, apartado A, del reglamento interno, incluyo 1,500 millones de pesos en el Ramo 19, “Aportaciones a la Seguridad Social”, debido a que los fondos del Fideicomiso Ferronales Jub 5012-6, sólo alcanzaban para las jubilaciones hasta junio 2011.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año se previó la asignación de 2,777,302.00 para hacer frente a las obligaciones a cargo de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación para el pago de las pensiones jubilatorias por este año, los cuales de acuerdo al calendario previsto por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mensualmente son ministrados a (FNML) para el pago de las obligaciones.

Con el propósito de que los trabajadores Jubilados por Ferrocarriles Nacionales de México, puedan garantizar en forma definitiva el pago vitalicio de su pensión jubilatoria, el gobierno federal deberá cubrir la cantidad necesaria de acuerdo a los estudios actuariales correspondientes.

El decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, publicado el 4 de junio de 2001, establece en el artículo 4o. que en toda época el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficientemente.

La realidad es que año con año, los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México viven la zozobra de no saber si se destinarán recursos para el pago de sus pensiones. Es por ello, que estamos presentando este punto de acuerdo, con el propósito de que se resuelva esta situación y el gobierno federal cumpla con lo que se señala en el decreto de extinción antes mencionado.

Por las consideraciones aquí señaladas, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados expresa su preocupación por la situación que viven los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México en relación con los recursos depositados en el Fideicomiso Ferronales Jub 5012-6, los cuales no son suficientes para cubrir el pago de las pensiones durante los años que vivan dichos trabajadores pensionados. En ese sentido, el titular el gobierno federal tiene la obligación de garantizar los recursos suficientes para el pago de las pensiones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintitrés de octubre de dos mil doce.— Diputado José Arturo López Cándido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

COMISION ESPECIAL PARA FORTALECER EL CULTIVO Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO PLATANO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para fortalecer el cultivo y la comercialización del plátano, a cargo de la diputada Verónica Carreón Cervantes, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Verónica Carreón Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y las diputadas y diputados del integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el Estado de Veracruz, con fundamento en los artículos 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General  de los Estados Unidos Mexicanos, 79 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se crea la Comisión Especial para fortalecer el cultivo y comercialización del producto plátano, en atención a las siguientes

Consideraciones

En México y en el mundo, hoy en día el cultivo y cosecha del producto plátano representa una actividad de gran importancia dentro de la fruticultura. El producto  plátano es una de las frutas más importantes en términos de valor en el comercio internacional. De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura con datos actualizados al 2010, la superficie cosechada de plátano y banano a nivel mundial fue de más de 36 millones de hectáreas.

El plátano es una fruta que tiene grandes beneficios para la salud, aunque la mayoría de ellos son ignorados y sólo se conocen sus propiedades para brindar energía rápida al organismo. Pocas personas conocen que la banana o plátano es un excelente remedio natural contra la depresión, debido a que contiene Triptofano, un precursor de la formación de Serotonina; por su contenido en pectina el plátano reduce los niveles de colesterol; además, el plátano equilibra los líquidos del organismo, lo cual es beneficioso para regular la hipertensión.

En nuestro  país, la superficie que se destina para el cultivo del producto plátano es de 56 mil 215 hectáreas, las cuales producen un promedio anual de 866 mil 781 toneladas por hectárea; el valor estimado de esta producción es de 4 mil 514 millones de pesos. Por mencionar un ejemplo, en comparación con el producto manzana, en México se destinan 10 mil hectáreas más que las destinadas al producto plátano; sin embargo, en cuanto a volumen de producción se obtiene casi el doble en plátano, quedando claro que las tierras mexicanas benefician exponencialmente la producción de este producto. Es así que se explica, cómo es que México ocupa el lugar 14º como productor  a nivel mundial, mientras en cuanto a superficie sembrada sólo alcanzamos el 23º. Los principales estados productores de plátano son: Tabasco, Chiapas y Veracruz.

En lo relativo al comercio exterior,  en el año 2010, las exportaciones de plátano alcanzaron 72 millones 505 mil dólares, con un volumen superior a las 176 mil toneladas, según datos del Banco de México. El principal mercado de consumo del producto plátano es Estados Unidos, seguido de Siria y Japón, países a donde se dirige el 90% de las exportaciones de dicho producto. La Unión Europea es un mercado potencial debido al arancel preferencial del que se beneficia el producto plátano.

La actividad de cosecha del producto plátano genera más de 80 mil empleos permanentes  a nivel nacional, principalmente en  Tabasco, Chiapas, Veracruz, Colima y Michoacán, por lo que es una importante fuente de empleo y  tiene un impacto social y económico de primer orden en las zonas productoras; razones por las cuales se requiere fortalecer la actividad relativa a la producción del producto plátano en México, con una visión global y de largo alcance, con el propósito de estimular una mayor producción con la cual se puedan elevar los niveles de venta internacional, generando con ello una mayor cantidad de divisas. Los números no mienten, el producto plátano en México, a pesar de alcanzar sólo el 6º lugar en cuanto a superficie sembrada dentro del sector frutal, alcanza el 4º lugar en valor de la producción, y el 2º lugar de volumen de producción.

Nuestro país cuenta con los recursos naturales y climáticos necesarios para la producción masiva del producto plátano, el cual se cosecha durante todo el año, ventaja comparativa que nos permitirá mejorar los niveles de producción y de competencia en los mercados internacionales; de este modo, se contribuirá a un mayor desarrollo del campo mexicano, propiciando a su vez, una  mayor  oferta laboral y mejores condiciones de vida para quienes se dedican a esta actividad agrícola.

La cosecha del producto plátano provoca una importante derrama económica en México, debido a que además existe una cadena industrial alrededor del producto plátano que incluye el procesamiento de frituras, así  como las que se encargan de procesar sus derivados, lo cual implica mayor generación de empleos a nivel nacional.

Por lo antes mencionado, resulta de vital importancia mejorar los  presupuestos, programas y apoyos  con la finalidad de que lleguen oportunamente a los productores; en virtud de los compromisos que adquieren en el establecimiento, operación mantenimiento y cosecha de sus tierras. Asimismo, es indispensable fortalecer los mecanismos de apoyo y financiamiento a la exportación, debido a la importante derrama de divisas que se obtiene en esta cadena productiva, ya que hay mercados internacionales que están siendo poco aprovechados.

Si implementamos las políticas públicas adecuadas lograremos revertir esta situación,  lo cual redituará en una mayor generación de empleos.  Es necesario también evitar complejas reglas de operación en los programas, situación que dificulta el acceso a los apoyos por parte de los productores. Un marco legislativo  que considere las verdaderas necesidades del sector se traducirá en una mayor y  mejor producción nacional del producto plátano, situación que nos encaminará a lograr mayor competitividad internacional.

Es por ello que esta Cámara debe contar con una instancia interna que esté, de forma permanente, atenta para proponer las disposiciones legales pertinentes o llevar a cabo las gestiones necesarias para actuar en beneficio de este sector.

Por lo antes expuesto, consideramos de vital importancia la creación  de la Comisión Especial de Producto Plátano, para que se impulse la participación organizada de los productores y de las empresas mexicanas en los mercados nacionales e internacionales con productos y subproductos de calidad que satisfagan las exigencias del mercado; promover el acceso ágil de las herramientas necesarias para la producción e integrar la tecnología con el propósito de maximizar la rentabilidad de las tierras, alejando las amenazas de plagas y enfermedades.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita a este Honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura, se constituya la Comisión Especial para fortalecer el cultivo y comercialización del producto plátano con objeto de que sea el instrumento para propiciar las iniciativas legislativas y las gestiones necesarias que cubran las demandas de dicho sector.

Segundo.El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación, a través de la revisión y adecuación del marco jurídico en la materia, realizar las gestiones pertinentes en el ámbito competencia del Poder Legislativo, vigilar la oportuna aplicación de recursos públicos e impulsar políticas públicas que garanticen el desarrollo sostenido del producto Plátano.

Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.

Tercero.La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

En su integración, se tomará en cuenta preferentemente que las y los legisladores, provengan de las entidades federativas involucradas (Chiapas, Tabasco, Veracruz, Michoacán y Colima) y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Cuarto.La comisión especial, materia del presente acuerdo, funcionará durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, no rebasando su término, y presentará semestralmente o cuando se requiera un informe de actividades ante el Pleno de esta Soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo, a 23 de octubre de 2012.— Diputados: Verónica Carreón Cervantes, Luis Ricardo Aldana Prieto, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Joaquín Caballero Rosiñol, Jorge del Ángel Acosta, Juan Manuel Diez Francos, Marina Garay Cabada, Gaudencio Hernández Burgos, Noé Hernández González, Tomás López Landero, José Alejandro Montano Guzmán, Zita Beatriz Pazzi Maza, Regina Vázquez Saut, Ponciano Vázquez Parissi (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

COMISION ESPECIAL DE FEMINICIDIOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de feminicidios, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de  la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados para presentar ante este pleno una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la creación de la comisión especial de feminicidios.

