Presidencia del diputado Jesús Murillo Karam

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 265 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (a las 11:08 horas) Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 31 de octubre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Elizabeth Vargas Martín del Campo y Erick Marte Rivera Villanueva.

De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal

Por la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 105 aniversario luctuoso de Jesús García Corona, “Héroe de Nacozari”, Sonora, que tendrá lugar el 7 de noviembre a las 10:00 horas.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos al diseño de un proyecto integral para enfrentar los efectos de las tormentas, en el estado de Veracruz, y al diseño, difusión y refuerzo de las estrategias encaminadas al deporte paralímpico.

Con el que remite la información relativa a las contrataciones por honorarios celebradas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al tercer trimestre de 2012.

Del Congreso del estado de Guanajuato

Con el que remite acuerdo aprobado para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2013, se considere en las erogaciones para la educación pública un conjunto de ampliaciones para los ramos 11, 25 y 33.

Del Congreso del estado de Coahuila

Con el que remite acuerdo aprobado, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2013, se eleven y diversifiquen los recursos en materia de educación, deporte, cultura y emprendimiento, a favor de la juventud de México.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

Agenda política

Comentarios relativos a la caravana de madres de inmigrantes desaparecidos procedente de Centroamérica, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Iniciativas

Que reforma los artículos 2o., 3o., 8o. y deroga el artículo 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Ma. Concepción Navarrete Vital, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, en materia de derecho de réplica, y reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ángel Ávila Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por la Dip. Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 211 Bis 8 al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Samuel Gurrión Matias, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 33 Bis a la Ley Agraria, a cargo del diputado Salvador Arrellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo y suscrita por el Dip. Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que se otorguen facilidades administrativas para la regularización de concesiones no renovadas de usuarios de aguas subterráneas que realicen actividades de carácter agropecuario, a cargo del diputado Abraham Montes Alvarado y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SHCP, a fin de que constituya el Fondo para el Cambio Climático, previsto en la Ley General de Cambio Climático, antes del 6 de diciembre, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía expresa su condena por el asesinato de los activistas del Barzón, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, ocurrido el 23 de octubre de 2012 en el estado de Chihuahua, y se solicita el esclarecimiento de los hechos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Soberanía, para que promuevan que la solicitud de la carta de no antecedentes penales, salvo en los casos y excepciones que establezca la Ley, no sea utilizada como una forma de discriminación y exclusión en el ámbito laboral de nuestro país, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Atención de las Rutas Gastronómicas de México, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al diputado Federico José González Luna Bueno, a excusarse de participar en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, a prescindir del uso de la prueba del polígrafo en procedimientos de control de confianza, de selección de personal y en las evaluaciones periódicas a los miembros de las corporaciones policiacas, de los órganos de procuración de justicia y de reinserción social, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de los titulares de la Secretaría de la Salud, del IMSS y del ISSSTE, se implemente un mecanismo a nivel nacional que permita el cruce de padrones de sus afiliados, a cargo del diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la Semarnat a participar en el Análisis del “III Foro Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad”, a fin de reforzar las acciones que permitan cumplir en el año 2014 con el compromiso nacional de la década de la educación para el desarrollo sustentable, a cargo del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la necesidad de evitar que se sigan suscitando agresiones en contra de periodistas, asimismo se solicita la creación de una Comisión Especial para la Defensa de la Libertad de Expresión, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desarrollo metropolitano, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo en relación a los asesinatos suscitados en el estado de Chihuahua en contra de la niñez, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el Desarrollo Integral de la Familia, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos derivados de la vid, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Quintana Roo, para que implemente las acciones necesarias para completar el proceso de certificación de policías estatales y municipales, antes del 15 de diciembre del presente año, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Chihuahua para que actualice las disposiciones contenidas en su Código Civil, a efecto de reconocer, salvaguardar y garantizar la dignidad de las mujeres y la infancia, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo de la conmemoración de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame la Secretaría. Tengo una antes, se las voy pasando. Primero el diputado Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Gracias, señor presidente. Solicitarle muy amablemente someter a consideración del pleno la posibilidad de incluir un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, o bien en la agenda política, mediante el cual todos los integrantes de la Comisión de Protección Civil proponemos que esta Cámara exprese su solidaridad con los migrantes mexicanos afectados por el huracán Sandy, así como solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores redoble sus esfuerzos para atender a nuestros compatriotas.

La petición deriva, señor presidente, del hecho de que la agenda de esta sesión fue definida el lunes pasado, el día de antier, en un momento en que era imposible prever la necesidad de este punto de acuerdo de obvia o urgente resolución. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Señor diputado, esta Presidencia le solicitaría un favor; creo, como usted, que el pleno puede tomar ese tipo de decisiones, pero también creo que necesitamos regular nuestras sesiones de la mejor manera posible.

Quiero hacerle una sugerencia, que nos podría resolver el problema. Vamos a seguir el trámite normal, solicíteselo a la Junta y que en el curso de esta sesión nos lo proponga, para que lo pueda hacer yo en los términos normales, ¿le parece bien?

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Por supuesto que sí, con mucho gusto haremos ese planteamiento. Gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Entonces, le encargo que lo haga y después me pase el resultado. Ahora, diputado, a sus órdenes.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz(desde la curul): Gracias, señor presidente. Solo quiero solicitarle a usted lo siguiente. Esta Cámara de Diputados ha dado cuenta en innumerables ocasiones de hechos lamentables, eventos luctuosos o circunstancias penosas para la vida de la República, razón por la cual se han —en repetidas ocasiones— planteado minutos de silencio.

En esta ocasión, la propuesta que quiero plantearle a usted para que ponga a consideración del pleno es diferente y va en el siguiente sentido. El día de ayer todos fuimos informados que en la Ciudad de México, la ciudad capital de todas y todos los mexicanos, se ha puesto en marcha la Línea 12 del Metro; es una obra que a nivel de Latinoamérica es de las más importantes en el hemisferio y esta obra fue hecha realidad con el concurso y la competencia, tanto de este Poder Ejecutivo, que es el que determina el Presupuesto, como en su momento el Poder Legislativo, que es quien dotó de recursos para esta importantísima obra. En tal virtud, la política y los políticos deben de servir a los ciudadanos y por eso quiero que hagamos un reconocimiento al gobierno federal, al gobierno de la Ciudad de México, a esta Cámara de Diputados, que gracias a una sinergia común se posibilitó esta obra, la obra más importante en Latinoamérica, y desde luego señalar que así gobierna la izquierda. Esta obra es para todas y todos los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Señor diputado, ya lo hizo usted. Su intervención queda registrada en el Diario de los Debates, así que ya logró usted su propósito, creo que no hay necesidad de más. Infórmeme...

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: ¿Tiene que ver con la aprobación del orden del día?

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): No.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Entonces, permítame, porque lo dejé a medias. Terminemos el trámite, entonces.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Está aprobado el orden del día.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Si me permiten, voy a poner a consideración el acta de la sesión anterior y después le doy la palabra a la diputada. Adelante, por favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes treinta de octubre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta diputadas y diputados, a las once horas con once minutos del martes treinta de octubre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; desde su curul realizan comentarios al Orden del Día y sobre diversos temas legislativos los diputados Purificación Carpinteyro Calderón, José Antonio León Mendívil, ambos del Partido de la Revolución Democrática. José Rubén Escajeda Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Fernando Belaunzarán Méndez, y Roberto López Rosado, ambos del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

En votación económica se dispensa la lectura al Acta de la Sesión anterior, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Cámara de Senadores con la que remite Minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos Constitucional. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Desde sus curules realizan moción de ilustración y de procedimiento los diputados Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones; Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y Ricardo Anaya Cortés, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

A las once horas con veintiséis minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos doce diputadas y diputados.

No habiendo oradores registrados en votación económica se aprueba la Acta de la Sesión anterior.

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

b) De la Mesa directiva, relativas a modificaciones de turno de diversas iniciativas presentadas en la Sexagésima Primera Legislatura. Comuníquense y actualícense los registros parlamentarios.

Desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

c) De la Junta de Coordinación Política, por la que informa la integración de un Grupo de Trabajo Plural de diputadas y diputados, para dar continuidad al diálogo y a la concertación entre los alumnos de las escuelas normales rurales de Michoacán, la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del estado de Michoacán. De enterado. Comuníquese.

d) Del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita sea retirada de los registros la proposición con punto de acuerdo, relativa a las agresiones en contra de periodistas, y de la creación de una Comisión Especial para la Defensa de la Libertad de Expresión, turnada en la sesión del veintitrés de octubre del presente año. Retírese de la Junta de Coordinación Política y actualícense los registros parlamentarios.

e) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite, dos contestaciones a punto de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las cuales están publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

• Con la que remite el Tercer Informe Trimestral del dos mil doce, sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y comprometidos del Presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas y los recursos disponibles. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

f) De la Cámara de Senadores:

• Con la que remite solicitud de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación, para que se dictamine la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su atención.

• Con las que remite proposiciones con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece:

– Se consideren las partidas presupuestales necesarias, para implementar en el Sistema Nacional de Salud, los servicios de cuidados paliativos a favor de los enfermos en situación terminal y sus familias, presentada por los senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Laura Angélica Rojas Hernández, Diva Hadmira Gastélum Bajo y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

– Se aumenten los recursos para el Fondo Regional, el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados y el Fondo Metropolitano, presentada por los senadores René Juárez Cisneros, Humberto Mayans Canabal, Eviel Pérez Magaña, Félix González Canto, Armando Ríos Piter, Ángel Benjamín Robles Montoya, Sofío Ramírez Hernández, Roberto Albores Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Adriana Dávila Fernández, Raúl Aarón Posos Lanz, Francisco Salvador López Brito, Óscar Román Rosas González y Zoé Robledo Aburto.

– Se asignen recursos para el Fondo de Protección, Restauración, Conservación y Vigilancia del “Bosque la Primavera”, presentada por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

– Se incluyan los recursos necesarios para la construcción de tres hospitales materno infantil en el Estado de Guerrero, presentada por los senadores René Juárez Cisneros, Sofío Ramírez Hernández y Armando Ríos Piter.

– Se asignen mayores recursos a programas que combatan la propagación de plagas y para el programa de Empleo Temporal, presentada por la senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Partido Revolucionario Institucional.

– Se incrementen los recursos para el sector pesquero nacional y a los programas de Diesel Marino y Gasolina Rivereña, presentada por el senador Óscar Román Rosas González, del Partido Revolucionario Institucional.

– Se asignen mayores recursos para el sector cultural del país, presentada por los senadores Blanca Alcalá Ruíz, Javier Lozano Alarcón, Víctor Manuel Camacho Solís, Daniel Amador Gaxiola y María Marcela Torres Peimbert, integrantes de la Comisión de Cultura.

– Se destinen mayores recursos a la Secretaría de Turismo, presentada por el senador Daniel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

g) Del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que informa que el diputado Miguel Sámano Peralta, se incorpora a ese grupo parlamentario. De enterado. Comuníquese.

Se concede el uso de la tribuna para presentar las siguientes iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

a) Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

b) Carlos Alberto García González, del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo setenta y seis Ter a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres, y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

c) Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo sexto y adiciona un artículo noventa y nueve Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Transparencia y Anticorrupción para opinión.

d) Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos veintinueve, y ciento diecinueve de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

e) José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos veintidós y veinticinco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y diecisiete de la Ley de la Policía Federal. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

f) José Angelino Caamal Mena, a nombre propio y de los diputados de Nueva Alianza, que reforma los artículos quinto, y cincuenta y nueve de la Ley Federal de Radio y Televisión, y séptimo de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Se turna a las Comisiones Unidas de Radio y Televisión, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

g) Jorge Terán Juárez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

h) Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos veintinueve, y treinta y dos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

i) Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo trescientos dos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

j) Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos setenta y dos, y setenta y tres de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

k) Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos trescientos nueve Bis y doscientos veinticinco del Código Penal Federal, y abroga la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen.

l) Simón Valanci Buzali, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuatro-B de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

m) Erick Marte Rivera Villanueva, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento veintidós de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

n) Víctor Manuel Bautista López, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Por lo que se refiera a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para opinión; por lo que se refiere a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

o) Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo mil setenta del Código de Comercio. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

p) Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley de Útiles Escolares, Zapatos y Uniformes Gratuitos para las Niñas y los Niños de los Niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen, y a las Comisiones de Derechos de la Niñez, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Se recibe del diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo segundo de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

Se da cuenta con Acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

a) Por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo federal para que responda a las preguntas parlamentarias que le formuló la Cámara de Diputados. Intervienen con relación al tema los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, desde tribuna; y Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática, desde su curul. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

b) Por el que informa cambios en Juntas Directivas e integrantes de Comisiones Ordinarias, solicitadas por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, y del Partido del Trabajo. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con el artículo setenta y seis, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

a) Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos, para que en coordinación con las estancias competentes, se fortalezcan las acciones para reducir el robo de combustibles. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo; José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano; Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática; Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del Partido Acción Nacional; y Noé Hernández González, del Partido Revolucionario Institucional. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se aprueba la proposición. Comuníquese.

En su oportunidad y desde su curul el diputado Julio César Lorenzini Rangel, del Partido Acción Nacional, solicita moción de ilustración. El Presidente hace aclaraciones.

b) Oscar Bautista Villegas, a nombre propio y de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realice las acciones necesarias a efecto de detener la importación del cupo asignado del frijol y se promueva el consumo interno de este grano.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo; Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; Héctor Narcia Álvarez, del Partido Verde Ecologista de México; Mario Rafael Méndez Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, del Partido Acción Nacional; y José Rubén Escajeda Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se aprueba la proposición. Comuníquese.

c) Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, en relación al destino que se le dio a los recursos ahorrados por noventa y seis mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, durante más de cuarenta años de vida laboral y para que coadyuven en el cumplimiento del pago y devolución del Fondo Mutualista del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana a los ocho mil seiscientos accionantes que ejercitaron su derecho de petición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México; Mario Alejandro Cuevas Mena, del Partido de la Revolución Democrática; Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Partido Acción Nacional; y Marco Antonio Barba Mariscal, del Partido Revolucionario Institucional. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se aprueba la proposición. Comuníquese.

De conformidad con los artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo aquellas de los diputados: Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Roberto López Rosado, Teresa de Jesús Mujica Morgan, María del Socorro Ceseñas Chapa, y Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática; que solicitaron a la Secretaría sean inscritas en la próxima sesión. En consecuencia se turnan las siguientes:

a) Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que celebre un acuerdo de pago justo con las comunidades del estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

b) Germán Pacheco Díaz, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Se turna a las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, para dictamen.

c) Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

d) María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con las Entidades Federativas, diseñe e implemente un programa de gestión integral para las lámparas fluorescentes, una vez que hayan cumplido con su vida útil. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

e) Adolfo Bonilla Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Minería. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

f) Fernando Jorge Castro Trenti y suscrito por diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con las autoridades de salud del estado de Baja California, diseñen e instrumenten una nueva política inductiva, que tenga como objetivo la protección de las menores de edad que se encuentran embarazadas. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

g) Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que establezca albergues temporales para los familiares de niñas y niños originarios de los diferentes estados de la República que se encuentran hospitalizados y que carecen de apoyos familiares y económicos para enfrentar los periodos de hospitalización. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

El siguiente punto del orden del día es Efeméride con motivo del veinticuatro de octubre, Día de la Organización de las Naciones Unidas, se concede el uso de la palabra a la diputada Cristina Ruiz Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el miércoles treinta y uno de octubre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con treinta y dos minutos.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Está aprobada el acta.Ahora sí, diputada, tiene usted el uso.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Gracias, señor presidente, buenos días. A reserva de recibir, probablemente, la llamada de atención de su parte, quiero manifestar con muchísima preocupación las declaraciones que ha hecho el señor diputado de Aguascalientes, del Partido de Acción Nacional, el diputado José Luis Novales Arellano, quien sin conocimiento del tema ha declarado que es una tontería tipificar el feminicidio, porque lo mismo vale la vida de un hombre que de una mujer.

Lo cual nos parece un acto de absoluta discriminación, ignorancia y falta de visión para defender los derechos humanos de las mujeres.

Por tanto, me parece que no estamos hablando de cuánto vale una vida, sino lo que origina la muerte de las mujeres y lo que esto repercute en la vida nacional.

Por eso, manifiesto —a reserva, por supuesto, de recabar las firmas para exhortar al diputado que retire sus palabras— que se ponga a estudiar y que legisle a favor de las mujeres.

Le pido por favor que tome nota y que quede asentado este extrañamiento, este exhorto y esta invitación para que el diputado sea tan amable de no decir tantas cosas que nos ofenden.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Todo lo que se dice queda asentado en el acta; en consecuencia, está logrado su propósito, con mi muy personal solidaridad.

Continúe la Secretaría.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado federal Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, atentamente solicito que tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a efecto de que sea retirada la siguiente iniciativa que aparece en el orden del día del jueves 25 de octubre en el lugar 19 y que a continuación se menciona:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 29, Capítulo II, correspondiente al tema de deducciones, y se deroga la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo.

Sin otro particular, quedo de usted, para cualquier comentario al respecto.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2012.— Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Comuníquese y actualícense los registros parlamentarios.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, atentamente solicito que tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a efecto de que sea retirada la siguiente iniciativa que aparece en el orden del día jueves 25 de octubre en el lugar 16 y que a continuación se menciona:

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del GPPAN.

Sin otro particular, quedo de usted, para cualquier comentario al respecto.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2012.— Diputado Erick Marte Rivera Villanueva (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Comuníquese y actualícense los registros parlamentarios.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Diputados Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 105 aniversario luctuoso de Jesús García Corona, “Héroe de Nacozari”, el miércoles 7 de noviembre, a las 10:00 horas, en el monumento erigido en su memoria, situado en camellón de la calle Norte 46-A, entre Circuito Interior y Ferrocarril Industrial, colonia Siete de Noviembre, delegación Gustavo A. Madero.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Nina Alejandra Serratos Zavala, secretaria de Cultura.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para asistir en representación de esta Cámara se designan a los siguientes diputados: José Enrique Reina Lizárraga y a la diputada Verónica García Reyes, para este propósito.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El diputado Erick Marte Rivera Villanueva(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante, diputado.

El diputado Erick Marte Rivera Villanueva(desde la curul): Sí, obviamente para comentar de lo que acabo de escuchar ahorita respecto a la iniciativa que presenté el día de ayer, para comentar que desconozco el asunto y que no he metido ningún oficio para retirar la iniciativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame, diputado, por lo menos no le oigo. No sé si los demás sí. ¿No quiere usted hablarnos un poquito más despacio? El sonido está muy mal.

El diputado Erick Marte Rivera Villanueva(desde la curul): Sí, me están aclarando que la iniciativa que se retiró no fue la que presenté ayer. Pediría que se hiciera la modificación y que se hiciera la aclaración, porque la iniciativa que presenté ayer tengo entendido que fue apoyada por todo el recinto.

Lo que estoy pidiendo es nada más que se haga la aclaración, porque no retiré la iniciativa del artículo 122. Solamente para que quede aclarado, presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: A ver, que tome nota la Secretaría y que quede firme la que usted acuerde con ellos. Póngase de acuerdo con ellos, por favor.

El diputado Erick Marte Rivera Villanueva(desde la curul): Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Claro, para servirle. Adelante la Secretaría.

ESTADO DE VERACRUZ

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0109, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGF/ 1986 /2012 suscrito por el licenciado Ernesto A. Visconti Chacón, director general adjunto de Coordinación, Análisis y Normatividad del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a diseñar un proyecto integral para enfrentar los efectos de las tormentas, en el estado de Veracruz.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

México, DF, a 29 de octubre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/280l/12, de fecha 3 de octubre de 2012, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, por medio del cual el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hace del conocimiento de la Secretaría de Gobernación el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2012, y en cuyo punto resolutivo segundo se señala:

“...Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del estado de Veracruz, a la Secretaría de Comunicación, a la Comisión del Agua del estado de Veracruz y al ayuntamiento de Xalapa a que pongan en marcha un programa inmediato de reducción de riesgos y de rehabilitación de hábitat de las zonas afectadas, que restablezca mejores condiciones para las zonas de riesgo de la ciudad...”

Sobre el particular, y considerando que el asunto que nos ocupa fuera remitido a esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGF) el día 8 de octubre del año en curso para efectos de su debida atención, en el presente oficio nos pronunciaremos al respecto, dentro del ámbito de competencia de la Secretaría de Gobernación (Segob), y de conformidad con el marco jurídico vigente y aplicable al programa Fondo de Desastres Naturales (Fonden), solicitando atentamente a usted, sea el amable conducto para hacer del conocimiento del vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la información siguiente:

• En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, actualmente los tres niveles de gobierno llevan a cabo acciones coordinadas y suman esfuerzos para salvaguardar la vida, la salud y el patrimonio de la población ante los daños ocasionados por la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores que afectan a las entidades federativas de la República Mexicana. La participación que el Gobierno Federal tiene en esas tareas se rea-liza a través de diversas dependencias, según sus atribuciones, de tal forma que a la Segob le corresponde la coordinación del programa Fonden.

• En ese sentido, reconocemos que el aumento en la frecuencia y diversidad de los fenómenos naturales ocurridos en los últimos años, así como la magnitud de sus consecuencias, nos obliga a mantener actualizado el marco jurídico aplicable al Fonden, mismo que desde luego, puede ser perfectible, por lo que en cumplimiento a la instrucción recibida por parte del ciudadano presidente de la república, y en apego al compromiso que se tiene con la población que ha resultado afectada, o que pudiera serio en virtud de la ocurrencia de un desastre natural, durante gran parte del ejercicio fiscal 2010 la Segob comenzó con los trabajos tendientes a la elaboración y publicación de un nuevo marco normativo del Fonden, lo que dio como resultado la reciente publicación del “acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales” (en lo sucesivo las Reglas Generales) en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de diciembre de 2010.

Dicho trabajo fue encabezado por esta DGF, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Debemos precisar que el inicio del proceso para llegar a las Reglas Generales comenzó por solicitar vía oficio, las opiniones y propuestas de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas en los procesos de acceso a los recursos con cargo al Fonden, recibiendo de igual manera propuestas de las entidades federativas y de las propias Unidades Estatales de Protección Civil.

En la elaboración del proyecto de las Reglas Generales participaron las instancias federales que a continuación se indican:

• Secretaría de Gobernación

• Unidad de Política y Control Presupuestario (dependiente de la SHCP)

• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

• Centro Nacional de Prevención de Desastres

• Comisión Nacional Forestal

• Comisión Nacional del Agua

• Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

• Fondo Nacional de Fomento al Turismo

• Secretaría de la Función Pública

• Secretaría de Desarrollo Social

• Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social (dependiente de la SHCP)

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Secretaría de Educación Pública

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes

• Secretaría de Salud

• Secretaría de Marina-Armada de México

Debemos mencionar que la emisión de las Reglas Generales ha tenido como propósitos principales, entre otros, la inmediatez en la autorización de recursos para acciones urgentes, la simplificación de los procesos, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control, la corresponsabilidad y la complementariedad de los distintos órdenes de gobierno.

De forma genérica, dentro de los principales cambios y mejoras referidas, se incluyen los siguientes:

Ahora bien, sabedores de que es prioridad de la Segob que se atiendan de manera expedita los daños ocasionados por fenómenos naturales perturbadores, comunicamos que la Segob continuará innovando y redoblando esfuerzos a efecto de que la normatividad que rige al Fonden cumpla con los objetivos para los cuales fue creada, de forma aún más oportuna y con absoluta transparencia, enriqueciéndola con las experiencias y resultados que arrojen y que muestren en su implementación cotidiana las Reglas Generales, toda vez que las mismas, estimamos, apenas comienzan un proceso lógico de maduración.

Visto lo anterior, dada la naturaleza del Punto Resolutivo que se atiende, así como los considerandos que dieron origen al punto de acuerdo que nos ocupa, procedemos a informar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respecto de los recursos que en el marco de las Reglas Generales y a través del instrumento del Fonden que denominamos Fonden Reconstrucción se han autorizado o se encuentran en proceso de autorización, para atender la ocurrencia de diversos fenómenos naturales perturbadores registrados en los años 2011 y lo que ha transcurrido de 2012, y que han afectado a los municipios de Banderilla, Jilotepec. Tlalnelhuayocan y Xalapa del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:

Sin otro particular y en espera de que la información suministrada en el ámbito de nuestras atribuciones resulte de utilidad, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

Nota:

1 Que incluye el Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23, “Provisiones Salariales y Económicas”, del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y el Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3, fracciones II y III de las Reglas Generales, siendo a través de este instrumento del Fonden que se autorizan recursos (ya sea del Programa Fonden o del Fideicomiso), destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal o de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal, así como también a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2012.— Licenciado Rubem Hofliger Topete (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

JUEGOS OLIMPICOS Y PARALIMPICOS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0088, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0411/12, suscrito por el licenciado José Francisco Dufour Sánchez, coordinador de Enlace con el honorable Congreso de la Unión, de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en éste se menciona, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al diseño, difusión y refuerzo de las estrategias encaminadas al deporte paralímpico.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de octubre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a los oficios números SEL/UEL/311/2690/12 y SEL/UEL/311/2731/12, remito a usted oficio numero 066/12, suscrito por el doctor Eduardo Obregón Mondragón, secretario técnico de la Dirección General y encargado del Deporte Adaptado de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por el que da respuesta a los puntos de acuerdo aprobados por los respectivos plenos de las Cámaras –alta y baja– del honorable Congreso de la Unión, en las sesiones del 18 y del 25 de septiembre de 2012, relacionadas ambas con el deporte paralímpico.

Atentamente

México, DF, a 23 de octubre de 2012.— Licenciado José Francisco Dufour Sánchez (rúbrica), Coordinador de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría Educación Pública.— Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Licenciado José Francisco Dufour Sánchez, Coordinador de Enlace con el Congreso de la Unión.— Presente.

Estimado licenciado Dufour:

En relación con su atento escrito enviado el pasado 21 de septiembre del año en curso al licenciado Bernardo de la Garza Herrera, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en el cual “exhorta respetuosamente a esta comisión a diseñar y reforzar estrategias encaminadas a la formación y desarrollo de los deportistas paralímpicos mexicanos, en congruencia con los excelentes resultados obtenidos en competencias internacionales”.

Al respecto, me permito informarle que se han diseñado programas para fortalecer el deporte paralímpico, uno de ellos es la detección de talentos deportivos surgidos en la Paralímpiada Nacional, la cual ya ha redituado resultados muy satisfactorios como las medallas obtenidas por Gustavo Sánchez Martínez, Daniela Eugenia Velasco Maldonado, Jorge Benjamín González Saucedo y Leonardo de Jesús Pérez Juárez, en los pasados Juegos Paralímpicos de Londres 2012.

Es importante señalar que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte trabajará conjuntamente con las federaciones paralímpicas para seguir obtener resultados favorables en el deporte paralímpico mexicano como hasta ahora.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2012.— Doctor Eduardo Obregón Mondragón (rúbrica), secretario técnico de la Dirección General y encargado del deporte adaptado.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número 511.1.4/3279, signado por el licenciado Manuel Martínez y Viveros, director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, remite información relativa a las “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el Ejercicio Fiscal de 2012”, del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al tercer trimestre de 2012.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, le acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en él se cita, en forma impresa y medio magnético.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Antecedentes

Oficio 312.A-003880 del 5 de octubre de 2012 de la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el que reitera el envío al Congreso de la Unión del formato de “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el Ejercicio Fiscal de2012”.

Fundamento

Artículo 29 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativo a “la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, así corno la obligación de los ejecutores de gasto de reportar en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública las contrataciones realizadas”.

Respuesta

Le envío en impresión y disco compacto, el formato “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal de 2012” del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales con datos al tercer trimestre de 2012.

Lo anterior para los efectos procedentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2012.— Licenciado Manuel Martínez y Viveros (rúbrica), Director General.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Para los efectos conducentes, con fundamento en el artículo 53 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, remitimos el acuerdo aprobado por la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión ordinaria, celebrada en esta fecha, así como sus consideraciones, mediante el cual esta Legislatura formula un respetuoso exhorto a dicha soberanía para que, en el análisis y aprobación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se considere en las erogaciones para la educación pública un conjunto de ampliaciones para los ramos 11, 25 y 33.

Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Guanajuato, a 25 de octubre de 2012.— Mesa Directiva del Congreso del Estado, Diputada Karla Alejandrina Lanuza Hernández (rúbrica) Secretaria; Diputado Galo Carrillo Villalpando (rúbrica), Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Acuerdo

La LXII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato,

Acuerda

Único. La LXII Legislatura del Congreso del estado de Guanajuato acuerda exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, atendiendo a los principios de transparencia y rendición de cuentas, en el ejercicio de análisis y aprobación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se considere en las erogaciones para la educación pública un conjunto de ampliaciones para los ramos 11, 25 y 33, que privilegien la inversión en programas dirigidos a la atención de grupos vulnerables, educación indígena, rezago educativo, equipamiento, enseñanza del inglés, mejoramiento docente e infraestructura y tecnologías educativas, de tal manera que se incremente el presupuesto educativo en proporción suficiente para avanzar en el cumplimiento de la Ley General de Educación para asignar a este rubro un presupuesto equivalente al ocho por ciento del producto interno bruto nacional.

Comuníquese el acuerdo aprobado con sus consideraciones a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos precisados en el mismo.

Guanajuato, Guanajuato, a 25 de octubre de 2012.— Diputado Alfonso Guadalupe Ruiz Chico (rúbrica), presidente; diputada Karla Alejandrina Lanuza Hernández (rúbrica), secretaria; diputado Galo Carrillo Villalpando (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo.— Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En la sesión celebrada el 4 de septiembre de 2012, el pleno del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a una proposición con punto de acuerdo, planteada por el diputado Manolo Jiménez Salinas, del Grupo Parlamentario “Profesora Dorotea de la Fuente Flores”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las diputadas y diputados que la suscriben, “en el que se exhorta al Congreso de la Unión a elevar el presupuesto federal en los rubros de educación, deporte, cultura y emprendedurismo en apoyo a la juventud mexicana”, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

Al tratarse este asunto, el pleno de este Congreso, resolvió sobre la aprobación de un acuerdo, mediante el cual se determinó lo siguiente:

Único: Que esta LIX Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, exhorte a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión a elevar y diversificar el Presupuesto federal para el ejercicio 2013 en materia de educación, deporte, cultura y emprendedurismo, a favor de la juventud de México.

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley Orgánica este Congreso, se comunica a usted este acuerdo, para su debido conocimiento y la consideración de lo consignado en el mismo.

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 5 de septiembre de 2012.— Licenciado Francisco Javier Rangel Castro, oficial mayor del Congreso del Estado.»

«Proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Manolo Jiménez Salinas, del Grupo Parlamentario “Dorotea de la Fuente Flores”, del Partido Revolucionario Institucional, y demás diputadas y diputados que lo suscriben, en el que se exhorta al Congreso de la Unión a elevar el Presupuesto federal en los rubros de educación, deporte, cultura, y emprendedurismo en apoyo a la juventud mexicana

Honorable Congreso del Estado.— Presente.

El suscrito diputado Manolo Jiménez Salinas, del Grupo Parlamentario “Profesora Dorotea de la Fuente Flores”, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 22, fracción V, 163, 172, 173 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar a esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.

Motivos de esta proposición

La juventud mexicana representa la cuarta parte de la población del país. Un poco más del 26 por ciento, que alcanza casi los treinta millones. De acuerdo al criterio que establece que son jóvenes todas aquellas personas cuya edad se ubica entre los 15 y 29 años, nuestro país tiene en este segmento el potencial humano con el que habrá de realizarse el relevo generacional para operar, gestionar, y dirigir todos los campos de la actividad nacional. Somos un país de jóvenes, y por lo menos por tres lustras mas lo seguiremos siendo.

Existe una creciente preocupación en todos los sectores de la población acerca de las insuficiencias Y deficiencias de las políticas públicas en atención a la juventud.

Como resultado de los criterios neoliberales en el gasto público, en los últimos años se redujo el crecimiento de la inversión educativa, originando una baja en la cobertura de educación media superior y superior. Lo anterior y el pobre desempeño de nuestra economía, y baja creación de empleos, disminuyó notablemente las oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes mexicanos.

Surgió la satanización de un sector marginado de la juventud. Los que no estudian, ni trabajan. Al mismo tiempo se fue descubriendo la vulnerabilidad juvenil ante el fenómeno de la delincuencia, y el crecimiento de la inseguridad.

Perdimos mucha energía, mucho potencial, mucho talento, y mucha capacidad productiva por falta de oportunidades para el desarrollo de muchos jóvenes que hoy forjan su destino más allá de nuestras fronteras.

Una insuficiente oferta educativa, el desempleo, el crecimiento de las adicciones; un notable aumento de participación delictiva, y una deficiente atención sectorial han delineado un horizonte adverso para los jóvenes en los tiempos más recientes.

Sin embargo, cada vez más voces hacen hincapié en la necesidad de elevar la atención y la inversión en los jóvenes para procurarles un mejor destino a partir de condiciones propicias para su crecimiento integral.

La legislación federal que concede la obligatoriedad a la educación media superior (preparatoria, bachillerato o equivalente) requiere para su materialización plena de un volumen presupuestal muy superior al que ese nivel educativo ha tenido hasta ahora. No solo harán falta aulas, laboratorios y equipos, sino lo más importante: maestros, miles de maestros que habrá que contratar para poder ofrecer cobertura universal para todos los egresados de secundaria. Cada joven que se quede en su casa, en el barrio y en la calle, fuera de la escuela, será un riesgo para sí mismo, para su familia y para México.

El estado mexicano debe ofrecer también una solución al añejo problema de los rechazados en las instituciones de enseñanza pública universitaria. Presupuesto suficiente para la educación superior, una demanda y un reclamo, en espera .de respuesta.

La necesidad de más y mejores espacios para la práctica deportiva, que posibilite un crecimiento sano, Y una actitud competitiva, demanda de un replanteamiento de los alcances del presupuesto federal en este rubro. Sabemos, que durante 2012 se está ejerciendo uno de los presupuestos más altos, en este sector, en parte por el compromiso olímpico, pero que de cualquier manera resulta más que limitado para atender a treinta millones de jóvenes. Tenemos que empezar a pensar en un crecimiento mucho mayor del presupuesto deportivo en instalaciones, equipamientos, entrenadores, apoyo para competencias, y en un aspecto casi inexistente en México, asociar el deporte de alto rendimiento con la excelencia académica, mediante becas universitarias a deportistas destacados.

También habría que decir, y habría que apoyar al deporte para los adultos, dado su alta incidencia en la salud y el bienestar.

México es una potencia cultural gracias a la capacidad creadora de los mexicanos acumulada a través de nuestra vida como nación, e incluso antes. Nuestra juventud requiere complementar su formación con el disfrute y contacto con las artes y la cultura. Debemos damos como país, la oportunidad de tener más y mejores espacios para la exhibición y creación artística y cultural. Debemos llevar estas manifestaciones a todos los rincones de las ciudades, los pueblos, y también al campo.

El talento creativo juvenil se refleja en la innovación y el espíritu emprendedor productivo en proyectos empresariales de todo tipo que requieren ser incubados, apoyados, madurados, encauzados y potenciados con asesorías técnicas y financiamientos. Hay que impulsar los emprendimientos de nuestros jóvenes con programas accesibles, acciones concretas y recursos suficientes. Para eso es necesario incorporar esta necesidad en las prioridades presupuestarias nacionales para la juventud en 2013.

La desigualdad social que padece el país, se acentúa en este entorno. Un joven marginado o rezagado buscará opciones de supervivencia más allá del territorio de la legalidad y el limpio esfuerzo. Un joven educado y bien formado; motivado y optimista es un agente de cambio y progreso para México. Un joven sin opciones accesibles y viables para superarse pone a prueba la resistencia del tejido social, y debilita nuestro proyecto nacional.

Es hora de implementar el más ambicioso proyecto de compensación para combatir la desigualdad nacional. Hay cientos de miles de jóvenes, millones quizás, esperando y deseando una beca para continuar con su educación, con su formación deportiva hacia la excelencia, o con su desarrollo artístico o cultural, o con sus sueños de emprendedor en una microempresa o en un autoempleo.

En México es la hora de un presupuesto visionario a favor de la juventud.

Basado en todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción V, 163, 172, 173 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presento ante este Pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Misma que solicito sea tramitada como de urgente y obvia resolución:

Único: Que esta LIX Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza exhorte a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión a elevar y diversificar el Presupuesto federal para el ejercicio 2013 en materia de educación, deporte, cultura y emprendedurismo, a favor de la juventud de México.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 3 de septiembre de 2012.— Diputado Manolo Jiménez Salinas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

MADRES DE INMIGRANTES DESAPARECIDOS PROCEDENTE DE CENTROAMERICA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El siguiente punto son los comentarios relativos a la caravana de madres de inmigrantes desaparecidos procedente de Centroamérica. Tiene la palabra la diputada Amalia Dolores García Medina.

La diputada Amalia Dolores García Medina:Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. La Comisión de Asuntos Migratorios en pleno, ha decidido que hagamos esta intervención el día de hoy y a mí me parece de la mayor importancia que no solamente hagamos un posicionamiento político, sino además que fijemos criterios sobre cómo concebimos a los migrantes y cómo deben ser atendidos.

Los trabajadores migrantes son personas que son forzados por las circunstancias a dejar su lugar de origen. No dejan su hogar por gusto y es pertinente señalar que en ningún caso, una situación migratoria irregular representará un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos. Pero hay que decir que, además de dejar su hogar forzados por la circunstancia, los migrantes sufren discriminación, son perseguidos, son víctimas de acoso.

En nuestro país especialmente tenemos que tomar medidas y tenemos que tomar una posición para tener autoridad a la hora que ante Estados Unidos de América reclamamos el respeto a los derechos de los migrantes mexicanos.

En México los migrantes que llegan de Centroamérica son víctimas del crimen organizado. También esos migrantes en muchas ocasiones son víctimas del racismo y de campañas de odio; son víctimas, en otras ocasiones, de la acción de agentes del Estado mexicano, de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Precisamente buscando a sus familiares, buscando rastros de desaparecidos, se encuentra en nuestro país, desde hace semanas, una caravana de madres de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua.

No es un asunto menor, porque —según datos oficiales— hay alrededor de 20 mil personas en fosas comunes, sin identificación. ¿Quiénes son esos 20 mil que se encuentran en la fosa común?

En el caso de los migrantes centroamericanos lo que hemos visto es el horror, ahí están los datos; por ejemplo, de aquellos migrantes que fueron ejecutados en 2011, en San Fernando, en Tamaulipas, y tenemos los testimonios de lo que sucede con los migrantes centroamericanos en esto que se conoce como La Bestia, en el tren cruzando por nuestro territorio.

También tenemos en el caso de los migrantes, apenas antier, la información de que la Marina rescató a 14 migrantes centroamericanos que se encontraban secuestrados.

No se trata, de ninguna manera, solamente de señalar al crimen organizado, necesitamos tomar medidas para saber qué es lo que se tiene que hacer.

¿Qué piden las madres que vienen de Centroamérica? En primer lugar, quieren encontrar a sus seres queridos vivos, pero también demandan que se haga un registro de ADN, porque incluso si han fallecido quieren saber en dónde están, quieren saber el destino de hijos, de hermanos, de esposos.

¿Qué pedimos? ¿Qué debemos pedir en esta Cámara de Diputados? Debemos pedir, demandar, trabajar, en primer lugar, por el respeto a sus vidas, por el respeto a su integridad física, por la reparación del daño a las víctimas de delitos, que son migrantes centroamericanos; debemos trabajar para que haya una visa que les permita el tránsito por nuestro país en condiciones de seguridad, debemos demandar que cesen los operativos policíacos y que no se les criminalice.

Todas las personas, sin importar su calidad migratoria, son y deben ser sujetos de derechos. Debemos respaldar a los albergues y a los defensores de los derechos de los migrantes. Requerimos difundir sus derechos y cambiar al Instituto Nacional de Migración por otra institución que tenga un compromiso con el respeto a los derechos humanos.

Resulta doloroso y creo que fundamental, decir que no queremos que México sea un país en donde desaparezcan los migrantes, en donde se violen sus derechos; si ésta ha sido una nación generosa, abierta a recibir a perseguidos de todo el mundo, una nación solidaria.

Esa historia terrible y brutal de hace más de 35 años, cuando madres mexicanas, encabezadas por Rosario Ibarra de Piedra, decían: vivos se los llevaron, vivos los queremos; es la misma historia que no queremos que se repita con los migrantes centroamericanos.

Esas madres, que hoy cruzan por nuestro país, tienen derecho de encontrar a sus hijos y tienen derecho los migrantes centroamericanos de contar con el respaldo de la sociedad mexicana, de los tres órdenes de gobierno y de las instituciones.

El pronunciamiento que hoy pido, señor presidente —y con esto termino—, es el de una acción solidaria de esta Legislatura y de esta Cámara de Diputados y hacernos eco del reclamo de esta Caravana de Madres Centroamericanas, que han cruzado el país con la foto de sus seres queridos colgando del pecho para ver si los pueden encontrar. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias a usted, diputada. En el uso de la palabra el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, con la excepción de nuestros pueblos indígenas, el México moderno surge con base a la conquista y la migración.

La Conquista, a la vez que implicó muerte, sufrimiento y la destrucción de gran parte de nuestra cultura prehispánica, también implicó la migración y asentamiento de miles de europeos en nuestro país, europeos que en conjunción con nuestros pueblos originales, migrantes de otros países, han dado forma a lo que hoy es el México moderno.

Al observar los tableros a los costados de este recinto durante cualquier votación, queda claro que muchos de nosotros mismos somos el producto de estas migraciones. En algún momento alguno de nuestros ancestros tuvo un sueño, sueño que después se convirtió en viaje y que finalmente se transformó en un profundo amor por esta tierra, hoy nuestro hogar. Desde el nacimiento de nuestra nación, la migración ha tenido siempre un alto grado de importancia; sin embargo, a pesar de que no se trata de algo nuevo, hoy la migración se vive en un nuevo contexto, forma parte de un fenómeno mucho más amplio, el de la globalización, una globalización asimétrica que ha acentuado las disparidades económicas que existen entre los pueblos del mundo.

En este nuevo contexto, nos queda claro que en la gran mayoría de los casos, el migrar no es algo que se hace por placer, al revés, surge con base en la necesidad, con base en la pobreza y la desesperación, surge ante la incertidumbre económica y la falta de oportunidades que hoy encontramos en muchas poblaciones.

Ése es el caso de las decenas de miles de hombres, mujeres, niñas y niños, que cada año entran en nuestro país como migrantes irregulares. La gran mayoría de ellos proviniendo de Centroamérica se dirigen a la frontera de Estados Unidos de América, con la esperanza de fundar una vida lejos de la pobreza. Al atravesar nuestro país estos migrantes llevan a cabo uno de los viajes más peligrosos de todo el mundo; en su trayecto muchos de ellos caen víctimas del secuestro.

En noviembre de 2008, por ejemplo, 36 migrantes fueron secuestrados en un tren de carga en Veracruz y llevados a un rancho en Reynosa, Tamaulipas. Ahí, por medio de agresiones y amenazas fueron obligados a revelar el teléfono de sus familiares para poder pedir un rescate.

De igual forma, son cientos los migrantes irregulares que desaparecen o son asesinados cada año en su viaje hacia el norte, y muchos otros sufren de abusos y extorsiones, ya sea por parte de bandas delictivas o por parte de las propias autoridades.

Especialmente vulnerables son las mujeres, las niñas y los niños. Ante la carencia de datos oficiales, algunas organizaciones estiman que seis de cada 10 mujeres y niñas sufren de agresiones sexuales durante el viaje. Esta práctica de agresiones sexuales se ha vuelto tan generalizada, que ya muchos lo consideran parte del peaje que estas mujeres deben pagar para atravesar nuestra nación.

Desde esta tribuna queremos expresarles a cada una de las madres integrantes de la Caravana Liberando la Esperanza, y a todas aquellas víctimas de estos delitos, que las y los diputados de la presente Legislatura entendemos su dolor y coraje y en consecuencia, actuaremos con responsabilidad y trabajaremos arduamente para garantizar la protección, seguridad, integridad y certidumbre jurídica de todos los migrantes que transiten o se establezcan en territorio nacional.

México ha sido un destacado promotor de los acuerdos internacionales para proteger los derechos de los migrantes y también ha dirigido importantes críticas al gobierno estadounidense, por su política hacia nuestros conciudadanos en ese país; sin embargo, no podemos exigir hacia afuera algo que no podemos garantizar hacia adentro.

Gandhi decía que ganamos justica más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria, y la forma más rápida de obtener justicia hacia nuestros conciudadanos en el extranjero es haciendo justicia a los migrantes que tenemos en nuestro país.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza no queremos que este tema se limite al día de hoy, no queremos que termine siendo tan solo una razón más para hablar desde esta hermosa tribuna, tenemos ganas de coadyuvar en la lucha por los derechos humanos de los migrantes y tenemos la esperanza de que muchas de nuestras propuestas se hagan realidad.

Al final, esta lucha es una lucha por la dignidad del hombre. Recordemos que a pesar de nuestras diferentes nacionalidades existen cosas que nos unen como humanidad. Todos queremos respirar aire más limpio y beber agua más clara; todos queremos un mejor futuro para nuestras familias y todos, absolutamente todos aspiramos a la felicidad. Muchas gracias, compañeros diputados; muchas gracias, diputado presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en muchos aspectos como sociedad y como Estado vemos en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Específicamente nos referimos al trato que en México malos servidores públicos, y algunos ciudadanos mexicanos, otorgan a los migrantes centroamericanos o de otros países que tienen que cruzar territorio nacional, con el ansia de lograr el sueño americano.

Las rutas por las que llegan a los distintos puntos de la frontera norte se han convertido en verdaderas zonas de riesgo, desde tener que subir a la tristemente célebre Bestia, en la que muchos por desgracia han caído bajo las ruedas del tren enfrentando la muerte o quedando discapacitados, hasta hechos tan brutales, sanguinarios y contrarios a la naturaleza humana, como el asesinato de muchos de ellos en San Fernando, Tamaulipas. A lo largo de todas las rutas son extorsionados, robados y en ocasiones asesinados, sin que las autoridades públicas integrantes del Estado mexicano hagan algo por evitarlo.

Sus familias, en sus países de origen, han perdido contacto con ellos, no saben si lograron cruzar hacia los Estados Unidos de América o se encuentran en México vivos, o en algunos casos, muertos.

Ante esta situación, un grupo de madres y esposas de migrantes centroamericanos desaparecidos han realizado en territorio nacional la caravana en búsqueda de sus parientes. Se calcula que aproximadamente 70 mil migrantes son los desaparecidos, pero así fuera solo uno, a los mexicanos nos debe llenar de vergüenza esta situación.

Resulta increíble que en nuestro país las madres de los migrantes desaparecidos no tengan acceso a una dependencia del gobierno federal que los asista en la búsqueda de sus familiares.

El no garantizar de manera efectiva los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional, conlleva a la violación de garantías individuales, reguladas en nuestra Constitución Política, insertos también en tratados internacionales signados por México, principalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Además, vulnera el estándar mínimo de derechos que toda nación miembro de la comunidad internacional debe garantizar a los extranjeros. Dicho estándar obliga a asegurar a todo extranjero, entre otros derechos, el derecho a la vida, a la libertad, acceso a la justicia y respeto de los derechos adquiridos.

Ante el incumplimiento de las autoridades federales de sus obligaciones internacionales y de continuar con esta situación, aconsejamos a las madres soliciten a sus gobiernos presenten reclamación internacional por violación de los derechos del estándar mínimo que todo nacional de un Estado debe gozar, o bien, presentar, a nombre propio, una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de los derechos humanos de sus hijos o esposos.

Es incongruente que nosotros reclamemos los derechos de los connacionales que se encuentran en el extranjero y que nos beneficiemos de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la OC-16 y 18, para reclamar los derechos a favor de mexicanos ubicados en Estados Unidos de América, o bien, que acudamos ante la Corte Internacional de Justicia por violación del derecho de notificación consular, como en el caso Avena y otros nacionales mexicanos.

Exigimos al Instituto Nacional de Migración inicie la búsqueda de los migrantes desaparecidos, además de iniciar las acciones necesarias para crear una oficina de atención para estos asuntos y crear una base de datos de los desaparecidos, que facilite la búsqueda y localización, además de iniciar todas las acciones que se requieran para garantizar todos los derechos humanos de los migrantes.

Nos solidarizamos con las madres de los migrantes desa-parecidos, haciendo votos para que nuestro gobierno garantice de manera efectiva los derechos humanos que toda persona en territorio nacional debe gozar. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, ciudadanas legisladoras, este tema debería causarnos a todos los mexicanos y mexicanas vergüenza, da pena ajena, porque la violación sistemática de los derechos humanos, de estos derechos elementales de los migrantes que atraviesan el territorio nacional desde Centroamérica no tienen parangón. Bueno sí, sí tienen, con los países con gobiernos genocidas más atroces de la historia de la humanidad.

Los inmigrantes masacrados en el corredor Guatemala-Chiapas-Veracruz-Tabasco-Tamaulipas, no solo son objeto de tratos inhumanos en las estaciones migratorias, no solo por la condición de hacinamiento, insalubridad, maltrato, inseguridad, robo de pertenencias, incomunicación y negación de asistencia legal o de acceso a abogados a que tienen derecho, sino también porque son presa fácil de otros hechos atroces, como la leva, que con frecuencia realizan los zetas o miembros de otros cárteles del crimen organizado, de los inmigrantes ilegales, indocumentados.

Desde su ingreso por Chiapas hasta su internación por Veracruz o su paso por el temible filtro de San Fernando, Tamaulipas, son verdaderas pesadillas las que padecen.

Asimismo existen quejas sobre la participación de cuerpos paramilitares, incluso de policías privados que intervienen en la detención de indocumentados, lo cual nos habla de una red organizada de violencia y corrupción.

Uno de los hechos funestos en contra de los migrantes y que causó conmoción a nivel internacional fue, en efecto, el hallazgo de los cadáveres de 72 migrantes, la mayoría vecinos del sur, el 24 de agosto del 2010, los cuales fueron encontrados en un rancho de Tamaulipas, en San Fernando.

Sin embargo, también cabe resaltar que las vejaciones y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los migrantes no se han detenido desde entonces. En 2011 y 2012 se han documentado múltiples operativos de la policía donde se liberan a inmigrantes indocumentados.

El 25 de abril de 2011, el 29 de abril del mismo año, el 7 de febrero de 2012, hace unos días, todos los días, todas las semanas, nos encontramos con este triste panorama de noticias lamentables en contra de ciudadanos de otros países, pero finalmente portadores de derechos humanos.

Recientemente Elizabeth Enríquez, representante de la Mesa Nacional para Migraciones de Guatemala, indicó que se han documentado 350 salvadoreños, 600 hondureños, y más de 300 guatemaltecos, solo en los últimos meses, que han desaparecido y que no saben dónde están.

Pero además, un investigador, Bustamante, del Colegio de la Frontera Norte, nos dice una frase demoledora para el gobierno: México es el campeón mundial de violaciones a derechos humanos; México es el primer lugar en este campeonato contra las agresiones, contra abusos y secuestros, contra asesinatos, en contra también de centroamericanos.

Me parece que esta realidad que está padeciendo nuestro país y sobre todo padecen los países del sur, ha devenido, entre otras cosas, en la organización de esta Caravana Liberando la Esperanza, integrada por madres de inmigrantes desaparecidos en México, lo cual está exigiendo a los gobiernos –incluyendo al nuestro– encontrar a sus hijos y proteger sus derechos, exigencia a la que nos sumamos los diputados de Movimiento Ciudadano.

México ha perdido su respeto en el mundo, de ser vecino respetuoso y respetable. Hoy hay muchas bolitas en los corredores y pocos atienden lo que estamos hablando. Creo, presidente, que incluso ya no deberíamos invitar a ningún grupo, porque da pena ajena que nadie atiende al orador. Es impresionante, no tienen respeto.

