*INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa del turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 25 de octubre de 2012, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea de los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 25 de octubre de 2012 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

2. De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de José Guadalupe Posada, a cargo del diputado J. Pilar Moreno Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

3. Que reforma los artículos 35, 37 y 38 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

4. Que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

5. Que reforma el artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

6. Que reforma los artículos 2o., 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

7. Que reforma los artículos 29 y 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

8. Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial del cultivo de cebada, a cargo del diputado Francisco González Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

2. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores migratorios mexicanos, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar cumplimiento a las medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, contenidas en las sentencias dictadas al Estado Mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que incluya en el calendario de fechas conmemorativas de nuestro país, el 19 de noviembre como el Día Nacional contra el Cáncer de próstata, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Economía, se coordinen esfuerzos con las instituciones bancarias para realizar y promover programas a favor de los usuarios de créditos con adeudos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, para propiciar el diálogo entre los posesionarios del predio Barranca de San José, el Santuario, situado en la capital del estado de Puebla, con autoridades de la Conagua, en la delegación en esa entidad, con el propósito de que se logre un acuerdo satisfactorio entre las partes, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, para que realice las acciones necesarias, a efecto de impulsar la firma de un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos de América, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

9. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat, implemente un programa de capacitación para los integrantes de las unidades de protección civil a nivel federal, estatal y municipal, en el manejo, aseguramiento, protección y traslado de fauna silvestre que ingrese a asentamientos humanos, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la competitividad, innovación y desarrollo integral de las microrregiones, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SEP, del INIFED, de la Conagua y con la participación de los gobiernos locales, se realicen las gestiones y acciones necesarias para equipar a las escuelas de educación básica con bebederos de agua potable, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Participación Ciudadana, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

13. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, para que a partir de la declaratoria de desastre natural, se realicen diversas acciones y se liberen los recursos del Fonden, para atender la zona dañada por el huracán del estado de Baja California Sur, a cargo del diputado Alfredo Zamora García y suscrito por los diputados Francisco Pelayo Covarrubias y Arturo de la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los senadores de la República, para que de las ternas para la designación de los nuevos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentadas por el Ejecutivo federal, sean aprobadas de tal forma que garanticen la participación equilibrada entre mujeres y hombres, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Remítase a la Cámara de Senadores.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat, de la Sagarpa y de otras dependencias involucradas en la materia, se nieguen o revoquen, en su caso, los permisos para la siembra comercial de maíz transgénico en México, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.»

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 171, numeral 1; 173, numeral 1, 180, numeral 1; 182, numeral 2; 184, numeral 2, inciso a); 187, numeral 4, y 190, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La globalización de la vida política, económica, personal y profesional, la expansión de la democracia en el mundo y el incremento en la migración internacional han contribuido a despertar un creciente interés en el derecho al voto de aquellos ciudadanos que se encuentran ausentes de su país de origen.

En el caso de México, es innegable que ante la necesidad de contar con mejores condiciones de vida, los ciudadanos mexicanos traten de buscar nuevas oportunidades para su bienestar, desplazándose hacia otros países; por lo anterior, se ha ido incrementando en los últimos años, de forma considerada dicha migración; no obstante, a pesar de las circunstancias económicas que imperan en la actualidad, los mexicanos residentes en el extranjero, forman parte de las principales fuentes de remesas de nuestro país.

Por lo anterior, es que resulta necesario adecuar al marco legal, los derechos y prerrogativas de los mexicanos residentes en el extranjero, en una homogeneidad en la ley, que permita lograr un equilibrio entre lo dispuesto en las normas aplicables y la impetuosa necesidad de dotar a nuestros connacionales, de los instrumentos necesarios para que puedan tomar parte en las decisiones trascendentales del país.

Debe señalarse, que la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para ejercer su derecho al voto, ha sido desde hace mucho tiempo tema de discusión no solo entre las autoridades electorales y jurisdiccionales, sino también en el ámbito legislativo.

Así, en la primera reforma llevada a cabo, se logro que los mexicanos residentes en el extranjero, pudieran votar en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, la misma no fue suficiente, puesto que aún existen lagunas en la ley, que no permiten el derecho pleno y absoluto del ejercicio al sufragio como prerrogativa de rango constitucional, para nuestros compatriotas que viven fuera del país.

Por lo anterior, en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que el ejercicio de este derecho debe darse en condiciones de igualdad, equidad y certeza para todos. Por ello, el derecho al voto de las y los mexicanos en el extranjero, desde nuestra perspectiva, va más allá de la revisión de la parte logística es un tema de derechos humanos y políticos.

Movimiento Ciudadano, tiene la convicción de impulsar una reforma electoral integral y profunda, es decir, la reforma que se necesita para consolidar nuestra democracia, no sólo la que los partidos queremos.

En el transcurso del tiempo, las reformas coyunturales no han resuelto los problemas de fondo, y en cada elección se profundizan las deficiencias de nuestro sistema, poniendo en riesgo la viabilidad de nuestra democracia.

Es urgente poner un alto, al recurso excesivo del dinero en las campañas, para comprar y coaccionar el voto, pues ello sólo profundiza las desigualdades sociales y la exclusión de la que han sido víctimas precisamente muchos de los ciudadanos mexicanos, quienes han tenido que migrar para buscar mejores condiciones de vida.

No solamente es el hecho de que un gran número de ciudadanos está viajando y trabajando por todo el mundo; sino que en los hechos, es un reclamo legitimo por parte de los mexicanos que radican en el extranjero, el que se establezcan mecanismos idóneos, que les permitan el ejercicio pleno a su derecho al voto; por lo que, es nuestra obligación garantizar a las personas que viven fuera del país participar en la construcción y toma de decisiones del mismo, y en consecuencia de su futuro.

¿Exactamente quién tiene el derecho a ser representado, y de qué manera?

Si bien, la constitución de muchos países garantiza el derecho al voto de todos sus ciudadanos, lo cierto es, que es muy común que los electores que se encuentran fuera de su país de origen cuando se llevan a cabo las elecciones, se vean privados de su derecho al voto.

Cabe recordar que detrás de la migración subyacen causas sociales, políticas, culturales o étnicas y son varias las razones por las que los electores en el extranjero no se registran ni votan, entre las que destacan el temor por su situación migratoria o por razones políticas o laborales; aunado a que muchas veces las personas consideran muy complejas o costosas las gestiones que tienen que llevar a cabo para poder registrarse y votar.

Así las cosas, debe decirse que el derecho al voto de los mexicanos radicados en el exterior fue una conquista tardía; comparado con otras naciones que cuentan con mecanismos de sufragio a distancia desde hace décadas, como lo son por mencionar algunas: Nueva Zelanda quien introdujo la primera modalidad de voto desde el exterior en 1890; Canadá en 1915; Indonesia en 1953; España en 1978.

En México, es en 2005, que el Congreso aprobó la reforma electoral que permite a los connacionales fuera de nuestro territorio ejercer su derecho al voto.

Según organizaciones de migrantes en Estados Unidos y legisladores, cuatro millones de mexicanos estuvieron en condiciones de sufragar en las elecciones presidenciales de 2006. En realidad lo hicieron apenas 33,111 personas, muy lejos de la cifra ideal que los promotores de la iniciativa se habían marcado como meta: 500 mil sufragios desde el extranjero. No obstante a ello, el primer paso estaba dado, en el ejercicio al derecho al sufragio en esta modalidad.

En 2012, el crecimiento del voto en el exterior no fue significativo en términos absolutos, aunque sí hubo algunos avances: 40,737 ciudadanos mexicanos, 23% más que la elección de 2006, votaron desde 92 países distintos por las opciones políticas de su preferencia. El sistema actual de voto en el extranjero es aún insuficiente para lograr el objetivo establecido en la Constitución y en la ley.

Con las cifras reportadas por el Instituto Federal Electoral aún no es posible establecer una tipología clara del votante mexicano en el exterior.

Conforme el voto desde el exterior se incremente y su importancia para marcar el resultado de una elección sea más grande, veremos un renovado interés por estudiar el fenómeno.

Paralelamente, será fundamental que las autoridades electorales y las organizaciones de migrantes profundicen sus campañas de información y actualicen sus mecanismos para registro y voto a distancia.

En un mundo interconectado y altamente digitalizado, seguir apostando por el voto vía correo postal quizá no sea la mejor elección, es un mecanismo anacrónico.

Cabe señalar en principio, que la mayor parte de los mexicanos en el extranjero difícilmente están en condiciones de cumplir con los requisitos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para ejercer su voto. Hay que recordar que, según se establece en el artículo 314 del Código Electoral Federal, quienes deseen ejercer este derecho, (el cual está restringido únicamente a la elección de Presidente de la República), deberán solicitar por escrito a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores su inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero, amén de indicar el domicilio en el extranjero al que se le hará llegar la boleta electoral.

Por si esto fuera poco, se encuentran sujetos a los tiempos establecidos en el artículo 315 del mismo ordenamiento electoral, puesto que deberán enviar la solicitud entre el periodo comprendido, del 1º de octubre del año previo y hasta el 15 de enero del año de la elección presidencial.

Argumentación

Teniendo en cuenta lo anterior, no resulta sencillo ejercer el voto en el extranjero como se pretendiera.

Además de que resulta innegable, el hecho de que la mayoría de los mexicanos en el extranjero se encuentran en Estados Unidos y en situación migratoria irregular, lo cual dificulta, como ya se mencionó, cumplir con los requisitos exigidos en la ley.

Resulta relevante mencionar, la importancia que en diversos países le han dado al voto en el extranjero, puesto que mientras en algunos, existen varias formas para emitir dicho voto, y se ofrecen métodos alternativos; en otros, ya sea por razones logísticas o financieras, sólo cuentan con una modalidad.

La mayoría de los países que cuentan con disposiciones legales relacionadas con el voto en el extranjero, lo organizan a través de sus servicios administrativos, con el apoyo de servicios de mensajería, el Ministerio de Asuntos Exteriores, entre otros.

Para nuestro país, se deben examinar distintos procedimientos de voto en el extranjero, en el contexto del principio fundamental relativo al voto libre, igualitario, secreto y seguro.

Pero también es prioritario impulsar una reforma que establezca mayores bases para la justicia electoral y legitimidad a nuestro sistema democrático. Por ello, es que Movimiento Ciudadano ya ha presentado iniciativas para establecer como causales de nulidad el rebase de topes de campaña y la fiscalización previa a la calificación electoral pues consideramos que si no se garantizan condiciones de equidad y se permite que sea el dinero el que determine una elección, la democracia en México no será legítima.

Coincidimos con quienes afirman que el voto universal en el extranjero es parte de los derechos de los ciudadanos en un mundo, donde vivir o residir en el extranjero, forma parte de la vida de millones de personas y donde el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las leyes son cada vez más trascendentales.

Por ello, en Movimiento Ciudadano, manifestamos lo dicho en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, en 2005, en relación a que la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural y su participación plena en todos los aspectos de su vida.

Puesto que si bien, las democracias comparten características comunes, no existe un modelo único de democracia, el cual pueda pertenecer de manera exclusiva a un país o región; por lo anterior, reafirmamos la necesidad de respetar debidamente la soberanía y el derecho a la libre determinación. Enfatizando que la democracia, el desarrollo y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, son interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Lo anterior encuentra sustento, en lo establecido en el artículo 133 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; siendo el Estado Mexicano el encargado de garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos establecidos en diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por nuestro gobierno.

Por ello, Movimiento Ciudadano, manifiesta su preocupación por la libertad al sufragio, de cada uno de los mexicanos que residen en diversas partes del mundo, ya sea de forma temporal o definitiva; puesto que el hecho, de que nuestros compatriotas se encuentren fuera de nuestro País, no significa que no puedan tener una participación directa o indirecta en las decisiones sobre las políticas públicas de la nación.

En dicho sentido, Movimiento Ciudadano, ha enfatizado en la Mesa de la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, la necesidad de implementar reformas a la Constitución y a la ley, que permitan a todos los mexicanos en cualquier parte del mundo, obtener su credencial de elector a través de campañas de credencialización en las embajadas y consulados de nuestro país, esto no solo con el objeto de que cuenten con el principal instrumento para poder ejercer el derecho al voto, sino además, porque constituye una demanda legítima de nuestros connacionales, contar con un medio de identificación universal, que les permita además, ser reconocidos en sus derechos como ciudadanos mexicanos, en los demás países, tutelando el respeto a sus derechos fundamentales.

Por lo anterior, Movimiento Ciudadano, considera que deben ser reformados los artículos: 171 numeral 1; 173 numeral 1; 180 numeral 1; 182 numeral 2; 184 numeral 2 inciso a); 187 numeral 4; y 190 numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; para poder así incorporar en la normatividad electoral, que en las embajadas y consulados mexicanos o en sitios habilitados para tal efecto, se cuente con módulos especiales para llevar a cabo la credencialización a través de personal del Instituto Federal Electoral; con la finalidad de que les sea proporcionada información suficiente, veraz y oportuna, en relación a la documentación que deberán presentar para la debida inscripción y actualización en el padrón electoral; a efecto de que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, esté en condiciones de implementar el registro correspondiente, y así poder expedir la credencial para votar con fotografía a los ciudadanos que se encuentran en dicha condición, y con ello garantizar el ejercicio pleno de los derecho cívicos de los mexicanos residentes en el extranjero, preservando la confidencialidad de dichos datos.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma y adicionan los artículos los artículos 171, numeral 1; 173, numeral 1; 180, numeral 1; 182, numeral 2; 184, numeral 2, inciso a); 187, numeral 4, y 190, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 171.

1. El Instituto Federal Electoral prestará por conducto de la Dirección Ejecutiva competente y de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de Electorales en el ámbito nacional, así como en los módulos instalados para estos fines en el extranjero.

Artículo 173.

1. En el Catálogo General de Electores se consigna la información básica de los varones y mujeres mexicanos, mayores de 18 años, recabada a través de la técnica censal total, y de electores residentes en el extranjero.

Artículo 180.

1. Los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el Instituto Federal Electoral, a fin de solicitar y obtener su credencial para votar con fotografía, y los ciudadanos residentes en el extranjero deberán acudir a las oficinas o módulos del instituto federal electoral que se encuentren ubicados en las embajadas y consulados mexicanos o en cualquier otro sitio en el extranjero dispuesto por el instituto.

Artículo 182.

1. ...

2. Durante el periodo de actualización deberán acudir ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en los lugares que ésta determine, así como embajadas y consulados mexicanos o cualquier otro sitio en el extranjero que determine el instituto federal electoralpara ser incorporados al catálogo general de electores, todos aquellos ciudadanos:

...

Artículo 184.

1. La solicitud de incorporación al catálogo general de electores podrá servir para la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral; se hará en formas individuales en las que se asentarán los siguientes datos:

a)-g) ...

2. El personal encargado de la inscripción asentará en la forma a que se refiere el párrafo anterior los siguientes datos:

a) Cuando se incorpore en el padrón electoral a los mexicanos residentes en el extranjero.

b) y c)

d) Fecha de la solicitud de inscripción

Entidad federativa, municipio, localidad, donde se realice la inscripción;

b) y c)...

Artículo 187.

1. Podrán solicitar la expedición de credencial para votar con fotografía o la rectificación ante la oficina del Instituto Federal Electoral responsable de la inscripción, aquellos ciudadanos que:

a)-c) ...

2. ...

3. ...

4. En las oficinas o módulos del Registro Federal de Electores, dentro y fuera del territorio nacional existirán a disposición de los ciudadanos los formatos necesarios para la presentación de la solicitud respectiva.

Artículo 190.

1. Las credenciales para votar con fotografía que se expidan conforme a lo establecido en el presente Capítulo estarán a disposición de los interesados en las oficinas o módulos dentro y fuera del territorio nacional que determine el instituto hasta el 31 de marzo del año de la elección, así como en las oficinas o módulos especiales para mexicanos residentes en el extranjero.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de octubre de 2012.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

INSCRIPCIONES DE HONOR

«Iniciativa con proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de José Guadalupe Posada, a cargo del diputado J. Pilar Moreno Montoya, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, J. Pilar Moreno Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 262 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante el pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone inscribir con letras de oro en el Muro de Honor el nombre de José Guadalupe Posada, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En muchas ocasiones, los pueblos y los gobiernos actúan injustamente con personajes que a través de su trayectoria, que a través de su intensa vida, brillaron hasta el infinito, y solamente después de muertos a algunos se ha hecho justicia.

Éste es el caso de un personaje que nació en una cuna pobre, pero con un corazón de oro, como ahora les pido que apoyen mi propuesta, para que su nombre quede grabado con letras de oro en los muros de la más alta tribuna de la nación, la Cámara de Diputados.

Este personaje, cuyo fruto de su ingenio, habilidad y cualidades en el grabado lo hicieron ser conocido y reconocido mundialmente, es al que quiero, igual que muchísima gente lo desea que ustedes compañeras y compañeros diputados apoyen al estado de Aguascalientes para que logremos que nacionalmente se le rinda el espacio que merece. La cúspide de José Guadalupe Posada se inició muchos años después de muerto. En vida sufrió vicisitudes y sin darse cuenta de la magnitud de su obra, legó un patrimonio tan fidedigno, que fue capaz de hacer un cambio cultural, que lo ha convertido en un icono del nacionalismo cultural mexicano.

Hoy no se concibe una de las tradiciones más arraigadas en la vida popular como es el Día de Muertos sin la participación avasalladora de los dibujos y grabados de este célebre personaje. Para ejemplo, La Catrina.

José Guadalupe Posada Aguilar nació en la ciudad de Aguascalientes el 2 de febrero de 1852, en el legendario Barrio de San Marcos; falleció el 20 de enero de 1913. El próximo año se conmemorará el 100 aniversario de su deceso, ocurrido en la Ciudad de México.

Fue el cuarto de seis hijos. Sus padres fueron don Germán Posada Serna y Petra Aguilar Portillo; su padre tenía el oficio de panadero. El segundo de sus hermanos, José Cirilo, lo enseñó a leer y escribir. Posteriormente pudo vencer una empecinada oposición familiar a estudiar dibujo, logrando convencer a su padre para que le permitiera ingresar a los 16 años en la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes, donde dio las primeras muestras de su talento innato para el dibujo y la caricatura.

En esos primeros años de aprendizaje, ingresó en 1868 en el taller profesional de Trinidad Pedroza, reputado maestro de quien aprendió los principios, métodos y secretos del arte litográfico. Su mentor lo introdujo en el ámbito del periodismo y de la prensa gráfica como dibujante. Las primeras caricaturas las publicó en el periódico El Jicote, en 1871, cuando apenas contaba con 19 años.

En 1872 se trasladó en compañía de su maestro Trinidad Pedroza a León, Guanajuato. Consiguió posteriormente una plaza de profesor en la escuela preparatoria de León, labor que desempeñó durante cinco años, aunque compartió la actividad didáctica con lo que le gustaba en realidad: la litografía comercial, que consistía en elaborar textos de anuncios y carteles y la estampación de imágenes religiosas.

Posada creía en la universalidad del grabado, no en el grabado como expresión de una determinada causa. Hizo del grabado la representación de un país y una cultura gráfica nacional. Contó como nadie la trágica historia de la condición humana. Sufrió los ataques del gobierno porfirista, que vio en su obra las huellas de lo pisoteado por él y sus colaboradores, pagando muy caro oficiar con su arte en los altares de la cultura pre y revolucionaria. Su arte era para las masas y no apto para los intereses gubernamentales, lo que le acarreó grandes sinsabores; clausuraron en varias ocasiones sus lugares de trabajo.

Aparte de la enorme cantidad de grabados que hacía para anunciar productos varios, sus grabados calavéricos eran dirigidos a hacer una crítica magistral de la gente adinerada, del maltrato al pueblo, y retrataban los aconteceres cotidianos.

A través de sus grabados se le puede considerar como un juglar de su tiempo. Hasta hoy, la obra de José Guadalupe Posada no ha sido suficientemente valorada; sólo el tiempo y la historia lo han convertido en un mito de la cultura popular mexicana.

Sus grabados van más allá de lo caricaturesco: tienen un valor estético y filosófico, pues tienen significado y dieron vida a acontecimientos. Tuvieron un realismo mágico y en muchas ocasiones más intangibles que reales, pero su obra no deja de ser maravillosa, no por poder hacer un grabado sino por el contenido sustancioso con que los dotó.