Antecedentes

Los feminicidios y las muertas de Járezson dos expresiones que hacen referencia a la suma de feminicidios y asesinatos de mujeres que se vienen cometiendo en Ciudad Juárez, Chihuahua, al menos desde enero de 1993. El número estimado de mujeres asesinadas hasta el año 2012 asciende a más de 700.

En 2009 se contabilizaron 2632 asesinatos en la ciudad, correspondientes a más de un tercio del total de hechos ocurridos en todo México, donde se totalizaron 7 mil 700 asesinatos. En 2010 la cifra ascendió a más de 3 mil 100 asesinatos, y el primer mes y medio de 2011 alcanzó las 300 muertes. Sin embargo, existe una gran controversia sobre las cifras reales, incluso se discute el propio concepto de feminicidio, pues algunos autores manifiestan que dicho concepto sería mucho más amplio que el de homicidio o asesinato y comprendería además la dejación de perseguir la violencia contra las mujeres por parte de las autoridades.

El 77 por ciento de los crímenes quedan impunes, y gran parte de los cuerpos no son jamás identificados. Si bien el número de muertes de hombres es mucho mayor que el de mujeres, los homicidios femeninos en Ciudad Juárez son considerablemente mayores que en el resto de las grandes urbes de México y Estados Unidos.

Desde la década de 1990 se han creado diversas organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo a las madres y familiares víctimas del feminicidio. En su mayoría están conformadas por mujeres, y algunas de ellas son Casa Amiga, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Justicia para nuestras hijas y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.

Conclusiones

Esta comisión será un espacio donde las organizaciones y mujeres en general podrán presentar sus propuestas para someterlas a un proceso de análisis, discusión y toma de decisiones para que el delito de feminicidio pueda ser perseguido y castigado, como es la intención tanto de la procuraduría como de las organizaciones sociales, así como también evaluar el desempeño de la administración de las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita la creación de la Comisión Especial de Feminicidios.

Segundo. El objetivo de la comisión especial es proporcionar y administrar la información procesada de las instancias involucradas e impulsar acciones referentes al tema del feminicidio, porque es muy importante para un congreso plural como en el que tenemos, escuchar las voces de todas las mujeres que trabajan en el tema de derechos humanos.

Tercero, La comisión especial estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y dos secretarías.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales, municipales responsables, organizaciones civiles, todas ellas en el ámbito de sus competencias.

Quinto. La comisión especial, objetivo del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los Recursos Humanos, Económicos y Materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial será para agosto de 2015, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 octubre de 2012.— Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

FRONTERA SUR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a cumplir la normativa en las estaciones migratorias de la frontera sur; y se solicita que en las Comisiones de Asuntos Frontera Sur-Sureste, de Asuntos Migratorios, y de Derechos Humanos se integre un grupo de trabajo que supervise esas instalaciones y la normativa en la materia, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, en términos de las siguientes

Consideraciones

Con el pasar del tiempo, la situación de los migrantes se ha vuelto el encabezado recurrente de los medios de comunicación, no sólo porque muchos de nuestros compatriotas protagonizan el papel de víctimas con nuestros vecinos del norte, sino también, porque somos los villanos de nuestros hermanos migrantes centroamericanos en la frontera sur del territorio nacional.

Los abusos y las violaciones a los derechos humanos a migrantes que transitan por nuestro país, han desencadenado situaciones desafortunadas y condiciones precarias para nuestros visitantes “temporales”.

A lo largo de los 1149 kilómetros de frontera Sur que compartimos con Guatemala y Belice, se estima que anualmente cruzan 1.9 millones de extranjeros, de los cuales 83% son entradas legales y el otro 17% son entradas irregulares.

El flujo de migrantes indocumentados llega a territorio mexicano, con dos finalidades:

1) Un 9% busca llegar a cruzar nuestra frontera norte e internarse en EEUU con el sueño de nuca más volver a pasar hambre y mejorar las condiciones de sus seres queridos.

2) El resto intenta quedarse en México en busca de mejores oportunidades.

Guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses representan entre 92 y 95% del total de alojados dentro de las estaciones migratorias. Este flujo ha generado un sin número de quejas sobre las condiciones de hacinamiento, insalubridad, inseguridad, violencia y negación de asistencia legal.

Tenemos presente que el trato que se les da a los migrantes indocumentados, está lejano a la dignidad y respeto que nuestra propia ley señala, como si estos fueran seres humanos de segunda clase, donde una falta administrativa puede significar un trato de delincuente.

Un ejemplo de lo anterior, sucede en el municipio de Tenosique, Tabasco, que comparte frontera con la Republica de Guatemala, y contabiliza el paso irregular del 14% del total de migrantes en tránsito; donde los campamentos de extranjeros indocumentados son perseguidos por militares y policías; y el uso de la violencia, la extorsión e incluso de secuestros, son los métodos para el desalojo de estos grupos, según reportan organizaciones de defensa de derechos humanos desde agosto del año pasado.

Otro ejemplo lamentable es el caso de “La Bestia” o como otros la han bautizado: “El tren de la Muerte”; que cruza en su lomo de sur a norte a cientos de migrantes que se arriesgan s ser robados, violados, secuestrados y hasta asesinados.

Otra agravante de esta situación, es la penetración de la delincuencia organizada, que exige una cuota para poder continuar el trayecto, como una especie de derecho de piso. Estos traficantes condicionan y amenazan a otros migrantes para que secuestren, recluten y transporten con el fin de ejercer la esclavitud del siglo XXI: la trata de personas; el uso de los llamados “polleros” es un factor de importancia para continuar la travesía, 6 de cada 10 migrantes hacen uso de ellos para llegar a EEUU.

México se ha convertido en uno de los países más vulnerables del crimen organizado transnacional dedicados a la trata de personas, uno de los negocios más lucrativos después del narcotráfico y el tráfico de armas según la Organización de las Naciones Unidas.

Así como exigimos el respeto de los derechos de nuestros paisanos en la frontera del norte, nosotros debemos predicar con el ejemplo y garantizar los derechos, la condición humana y digna dentro de nuestro territorio nacional ante los migrantes de cualquier país, y en especial de nuestros hermanos centroamericanos.

Las garantías individuales en nuestra Carta Magna son claras al establecer la igualdad ante la ley a toda persona que se encuentre en el territorio nacional; por la cual debe otorgarse la misma integridad y respeto a los derechos humanos a todos aquellos que se encuentran bajo la custodia del Estado mexicano en las estaciones migratorias.

Hacemos un llamado para que el Ejecutivo Federal, realice lo necesario para asegurarnos que estamos cumpliendo con el respeto a las garantías y derechos fundamentales de todos los individuos por igual.

Por lo anterior, ponemos a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.Que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Gobernación a cumplir con la normatividad vigente y aplicable en las estaciones migratorias de la frontera sur de nuestro país.

Segundo.Que se integre al interior de las Comisiones de Asuntos Frontera Sur-Sureste, Asuntos Migratorios y Derechos Humanos, un grupo de trabajo plural, con el objetivo de poder realizar una supervisión a las instalaciones de las estaciones migratorias de la frontera sur, así como de la normatividad aplicable sobre la materia.

Dado en el salón de sesiones de San Lázaro, a los 23 días del mes de octubre de 2012.— Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS AGRESIONES A PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACION

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, suscrita por el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 79, Apartados 1, fracción II, y 2, fracciones I y II; y 207, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, plantean ante esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 19 de diciembre de 2006, la LX Legislatura publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sobre la integración de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, que fue instalada el 21 de diciembre de aquel año y trabajó hasta el término de la referida legislatura, con el objetivo de establecer un marco legal que institucionalizara y garantizara la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa en el país y que, a su vez, permitiera la construcción de un ambiente social donde se asumiera la importancia de la información como bien público.

Posteriormente, a través del acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura de ésta Cámara de Diputados, el 10 de diciembre de 2009 se ratificó y constituyó de nueva cuenta la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

El propósito de solicitar la constitución durante la presente legislatura de la multicitada comisión es dar continuidad al compromiso de seguir elevando la voz y hacer que el tema sea encumbrado en la agenda nacional, con el firme propósito de crear un ambiente social propicio para el ejercicio periodístico, dotado de un marco legal que garantice la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa en México, por lo cual recabará toda la información sobre los diversos casos que haya pendientes para demandarle a las autoridades correspondientes el cumplimiento de su responsabilidad como impartidores de justicia.

Una vez instalada, la comisión emprenderá como tarea fundamental pugnar porque se respete lo establecido en la Constitución Política, en la Declaración de los Derechos Humanos, en los tratados internacionales, que reconocen el derecho de todas las personas a la libertad de expresión y de prensa, cuyo pleno ejercicio es una herramienta para alcanzar otras libertades individuales, fortalecer la democracia y prevenir la represión y el conflicto.