El otro día vino una magistrada y me dijo: Oye, ¿no les da pena? —Pues sí, pero es la realidad. Ojalá hicieran un llamado de atención, presidente, para que atendieran lo que uno habla, lo que uno expresa, porque son problemas de carácter nacional.

Tenemos lamentablemente un gobierno omiso en materia de protección de derechos humanos —termino, para no endilgarles—, es omiso en materia de derechos humanos contra las personas que se trasladan de nuestro país. Pero sobre todo, el resultado de lo que estamos discutiendo es por tolerar las conductas antijurídicas de delincuentes con placa y nombramiento que integran las oficinas del gobierno, Instituto Nacional de Migración, verdaderos delincuentes los que persiguen a los inmigrantes, Policía Federal, policías estatales, policías locales, y una política exterior débil, timorata, gris, subordinada. Eso es el resultado.

Ciudadano presidente, a usted por su tolerancia, muchas gracias, y a los que no fueron tolerantes, también muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Respaldo la petición de que podamos guardar orden en el recinto y escuchar con atención a quien hace uso de la tribuna.

Corresponde ahora el uso de la voz a la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Martha Edith Vital Vera:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la migración es uno de los más grandes complejos temas de la actualidad. Estamos ante un fenómeno que es la esencia misma de la humanidad.

Alrededor del mundo cientos de personas intentan rebasar las líneas fronterizas, con la esperanza de alcanzar un sueño, en un país ajeno y desconocido; buena parte de la población ha decidido migrar en la búsqueda de una vida mejor, enfrentándose a grandes dificultades y poniendo muchas veces en peligro su vida y la de su familia.

La realidad de los flujos migratorios de centroamericanos, que cruzan la frontera sur de México en su intento por llegar a Estados Unidos de América, se hace cada vez más preocupante; se ha convertido en uno de los cruces más difíciles y azarosos en la actualidad. La situación se deteriora cada vez más y de forma muy preocupante imperando muerte, desapariciones, secuestros, torturas, violaciones, tráfico y trata de personas, entre otros.

Los migrantes representan la fuerza laboral más barata, fácil de manipular, con un alto grado de vulnerabilidad, siendo importados y deportados a los intereses de la economía dominante, violando así los derechos y libertades fundamentales de esta población.

Los patrones de migración están directamente relacionados con el contexto social, económico y político actual; es decir, la escasez de empleo, la caída de ingreso real de la población en general, los sistemas de migración permanentemente se apoyan en la falta de oportunidades económicas y la atracción de oportunidades de trabajo en su país de origen.

En la LXI Legislatura se reformó la Ley de Población y Migración, donde se dejó de criminalizar la condición de migrante dejando de ser un ilegal. Con esta reforma se obliga a las autoridades a respetar los derechos humanos y su condición de persona; se establece también que solo las autoridades migratorias podrán requerir los documentos para acreditar la estancia en nuestro país.

En suma, el marco legal reconoce hoy tratamiento más humanitario; sin embargo, como ocurre con otras leyes, la realidad en su aplicación es otra, compañeros. Ante esta situación el gobierno del estado de Chiapas —el cual me digno representar—, en materia de atención a migrantes decidió reconocer y atender este fenómeno con el andamiaje institucional de una secretaría de estado, la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur, con el objetivo de coordinar y proponer estrategias y proyectos que fomenten la cultura del respeto y la protección a los derechos humanos de todos los migrantes y trasmigrantes de la entidad, con especial énfasis a los grupos vulnerables, como son los menores de edad y las mujeres migrantes.

Se implementaron mecanismos de diálogo con los cónsules de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y  Ecuador; se creó la Fiscalía Especializada en Delitos contra Migrantes para la Atención a Víctimas del Delito, misma que debe ser replicada en otros estados de la República, porque es única en su género.

Sin embargo, siguen siendo miles de personas las que día a día emprenden el largo viaje tras el famoso sueño americano. Hoy 57 mujeres se encuentran en nuestro país formando la Caravana de Madres Centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos; mujeres que buscan a un hijo que hace días, meses, años, no saben nada de ellos.

Hoy, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Migración y los gobiernos de los estados, tienen el deber elemental de darle a la caravana de madres migrantes de desaparecidos una atención de respeto, dignidad e integridad.

El mismo respeto que reclamamos al gobierno de los Estados Unidos de América para nuestros connacionales, en una política de reciprocidad.

A falta de un censo oficial y real, insto a las madres, hermanas y familiares de los desaparecidos que denuncien ante las autoridades correspondientes para que se realice un registro verdadero y confiable. A todas ellas y a todos ellos, mi solidaridad y mi apoyo total.

Queda un gran pendiente, compañeros, que el Estado mexicano defina cuál será su política nacional de población y migración.

El Partido Verde Ecologista de México rechaza tajantemente cualquier tipo de violencia contra cualquier hermano migrante centroamericano; ratificamos nuestro apoyo solidario en este tipo de acciones. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Corresponde ahora el uso de la tribuna al diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Roberto López Rosado:Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras, compañeros, un saludo de la tierra de Benito Juárez a esta caravana de madres, que afanosamente buscan a sus hijos desaparecidos.

Hoy llegan a esa franja de nuestro territorio nacional, al ist-mo de Tehuantepec y allá nuestra gente les ofrecerá una cálida bienvenida y una recepción, como cotidianamente ciudadanos y amigos de esta parte de nuestro territorio cumplen con un deber moral, con una solidaridad necesaria, que el Estado mexicano tiene indudablemente la obligación de expresar esta solidaridad y de mantener una actitud de observancia absoluta a las instituciones que tenemos y a las leyes que debemos de observar todos, pero indudablemente la obligación es del Estado mexicano.

Desde esta tribuna reclamo al Estado mexicano y al titular del Poder Ejecutivo que seamos congruentes, que con la misma firmeza con que exigimos en el escenario internacional por nuestra conducta de política de relaciones exteriores, suscrita en nuestros principios y nuestros valores, cumplamos con nuestra parte de solidaridad, de exigencia irrestricta de vigilar que los derechos humanos se respeten en nuestro territorio.

En el istmo de Tehuantepec vemos con suma tristeza —como todos los mexicanos por los medios informativos— cómo miles y miles de migrantes se trasladan, recorren nuestro territorio nacional y particularmente, en el cruce de la frontera sur de nuestro país, se encuentran efectivamente con toda una pesadilla, por lo que aquí ya se ha señalado por distintos legisladores y legisladoras.

Esa travesía dolorosa es la que debiéramos denunciar, debiéramos de asumir esta soberanía como una necesidad urgente de cambiar esa visión de no solo exigir al norte, sino también ser congruentes y cumplir con el sur.

En la medida en que construyamos una cultura de solidaridad y de respeto a los derechos humanos, en esa medida estaremos transformando la realidad que hoy viven los migrantes en esa parte de nuestro territorio nacional.

Propongo a esta soberanía una comisión de legisladores amplia y plural para que busque el acercamiento con las madres de los desaparecidos que hoy llegan a la región del istmo de Tehuantepec; que también pudiéramos estar permanentemente pendientes para vigilar la aplicación de las leyes, para vigilar la aplicación irrestricta de nuestros principios y nuestros valores como mexicanos en materia de política exterior. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Cinthya Noemí Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh:Con su venia, señor presidente. Las caravanas de búsqueda de madres centroamericanas llevan ya ocho años de venir formalmente a México en busca de sus hijos, hermanos y familiares desparecidos en su tránsito por nuestro país.

Aunque las búsquedas individuales o en pequeños grupos datan de años atrás, iniciaron de manera muy precaria, cubriendo solo el sureste mexicano, y a partir de la intervención del Movimiento Migrante Mesoamericano, como anfitriones en México, se ha logrado ampliar su geografía, impacto, trayectoria y difusión.

La caravana que en esta ocasión recorrió el país, estuvo integrada por 60 mujeres madres, padres, procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, así como por esposas de algunos migrantes centroamericanos desa-parecidos. Durante 19 días; recorrerán estados como Tabasco, Veracruz, Oaxaca, estado de México, Nuevo León y Tamaulipas.

Durante lo que resta del viaje por el territorio nacional, la caravana tendrá actividades en ciudades que se ubican dentro de la ruta del migrante, como Lechería, Huehuetoca, en el estado de México; la Ciudad de México, Ixtepec, Oaxaca; Coatzacoalcos, Veracruz, Tapachula, Chiapas, finalizando en ciudad de Hidalgo, el día 3 de noviembre.

Las actividades de esta segunda caravana consisten en paradas en las plazas públicas, buscando, recorriendo las calles y lugares de congregación de migrantes con fotografías en mano, preguntando si alguien ha visto a algunos de los desaparecidos.

De acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobierno del estado de México, actualmente cerca de mil 700 migrantes han desaparecido entre el trayecto en la entidad y el norte del país.

Para atender esta problemática el gobierno federal ha dispuesto de varios mecanismos necesarios para salvaguardar los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional.

En el 2011, el gobierno de México celebró la adopción del Memorándum de Entendimiento suscrito por los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, para el establecimiento de una red de protección consular y asistencia humanitaria en el país, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los trabajadores centroamericanos en tránsito, tal y como lo hace la red consular mexicana en el extranjero.

Durante esta expedición, los integrantes de la caravana demandaron responsabilidad del gobierno para buscar a sus familiares, así como brindar más apoyo a las familias afectadas, exigencias que consideramos justas y que requieren de una solución de manera urgente.

Cabe mencionar que México no ha hecho oídos sordos a esas exigencias, que no son nuevas. El gobierno federal ha implementado medidas pertinentes en cuanto a la defensa y protección de los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional; como prueba de ella se publicó el Reglamento de la Ley de Migración, que permite hacer frente a la realidad y necesidades a las que se enfrentan los migrantes, ya que en él están plasmadas las normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender de manera formalizada, especializada e integral este fenómeno, además de proteger, fortalecer los instrumentos en materia de defensa y protección de los derechos humanos.

Además se contempla la participación de las instancias de la administración pública federal, como lo son la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Salud, Educación, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, creando una política integral, en donde se refuercen los trabajos de las instituciones nacionales e internacionales, en un marco de responsabilidad compartida.

En el tema de justicia, los extranjeros víctimas de delitos graves tendrán derecho a que se les brinde protección a su integridad y pleno respeto a sus derechos humanos.

A lo largo del octavo recorrido de la caravana se recordaba constantemente que México firmó tratados internacionales y no puede impedir el libre paso de sus hermanos centroamericanos.

En el Reglamento de la Ley Nacional de Migración se regula la migración sin documentos, toda vez que ya no es considerada ilegal, por lo que dejó de ser un delito entrar sin papeles a nuestro país; por lo tanto, gracias a esta política interna, México ha realizado el armónico legal que permite favorecer un trato digno y de respeto a los migrantes en territorio nacional.

El Partido Acción Nacional, comprometido con salvaguardar la integridad de la persona, así como velar por el respeto de los derechos humanos en México, reprueba de manera tajante los abusos en contra de los migrantes que atraviesan nuestro territorio y fija el siguiente posicionamiento en torno a esta problemática.

Primero. El asesinato, secuestro y violaciones a los derechos humanos de los migrantes constituyen una afrenta para la sociedad mexicana; por lo tanto, es necesario continuar con los esfuerzos para garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes en México.

Segundo. Reforzar y actualizar los mecanismos que permitan disminuir el factor de vulnerabilidad de los migrantes en el territorio nacional.

Tercero. Impulsar acciones para la defensa y protección de los migrantes y sus familiares en nuestro país, y

Cuarto. Exhortar a los gobiernos locales a sumar esfuerzos y recursos disponibles para localizar a los migrantes desaparecidos, dentro de sus competencias. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Norma Ponce Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Norma Ponce Orozco:Con el permiso del presidente de la Mesa Directiva.

La diputada Norma Ponce Orozco:Compañeros legisladores, no podemos sino expresar solidaridad con esas mujeres madres de familia, esposas, hijas, familiares que han venido en caravana a nuestro país en busca de sus familiares; solidaridad, pero también indignación por los casos de abuso y crueles condiciones que padecen nuestros hermanos migrantes centroamericanos que cruzan el país en busca del sueño americano.

No podemos admitir que aquí se den violaciones a sus derechos más elementales, como tampoco lo admitimos y protestamos por los abusos de que son víctimas nuestros compatriotas en Estados Unidos de América.

Esas mujeres que con muchos esfuerzos y penurias han realizado esta caravana en busca de sus seres queridos tienen todo nuestro apoyo. Las madres migrantes, las madres de migrantes, además originarios de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, viven desafortunadamente un drama que muchas mujeres mexicanas también viven aquí en el país por familiares que emigran al norte, por sus hijos que buscan también una oportunidad.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha participado activamente en las reformas que elevaron a rango constitucional a los derechos humanos. También, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha participado en las reformas que buscan la protección de los derechos de los migrantes en nuestro territorio.

Por esta razón, nosotros nos solidarizamos y votaremos a favor de este punto de acuerdo, que presenta la compañera diputada Amalia García. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día, informo a la asamblea que se recibió del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 3o., 8o., y deroga el artículo 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Iniciativa que reforma los artículos 2o., 3o. y 8o., y deroga el 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Juan Pablo Adame Alemán, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para derogar los artículos 2o., fracción II, inciso c); 3o., fracciones XIV, XV y XVI; 8o., fracción IV; y 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con el fin de eliminar impuestos especiales a las telecomunicaciones.

Exposición de Motivos

La sociedad de la información y el conocimiento (SIC) es un modelo de desarrollo centrado en la capacidad para obtener, compartir y procesar cualquier información, transmitida vía telecomunicaciones e informática, a la que todos pueden acceder para utilizarla, compartirla, modificarla y actualizarla, y orientarla para generar conocimiento. Su objetivo es promover el desarrollo de las personas y las comunidades para que puedan emplear ese conocimiento nuevo en la promoción de un desarrollo sustentable y en la mejora de su calidad de vida.

El impacto de estas sociedades de la información y el conocimiento incide directamente, entre otras cosas, en el crecimiento de un país, la calidad de su fuerza laboral, los niveles educativos de su población y la competitividad de la industria en los mercados interno y externo.

Para poder acceder al modelo de desarrollo que ofrece la sociedad de la información y conocimiento, es indispensable contar con instrumentos suficientes de política pública y de reformas legales que potencien la innovación y la competencia, y así potencializar la utilización de las tecnologías de información y comunicaciones, principalmente el internet y la banda ancha.

Por esa razón México debe apostar, en el mismo sentido en que otros países lo han hecho de manera satisfactoria, a reducir la brecha digital entre la población y promover el desarrollo de una Sociedad de la Información y el Conocimiento, sin embargo, la consecución de ese objetivo en nuestro país aún enfrenta retos importantes.

Desde el 27 de noviembre de 2009, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que contenía el gravamen del 3 por ciento a las telecomunicaciones, nuestro país adoptó un impuesto regresivo a las telecomunicaciones que inhibe la inversión en el sector, y que estimula una política fiscal que no ayuda a incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura de servicios en beneficio para la población. Incluso, podemos afirmar que este impuesto merma directamente la cadena productiva no sólo de las telecomunicaciones, sino del conocimiento y en detrimento del bienestar social.

Los servicios de telecomunicaciones en nuestro país enfrentan desde entonces una sobrecarga fiscal, pues además de la tasa de 16 por ciento de impuesto al valor agregado (IVA) a dichos servicios se grava el 3 por ciento del impuesto especial a las telecomunicaciones, lo que se traslada directamente al consumidor encareciendo estos servicios. Dicho esquema juega un rol de distorsión económica al alejar el consumo privado y la inversión, incidiendo directamente y de manera negativa en el bienestar social. Clara muestra de ello lo encontramos en el más reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el sector de las telecomunicaciones en México, en el cual dicho organismo señala que en nuestro país el consumidor enfrenta una pérdida de bienestar anual promedio estimada de casi 26 mil millones de dólares, o lo que es lo mismo, una perdida nacional del 1.8 por ciento del PIB.

A lo anterior, hay que sumar pagos de derechos para entrar a las licitaciones, pago de cánones por asignación de espectro, tasas impositivas por uso del espectro, impuestos a la importación de handsets y equipo, impuestos en la operación como el IVA e ISR, que se le imponen a todas las actividades económicas que forman parte de ésta cadena. En su conjunto, la escalera fiscal que enfrenta este sector del desarrollo del conocimiento se traduce en la siguiente gráfica:

Si vamos más allá del tema industrial y de la cadena productiva del sector para centrarnos en el tema social, debemos subrayar que estos servicios junto con las TIC, se han convertido en un componente fundamental en el gasto de las familias, siendo el más dinámico en años recientes. En los países integrantes de la OCDE, el consumo destinado a las TIC alcanzó el 4.8% del gasto total familiar, correspondiendo el gasto principal de las familias el destinado a telecomunicaciones. No obstante esto último, las tendencias muestran que en los países líderes y con mayor desarrollo y niveles de inversión en las TIC (Australia, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos), las Tecnologías de la Información hoy en día representan una mayor proporción del gasto de las familias que las telecomunicaciones.

Para el caso de México, según datos del más reciente estudio de la Asociación Mexicana de Internet, el crecimiento de usuarios de internet ha mantenido su tendencia a la alza, llegando a la cifra histórica de 41 millones de internautas en 2011, lo que significó un crecimiento del 14% con relación al año anterior. Se espera que dicha cifra siga creciendo en los próximos años, lo que demuestra que el internet es un servicio que está siendo adoptado por los diferentes sectores de la población y que resulta ser el vehículo indispensable para difundir el conocimiento y la herramienta fundamental para contar con una Agenda Digital con visión de estado que promueva el desarrollo educativo, cultural y económico del país.

En este contexto, resulta necesario subrayar que si bien el uso del internet quedó excluido del IEPS, la realidad tecnológica y económica en la que actualmente se ofrecen servicios convergentes de triple play (telefonía, internet y televisión) -con la posibilidad de oferta de cuádruple play, aunque la falta de competencia en el sector telecomunicaciones en nuestro país aún lo limita- hace difícil desagregar cada uno de dichos servicios, gravando indirectamente esta herramienta a la cual hoy los mexicanos todavía no tienen acceso de manera plena. Aún y cuando la reforma considera la posibilidad del empaquetamiento de los servicios, fija un tope de 30% del total de la factura para el valor del internet, lo que en la práctica puede generar una distorsión de precios en los otros dos servicios empaquetados, o en el mejor de los casos el operador opta por cobrar el IEPS generalizado al paquete, incluyendo al internet.

En el mismo orden de ideas, vale la pena resaltar lo que investigadores y especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de la consultora The Competitive Intelligence Unit señalan sobre la ineficiencia y distorsiones que desplazan el gasto privado y la disminución del bienestar al aplicar impuestos especiales al sector telecomunicaciones afectando directamente la productividad y competitividad de diversas industrias y empresas de servicios.

Dicha afirmación permite señalar que impuestos como el 3% a las telecomunicaciones en la Ley del IEPS limitan a una de las industrias que mayor dinamismo tienen en el mundo y cuyos niveles de inversión por año en nuestro país en la última década creció de 2,500 a 5, 700 millones de dólares –con un acumulado en 15 años de poco más de 61 mil millones de dólares- e impide avanzar en la meta para conseguir un incremento del 10% en la penetración de banda ancha y el crecimiento del 1.4% del Producto Interno Bruto nacional.

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que el impuesto especial que tienen las telecomunicaciones es considerado regresivo toda vez que conlleva un costo social que se traslada directamente a la ciudadanía desestimulando el consumo y la inversión en el sector, afectando principalmente a la población de menores recursos y obstaculizando la reducción de la brecha digital.

Vale la pena citar los argumentos principales que el CIDE y el Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información (DIRSI) subrayan en el ensayo “Telecomunicaciones: servicios con efectos positivos para enfrentar la crisis” para que el Poder Legislativo los haga propios y frene políticas que gravan a las telecomunicaciones. Dichos argumentos giran en torno a cuatro consideraciones:

1) Afecta negativamente el crecimiento económico, la creación de empleo y la productividad.

• Los efectos del gravamen se manifiestan en el nivel de acceso y consumo de la telefonía y otros servicios (se reduce la penetración entre un 2.2 y 4.3 puntos porcentuales, equivalentes a entre 2.4 y 4.6 millones de usuarios).

• Este impuesto especial se ve reflejado negativamente en la creación de empleos directos (construcción, despliegue y operación de nuevas redes), creación de empleos indirectos (ligados al desarrollo de nuevos negocios sustentados en la nueva infraestructura tecnológica) y generación de externalidades de red (cada nueva conexión genera valor para toda la red).

• Eliminar este impuesto se vería reflejado en un aumento de 2.8% en la tasa de generación de empleo a nivel nacional.

2 ) Es regresivo para consumidores actuales y futuros, lentificando la adopción

• Este impuesto afecta directamente al consumidor, pues se limita la adquisición y compra de los productos y servicios de este ramo por su subsecuente aumento de precio (estamos sumando otro impuesto adicional al Impuesto al Valor Agregado, IVA).

• Esta limitación es un impuesto regresivo que afecta principalmente a los sectores de la población con menores ingresos, ya que su penetración en este mercado es bastante grande.

• Esta gráfica, contenida en el ensayo, indica que el acceso a la telefonía es mayor que las demás telecomunicaciones en todos los deciles de ingreso, incluyendo los más bajos, lo que hace que el mencionado gravamen adquiera características regresivas.

3) Va en dirección contraria a la tendencia internacional.

• A nivel internacional, varios países, desarrollados o en vías de desarrollo, han implementado políticas públicas que alientan la inversión en el sector de la telecomunicaciones.

4) Es una aplicación errónea de un impuesto concebido para bienes y servicios con externalidades negativas.

• Las telecomunicaciones son una herramienta benéfica, tanto para consumidores como para inversores o productores por todas las consideraciones económicas y sociales (Sociedad del Conocimiento).

• No se puede justificar que generen alguna externalidad negativa. Su tasación es inútil y perjudicial.

• Es necesario legislar y aplicar política pública en su favor, particularmente en un contexto de crisis económica mundial, donde la competencia y la inversión son muy importantes.

Las telecomunicaciones no son un bien de lujo

En la exposición de motivos del dictamen de reforma por la cual se introdujo el impuesto especial a las telecomunicaciones, se argumentó que el gravamen recaería en los grupos de altos ingresos de la población, idea que a todas luces hoy se considera anacrónica dados los índices de penetración crecientes de los servicios de telecomunicaciones, principalmente la telefonía celular, penetrando a familias de bajos recursos para quienes hoy en día se ha convertido en un insumo necesario.

De acuerdo con datos de la industria de las telecomunicaciones, del 100% de usuarios de telefonía móvil más del 60% corresponde a los niveles socioeconómicos D y E. Es decir, se ubican con los menores ingresos en la población. Por ello resulta que el cobro del IEPS a las telecomunicaciones frena la adopción de nueva tecnologías que podrían fomentar el crecimiento económico y reducir los niveles de analfabetismo digital.

En consecuencia, resulta que el trato fiscal que se le da a las telecomunicaciones corresponde, incorrectamente, al de un bien de lujo. The Competitive Intelligence Unit, señala en el documento Impuestos Especiales a las Telecomunicaciones: Merma Productiva en Detrimento del Bienestar Social que “cuando en la realidad observamos un aumento en la penetración de estos servicios para todos los Niveles Socio Económicos (NSE), elevando al mismo tiempo su capacidad productiva y si se observan mayores niveles de penetración en NSE más altos es únicamente debido al mayor poder adquisitivo que presentan”.

Por esa razón, resulta imperativo que México se mueva en la dirección de las políticas públicas que permitan cerrar la brecha digital respecto a los países desarrollados. El mismo estudio resalta la urgencia de considerar a estos servicios como básicos, citando el caso de Estados Unidos que ha decretado una prohibición a gravar, por ejemplo, el internet.

Comparativo de México con otras economías de la región

México no ha logrado niveles de penetración de banda ancha móvil y fija similares a países latinoamericanos como Argentina, Brasil o Chile, en donde ésta ha alcanzado niveles superiores al 100%. Esta situación nos ubica con un rezago importante con respecto del resto de los países latinoamericanos, en parte fomentado por el cobro del IEPS que contribuye a la desaceleración en la adopción de servicios de banda ancha por parte de los consumidores, lo que impacta directamente sobre el objetivo público de cobertura universal y reducción de la brecha digital, entre otros.

Si se revisa la experiencia internacional de los países que ocupan los treinta primeros puestos del Índice de Desarrollo de las Telecomunicaciones (IDT) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), encontramos profundas diferencias entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, particularmente en lo que refiere a la utilización de este tipo de herramientas, que es tres veces mayor en los primeros países que en los segundos.

De acuerdo al índice de utilización de las tecnologías de la información, según los informes de la IUT, la posición de México observa dificultades e incluso retrocesos en los últimos años en cuento a la adopción de tecnologías de la información y en el sector telecomunicaciones, al ubicarnos en el puesto 79 el años pasado, y perdiendo un lugar con respecto a la medición del 2010.

Por otro lado, entendiendo el problema desde la óptica de las políticas públicas con miras a mejorar la eficiencia y eficacia gubernamental y el logro del buen gobierno con prácticas de transparencia –las cuales se potencian con las nuevas tecnologías– resulta incongruente que encontremos políticas en la dirección correcta por parte de las principales secretarias de estado (SCT, SE, SFP, SS, SEP, SHCP) encaminadas a fomentar la adopción de las TIC en gobierno, a la par que se le imponga un impuesto especial al que pretende ser el principal componente habilitador de dichas prácticas.

Análisis econométrico sobre el impacto negativo del IEPS a telecomunicaciones

El análisis econométrico sobre las elasticidades precio de los diferentes servicios de telecomunicaciones en México elaborado por The Competitive Intelligence Unit para el estudio Impuestos Especiales a las Telecomunicaciones: Merma Productiva en Detrimento del Bienestar Social,muestra algunos de los efectos negativos del IEPS en telecomunicaciones. El documento comprueba que “cada línea fija pierde 77 minutos de voz al trimestre, considerando que este servicio muestra las menores elasticidades del sector. En promedio, esto se traduce en una merma productiva de 2,829 millones de pesos al trimestre, que representan 8.5% de la base gravable proveniente de las telecomunicaciones fijas.”

Respecto al servicio de TV de paga, el estudio señala que:

• El impacto de la carga impositiva representa una merma significativa en el número de usuarios, ya que, derivado de la política fiscal, 283,958 usuarios no accedieron al mercado en 2010 y casi medio millón en 2011.

• En términos económicos, este impacto refleja una merma productiva de 250 millones de pesos al año.

• Las telecomunicaciones móviles sufrieron una pérdida promedio de 9,700 millones de llamadas al año, que de haberse realizado hubieran significado un promedio de 7,800 millones de pesos al año, equivalentes al 3.6% de los ingresos móviles.

Lo anterior, se refleja en el total de la merma productiva que alcanza 4% del valor total del sector de las telecomunicaciones en México, aun cuando la base gravable por concepto del IEPS es solo 3%. Se concluye entonces que considerando que una de las características fundamentales de los impuestos especiales en México, la demanda por servicios como la TV de paga o telecomunicaciones móviles es elástica para un amplio sector la sociedad, por lo cual la imposición del impuesto implica una barrera en la democratización del servicio y, además, una escasa recaudación.

Aunado a la evidencia, es oportuno señalar que este efecto negativo impacta en los ingresos de los operadores y por consecuencia en los precios que ofrecen al consumidor, pues al reducir sus márgenes de ganancia se limita su capacidad de absorción del impuesto, transfiriendo el impacto a los usuarios finales.

Finalmente, y considerando que la banda ancha y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación son fundamentales para terminar con el problema de la brecha digital que aqueja a 70 millones de mexicanos sin acceso pleno al internet, es necesario que el Poder Legislativo adopte medidas que estimulen el consumo y la adopción de servicios de telecomunicaciones, toda vez que las telecomunicaciones no son un bien de lujo, y para algunos sectores de la economía resultan insumos indispensables para llevar a cabo sus actividades cotidianas y laborales con las que consiguen los ingresos necesarios para subsistir –p. ej. Trabajadores de construcción, carpinteros, servicio doméstico– así como tener acceso a la cultura la educación y la salud.

Propuesta normativa

El Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos de la Agenda Digital Nacional MX a largo plazo y los esfuerzos del honorable Congreso de la Unión, deben promover la adopción nacional de las tecnologías de la información y comunicaciones. Por esa razón, es urgente frenar la imposición de gravámenes que claramente impactan en el desarrollo del conocimiento, la innovación, y afectan a los sectores poblacionales más pobres.

Por todo lo anteriormente señalado, reitero que es importante excluir de gravámenes especiales aquellos bienes o servicios cuyo uso sea necesario para el desarrollo económico y social, tales como las telecomunicaciones y tecnologías de la información, pues de lo contrario, la estructura del IEPS puede impedir la democratización en su consumo, afectando a aquellos con menor poder adquisitivo e impidiéndoles de esta forma el acceso a servicios benéficos para el desarrollo nacional.

En consecuencia a lo expuesto y al exhorto mediante proposición con punto de acuerdo que presenté el 2 de octubre a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para eliminar este impuesto a las telecomunicaciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, y al que se sumaron Senadores de distintos grupos parlamentarios el pasado 11 de octubre, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo único: Se derogan los artículos 2o., fracción II, inciso c); 3o., fracciones XIV, XV y XVI; 8o., fracción IV; y 18-A de la Ley del Impuesto especial sobre Producción y Servicios, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. ...

a) ...

1. a 3. ...

b) y c) ...

1. a 3. ...

...

...

d) a h) ...

II. ...

a) y b) ...

c) (Se deroga)

Articulo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a XIII ...

XIV. (Se deroga)

XV. (Se deroga)

XVI. (Se deroga)

XVII. ...

Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta ley:

I. ...

a) a g) ...

II. y III. ...

a) a c) ...

1. y 2. ...

...

IV. (Se deroga)

Artículo 18-A. (Se deroga)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, “Estudio de la OCDE sobre Políticas y Regulación de Telecomunicaciones en México” OCDE (2012)

2 Las cifras son estimadas para el periodo 2005-2009 y se encuentran en millones de dólares PPP y como porcentaje del PIB mexicano

3 Asociación Mexicana de Internet “Hábitos de los Usuarios de Internet en México”, (2012)

4 El impacto de la tributación en el desarrollo del sector de banda ancha móvil. Raúl Katz, Ernesto Flores, Judith Mariscal, CIDE, 2010.

5 Sistema de Información Estadística de Mercados de Telecomunicaciones, Cofetel.

6 Cálculos realizados por The Competitive Intelligence Unit.

7 Telecomunicaciones: servicios con efectos positivos para enfrentar la crisis. DIRSI y Telecom CIDE. Octubre de 2009. En la CEPAL, diálogo para la Sociedad de la Información (http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?base=/socinfo/tpl/top-bottom.xsl&x ml=/socinfo/noticias/paginas/9/38089/P38089.xml&xsl=/socinfo/tpl/p18f.xsl) (último acceso: 17 de octubre de 2012).

8 Internet Tax Freedom Act (1998). Disponible en http://www.gseis. ucla.edu/iclp/itfa.htm

9 Midiendo la Sociedad de la Información 2012, Informes UIT.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, el 31 de octubre de 2012.— Diputado Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

ARTICULOS 76 Y 89 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado José González Morfín: También se recibió del diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Iniciativa que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Alfredo Rivadeneyra Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 76 y la fracción VI del artículo 89 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El titular del Ejecutivo federal detenta entre sus facultades constitucionales la de preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, es decir, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación; asimismo cuenta con la facultad de declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa Ley del Congreso de la Unión. Ambas disposiciones, aunque implican facultades del Presidente de la República, se encuentran acotadas por la intervención de la Cámara de Senadores en el primer caso o bien de ambas Cámaras del Congreso en la segunda hipótesis descrita.

Respecto a la disposición de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, ésta puede actualizarse siempre y cuando dicha facultad se ejerza en el territorio nacional, ya que en caso de que se requiera la disposición de dicha Fuerza Armada permanente en el extranjero, invariablemente se requerirá de la autorización del Senado de la República para la salida de tropas.

Así, en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 76 de la Constitución federal, es facultad exclusiva del Senado de la República autorizar al Presidente de la República para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.

La facultad otorgada al Senado de la República para autorizar la salida de tropas del territorio nacional encuentra su justificación histórica cuando en un inicio se atendía a un principio de no intervención en el que se requería del contrapeso del Legislativo ante una posible decisión del Ejecutivo, sin embargo, el contexto internacional vigente se encuentra totalmente ajeno a este tipo de requerimientos y más bien, esta realidad nos obliga a interactuar con los demás países del orbe, en lo económico, lo político, lo social y en lo relativo a la seguridad hemisférica y mundial.

Particularmente, las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, efectúan constantemente ejercicios de intercambio académico con otros Estados y comparten información sobre el desarrollo de procesos al interior de los cuerpos militares con países cuyos planteamientos de la administración militar han sido exitosos.

De manera genérica, el sustento de estos ejercicios es un Acuerdo que se da entre países que tienen una relación diplomática avanzada en los mejores términos, en las mejores condiciones que les permiten hasta celebrar, como recientemente se ha hecho, visitas recíprocas de Estado. De esas visitas recíprocas se generan los capítulos de cooperación y colaboración, entre ellas, en estricto apego a la disciplina militar, aspectos de adiestramiento y capacitación en ambos territorios.

Un ejemplo claro de este tipo de ejercicios es la operación UNITAS, misma que contiene una serie de Ejercicios Navales que organiza la Armada de los Estados Unidos de América, en conjunto con las Armadas de países latinoamericanos, y tiene como fin entrenar, capacitar y fortalecer los vínculos entre las Armadas que participan, homogeneizando procedimientos en los diferentes aspectos del ámbito marítimo.

Dichos ejercicios navales generalmente se desarrollan en el ámbito marítimo-terrestre y se divide en dos fases: una de planeación y otra de ejecución, en la que se contempla operaciones de defensa aérea, de superficie, submarinas, de interdicción marítima, de guerra electrónica, ribereñas y anfibias.

En este orden de ideas México ha participado en diversos ejercicios navales de manera conjunta con países como Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Perú, Alemania, entre otros.

Con este tipo de acciones México ha podido intercambiar experiencias, tecnología y capacitación para las fuerzas navales mexicanas, colocando a nuestro país en la posibilidad de reaccionar de manera eficaz e inmediata ante prácticamente cualquier contingencia marítima en la que tenga que intervenir las fuerzas navales. Con dichos ejercicios México también se ha colocado como un referente internacional por su entusiasta participación y la aportación de equipo y tecnología para llevar a cabo acciones conjuntas con otros países.

Por lo anterior, se estima necesario actualizar diversas disposiciones constitucionales relativas a la salida de unidades militares fuera del territorio nacional para diferentes propósitos, a efecto de contribuir en un mejor desempeño de las tareas encomendadas.

En este orden de ideas cabe señalar que en la anterior LXI Legislatura el Senador Alejandro Zapata Perogordo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Senado de la República una iniciativa para dar solución a diversos problemas que se suscitaron con motivo de la salida de tropas mexicanas al exterior, en las que la dilación en la autorización por parte del Senado no permitió que elementos del Ejército Mexicano, pudieran salir del territorio nacional de manera oportuna, para participar en el adiestramiento conjunto con elementos de las Fuerzas Armadas de la República Francesa, así como el paso por nuestro país de miembros de las fuerzas armadas francesas, con el mismo objetivo, que se llevaría a cabo del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2009.

Existen otros ejemplos de ayuda humanitaria en los que justamente se ha visto limitada la intervención de las fuerzas armadas de nuestro país, debido a la rigidez del trámite constitucional.

Ante ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, proponemos retomar la iniciativa que no fue procesada por la Cámara de Senadores, a efecto de reformar diversas modificaciones al texto constitucional para determinar que el Senado de la República mantiene la facultad exclusiva de autorizar al Presidente para que pueda disponer la salida del territorio nacional de unidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas Mexicanas para realizar acciones bélicas y para permitir el paso de unidades militares extranjeras por el territorio nacional y la estancia de buques de guerra pertenecientes a otros países en aguas nacionales por más de un mes.

Sin embargo, con esta iniciativa se propone un modelo de control mixto, en el que se reconoce la intervención del Senado, pero se faculta al Presidente de la República que autorice la salida del territorio nacional de unidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas Mexicanas, para realizar operaciones de instrucción, entrenamiento, misiones humanitarias, visitas oficiales y en todos los demás casos no previstos por el artículo 76 fracción III, del mismo ordenamiento.

Asimismo se aprovechan ambas modificaciones para actualizar la figura de “tropas” por el de Fuerzas Armadas, que es un concepto que incorpora tanto a los integrantes de Ejército, Fuerza Aérea y Armada, ya que el concepto de “tropa” solamente se actualiza cuando se trata de miembros del ejército.

Esta es una propuesta que atiende los diferentes antecedentes históricos de nuestro país y pondera los modelos empleados por diferentes Estados en el constitucionalismo contemporáneo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 76 y la fracción VI del artículo 89 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman la fracción III del artículo 76, la fracción VI del artículo 89 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 76. ...

I. a II. ...

III. Autorizar al Presidente de la República para que pueda disponer la salida del territorio nacional de unidades pertenecientes a la Fuerza Armada Permanente para realizar acciones bélicas, para permitir el paso de unidades militares extranjeras por el territorio nacional y la estancia de buques de guerra pertenecientes a otros países en aguas nacionales por más de un mes.

IV. a XII. ...

Artículo 89. ...

I. a V. ...

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas Permanente, o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Asimismo podrá autorizar la salida del territorio nacional de unidades pertenecientes a la Fuerza Armada Permanente, para realizar actividades de instrucción, entrenamiento, misiones humanitarias, visitas oficiales y en todos los demás casos no previstos por el artículo 76, fracción III, de esta Constitución.

VII. a XX. ...

Artículo Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Concepción Navarrete Vital, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La diputada María Concepción Navarrete Vital:Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. El uso de maquinaria en el caso agropecuario no es un problema menor, tiene un impacto económico considerable del productor, ya sea propietario de la misma o que la rente. Dicho impacto representa un costo superior al 30 por ciento de los gastos que se realizan para el establecimiento de cualquier cultivo.

En el mismo sentido, el mantenimiento y las refacciones tienen un costo muy elevado e impacta de manera desfavorable la economía de los productores, provocando con ello que sean menos competitivos y cargándole al consumidor final un mayor costo de producción de los productos.

Soy representante por un distrito donde las actividades principales son agropecuarias; por esto y para dar congruencia a los postulados de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y crear condiciones productivas que requiere nuestro campo, es necesario señalar lo que establece el artículo 87, que señala: para impulsar la productividad rural los apoyos a los productores se orientarán a complementar sus capacidades económicas, a fin de realizar inversiones para la tecnificación de riego y reparación y adquisición de equipos e implementos.

Hasta el día de hoy, el artículo 2o.-A de la Ley del IVA ha gravado con tasa cero, entre otras, la enajenación de tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de oruga, así como llantas para dichos tractores y motocultores para superficies reducidas.

Por su parte, algunos países, como España, consideran que son tractores agrícolas todos aquellos vehículos especiales autopropulsados, de dos o más ejes, concebido y construido para arrastrar, empujar, llevar o accionar aperos, maquinaria o remolques agrícolas, incluidos los de ruedas u oruga, siempre que estén especialmente concebidos para arrastrar, empujar, transportar, accionar determinados equipos intercambiables destinados a usos agrícolas o forestales o arrastrar remolques agrícolas o forestales, pudiendo estar accionados para transportar cargas en faenas agrícolas o forestales y estar equipados con asientos de acompañantes.

Para México los tractores agrícolas son únicamente los de ruedas, pero es importante tomar conciencia, es importante esto, que no solo estos son parte de la mecanización y modernización del campo, debido a que en la vida cotidiana se presentan múltiples necesidades que son imposibles de resolver únicamente con un tractor de ruedas, como el desazolve de presas, la conservación y apertura de caminos rurales y caminos saca cosecha.

Si se analizan de manera consistente los alcances de esta propuesta de iniciativa se podrá observar una mejora en nuestro sector agropecuario, realzando con ello el gran amor y respeto que debe existir por la tierra y nuestros campesinos, para que nuestros trabajadores del campo tengan la oportunidad de crear las fuentes de empleo que nuestras comunidades requieren.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos conveniente y justo modificar el artículo 2o.-A de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, para que los tractores, incluyendo a los de oruga, motocultores, arados, rastras para desterronar la tierra rala, cultivadoras para esparcir y desyerbar, cosechadoras, aspersores, espolvoreadoras para rociar y esparcir fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego agrícola, sembradores, enfiladoras, cortadoras, empacadoras de forraje, desgranadoras, abonadoras y fertilizadoras de terrenos de cultivo; aviones fumigadores, motosierras manuales de cadena, así como embarcaciones de pesca comercial, siempre que reúnan los requisitos y condiciones que señala el reglamento a la enajenación de la maquinaria y equipo a que se refiere esta propuesta, así como sus refacciones, se les aplicara la tasa señalada solo cuando se acredite que serán utilizados con una vocación totalmente agrícola.

Someto a la consideración de este honorable Congreso el siguiente proyecto de decreto:

Primero. Se reforma el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue —concretamente en su inciso e)—:

e) Tractores para accionar implementos agrícolas, incluyendo los de oruga, así como refacciones para dichos tractores, motocultores, arados, rastras para desterronar la tierra arada, cultivadoras para esparcir y desyerbar, cosechadoras, aspersores y espolvoreadoras, para rociar o esparcir fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego agrícola, sembradoras, ensiladoras, cortadoras, empacadoras de forraje, desgranadoras, abonadoras, fertilizadoras de terrenos de cultivo; aviones fumigadores, motosierras manuales de cadena, así como embarcaciones para pesca comercial.

A la enajenación de la maquinaria y del equipo a que se refiere este inciso, así como de sus refacciones, se les aplicará la tasa señalada, que es tasa 0, en este artículo, solo cuando se acredite que serán utilizados con una vocación totalmente agrícola.

Está a su consideración. Muchísimas gracias. Qué tengan buen día.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada María Concepción Navarrete Vital, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María Concepción Navarrete Vital, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Argumentación

El impuesto al valor agregado (IVA), según la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo pagarán las personas que enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes o, importen bienes o servicios.

Se trata de un impuesto indirecto, lo cual quiere decir que el contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Entendiendo por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en la ley.

Para la aplicación de dicho impuesto, la ley considera tres tasas:

1. La tasa general de un 16%, contemplada en el artículo 1o. de la Ley.

2. La tasa del 11%, contenida en el artículo 2o., que se aplicará a las transacciones que se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza. Se debe considerar fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

3. La tasa 0% señalada en el artículo 2o.-A, cuyo objeto es determinar qué productos y servicios de manera estratégica son objeto de dicha tasa. Los actos o actividades gravados con la tasa 0%, producen los mismos efectos que los que si están gravados, es decir, el contribuyente está obligado a realizar sus declaraciones mensuales respecto del IVA, aun cuando las mismas sean sobre tasa 0% y no causen gravamen pecuniario.

Éstas disposiciones permiten que el Estado Mexicano tome decisión sobre actividades que considera estratégicas y básicas para la población, beneficiándolas con la aplicación de una tasa que no generará una elevación de los costos de bienes y servicios al consumidor final.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 3º fracción XXXIII, señala que la Soberanía Alimentaria es “La libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional.”

Planteamiento del problema

Los Legisladores de la Confederación Nacional Campesina, hemos sido testigos de acciones de gobierno que han llevado a nuestros productores rurales a disminuir de manera importante sus actividades y los han sumido en la pobreza.

Se trata de políticas públicas tomadas sin consciencia de futuro y pensando únicamente en el beneficio de los más altos niveles de producción. Medidas que impiden a los productores rurales competir en igualdad de circunstancias ante productos de importación.

Por estos motivos, los Legisladores del Sector Campesino estamos comprometidos con la mejora regulatoria en beneficio de nuestros pequeños y medianos productores, pues consideramos que cualquier medida que beneficie a los productores del campo, sus actividades tanto de producción y comercialización, así como el consumo de productos mexicanos, es una mejora que se verá reflejada en la mesa de todos los Mexicanos y las Mexicanas.

Propuesta de modificación

Hasta el día de hoy, el artículo 2o.-A de la Ley del IVA, ha grabado con tasa 0% entre otras, a la enajenación de Tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de oruga, así como llantas para dichos tractores y motocultores para superficies reducidas.

Por su parte, algunos países como España, consideran que son tractores agrícolas todos los vehículos especiales autopropulsados, de dos o más ejes, concebido y construido para arrastrar, empujar, llevar o accionar aperos, maquinaria o remolques agrícolas, incluidos los de ruedas u orugas siempre que esté especialmente concebido para arrastrar, empujar, transportar y accionar determinados equipos intercambiables destinados a usos agrícolas o forestales, o arrastrar remolques agrícolas o forestales. Pudiendo estar acondicionados para transportar cargas en faenas agrícolas o forestales y estar equipados con asientos de acompañantes.

Para México, los tractores agrícolas son únicamente los de ruedas, pero es importante tomar conciencia que no sólo éstos son parte de la mecanización y modernización del campo; debido a que en la vida cotidiana, se presentan múltiples necesidades que son imposibles de resolver únicamente con un tractor de ruedas, como el desazolve de presas, conservación y apertura de caminos rurales y caminos saca cosechas.

Es por los motivos expuestos, que mediante la presente Iniciativa, se pretende que se agreguen a la tasa 0% del IVA, a los tractores de oruga, así como las refacciones de la maquinaria señalada en el inciso E del artículo 2º.A., siempre y cuando se acredite la actividad para la cual serán destinadas.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se reforma y adiciona el inciso e) de la fracción primera del artículo 2o.A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue

Artículo 2o. A....

a) a d) ...

e) Tractores para accionar implementos agrícolas, incluyendo los de oruga, así como refacciones para dichos tractores; motocultores; arados; rastras para desterronar la tierra arada; cultivadoras para esparcir y desyerbar; cosechadoras; aspersoras y espolvoreadoras para rociar o esparcir fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego agrícola; sembradoras; ensiladoras, cortadoras y empacadoras de forraje; desgranadoras; abonadoras y fertilizadoras de terrenos de cultivo; aviones fumigadores; motosierras manuales de cadena, así como embarcaciones para pesca comercial, siempre que se reúnan los requisitos y condiciones que señale el Reglamento.

A la enajenación de la maquinaria y del equipo a que se refiere este inciso, así como de sus refacciones, se les aplicará la tasa señalada en este artículo, sólo cuando se acredite que serán utilizados con una vocación totalmente agrícola.

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputados: María Concepción Navarrete Vital, Erika Yolanda  Funes Vázquez, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, Faustino Félix Chávez, María Elena Cano Ayala, José Pilar Moreno Montoya, Gabriel Gómez Michel, Salvador Arellano Guzmán, Rafael González Reséndiz, Ossiel Omar Niavez López, Salvador Romero Valencia, Mayra Karina  Robles Aguirre, Gilberto Antonio Hirata Chico (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 6O. CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHO DE REPLICA - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, en materia de derecho de réplica, y reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Con su venia, diputado presidente. Compañeros legisladores, en una sociedad como la mexicana, en donde la información fluye de manera directa, instantánea y masiva a través de los diferentes medios de comunicación y difusión, no se debe dejar de lado la necesidad de establecer un marco regulatorio que defienda a las personas de aquellas informaciones que les causen agravio, pues la libertad de información tiene límites, precisamente los derechos de terceros.

Es así como el derecho de réplica es la facultad de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los medios de comunicación, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, y cuya divulgación le cause un agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada o imagen.

Este derecho tuvo su primera aparición en México en 1917, a través de la Ley sobre Delitos de Imprenta, cuyo artículo 27 establece a cargo de los periódicos la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quisieran dar a las alusiones que se le hubieran hecho. Este artículo establecía, sin embargo, de manera muy limitada y poco garantista las características de la réplica, así como las penas por la infracción a esta obligación.

Un instrumento internacional, que —suscrito por México— vino a garantizar el derecho de réplica como un derecho humano fue la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, también conocida como Pacto de San José.

Sin embargo, como se puede apreciar, a nivel nacional el derecho de réplica solamente estaba precariamente regulado por la Ley sobre Delitos de Imprenta e iba dirigido únicamente hacia las informaciones difundidas en periódicos. No existía disposición alguna respecto a la réplica en otros medios de comunicación, como lo son la radio y la televisión.

Fue hasta el 10 de octubre de 2002, cuando a través del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión se intentó regular lo referente al derecho de réplica en estos medios masivos de comunicación.

Sin embargo, el gran impulso al derecho de réplica se dio con la reforma electoral de 2007, pues se introdujo en el artículo 6o. constitucional su reconocimiento; sin embargo, la incorporación de la réplica como un derecho reconocido por la Constitución no ha sido reglamentado por el legislador, pues claramente establece nuestra Carta Magna que el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, ley que a la fecha no ha sido publicada.

Por lo tanto, queremos poner a consideración de esta Cámara de Diputados esta Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional en materia de Derecho de Réplica, que estará integrada por cuatro capítulos, en los que se encuentran de manera general los siguientes aspectos:

Capítulo I, Disposiciones generales. Se establece el objeto de la ley, así como que toda persona física o moral podrá ejercer el derecho de réplica por la información inexacta o falsa que emita cualquier medio de comunicación y que considere le cause un agravio.

Igualmente se reconoce el derecho de réplica a favor de los partidos políticos, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular.

Capítulo II, Del procedimiento para ejercer el derecho de réplica ante los sujetos obligados. En este capítulo se establece la posibilidad de que la réplica se haga en la misma transmisión en la que se dio la información agraviante, y se señala que cuando ello no sea posible, se hará valer el derecho de réplica mediante un documento escrito en un plazo no mayor a cinco días después de que se publicó o transmitió la información que se desea rectificar o responder.

Una vez recibido el escrito de réplica, el sujeto obligado tendrá tres días para resolver sobre la procedencia de la solicitud de réplica. Si ésta procede, se publicará o transmitirá al día hábil siguiente o en la siguiente transmisión.

Asimismo se establecen también las causales por las cuales el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, imponiéndole la obligación de justificar su decisión y notificársela a la persona solicitante.

Capítulo III, Del procedimiento judicial en materia de derecho de réplica. En este capítulo se reconocen a las autoridades federales como las únicas competentes para la aplicación, observancia e interpretación de esta ley, y a los tribunales de la federación como los únicos competentes para conocer de los procedimientos judiciales que se promuevan con motivo del ejercicio del derecho de réplica.

El interesado podrá iniciar el procedimiento judicial cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se negó, no se transmitió o publicó la réplica, o no se otorgó como lo solicitó, y una vez admitida la solicitud, el juez de distrito de inmediato tendrá la posibilidad de emplazar al sujeto obligado, para que en las 48 horas siguientes conteste por escrito y haga valer las excepciones y defensas que estime pertinentes.

El procedimiento implica la comparecencia de las partes a una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, a la cual citará el juez dentro de las 48 horas siguientes a que se presente la contestación de la demanda, o en su caso, concluido el término legal. En dicha audiencia el juez podrá dictar sentencia y si no lo hace, lo tendrá que hacer dentro de las 24 horas siguientes.

Un Capítulo IV, que versaría sobre las sanciones, en el cual se establece precisamente un catálogo de las mismas, que implican una multa que va desde los 500 a los 10 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, dependiendo de la gravedad de violación de los sujetos obligados.

Por último, en esta misma iniciativa que hoy presentamos ante esta Cámara de Diputados, se propone la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de facultar a los jueces de distrito civiles federales para conocer de los litigios que surjan con motivo del ejercicio del derecho de réplica.

