* INICIATIVA Y PROPOSICIONES

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa del turno que le corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 30 de octubre de 2012, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea de los turnos dictados a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 30 de octubre de 2012 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 2o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE, para que celebre un acuerdo de pago justo con las comunidades del estado de Guerrero, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de que se publique en el DOF, el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la agroindustria azucarera, a cargo de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat, para que en coordinación con las entidades federativas, diseñe e implemente un programa de gestión integral para las lámparas fluorescentes, una vez que hayan cumplido con su vida útil, a cargo de la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de minería, a cargo del diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con las autoridades de salud del estado de Baja California, diseñen e instrumenten una nueva política inductiva, que tenga como objetivo la protección de las menores de edad que se encuentran embarazadas, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que establezca albergues temporales para los familiares de niñas y niños originarios de los diferentes estados de la República que se encuentran hospitalizados y que carecen de apoyos familiares y económicos para enfrentar los periodos de hospitalización, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.»

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGIA

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, al tenor de la siguiente

Exposicion de Motivos

El cambio climático es un asunto de suma importancia, y no simplemente porque esté de moda o porque sea políticamente correcto hablar de él, sino por el hecho de que ahora, el tema del cambio climático es parte fundamental en el contenido de cualquier política pública, plan de desarrollo, campaña política o materia de estudio entre académicos, etcétera, la importancia de asumirlo es un fiel reflejo del reconocimiento de que la amenaza del calentamiento global va en serio, que es urgente combatirlo, ya que está aumentando día con día.

Ejemplo de las consecuencias en el detrimento al medio ambiente es que cada vez es estamos sufriendo con mayor fuerza los embates de la naturaleza: lluvias atípicas, olas de calor inauditas, inundaciones, incendios forestales, sequías prolongadas, extinción de especies y ecosistemas enteros, etcétera, no entendemos que nosotros dependemos del ambiente, y que si éste se va degradando, nosotros sufriremos las consecuencias.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología, México es uno de los países con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático, pues no hay una sola entidad que no enfrente por los menos una amenaza grave debido a sus efectos; sin embargo en nuestro país, las políticas para prevenir y mitigar los efectos, así como la legislación para proteger y conservar el medio ambiente siguen siendo escasas e insuficientes.

Es urgente que nuestro marco regulatorio dote de mayores y mejores herramientas para que en la producción y consumo de la energía se busque provocar el menor impacto ambiental.

Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es dotar de mayor certidumbre jurídica al cuidado del medio ambiente y por ende, a la calidad de vida de todos los mexicanos, para aprovechar de manera sustentable la energía. Estimo conveniente que una planeación fundamentada en un marco legal adecuado, será un paso esencial para el desarrollo y consolidación del sistema energético y de su uso sustentable en el país.

El actual ordenamiento en la materia, y que es objeto de esta iniciativa, aunque pareciera en esencia estar claro, si se estudia detenidamente, resulta un tanto ambiguo para proteger y garantizar la salud de los mexicanos cuando se aprovecha de manera sustentable la energía.

El aprovechamiento sustentable de la energía en México no sólo debe ser, como lo plantea la legislación vigente, “el uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética”, también debe de incluir el cuidado al medio ambiente, garantizando en todo momento la salud de la población mexicana.

Es cierto que en la fracción IV, del artículo 2, de la ley en comento contempla el cuidado del medio ambiente, sin embargo, lo hace de manera vaga y, además, no incluye el garantizar en el uso de la energía la salud de los mexicanos.

Por añadidura estas dos cuestiones deben estar como eje rector de lo que es el “aprovechamiento sustentable de la energía”, ya que son producto de un concepto integral sobre el desarrollo sustentable, y no sólo tienen que ver con políticas públicas que propicien el crecimiento económico sostenido. Este concepto integral, también implica bienestar social para amplios sectores de la población y el poder garantizar a las futuras generaciones el disfrute de los recursos naturales.

Actualmente la mayor parte de la energía que consumimos tiene como origen el carbón y el petróleo, además de la energía proveniente de la fisión de uranio, denominada comúnmente energía nuclear de fisión. Algunas de estas fuentes de energía se transforman antes de llegar al usuario final: el petróleo necesita refinado, el carbón se suele quemar para producir electricidad y la energía nuclear también se transforma en electricidad por medio de turbinas.

El uso y disfrute de los recursos naturales han coadyuvado profundamente con el progreso y la modernización de las estructuras económicas y sociales tradicionales, las cuales incluyen los procesos de industrialización, urbanización, el surgimiento de fuentes comerciales de energía y una mayor calidad de los servicios energéticos.

Pero así como estamos considerando los beneficios de la actual era de los combustibles, también es menester señalar algunas de sus numerosas consecuencias que no siempre son positivas.

- La división de países entre compradores y vendedores de petróleo cuya correlación de fuerzas ha sufrido grandes cambios desde principios del siglo XX. Basta recordar que las denominadas “siete hermanas” anglosajonas controlaron la primera mitad del siglo prácticamente todo el mercado internacional. Esto derivo en la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 1960, donde los vendedores ganaron terreno en el mercado, pero cuyo desenlace más crítico fue el embargo petrolero de 1973, revelando la dependencia del mundo del petróleo y de la zona del medio oriente, que es oportuno recordar; se trata de una región políticamente muy inestable.

- “La petrolización” de las economías de los países exportadores y de los consumidores genera una gran vulnerabilidad respecto a las fluctuaciones de los precios del mercado internacional, los cuales suelen ser muy volátiles.

- El petróleo y demás combustibles fósiles tienen un enorme impacto negativo sobre el ambiente y la salud humana.

En épocas recientes, hemos sido testigos de hechos lamentables que deben dejar amplías y profundas reflexiones, en primer lugar, el derrame de petróleo en el Golfo de México, situación que fue ampliamente difundida en el mundo entero ya que el esparcimiento del crudo acabó con una invaluable biodiversidad en esa zona marítima. Al grado de que fue reconocido públicamente por las autoridades de la Unión Americana como el “peor desastre ecológico” en la historia de ese país.

Otra situación que ha sido muy preocupante es la pretensión del gobierno federal para aumentar el uso del carbón en la producción de energía, por lo que la Comisión Federal de Electricidad intentó incrementar la demanda de carbón de 10 millones de toneladas, a 25 millones para 2024, un aumento de 137 por ciento, en este contexto, conviene dejar muy en claro que el dióxido de carbono (CO2) es uno de los gases causantes del calentamiento global, y en México actualmente tres carboeléctricas están contaminado el ambiente con 20.8 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), o sea el 30 por ciento del total nacional, y únicamente producen el 8 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país.

También, hay que decirlo, el CO2 tiene enormes implicaciones para la salud, pues las partículas que genera están relacionadas con enfermedades del corazón, del aparato respiratorio y un número no determinado de cánceres en los pulmones.