La libertad de expresión constituye una de las garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de los Estados. Esta libertad no sólo exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, sino que también que toda la sociedad pueda recibir información lo más oportuna y objetiva posible.

La violación de la libertad de expresión y de prensa lo es también de la democracia, marco necesario para la realización de los derechos humanos. La libertad de expresión es reconocida en diversas declaraciones y tratados internacionales, como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como un derecho humano fundamental.

En el país, la libertad de expresión se encuentra tutelada en el artículo 6o., y la de prensa se garantiza en el artículo 7o. de la Carta Magna. Por tanto, hay definición sobre la función de los comunicadores, partiendo de la base de que toda persona tiene derecho a ser informada, además de la libertad para comunicar pensamientos y opiniones incluso publicándolos; y se considera que los comunicadores tienen como profesión recabar datos y analizarlos, y con base en ello informar a los demás sobre los temas que les interesan.

Resulta evidente que la práctica del periodismo es una manifestación perfecta de la libertad de información y de prensa. Los medios de comunicación masiva, los periodistas y los demás comunicadores tienen el derecho de informar a los habitantes; de manera correlativa surge la obligación de que los órganos del Estado tutelen dichos derechos.

El homicidio, el secuestro, el abuso de autoridad, las amenazas, la prisión injusta de periodistas, el robo y la destrucción del material de los periodistas o de los medios de comunicación y, en general, la violencia de cualquier tipo, así como la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa, por lo cual estos actos deben ser investigados y sancionados con oportunidad.

Es pues deber del Estado prevenir, investigar y castigar a los responsables del asesinato y otros actos de violencia perpetrados con objeto de obstruir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Se trata por consiguiente de evidentes violaciones de los derechos humanos, que se manifiestan algunas veces de manera grosera y criminal, y otras de forma sutil y disimulada, pero igualmente dañina.

Es largo el recuento de las agresiones cometidas contra diversas personas en el ejercicio de la labor periodística, ya que en la actual administración del Gobierno Federal, 52 periodistas han sido asesinados y 11 más, desaparecidos, lo que ha llevado a los Estados Unidos Mexicanos a ser el país más peligroso para ejercer el periodismo, por encima incluso de Iraq. En poco más de una década de los dos últimos sexenios, 93 comunicadores victimados y desaparecidos.

En materia de libertad de prensa y democracia, los Estados Unidos Mexicanos ocupan la posición 136 de 178 en la clasificación mundial hecha por la organización Reporteros sin Fronteras, presentada en 2010, además de estar catalogados como país en “situación difícil” para ejercer el periodismo.

El Estado debe cumplir sus responsabilidades internacionales y nacionales en materia de salvaguardar a los periodistas. Mientras que la sociedad no proteja a sus comunicadores ni reconozca que necesitamos esa profesión que genera información, que son nuestros investigadores, el costo, también político, nunca va a decrecer en aras del cambio, de la transformación.

En la actual administración del gobierno federal, la incidencia de delitos cometidos contra periodistas se incremento en 241.8 por ciento respecto a la pasada. De diciembre de 2000 a noviembre de 2006 fueron asesinados en promedio 4.3 periodistas por año, mientras que en el actual gobierno el cálculo asciende a 10.4 homicidios en el mismo lapso.

La CNDH ha documentado 626 agresiones contra reporteros en los dos últimos sexenios; 351 de ellas; más del 50 por ciento, ocurrieron en lo que va de éste sexenio.

Informes elaborados por la misma CNDH revelan que las autoridades son responsables en el 39.30 por ciento de las agresiones que esa comisión ha documentado entre 2005 y 2011. De ese total, elementos de la Procuraduría General de la República cometieron 47.15 por ciento de los ataques; de la Secretaría de Seguridad Pública, 21.76; de la Secretaría de la Defensa Nacional, 17.61; y de las Procuradurías Generales de Justicia de Oaxaca y Veracruz, 6.75, respectivamente.

Por lo expuesto resulta indispensable la adopción de mecanismos que garanticen la coordinación entre instancias federales, estatales y municipales, organismos autónomos, organizaciones de periodistas y medios de comunicación, así como el Poder Legislativo, a fin de garantizar la seguridad y el pleno ejercicio de su labor de informar a la sociedad.

Los legisladores firmantes de los presentes puntos de acuerdo reconocemos el papel y el valor del trabajo de los periodistas, en el fortalecimiento de la vida democrática en los Estados Unidos Mexicanos y manifestamos una profunda preocupación ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Asimismo, observamos la necesidad de adoptar leyes y políticas nacionales que protejan a todo individuo que ejerza la función periodística.

El artículo 207, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para atender asuntos específicos. Asimismo, de acuerdo con la normativa que rige la Cámara de Diputados, corresponde a la Junta de Coordinación Política proceder en lo necesario para crear una comisión especial. Ya que comienzan los trabajos de la LXII Legislatura, presentamos esta propuesta a fin de crear la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Las diputadas y los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI, en mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 79, Apartados 1, fracción II, y 2, fracciones I y II; y 207, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la LXII Legislatura.

Segundo.La comisión especial estará constituida por el número de integrantes, que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad de la presente Legislatura LXII.

Tercero.La comisión especial existirá durante la LXII Legislatura.

Cuarto.La comisión especial rendirá su informe anual de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputados: Manlio Fabio Beltrones Rivera, Kamel Athié Flores, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

ESTADO DE MICHOACAN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán a establecer una mesa de diálogo para resolver los conflictos con los normalistas y las demandas de mejora de las condiciones de estudio que plantean alumnos y padres de familia, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Roxana Luna Porquillo, diputada del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones III y VI del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La mañana de ayer, efectivos de las policías federal y michoacana desalojaron violentamente a centenares de estudiantes que desde el pasado 4 de octubre mantenían tomadas las escuelas normales de Arteaga, Cherán y Tiripetío, con un saldo de varios lesionados, tanto normalistas como uniformados, 180 detenidos y 18 vehículos destruidos. Las autoridades federales y locales eligieron la vía de la represión y mostraron, de esa forma, su falta de capacidad para gobernar mediante el diálogo y la negociación. Enfrentar mediante la fuerza los problemas sociales el sector educativo del país y no resolviendo las necesidades crecientes, resultado del abandono  de la enseñanza pública, provoca a la larga más conflictos. El desmantelamiento y la progresiva privatización de la educación pública es resultado de una ofensiva implacable contra las escuelas normales, desde 1972; muchas de las cuales han sido clausuradas, en tanto que las restantes sobreviven en condiciones de precariedad exasperante. Al persistir en la ofensiva contra las normales, el régimen ha desencadenado movimientos como el de Ayotzinapa, Guerrero –en donde, en diciembre del año pasado, las fuerzas policiales asesinaron a dos estudiantes y golpearon a muchos más–, y como los que estallaron el 4 de octubre en Michoacán, que el poder público abandone la senda de la represión y retome la negociación es lo más sano en estos momentos.

A Tiripetío arribaron 15 autobuses de agentes estatales y a Cherán unas 50 unidades. Los muchachos se encerraron en el plantel y arrojaron piedras a los policías, quienes disparaban granadas de gas, mientras otros saltaban la barda. En Cherán, el concejo mayor afirmó que la incursión policiaca es violatoria de la Constitución.

Hasta el momento no se sabe el paradero de los detenidos, ya que según los testimonios de otros estudiantes detenidos horas después y que fueron trasladados a la Estación Barandillas, los primeros estudiantes no se encontraban ahí; lo mismo sucedió en la Normal Indígena de Cherán, en donde también fueron detenidos y golpeados algunos padres de familia.

Es necesaria la inmediata presentación de todos los detenidos, y que el Estado tome todas las medidas apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica, ya que se teme que los detenidos puedan ser torturados como ha sucedido en recientes operativos represivos en el Estado. El respeto a los derechos humanos de los normalistas y que los elementos policiacos y toda la línea de mando que los ha violentado sean investigados y sancionados

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de obvia y urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, exhorta al gobierno del estado de Michoacán, que establezca una mesa de diálogo, para que por esa vía se resuelvan los conflictos suscitados con los normalistas de ese estado y además se resuelvan las demandas de mejora de las condiciones de estudio que reclaman los estudiantes y padres de familia.

Palacio Legislativo, a 17 de octubre de 2012.— Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

ESTADO DE MICHOACAN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Michoacán a liberar a los normalistas rurales detenidos en la represión del 15 de octubre de 2012 y retomar el diálogo con los normalistas desde una postura de respeto de la diversidad y conciliación entre las partes, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Luisa María Alcalde Luján, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta Honorable Asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado lunes 15 de Octubre fueron desalojados y detenidos 176 estudiantes de las escuelas normales rurales Michoacanas de Tripetío, Cherán y Arteaga, el desalojo fue violento y los manifestantes fueron golpeados y reprimidos por miembros de la policía estatal y federal del estado.