Posada fue un grabador imposible. Lo asevero con la convicción de que la mayoría de los grabadores son posibles, se repiten, graban por oficio: él grabó con arte, con sentido, con la idea de la creación. El arte creado por José Guadalupe no se perdió en un laberinto; vive en muchos corazones que fueron como puertas abiertas donde entró para quedarse, y esto ha sucedido desde hace más de un siglo y hoy lo vemos reflejado en su obra cumbre: La Catrina.

En apoyo de mi solicitud, siento que no faltan méritos para justificar la petición. Algunos de los más notables muralistas mexicanos reconocieron en su tiempo la influencia de Posada en su vida y obra, como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, este último, creador del cuerpo de La Catrina, plasmada en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.

Creo que a 100 años de su muerte debemos hacer justicia a quien acabó en una fosa común, al que nunca disfrutó con la magnitud de su obra.

Conocer, querer y respetar su arte es como tener una amistad lejana en el tiempo. Rescatemos de la fosa común a José Guadalupe Posada y reconozcámoslo poniendo su nombre con letras de oro en los muros de la casa del pueblo, su pueblo, la más alta tribuna de la nación, la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de José Guadalupe Posada

Artículo Primero.Inscríbase con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de José Guadalupe Posada.

Artículo Segundo.Celébrese una sesión solemne de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la que se devele la inscripción a que se refiere el artículo anterior.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se coordinarán para establecer la fecha en que se realice la sesión solemne y la inscripción en letras de oro a que se refiere el artículo primero de este decreto, así como para las demás actividades que se requieran.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputado J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma los artículos 35, 37 y 38 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Problemática

De conformidad con un informe sobre mortalidad materna en México que emitió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), los gobiernos de los últimos 12 años no lograron disminuir las cifras de mortalidad materna, situación que se ha convertido en un grave problema de salud pública, derechos humanos, desarrollo social, equidad de género y justicia social.

El reporte señala que las condiciones sociodemográficas en que se encontraban las mujeres que murieron en 2010 fue producto de las deficiencias en la atención de su embarazo, y resalta que los casos pudieron prevenirse, en virtud de que la mayoría de las complicaciones se habrían resuelto aprovechando el desarrollo tecnológico existente, pero además, si hubieran recibido atención de calidad y oportuna.

Las cifras muestran que la mortalidad materna es de 51.5 decesos por cada cien mil nacimientos vivos, cuando la meta alcanzar para el año 2015 se sitúa en el 22 por ciento. La inequidad social es una de las razones más importantes de muertes maternas; el 70 por ciento de los decesos ocurrió en municipios con población indígena.

Las causas asociadas a la muerte materna tienen también un comportamiento diferenciado por lugar de residencia. Mientras que en las comunidades rurales la principal causa de muerte materna es la hemorragia obstétrica, en las ciudades es la enfermedad hipertensiva del embarazo.

El derecho a la salud se encuentra consagrado en el artículo 4o. de nuestra Norma Suprema, en el cual se reconoce a la salud como un derecho humano. Por lo tanto, corresponde al Estado mexicano ampararlo y protegerlo; es una obligación irrenunciable que se traduce en proporcionar todos los medios tendientes a procurar servicios de salud y atención médica suficientes y eficaces.

Con la presente iniciativa que adiciona a los artículos 35, 37 y 38, de la Ley General de Salud, se pretende que las instancias de seguridad social cumplan con los principios de universalidad y gratuidad de los servicios sanitarios y de atención medica; así como se proporcione atención pronta, efectiva y oportuna a las mujeres que se encuentren en estado de gravidez y que por su estado de salud tengan riesgo de perder la vida, tanto la madre como el producto de la concepción.

Argumentación

Con las recientes reformas a nuestra Carta Magna en materia de derechos humanos, el Estado mexicano hoy más que nunca está comprometido a salvaguardarlos en forma plena y total.

La obligatoriedad es ambivalente, debido a que por un lado se cumple con un anhelo social y, por otro, armoniza con los diversos instrumentos internacionales de los que México es parte. Lo anterior atento al contenido del artículo 4o. constitucional y extensivamente a los correlativos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que garantizan a todas las personas el acceso a la salud.

En la actualidad la mortalidad materna constituye un grave problema de salud pública, de derechos humanos, de desarrollo social, de equidad de género y de justicia social. Resulta tan delicado el asunto, que durante la última década no se ha logrado reducir esta dificultad, por lo que el Estado debe implementar mecanismo de orientación e información para poder detectar el problema a tiempo y así evaluar las políticas y técnicas de desarrollo social.

La defunción materna se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, originada por cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

A pesar de los grandes avances y del perfeccionamiento de la atención, programas y estructura en materia de salud, en nuestro país existen rezagos importantes en esta materia, principalmente en las comunidades rurales, donde la atención y cuidados sanitarios distan mucho de las establecidas en las zonas urbanas.

Si bien la mortalidad materna representa un gran desafío para las instituciones de salud, es lamentable que sus causas son evitables en muchos casos. Sin embargo, en países con menor desarrollo económico, como el nuestro, es donde se presenta con mayor incidencia los casos de muertes maternas. La injusticia social radica en que las mujeres pobres son las que sufren mayor riesgo de morir por embarazo, parto o puerperio.

Las complicaciones relacionadas con esa situación en términos generales, aparecen principalmente en tres momentos: durante el embarazo, al momento del parto o después de éste. No obstante, estos eventos son evitables si hubiera recursos y servicios disponibles. Si bien la atención que brindan los sistemas de salud se han vuelto más accesibles y de mejor calidad, las dificultades con frecuencia resultan fatales.

Cualquier mujer puede tener problemas durante el proceso. En ese sentido, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud ha informado que la preclampsia es la principal causa de muerte en el país (dolor de cabeza, visión borrosa, zumbido de oídos, náuseas, vómito y dolor en la boca del estómago o en el abdomen, son algunos de los síntomas que podrían presentarse durante el último trimestre del embarazo). Cuarenta y siete de las 190 muertes fueron por preclampsia-eclamsia (24.7 por ciento), y 42, por hemorragia postparto (22.1 por ciento). Neoplasias, aborto, embolia pulmonar, neumonía y otras causas obstétricas directas tuvieron un porcentaje menor a 7.

En el medio rural prefieren dar a luz con la ayuda de una partera tradicional persona que no está capacitada, en su caso auxiliada por personas ocasionales que no cuentan con la experiencia ni los conocimientos que la urgencia requiere. Lo anterior no descarta que algunas veces el trabajo de parto lo realizan sin la ayuda de alguien. En cambio por lo que respecta a la zona urbana, cuando llegan a los hospitales a punto de parir, simplemente se les niega la atención médica, situación apremiante que obliga a que en muchas ocasiones el parto se presente en la vía pública, o en otras ocasiones, a bordo de un taxi. En ese sentido, las complicaciones se multiplican y la mayoría de esos casos terminan en un fatal desenlace.

No se omite mencionar que, también en estos casos se presenta la denominada “cifra negra” porque no todas las muertes se reportan. La Dirección General de Epidemiología (DGE) informa que las dependencias del Sector Salud, así como hospitales privados, no notificaron, al menos, 24 casos en los últimos tres meses.

Según el informe semanal de vigilancia epidemiológica de la DGE, publicado en la última semana de marzo pasado, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó sólo 100 defunciones de 103 que tuvo registradas; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 20 de 26, y algunas instituciones privadas, que no detalla la dependencia mencionada, omitieron 13 de los 16 casos que atendieron.

En cantidades mínimas, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el IMSS con el Programa Oportunidades, la asistencia social de Petróleos Mexicanos y otras entidades tuvieron 15 muertes maternas. No obstante, 30 fueron de población abierta, por no haber tenido atención médica pronta y oportuna, a pesar de que, como ya se señaló, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantizan el acceso a servicios de salud a toda persona.

Ahora bien, las entidades con mayor número de defunciones durante 2011 fueron el Estado de México, Veracruz, Guerrero, Distrito Federal, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Baja California, Puebla, San Luis Potosí, Coahuila, Michoacán, Tabasco y Chiapas. En conjunto, 77.4 por ciento (147 defunciones) del total.

De conformidad con datos de la ONU, cada año mueren 350 mil mujeres embarazadas por complicaciones evitables. En esa tesitura se propone que se resuelva el déficit financiero de cada país a través de inversiones, para que se destinen más recursos al sector salud y que se transparente cada movimiento; todo ello salvaría a cerca de 570 mil mujeres entre 2011 y 2015.

El gobierno mexicano espera reducir en 2015 el número de muertes a 417; empero, durante su gestión la cantidad se ha acrecentado: 1 mil 97 fallecimientos en 2007, 1 mil 119 en 2008 y 1 mil 207 en 2009. Al cierre preliminar de la DGE, en 2010 hubo 952 defunciones, lo que representa 49.7 de RMM; aunque el dato oficial está en proceso de validación.

Otros datos muestran que 167 mujeres muertas en 2009 eran menores de 19 años, 110 no tenían escolaridad y 375 sólo habían cursado la primaria. Tener seguridad social a través del Seguro Popular no fue garantía de sobrevivencia, pues 375 mujeres murieron, el mismo número de quienes no tenían acceso a servicios de salud.

Según estudios de los expertos, los mayores esfuerzos tendrán que hacerse en las poblaciones marginadas, que son las que presentan un aumento en las cifras de mortalidad materna. En 2005 se presentaron en el país 1,242 muertes maternas. De este total , 67.7 por ciento ocurrieron en mujeres sin seguridad social y 19 por ciento, fuera de una unidad médica (hogar, vía pública).

Por lo anterior, la presente iniciativa busca garantizar que toda mujer que presente una emergencia obstétrica sea atendida sin dilación alguna, en cualquier unidad médica de las instituciones de seguridad social, sin discriminación por razón de no estar afiliada, o no tener la calidad de derechohabiente de esas instituciones. De aprobarse este proyecto, el Estado mexicano estaría cumplimiento cabalmente con el texto constitucional y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Las muertes evitables son aquellas defunciones que, dado el nivel de desarrollo de la tecnología médica, no debieran producirse. Una apendicitis, por ejemplo, no debe terminar en defunción porque se cuenta con las herramientas médicas para hacer un diagnóstico oportuno e implementar un tratamiento efectivo.

Lo mismo sucede con las complicaciones de un embarazo: existen las medidas de promoción de la salud y atención prenatal y obstétrica para evitar que este tipo de complicaciones terminen en una muerte materna. La presencia de estas muertes, por lo tanto, nos hablan de un problema de acceso a los servicios de salud, pero también de un problema de calidad de los mismos.

La mortandad materna es un problema claramente prevenible, por ello se debe proporcionar protección efectiva a la madre antes, durante y después de su embarazo, es decir se debe velar por la seguridad integral de la mujer. La muerte materna, entonces, es el resultado de la desigualdad y la pobreza de las mujeres. En Nueva Alianza consideramos que es inadmisible que con los avances científicos y tecnológicos se presenten este tipo de decesos.

Por último cabe decir que, en la prestación de los servicios de salud intervienen el sector público y el sector privado, tal y como se lee en la Ley General de Salud. En ese sentido, con en esta propuesta legislativa promovemos también que los tres órdenes de gobierno podrán celebrar convenios con las instituciones de servicios de salud privados, para que presten los servicios sanitarios y atención médica urgente a las mujeres que se encuentren en estado de gravidez, cualquiera que sea la etapa de la gestación y que por su estado grave de salud se encuentre en riesgo su vida y la del producto de la concepción, y que dichos convenios a que se refiere el párrafo anterior podrán versar sobre estímulos fiscales que sean atractivos y favorezcan la prestación de ese servicio.

Para lo anterior, las dependencias mencionadas levantarán al efecto un padrón que contenga el número, razón social y domicilio de las instituciones que se incorporen a este programa.

Con esta propuesta se pretende dar cobertura amplia y suficiente, en cuanto los servicios de salud a las mujeres embarazadas, y cuyo estado de salud sea riesgoso para que oportunamente sean atendidas médicamente y con ello abatir el número de decesos por muerte maternal. Otro de los avances es la promoción económica a los hospitales dado que el Estado, dado el caso los incentiva fiscalmente.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, los suscritos, diputada Lucila Garfias Gutiérrez, diputado René Fujiwara Montelongo, diputado Fernando Bribiesca Sahagún, diputada María Sanjuana Cerda Franco, diputada Cristina Olvera Barrios, diputada Sonia Rincón Chanona, diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, diputado José Angelino Caamal Mena, diputado Rubén Benjamín Félix Hays, y diputado Luis Antonio González Roldán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 35, y adiciona un párrafo cuarto al correlativo 37 y se reforma el artículo 38, todos de la Ley General de Salud

Primero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 35, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son...

Los...

En términos de los párrafos precedentes, las instituciones públicas de seguridad social en todo tiempo prestarán los servicios sanitarios y atención médica urgente a las mujeres que se encuentren en estado de gravidez, cualquiera que sea la etapa de la gestación y que por su estado grave de salud se encuentre en riesgo su vida y la del producto de la concepción, independientemente que sean o no beneficiarios o derecho habientes.

Cualquier omisión a lo anterior será sancionada en los términos que establezcan las leyes civiles, penales y administrativas

Segundo. Se adiciona un párrafo cuarto al correlativo 37, para quedar de la manera siguiente;

Artículo 37. Son...

...

...

Las instituciones públicas de seguridad social a que se refiere el párrafo primero de este artículo en ningún caso ni por motivo alguno podrán negar los servicios sanitarios y atención médica urgente a las mujeres que se encuentren en estado de gravidez, cualquiera que sea la etapa de la gestación y que por su estado grave de salud se encuentre en riesgo su vida y la del producto de la concepción, independientemente que sean o no beneficiarios o derecho habientes.

Cualquier omisión a lo anterior será sancionada en los términos que establezcan las leyes civiles, penales y administrativas

Tercero. Se reforma el artículo 38 para quedar la siguiente manera:

Artículo 38. Son...

En el caso del párrafo precedente el gobierno federal, de los estados, del distrito federal y los gobiernos municipales podrán celebrar convenios con las instituciones de servicios de salud privados, para que presten los servicios sanitarios y atención médica urgente a las mujeres que se encuentren en estado de gravidez, cualquiera que sea la etapa de la gestación y que por su estado grave de salud se encuentre en riesgo su vida y la del producto de la concepción.

Los convenios a que se refiere el párrafo anterior podrán versar sobre estímulos fiscales que sean atractivos y favorezcan la prestación de ese servicio.

En esos casos las instituciones privadas una vez celebrado el convenio a que se refiere este artículo en ningún caso ni por motivo alguno podrán negar o negarse a atender a las pacientes que lo requieran. Cualquier omisión a lo anterior será sancionada en los términos que establezcan las leyes civiles, penales y administrativas.

En este caso la Secretaría de Salud y sus equivalentes en los estados de la república, el distrito federal y en los gobiernos municipales levantarán al efecto un padrón que contenga el número, razón social y domicilio de las instituciones que se incorporen a este programa.

Artículo Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad

Artículo 25

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad

2 De acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna, impulsado por el Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 25 de octubre de 2012.— Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

ARTICULOS 4O. Y 27 CONSTITUCIONALES

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Héctor García García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante el pleno de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4, párrafo tercero, y el artículo 27, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar la seguridad alimentaria por parte del Estado, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental. En México, a pesar de ser pioneros en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, en la Constitución Federal no existe hasta el momento una base sólida en la que el Estado contribuya a una consolidación de instrumentos necesarios para la protección alimentaria de la sociedad.

El derecho a los alimentos no es un concepto nuevo, se reconoció inicialmente en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas. En 1996, la adopción formal del derecho a una alimentación adecuada marcó un hito en los resultados obtenidos por los delegados asistentes a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.

En cuanto a los tratados suscritos por México encontramos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que en el artículo 11, párrafo primero, dispone lo siguiente: “Los Estados parte reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, (....) y (...) deberán adoptarse medidas inmediatas y urgentes para garantizar el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”.

En esta línea, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, encargado de dar seguimiento al cumplimiento del Pacto, en la observación número 12, párrafo 4, establece que “el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente a la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos”.

Un documento más, firmado por el Estado mexicano, que dentro de sus disposiciones regula el derecho a la alimentación, es la Convención sobre los Derechos de los Niños. En el párrafo primero de su artículo 24 establece que los Estados que han firmado la Convención deben asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios

En esa misma línea, el párrafo siguiente determina que “los Estados parte asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para (...) combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”, así como para “asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos”.

Un último documento de derecho internacional que contempla dentro de sus disposiciones el derecho a la alimentación y que ha sido suscrito por el Estado mexicano es el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en el artículo 12, denominado “Derecho a la Alimentación”,  expresa “toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. Con objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados parte se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia”.

Exposición de Motivos

En México el nivel o incidencia de la pobreza suele medirse de acuerdo a la metodología del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para la medición de la pobreza por ingreso, se definen tres niveles de pobreza alimentaria:

• Pobreza alimentaria: incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta.

• Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines.

• Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.

En el año 2005, de acuerdo a este organismo, en pobreza alimentaria se encontraban 18.7 millones de mexicanos, que representaban el 18.2 por ciento de nuestra población mexicana. La mayoría de las personas que se encuentran en esta condición viven en los estados de Chiapas, México, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero. La población en pobreza de capacidades ascendía a 25.9 millones de personas, que significaba el 24.7 por ciento de los habitantes de México. Las entidades con un mayor porcentaje de su población en esta condición eran: México, Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca y Guerrero. Por último, el número de personas con pobreza de patrimonio era de 49.7 millones de personas, poco menos de la mitad de la población nacional. Como en los casos anteriores este tipo de pobreza se concentra en las mismas entidades federativas.

En México la situación alimentaria presenta índices de subnutrición, deficiencia calórica de la población vulnerable y desnutrición en sus distintos niveles en infantes con niveles regulares en comparación con otros países de la región.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el porcentaje de personas subnutridas en nuestro país corresponde a un 5 por ciento de manera sostenida en los últimos 15 años, éste no debe entenderse como un indicador favorable, ya que en términos reales el número de personas ha aumentado.

La FAO, a través de diversos foros e investigaciones sobreSeguridad Alimentaria, han logrado integrar el concepto del mismo, siendo este el más aceptado por los intelectuales en el tema y los países integrantes de la ONU.

En razón de lo anterior, el concepto de seguridad alimentaria es el que sigue: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

Esta definición, señala las siguientes dimensiones de la seguridad alimentaria:

Disponibilidad de alimentos: la existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad adecuada, suministrados a través de la producción del país o de importaciones, comprendiendo así, la ayuda alimentaria.

Acceso a los alimentos: acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a los que se tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. Estos derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales una persona puede tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad en que vive.

Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. Este concepto pone de relieve la importancia de los insumos no alimentarios en la seguridad alimentaria.

Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas, como por ejemplo, una crisis económica o climática, ni de acontecimientos cíclicos, como la inseguridad alimentaria estacional. De esta manera, el concepto de estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la del acceso de la seguridad alimentaria.

En diciembre de 2009, el Coneval presentó la nueva “metodología multidimensional de medición de la pobreza”, que permite comprender mejor las diferentes aristas de este fenómeno al mostrar, de forma conjunta, indicadores a partir del enfoque de ingresos y de derechos sociales, dentro de los cuales se incluye el de acceso a la alimentación. Con base en esta metodología, nueve entidades federativas tienen porcentajes de población con carencia de acceso a la alimentación entre 25 y 35 por ciento en 2008.

La incorporación de este concepto a nuestro esquema constitucional exige al Estado no solamente ha impulsar las políticas públicas necesarias, sino, a realizar reformas trascendentales que impliquen una responsabilidad esencial, para garantizar la seguridad alimentaria en el país, así como el abasto suficiente, oportuno y a bajo costo de los alimentos básicos, incluyendo una distribución más equitativa y eficaz.

Debemos generar las condiciones como legisladores, para que nuestros electores puedan tener un acceso económico a los alimentos digno, es momento de sentar las bases necesarias, para influir en los factores que tienen que ver con los mercados de alimentos y con la capacidad de pago de los consumidores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la presente soberanía el siguiente

Decreto

Primero.Se reforma el párrafo tercero del artículo 4o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4o. ...

...

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente, adecuada y de calidad. El Estado garantizará la seguridad alimentaria.

Segundo.Se reforma el segundo párrafo del artículo 27, facción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 27. ...

XX....

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente, oportuno y a bajo costo de los alimentos básicos que la ley establezca, así como una distribución más equitativa y eficaz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputado Héctor García García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

«Iniciativa que reforma el artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Érick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Érik Marte Rivera Villanueva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las garantías fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la seguridad pública, a cargo de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal–, cuya finalidad es salvaguardar la integridad y los derechos de los ciudadanos, así como preservar la libertad, el orden y la paz, de manera paralela a la prevención, investigación y persecución del delito que atenten contra la sociedad.