Sólo para contextualizar mejor el grave riesgo que representa para la salud de los mexicanos hay que mencionar que en 2009, murieron 7 mil personas por el contacto directo con partículas de carbón negro. Y esta cifra no incluye las muertes por las carboeléctricas que operan en el país y que emiten, como ya dije, al ambiente 30 por ciento del dióxido de carbono (CO2).

De igual manera, el gobierno federal hizo grandes presiones para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales, unidos a los cabilderos de la iniciativa privada, representados por la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas y por la empresa General Electric, frenaran el Programa de Ahorro de Energía Eléctrica 2012.

De acuerdo a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el dictamen introducía cambios en dos leyes que permitirían sustituir para finales de sexenio 205 millones de focos convencionales, conocidos como incandescentes, por luces ahorradoras de energía en los sectores residencial, comercial y de servicios.

De haberse concretado tal cual, y de acuerdo a lo previsto el Programa de Ahorro de Energía Eléctrica 2012, hubiese significado bajar 30 por ciento la factura eléctrica del país, reducir subsidios y, sobre todo, evitar 30.2 millones de toneladas de dióxido de carbono. Con lo cual México estaría en la lista de naciones que más disminuyen las emisiones de gases que ocasionan el cambio climático en el mundo.

Además, eliminar los focos incandescentes equivale a dos décadas de la aplicación del horario de verano en términos de ahorro de energía, de acuerdo con Greenpeace México. Por ello 30 países han adoptado ya por esta alternativa.

Por lo descrito, no es posible que en México se esté optando por regresar prácticamente un siglo atrás para producir energía a través del carbón. Mostrando la falta de seriedad para tratar el asunto del deterioro ambiental y el enorme riesgo que ello conlleva para la salud de la población mexicana.

Tampoco es tolerable que nuestro país aparezca ante la comunidad internacional con un doble rostro; uno el que dice y otro el que hace. Pues fue anfitrión a finales del 2010 de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su décima sexta edición (COP 16), pero curiosamente, el 76.6 por ciento de la capacidad instalada en el sector eléctrico del país, corresponde a tecnologías que utilizan combustibles fósiles muy contaminantes y considerados tóxicos dentro del sector energético como el carbón, gas natural, combustóleo y diesel, mientras que solo el 23.4 por ciento restante corresponde a fuentes alternas, de las cuales las hidroeléctricas aportan 19.4 por ciento del total instalado.

Conviene señalar que las plantas hidroeléctricas del sector público han disminuido su participación en la generación de energía del año 2000 al 2006. La principal razón de ello es por el modelo neoliberal impuesto al país desde 1983, el cual ha derivado en una política energética privatizadora basada en el establecimiento de empresas extranjeras que  generan y venden electricidad, en detrimento de las plantas instaladas propiedad de la nación que opera la CFE. Contrariando así lo estipulado en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional.

En esencia, la política orientada a favorecer a las empresas privadas generadoras de energía ha llevado a parar o subutilizar la capacidad instalada de las plantas propiedad de la nación, lo cual constituye una seria amenaza. El mismo Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2007-2016, advierte que esta política no solo es contraria al interés nacional, sino que pone en riesgo la seguridad de la población. Basta decir que en este documento, textualmente se señala:“Es de suma importancia reconocer que las restricciones de generación mínima en el parque termoeléctrico, especialmente en los PIE (se ha supuesto 50 por ciento), restan flexibilidad a la operación de las GCH (grandes centrales hidroeléctricas) ya que Angostura tiende a operar por arriba de sus niveles de seguridad, lo que repercute no solo en mayores riesgos de inundaciones”.

Lamentablemente hemos sido testigos en varias ocasiones de las fatales consecuencias que semejante negligencia trae para la población, la desgracia por las perdidas humanas y materiales que sufrieron las personas que residían cerca de los ríos Grijalba, Carrizal y Usumacinta, en el estado de Tabasco, a causa de las inundaciones de los ríos antes referidos.

Mucho menos es admisible que desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de Carlos Muñoz quien es director general de Investigación en Política y Economía Ambiental, diga que: “México no tiene compromiso internacionales para reducir contaminantes, por lo que puede emplear el carbón”.

Eso es una mentira. México se ha comprometido con la comunidad internacional para preservar el medio ambiente. Algunos de los tratados internacionales que nuestro país ha firmado en este tema son: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC); el Convenio para la Protección de la Capa de Ozono en 1985; el Acuerdo para la Creación del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (1994); el Protocolo de Montreal relativo a las Substancias Agotadoras de la Capa de Ozono (1990); Contaminación del Medio Marino por Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas (1981); Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Nacional Unidas sobre Cambio Climático (1998), entre muchos otros.

Asimismo, nuestras leyes obligan al país a cumplir los compromisos internacionales adquiridos en materia de cambio climático y de cuidado al medio ambiente, tal es el caso de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Aunque somos consientes de la trascendencia que implica el generar energía para el país, y de la importancia del sector energético nacional; pues no se trata sólo de un sector estratégico desde el punto de vista económico y de las finanzas públicas, sino que es también factor clave en la política exterior y vital para la seguridad nacional, para el buen funcionamiento de las actividades productivas y el bienestar de de las familias mexicanas, aún así ese entendimiento nos lleva a recordar que existen relaciones entre las variables económicas, sociales, políticas, ambientales y de salud, que no puede ir una en detrimento de la otra.

Por lo tanto es oportuno rememorar que hace poco más de 25 años, el 11 de mayo de 1985, los científicos Joe Farman, Brian Gardiner y Jonathan Shanklin, descubrieron el agujero en la capa de ozono sobre el continente antártico. Señalando la enorme amenaza que representaba para el planeta, el medio ambiente y para todos los seres vivos. Poniendo de manifiesto la fragilidad de la Tierra ante la irracionalidad humana.

Y más recientemente en una entrevista con la BBC el científico Joe Farman, uno de los tres descubridores del agujero en la capa de ozono, criticó a los políticos por su accionar frente al cambio climático diciendo lo siguiente “Es una gran estupidez continuar aumentando las emisiones de CO2 cuando sabemos que es un gas contaminante”.

Y es que el asunto no es menor, la Agencia Internacional de Energía en numerosas ocasiones ha dicho que analizando las emisiones de bióxido de carbono (CO2), ocasionadas por la producción y el uso de energía fósil, entre 1970 y el año 2000 las emisiones mundiales de CO2 crecieron en 1.7 por ciento, y se prevé que entre 2000 y 2025 la tasa de crecimiento sea de 1.8 por ciento anual.

Llegados a este punto de la exposición hay que decir que la evidente relación entre la quema de combustibles fósiles, la emisión de gases de efecto invernadero, así como el deterioro ambiental y el daño a la salud humana son muy tangibles, por lo que es fundamental que los gobiernos comiencen a visualizar una transición energética hacia otras formas de energías más limpias.