De las 176 personas detenidas hasta el momento han sido liberadas 127, a otras 41 más se les otorgó libertad bajo caución después de pagar una fianza de 15 mil pesos, 8 continúan detenidas en el Cereso “Francisco J. Múgica”.

Quienes participaron en las protestas y en los eventos de represión del 15 de octubre, relatan cómo fueron perseguidos y tratados con brutalidad, fueron maltratados, golpeados y recluidos por varias horas antes que se les permitiera entrar en contacto con sus familias.

A pesar de sustentar sus actos autoritarios bajo la premisa de “restablecer la paz y la tranquilidad”, el gobierno de Fausto Vallejo rechazó la salida del dialogo pacífico y tranquilo, lo cual quedó demostrado cuando su secretario de gobierno, Jesús Reyna, interrumpió las negociaciones de manera abrupta el 15 de octubre, amenazando a los normalistas con terminar sus manifestaciones sin siquiera analizar la posibilidad de encontrar una salida pacífica al conflicto, la cual por supuesto debería favorecer a ambas partes.

El conflicto generado en las normales rurales de Michoacán a partir de la imposición de la reforma curricular, ha escalado a un nivel que solamente el desgobierno y el autoritarismo podrían provocar.

La incapacidad del gobernador para negociar una salida consensuada o por lo menos discutirla, demuestra el desinterés del ejecutivo por mantener la paz, y sobre todo por reconocer el respeto a la diversidad cultural y sus usos y costumbres, que en este país, sobre todo en Michoacán, son tan trascendentes como parte de la identidad histórica nacional y el sistema de protección de los derechos humanos y no discriminación.

El gobernador Vallejo ha llevado a los manifestantes al borde de la desesperación al no escuchar sus legítimas preocupaciones con respecto a la reforma curricular; calificándolos como delincuentes, criminalizándolos y persiguiéndolos al muy puro estilo de las viejas prácticas autoritarias y represoras del país, que en más de una ocasión han sido implementadas en contra de estudiantes, y en más de una ocasión también se ha probado con el tiempo que fueron un grave error.

La sociedad michoacana, que por supuesto también contempla la población indígena y rural, demanda una salida pacífica, el asunto se le está saliendo de las manos al gobernador Vallejo, que ante la crisis ignora las oportunidades de solución ordenada y demuestra su verdadera cara ante quienes disienten; violando además los derechos humanos y las garantías de debido proceso de los hasta ahora detenidos.

Consideramos que no se puede volver a un pasado autoritario mientras la sociedad demanda apertura. El desfase entre sociedad y gobierno se exhibe claramente en el caso de Michoacán donde la ausencia de voluntad política para resolver el conflicto lleva a la regresión del gobierno de la mano dura y de la insensibilidad.

Por lo anterior y en atención al mandato constitucional del gobierno de Michoacán, en favor de toda la población del estado y del país, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta al gobernador constitucional del estado de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, a liberar a los normalistas rurales de Tripetío, Cherán y Arteaga, hasta ahora detenidos en los eventos de represión del 15 de octubre de 2012.

Segundo. Se exhorta al gobernador Fausto Vallejo Figueroa a retomar el dialogo con los normalistas michoacanos desde una postura de respeto a la diversidad y de conciliación entre las partes, que permita un verdadero mantenimiento de la paz y el orden, sin reprimir, criminalizar ni estigmatizar a quienes están en su legítimo derecho a manifestarse.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

ESTADO DE JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, para impulsar el desarrollo de la infraestructura de transporte público de pasajeros en Guadalajara, Jalisco, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para impulsar el desarrollo en infraestructura de transporte público de pasajeros en Guadalajara, Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 115, fracción V, refiere, entre otros preceptos, que los municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para elaborar los instrumentos de planeación urbana; “participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia”; “autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales”; e “intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial”.

El dispositivo programático de la Constitución es claro en la necesidad de que el desarrollo urbano debe darse a partir del fortalecimiento del municipio libre el cual cuenta con el apoyo subsidiario de la federación y gobiernos estatales en la provisión de los servicios públicos, entre los que se encuentra el transporte público de pasajeros.

El extraordinario desarrollo de las urbes mexicanas, a la cabeza de las cuales está la Ciudad de México y zonas conurbadas, les ha enfrentado a retos de igual magnitud como lo es el manejo de los residuos sólidos, el tránsito vehicular, la degradación ambiental, la provisión de agua potable y, particularmente, el grave y complejo problema del transporte público de pasajeros.

Este rubro es, precisamente, el sistema circulatorio que condiciona la viabilidad de crecimiento y desarrollo de las ciudades. El transporte público deficiente le resta competitividad económica, social y humana a la ciudad que lo padece. Es decir, prácticamente toda la red de actividades y funciones que se desarrollan en una ciudad dependen directa, o indirectamente, de la movilidad urbana.

Simplemente, las distancias casa-escuela-trabajo hacen imposible su viabilidad funcional sin un sistema de movilidad eficiente y sustentable.

El individualismo representado por el automóvil está en crisis. Los embotellamientos y contaminación que produce, aunado al inequitativo uso del espacio público, han motivado que los especialistas y políticos vuelvan la vista al transporte público de pasajeros, el cual demuestra tener consecuencias más redituables en lo económico, social y ambiental, que el referido automóvil individual.

En este marco debemos señalar que la zona metropolitana de Guadalajara, en el tema de transporte público, sufre un rezago de más de 18 años. Con una población de más de 4 millones 360 mil habitantes (la segunda metrópoli más grande del país), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del censo de 2010, y 2 mil 734 kilómetros cuadrados, solo cuenta con dos líneas de tren ligero que cubren 24 kilómetros lineales.

La zona metropolitana genera 5 millones 500 mil viajes diarios, de los cuales la línea 1 cubre 120 mil y la 2 sólo 100 mil. El déficit evidente de un transporte masivo, eléctrico y confinado ha generado en Guadalajara el abuso del automóvil, el sostenimiento de un servicio de camiones caro, contaminante, incómodo e ineficiente.

Teniendo a la puerta programas de proyección internacional, como la Ciudad Creativa Digital, con el que se planea convertir a Guadalajara en sede del clúster de multimedia y producción de medios digitales más importante de América Latina, con una inversión de hasta 10,000 millones de dólares en inversiones asociadas al proyecto y un potencial para generar 20 mil empleos; bajo esa perspectiva, ya no se concibe el desarrollo urbano y la movilidad de Guadalajara condicionada por un transporte público caro, malo y contaminante.

Esa es parte de la solución que las y los tapatíos esperan.

La línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara saldría de la estación Isla Raza y de ahí irá hacia la colonia Fraccionamiento Hacienda Santa Fe, ubicada en el municipio conurbado de Tlajomulco, y contará con 16.5 kilómetros y con 21 estaciones.

El proyecto ejecutivo  incluye la compra de 48 trenes, así como la construcción de dos viaductos elevados, uno en donde se entroncará con la línea 1 y el otro en donde se ubicarán las futuras estaciones Del Mural y Las Juntas.

Por ello es preciso que se lleven a cabo los convenios de coordinación entre la federación, estado de Jalisco y municipios de Guadalajara y conurbados, a fin de que se establezcan los compromisos institucionales y, además –en razón del tiempo– es procedente –y así se solicita– que atentamente se llame a la atención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, a fin de que impulsen de manera integral para el año 2013 el desarrollo de una infraestructura de transporte público eficiente, sustentable y en armonía con el medio ambiente para Guadalajara.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Artículo Primero.Se exhorta atentamente al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Jalisco a desarrollar de manera coordinada e interinstitucional programas de mejoramiento e inversión de infraestructura del transporte público de pasajeros, específicos y acordes a las necesidades del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Artículo Segundo.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal –a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes–, al gobierno de Jalisco y al municipio de Guadalajara y demás conurbados, para que suscriban los convenios necesarios para la integración en los programas de inversión en infraestructura de transporte para el año 2013, el proyecto ejecutivo línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

COMISION ESPECIAL PARA LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la necesidad de evitar agresiones contra periodistas y a la creación de una comisión especial para la defensa de la libertad de expresión, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Diputado José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión suscribe, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción II; 77, 78 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la siguiente punto de acuerdo en relación a la necesidad de evitar que se sigan suscitando más agresiones en contra de periodistas, columnistas, comunicadores, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

“El periodista no es buscador de problemas. Es buscador de verdad, de datos, de información, de métodos.”

Por la evidente influencia que el periodismo tiene en la sociedad, este suele ser conocido con el nombre de “el cuarto poder”. Debido a la alarmante situación de inseguridad en nuestro país, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas. El periodista hoy en día desarrolla su profesión en una situación sumamente vulnerable, a consecuencia de que la libertad de prensa se ha visto repetidamente obstruida por acontecimientos violentos.