México atraviesa la ola de violencia más fuerte de los últimos 80 años. Gran parte de los estados acapara la atención de las fuerzas de seguridad a raíz de un recrudecimiento de la violencia vinculada al crimen organizado.

Uno de los indicadores principales ligado a la inseguridad pública nacional es la incorporación, el reclutamiento o el involucramiento de ex policías o personas que brindaron seguridad pública.

Hemos descubierto en diversas ocasiones vínculos de ex policías con grupos delictivos o cárteles dedicados al narcotráfico, que mantienen actividades en su propio municipio, o algún otro estado, proporcionado toda la información acerca de las operaciones policiales, personas involucradas, denuncias, logística criminal y espacios para delinquir, además de contar con adiestramiento y conocimiento en el manejo de las corporaciones. Todo ello es posible en un contexto institucional sin controles internos, de escasa transparencia y nulo desarrollo profesional.

La información disponible nos permite señalar que por ejemplo los secuestradores en el centro del país tienen un nivel considerable de integración social. Para quienes delinquieron en el DF y el estado de México, se trata de personas con una edad promedio de 31 años; en 81 por ciento de los casos con 3 hijos en promedio; también en 81 por ciento con un trabajo en el mes previo a su detención. El 22 por ciento prestó servicios en las fuerzas armadas o en la policía. Las bandas están integradas en su mayoría por entre 3 y 9 personas, entre las que es frecuente encontrar vínculos familiares. (Fuente: CESOP. Secuestro, impacto social y características del delito.)

Uno de los factores de crecimiento en el país respecto a secuestro, trata de personas, indocumentados, narcotráfico y delincuencia organizada, entre otros, es la participación de ex policías o personas que prestaron servicios en seguridad pública, que encabezan o son parte de las bandas.

Entre las características que muestran los ex policías durante su incorporación y estancia en las instituciones se encuentran la paulatina obediencia al mando y la adopción de requerimientos y procedimientos arbitrarios, la adaptación al ejercicio del abuso del poder y de sus beneficios y el encapsulamiento defensivo frente a una sociedad que los rechaza y los agrede.

Los bajos salarios y la corrupción generalizada aparecen como los argumentos más referidos para justificar sus actos ilegales; una de las sensaciones de haber sido traicionados y argumentan reiteradamente que los hechos por los cuales fueron acusados en realidad fueron fabricados por su corporación.

También se deduce que las habilidades adquiridas como policías –entre otras, destrezas técnicas, métodos delictivos e información sobre las víctimas– fueron utilizadas para planear y ejecutar el secuestro. En muchos casos su cercanía con grupos delictivos facilitó su incursión y el liderazgo de éstos.

El contexto de falta de controles internos y arbitrariedad reiterada se vuelve propicio para que los ex policías se contraten o lleven a cabo por iniciativa propia amenazas o extorsiones y, finalmente, se involucren en el crimen organizado.

El sexenio del presidente Felipe Calderón comenzó con una profunda transformación de las instituciones de seguridad pública y justicia penal. En 2008 se promulgó una reforma de 10 artículos constitucionales, con los objetivos principales de transformar el actual sistema, predominantemente inquisitivo y procedimental, en uno garantista y adversarial; establecer la oralidad en los juicios penales, y mejorar las competencias técnico-operativas de los operadores jurídicos (policías, agentes del MP, defensores de oficio y peritos).

Con base en esta reforma constitucional, y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (expedida en 2009), el Ejecutivo federal puso en marcha el sistema de desarrollo policial, el cual incluye un conjunto de reglas y procedimientos para normar el reclutamiento, la certificación, la disciplina, los estímulos y el servicio de carrera policial en todo el país. Con este método se ha evaluado a cerca de 50 mil policías y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública federal y casi 20 mil integrantes de la Procuraduría General de la República, así como a la totalidad de los oficiales y los mandos de las Fuerzas Armadas.

En los estados se ha evaluado a casi 50 por ciento de las policías estatales y municipales que se encuentran en activo. Para ello, durante el sexenio se ha apoyado con más de 67 mil millones de pesos a las autoridades locales, destinados a capacitar, evaluar, depurar y armar sus cuerpos.

El incremento de la violencia y la falta de respuesta institucional expedita y eficaz explican en gran medida la impunidad con que opera la delincuencia y, por tanto, los amplios márgenes que tienen los delincuentes (organizados o no) para cometer actos ilícitos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad 2012, elaborada por el Inegi, 22 por ciento de los delitos cometidos en 2011 no fue denunciado.

Así, en ese año se perpetraron 22.3 millones de delitos, asociados a 18.6 millones de víctimas, de los cuales únicamente 8 por ciento derivó en una averiguación previa. Entre los motivos que explican la falta de denuncias, 63 por ciento de los entrevistados lo atribuyó a las deficiencias de la autoridad, que incluyen pérdida de tiempo y desconfianza.

Para ello, el presidente de la República continúa contrarrestando este fenómeno, con una de las herramientas constituidas para establecer sistemas de información y comunicaciones de alta tecnología para el combate de la delincuencia y así conocer las actividades que desempeñan policías o personal que brinda seguridad pública en cualquier parte del país como es el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP), creado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como instituye la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente.

Dicha ley dispone en los artículos 122 y 123 que el registro

Contendrá la información actualizada relativa a los integrantes de las instituciones de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, el cual contendrá, por lo menos

I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así como su trayectoria en la seguridad pública;

II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público; y

III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron.

En el sexto Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el RNPSP cuenta con 1 millón 457 mil 579 registros de personas, de los cuales 723 mil 536 se encuentran activos y el resto estuvo integrado alguna vez a instituciones de seguridad pública municipal, estatal, federal o de empresas de seguridad privada.

El registro concentra datos de identidad y referencias personales, huellas digitales, fotografías, escolaridad y antecedentes laborales. Se tiene registrado un estado de fuerza estatal y municipal de 521 mil 106 personas, y de seguridad privada de 124 mil 641; el resto corresponde a instituciones federales. A julio de 2012 se logró que 90 por ciento de personal estatal y federal activo contara con inscripción en el registro nacional.

Sin embargo, en el sexto Informe de Gobierno, el RNPSP contaba con 90 por ciento en la totalidad de su registro, sólo que aún no posee registros de personal municipal.

Si bien se cuenta con un avance sustancial en la integración del objeto del RNPSP, falta totalizar la inscripción del personal federal y estatal, además de contar con un porcentaje significativo del personal municipal.

Es sustancial este concepto tecnológico avanzado de telecomunicaciones y sistemas de información, que integra todas las bases de datos relativas a la seguridad pública, a fin de que se cuente con todos los elementos de información para que las instituciones policiales y de procuración de justicia del país lleven a cabo las actividades de prevención y combate del delito, con metodologías y sistemas homologados.

Sin embargo, propongo que el RNPSP sea extensivo a todos los ex policías o al personal que fue integrante de las instituciones de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios y que estén obligados a presentar información respecto a las actividades que realizan por los siguientes 5 años; de igual forma, la integración y sistematización de información continuará contribuyendo al combate de la delincuencia.

Por ello debemos seguir fortaleciendo el desarrollo de sistemas de información que nos optimicen el almacenamiento de datos, e intercambio de información delictiva que favorezca las acciones de inteligencia contra la delincuencia.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman las fracciones II y III, y se adiciona la IV al artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 122. El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, conforme lo acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de secretarios de Seguridad Pública, contendrá la información actualizada relativa a los integrantes de las instituciones de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, el cual contendrá por lo menos

I....

II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público ;

III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron ; y

IV. La situación laboral del servidor público durante los cinco años posteriores a su separación del cargo, debiéndose mantener actualizada anualmente.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se realizarán las adecuaciones a que haya lugar una vez que entre en vigor el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputado Érik Marte Rivera Villanueva (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

«Iniciativa que reforma los artículos 2o., 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, en nombre propio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años, el flagelo del narcotráfico ha contaminado los diferentes ámbitos de la vida nacional.

El Estado mexicano se encuentra corroído hasta sus raíces por la delincuencia organizada, que con su poder corruptor, los inmensos recursos económicos que maneja y el envenenamiento de la sociedad ha logrado expandirse día con día para menoscabo del desarrollo soberano.

El narcotráfico es un cáncer que invade el cuerpo social y encuentra como sus víctimas más directas e indefensas a la niñez y a la juventud.

El país ha pasado de ser uno donde las ilícitas actividades de los narcotraficantes se orientaban fundamentalmente a la producción y el tráfico de drogas y enervantes para enviar los frutos de su actividad criminal al extranjero, para constituirse en uno consumidor de estas sustancias nocivas.

El consumo de drogas en el país ha crecido y crece en forma exponencial y alarmante. Según información de la Secretaría de Seguridad Pública federal, el consumo de estupefacientes se duplicó en los últimos cuatro años. Ésa es una de las explicaciones de lo cruento de los ajustes de cuentas entre los grupos que se disputan la hegemonía delictiva en algunos lugares. Ahora les interesa no sólo controlar las rutas del tráfico de las drogas para su exportación sino tener el control de la venta por su red de narcomenudeo.

Necesitamos en consecuencia construir un sólido blindaje social y educativo que nos permita generar una cultura de prevención del consumo de drogas y enervantes, una cultura de rechazo entre la población al consumo de estas sustancias que sólo generan problemas, padecimientos y males en el entorno. Al desalentar el consumo no sólo se combate esta ilícita actividad, con la merma del monto de sus perversas ganancias económicas, sino que protegemos a nuestro mayor activo como país, las nuevas generaciones.

Los jóvenes y los niños se encuentran a merced de la delincuencia organizada que, por el narcomenudeo, se ha colado hasta las escuelas, los barrios y lugares de uso común, como plazas, canchas deportivas y mercados, para inducirlos a consumir drogas y generar adicciones que alimenten el crecimiento de su industria criminal.

Además de las acciones de combate directo de la delincuencia organizada, se requiere un gran esfuerzo educativo para que los niños y los jóvenes conozcan las consecuencias terribles que entraña el consumo de drogas para desalentar éste y las adicciones, y formar así individuos con valores, con principios, más sanos, más comprometidos con su comunidad y más productivos para el país.

Para tal efecto es necesaria una reforma de la Ley General de Educación, a fin de establecer la obligatoriedad de que sea impartida en la enseñanza básica una materia que aborde las causas de las adicciones y sus repercusiones negativas en el cuerpo humano y aliente una cultura de prevención contra las drogas.

Es fundamental establecer en esa ley disposiciones que obliguen al Estado, a sus organismos descentralizados y a los particulares que prestan servicios educativos a que impartan en las aulas una asignatura que expresamente prepare a los educandos en una cultura de prevención del consumo de drogas, debe ser una materia establecida en los planes de estudio autorizados por la Secretaría de Educación Pública, para construir un valladar que limite el auge de esta criminal actividad.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforman los artículos 2o., 7o., fracción X, y 8o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo armónico del individuo en lo mental y en lo físico, libre de la influencia nociva de las drogas y sustancias psicotrópicas y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.

...

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a IX. ...

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias por medio de la impartición de una asignatura en forma obligatoria en la educación básica que contribuya a generar una cultura de prevención del consumo de drogas y enervantes;

XI. a XIV. ...

Artículo 8o. El criterio que orientará la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan –así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan– se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos; las adicciones y el daño que provocan en las individuos y en la sociedad; las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos y la discriminación, especialmente la ejercida en contra de las mujeres.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de octubre de 2012.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

«Iniciativa que reforma los artículos 29 y 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 29, Capítulo II, correspondiente al tema de deducciones y se deroga la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta con base a la siguiente

Exposición de Motivos

El sector restaurantero ha sido uno de los pilares que continúa impulsando la dinámica económica de México. En 2011, de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de México, el sector restaurantero (Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas) contribuyó con el 2.5 por ciento del total del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Los estados con mayor aportación al PIB nacional a través del sector terciario fueron el Distrito Federal, seguido del Estado de México, Nuevo León y Jalisco.

Respecto al año 2010, la participación del sector creció 3.3% reales en 2011, sin embargo éste podría lograr mejores condiciones para continuar con su crecimiento y evitar futuros problemas de estancamiento ante eventuales situaciones de crisis de consumo en el país por la variación de los precios de los productos.

En materia de generación de empleos durante el segundo trimestre de 2012, el sector restaurantero absorbió el 11 por ciento del personal ocupado del sector terciario. Es decir, de un total de 30.2 millones de empleos que se generan en el sector terciario, 3.3 millones de empleos son absorbidos por los restaurantes del país.

A finales de 2010, el sector de restaurantes generó 2.9 millones de empleos, lo que significa un crecimiento de más de 380 mil empleos adicionales en un periodo menor a dos años.

Para dimensionar la importancia de la industria restaurantera en el país, es importante conocer que en 2010 el sector de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas:

•Contaba con 392 mil 242 unidades económicas (establecimientos) superior en más de 127 establecimientos respecto al año 2003.

• Durante ese año, uno de cada diez establecimientos de preparación de alimentos y bebidas en el país correspondía al sector señalado.

• Además, es el segundo sector del país que genera una mayor cantidad de empleos y,

• 4 de cada 10 empleos en el sector turístico son aportados por restaurantes.

Es notable la forma en que el sector restaurantero en nuestro país crece de manera constante a pesar de las condiciones económicas que pueden prevalecer en el país. Es un sector importante en términos de aportación al PIB nacional y gran generador de empleos a lo largo de los últimos 10 años.

Sin embargo, a lo largo de los últimos años han aparecido condiciones externas al sector que han mermado su crecimiento como la crisis económica de 2009, la tan conocida contingencia epidemiológica del virus AH1N1 y por supuesto, la entrada en vigor del Reglamento a la Ley General de Control del Tabaco.

A pesar de los esfuerzos que realizan de manera constante las diferentes asociaciones restauranteras y de las modificaciones a la Ley propuestas por el Gobierno Federal, aún no es suficiente para colocar al sector en mejores posiciones.

Es por ello que con el objeto de continuar colocando al sector restaurantero como uno de los pilares generadores de empleo e impulsores de la dinámica interna de la economía, se ha planteado incrementar la deducibilidad al 100% del consumo en restaurantes siempre que los pagos se realicen a través de tarjetas de crédito, débito o monederos electrónicos como lo establece la ley vigente y eliminar, para el caso del consumo en México, los límites de montos de deducibilidad que existen hoy en día.

Según estudios de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) actualmente el pago de consumos en restaurantes a través de tarjetas de crédito o débito representa el 33%, con lo que la deducibilidad estaría orientada a una parte proporcional de los ingresos total de la industria. La misma Canirac estima que con la medida fiscal, la demanda interna del sector se incrementará en más del 20%, generando una gran derrama económica del sector y para el país, más empleos.

Entre las ventajas de otorgar mayores beneficios fiscales al sector, encontramos las siguientes:

• Actualmente existe una fiscalización del sector demasiado estricta realizada a través de mecanismos de control por parte de las Dependencias de Gobierno que reduce de manera importante la evasión fiscal;

• Se generarían ventas de restaurantes por más de 40 mil millones de pesos anuales, adicional a los ingresos actuales;

• Se estima la generación de 240 mil nuevos empleos directos;

• Una facturación de 16 mil millones de pesos que generaría un IVA por 2 mil 500 millones de pesos y un ISR por 4 mil 400 millones de pesos;

• Más de 7 mil millones de pesos en compra a proveedores, lo que significaría dinamizar todo el clúster restaurantero.

Es importante señalar que en países de Latinoamérica como Brasil y Argentina, en países Europeos como Alemania, Holanda y Suiza, y en Australia, el porcentaje de deducibilidad en restaurantes aplica al 100%. Es decir, no se propone con la iniciativa un tema fuera del contexto internacional.

Por otro lado, es necesario dejar en claro dentro de mi propuesta de iniciativa que, si bien es cierto que de acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales 2012 las deducciones del 12.5 por ciento del consumo en restaurantes representarán un gasto al Erario Público Federal de 969 millones de pesos y de 1,022 millones de pesos en 2013 según estimaciones de la SHCP, el balance de recaudación en el sector con la medida que se propone es de más de 1 mil 900 millones de pesos, generando un recaudación sólo por Impuesto Sobre la Renta de 1 mil 250 millones de pesos, lo que significaría un retorno de recursos a la Federación por más de 800 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2013.

Es decir, la iniciativa presenta diversas bondades. Por un lado, generaríamos una mayor dinámica al sector restaurantero en términos de ingresos, se potenciaría la generación de empleos, se facilitaría no sólo el proceso de deducción en el consumos sino su fiscalización por quedar condicionada a que el pago sólo se realice mediante tarjetas y finalmente, la Federación obtendría una mayor recaudación que los efectos de gasto que pudiera causar su deducibilidad.

Es momento de comprometernos como Legisladores a realizar propuestas en beneficio de aquellos sectores generadores constantes de una dinámica económica interna y en beneficio de contar con Leyes Fiscales acordes a los parámetros internacionales que ubiquen a México como un país de vanguardia y sólido en su política fiscal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XII al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 29. ...

I a la XI...

XII.El 100% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Serán deducibles los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos del segundo párrafo de la fracción V del artículo 32 de esta ley. En ningún caso los consumos en bares serán deducibles. Tampoco serán deducibles los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto.

La deducibilidad del 100% no incluye los gastos relacionados con la prestación del servicio de comedor como son, el mantenimiento de laboratorios o especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción V y se deroga la fracción XX del artículo 32.

Artículo 32. ...

I a la IV...

V....

Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación , serán deducibles al 100% por cada beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, y hasta por un monto que no exceda de $1,500.00 diarios por cada beneficiario cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare la relativa al hospedaje o transporte. Cuando a la documentación que ampare el gasto de alimentación el contribuyente únicamente acompañe la relativa al transporte, la deducción a que se refiere este párrafo sólo procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje.

...

...

...

VI a la XIX...

XX. Se deroga.

XXI a la XXVII...

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente ejercicio fiscal de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 En adelante, todas las cifras son retomadas del Inegi a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, así como el Sistema Nacional de Cuentas Nacionales de México.

2 Incluyen deducciones por concepto del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto Especial a Tasa Única.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma el artículo 51 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Carmen Lucía Pérez Camarena e Isaías Cortes Berumen, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General de Salud, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Hablar de los avances en medicina y como consecuencia en salud durante estos siglos es un tema muy amplio. Los grandes adelantos tanto científicos y tecnológicos han producido cambios radicales en cuanto al aumento de la esperanza y calidad de vida.

En la actualidad, la medicina a nivel mundial está orientada fundamentalmente a prolongar las expectativas de vida de la población, más que a velar por la calidad de ésta como objetivo en sí mismo. La enfermedad física en sus múltiples formas, benigna o grave, aguda o crónica, puede ocurrir en la vida de cualquier etapa del ser humano sea niña o niño, adolescente o adulto mayor y constituye una experiencia en la que toda la familia toma parte.

Diversos estudios en materia de salud, indican que las personas enfermas que cuentan con apoyo de personal altamente capacitado y con experiencia en acompañamiento emocional, a través de compañía continua, con­fort físico y asistencia, que obtienen información an­tes, durante y después de alguna enfermedad, tienen más rápida recuperación, menor tiempo de hospitalización, menor apego al medicamento y mayor vitalidad ante la vida.

Como sabemos, también la evidencia científica avala la urgente necesidad de reivindicar los mecanismos afectivos especializados en acompañamiento emocional, ya que, a través del control y manejo de las emociones de los enfermos está demostrado que les permite mejorar la calidad de vida de manera pronta, derivado de que en muchas ocasiones la enfermedad física es el resultado de un desequilibrio emocional que ha persistido a través del tiempo.

Está además comprobado que, en la forma en que cada persona enfrenta alguna enfermedad, influye considerablemente en los síntomas y en la respuesta al tratamiento. Los seres humanos que viven con sentimientos y pensamientos cotidianos de desesperanza, soledad, depresión, ansiedad, estrés ante cualquier enfermedad, tienen menos probabilidades de recuperación, incluso haciéndolo más problemático.

La Organización Mundial de la Salud (OMS),  señala que la salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino un estado de completo bienestar físico y mental, en un contexto ecológico-social propicio para su sustento y desarrollo. La salud descansa en la esfera de prácticamente todas las interacciones, sociales y culturales, y es, con ellas, un componente sinergético de bienestar social.