Esto ya comienza a ocurrir, en pleno siglo XXI la mayoría de las potencias industrializadas y otros países emergentes están optando por aplicar políticas de Estado que les permitan usar energías limpias y abundantes con el objetivo de cubrir la demanda social, de las economías modernas y garantizar el cuidado del medio ambiente.

Y es que los beneficios que otorga el usar energías renovables y limpias son más que los saldos negativos, por ejemplo, son impulsoras del desarrollo y la comercialización de nuevas tecnologías, crean fuentes de empleos, conservan recursos energéticos no renovables, se aprovechan mejor energéticos endógenos cuantiosos actualmente ignorados, reducen gases de efecto invernadero –que son precursores de lluvias acidas y de partículas que pueden dañar gravemente la salud humana– etcétera.

Desde luego que sería injusto decir que México no ha tenido avances en la materia, recientemente se aprobó la Ley General de Cambio Climático, que permitirá a nuestro país implementar acciones para prevenir, enfrentar y contrarrestar los efectos del calentamiento global sobre el medio ambiente y garantizar una tasa cero de deforestación en bosques y selvas.

Además la ley prevé mecanismos para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero e impulsar la transformación de energía de combustibles fósiles al uso de tecnologías menos contaminantes con el fin de proteger el medio ambiente y la población.

Sin embargo esto no será suficiente, el país podría generar energía y evitar el daño al medio ambiente y a la salud de sus ciudadanos sin ningún problema, ya que tiene grandes posibilidades para utilizar fuentes de energías limpias y renovables pero para esto se requiere mayor regulación.

Sin embargo, a juzgar por los hechos parece que en el país la generación de energías limpias no se ha explotado como debiera, es urgente tener una visión de Estado para mantener el balance de los ecosistemas, garantizando el bienestar de los mexicanos y dando la oportunidad de posicionar estratégicamente a México en el mercado de una nueva industria energética, con lo cual permitiría al país entrar de lleno al protagonismo energético internacional.

La adaptación al cambio climático consiste en diseñar y aplicar una serie de medidas que permitan a los sistemas naturales y a las comunidades humanas incrementar su resistencia frente a los efectos adversos del cambio climático.

A esa demanda deberíamos sumar los desafíos de los nuevos tiempos para ser un país económicamente viable tales como: sustentabilidad del medio ambiente y capital humano para la etapa global de la “mentefactura”.

Lo único que hace falta es mayor voluntad política e incentivos económicos para fomentar el desarrollo científico y tecnológico en la materia.

Asimismo, requerimos un modelo económico que conciba al medio ambiente como potencializador de la economía, no como un objeto más de saqueo y voracidad.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se reforma el artículo 2, fracción I, de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Único. Se reforma y adiciona la fracción I, del artículo 2, de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Aprovechamiento sustentable de la energía: El uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética.

Garantizando en todo momento la salud de los mexicanos, así como una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía, con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas.

......

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados, a 30 de octubre de 2012.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

ESTADO DE GUERRERO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a celebrar un acuerdo de pago justo con las comunidades de Guerrero, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 76 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

En los últimos años, derivado de los altos cobros de energía eléctrica, se ha gestado un movimiento popular en Guerrero, lo mismo en la Costa Chica que en La Montaña.

La movilización se ha centrado en reducir las tarifas de luz en las regiones más pobres de Guerrero. Las protestas y demandas han sido articuladas por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que en reiteradas manifestaciones ha expresado sus peticiones, la última de ellas, en la Cámara de Diputados, el 18 de octubre del año en curso, donde incluso se signó una minuta para canalizar sus demandas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a través de la Junta de Coordinación Política. Participaron en la suscripción de la minuta por el Grupo Parlamentario del PRI mis compañeros diputados Pedro Pablo Treviño Villarreal y José Rangel Espinosa.

Los legisladores debemos saber combinar lo estructural con lo urgente. Lo primero implica un nuevo marco jurídico para que se establezcan criterios en los precios de la energía, lo segundo significa apoyar de inmediato a los más pobres. De acuerdo con sus peticiones, el monto económico es por el orden de 260 millones de pesos, por lo que se tiene que asumir el costo para garantizar los equilibrios.

La UPOEG exige desde hace varios años reducción de los altos cobros que hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las comunidades más marginadas de La Montaña y Costa Chica de Guerrero. Uno de sus dirigentes, Plácido Valerio, ha solicitado desde un principio una tarifa única preferencial de energía eléctrica para las comunidades más marginadas del estado.

Resulta inadmisible que las comunidades indígenas que sobreviven en la marginación y el rezago total, en la extrema pobreza, tengan que pagar una de las mayores tarifas del país. Insisto: no es justo y no lo podemos admitir, máxime que Guerrero genera 30 por ciento de la energía de México.

Debemos precisar que nuestros paisanos no se niegan a pagar el servicio a la CFE. La petición es que sea una tarifa justa que debe depender de un estudio socioeconómico.

La protesta, y lo sabemos, se extiende por toda la entidad, desde Acapulco hasta la Tierra Caliente, desde la Costa Grande hasta la zona norte, desde La Montaña y la Costa Chica hasta la zona centro. Buscar una justicia social es en esencia una solidaridad de todos con los sectores más desprotegidos, es un principio irrenunciable como representantes populares.

Por lo expuesto y fundado presento a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a celebrar un acuerdo de pago justo con las comunidades de Guerrero, atendiendo su situación socioeconómica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2012.— Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

REGLAMENTO DE LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar en el DOF el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta  al Ejecutivo federal a proporcionar información puntual sobre la situación actual que guarda la expedición del Reglamento General de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Que con fecha 1 de junio de 2006 se publico en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expidió la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, estableciéndose en el artículo octavo de los transitorios un plazo de un año calendario para que el Ejecutivo federal expidiera las disposiciones reglamentarias derivadas de esta ley.

Con fecha 3 de abril de 2008, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) su manifestación de impacto regulatorio  ordinaria para el anteproyecto denominado Reglamento General de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Reglamento).

Mediante oficio numero COFEME/08/1296, de fecha 21 de mayo de 2008, el coordinador general de manifestaciones de impacto regulatorio de la Cofemer emitió el dictamen final no total del Reglamento.

Que mediante oficio numero COFEME/09/1518, de fecha 20 de abril de 2009, el coordinador general de manifestaciones de impacto regulatorio de la Cofemer emitió el dictamen total final del Reglamento, quedando el Ejecutivo federal en condición de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.

Con fecha 19 de abril de 2012, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó ante la Cofemer una nueva versión del Reglamento, con motivo de diversas modificaciones generadas de la consulta y revisión intragubernamentales realizadas por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, así como con diversas dependencias de la administración pública federal, incluyendo a la paraestatal Petróleos Mexicanos.