Para el Partido Acción Nacional es un mandato constitucional la debida reglamentación del derecho de réplica por ser un derecho fundamental, pero antes que nada es un derecho cuyo ejercicio debe garantizarse a todas y todos los mexicanos.

Por ello, retomamos los trabajos realizados en legislaturas anteriores por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: Dora Alicia Martínez Valero, Héctor Larios Córdova, José Antonio Díaz García, Rocío del Carmen Morgan Franco y Rogelio Carbajal Tejada, durante la LX Legislatura, convencidos que es un tema que abona en gran media a la consecución de dicho fin.

También reconocemos el trabajo del senador Javier Corral, que ya presentó una iniciativa similar, aunque distinta en algunos aspectos esenciales, en la actual Legislatura.

Asimismo retomamos como base los lineamientos expedidos por la Comisión de Gobernación del Senado de la República en la LXI Legislatura, que se utilizan también como sustento para fundamentar la presente iniciativa.

Los diputados federales de Acción Nacional estamos seguros que con la aprobación de esta Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional se fortalecerá el sistema garantista y de derechos humanos en nuestro país y además, también se fortalecerá el derecho a la libre expresión de las ideas. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional en materia de Derecho de Réplica, y reforma el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Fernando Rodríguez Doval, con el carácter de diputado federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional en materia de Derecho de Réplica, se reforman las fracciones VI y VII y se adiciona la fracción VIII al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En una sociedad en donde la información fluye de manera directa, instantánea y masiva a través de los diferentes medios de comunicación y difusión, no se debe dejar de lado la necesidad de establecer un marco regulatorio que defienda a las personas de aquellas informaciones que les causen agravio, pues la libertad de información tiene límites: los derechos de terceros.

Es así como el derecho de réplica es la facultad de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los medios de comunicación, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.

Este derecho tuvo su primera aparición en México en 1917 a través de la Ley sobre Delitos de Imprenta, cuyo artículo 27 establece a cargo de los periódicos la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se les hagan. Este artículo establece de manera limitada y poco garantista las características de la réplica, así como las penas por la infracción a esta obligación. Cabe señalar que, dentro de este precepto se hace alusión al artículo 904 del Código Penal del Distrito Federal para la imposición de una pena en caso de desobediencia, sin embargo, dicho artículo no existe.

Un instrumento internacional que, suscrito por México, vino a garantizar el derecho a la réplica como un derecho humano fue la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José) la cual plasma en el artículo 14 lo siguiente:

Derecho de rectificación o respuesta

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán  de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica,  de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

Como se aprecia, a nivel nacional, el derecho de réplica sólo estaba precariamente regulado por la Ley sobre Delitos de Imprenta e iba dirigido únicamente hacia las informaciones difundidas en periódicos. No existía disposición alguna respecto a la réplica en otros medios de comunicación, como lo son la radio y la televisión.

Fue hasta el 10 de octubre de 2002 cuando a través del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión se intentó regular lo referente al derecho de réplica en estos medios masivos de comunicación, pues en su artículo 38 establece:

Toda persona  podrá ejercitar el derecho de réplica cuando un material que sea difundido en cualquier programa de una estación de radio o televisión no cite la fuente de la cual extrajo la información y considere que los hechos que la aluden son falsos e injuriosos.

Para hacer valer este derecho, el interesado presentará, por escrito y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la transmisión, la solicitud de aclaración pertinente ante la estación de radio o televisión correspondiente, la cual evaluará su procedencia, a efecto de hacer la aclaración.

En caso que la estación de radiodifusión estime que la aclaración solicitada es improcedente, el interesado tendrá a salvo sus derechos para recurrir a las vías jurisdiccionales correspondientes.

De obtener el interesado resolución firme y favorable de la autoridad jurisdiccional, el concesionario o permisionario de radio o televisión transmitirá la aclaración correspondiente en los términos de la resolución.

El derecho de réplica podrá ser ejercido por el perjudicado aludido y, a falta de éste, por sus parientes en línea ascendente o descendente en primer grado.

En caso de que la estación de radiodifusión cite la fuente de la cual extrajo la información, y ésta haga la aclaración correspondiente, el aludido podrá ejercitar ante el concesionario o permisionario de radio o televisión el derecho consagrado en este artículo.

Lo anterior, aunque fue un pequeño paso en la materia, no fue suficiente para garantizar a las personas el ejercicio  efectivo del derecho de réplica, y no combatía el uso irresponsable de la libertad de expresión en el que pueden incurrir los comunicadores.

El gran impulso al derecho de réplica se dio con la reforma electoral del 2007, pues se introdujo en el artículo sexto constitucional su reconocimiento.  Es así que la posibilidad de ejercer la réplica se constituye como una garantía constitucional a favor de aquel que se sienta afectado por una información falsa o calumniosa.

Sin embargo, la incorporación de la réplica como un derecho reconocido por la Constitución no ha sido reglamentado por el legislador, pues claramente establece nuestra Carta Magna que “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”, ley que a la fecha no ha sido publicada.

La expedición de ésta ley es necesaria, ya que también con su correcto ejercicio se esta garantizando, además, el ejercicio de otro tipo de derechos, como lo es la libertad de expresión, toda vez que existen algunas tesis de nuestro máximo tribunal que establecen que el Estado debe garantizar el derecho a la información no sólo respecto de su difusión, sino también de su recepción por el público en general o destinatarios del medio, pero en todo momento debe buscar la protección y respeto de algún interés o bien jurídicamente tutelado, como los derechos o reputación de los demás, y en este caso, al ser la radiodifusión un medio tecnológico para ejercer dicho derecho, el Estado debe establecer las condiciones para su pleno ejercicio sin discriminación alguna, mediante políticas públicas en la materia; por lo que las restricciones a dicho derecho deben cumplir con ciertos criterios, entre los que se encuentran el de proporcionalidad, que se traduce en que la medida no impida el ejercicio de aquel derecho en su totalidad o genere en la población una inhibición en su ejercicio.

L ibertad de expresión. La radiodifusión es un medio tecnológico para ejercer ese derecho

Conforme al artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la información estará garantizado por el Estado, lo que debe ser de manera general, incluyendo tanto la que es producida o se encuentra en posesión de los órganos de gobierno, como la que es propia de los particulares; garantía que debe cumplirse no sólo respecto de su difusión, sino también de su recepción por el público en general o destinatarios del medio, pues el enunciado normativo previsto en el mandato constitucional no se limita a la información pública gubernamental. Así, cualquier marco normativo o política gubernamental debe empezar por garantizar el ejercicio de ese derecho, el cual si bien puede ser restringido excepcionalmente, las restricciones correspondientes deben estar fijadas por la ley y buscar la protección y respeto de algún interés o bien jurídicamente tutelado, como: a) los derechos o reputación de los demás, b) la seguridad nacional, c) el orden público, d) la salud pública, y e) la moral pública; de ahí que, al ser la radiodifusión un medio tecnológico para ejercer dicho derecho, el Estado debe establecer las condiciones para su pleno ejercicio sin discriminación alguna, mediante políticas públicas en la materia; así, las restricciones deben cumplir con los criterios de a) razonabilidad, esto es, deberá enfocarse a los fines perseguidos, y b) proporcionalidad, que se traduce en que la medida no impida el ejercicio de aquel derecho en su totalidad o genere en la población una inhibición en su ejercicio.

De igual manera, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha emitido criterios respecto a la necesidad de dar celeridad al ejercicio del derecho de réplica en los procesos electorales, señalando que para tutelar el derecho de réplica de los partidos políticos, precandidatos y candidatos, son aplicables las reglas del procedimiento especial sancionador porque debe resolverse con prontitud, ya que si este derecho se ejerce en un plazo ordinario, posterior a la difusión de la información que se pretende corregir, la réplica ya no tendría los mismos efectos, por lo que su carácter expedito se justifica por la brevedad de los plazos del proceso electoral.

Derecho de réplica. Se tutela a través del procedimiento especial sancionador

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1o., párrafo primero, y 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 233, párrafo 3, 367 y 368, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que, para tutelar el derecho de réplica de los partidos políticos, precandidatos y candidatos, son aplicables las reglas del procedimiento especial sancionador. Lo anterior, porque debe resolverse con prontitud, ya que si este derecho se ejerce en un plazo ordinario, posterior a la difusión de la información que se pretende corregir, la réplica ya no tendría los mismos efectos, por lo que su carácter expedito se justifica por la brevedad de los plazos del proceso electoral.

El proyecto que se pone a consideración se integra por cuatro capítulos en los que se encuentran, de manera general, los siguientes aspectos:

Capítulo I. Disposiciones Generales.Se establece el objeto de la ley, así como que toda persona física o moral podrá ejercer el derecho de réplica por la información inexacta o falsa que emita cualquier medio de comunicación y que considere le cause un agravio.

Se plasma la garantía constitucional a favor de los pueblos o comunidades indígenas, pues si se trata de medios de comunicación operados o administrados por ellos, se seguirá a las condiciones que éstas mismas determinen. Igualmente se reconoce el derecho de réplica a favor de los partidos políticos, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular.

Se reconoce como sujetos obligados a respetar el derecho de réplica a: los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes, y a cualquier otro emisor de información, responsable del contenido original. La publicación, transmisión o difusión de la rectificación deberá hacerse de manera gratuita.

A fin de no dar lugar a interpretaciones discrecionales, se da un catálogo de definiciones respecto a lo que se debe entender por: agencia de noticias, derecho de réplica, medio de comunicación, y productor independiente.

Como una obligación a cargo de los medios de comunicación está el contar con un responsable para recibir y resolver las solicitudes de réplica, las cuales deberán de hacerse por escrito o a través de correo certificado.

Capítulo II. Del procedimiento para ejercer el derecho de réplica ante los sujetos obligados. Se establece la posibilidad de que la réplica se haga en la misma transmisión en la que se dio la información agraviante, y se señala que cuando ello no sea posible, se hará valer el derecho de réplica mediante un documento escrito en un plazo no mayor a cinco días después de que se publicó o transmitió la información que se desea rectificar o responder.

Una vez recibido el escrito de réplica, el sujeto obligado tendrá tres días para resolver sobre la procedencia de la solicitud de réplica. Si ésta procede, se publicará o transmitirá al día hábil siguiente o en la siguiente transmisión.

Tratándose de medios impresos, el escrito de rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente, con características similares a la información que la haya provocado y con la misma relevancia. Cuando se trate de información transmitida por  radio o televisión, la rectificación o respuesta se difundirá en el mismo programa u horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado.

Se establecen las causales por las cuales el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, imponiéndole la obligación de justificar su decisión y notificársela a la persona solicitante.

Capítulo III. Del procedimiento judicial en materia de derecho de réplica.Se reconocen a las autoridades federales como las únicas competentes para la aplicación, observancia e interpretación de esta ley, y a los tribunales de la federación como los únicos competentes para conocer de los procedimientos judiciales que se promuevan con motivo del ejercicio del derecho de réplica.

Se reconoce que el procedimiento judicial en materia de derecho de réplica es independiente del derecho del afectado para acudir ante otros medios de defensa o reparación.

El interesado podrá iniciar el procedimiento judicial cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se negó, no se transmitió o publicó la réplica, o no se otorgó como lo solicitó. Y se establece que para ello se debe presentar un escrito con los elementos necesarios para su identificación y valoración; así se enumeran los documentos que deben acompañar a dicho escrito.

Una vez, admitida la solicitud, el juez de distrito de inmediato emplazará al sujeto obligado, para que en las cuarenta y ocho horas siguientes conteste por escrito, y haga valer las excepciones y defensas que estime pertinentes. El artículo 26 establece los requisitos que deberá contener esta contestación.

El procedimiento implica la comparecencia de las partes a una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, a la cual citará el juez dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que se presente la contestación de la demanda, o en su caso, concluido el término legal. En dicha audiencia el juez podrá dictar sentencia, si no lo hace, lo tendrá que hacer dentro de las veinticuatro horas siguientes. La resolución será pública.  En contra de la resolución procede el recurso de apelación.

Si la sentencia favorece la réplica, se impondrá una sanción al sujeto obligado y se le ordenará la difusión o publicación de la réplica, en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Capítulo IV. De las Sanciones.Se establece un catálogo de sanciones que implican una multa que va desde los quinientos a los diez mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, dependiendo la gravedad de violación de los sujetos obligados.

Por último, en este mismo proyecto se propone la reforma a la  Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de facultar a los jueces de distrito civiles federales para conocer de los litigios que surjan con motivo del ejercicio del derecho de réplica.

Para Acción Nacional, es un mandato constitucional la debida reglamentación del derecho de réplica por ser un derecho fundamental, pero antes que nada es un derecho cuyo ejercicio debe garantizarse a todas y todos los mexicanos, por ello, retomamos los trabajos realizados en legislaturas anteriores, por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: Dora Alicia Martínez Valero, Héctor Larios Córdova, José Antonio Díaz García, Rocío del Carmen Morgan Franco y Rogelio Carbajal Tejada durante la LX legislatura, convencidos de que es un tema que abona en gran medida a la consecución de dicho fin.

Asimismo retoma como base los lineamientos expedidos por la Comisión de Gobernación del Senado de la República, LXI Legislatura, que se utilizan como sustento para fundamentar la presente iniciativa.

Estamos seguros que  con su aprobación se fortalecerá el sistema garantista y de derechos humanos en nuestro país, lo cual es prioridad.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esa soberanía, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional en materia de Derecho de Réplica, se reforman las fracciones VI y VII y se adiciona la fracción VIII al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo Primero.Se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional en materia de Derecho de Réplica, para quedar en los siguientes términos:

Capítulo IDisposiciones generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana; tiene por objeto establecer los procedimientos y autoridades competentes para garantizar el ejercicio del derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier medio de comunicación previsto en esta ley y que considere le cause un agravio.

Cuando la persona física afectada se encuentre imposibilitada para ejercer por sí misma el derecho o hubiere fallecido, lo podrá hacer el cónyuge, concubino, conviviente o parientes consanguíneos en línea directa ascendente o descendente hasta el segundo grado. En caso de que exista más de una persona legitimada para hacer valer el derecho de réplica, el primero en presentar la solicitud será el que ejercerá dicho derecho.

Las personas morales, ejercerán el derecho de réplica a través de un representante legal.

Cuando el derecho de réplica se ejerza ante los medios de comunicación operados o administrados por pueblos o comunidades indígenas, el procedimiento se seguirá de conformidad con las condiciones que determinen sus propias formas de organización, en tanto no contravengan los principios que establece esta ley y las demás aplicables.

Los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección popular, debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes, durante el tiempo en que duren las respectivas precampañas y campañas y hasta el día de la jornada electoral respectiva, podrán ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que difundan los medios de comunicación en términos de lo dispuesto por esta ley.

Artículo 3. Son sujetos obligados por esta ley:

I. Los medios de comunicación;

II. Las agencias de noticias;

III. Los productores independientes; y

IV. Cualquier otro emisor de información, responsable del contenido original.

Los sujetos señalados tendrán la obligación de respetar el derecho de réplica de las personas en los términos previstos en esta ley. En el caso de los mencionados en las fracciones II a IV, el cumplimiento de dicha obligación se hará a través de los espacios donde sean publicados o transmitidos por terceros.

Artículo 4.Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Agencia de noticias: empresa o institución que obtiene información, materiales editoriales o fotográficos, para venderlos o ponerlos a disposición a los medios de comunicación.

II. Derecho de réplica: la facultad de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los medios de comunicación, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.

III. Medio de comunicación: la persona, física o moral, que presta servicios de radiodifusión en los términos definidos en el último párrafo del artículo 2 de la Ley Federal de Radio y Televisión; servicios de televisión o audio restringidos; o que de manera impresa difunde masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole y que opera con sujeción a las disposiciones legales aplicables.

IV. Productor independiente: la persona que genere y sea responsable de producir contenidos que sean publicados o transmitidos por los medios de comunicación.

Artículo 5. La crítica periodística será sujeta al derecho de réplica en los términos previstos en esta Ley, siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite, ya sea político, económico, en su honor, imagen, reputación o vida privada.

Artículo 6. La publicación, transmisión o difusión de la rectificación o respuesta formulada en el ejercicio del derecho de réplica, deberá publicarse o transmitirse por los sujetos obligados de manera gratuita.

Artículo 7. Los medios de comunicación deberán contar en todo tiempo con un responsable para recibir y resolver sobre las solicitudes de réplica, informando al público de manera oportuna y fehaciente a través de soportes o instrumentos de información permanente, el nombre completo del responsable, domicilio, código postal, entidad federativa y teléfono. Las solicitudes deberán presentarse por escrito o a través de correo certificado.

En los casos en que el medio de comunicación contemple, como parte de su organización interna un defensor de los derechos de los lectores, radioescuchas o televidentes, según sea el caso, y cualquiera que sea la denominación que se otorgue al responsable de esa función, éste mismo podrá ser designado como responsable de atender y resolver las solicitudes a que se refiere el presente artículo.

Artículo 8.A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Capítulo IIDel procedimiento para ejercer el derecho de réplica ante los sujetos obligados

Artículo 9. El derecho de réplica se ejercerá y sustanciará a través del siguiente procedimiento:

I. Tratándose de transmisiones en vivo por parte de las estaciones de radiodifusión o que presten servicios de televisión y audio restringidos, si el formato del programa lo permitiera y a juicio del medio de comunicación es procedente la solicitud presentada por la persona legitimada para ejercer el derecho de réplica, ésta realizará la rectificación o respuesta pertinente durante la misma transmisión, en la extensión y términos previstos en esta ley.

II. Cuando no se actualice la hipótesis prevista en la fracción anterior, el escrito para hacer valer el derecho de réplica se presentará ante el sujeto obligado en un plazo no mayor a cinco días hábiles siguientes al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder, en el que se señalará el nombre de la persona aludida y, en su caso, de la persona legitimada, domicilio para recibir contestación a su solicitud, hechos que desea aclarar, el nombre, el día y la hora de la emisión o la página de publicación de la información. En este caso se observará además lo siguiente:

a) El sujeto obligado tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para resolver sobre la procedencia de la solicitud de réplica, debiendo notificar por el mismo medio por el que se hizo la solicitud de réplica en el domicilio señalado para tales efectos. Si ésta fuere procedente, deberá publicarse o transmitirse al día hábil siguiente, cuando se trate de programas o publicaciones de emisión diaria y en la siguiente transmisión o edición, en los demás casos.

b) Tratándose de medios impresos, el escrito de rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página,con características similares a la información que la haya provocado y con la misma relevancia. Cuando se trate de información transmitida a través de una estación de radiodifusión o una que preste servicios de televisión o audio restringidos, la rectificación o respuesta tendrá que difundirse en el mismo programa u horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado. La persona legitimada, deberá presentar las aclaraciones respectivas en formato escrito, para que el medio de comunicación dé lectura o elabore la información respectiva.

III. El contenido de la réplica deberá limitarse a la información que la motiva y en ningún caso, podrá comprender juicios de valor u opiniones, ni usarse para realizar ataques a terceras personas.

IV. El sujeto obligado deberá publicar o transmitir el contenido de la réplica en los términos previstos en esta Ley, a través de cualquier aplicación tecnológica o plataforma que hubiese utilizado, para poner a disposición del público, la información o expresión motivo de la aclaración respectiva.

Artículo 10.El contenido de la réplica no podrá exceder del tiempo o extensión del espacio que el sujeto obligado dedicó para difundir la información considerada falsa o inexacta y que genera un agravio, salvo que por acuerdo de las partes o por resolución judicial, dada la naturaleza de la información difundida, se requiera de mayor espacio para realizar la rectificación o respuesta pertinentes.

Artículo 11.Las agencias de noticias que difundan información falsa o inexacta a sus suscriptores, en agravio de una persona, en los términos previstos en esta Ley, deberán difundir por los mismos medios a sus suscriptores, la rectificación o respuesta que realice la persona legitimada para ello,en un plazo máximo de 24 horas contados a partir de la fecha en que resuelva la procedencia de la solicitud de réplica.

Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé origen a la réplica adquirida o proveniente de las agencias de noticias, estarán obligados a difundir la rectificación o aclaraciones que éstas les envíen.

 Artículo 12. El sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, en los siguientes casos:

I. Cuando se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado;

II. Cuando no se ejerza en los plazos y términos previstos en esta Ley;

III. Cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea inexacta o falsa y cuya difusión le ocasione un agravio;

IV. Cuando sea ofensiva o contraria a las leyes;

V. Cuando la persona no tenga interés jurídico en la información controvertida, en los términos previstos en esta ley;

VI. Cuando la información previamente haya sido aclarada, siempre y cuando se le otorgue la misma relevancia que a la que le dio origen;

VII. Cuando la réplica verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación; y

VIII. Cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia.

En todos los casos anteriores, el sujeto obligado deberá justificar su decisión y notificársela a la persona solicitante, en un plazo máximo de tres días hábiles siguientes a la fecha en que se haya recibido la solicitud de réplica, por el mismo medio por el que se requirió la publicación o difusión de la aclaración respectiva, acompañando, en su caso, las pruebas que al efecto resulten pertinentes.

Capítulo IIIDel procedimiento judicial en materia de derecho de réplica

Artículo 13.Todo lo concerniente a la aplicación, observancia e interpretación de la presente ley es competencia exclusiva de las autoridades federales en el ámbito de sus atribuciones.

Artículo 14. Los tribunales de la federación serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales que se promuevan con motivo del ejercicio del derecho de réplica en los términos que dispone esta ley.

Será competente por razón de territorio para conocer del procedimiento judicial a que se refiere el párrafo anterior, el juez de distrito en materia civil del lugar que corresponda al domicilio en que resida la parte solicitante, con excepción de lo dispuesto en el artículo 32 de esta ley.

Artículo 15.El procedimiento contemplado en este capítulo, se iniciará siempre a instancia de parte, teniendo ese carácter la persona a la que se refiera de manera directa la información que se hubiera dado a conocer a través de los medios de comunicación, agencias de noticias o productores independientes.

La solicitud de inicio del procedimiento judicial deberá ser presentada por la parte legitimada o por los sujetos referidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 2o. de esta ley.

Artículo 16.El procedimiento judicial en materia de derecho de réplica es independiente del derecho que le asiste a todo sujeto afectado para acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes para reclamar la reparación de los daños o perjuicios que se hubieran ocasionado en su contra con motivo de la publicación de información que se le atribuya.

Artículo 17.La solicitud de inicio del procedimiento judicial deberá presentarse ante el juez de distrito competente, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes:

I. A la fecha en que la parte legitimada debió haber recibido la notificación a que se refiere el artículo 9 de esta ley, en el caso de que no la hubiere recibido;

 II. A la fecha en que la parte legitimada haya recibido la notificación a que se refiere el artículo 9 de esta ley, cuando no estuviere de acuerdo con su contenido.

 III. A la fecha en que el medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias debió haber publicado o transmitido la aclaración correspondiente en los términos y condiciones previstos en esta ley, en el caso de que no la hubiere efectuado.

Artículo 18.En el escrito por el que se solicite el inicio del procedimiento a que se refiere este Capítulo,deberán señalarse:

I. Nombre y domicilio de la parte solicitante o de quien promueva en su nombre;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Nombre y domicilio de la parte demandada, teniendo dicho carácter el medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias a la que se le atribuya la publicación materia del derecho de réplica;

IV. Descripción de la información, programa o publicación materia del derecho de réplica, para lo cual el solicitante deberá aportar datos suficientes que permitan identificar con precisión la misma.

V. Pretensión que se deduzca en el procedimiento judicial en materia del  derecho de réplica;

VI. Relación sucinta de los hechos que fundamenten su petición;

VII. Las pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias en los términos previstos por esta ley; las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada; o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado;

VIII. Las consideraciones de derecho que estimare pertinentes y necesarias, en su caso; y

IX. La firma del solicitante.

Si la solicitud fuera presentada por dos o más personas, deberá designarse de entre ellas a un representante común. A falta de señalamiento expreso en el escrito de solicitud respectivo, lo designará oficiosamente el juez competente.

Artículo 19.A todo escrito de solicitud de inicio del procedimiento, el promovente deberá acompañar los siguientes documentos:

I. Una copia de su escrito de solicitud y anexos para todas las partes en el procedimiento;

II. Las pruebas a que se refiere la fracción VII del artículo anterior;

III. El documento por medio del cual se acredite de manera fehaciente la personalidad del promovente, en su caso; y

IV. El acuse de recibo original de la solicitud de rectificación o respuesta que en su caso hubiere presentado ante el medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias y que no se hubiere contestado; el escrito emitido por el sujeto obligado mediante el cual se hubiere denegado la solicitud de réplica;  o en su caso, la copia del programa o publicación efectuada por el sujeto obligado en cumplimiento a una solicitud de derecho de réplica, cuando la parte legitimada considere que es insuficiente o incorrecta.

Artículo 20.En el supuesto de que el actor no posea copia del programa o publicación en la que funde su solicitud, misma que deberá ser exhibida como prueba, podrá solicitar al medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente que la hubiera difundido, que expida una copia de la misma a su costa. Dicha petición deberá formularse siempre con anticipación a la presentación de la solicitud de inicio del procedimiento judicial en materia del derecho de réplica. El acuse de recibo correspondiente deberá acompañarse como anexo de la misma.

Artículo 21.Si el escrito de solicitud, fuera oscuro o irregular, si no cumpliera con lo señalado por el artículo 21 de esta ley o la petición del artículo anterior, el juez prevendrá al actor por una sola vez, para que dentro del plazo de dos días hábiles subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan, haciéndole ver, en su caso, las omisiones o irregularidades en que hubiera incurrido. Si dentro del plazo señalado no atendiera la prevención, se tendrá por no presentada su solicitud.

Artículo 22.En los procedimientos judiciales del derecho de réplica se admitirán toda clase de pruebas, salvo las que sean contrarias a derecho.

Las pruebas se ofrecerán en el escrito de solicitud y en la contestación, y deberán acompañarse a los mismos; las que se presenten con posterioridad no serán admitidas, salvo que fueren supervenientes.

Artículo 23.Para conocer la verdad sobre los hechos controvertidos en el procedimiento a que se refiere este capítulo, el juez podrá valerse en cualquier momento y hasta antes de que dicte sentencia, de todos los medios de prueba que estime necesarios, siempre que estén reconocidos por el Derecho.

Artículo 24.Admitida la solicitud, el juez mandará emplazar en forma inmediata al medio de comunicación, productor  independiente o agencia de noticias en contra de la cual se hubiera presentado, con copia del escrito inicial y anexos que la conformen, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al que surta sus efectos el emplazamiento, produzca su contestación por escrito, y haga valer las excepciones y defensas que estime pertinentes.

Artículo 25.En el procedimiento judicial del derecho de réplica no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, en caso de que los hubiere, se resolverán al emitirse la resolución que ponga fin al procedimiento.

Artículo 26.En el escrito en que el medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias demandados formule su contestación deberá expresarse:

I. Nombre del medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias y, en su caso, de su representante legal;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Contestación a cada uno de los hechos que consigne la solicitud;

IV. Excepciones y defensas;

V. Las consideraciones de derecho que se estimen necesarias y pertinentes, en su caso;

VI. Las pruebas que estime adecuadas para demostrar los extremos de su defensa; y

VII. Firma de quien presente la contestación.

El medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias deberá adjuntar a su escrito, los documentos que acrediten su personalidad; las pruebas que estime convenientes para desvirtuar la imputación que se haga en su contra y, en su caso, la copia del programa o la publicación en que se hubiera hecho la divulgación de la información que dio lugar al ejercicio del derecho de réplica y que hubiere sido aportada como prueba por el actor mediante solicitud en los términos señalados en el artículo 20 de esta ley.

Artículo 27. Cuando el medio de comunicación, productor independiente o la agencia de noticias no pueda exhibir alguna o la totalidad de las pruebas en que funde su defensa o la copia del programa o la publicación a que se refiere el plazo anterior, dentro del plazo que la Ley le concede para producir la contestación a la solicitud del derecho de réplica y hubieran causas justificadas para ello, el juez podrá conceder un plazo adicional de cuarenta y ocho horas para su presentación, siempre que anuncie dicha circunstancia en el escrito de contestación.

Artículo 28.Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que haya sido presentada la contestación de la demanda, o en su caso, concluido el término legal para hacerlo, el juez citará a las partes a audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, dentro de la cual podrá dictar sentencia o, en su caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Las resoluciones que emita el juez serán públicas y estarán disponibles para su consulta electrónica, en los términos que disponga la ley de la materia.

Artículo 29.En contra de las resoluciones que el juez emita de conformidad con la presente ley, procede el recurso de apelación, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 30.Si la sentencia determinare la procedencia de las pretensiones del demandante, el juez además de imponer la sanción establecida en la fracción I del artículo 35 de esta ley, ordenará al medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias, la difusión o publicación de la réplica, señalando un plazo que no podrá exceder de tres días hábiles siguientes a partir de la notificación de la sentencia.

En el procedimiento judicial en materia del derecho de réplica procederá la condenación de costas.

Artículo 31. Cuando la información que se estime inexacta o falsa haya sido difundida por el sujeto obligado en los términos de esta ley durante el término que abarcan las precampañas y campañas y hasta el día de la jornada electoral, siempre que el afectado sea un partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular, debidamente registrado, el derecho de réplica se ejercerá de conformidad con lo establecido en esta ley, observando lo establecido en el presente capítulo.

Capítulo IVDe las sanciones

Artículo 32.La violación a lo establecido por la presente ley será sancionada en los siguientes términos:

I.Con multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando, sin mediar la notificación a que se refiere el artículo 12 de esta Ley, el medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias no publique o difunda la réplica solicitada dentro de los plazos establecidos por el artículo 9,según sea el caso.

II. Con multa de cinco mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en el caso de que el juez considere procedente la publicación o difusión de la réplica y el medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias se niegue a cumplir la sentencia o lo haga fuera del plazo establecido en la misma. En tales casos, el demandante está legitimado para promover incidente de inejecución de sentencia ante el juez que haya conocido de la causa, aplicándose supletoriamente y para ese fin lo dispuesto por la Ley de Amparo.

Las sanciones anteriores serán aplicadas por el juez de distrito con independencia de otras que conforme a las leyes aplicables corresponda aplicar al medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias infractor y de la responsabilidad civil o penal que resulte.

Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ejecución de las sanciones pecuniarias impuestas en aplicación de la presente ley.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los medios de comunicación deberán designar e informar al público en general los datos del representante a que alude el párrafo tercero del artículo 7, contenido en el artículo primero del decreto, dentro del plazo señalado en el artículo transitorio anterior.

Tercero.Se deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917, así como todas aquellas disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente ley.

Artículo Segundo.Se reforman las fracciones VI y VII y se adiciona con una fracción VIII al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. De las controversias ordinarias en que la Federación fuere parte;

VII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esta Ley; y

VIII. Del los juicios previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional en materia de Derecho de Réplica.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro IX, junio de 2012, tomo 1; página 262. Amparo en revisión 531/2011. Mie Nillu Mazateco, AC. 24 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro.

2 Cuarta Época.Recurso de Apelación. SUP-RAP-175/2009. Actores: Partido de la Revolución Democrática y Alberto Picasso Barroel. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. 26 de junio de 2009. Unanimidad de seis votos. Ponente: Manuel González Oropeza. Secretarios: Valeriano Pérez Maldonado y Mauricio Lara Guadarrama.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputados: Fernando Rodríguez Doval, Genaro Carreño Muro, Carlos Fernando Angulo Parra, Ricardo Villarreal García (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna a Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

ARTICULOS 3O., 6O., 17, 18, 21, 26, 27, 28, 36, 41, 43, 44, 45, 55, 56, 62, 71, 73, 76, 79, 82, 89, 95, 97, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 130, 131, 133, 134 Y 135 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Ángel Ávila Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Ángel Ávila Pérez:Diputado presidente; señoras diputadas, señores diputados, acudo ante el pleno de esta soberanía para someter a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 122 y diversas disposiciones correlativas de nuestra Constitución Política. Esta iniciativa es presentada por el suscrito y por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

Solicito a la Presidencia que esta iniciativa sea incluida íntegramente en el Diario de los Debates y que sea incluido el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, como uno de los que suscriben la misma, ya que su nombre fue omitido en la publicación que se hizo en la Gaceta Parlamentaria.

La finalidad de esta iniciativa es volver a insistir sobre la necesidad de reconocer los derechos de los habitantes y dotar de autonomía a la Ciudad de México, convencidos de que es impostergable terminar con la jurisdicción dual actualmente existente, que se traduce en sujeción nociva de los habitantes de la Ciudad de México.

Luego de un periodo de importantes avances, que inicio con las reformas constitucionales de 1986, no fue sino hasta el 96 y gracias al consenso alcanzado por todos los partidos políticos nacionales, que se pudo llegar a la reforma al artículo 122 constitucional, que da cuerpo a la configuración político-administrativa que actualmente tiene el Distrito Federal.

A pesar de los avances de la reforma política del 96, ésta quedó inconclusa; los poderes federales se reservaron para sí facultades que habían venido ejerciendo y se conservó el carácter de distrito sujeto a la federación, lo que ha impedido que la Ciudad de México pueda ejercer plenamente autonomía respecto de su régimen interior.

El objetivo de la reforma constitucional que se propone en la presente iniciativa recupera el conjunto de avances y consensos que a lo largo de los últimos 15 años han alcanzado el acuerdo de todas las fuerzas políticas que convergen en la Ciudad de México.

En esta iniciativa se recuperan los acuerdos plasmados en la minuta que aprobó el pleno de esta Cámara de Diputados en diciembre de 2001, que fue ratificada en sus términos por esta misma Cámara en el 2003, luego de que fue rechazada y devuelta por la Cámara de Senadores, con el falso argumento de que dotar de autonomía al régimen interior de la Ciudad de México podría concluir con el eventual sometimiento de los poderes federales. Qué barbaridad.

También se recupera el acuerdo para la reforma política del Distrito Federal, presentado en agosto del 2010, que fue resultado de las mesas de trabajo entre las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Gobierno del Distrito Federal.

Como resultado, quedó lista una propuesta para reformar el 122 constitucional, que fue retomada por diversos senadores y presentada al pleno de la Cámara de Senadores en el 2010, sin que hasta la fecha haya sido dictaminada.

Con esta iniciativa proponemos trascender el estatus actual del Distrito Federal para hacer de la Ciudad de México una entidad con jurisdicción propia, derivada de la soberanía de sus habitantes, con derechos iguales a los del resto de las entidades del país.

Se propone que la Ciudad de México se confirme como la capital de la República y la sede de los poderes federales; se le confiere la autonomía para su régimen interior y se le reconoce la potestad de sus habitantes de otorgarse su propia Constitución del orden local, constituyendo así los poderes locales y procurando las garantías para el funcionamiento de los poderes federales.

Las bases bajo las que se plantea el régimen descrito contemplan lo relacionado al Poder Ejecutivo de la Ciudad de México. Se propone revertir la fórmula actual para que los poderes locales de la Ciudad de México tengan todas las facultades que no estén expresamente conferidas por la Constitución a los poderes federales, tal como sucede con las demás entidades federativas de la República.

Las diversas reglas contenidas en la propuesta tienen como consecuencia generar una Ciudad de México capital de todos los mexicanos que respete y reconozca los derechos de todos sus habitantes y que tenga y brinde las garantías necesarias para el funcionamiento de los poderes federales.

Cualquier otra solución o soluciones que planteen —termino presidente—, que no sea compatible con el sistema federal mexicano es un error; el federalismo precisamente impone la posibilidad de que sobre un mismo territorio coexistan órdenes de gobierno diferentes. La ley, la Constitución determina las bases para que esto suceda. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ángel Ávila Pérez, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 párrafo1 fracción I, 77 párrafo 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa, al tenor de lo siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, derogan y adicionan los artículos: 3o., párrafo primero, fracciones III y VIII; 6o., párrafo segundo; 17, penúltimo párrafo, 18, tercer y cuarto párrafo; 21, décimo párrafo, e inciso a); 26, apartado B, primer párrafo; 27, fracción VI, primer y segundo párrafo, fracción VIII, inciso a) y c); 28 sexto párrafo, 31 fracción IV; 36 fracción IV; 41, primer párrafo, fracción I primer párrafo, fracción II inciso a), apartado A, fracción g último párrafo y apartado C, segundo párrafo; 43; 44; 45; 55, fracción III, párrafo primero párrafos tercero y último de la fracción V; 56, primer párrafo: 62; 71 fracción tercera, primer y segundo párrafos; 73, fracciones VIII, IX, XV, XXI, XXIII, XXV, XXVIII, XXIC-C, XXIX-G, XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K XXIX-N, XXIX-Ñ; 76 fracciones V, VI y IX; 79, fracción I, párrafo segundo; 82 fracción VI; 89, fracción XIV; 95, fracción VI; 97, párrafo segundo; 101, párrafo primero; 103, fracciones II y III; 104 fracciones I, I-B y V; 105, fracción I, incisos a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), fracción II, incisos a), b), c), d), e), f) y g); 106; 107, fracción VIII, inciso a; 108, primero, tercer y último párrafos; 109, primer párrafo; 110, primer párrafo; 111, primer y quinto párrafos; Titulo Quinto; 117, párrafos primero y segundo y segundo párrafo de la fracción IX; 119, segundo párrafo; 120; 121, primer párrafo y las fracciones I,III,IV y V; 122; 124; 125; 127 primer párrafo y la fracción VI; 130 último párrafo; 131, párrafo primero; 133; 134, párrafos primero, segundo, quinto y sexto y el 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa propone reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de volver a insistir sobre la necesidad de reconocer y dotar de autonomía al régimen interior del Distrito Federal. Es impostergable terminar con la sujeción que los poderes federales tienen sobre el Distrito Federal.

La agenda local de la Ciudad de México no puede soslayar por más tiempo, la reiterada demanda de los habitantes del Distrito Federal por alcanzar la plenitud de sus derechos políticos, para poder darse su Constitución y su gobierno, el cual puede coexistir en completa armonía y sin entorpecer el adecuado funcionamiento de los poderes federales, bajo un modelo que le permita asumir y enfrentar los retos que le plantean su condición de Capital de la república, sede de los poderes federales, ser el centro político, económico, social y cultural del país, y ser el centro de la metrópoli de una de las más grandes concentraciones de población del planeta.

A pesar de diversos esfuerzos por continuar con el avance político y democrático en cuanto al régimen interior de la Ciudad de México, en este año se cumplen dieciséis años desde la última reforma sustantiva al régimen político del Distrito Federal, llevado a cabo en 1996. A pesar de que en diversos momentos se han alcanzado consensos significativos entre las diversas fuerzas políticas, resultado de la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo de la Capital, no ha sido posible concluir la inacabada reforma política del Distrito Federal.

No obstante que en los últimos lustros se han dado innegables avances y cambios en diversas materias que requerían de atención urgente, como es el caso del estatus que tiene actualmente la protección y el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución; los avances alcanzados en materia política y electoral a pesar de los enormes retos en la materia, cuyo avance más reciente es la reforma política que realizo el Constituyente permanente publicada recientemente por el ejecutivo federal; en el Distrito Federal existe un rezago histórico, político y de derechos ciudadanos: sus habitantes no pueden darse su propia constitución. Lo cual resulta discordante con los avances que se han dado materia política en los últimos años.

Desde sus inicios, con motivo del asentamiento de los poderes federales en la Ciudad de México, en 1824, la ciudad adoptó la figura de Distrito Federal, quedando sujeta en principio a los poderes federales. Derivado de la demanda social para que ésta pudiera elegir a sus propias autoridades, es hasta el pasado reciente que se pudieron concretar avances significativos en el régimen jurídico político de la ciudad, hasta llegar al texto actual del artículo 122 constitucional.

Fue por la iniciativa de diversos actores sociales y políticos en demanda de mayor participación política para determinar el rumbo de la ciudad, que por reforma constitucional se creó en 1986 un órgano de representación ciudadana que tuvo entre sus facultades poder emitir reglamentos en diversas materias. Este órgano de representación se denominó Asamblea de Representantes del Distrito Federal, debido a que no podía crear leyes no tuvo la posibilidad de darle una orientación determinante a la ciudad, pero significó un avance en el desarrollo democrático de la ciudad. Esta Asamblea de Representantes tuvo entre sus facultades aprobar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno, expedir su propio reglamento interior y la facultad de iniciar leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal. En esta reforma se mantuvo al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión como las encargadas del gobierno de la ciudad.

Luego de que en 1992 tuvo lugar un importante movimiento que giró en torno a un plebiscito, para que los ciudadanos del Distrito Federal expusieran la necesidad de modificar el régimen político de la Ciudad de México, por reforma constitucional de 1993 se dio otro avance importante en la ruta de su democratización. Aunque se mantuvo la sujeción del Distrito Federal a los poderes federales, se constituyó el Gobierno del Distrito Federal en sustitución del Departamento del Distrito Federal, se otorgaron facultades legislativas a la asamblea para aprobar las contribuciones y el presupuesto de la ciudad, el Congreso General expediría el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y legislaría en todas las materias no reservadas a la asamblea local y aprobaría los montos de endeudamiento del gobierno local.

La reforma constitucional de 1993 estableció la designación indirecta del titular del poder ejecutivo del Distrito Federal. La cual se realizaría a través de la designación que hiciera el ejecutivo federal, debiendo ésta ser ratificada por la Asamblea de Representantes. La Cámara de Senadores nombraría y removería directamente al Jefe de Gobierno cuando su nombramiento fuera sometido dos veces a ratificación de la Asamblea de Representantes y en ambas ésta no otorgara su ratificación. El ejecutivo federal debía ratificar además el nombramiento del Procurador General de Justicia del Distrito Federal que hiciera el Jefe de Gobierno; así como designar al servidor público que tendría a su cargo la fuerza pública, asumiendo el mando de ésta.

Esta reforma constitucional sentó las bases para que la ciudad de México tuviera por primera vez un gobierno acotado pero propio, superándose así la condición de ser un departamento administrativo dependiente completamente del ejecutivo federal, estableciéndose órganos de gobierno dotados de facultades, lo cual significó un avance en la evolución del estatus jurídico del Distrito Federal. Hasta antes de 1993, la legislación y el gobierno para la Ciudad de México siempre habían estado a cargo, de manera exclusiva, de los poderes federales.

Derivado de los acuerdos firmados durante el año 1995, a partir de los compromisos suscritos por las fuerzas políticas y el gobierno federal a través del denominado Acuerdo Político Nacional, el cual fue convocado por el titular del ejecutivo federal el día de su toma de protesta, dio pie a iniciar los trabajos y las mesas para avanzar en una reforma política sustantiva en diversos temas nacionales, entre ellos el relativo al Distrito Federal. Una Comisión Plural tuvo la responsabilidad de dirigir las discusiones de la reforma política de la Ciudad de México y de avanzar en la construcción de los acuerdos.

El consenso alcanzado por las fuerzas políticas derivo en la reforma constitucional de 1996, la cual incluía la reforma al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos, vigente en su mayor parte hasta la actualidad. Esta reforma reconoció el derecho de los ciudadanos de la Ciudad de México de elegir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los diputados locales a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los Jefes Delegacionales de las 16 demarcaciones territoriales. Se creó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dotada de facultades para legislar en todas las materias que no estaban expresamente conferidas al Congreso de la Unión.

A pesar de los avances tan importantes de esta reforma constitucional, esta quedó inacabada, los poderes federales se reservaron para sí las mismas facultades que venían ejerciendo, lo que ha impedido que la ciudad pueda ejercer plenamente la autonomía respecto de su régimen interior.

Reconocida por todos los actores políticos como provisional, o sea con carácter transitorio, en octubre de 1999, luego de no alcanzar un acuerdo para una reforma sustantiva, el Congreso de la Unión aprobó una reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que hizo posible la necesidad de hacer efectiva la elección de los jefes delegacionales en julio de 2000. Este sería el último indicio de un acuerdo eficaz entre las fuerzas políticas por avanzar en la democratización del Distrito Federal y el inicio de una serie de encuentros y desencuentros que han impedido alcanzar la autonomía del régimen interior para la Ciudad de México.

El 13 noviembre de 2001 el pleno de Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, aprobó la iniciativa de decreto de reformas y adiciones a los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al régimen jurídico del Distrito Federal.

Esta iniciativa fue enviada para su dictamen a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la cual fue turnada a su vez a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados para ese efecto. Estas comisiones aprobaron su dictamen por unanimidad. Luego este dictamen fue presentado y votado mayoritariamente a favor por el pleno de la Cámara de Diputados el 14 de diciembre de 2001, con 358 votos en pro, 17 en contra y 7 abstenciones, enviándose la minuta correspondiente a la Cámara de Senadores para su revisión.

No obstante el acuerdo alcanzado por las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, el 01 de octubre de 2002, la Cámara de Senadores en su carácter de cámara revisora emitió su dictamen y decidió devolver la minuta a su cámara de origen, en los siguientes términos:

“...

Resolutivos

Primero. Después de un análisis exhaustivo de de las consideraciones de derecho y de las opiniones vertidas por quienes intervinieron en este proceso, las Comisiones concluimos que NO es de aprobarse la minuta de la Cámara de Diputados, que contiene la iniciativa presentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por todas las razones que se hacen valer en el cuerpo de este dictamen.

Segundo. L a Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene competencia para presentar iniciativas de reformas constitucionales ante el H. Congreso de la Unión. Tal competencia está claramente establecida por los artículos 71 y 135 de la ley fundamental.

Tercero. Con la aprobación de esta Minuta quedarían restringidos y limitados los Poderes Federales ante los órganos del Distrito Federal, rompiendo con el orden constitucional que actualmente impera. Las reformas propuestas tienden únicamente a otorgar más competencias a los órganos de gobierno legislativo, administrativo y judicial del Distrito Federal, lo cual podría concluir en el eventual sometimiento de los Poderes Federales, por lo que no debe ser aprobada.

...”

Inconforme con tal decisión, el 07 noviembre de 2002 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal interpuso controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para combatir la no aprobación de la Minuta por el Senado de la República, misma que fue resuelta hasta febrero de 2004 confirmando el dictamen del Senado.

Durante ese periodo, el 12 de febrero de 2003, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, volvieron a emitir dictamen respecto de la Minuta rechazada por la Cámara revisora, aprobándola en sus términos nuevamente, por unanimidad de los integrantes de todos los partidos políticos de esas comisiones unidas.

En octubre de 2009 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, decidió crear una Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal, integrada por los coordinadores de todos los Grupos Parlamentarios que integran la Asamblea Legislativa, con el objetivo de trabajar para la construcción de un proyecto de Iniciativa de reforma constitucional en materia de Reforma Política local, reformulando la iniciativa presentada en 2001.

En diciembre de 2009, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, instalaron una “Mesa de discusión de la Reforma Política del Distrito Federal” en la que participaron todas las fuerzas políticas representadas en esta asamblea, cuyo propósito fue revisar lo avanzado en la materia desde la reforma constitucional de 1996 y estar en condiciones de procesar un proyecto de iniciativa de ley que tuviera el consenso de todas las fuerzas políticas, que permitiera al Distrito Federal constituir un gobierno autónomo, sin que ello fuera incompatible para que su territorio siga siendo el asiento de los poderes federales y la capital del país.

A partir del diálogo, el respeto a las diferencias y la pluralidad, luego de meses de trabajo entre el Gobierno del Distrito Federal y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, encabezó un acto celebrado en el Teatro de la Ciudad el 10 de agosto de 2010, para presentar los resultados del Acuerdo para la Reforma Política del Distrito Federal, con lo cual quedó lista una nueva iniciativa para reformar el artículo 122 constitucional, eliminándose los puntos de conflicto de iniciativas anteriores.

Es de destacar el amplio consenso alcanzado por la mesa de discusión de la Reforma Política del Distrito Federal, que después de un ejercicio de diálogo, análisis y acuerdo pactaron el diseño institucional, que debe regular la vida de la capital de la República y su relación con los poderes federales, la cual culminó con la presentación de una nueva iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía en su régimen interior al Distrito Federal. El acuerdo político fue suscrito por un amplio espectro de actores políticos y sociales que acompañaron la iniciativa, por parte del Gobierno del Distrito Federal: jefe de Gobierno, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón; secretario de Gobierno, licenciado José Ángel Ávila Pérez; coordinador para la reforma política, Isaías Villa González. Por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Comisión de Gobierno, diputada Alejandra Barrales Magdaleno, diputada Aleida Alavez Ruiz, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, diputado Israel Betanzos Cortés, diputado Adolfo Orive Bellinger, diputado Raúl Antonio Nava Vega, diputado Alejandro Carbajal González, diputado Adolfo Uriel González Monzón, diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, diputado Julio Cesar Moreno Rivera, diputado Maximiliano Reyes Zúñiga; presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política, diputado Fernando Rodríguez Doval. Por los partidos políticos en el Distrito Federal: Obdulio Ávila Mayo, presidente del PAN; Jaime Aguilar Álvarez Mazarrasa, delegado del CEN del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal; José Manuel Oropeza Morales, presidente del Partido de la Revolución Democrática; Adolfo Orive Bellinger, presidente del Partido del Trabajo; Jorge Legorreta Ordorica, presidente del Partido Verde Ecologista de México; Guillermo Orozco Loreto, presidente de Convergencia; Wistano Luis Orozco García, presidente del Partido Nueva Alianza.

En esta iniciativa se propuso dotar de facultades plenas a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la ciudad podría darse su propia Constitución; asimismo, las demarcaciones territoriales contarían con un órgano colegiado de gobierno y con autonomía presupuestal. De igual forma, el Ejecutivo Federal mantendría el mando supremo de la fuerza pública, nombrando y destituyendo al secretario de Seguridad Publica y al procurador de Justicia.

El 11 de agosto de 2010, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hizo entrega a diversos integrantes del Senado de la República la propuesta de reforma política, resultado del acuerdo para la reforma política del Distrito Federal. Esta iniciativa fue retomada por senadores de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Convergencia, y presentada al pleno de la Cámara de Senadores el 14 de septiembre del mismo año, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, y de Estudios Legislativos, sin que hasta la fecha haya sido dictaminada.

La reforma política fue un tema central de los postulados de la Plataforma Electoral registrada por los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo en el proceso electoral local del Distrito Federal de 2011-2012, la cual fue protestada y presentada por el Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno electo, así como por los candidatos de estos partidos políticos a diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales.

Los resultados de la elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal del primero de julio pasado están a la vista, es evidente el respaldo mayoritario de más de tres millones de votos que tuvo la propuesta política y electoral de la izquierda en la Ciudad de México, teniendo como uno de sus principales ejes promover y luchar por Una ciudad democrática con derechos plenos.

La propuesta electoral de la izquierda que obtuvo la mayoría de la votación en esta elección, propone promover la reforma política de la Ciudad de México que permita la descentralización y autonomía del régimen interno de la ciudad, bajo la premisa de que la Capital requiere de mejores instrumentos políticos, económicos y jurídicos que posibiliten su gobernabilidad, dotando de mayor autonomía y libertad presupuestal a las delegaciones.

La propuesta política de los partidos de la izquierda en el Distrito Federal plantean la necesidad de construir un nuevo régimen político en el que se haga realidad la Constitución local, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal participe de las reformas constitucionales y autorice el techo de endeudamiento del Distrito Federal, que el jefe de gobierno nombre al secretario de Seguridad Pública y al procurador general de Justicia, y que las delegaciones integren un cuerpo colectivo de gobierno.

En esta propuesta se asume el compromiso de que el gobierno que obtuvo la mayoría en el pasado proceso electoral local en el Distrito Federal, una vez realizada la reforma constitucional que se propone en esta iniciativa, deberá impulsar una Constitución local que exprese lo más avanzado del constitucionalismo, que tenga como eje central reconocer los derechos fundamentales de las personas: de los consumidores, de la diversidad sexual, los derechos bioéticos, de los pueblos originarios e indígenas, de las mujeres, a la educación, el trabajo, la salud y el suelo urbano, de la democracia participativa.