De acuerdo al documento Salud en las Américas 2012, realizado por Organización Panamericana de la Salud (OPS),  y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la expectativa de vida en América Latina y el Caribe pasó de 29 años en 1900 a 74 años en 2010. En el caso de nuestro país, la esperanza de vida pasó a 77.9 años. Sin embargo, a pesar de que hoy día la vida es más longeva, también  trae consigo una transición en la salud, que se caracteriza por el aumento de las enfermedades no transmisibles y discapacidades.

Así pues, podemos ver que nuestro país enfrenta una transformación demográfica que implica el envejecimiento de su población, ante esta situación resulta fundamental en materia de salud, otro tipo de atenciones que van más allá del tratamiento, como lo es la parte emocional de cada ser humano.

Ahora bien, el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la protección de la salud para toda persona, asimismo establece que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.

Es así y en cumplimiento a nuestra carta magna, que se desprende la Ley General de Salud (LGS), ordenamiento jurídico de observancia general, el cual, reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, teniendo como finalidad, la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud, entre otras más.

En su artículo 2o., se establecen las siguientes finalidades del derecho a la protección de la salud:

I.El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III.La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

VI.El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud; y

VII.El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud”.

La fracción I, del artículo 3o. de la LGS establece que es materia de salubridad general “la organización, control y vigilancia de la prestación de servicios proporcionados por establecimientos de salud de carácter público, los de carácter social y los privados, así como, los otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria.

Esto significa que se exige prioritariamente la intervención del Estado, la organización, control y vigilancia de la prestación de servicios de atención médica, conteniendo los requisitos establecidos para la atención de los usuarios, entre los que puede incluirse el acompañamiento emocional.

Además, el artículo 32 de la misma ley señala que se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. Asimismo, su artículo 33 establece que las actividades de atención médica son preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas. Por ello, es menester como legisladores que el tema del acompañamiento emocional se proporcione a los usuarios sin distinción en cualquier enfermedad que requiera de atención médica.

Los artículos 51, 51 Bis 1 y 51 Bis 2 establecen algunos derechos en materia de prestación de servicios de atención médica que les asisten a los usuarios, entre los que se encuentran algunos relacionados con el acompañamiento emocional pero, no se incluye a éste de manera expresa entre tales derechos.

Algunos de los derechos relacionados con el acompañamiento emocional son los siguientes:

• Obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable.

• Recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.

• Decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos.

• A los usuarios de los servicios públicos de salud en general, contar con facilidades para acceder a una segunda opinión.

Por otra parte, los artículo 46 y 48 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica establece como derechos de los usuarios:

• Que se establezcan procedimientos de orientación y asesoría a los demandantes y usuarios sobre el uso de los servicios que requieran.

• Obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares.

Ambos derechos son un reflejo de los que se otorgan a los usuarios en el texto de la ley secundaria y que se encuentran relacionados con el tema del acompañamiento emocional, pero que no lo hacen expreso como un derecho y como parte de la calidad de la prestación de servicios de atención médica.

Como antecedente de la aplicación del tema sobre acompañamiento emocional, tenemos el establecimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, “Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama”, particularmente en los numerales 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.2.1, 6.5.2.2, 6.5.2.3 y 6.5.2.4, en la cual se constituye los términos y el lugar en los que debe proporcionarse acompañamiento emocional a las mujeres en lo referente a la atención médica del cáncer de mama.

Sin embargo, el objetivo primordial de la presente propuesta es que este acompañamiento emocional sea un derecho para todos los usuarios de los servicios de salud, es decir, debe tener el propósito como lo especifica la Norma, el de orientar a la toma de decisiones informada, favorecer el apego al tratamiento, el empoderamiento de los pacientes y mejorar la calidad de vida, entre otras más a todos los usuarios de los servicios de salud.

De conformidad con el artículo 50 de la LGS, “se considera usuario de servicios de salud a toda persona que requiera y obtenga los que presten los sectores público, social y privado, en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se establezcan” en esa ley y demás disposiciones aplicables.

La misma ley en los artículo 23 y 24 señala que “se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad”, y que éstos se dividen en servicios de atención médica, de salud pública y de asistencia social.

Asimismo, como lo señala la NOM antes señalada, el acompañamiento emocional debe permitir la exploración y expresión de los sentimientos, tales como angustia, temor, ambivalencia, depresión, ira y negación, con objeto de disminuir éstos para facilitar la toma de decisiones y poner en práctica la acción a seguir.

Además de que dicha atención consideramos deberá ser brindada por personas capacitadas para el manejo y la facilitación de la expresión de sentimientos y emociones, antes, durante y después del diagnostico, en este caso de alguna enfermedad que lo requiera, con una visión de desarrollo humano, lo cual se deberá brindarse individualmente o se canalizará a grupos de apoyo dentro o fuera de la institución tratante.

Antes esta norma oficial, y para su cumplimiento se ha contado con el invaluable apoyo del voluntariado quienes realizan apoyo y acompañamiento emocional a personas enfermas, conformado por personas de la sociedad civil que de manera desinteresada y solidaria, dedican su tiempo y sus recursos económicos a los pacientes y familiares que lo requieren, mismos que podrá seguir su labor, al lado de personal altamente capacitado para el acompañamiento emocional de los usuarios de los servicios de salud, siendo estos últimos personal interdisciplinario con amplio conocimiento en este tema.

Por tanto que, consideramos que el acompañamiento emocional debe ser un deber ético y moral de los profesionales de la salud, y de la sociedad en su conjunto, así como un deber de las instituciones que prestan estos servicios, para todos los usuarios de salud.

Si bien es cierto, el control del dolor y de otros síntomas y de problemas psicológicos, sociales y espirituales es primordial, en estos casos, considero que lo es también la atención integral en todos los padecimientos.

La experiencia con personas enfermas y lo que hemos compartido con personas relacionadas con el tema del cuidado y/o promoción de la salud y áreas afines, es la gran necesidad de los pacientes enfermos en esos momentos de vulnerabilidad, de contar con el apoyo emocional, a fin de disminuir el sufrimiento  de manera positiva con todo lo que  ello conlleva.

El objetivo primordial de la presente propuesta, es abrir los horizontes en el proceso de humanización de la práctica médica, por ello hablamos del acompañamiento emocional, porque no podemos vivir en carne propia lo que a cada persona con alguna enfermedad le toca vivir y enfrentar, pero si podemos, estar, compartir, colaborar para que su proceso lo vivan con fortaleza, con dignidad, de manera lo más positiva posible, proactiva y por ende esperanzadora.

No existe en la Ley General de Salud la manifestación expresa del acompañamiento emocional, razón por la cual  se presenta la presente iniciativa para incorporar como derecho de todos los usuarios, que lo requieran, el acompañamiento emocional.

Como sabemos, Acción Nacional reconoció e hizo el fundamento de su acción y de sus principios, la defensa y la plena realización de la persona humana. Por ello, proponemos que se humanice de forma integral la atención en la salud, a través del acompañamiento emocional al enfermo que así lo requiera, lo cual permitirá brindar una mejor atención médica en todo momento.

La iniciativa pretende beneficiar a todos los usuarios de los servicios de salud que se proporcionan a través del sistema nacional de salud; esto es, sin importar si se trata de servicios privados, públicos o de carácter social, pero principalmente pretende incidir en la calidad de los servicios de atención médica.

La calidad de los servicios de atención médica se debe enfocar en dos esferas de acción, la primera es la centrada en los actos y procedimientos técnicos, en la que las actividades de atención médica deben conducir al resultado técnicamente esperado, la segunda es la que se refiere a la satisfacción de las expectativas del paciente, que se apoya en los aspectos técnicos pero que desemboca en el aspecto humano de la atención, en la interacción personal de los sujetos de la atención conducida hacia un mismo objetivo (acompañamiento).

Resulta indispensable para la calidad de los servicios de salud que se reconozca la importancia del cuidado de los aspectos subjetivos del estado de salud del paciente en el proceso de atención médica, lo cual puede potenciar el proceso de restauración de la salud en el sentido más amplio y en correcta correspondencia con el concepto de salud emitido por la OMS. En este momento histórico en el que hemos logrado la cobertura universal en salud, es fundamental que comencemos a avanzar hacia la atención universal con calidad y calidez. Es precisamente en este ámbito en el que la presente iniciativa pretende hacer su principal aportación.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de esta honorable soberanía la siguiente propuesta de

Decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General de Salud

Único.Se reforma el párrafo primero del artículo 51 de la Ley  General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 51.Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, acompañamiento emocional,así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares.

...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud deberá, en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de este decreto, realizar las adecuaciones reglamentarias y normativas para su cumplimiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputados: Carmen Lucía Pérez Camarena, Isaías Cortés Berumen (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

COMISION ESPECIAL DEL CULTIVO DE CEBADA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial del cultivo de cebada, a cargo del diputado Francisco González Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, licenciado Francisco González Vargas, diputado federal a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el inciso c), numeral 1, artículo 34 y en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III; 205, apartado 1, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante el pleno de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la creación de la Comisión Especial del cultivo cebada en defensa de la economía de los productores rurales y del desarrollo de la actividad económica que se genera con este producto agrícola, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La agroindustria de la cebada es una actividad de alto impacto social por el valor de su producción y por el empleo que genera en el campo mexicano, la producción industrial de cerveza, el mercado nacional y de exportación, por lo que las actividades que comprende, desde la siembra, el cultivo, la cosecha, industrialización y comercialización del producto final, le otorga un rango nacional de interés económico prioritario.

De acuerdo a datos oficiales, México cuenta con una superficie establecida de más 370 mil hectáreas de cebada maltera y una producción de alrededor de 770 mil toneladas, con un consumo nacional de cerca de 750 mil toneladas.

En México, aproximadamente el 65% de la cebada que se produce es específica para ser utilizada por la industria maltera (500 mil 500 toneladas), y el 35% restante corresponde a variedades que se utilizan fundamentalmente para alimentación de ganado (269 mil 500 toneladas).

La consolidación en el mercado nacional y de exportación de las dos grandes compañías cerveceras en México y el buen posicionamiento de sus productos en los mercados mundiales, han propiciado el desarrollo de una industria de producción de malta en México, integrada verticalmente con los fabricantes de cerveza. Esta industria a su vez ha desarrollado sus propias comercializadoras de grano de cebada, las que celebran contratos con los productores agrícolas para la producción de las variedades malteras demandadas por la industria.

Como consecuencia de lo anterior, la producción de cebada en México ha aumentado en los últimos años, de tal forma que actualmente ocupa el quinto lugar en la producción nacional de granos, después del maíz, sorgo, trigo y frijol, desplazando de éste lugar al arroz.

Cabe destacar el dato de investigación que señala....”La cebada ocupa el cuarto lugar en importancia en el mundo como cultivo agrícola (la producción promedio anual de cebada en grano en el mundo asciende a 132 millones de toneladas), luego del trigo, el arroz y el maíz”.

Con base en datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Sagarpa, la balanza comercial en este grano sigue siendo deficitaria, entre otras causas debido a la creciente demanda de malta por la industria cervecera, como consecuencia del crecimiento en sus exportaciones, así como a la fuerte competencia internacional en cebada maltera.

De acuerdo con información de la FAO y la Financiera Rural, la producción de cebada en México presenta una tendencia de altibajos, misma que se encuentra asociada directamente con la variación de rendimiento y la volatilidad del precio, lo que hace considerar a México como importador de cebada. Tan sólo en el periodo 2003-2008 se importaron 1millón 789 mil toneladas.

Cifras oficiales preliminares indicaron que en 2008, el volumen de importaciones de cebada y sus derivados aumentó casi en 58.8%, respecto a 2007.

El 57.0% de las importaciones realizadas en este período provinieron de los Estados Unidos y Canadá, los cuales participan con el 43.4% y 10.7% del volumen total.

El 90% de la producción de cebada en México, durante el periodo 2010, se ubica en la zona centro del país en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, México, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Michoacán y Querétaro. El principal ciclo de producción corresponde al de primavera – verano, donde aproximadamente el 99% se siembra bajo condiciones de temporal. Diez entidades federativas contribuyen con el 10% restante de la producción nacional.

El artículo 150 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece un mecanismo de organización, a través de los Sistemas Producto y Cadenas Agroalimentarias. En el caso de la cebada participan los cuatro eslabones que integran la cadena: productores de cebada, procesadores e industrializadores de malta, fabricantes de cerveza e impulsores y comercializadores del producto. Es pertinente impulsar dicha plataforma de organización.

Participan los cuatro eslabones que integran la cadena: productores de cebada, procesadores e industrializadores de malta, fabricantes de cerveza e impulsores y comercializadores del producto.

Con base en datos oficiales y del Plan Rector Nacional de Cebada, en la cadena agroalimentaria de este grano participan aproximadamente 55 mil productores, la infraestructura de la industria cervecera tiene una capacidad de producción (tendencia 2007 -2011) de 78 millones de hectolitros anuales promedio. La industria cervecera nacional exporta sus marcas a Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, principalmente.

Con base en datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta, esta industria cervecera mexicana aporta anualmente más de 20 mil millones de pesos por concepto de impuesto especial a la producción. Este impuesto es la tercera parte de los impuestos especiales que se recaudan en el país, si se excluyen aquellas contribuciones especiales provenientes de los combustibles.

México ocupa un lugar privilegiado como productor de materia prima para la industria nacional cervecera, la cual es reconocida en el mundo por su gran calidad.

En esta actividad económica, los productores rurales enfrentan un factor externo de impacto negativo que afecta el proceso productivo y las utilidades, este se refiere a fenómenos climatológicos tales como períodos prolongados de sequía y heladas tempranas. Es el caso del comparativo entre resultados de los ciclos anuales agrícolas 2010 y 2011. Los resultados son menores en 2011 y la derrama económica para los productores, consecuentemente menor. Lo anterior obliga a impulsar la cobertura total del seguro agrícola, como mecanismo compensatorio y de fomento básico.

Como legislador, mantengo un firme compromiso con los agricultores que se han dedicado por generaciones a este ramo de producción agrícola.

Es pertinente reconocer para corregir, y tenemos que señalar que la falta de una política pública integral y los apoyos de fomento articulados deficientemente, se ven reflejados en detrimento de la economía rural.

Entre los principales problemas detectados se encuentra el diferencial en inflación entre el precio al que compran los insumos para la producción y aquel al que venden su cosecha, por mencionar algunos ejemplos: semillas, agroquímicos, refacciones y de los combustibles que se usan en esta actividad productiva. En este sentido, han observado un crecimiento mayor en su costo de producción, sin que dicho aumento repercuta en el precio de venta de la cebada.

Se requiere de un replanteamiento integral y especial, a través del mecanismo de organización que constituye la cadena agroalimentaria del sistema producto.

Entre otras acciones que deben emprenderse con carácter inmediato, y que han sido reiteradamente planteadas por los productores y sus organizaciones destacan:

• Desarrollar y aplicar un sistema integral a través de diferentes apoyos a la producción, que les permita compensar el diferencial entre el aumento en los costos de producción y su ingreso, para alcanzar una mayor productividad y calidad por unidad de superficie.

• Aplicar nuevos mecanismos de transferencia de tecnología que efectivamente lleguen a cada unidad de producción.

• Generar un nuevo mecanismo de asistencia técnica directa y asesoría en organización económica, de manera diferencial y a partir de las condiciones específicas de potencial productivo.

• Fortalecer la vinculación con los centros de investigación de las instituciones de educación superior.

• Impulsar la organización económica de los productores, a efecto de que cuenten con fortalezas que les permitan la reproducción, autogestión sustentable y el crecimiento de su economía.

• Destrabar los problemas que continúan presentes para tener acceso al financiamiento en forma oportuna.

Por lo anterior, con objeto de impulsar la producción y fortalecer el mercado nacional, de elevar la calidad de vida y el ingreso de los productores rurales y sus familias mediante el eficiente funcionamiento de la cadena del sistema producto cebada; me permito proponer a esta soberanía en calidad de urgente y obvia resolución, y con fundamento en el inciso c), numeral 1, artículo 34 y artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III; 205, apartado 1, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a esta soberanía y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura la creación en calidad de urgente y obvia resolución, de la Comisión Especial del cultivo cebada, con el objetivo de construir mediante el consenso activo un mecanismo de evaluación y seguimiento permanente, para obtener niveles más altos de productividad y competitividad, así mismo fortalecer el mercado interno, de tal manera que tanto el productor primario de cebada, como los procesadores, y los que impulsan y comercializan el producto final obtengan suficiente y equitativa utilidad por su trabajo.

Segundo. Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.

Tercero. La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

Cuarto. La comisión especial, materia del presente acuerdo, funcionará durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, no rebasando su término, y presentará semestralmente o cuando se requiera un informe de actividades ante el pleno de esta soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo, a 25 de octubre de 2012.— Diputado Francisco González Vargas (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de seguimiento sobre los fondos de los trabajadores migratorios mexicanos, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Raúl Gómez Ramírez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. En el año de 1942 se firman entre Estados Unidos de América y México los Tratados de Cooperación Laboral, y se realiza la contratación temporal de trabajadores mexicanos agrícolas en Estados Unidos.

II. En aquella época, en los tratados internacionales se establecieron una retención del 10 por ciento de los salarios para la creación del Fondo de Ahorro Campesino.

III. Fue sino hasta el año 2005 que se publica la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964; y en ese mismo año, se publicó la primera convocatoria de la entrega correspondiente de los apoyos sociales de fecha 11 de noviembre, en la cual, se publicaron 39 mil 893 apoyos, de los cuales 39 mil 324 fueron pagados y 569 apoyos quedaron pendientes, registrando 98.57 por ciento de avance en cuanto al pago de los apoyos y quedando 1.43 por ciento pendientes en aquel entonces.

IV. En el Diario Oficial de la Federación se han publicado diversas listas, desde el 15, el 23 y el 27 de diciembre de 2005; 24 de enero, 10 y 24 de febrero, 24 de marzo, 7 y 28 de abril, 23 de mayo, 9 y 29 de junio, y 30 de octubre del año 2006; 27 de junio, 6 de julio y 27 de agosto del año 2007; 16 de julio, 27 y 28 de agosto, 7 y 8 de octubre, 21 y 24 de noviembre, 2, 3, 29 y 30 de diciembre del año 2008; 23 y 24 de abril, 25 y 26 de junio, 3 de julio, y 9 y 10 de noviembre del año 2009; 11 y 12 de enero, 19 y 20 de abril, 1 y 2 de junio, y 15 y 20 de septiembre del año 2010; 15 y 16 de marzo, 29 de abril, 2, 16 y 17 de mayo y 15 y 16 de agosto del año 2011; 2 de marzo y 7 de septiembre del año 2012; sumando hasta ahora un total de 46 listas publicadas para hacer de conocimiento a las personas que les corresponde el apoyo; y que de manera ejemplar, entre el 24 y 28 de noviembre del año 2008, se emitió una convocatoria donde fueron publicados 149,020 apoyos, de los cuales se registró su correspondiente pago por 41 mil 237 que representa el 27.67 por ciento, aunado al pago de los apoyos pendientes de 34 mil pesos, quedando pendientes 89 mil 150 apoyos, representando el 59.82 por ciento y los pendientes de pago de apoyos de 38 mil pesos, un total de 18,633 apoyos, que representan el 12.50 por ciento del total de los apoyos que fueron publicados para esas fechas.

V. El Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se integra por funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Desarrollo Social, de Gobernación, y en calidad de invitados permanentes, participa el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y miembros del Poder Legislativo federal, concretamente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la pasada LXI Legislatura; por tanto, en secuencia a la política pública implementada en éste y el pasado sexenio para liquidar la deuda y en justicia a los mexicanos que en aquella época participaron en el programa, y en continuidad de los trabajos realizados para remunerarlos, se hace necesario en primera instancia la consideración de la creación de la comisión especial motivo del presente líbelo, y aún los recursos del fideicomiso 2106 faltan de liberación, lo cual afecta a los miles de ex braceros, migrantes y sus familiares que laboraron en Estados Unidos de 1942 a 1964.

VI. Los recursos entregados de 2005 a 2011 ascendieron a 3 mil 238 millones 360 mil pesos, donde el total de beneficiarios que recibieron el apoyo social de los 38 mil pesos; de 2005 a 2011 son 85 mil 119 personas.

VII. El presupuesto para el 2012 asciende a 3 mil 816 millones 200 mil pesos, considerando 109 mil 659 beneficiarios para este 2012, integrado por titulares, esposas, concubinas, hijos o herederos de ex braceros; se estima que el total de recurso que se habrá de entregar en este año 2012 ascenderá a 7 mil 54 millones 560 mil pesos con corte de un total de beneficiados de 193 mil 572 personas.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Que se realice la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a los fondos de los trabajadores migratorios mexicanos en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, para ser encargada de dar seguimiento a la erogación de los recursos para los trabajadores que han quedado pendientes de resolver, fiscalizar la correcta aplicación de los recursos destinados a la materia, así como continuar con los trabajos que venía realizando la comisión especial en las anteriores LX y LXI Legislaturas.