Que mediante oficio COFEME/12/2348, de fecha 10 de agosto de 2012, el coordinador general de manifestaciones de impacto regulatorio de la Cofemer emitió un nuevo dictamen total final del Reglamento, quedando el Ejecutivo federal nuevamente y hasta la presente en condición de expedir su publicación en el Diario Oficial de la Federación ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo en términos de los siguientes

Considerandos

Primero. Con la entrada en vigor de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, publicada el 1 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, se modificó el marco legal que rige la navegación, al transporte marítimo mercante y al comercio marítimo, para lo cual evidentemente se requiere adecuar al mismo la regulación administrativa contenida en cuerpos reglamentarios que se expidieron bajo la vigencia de otras leyes que normaban las materias señaladas.

Segundo. Además, es la misma Ley de Navegación y Comercio Marítimos la que  así lo determina en los artículos transitorios, principalmente el octavo que señala que “el Ejecutivo federal deberá publicar los reglamentos de la presente ley en un año calendario a contar a partir de la fecha de publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación”.

Tercero. Actualmente la regulación en materia marítima mercante está dispersa en diversos reglamentos: la educación naval mercante, en el Reglamento para la Formación y Capacitación de los Tripulantes de la Marina Mercante; y para la expedición de títulos, refrendos, certificados, libretas de mar y de identidad marítima (DOF de 12 de noviembre de 1982), que tuvo sustento en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos de 1963 abrogada. La materia de navegación, permisos, registro público marítimo, matrícula y abanderamiento, pilotaje, en el Reglamento de la Ley de Navegación (DOF de 16 de noviembre de 1998), que responde a los criterios legales de la Ley de Navegación de 1994, abrogada. La inspección naval, en el Reglamento de Inspección de Seguridad Marítima (DOF de 12 de mayo de 2004), expedido con base en la Ley de Navegación de 1994 abrogada. Los servicios de turismo náutico, mediante el Reglamento de Turismo Náutico (DOF de 1 de octubre de 2004), emitido con base en las disposiciones de la Ley de Navegación de 1994, abrogada.

Cuarto. Con el nuevo cuerpo reglamentario propuesto se evitará esta dispersión de disposiciones y se adecua su contenido a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que responde sustancialmente a satisfacer los requerimientos nacionales de la marina mercante y al cumplimiento de lo previsto en el ámbito mundial a través de los principales convenios internacionales que rigen lo correspondiente a la seguridad de la navegación (construcción, equipo y prescripciones operacionales, Convenio SOLAS) como la prevención de la contaminación (Convenio MARPOL), educación de la gente de mar (Convenio STCW) y otros de igual rango.

Quinto. Además se incorporan en el anteproyecto temas contenidos en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que no estaban en la Ley de Navegación que se abrogó y que requieren de un adecuado marco administrativo para su debida observancia como es el caso del abanderamiento cuando se otorguen permisos temporales de navegación, la autorización de los agentes navieros, el tema de los seguros aplicables a la materia marítima, las medidas de prevención de la contaminación marina, la organización del tráfico marítimo; de igual forma, se actualizan las disposiciones de reglamentos que se emitieron bajo la vigencia de la ley anterior y que respondieron a un contexto diferente al actual, como es el caso de la educación naval mercante, otros que deben actualizarse como la inspección naval o los que requieren disposiciones específicas como el señalamiento marítimo.

Sexto. El riesgo de no contar con una regulación administrativa actualizada es favorecer la problemática existencia de criterios administrativos poco claros al aplicar la ley con reglamentos que no están basados en la misma, lo que puede generar la afectación directa al derecho de los usuarios y que se dé una carga de discrecionalidad a favor de la autoridad, la cual adicionalmente estaría incumpliendo el mandato dictado en la ley que ordenó la expedición de reglamentos para la propia ley.

Séptimo. Actualmente, las autoridades deben resolver los asuntos que surjan o que le sean planteados por los particulares, con una regulación administrativa desactualizada e interpretar las disposiciones de la nueva ley con ordenamientos administrativos que respondieron a otros momentos del marco legal nacional e internacional. La anterior problemática se resolverá con la existencia de este nuevo ordenamiento, que se presenta como Anteproyecto, ya que estará sustentado en la propia Ley de Navegación y Comercio Marítimos, lo que evitará que las autoridades que lo apliquen recurran a criterios de ordenamientos administrativos no basados en dicha ley.

Octavo. De acuerdo con su naturaleza jurídica, este proyecto reglamentario tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en la esfera administrativa para mejor proveer al cumplimiento de lo previsto por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en sus distintos títulos y capítulos que la integran. En este reglamento se incluyen todos los temas que atiende dicha ley y que deben reglamentarse, por lo cual no sería necesario expedir otros.

Noveno. Con la entrada en vigor del Reglamento se evitará la actual dispersión de los ordenamientos administrativos de la ley anterior, lo que sólo causa inseguridad a los particulares, empresas y usuarios de los servicios de la autoridad marítima o a quien debe defenderse de los actos de la misma y que para hacerlo debe consultar varios reglamentos; con este nuevo reglamento encontrarán en un solo cuerpo normativo los distintos temas que comprende la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, trátese de navegación, educación naval mercante, seguros marítimos, inspección naval, registro público marítimo, abanderamiento y matrícula de embarcaciones y artefactos navales, prevención de la contaminación marina, etcétera.

Décimo. El sustento legal del Reglamento se encuentra en lo previsto por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su contenido se busca el adecuado y sustentado ejercicio de las atribuciones que como autoridad marítima mercante tiene el Titular del Poder Ejecutivo federal y que ejerce a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según se previene en los artículos 7, fracción I, 8, fracciones I, II, V, VIII, IX, XIII y XIV, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, así como las correspondientes del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en las que se prevé que le corresponde regular, promover y organizar la marina mercante, regular el transporte por agua, así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales, las actividades de servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente operación y funcionamiento.

En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a instruir a los funcionarios que tiene dignamente a su cargo a fin de que se publique el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en el Diario Oficial de la Federación.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2012.— Diputado Germán Pacheco Díaz (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, para dictamen.

COMISION ESPECIAL DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la agroindustria azucarera, a cargo de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 6 fracción I, 79, numeral 2, 205, numeral 1, y 207, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de la agroindustria azucarera, con base en las siguientes

Consideraciones

La agroindustria azucarera del país pudo estabilizarse a partir de que se expidió la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, las Comisiones Especiales de la Agroindustria Azucarera que han venido trababjando en las últimas legislaturas, demostraron la importancia de este espacio legislativo y su influencia en la estabilidad del sector azucarero en los últimos diez años.

En los últimos diez años el volumen de producción promedio anual de caña de azúcar fue de 47.2 millones de toneladas con una tasa media anual de crecimiento de 1.4%. El principal productor de caña de azúcar durante este periodo es Veracruz con un promedio de 18 millones de toneladas por hectárea, superior al de Jalisco, San Luís Potosí, Oaxaca, Tamaulipas, Chiapas, Sinaloa, Nayarit y Tabasco, toda vez que su producción promedio es menor a los 6 millones de toneladas en cada uno.