Desde la última reforma constitucional sustantiva de 1996, se suman a la fecha varios intentos que desde diversos espacios políticos se dieron a la tarea de encontrar acuerdos, encaminados a reconocer a los habitantes del Distrito Federal, derechos políticos en igualdad de condiciones que en el resto de las entidades federativas. Por diversas razones estos acuerdos no han podido trascender a una nueva reforma política, pero esta experiencia ha implicado que actualmente estén definidos perfectamente los parámetros y directrices de los aspectos de la reforma que tienen el consenso todos los actores políticos.

La experiencia del pasado reciente indica, que fue a través de la construcción de amplios acuerdos políticos, como se han producido los cambios jurídicos para avanzar en la reforma política del Distrito Federal.

En los últimos tres lustros se ha podido perfilar nítidamente, con el concurso y acuerdo de los principales actores políticos, el diseño institucional que debe regular la vida de la capital de la República y su relación con los poderes federales.

A pesar de que no se ha producido una reforma constitucional sustantiva desde 1996, Ha sido notable el avance de las fuerzas políticas de la Ciudad de México, en la construcción de acuerdos para continuar la reforma política de la capital del país, los cuales deben ser retomados nuevamente para alcanzar de una vez por todas, la autonomía orgánica y funcional de los poderes del Distrito Federal.

En ese estado de cosas, es impostergable concretar la Reforma Política del Distrito Federal, todos los actores políticos responsables de intervenir en esta tarea, deben atender el reclamo de libertad política que los capitalinos expresaron en las urnas en julio pasado. Es momento de dar paso a la posibilidad de que la Ciudad de México expida su propia Constitución Política, al igual que las demás entidades federativas integrantes del pacto federal, manteniendo su carácter de sede de los poderes federales y capital de la República, sin que esto implique conflicto ni sometimiento de ningún poder sobre otro.

En 15 años de gobiernos electos en la Ciudad de México, se ha comprobado que los poderes federales y locales pueden coexistir sin crisis ni sometimiento de los poderes locales sobre los `poderes federales. Los momentos de rigidez entre los poderes federales y los del Distrito Federal en este tiempo, han sido consecuencia de la sujeción política que existe todavía sobre la Ciudad de México, en temas como deuda pública, exclusión de fondos federales, reconocimiento del costo de capitalidad y la participación del legislativo local en el Constituyente Permanente, pero jamás en temas que tengan que ver con el sometimiento del poder local sobre el de la federación.

Las eje principal de la reforma constitucional que se propone en la presente Iniciativa, es dotar a la Ciudad de México de autonomía en su régimen interior, a partir de una propuesta que recupera el conjunto de avances y acuerdos que a lo largo de los últimos quince años, alcanzaron el consenso de todas las corrientes políticas que convergen en la ciudad.

No existe otra ruta, sólo el respeto a las diferencias y la pluralidad entre las fuerzas políticas y los actores institucionales correspondientes, puede permitir trascender el estatus del Distrito Federal, para hacer de la Ciudad de México una entidad con jurisdicción propia, derivada de la soberanía de sus habitantes, con derechos iguales a los del resto de las entidades.

Con base en lo anterior, a continuación se listan los principales aspectos de esta iniciativa:

1. En esta iniciativa se propone facultar al poder legislativo local para expedir la Constitución Política de la Ciudad de México, para lo cual se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de ese Órgano Legislativo. Las prohibiciones y limitaciones que la Constitución General le impone a los estados serán aplicables de modo análogo a las autoridades de la Ciudad de México.

En esta iniciativa se reservan para los Poderes locales de la Ciudad de México todas las facultades que no están expresamente conferidas por la Constitución a los Poderes Federales.

2. En cuanto al titular del poder ejecutivo local se mantiene el método de elección directa mediante el sufragio universal, libre y secreto de todos los ciudadanos. Se mantiene el principio de no reelección para volver a ocupar ese cargo bajo cualquier modalidad.

En caso de falta absoluta del titular del poder ejecutivo local, el legislativo local designará al interino o sustituto en los términos establecidos en la Constitución local.

3. Se propone otorgar al poder legislativo local el derecho a participar, al igual que las demás Entidades Federativas, en el proceso de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual este poder local pasa a formar parte del Constituyente Permanente. Además el poder legislativo local tendrá derecho de iniciar leyes o decretos en cualquier materia ante el Congreso de la Unión, en los mismos términos que las legislaturas de los Estados.

4. El poder legislativo de la Ciudad de México tendrá la facultad de aprobar y establecer las modalidades de la deuda pública de la Entidad, siempre bajo los principios constitucionales establecidos para los empréstitos.

5. En cuanto a la división política y administrativa de la Ciudad de México se propone la creación de demarcaciones territoriales las cuales estarán gobernadas por un Consejo de Gobierno integrado por un titular y concejales, de acuerdo al número que determine la Constitución Local, los cuales serán electos de manera universal, secreta y directa por los ciudadanos de esa demarcación.

6. En esta iniciativa se propone que las demarcaciones territoriales cuenten con plena autonomía en la aplicación y destino de su presupuesto.

La hacienda pública de la Ciudad de México mantendrá su carácter unitario a cargo del Gobierno central. Corresponderá al Poder Legislativo local examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de la ciudad y de las demarcaciones territoriales.

Además se propone la constitución de un Sistema de Coordinación Fiscal Local propio de la Ciudad de México, el cual deberá considerar criterios poblacionales, de capacidad económica, marginalidad social, infraestructura, necesidades específicas, buscando en todo momento una distribución equitativa que asegure el más alto grado de bienestar y justicia social, de los recursos financieros destinados a las demarcaciones territoriales.

7. Se propone reformar la Constitución a fin de que la Constitución local de la Ciudad de México establezca un sistema de responsabilidades de los servidores públicos acorde con el Título IV de nuestra Constitución. Con ello, por primera vez, la Ciudad de México tendrá un sistema de responsabilidades locales propio, que atienda las exigencias de sus ciudadanos y las características específicas de la entidad.

8. En esta iniciativa se mantiene la facultad del Presidente de la República para ejercer el mando superior de la fuerza pública en la Ciudad de México. El titular del Poder Ejecutivo Local tendrá a su cargo la dirección de la fuerza pública que no su mando superior, y podrá designar y remover al servidor público que la tenga directamente a su cargo, pudiendo también ser removido por el Presidente de la República.

9. En esta iniciativa se da viabilidad a la condición de la Ciudad de México de ser Capital del país, sede de los poderes federales, a través de una fórmula que le impone obligaciones a la Ciudad de México y al gobierno federal. Al respecto, se establece la obligación de las autoridades locales de coadyuvar en todo lo necesario para que la ciudad pueda fungir como Capital, debiendo auxiliar a las autoridades de los poderes federales en todo lo que se refiere al buen funcionamiento de estos; los Poderes Federales tendrán la obligación de aportar los recursos necesarios para cubrir los gastos que se derivan de la Capitalidad de la Ciudad de México, que son realizados por las autoridades locales para cubrir los gastos en servicios, infraestructura y exenciones fiscales.

10. Esta iniciativa además de proponer una reforma al artículo 122 constitucional, incluye una serie de artículos constitucionales que deberán ser reformados, con el fin de dar sistematización y congruencia al texto constitucional, derivado del nuevo estatus jurídico de la Ciudad de México propuesto.

A continuación se listan las principales reformas de carácter sustantivo que se derivan de la autonomía del régimen interior de la Ciudad de México, consagrado en el nuevo artículo 122 constitucional que se propone en esta iniciativa:

• Se reforma el artículo 27, a fin de facultar a la Asamblea Legislativa para expedir la ley local de expropiación, tal como lo hace el resto de las Entidades Federativas.

• Se reforma el artículo 44 constitucional, la Ciudad de México deja de ser un Distrito de carácter Federal, como resultado del nuevo estatus que la Constitución reconoce a la Ciudad de México.

• Se reforma el artículo 71 a fin de otorgar al Poder Legislativo de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión, en cualquier materia, en igualdad de circunstancias que las demás legislaturas de las entidades federativas.

• Se reforma el artículo 73 con el objeto de suprimir la facultad del Congreso de la Unión de aprobar la deuda pública de la Ciudad de México.

• Se reforma el artículo 76 a fin de sujetar a la Ciudad de México al mismo régimen de declaración de desaparición de poderes a que están sujetas las demás entidades federativas.

• Se reforma el artículo 89 a fin de trasladar la facultad de indulto de reos en el titular del Ejecutivo local.

• Se reforma el artículo 105 a fin de establecer la legitimación activa de las delegaciones para promover controversias constitucionales.

• Se reforma el artículo 108 a fin de establecer un nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos locales, a cargo de las autoridades locales de la Ciudad de México, sin liberarlos de sus responsabilidades de carácter federal en los mismos términos que se encuentra establecido para las demás entidades federativas.

• Se reforman los artículos 124 y 135 a fin de volver a la Ciudad de México partícipe del Constituyente Permanente y otorgándole al Poder Legislativo Local la facultad de legislar en todas las materias que no estén expresamente conferidas al Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, el presente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman, derogan y adicionan los artículos: 3o., párrafo primero, fracciones III y VIII; 6o., párrafo segundo; 17, penúltimo párrafo, 18, tercer y cuarto párrafo; 21, décimo párrafo, e inciso a); 26, apartado B, primer párrafo; 27, fracción VI, primer y segundo párrafo, fracción VIII, inciso a) y c); 28 sexto párrafo, 31 fracción IV; 36 fracción IV; 41, primer párrafo, fracción I primer párrafo, fracción II inciso a), apartado A, fracción g último párrafo y apartado C, segundo párrafo; 43; 44; 45; 55, fracción III, párrafo primero párrafos tercero y último de la fracción V; 56, primer párrafo: 62; 71 fracción tercera, primer y segundo párrafos; 73, fracciones VIII, IX, XV, XXI, XXIII, XXV, XXVIII, XXIC-C, XXIX-G, XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K XXIX-N, XXIX-Ñ; 76 fracciones V, VI y IX; 79, fracción I, párrafo segundo; 82 fracción VI; 89, fracción XIV; 95, fracción VI; 97, párrafo segundo; 101, párrafo primero; 103, fracciones II y III; 104 fracciones I, I-B y V; 105, fracción I, incisos a), c), d), e), f), 9), h), i), j), k), fracción II, incisos a), b), c), d), e), f) y g); 106; 107, fracción VIII, inciso a; 108, primero, tercer y último párrafos; 109, primer párrafo; 110, primer párrafo; 111, primer y quinto párrafos; Titulo Quinto; 117, párrafos primero y segundo y segundo párrafo de la fracción IX; 119, segundo párrafo; 120; 121, primer párrafo y las fracciones I,III,IV y V; 122; 124; 125; 127 primer párrafo y la fracción VI; 130 último párrafo; 131, párrafo primero; 133; 134, párrafos primero, segundo, quinto y sexto y el 135de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o.Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, las Entidades Federativas y sus municipios-, ...

......

III.Para dar pleno ... los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, así como ...

............

VIII.El Congreso de la Unión, ...la federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios, ...

Artículo 5o. ...

La Ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son ...

Artículo 6o. ...

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

Artículo 17. ......

La federación, los estados y la Ciudad de México, garantizarán...

...

Artículo 18. ......

La federación, los estados y la Ciudad de México, podrán...

La federación, los estados y la Ciudad de México establecerán, ...

...

Artículo 21. ......

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios, que comprende...

...

a) La regulación... la federación, los estados, la Ciudad de México, y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

...

Artículo 26....

B. El Estado contará... la Federación, las Entidades Federativas, y municipios,...

...

Artículo 27. .........

VI. , los estados y la Ciudad de México, lo mismo...

Las leyes de la federación de los estados y de la Ciudad de México, en sus respectivas jurisdicciones, ...

VIII. ...

a) Todas... hechas por los jefes políticos, titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas,o cualquiera...

...

c) Todas... autoridades de las entidades federativas, o de la...

...

XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en sus respectivas jurisdicciones,...

...

Artículo 28. ... ...

No constituyen monopolios... del gobierno federal, de los estados o de la Ciudad de México, y previa ...

...

Artículo 31. ......

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de la Ciudad de México o del estado y municipio...

Artículo 36. ......

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de los estados y la Ciudad de México, que en ningún caso serán gratuitos; y

...

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados y la Ciudad de México, entidades federativas, libres y soberanas en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidas en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

...

I. Los partidos políticos... a participar en las elecciones estatales, municipales y de la Ciudad de México.

...

a) El financiamiento público ... en la Ciudad de México. El treinta ...

...

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y de la Ciudad de México, conforme a la legislación aplicable.

...

Apartado C. ...

Durante el tiempo... Poderes federales y de los estados y la Ciudad de México, , como de los municipios , las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier...

...

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

Artículo 44. La Ciudad de México es sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los Poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.

Artículo 45. Las Entidades de la federación ...

Artículo 55....

...

III.Ser originario de la entidad federativa, en que ...

...

V. ...

...

Los titulares del Poder Ejecutivo por entidad federativa, no podrán ser electos en las entidades de sus...

Los Secretarios del gobierno de los estados y la Ciudad de México, los magistrados y jueces federales o, los estados y la Ciudad de México, así como los presidentes municipales y titulares de algún órgano político-administrativo en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus ...

...

Artículo 56.La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada estado y la Ciudad de México, dos serán ...

...

Artículo 62.Los diputados ... o de los Estados y la Ciudad de México, por...

Artículo 71. ...

...

III.A las legislaturas de los estados y la Ciudad de México.

Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas de los estados y la Ciudad de Méxicoo por las diputaciones de los mismos, pasarán...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

VIII.Para ...del artículo 29.

IX.Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones.

...

XV. Para dar... y a las entidades federativas la facultad...

...

XXI.Para... la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada.

...

XXIII.Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios,...

...

XXV.Para establecer,... la Federación , las entidades federativas, y los Municipios...

...

XXVIII.Para expedir... la federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;

...

XXIX-C.Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de la Ciudad de México, y de los municipios, ...

...

XXIX-G.Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados de la Ciudad de México, y de los municipios, ...

...

XXIX-I.Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la federación, los estados y la Ciudad de México, y los municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección civil, y

XXIX-J.Para legislar en materia de deporte, estableciendo las bases generales de coordinación de la facultad concurrente entre la Federación, los estados y la Ciudad de México y municipios; asimismo de la participación de los sectores social y privado, y

XXIX-K.Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, los Estados, Municipios y la Ciudad de México así como la participación de los sectores social y privado.

...

XXIX-N.Para... la federación, estados y municipios, así como de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias.

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la federación, los estados, los municipios y la Ciudad de México coordinarán ...

...

Artículo 76. ...

...

V.Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado y de la Ciudad de Méxicoque es llegado el caso de nombrarle un titular del Poder Ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado. El nombramiento del titular del Poder Ejecutivo se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo titular Constitucional del Poder Ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados y de la Ciudad de México no prevean el caso.

VI.Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los Poderes de un estados y de la Ciudad de México, cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la del Estados.

...

IX. Se deroga.

...

Artículo 79. ...

...

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los Estado s, los municipios, la Ciudad de Méxicoy los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de ...

...

Artículo 82. ...

...

VI.No ser Secretario o subsecretario de Estado, Procurador General de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y

...

Artículo 89.Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

...

XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales.

...

Artículo 95. ...

...

VI.No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, senador, diputado federal ni titular del Poder Ejecutivo de alguna Entidad Federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.

...

Artículo 97. ...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el titular del Poder Ejecutivo de alguna Entidad Federativa, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.

...

Artículo 101.Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, ... la Federación, de los Estados, de la Ciudad de Méxicoo de particulares, ...

...

Artículo 103. ......

II.Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o de la Ciudad de México, y

III.Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o de la Ciudad de México, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

Artículo 104. ...

I.De todas las controversias ... del orden común de los estados y de la Ciudad de México. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado.

I-B. De los recursos ...a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 sólo ... alguno;

...

V. De las que surjan entre una entidad federativa y una o más vecinas de otra, y

...

Artículo 105. ...

...

a)La Federación y una entidad Federativa;

...

c)El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente.

d) Una entidad federativa y otra;

e) Se deroga

f) Se deroga

g) Dos municipios de diversas entidades federativas;

h)Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

i) Una entidad federativa, y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

j) Una entidad Federativa, y un municipio de otra entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y

k) Se deroga

l) Una demarcación territorial de la Ciudad de México y alguno de los Poderes de las entidades federativas, un municipio o la federación sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

...

a)El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales expedidas por el Congreso de la Unión;

b)El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c)El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, de las entidades federativas así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

d)El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los poderes legislativos de las Entidades Federativas, en contra de leyes expedidas por el propio poder, y

e) Se deroga

f)Los partidos ... por el PoderLegislativo de la entidad, que les otorgó el registro.

g)La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, local, así como ... en las entidades de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales.

...

Artículo 106.Corresponde ...y los de los Estados o de la Ciudad de México, y entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un estado y los de la Ciudad de México.

Artículo 107. ......

VIII. ...

a)Cuando habiéndose ... por titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;

...

IX. a XVIII.

Artículo 108.Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, o en la Administración Pública Federal, así ...

...

Los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, los Diputados...

Las Constituciones de la Ciudad de México y de los Estados de la República precisarán, ... en la Ciudad de México, los Estados y en los Municipios.

Artículo 109.El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de Méxicodentro ...

...

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de despacho, el procurador general de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, el consejero presidente, ...

...

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, así como el consejero Presidente ...

...

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados y la Ciudad de Méxicoy, en su caso, ...

...

Titulo QuintoDe los Estados de la Federación y de la Ciudad de México

Artículo 117.Los Estados y la Ciudad de Méxicono pueden, en ningún caso:

...

Los Estados y la Ciudad de México,y los Municipios no podrán ...

...

IX. ...

El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados y la Ciudad de México,dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.

Artículo 119. ...

Cada Estado y la Ciudad de Méxicoestán obligados a entregar ...Para los mismos fines, los estados y la Ciudad de Méxicopodrán celebrar convenios de colaboración con el gobierno federal, quien actuará a través de la Procuraduría General de la República.

...

Artículo 120. Los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales.

Artículo 121. En la Ciudad de México y en cada Estado de la Federación ...

I.Las leyes de un estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.

...

III.Las sentencias pronunciadas por los tribunales de la Ciudad de México ode un estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en Estado, sólo ...

Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en la Ciudad de México oen otro estado, cuando ...

IV.Los actos del estado civil ajustados a las leyes de la Ciudad de México ode un estado, tendrán validez en los otros.

V.Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de la Ciudad de México ode un estado, con sujeción a sus leyes, seránrespetados en los otros.

Artículo 122. La Ciudad de México, es la sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Goza de autonomía en su régimen interior y se organiza política y administrativamente conforme a este artículo y a su propia Constitución.

Su gobierno está a cargo de tres Poderes de carácter local que ejercerán las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial de la Ciudad de México, y su organización y funcionamiento se establecerán en la Constitución local, de conformidad con las siguientes normas:

I. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá los derechos y obligaciones fundamentales de los que, además de los establecidos en esta Constitución, gozarán sus habitantes y personas que en ella se encuentren;

II. Para expedir y reformar la Constitución local se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros del legislativo local;

III. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados se aplicarán de modo análogo para las autoridades de la Ciudad de México, en todo lo que no se oponga al presente artículo, y

IV. Las facultades que no están expresamente conferidas por esta Constitución a los Poderes Federales, se entienden reservadas para los Poderes locales de la Ciudad de México.

Base Primera. El titular del Poder Ejecutivo local tendrá a su cargo la administración pública de la Ciudad de México. No podrá durar en su encargo más de seis años y será electo por votación universal, libre, directa y secreta, de conformidad con lo que establezca la Constitución local, y en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

En caso de falta absoluta del titular, el legislativo local designará al interino o sustituto, en los términos que la Constitución Local establezca.

Base Segunda. El Poder Legislativo local se conformará al menos en sus dos quintas partes por diputados electos conforme al principio de representación proporcional, en los términos que establezca la Constitución Local, y sus miembros no podrán ser electos en el periodo inmediato siguiente.

El Poder Legislativo local tendrá derecho de iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión, y de participar en las reformas y adiciones a esta Constitución, en los mismos términos que las legislaturas de los estados.

La Constitución local y las leyes que de ella emanen determinarán los mecanismos mediante los cuales el Poder Legislativo local aprobará la deuda pública de la Ciudad de México.

El Poder Legislativo Local tendrá la facultad de ratificar por mayoría de sus miembros presentes el nombramiento hecho por el titular del Ejecutivo local, del Procurador que estará a cargo del Ministerio Público local.

Base Tercera. El Poder Judicial Local gozará de autonomía y presupuesto propios. Su organización interna se determinará en la Constitución local, de conformidad con las siguientes normas:

I. Todos los órganos jurisdiccionales de la Ciudad de México serán parte del Poder Judicial local, salvo el Tribunal Electoral local, que gozará de autonomía en los términos que la propia Constitución local establezca, y

II. Todos los magistrados o sus equivalentes serán ratificados por el Poder Legislativo local.

Base Cuarta. La Ciudad de México tendrá como base de su división territorial y de su organización política y administrativa demarcaciones territoriales conforme a las bases siguientes:

I. La denominación, base poblacional, número y límites territoriales estarán señalados en la Constitución local, salvaguardando la identidad histórica y cultural de sus habitantes;

II. Estarán gobernadas por un concejo de gobierno integrado por un titular, y Concejales en el número que determine la Constitución local en relación proporcional a la base poblacional de las demarcaciones territoriales;

III. Corresponde al Concejo de la Demarcación supervisar y evaluar el funcionamiento de la administración pública de la demarcación, así como aprobar los asuntos de su competencia que establezcan la Constitución local y las leyes de la Ciudad de México;

IV. Los miembros del Concejo serán elegidos en forma universal, directa y secreta, y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. Ejercerán su encargo por un período de tres años. Todos sus miembros sólo podrán ser removidos en los términos que establezca la Constitución local;

V. El Concejo emitirá sus resoluciones en forma colegiada y sesionará en pleno o en comisiones. En caso de empate en las votaciones del Concejo, el titular tendrá voto de calidad. Los concejales en Comisiones vigilarán y fiscalizarán el ramo de la administración que les asigne el pleno del Concejo;

VI. El titular del Concejo es el responsable de la administración pública de la demarcación, la cual tendrá las dependencias que se establezcan en la ley orgánica que se expida para tal efecto. Podrá nombrar y remover libremente a los titulares de estas dependencias;

VII. Contarán con el presupuesto que establezca a su favor el Poder Legislativo local, que deberá considerar una distribución basada en criterios poblacionales, de capacidad económica y de marginalidad social, así como en las necesidades específicas de la demarcación, buscando en todo momento una distribución equitativa que incentive el desarrollo económico y sustentable de las demarcaciones. Tendrán autonomía y responsabilidad presupuestal;

VIII. No habrá autoridad intermedia alguna entre estos órganos y el gobierno de la Ciudad de México, y

IX. La hacienda pública de la Ciudad de México será unitaria, y estará a cargo del gobierno central. Corresponde al Poder Legislativo de la Ciudad de México examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de la entidad y de las demarcaciones territoriales, e imponer las contribuciones necesarias para cubrirlo.

Los gobiernos demarcacionales tendrán facultades para gestionar y resolver los asuntos de su demarcación en materia de servicios urbanos, desarrollo urbano y obras, desarrollo social, jurídico y gobierno, salvo aquellos que la Constitución local y las leyes respectivas señalen como responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Dichos ordenamientos establecerán los mecanismos de coordinación y responsabilidad concurrente entre las demarcaciones y el gobierno central para la prestación y regulación de las materias señaladas.

Base Quinta. El gobierno de la Ciudad de México tendrá organismos autónomos con personalidad jurídica y patrimonio propio, entre los que habrá por lo menos un órgano electoral, un tribunal electoral, un órgano de protección de los derechos humanos y un órgano de acceso a la información pública.

La integración y funcionamiento de dichos organismos estará determinada por la Constitución local, y el régimen electoral de la entidad estará sujeto a lo establecido en el artículo 116 fracción IV, apartados b) al n) de esta Constitución.

Base Sexta. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tendrá el mando superior de la fuerza pública en la entidad. Corresponde al titular del Poder Ejecutivo local la dirección de la fuerza pública en la entidad, así como la designación y remoción del servidor público que la tenga a su cargo.

El servidor público que tenga el mando directo de la fuerza pública en la entidad, podrá ser removido por el Presidente de la República en los supuestos que la legislación federal establezca.

Los recintos que sean sede de los poderes de la Unión estarán sujetos a la jurisdicción de la Federación, conforme a las leyes del Congreso de la Unión.

Base Séptima. Las autoridades de la Ciudad de México deberán coadyuvar para que esta pueda fungir como la Capital de la República, auxiliando a las autoridades federales en todo aquello que se refiere a la residencia y funcionamiento de las sedes diplomáticas, de los poderes y organismos federales, así como de la infraestructura y los monumentos nacionales que en su caso las leyes determinen. La federación deberá contribuir al gasto necesario relativo a servicios, infraestructura y exenciones fiscales en que incurran las autoridades locales de la entidad, por motivo de su capitalidad.

El Presupuesto de Egresos de la Federación establecerá los recursos que se otorgarán a la entidad por su condición de capitalidad con base en el presupuesto que envíe el titular del Poder Ejecutivo Local.

Base Octava. La Constitución local establecerá los mecanismos de transparencia del ejercicio de la función pública, responsabilidad de los servidores públicos locales, así como régimen laboral del gobierno local y sus trabajadores, con sujeción a las normas establecidas en las Fracciones V y VI del artículo 116 de esta Constitución.

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a la Ciudad de México ya los estados.

Artículo 125. Ningún ... la federación y otro de la Ciudad de México o de un Estado que sean ...

Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los Estados , de la Ciudad de México y de los Municipios, ...

...

VI. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados , de la Ciudad de México en el ámbito de sus competencias, ...

Artículo 130. ...

...

Las autoridades federales, de los Estados , de la Ciudad de México, sus demarcaciones y de los municipios tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.

Artículo 131. Es facultad privativa de la federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia.

....

Artículo 133. Esta Constitución,... cada estado y la Ciudad de México se arreglarán... o leyes de los Estados y de la Ciudad de México.

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia,...

Los resultados del ejercicio... la federación, de los estados y la Ciudad de México, con el objeto...

...

...

El manejo de recursos económicos federales por parte de, los Estados, los municipios, la Ciudad de México y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará...

...

Los servidores públicos de la federación, los estados, los municipios, así como de la Ciudad de México y sus órganos político-administrativos, tienen...

...

...

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo previsto en otros artículos del mismo.

Segundo. En tanto se expidan las nuevas normas aplicables a la Ciudad de México continuarán rigiendo las disposiciones legales vigentes. En consecuencia, todos los ordenamientos que regulan hasta la fecha a los órganos locales seguirán vigentes en tanto no se expidan por los órganos competentes aquellos que deban sustituirlos conforme a las disposiciones de este decreto.

Tercero. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México tendrá carácter de congreso constituyente local y estará facultado para aprobar y expedir la Constitución de esta entidad federativa de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 122 de esta Constitución.

Cuarto. La Asamblea Legislativa deberá expedir en un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, la ley que regule la administración pública de esta entidad federativa.

Sexto. La Asamblea Legislativa al definir los criterios para establecer la delimitación de las demarcaciones, conforme la base cuarta del artículo 122 en el presente decreto, tomará en cuenta la base poblacional y su identidad histórica y cultural, lo que permita garantizar la más eficiente administración pública y la prestación de los servicios

México, Distrito Federal, a 31 de octubre de 2012.— Diputados: José Ángel Ávila Pérez, Carol Antonio Altamirano, Luis Manuel Arias Pallares, Silvano Aureoles Conejo, Agustín Barrios Gómez Segués, Martí Batres Guadarrama, Alliet Mariana Bautista Bravo, Fernando Belaunzarán Méndez, Silvano Blanco Deaquino, Purificación Carpinteyro Calderón, María del Socorro Ceseñas Chapa, Armando Contreras Ceballos, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Fernando Cuéllar Reyes, Carlos de Jesús Alejandro, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Eva Diego Cruz, Uriel Flores Aguayo, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Juan Manuel Fócil Pérez, Rodrigo González Barrios, Valentín González Bautista, Hugo Jarquín, Verónica Beatriz Juárez Piña, José Antonio León Mendívil, Roberto López González, Roberto López Rosado, Roberto López Suárez, Julisa Mejía Guardado, Mario Rafael Méndez Martínez, Marino Miranda Salgado, Teresa de Jesús Mojica Morga, Trinidad Secundino Morales Vargas, Israel Moreno Rivera, Javier Orihuela García, Pedro Porras Pérez, Karen Quiroga Anguiano, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Josefina Salinas Pérez, Guillermo Sánchez Torres, Margarita Elena Tapia Fonllem, Crystal Tovar Aragón, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Gerardo Villanueva Albarrán, Julio César Moreno Rivera, Alejandro Carbajal González, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Claudia Elena Águila Torres, Lilia Aguilar Gil, José Alberto Benavides Castañeda, Jaime Bonilla Valdez, Ricardo Cantú Garza, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, José Arturo López Cándido, María del Carmen Martínez Santillán, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Orive Bellinger Adolfo, Loretta Ortiz Ahlf, Héctor Hugo Roblero Gordillo, Rosa Elia Romero Guzmán, Araceli Torres Flores, José Humberto Vega Vázquez, José Francisco Coronato Rodríguez, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Merilyn Gómez Pozos, Zuleyma Huidobro González, José Antonio Hurtado Gallegos, Juan Luis Martínez Martínez, Ricardo Monreal Ávila, Juan Ignacio Samperio Montaño, José Soto Martínez, Aída Fabiola Valencia Ramírez, José Luis Valle Magaña, Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

ARTICULO 49 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares:Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, nuestro artículo 49 constitucional consagra la división de poderes.

Según Sartori, la división de poderes es la preservación de la libertad individual y va relacionado, precisamente, con este principio; principio de Montesquieu, que establecía que si el fin último del Estado es la justicia, solo podía llevarse a cabo a través de una división de poderes.

El supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en una sola persona, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Es este segundo párrafo del artículo 49 el que hoy me sube a esta tribuna a presentar la iniciativa de mérito.

Nuestros manuales legislativos coinciden en que el producto del proceso legislativo debe ser claro, debe ser conciso. El texto actual del segundo párrafo del artículo 49 contiene dos salvedades, lo cual consiste o genera una imprecisión gramatical, contiene poca elegancia y demuestra pobreza en su redacción.

La preposición salvo, utilizada dos veces, genera dos ideas de negación y con ello genera o puede generar una mala interpretación de lo que el precepto se refiere; es por ello que hoy me preciso presentar la iniciativa de mérito, la cual solicito que quede íntegramente plasmada en el Diario de los Debates y que tiene como redacción la siguiente:

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en los casos de las facultades extraordinarias del presidente de la República establecidos en los artículos 29 y 131, respecto de la suspensión de derechos fundamentales y para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación o importación expedidas por el propio Congreso.

Con esto daremos una claridad, especificando claramente cuáles son los casos de excepción en los cuales puede haber la congregación de dos o más poderes en una sola persona; casos específicos: la suspensión de garantías constitucionales o las cuotas de importación. Con ello tenemos una clara ley y busco que todos ustedes puedan apoyar este proyecto de iniciativa. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Carlos Octavio Castellanos Mijares, diputado de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la presenteiniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Los manuales legislativos coinciden en que el producto legislativo debe ser preciso, claro y conciso.

“Preciso” significa que el texto normativo debe transmitir un mensaje indudable. Si al leer el texto normativo nos empezamos a preguntar si se refiere a todos los perros o solamente a los perros que no están vacunados, ese texto deja dudas y por tanto no es preciso. Cuantas más dudas haya, menos preciso es el texto.

“Claro” significa que el texto normativo debe ser fácil de comprender. Si para entender un texto normativo de diez artículos tenemos que pasarnos un mes estudiándolo, ese texto normativo no es claro.

“Conciso” significa breve, en el sentido de que no es más extenso de lo necesario.

En este mismo tenor, apreciamos la necesidad imperiosa de asegúranos de una adecuada redacción:

103. La finalidad de las reglas de redacción es asegurar lo más posible la precisión del texto y la claridad de la norma que el texto contiene. El texto legal debe entenderse claramente y todos deben entenderlo de la misma manera.

104. Por otra parte, el texto de la ley debe redactarse de modo de guardar total fidelidad a la decisión política.

105. Es recomendable utilizar siempre un lenguaje clásico, alejado de los modismos coyunturales. Asimismo, debe evitarse el lenguaje rebuscado propio de los textos científicos o académicos.

En este sentido, apreciamos la existencia de un problema de este tipo en el segundo párrafo del artículo 49 de la Carta Magna, ya que la actual redacción es confusa e, incluso, contradictoria.

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvoel caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 . En ningún otro caso, salvolo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Argumentación

El segundo párrafo del artículo 49 es confuso debido a los siguientes errores:

• Contiene poca elegancia y demuestra una pobreza en la redacción, al utilizar en dos ocasiones una misma palabra, la preposición salvo.

• La preposición en cuestión refiere dos imágenes discursivas, la primera determina una oposición en sentido opuesto a la regla general; y la segunda concretiza la excepción. En este orden de ideas, la palabra salvo no puede aparecer más de una vez de lo contrario existirían dos negaciones sobre una misma imagen discursiva, lo cual además de impropio es oscuro para generar un entendimiento.

• Las reglas de la lógica determinan que la existencia de dos negaciones implican una afirmación, lo cual es precisamente lo opuesto a lo que en realidad pretende expresar el artículo.

En este contexto, evidenciamos claramente las incorrecciones gramaticales y sintácticas prevalecientes en el artículo 49 del texto fundamental mexicano, lo cual además de impropio conduce a errores.

Por todo lo anterior pretendemos propiciar una reforma para mejorar la redacción del artículo 49 del texto supremo, con la intención de establecer una adecuada coherencia y composición estilística.

Fundamentación de la procedencia de la iniciativa

Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3, numeral 1, fracción VIII; artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 49.El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en los casos de las facultades extraordinarias del presidente de la República establecidos respectivamente en los artículos 29 y 131, respecto de la suspensión de derechos fundamentales y para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso.

Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Pérez Bourbon, Héctor, Manual de Técnica Legislativa, Konrad, Adenauer Stiftung, Buenos Aires  2007. Página 27.

2 Ídem. Páginas 101-102.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. La iniciativa se inserta íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, que presentará una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social.

La diputada Merilyn Gómez Pozos:Diputadas y diputados, violentar a una mujer es poner en riesgo el futuro de nuestros hijos, la prosperidad del país y el provenir de la humanidad.

La violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, es un problema social que nos involucra a todos, porque todos en alguna medida no hemos hecho lo suficiente para erradicarla.

No hay refugio seguro para las víctimas, las mujeres padecen la violencia principalmente en la familia, pero también en el trabajo, la escuela y la calle. Lo más grave es que los abusos son tolerados y en muchas ocasiones perpetrados por el mismo Estado.

Todo acto violento tiene como finalidad causar un daño determinado. A través de la intimidación o el uso de la fuerza, el agresor pretende mantener una posición de poder y control sobre la víctima; en el caso de las agresiones contra mujeres no se trata de incidentes sin conexión, sino del resultado de las relaciones estructurales de desigualdad entre hombres y mujeres a lo largo de los años, que se han sistematizado en nuestra vida diaria.

Desde finales de la década de los setenta se entendió la gravedad del asunto y se comenzaron a tomar medidas para mitigarlo. Durante las primeras reuniones del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, organizadas en México en 1975, Copenhague en 1980 y Nairobi en 1985, se estudiaron los diferentes canales y manifestaciones por las que suceden las agresiones.

En 1992, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer homologó la definición de violencia como aquella que se realiza por el simple hecho de ser mujer, o que la afecta de manera desproporcionada. Esto incluye los aspectos físicos, mentales y sexuales, la amenaza de cometer cualquiera de éstos y la privación de la libertad.

En México se han hecho varios esfuerzos, contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y desde la última década el Inegi realiza la encuesta sobre violencia intrafamiliar y la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares.

Las cifras recaudadas en 2011 son alarmantes, 67 de cada 100 mujeres de 15 años o más han sido víctimas de algún tipo de violencia, esto quiere decir que más de la mitad de la población femenina en nuestro país vive como parte de su rutina acosos, golpes y humillaciones.

La pareja, lejos de ser un refugio, es el mayor propiciador de las agresiones; cuatro de cada 10 mujeres han sido agredidas por novios o maridos y 48.7 por ciento de las que han estado casadas han sido víctimas de maltrato, en tanto, 39.7 han experimentado abusos por parte de desconocidos y el 30 por ciento en el trabajo.

La mayoría de personas no es consciente de que existen múltiples tipos de violencia y que todos ellos representan violaciones a los derechos humanos, por lo que el tratamiento del problema se vuelve más complejo y resulta más difícil comprobar el maltrato cuando no hay golpes que lo verifiquen. Más de la mitad de las mujeres que han sufrido agresiones, el 58.6 por ciento, se ha encontrado en situaciones que directamente ponen en riesgo su vida.

El estado de México presenta la prevalencia más alta de este tipo de atropellos, seguido por Tabasco, Puebla, Jalisco, Guerrero, en estados como Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes y Coahuila, que también se exhiben tasas por encima del resto del país en violencia grave.

En 2009 las muertes de mujeres por violencia representaron el 4.4 por ciento de las defunciones totales; el estado con la tasa más alta de violencia que termina en muerte es Chihuahua, con una proporción que aumentó de 3.6 a 13 por ciento en tan solo cinco años.

La indiferencia sobre la gravedad del maltrato contras las mujeres se refleja en las razones que dan los agresores para cometer estas injusticias; que no les obedece, no se les pide permiso, no se les dedica el tiempo suficiente o no se muestra interés o deseo por tener relaciones sexuales. Esta situación pone a las mujeres en situaciones límites, cinco de cada 100 mujeres que han experimentado violencia han pensado en quitarse la vida y siete lo han intentando.

En Movimiento Ciudadano creemos que ya es hora de apoyar a las mujeres con una mejor legislación, en una lucha en la que no deben estar solas. Es necesario observar el problema y atacarlo de una manera integral.

Por lo anterior, el diputado Ricardo Monreal Ávila y la de la voz, ponemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, con intención de que sean sujetos de asistencia social preferente las mujeres en situación de violencia emocional, psicológica, económica, física, sexual o abandono.

Pido a la Presidencia que se incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Merilyn Gómez Pozos, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Merilyn Gómez Pozos y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia contra las mujeres no puede ser vista de manera aislada, es un problema social que nos involucra a todos. Ocurre principalmente en la familia, aunque también en el trabajo o escuela y lo más grave es que es tolerada y, en ocasiones,  perpetrada por el Estado.

Cualquier acto violento tiene como finalidad causar un daño determinado, se busca a través de la intimidación o uso de la fuerza mantener  una posición de poder y control.  Es así  que la violencia no es una cuestión de querer sino de poder.

En el caso particular de agresiones contra mujeres, no se trata de incidentes azarosos sin conexión entre sí, sino de los resultados de las relaciones estructurales de desigualdad entre hombres y mujeres que durante años se han sistematizado en nuestra vida diaria.

Desde finales de la década de los setenta del siglo pasado, se entendió la gravedad del asunto y se comenzaron a tomar medidas para mitigarlo. Cabe destacar el papel que han tenido los organismos internacionales como instituciones comprometidas verdaderamente con la causa.

Durante las primeras reuniones del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, en México 1975, Copenhague 1980 y Nairobi 1985, respectivamente, se trabajaron los diferentes canales y manifestaciones por los que pueden suceder las agresiones.

A partir de 1992, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer homologa la definición de violencia, como aquella que se realiza por el simple hecho de ser mujer o que la afecta de manera desproporcionada. Ésta incluye los aspectos físico, mental y sexual, las amenazas contra cualquiera de estos y la privación de libertad.

En 1995, se realza la necesidad de la recaudación de estadísticas confiables que impacten y sensibilicen a la gente al demostrar que este problema es más común de lo que parece. Se decide desarrollar una metodología que incluya datos desagregados por sexo y edad, así como la divulgación de toda información obtenida.

En México se ha hecho lo propio, contamos con la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y desde la última década el INEGI realiza la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.

Las cifras recaudadas a 2011 son desalentadoras y alarmantes. 67 de cada 100 mujeres de 15 años o más han sido víctimas de algún tipo de violencia. Esto quiere decir que más de la mitad de la población femenina en nuestro país vive en su cotidianidad con acosos, golpes y/o humillaciones.

La relación donde ocurre con mayor frecuencia el fenómeno es la de pareja, sin embargo no es la única.  Cuatro de cada diez mujeres han sido agredidas en su convivencia con novios, maridos, etc., 48.7 por ciento de las que han estado casadas son víctimas de la situación, 39.7 la han experimentado por parte de desconocidos y el 30 por ciento en el trabajo.

Dentro de estos acontecimientos, las agresiones más experimentadas son las emocionales con 41.6 por ciento de casos, la violencia económica tiene un 30.6% de afectadas, la física 23.4 y la sexual 10.5.

Es aquí donde se presenta el mayor problema del asunto. ¿Cuántos de nosotros asociamos maltrato solamente con el aspecto físico? ¿Cuántas mujeres están conscientes que las agresiones mentales o económicas también son acciones erróneas de las que pueden quejarse?

Dado que la mayoría de personas en nuestro país no es consciente de que existen múltiples tipos de violencia y de que todos ellos representan violaciones a los derechos humanos, el enfrentamiento del problema se vuelve más grave. Resulta muchas veces difícil comprobar el maltrato cuando no hay golpes que lo verifiquen.

La información recabada por el INEGI expone que las agresiones de mayor gravedad, es decir la física y la sexual, raras veces ocurren como actos aislados. Así, el abuso cometido contra las mujeres resulta de carácter integral y va muchas veces acompañado por situaciones que atentan contra la dignidad emocional.

En contraste con esto, los estudios encuentran que la violencia emocional y económica sí pueden ocurrir como eventos que no terminan en otro tipo de atentados. Es por ello que resulta de suma importancia regularlas y divulgar los efectos negativos que tienen para la sociedad en general.

No podemos quedarnos con los brazos cruzados ante un tema que, a todas luces, desencadena lo más condenable en un ser humano. Más de la mitad de las mujeres que han sufrido agresiones, el 58.6 por ciento, se ha encontrado en situaciones que directamente ponen en riesgo su vida.

El estado de México presenta la prevalencia más alta de este tipo de atropellos, seguido por Tabasco, Puebla, Jalisco y Guerrero. En estados como Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes y Coahuila también se exhiben tasas por encima del resto del país en violencia grave y muy grave.

En 2009 las muertes de mujeres por violencia representaron 4.4 por ciento de las defunciones totales, es decir, en el último quinquenio cuatro de cada diez homicidios de mujeres han ocurrido en su hogar. El estado con la tasa más alta de violencia que termina en muerte es Chihuahua con una proporción que aumentó de 3.6 a 13.1 por ciento en tan sólo cinco años.

Entre las razones que los agresores dan para cometer estas injusticias se encuentran: que su pareja opina diferente, lo desmiente, no lo obedece, no le pide permisos, no le dedica el tiempo suficiente o no muestra interés o deseo por tener relaciones sexuales.

Esta situación ha llegado a niveles tan graves donde la mujer, al no encontrar una salida, piensa sistemáticamente o recurre al suicidio. Cinco de cada cien mujeres que han experimentado violencia han pensado en suicidarse y siete lo han intentado.

En Movimiento Ciudadano creemos que ya es hora de apoyar a las mujeres con una mejor legislación, en una lucha en la que no tienen por qué estar solas. Consideramos que es momento de desmitificar la asociación del maltrato solamente con la violencia física. Es necesario observar el problema y atacarlo de una manera integral.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Único. Se reforma y adiciona el inciso B de la fracción II del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

II. Las mujeres:

b) En situación de violencia emocional, psicológica, económica, física, sexual o abandono, y

c) ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 31 días del mes de octubre de 2012.— Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña,  Leonor Romero Sevilla, Blanca Jiménez Castillo, María Teresa Jiménez Esquivel, Marcelina Orta Coronado, Eufrosina Cruz Mendoza, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Esther Quintana Salinas, Margarita Licea González, Carmen Lucía Pérez Camarena, Raquel Jiménez Cerrillo, Karina Labastida Sotelo, María Guadalupe Mondragón González, Mariana Dunyaska García Rojas, Jorge Rosiñol Abreu, Zuleyma Huidobro González (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Salud, para dictamen.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, a ver, sonido en la curul de la diputada Malú Mícher Camarena.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Gracias, señor diputado presidente. Le agradecería que también se turnara esta iniciativa a la Comisión de Equidad y Género, si es tan amable.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí. Esta Presidencia no tiene inconveniente que quede también turnada a la Comisión de Equidad y Género.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Presidente, deseo adherirme a la iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: La diputada Juárez desea adherirse a la iniciativa y no creo que la diputada Merilyn tenga inconveniente; entonces, dejamos la iniciativa aquí en la Secretaría para que pueda pasar a suscribirse la misma.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, desde la consolidación del neoliberalismo en el salinismo hasta la actualidad y probablemente en el sexenio peñista, el país ha tenido y tendrá grandes problemas económicos, políticos y sociales, incluyendo el aspecto de la inseguridad, el cual se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los tres niveles de gobierno y de los ciudadanos.

No obstante que el gasto para la función de seguridad pública ha aumentado cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los resultados han sido poco palpables, dado a los altos índices delictivos que impera en todo el país, lo que combina con la ausencia de los servicios de seguridad pública en diversas zonas.

Conforme a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, debe haber un promedio de 2.8 policías por cada mil habitantes, ello con la finalidad de garantizar una mejor calidad de atención.

Sin embargo, en México apenas existe el 0.4 y el 0.5 por ciento de policías por cada habitante, lo que nos lleva a afirmar que los rubros de cantidad y calidad han sido descuidados por los gobiernos.

En el país existen alrededor de 350 mil elementos de policías agrupados en mil 661 corporaciones de los tres órdenes de gobierno. El 89.3 por ciento de los cuerpos policiales preventivos, a nivel nacional, pertenecen a los estados, municipios y que son los que tienen mayor contacto con los ciudadanos. En tanto, la policía de investigación representa apenas el 10.7 con 37 mil 493 efectivos a nivel nacional.

Lo anterior ha originado que en diversas zonas del país no se cuente con el servicio de seguridad pública, provocando que la criminalidad sea un constante. Ante ello, la indiferencia e incapacidad de las autoridades municipales, estatales y federales.

Tal es el caso de la meseta purépecha, en el estado de Michoacán, en el que diversas comunidades, como Urio, en el 2008, Cherán en el 2011, Santa Fe de la Laguna, Turicato, Comachuen, Arantepecua, Cuitzeo, Sevina y Urapicho, en el 2012 y considerando también una parte importante, como es en la región oriente, donde están los mazahuas, otomíes.

Se han organizado en grupos de autodefensa ciudadanos, con el objeto de vigilar, patrullar y defender sus comunidades o ejidos; por lo que en ese sentido la creación de los grupos de autodefensa son resultado del reclamo social ante la falta de seguridad pública universal y de calidad, así como el hartazgo de ciertos sectores de la sociedad, los cuales al no tener otra opción han tenido que recurrir a la autoprotección de sus habitantes, familias, tierras y sus propios recursos naturales, que se han visto lesionados por los grupos criminales que imperan en sus regiones.

En ese contexto, el objeto de la presente iniciativa de decreto radica en reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que sean creados, regulados y supervisados los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal, los cuales podrán ser constituidos por los núcleos de población, ejidales o comunales, con la finalidad de brindar sus propios servicios de seguridad, protección y vigilancia. Ello en coordinación con los diversos cuerpos policiacos.

Asimismo, en el decreto de iniciativa que presento, se contempla que los elementos que conformen los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal cumplan con los requisitos de control, confianza y supervisión a que hace referencia la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la mayoría de los requisitos de ingresos que contempla el cuerpo legal en esta cita, aumentando dos requisitos más, como lo son que acrediten su calidad de ejidatario, comunero o avecindado del núcleo de la población solicitante y que tengan 25 años cumplidos al día de su registro.

En ese sentido, también se propone que los cuerpos de vigilancia ejidales o comunales estén al mando del comisariado ejidal o de la autoridad comunal correspondiente, pero bajo la supervisión, capacitación y adiestramiento de la policía municipal del lugar, en aquel que se encuentre en el núcleo de la población.

Ello, atendiendo a que éstos estén en coordinación con las autoridades municipales que solicitarán, ante la Secretaría de la Defensa Nacional, los correspondientes permisos de portación de armas conforme lo establece la ley correspondiente, las cuales únicamente podrán usarse para los fines establecidos en la presente iniciativa.

La regulación de los cuerpos de autoprotección que han surgido en varias regiones del país, traerá como consecuencia su introducción dentro del marco de legalidad, evitando de esa manera que los mismos se conviertan en grupos facciosos que operen en la clandestinidad e ilegalidad.

Por último, solicito a la Presidencia de esta honorable Cámara que la presente intervención sea insertada en el Diario de los Debates correspondiente. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, María del Carmen Martínez Santillán, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título Décimo Tercero, artículos 153, 154 incisos a) y b), 155, 156, 157 y 158 a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad pública entendida como un servicio otorgado por el Estado a efecto de que sus habitantes puedan vivir en armonía, respetándose mutuamente en sus derechos, bienes y personas, evitando de esa manera la alteración del orden social, por lo que en ese sentido, debe de tener un carácter universal que alcance a todas las personas. Por lo general, las grandes ciudades sufren problemas de seguridad pública, al presentar altas tasas de delitos, lo cual se está haciendo extensivo a pequeñas poblaciones, las cuales han visto aumentada la incidencia delictiva.

A raíz de la violencia de los últimos seis años, millones de mexicanos, hoy, se sienten inseguros. Esa percepción de inseguridad ha provocado un cambio drástico en el actuar cotidiano de personas y empresas. Sin embargo, no todos los delitos logran modificar nuestra conducta, es decir, un robo de celular no es igual de grave que un secuestro y no impacta en la misma medida en nuestra percepción de inseguridad. Reconocer esta diferencia hace posible tener una herramienta que permite a las procuradurías saber cómo se compone el fenómeno delictivo en su entidad y cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía. De esta forma es posible focalizar recursos para combatir los delitos que más vulneran a la ciudadanía.

En ese sentido, la seguridad pública también depende de la eficacia de la policía, del funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas estatales y de las condiciones sociales. El debate respecto a la incidencia de la pobreza en la inseguridad siempre es polémico, aunque la mayoría de los especialistas establece una relación entre la tasa de pobreza y la cantidad de delitos.

En materia de seguridad pública la Organización de las Naciones Unidas ha hecho la recomendación de que deben existir, por lo menos, en promedio, la cantidad de 2.8 policías por cada mil habitantes, ello con la finalidad garantizar una mejor calidad y atención, sin embargo, nuestro país apenas oscila entre el 0.4 y el 0.5 policía por cada mil habitantes, lo que nos lleva a afirmar que el rubro de la cantidad y calidad ha sido descuidado por los órganos de seguridad pública, tanto federales, estatales y municipales.

En México existen alrededor de 350 mil elementos de policía que forman parte de 1,661 corporaciones en los tres órdenes de gobierno. El 89.3% de los cuerpos policiales preventivos a nivel nacional pertenecen a los ámbitos estatales y municipales, y son los que tienen mayor contacto ciudadano. En tanto, la policía de investigación representa apenas el 10.7%, con 37 mil 493 efectivos a nivel nacional.

En ese sentido se han instaurado los instrumentos de coordinación entre las diversas policías federales, estatales y municipales, ello a través de las Ley General del Sistema de Seguridad Pública, mediante la cual se han establecido los criterios de coordinación entre policías, así como la admisión, capacitación, permanencia, control y remoción de sus respectivos elementos, ello con la finalidad de lograr un servicio de seguridad pública más eficaz y profesional.