Segundo.Que la Junta de Coordinación Política integre y presente al pleno de esta soberanía la propuesta de integración plural correspondiente de diputados y diputadas que habrán de integrar la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputado Raúl Gómez Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

VALENTINA ROSENDO CANTU - INES FERNANDEZ ORTEGA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir las medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición contenidas en las sentencias dictadas al Estado mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Marino Miranda Salgado, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno proposición con punto de acuerdo, con el trámite de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 2o. que México “tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, los cuales, conforme al último Censo de Población y Vivienda, representan más del 12 por ciento de nuestra población.

En dicho artículo garantiza, asimismo, el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, para lo cual, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución. Los indígenas, señala, tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Segunda. El artículo 1o. de éste, nuestro máximo ordenamiento, establece que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Tercera. No obstante, los miembros de los pueblos y comunidades indígenas continúan padeciendo condiciones históricas y estructurales de abandono, discriminación y pobreza, las cuales han configurado una situación de desventaja y vulnerabilidad que se ha traducido en una violación sistemática de los derechos humanos más elementales, así como de aquellos que, expresamente, les confiere la Constitución.

Así lo constatan cientos de casos de mujeres y hombres indígenas. Diversos organismos internacionales, entre ellos, las Naciones Unidas, han documentado y condenado el hostigamiento, los encarcelamientos injustos e injustificados, los procesamientos infundados; así como el incremento de la violencia sexual contra las mujeres cometida con fines políticos, particularmente en zonas donde hay una intensa militarización, como en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero.

Dos de los casos que destacan por la serie de atropellos y vejaciones son los de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega; que, no obstante, en virtud de su fortaleza y valentía, han sentado un precedente significativo en el ámbito nacional e internacional en lo que a la búsqueda de justicia para la población indígena y, dentro de ésta, para las mujeres indígenas, se refiere.

Cronología de los hechos

Caso Valentina Rosendo Cantú

16 de febrero de 2002: Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa (tlapaneca) del estado de Guerrero, es cuestionada por un grupo de militares –cuando se encontraba lavando ropa en un arroyo a 200 metros de su casa ubicada en barranca Bejuco, municipio de Acatepec– sobre el paradero de un “encapuchado”. Al no recibir respuesta, fue amenazada, golpeada y violada por dos soldados del 41 Batallón de Infantería. Tenía 17 años.

18 de febrero de 2002:Valentina acude a la clínica de Caxitepec, en el mismo municipio, donde le niegan atención porque el médico de turno argumentó temor hacia los militares.

26 de febrero de 2002: Valentina se dirige al hospital central de Ayutla de los Libres, Guerrero, que queda a más de 8 horas de su casa, pero tampoco es atendida porque le informaron que requería una cita.

Al día siguiente, luego de solicitar la cita, un doctor le examina sólo el estómago negándose a realizar otros exámenes porque no había doctora.

27 de febrero de 2002: Valentina Rosendo y su esposo interponen una queja en contra de elementos del Ejército ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

3 de marzo de 2002: 50 soldados del Ejército se presentan en la casa de Valentina y la obligan a señalar a sus agresores.

8 de marzo de 2002: Valentina interpone una denuncia formal ante el Ministerio Público del fuero común con sede en Ayutla de los Libres, enfrentándose a trabas para su recepción y sin la asistencia de un perito traductor.

11 de marzo de 2002: Valentina Rosendo y su esposo presentan una solicitud de intervención al gobernador constitucional de Guerrero, en la cual además de solicitar justicia, pidieron “imponer correctivos al servicio de salud al que tienen derecho en la clínica de Caxitepec”.

19 de marzo de 2002: Valentina es revisada por el médico legista Enoch Dolores Flores, adscrito al distrito judicial de Morelos, gracias a la solicitud 135, realizada por la agente titular del Ministerio Público del fuero civil especializado en delitos sexuales.  El certificado médico ginecológico indica que Valentina presenta huellas de violencia física.

5 de abril de 2002:El Ministerio Público común remite la  averiguación previa a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero para continuar con la investigación, por considerar que era incompetente en razón de territorio.

15 de abril de 2002: La Procuraduría General de Justicia del Estado remite la averiguación previa a la titular de la agencia investigadora del Ministerio Público del fuero común especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar del distrito judicial de Morelos, para que prosiguiera con las investigaciones correspondientes, aunque continúa practicando algunas diligencias.

16 de mayo de 2002: La Procuraduría General de Justicia de Guerrero declina su competencia a la justicia militar.

7 de junio de 2002:Valentina presenta un amparo a través del cual solicita que las autoridades militares declinen la competencia del caso.

20 de enero de 2003: La solicitud de amparo es rechazada.

11 de febrero de 2003: Valentina interpone una segunda demanda de amparo en el Distrito Federal, para que su caso tenga continuidad y no quede en el olvido.

29 de abril de 2003: La nueva solicitud de amparo es rechazada.

6 de noviembre de 2003: Valentina acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, para denunciar su caso, después de una serie de irregularidades ante las autoridades nacionales.

10 de noviembre de 2003: La Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIT), el Centro Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) demandaron ante la CIDH la admisión del caso.

26 de febrero de 2004: La Procuraduría General de Justicia Militar archiva el caso por “no acreditar” la violación sexual.

21 de octubre de 2006: La CIDH admite el caso.

12 de octubre de 2007:Tiene lugar la audiencia pública ante la CIDH por el caso de Valentina. En la sesión, Valentina narra las trabas para ser atendida en los servicios de salud y el hostigamiento militar para identificar a sus agresores.

Por su parte, el Estado argumenta que no se comprobó la violación puesto que Valentina no acudió a las diligencias y no reconoció a quien la atacó. Además insiste en que los soldados no incurrieron en faltas a la disciplina militar.

27 de marzo de 2009: La CIDH emite su Informe de Fondo donde acredita la violación sexual y responsabiliza al Estado por la falta de una debida diligencia en la investigación y sanción a los responsables.

2 de abril de 2009: El Estado mexicano es notificado del informe de fondo, dándosele un plazo de dos meses para informar sobre las acciones emprendidas para implementar las recomendaciones.

Con el pretexto de atender la crisis de influenza, el Estado pidió una prórroga de un mes para informar sobre los avances del caso, la cual le fue concedida para el 17 de junio de 2009.

4 de mayo de 2009: Los peticionarios solicitaron que el caso fuera llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

31 de julio de 2009: Ante el vencimiento de la prórroga y la falta de respuesta del Estado Mexicano, la CIDH presentó una demanda en contra del estado mexicano ante la CoIDH.

14 de agosto de 2009: Valentina Rosendo amplía su declaración ministerial,  aportando datos físicos de sus presuntos agresores para elaborar un retrato hablado e identificándolos por medio de un álbum fotográfico.

27 de mayo de 2010: Representantes del Estado mexicano, Valentina y sus abogados de Cejil y Tlachinollan comparecen en una audiencia ante la CoIDH, con sede en Costa Rica.

31 de agosto de 2010: La CoIDH emitió una sentencia en la que encontró a México culpable de la violación de los derechos a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías judiciales y la protección judicial, los derechos del niño; así como de incumplir la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, en perjuicio de Valentina Rosendo Cantú. Se condenó al Estado mexicano a

• Investigar los hechos en el fuero ordinario, e identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables tanto de la violación sexual, como de la obstrucción a la justicia, encubrimiento e impunidad que imperaron en el caso.

• Reformar la legislación federal y militar, con el fin de que se establezca de manera clara,  precisa y sin ambigüedades, que la justicia militar debe abstenerse, en cualquier supuesto, de conocer sobre violaciones a derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas, sin importar si éstos se encuentren o no en servicio activo.

• Pagar una indemnización económica por daño material e inmaterial a Valentina Rosendo Cantú y a su hija, así como el reintegro de costas y gastos; a brindarles tratamiento médico y psicológico y a otorgarles becas de estudios en instituciones públicas hasta la conclusión de estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios.

• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos de las indígenas.

• Publicar un resumen de la sentencia tanto en español como en la lengua de las indígenas me’phaa.

• Otras de carácter normativo y administrativo.

Caso Inés Fernández Ortega

22 de marzo del 2002:Inés Fernández Ortega, indígena me’phaa (tlapaneca) del estado de Guerrero, es allanada en su hogar –en el que se encontraba con sus cuatro hijos–, ubicado en Barranca Tecoani, municipio de Ayutla de los Libres, por un grupo de 11 militares.  Mientras la apuntaban en el pecho con un arma, la cuestionaban acerca de la procedencia de los trozos de carne que secaba en el patio. Ellos aseguraban que era robada. Inés no respondió porque no habla español. Su silencio enfureció a los soldados y enseguida la violaron. Tenía 25 años de edad.

24 de marzo de 2002: Inés Fernández interpone una denuncia ante el Ministerio Público del fuero común con residencia en Ayutla de los Libres, enfrentándose a trabas para su recepción y sin la asistencia de un perito traductor.

25 de marzo de 2002: Médicos le practican estudios a Inés Fernández y obtienen pruebas espermáticas de la violación sexual. Las  pruebas son, posteriormente, destruidas.

Inés Fernández presenta una queja formal por violaciones de sus derechos ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CODDEHUM) del estado de Guerrero, la cual la remitió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

17 de mayo de 2002: El agente titular del Ministerio Público del fuero común se declara incompetente y remite el caso al Ministerio Público Militar.

10 de abril de 2003: Inés Fernández interpone una demanda de amparo para atraer su denuncia a la justicia civil.

3 de septiembre de 2003: Le es negada la solicitud de amparo.

19 de septiembre de 2003: Inés Fernández presenta un recurso de revisión del amparo.

27 de noviembre de 2003: Se confirma la resolución recurrida.

28 de noviembre de 2003: La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emite la recomendación 48/2003, dirigida al secretario de la Defensa Nacional y al gobernador del estado de Guerrero para que integre la averiguación del caso e investigue las omisiones en las que ha incurrido el Ministerio Público Militar.

14 de junio de 2004: Inés Fernández, la Organización Indígena de Pueblos Tlapanecos (OPIT) y el Centro Tlachinollan denuncian el caso ante la CIDH.

15 de septiembre de 2006: La investigación del caso es archivada por la Procuraduría General de Justicia Militar.

21 de octubre de 2006: La CIDH admite el caso.

20 de septiembre de 2007: La CIDH emite medidas cautelares a Inés Fernández y su esposo, ante el riesgo y amenazas que enfrentan.

12 de octubre de 2007: Inés Fernández asiste a una audiencia pública ante la CIDH en Washington, DC.

10 de febrero de 2008: Lorenzo Fernández, hermano de Inés, aparece muerto y con visibles huellas de tortura.

27 de junio de 2008: La CIDH amplió las medidas cautelares, a favor de otros 41 miembros de la OPIT, luego de la ejecución extrajudicial de Lorenzo Fernández Ortega.  No obstante, durante el período de vigencia de dichas medidas y a pesar de ellas, los beneficiarios de las mismas continuaron recibiendo amenazas contra su vida e integridad personal y sufriendo actos de hostigamiento.

30 de octubre de 2008: La CIDH aprueba un Informe de Fondo sobre el caso de Inés Fernández.

7 de noviembre de 2008: El Estado del Informe de Fondo, concediéndosele un plazo de dos meses para comunicar las acciones emprendidas para implementar las recomendaciones.

12 de diciembre de 2008: El Estado presenta un informe preliminar y solicita una prórroga, la cual le fue concedida por tres meses, a partir del 05 de febrero de 2009.

9 de abril de 2009: La CoIDH emite medidas provisionales para Inés Fernández, así como para otros 106 defensores de derechos humanos en Guerrero.

20 de abril de 2009: El Estado presenta su informe final, sin acreditar avances sustantivos en el cumplimiento de las recomendaciones.

7 de mayo de 2009: La CIDH presenta una demanda en contra del Estado Mexicano ante la CoIDH.

14 de agosto de 2009: Inés Fernández amplía su declaración ministerial,  aportando datos físicos de sus presuntos agresores para elaborar un retrato hablado e identificándolos por medio de un álbum fotográfico.

15 de abril de 2010: La CoIDH celebró la audiencia del caso de Inés Fernández durante el periodo extraordinario de sesiones de la Corte en Lima, Perú.

30 de agosto de 2010: La CoIDH emitió una sentencia en la que encontró a México culpable de la violación de los derechos a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías judiciales y la protección judicial; así como de incumplir la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, en perjuicio de Inés Fernández Ortega y de varios integrantes de su familia. Se condenó al Estado mexicano a

• Investigar los hechos en el fuero ordinario, e identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables tanto de la violación sexual, así como iniciar las acciones disciplinarias, administrativas o penales, de acuerdo con su legislación interna, a los responsables de las distintas  irregularidades procesales e investigativas.

• Reformar la legislación federal y militar, con el fin de que establezca de manera clara,  precisa y sin ambigüedades, que la justicia militar debe abstenerse, en cualquier supuesto, de conocer sobre violaciones a derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas, sin importar si éstos se encuentren o no en servicio activo.

• A pagar una indemnización económica por daño material a Inés Fernández Ortega y su esposo, e inmaterial a Inés Fernández y varios integrantes de su familia, así como el reintegro de costas y gastos; a brindarles tratamiento médico y psicológico y a otorgarle a sus cuatro hijos becas de estudios en instituciones públicas hasta la conclusión de estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios.

• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos de las indígenas.

• Publicar un resumen de la sentencia tanto en español como en la lengua de las indígenas me’phaa.

• Otorgar recursos para el funcionamiento de una escuela comunitaria destinada a la promoción y educación sobre derechos de las mujeres.

• Otras de carácter normativo, social y administrativo.

Proceso conjunto

1 de octubre de 2010: El Estado mexicano es notificado sobre las sentencias de la CoIDH.

25 de octubre de 2010: Valentina Rosendo e Inés Fernández, junto con sus representantes, entregaron al Estado mexicano, a través de la Segob, un plan de trabajo para ordenar y coordinar la implementación de las reparaciones emitidas por el Tribunal. Dicha propuesta consiste en la instalación de mesas de trabajo agrupadas en siete ejes temáticos: (i) Justicia, (ii) Reconocimiento de responsabilidad, (iii) Educación y atención médica, (iv) Indemnización, (v) Capacitación, (vi) Reformas legislativas; y (vii) Políticas públicas y reparaciones comunitarias, con la finalidad de lograr una implementación coordinada de los resolutivos.

29 de diciembre de 2010: El Estado mexicano, a través de la Segob, solicitó a la CoIDH una interpretación de las sentencias, en virtud de que “la Procuraduría (PGR) quiso dejar claras algunas determinaciones de la Corte que fueron muy generales”.

Reconoció que esta petición ante la Corte retrasó la implementación de las mesas de trabajo sobre el cumplimiento de ambas sentencias. Sin embargo, señaló que, al mismo tiempo, se estaba en el proceso de contacto con las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y del estado de Guerrero, así como de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, entre otras, para comenzar a ver la agenda de trabajo.

8 de febrero de 2011: La Segob canceló de última hora el acto solemne de instalación de las mesas, al no poder garantizar la presencia de los representantes de las instituciones involucradas en el cumplimiento.

15 de marzo de 2011: Tras 5 meses de retraso, en la Segob se llevó a cabo un acto protocolario para suscribir el acuerdo relativo al plan de trabajo e iniciar la instalación de las mesas. En este acto estuvieron presentes representantes de representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica de Presidencia.  Todos como representantes del Estado mexicano se comprometieron frente a Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) a cumplir la totalidad de los resolutivos de las sentencias, y a trabajar de manera coordinada para implementar las reparaciones ordenadas por Tribunal Interamericano.

30 de agosto de 2011: A pesar de que se han instalado las mesas de trabajo relativas a los ejes temáticos justicia, y educación y salud, los avances registrados no son sustantivos. El gobierno federal, en la práctica, se niega a dar cumplimiento del plan de trabajo suscrito.

Inés Fernández, Valentina Rosendo, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y Tlachinollan iniciaron la campaña “Cumplir las Sentencias para Romper el Muro de la Impunidad”, en la que participan hombres y mujeres de la comunidad nacional e internacional, con el objeto de demandar al Estado mexicano, a que de conformidad con lo acordado, se reinstalen las mesas de trabajo para dar cumplimiento a los fallos, y que las investigaciones lleven ante la justicia federal a los soldados responsables de las violaciones sexuales de las que Inés y Valentina fueron víctimas.

12 de julio de 2011: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la sentencia emitida en 2009 por el caso Rosendo Radilla, relativa a la restricción del fuero militar. El decreto de la Corte implica que las investigaciones de violaciones de los derechos humanos que están ahora en el fuero militar sean remitidas al fuero civil.

20 de septiembre de 2011: La PGR atrae el caso de Valentina Rosendo Cantú y designa a la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) para atender esta obligación internacional.  Asimismo, informa que ha conformado un equipo multidisciplinario para que llevara a cabo la indagatoria con total exhaustividad y transparencia frente a la víctima, ofendidos del delito y representantes legales.

15 de diciembre de 2011: El Estado mexicano, a través de la procuradora Marisela Morales, reconoce el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, a través del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, hace un reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos de Valentina Rosendo Cantú y ofrece una disculpa pública.

6 de marzo de 2012: Se lleva a cabo el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano frente a Inés Fernández Ortega, en el zócalo de Ayutla de los Libres, Guerrero. El evento estuvo encabezado por el secretario de Gobernación, quien reconoció que Inés sufrió violaciones a sus derechos y fue doblemente victimizada por la negligencia y discriminación que vivió. También estuvo presente la procuradora Marisela Morales, quien anunció la atracción del caso por parte de la PGR, a cargo de la Fevimtra.

31 de agosto de 2012: A pesar de algunos avances en temas como el reconocimiento de responsabilidad internacional y el traslado de las investigaciones a la jurisdicción civil, existe un preocupante rezago en la gran mayoría de las medidas dictadas por la CoIDH.

Cuarta. Es en este contexto, el pasado 1 de octubre se cumplieron dos años de que la CoIDH notificara a las partes la sentencia en contra del Estado mexicano por las violaciones a diversos de los derechos humanos de las indígenas guerrerenses. Desde entonces, a pesar de que la Segob se comprometió a realizar todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia de la Corte, “el gobierno de México reitera su pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular con el combate a la violencia contra las mujeres y niñas, así como su plena colaboración con el sistema interamericano de derechos humanos”’, el Estado mexicano, en su conjunto, y el gobierno federal en lo particular, se han encontrado reacios a cumplir de manera pronta y cabal las sentencias, las cuales permanecen incumplidas en sus aspectos más sustantivos, destacando los siguientes:

A la fecha, la Fevimtra no ha consignado los expedientes ante la justicia federal, pese a que hay elementos de prueba suficientes para ello. Lo anterior significa que la circunstancia que motivó la denuncia ante el Sistema Interamericano no ha cambiado: la impunidad militar hoy persiste.

El análisis de la actuación y la conducta del agente del Ministerio Público que dificultó la recepción de la denuncia presentada por Valentina Rosendo Cantú y por Inés Fernández, no ha registrado los avances esperados. Aunado a lo anterior, en el caso de la señora Valentina, la Corte también ordenó una investigación respecto al médico que no dio el aviso legal correspondiente a las autoridades, sin embargo, de acuerdo con las víctimas, tampoco se conoce de la apertura de algún expediente administrativo.

Ante el próximo cambio de poderes y, en virtud, de la negligente dilación en su cumplimiento, es indispensable exigir que las medidas reparatorias incumplidas o parcialmente cumplidas sean cubiertas antes de que concluya la presente administración. O bien, asegurar los mecanismos institucionales que garanticen su continuidad en la próxima administración.