El azúcar se elabora en seis regiones de México y la zona más grande es la del Golfo de México y que está compuesta por los estados de Veracruz con 25 ingenios, Oaxaca con 3 ingenios y Tabasco con 4 ingenios, la segunda zona en importancia se ubica en la región del Pacífico, en donde se produce el 22% del total nacional, cuenta con un total de 12 ingenios distribuidos 6 en el estado de Jalisco, 3 en el estado de Michoacán, 2 en Nayarit y 1 en Colima, la tercera región se ubica en los estados de San Luís Potosí con 4 ingenios, el estado de Tamaulipas con 2 ingenios y 2 ingenios más al norte de Veracruz.

La agroindustria azucarera del país deberá de convertirse en la palanca de desarrollo en la producción de energías renovables y principalmente de etanol,  la producción de energías renovables llevaría a reactivar el campo mexicano y generar millones de nuevos empleos

El constituir la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera para un nuevo periodo legislativo está justificado, toda vez que ante la reforma energética se tendrá que definir la utilización de etanol como combustible sustituto o auxiliar en los motores de combustión interna, Petróleos Mexicanos como uno de los principales compradores del etanol y no descartando la producción para la exportación.

También la constitución de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera para un nuevo periodo legislativo es importante, para garantizar que los productores de caña de azúcar no queden excluido de la producción de bioenergía, esto en virtud, de que empresas como la automotriz y las trasnacionales de energía, sólo quieren utilizar al campo cañero para obtener millonarios beneficios y solo pagar la renta de la tierra a sus dueños

En este sentido el Estado mexicano deberá de garantizar que en la producción de bioenergía y etanol participen los abastecedores de caña de azúcar de los quince estados de la República mexicana, esto en virtud de que el desarrollo tendría un impacto en las regiones cañeras.

La constitución de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera para un nuevo periodo legislativo no iniciaría de cero, existe información suficiente en el archivo histórico y en la memoria legislativa del Congreso de la Unión del trabajo realizado por las anteriores legislaturas, se realizaron importantes eventos como: foros, seminarios, encuentros con investigadores y científicos, entre los rectores de las universidades de los estados productores de caña, con los actores de la cadena productiva como abastecedores de caña, industriales, sindicatos y funcionarios de los gobiernos de los estados de la república y de la federación, los trabajos legislativos concluyeron con un amplio diagnostico de la agroindustria azucarera del país.

El diagnóstico integral sobre la situación nacional de la agroindustria azucarera del Senado de la República de la LX Legislatura, señala que los productores  o abastecedores de caña de azúcar, los industriales, los gobiernos federal y de los estados de la República productores de caña tienen que participar en la constitución del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar (Cictcaña).

Las experiencias exitosas de la agroindustria azucarera en las Repúblicas de Colombia con el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia y Guatemala con el Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar, confirman que en México se tiene que constituir el Cictcaña, para poder ingresar a los países de América latina que producen energías renovables.

La Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera para este nuevo periodo legislativo deberá de consolidar y apoyar con las partidas presupuestales la innovación, la transferencia y el desarrollo tecnológico del campo cañero, con esta infraestructura y en los próximos seis años de trabajos legislativos se tendrá que transformar la agroindustria azucarera del país.

Por todo lo anterior, presento al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura constituya la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera, la cual  tendrá como objetivo dar seguimiento a los trabajos legislativos realizados en las pasadas legislaturas, así como también lograr la modernización de este importante sector de la economía mexicana.

Palacio Legislativo, a 30 de octubre de 2012.— Diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

LAMPARAS FLUORESCENTES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a diseñar e implantar con las entidades federativas un programa de gestión integral de lámparas fluorescentes que hayan cumplido su vida útil, a cargo de la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según un informe de la Dirección de Proyectos de Agua, Suelo y Residuos de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, las lámparas fluorescentes son una de las fuentes de iluminación disponibles más eficientes en el uso de energía. Los tubos de lámparas fluorescentes contienen una pequeña cantidad de mercurio mezclado con argón en forma de vapor (gases), el cual dirige el flujo de la corriente eléctrica en el tubo.

Muchas instalaciones (hogares, oficinas, instituciones, centros asistenciales y educacionales u otras) generan intermitentemente gran número de residuos de lámparas fluorescentes con contenido de mercurio.

Cuando los tubos de estas lámparas se rompen, liberan de su interior vapores de mercurio mezclado con argón, sumamente tóxicos que afectan la salud humana y el ambiente, con la posibilidad de contaminar los cuerpos de agua, superficial y subterránea (filtración de lixiviados), del suelo, aire y seres vivos. Los elementos más frecuentes de contaminación de suelos provocados por la mala disposición final de los residuos de lámparas fluorescentes son los metales como el mercurio, zinc, níquel, cadmio, plomo y manganeso.

Los residuos de lámparas fluorescentes tienen origen domiciliario, y se consideran peligrosos por sus características.

La duración de estas lámparas se sitúa entre 5 mil y 7 mil horas. Su vida termina cuando el desgaste de la sustancia emisora que recubre los electrodos (hecho que se incrementa con el número de encendidos) impide el encendido al necesitarse una tensión de ruptura superior a la suministrada por la red. Además de esto, debe considerarse la depreciación del flujo provocada por la pérdida de eficacia de los polvos fluorescentes, y el ennegrecimiento de las paredes del tubo donde se deposita la sustancia emisora.

El mercurio es un elemento que hay en la naturaleza en diferentes modalidades, ya sea en forma metálica (de color plateado y líquido), de vapor o gas, combinado con otros elementos (como cloro, sulfuro u oxígeno) para formar sales orgánicas; o bien, formando compuestos orgánicos (como el metilmercurio o el familmercurio), los cuales también pueden presentarse en forma de sales. A través de procesos naturales, en los que pueden intervenir microorganismos, el mercurio inorgánico puede ser transformado lentamente en mercurio orgánico.

En los residuos urbanos es común encontrar mezclados residuos de lámparas fluorescentes con contenido de mercurio, los cuales históricamente han sido dispuestos en los rellenos sanitarios en el mejor de los casos o en los tiraderos al aire libre donde se llevan a cabo emisiones a la atmósfera por la volatilización del mercurio, y la filtración de lixiviados de este tipo de residuos a los depósitos de agua subterránea.

El mercurio está continuamente recirculando en los compartimentos ambientales, a lo cual se agrega su metilación a través de procesos biológicos, y su bioacumulación en diferentes organismos vivos.

La contaminación del suelo y de los cultivos agrícolas ocurre tanto por el depósito de las partículas del aire como de la irrigación de cultivos o su fertilización con aguas o con lodos de plantas de tratamiento de agua residual con elevadas concentraciones de mercurios de origen industrial.