Cada vez son más los comunicadores que, en el ejercicio de su profesión, son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados, desapariciones forzadas y en el peor de estos casos, la muerte, como les ha ocurrido a periodistas asesinados y desaparecidos los cuales ascienden a 109 en el periodo de 2001 al 2012, según reporte emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los ataques sistemáticos a reporteros y periodistas, representan un lastre en nuestro país que refleja la lamentable condición de un estado fallido, en el que la incivilidad, la inseguridad y la impunidad, son solo algunos ingredientes para socavar el Estado de Derecho y la consecuente democracia, vistos estos últimos por algunos como una diada inseparable.

Ya que según la jurisprudencia de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos de libertad de pensamiento y de libre expresión y manifestación de las ideas, son indiscutiblemente pilares de los modernos estados democráticos de derecho.

En 1984 había sido asesinado el conocido periodista Manuel Buendía y según la fundación del mismo nombre, el número de atentados contra periodistas aumentó paulatinamente en cada sexenio: de acuerdo con un estudio realizado por la organización Articulo 19, en el gobierno de Luis Echeverría [1970-1976] fueron asesinados seis profesionales de la información; durante la administración lopezportillista [1976-1982] la cifra ascendió a 12; en el sexenio de Miguel de la Madrid [1982-1988] resultaron muertos 33 informadores; y conforme un minucioso rastreo hemerográfico de la Fundación Manuel Buendía, a lo largo del régimen de Carlos Salinas de Gortari [1988-1994] cayeron 46 profesionales de la tecla informativa.

Mientras que mediante las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pudo tener el conocimiento de los tres sexenios siguientes, con Ernesto Zedillo Ponce de León [1994-2000] resultaron 24 muertos, durante el mandato de Vicente Fox Quesada [2000-2006] 26 fueron asesinados y de 4 más se desconoce su paradero, mientras que para el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa [2006-2012] 79 víctimas: 67 homicidios y 12 desapariciones.

Ello da un total de 206 periodistas asesinados en un lapso de 42 años, cifra con la cual México ocuparía el primer lugar en ese terreno a nivel latinoamericano, arriba de Colombia, con 89, y Guatemala, con 53, según el informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Las agresiones en contra de periodistas no constituyen algo novedoso, más bien se trata de una tradición de fuerte raigambre en nuestro país. En 1988 por ejemplo, fue asesinado Héctor Félix, reportero de Zeta, después de escribir artículos que criticaban a Jorge Hank Rhon. Por este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a expedir diez años después una recomendación que exigía el esclarecimiento de este crimen (CIDH 1999).

Han sucedido además hechos escandalosos, como la detención el 13 de septiembre de 1996 del editor de El Universal, Juan Ealy Ortiz, por fraude fiscal, en lo que para el director de este diario, Roberto Rock, se trató de una represalia por publicar información sobre cuentas secretas del gobierno. Para el académico Tanius Karam, “El acto contra Healy [sic] fue selectivo y discrecional ya que no se procedió igualmente con otros diarios que tenían problemas fiscales, como el caso de Excélsior”.

Las represalias en contra del gremio se han agravado paulatinamente y se han multiplicado asimismo sus agresores. En el presente año asesinaron a Ana Irasema Becerra Jiménez, quien era la publicista en el periódico El Dictamen. Dicho homicidio fue perpetrado por el “N”, presunto jefe operativo y homicida del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Actualmente, de acuerdo con el listado de ataques a los derechos humanos de los periodistas denunciados ante la CNDH, la lista se ha elevado a partir de 2005, con 72 agresiones; 2006, con 74; 2007, con 84; 2008, con 80; 2009 con 78; 2010 con 139, y 2011 con 172.

La CNDH agregó en su momento que esta cifra podía ser mucho mayor, si se sumaban los casos registrados en las comisiones de derechos humanos de los estados, así como todas las agresiones que no se denuncian, por miedo a la seguridad propia.

En tal virtud, México superó a Irak y ahora emparenta nuevamente con ese deshonroso primer lugar del mundo en el número de asesinatos y agresiones contra periodistas, según informa el director de la Fundación Manuel Buendía. Estas cifras son abrumadoras considerando que en el Informe Buendía 2007 se consignaron 113 casos.

No es gratuito, por ello, que se haya catalogado al 2008, 2009 como un período conflictivo pero estos 2 años se ven opacados por la violencia suscitada durante los 3 años siguientes pues representan periodos más violentos y con mayor numero de ataque para el periodismo mexicano.

La tragedia mexicana se salda con la muerte de decenas de miles de sus conciudadanos, atrapados entre el fuego cruzado de los cárteles y de los poderes públicos, en los que con gran frecuencia se ha infiltrado el crimen organizado. Entre estas víctimas se encuentran más de 100 periodistas asesinados o desaparecidos durante la última década.

Como se ha mencionado, tristemente hemos visto que las vejaciones y violaciones a los derechos de los periodistas han aumentado. De 1999 a julio del año pasado, la Organización de las Naciones Unidades (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han emitido 77 recomendaciones al gobierno mexicano por presuntas violaciones a la libertad de expresión.

De acuerdo con un informe presentado por el responsable del área jurídica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las relatorías en materia de libertad de expresión condenan los asesinatos de periodistas y la impunidad que priva en el país.

Los comunicadores y medios de comunicación son objeto de abuso de autoridad en un sentido lato, por parte de los funcionarios públicos, quienes por el contenido de las notas y/o programas deciden censurarlos usando todo el andamiaje político con el que cuentan. Estos fenómenos merecen consideración.

Periodistas y luchadores sociales mexicanos han sido además víctimas de agresiones por informar sobre asociaciones delictivas de otros giros, como las redes de tráfico y abuso de menores, trata de personas, caciquismo, abusos policiacos y guerra sucia. Un caso que acaparó la atención de medios internacionales fue el de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, amenazada de muerte y privada ilegalmente de su libertad como represalia por denunciar públicamente a una red de pederastia que operaba en el Caribe mexicano.

Son recalcitrantes las notas de medios de comunicación nacionales y organismos internacionales, dirigidas a los atropellos, abusos y crímenes cometidos en contra de periodistas locales. En México, se contabilizan 15 víctimas mortales tan solo en lo que va del año: 14 informadores y una trabajadora de prensa.

Con lo anterior, la cifra nacional de las víctimas mortales por las libertades de prensa y de expresión se eleva a hora a 115: 98 periodistas, 9 trabajadores de prensa, 6 familiares y 2 amigos de comunicadores. Hechos todos ocurridos tan solo en el transcurso de las dos últimas administraciones.

Lo que coloca a México como el país más peligroso del mundo para ejercer la profesión, según lo constatan organizaciones como la Federación Latinoamericana de Periodistas (felap), la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, AC, el Club Primera Plana y la Asociación de Periodistas Comunicadores de Morelos, quiero dejar constancia que este punto de acuerdo se deriva de su preocupación y ocupación por la impunidad que hasta ahora se cuenta de los delitos cometidos en contra de sus compañeras y compañeros, y la vulneración que su actividad les representa, la cual hago como propia.

Como se deduce de lo expuesto con antelación, el fenómeno de la violencia contra los periodistas incluye desde la intimidación y la violencia “legal” hasta la violencia física, secuestro y homicidio contra periodistas y trabajadores de la industria de los medios de comunicación.

Para hablar sobre violencia contra la prensa hay que considerar una definición amplia de ésta, la cual conlleve y sea capaz de explicar toda la situación en la cual se ven inmersos estos profesionistas.

Es totalmente preocupante que la frecuencia de la violencia contra periodistas a nivel mundial vaya en ascenso. Además, la mayoría de los homicidios de periodistas son perpetrados en periodos de paz y en la mayoría de los casos (87 por ciento) la justicia local no logra identificar a los victimarios por lo cual es inexistente la posibilidad de iniciar un procedimiento legal, ya que no se tiene al victimario.

Para Silvio Waisbord, la violencia contra los periodistas es una de las tres limitaciones centrales de la prensa en América Latina, junto con el marco legal y la economía de la prensa. Waisbord hace notar que mientras en las regiones democráticas liberales desarrolladas ha disminuido casi totalmente la existencia de ataques contra la prensa (limitándose estos a los sufridos por corresponsales en coberturas de conflictos en naciones no desarrolladas), los ataques contra la prensa en Latinoamérica han permanecido latentes.

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hemos presenciado con tristeza y desesperación, como los comunicadores y los medios de comunicación han sido señalados como blancos estratégicos de ambos bandos en esta guerra absurda emprendida por la sórdida administración federal; la delincuencia organizada y el aparato coercitivo del Estado.