Por lo anteriormente expuesto, y en términos de los preceptos legales invocados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a:

a) Retomar las mesas de trabajo iniciadas e instalar aquéllas que no lo hayan sido, conforme al acuerdo relativo al plan de trabajo suscrito por ambas partes.

b) Cumplir a cabalidad, y antes de que concluya su administración, con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionada con los casos “Rosendo Cantú y otra vs. México” y “Fernández Ortega y otros vs. México”.

c) Generar los mecanismos institucionales para garantizar el seguimiento del caso y el cumplimiento de los resolutivos que quedaran pendientes, por parte de la administración entrante.

d) Rendir un informe pormenorizado a las señoras Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, a través de la Secretaría de Gobernación, en torno a los avances registrados en las medidas de reparación contenidas en las Sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de las razones u obstáculos que han provocado la dilación de su total cumplimiento.

e) Hacer del conocimiento público la información a que hace referencia el inciso anterior.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputado Marino Miranda Salgado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

DIA NACIONAL CONTRA EL CANCER DE PROSTATA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir en el calendario cívico el 19 de noviembre como Día Nacional contra el Cáncer de Próstata, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Felipe Arturo Camarena García, Diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. La OMS calcula que, de no mediar intervención alguna, 84 millones de personas morirán de cáncer entre 2005 y 2015.

Las autoridades sanitarias han difundido que el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte entre varones de 40 años, la primera en mayores de 65 y el índice de defunciones en la capital mexicana alcanza los 4 mil casos por año.

La próstata es una glándula cuya principal función es la de producir líquido seminal. Se encuentra entre la vejiga y la uretra. El aumento del volumen de la próstata se produce en la mayoría de los hombres a partir de los 40 años, afectando a un 10 por ciento de la población, mientras que los varones de 80 años son afectados en un 60 por ciento.

El cáncer de próstata es un importante problema de salud pública con altos costos sociales y una considerable carga individual para el paciente y la incidencia del cáncer de próstata parece aumentar.

Actualmente el cáncer de próstata es considerado el cáncer más frecuente en el hombre, y el segundo más letal, solo desplazado por el cáncer de pulmón. Sin embargo en México, así como en muchos países en desarrollo y a pesar de ser considerado un problema de salud pública, no se han desarrollado campañas y programas de detección nacionales orientadas a detectar oportunamente el cáncer en la población de riesgo y disminuir consecuentemente su mortalidad.

A diferencia de otras neoplasia malignas como el cáncer cervico uterino o de mama, en la que se han implementado continuas campañas de difusión social con intervención de gobiernos municipales, estatales y federales así como de la iniciativa privada orientadas a su prevención y tratamiento oportuno.

El cáncer de próstata ha sido relegado, por considerarse un cáncer que sólo afecta al adulto mayor (lo cual no es del todo cierto, ya que cada vez se presentan casos en hombres más jóvenes entre 40 y 45 años) que es considerado económicamente inactivo y por considerar que México es un país eminentemente de jóvenes. Sin embargo y de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, realizado por el Inegi, existe una población total de 112 millones 336 mil 538, de los cuales 54 millones 855 mil 231 son hombres; de estos, aproximadamente 13 millones son mayores de 45 años, población que se encuentra en riesgo de padecer cáncer de próstata, lo que representa al 11.5 por ciento de la población. Se estima de acuerdo a proyecciones al 2049 realizadas por el Consejo Nacional de Población (Conapo) que más de la mitad de los hombres de mas de 75 años, continuará siendo población económicamente activa. A diferencia de los censos poblacionales pasados, nuestro último censo demuestra que a pesar de que seguimos siendo un país de jóvenes, nuestra población es cada vez más longeva, lo que nos convierte en una población cada vez mas susceptible a las enfermedades crónico-degenerativas, afecciones cardiacas, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus y al cáncer.

Desafortunadamente el cáncer de próstata es generalmente indolente, sin embargo, en los países desarrollados se logra detectar al 80 por ciento de los pacientes en etapas tempranas de la enfermedad, en México el 80 por ciento son diagnosticados en estados metastásico, en donde no se pueden realizar terapias encaminadas a la curación sino mas bien terapias encaminadas a la paliación de la enfermedad. Con el impacto e implicaciones personales, profesionales, familiares, sociales, en calidad de vida y económicas que esto implica.

La detección se lleva a cabo principalmente por la prueba en sangre del antígeno prostático específico, llamado PSA (prostate-specific antigen), o por exploración física de la glándula prostática (tacto rectal). Esta prueba de sangre es considerada actualmente como el mejor marcador tumoral para el diagnóstico del cáncer de próstata y ha demostrado un adecuado costo beneficio al ser un estudio económico y accesible en la mayoría de los centros de primer nivel, se considera que un antígeno por arriba de 4 ng/ml es sospechoso de malignidad.

Los resultados sospechosos típicamente dan lugar a la posterior extracción de una muestra tisular de la próstata (biopsia), que es examinada en microscopio.

El tratamiento puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, o bien una combinación de todas. La edad y el estado de salud general del afectado, tanto como el alcance de la diseminación, la apariencia de los tejidos examinados al microscopio y la respuesta del cáncer al tratamiento inicial, son vitales en la determinación del resultado terapéutico. Debido a que el cáncer de próstata es una enfermedad que afecta preferentemente a hombres mayores, muchos de ellos morirán por otras causas antes de que el cáncer pueda propagarse o causar síntomas.

Al respecto, en nuestro país no existe una campaña permanente encaminada a la detección del cáncer de próstata por lo que es imperativo establecer mecanismos, acciones y campañas de detección que impacten en disminuir la mortalidad relacionada a esta patología, que en muchas ocasiones afecta a los jefes de familia, población económicamente activa, padres de familia o abuelos, economía personal, familiar y sociales e incrementan la muerte de pacientes que pudieron ser detectados y tratados oportunamente.

En Colombia y debido a los padecimientos de este tipo de cáncer, se declaró el Día Nacional contra el cáncer de próstata, buscando, de esta manera, la promoción del gobierno para mayor información y educación con el fin de detectar y tratar a tiempo esta enfermedad.

Aunado a lo anterior, el Día Internacional del Hombre (DIH) se celebra el 19 de noviembre. Fue inaugurado en 1999 en Trinidad y Tobago, luego se extendió a Australia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Rusia, Jamaica, Hungría, India, Italia, Nueva Zelanda, Brasil, Moldavia, Haití, Portugal, Singapur, Malta, Sudáfrica, Ghana, Costa Rica, Hungría, Irlanda, Perú, China,  Vietnam, Pakistán, Guatemala, Dinamarca, Suecia, Noruega, Guyana, Holanda, Georgia, Argentina, Alemania, Austria, Inglaterra, Escocia, Uruguay, Bolivia, Colombia y Paraguay.

Sus objetivos son, como lo establece el comité organizador, abordar temas de salud para hombres, resaltar el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen diariamente tanto a su comunidad como a la sociedad, este evento busca concienciar sobre temas de salud de los varones como el cáncer de próstata, de testículo y la depresión en el hombre.

Por lo anterior, es que solicitamos la inclusión en el calendario de fechas importante de nuestro país del “Día Nacional contra el Cáncer de Próstata”, a fin de que nuestro gobierno trabaje sobre el tema y promueva espacios de discusión, y así se implementen políticas públicas permanentes, contra este terrible mal, atendiendo el derecho fundamental a la protección y acceso a la salud.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo a incluir en el calendario de fechas conmemorativas de nuestro país el 19 de noviembre como el “Día Nacional contra el Cáncer de Próstata”, a fin de implementar políticas públicas permanentes contra esta terrible enfermedad, atendiendo el derecho fundamental a la protección y acceso a la salud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputado Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

USUARIOS DE CREDITOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar por la Secretaría de Economía esfuerzos con las instituciones bancarias para promover programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento proposición con punto de acuerdo ante esta honorable asamblea al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El panorama para México en lo que va del año ha estado en una crisis, proveniente sobre todo por los problemas económicos y financieros que atraviesa el país. De hecho, estamos conscientes de que este fenómeno ha venido dañando por décadas a millones de familias, en especial a las de menores ingresos.

Todo ello, aunado a una enorme crisis que surge de la voracidad de las instituciones bancarias, alimentadas por el neoliberalismo, han diseñado mecanismos financieros que les permitieron otorgar créditos a personas que no podían cumplir sus compromisos de pago.

No podemos ignorar las grandes repercusiones que en materia de empleo, salarios, inflación y distribución del ingreso enfrenta hoy en día nuestra economía, asociado a un incremento considerable de la pobreza.

El excesivo endeudamiento familiar y personal, derivado del exceso de deuda adquirida con los bancos, provocó un estancamiento en su pago, y el crecimiento de la cartera vencida, son los principales factores que en política económica deben atenderse con apremio por el bienestar social y financiero de un amplio sector de la población que son usuarios de servicios financieros.

México cuenta con un crecimiento económico menor al del 2011, con un repunte considerable en los niveles de inflación. La situación del mercado laboral continúa siendo delicada, ya que la creación de empleos se recupera de manera modesta mientras que la tasa de desempleo se mantiene en niveles elevados. Los empleos creados no cubren las necesidades básicas de las personas. Lo que continúa siendo un grave problema.

El monto de pago vencidos entre usuarios de créditos al consumo otorgados por la banca comercial llegó a 23 mil 339.9 millones de pesos, cantidad que representó un incremento de 29 por ciento en comparación con un año antes, según datos del Banco de México.

Los préstamos al consumo incluyen el financiamiento otorgado por la banca comercial a través de las tarjetas de crédito, los préstamos personales y, de manera destacada en el último año, los que tienen la nómina de los trabajadores como garantía.

A partir del punto máximo de noviembre de 2008, la cartera vencida en préstamos al consumo comenzó a disminuir de manera continua, hasta marzo de 2011, cuando se sintió en 15 mil 486.9 millones de pesos. Desde ese punto y hasta mayo de este año, se ha incrementado en 7 mil 853 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 50.7 por ciento, de acuerdo con los datos del Banco de México.

La mayor parte de la cartera vencida en préstamos al consumo corresponde a los usuarios de tarjetas de crédito, aunque en las cifras del banco de México figura en un cercano segundo sitio el rubro de “Otros”, donde se contabilizan los préstamos de nómina.

En Mayo de este año, la cartera vencida entre usuarios de tarjetas de crédito bancarias llegó a 12 mil 5.7 millones de pesos, 5.8 por ciento más que un año antes, indican las cifras del banco central.

Lo anterior golpea a las y los mexicanos, ya que muchas de las instituciones financieras cuentan con altos índices de morosidad, además de iniciar a través de sus despachos una intensa campaña de intimidación financiera en contra de los deudores morosos que van desde llamadas telefónicas exhortando al tarjetahabiente a que realice el pago del mínimo requerido, hasta amenazas de registro de malas notas en el Buró de Crédito (SIF), como el Buró de Crédito. La cuestión está en la calificación que se otorga en función del desempeño como “buen pagador” que alguien tiene, sin dejar de lado que los bancos ofrecen este producto otorgan un préstamo de nómina a una persona que a su vez, ya dispone de una tarjeta de crédito y utiliza otro hipotecario, “puede estarse afectando el pago de cumplimientos de otros créditos que tiene”. En ese sentido, los bancos no cuidan al máximo esa circunstancia.

El país sigue sumergido en una situación bastante frágil, el Estado no debe aplicar un trato desigual a sus ciudadanos, rescatando por una parte a grandes empresarios y dejando en el olvido a los pequeños ahorradores y usuarios de crédito, no debemos olvidar que esto sucede por los salarios bajos y desempleo, no precisamente por una cultura de no pago.

Por lo tanto hace falta implementar programas y mecanismos adecuados para el rescate y restructuración de los usuarios de crédito con adeudos, además de que estén completamente informados en las implicaciones y riesgos que el sobregiro y la poca capacidad de pago de la deuda pueden generar. Todo con el fin de reactivar la economía del país para un bienestar social.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Economía, se coordinen esfuerzos con las instituciones bancarias para realizar y promover programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos.

Segundo. Se exhorte al presidente de la Condusef, al Procurador Federal del Consumidor y a las autoridades locales en el ámbito de sus competencias, a coordinar esfuerzos para poner fin a la intimidación financiera, y en general a los abusos contra los pequeños usuarios de créditos con adeudos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de octubre de 2012.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

ESTADO DE PUEBLA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de propiciar el diálogo entre los posesionarios del predio Barranca de San José, el Santuario, situado en la capital de Puebla, con autoridades estatales de la Conagua y lograr un acuerdo satisfactorio para las partes, a cargo de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, María del Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión propiciará el diálogo entre los posesionarios del predio Barranca de San José, el Santuario, situado en la capital de Puebla, con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, en su delegación en el estado, para lograr un acuerdo satisfactorio entre las partes, con el propósito central de evitar el desalojo de los posesionarios, a fin de que se turne a la comisión dictaminadora correspondiente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4o., párrafo sexto: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

Sin embargo, y no obstante que se han creado organismos públicos como el Infonavit para lograr tal propósito, la realidad demuestra que todavía millones de mexicanos carecen de vivienda propia y, en consecuencia, tienen que rentar o, en su defecto, formar asentamientos irregulares donde, por las características respectivas, no reciben servicios públicos.

En el caso que nos ocupa, hablamos de un grupo de personas que en la capital de Puebla, ante la ausencia de oportunidades para obtener vivienda digna y decorosa, se han visto en la necesidad de constituir un asentamiento irregular en el predio Barranca de San José, el Santuario.

El problema es que el predio cuenta con una declaración de bien nacional, según el decreto de fecha 8 de abril de 1960 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo del mismo año.

Las personas que habitan el predio han sido notificadas por la Comisión Nacional del Agua para que desalojen dicho terreno. En caso de salir voluntariamente del terreno en cuestión, estos mexicanos no tienen ningún otro lugar donde vivir.

Como millones de habitantes, sus salarios son exiguos y no cuentan con recursos para pagar una renta modesta.

Por ello urgimos a la Cámara de Diputados para que, con sensibilidad política, propicie un acercamiento entre las partes, los posesionarios irregulares del predio y las autoridades del gobierno federal, por la Comisión Nacional del Agua, para encontrar una salida justa al problema.

En consecuencia, y con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, se somete a consideración de esta asamblea, para turno a la comisión dictaminadora que corresponda, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión propiciará el diálogo entre los posesionarios del predio Barranca de San José, el Santuario, situado en la capital de Puebla, con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, en su delegación en el estado, para lograr un acuerdo satisfactorio entre las partes, con el propósito central evitar el desalojo de los posesionarios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputada María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

ACUERDO MIGRATORIO ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a realizar acciones para impulsar la firma de un acuerdo migratorio México-Estados Unidos de América, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal, Javier Filiberto Guevara González, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, donde se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las acciones para dar prioridad al tema migratorio en la agenda bilateral con vistas a impulsar, en el mediano plazo, un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos de América.

Consideraciones

Durante el pasado proceso electoral, el hoy presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, se pronunció a favor de que nuestro país entablara con Estados Unidos un acuerdo migratorio en beneficio de ambas naciones y, de manera por demás sensible y oportuna, identificó que los tiempos políticos por los que atraviesa nuestro vecino del norte –con elecciones presidenciales en puerta– constituyen una ventana de oportunidad para que, en un clima de absoluto respeto a nuestras respectivas soberanías, se busquen espacios de entendimiento y colaboración en temas comunes que podrían resultar de enorme trascendencia, como es el caso del Acuerdo en mención, el cual, dicho de paso, México ha buscado impulsar desde hace casi dos sexenios.

En 2001, con una situación política enmarcada en la concurrencia de nuevas administraciones federales en' México y Estados Unidos de América, parecía favorable el entorno para la consecución de un acuerdo migratorio. No obstante, los atentados terroristas del 11 de septiembre en la Unión Americana diluyeron las posibilidades concretarlo.

Asimismo, parecía propicio a este fin el cambio de gobierno en Estados Unidos derivado de la elección de 2008, dado el compromiso manifiesto de Barak Obama, como candidato, a favor de la resolución del tema migratorio con México.

Hoy, la coincidencia en la renovación de las administraciones en ambas naciones, genera condiciones que favorecen la perspectiva de retomar esta idea que, sin duda, cambiaría para bien la dinámica de muchos de los puntos centrales de nuestra agenda bilateral y nos llevaría a mejores niveles de cooperación en todos los ámbitos.

Han sido básicamente dos los puntos puestos sobre la mesa en la búsqueda de un acuerdo migratorio. El primero consiste en otorgar una amnistía a todos los trabajadores indocumentados para que residan legalmente en Estados Unidos y, el segundo, tiene que ver con los permisos de empleo temporal para que los mexicanos puedan trabajar legalmente en Estados Unidos y después de cierto tiempo regresen al país.

Es claro que lo óptimo sería que pudieran implementarse ambos esquemas, aunque si los mexicanos radicados en territorio estadounidense tuvieran que decidir entre una u otra opción –según indican encuestas de opinión–, la mayoría se inclinaría por que el gobierno de Estados Unidos de América otorgue permisos de trabajo temporal.

Temas como la construcción de acuerdos para lograr programas de trabajo temporal, la revisión de los programas de visado y la regularización migratoria de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos de América son temas nodales en la agenda pendiente.

En nuestro grupo parlamentario, fieles a los mejores principios de política exterior, nos manifestamos desde luego respetuosos del proceso electoral y la decisión de los ciudadanos nortemericanos en la definición de su gobierno para los próximos cuatro años.

Asimismo, considerando que es momento para la discusión de los temas de prioridad, desde la perspectiva mexicana, para la construcción de una agenda bilateral y asumiendo que los dos candidatos en la contienda electoral norteamericana han manifestado su interés sobre el asunto, nos parece oportuno pronunciarnos en favor de retomar el tema migratorio, para la construcción de la agenda a mediano y largo plazos.

En este tenor, hago un llamado a mis compañeras y compañeros legisladores para que levantemos la voz en favor de que México vuelva a promover –y ahora sí concrete– un acuerdo migratorio, que sobre todo logre que los derechos de nuestros connacionales sean reconocidos y respetados.

Asimismo, insto a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que por medio de la Embajada en Estados Unidos y la red consular en ese país, refuerce las acciones necesarias para brindar atención debida a la población mexicana migrante e impulse con determinación la discusión encaminada a la consecución de un acuerdo migratorio entre ambas naciones, reconociendo la complementariedad de las economías y mercados laborales de ambos países, los vínculos familiares entre las dos sociedades y se establezcan las condiciones para un flujo de personas legal, ordenado, seguro y respetuoso de los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las acciones para dar prioridad al tema migratorio en la agenda bilateral con vistas a impulsar, en el mediano plazo, un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos de América.

Palacio Legislativo, a 25 de octubre de 2012.— Diputado Javier Filiberto Guevara González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS AGRESIONES A PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACION

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, 205, numeral 1, y 207, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, con base en las siguientes

Consideraciones

La libertad de expresión constituye una de las garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de los Estados. Esta libertad, consagrada en nuestra Carta Magna, exige como condición indispensable, que los individuos sean libres para investigar la vida pública nacional, así como difundir ideas e información, y a la vez, que toda la sociedad pueda recibir información de manera objetiva, oportuna y confiable.

Hoy día, en nuestro país se registran altos niveles de violencia en sus diversas modalidades por parte de las diversas bandas de la delincuencia organizada, en contra de mujeres y hombres que han hecho de la labor periodística su profesión, vocación y proyecto de vida.

Las agresiones de la delincuencia organizada en contra de periodistas y medios de comunicación en México van en aumento. Cada vez son más las víctimas de amenazas, intimidaciones, secuestros, asesinatos y desapariciones forzadas.

Estas acciones que violan las libertades democráticas de expresión y de acceso a la información son de competencia de las Procuradurías de Justicia los Estados de Federación, y corresponde a cada una de ellas realizar las investigaciones expeditas y confiables que permitan esclarecer cada uno de los delitos, se detenga y juzgue a los responsables de ellos y se castigue a los culpables conforme a lo establecido en las leyes.

Actualmente, los estados que destacan por el mayor número de agresiones contra periodistas son; Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca y Nuevo León, en donde el desarrollo de las investigaciones, el esclarecimiento de los asesinatos, secuestro y agresiones ha sido lento y sin frutos concretos, creando un clima de incertidumbre entre las y los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad en su conjuntos, trayendo así, un clima de desconfianza en las instituciones encargadas de administrar y procurar la justicia.

Al clima de temor generado por la violencia de las bandas de la delincuencia organizada, se está sumando la desconfianza de la población en las instituciones, y el descontento social puede acrecentarse de manera considerable.

Tan sólo en lo que va del 2012 se tiene registrado el asesinato de 14 periodistas; 3 más se encuentran desaparecidos; y 27 de ellos y 11 medios de comunicación han sido agredidos. Las acciones de la delincuencia organizada han hecho que algunos periodistas estén optando por no denunciar las agresiones o no dar cobertura a ciertos temas, y otros más por abandonar la labor informativa.