Ya que se le encuentra normalmente en la naturaleza y múltiples fuentes antropogénicas lo emiten al ambiente, todos podemos llegar a exponernos a bajas concentraciones de mercurio a través del aire (inhalación), el agua y los alimentos (ingestión).

El mercurio en el medio acuático se acumula en la biota conforme aumenta su edad, y se biomagnifica en cada uno de los niveles tróficos que constituyen la cadena alimentaria. Por lo anterior, y de acuerdo con el Programa Internacional de Seguridad Química de la Organización Mundial de la Salud, la forma más peligrosa de exposición deriva de la ingestión de pescado que contenga niveles elevados de metilmercurio.

En contacto con el agua, el mercurio se transforma en potente veneno cuyo efecto tarda unos 50 años en desaparecer. Afecta a animales y plantas, y –por la cadena alimenticia– también al hombre.

Los elementos más frecuentes de contaminación de suelos provocados por la mala disposición final de los residuos de lámparas fluorescentes son los metales como el mercurio, zinc, níquel, cadmio, plomo y manganeso.

La exposición a concentraciones elevadas del mercurio puede provocar daños permanentes en el cerebro, los riñones y en los fetos en desarrollo. El sistema nervioso es muy sensible a los efectos del mercurio, los cuales se manifiestan por distintos tipos de desórdenes que son más graves conforme la exposición aumenta: irritabilidad, nerviosismo, temblor, cambios en la visión y audición, problemas de memoria.

Por las anteriores consecuencias, si se rompe una ampolleta fluorescente son necesarias varias medidas. No tocarlas con las manos desnudas. No inhalar el vapor que se desprende. Utilizar guantes de goma para recoger los restos. Se deben colocar los fragmentos de vidrio en una bolsa plástica sellada. No se debe utilizar la aspiradora eléctrica para limpiar los restos. Desalojar a las personas de la habitación al menos por 15 minutos y ventilar bien el ambiente. Hay que evitar a toda costa su eliminación en la basura común.

Aun cuando la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define como materiales peligrosos los elementos, las sustancias, los compuestos, los residuos o las mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, representen un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infeccionas, la misma ley, en el artículo 150, menciona que los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados de acuerdo con su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reúso, reciclaje, tratamiento y disposición final.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos manifiesta en el artículo 31 que estarán sujetos a un plan de manejo algunos residuos peligrosos, entre ellos las lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio.

Pero la realidad es otra: en el país no hay un programa de gestión integral para las lámparas fluorescentes una vez que han cumplido su vida útil.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar e implantar con las entidades federativas un programa de gestión integral para las lámparas fluorescentes que hayan cumplido su vida útil.

Notas:

1 http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/06/lamparas.pdf

2 http://www.lenntech.es/periodica/elementos/ar.htm

3 En general se denomina lixiviado el líquido resultante de un proceso de precolación de un fluido a través de un sólido. El lixiviado generalmente arrastra gran cantidad de los compuestos presentes en el sólido que atraviesa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2012.— Diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

COMISION ESPECIAL DE MINERIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de minería, a cargo del diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Adolfo Bonilla Gómez, perteneciente a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 79, numeral 1, fracción, II; numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ésta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La minería es una actividad económica primaria que se refiere a la exploración, explotación y aprovechamiento de minerales y cuya importancia radica en ser el primer eslabón de la cadena productiva de las industrias; la tendencia a nivel mundial es utilizar minerales para la creación de nuevas tecnologías, basta señalar que la plata se utiliza para crear aparatos electrónicos, convertidores catalíticos de automóviles, instrumentos médicos, ropa, herramientas fotográficas, joyería, entre otros. El oro se usa como medicamento para tratar el cáncer, partes de computadoras, circuitos de naves aeroespaciales, etcétera.

Nuestro país cuenta con una amplia riqueza de minerales en todo el territorio nacional, tanto metálicos como no metálicos, además de yacimientos de clase mundial como son las salinas de Guerrero Negro en Baja California Sur; el yeso de la Isla San Marcos y de la costa oriental de la península de Baja California; Las Cuevas en San Luis Potosí, la más importante de fluorita; y Proaño en Fresnillo, Zacatecas, la mina de plata más rica y grande del mundo.

A nivel internacional, México es el primer productor de Plata, el tercero en Bismuto, quinto en Plomo, noveno en Oro y décimo primero en Cobre. Los principales estados mineros de la República Mexicana son: i) Sonora, primer lugar en la producción de Aluminio, Cobre, Molibdeno y Oro; ii) Zacatecas, primer lugar en Plata, Zinc y Cadmio; iii) Chihuahua, primer lugar en Plomo y Pizarra; iv) Coahuila, primer lugar en Antimonio, Bismuto, Fierro y Carbón; v) San Luis Potosí, primer lugar en Fluorita; y vi) Durango, primer lugar en Bentonita y Perlita.

Datos de Pro México, indican que el valor de la producción minera durante el 2011 fue de 16,761 millones de dólares (mdd), lo que representó un crecimiento de 48 por ciento respecto a 2010 (11,298 mdd); y se estima que el sector minero mexicano tendrá un crecimiento anual de 2% hasta 2014.

Igualmente, datos de ese organismo federal señalan que en la presente administración se captaron 16,700 mdd en Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector minero, 224 por ciento más que lo recabado en todo el sexenio anterior (5,159 mdd). Durante 2011 la IED total aumentó 42.7 por ciento respecto a 2010, pasando de 3,316 mdd a 4,731 mdd.

Es claro que la industria minera es clave para el desarrollo de México y que sin duda es una fuente generadora de trabajo; al mes de diciembre de 2011 registró un total de 309,725 empleos directos.

No es desconocido para nadie las problemáticas históricas a la que se han enfrentado los trabajadores de éste sector con las empresas mineras del país, por lo que como legisladores debemos estar atentos y colaborar y coadyuvar con el titular del Ejecutivo Federal en la mediación de intereses, velando por el sector industrial y protegiendo los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Es justo mencionar que en la pasada legislatura el Diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó dos puntos de acuerdo (23 de septiembre de 2009 y 16 de febrero de 2010) para crear una Comisión Especial que atendiera la problemática minera.

En razón de lo anterior la LXI legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados el 23 de febrero del 2010, creo la Comisión Especial “para dar seguimiento a la problemática surgida de los conflictos mineros en el país.”

Asimismo, en la presente legislatura compañeros Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática han presentado dos puntos de acuerdo:

El primero de fecha 11 de septiembre de 2012, en el que solicitan la creación de la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Problemática Surgida de los Conflictos Mineros en el País.

El Segundo de fecha 18 de octubre del presente año, en el que solicitan la creación de la Comisión Especial para Solucionar la Problemática de los Mineros de Cananea y de toda la República Mexicana.