No obstante los esfuerzos que se ha hecho por parte de los tres niveles de gobierno para brindar una seguridad pública tendiente a su universalización, los mismos han sido poco productivos y no han cumplido con su objetivo, originando que bastas zonas del país, sobre todo las comunales y ejidales, no cuenten con la mínima seguridad pública y mucho menos que la misma sea efectiva, adecuada y suficiente, por consiguiente, se les ha dejado a merced de la delincuencia sin que los gobiernos hagan algo por solucionar esta problemática, en razón de que, los recursos humanos, materiales y económicos son insuficientes.

Es por ello que, en algunos sectores de la sociedad, sobre todo en las comunidades indígenas y ejidales, han tenido la inquietud de conformar sus propios grupos de vigilancia a efecto de brindar a su comunidad, los servicios de seguridad y protección de sus tierras y sus habitantes, como lo son los casos de los comuneros de Cherán, en el Estado de Michoacán, quienes el quince de abril de dos mil once, conformaron un grupo de autodefensa para proteger sus bosques y sus recursos; o el más reciente, ocurrido el día dieciséis de octubre del presente año, en la comunidad de Urapicho, municipio de Paracho, Estado de Michoacán, en el que sus pobladores crearon su propio cuerpo de vigilancia y protección, justificando su actuar, mediante una misiva, en la que expresaron lo siguiente:

“Los pueblos indígenas han sido especialmente vulnerados, consideradas en muchos casos como atrasados por algunos gobiernos, han sido víctimas de políticas agresivas de asimilación cultural y ahora hemos enfrentado un nuevo fenómeno que, hasta ahora, era desconocido por nosotros. Este fenómeno que nos ha aquejado por sus violentas acciones de grupos criminales que intimidan y diluyen nuestra organización, es un fenómeno que pauperiza a nuestras comunidades.

La comunidad indígena de Urapicho, después de haber sido víctima de agresiones físicas, violaciones a nuestros Derechos Humanos y la desaparición de compañeros comuneros que nada tienen que ver con actividades ilícitas que atenten con la honra de nuestra comunidad indígena, ha fomentado una organización interna tendiente a fortalecer el vínculo comunitario, a la defensa de nuestros recursos naturales y la preservación de la vida misma.

Lo anterior ha traído consecuencias que han sido lamentables para nuestra comunidad, como la muerte de compañeros que han buscado el fortalecimiento de la organización que desde siglos ha dado supervivencia a nuestras comunidades indígenas. Sin embargo, sabemos y somos conscientes de que nuestra arma más poderosa es nuestra organización y lucha.

Luchamos por el fortalecimiento organizativo de nuestras comunidades indígenas, con ello evitaremos la filtración de grupos criminales que atenten contra nuestra seguridad.

Luchamos por la preservación de nuestros recursos naturales, por ser nuestra madre, desde donde todo florece y adquiere vida y muerte.

Luchamos por el respeto a nuestra organización, por ser nuestros artífices y protagonistas de nuestra vida política interna.

Luchamos por erradicar la inseguridad de nuestras comunidades indígenas.

Luchamos por fomentar una nueva forma de organización política que dé origen a nuevas formar de toma de decisiones políticas desde una visión endógena de las poblaciones originarias.

Luchamos por que se nos reconozca una policía comunitaria que atienda a los intereses comunitarios de la comunidad”.

En ese contexto el legislador no puede ser indiferente ante la creciente demanda de parte de aquellos sectores de la sociedad en los que la seguridad pública es nula, en razón de que, los elementos de las policías son insuficientes, lo que deja a muchas comunidades desprotegidas y a merced de la criminalidad, motivo por el cual el objetivo del presente decreto de reforma, radica en que, dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reconozca y regule la figura jurídica de los Cuerpos de Vigilancia Ejidal o Comunal, los cuales podrán prestar los servicios de seguridad, protección y vigilancia de las personas y tierras comprendidas dentro del núcleo de población ejidal o comunal, para lo cual también podrán portar las armas que la Secretaría de la Defensa Nacional les autorice, previa solicitud que se le presente en coordinación con las autoridades municipales del lugar en que se haya asentado el ejido o comunidad.

Por lo que en ese sentido, no se pretende dar una autonomía absoluta a los cuerpos de vigilancia de las comunidades o ejidos, ya que ello podría derivar en la comisión de actos de corrupción o abuso, por ese motivo, se propone que los mismos se encuentren bajo la vigilancia, supervisión, adiestramiento y capacitación de la policía municipal del lugar en el que se encuentre asentado el ejido o la comunidad, ello por ser el municipio la autoridad más inmediata con la que se cuenta, en ese sentido, existiría una aportación por parte de los Ayuntamientos de los municipios para la consolidación de estos cuerpos de vigilancia.

Toda vez que, que los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal prestarán un servicio de protección y seguridad a las personas, tierras y recursos naturales que se encuentre dentro de su núcleo de población, en el que portaran las armas que la Secretaria de la Defensa Nacional les autorice, también deberán de cumplir con la mayoría de los requisitos que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, les impone a aquellas personas que ingresan a los cuerpos de seguridad pública así como los criterios para su control y permanencia dentro de los mismo, ello con sus salvedades atendiendo a las circunstancias especiales de los habitantes de los ejidos o comunidades, tal como el grado de escolaridad. Asimismo, entre los requisitos que se deben cumplir para ser parte de los cuerpos de vigilancia del ejido o comunidad, se incluye el de tener la calidad de ejidatario, comunero o avecindado del núcleo de población y contar con veinticinco años cumplidos, ello con el objetivo de que solo los que cumplan con esa calidad puedan ser elementos de los cuerpos de vigilancia.

Dado que la federación, los estados y municipios, gastan un alto porcentaje de sus recursos económicos en el tema de la seguridad pública, la presente iniciativa, a efecto de agilizar la consolidación de los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal, se propone que los elementos que la conformen, no perciban un salario de alguno de los tres niveles de gobierno dada la naturaleza especial que le prestaran a su propia comunidad o ejido, y a que la contribución de los autoridades será en el sentido de dar toda la facilidad para las autorizaciones y permisos de portación de armas de fuego así como para la capacitación, adiestramiento y supervisión de los referidos cuerpos de vigilancia. Por tanto, no existirá ningún tipo de relación laboral entre los integrantes de los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal y la federación, los Estados y municipios, ello sin perjuicio de que, el ejido o comunidad puede otorgar algún tipo de gratificación a loe elementos, sin que la misma sea de manera obligatoria.

Asimismo, los integrantes de los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal deberán de acreditar todos y cada uno de los controles de acreditación y confianza que para el efecto señala la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ello con la finalidad de que, también este tipo de elementos cumplan con el fin primordial de contar con una seguridad confiable y eficaz, en cualquier ámbito en que se preste.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la presente iniciativa  de ley con proyecto de

Decreto que adiciona un Título Décimo Tercero, con los artículos 153, 154, incisos a) y b), 155, 156, 157 y 158, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Único. Se adiciona un Título Décimo Tercero, con los artículos 153, 154 incisos a) y b), 155, 156, 157 y 158, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Título Décimo TerceroDe los Cuerpos de Vigilancia Ejidal o Comunal

Artículo 153. Los núcleos de población ejidal o comunal legalmente reconocidos conforme a Ley Agraria, mediante sus órganos de representación, podrán solicitar a la Secretaría el permiso a efecto de brindar a su comunidad, los servicios de seguridad, protección y vigilancia de las personas y tierras comprendidas dentro del núcleo de población ejidal o comunal, debiendo coordinarse con las policías federales, estatales y municipales, cuando así sea necesario.

Artículo 154. Para ser miembro de los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal, además de cumplir con los requisitos del artículo 88, apartado A, fracciones I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X y XII, apartado B, fracciones I, II, V, VI, IX, X, XI y XII, se deberá acreditar:

a) La calidad de ejidatario, comunero o avecindado del núcleo de población solicitante, ello conforme lo prevé la Ley Agraria.

b) Tener veinticinco años cumplidos al día de su registro.

Artículo 155. El cuerpo de vigilancia ejidal o comunal estará al mando del Comisariado Ejidal o la Autoridad Comunal correspondiente, pero bajo la supervisión, capacitación y adiestramiento de la policía municipal del lugar en aquel en el que se encuentre el núcleo de población, sin que en momento alguno exista algún tipo de relación laboral entre los referidos elementos ejidales y el gobierno municipal.

Artículo 156. El núcleo de población ejidal o comunal en coordinación con las autoridades municipales de seguridad pública del lugar en el que se asiente, solicitara ante la Secretaría de la Defensa Nacional, los correspondientes permisos de portación de armas, ello conforme lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; las cuales únicamente podrán portarse y usarse para los fines establecidos en el presente título.

Artículo 157. Los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal serán auxiliares en la función de Seguridad Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.

Artículo 158. Los integrantes del cuerpo de vigilancia ejidal o comunal no percibirán salario alguno por parte de la Federación, Estados y municipios, dada la naturaleza del servicio propio que prestarán a su núcleo de población ejidal o comunal, sin embargo, deberán de cumplir con todas y cada una de la Leyes en Seguridad Pública y que no se opongan al presente título.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Datos obtenidos del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012.

2 Texto íntegro del comunicado que se dio a conocer por parte de los pobladores de Urapicho, Michoacán.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputada María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Seguridad Pública, para su dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 211 Bis 8 al Código Penal Federal. Esta iniciativa viene suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez:Con su venia, ciudadano presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes constituye hoy —por las implicaciones que tiene la lucha por hacer efectivos y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez— uno de los principios constitucionales de mayor relevancia para la nación, y la responsabilidad es de todos. La familia, la sociedad y el Estado tenemos que unir esfuerzos y crear las condiciones necesarias para su desarrollo pleno.

En este sentido, uno de los ámbitos que mayor atención exigen es el de la transformación, desarrollo y crecimiento acelerado de las telecomunicaciones y las redes sociales.

En los últimos años se han constituido en una nueva forma de intercambio de datos, videos, fotografías y audio, ampliando las posibilidades que todos tenemos de transmitir y recibir información en diversas modalidades. Sin duda esto potencializa el desarrollo del país y las capacidades de cada uno de nosotros.

Sin embargo, de manera simultánea se han constituido en un espacio de riesgo para las niñas, niños y adolescentes, ya que son utilizadas por la delincuencia para obtener datos sobre sus víctimas potenciales, en delitos como el secuestro, la extorsión, la pornografía infantil y la trata de personas, entre otros más.

Hoy vemos con preocupación que son las redes sociales el espacio donde se originan muchos de estos delitos de alto impacto social, y que son las niñas, niños y adolescentes quienes a través de engaños sufren sus efectos con graves consecuencias para su integridad, salud, y en muchas ocasiones la pérdida de su vida.

Ese evidente que no se puede evitar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a las tecnologías y redes sociales; por ello en nuestro Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que es la prevención, a través de la educación en su uso y aprovechamiento, como podemos proteger y garantizar mejores condiciones para su seguridad.

Sin embargo, además de prevenir y de educar a nuestras niñas y nuestros niños sobre los riesgos que los amenazan en las redes sociales consideramos que es de fundamental importancia penalizar de manera severa a quienes se valgan de las redes sociales para vulnerar los derechos y la seguridad de nuestras niñas y de nuestros niños.

Con este fin se somete a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 211 Bis 8 al Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 211 Bis 8. Al que revele, divulgue, utilice, publique, circule, o haga circular cualquier información videograbada, fotografías, filmaciones o imágenes obtenidas de la red pública o privada o de las redes sociales de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, respecto de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para discernir por tener el carácter de inimputables, y por ello se atente contra la dignidad, el prestigio y el libre desarrollo de la personalidad de los individuos, se les impondrá de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 300 días multa.

Si la información a que se refiere el párrafo anterior es utilizada para cometer los delitos siguientes: violación previsto en los artículos 265, 266 y 266 Bis; secuestro, contemplado en los artículos 365 Bis y 366; robo, previsto en los artículos 381 y 381 Bis; extorsión, consignado en el artículo 390, y fraude, previsto en los artículos 386 y 387, y los contemplados en el título octavo, todos del presente ordenamiento, la pena de prisión será de 4 a 6 años y la multa de 200 a 500 días, independientemente de las penas en que incurran por los delitos cometidos.

Para nuestro grupo parlamentario es prioridad que nuestro marco jurídico se constituya como una herramienta efectiva que garantice la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes. Ése es el propósito de la presente propuesta, que ponemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 211 Bis 8 al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

La proliferación de las redes sociales es una realidad tangible, y en éstas se dan cita millones de usuarios alrededor del mundo. Hoy, este enfoque social se ha masificado. El constante cambio y crecimiento de las redes sociales ha transformado la comunicación en una nueva forma de intercambio de información y datos, pues herramientas como videos, fotografías y audios masifican y potencializan su uso.

El rápido desarrollo de Internet se ha convertido en un catalizador que ha cambiado los hábitos sociales. Una clave de ello son las redes sociales por su capacidad de generar canales de expresión y espacios de debate entre los usuarios de Internet.

Estar inmerso en una red social dejó de ser un pasatiempo y se ha convertido en una necesidad. Si deseamos estar actualizados y presentes socialmente, precisamos aprender a llegar de manera eficaz a nuestros “públicos virtuales” a través de las estrategias más efectivas, para así posicionarnos en la red interna.

La utilización de Internet ayuda a tener oportunidades que van más allá de lo que podemos imaginar. En el caso de México, más de 1 millón de personas utilizan esta plataforma multimedia para hacer crecer su negocio o establecer vínculos que favorecen las cadenas de valor. Los usuarios pueden publicar fotografías, videos, mensajes, imágenes, etcétera.

No obstante lo anterior, también Internet llegar a presentar otra cara. Las mafias delincuenciales operan en ella a través de redes de masificación para ejecutar sus perversas intenciones; aprovechan la información, datos y antecedentes de lo publicitado para cometer delitos como secuestro, extorsión y pornografía infantil. No se omite mencionar que también incide de manera importante en el delito de trata de personas.

La primera parte de las estrategias que aplican es ubicar a su posible víctima familiarizándose con ella, y una vez que se ganan la confianza arrancan la información que necesitan y proceden al ataque final.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza propone la presente iniciativa con proyecto de decreto para sancionar a quien revele, divulgue, utilice, circule o haga circular, publique cualquier información video grabada, fotografías, filmaciones, imágenes obtenidas de la red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de computo, electrónicos o sucedáneos de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado para resistirlo, y que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad, imponiéndoles una pena de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 300 días multa; pero si esas publicaciones son utilizadas para cometer delitos como secuestro, violación, extorsión, pornografía infantil y trata de personas la penalidad será de 4 a 6 años y de 200 a 500 días, independientemente de las penas en que incurran por los delitos cometidos.

El objeto mismo de este proyecto, preliminarmente, es evitar que los usuarios nocivos de las redes sociales aprovechen las publicaciones para difundir perversamente las imágenes o videos de las personas, dentro de los que se encuentran en gran porcentaje personas menores de edad, con ánimo de exhibirlos y desprestigiarlos y con ello provocar el escarnio público, además de promoverlos sexualmente.

Compañeras y compañeros diputados: el uso de las redes sociales se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para la criminalidad. Recordemos que el secuestro, la violación, la extorsión, la pornografía infantil y la trata de personas son de alto impacto social, que se reproducen vertiginosamente por todo el territorio nacional, dejando millonarias ganancias a los ejecutores. En cuanto a las víctimas, les producen consecuencias con profundos y agudos problemas psicoemocionales, el camino de la recuperación es largo y lento, las terapias, además de costosas, son intensivas y prolongadas.

El multicitado proyecto de iniciativa propone mayor penalidad para los delitos mencionados en el párrafo precedente, sólo en caso de que las publicaciones que se exhiban en las redes sociales sean utilizadas para ejecutar aquellos delitos.

Argumentos

Derivado de lo anterior es indispensable recalcar la importancia de que nuestra legislación se actualice a la par de las problemáticas que van surgiendo en la sociedad. Hoy, México ya no está indefenso ante los delitos cibernéticos, por el contrario, se está trabajando día con día para combatir las nuevas modalidades con las que el crimen está trabajando.

Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos definen los delitos cibernéticos como cualquier conducta, no ética o no autorizada, que involucra el procesamiento automático de datos o la transmisión de datos.

Esta iniciativa atiende al principio de legalidad: si una conducta no está inscrita en el catálogo previsto por el código punitivo, simple y llanamente, no es delito. Por tanto, consideramos que la presente proposición satisface los extremos previstos en el artículo 14 de la Carta Magna, y en caso de ser aprobado por esta asamblea funcionará preventivamente y con inhibir futuras acciones u omisiones ilícitas.

La presente reforma tiene como objetivo central cuidar y velar por el interés superior de la niñez, principio que tiene como fundamento la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990 y el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se entiende como un “conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible”.

El interés superior de la niñez indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo.

México ha participado activamente en tres de los grandes compromisos en materia de derechos de la infancia que se han celebrado a escala mundial: la Convención de los Derechos de la Infancia, de 1989, la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia de 1990, y la sesión especial de la ONU sobre infancia en 2002, que sin bien se encuentran vinculados no significan lo mismo.

A finales de 1999 ocurrió la reforma y adición al artículo 4º Constitucional para incluir la noción de los derechos de la infancia; posteriormente, en abril de 2000, se aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños; además, algunas legislaturas locales también promovieron leyes estatales en esta materia, con lo que resultó por ejemplo: que en el Distrito Federal también en diciembre de 1999 fuera aprobada por el Congreso local la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El delito cibernético implica actividades criminales que en un primer momento los países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales como robos o hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje, etcétera. Sin embargo, debe destacarse que el uso de las técnicas informáticas ha creado nuevas posibilidades del uso indebido de las computadoras, lo que ha propiciado la necesidad de ser regulado por el derecho, atendiendo a ello se promueve la presente iniciativa.

La Organización de las Naciones Unidas reconoce como delitos informáticos las siguientes conductas:

1. Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras:

a) Manipulación de los datos de entrada;

b) Manipulación de programas;

c) Manipulación de datos de salida; y

d) Fraude efectuado por manipulación informática.

2. Falsificaciones informáticas:

a) Utilizando sistemas informáticos como objetos; y

b) Utilizando sistemas informáticos como instrumentos.

3. Daños o modificaciones de programas o datos computarizados:

a) Sabotaje informático;

b) Virus;

c) Gusanos;

d) Bomba lógica o cronológica;

e) Acceso no autorizado a sistemas o servicios;

f) Piratas informáticos, o hackers; y

g) Reproducción no autorizada de programas informáticos con protección legal.

El 23 de noviembre de 2001, el Consejo de Ministros de Europa, compuesto por los ministros del interior de los Estados que forman la Unión Europea, con Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá y Japón, firmó en Budapest la convención sobre delitos informáticos, cuyos objetivos fundamentales fueron los siguientes:

1. Armonizar las leyes penales sustantivas aplicables a las conductas delictivas que tienen como escenario el entorno informático;

2. Proveer reglas de procedimiento penal que brinden a las autoridades nacionales competentes las facultades necesarias para la investigación y persecución de tales conductas delictivas; y

3. Establecer un régimen dinámico y efectivo de cooperación internacional.

En Nueva Alianza nos preocupa que en la actualidad, nuestros menores de edad tienen cada vez más contacto con las llamadas redes sociales, por medio las cuales se convierten en víctimas potenciales de los delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad de los menores de 18 años.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, los suscritos, Lucila Garfias Gutiérrez, René Fujiwara Montelongo, Fernando Bribiesca Sahagún, María Sanjuana Cerda Franco, Cristina Olvera Barrios, Sonia Rincón Chanona, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, José Angelino Caamal Mena, Rubén Benjamín Félix Hays y Luis Antonio González Roldán, integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71.II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 211 Bis 8 al Código Penal Federal

Artículo Único.Se adiciona el artículo 211 Bis 8 al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 211 Bis 8. Al que revele, divulgue, utilice, publique, circule, o haga circular cualquier información videograbada, fotografías, filmaciones o imágenes obtenidas de la red pública o privada o de las redes sociales de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, respecto de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para discernir por tener el carácter de inimputables, y por ello se atente contra la dignidad, el prestigio y el libre desarrollo de la personalidad de los individuos, se impondrán de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 300 días multa.

Si la información a que se refiere el párrafo anterior es utilizada para cometer los delitos siguientes: violación previsto en los artículos 265, 266 y 266 Bis; secuestro considerado en los artículos 365 Bis y 366, robo previsto en los artículos 381 y 381 Bis; extorsión consignado en el artículo 390 y fraude previsto en los artículos 386 y 387 y los considerados en el título octavo, todos del presente ordenamiento, la pena de prisión será de 4 a 6 años y la multa de 200 a 500 días, independientemente de las penas en que incurran por los delitos cometidos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 31 de octubre de 2012.— Diputadas: Lucila Garfias Gutiérrez, Sonia Rincón Chanona, Cristina Olvera Barrios (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, diputada.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Sí, presidente, gracias. Solicitarle turno para la Comisión de los Derechos de la Niñez, en virtud de que a quien va dirigida es precisamente a las niñas y a los niños, conforme al artículo 71, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: La voy a turnar para opinión, porque es un asunto del Código Penal y creo que debe ser dictaminado por la Comisión de Justicia. Pero la turnamos con mucho gusto para opinión a la Comisión de Derechos de la Niñez. Muchas gracias.

Queda así, turnada a la Comisión de Justicia, para dictamen y a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su opinión.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Educación.

El diputado Samuel Gurrión Matías:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Samuel Gurrión Matías:Compañeros diputados y diputadas, cuesta mucho educar a un hombre, pero cuesta mucho más no educarlo. Jesús Reyes Heroles.

No podemos entender al México moderno sin considerar a la educación como un factor irrenunciable e inquebrantable en la construcción del futuro y de una sociedad fincada en nuestros valores más preciados: la equidad, la justicia, la libertad y la democracia.

La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 elevó a rango constitucional el derecho de todo ciudadano a recibir educación laica, obligatoria y gratuita.

En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre del año de 1921 se dio la creación de la Secretaría de Educación Pública, que tuvo como su primer titular al licenciado José Vasconcelos.

Posteriormente, por decreto oficial de la SEP, se creó en el año de 1925 la escuela secundaria, como una nueva institución educativa al servicio de la adolescencia.

Entre los años de 1936 y 1940 se crearon internados, comedores y becas, se impulsó la creación de las escuelas vinculadas a centros de producción y se alentó la educación técnica.

Es hasta 1970 cuando empezó a reconocerse la necesidad de apoyar a la investigación científica y tecnológica, como un factor fundamental del desarrollo integral de la nación.

El primer reporte mundial sobre ciencia, publicado por la UNESCO en febrero del año de 1994, mencionó que la evolución de la ciencia en el mundo ha tomado un nuevo curso con el surgimiento de los países recientemente industrializados, como son: Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Hong Kong y Malasia, que han utilizado las nuevas ciencias y técnicas para incluirlas en sus sistemas productivos, respondiendo así a las demandas del mercado internacional.

¿Cuál ha sido la clave? La unión entre la ciencia y la educación; está documentado que en esos países, desde la educación básica hasta la superior, la ciencia siempre se encuentra presente y fortalece el desarrollo tecnológico.

Con ese perfil integral esas naciones han logrado sostener ritmos de crecimiento impresionantes durante más de una década.

En México, en el año 2005, se realizó una reforma a la Ley General de Educación, en el artículo 25, primer párrafo, para establecer que el monto anual que el Estado destine en gasto de educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor al 8 por ciento del producto interno bruto del país, destinando de este monto al menos el 1 por ciento a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación pública superior. Sin embargo, solo se ha destinado el 0.4 por ciento a ciencia y tecnología.

Es momento de cambiar de paradigma. Entrar al México del siglo XXI implica el rediseño de nuestras políticas públicas de educación y de desarrollo científico.

Por ello esta iniciativa propone reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, con el objeto de modificar la denominación y las atribuciones de la hoy secretaría encargada de la educación y la ciencia en nuestro país, como Secretaría de Educación y Desarrollo Científico.

Asimismo se adiciona un nuevo apartado con un artículo 11 Bis, que define los criterios que deberán regir la nueva política pública de educación y desarrollo científico. Ahí se establecen las bases mínimas de formación de los programas educativos, de fomento a la ciencia y de coordinación con los ámbitos locales de gobierno y de concertación con el sector público y social.

Esta iniciativa busca convertir a la Secretaría en el órgano rector en materia de ciencia y tecnología, así como convertir la organización, administración y promoción de la ciencia y tecnología en parte integral del sistema educativo nacional, considerando los siguientes criterios:

Fijar los lineamientos generales relativos a la política pública de educación y desarrollo científico, como los elementos rectores de todos sus programas, convenios y acciones institucionales.

Incorporar en los planes y programas de estudio en el nivel básico, medio superior y superior, el conocimiento, la experimentación y la aplicación de los principios de la investigación científica y tecnológica.

Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en coordinación con los estados y los municipios.

Compañeros diputados, tenemos un compromiso con las generaciones venideras; insertemos a México en el universo del capital humano y su formación, que son ejes centrales para consolidar sociedades justas y competitivas; detonemos el desarrollo científico y tecnológico del país y con ello su esperanza de futuro. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y General de Educación, a cargo del diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, ciudadano diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26, la fracción XXII del artículo 32 Bis, la fracción VI del artículo 35, las fracciones VIII y XII del artículo 38, la fracción VI del artículo 40 y la fracción XII del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y asimismo, reforma la fracción I del artículo 11 y adiciona el artículo 11 Bis de la Ley General de Educación al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“Cuesta mucho educar a un hombre, pero cuesta mucho más no educarlo” es una de las máximas enunciadas por un célebre Secretario de Educación Pública, don Jesús Reyes Heroles. No podemos entender al México moderno sin considerar a la educación como un factor irrenunciable e inquebrantable en la construcción del futuro y de una sociedad fincada en nuestros valores más preciados: la equidad, la justicia, la libertad y la democracia.

La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año de 1917 trajo consigo el reconocimiento de varios derechos fundamentales, los cuales están consagrados en los documentos universales que garantizan a todos los seres humanos el goce irrestricto de los bienes sociales del Estado, para alcanzar desde la niñez el acceso a una formación integral, al progreso, a la superación y a la dignidad humana

En nuestra ley de leyes, se elevó a rango constitucional el derecho de todo ciudadano a recibir educación laica, obligatoria y gratuita. Además, se otorgaron mayores facultades educativas al Estado para coordinar y vigilar el funcionamiento de las escuelas públicas y privadas.

Sin embargo, al ser suprimida la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, el sistema educativo tuvo problemas para consolidarse, ya que los municipios fueron incapaces de afrontar la problemática educativa como fueron la existencia de asentamientos rurales dispersos a lo largo del territorio, la carencia crónica de recursos presupuestales, así como una planta magisterial sumamente reducida. Tan sólo en el Distrito Federal, quedaban abiertas 148 escuelas de las 344 escuelas existentes en 1917.

En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de octubre del año de 1921, se dio la creación de la Secretaria de Educación Pública, que tuvo como primer titular al Lic. José Vasconcelos, atingente designación, que marcó el compromiso de atender las necesidades educativas en todos los sectores sociales, con una visión universal y de progreso. Por ello, se propuso en primer lugar organizar cursos, abrir escuelas, editar libros y fundar bibliotecas, es decir, colocar las simientes de la formación cultural que empujaría el desarrollo de la Nación.

Además, sumó esfuerzos para gestionar la educación rural, creando escuelas primarias y algunas normales rurales. Así se formaron también las misiones culturales, los grupos docentes, de profesionistas y técnicos que se dirigieron a diversas localidades rurales para capacitar maestros y trabajar en favor de la comunidad, en la forma de una sólida alianza nacional.

Posteriormente, por decreto oficial de la Secretaria de Educación Pública se creó en el año de 1925 la escuela secundaria, como una nueva institución educativa al servicio de la adolescencia. En el año de 1934 se registró una modificación al artículo tercero constitucional, por medio del cual se estableció oficialmente una política de estado para dar un carácter socialista a la educación y establecer la obligatoriedad de las escuelas privadas de regirse por los programas oficiales.

Entre los años de 1936 y 1940 se crearon internados, comedores y becas, se impulsó la creación de escuelas vinculadas a centros de producción y se alentó la educación técnica. Derivado de lo anterior, uno de los más grandes logros fue la creación del Instituto Politécnico Nacional y otros establecimientos tecnológicos. Al mismo tiempo, se crearon escuelas regionales campesinas para formar maestros rurales y cuadros para la agricultura, se establecieron escuelas vocacionales de nivel medio superior y centros educativos indígenas.

Concomitantemente, acorde con el espíritu universalista de nuestra estructura educativa, a partir de este periodo, nuestro país participó activamente en diversos proyectos de la recién creada Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). De esta manera, se fundaron el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, el Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional para América Latina, la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el Colegio de Ciencias y Humanidades, el Colegio de Bachilleres, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el Instituto Nacional de Educación para Adultos, entre otros.

La teoría del desarrollo ha demostrado que el progreso de los conocimientos de la población general es un factor crucial que incide sobre el crecimiento y el desarrollo económicos efectivos de cualquier sociedad. Si bien es cierto que la acumulación de los acervos de capital y el avance y la incorporación de la tecnología son muy importantes, estos factores son estériles si no se cuenta, progresivamente, con una población más culta, más capacitada y más especializada, de manera que puedan explotar al máximo el potencial productivo de dichos factores. Hoy en día, la noción del capital humano y su formación son centrales para consolidar sociedades justas y competitivas, al mismo tiempo.

El desarrollo económico depende indudablemente, mucho más de la calidad del factor trabajo (el capital humano) que de la disponibilidad de tierra y recursos naturales y el volumen de capital físico. En su obra “La riqueza de las naciones”, Adam Smith, en el año de 1776, subraya la importancia de la mejora en la habilidad y destreza de los trabajadores como fuente de progreso económico.

En esa misma línea, Alfred Marshall, en el año de 1890, hace hincapié en la naturaleza a largo plazo de las inversiones en capital humano y el destacado papel que la familia desempeña en su creación. “El capital más valioso de todos”, dice Marshall, “es el que se ha invertido en los seres humanos”.

Pero fue sobre todo en época reciente cuando este importante factor comenzó a suscitar un interés en la comprensión de las causas del desarrollo y en la formulación de las políticas públicas. Sobre todo después de las primeras publicaciones de dos economistas prominentes: Theodore W. Schultz, en 1961 y Gary S. Becker, en 1964, Inversión en Capital Humano y El Capital Humano, ha sido contundente y un valor universal el reconocimiento de que el capital físico, al menos tal y como se mide convencionalmente, explica sólo una parte relativamente pequeña del crecimiento de numerosos países.

La búsqueda de explicaciones más satisfactorias ha fomentado el interés por fenómenos menos tangibles, tales como el cambio tecnológico y el capital humano. Verbigracia, sin capital humano y sin tecnología, las naciones están condenadas al rezago permanente.

El primer Reporte mundial sobre la ciencia, publicado por la UNESCO en febrero del año de 1994, mencionó que la evolución de la ciencia en el mundo ha tomado un nuevo curso con el surgimiento de los países recientemente industrializados, como Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Hong Kong y Malasia, ya que han sabido utilizar las nuevas ciencias y técnicas para incluirlas en sus sistemas productivos. Así, esos países que son asombro mundial por su velocidad y calidad de crecimiento,  respondieron a las demandas del mercado internacional, y esto ha llevado a sus vecinos más desarrollados, como Australia y Nueva Zelanda, a abandonar el modelo europeo de gestión de ciencia y técnica para adoptar el de estos países.

Actualmente los modelos de estos países son un ejemplo de utilización de la ciencia para alcanzar el desarrollo y para mantener la esperanza en los países del Tercer Mundo con menos éxito en el desarrollo de sus capacidades humanas y de su ciencia.

¿Cuál ha sido la clave? La unión entre ciencia y educación. Está documentado que en esos países, que son objeto de estudio para todos los que desean renovar su esperanza en su futuro, la educación no se administra desvincular de la ciencia y la tecnología. Desde la educación básica hasta la superior y depositado la ciencia siempre se encuentra presente y fortalece el desarrollo tecnológico, en la misma, tampoco se encuentran ausentes los esfuerzos y la versión de los sectores social y privado. Con un perfil integral, la educación, la ciencia y la tecnología son los tres ángulos sustantivos del desarrollo y de la distribución de sus beneficios, con la particularidad de que esas mismas naciones han logrado sostener ritmos de crecimiento impresionantes durante más de una década.

Los recursos humanos constituyen la base final de la riqueza de las naciones. El capital y los recursos naturales son factores de producción pasivos; los seres humanos son los agentes activos que acumulan capital, explotan los recursos naturales, construyen organizaciones sociales, económicas y políticas, y llevan adelante el desarrollo nacional. Es claro que un país que no pueda desarrollar las habilidades y los conocimientos de sus habitantes, y utilizarlos con eficacia en la economía nacional, no podrá desarrollar ninguna otra rama ni enriquecer sus relaciones sociales.

En nuestro país, hasta hace poco empezó a reconocerse la necesidad de apoyar a la investigación científica y tecnológica como factor fundamental del desarrollo integral de la nación. El primer intento oficial en tal sentido fue en el año de 1970, con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mientras que otros países iniciaron esas actividades por lo menos hace más de cincuenta años, lo cual, como nación, nos pone en una clara desventaja histórica.

Posteriormente, en el año de 2005 se realizó una reforma a la Ley General de Educación en el artículo 25, primer párrafo, para establecer que el monto anual que el Estado destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a 8% del producto interno bruto del país, destinando de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas.

Sin embargo, solo se ha destinado 0.4% del PIB a ciencia y tecnología, lo que se traduce en la formación de sólo 2 mil doctores al año, mientras que en países como Brasil se invierte 1.25% del PIB y se forman 12 mil doctores.

La Evaluación de la Cooperación en Ciencia y Tecnología entre la Unión Europea y México en el periodo 2005-2010, reportó que la inversión extremadamente baja de México en ciencia y tecnología es el principal factor que limita el desarrollo tecnológico y la innovación en el país, así como la cooperación internacional en el rubro. Además, menciona que lo que ocasiona una escasez de fondos de la cooperación internacional es el bajo número comparativo de investigadores.

Incluso, se tienen indicios de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha sido incapaz de convertir al Sistema Nacional de Investigadores en una entidad que promueva y fortalezca, mediante la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica. Aunado a ello, hay una excesiva concentración de investigadores en unos cuantos estados, sobre todo los más ricos; no hay una consolidación de sus miembros en 25 años de vida del sistema, y México ocupa el penúltimo lugar entre los 35 países de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con menor número de investigadores, traducido en apenas 1.2 por cada mil habitantes, mientras que Finlandia tiene 15.6.

Un punto de partida de este proyecto es el consenso nacional de que ahora la educación está desvinculada de la ciencia y la tecnología. Por el diseño jurídico e institucional de nuestra administración pública, conviven dos políticas separadas y diferentes, que no se retroalimentan, que producen estamentos separados,  feudos  de poder y que no alientan una visión de conjunto ni un esfuerzo sistemático de políticas públicas que se orienten  al objetivo sustantivo de desarrollar nuestro capital humano. Un objetivo imposible con la separación de dichas políticas públicas y con la falta de elementos de coordinación entre los sectores público, privado y social.

Entrar al México del siglo XXI implica el rediseño de nuestras políticas públicas de  educación y desarrollo científico, con un nuevo sistema de trabajo conjunto entre todos los sectores sociales.

Consideramos que a mayor proporción de educación, sobre todo en ciencia y tecnología, medido en términos de gasto y de planeación de recursos, tiempos y formación de habilidades, puede existir mayor capacidad de resolución de los diversos problemas nacionales y generaría dinámicas virtuosas en el proceso de crecimiento y desarrollo económico de largo plazo.

Por ello, esta iniciativa propone reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el objeto de modificar la denominación y las atribuciones de la hoy Secretaría encargada de la educación y la ciencia en nuestro país como Secretaría de Educación y Desarrollo Científico, con la finalidad de encomendarle a esta Secretaría, además de las funciones ya reguladas, la organización, administración y promoción de la ciencia y la tecnología, de modo integrado con todo el sistema educativo y, no como ahora acontece, desvinculado y sectorizado.

Asimismo, adiciona un nuevo apartado, con un artículo 11 Bis, que define los criterios que deberán regir la nueva política pública de educación y desarrollo científico. Ahí se establecen las bases mínimas de formación de los programas educativos, de fomento a la ciencia y de coordinación con los ámbitos locales de gobierno y de concertación con el sector público y social.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 26, la fracción XXII del artículo 32 bis, la fracción VI del artículo 35, la fracción VIII y XII del artículo 38, la fracción VI del artículo 40 y la fracción XII del artículo 42 de la Ley Orgánica de La Administración Pública Federal y, asimismo, reforma la fracción I del artículo 11, y adiciona el  artículo 11 Bis de la Ley General de Educación.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 26, la fracción XXII del artículo 32 bis, la fracción VI del artículo 35, la fracción VIII y XII del artículo 38, la fracción VI del artículo 40 y la fracción XII del artículo 42 de la Ley Orgánica de La Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

...

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...

...

...

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...

...

...

...

...

...

Secretaría de Educación y Desarrollo Científico

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...

...

...

...

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XXI. ...

XXII. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales; estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e impulsen la investigación científica y tecnológica en la materia; promover que los organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; y en coordinación con la Secretaría de Educación y Desarrollo Científico, fortalecer los contenidos ambientales de planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación;

XXIII. a XLI. ...

Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a V. ...

VI. Apoyar, en coordinación con la Secretaría de Educación y Desarrollo Científico, las actividades de los centros de educación agrícola media superior y superior; y establecer y dirigir escuelas técnicas de agricultura, ganadería, apicultura, avicultura y silvicultura, en los lugares que proceda;

VII a XXII...

Artículo 38. A la Secretaría de Educación y Desarrollo Científicocorresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a VII. ...

VIII. Organizar, administrar ypromover la creación de institutos de investigación científica y técnica, y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros que requiera el desarrollo de la educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior; orientar, en coordinación con las dependencias competentes del Gobierno Federal y con las entidades públicas y privadas el desarrollo de la investigación científica y tecnológica;

IX. a XI. ...

XII. Organizar, controlar y mantener al corriente el registro de la propiedad literaria, artística y científica;

XIII a XXXI.....

Artículo 40. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a V. ...

VI. Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos de capacitación que para incrementar la productividad en el trabajo requieran los sectores productivos del país, en coordinación con la Secretaría de Educación y Desarrollo Científico;

VII. a XIX. ...

Artículo 42. A la Secretaría de Turismo corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XI. ...

XII. Promover, y en su caso, organizar en coordinación con la Secretaría de Educación y Desarrollo Científico, la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia turística;

XIII. a XXI. ...

Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 11, y se adiciona el  artículo 11 Bis a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

...

I. Autoridad educativa federal, o Secretaria, a la Secretaria de Educación y Desarrollo Científico de la Administración Pública Federal;

II. a IV. ...

Artículo 11 Bis. La Secretaría es el órgano rector en materia de ciencia y tecnología y la organización, administración y promoción de la ciencia y la tecnología, es parte integral del Sistema Educativo Nacional. Para ello, la Secretaría deberá considerar los siguientes criterios en el desarrollo de sus políticas, programas de trabajo, convenios interistitucionales y evaluación del desempeño:

I. Fijar los lineamientos generales relativos a la política pública de educación y desarrollo científico, como los elementos rectores de todos sus programas, convenios y acciones institucionales. Para efectos de operación de dicha política, se considerarán a las ciencias exactas y a las ciencias de las humanidades como ámbitos integradores de la misma.

II. Incorporar en los planes y programas de estudio en el nivel básico, medio superior y superior, el conocimiento, la experimentación y la aplicación de los principios de la investigación científica y tecnológica. La Secretaria fomentará los principios de la investigación científica y su desarrollo, así como la lectura, la reflexión sistemática, el intercambio educativo y la vinculación interinstitucional e intersectorial, como componentes principales de la formación proporcionada por el Estado y por los particulares.

III. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en coordinación con los estados y municipios, con los objetivos señalados en la fracción anterior.

IV. Promover la ampliación y desarrollo continuo de la investigación, la estructura de investigadores y su permanencia en los centros que desarrollan esta actividad y en las instituciones de educación superior de los ámbitos público, social y privado. Para ello, la Secretaria establecerá los criterios para la implementación de tabuladores salariales, incentivos, programas de carrera, mecanismos de reclutamiento, actualización y permanencia de investigadores en dichos sectores, en coordinación con los centros de investigación nacional que establecen las disposiciones legales. En los convenios de coordinación que se suscriben con las entidades federativas, se incentivará la homologación de estos criterios.

V. Crear mecanismos de coordinación y estímulo con los sectores público, privado y social tendientes al desarrollo científico y tecnológico, en el ámbito de sus actividades específicas. La Secretaria podrá proponer mecanismos de asociación estratégica con los sectores público, social y privado, que permitan asumir proyectos convergentes, cofinanciar proyectos aplicados, canalizar investigadores y generar áreas propias de investigación y desarrollo en los establecimientos económicos, con particular énfasis en medianas empresas. En el caso de las microempresas y pequeñas empresas, en coordinación con las autoridades competentes, apoyará la formación de asociaciones, redes y alianzas que permitan emprender proyectos de investigación y desarrollo compartidos.

VI. Coordinar las acciones necesarias para incentivar la creación de centros lucrativos y no lucrativos de investigación, en los sectores social y privado, concomitantemente con las dependencias facultadas para ello.

Artículos Transitorios

Primero. Se otorga un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para que la Secretaría de Educación y Desarrollo Científico realice los cambios necesarios a su estructura interna, ley orgánica, reglamentos y demás ordenamientos administrativos.

Segundo. En el mismo periodo de tiempo, el Poder Legislativo realizará las adecuaciones correspondientes a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para dar certeza a la rectoría de la Secretaría de Educación y Desarrollo Científico en la materia y para precisar los respectivos ámbitos de actuación, para facilitar la homogeneidad de las políticas de educación y desarrollo científico.

Tercero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputados: Samuel Gurrión Matías, Gabriel Gómez Michel (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente:Con el permiso de la Presidencia y de esta soberanía. Diputado presidente, le pido se integre el texto completo de la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

Cabe mencionar que en las últimas dos semanas el robo de combustible ha sido un tema recurrente en esta Cámara de Diputados, a través de diferentes puntos de acuerdo; la semana pasada, el día 23 de octubre, el diputado Carlos Lorenzini Rangel, de la fracción parlamentaria de PAN, presentó un punto de acuerdo de urgente resolución donde se exhorta a la PGR, a la Secretaría de Energía, a Secretaría la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y a la de Seguridad Pública y en particular, a Pemex, que incrementen la vigilancia sobre los ductos para evitar este robo de combustible, que además pone en riesgo la vida de los ciudadanos.

Ayer mismo la diputada Claudia Bojórquez, del Partido Revolucionario Institucional, hacía un exhorto para que viniera el director de Pemex para tratar este tema.

En consecuencia, la bancada de Acción Nacional considera que hay que hacer diferentes modificaciones a la ley y presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

Uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años es el relativo al robo de combustibles, particularmente al robo de los ductos de Petróleos Mexicanos. Este año, al mes de junio, el robo que en el portal de Pemex se informa es de un millón 841 mil barriles.

Lo alarmante de esto es que, en comparación con el año pasado, que fue de aproximadamente un millón 500 mil barriles, tiene un incremento de un 18 por ciento; más preocupante aún es que si vemos la última cifra, que ya existe en el portal, en la cual cierra al mes de septiembre, el robo que se reporta es de 3 millones de barriles, con un incremento de más del 25 por ciento en comparación al robo reportado hace un año, que era de 2 millones 400 mil barriles.

Compañeros diputados, tenemos que tomar medidas en este asunto, si dejamos que siga creciendo va a ser realmente incontrolable.

Exponiendo más motivos, por el cual es que estamos proponiendo estas modificaciones, se han detectado mil 184 tomas a nivel nacional, donde se toma o se roba combustible.

Ante esta cifras, señores, es impostergable la aprobación de las reformas legislativas que redunden en mayores elementos de prevención y combate al crimen organizado, y particularmente en aquellas actividades ilícitas que en algunas ocasiones, con la complicidad de servidores públicos, extraen de manera flagrante, dolosa y con toda impunidad, hidrocarburos que más tarde son vendidos a los expendedores de diesel y gasolina.

Acción Nacional refrenda su compromiso con la legalidad, con el combate al delito y con la desarticulación a las bandas criminales; reafirmamos nuestra convicción que solo con un marco jurídico actualizado, en la realidad que vive nuestra sociedad, es como podremos combatir de manera eficiente los delitos, que tanto daño causan a nuestra sociedad. Es por ello que presento estas modificaciones ante esta soberanía.

Hago un llamado, de verdad, a todos los grupos parlamentarios. Hoy es un problema que solo significa el 0.7 del total del combustible que produce Pemex; si no lo frenamos, se puede convertir en una bola de nieve incontrolable.

Creo que no debemos de perder de vista algo: Pemex es de todos los mexicanos, ha sido motivo de debate la identidad nacional de Pemex y debemos de tomar las medidas que sean necesarias para evitar que este dinero, que es de los mexicanos, se siga fugando de esta manera. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años es el relativo al robo de combustibles, particularmente el robo a los ductos de Petróleos Mexicanos. Situación que ha dejado al descubierto una indeterminable red de organizaciones criminales que han encontrado en la “ordeña” de las instalaciones de Pemex un jugoso negocio con ganancias millonarias.

A la fecha no ha habido un reporte puntual emitido por las autoridades de Pemex en la que se determine cuáles son las pérdidas reales que obtiene la paraestatal por el robo de hidrocarburos, pues ni siquiera dicha empresa tiene la posibilidad material de supervisar todos los ductos que se encuentran en territorio nacional.

Nos encontramos ante uno de los delitos que de manera directa dañan no sólo el patrimonio de la nación sino el de todos los mexicanos, pues somos nosotros: los ciudadanos, los que tenemos que pagar el costo de la ineficiencia de las autoridades por supervisar y atender de manera oportuna la prevención de este tipo de delitos.

Por ello, para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional resulta de la mayor relevancia llevar a cabo acciones inmediatas que permitan al Estado mexicano contar con un marco jurídico que facilite a las autoridades la prevención, investigación, persecución y sanción de este tipo de conductas antijurídicas que dañan una de las fuentes más importantes de ingreso para el país: la venta de combustibles.

De acuerdo con información publicada en el portal de Internet de Petróleos Mexicanos, en lo que va del año el robo de hidrocarburos continuó presentándose en la red nacional de ductos, debido a que los sistemas están tomados, prácticamente, por bandas del crimen organizado, asociadas a grupos fuertemente armados.

Entre las acciones llevadas a cabo para desalentar el robo de petrolíferos en sus centros de trabajo, a julio se realizaron 43 auditorías técnico-operativas. Con ellas se verificó la correcta aplicación de los procedimientos operativos, de medición y de manejo de productos, con el propósito de disminuir en las instalaciones los puntos vulnerables, susceptibles de actividades ilícitas.

La paraestatal señaló que en lo relativo a la extracción ilícita de combustibles en los sistemas de ductos, Pemex continúa fortaleciendo la vigilancia de los derechos de vía, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y la Policía Federal.

Se han identificado y clausurado 824 tomas clandestinas (TC) en poliductos (694) y oleoductos (130) a cargo de Pemex Refinación. De este total, 687 TC (83 por ciento) se encontraron herméticas, mientras que las 137 TC restantes (17 por ciento) se presentaron de manera no hermética.

En todos los casos, según señala Pemex, personal técnico especializado de la paraestatal realizó los trabajos necesarios para eliminar los artefactos utilizados para la sustracción ilícita de combustibles y rehabilitar los ductos afectados; en tanto que, el área jurídica de Pemex tomó conocimiento de los hechos y realizó la denuncia respectiva ante el Ministerio Público Federal, para iniciar las averiguaciones correspondientes.

Con corte a junio, se detuvo a 111 sujetos en flagrancia por el delito de robo de hidrocarburo. De ellos, el MPF consignó a 105 por dicha conducta delictiva.

El reporte de Pemex señala que en 2012 Veracruz se ha constituido como la entidad más vulnerada por la comisión de este delito, pues a julio se localizaron 114 TC en los ductos de Pemex Refinación que cruzan por el estado, las cuales representaron 11 por ciento del total. Le siguieron Sinaloa (90 TC), con 11 por ciento, Tamaulipas (83 TC) con 10 y Sonora y Nuevo León con 62 TC cada una de ellas (7 por ciento respectivamente).

El robo de hidrocarburos continuó presentándose en la red nacional de ductos. Al cierre de junio de 2012, el volumen estimado de combustible sustraído ilícitamente a través de tomas clandestinas (TC) ascendió a 1 millón 841 mil 478 barriles, siendo 18 por ciento mayor que el faltante calculado para el mismo periodo del año pasado, que fue de 1 millón 557 mil 569 barriles (información publicada por Pemex, http://www.pemex.com/index.cfm?action=content& sectionid=1&catid=11063).

Ante esas cifras, es impostergable la aprobación de reformas legislativas que redunden en mayores elementos de prevención y combate al crimen organizado, particularmente en aquellas actividades ilícitas que, en algunas ocasiones, con la complicidad de servidores públicos extraen de manera flagrante, dolosa y con toda impunidad hidrocarburos que más tarde son vendidos a los expendedores de diesel y gasolina.

Así, resulta no sólo cuestionable el hecho de que de manera impune se sustraigan hidrocarburos de los ductos de Pemex, pues subsisten las siguientes preguntas: ¿dónde terminan estos combustibles?, ¿quién los compra?, y ¿por qué no hay mecanismos legales que permitan a las autoridades combatir de manera eficaz el robo de hidrocarburos?

Por ello, Acción Nacional como parte de su agenda legislativa centrada en el combate de la delincuencia organizada presenta ante esta Soberanía la presente iniciativa que tiene por objeto, en primer lugar, modificar el Código Penal Federal con el fin de sancionar penalmente a aquellas personas que por cualquier medio causen daño, destrucción o deterioro a la integridad de los ductos empleados para la trasportación de petróleo crudo, hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados afectos a la industria petrolera.

Al tiempo que proponemos sanciones también a los destinatarios de los productos robados, es decir, a los franquiciatarios de estaciones de servicio de venta de gasolina y diesel. Para tal efecto proponemos que al franquiciatario o empleado de la estación de servicio de gasolina o diesel que, sin el consentimiento o autorización de Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, suministre, distribuya, compre o enajene, petróleo crudo, hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, se le impongan sanciones de pena corporal, pero además la suspensión de actividades de la franquicia o, en su caso, su disolución.

En segundo lugar, proponemos reformas del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con la finalidad de catalogar como delito grave la posesión o resguardo ilícito, de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, cuando la cantidad sea igual o superior a 3 mil litros, al tiempo que sean castigados como miembros de la delincuencia organizada.

Estas reformas si bien permitirán endurecer las penas a quienes cometan este tipo de ilícitos, tienen como finalidad originaria el desalentar la comisión de este tipo de actividades por parte de las bandas criminales. Sin embargo, conscientes de que este tipo de delincuentes por lo regular no actúan solos, pues necesariamente requieren allegarse de información clasificada como reservada o confidencial por tratarse de instalaciones que pueden poner en riesgo la seguridad nacional, estimamos conveniente endurecer las penas para las personas que sean o hayan sido trabajadores o servidores públicos de la industria petrolera.

Si bien estas actividades delictivas son a todas luces reprochables para la sociedad, a la fecha no contamos con elementos jurídicos que permitan al Poder Judicial aplicar sanciones que les impidan regresar a delinquir y seguir exprimiendo a la paraestatal. Es impostergable activar los mecanismos de alerta que permitan a las autoridades federales perseguir y sancionar de manera eficiente y responsable a las bandas criminales que a sabiendas de la poca o nula regulación sobre este tipo de delitos deciden sacar provecho de una actividad que les deja millonarias ganancias.