Este panorama hace indispensable que la Cámara de Diputados establezca los mecanismos adecuados, oportunos y eficientes para colaborar en la defensa de la libertad de expresión, información y del ejercicio de la labor profesional del periodismo honesto, objetivo y valiente. En este sentido las y los legisladores debemos continuar los trabajos de revisión y vigilancia de la aplicación de las leyes para garantizar la aplicación de la justicia, la defensa de las libertades y la seguridad tanto de los profesionales de la comunicación como de la sociedad en su conjunto, establecer mecanismos eficientes de seguimiento de las agresiones y coordinar acciones de información y seguimiento con las Procuradurías estatales a fin de dar satisfacción plena a los directamente afectados y a la sociedad en su conjunto, colaborando de esta manera al fortalecimiento de la credibilidad y confiabilidad en las instituciones.

En diversos momentos Acción Nacional ha presentado medidas para fortalecer nuestro marco legal en pro de la prevención y protección de los periodistas. En esta LXII Legislatura las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional tenemos la firme voluntad de continuar con la denuncia y el seguimiento de todas las agresiones que lleguen a presentarse contra periodistas y medios de comunicación y para ello es que solicitamos que la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, emita el acuerdo en donde se establezca la crea-ción de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, para continuar en la vigilancia de la aplicación de las leyes para la impartición de la justicia, a los profesionistas de la comunicación, y poner un alto a las agresiones en contra de las y los periodistas y los medios de comunicación en nuestro país.

La Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, será un instrumento que abone a garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa en México.

Por todo lo anterior, presento a esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita a la Junta de Coordinación Política constituya la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Segundo.La Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación estará formada por el número de diputadas y diputados que la Junta de Coordinación Política considere pertinente, guardando los criterios de pluralidad y proporcionalidad.

Tercero.La Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación tendrá vigencia durante la LXII Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

PROTECCION CIVIL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat que implante para los integrantes de las unidades de protección civil federales, estatales y municipales un programa de capacitación sobre manejo, aseguramiento, protección y traslado de fauna silvestre que ingrese en asentamientos humanos, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Merilyn Gómez Pozos, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta asamblea punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 18 de octubre, un osezno hembra ingresó en una comunidad de Zaragoza, Coahuila, aparentemente en busca de alimento.

Ante la alerta de los pobladores, integrantes de Protección Civil municipal acudieron al sitio para capturar al osezno. Se presentó también un grupo de voluntarios, que vio la situación como un motivo para divertirse.

Los resultados fueron atroces. El animal fue capturado de forma brutal, amarrado de las extremidades, sin dispositivos para evitar luxaciones o fracturas.

Los miembros de Protección Civil y los voluntarios sometieron a la osa para usarla como trofeo y tomarse fotografías como si se tratara de una pieza de caza. En las imágenes difundidas por la prensa se ve a las personas, algunas uniformadas, muy divertidas con la situación, mientras que el animal se nota aterrado y con el hocico sangrante.

Dos días antes, el 16 de octubre, se registró una situación similar. Elementos de Protección Civil de Tepic, Nayarit, capturaron a un cocodrilo en el río Mololoa. Como si se tratara de una costumbre de ese cuerpo de rescate, el director de la corporación se tomó fotografías donde aparece sentado encima del animal capturado.

El funcionario subió las imágenes a su página de Facebook como si se tratara de una hazaña. Lo peor del caso es que el cuestionable servidor fue felicitado en la propia red social por Martín Tapia Miranda, director general de Protección Civil en Nayarit.

El oso y el cocodrilo están protegidos en la norma NOM-059-SEMARNAT-2010, pues se encuentran en peligro de extinción y están catalogados como sujetos a protección especial.

Ante la indignación de la sociedad civil, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tardíamente inició una investigación contra los presuntos responsables de la tortura del osezno. El lunes pasado interpuso una denuncia penal contra los autores del maltrato.

De acuerdo con el artículo 420, fracciones IV y V, del Código Penal Federal, los servidores públicos acusados de violentar a los animales podrían enfrentar una pena de hasta 9 años de prisión o una multa de 300 a 3 mil días de salario mínimo vigente, condenas establecidas para quienes dañen ejemplares de fauna silvestre en peligro de extinción.

Sin duda, estas acciones son acreedoras a imponer sanciones a los responsables del maltrato de los animales, con la intención de imponer castigo ejemplar a los autores y evitar que se repitan acciones violentas contra especies en peligro de extinción.

Sin embargo, estos ejemplos de maltrato contra los animales son también muestra clara de que las autoridades encargadas de proteger el ambiente han sido corresponsables en los casos de abuso contra especies protegidas, pues evaden su obligación de capacitar en el manejo de fauna silvestre a los funcionarios de protección civil.

Por lo expuesto se presenta a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que implante un programa de capacitación para los integrantes de las unidades de protección civil a escalas federal, estatal y municipal, en manejo, aseguramiento, protección y traslado de fauna silvestre que ingrese en asentamientos humanos, con la finalidad de evitar casos de maltrato y abuso.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputada Merilyn Gómez Pozos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

COMISION ESPECIAL PARA LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MICRORREGIONES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la competitividad, la innovación y el desarrollo integral de las microrregiones, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Maricela Velázquez Sánchez, con fundamento en los artículos 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para la competitividad, innovación y desarrollo integral de las microrregiones, con base en las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 25 determina que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable... mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución...”

Los datos definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía arrojaron un total de 112 millones 336 mil 538 mexicanos, con este resultado México se coloca en el undécimo lugar a nivel mundial por el número de habitantes, entre los cuales aún existen pobreza extrema, y prevalece la desigualdad, pues en el mismo censo se advierte la existencia de 52 millones de personas en situación de pobreza, y que es altamente probable que al final del presente año México esta cifra incremente a más de 60 millones de pobres.

Para lograr un abatimiento efectivo de la pobreza es menester emprender un enfoque territorial diferenciado, que identifique la pobreza y la caracterice en su justa dimensión más allá de los grandes números acudiendo a las comunidades de más alta marginación apoyando la satisfacción de las necesidades de las personas que habitan estas localidades, es decir una micro región, entendiendo por esta al área territorial identificada por sus condiciones de  rezago y marginación conforme a indicadores de pobreza para cada región, estado y municipio.

Los programas de desarrollo micro regional durante las dos últimas administraciones se han caracterizado por: falta de inversión, opacidad y el manejo discrecional de los recursos destinados a la materia; las políticas públicas en el mismo tema son inaplicadas en muchos casos e inexistentes en otros más; existe un marco normativo excesivo e ineficaz; ausencia de consensos sociales, políticos y de participación ciudadana; uso de una tecnología inapropiada; lo anterior aunado a la desarticulación del sector productivo y por tanto se provoca que las cadenas productivas sean ineficientes, generando un círculo vicioso que repite y consolida el patrón de pobreza y marginación.

La Secretaría de Desarrollo Social tuvo un deficiente desempeño en el Programa para el Desarrollo Local Microrregiones, que operó de 2002 a 2008 con 1’017,026,500 pesos para su último ejercicio en 2007. Tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura como la Alimentación y la Auditoría Superior de la Federación calificaron de deficiente el programa por adolecer de indicadores para evaluar la calidad de los proyectos apoyados y mecanismos de control para el ejercicio de los recursos.

Según el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2007, en el tomo VIII, reveló que la Secretaría de Desarrollo Social “no dispuso de los elementos para promover la no duplicidad de acciones ni registró la aportación de los beneficiarios en mano de obra y especie”. Bajo estas condiciones fue ejercido el 87 por ciento del presupuesto.

Por su parte, la Evaluación de Consistencia y Resultados 2007 del Programa para el Desarrollo Local Microrregiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura como la Alimentación (FAO), coincidió con la Auditoría Superior de la Federación, determinando la inexistencia de una base monitoreable y definida para poder valorar los resultados.

El organismo internacional hizo hincapié en que tanto las reglas de operación y la matriz del marco lógico del programa no fueron una herramienta útil en la toma de decisiones para abatir a la pobreza. Asimismo se señaló que el programa de la Secretaría de Desarrollo Social no contaba con metas e indicadores de desempeño.

La respuesta del Ejecutivo federal fue fusionar en 2008 los Programas de Desarrollo Local (microrregiones) y de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria en el Programa para Desarrollo de Zona Prioritarias, perdiendo así el enfoque microrregional hasta la fecha, tan necesario para lograr una efectiva y eficaz lucha contra la pobreza y la desigualdad social.

Sin embargo, aun existiendo hasta 2008 programas que procuraron el desarrollo de las microrregiones en nuestro país, éstos no tuvieron el impacto deseado que se reflejara en la mejora de la calidad de vida y bienestar de las familias mexicanas, debido entre otras cosas: a la deficiente infraestructura para la implementación de los programas y las políticas públicas, aunado a la falta de asistencia técnica y capacitación oportuna, conjugado con unas complicadas reglas de operación emitidas en 2012 para el Programa de Atención de Zonas Prioritarias, ajenas a la realidad de las comunidades y localidades afectadas, que parecen volver al tratamiento tradicional e ineficiente de la problemática: considerar a la pobreza como un fenómeno homogéneo sin considerar sus peculiaridades territoriales .

El abandono de programas y apoyos federales y la falta de políticas públicas eficientes para este sector, hacen necesario que desde la Cámara de Diputados se de seguimiento a los programas existentes que fortalezcan la aplicación de las normas y que vigilen la implementación de los programas que se establezcan.

Resulta necesario, modificar el esquema tradicional de apoyos, cuya exacerbada burocracia se convierte en un criterio de imposible salvación, que obliga a que las comunidades se ausenten de un desarrollo integral.

Durante la LXI Legislatura se formó una comisión especial de desarrollo de microrregiones en términos similares, en donde se realizaron esfuerzos y trabajos de gran alcance, por lo que resulta conveniente darles continuidad en aras de fortalecer la legislación, atendiendo una realidad que permuta constantemente, lo cual hace imprescindible atender nuevas necesidades.

En tal virtud es que someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura que se constituya la Comisión Especial para la Competitividad, Innovación y Desarrollo Integral de las Microrregiones.

Segundo. El objeto de esta comisión será promover, apoyar e impulsar el otorgamiento de recursos financieros suficientes para la materialización de los programas de las dependencias destinados a impulsar el desarrollo de micro regiones; vigilar el cumplimiento de las metas que fije el gobierno federal en lo que a este rubro se refieran, así como la elevación de los niveles de producción, la generación de empleos dignos y la distribución de los recursos; establecer los esquemas que consoliden las actividades económicas que llevan a cabo las comunidades que se encuentran en alta y muy alta marginación; supervisar, conjuntamente con las instancias federales, la correcta aplicación de los indicadores de marginación para direccionar correctamente los recursos y apoyos; así como realizar el análisis legislativo conducente, a efecto de adecuar el marco jurídico en la materia, para impulsar el crecimiento, competitividad y desarrollo sustentable de las micro regiones en México.

Tercero. Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.

Cuarto.La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

En su integración, la comisión contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Quinto.La comisión especial funcionará durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, no rebasando su término, y presentará semestralmente o cuando se requiera un informe de actividades ante el pleno de esta soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputada Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

ESCUELAS DE EDUCACION BASICA CON BEBEDEROS DE AGUA POTABLE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la SEP, el Inifed y la Conagua –con la participación de los gobiernos locales– gestiones y acciones para equipar con bebederos de agua potable las escuelas de educación básica, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Patricia Lugo Barriga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SEP, el Inifed y la Conagua, y con la participación de los gobiernos locales, a que realicen las gestiones y acciones necesarias para equipar a las escuelas de educación básica con bebederos de agua potable, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, “Encuesta de Salud en Estudiantes de Escuelas Públicas en México”, publicada en 2010, se observó que a nivel primaria existe una prevalencia de 38.5 por ciento de sobrepeso y obesidad para ambos sexos, mientras que a nivel nacional es de 30.3 por ciento. En secundaria se observan niveles aún más altos con un 39 por ciento para ambos sexos mientras que a nivel nacional es de 32 por ciento.

Una de las razones que han conducido a esta situación, quizá la principal, es el alto consumo de frituras, pastelillos y demás alimentos chatarra, así como de bebidas gaseosas, otro rubro en el cual los mexicanos somos también el primer lugar a nivel mundial con un consumo promedio anual de 163 litros por persona.

Es un hecho que los niños necesitan tener acceso a agua potable a libre demanda para poder contrarrestar el consumo de bebidas azucaradas. Se ha observado que al tener agua potable disponible en las escuelas, los niños incrementan su consumo.

Pero no sólo eso, también hay que considerar que el aprendizaje puede resultar difícil para las niñas y los niños que se enfrentan a una realidad cotidiana en la que el agua para beber, está sucia o su abastecimiento se interrumpe con frecuencia.

En todo el mundo, la falta de acceso al agua potable y el saneamiento tiene repercusiones desastrosas para la infancia. Las enfermedades diarreicas y los parásitos intestinales que disminuyen la energía prosperan en entornos poco higiénicos y son la causa de que millones de menores se enfermen todos los años. Un total de 1.6 millones de niños y niñas mueren anualmente debido a estas enfermedades, y muchos más sufren desnutrición, debilidad y dificultades para aprender.

Estas, entre otras, son razones suficientes para que todas las escuelas del país sean dotadas de bebederos con agua potable. Más aún, no hay que olvidar que uno de los principales objetivos del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria es “aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable”, objetivo que sigue pendiente.

La inversión en la instalación de bebederos con un suministro constante y seguro de agua potable puede reducir la grave epidemia de sobrepeso y obesidad que hay en las escuelas del país, y además, puede prevenir enfermedades diarreicas y parásitos en las niñas, niños y adolescentes, lo cual representa menores costos en comparación con lo que se tiene que destinar a la atención médica a enfermos de diabetes y otros padecimientos.

En este contexto, es urgente garantizar que en todas las escuelas haya bebederos con agua potable. En la mayoría de los planteles simplemente no hay bebederos, pero es aún más preocupante que existan escuelas que no cuentan con un suministro de agua apta para el consumo humano. Tampoco es aceptable que incluso en las escuelas de las zonas urbanas y conectadas a las redes de agua potable, el líquido se almacene en cisternas y tinacos sucios y desprotegidos, y que sea el agua que consuman los alumnos, o en su caso, que no tengan otra opción que beber bebidas gaseosas.

Actualmente existen nuevos requerimientos expedidos por la Secretaria de Educación Pública y la Secretaria de Salud, sobre los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación.

Además, la Ley General de Infraestructura Física Educativa en el artículo 19, fracción I, precisa la facultad que tiene el Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa para emitir las normas y especificaciones técnicas en materia de construcción de los inmuebles e instalaciones del sistema educativo nacional.

En apego a dicha facultad el Instituto emitió la normatividad técnica “Criterio Normativo para la construcción e instalación de Bebederos”. Dicha norma establece los requisitos para el diseño, construcción, fabricación e instalación de bebederos en la infraestructura física educativa, para proveer agua purificada; de igual manera, indica que la normatividad es aplicable a la infraestructura física educativa pública y privada de todo tipo y modalidad.

Aunado a ello, están la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 de Agua Potable para consumo humano; y la Norma Oficial Mexicana NOM-180-SSA1-1998, la cual establece los requisitos sanitarios para equipos de tratamiento.

Por tanto, existe la normatividad adecuada para que las autoridades competentes instrumenten las acciones o programas necesarios para atender a los planteles educativos, a fin de dar cumplimiento al equipamiento de bebederos de agua potable que permita a los estudiantes contar con agua filtrada y purificada para saciar la sed durante su estancia en las instalaciones escolares.

Más aún, en el ámbito legislativo, esta problemática ya se había observado desde la LX legislatura, prueba de ello es el punto de acuerdo presentado por la Senadora María Elena Orantes López el 26 de marzo del 2009, por el que se exhortaba a las dependencias correspondientes, en conjunto con la participación de la iniciativa privada, para equipar a las escuelas primarias y secundarias de bebederos con agua potable. Sin embargo, queda de manifiesto que a pesar de ello, actualmente existe un número importante de escuelas que no cuentan con dichos bebederos.

En ese sentido, la presente proposición con punto de acuerdo retoma dicho exhorto, toda vez que la salud y educación de las niñas, niños y jóvenes no tienen precio, son derechos que se deben cumplir.

Compañeras y compañeros diputados, no bastan las campañas educativas tendientes a informar a los niños y jóvenes sobre los peligros y el alto costo de beber refrescos azucarados. Si en la escuela no se cuenta con bebederos de agua potable, seguirán consumiendo bebidas gaseosas, y se seguirán presentando casos de obesidad, diabetes y enfermedades diarreicas en la población infantil y juvenil.

Las niñas, los niños y los adolescentes necesitan tener acceso a agua potable a libre demanda para poder contrarrestar el consumo de bebidas azucaradas. Contribuyamos a ello.

En virtud de las anteriores consideraciones someto a consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único.Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública, así como del Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa y de la Comisión Nacional del Agua, y con la participación de los gobiernos locales, a que realicen las gestiones y acciones necesarias para equipar a las escuelas de educación básica con bebederos de agua potable; así como a garantizar, de manera permanente, la calidad idónea de dicho liquido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputada Patricia Lugo Barriga (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

COMISION ESPECIAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de participación ciudadana, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del PRI

Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, inciso II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El proyecto participación ciudadana es una propuesta en la que se busca escuchar y atender los asuntos en los que la sociedad posee un interés particular, que es, el de sentirse incluido en las tomas de decisiones de gobierno, es con ello, materializar sus ideas o acciones en beneficio de la sociedad para impulsar su desarrollo y lograr la democracia participativa a través de la integración de la comunidad con el poder público.

Si bien es cierto que en nuestro país tenemos procesos electorales en los cuales la voluntad de los ciudadanos se manifiesta libremente, es a través de otras figuras o mecanismos por los cuales la población busca acceder directamente a las decisiones de gobierno sin formar parte de la administración pública o de otras fuerzas como los partidos políticos.

Es a través de este Proyecto de Comisión de Participación Ciudadana en donde figuras de participación social ya establecidas como los organismos no gubernamentales podrán encontrar el cauce necesario para ser parte activa en un proceso de comunicación bidireccional, con el objetivo de generar un vaivén de opiniones propiciando con ello que el gobierno instaurado tenga más y mejores puntos de vista de lo que el ciudadano requiere y dejar de lado lo que no es funcional para la sociedad.

Es de esta forma en la que se podrá encontrar un equilibrio armónico entre el gobierno y sus gobernados, es tender los puentes de comunicación para que todos aquellos que tengan que decir algo, puedan hacerlo de forma ordenada y propositiva en los asuntos en los que posee un interés público y particular.

La presente propuesta, busca que el funcionamiento e interacción de dicha Comisión de Participación Ciudadana tenga un sentido transversal, es decir, que pueda interactuar con el resto de las comisiones en el Congreso Mexicano y con esto, lleve a cabo funciones legislativas que le permita atender de manera más integral y ágil las necesidades en todos los órdenes de la problemática nacional, es hacerla más eficiente y que esta esté en sintonía con las reformas políticas para que sus alcances no sean rígidos ni particulares, sino que abarque los diferentes temas públicos en los que los ciudadanos tengan interés de incidir.

Debido a la gran importancia que representa la participación de la ciudadanía en los asuntos nacionales, es necesario contar con las herramientas auxiliares para ventilar aquello que no está previsto y que pudiera surgir del debate o discusión de las figuras inciertas o inéditas con la finalidad de dar certeza jurídica a lo establecido, y más aún; dar certeza a lo que no ha sido previsto dentro de las modificaciones a los marcos jurídicos que regulan la vida del país.

Las comisiones, tienen intrínsecamente la virtud de ser depositarias de las ideas, análisis, discusiones y voluntades de todas las fuerzas de la sociedad. Es en ellas en donde se concilia y se coordinan voluntades para lograr los acuerdos en beneficio para los ciudadanos, es en donde se representan todos los intereses y donde se concentran los consensos que se ven materializados en la vida común de nuestros ciudadanos.

Es así, que con la anterior propuesta planteada, se prevé se puedan implementar acciones y facultades que permitan a dicha comisión interactuar en todos los ámbitos con las otras comisiones establecidas y que de esta manera los legisladores que la integren garanticen una atención eficiente y den respuestas rápidas y precisas a tan importantes asuntos que trascienden en la vida nacional y sus ciudadanos.

Por lo anterior expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo

Primero.Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b y c, y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se determine la creación de la Comisión Especial de participación ciudadana, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Segundo.La comisión estará integrada por los miembros que determine la propia Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación de los Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados.