Es claro que existe el interés de compañeros diputados en crear una comisión especial que atienda la problemática de los trabajadores mineros, pero estoy convencido que se debe instalar una comisión especial que atienda de manera integral la dinámica de este sector, por ser la minería de gran importancia para la economía nacional y por el promisorio panorama que ésta advierte en diversos estados de la república mexicana. Su efecto en la generación de empleos directos e indirectos, la atracción de mayores inversiones, el desarrollo de proveedores de bienes y servicios para las empresas de este ramo y un mayor beneficio para las localidades donde se explotan fundos mineros deben ser elementos relevantes a considerar para la creación de dicha comisión.

Debo destacar que por su solidez, la minería fue el único sector que resistió los efectos de la más reciente crisis global, ya que en 2009, cuando la economía mundial se contrajo 6.1 por ciento, dicho sector —aunque a un ritmo moderado— mostró una expansión de 2.7 por ciento en ese lapso.

Por tal motivo esta soberanía debe de considerar de suma importancia, la creación de la comisión especial que se solicita se constituya y en virtud que el artículo 42 de la Ley Orgánica, otorga al pleno la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c) del mismo ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer al pleno la integración de las comisiones, es por lo que someto al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.Se crea la Comisión Especial de Minería.

Segundo.El objetivo de esta Comisión será el que se deriva de su denominación.

Tercero.La Comisión estará integrada por el número de legisladores que determine la Junta de Coordinación Política respetando la proporcionalidad.

Cuarto.Esta Comisión estará vigente hasta el término de la presente legislatura y el acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su aprobación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de octubre del 2012.— Diputado Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a diseñar e instaurar con las autoridades de salud de Baja California una política inductiva dirigida a proteger a las menores de edad embarazadas, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad con datos de la Secretaría de Salud del estado de Baja California, actualmente, 3 de cada 10 mujeres embarazadas son adolescentes; sin embargo, en Tijuana, 4 de cada 10 embarazos son de adolescentes entre los 14 y 19 años, lo que implica el aumento de un punto porcentual respecto de 2009.

En este mismo sentido, de acuerdo con datos del Inegi, al 2010, último año del que se tiene información, Baja California ocupaba el sexto lugar a nivel nacional, hablando de madres adolescentes (menores de 20 años), con casi el 20.3% del total de los embarazos registrados en la entidad.

A nivel mundial, México ocupaba el lugar 55, con 70 embarazos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, en 2011, lo anterior, según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

Por su parte, para febrero de este año, en Mexicali, se registró un aumento de embarazos entre adolescentes menores de 19 años de edad, alcanzando en seis meses un total de 1 mil 605 casos registrados en el Hospital Materno Infantil, de los que, 45, son de niñas menores de 14 años.

Un embarazo a tan corta edad, significa que existe más riesgo de tener complicaciones, además de tener un parto prematuro y de alto riesgo, tanto para ellas, como para la vida y salud del menor, debido a que el aparato reproductor no está bien formado y por ende no puede soportar el peso de un bebé.

Además de estas complicaciones, al nacer el bebé, no se tiene la garantía de que mentalmente se encuentren bien, ni que tengan complicaciones en su desarrollo; también, es común que pasen las primeras dos, tres o cuatro semanas en el hospital, debido a que no nacen suficientemente de-sarrollados para poder vivir autónomamente.

Independientemente de los problemas de salud, existen datos que muestran que el 92 por ciento de las mujeres adolescentes, que resultan embarazadas, abandonan sus estudios y, debido a su falta de preparación, se ocupan en trabajos con bajos sueldos, lo que significa que no podrán cubrir, de manera satisfactoria, todas sus necesidades.

También, los embarazos en adolescente, generan un mayor gasto presupuestal, pues tanto madres como hijos tienen que ser atendidos, en su mayoría, en hospitales públicos, recibir programas de apoyo como becas salariales, educativas, recursos para microempresas o capacitación laboral.

Estamos conscientes que un embarazo precoz genera problemas biológicos a las adolescentes, así como educativos, médicos, económicos, familiares y sociales, por lo que es necesario reforzar las campañas de educación sexual y prevención de embarazos.

Debemos enfrentar esta problemática de manera integral, no podemos seguir atacando sólo un flanco, dejando de lado ciertos aspectos que son igual o más importantes para lograr una solución a esta situación.

En este sentido, es evidente la necesidad de que los padres hablen con sus hijos y les expliquen que la sexualidad es algo natural, que tendrán emociones, sensaciones y sentimientos, que los hará querer explorar, pero con responsabilidad; es decir, es menester que la educación sexual comience con los padres y que no sea delegada, al 100%, a las escuelas.

También, es necesario que el Gobierno Federal y el Estatal destinen mayores recursos para mejorar y ampliar las estrategias de educación sexual y prevención de embarazos entre adolescentes. Y no es inventar el hilo negro, sólo es poner en práctica lo establecido en el Programa Nacional de Salud 2007-2012 (PRONASA), el que a la letra dice:

“Dado el alto porcentaje de embarazos en menores de 20 años, los servicios de salud deben tomar en cuenta de manera prioritaria a los adolescentes en el diseño de sus políticas de salud reproductiva.”

Sólo atacando el problema de raíz, de forma integral y responsable, se podrá dar vuelta a esta realidad social tan preocupante, a la que nos enfrentamos en Baja California.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a que, en coordinación con las Autoridades de salud estatales de Baja California, diseñen e instrumenten una nueva política pública inductiva, que tenga, como objetivo principal, la protección de las menores de edad que se encuentran embarazadas; además de contar con una campaña permanente para alertar, informar y mitigar este problema.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 30 días del mes de octubre de 2012.— Diputado Fernando Castro Trenti (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

ALBERGUES TEMPORALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer albergues temporales para los familiares de niños originarios de los estados de la república que se encuentran internados y carecen de apoyos con los cuales enfrentar los periodos de hospitalización, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las y los niños enfrentan en conjunto situaciones difíciles de superar, muchas de ellas se incrementan y recrudecen en su impacto, encontrándose entre ellas; la pobreza y pobreza extrema, la exclusión social; la falta de educación, la discriminación étnica y de género; la violencia de la cual son víctimas las y los niños en sus hogares; los desplazamientos; la migración desde las zonas rurales a las urbanas, el abandono y la pérdida de los padres a causa de conflictos y/o enfermedades.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que en nuestro país la población infantil asciende a 32.5 millones de niñas y niños de 0 a 14 años de edad, en términos relativos representan 29% de la población total. Las y los niños transitan por varias etapas en las que se identifican necesidades básicas que garantizan su pleno desarrollo.