Señoras y señores legisladores: Acción Nacional refrenda su compromiso con la legalidad, con el combate del delito y con la desarticulación de las bandas criminales. Reafirmamos nuestra convicción de que sólo con un marco jurídico actualizado a las realidades que vive nuestra sociedad es como podremos combatir de manera eficiente los delitos que tanto daño causan a nuestra sociedad.

Para nuestro grupo parlamentario, resulta indignante ver cómo todos los días las bandas criminales actúan con toda impunidad extrayendo y vendiendo los combustibles que procesa Pemex.

Hacemos un llamado a todas las autoridades, particularmente a Pemex, a efecto de que de inmediato se supervisen los ductos, y se activen mecanismos de prevención y de denuncia oportuna.

Sólo con la participación activa de todas las autoridades, incluyendo al Poder Legislativo federal podremos detener este tipo de delitos que tanto daño han causado al patrimonio de la nación.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 399, se modifican los artículos 254 Bis 1 y 254 Bis 2 y se deroga el 368 Quintus del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 399. ...

Cuando se cause por cualquier medio daño, destrucción o deterioro a la integridad de los ductos empleados para la trasportación de petróleo crudo, hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados afectados a la industria petrolera, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de mil a diez mil días multa.

Artículo 254 Bis 1.Al franquiciatario o empleado de la estación de servicio de gasolina o diesel que, sin el consentimiento o autorización de Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, suministre, distribuya, compre o enajene, petróleo crudo, hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, se le impondrán de cuatro a diez años de prisión, suspensión de actividades de franquicia, agrupación o su disolución para garantizar la seguridad pública y de mil a diez mil días multa.

Artículo 254 Bis 2.Las penas que corresponden por los delitos previstos en los artículos 399, segundo párrafo y 254 Bis 1, se aumentarán hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de la industria petrolera.

Artículo 368 Bis. ...

Cuando el o los instrumentos, objetos o productos del delito se relacionen con el giro comercial del tenedor o receptor, se tendrá por acreditado que existe conocimiento de que proviene o provienen de un ilícito.

Artículo 368 Quintus.Se deroga.

Artículo Segundo.Se modifica el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194.Se califica como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

1. a 25. ...

25 Bis. Posesión o resguardo ilícito, de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, cuando la cantidad sea igual o mayor a 3,000 litros, previstos en el párrafo cuarto, fracción I, del artículo 368 Quáter.

Artículo Tercero.Se reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o....

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195 párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la fracción I cuando la cantidad sea igual o mayor a 3,000 litros y IV del artículo 368 Quáter y el artículo 368 Quintus en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal.

II. a VII. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se inserta íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

ARTICULO 71 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputado presidente. El Poder Legislativo podrá transformar a México, solo si es capaz de transformarse a sí mismo.

La transición democrática abrió felizmente el Congreso a la pluralidad política del país, pero esa riqueza intelectual, ideológica e incluso cultural, está lejos de rendir los frutos que podría, en virtud de su enorme potencial.

Todos coincidimos en que tenemos un problema estructural de gobernabilidad en nuestro régimen político, que pasa por la ausencia de mayorías estables que trasciendan la coyuntura y mantengan una visión de largo plazo; por eso, un asunto pendiente y de primera importancia para esta Legislatura es el de la reforma del Estado. Estoy seguro y convencido de que la abordaremos con absoluta seriedad.

El rediseño institucional que necesitamos es muy ambicioso, pero podemos empezar con cambios modestos, pero de fuerte incidencia e innegable importancia.

Vengo a hacerles una propuesta que revolucionaría para bien el trabajo legislativo del Congreso. Estamos obligados a dar más y mejores resultados, y esta iniciativa pretende precisamente que esa aspiración se haga realidad; esta iniciativa consiste en que cada grupo parlamentario tenga la posibilidad de presentar hasta una iniciativa preferente por periodo ordinario de sesiones.

Me parece correcto que el Ejecutivo tenga la facultad de presentar iniciativas —las ha tenido siempre— y que algunas de ellas sean tratadas con el carácter de preferente, pero dicha facultad no debe ser exclusiva, y no lo digo por un prurito teórico o exceso de celo republicano que, confieso, sí padezco, sino por las ventajas que eso generaría en el trabajo legislativo, por una parte y porque contribuiría a consolidar nuestra democracia.

Me explico. Es verdad que por Reglamento desaparecimos o desapareció de esta Cámara de Diputados la llamada congeladora, pero sigue quedando una enorme cantidad de iniciativas sin dictaminar, que terminan simplemente dese-chadas; poner plazos fatales, expeditos, para que se dictaminen ciertas iniciativas dinamizaría, sin lugar a dudas, el trabajo en las Cámaras, pero la propuesta trasciende por mucho la productividad cuantitativa.

El punto fundamental, su corazón, tiene un contenido político de enorme importancia: la construcción de la agenda nacional desde la pluralidad. Lo reitero: la construcción de la agenda nacional desde la pluralidad, que aquí está representada.

Frente a la discriminación de las ideas, por la frialdad contundente del número, recuperemos el principio madre de la democracia, que es la igualdad de derechos, que sean los méritos y la capacidad política lo que determine el éxito de las iniciativas.

Una iniciativa preferente no es garantía de ser aprobada, pero obliga a todas las fuerzas políticas a definirse frente a ella y concentraría la atención pública para que ésta sea valorada también por la sociedad. De esta manera se desincentivan los afanes testimoniales, pues todas las fuerzas representadas en la Cámara, incluso las minoritarias, tendrían la posibilidad palpable de incidir en las decisiones trascendentes del país.

Además se generaría un círculo virtuoso, pues para ser aprobadas las iniciativas preferentes —mismas que expresarían las prioridades programáticas de los distintos partidos políticos— se requiere forzosamente de construir acuerdos con las demás fuerzas políticas, lo que significaría un estímulo notorio a la conformación de mayorías.

La colaboración tendría un claro incentivo, pues lograr la aprobación de la iniciativa preferente propia sería reconocida como un éxito por la opinión pública, por la sociedad, por los ciudadanos.

En cada iniciativa preferente los grupos parlamentarios tendrían que mostrar visión de Estado, porque estas iniciativas expresarían de alguna manera lo que consideran más apremiante y urgente para la nación, para el país.

Los legisladores tenemos el derecho a iniciar leyes, pero carecemos del derecho a que nuestras iniciativas sean analizadas, discutidas y dictaminadas, ya sea a favor o en contra, no hay obligación para eso; por eso propongo ampliar nuestro derecho a iniciar leyes y poner plazos determinados para que las iniciativas preferentes de estos grupos parlamentarios sean dictaminadas en un plazo determinado, 30 días, igual que las del Ejecutivo.

Es verdad que tenemos pendiente reglamentar la iniciativa preferente, pero se ha avanzado en ello. Ayer mismo el diputado Francisco Arroyo Vieyra presentó una iniciativa al respecto, que de entrada considero valiosa. La pluralidad tiene voz y voto en este recinto, lo que sigue es que potenciemos su incidencia y contribuyamos a construir una dinámica que fomente la cooperación recíproca de las diversas fuerzas políticas, lo que sin duda es el reto fundamental de nuestra gobernabilidad democrática. A ello contribuirá decididamente esta iniciativa. Aspiro a convencerlos de ello. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El Congreso debe mejorar su eficiencia y nuestra democracia consolidarse. La vigorosa pluralidad política representada en las Cámaras significa riqueza en el pensamiento que debe potenciarse y servir para mejorar cuantitativa y cualitativamente la labor legislativa. Para ello contribuiría que desde la diversidad de ideologías y puntos de vista se construya la agenda nacional, se evite la discriminación en el ámbito de las ideas, se resalten las prioridades que se desprenden de dicha pluralidad y se dinamice la actividad en las comisiones con trámites expeditos y la necesidad compartida de construir acuerdos.

Señalar que la productividad legislativa de las dos Cámaras del Congreso de la Unión es muy baja (no es una novedad), basta con hacer un balance entre el número de iniciativas que se presentan y el número de dictámenes que resultan de éstas para darnos cuenta que no hay un trabajo eficiente en las comisiones ordinarias porque dictaminan muy poco pese a que esa es su responsabilidad fundamental.

Al analizar los informes que entregan las comisiones ordinarias al final de cada legislatura, nos damos cuenta que hay una gran deficiencia en su productividad legislativa. Tan solo en la legislatura pasada, hubo comisiones ordinarias que no dictaminaron un solo asunto, también hubo comisiones que se concentraron en dictaminar exhortos de Proposiciones con Punto de Acuerdo, lo cual no aporta nada nuevo al marco jurídico que nos rige y eso es verdaderamente alarmante para la productividad de las Cámaras, pero sobre todo en lo referente a la rendición de cuentas del Poder Legislativo.

Solamente los asuntos que marcan plazos perentorios son los que obligan a ser resueltos, tal es el caso de la dictaminación de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y el Análisis de la Cuenta Pública, que constitucionalmente tienen un reloj legislativo que debe acatarse, en esos temas no cabe duda que los legisladores cumplen son su responsabilidad.

Recientemente, las iniciativas preferentes del Ejecutivo han marcado un ritmo que ha obligado a los legisladores a dictaminar de manera expedita y eso ha agilizado la integración de las comisiones competentes y se ha logrado que desde el inicio de la legislatura se analicen y discutan reformas legales. En ese sentido sería importante que los grupos parlamentarios también tengan la facultad de impulsar los temas que consideren que son de mayor importancia y que con ello puedan rendir buenas cuentas con  los ciudadanos que representan.

Argumentos

La reforma constitucional de agosto de 2012 en materia de reforma política otorgó al presidente de la República un instrumento legislativo denominado iniciativa preferente, que tiene el objeto de priorizar la dictaminación de dos iniciativas en temas que el Ejecutivo considera que tienen mayor urgencia de ser resueltos.

Los plazos constitucionales son importantes para agilizar el trabajo legislativo porque obligan a las Cámaras del Congreso a dictaminar en plazos determinados y evitar que los asuntos se vayan acumulando hasta que finalmente se desechan porque pierden vigencia, como es el caso de las iniciativas que se presentaron durante la legislatura pasada y que fueron desechadas y enviadas al archivo porque las comisiones no cumplieron con su responsabilidad de dictaminar todos los asuntos que les fueron turnados.

Tradicionalmente, la productividad legislativa del Congreso se ha medido por el número de iniciativas presentadas, sin embargo se requiere generar una nueva cultura que mida la eficiencia legislativa en la producción de dictámenes porque finalmente, son estos los que impactan en la expedición de nuevas leyes y nuevas disposiciones que hagan que este país se modernice; que impulse la competitividad económica; que actualicen nuestro marco jurídico con la vida contemporánea; que amplíen los derechos ciudadanos; que promuevan la equidad y que resuelvan los vacíos jurídicos en los temas que han quedado inconclusos, entre otras cosas.

Todos los legisladores tienen el derecho a presentar las iniciativas que deseen, sin embargo la práctica parlamentaria y los informes del trabajo en comisiones y en el propio pleno, nos muestran que en los hechos, los legisladores no cuentan con el derecho a que todas sus iniciativas sean analizadas y dictaminadas, ya sea en contra o a favor. La mayoría de las iniciativas se estancan en la segunda fase del proceso legislativo, es decir en el turno a comisión, por lo tanto no son sujeto de análisis, ni de debate, mucho menos de dictaminación.

De manera reciente se han hecho esfuerzos para obligar a las comisiones a dictaminar los asuntos que se les turnan, tal es el caso de las nuevas disposiciones reglamentarias en ambas cámaras, sin embargo aún no se ha logrado dinamizar el trabajo del Congreso.

La reforma que propongo para crear la iniciativa preferente de los grupos parlamentarios tiene el objeto de introducir una alternativa adicional para dinamizar el trabajo legislativo porque con este instrumento cada grupo seleccionaría de su agenda legislativa un tema prioritario por periodo ordinario para ser analizado, discutido y dictaminado en un plazo máximo de 30 días.

Para lograr tener éxito en una dictaminación expedita, lo ideal es que cada grupo parlamentario se concentre en construir acuerdos con las distintas fuerzas políticas en torno al tema presentado como iniciativa preferente, esto promovería una nueva cultura en la que  las negociaciones se centren mucho más en los asuntos parlamentarios.

Los grupos tendrían que proponer iniciativas viables y menos radicales con el objetivo de transitar del simple ámbito testimonial, a una posición en la que realmente tengan la posibilidad de construir acuerdos legislativos con las otras fuerzas y lograr incidir en la transformación de las leyes.

Con esta reforma se podrá lograr que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, incluyendo a las fuerzas minoritarias, puedan establecer sus temas en la agenda nacional, con lo cual obligarán a todos los grupos parlamentarios a definirse frente a sus propuestas, ya sea a favor o en contra, y a los promoventes a construir una relación virtuosa con las demás fuerzas para poder tejer los acuerdos necesarios que favorezcan el impulso de sus prioridades. Se trata de un estímulo a la necesaria construcción de mayorías y una contribución a la cultura democrática que valora la pluralidad y promueve la corresponsabilidad en la conducción del país.

El artículo que propongo reformar para crear la iniciativa preferente como un derecho para que los grupos parlamentarios del Congreso puedan presentar una iniciativa por periodo ordinario; es el 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente establece que la facultad de iniciar leyes compete al presidente de la República, a los legisladores del Congreso de la Unión, a los Congresos de los estados, y a partir de la reforma política del 2012, corresponde también a los ciudadanos que logren contar con el respaldo de aproximadamente 72 mil 800 firmas.

El artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido reformado en dos ocasiones desde que fue promulgada la Constitución de 1917, su texto original se transcribe a continuación:

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete

I. Al presidente de la República;

II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y

III. A las legislaturas de los estados.

Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates.

Con la primera reforma al artículo 71 constitucional, decretada el 17 de agosto de 2011, se estableció que el trámite para las iniciativas que presenten los legisladores del Congreso se sujetarán a la ley y a los reglamentos respectivos de cada Cámara, con lo cual se suprimió la referencia al reglamento de debates que regía al Congreso desde 1934.

Primera reforma

Artículo 71. ...

I. a III. ...

Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a  comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designen la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos.

La segunda reforma al artículo 71 constitucional se decretó el 9 de agosto de 2012 y con esta reforma se creó la iniciativa ciudadana, la iniciativa preferente para el Ejecutivo y suprimió la obligación para que las iniciativas del Ejecutivo y de las legislaturas de los estados tengan que ser dictaminadas en comisión.

Segunda reforma

Artículo 71. ...

I. ...

II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión;

III. A las legislaturas de los estados; y

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.

Mi propuesta consiste en adicionar un tercer párrafo a la fracción IV del artículo 71 antes citado, para que los grupos parlamentarios tengan el derecho de presentar una iniciativa preferente por periodo ordinario y que ésta se dictamine en un plazo no mayor a treinta días.

Por todo lo expuesto y con el objetivo de dinamizar el trabajo del Congreso, propongo esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 constitucional.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV y se recorre el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 71....

I. a IV. ...

...

...

Al iniciar cada periodo ordinario de sesiones, los grupos parlamentarios representados en cada una de las Cámaras del Congreso podrán presentar hasta una iniciativa por grupo con el carácter de preferente. Cada iniciativa deberá ser dictaminada en comisiones en un plazo máximo de 30 días, en caso contrario serán puestas de inmediato a consideración del pleno de la Cámara en la que fueron presentadas, sin que medie ningún trámite. La Cámara revisora observará el mismo trámite de la Cámara de origen. En caso de existir observaciones, las Cámaras deberán dictaminar en forma expedita y turnar los asuntos al Ejecutivo para sus efectos Constitucionales.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 135 constitucional.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá adecuar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los Reglamentos de ambas Cámaras, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto, en un plazo no mayor de seis meses, a partir de la entrada en vigor de éste.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2012.— Diputados: Fernando Belaunzarán Méndez, René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbricas).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado Belaunzarán. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara.

El diputado Tomás Torres Mercado:Señor presidente, en uso del tiempo que me corresponde para la presentación de esta iniciativa y en virtud de que ya concluyó el diputado Fernando Belaunzarán, quiero, por su conducto, que le pregunte si autoriza suscribir su iniciativa al que hace uso de la voz.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es un honor para él.

El diputado Tomás Torres Mercado:Muchas gracias y lo haré en seguida. La iniciativa que traigo a la consideración de ustedes es en el contexto también de que el procedimiento parlamentario, el procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados para llevar a efecto modificaciones, sea derogando, eventualmente abrogando el Reglamento que rige la vida interna de esta Cámara, tenga para los fines de las modificaciones un marco legal.

Traigo a la consideración de ustedes una iniciativa que propone la modificación de tres artículos de la Ley Orgánica del Congreso General, y cuatro del propio Reglamento de la Cámara de Diputados, y es con el propósito de ir afinando, de ir perfeccionando, de ir técnicamente avanzando en esta parte que tiene que ver con hacer eficiente la estructura, pero también la funcionalidad en los trabajos legislativos.

Quiero pedirle, señor presidente, que se inserte íntegro el texto de la iniciativa que estoy poniendo a su consideración. Insisto, es en ese contexto, el mismo día de ayer quien funge ahora como presidente estaba presentando una iniciativa para establecer, a nivel de Reglamento, la forma, los términos, plazos, procedimientos, para la sustanciación, para el desahogo en el proceso legislativo de la iniciativa preferente.

Nosotros consideramos en su momento también que era pertinente hacer modificaciones con relación a qué momentos y quién puede hacer uso de esta facultad para los propósitos, como se ha dicho en la interesante iniciativa del diputado Belaunzarán, simplemente el derecho supremo del iniciante a saber si la asamblea rechaza o niega su planteamiento, porque hay iniciativas con una bondad incuestionable, con un sentido político trascendente, con una utilidad para modificar una realidad, y sin embargo —y eso también hay que consentirlo—, la correlación de las fuerzas políticas no dan oportunidad a que el asunto sea discutido, más todavía, con las limitantes solamente, de poder presentar y en cinco minutos procurar explicitar y hacer conciencia del propio contenido de las iniciativas.

No digo más, estimados compañeros diputados y diputadas, y le ruego el turno que corresponda. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Tomás Torres Mercado, diputado miembro de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes rubros

Planteamiento del problema

El Reglamento de la Cámara de Diputados ha sufrido sendos cambios, y ha sido objeto de varios procesos de transformación gracias a varias iniciativas; sin embargo, se aprecia en las respectivas fundamentaciones, una base legal para modificar leyes.

Es decir, se aprecia un error operativo craso, pues no se le puede dar tratamiento de modificación de ley a un reglamento; asimismo, no se aprecia, en ninguna parte de la ley, algún dispositivo normativo en el cual se pueda asir una adecuada justificación para transformar al Reglamento de la Cámara de Diputados.

En este mismo tenor, resulta absurdo justificar la reforma de un reglamento en el propio Reglamento, pues de acuerdo a la teoría general del derecho, la única disposición en la que se puede basar su propia reforma es la Constitución, luego entonces, se comete una aberración trastocando de este modo todo el orden jurídico actual.

Argumentación

La actividad legislativa provee a la sociedad las disposiciones generales para que las personas se conduzcan armónicamente.

De este modo, existen leyes para cada ámbito de la vida cotidiana tanto para regular relaciones entre particulares, como entre aquellos y el Estado, o incluso entre sujetos de derecho público internacional.

Sin embargo, la aplicación de las normas no pueden llegar en todos los supuestos a concretizarse positivamente, para ello es necesario un medio real para ejercerse, en consecuencia, la aplicación de las normas, así como su desarrollo, corresponden en términos generales al ejecutivo.

Empero, existen disposiciones, las cuales rompen la regla descrita, esos son aquellos en los cuales el ejecutivo federal no desarrolla las normas generales, se trata en este caso, por ejemplo, del reglamento tratante para cada una de las Cámaras, en concreto, el de la Cámara de Diputados, el cual se ha modificado en reiteradas ocasiones; siendo la última la acontecida el 20 de abril del año 2011.

Como percibimos, la regulación reglamentaria en nuestra Cámara es reiterada, pero con la ausencia de un fundamento legal para impulsar reformas a su marco interior.

En este contexto, es conveniente subsanar la deficiencia evidenciada, sólo de este modo podrá hacerse vigente una auténtica competencia y no vulnerarse el orden jurídico. Las normas serán plenamente generales, abstractas, e impersonales, pero emitidos por el propio órgano emisor de la ley.

Con esta reforma, la honorable Cámara, logrará subsanar la deficiencia de no contar con un marco proveedor de su reglamento, evitando con ello el hecho de fundamentar las modificaciones reglamentarias en él mismo dispositivo, lo cual, como ya expresamos, es un error grave, pues la única norma que justifica el asiento de su propia modificación es la Constitución.

Lo anterior adquiere una mayor fuerza argumentativa al dejar en claro que si bien el reglamento es una norma general, abstracta e impersonal, como la Ley, aquél siempre tiene un grado inferior con respecto a ésta última. En definitiva, no pueden existir reglamentos sin ley.

En la actualidad apreciamos que las solicitudes recientes de modificación del Reglamento, basan su accionar en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el 77, pero en ninguno de estos se autorizó expresamente poder transformar el texto reglamentario

En este sentido, la justificación es imprecisa contraviniendo de este modo a los artículos 14 y 16 constitucionales, pues la labor legislativa, si bien sigue sus propios directrices, no deja de ser un acto de emisión de autoridad.

Además, aunado a lo anterior, la Constitución, en su artículo 77, fracción I especifica lo siguiente:

Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra:

Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.

...

Sin embargo, eso es relativo a los acuerdos parlamentarios, y es precisamente para actualizar o interpretar su normatividad interna, pero éstas son libremente creadas mediante acuerdos tácitos que pudieran ser relativamente fáciles de modificar.

De continuar como hasta ahora, se estaría contraviniendo de modo radical, cada que se presente una iniciativa reglamentaria, la fracción IV del artículo 78 del propio reglamento objeto de nuestra discusión:

Artículo 78.

1. Los elementos indispensables de la iniciativa serán:

I. ...;

II. ...;

III. ...;

IV. Fundamento legal;

V. ...

Lo anterior es así, pues no existe un fundamento legal para modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por este contexto proponemos la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor del siguiente texto

Decreto

Primero. Se adiciona un numeral dos el artículo 102; se reforma el artículo 108, y se reforma el numeral dos del artículo 122, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 102.

1. La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se encargará de preparar proyectos de ley o decreto para adecuar las normas que rigen las actividades camarales, de dictaminar las propuestas que se presenten en esta materia y de resolver las consultas que en el mismo ámbito decidan plantearle los organismos constituidos en virtud de esta ley, y aquellas que se refieran al protocolo.

2. Los integrantes de cada una de las Cámaras serán los competentes para presentar modificaciones a sus respectivos reglamentos.

Artículo 108.

1. Independientemente de las atribuciones que esta ley y el Reglamento concedan al secretario general de Servicios Parlamentarios, al secretario general de Servicios Administrativos y al Tesorero, éstos tienen facultades para formular, en el ámbito de su competencia, disposiciones administrativas de carácter interno, previamente sancionadas por la Mesa Directiva de la Cámara.

Artículo 122.

1. Los asuntos cuya resolución corresponda al Congreso o a una de las Cámaras y que durante el receso se presenten a la Comisión Permanente, se turnarán a las comisiones relativas de la Cámara que corresponda.

2. Cuando se trate de iniciativas de ley, del Reglamento de cada una de las Cámaras, o de decretos, se imprimirán y se ordenará su inserción en el Diario de los Debates; se remitirán para su conocimiento a los diputados o senadores, según el caso, y se turnarán a las comisiones de la Cámara a que vayan dirigidas.

Segundo. Se adiciona una fracción IX al artículo 3, recorriéndose las demás en su mismo orden; se reforma la fracción I del artículo 6; se modifica el numeral dos del artículo 62; y se adiciona una nueva fracción III al artículo 76, recorriéndose las demás en su mismo orden, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Artículo 3.

1. Para efectos del Reglamento se utilizan las voces y significados siguientes:

VIII. Iniciativa: Es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo;

IX. Iniciativa Reglamentaria. Es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso modificatorio del Reglamento de la Cámara;

X...

Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

Iniciar leyes, modificaciones al Reglamento de la Cámara, decretos y presentar proposiciones ante la misma Cámara;

...

Artículo 62.

1. Previo al desahogo del orden del día, la Mesa Directiva cuidará que se cumplan los requisitos de registro de asistencia y declaración de quórum;

2. El orden del día de las sesiones contendrá, en el orden acordado por la Mesa Directiva, los apartados siguientes: Lectura del orden del día; lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Sesión anterior; comunicaciones oficiales; solicitudes de licencia y toma de protesta de diputadas y diputados; minutas; iniciativas de ley, del Reglamento de la Cámara o de decreto del titular del Poder Ejecutivo federal, de las legislaturas de los estados y de los senadores; propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno de la Cámara; declaratorias de publicidad de los dictámenes; declaratorias de publicidad de iniciativas y minutas con vencimiento de plazos; dictámenes a discusión; iniciativas y minutas con vencimiento de plazo a discusión; agenda política; iniciativas de diputadas y diputados y a nombre de grupo; proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución; proposiciones a nombre de grupo; proposiciones de las diputadas y de los diputados; peticiones de particulares, efemérides, clausura y cita.

3. ...

Artículo 76.

1. El tiempo para la presentación de los asuntos en el Pleno será:

I. Iniciativas que propongan la expedición de una nueva norma o la abrogación de una existente, hasta por diez minutos;

II. Iniciativas que propongan la derogación, reforma o modificación de una norma, hasta por cinco minutos.

III. Iniciativa que propongan la derogación, reforma o modificación del reglamento de la Cámara, hasta por tres minutos.

IV. ...;

Transitorios

Primero. Los procesos legislativos aperturados a razón de esta iniciativa, solamente podrán ser abordados, por la Cámara de Diputados en lo relativo a la modificación de su Reglamento; mientras que lo concerniente a los cambios propuestos a los artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos serán abordados por ambas Cámaras.

Segundo.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Artículo 89 Constitucional.Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

I.Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

2 A continuación, para efectos de ejemplificar el problema, se transcriben, textualmente, dos encabezados con sus respectivas justificaciones, en donde se aprecia que en ambas ocasiones se acude a fundamentación de procesos legislativos, no reglamentarios.

• Que reforma el artículo primero transitorio y deroga el décimo segundo y décimo tercero transitorios del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXI Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

• Que reforma los artículos 5o. a 7o. y 65 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de los diputados Jaime Arturo Vázquez Aguilar y Ángel Aguirre Herrera

Los suscritos, diputados sin partido Jaime Arturo Vázquez Aguilar y Ángel Aguirre Herrera, integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 6, 7 y 65 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al tenor de la siguiente...

3 Fernández Ruiz, Jorge, Poder Legislativo,Porrúa, México, 2003, páginas 449-450.

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de octubre de 2012.— Diputado Tomás Torres Mercado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

ARTICULO 3O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada doña Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados federales, en nuestro país una de las mayores conquistas históricas ha sido el derecho a la educación. El artículo 3o. de nuestra Carta Magna se reformó en diversas ocasiones a lo largo del siglo XX buscando un doble sentido en la educación; por un lado, una garantía individual que impulsara la realización personal, y por otro, un derecho social inherente al pueblo de México para abatir la ignorancia, los fanatismos y los demás resultados del atraso secular de nuestra población.

Con el arribo del nuevo siglo han llegado nuevos retos que merecen nuestra atención. Actualmente los niños y jóvenes que participan en los niveles educativos suman 34.9 millones de alumnos; es decir, en promedio, un tercio de la población.

La demanda de educación superior presenta un incremento sin precedentes y dada la población joven de nuestro país que estudia, no parece que disminuirá pronto.

Resulta evidente para todos en México, que ante lo difícil que es conseguir un trabajo que permita vivir dignamente, un título universitario ha dejado de ser un privilegio para convertirse en una necesidad, solo el 13 por ciento ingresa a la licenciatura y 2 por ciento a algún posgrado.

En México no se concluye ni siquiera la secundaria; el problema no radica tan solo en la voluntad y necesidad de los estudiantes, la cobertura de la educación en nuestro país presenta grandes deficiencias en infraestructura. Solo el 27 por ciento se ofrece para universidades, por lo que únicamente entre dos y tres aspirantes tienen cabida en el sistema universitario.

No es hasta un título de licenciatura que se da un incremento considerable en el salario, a 13 mil 807 pesos. En cuanto a las personas que terminan un posgrado, el ingreso promedio es de 51 mil 891 pesos. Con base en esta información, resulta evidente que si una persona tiene deseos de progresar es necesaria su entrada a la universidad y la conclusión de la misma.

El problema radica en que la educación superior se encuentra en una crisis permanente, que no parece tener solución; durante años se ha olvidado la misión integral de la educación para centrarse en el aspecto técnico.

El sistema capitalista y neoliberal en el que nos desarrollamos ha hecho que, lejos de educar estudiantes que aprendan a cuestionar y razonar, se produzcan autómatas que realicen funciones en el menor tiempo y al menor costo posible; memorizar y obedecer.

En el momento que un joven termina la escuela media superior se encuentra en una disyuntiva entre seguir estudiando o comenzar a trabajar o ingresar al crimen organizado. Si se desea debilitar el engrosamiento al narcotráfico y del sector informal es necesario ofrecer a la juventud alternativas reales de superación.

Es en esta situación donde la oferta educativa universitaria se ha quedado muy corta; las estadísticas revelan que México solo tiene capacidad para cuatro de cada 10 estudiantes que quieren estudiar a nivel profesional, lo que obliga a seis jóvenes a suspender sus aspiraciones universitarias. Esto ha generado el fenómeno de los ninis, personas que ni estudian ni trabajan ni sueñan, lo que alcanza ya los ocho millones.

No podemos cerrar los ojos y pretender que en México la educación es gratuita y con libre entrada para todos, cuando resulta claro que la pobreza es una forma inherente de discriminación en el acceso al sistema educativo.

El acceso a los planteles privados y públicos resulta para la mayoría una aspiración inalcanzable. A pesar de contar con una amplia diversificación de opciones, debido a su autonomía ninguna de las instituciones se encuentra en la obligación de anular pagos por colegiatura o cuotas si se desea imponerlos.

Si se logra garantizar la provisión de recursos suficientes a las universidades éstas no se verán en la necesidad de cobrar cuotas por otros conceptos a los estudiantes, consiguiendo así una educación libre de costos.

Debemos de terminar con la reducción sistemática de financiamiento público hacia las universidades, lo cual ha derivado en una lucha de 20 años, en la que no se ha alcanzado la propuesta de otorgar el 1.5 por ciento del producto interno bruto a dicho sector.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone el siguiente decreto, que a la letra dice:

Único. Se reforma y adiciona la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3o. (...)

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía deben recibir recursos públicos, nunca inferiores al año previo para garantizar el derecho a recibir la educación superior de forma gratuita, y tendrá la facultad y la responsabilidad de gobernarse así mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.

Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo —concluyo, señor presidente—–, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. Gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país, una de las mayores conquistas históricas ha sido el derecho a la educación. El artículo 3o. de nuestra Carta Magna se reformó en diversas ocasiones a lo largo del siglo XX buscando un doble sentido en la educación. Por un lado, una garantía individual que impulsara la realización personal, y por otro, un derecho social inherente al pueblo de México para abatir la ignorancia, los fanatismos y demás resultados del atraso secular de nuestra población.

Con el arribo del nuevo siglo han llegado nuevos retos que merecen nuestra atención. Actualmente los niños y jóvenes que participan en los niveles educativos suman 34.9 millones de alumnos, es decir, en promedio, un tercio de la población.

La demanda de educación superior presenta un incremento sin precedentes y, dada la población joven de nuestro país que estudia, no parece que disminuirá pronto. Resulta evidente para todos en México que, ante lo difícil que es conseguir un trabajo que permita vivir dignamente, un título universitario ha dejado de ser un privilegio para convertirse en una necesidad.

El porcentaje de mexicanos que ingresan a primaria es del 99.3 por ciento. Sólo 45 por ciento termina la secundaria, 27 la educación media superior, 13 la licenciatura y 2 por ciento algún posgrado. Esto quiere decir que tenemos un promedio de 8.6 años de escolaridad en el país, en otras palabras México no concluye, si quiera, la secundaria.

El problema no radica tan sólo en la voluntad y necesidad de los estudiantes, la cobertura de educación en nuestro país presenta grandes deficiencias en infraestructura. Se ofrece una capacidad del 100 por ciento para primaria, la cual disminuye a 76 por ciento para secundaria, 56 para preparatoria y tan sólo 27 para universidad, por lo que únicamente entre dos y tres aspirantes tienen cabida en el sistema universitario.

Esto resulta de suma gravedad ya que el promedio de salario para alguien que sólo finalizó la primaria es de 4 mil pesos al mes, el cual permanece en el mismo rango para personas que cuenten con secundaria o preparatoria. No es hasta un título de licenciatura que se da un incremento considerable, ganando 13 mil 807. En cuanto a las personas que terminan un posgrado el ingreso promedio es de 51 mil 891.

Con base en esta información, resulta evidente que si una persona tiene deseos de progresar, es necesaria su entrada a la universidad y la conclusión de la misma. El problema radica en que la educación superior se encuentra en una crisis permanente que parece no tener solución.

Entre los desafíos y dificultades se observan cuestiones de financiamiento, desigualdad en las condiciones de acceso a los estudios y falta de mejoras en la calidad de la enseñanza.

Durante años se ha olvidado la misión integral de la educación para centrarse en el aspecto técnico. El sistema capitalista y neoliberal en el que nos desarrollamos ha hecho que lejos de educar estudiantes que aprendan a cuestionar y razonar, se produzcan autómatas que realicen funciones en el menor tiempo y al menor costo posible.

En el momento que un joven termina la escuela media superior se encuentra en una disyuntiva entre seguir estudiando o comenzar a trabajar. El problema es que la decisión implica, en la mayoría de los casos, la necesidad de ganar dinero, lo cual no ocurrirá si se opta por entrar a la universidad.

Si se desea debilitar el engrosamiento del narcotráfico y del sector informal es necesario ofrecer a la juventud alternativas reales de superación. Es en esta situación donde la oferta educativa universitaria se ha quedado muy corta.

Las estadísticas revelan que México sólo tiene capacidad para 4 de cada 10 estudiantes que quieren estudiar a nivel profesional, lo que obliga a 6 jóvenes a suspender sus aspiraciones universitarias. Esto ha generado el fenómeno de los ninis, personas que ni estudian, ni trabajan, el cual alcanza ya los 8 millones.

Aunado a este problema tenemos el costo que implica realizar estudios universitarios. Los estudiantes no sólo deciden qué estudiar y dónde hacerlo, si es que existe una vacante para ellos, sino que deben tomar en cuenta: los costos asociados a la compra de libros y el material escolar, el equipo que se requiere tener para apoyar los estudios, los cursos de cómputo y de idiomas, los gastos en alimentación, transporte, prácticas escolares, titulación, etcétera.

Es así que aún cuando se decida entrar a una universidad pública existe un factor económico a considerar. No podemos cerrar los ojos y pretender que en México la educación es gratuita y con libre entrada para todos cuando resulta claro que la pobreza es una forma inherente de discriminación en el acceso al sistema educativo.

En el ciclo escolar 2008-2009 a nivel nacional, la SEP tuvo un registro de 4 mil 462 planteles universitarios, de las cuales 1,968 eran públicos y 2 mil 494 privados. Las universidades públicas cubrieron el 67 por ciento de la matrícula total y las privadas el 33 por ciento restante.

El acceso a los planteles privados resulta, para la mayoría, una aspiración inalcanzable. Lamentablemente existen sólo dos tipos de universidades en este rubro, las que cuentan con un gran prestigio, pero elevadas colegiaturas, y las que tan sólo son negocios lucrativos que otorgan títulos sin validez o sin un respaldo sólido para conseguir trabajo.

En el caso de organismos públicos que cubren la demanda destacan: Instituciones de carácter nacional que se financian con recursos del gobierno federal con 12 por ciento del alumnado total nacional, Universidades públicas estatales con 31 por ciento, Tecnológicos públicos tanto federales como estatales con 12 por ciento, Universidades tecnológicas públicas y politécnicas con 2.5 y 0.18 respectivamente, 9 universidades interculturales y más de 430 instituciones para la formación de profesionales de la educación básica (normales).

A pesar de contar con una amplia diversificación de opciones, debido a su autonomía ninguna de estas instituciones se encuentra en la obligación de anular pagos por colegiatura o cuotas si es que desea imponerlos. Es decir, en ninguna de éstas se garantiza al estudiante que no pagará por dichos conceptos ningún monto y que por lo tanto su educación será gratuita.

Existen numerosos casos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpreta el mandato Constitucional “ Toda la educación que el Estado imparta será gratuita” en forma diversa, es por esto que en Movimiento Ciudadano consideramos que resulta de suma importancia hacer la aclaración Constitucional pertinente para evitar que se pretenda sostener a las Universidades Públicas con base en las contribuciones de sus estudiantes.

Esta situación obliga a enunciar de nueva cuenta en el texto de la Constitución que toda la Educación que imparta el Estado es gratuita, incluyendo, por lo anteriormente expuesto, en la fracción VII, una aclaración que garantice, aún con la autonomía de los organismos universitarios, la educación enteramente gratuita.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto y adición al artículo 3º. de la Constitución.

Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma y adiciona la fracción VII del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3o. (...)

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía y reciban recursos públicos, asumirán el carácter de educación gratuita y tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y

(...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se tomará en cuenta para la asignación de presupuesto a las universidades públicas, lo previsto en el presente decreto.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputadas: Nelly del Carmen Vargas Pérez, Zuleyma Huidobro González (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY AGRARIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el señor diputado don Salvador Arellano Guzmán, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 33 Bis a la Ley Agraria.

El diputado Salvador Arellano Guzmán:Con su anuencia, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, con las facultades que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, presento ante ustedes el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Agraria, en materia de comisariado ejidal.

El derecho se ha creado en México y en el mundo para regular la conducta de los seres humanos; sin embargo, la dinámica social es un reto para todos aquellos que pretenden dar a la sociedad un mejor sistema racional de normas sociales de conducta.

Teniendo como base que una importante porción de tierra se encuentra en manos de ejidatarios, es de vital importancia otorgar el apoyo normativo, mismo que se entiende como la facultad para defender los derechos reconocidos por el Estado de manera óptima, en el entendido que frente a un derecho se encuentra una obligación; es este caso, la obligación del comisariado ejidal frente al derecho del núcleo de población ejidal.

En materia agraria la falta de regulación ha dado como consecuencia poderes facticos, mismos que solo deberían de existir en la medida en que busquen algún beneficio para la sociedad y no en perjuicio de la misma.

En la realidad se presenta el hecho que los comisariados del ejido no representan adecuadamente los intereses del núcleo de población ejidal en algún procedimiento jurisdiccional, y no es por falta de conocimiento jurídico especializado o por desconocimiento de las leyes, sino por una falta de regulación; en consecuencia, el ejido queda en un estado de indefensión.

De igual forma, ocurre que en la figura del comisariado ejidal comienza la protección de los derechos ejidales, pero no continúa con el impulso procesal necesario para hacer efectivos los derechos, argumentando la falta de recursos para hacer frente a sus obligaciones; sin embargo, nos encontramos en el entendido que el comisariado ejidal, al defender los derechos del ejido defiende los suyos, de modo que es necesario contar con una disposición de carácter general, el cual lo obligue de manera expresa a dar continuidad en algún procedimiento hasta la satisfacción de los intereses del núcleo ejidal, interponiendo todas las acciones necesarias para la eficaz protección de los derechos de los ejidatarios.

En la adición que se propone a esta Ley Agraria se estipula la prohibición del cobro de honorarios a los miembros del núcleo de población ejidal por los trabajos concernientes a la actividad del comisariado ejidal; sin embargo, debe de entenderse que la institución del comisariado ejidal actúa no por obligación impuesta del ejido, sino por voluntad propia, pues es por voluntad de la persona que se ocupa este cargo de comisariado ejidal. Como símil a los razonamientos planteados, podemos hablar del derecho con que cuenta una persona para promover una demanda por cuenta propia o realizar un trámite de cualquier índole; la persona no tiene derecho a cobrar honorarios pues se entiende que los actos realizados son en beneficio propio. De igual forma la figura del comisariado ejidal actúa por los intereses del ejido del cual forma parte.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 33 Bis de la Ley Agraria, quedado como sigue.

Artículo 33 Bis. Son obligaciones del presidente del comisariado ejidal dar seguimiento y continuidad a los casos en que así se requiera, debiendo prestar ante el núcleo de población ejidal un informe acerca de la situación que guardan aquellos asuntos en los cuales deba de intervenir según los intereses del ejido y conforme al reglamento interno del mismo.

Segundo. El presidente del comisariado ejidal está obligado a ejercer las acciones necesarias para la defensa y el cumplimiento de los derechos del núcleo de población ejidal.

Tercero. Presentar el informe a que se refiere la fracción IV del artículo 33, cada seis meses a petición de la asamblea y deberá de presentarlo en forma obligatoria cada año.

El informe a que se refiere la fracción I de este artículo deberá de presentarse cuando así se requiera en las asambleas o con mayor frecuencia, cuando así lo determine el reglamento de cada uno de los ejidos.

Cuarto. Queda prohibido el cobro de honorarios a los ejidatarios en lo individual. Los honorarios que deba de recibir para la defensa de los derechos del núcleo de población deberán contar con la autorización previa de la asamblea ejidal. Es cuanto, presidente, gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 33 Bis a la Ley Agraria, a cargo del diputado Salvador Arrellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Salvador Arellano Guzmán, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo estipulado en el artículo 6 y sus correlativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 33 Bis a la Ley Agraria, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El derecho se ha creado en México y en el mundo para regular la conducta de los seres humanos, sin embargo, la dinámica social es un reto para todos aquellos que pretenden dar a la sociedad un mejor sistema racional de normas sociales de conducta.

Teniendo como base que una importante porción de tierra se encuentra en manos de ejidatarios es de vital importancia otorgar el apoyo normativo, mismo que se entiende como la facultad para defender los derechos reconocidos por el estado de manera optima. En el entendido que frente a un derecho se encuentra una obligación, es este caso, la obligación del comisariado frente al derecho del núcleo de población ejidal.

En dichas circunstancias se entiende que el apoyo con el que deben contar es igual de importante que el cuidado con el que la tierra debe ser tratada, pues sin un punto de equilibrio entre la producción y administración de la tierra, los esfuerzos de las personas encargadas de la producción en el campo serían en vano.

Consideraciones

En materia agraria la falta de regulación ha dado como consecuencia poderes facticos, mismos que solo deberían de existir en la medida de la búsqueda de algún beneficio a la sociedad y no en perjuicio de la misma. En concordancia con lo anterior, en materia ejidal, la figura del comisariado ha adquirido poderes que, por falta de regulación, se convierten en verdaderas autoridades fácticas discrecionales; en contraposición de la finalidad de la cual fue creada la figura, establecida en el artículo 32 de la Ley Agraria, el cual estipula:

“El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionaran conjuntamente”

En la realidad se presenta el hecho relativo a que los comisariados del ejido no siempre representan adecuadamente los intereses del núcleo de población ejidal en algún procedimiento jurisdiccional, y no es por falta de conocimiento jurídico especializado o por desconocimiento de las leyes, sino por un estado de posibilidad en el cual se pueden aprovechar de los ejidatarios, en consecuencia los dejan en un estado de indefensión.

De igual forma, suele suceder que la figura del comisariado comienza la protección de los derechos ejidales en algún procedimiento, pero no continua con el impulso necesario para hacer efectivos los derechos, argumentando la falta de recursos para hacer frente a sus obligaciones, en el entendido que el comisariado, al defender los derechos del ejido defiende los suyos.

De modo que, es necesario contar con una disposición de carácter general, la cual lo obligue de manera expresa a dar continuidad en algún procedimiento hasta la satisfacción de los intereses del núcleo ejidal, interponiendo todas las acciones necesarias para la eficaz protección de los derechos del ejido.

La presente adición que se propone, relativa al cobro de honorarios, no desconoce los derechos otorgados por la Carta Magna, establecidos en el artículo 5, el cual señala en su párrafo tercero:

“Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustara a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123”

De igual forma, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Sin embargo, en la adición que se pretende realizar a la Ley Agraria no se obliga a la persona a desarrollar ciertas actividades, pues la institución de comisariado actúa no por obligación impuesta por el ejido, sino por voluntad propia, pues es voluntad de la persona ocupar dicho puesto en el ejido, con sus derechos y obligaciones.

Asimismo, la iniciativa estipula que el cobro de honorarios a los ejidatarios en lo individual, está prohibido. Sin embargo, en forma colectiva, es decir mediante aprobación del ejido en general podrá recibir honorarios para la defensa de los derechos del núcleo de población, previa autorización de la asamblea ejidal.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el siguiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 33 Bis a la Ley Agraria.

Artículo Único.Se adiciona el artículo 33 Bis de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 33 Bis. Son obligaciones del Presidente del comisariado ejidal las siguientes:

I. Dar seguimiento y continuidad en los casos en que así se requiera, debiendo presentar ante el núcleo de población ejidal, un informe acerca de la situación que guardan aquellos asuntos en los cuales deba intervenir según los intereses del ejido y conforme al reglamento interno.

II. Ejercer las acciones necesarias para la defensa y el cumplimiento de los derechos del núcleo de población ejidal.

III. Presentar el informe a que se refiere la fracción IV del artículo 33 cada seis meses, a petición de la asamblea y deberá presentarlo de forma obligatoria cada año.

El informe a que se refiere la fracción I de éste artículo, deberá  presentarse cuando así se requiera en las asambleas o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento.

IV. Queda prohibido el cobro de honorarios a los ejidatarios en lo individual. Los honorarios que deba recibir para la defensa de los derechos del núcleo de población deberán contar con autorización previa de la asamblea ejidal.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputados: Salvador Arellano Guzmán, J. Pilar Moreno Montoya, Gilberto Antonio Hirata Chico, Mayra Karina Robles Aguirre (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, don Salvador. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hasta por cinco minutos, tiene el uso de la voz doña Adriana González Carrillo, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, suscrita también por el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez.

La diputada Adriana González Carrillo:Muchas gracias, presidente y amigo. Quiero decir también que a esta iniciativa se suma la diputada federal Margarita Saldaña y el diputado federal Fernando Rodríguez Doval.

Los monumentos nacionales son parte del patrimonio cultural de los países donde se establecen; están destinados a permanecer en espacios públicos y más allá de su valor histórico y artístico tienen un carácter conmemorativo, que simbólicamente los vincula de manera estrecha con los valores, principios y aspiraciones de la nación en su conjunto. De ahí la importancia que reviste todo lo relativo a su erección.

En este universo de monumentos nacionales, los monumentos no artísticos ni arqueológicos, entre ellos las estatuas de carácter conmemorativo, tienen el objetivo de perpetuar la memoria y homenajear un suceso histórico, en particular, un personaje real o ficticio, un grupo humano, un país, una ciudad o alguna institución.

En la historia de la arquitectura y en el diseño urbano de las grandes ciudades destaca la construcción de monumentos dedicados a personalidades y líderes extranjeros, a la costumbre de erigir estatuas sobre personajes nacionales cuya memoria y legado se juzga importante preservar.

El proceso de globalización en marcha ha favorecido la práctica de dedicar espacios públicos al legado de grandes figuras de carácter universal; personajes clave de la historia moderna y contemporánea adornan bulevares, glorietas y avenidas en ciudades de prácticamente todo el mundo.

En la Ciudad de México y en la zona de Reforma se encuentran, por ejemplo, las estatuas de Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Luis Pasteur, Simón Bolívar, José de San Martín, Cristóbal Colón, Tomas Masaryk y Abraham Lincoln, entre muchos otros, y adornan espacios públicos de especial importancia y belleza.

En otras ciudades del país esta práctica, aún de manera infrecuente, se mantiene y lo mismo aplica para toda clase de placas conmemorativas, la denominación de plazas, campos y calles.

Recientemente, sin embargo, se ha suscitado una importante controversia en nuestro país sobre el particular, a partir de la firma de un convenio marco entre el gobierno del Distrito Federal y la embajada de Azerbaiyán en México para la construcción de un parque de la amistad Ciudad de México-Azerbaiyán; se dispuso establecer una escultura del denominado padre de la patria de ese país, Heydar Aliyev, a cargo de uno de los escultores más importantes de ese país.

A pesar del proceso deliberativo que antecedió bajo la legislación local del Distrito Federal a la decisión de edificar esta obra, no hay evidencia de que haya evaluado la pertinencia de construir esta escultura en honor de un personaje cuya biografía no presenta los mejores méritos en relación con los valores que los mexicanos hemos venido haciendo propios. Nos referimos a los valores de la democracia, los derechos humanos, la tolerancia y la protección de las minorías.

Sin menoscabo de la importancia que tiene preservar la buena marcha de las relaciones bilaterales actuales entre México y Azerbaiyán, es fácil simpatizar con la pléyade de críticas que se han vertido sobre el proceso de construcción de este monumento y lo que ahora supone, independientemente de la conclusión a la que arribe la comisión ad-hoc integrada para tal efecto; sin duda se trata de un delicado asunto a nivel diplomático.

Se trata de un asunto que exhibe al mismo tiempo la importancia que para todo país entrañan los monumentos que se erigen en el Distrito Federal y la necesidad de establecer en nuestro marco normativo a nivel federal disposiciones legales que impidan que esto vuelva a ocurrir.

En definitiva, la erección de estatuas y monumentos de dignatarios, líderes y personajes extranjeros, así como tentativamente otros que evocan sucesos, grupos humanos o instituciones a la historia y actualidad internacional compromete, en alguna medida, a la nación en su conjunto y por tanto, es un ámbito de acción cuya competencia debiera recaer en la federación y no como hasta ahora en la jurisdicción local, especialmente como en este caso, que se esté basando solamente en un acuerdo interinstitucional que al día de hoy no acota ni temas ni compromisos nacionales.

La presente iniciativa propone que para esos acuerdos interinstitucionales o iniciativas nacionales, estatales o municipales, que supongan la construcción o establecimiento de un monumento cultural con la finalidad de honrar personajes, instituciones, grupos humanos, sucesos o emblemas extranjeros de toda índole, el procedimiento debiera ser distinto en función de sus contenidos simbólicos relevantes para la nación en su conjunto, así como por su incorporación al patrimonio cultural de nuestra nación.

Repasando algunas iniciativas de otras naciones al respecto, particularmente en las sudamericanas, hemos visto que la mejor forma es adicionar a esta Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos un capítulo que esté dedicado a los monumentos culturales derivados de las relaciones internacionales, mismos cuya construcción o establecimiento en territorio nacional dependerá en lo sucesivo de un dictamen de un consejo técnico, que emitirá en cada caso un reporte que revise sobre todo la historia, el personaje, los antecedentes y pueda emitir una opinión.

Una sugerencia que hemos venido realizando es que esté conformada por académicos conocedores de la historia, conocedores de la diplomacia, pero también de derechos humanos y que quienes lo integren, lo hagan de manera honorífica para que esto no represente un costo mayor al erario de la nación.

Sigamos el ejemplo de Canadá, en donde con dignidad decidieron retirar una estatua similar a la que hoy existe en nuestra gran, bien bonita y linda avenida Reforma.

Busquemos que nuestros valores los representen también los monumentos que decidamos tener en territorio nacional. Muchas gracias por su tolerancia, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de Adriana González Carrillo y suscrita por Jorge Francisco Sotomayor Chávez, diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Adriana González Carrillo y Jorge Francisco Sotomayor Chávez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 2 y se adiciona un último capítulo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los monumentos nacionales son parte del patrimonio cultural de los países donde se establecen. Están destinados a permanecer en espacios públicos y más allá de su valor histórico y artístico, tienen un carácter conmemorativo que simbólicamente los vincula de manera estrecha con los valores, principios y aspiraciones de la nación en su conjunto. De ahí la importancia que reviste todo lo relativo a su erección.