Tercero.El objeto es dar seguimiento a la forma organizada de la participación ciudadana y todas aquellas formas en las que su impacto o participación generen o deriven en mecanismos de participación de la sociedad en la vida política del país.

Cuarto.La comisión especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2012.— Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que a partir de la declaratoria de desastre natural se realicen acciones y liberen los recursos del Fonden para atender la zona de Baja California Sur dañada por el huracán, a cargo de Alfredo Zamora García y suscrita por Francisco Pelayo Covarrubias y Arturo de la Rosa Escalante, diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos diputados, Francisco Pelayo Covarrubias, Arturo de la Rosa Escalante y Alfredo Zamora García, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los efectos de los desastres naturales significan grandes pérdidas de vidas humanas así como daños en la infraestructura y la suspensión de actividades productivas, lo que influye de manera negativa en el desarrollo económico y social de las regiones afectadas.

Desde hace varios días el huracán Paul se ha acercado con velocidad considerable a la zona del puerto de San Carlos, municipio de Comondú en Baja California Sur, y generando fuertes lluvias manteniéndose con una fluctuación entre las categoría 3 de la escala Saffir-Simpson, Con vientos de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 205, lo que ha ocasionado que las comunidades se encuentren inundadas, haya cortes carreteros, y de energía eléctrica, cientos de casas dañadas, desabasto de agua, daños en telecomunicaciones, peligrosos baches en zonas urbanas, caída de árboles y postes, así como cerca de mil personas albergadas, estos son algunos de los daños que dejó a su paso el huracán Paul por Baja California Sur.

Además con las pasadas lluvias, consecuencia de la tormenta Miriam, las corrientes atravesaron varios puntos de localidades de La Paz y Los Cabos, que arrastraron a su paso a decenas de vehículos y desde que el huracán Paul tocó tierra, fue previsible que, dadas las condiciones de vulnerabilidad prevalecientes, miles de habitantes padecen estragos sociales, económicos, de empleo, vivienda y salud, como resultado de las inundaciones, deslaves y marejadas en las áreas costeras.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades de Protección Civil, se registran importantes daños en la infraestructura de comunicaciones de la entidad y un muy importante número de viviendas y comunidades rurales de distintos municipios de Estado, quedaron incomunicadas, sin poder recibir de manera pronta la ayuda de los tres órdenes de gobierno.

El alcalde de Comondú, informó que de acuerdo a las primeras evaluaciones, los puertos Adolfo López Mateos, San Carlos, San Juanico, San Lázaro y San Andresito, en Bahía Magdalena presentan serias inundaciones, en un 40 por ciento, y hay más de 500 albergados, se desalojó a la población de las islas y hasta el momento esas comunidades no cuentan con energía eléctrica, las causales de las inundaciones fueron las constantes lluvias, los vientos y fuertes mareas, lo que provocó que el dique de contención haya colapsado los puertos de San Carlos y López Mateos que tienen bordos de contención por las mareas, ya con la llegada del fenómeno natural y con las lluvias intermitentes se inundó, en términos generales el embate del huracán se está sintiendo en todo el municipio.

La Policía Federal Preventiva informó que las corrientes de agua en los vados de la carreta transpeninsular provocaron cortes carreteros, por lo que se suspendió la circulación a vehículos, además las salidas de camiones de autotransporte foráneo han cancelado sus rutas

En el municipio de Loreto el agua afectó la fibra óptica, lo que repercutió en la suspensión por más de quince horas, de la señal de e Internet y telefonía celular, lo que generó un caos en la comunicación en el Estado, lo que afectó también a la actividad económica en la zona, ya que en las oficinas no se podían realizar las labores cotidianas, además, los comercios o establecimientos que utilizan terminales bancarias fueron afectadas, así como algunas tiendas de autoservicio donde se reportó que no se podían adquirir víveres en los autoservicios por no poder pagar.

Los efectos del ciclón Paul provocaron fallas en la fibra óptica de Teléfonos de México y por consiguiente la interrupción en todo Baja California Sur de la infraestructura para Internet y celulares, causando serias afectaciones para el sector hotelero, comercial y turístico.

La Secretaría de la Defensa Nacional, aplico el Plan DN-III en su fase de prevención ante la presencia del huracán Paul, y desplegó 400 soldados, especialmente a las localidades de Cabo San Lucas, La Paz, Ciudad Constitución y Loreto, del cual queremos hacer un reconocimiento a las labores que han desarrollado en la asistencia a los damnificados.

Sin embargo, los daños aún se siguen contabilizando; es así, que en estos momentos resulta imprescindible que Baja California Sur cuente con los recursos suficientes para afrontar la contingencia a causa de las lluvias. Es apremiante la necesidad de liberar recursos del Fonden y del Fondo de Reconstrucción, contar con recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de 2013 e implementar programas gubernamentales sanitarios, agropecuarios, de infraestructura y vivienda para asistir a los miles de sudcalifornianos afectados.

En virtud de lo antes expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución.

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar recursos, de manera urgente, considerados en el Fonden para el combate de los fenómenos meteorológicos.

Segundo.Se pide a la Secretaría de Desarrollo Social implemente de inmediato el Programa de Empleo Temporal haciendo público el censo de los afectados en Baja California Sur, asimismo entregue certificados para la reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán.

Tercero.Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se destinen recursos extraordinarios, suficientes para la construcción de los puentes y caminos dañados, mismos que deberán ser reconstruidos, debido a los daños ocasionados por el huracán.

Cuarto.Esta soberanía hace un urgente y respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad, para que se destinen recursos extraordinarios, y en su caso tomen las acciones conducentes a fin de realizar la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura hidráulica, y el restablecimiento del suministro de energía eléctrica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputados: Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica), Alfredo Zamora García, Arturo de la Rosa Escalante.»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los senadores a aprobar las ternas para designar a los nuevos ministros de la SCJN –presentadas por el Ejecutivo federal– de forma que garanticen la participación equilibrada entre mujeres y hombres, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Carmen Lucía Pérez Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del numeral 1 del artículo 6; fracción II del numeral 1 y fracción III del numeral 2 del artículo 79, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

En México, el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; dentro de este último se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en nuestro país.

Cuando otros tribunales no han podido solucionar un conflicto de intereses, la Suprema Corte de Justicia es la autoridad que lo resuelve de manera definitiva, por lo que sus decisiones son inapelables. La Suprema Corte está integrada por once Ministros, de los cuales uno es su Presidente. El Senado elige a los Ministros de entre los candidatos que propone el Presidente de la República. Duran quince años en su cargo y tienen a su cargo, entre otros asuntos, juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo tanto, corresponde a la Suprema Corte la protección de cada una de nuestras garantías, teniendo un peso definido como controlador de nuestra Constitución Federal, contando siempre con una calidad ética y moral que le ha dado confianza y reconocimiento de todos los ciudadanos.

Como sabemos, derivado de la facultad conferida en el artículo 96 de nuestra Constitución, en días pasados el Presidente de la República, anunció que los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, concluirán sus encargos el 30 de noviembre del presente año. Por lo tanto, el Ejecutivo federal presentó a consideración del Senado de la República las ternas para la designación de nuevos ministros.

Es por lo anterior, que hacemos un respetuoso llamado a cada una de las y  los senadores para que en tan importante encomienda, que conlleva a designar a quienes forjarán fallos de gran relevancia para la vida nacional, consideren en la aprobación de las y los ministros el principio de la paridad de género, concepto elemental de la democracia. Derivado de sus atribuciones, los 11 ministros que conforman la Suprema Corte, trabajan como órgano colegiado, quienes representan a cada uno de los ciudadanos, con diversos puntos de vista. Ante esta gran responsabilidad asumen la responsabilidad deliberando, argumentando, discutiendo, dialogando, con el fin último de llegar a una resolución, para el bien común, misma que deberá estar siempre encaminada a resguardar nuestra Constitución.

Durante los últimos años, la Corte a través de las decisiones asumidas por los ministros se han consolidado como actores trascendentales en la construcción de la democracia, de manera particular en lo referente al respeto y garantía de los derechos humanos.

Podemos ver a través de la historia que aun después de décadas de lucha por la igualdad de género, las mujeres seguimos asumiéndonos en muchos ámbitos la minoría, aunque no lo seamos, actualmente las mujeres representamos más del 51 por ciento de la población, de acuerdo al último Censo del Inegi 2010.

Ejemplo de la disparidad, es que fue hasta 1961, nombrada la primera mujer ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doña María Cristina Salmorán de Tamayo, y la primera, también, en integrar una Suprema Corte de Justicia o Supremo Tribunal a nivel mundial.

Hasta 1975, es nombrada la segunda mujer ministra, la licenciada Livier Ayala Manzo, quien ocupara el cargo tan solo uno año.

En 1976, doña Gloria León Orantes es designada ministra del Alto Tribual del país, que ocupará hasta 1984.

Entre 1983 y 1988, son nombradas las ministras Fausta Moreno Flores, Martha Chávez Padrón, Victoria Adato Green, Clementina Gil de Lester e Irma Cue Sarquís.

Para 1995 se designa a la novena mujer ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez  Cordero, quien actualmente se encuentra en funciones.

Así también, en febrero de 2004, a propuesta del entonces presidente de la República, y con la aprobación de las dos terceras partes del Senado, fue designada Margarita Beatriz Luna Ramos como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la segunda sala del máximo tribunal de la que fue presidenta de 2006 a 2007, quien también se encuentra en funciones.

Todas estas mujeres de gran valía, destacaron y siguen destacando por su compromiso con la verdad, con la justicia y con el estado de derecho. Cada una de sus sentencias enriquecieron y enriquecen la labor esencial de la Suprema Corte de Justicia, aportando de esta manera con sus conocimientos en las grandes transformaciones de nuestro sistema jurídico mexicano.

Como sabemos el presidente envió ternas al Senado de la República integradas por mexicanas y mexicanos con una amplia carrera judicial que los avala quienes hoy en día se encuentran en pleno ejercicio de la magistratura judicial en el rango inmediato inferior al de ministro de la Suprema Corte de Justicia, en este caso, magistrados de circuito.

Apegado a la Carta Magna, lo anterior se propicia para cubrir la vacante del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, proponiendo a Pablo Vicente Monroy Gómez, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Andrea Zambrana Castañeda.

Ante ello, se destaca la amplia y reconocida carrera de la magistrada Andrea Zambrana Castañeda, quien es licenciada en derecho por la UNAM y candidata a doctora en derecho por la Universidad Panamericana.

Cuenta con experiencia de dos décadas en el Poder Judicial de la Federación y ha desempeñado, entre otros, como secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Actualmente, es magistrada del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en el Distrito Federal.

En el caso del ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, se propuso a Manuel Baráibar Constantino, Emma Meza Fonseca y Rosa María Temblador Vidrio.

Destacando la magistrada Emma Meza Fonseca, quien es licenciada en derecho por la UNAM, maestra en derecho procesal penal por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal.

Con una trayectoria destacada y profesional, ha colaborado por más de 30 años en el Poder Judicial de la Federación. Además de secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de Distrito en tres diferentes sedes, magistrada en dos Tribunales Unitarios de Circuito y en cuatro Tribunales Colegiados de Circuito. Actualmente se desempeña como magistrada del 9o. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Ha publicado, además, diversas obras, entre las que destaca el libro La conciliación como un medio de solución de conflictos a nivel de averiguación previa.

Y finalmente, la Magistrada Rosa María Temblador Vidrio, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana.

En 1999 obtuvo el Premio José María Lafragua, del ilustre Colegio de Abogados de Puebla Asociación Civil. Cuenta también con una trayectoria de más de 30 años en el Poder Judicial de la Federación, donde ha sido secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez 5o. de Distrito en el Estado de Puebla, magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Penal del 7o. Circuito y Magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 6º Circuito en San Andrés Cholula, en Puebla, cargo que desempeña actualmente.

Todas estas mujeres que se han distinguido en el ejercicio de la actividad jurídica y han servido con eficiencia, capacidad y profesionalismo en la impartición de justicia. Siendo cada una de ellas, promotoras de una ciu­dadanía plena para las mujeres, la cual implica promover el ejercicio activo y pleno de nuestros derechos.

Señoras y señores legisladores, todos los espacios conquistados por las mujeres han sido fruto de una lucha incansable de miles a través de la historia, mujeres que nos empeñamos en lograr mejores condiciones de vida para cada una de nosotras y por consecuencia para la sociedad.

Reflexionamos y consideramos que una reducida participación femenina conduce a un déficit democrático, por lo que resulta imperante, tanto para mujeres y hombres, reconocer y, elevar su presencia y participación en cada una de las esferas institucionales.

Por ello, pugnamos de manera respetuosa por que las Senadoras y los Senadores, bajo estas consideraciones y siempre bajo su destacable trayectoria se logre la paridad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa a todos los senadores de la República para que de las ternas para la designación de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentadas por el Ejecutivo federal, sean aprobadas de tal forma que garanticen la participación equilibrada entre mujeres y hombres, cumpliendo democráticamente con el principio de paridad.

Notas:

1 http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/documents/publicaciones/ La%20Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nacion.pdf

2 http://www.inegi.org.mx/sistemas/comunicados/default.aspx?c=17181&s=est

3 http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/ministra/del-voto-al-ejercicio-del-poder.p df

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica).»

Se remite a la Cámara de Senadores.

MAIZ TRANSGENICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a denegar o –en su caso– revocar por la Semarnat, la Sagarpa y otras dependencias involucradas en la materia los permisos para la siembra comercial de maíz transgénico en México, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, José Antonio León Mendívil, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones I y II,  artículo 79, del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución,  con base en las siguientes

Consideraciones

Desde que los científicos participaron activamente en el desarrollo de la biotecnología moderna, se plantearon que, si bien, las nuevas técnicas mostraban grandes posibilidades, también existía temor por los eventuales riesgos de su aplicación en la salud y el ambiente. Así, la bioseguridad nace como una  preocupación ligada a la biotecnología moderna; esta incertidumbre se acrecentó, sobretodo cuando esta tecnología se utilizó en la agricultura ya que implica la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados y la introducción de los mismos en la cadena alimentaria.

En México el debate sobre organismos transgénicos inició en 1988 cuando se presentó la primera solicitud para la experimentación con el jitomate genéticamente modificado. Para resolver la pertinencia de liberar este tipo de cultivos, el gobierno convocó a un grupo de expertos y conformó el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA) como un grupo consultivo coordinado por la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

En los años noventa, el Comité evaluó y aprobó algunos experimentos con maíz transgénico bajo confinamiento. Sin embargo, al aumentar las solicitudes de maíz transgénico y ante las diversas incógnitas, el Comité organizó diversos foros de análisis sobre el maíz transgénico y las implicaciones que para México tendría. En el informe elaborado por académicos de diversas instituciones públicas se sugirió al gobierno de México que se detuvieran los experimentos con maíz transgénico, ante las implicaciones que tendría esta tecnología para la biodiversidad de maíces existentes en el territorio nacional. El 3 de septiembre de 1999 la titular del Comité, la química Amada Vélez anunció que no recibirán más solicitudes, estableciendo una moratoria de facto.

Por su parte, el poder legislativo fue presionado para crear una ley de bioseguridad, en aras de regular a los organismos transgénicos y evaluar los riesgos e incertidumbres asociadas. El proceso legislativo inició en 1999 con la presentación de la primera iniciativa, finalmente la iniciativa de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que se discutió fue promovida por las empresas y era francamente promotora de la siembra y comercialización sin restricciones de los transgénicos. En el debate los legisladores comprendieron que el tema toral era la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados producto de la biotecnología moderna en relación con la salud –humana y animal– y el ambiente.

Hoy este es el debate que debemos dar en esta Soberanía cuando tenemos en el mundo nuevas y relevantes evidencias sobre las consecuencias de esta tecnología.

El mes pasado se  publicó en la revista científica Food and Chemical Toxicology el estudio realizado por el doctor Seralini, de la Universidad de Caen, Francia. Esta investigación es de gran relevancia pues se llevó a cabo en un plazo de dos años con ratas de laboratorio alimentadas con maíz transgénico NK603 de Monsanto y con glifosato, el herbicida más usado en los cultivos Transgénicos, también fabricado por esta compañía. El resultado es muy alarmante ya que las ratas sufrieron muerte prematura y desarrollaron tumores y problemas hepatorrenales graves.

La alarma por estos resultados se ha encendido en el mundo: tanto Francia, como Rusia, suspendieron de inmediato la importación de maíz transgénico. Mientras que en nuestro país, centro de origen y diversificación constante del maíz, en donde obtenemos 55 por ciento de nuestra ingesta calórica diaria y 22 por ciento de las proteínas diarias del maíz; el Ejecutivo lejos de mostrar preocupación, admitió 3 solicitudes de siembra comercial de este tipo de maíz transgénico.

Estas solicitudes involucran el maíz utilizado en el estudio mencionado. Monsanto hizo solicitudes para sembrar comercialmente 700 mil hectáreas en el estado de Sinaloa del maíz NK603 y en Tamaulipas son dos solicitudes de la empresa Pioneer cada una para sembrar 351 mil hectáreas con maíz NK603 y con un combinado que incluye el NK603.

Sinaloa abastece la mayor parte del maíz blanco que consumimos cotidianamente los mexicanos, esa producción de maíz blanco es única en el mundo. Si se contamina con este transgen el centro de producción de donde nos alimentamos los mexicanos estaremos expuestos a sufrir las enfermedades que estas ratas presentaron en un corto tiempo, de acuerdo a los resultados mostrados en el estudio de Seralini. Esta situación no tiene marcha atrás, si se contamina el principal estado productor de maíz, estaríamos frente a una situación muy difícil de revertir y pondría en grave peligro la salud de los mexicanos y de los consumidores de maíz.

La responsabilidad del Ejecutivo es negar cualquier permiso que involucre este transgen en base a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que en el artículo 34 señala:

La Secretaría correspondiente en su resolución podrá

II. Negar el permiso en los siguientes casos:

C) Cuando la Secretaría correspondiente concluya que los riesgos que pudieran presentar los OGM de que se trate afectarán negativamente a la salud humana o a la diversidad biológica, o a la sanidad animal, vegetal o acuícola, pudiéndoles causar daños graves o irreversibles.

Por otra parte, es evidente que estamos frente al peligro de monopolización de una empresa de las semillas de maíz, incluso llama la atención que otra de las grandes empresas Pioneer solicite sembrar el evento de Monsanto. En la actualidad, esta  empresa maneja el 91 por ciento del comercio de semillas transgénicas. El hecho de que un sector tan sensible para la agricultura como es la producción de semillas se monopolice por una empresa trasnacional puede tener consecuencias desastrosas para la producción de alimentos y para el país. El peligro ahora es que la siembra de nuestro maíz sea penalizada por la propiedad intelectual que detentan estas empresas sobre la tecnología. En el vecino del norte y en Brasil, estas empresas han mostrado una enorme agresividad para exigir el pago de derechos por el uso de “sus” semillas a agricultores, incluyendo los que las usaban sin saberlo, ya que sus campos fueron contaminados por polen que fue transportado por el viento.

Finalmente, México tiene una gran responsabilidad pues es centro de origen y diversificación constante del maíz, en donde se desarrollaron 59 razas de maíces nativos que están bajo riesgo de que se contaminen con el polen transgénico. Recientemente la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad –Conabio-, realizó un estudio sobre el maíz que incluyo nuevas colectas, en el que se descubrió que la diversidad de la especie y sus parientes silvestres, es mayor de lo que se pensaba.

Los nuevos estudios y evidencias obligan a salvaguardar a los mexicanos que diariamente nos alimentamos de maíz, a los agricultores,  a nuestra planta sagrada y a nuestra cultura. Hoy tenemos el compromiso de seguir manteniendo  el reservorio genético del cereal más importante del planeta en términos de producción y usos para la humanidad. México, Mesoamérica, brindaron este grano a la humanidad de manera gratuita, no podemos permitir la avidez de una empresa que pretende apropiarse de nuestro grano con su tecnología obsoleta y que atenta contra nuestra salud.

Por todo lo anterior,  me permito someter a esta asamblea los  siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través de las dependencias competentes en la materia, en particular las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el ámbito de sus competencias, nieguen los permisos solicitados para la siembra comercial de maíz transgénico en México, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la  Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Segundo.Asimismo se exhorta a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a realizar una  revisión exhaustiva de las autorizaciones para la importación de granos que contengan transgénicos destinados a la alimentación y proceder en consecuencia.

Tercero.De la misma manera, se exhorta al Ejecutivo a reestablecer  la moratoria de maíz transgénico en México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012.— Diputado José Antonio León Mendívil (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.