La libertad de expresión y el acceso a la información, son herramientas útiles para desafiar un régimen corrupto y el contaminado Statu quo. En tal virtud, en Movimiento Ciudadano nos hemos opuesto enérgicamente a que continúen las agresiones en contra de periodistas y miembros de los medios de comunicación, y aquellos que se cometan no queden en la impunidad.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.Que por conducto de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía, se exhorte de manera respetuosa a la Procuraduría General de la República a adoptar las medidas pertinentes para elevar el carácter de Subprocuraduría la actual Fiscalía para la Atención a los delitos contra las Libertades de Prensa y Expresión, tomando en consideración la vulneración que les representa a los miembros de los medios de comunicación, periodistas, columnistas, comunicadores, y se resuelvan la totalidad de las indagatorias de los delitos cometidos hasta ahora en su contra, los cuales están en la impunidad. La cual deberá adoptar los mecanismos necesarios para demostrar que los responsables de las pérdidas de la vida y los ataques en contra de los comunicadores, y medios de comunicación, sean esclarecidos y debidamente juzgados y sancionados.

Segundo.Que por conducto de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía, se exhorte de manera respetuosa a los gobernadores de las entidades federativas para que a la brevedad se tomen las medidas necesarias para frenar la oleada de delitos cometidos en contra de los integrantes de los medios de comunicación y de los comunicadores. Debiendo investigar a través de las Procuradurías locales, y se esclarezcan los delitos locales cometidos con los integrantes de los medios de comunicación, y se les brinde en su caso la protección, en caso de que alguno este en riesgo.

Tercero.Que por conducto de los órganos colegiados de esta honorable soberanía, se proceda a crear una comisión especial para la defensa de la libertad de expresión, y no se siga minimizando la trasgresión de sus derechos humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de octubre de 2012.— Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

ESTADO DE JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno de Jalisco y al ayuntamiento de Guadalajara a celebrar un convenio y constituir un fideicomiso público para contar con una reserva urbana destinada a la repoblación estratégica de la zona, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar se integre una política de repoblamiento estratégico del municipio de Guadalajara para el año 2013, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracción V refiere, entre otros preceptos, que los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para elaborar los instrumentos de planeación urbana; “Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales”; y “Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales”.

El dispositivo programático de la Constitución establece la necesidad de que el desarrollo urbano debe darse a partir del fortalecimiento del municipio libre el cual cuenta con el apoyo subsidiario de la Federación y gobiernos estatales en la provisión de los servicios públicos y en las políticas generales de desarrollo urbano, entre las que se encuentran las estrategias de vivienda y repoblamiento urbano.

En virtud al extraordinario desarrollo de las urbes mexicanas –a la cabeza de las cuales está la Ciudad de México y zonas conurbadas- se han observado fenómenos urbanos nunca antes vistos como lo son la desmesurada demanda de servicios públicos y otros relacionados con su crecimiento fuera de orden o ajeno a los instrumentos de planeación urbana y peor aún que van en contra de la sustentabilidad y desarrollo de la mancha urbana acorde con los principios ambientalistas.

Así como el centro histórico de la Ciudad de México sufre los efectos del despoblamiento o de la sustitución del uso de suelo habitacional al comercial, esto también se ha presentado en diversos sectores de la ciudad de Guadalajara, siendo su centro metropolitano uno de los más afectados.

En el mosaico de los municipios mexicanos tenemos algunos con núcleos urbanos con escaso desarrollo mientras que otros advierten, incluso, fenómenos de metropolización, tales como, precisamente, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, entre otros.

Así es como, mientras que en Jalisco el Municipio de Guadalajara tiene cerca de un millón y medio de habitantes, otros de la misma entidad no llegan a los 20 mil.

El problema es que el municipio de Guadalajara está pasando por un proceso de despoblamiento gradual que le está generando graves impactos sociales y económicos. En el año de 1990 tenía 1’650,205 habitantes, en el 2010 reportó 1’494,134 (INEGI, 2010), lo que significó crecimiento negativo al perder más de 156 mil habitantes. Estas cifras contrastan con el ascendente crecimiento de la zona metropolitana que en el año  1990 reportaba 3 millones de habitantes y en el 2010, 4 millones 700 mil habitantes, aproximadamente.

Coincidentemente a partir de 1995 la población de Guadalajara se vino en picada... ¿Qué pasó?... ¿en que se falló?... ¿Por qué la Ciudad perdió atractivo para vivir?

Si seguimos con la tendencia actual en el año 2030 Guadalajara tendrá alrededor de 500 mil habitantes, es decir, un millón menos. Y a lo que se ve, todos los municipios de la zona metropolitana van a crecer, menos Guadalajara.

Este fenómeno se refleja, también en un paulatino envejecimiento de su población; aumento en los indicadores de viviendas abandonadas; y se propicia un deterioro o subutilización de los servicios públicos.

Por otra parte, el Infonavit tiene más de 145 mil créditos de vivienda de gente domiciliada en Guadalajara, pero topamos con pared porque las casas en este municipio son pocas y caras. Esa es la razón por la que esta gente se está yendo a vivir a municipios conurbados como El Salto, Tala, Ixtlahuacán de los Membrillos, y no es por gusto, sino por necesidad. Esto afecta el tejido social, las familias ya no conviven, porque las distancias les están comiendo la calidad de vida.

En razón de este diagnóstico, el Ayuntamiento de Guadalajara ha puesto en marcha programas que pretenden revertir el fenómeno, con estrategias como el Instituto Municipal de la Vivienda, que está proyectado para regir las políticas de repoblamiento en las colonias y barrios del municipio, pero esta institución ahora se encuentra con una realidad financiera que le aleja del cumplimiento de sus fines.

Esta estrategia de repoblamiento, debe de ser una de las principales líneas de acción que derivan del Plan Municipal de Desarrollo de cualquier urbe, bajo los principios de una política de desarrollo urbano concebida con visión de largo plazo, ya que se está pensando en el futuro de los tapatíos y no de las administraciones.

Para incentivar en Guadalajara la construcción de vivienda social a precios competitivos y de calidad, es preciso que se adquiera reserva urbana destinada a la edificación de vivienda de interés social vertical en las colonias y barrios que sufren determinados grados de despoblamiento. Se requiere vivienda sustentable y más barata para el repoblamiento de barrios y colonias de Guadalajara, con ello se revitalizan de las relaciones sociales, se optimiza el uso del suelo, se compacta la población, se acortar distancia en las rutas de destino casa-trabajo-escuela, se saca provecho de la infraestructura ya existente en la Ciudad, se mejoran los servicios públicos, se disminuyen los costos y se multiplican los beneficios sociales.

Ahora bien, teniendo a la puerta programas de proyección internacional como la Ciudad Creativa Digital, con el que se planea convertir a Guadalajara en sede del clúster de multimedia y producción de medios digitales más importante de América Latina, con una inversión de hasta 10,000 millones de dólares en inversiones asociadas al proyecto y un potencial para generar 20 mil empleos; bajo esa perspectiva, ya no se concibe la vivienda y el desarrollo urbano de Guadalajara condicionada por una realidad deprimente como lo es el despoblamiento de las principales colonias y barrios de la ciudad.

Para crear reserva urbana suficiente para revertir el fenómeno del repoblamiento de Guadalajara, según estudios del Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara se requiere un fondo de 600 millones de pesos. Este recurso está destinado a constituirse en el capital semilla de una dinámica virtuosa a partir de la compra de reserva urbana cuya edificación y venta hará posible nuevas adquisiciones de predios para vivienda de interés social vertical y, así, hasta revertir el repoblamiento con vivienda a precios accesibles y de buena calidad atendiendo las disposiciones ambientales y de sustentabilidad requeridas.

Guadalajara es la segunda ciudad más importante del país y está llamada a ser un foco de desarrollo regional sustentable con impacto en todo el centro occidente de México.

Por ello es preciso que la Federación, el Estado de Jalisco y el Municipio de Guadalajara celebren un convenio para constituir un Fideicomiso Público, en el marco de un convenio madre de  colaboración para el repoblamiento y revitalización de los barrios y colonias de Guadalajara.

Por parte del gobierno federal es competente para actuar en la solución de problemas de desarrollo urbano, la Secretaría de Desarrollo Social al tenor del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que, en lo conducente, a la letra dice que

A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;

II. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales, la planeación regional;

IV. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción II que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos en favor de estados y municipios, y de los sectores social y privado que se deriven de las acciones e inversiones convenidas, en los términos de las fracciones anteriores;

VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado;

IX. Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que corresponda, así como coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los Ejecutivos Estatales para la realización de acciones coincidentes en esta materia, con la participación de los sectores social y privado;

X. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

XI. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los diversos grupos sociales;

XII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos estatales y municipales, y los sectores social y privado;

XIV. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos estatales y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal –a través de la Secretaría de Desarrollo Social; al Gobierno de Jalisco y del municipio de Guadalajara para que celebren un convenio para constituir un Fideicomiso Público para contar con una reserva urbana destinada al repoblamiento sustentable, el repoblamiento y revitalización de los barrios y colonias de Guadalajara, Jalisco; en los términos del presente acuerdo.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

ESTADO DE VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración y al gobierno de Veracruz a hacer público el resultado de las actividades realizadas para prevenir el secuestro de indocumentados centroamericanos, y a investigar el paradero de los 40 migrantes desaparecidos el pasado 3 de octubre en Medias Aguas, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. México, debido a su posición geográfica estratégica al sur de Estados Unidos de América, se ha convertido en un país de tránsito de migrantes centroamericanos, que intentan llegar por tierra a este país, en busca de mejores condiciones de vida. Según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, al año ingresan en México más de 150 mil migrantes indocumentados, la mayoría provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Recurrentes son las denuncias e informes sobre violaciones de los derechos humanos de estos migrantes. Amnistía Internacional, organización encargada de realizar actividades de promoción e investigación centradas en impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos humanos de individuos y grupos alrededor del mundo y en México, encontró que muchos de los centroamericanos que se internan en nuestro país para llegar a Estados Unidos de América han sido secuestrados por bandas criminales que, en ocasiones, trabajan en complicidad con las autoridades locales.