En este universo de monumentos nacionales, los monumentos no artísticos ni arqueológicos, entre ellos las estatuas de carácter conmemorativo, tienen el objetivo de perpetuar la memoria y homenajear a un suceso histórico en particular, un personaje real o ficticio, un grupo humano en particular, un país, una ciudad o alguna institución. En la historia de la arquitectura y el diseño urbano de las grandes ciudades destaca la construcción de monumentos dedicados a personalidades y líderes extranjeros. A la costumbre de erigir estatuas sobre personajes nacionales cuya memoria y legado se juzga importante preservar, el proceso de globalización en marcha ha favorecido la práctica de dedicar espacios públicos al legado de grandes figuras de carácter universal. Personajes clave de la historia moderna y contemporánea adornan bulevares, glorietas y avenidas en ciudades de prácticamente todo el mundo. En la Ciudad de México, por ejemplo, las estatuas de Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Louis Pasteur, Simón Bolívar, José de San Martín, Cristóbal Colón, Thomas Masaryk y Abraham Lincoln, entre muchos otros, adornan espacios públicos de especial importancia y belleza. En otras ciudades del país ésta práctica, aun de manera infrecuente, se mantiene y lo mismo aplica para toda clase de placas conmemorativas, la denominación de plazas, campos y calles.

Recientemente, sin embargo, se ha suscitado una importante controversia en el país sobre el particular. A partir de la firma de un convenio marco entre el gobierno del Distrito Federal y la Embajada de Azerbaiyán en México para construir del Parque de la Amistad Ciudad de México-Azerbaiyán, se dispuso establecer una escultura del denominado padre de la patria de ese país, Heydar Aliyev, a cargo de uno de los escultores más importantes de ese país. A pesar del proceso deliberativo que antecedió, bajo la legislación local del Distrito Federal, a la decisión de edificar esta obra, no hay evidencia de que se haya evaluado la pertinencia de construir esta escultura en honor de un personaje cuya biografía no presenta los mejores méritos en relación con valores que los mexicanos hemos venido haciendo propios. Nos referimos a los de la democracia, los derechos humanos, la tolerancia y la protección de las minorías.

Sin menoscabo de la importancia que tiene preservar la buena marcha de las relaciones bilaterales actuales entre México y Azerbaiyán, es fácil simpatizar con la pléyade de críticas que se han vertido sobre el proceso de construcción de este monumento y lo que ahora supone, independientemente de la conclusión a que arribe la comisión ad hoc integrada para tal efecto, un delicado asunto a nivel diplomático.

Se trata de un asunto que exhibe, al mismo tiempo, la importancia que para todo el país entrañan los monumentos que se erigen en el Distrito Federal y la necesidad de establecer, en nuestro marco normativo federal disposiciones legales que impidan que esto vuelva a ocurrir. En definitiva, la erección de estatuas y monumentos de dignatarios, líderes y personajes extranjeros así como tentativamente otros que evocan sucesos, grupos humanos o instituciones en la historia y actualidad internacional compromete, en alguna medida, a la nación en su conjunto y por tanto es un ámbito de acción cuya competencia debiera recaer en la federación y no, como hasta ahora, en la jurisdicción local.

En efecto, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece la creación de la comisión de nomenclatura, un órgano que, entre sus atribuciones, tiene las de coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para establecer los criterios para la asignación o modificación de nomenclatura de colonias, vías y espacios abiertos del Distrito Federal. A través de este mecanismo de autoridad del espacio público y ante la opinión positiva del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, se dispuso la edificación de este proyecto.

Para todos los efectos prácticos, este convenio marco supone un acuerdo interinstitucional. De acuerdo con la Ley de Celebración de Tratados vigente, un acuerdo interinstitucional es definido como “el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado”. Y agrega: “El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionado que los suscriben”.

En el marco normativo vigente, sin embargo, esto raramente sucede tal y como lo reconoce la exposición de motivos de la minuta que esta soberanía remitió ya al Senado para una nueva Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados. De aprobarse por la colegisladora, este nuevo marco normativo obligará, de manera específica, a las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública federal, estatal, municipal o del Distrito Federal a someter a consideración de la Secretaría de Relaciones Exteriores el texto de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.

Sin embargo, para los acuerdos interinstitucionales o aun iniciativas nacionales, estatales o municipales que supongan la construcción o establecimiento de un monumento cultural, con la finalidad de honrar a personajes, instituciones, grupos humanos, sucesos o emblemas extranjeros de toda índole, el procedimiento debería ser distinto en función de sus contenidos simbólicos, relevantes para la nación en su conjunto, así como por su incorporación al patrimonio cultural de México.

Haciendo un breve repaso por legislaciones en otros países, y especialmente bajo la inspiración de algunos modelos sudamericanos consideramos viable incorporar este mecanismo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se trata, como podrá advertirse, del instrumento idóneo toda vez que otorga, en su artículo 45, la competencia en materia de monumentos y zonas de monumentos artísticos al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Se trata por supuesto de un primer paso para ampliar el ámbito material de esta ley a fin de que contemple, sin menoscabo de las facultades propias del ámbito local y municipal, no sólo los monumentos de carácter arqueológico, artístico o histórico sino otros objetos simbólicos destinados a permanecer en un sitio público con carácter conmemorativo que, de alguna manera, comprometan a la nación en su conjunto.

De ahí nuestra propuesta de incorporar a la ley de referencia un capítulo entero, dedicado a los monumentos culturales derivados de las relaciones internacionales cuya construcción o establecimiento en territorio nacional dependerán en lo sucesivo del dictamen que el consejo técnico emitirá en cada caso.

Por lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 2 y se adiciona un último capítulo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Único. Se reforma el artículo 2 y se adiciona un último capítulo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 2. Es de utilidad pública la investigación, protección, orden, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos, e históricos y de las zonas de monumentos.

Capítulo IVDe los Monumentos Culturales Derivados de las Relaciones Internacionales

Artículo 56. Los monumentos culturales derivados de las relaciones internacionales son parte de los monumentos y zonas de monumentos artísticos a los que se hace referencia en esta ley y su reglamento.

Los monumentos culturales derivados de las relaciones internacionales, para efectos de esta ley, son aquellos bienes muebles e inmuebles cuya colocación en territorio nacional derive directamente de los vínculos internacionales que el Poder Ejecutivo, en sus distintos niveles, mantiene con otras naciones, sin importar si fueron o no producidas en territorio nacional.

Artículo 57. Para establecer en territorio nacional un monumento cultural derivado de las relaciones internacionales, la autoridad federal, estatal o municipal deberá contar con el dictamen que emita el consejo técnico que, en su caso, será integrado al convenio o acuerdo que para tal efecto celebren con las autoridades homólogas de gobiernos extranjeros.

Artículo 58. Para el registro, control y autorización final de monumentos culturales derivados de las relaciones internacionales, el consejo técnico dictaminará y emitirá una opinión, en cada caso, sobre la solicitud que la autoridad federal, estatal o municipal está obligada a remitir previamente a la firma del convenio o acuerdo correspondiente.

Artículo 59. El consejo técnico es un órgano encargado de realizar la valoración técnico-jurídica de la propuesta que realicen los gobiernos federal, estatal y municipal, así como emitir el dictamen respectivo. El consejo técnico está obligado, durante la elaboración del dictamen, a evaluar la pertinencia de erigir o ubicar el monumento en cuestión en territorio nacional en función de la observancia de los principios de política exterior, contenidos en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de criterios relacionados con la relevancia simbólica, histórica y coyuntural del monumento en cuestión.

Artículo 60. El consejo técnico estará integrado por

a) Tres académicos o expertos, de los cuales uno de ellos presidirá el consejo, que serán designados, en cada caso, por el director general del Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura. Por lo menos uno de los integrantes deberá ser de género distinto;

b) Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y

c) Un representante de la Secretaría de Gobernación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputados: Adriana González Carrillo, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Zuleyma Huidobro González (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted.

La diputada Zuleyma Huidobro González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Zuleyma, ¿con qué objeto?

La diputada Zuleyma Huidobro González(desde la curul): Gracias, presidente. Para que le consulte usted a la diputada si puedo suscribir también esta iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Adriana González Carrillo, ¿acepta usted a la diputada Zuleyma Huidobro?

La diputada Adriana González Carrillo(desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Que sí.

La diputada Zuleyma Huidobro González(desde la curul): Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Verónica Juárez, ¿con qué objeto? Si quiere, hábleme a señas.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Gracias presidente. Una pregunta a la proponente, ¿a qué monumento o estatua se está refiriendo? ¿Es a la Estela de Luz?

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Fíjese que no procede. Primero, ya se bajó la proponente, y en el capítulo de iniciativas no proceden las preguntas, pero la intención de la suya ya quedó de manifiesto.

LEY AGRARIA - LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Catalino Duarte Ortuño, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El diputado Catalino Duarte Ortuño:Con la anuencia de mis compañeros legisladores y legisladoras. Comentarles que esta iniciativa de reforma a la Ley Agraria y a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se basa principalmente en lo siguiente:

Hay que recordar que casi el 80 por ciento del territorio nacional corresponde a ejidos, a bienes comunales, a comunidades agrícolas. De acuerdo a lo que establece nuestra Constitución General de la República, a lo que establece la Ley Agraria, el ejido tiene personalidad jurídica, se le reconoce su patrimonio propio, su capacidad de organización, que igual se reconoce en su reglamento interno.

La máxima autoridad en el ejido es la asamblea, quien ejecuta las decisiones de la asamblea son precisamente el comisariado ejidal, representado por su presidente, su secretario y su tesorero.

Ahora bien, en la vía de los hechos —desde mi punto de vista— el ejido no es tomado en cuenta al momento de elaborar el programa o el proyecto de desarrollo municipal, estatal y federal; por eso insisto, proponemos que se modifique, que se reformen los artículos 4o., párrafo primero, segundo, y 23, y se adicione la fracción I Bis al artículo 23 de la Ley Agraria. Además, se reformen los artículos 1o., 3o., párrafo cuarto; 5o., fracción I; 6o., segundo párrafo; 29, primero, segundo y tercer párrafo, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

¿Qué se busca con esta reforma? Que en la vía de los hechos se consulte a los ejidos, se les pregunte cuál es su problemática, cómo consideran ellos que se puede resolver, pero además deben poner a consideración del gobierno en qué realmente producen, en qué son competitivos y que a través de la política federal pública, a través del estado, de los municipios puedan ser considerados y se les pueda ayudar, para que los ejidos sean productivos, trabajen.

Por ello, amigos, amigas legisladoras, legisladores, espero que al momento de que se analice esta iniciativa por parte de la comisión pertinente, competitiva, valore esta decisión.

Decirles que se establece también la facultad de que los diputados federales de este país puedan emitir su opinión, y en su defecto se puedan asignar recursos para proyectos determinados en los ejidos de este país. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Agraria, y de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Catalino Duarte Ortuño, diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados se permite someter a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2011, que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), nuestro país ha experimentado un incremento de 3.2 millones de personas en situación de pobreza con respecto a 2008, lo que significa que actualmente 52 millones de mexicanos viven en situación de pobreza y son en su mayoría habitantes de las zonas rurales.

Ese incremento en el número de personas en situación de pobreza está relacionado con el aumento de los precios de alimentos y la crisis financiera que tuvo un impacto negativo sobre el mercado laboral del país.

Debe considerarse que la pobreza del campo responde a problemas concretos de productividad e implementación de política pública. Coneval advierte que la inestabilidad económica presente en 2012 y que se prevé para 2013 podría agravar el tema de la pobreza en nuestro país y afirma que el conjunto de las acciones de política pública ha sido insuficiente para mejorar el nivel de ingreso de la población mexicana.

Los datos reiterados de la pobreza rural en México señalan la necesidad de replantear las políticas públicas implantadas para contrarrestar la problemática agraria y alimentaria. Para 2011, por ejemplo, el porcentaje de personas con un ingreso menor a la línea de bienestar en nuestro país, del ámbito rural, fue de 66 por ciento.

En el escenario global, según la FAO, para el 70 por ciento de los pobres que viven en áreas rurales, la agricultura es la principal fuente de ingreso y empleo. Sin embargo la degradación de la tierra y el agua generan retos para la producción de alimentos suficientes y otros productos agrícolas para sostener viviendas en zonas rurales y mantener las necesidades de consumo de las poblaciones urbanas.

Asimismo, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, actualmente en el mundo residen aproximadamente 7 mil millones de personas, cada año nacen 80 millones y 3 mil millones tratan diariamente de alimentarse mejor consumiendo más carne, leche o huevos, en contraste con los mil millones que viven bajo pobreza alimentaria. El Programa las Naciones Unidas para el Desarrollo indica que de 174 países, México ocupa el lugar 54 en desarrollo humano.

Para contrastar estos datos, debe mencionarse que mientras los 2 mil millones de personas más pobres del mundo invierten entre 50 por ciento y 70 por ciento de su ingreso en alimentos, los estadounidenses promedio invierten menos del 10 por ciento.

Por si fuera poco, el Índice de Precios de Alimentos de las Naciones Unidas reporta un repunte en los precios de los alimentos desde mediados de 2011 a causa del aumento acelerado de la demanda por el crecimiento demográfico, las adversidades del cambio climático y la falta de capacidad para expandir la producción.

En ese sentido, es necesario reflexionar que nuestro principal socio comercial, Estados Unidos es el mayor productor de granos en el mundo como producto de la transición de una política proteccionista abandonada desde la década de 1970 hacia el empleo de medidas de apoyo al ingreso para beneficiar al sector agrícola; medidas que implican pagos directos, pagos contracíclicos, pagos de deficiencia por préstamos de asistencia a la comercialización, subvenciones para seguros agrícolas y de ingreso para los productores, además de programas de asistencia en caso de desastres.

La transformación de la política agrícola de Estados Unidos de políticas de sostén de precios hacia transferencias directas de ingreso ha reducido el desembolso presupuestal alrededor de la misma en respuesta a la necesidad de reducir los incentivos públicos a corto plazo. Al mismo tiempo, el ser el mayor productor de granos en el mundo le ha permitido a Estados Unidos invertir en la conversión de grandes cantidades de grano en combustible para automóviles potenciando el consumo mundial de cereales a un ritmo acelerado.

Por su parte, nuestro socio comercial estratégico desde 2000, la Unión Europea, a razón de su integración generó una política agrícola común a fin de que la región fuera autosuficiente en productos básicos y capaz de ser potencia exportadora. Actualmente la UE sostiene sus precios a través de compras públicas, precios de intervención, medidas de retiro de la producción, cuotas de comercialización y producción, subsidios para almacenaje de la producción excedente, subsidios para alentar el consumo de ciertos productos, aranceles contra importaciones, subsidios a las exportaciones y pagos compensatorios.

Entonces, tanto Estados Unidos como la Unión Europea se caracterizan por políticas que promueven una acumulación de excedentes en sus productos, con un alto costo presupuestal, crecientes presiones fiscales, promoción de negociaciones multilaterales que liberen el comercio agrícola y la inducción externa de reformas estructurales.

Mientras tanto, en México los ajustes al sistema económico y político desmanteló el sistema de agencias públicas que proveía a los productores acceso al crédito, a la tierra, insumos y formas cooperativas de organización, lo que dio como resultado mercados incompletos y vacíos institucionales que impusieron altos costos para los pequeños productores.

En las últimas décadas un número importante de pequeños y medianos productores rurales se han enfrentado a graves problemas como baja productividad, baja competitividad, falta de capacidad técnica y baja rentabilidad, lo que sumado a una limitada capacidad de gasto del Estado y a la distorsión de los precios internacionales, llevaron a nuestro país a reafirmar su carácter de país importador neto de alimentos a costa del abandono del campo y la marginación de la población rural, todo lo cual se refleja en las cifras alarmantes de pobreza que ya se han descrito.

Y al mismo tiempo, en México el sector social de la economía basado en la propiedad social de la tierra, en el ejido y en la comunidad agraria, en las magnitudes que lo conocemos ahora, es un producto histórico reciente que genera un enorme reto para la prosperidad del campo y para avanzar en la seguridad alimentaria y lograr la autosuficiencia en este rubro.

La forma de tenencia de la tierra más representativa en nuestro país es la propiedad social, es decir, la propiedad basada en el ejido y en la comunidad agraria. Esta unidad económica de producción, como fue concebida por la reforma agraria en México, no ha pasado nunca por la experiencia de la planeación a largo plazo. Mientras tanto, el sector privado de ese sector siempre lo ha hecho.

Estamos hablando no de un problema de dimensiones menores, sino de la planeación de actividades en 31 mil 623 núcleos agrarios, de la planeación de actividades de estas unidades económicas organizadas como ejidos y comunidades, propietarias de más de 52 por ciento del territorio nacional, en cuya área se localiza el 80 por ciento de las selvas y bosques del país, el 74 por ciento de la biodiversidad y las dos terceras partes de los litorales de la nación y de cuya explotación racional, integral y sustentable depende la superación de la pobreza de 22.2 por ciento de la población nacional que vive en poblaciones menores a 2 mil 500 habitantes, la provisión de insumos para los demás sectores de la economía y el equilibrio de la balanza comercial por las aportaciones de las exportaciones agropecuarias.

La Ley de Planeación que regula este proceso, en su capítulo Participación Social en la Planeación, en el artículo 20 se dispone que en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas en la materia.

La Ley Agraria, por su parte, en su artículo 4o., segundo párrafo, confirma la función de consulta que en toda esta legislación se les concede a los campesinos a los que identifica como “organizaciones de productores”. Las organizaciones de productores podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo, las cuales serán concertadas con el Ejecutivo federal para su aplicación.

La Ley Agraria reconoce que el núcleo del sector social en el campo son los ejidos, las comunidades y las organizaciones rurales de productores especificadas en las figuras jurídicas que la propia ley establece. Les reconoce personalidad jurídica y el derecho de ser los propietarios de la tierra en su modalidad social de tenencia; ya también tienen acceso al Dominio Pleno. Sin embargo, en lo que se refiere a su participación en los procesos de la planeación nacional la legislación los identifica solamente como “sector de consulta”, y no como sector propositivo de políticas de desarrollo y fomento, como sector concertador de compromisos, programas y proyectos, con el sector público.

Sin embargo, con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable la planeación está organizada entre los tres niveles de gobierno, del nivel federal al nivel municipal, sin mencionar con claridad cuáles serían las atribuciones de las organizaciones ejidales, aunque esta situación deviene directamente de las atribuciones que reserva la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para cada uno de ellos. No obstante, con fundamento en las constituciones estatales, se obtienen los planes de desarrollo de los estados y con fundamento en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se ha conseguido la elaboración de planes municipales, a través de los consejos municipales de desarrollo rural sustentable.

La planeación urbana municipal les es muy propia, los municipios formulan los planes, y es limitada a sólo este aspecto del contexto municipal; pero la participación en la formulación de planes de desarrollo regional se ha interpretado de manera muy sesgada, y este sesgo se lo ha impuesto sin fundamento constitucional alguno, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Con fundamento en esta ley, se han creado en los municipios los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable y en los ejercicios de planeación de estos consejos que dan lugar a los planes municipales de desarrollo, los ejidatarios son elementos constitutivos de los consejos pero con una participación marginal.

En este proceso, previsto y desarrollado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los ejidatarios y los comuneros no son sujetos del desarrollo rural sustentable, sino que son objeto de este desarrollo, constitutivos de las estructuras de la administración municipal y los intereses de los municipios.

Así pues, la planeación nacional tiene en el gobierno federal y en las entidades federativas, su instrumento para desenvolverse, pero en todos estos procesos los municipios están limitados por el artículo 115 constitucional para ocuparse del desarrollo rural sustentable, siguiendo el principio de que los gobiernos sólo pueden hacer lo que la ley les manda. El desarrollo rural sustentable de los sujetos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los ejidos y las comunidades y las organizaciones de productores rurales, sigue pendiente, porque su diseño legal, su proceso y práctica, apunta a los municipios y no a los ejidos y comunidades.

En consecuencia, es necesario reconocer que para que los ejidos y comunidades puedan exitosamente ejercer sus funciones de consulta en los procesos de planeación y proponer eficazmente políticas, programas y proyectos para ser concertados con los distintos órdenes de gobierno que eleven la productividad y competitividad del sector social en el conjunto de la producción rural, necesitan desarrollar también con éxito su propio proceso de planeación y elaborar sus planes de desarrollo rural integral sustentable.

En segundo lugar, esta iniciativa pretende corregir en especial la inexplicable desviación que existe en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que sólo reconoce como sujetos de esa ley a los ejidos y comunidades, pero en las prácticas de la planeación para su desarrollo los ignora completamente.

A los ejidos y comunidades, la fracción VII del artículo 27 Constitucional les reconoce personalidad jurídica, precisamente para lo que prescribe el párrafo cuarto de la misma fracción, que propone las asociaciones de ejidatarios y comuneros con el estado o con terceros; o para convenir compromisos con el estado como lo establece la vertiente de concertación del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Sustituir estas personas jurídicas sujetas de derecho por expresiones como “productores rurales” u “organizaciones de productores” u otras semejantes sólo hace inviable el ejercicio de los derechos e inaplicable la ley.

Por eso resulta conveniente modificar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para convertir a los ejidos y comunidades de sujetos, en objetos de los procesos de planeación y de todas las políticas del desarrollo nacional orientadas al desarrollo rural.

Servidores públicos de todos los niveles, toda clase de especialistas, todo tipo de instituciones, elaboran y aplican políticas y programas, y actúan siempre, con la visión de que los ejidos y comunidades son materia, objeto de estos instrumentos; nunca han sido vistos como sujetos capaces de hacerse cargo de su propio desarrollo y de definir y proponer debidamente, con arreglo a sus intereses, compromisos con el gobierno. Se requiere desarrollar esta capacidad para encontrar armonía social y el mejor desenvolvimiento de las actividades productivas de este sector de la sociedad.

Es necesario que la asesoría institucional que ya se ha puesto en práctica con los municipios para hacer sus planes de desarrollo se encamine a los ejidos y comunidades del país para que estos hagan lo propio y fortalezcan su capacidad para promover endógenamente su propio desarrollo, para proponer políticas, programas, proyectos y concertarlos con los gobiernos de todos los niveles, para transformar su entorno como lo propone la misma ley.

Las instancias gubernamentales, son instrumentos del desarrollo nacional. No se hace un plan nacional del desarrollo para programar solamente las actividades gubernamentales. Estas se programan como lo que son: los instrumentos más eficaces para coordinar las acciones de los distintos niveles de gobierno para concertar con los sectores sociales y para inducir este desarrollo a través de los diversos instrumentos de política; pero los sujetos del desarrollo somos la sociedad con la diversidad de nuestra composición étnica y social. No se puede declarar que los ejidos y comunidades son los sujetos de la ley y luego convertir a los municipios en los verdaderos protagonistas de sus procesos.

Es verdad que los municipios son la instancia gubernamental más cercana a la vida rural en la mayoría de los casos, por ello considero correcto que sean los instrumentadores de este desarrollo rural, pero no pueden convertirse de instrumentos o de instancia de instrumentación en los verdaderos sujetos de este desarrollo. En esta orientación y con estas desviaciones, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable estará destinada a no lograr nunca sus propósitos. En mérito de lo expuesto, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Primero. Se reforman los artículos 4o., párrafos primero y segundo y 23; y se adiciona la fracción I Bis al artículo 23, de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 4o. El Ejecutivo federal promoverá el desarrollo integral sustentable y equitativo del sector rural, mediante el fomento de las actividades productivas, comerciales y de servicios y de las acciones sociales, para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional.

Los ejidos, las comunidades y las organizaciones de productores, podrán elaborar sus planes de desarrollo rural integral sustentable y propuestas de políticas, programas y proyectos de desarrollo y fomento para el desarrollo rural integral sustentable, los cuales serán concertados con el Ejecutivo federal, con los gobiernos de las entidades federativas, con los gobiernos de los municipios y con el gobierno del Distrito Federal para su aplicación.

Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:

I. ...

I Bis. Formulación y ejecución del plan de desarrollo rural integral sustentable del ejido

II. a XV. ...

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 1o., tercer párrafo; 4o.; 5o., fracción I; 6o., segundo párrafo; 29, primero, segundo y tercer párrafos; 30, primer párrafo; 31, fracciones III, y XII, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 1o...

...

Se considera de interés público el desarrollo rural integral sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y la concurrencia en la transformación del medio rural de los otros sectores de la economía, la industria, el comercio y los servicios para generar los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución.

Artículo 4o. Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de los ejidos, comunidades y diversos agentes organizados, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.

Artículo 5o. ...

I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus ejidos y comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural con la participación de organizaciones o asociaciones, especialmente la de aquellas que estén integradas por sujetos que formen parte de los grupos vulnerables referidos en el artículo 154 de la presente ley, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;

II. a V....

Artículo 6o. ...

Los compromisos y responsabilidades que en materia de esta ley, el gobierno federal acuerde con ejidos y comunidades y frente a los particulares y a los otros órdenes de gobierno, deberán quedar establecidos en el plan nacional de desarrollo y en los programas sectoriales y especiales aplicables y se atenderán en los términos que proponga el Ejecutivo federal y apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

...

Artículo 29. Los distritos de desarrollo rural serán la base de la organización territorial y administrativa de las dependencias de la administración pública federal y descentralizada, para la realización de los programas operativos de la administración pública federal que participan en el programa especial concurrente y los programas sectoriales que de él derivan, así como con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y para la concertación con ejidos, comunidades y las organizaciones de productores de los sectores social y privado.

Los distritos de desarrollo rural coadyuvarán en el fortalecimiento de la gestión municipal del desarrollo rural sustentable e impulsarán la creación de los consejos municipales en el área de su respectiva circunscripción y apoyarán la formulación de los planes de desarrollo rural integral sustentable de los ejidos y comunidades de su circunscripción, que así lo soliciten y la aplicación de programas concurrentes del desarrollo rural sustentable en municipios, ejidos y comunidades.

Los distritos de desarrollo rural contarán con un consejo distrital formado por representantes de los consejos municipales y de los ejidos y comunidades pertenecientes a la circunscripción municipal.

...

...

...

...

Artículo 30. Cada distrito tendrá un órgano colegiado de dirección, en el que participarán la secretaría, las dependencias y entidades competentes, los gobiernos de las entidades federativas y municipales que corresponda, así como la representación de los ejidos y comunidades, de las demás organizaciones de productores de los sectores social y privado de la demarcación, integrada por un representante por rama de producción, por cada consejo municipal, en la forma que determine el reglamento general de los mismos.

...

...

Artículo 31. ...

I. ...

II. ...

III. Asesorar a ejidos y comunidades en la elaboración de sus planes de desarrollo rural integral sustentable si así lo solicitan y a los demás productores en las gestiones en materias de apoyo a la producción, organización, comercialización y, en general, en todas aquellas relacionadas con los aspectos productivos agropecuarios y no agropecuarios en el medio rural;

IV. a XI. ...

XII. Apoyar la participación plena de los municipios, de los ejidos y comunidades, en la planeación, definición de prioridades, operación y evaluación de las acciones del desarrollo rural sustentable; y

XIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputado Catalino Duarte Ortuño (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural, para dictamen.

Se ruega a la Secretaría dar cuenta con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que ha llegado hasta esta Mesa Directiva.

HURACAN SANDY

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados se solidariza con el pueblo estadounidense afectado por el huracán Sandy y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a redoblar por la Embajada y los consulados establecidos en la zona dañada el apoyo a la comunidad de mexicanos radicados ahí

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero.La Cámara de Diputados se solidariza con el pueblo afectado por el huracán Sandy en la costa este de Estados Unidos y Canadá, y exhorta al Ejecutivo federal a ofrecer a nuestros amigos de Norteamérica toda la cooperación posible en ayuda humanitaria internacional de que se disponga.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a redoblar por la Embajada y los consulados establecidos en la zona afectada por el huracán Sandy en Estados Unidos de América y Canadá el apoyo a la comunidad de mexicanos radicados en la zona afectada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Los grupos parlamentarios han expresado su deseo de perorar respecto a este agradable rosario de solidaridades. Luego entonces, tiene el diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, el uso de la voz, hasta por tres minutos.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Imposible es no subir a esta tribuna, no acudir en este momento a solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores brinde todo el apoyo y establezca todos los canales y vías de comunicación con todos aquellos compatriotas nuestros que se encuentran en estos momentos lastimados por un fenómeno de la naturaleza. Nuestra solidaridad, como Grupo Parlamentario Nueva Alianza, a todos nuestros compatriotas.

La furia de la naturaleza ha golpeado a nuestro vecino del norte. En México, no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento humano; más allá de que las víctimas viven en un país desarrollado y con recursos, es un imperativo moral solidarizarse con ellos y con su gobierno.

Debemos reconocer que en el año de 1985, cuando una tragedia, un fenómeno natural laceró la entraña de esta ciudad capital, tuvimos la solidaridad de diversas naciones y los estadounidenses estuvieron presentes en coadyuvancia ante el gravísimo sufrimiento que los mexicanos teníamos en ese momento.

El alcalde de Nueva York expresó una sencilla frase que resume estas circunstancias: La naturaleza es mucho más poderosa que nosotros. Es cierto, los desastres naturales no hacen excepciones.

El pasado lunes por la noche, en los Estados Unidos de América entró el huracán Sandy, llevándose consigo 50 vidas e innumerables pérdidas materiales; vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora, con lluvia constante, hicieron que se cortara el suministro de electricidad de más de 8.2 millones de personas en 17 estados, desde las Carolinas hasta Ohio.

En la ciudad de Nueva York se desplazaron 375 mil personas y se suspendió el transporte público; se cerró Wall Street y la mitad de la ciudad se quedó sin energía eléctrica.

Desde esta tribuna el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza expresa su más sentido pésame a las familias afectadas; reiteramos nuestra vocación de solidaridad profunda a una nación que alberga ciudadanos de todo el orbe.

Así como la naturaleza no hace excepciones, los mexicanos no debemos escatimar en nuestros parabienes hacia las naciones afectadas por ella. Así, el demostrar la vocación humanitaria del Estado mexicano abonaremos asertivamente a la creación de un orden mundial mucho más justo.

Aprovecharía —y concluyo, señor presidente— estos momentos para solidarizarnos con aquellas regiones del Caribe, que están sufriendo y sufrieron este fenómeno meteorológico. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del PT.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, solicitamos al promovente que se incluya, además de los Estados Unidos de América y de Canadá, que se le otorgue la ayuda humanitaria que se está solicitando también y la protección de los consulados mexicanos, a los mexicanos que se encuentran en estos países. Además, a los países de Centroamérica o del Caribe y en especial a Cuba.

La República y el pueblo mexicano se han caracterizado por ser profundamente solidarios con países hermanos de cualquier parte del mundo, a los que la naturaleza les afecta por algún fenómeno, como el reciente huracán Sandy. Tal es el caso de los países que ahora tuvieron que afrontar este hecho de la naturaleza.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos seguros que el gobierno y el pueblo de México sabrán ser solidarios; por ello solicitamos que el gobierno pueda dar toda la ayuda material que éste pueda brindar para paliar, en lo posible, las grandes necesidades.

En relación a los consulados que México tiene en Estados Unidos de América —que aproximadamente han de ser ahorita unos 33, 36— y en Canadá, y al igual que en los países del Caribe y en Cuba, se les pueda dar las instrucciones a los cónsules de que brinden toda la ayuda necesaria, no solamente económica, sino humanitaria y, en caso de ser necesario, que se les facilite si es oportuno su ingreso a territorio nacional, facilitando también la ayuda económica que requieran, mientras se reinstala la normalidad en los países en donde estén ubicados.

Por las razones expuestas, nos sumamos al punto de proposición de urgente u obvia resolución. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Continuamos con el siguiente orador, el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

Hay que aclarar que las adiciones o modificaciones tienen que pasar por acuerdo de la Junta, ya que éste es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y el trámite tiene que ser ése.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Distinguidísima presidenta, es un honor tenerla en la conducción de esta sesión de la Cámara. Compañeras diputadas y compañeros diputados, deseo expresar en primer lugar el agradecimiento de los integrantes de la Comisión de Protección Civil, por la flexibilidad que han mostrado, no solo para recoger nuestra propuesta e incluirla en la agenda de la sesión del día, sino para hacerla suya y ampliar la solidaridad con otros pueblos hermanos que han sufrido también las consecuencias del huracán Sandy.

Destaco particularmente el apoyo de la Junta Directiva de la Comisión de Protección Civil, integrada por el diputado Cuauhtémoc Galindo y Raudel López, del PAN, por el diputado Reynaldo Navarro y la diputada Angélica Martínez, del PRI, y la diputada Lorena Méndez y el diputado Arturo Cruz, del PRD, por su apoyo para impulsar esta iniciativa.

Se estima que el paso del huracán Sandy por la costa este de Estados Unidos de América afectó a 60 millones de personas que radican en la zona; se informa que ha cobrado vidas y daños por miles de millones de dólares, a pesar de las medidas de prevención y protección civil implementadas por los gobiernos de los estados afectados.

Los primeros reportes señalan que ya hay al menos dos millones de personas damnificadas que han perdido la totalidad de sus bienes, así como otros considerables daños a comercios e infraestructuras.

A pesar de que las medidas de protección civil son de carácter general dirigidas a toda la población, poco se sabe de las condiciones en las que se encuentran los migrantes mexicanos que radican en esos lugares de manera irregular y que no cuentan con seguridad y que seguramente están en riesgo, sin considerar las repercusiones inmediatas, como es la pérdida de trabajo, ingresos y vivienda.

Se sabe que esa zona de Estados Unidos de América es receptora de migrantes latinos para las fuentes de empleo que representa y que especialmente en Nueva York hay una importante comunidad de mexicanos provenientes de diferentes estados de nuestro país, quienes han ido en busca de ingresos para sus familias.

Por ello pareció obligado a la Comisión de Protección Civil solidarizarnos con los compatriotas que se encuentran en la zona de afectación del huracán Sandy, tanto en Estados Unidos de América como en Canadá y otros países, que han sido afectados por este huracán.

Por eso también hacemos un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de nuestras representaciones diplomáticas en el exterior, particularmente las radicadas en las zonas afectadas, puedan redoblar sus esfuerzos para la atención de los connacionales afectados por este desastre natural.

Convocamos —obviamente— a todas las fuerzas políticas a expresar su apoyo a esta iniciativa. Muchas gracias por su atención y particularmente a la presidenta de esta sesión. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputado. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández:Con su venia, señora presidenta; compañeros diputados y compañeras diputadas, sí, el huracán Sandy es el decimoctavo ciclón tropical de la temporada de huracanes 2012 y este fenómeno ha afectado a muchos países del Caribe, pero principalmente a Estados Unidos de América.

Sobre esto es sobre lo que quiero hacer una propuesta y escuchen, por favor. Entre el pasado lunes y martes, Sandy golpeó la costa este de Estados Unidos de América, dejando a más de tres millones de personas sin electricidad en 11 estados y daños incalculables, pero con pérdidas diarias de al menos 10 mil millones de dólares para la economía.

Les pido que tomemos seriamente el impacto a mediano y corto plazo que va a representar esto para México. Buena parte de ciudades y pueblos costeros sufrieron inundaciones, al igual que carreteras y vías de ferrocarril; en Nueva York se informó de automóviles sumergidos y se reportaban olas de más de 4 metros de altura dentro de la ciudad. Como lo vieron en televisión, túneles y subterráneos del metro de esa ciudad están inundados.

Muchas de las fuentes de trabajo para nuestros connacionales en Estados Unidos de América, que suelen ser informales y que tienen que ver con la limpieza de todas estas ciudades nos impactan de una manera que es grande.

La tormenta provocó el cierre de aeropuertos, escuelas, oficinas de empresas privadas y de gobierno, así como la suspensión de servicios de transporte urbano e interurbano; la cancelación de 13 mil vuelos domésticos. De hecho estoy segura que muchos de nosotros en este pleno, aquí en el Congreso, se vieron afectados de una u otra manera con visitantes o de las mismas visitas que teníamos que hacer allá.

Los mercados de valores de New York cerraron por primera vez, desde los atentados de 2001; de hecho nunca habían suspendido actividades dos días seguidos, desde 1888. Las pérdidas se calculan en miles de millones de dólares y por el impacto financiero —insisto— en el resto del mundo.

Invito nuevamente, de verdad, a tomar en serio el cálculo del impacto a corto y mediano plazo que representa para nosotros la interrupción de las actividades en esta parte del territorio americano.

Las tiendas de autoservicio estuvieron cerca del agotamiento de productos alimenticios, obviamente derivado del temor de que las tiendas estuvieran cerradas.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América esta tormenta es histórica, por la combinación de vientos intensos, lluvia torrencial, fuertes marejadas e incluso caída de nieve. Aquí quiero hacer un pequeño comentario sobre —y para— la Comisión de Cambio Climático. Quien no lo haya tomado en serio, ya fuera en la opinión pública o algunos de los presentes, el cambio climático es un hecho y es dinero.

Quisiéramos expresar, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, condolencias y solidaridad para con los países que están pasando severos daños, que están atravesando severos daños con la tormenta, el huracán Sandy.

Nuestro país sabe y ha vivido tragedias naturales, y como el compañero que estuvo aquí antes lo mencionó, el temblor de 1985 fue un ejemplo de la actividad y actividades de solidaridad.

Pero a diferencia del resto de mis compañeros —señor presidente, ya acabamos—, a diferencia del resto de mis compañeros quiero también sumar a una invitación a que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe, cuando lo juzgue conveniente, a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara sobre las acciones que llevó a cabo para apoyar a nuestros paisanos, especialmente, como sabemos, a aquellos que trabajan sin documentos.

Creo que es el momento que la Comisión de Relaciones Exteriores pida cuentas claras, con números claros, acciones concretas que realizan en Estados Unidos de América. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro:Con su venia, presidenta, compañera. El Grupo Parlamentario del PRD se pronuncia a favor de este punto de acuerdo.

Planteamos, como lo han venido manifestando los compañeros diputados y diputadas que me antecedieron, la importancia que la relación bilateral entre México y Estados Unidos de América en todos los ámbitos refleja.

Derivado de ello subrayamos la parte que tiene que ver con el punto de acuerdo de conminar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de la embajada y los consulados redoblen las acciones en apoyo a la comunidad mexicana en esta zona.

Si tomamos en cuenta que más de medio millón de mexicanos viven solamente en la ciudad de Nueva York y su área metropolitana, es de suma importancia que nuestra cancillería tome las medidas necesarias para garantizar el bienestar de nuestros connacionales, más allá de la frontera.

Solidarizarnos también con el pueblo norteamericano —ya se ha dicho aquí, se ha manifestado, queremos reiterarlo—; cuando al pueblo de México, cuando a nuestra nación se le han presentado este tipo de desastres naturales, normalmente el pueblo norteamericano ha sido solidario con nuestro pueblo.

Por lo tanto, reiteramos la solidaridad que se ha venido aquí manifestando y reiteramos el llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se esté muy pendiente de nuestros connacionales más allá de la frontera y reiterar el llamado que se ha venido haciendo. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación, el diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Francisco Pelayo Covarrubias:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeros diputados y diputadas, los recientes fenómenos climatológicos ocurridos en el norte de los Estados Unidos de América y parte de Canadá al paso del huracán Sandy han cobrado vidas y daños por miles de dólares, a pesar de las medidas de previsión y contingencia implementadas por el gobierno de Estados Unidos de América, al cual le expresamos nuestra solidaridad y preocupación por las pérdidas humanas y cuantiosas pérdidas millonarias por los daños materiales.

Los perjuicios al patrimonio de las familias estadounidenses y a nuestros connacionales, que tan solo en la ciudad de Nueva York suman más de medio millón de mexicanos, hermanos en desgracia, en la ciudad de Filadelfia, de Washington, DC, de Boston han ocasionado restricciones al movimiento de personas y la suspensión del servicio de transporte público y suministro eléctrico de la zonas, lo cual ha impedido la comunicación en aquellas zonas; por lo que es necesario que de manera urgente se tomen medidas de asistencia y protección consular para los mexicanos que se encuentren en esas zonas afectadas.

El pueblo estadounidense vive hoy una situación de emergencia a la que esta soberanía no puede estar ajena, ya que México no puede dar la espalda a quien ha sufrido las inclemencias de la naturaleza; por ello, solicitamos de manera respetuosa al Ejecutivo federal envíe la ayuda humanitaria internacional disponible.

Sabemos y reconocemos el trabajo de los cuerpos del Ejército mexicano y la Fuerza Aérea, de lo cual estamos por cierto muy orgullosos; reconocemos su labor y valentía en los casos donde la población necesita de este auxilio, por lo que pedimos se active el Plan DN-III-E a fin de que se implementen las medidas protocolarias de auxilio y se envíe una brigada encargada de salvaguardar y proteger a la población civil de los Estados Unidos de América y por supuesto a la de nuestros hermanos y hermanas mexicanos en desgracia.

Los mexicanos somos un pueblo solidario, seguro de que su gobierno pone en alto precisamente este valor, extendiendo su mano amiga a cualquier pueblo o nación que se encuentre en desgracia y que así lo requiera. Por ello formulamos aquí en la Cámara de Diputados un respetable exhorto al gobierno mexicano a no olvidar su naturaleza solidaria y a brindar cuanto antes el apoyo que esté en sus manos para que nuestro vecino país y nuestros hermanos mexicanos cuenten con apoyo y con todo el respaldo de nuestro país y pronto así se recuperen de tan destructivos eventos.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expresa su firme apoyo y solidaridad con los gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá y manifiesta su alta preocupación, tanto por las víctimas como por los daños materiales que este fenómeno natural ha llevado a esos países y hacemos votos para que esta situación sea superada lo más pronto posible. Es cuanto, diputada presidente.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación y por último, tiene la palabra el diputado Javier Treviño Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Quiero dar un saludo a los universitarios que hoy nos visitan, de la Universidad del Valle de Cuernavaca, y a los invitados especiales de San Luis Potosí, del diputado Xavier Azuara Zúñiga. Bienvenidos.

El diputado Javier Treviño Cantú:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, las imágenes de la tragedia son conmovedoras, pero todavía no podemos apreciar la verdadera magnitud del daño causado por la tormenta Sandy en los Estados Unidos de América.

Toda una potente región de ése país se encuentra afectada severamente, paralizada económicamente ante los estragos de la tormenta.

El Grupo Parlamentario del PRI expresó —desde ayer— ante los medios de comunicación, clara y contundentemente nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de los Estados Unidos de América ante la tragedia ocasionada por la tormenta Sandy, en esa región noreste de los Estados Unidos de América.

Más que vecinos somos amigos, socios y aliados y es el momento de reforzar nuestra corresponsabilidad. El Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor de este punto de acuerdo.

En segundo lugar —y más allá de los discursos—, debemos ponernos en acción. Sin duda los mexicanos siempre acudimos al llamado de quienes sufren una tragedia en cualquier parte del mundo; debemos estar preparados para enviar ayuda y expertos, según lo soliciten las autoridades estadounidenses.

En tercer lugar —y más importante aún en esta tragedia—, son cientos de miles de mexicanos y ciudadanos estadounidenses de origen mexicano que viven en la región noreste de los Estados Unidos de América los que han sido afectados por el impacto devastador de la megatormenta Sandy.

Ante esto hacemos un llamado y un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que de inmediato ponga en acción a la embajada de México en Washington y a los consulados en la región noreste de los Estados Unidos de América, en Raleigh, Filadelfia, Nueva York y Boston, para atender a nuestros paisanos que están sufriendo por la tragedia en este momento, y que sufrirán aún más durante la recuperación en los días posteriores.

La reconstrucción y la reactivación de los servicios y de las actividades económicas tomarán muchos días, sino es que semanas y pondrán a miles de compatriotas en una situación delicada.

En el momento de las tragedias causadas por fenómenos naturales es cuando se debe mostrar toda la fuerza del Estado, y la nación mexicana se extiende más allá de nuestras fronteras.

La comunidad de mexicanos que viven en los Estados Unidos de América merecen y exigen la atención inmediata de las autoridades mexicanas. A pesar de todas las medidas de precaución que tomaron los Estados Unidos de América antes de la tragedia y a pesar de las evacuaciones masivas, hay reportes de severos daños, hay reportes de daños económicos, reportes de daños a las vías de comunicación, pero sobre todo, reporte de daños a la economía de los Estados Unidos de América.

El grupo legislativo del PRI reitera su solidaridad con el pueblo y gobierno estadounidense y hace un urgente llamado. Nuestros compatriotas que viven en esos estados requieren la atención inmediata del gobierno mexicano; la Embajada de México en Washington y los Consulados mexicanos en el noreste de Estados Unidos de América tienen una gran responsabilidad hoy ante los estragos que causó la tormenta Sandy. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.

AGUAS SUBTERRANEAS

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día, de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Abraham Montes Alvarado, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que otorgue facilidades administrativas para la regularización de concesiones no renovadas de usuarios de aguas subterráneas que realicen actividades de carácter agropecuario, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Abraham Montes Alvarado:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputadas y diputados, en las últimas sesiones he visto la muy justificada preocupación de todos nosotros por el robo de hidrocarburos mediante la ordeña de los ductos de Pemex.

Permítanme comentarles sobre otra ordeña también de un bien propiedad de la nación, y me refiero al agua, la que se utiliza en todo el país mediante concesiones otorgadas por el gobierno federal, concretamente a través de la Comisión Nacional del Agua.

En México hay 653 acuíferos, 120 mil millones de metros cúbicos es el volumen de agua concesionada y de éstas, el 30 por ciento de las concesiones están vencidas.

Vengo del estado de Chihuahua, que se caracteriza por ser un desierto exportador de agua; les comento que exportamos el 63.3 por ciento de todos los escurrimientos que caen en el estado, recibimos a cambio solamente el 2.3 por ciento, esto nos genera una gran dependencia de las aguas subterráneas. Dependemos en más del 62 por ciento para poder cultivar 350 mil hectáreas de riego por bombeo.

Para la extracción de agua a través de bombeo en pozos profundos necesariamente se requiere una concesión, conforme lo establece el primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Aguas Nacionales.

En Chihuahua se han emitido 12 mil 400 títulos de concesión, 18 por ciento están vencidos, otros vigentes, pero los beneficiarios no han renovado o tramitado la renovación oportunamente conforme lo establece el artículo 24 de la ley nacional de agua (Ley de Aguas Nacionales), que señala que las concesiones serán objeto de prórroga, siempre y cuando el beneficiario lo solicite dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento. También observa la ley que quien no lo solicitare dentro de los plazos mencionados se considera como renuncia al derecho de la prórroga.

En el 2002, el Ejecutivo federal expidió un decreto para otorgar facilidades para regularizar las concesiones. No logró resolverse el problema.

Actualmente hay escasez de agua, dependencia del agua subterránea, pérdida de agua por contaminación, falta de agua por sequía, existen concesiones apócrifas, pozos clandestinos; solicitudes de regularización, sin respuesta de parte de la Conagua; extracción de agua, sin orden y sin medición, que han llevado a los productores a escenarios de enfrentamientos, sin que las autoridades responsables hagan lo necesario por resolver el problema.

Ante la lamentable actuación de la Conagua en el país y particularmente en el estado de Chihuahua tenemos que plantear la urgencia de que la administración del agua se realice con la óptica de manejar el insumo más importante para la vida y para la producción agropecuaria.

La administración del agua debe dejar de ser un espacio de corrupción que nos perjudica a todos. La Conagua debe dejar de repartir culpas, debe de empezar a asumir su responsabilidad en el otorgamiento de las concesiones.

Hay que iniciar el proceso de identificar y de informar a la sociedad sobre concesiones vigentes, vencidas, apócrifas y sobre las sí legales, así como sobre todo aquellos pozos que hoy operan de manera clandestina.

Por eso, expongo ante esta soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución. Puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en términos similares al decreto por el que se otorgan facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agropecuario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2002, se otorguen las mismas facilidades a los productores agropecuarios que tienen sus concesiones vencidas y las que se encuentran dentro del límite de seis meses o menos, antes de su fecha de caducidad.

Segundo. Se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, para que la prórroga que se refiere al primer punto de esta proposición tenga un plazo de 180 días naturales, para que dicho beneficio administrativo sea atendido por parte de las autoridades del agua y los concesionarios de pozos agrícolas y pecuarios.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que de manera inmediata atienda y resuelva, en el marco de la legalidad, las demandas de los ciudadanos productores agropecuarios y ejidatarios del estado de Chihuahua.

Compañeras y compañeros, diputadas y diputados, si no queremos que se reproduzca la violencia, la guerra que vemos en otras partes del mundo por el petróleo, que no se reproduzca por el agua, entonces es hora de que asumamos nuestra responsabilidad y hagamos lo que nos corresponde y hacer lo necesario. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar facilidades administrativas para la regularización de concesiones no renovadas de usuarios de aguas subterráneas que realicen actividades de carácter agropecuario, a cargo del diputado Abraham Montes Alvarado y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados federales por el estado de Chihuahua, Abraham Montes Alvarado, Kamel Athié Flores, Minerva Castillo Rodríguez, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Luis Alfredo Murguía Lardizábal y Diana Karina Velázquez Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, 65, 76, 79, numeral 2, fracción III; 82, 100 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

I. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 establece que dentro de la misión de la Administración Pública Federal, se encuentra la de considerar al desarrollo humano como eje rector de su acción, diseñando e instrumentando políticas públicas que den lugar a un desarrollo económico dinámico, incluyente y en armonía con la naturaleza, asegurando a las generaciones futuras, la existencia de los recursos naturales, reconociendo para ello la importancia de contar con elementos confiables que permitan elaborar el mejor manejo integral de dichos recursos;

II. Que la Ley de Aguas Nacionales, vigente a partir de 1992 y reformada en el 2004, consagró un nuevo marco jurídico para una mejor regulación de la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, que bajo criterios de interés social permitiera su distribución, control y la preservación de su cantidad y calidad, a fin de lograr el desarrollo integral y sustentable del recurso hidráulico, determinándose por dicho ordenamiento que la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales únicamente podría realizarse mediante el otorgamiento de concesiones o asignaciones por parte del Ejecutivo federal;

III. Que por tanto, quienes se encontraban explotando, usando o aprovechando aguas nacionales, quedaron en aptitud de solicitar la concesión respectiva o de intercambiar los documentos en que sustentaban su derecho por el correspondiente título de concesión o de asignación de aguas nacionales, para así adecuar su situación a la nueva legislación, lo que además otorgó la posibilidad a las autoridades de contar con mayores elementos para una mejor determinación de la disponibilidad de las aguas nacionales;

IV. Que es principio fundamental del Programa Nacional Hidráulico 2006-2012 fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola para elevar y extender la competitividad del país, a efecto de desarrollar y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población rural, ampliando las oportunidades para los grupos vulnerables de las comunidades indígenas y de todos aquellos enclavados en las zonas de riego a través de la extracción de aguas del subsuelo.

V. El estado de Chihuahua está localizado en la región hidrológico-administrativa Río Bravo, considerada como de fuerte presión sobre el recurso hídrico, ya que del volumen total de agua concesionada, el 78 por ciento está garantizado y el 22 por ciento restante depende de las precipitaciones o retenciones de agua y que a falta de ellas, genera una fuerte crisis entre los productores por la falta de agua.

La disponibilidad natural media de la subregión Conchos-Mapimí a 2005 era de 4,062 millones de metros cúbicos al año y la disponibilidad natural media per cápita era de 1,516 metros cúbicos/habitante/año, que equivale al 33 por ciento del promedio nacional.

El estado utiliza 5,144 millones de metros cúbicos/año, de los cuales el 89.2 por ciento son para uso agropecuario, 9.2 por ciento para uso público urbano, 1.0 por ciento para industria autoabastecida y 0.5 por ciento para termoeléctricas.