En los primeros años de vida resulta crucial la sobrevivencia de los menores, por lo que cumplir los cinco años de edad es un logro importante, sobre todo, para aquellos que enfrentan un contexto de pobreza, desnutrición y un medio ambiente poco adecuado para su salud; después de esta edad, asistir a la escuela y recibir una educación de calidad resulta esencial para desarrollar sus potencialidades y ampliar las oportunidades que permitan mejorar su calidad de vida.

Definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es; un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es de suyo, un valor con amplio reconocimiento y anhelo para ser detentado por toda persona. Más aún cuando la persona que le demanda es una niña o niño.

En el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se establece que las y los niños tienen derecho a disfrutar del nivel más alto de salud posible, acceso a servicios para prevenir, tratar y rehabilitarse de enfermedades e insta a las naciones a reducir la mortalidad infantil, asegurar la seguridad social y la atención sanitaria, así como promover la seguridad alimentaria. Considerando que las y los niños es un grupo vulnerable que depende de las y los adultos para su cuidado y desarrollo y representa a largo plazo, la fuerza de trabajo de la sociedad entonces, cuidar de su salud debe considerarse como una inversión y un aspecto fundamental que debe formar parte de las políticas de los países.

Entre las enfermedades más comunes que se pueden detectar en la población infantil se encuentran; las infecciones, que se caracterizan por su rápida transmisión, la obesidad, la diabetes, el cáncer y enfermedades que pueden evitarse con la vacunación. Conforme las y los niños crecen, enfrentan problemas de salud que en ocasiones requieren de atención hospitalaria.

Durante 2009, la principal causa de hospitalización en las y los niños menores de 1 año fueron las afecciones originadas en el periodo perinatal (62.8%); para los de 1 a 4 años otras enfermedades del aparato respiratorio (24.3%) y en las y los niños de 5 a 14 años las enfermedades de otras partes del aparato digestivo (15.8% en niñas y niños de 5 a 9 años y 17.4% de 10 a 14 años). Llama la atención que los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas, aparecen entre las primeras tres causas de morbilidad hospitalaria a partir de los 5 años de edad; así como que la atención de partos sea la sexta causa entre la población de 10 a 14 años, lo que permite identificar un importante problema de salud pública; el embarazo adolescente.

Otras cifras del Inegi, indican que en la década del 2001 al 2010, fallecieron en promedio 31,991 niñas y niños antes de cumplir el primer año de vida; de ellos, 68 de cada 100 fallecieron por causas perinatales (afecciones cardiacas y respiratorias,); 20 de cada 100 por malformaciones congénitas; 5 de cada 100 por enfermedades infecciosas o parasitarias; 3 de cada 100 por accidentes o agresiones; y 2 de cada cien por desnutrición. Las magnitudes son gigantescas; además en los 10 años considerados, por desnutrición han muerto 5,777 niñas y niños, y por accidentes o agresiones el total es de 13,346.

Cuando se presenta la enfermedad de un menor generalmente es un suceso que alarma y altera el ámbito familiar en su conjunto y es entonces cuando se inicia una larga ruta de angustia y problemas de diversa índole que es indispensable resolver aún cuando se enfrenten fuertes limitaciones, sobre todo económicas.

Pero, qué sucede cuando los requerimientos para alcanzar la salud de un menor se encuentra fuera del espacio territorial en el que habita quien enfrenta el padecimiento físico y por supuesto su familia. Lejos de los servicios de salud, hospitales y/o clínicas y sí además, no se cuenta con los requerimientos necesarios para atender el padecimiento en cuestión.

El desplazamiento al Distrito Federal o a las capitales de los estados resulta angustiante –por decir lo menos- sobre todo por todo lo que incluye el hecho; la preocupación por la o el enfermo, el desplazamiento territorial, la intranquilidad por la atención del resto de los miembros de la familia, los costos económicos y a quién recurrir si no se cuenta con redes de familiares o amigos que puedan apoyar en la etapa de hospitalización de las y los menores.

Es deprimente el observar que, sumado al deterioro y falta de recursos que enfrenta el sector salud a nivel federal y local, se es testigo noche a noche de como en las unidades hospitalarias, un número indeterminado de personas en su mayoría mujeres, pernoctan en sillas o sobre los pisos en espera de informes sobre sus enfermos. Pero la realidad es que la carencia de recursos económicos para albergarse en un hotel y en muchos casos sin probar alimentos por la misma causa, les obliga a estar ahí en esas condiciones sin importar el hambre o el frio.

Como se sabe, el acercamiento a los espacios de la salud para sus familiares tradicionalmente por asignación cultural son, responsabilidad, preocupación y labor fundamentalmente femenina. El cuidado de la salud de las y los integrantes del hogar y la atención a enfermos o discapacitados de cualquier edad, son tareas “naturalmente” establecidas a las mujeres tanto al interior de las unidades domésticas como a nivel comunitario.

En el cuidado de la salud de las y los otros, las mujeres invierten mucho tiempo, que podrían dedicar a otro tipo de actividades, generalmente por cuidados de salud y por muchos otros, no obtienen remuneración alguna y su trabajo, esfuerzo y dedicación en este sentido son poco valorados por la familia, la sociedad e, incluso, por ellas mismas quienes muchas veces relegan a un segundo plano el cuidado y observancia de su propia salud. Cabe señalar que un gran número de madres solteras, mujeres abandonadas o divorciadas, tienen a su cargo el cuidado y sustento total de sus familias.

Es entonces, motivo de preocupación el observar y prever que el desgaste físico y emocional que vive una madre o padre que enfrenta la enfermedad y riesgo de la vida de una hija o hijo, traerá como consecuencia repercusiones en su propia salud, y a la postre tendremos más de un paciente que requiera de atención medica u hospitalaria.

Por ello, consideramos necesario que de manera pronta y efectiva, el sector salud implemente refugios temporales para los familiares de las y los menores que son pacientes hospitalizados del sector. Donde estas personas puedan contar con espacios adecuados para descansar, asearse y contar con alimentos que puedan restituir mínimamente su energía y ánimo para enfrentar el duro trance que les ha tocado vivir.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que establezca albergues temporales para los familiares de niñas y niños originarios de los diferentes estados de la República que se encuentran hospitalizados y que carecen de apoyos familiares y económicos para enfrentar los periodos de hospitalización.

Notas:

1 Unicef Guatemala. http://www.unicef.org/guatemala/spanish/children_1165.htm, marzo de 2012.

2 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946.

3 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OACDH]. Convención sobre los Derechos del Niño, 2007. http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm, marzo de 2012.

4 Organización Mundial de la Salud. Diez datos acerca del desarrollo en la primera infancia como determinante social de la salud,2012.http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/de velopment/10facts/es/, marzo de 2012.

5 Inegi, Estadísticas a propósito del Día del Niño, México, abril de 2011.

6 Mario Luis Fuentes, Muertes infantiles: una realidad inaceptable. CEIDAS, Excélsior, 22-Mayo-2012 p. 20.

Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2012.— Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.