La impunidad de los abusos contra las personas migrantes, quienes se encuentran en extrema vulnerabilidad, ha permitido que estos abusos se incrementen, a pesar de los compromisos que ha hecho el gobierno de garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

La Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Mayo de 2011, es un avance importante en la salvaguarda de los derechos de las personas migrantes. En el artículo 6o. establece: “El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria”. Sin embargo, poco ha repercutido esta ley en la realidad, y si no se actúa con energía será letra muerta.

Segunda. El padre Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue Hermanos en el Camino, desde el 2007 denunció el secuestro masivo de migrantes en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Derivado de esa denuncia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó en 2009 el Informe especial sobre secuestro de migrantes en México, trabajo que por primera vez expuso la situación de los migrantes secuestrados a través de la recopilación de múltiples testimonios.

En el informe señalado se estimó, que en el periodo de septiembre de 2008 a febrero de 2009, 9 mil 758 migrantes fueron secuestrados, dejando a los perpetradores un beneficio ilícito de aproximadamente 25 millones de dólares.

Dando seguimiento al asunto, la CNDH elaboró un segundo informe, publicado en febrero de 2011, el cual advierte que, “en un periodo de seis meses, de abril a septiembre de 2010, la comisión documentó 214 eventos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y testigo de hechos, resultaron 11,333 migrantes víctimas de secuestro”. Esta cifra es alarmante, puesto que representa 74 por ciento más que todos los secuestros denunciados en México de 2006 a 2012 (de acuerdo con la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2006 a agosto de 2012 se denunciaron 6 mil 512 secuestros en el país).

En los últimos años, el secuestro, la desaparición y el asesinato de migrantes han sido una constante. Basta recordar a los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, y el de los 40 o 50 desaparecidos en Chahuites, Oaxaca, el 16 de diciembre de 2009: claras muestras de violaciones de los derechos humanos, que se suman a las denuncias a los agentes de migración por vejaciones cometidas contra los centroamericanos sufridas en su tránsito por el país.

De acuerdo con denuncias de activistas en pro de los derechos humanos de los migrantes, el pasado 3 de octubre, al menos 40 migrantes irregulares que cruzaban México fueron secuestrados de un tren de carga en Medias Aguas, Veracruz. Hasta la fecha se desconoce su paradero y se teme por su seguridad.

Las autoridades de Veracruz señalan que desconocen secuestro de los migrantes centroamericanos; el comandante de la VI región militar de la Sedena, René Aguilar Páez aseguró, que lo dicho por el padre Alejandro Solalinde Guerra no tiene fundamento. Por su lado, la Procuraduría General de Justicia del Estado señaló que ni la subprocuraduría regional ni la Secretaría de Seguridad Pública tienen reporte o denuncia sobre el presunto plagio de migrantes.

Lo cierto es que hay una deuda con la protección de los derechos humanos de los migrantes en México; y la desaparición de estos centroamericanos, son fiel reflejo de la enorme inseguridad que se vive en nuestro país; de la nula protección que se les da a los migrantes que cruzan nuestro territorio; y de la corrupción e impunidad imperante a lo largo de las rutas migratorias mexicanas.

En repetidas ocasiones en esta tribuna se ha alzado la voz para exhortar al gobierno estadounidense que respete y proteja los derechos humanos de nuestros compatriotas. El caso que hoy les expongo no nos debe ser ajeno, pues se trata de seres humanos que su único delito ha sido salir de su país de origen en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

Por lo expuesto, con carácter de urgente y obvia resolución se pone a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Migración y al gobierno de Veracruz a hacer público el resultado de las actividades que han realizado para prevenir los actos de secuestro de indocumentados centroamericanos durante su tránsito por el territorio nacional. Además, se exige que las autoridades investiguen el secuestro y den con el paradero de más de 40 personas migrantes en Medias Aguas, Veracruz, el 3 de octubre pasado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

COMISION ESPECIAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS MAGICOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de fomento y desarrollo de los pueblos mágicos, a cargo de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Francisca Elena Corrales Corrales, en conjunto con Heriberto Galindo Quiñones, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso Inzunza Montoya, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara, Sergio Torres Félix y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de Sinaloa, de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se crea la Comisión Especial para el fomento y desarrollo de los Pueblos Mágicos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El turismo hoy en día se encuentra ampliamente ligado al desarrollo y abarca un número creciente de nuevos destinos. Este dinamismo ha originado que éste se convierta en el elemento clave para el progreso socioeconómico de las naciones.

Recientemente, se ha demostrado y reconocido, la capacidad de la actividad turística para reducir la pobreza en países en vías de desarrollo. El potencial económico que el turismo implica, se representa en la apertura de empleos, siendo más relevantes éstos en áreas rurales y remotas, donde de acuerdo con datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), viven tres cuartos de los dos billones de personas bajo condiciones de pobreza extrema.

El turismo es uno de los sectores con crecimiento acelerado de la economía mundial, su profunda diversificación lo ha convertido en un sector con mayor crecimiento económico. El desarrollo turístico puede promover el crecimiento económico, tanto directa como indirectamente. Primero, al estimular el crecimiento de otros sectores y segundo al incrementar el ingreso doméstico y la demanda efectiva.

A mayor abundamiento, el gasto que realiza el turista en territorio nacional representa una inyección inicial en la economía, traducido en ingresos percibidos por los factores de producción del sector turístico, lo que a su vez origina efectos indirectos en la economía. Lo anterior principalmente se da debido a que una parte de esos ingresos son utilizados en la compra de bienes y servicios para el funcionamiento de la propia industria.

Esos pagos realizados a la compra de bienes y servicios, originan a su vez efectos inducidos, debido a que quienes reciben estos ingresos, los emplean también en el pago de productos y servicios y así de manera sucesiva.

El turismo puede ser especialmente importante para países en desarrollo, donde las ganancias del intercambio comercial se encuentran ligadas a la importación de insumos y a la inversión en bienes para la industrialización.

En este sentido, la OMT ha enlistado razones por las que se considera a la industria turística un factor de desarrollo económico sustentable, en los países menos desarrollados:

a) El turismo es consumido exactamente en el punto en donde se produce; el turista va al destino específico y es ahí donde gasta dinero, abriendo de esta manera, una oportunidad para los negocios locales de todo tipo, y permitiendo a las comunidades locales beneficiarse a través de la economía informal en la venta de bienes y servicios directamente a los visitantes.

b) Muchos países menos desarrollados tienen una ventaja comparativa en el turismo con respecto algunos países desarrollados, ya que tienen una gran gama de valores como la cultura, el arte, música, escenarios naturales, variedad en flora, fauna y climas, incluyendo los lugares considerados Patrimonio de la Humanidad.

c) El turismo es una industria con mucha mayor diversidad que otras. Cuenta con el potencial de sustentar otras actividades económicas, ambas a través de proveer flexibilidad. Trabajos de medio tiempo pueden ser complementados con otras opciones de sustento y a través de la creación de ingresos mediante una amplia cadena de insumos de bienes y servicios.

d) El turismo es intensivo en mano de obra, la cual es particularmente importante en atacar a la pobreza. Fomenta la creación de muchas y diversas oportunidades de empleo, especialmente para las mujeres y la gente joven, la cual generalmente requieren de poco entrenamiento.

e) Crea oportunidades para muchas –micro y pequeñas– empresas, tanto en la economía formal como informal. Es una industria en la que generalmente los costos y las barreras de entrada son relativamente bajos o pueden ser fácilmente reducidos.

f) El turismo provee no sólo los beneficios materiales para los pobres, sino que también fortalece el orgullo cultural. La actividad crea una indudable conciencia del medio ambiente y su valor económico, un sentido de identidad y pertenencia y la reducción de vulnerabilidad a través de la diversificación de los recursos de ingreso.

g) La infraestructura que requiere el turismo, tal como el transporte y las comunicaciones, suministros de agua y sanitarios, seguridad pública, y servicios de salud, beneficia directamente a las comunidades con índices altos de pobreza.

Además de las consideraciones de la OMT, diversos estudios han comprobado que efectivamente existe una relación directa entre el desarrollo turístico y el crecimiento económico de las naciones. Por lo que la verificación de tal hipótesis conduce a importantes consecuencias políticas. Los Estados necesitan involucrarse activamente en fomentar el sector.

De la misma forma que muchos países, México posee vastos e importantes destinos turísticos que le permiten captar considerables divisas y recursos. Tales ingresos provenientes del exterior por concepto de turismo son contabilizados en las cuentas nacionales y registrados en la Balanza de Pagos del país, por lo que dichos ingresos representan una aportación muy significativa. Diversos autores, entre ellos Michael Clancy (2001) en su investigación sobre el turismo mexicano desde 1970, afirman que el turismo ha sido la mayor exportación de México contabilizada en la balanza de pagos, desde al menos, a finales de la Segunda Guerra Mundial.

El autor Clancy afirma que –desde 1970– México gradualmente se ha convertido en uno de los más populares destinos en el mundo y que de igual forma, el turismo tiene un mayor componente en la economía mexicana. Para los años 90, el país se posicionó en el lugar número 1 de llegadas en América Latina, representando lo anterior casi el 40 por ciento de todos los viajeros internacionales de la región. Asimismo, el país se colocó para esos años en el primer lugar de recepción internacional entre los países subdesarrollados. Afirma el autor, que los números son aún más impresionantes cuando se revisan con el tiempo. Las llegadas a México se triplicaron entre 1970 y 1991, mientras que las ganancias por el tipo de cambio del turismo se incrementaron de 415 millones a 3.8 billones de dólares.

A lo largo de los años 90 se continuó con un rápido crecimiento, alcanzando en el año 1998 la cifra cercana a los 20 millones de visitantes extranjeros, los cuales gastaban cerca de los 7.5 billones de dólares en los distintos destinos del país.

En 2010, la actividad turística representó 8.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) a precios básicos de 2003, lo que refleja su importancia en la economía nacional.

Durante 2011, se registró una cifra récord en llegada de turistas nacionales e internacionales de 168.1 y 23.4 millones, respectivamente. Este último nos coloca entre los 10 principales destinos turísticos por llegada de turistas internacionales según la Organización Mundial del Turismo.

De enero de 2007 a junio de 2012, los turistas internacionales aumentaron 12.2 por ciento con respecto al periodo 2001-2006.

De enero a junio de 2012, el turismo doméstico ascendió a 83.9 millones de personas, 5.4 por ciento más que en igual lapso de 2011, lo que representó 87.9 por ciento del flujo de personas y 86 por ciento del gasto realizado por el turismo total del país.

El indicador de llegadas de turistas nacionales a cuartos de hotel reportó 31.9 millones de turistas, con un crecimiento de 5.4 por ciento respecto a igual periodo de 2011.

Los pasajeros en vuelos nacionales ascendieron a 13.2 millones, superior en 10.4 por ciento al de igual periodo de 2011.

El turismo internacional que arribó a México durante los primeros seis meses de 2012 arrojó los siguientes resultados:

• Los visitantes internacionales que ingresaron al país sumaron 38.2 millones, de los cuales, 11.7 millones fueron turistas internacionales que pernoctaron al menos una noche en el interior o en la franja fronteriza de México, y 26.5 millones fueron excursionistas sin pernocta.

• Del total de turistas internacionales, 7 millones de personas correspondieron a turismo de internación y 4.6 millones a turismo fronterizo.

• Los excursionistas en cruceros tuvieron una afluencia de 2.9 millones de pasajeros. Destaca el aumento de 59.1 por ciento en la llegada de pasajeros en cruceros al puerto de La Paz, Baja California Sur.

• La llegada de visitantes internacionales vía aérea ascendió a 5.8 millones de personas, procedentes principalmente de Estados Unidos de América (55.5 por ciento), Canadá (17.4 por ciento), y Europa y Asia (15.6 por ciento).

• La captación de divisas por visitantes internacionales pasó de 6 mil 246 durante enero-junio de 2011 a 6 mil 632 millones de dólares en el primer semestre de 2012, lo que representa un crecimiento de 6.2 por ciento , de los cuales 84.7 por ciento correspondió a turistas con pernocta y el restante 15.3 por ciento a excursionistas fronterizos y en crucero.

• Los ingresos captados por el turismo de internación ascendieron a 5 mil 339 millones de dólares y representaron 80.5 por ciento del total de las divisas captadas, con un gasto medio de 760.9 dólares por estancia.

La balanza turística presentó un saldo superavitario de 2 mil 901 millones de dólares durante los primeros seis meses de 2012, 10.6 por ciento más al observado en igual periodo de 2011. Los ingresos sumaron 6,632 millones de dólares, en tanto que los egresos se ubicaron en 3 mil 731 millones de dólares.

Sin duda alguna, uno de los programas que dieron un fuerte impulso, tanto a la industria turística nacional, como al desarrollo de diversas comunidades que se encontraban en total abandono, es el de Pueblos Mágicos, el cual busca aprovechar de manera sustentable el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta productiva, creando servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras, así como para las empresas sociales y privadas.

El Programa Pueblos Mágicos ha contribuido a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y que han sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica que encierran.

Tan sólo durante el primer semestre de 2012, este Programa permitió detonar una inversión conjunta con los estados y municipios de 302 millones de pesos para infraestructura en beneficio de 1 millón 21 mil 604 habitantes.

Se estima que en 2011, en los 48 pueblos mágicos adheridos se contaba con una oferta superior a 700 hoteles con más de 13 mil habitaciones y que el gasto turístico en Pueblos Mágicos generado durante ese mismo año fue de 3 mil 163 millones de pesos, con un gasto diario de 700 pesos por turista.

Cabe destacar que la llegada de turistas alcanzó los 2.3 millones con una estadía promedio de 1.95 días, esto es 6.2 por ciento más que en 2010.

El impacto de este programa en la vida de millones de mexicanos y en el desarrollo económico, social y humano de nuestro país es trascendental, es por esto que requiere el apoyo y trabajo decidido de todos los que participamos, desde nuestras diferentes trincheras, en el desarrollo nacional, a fin de que se fomente la adopción de este programa y se dé seguimiento puntual a éste con el objeto de coadyuvar en la consolidación de la oferta turística existente y los proyectos en proceso, así como en la captación de nueva inversión en proyectos y desarrollo turístico.

Es claro que las repercusiones del programa rebasan con mucho la idea de mejorar la imagen urbana y se inscriben en la necesidad de conjuntar esfuerzos para convertirlos en detonadores de la economía local y regional. El turismo y el flujo de visitantes producen resultados sorprendentes en comunidades de gran fuerza cultural y entornos urbanos y naturales de gran impacto.

En este sentido es que consideramos indispensable que la honorable Cámara de Diputados cuente con una Comisión Especial para el fomento y desarrollo de los Pueblos Mágicos que promueva, vigile y de seguimiento a dicho programa, así como a la asignación de recursos que se requieran para su óptima operación en los diversos ejercicios presupuestales.

Un Pueblo Mágico es el reflejo de nuestro México, de lo que nos ha hecho, de lo que somos, y debemos sentirnos orgullosos. Es su gente, un pueblo que a través del tiempo y ante la modernidad, ha sabido conservar, valorar y defender, su herencia histórica cultural, y la manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible.

Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historias, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia que emana en cada una de sus manifestaciones socioculturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico.

Compañeras y compañeros legisladores, debemos tener presente que, como lo afirmó el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, “El turismo es el elemento fundamental de los pueblos para el establecimiento de la paz mundial y la comprensión cultural. Cuando tienen una modalidad sostenible, los viajes con fines de recreación pueden también ayudar a impulsar el desarrollo económico y mitigar la pobreza”.

Por lo expuesto, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial de fomento y desarrollo de los Pueblos Mágicos, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Segundo.El objeto de la comisión especial será emprender lo que se deriva de su denominación.

Tercero.La comisión especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.

Cuarto.Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.

Quinto.La comisión especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la comisión especial será el mes de agosto de 2015, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada, y por la importancia del tema no será rotatoria.

Notas:

1 Ruiz Chávez, Octavio. Turismo: Factor de Desarrollo y Competitividad en México. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Documento de trabajo número 46. Junio, 2008.

2 Presidencia de la República. Sexto Informe de Gobierno

3 Ídem.

4 Ciclo de conferencias, Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. Sined, SEP, ANUIES, Ceupromed, Universidad de Colima. Puede verse en: http://www.sined.mx/sined/content/micrositios/50/file/PresentacionConfMagistral .pdf

5 Ídem.

6 Reglas de Operación, Programa Pueblos Mágicos.- Puede verse en: http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/99fbd793-a344-4b98-9633-78 607f33cb8f/Reglas_de_operacion.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2012.— Diputados: Francisca Elena Corrales Corrales, Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.