Aguas subterráneas

El agua subterránea del estado representa el 62 por ciento del abastecimiento, lo que lo convierte en el segundo estado del país con mayor extracción de agua de acuíferos. De los 61 acuíferos estatales, 17 están sobreexplotados y coinciden con las principales zonas agrícolas del estado de Chihuahua, el déficit total de agua subterránea en el estado es de 856 millones de metros cúbicos/año.

VI. Como es del conocimiento de todos, el estado de Chihuahua al igual que otras entidades de la república, requiere de la extracción de agua subterránea para atender la demanda total hídrica, necesaria para el establecimiento y desarrollo de los cultivos anuales y perenes  cuya producción es por el orden de 1.2 millones de hectáreas, en la entidad.de las cuales 500,000 hectáreas son de riego y el resto son de temporal, dentro del concepto de riego, destacan 150,000 hectáreas de aguas superficiales y aproximadamente 350,000 hectáreas se explotan con aguas del subsuelo.

La agricultura tiene la mayor participación económica en el estado, teniendo como principal mercado, la producción del cultivo de la manzana, algodón, nuez, maíz, cebolla, papa, alfalfa, durazno y chile.

VII. Caso especifico las especies perenes preferentemente frutales, requieren como el cultivo de Nogal, el liquido vital durante todo el año y periodos productivos que van de los 30 a 60 años.

Esta situación se acentúa grandemente, debido a la sequia extrema que se presenta en los últimos dos años y que afecta a más de 22 estados de la república, cuya falta de agua en algunos casos,  ha puesto en riesgo la sobrevivencia de la población.

VIII. Es evidente que para la extracción de agua a través de bombeo en pozos profundos, se requiere de una concesión, conforme lo establece el primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, misma que dispone lo siguiente:

El termino de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, no será menor de cinco ni mayor de 50 años.

IX. Cabe destacar que en la entidad se presenta una problemática al igual que en otras entidades del país, en relación a las concesiones otorgadas.

En Chihuahua, de los 12,400 títulos de concesión de pozos agrícolas, con un volumen total concesionado de 2,556,107,369 metros cúbicos/año, además de 896 títulos del ramo pecuario, en un 18 por ciento las concesiones están vencidas, otras de las veces las concesiones están vigentes, pero los beneficiarios no tramitaron la renovación oportunamente, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, que a la letra señala:

Articulo 24. ...

Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo II del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al termino de su vigencia al menos seis meses antes de su vencimiento.

La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considera como renuncia al derecho de solicitar la prorroga.

...

...

X. Como es conocido por todos, existen antecedentes de un decreto por parte del Poder Ejecutivo federal, expedido en febrero de 2002, donde se otorgaron facilidades administrativas por parte del ejecutivo federal para la regularización de concesiones vencidas y condonación de multas y no aplicar las sanciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento por no contar con los títulos de concesión siempre y cuando los usuarios agrícolas de aguas nacionales regularizaran su situación administrativa.

XI. No obstante el acuerdo anterior, la problemática sobre las concesiones no ha cambiado nada, al contrario el problema se ha agravado, quizás por falta de difusión de los programas emitidos por la Conagua, o en otros de los casos, por la ubicación de los beneficiarios concesionarios de los pozos, que al residir en el lugar de las áreas de cultivo se les dificulta llevar a cabo las gestiones para tener actualizado los registros de las vigencias de sus pozos.

XII. En los últimos meses, el estado de Chihuahua se ha resentido una fuerte sequía que ha derivado en la disminución del caudal del Río del Carmen y del volumen de la presa Las Lajas, por lo que desde junio productores rurales de los municipios de Namiquipa, Buenaventura y Ahumada iniciaron una serie de acciones en la cuenca del Río del Carmen debido a que algunos colonos menonitas han sido beneficiados con aprovechamientos ilegales del agua por parte de autoridades federales.

XIII. Lamentablemente, el 22 de octubre en el municipio de Namiquipa, Ismael Solorio Urrutia y su esposa, Manuelita Solís Contreras, dirigentes de El Barzón Chihuahua, fueron asesinados en un contexto en donde miembros de organizaciones campesinas y ejidatarios mantienen diversas controversias con un grupo de menonitas por el aprovechamiento ilegal del agua, la defensa del agua del semidesierto y la conservación de los acuíferos.

XIV. Finalmente, es menester señalar que diferentes entidades y regiones del país, los productores que tienen sus concesiones vencidas están enfrentando la misma problemática, por lo que es preciso darles respuesta urgente y solidarizarnos con ellos.

Por lo anteriormente expuesto, comparezco ante esta soberanía para poner a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en términos similares al decreto por el que se otorgan facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agropecuario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2002, se otorguen las mismas facilidades a los productores agropecuarios que tienen sus concesiones vencidas y las que se encuentran dentro del límite de seis meses o menos antes de su fecha de caducidad.

Segundo.Se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que la prorroga a la que se refiere el punto primero de esta proposición tenga un plazo de 180 días naturales, para que dicho beneficio administrativo sea atendido por parte de las autoridades del agua y los concesionarios de pozos agrícolas y pecuarios.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a efecto de que de manera inmediata atienda y resuelva, en el marco de la legalidad, las demandas de los productores agropecuarios y ejidatarios en el estado de Chihuahua.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputados: Abraham Montes Alvarado, Faustino Félix Chávez, J. Pilar Moreno Montoya, Gabriel Gómez Michel (rúbricas).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado. En términos del 100, pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Francisco González Vargas(desde la curul): Quiero suscribir el punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues mire, si lo vota a favor lo está usted suscribiendo, pero bueno, si no tiene inconveniente el proponente, que anda acá. ¿No tiene inconveniente en que se sume el diputado?

El diputado Abraham Montes Alvarado(desde la curul): Ninguno.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ningún inconveniente. A ver, pregunte la Secretaría a la asamblea.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que esta Presidencia no tiene registrados oradores... Sí tiene registrados oradores. Tiene el uso de la voz don Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está a favor de apoyar a los productores agropecuarios debido a que es importante que las actividades productivas del campo sirvan como palanca del desarrollo nacional.

En 1992 el gobierno mexicano tomó la decisión de cambiar la política agropecuaria. Con dicha medida, el Estado poco a poco se retiró de las actividades de apoyo y fomento al desarrollo humano, modificando el marco legal y creando nuevos esquemas de asociación y de apertura de espacios al capital privado. De ese modo, los productores agropecuarios no han podido incorporarse del todo al desarrollo nacional ante la falta de proyectos rentables.

En ese orden de ideas, notamos que el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 establece dentro de la misión de la administración pública federal que se considere el desarrollo humano como eje rector de su acción.

En teoría el marco jurídico cambió para mejorar la regulación del uso, explotación y aprovechamiento de las aguas, que bajo criterios de interés social permitiera su distribución, control y la preservación de su cantidad y calidad, a fin de logar el desarrollo integral y sustentable del recurso hidráulico.

Pero diversas situaciones, muchas de ellas omisiones de parte del Ejecutivo federal, tienen al estado de Chihuahua en una grave crisis.

En días recientes, el estado de Chihuahua ha sufrido protestas recurrentes porque los productores manifiestan que se incumplió un acuerdo firmado apenas el pasado mes de septiembre por el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien supuestamente se comprometió a enviar personal, recursos y vehículos para clausurar los pozos y aprovechamiento de agua explotados ilegalmente por agricultores menonitas en la cuenca del río del Carmen y el acuífero de Santa Clara, lo que afecta a siete municipios de la región.

En Nueva Alianza tenemos presente al desarrollo sustentable como herramienta que coadyuva al pleno desarrollo de México; es por ello que entendemos las necesidades de los productores chihuahuenses, quienes piden facilidades administrativas para renovar sus concesiones vencidas o que se encuentran en el límite de su fecha de caducidad y más que nada, exigen justicia.

Con el eventual otorgamiento de las facilidades administrativas por parte del Ejecutivo, los productores se podrán acoger a los beneficios que otorgue el decreto respectivo. En otras palabras, las personas físicas o morales que no cuentan con título de concesión, expedido por el gobierno federal, y que han venido explotando, usando o aprovechando en fechas recientes aguas nacionales para actividades agrícolas, en las diversas zonas del estado, se verán enormemente beneficiadas al contar con certeza y seguridad jurídica en su regularización.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el agua es un recurso que a pesar de ser vital es escaso, por lo que debe ser administrado con eficiencia y sobre la base de un conocimiento real de los volúmenes de disponibilidad de aquellos que se encuentran en explotación. No esperemos a que llegue una nueva sequía y ponga en peligro —concluyo, presidente— la seguridad alimentaria del estado de Chihuahua; debemos solidarizarnos con los productores, quienes llevan varios años pidiendo facilidades administrativas y el gobierno federal no ha atendido sus demandas.

Por lo anterior, nuestro voto es a favor del presente punto de acuerdo en los términos del proponente. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado. Doña Lilia Aguilar Gil, del PT, tiene el uso de la voz.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Como llamada telefónica, señor presidente. Con la venia del pleno. Como todos ustedes saben, la agricultura en el estado de Chihuahua posee la mayor participación económica a nivel nacional.

La generación del cultivo de productos, como la cebolla, el maíz, la manzana, el algodón, la papa, la alfalfa y la nuez, entre otros, son algunos de los principales productos que ofrece el estado al mercado nacional e internacional y que representa una de las actividades económicas principales de los ciudadanos chihuahuenses y como consecuencia, el sostenimiento de miles de familias de este estado.

Para la producción de estos productos y como parte de la cadena de la ganadería, se debe hacer más eficiente y sustentable la explotación de mantos acuíferos subterráneos. Esto también es menester para garantizar el consumo de los habitantes de esta entidad, así como de otras de la República Mexicana, y su abasto depende en gran parte de la extracción del agua de estos pozos.

Es necesario decir que para la producción agrícola Chihuahua ya está en condiciones de déficit de abasto; de los 61 mantos acuíferos del estado, 20 de ellos ya se encuentran sobreexplotados y se calcula que dicho déficit de agua, proveniente del subsuelo, asciende a los 900 millones de metros cúbicos cada año.

Existe una necesidad de generar condiciones técnicas óptimas, que garanticen la obtención sustentable del agua —como ya lo mencioné anteriormente— para el consumo humano y para el uso agropecuario.

Pero las normas legales muchas veces imposibilitan su explotación, por el desconocimiento que tiene de éstas la mayoría de la población; no saben que el gobierno federal tiene la obligación de dar la orientación y regularizar las concesiones para la explotación de pozos y sistemas de riego alimentados con esta agua.

Compañeros y compañeras diputadas, en este sentido debemos de hacer énfasis de que la demanda de los dueños de las concesiones exige el apoyo y orientación por parte del gobierno y de las autoridades administrativas del estado para regularizar las concesiones del líquido vital.

Lo anterior serviría para lograr dar un patrón confiable y evitar la sobreexplotación de los mantos acuíferos, que inclusive —como veremos más adelante— ha cobrado vidas humanas, garantizando el abasto del agua y la sustentabilidad del ecosistema, y para nosotros, de nuestra comunidad.

Aunado a lo anterior, es necesario que las autoridades implementen una estrategia mediática para informar los programas de actualización y regularización de concesiones para productores agropecuarios y consumidores comunes. Con ello la población usuaria puede obtener un nuevo término para el aprovechamiento, mismo que hasta la fecha se otorga por un periodo no menor de cinco años ni mayor a los 50, bajo el nuevo esquema de regularización.

Es por esto que para los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del PT es de suma importancia que el gobierno del estado de Chihuahua y Conagua resuelvan los problemas administrativos e inicien la regularización de las concesiones de pozos de agua; lo anterior daría solución a la demanda de miles de personas, quienes dependen de tan importante fuente de abastecimiento para seguir con sus actividades asociadas al campo y la ganadería.

Por las razones antes expuestas, votaremos a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano:Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados, el posicionamiento de Movimiento Ciudadano es a favor de esta propuesta.

Cabe resaltar que en la problemática que se presenta en Chihuahua tiene gran responsabilidad Conagua, debido a que su capacidad administrativa para atender la problemática no fue suficiente, por lo que ahora no se puede decir que Conagua se lava las manos ante el conflicto que se está presentando, es responsable de lo que ocurre en Chihuahua y de lo que pueda seguir ocurriendo.

Por lo tanto, Movimiento Ciudadano se une a este punto de acuerdo y toma con mucha seriedad la propuesta que hace el compañero diputado Montes Alvarado.

De acuerdo con el último reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de no cambiarse las políticas de manejo y cobro del agua, México va a enfrentar niveles de escasez, de medios a severos, en las próximas cuatro décadas.

En la parte norte del país en la actualidad la falta de lluvias han afectado a mil 200 municipios, en los estados como Jalisco, Michoacán, Coahuila y Chihuahua, donde los pequeños ejidatarios, quienes dependen de la siembra de temporal, se han visto afectados por el estiaje que ha sido catalogado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como el más seco en 71 años.

Según datos de la FAO, esta actividad —la actividad agropecuaria— utiliza hoy el 70 por ciento del agua que se extrae, comparado con el 20 por ciento de la industria y el 10 por ciento que es utilizado para usos domésticos.

Por ello y debido a la utilización fundamental de este recurso, los productores agrícolas de todo el país se ven afectados por una falta de comprensión de los distintos trámites administrativos que proporciona la Comisión del Agua, en cuestión de títulos de concesión, asignación, vencidos de los recursos hidráulicos.

Cabe señalar que el presidente de la República firmó el decreto de prórroga, publicado el 27 de febrero de 2008, que otorga facilidades administrativas para que los beneficiarios de los 41 mil 814 títulos vencidos en el periodo 2004-2007 y los 51 mil 265 adicionales cuyo vencimiento se previó durante 2008 para que se llevara su actualización respectiva.

Estos rezagos demuestran la falta de capacidad de Conagua para llevar adecuadamente sus procedimientos de información, atención y promoción de regularización de los pozos de agua.

En Movimiento Ciudadano creemos que en realidad el problema va más allá del asunto entre particulares y la tramitología de la dependencia, pues implica el uso de un bien de indiscutible importancia social y fundamental para la sustentabilidad de la región y del país, por lo que se debe de implementar un programa emergente que coadyuve a solucionar la problemática que enfrentan los titulares de las concesiones de pozos de uso agrícola en Chihuahua y en todo el país, de pozos de uso agrícola y para el consumo humano, pero cuidando siempre la atención a la problemática de escasez del agua para que se utilice con responsabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, nuestro grupo parlamentario vota a favor del punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, tiene el uso de la palabra.

El diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo:Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados; si bien el agua representa un factor fundamental para las actividades agropecuarias, ésta debe de ser tratada de manera eficiente, permitiendo su distribución, control y preservación de su cantidad y calidad para seguir aportando productividad al sector primario.

Es por eso que en 1995 se emitió un decreto, mediante el cual se determinó que la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales únicamente podría realizarse mediante el otorgamiento de concesiones o asignaciones por parte del Ejecutivo federal.

Se dieron facilidades para quienes hicieran uso del recurso, obtuvieran su título de concesión respectivo regularizándose asimismo el número de usuarios.

Sin embargo, no todos los que hicieron uso del recurso obtuvieron dicho título, por lo que en febrero del 2002, mediante decreto, se otorgaron facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realizaran actividades de carácter agrícola.

Es por ello y aunado a una necesidad constante de los productores agropecuarios de este vital líquido para llevar a cabo sus actividades, ya que este hecho representa un desafío para el sector.

Nos sumamos al exhorto al Poder Ejecutivo para que en términos similares al decreto del 4 de febrero de 2002, se otorguen facilidades a los productores agropecuarios que tienen concesiones vencidas y los que se encuentran dentro del límite de seis meses o menos antes de su fecha de vigencia. Asimismo se solicita al Ejecutivo federal para que la prórroga a la que hace referencia el anterior punto tenga un plazo de 180 días naturales para que el beneficio sea atendido por las autoridades del agua y los concesionarios de pozos agrícolas y pecuarios.

Por último, nos sumamos al exhorto a la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que de manera inmediata atienda y resuelva, en el marco de la legalidad, las demandas de los ciudadanos productores agropecuarios ejidatarios, no solo del estado de Chihuahua, sino de todas nuestras entidades federativas que aportan de manera significativa producción de cultivos a todo el país, a pesar de tener dificultades para incentivar el sector. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Amílcar. Don Antonio García Conejo, del PRD, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Antonio García Conejo:Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores, hablar del agua no es un tema sencillo, estamos hablando de lo más elemental de la humanidad.

El acuerdo que se propone a esta asamblea puede repercutir en la disponibilidad futura del agua en una amplia región del país, lo que nos obliga a expresar una proposición razonada y además ofrecer una alternativa sensata a la problemática del agua en el estado de Chihuahua.

En primer lugar, debemos considerar que en el norte del país existe una sobreconcesión de los distintos usos del agua, lo que se ha convertido en un factor de sobre explotación de este vital recurso.

En segundo lugar, no debemos olvidar que la Ley de Aguas Nacionales obliga al Ejecutivo federal a publicar estudios de disponibilidad de las aguas subterráneas, acuífero por acuífero, región por región, al menos cada tres años, para poder ampliar, prorrogar o restringir el régimen de concesiones. Lamentablemente el Ejecutivo federal ha sido omiso en el cumplimiento de esta obligación, agravando los conflictos por el agua en nuestro país.

Lo anterior implica que sin estudios de disponibilidad estaríamos concesionando a ciegas un recurso que se presume escaso y ha generado problemas, agravando los conflictos violentos entre ejidatarios y usuarios de riego.

En tercer lugar, debemos revisar el artículo 107 de la Ley de Aguas Nacionales, que regula la terminación de una concesión, ya sea por vencimiento del plazo establecido o por resolución judicial, por revocación del incumplimiento, en una serie de casos que prevé la ley. Dicho punto de acuerdo, en su petitorio primero, no especifica en qué caso concreto se otorgaría esa facilidad administrativa o flexibilidad en la ley. No debemos disfrazar una buena causa y propiciar legalizar lo ilegal. Ante la falta de precisión jurídica podríamos cometer un error intentando beneficiar al sector agropecuario, pero ocasionando un serio problema de inequidad para el acceso a este vital recurso.

Un cuarto argumento, es que lo que se observa en algunas zonas del estado del Chihuahua, mismas que han permanecido de manera inexplicable como zonas de libre alumbramiento y esta falta de regulación, ha generado mayores conflictos por el agua.

Consideramos necesario, urgente e inaplazable el que el Ejecutivo federal establezca zonas reglamentadas y zonas de veda, como lo prevé el artículo 18 de la Ley de Aguas Nacionales.

Los compañeros promoventes aluden al decreto de prórroga del 2002; sin embargo, no han mencionado que en el 2007 esta misma soberanía estableció un artículo transitorio para determinar una prórroga para regularizar título de concesión.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, una proposición de nobleza incuestionable podría convertirse en un factor que multiplique los conflictos por el agua en el estado de Chihuahua.

De ningún modo nos oponemos en forma alguna a establecer medidas y políticas que beneficien a nuestros agricultores, pero de ningún modo podemos fomentar de manera irresponsable la sobreexplotación de este recurso.

Si los promoventes —termino, señor presidente— están de acuerdo, podríamos reformular el exhorto a la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que publique a la brevedad los estudios de disponibilidad del acuífero, las zonas de veda, que ya están establecidas como zonas reglamentadas para el aprovechamiento y explotación de las aguas en el estado de Chihuahua.

De este modo y bajo esta propuesta estaremos propiciando, además, algo muy importante y que hace falta en Chihuahua y en todo el país: la equidad en el acceso a este vital líquido, que es el agua. Por su atención, muchísimas gracias, señor presidente.

Preguntaría, le rogaría que preguntara al promovente si está de acuerdo. Creo que sería algo muy importante; la fracción de Partido de la Revolución Democrática estaría a favor, siempre y cuando se estableciera esta parte que nosotros estamos proponiendo. Muchas gracias, señor presidente, por su tolerancia.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Más bien le vamos a rogar, con toda atención y cortesía, nos haga favor usted de hacer el trámite con ellos y me lo regresa firmado por el enlace del PRI, que es el partido promovente, y con mucho gusto consultamos a la asamblea.

Doña María Concepción Ramírez Díez Gutiérrez, del PAN, tiene el uso de la voz.

La diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez:Con su permiso, señor presidente. La relevancia del recurso del hídrico nos conduce a la sociedad, a los sectores económicos y a los órdenes de gobierno a que seamos responsables en su protección y aprovechamiento sostenible.

En el tema referente a la regularización y actualización de concesiones de aguas nacionales es fundamental tomar en cuenta lo mandatado en la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, así como lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control se den en un marco de desarrollo integral sustentable.

A razón de lo anterior es que el Ejecutivo federal, por medio de la Comisión de Agua, otorga concesiones que tienen por objeto que el uso de las aguas nacionales, superficiales o de subsuelo, se realice de manera adecuada.

La Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 24, da lugar a que las concesiones o asignaciones sean objeto de prórrogas, y si bien durante el periodo enero-diciembre de 2011 este tipo de movimientos fue significativo, con un número de prórrogas reportadas como inscritas de 22 mil 440, ha sido motivo de dificultad estar al corriente en esta materia.

En este sentido, es fundamental fomentar en los usuarios la importancia de dar seguimiento a lo que mandata la ley en materia de títulos de concesión, asignación, permisos de aguas nacionales y prórrogas. Lo anterior además representaría un beneficio para los productores, si tomamos en cuenta que la disposición de títulos vigentes les permite acceder a diversos apoyos gubernamentales a través del cumplimiento de requisitos de programas presupuestarios, tales como Procampo, Tarifa Eléctrica Preferencial y otros.

Por lo antes expuesto, los diputados de Acción Nacional estamos a favor de que los usuarios de aguas nacionales de todo el país que realicen actividades de carácter agropecuario, regularicen y actualicen concesiones, a fin de que obtengan de esta manera certeza jurídica en el derecho público a usar y a explotar y aprovechar los recursos hídricos de la nación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, doña Concepción. Doña Rosalba de la Cruz Requena, del PRI, tiene el uso de la voz.

Esta Presidencia le recuerda al diputado García Conejo, que esperaremos la propuesta firmada por el enlace del PRI, de tal suerte que la haga propia, para estar en condiciones de preguntar a la asamblea.

La diputada Rosalba de la Cruz Requena:Con la anuencia del señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la proposición presentada por el diputado Abraham Montes Alvarado resulta en estos momentos de la mayor importancia, no solo para el estado de Chihuahua, sino para las diferentes entidades federativas, entre ellas mi estado de Tamaulipas.

Los efectos devastadores de los fenómenos climatológicos, particularmente la sequía que enfrentamos por segundo año consecutivo, hace indispensable tomar una serie de medidas en apoyo a los productores del sector agropecuario, quienes requieren de la extracción de agua subterránea para atender la demanda total hídrica necesaria para el establecimiento y desarrollo de sus cultivos anuales.

Es preciso dejar en claro que las acciones que se realicen a favor del sector impactan en las economías familiar, regional y nacional; de ahí la importancia del punto de acuerdo que hoy nos ocupa.

En razón de lo anterior, resulta oportuno que esta soberanía, desde el ámbito de su competencia, instrumente las gestiones necesarias, a efecto de que se otorgue una prórroga de 180 días naturales a los concesionarios de pozos agrícolas y pecuarios cuyas concesiones estén vencidas o por vencer, a efecto de que se regularicen a la brevedad, sin que ello implique un perjuicio para sus actividades.

La posición favorable al punto de acuerdo a discusión contempla, no solo la pertinencia de decretar la prórroga señalada, sino, desde luego, la necesidad de atender integralmente las demandas del sector y posibilitar que hagan efectivo sus derechos y cumplan con sus obligaciones en el marco de la legalidad y la transparencia.

El país, señoras y señores legisladores, presenta graves problemas, entre los que destaca la violencia en sus diferentes modalidades; por ello es menester que desde las instituciones del Estado se haga lo conducente, a efecto de atender las necesidades y legítimas demandas ciudadanas en el marco de la legalidad y la transparencia, a efecto de dotarlos de certeza jurídica, así como de seguridad para legitimar las acciones de las autoridades que abonen a la gobernabilidad democrática. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, doña Rosalba.

Pregunte la Secretaría a la asamblea, en virtud de que no nos trajeron la comunicación, pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, permítame un segundo, porque aquí andamos corriendo. El Reglamento es muy claro, cuando hay una modificación a la proposición original tiene que venir de parte del grupo parlamentario promovente y éste no viene, porque lo está presentando don Antonio García Conejo, me lo tiene que presentar el PRI, porque es el grupo parlamentario proponente. No es un capricho ni es una burocracia.

A ver, don Abraham Montes, sonido.

El diputado Abraham Montes Alvarado(desde la curul): Presidente, la propuesta que hizo el diputado —la comentamos—, es en el mismo sentido, amplía la propuesta, la mejora y estamos totalmente de acuerdo, solo permítanos hacer la redacción correspondiente aquí en la fracción para poder entregarle el documento, pero está acordado que se acepta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Nada más que el tiempo corre, inexorablemente. A ver, denle lectura, por favor, al documento.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Que la Comisión Nacional del Agua publique a la brevedad los estudios de disponibilidad de los acuíferos subterráneos.

Segundo. Que el Ejecutivo federal a través de la Comisión Nacional establezca zonas reglamentadas y zonas de veda para el aprovechamiento y explotación de las aguas en el país, de conformidad a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de Aguas Nacionales.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ustedes entenderán que no podemos continuar con el proceso parlamentario de esta naturaleza. Si el PRI hace propia esta propuesta la sometemos a la consideración de la asamblea; si no...

Permítanme. A ver, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Abraham Montes Alvarado(desde la curul): Señor presidente, como una adición a la propuesta, sí. No que sustituya la propuesta que nosotros presentamos, solo como una adición.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, ustedes entenderán que estoy obligado a pedirle a la Secretaría que someta a la consideración del pleno la propuesta original del partido proponente.

Vamos a pasar a una siguiente proposición con punto de acuerdo e inmediatamente, cuando ustedes me avisen y tenga una propuesta firmada por el enlace acreditado del PRI, lo sometemos a la consideración.

Honorable asamblea, esta Presidencia informa a la asamblea que el día de hoy se vence el término para que los legisladores informemos a la autoridad competente de nuestra situación patrimonial. Esta Presidencia les recuerda, de tal suerte de no vernos expuestos a alguna infracción de carácter administrativo por omisión de cumplir con este importante compromiso de transparencia, de conformidad con los artículos reglamentarios correspondientes.

FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se le concede el uso de la palabra a don David Pérez Tejada, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que constituya el Fondo para el Cambio Climático, previsto en la Ley General de Cambio Climático, antes del 6 de diciembre.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, es de todos conocido que el cambio climático representa una de las amenazas más fuertes e intensas de la humanidad.

De acuerdo a información del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, celebrado en el 2001 por el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés, la temperatura media en la superficie de la tierra ha aumentado en 0.6 grados centígrados desde 1860, aspecto que puede ser 10 veces más rápido en este siglo.

Asimismo se postula que existe evidencia que identifica que el factor más importante en el incremento de la temperatura a nivel global, en estos últimos 50 años, es a consecuencia de la actividad humana.

Es por esto que si no se revierte esta situación mediante la aplicación de mecanismos eficaces que garanticen una nueva concepción de desarrollo, el futuro que nos espera como humanidad será desastroso, toda vez que habrá modificaciones irreversibles dentro de los ecosistemas, extinguiendo especies endémicas y todo ser viviente que no sea capaz de afrontar los efectos negativos ocasionados por el desarrollo humano y económico indiscriminado.

Sin mencionar que la misma existencia del ser humano se verá amenazada, toda vez que los ciclos hidrológicos serán modificados, poniendo en riesgo las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, las cosechas y la producción de ganado y de bienes para la supervivencia del ser humano.

Los países frente al cambio climático deben modificar sus operaciones y estructuras económicas para desarrollarse en armonía con el medio ambiente.

La implementación de mecanismos capaces de hacer frente al cambio son diversos y deben de ser en su carácter integrales, con el fin de establecer mecanismos de desarrollo alternos, que incluyan aspectos de desarrollo económico, científico, educativo, así como estrategias que sean coordinadas y operadas con un carácter global, inclusivo y sustentable, al inmiscuir dentro del desarrollo de estas acciones a la sociedad, el gobierno, empresas e instituciones científicas.

Para enfrentar los efectos del cambio climático existen, hoy por hoy, mecanismos como los fondos para el cambio climático, que acumulan recursos provenientes de sectores, tanto público como privado, que permiten su canalización en diversas acciones que incidan en la calidad de vida de nuestro país.

Acciones concretas, como el desarrollo de fondos que permitan la concentración y aplicación de recursos en diversas estrategias son una de las herramientas que se tienen para hacer frente a este problema. Por su tipología, los fondos para atender el cambio climático y sus efectos, se pueden clasificar en privados, públicos, nacionales y multinacionales.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo cuenta con una guía de diseño y establecimiento de fondos nacionales para alcanzar los objetivos previstos. Se han establecido en esta materia para conocer la forma en que los fondos pueden incidir en contra del cambio climático, según lo establecido dentro de este programa, algunos ejemplos como: el Fondo Fiduciario de Indonesia para el Cambio Climático, el Fondo de Bangladesh para la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático, el Fondo de China, el Fondo Fiduciario de Ecuador, el Fondo Nacional de Cambio Climático, en Brasil.

Entre alguno de los objetivos que pudieran tener estos fondos están el de la recaudación de recursos provenientes de diversas fuentes, tanto públicos como privados, su aplicación en tareas de diversa índole, mezclar las diversas fuentes de financiamiento existentes y coordinar actividades contra el cambio climático.

Es por ello que en razón de lo aquí expresado, en nombre de mi coordinador Arturo Escobar y Vega, y los que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante esta honorable Cámara de Diputados, hacemos esta proposición de urgente u obvia resolución en la que exhortamos respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que constituya el Fondo para el Cambio Climático, previsto en la Ley General de Cambio Climático, antes de su fecha límite, que es el próximo 6 de diciembre de 2012. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a constituir antes del 6 de diciembre el fondo para el cambio climático, previsto en la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Arturo Escobar y Vega, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes.

Exposición de Motivos

Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México resulta imperativo atender los efectos del cambio climático de manera urgente y tajante.

Para ello, es fundamental atender las disposiciones que establecen las leyes existentes, entre ellas la Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de junio de 2012.

Este ordenamiento establece en el capítulo VII, artículo 80, la creación del Fondo para el Cambio Climático, con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático y sus efectos, donde las acciones relacionadas con la adaptación serán prioritarias en la aplicación de los recursos existentes en el fondo.

La ley en cuestión, especifica que el Fondo estará constituido por recursos anuales, en su caso señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación y aportaciones de otros fondos públicos, contribuciones, pago de derechos, aprovechamientos, donaciones, aportaciones de gobiernos de otros países y otros que pudiera obtener previstos en otras disposiciones legales.

Los recursos de dicho Fondo serán destinados a acciones para la adaptación al cambio climático, atendiendo prioritariamente a los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del país, incluyendo proyectos que contribuyan a la mitigación y a la adaptación al cambio climático, revertiendo la deforestación y la degradación, y facilitando la conservación y restauración de los suelos para elevar la captura de carbono, implementando prácticas sustentables en todos los sectores.

Además, se prevé que el Fondo aplique sus recursos para el desarrollo y ejecución de estrategias de mitigación, conforme a las prioridades de la Estrategia Nacional, el Programa y los programas de las Entidades Federativas en materia de cambio climático.

Es importante resaltar que los recursos previstos en el fondo, podrán aplicarse en la creación de programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de información para lograr una economía de bajas emisiones de carbono.

La investigación es y será materia de la aplicación de los recursos del Fondo, para lograr los objetivos que requiera el Sistema Nacional de Cambio Climático.

La Ley General de Cambio Climático especifica que el Fondo operará a través de un Fideicomiso público, creado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

En cuanto a la integración del Fondo, este contará con un Comité Técnico presidido por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con representantes de las  secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía., Gobernación, Desarrollo Rural, Comunicaciones y Transportes, Energía, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Los efectos del Cambio Climático son latentes en nuestro país, dañan la economía y salud de las poblaciones afectadas, y representan un área urgente de atención para las autoridades.

Hoy nuestras leyes prevén un mecanismo que auxilia a aminorar los efectos del Cambio Climático, por lo mismo, resulta imperativo y urgente la creación del fondo en cuestión.

Un fondo de asistencia para el cambio climático, es de gran utilidad para financiar programas, actividades, iniciativas y medidas de transferencia de tecnología y de acción fundamentales para evitar los desastres y complicaciones del cambio climático.

Además, resulta un instrumento esencial para hacer llegar a las comunidades necesitadas los recursos que necesitan para enfrentarse a los peores efectos del cambio climático, si se crea de manera apropiada, podría proporcionar atención y recursos a aquellos que más lo necesitan.

La creación de Fondos de Cambio Climático existe en otras partes del mundo:

En el año 2010, Colombia destacó las vulnerabilidades de ese país ante este grave problema, y propuso la creación de un fondo que ayude a los países en desarrollo a enfrentar esta situación.

En ese mismo año, Brasil destinó más de 100 millones de dólares para la creación de su propio fondo de cambio climático nacional.

Al año siguiente, Nicaragua se convirtió en el primer país de Centroamérica en crear su fondo de adaptación al cambio climático.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito público a fin de que constituya el Fondo para el Cambio Climático previsto en la Ley General de Cambio Climático antes de su fecha límite,  el próximo 6 de diciembre de 2012.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.— Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Pregunte en términos del 100, la Secretaría, si se considera de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En ese caso, tiene el uso de la voz don Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza, para hablar sobre el tema.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos a favor de la constitución del Fondo para el Cambio Climático, porque entendemos la importancia de atender de manera urgente y eficaz el problema del cambio climático en nuestro país.

Es innegable la necesidad de crear un fondo que responda a dicha problemática, puesto que con éste se podrán realizar diversas acciones de mitigación y combate al fenómeno del cambio climático.

Entre las acciones más importantes que atenderá el fideicomiso —que invitamos a formalizar— se encuentran los proyectos orientados a revertir la deforestación, a propiciar la recarga de los mantos acuíferos, a impulsar la eficiencia energética, así como implementar programas de educación, sensibilización y concientización en materia de sustentabilidad.

Es necesario resaltar que ante los efectos climáticos y sus consecuencias, hoy más que nunca debemos asumir la responsabilidad de encontrar soluciones viables. Lo anterior, con el fin de reparar urgentemente los daños que se le han infringido al medio ambiente.

Conscientes de que la creación de esta ley no basta para contribuir a la solución del problema, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza exhortamos a su implementación, en particular en este caso, a observar prontamente a la constitución del fideicomiso previsto en la Ley General de Cambio Climático.

Cabe mencionar que los fondos de esta naturaleza se han creado a nivel mundial como parte de las acciones que están llevando a cabo los países en desarrollo, los cuales buscan cumplir con su obligación de reducir los daños climáticos derivado de las actividades diarias del ser humano.

Compañeras y compañeros diputados, en Nueva Alianza nuestro compromiso es con la sustentabilidad, por lo que trabajamos en beneficio del medio ambiente y buscamos acuerdos necesarios para mitigar los efectos del cambio climático; prueba de ello es nuestra agenda legislativa, que en materia de medio ambiente contempla diversas iniciativas en pro del desarrollo sustentable para México.

Finalmente, no olvidemos que somos un país privilegiado por una gran biodiversidad derivada de nuestra posición geográfica; por ello exhortamos a que se constituya el Fondo para el Cambio Climático en el menor tiempo posible y en los términos que establece el presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, don Fernando. Don José Humberto Vega Vázquez, del PT, tiene el uso de la voz.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hasta que no suceden fenómenos atípicos meteorológicos como Sandy, es como nos damos cuenta de que la naturaleza está respondiendo a las actividades y a los abusos del ser humano.

Es importante por ello también decir que la culpa, los que mayor culpa tienen en este aspecto son los países altamente desarrollados, por su modelo económico que implementó el alto consumo y por ello mismo debemos también incidir en esa parte.

Varios países para afrontar este problema han elaborado, celebrado seminarios y demás elementos para concienciar a la población y sobre todo, al modelo de desarrollo; los esfuerzos de Kioto, en 1997; de Copenhague, en el 2009, donde está el acuerdo que en el 2020 se reducirán las emisiones en un 20 o 30 por ciento, si se llegaba al acuerdo internacional.

Por otro lado, el G-8 en el que están los países más importantes y que son los verdaderos culpables de este problema tan importante que tenemos a nivel global, Estados Unidos de América, Japón, Canadá, Rusia, Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña, han reconocido, por fin, su gravedad y su participación. Esos países también se han comprometido a reducir en un 80 por ciento para el año 50, pero para el año 50 ya sería muy tarde.

Por eso es muy importante que se hagan evaluaciones cotidianas o periódicas y que de cara al 2020, verdaderamente se hagan ya compromisos para reducir estas emisiones.

En México, como sede la Reunión del Cambio Climático en el 2010, ofreció que en el 2012, de acuerdo con su política interna, se disminuirían las emisiones en 50 millones de toneladas para el año 2020 y habría una reducción del 30 por ciento; fue así que en el 2010 se instaló en esta soberanía una comisión especial con fin de dar seguimiento a la evolución de este problema.

Todas las actividades emprendidas dieron origen a que en junio del 2012 se aprobara en esta soberanía la Ley General del Cambio Climático, que en su parte conducente mandata en su capítulo VII: se deberá crear el fondo para captar y canalizar los recursos para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático.

Es fundamental canalizar recursos a la educación para que se cree conciencia sobre todo en los países desarrollados y en los de en vías de desarrollo que también siguen ese modelo depredador.

También canalizar recursos a la cultura para cambiar hábitos y sobre todo, canalizar recursos al desarrollo científico y tecnológico para que se canalicen proyectos para las energías alternativas.

Por ello —concluyo, señor presidente—– el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Zuleyma Huidobro González, del Movimiento Ciudadano, luego doña Yesenia Nolasco, luego don Ramón Sampayo y luego doña Adriana Abreu.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, señor presidente. El punto de acuerdo que discutimos el día de hoy exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la constitución de un fideicomiso que aborde el tema del cambio climático.

Si bien creemos que este intento tiene elementos rescatables, consideramos que se debió haber contemplado un requerimiento de carácter integral a las autoridades administrativas.

Esto se debe a que el fondo tiene por objeto captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, por lo que queda claro que la creación y operación del fondo constituye un eje central de la estrategia nacional de cambio climático.

No solo se debió poner énfasis en la creación del fondo para el cambio climático a que se refiere el artículo 80 de la Ley General de Cambio Climático, sino en la urgencia de adoptar una serie de medidas, acciones o políticas para procurar cuanto antes instrumentos ciertos que verifiquen y atiendan los procesos de cambio climático, así como aquellos que mitiguen las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para lograr esto es necesario acompañar a esta acción con medidas no menos importantes, como la extinción del Fondo Mexicano del Carbón por parte del Banco Mexicano de Comercio Exterior, con el afán de transferir sus funciones y sus recursos al Fondo para el Cambio Climático.

Estamos a favor de la construcción del fideicomiso, porque sabemos que el tema sobre el calentamiento global es relevante; sin embargo, en un país como México, donde se tienen 52 millones de pobres, el gobierno enfrentará a corto plazo condiciones estructurales poco favorables.

El crecimiento estimado del producto interno bruto para el 2013 es aproximadamente de 3.5 por ciento, lo cual permitirá crear —en el mejor de los escenarios— 600 mil empleos, número muy por debajo de la demanda nacional.

Asimismo podemos esperar, según declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, un incremento en los precios de los alimentos, como consecuencia de una economía mundial inestable con posibles recesiones.

No debemos olvidar que las naciones que discuten este tipo de temas, con carácter de prioritario, lo hacen porque han resuelto los problemas estructurales que aquejan a su sociedad. Exhortemos a fideicomisos de este tipo, siempre y cuando no se descuiden las problemáticas urgentes de la ciudadanía. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña Yesenia, tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos.

La diputada Yesenia Nolasco Ramírez:Con su venia, señor presidente. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el cambio climático ha dejado de ser una curiosidad científica; se ha convertido en el principal problema de nuestro tiempo y en el mayor desafío para la sociedad. Es indispensable ver este asunto como una prioridad y actuar de manera contundente en beneficio de las generaciones futuras.

En tal sentido, es importante constituir el Fondo para el Cambio Climático previsto en la Ley General de Cambio Climático cuyo artículo noveno transitorio establece lo siguiente: El Fondo para el Cambio Climático deberá ser constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus reglas de operación aprobadas por su comité técnico, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial de la Federación.

De lo anterior se desprende que tenemos hasta el 6 de diciembre para constituir el fondo referido, fecha que también es importante que se respete para que no solo se cumpla el mandato legal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino también para que obviamente esta Cámara de Diputados esté en actitud de asignarles suficientes recursos presupuestales para su operación a través del decreto del Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

En dicho sentido, el Grupo Parlamentario del PRD asume el compromiso de impulsar una propuesta razonable, además para el mes de diciembre no solo se tiene que constituir el Fondo para el Cambio Climático, sino que también debemos constituir la transferencia del antiguo Instituto Nacional de Ecología al nuevo Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que un año después, posiblemente conforme al calendario de los correspondientes artículos transitorios de esta ley, a finales del 2013 se tenga integrada la coordinación de evaluación y constituir el Consejo de Cambio Climático.

De la misma forma, hay que señalar de manera especial que el Fondo para el Cambio Climático tiene por objeto —entre otros asuntos— fungir como un mecanismo permanente de concurrencia, comunicación, colaboración, coordinación y concertación política nacional de cambio climático entre la federación, las entidades federativas y los municipios.

Conforme al artículo 40 de la ley, el Sistema Nacional de Cambio Climático estará integrada por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, el Consejo de Cambio Climático, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, los gobiernos de las entidades federativas, un representante de cada una de las asociaciones nacionales, así como de autoridades municipales legalmente reconocidas y representantes de este honorable Congreso de la Unión.

La ley es clara, dice que las reuniones del Sistema Nacional del Cambio Climático y su seguimiento serán coordinados por el titular del Ejecutivo federal, quien podrá delegar esta responsabilidad y función al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además el coordinador del Sistema Nacional de Cambio Climático deberá convocar a sus integrantes por lo menos a dos reuniones al año y en forma extraordinaria cuando la naturaleza de algún asunto de su competencia así lo exija.

Termino, señor presidente.

Por ello, se esperaría entonces una primera convocatoria del coordinador del sistema en el primer semestre del próximo año, para hacer cumplir este mandato legal.

En conclusión, el Sistema Nacional de Cambio Climático es la columna vertebral para hacer concreta esta Ley General de Cambio Climático y es urgente promoverlo para que trabajen. De hecho, esta Cámara de Diputados tiene la gran responsabilidad, ya que tiene representación en la misma.

Entonces, se trata de constituir el Fondo para el Cambio Climático, pero si no se encuentra claramente articulado a los demás componentes de la Ley General de Cambio Climático, en especial al Sistema Nacional de Cambio Climático, se corre el serio riesgo de convertirlo en un instrumento de política pública centralista y discrecional, y por lo tanto, de poca utilidad para atender los graves problemas de mitigación y adaptación  al cambio climático de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Ramón Antonio Sampayo Ortiz, hasta por tres minutos.

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional coincide plenamente con la importancia y trascendencia de la constitución del Fondo para el Cambio Climático previsto en la Ley General de Cambio Climático, antes de su fecha límite, que es el 6 de diciembre del presente año.

Al respecto, es importante precisar que dentro del artículo noveno transitorio de la Ley, se menciona de manera clara que este fondo deberá ser constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial de la Federación.

Esta nueva ley también establece, en el artículo 26, los principios que se deben de observar en la formulación de la política nacional de cambio climático, contemplando desde la sustentabilidad en el aprovechamiento o uso de los ecosistemas la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, en general, en la realización de acciones para la mitigación y adaptación a los efectos adversos del cambio climático.

Habla también de la precaución cuando haya amenazas de daños graves o irreversibles; manifiesta la adopción de patrones de producción para transitar a una economía baja en emisiones de carbono.

Habla también de la integralidad y transversalidad entre los niveles de gobierno, de participación ciudadana, de responsabilidad ambiental, de transparencia y conservación de ecosistemas y de biodiversidad, pero también deja muy en claro, como principio, el uso de instrumentos económicos para la mitigación y adaptación y la reducción de vulnerabilidad ante el cambio climático, incentivando la protección, preservación y restauración del medio ambiente, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, además de generar beneficios económicos a quienes lo implementen.

Sin duda alguna que uno de los elementos clave y uno de los principios de la política nacional de cambio climático es la prevención, ya que es el medio más eficaz para evitar los daños del medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico ante los efectos del cambio climático.

Este fondo de ninguna manera se constituirá para remendar los errores en la planeación y el crecimiento desordenado de los estados o los municipios; por eso, es importante dejar en claro, como se establece en esta Ley de Cambio Climático, que los tres niveles de gobierno deben formular su atlas de riesgos, así como el plan de ordenamiento ecológico, en donde se establezcan las zonas vulnerables, así como las medidas de prevención o remediación, antes de que los fenómenos climáticos afecten dichas zonas.

Es importante señalar que este fondo debe de contener en gran medida recursos destinados al Fondo de Desastres Naturales, ya que con medidas de prevención y adaptación eficaces se puede disminuir la operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales, así como también se pueden prever los desastres que afectan las vidas humanas.

Como un dato adicional, tan solo en el 2010 se gastó cerca de 21 mil millones de pesos en el Fonden, eso es debido en gran parte a la mala planeación del crecimiento de los municipios.

Por lo antes expuesto, la fracción del Partido Acción Nacional nos manifestamos a favor de este punto de acuerdo, por considerarlo necesario y de cumplimiento a lo establecido a la nueva Ley de Cambio Climático. Es cuanto, señor presidente, y no es mucho.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, sí es mucho su esfuerzo y su consideración. Tiene el uso de la voz doña Rocío Adriana Abreu Artiñano, del PRI, hasta por tres minutos.

Tiene usted el uso de la voz doña Adriana, que no viene precisamente con mucha prisa.

La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano:Con su permiso, señor presidente. Señores diputados, aprovecho este momento para expresar nuestra solidaridad con los pueblos de Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica, Bahamas y naciones del Caribe, donde el huracán Sandy dejó numerosas víctimas, miles de damnificados y considerables daños materiales. Desde luego, nuestro mensaje de fraternidad también al pueblo norteamericano en estos momentos.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hemos sido consistentes en el compromiso de atender los desafíos que plantea el cambio climático.

Como bien señalaron especialistas en la materia y los diputados de la LXI Legislatura durante la discusión de la ley de referencia, los retos que plantea el cambio climático son un problema de seguridad nacional.

En nuestro país millones de personas viven en zonas de riesgo, la población marginada es doblemente vulnerable, muchas familias viven en habitaciones precarias o en zonas irregulares, carentes de servicio y condiciones que potencian su fragilidad.

El año pasado quedó demostrado que el potencial de afectación sobre algunas áreas económicas, especialmente graves, comprometen aspectos críticos para el bienestar de la población, como es el abasto de alimentos y materias primas para el consumo de los mexicanos; sequías en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Heladas en el Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz. Así como inundaciones en Campeche, Colima y Tabasco.

Como en su momento señaló la comisión intersecretarial para esta materia, no existe un sector de la economía o de la población de ninguna región del país que quede al margen de los impactos negativos del cambio climático; por lo que se advierten riesgos en materia de salud, de producción de alimentos, de disponibilidad de agua, de protección a los ecosistemas, de seguridad en los asentamientos humanos y de infraestructura básica, de generación y suministro de energía, incluso, en la industria turística.

Por ello es que estamos de acuerdo en fortalecer los esfuerzos de mitigación y adaptación para reducir la vulnerabilidad del país ante fenómenos meteorológicos extremos.

Suscribimos la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Pérez Tejada, para que a la brevedad posible se constituya el Fondo para el Cambio Climático, misma que al contar con la herramienta normativa que dispone su adecuada administración dará sustento para acciones efectivas a este respecto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

AGUAS SUBTERRANEAS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar cuenta de un tercer resolutivo que teníamos pendiente, que estaban sesudamente redactándolo; de tal suerte de que la asamblea valore si se acepta a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:Punto de acuerdo. Primero...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El tercero. Solamente el tercero, por favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que de manera inmediata publique los estudios de disponibilidad de los acuíferos subterráneos y establezca las zonas reglamentarias y de veda para el aprovechamiento y explotación de las aguas en el estado de Chihuahua, de conformidad a lo establecido por los artículos 18 y 19 de la Ley de Aguas Nacionales, para con ello atender y resolver, en el marco de la legalidad, las demandas de los productores agropecuarios y ejidatarios en el estado de Chihuahua.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que hay consenso, pregunte la Secretaría si se acepta que este resolutivo pase a ser parte del cuerpo de la proposición de punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se está de acuerdo en la adición de este tercer párrafo al punto de acuerdo presentado por el diputado Abraham Montes. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora pregunte si los tres resolutivos son de aprobarse.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

ISMAEL SOLORIO URRUTIA Y MANUELA MARTHA SOLIS CONTRERAS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Lilia Aguilar Gil, del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que este soberanía expresa su más enérgica condena por el asesinato de los activistas de El Barzón, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, ocurrido en 23 de octubre de 2012.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Es una pena, señor presidente, que este punto haya quedado hasta el final, pero sin embargo estamos aquí firmes con este punto de acuerdo.

(La diputada reproduce en su teléfono celular sonido de balazos)

Esto, compañeros, para los que no saben lo que es, es un sonido muy familiar que al menos en los estados fronterizos, donde la seguridad ha menguado, se ha vuelto el pan nuestro de cada día, y esto también fue el sonido, el último sonido que escucharon el pasado 22 de octubre, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, que fueron muertos en la carretera Cuauhtémoc a Rubio, frente al campo menonita Ocho y medio, en el estado de Chihuahua.

Ismael y Manuela cumplían al pie de la latera aquel dicho de Séneca, que decía que el trabajo y la lucha social siempre llamaba a los mejores, pues tenían hasta el día de su muerte una larga trayectoria en movimientos sociales y estaban trabajando al momento en la lucha contra la sobre explotación del agua en la zona de veda del ejido de Benito Juárez y en la instalación de la mina Cascabel (Minera Cascabel SA de CV), en el municipio de Buenaventura, en la misma comunidad.

Los hechos que Ismael y Manuela denunciaban estaban relacionados con una serie de conductas irregulares que afectaban a los productores agrícolas de Chihuahua, de los que ya hemos hablado en esta tribuna; en específico la perforación de pozos profundos para sobreexplotar las reservas de agua ubicadas en el subsuelo y la cuenca hidrológica del río de El Carmen, que tiene una veda declarada desde los años cincuenta.

Escuchen bien, compañeros diputados —hablando de agua—, 400 pozos a 400 metros de profundidad por abajo del nivel freático prohibido por la normatividad ambiental. Eso era lo que peleaban Ismael y Manuela.

Igualmente encabezaban a un grupo de chihuahuenses contra la instalación de la minera Cascabel, que trabaja de forma ilegal en el municipio de Buenaventura desde hace seis años y que ésta es subsidiaria de la empresa canadiense Mag Silver, que tiene ya varias minas en el norte de este país.

Ismael, hace seis años había denunciado la compra ilegal de 40 derechos de uso común en la zona de pastoreo del ejido Benito Juárez, que ha traído como resultado la actividad ilegal de esta mina, pero además también la violencia en la zona.

Como dicen por ahí: la violencia es el recurso del cobarde. Mucho se tergiversó la información sobre este conflicto. Lamentablemente, la muy absurda estrategia contra el crimen organizado de Calderón ha permitido que hoy día cualquier persona goce de impunidad, hostigue, violente y asesine a otro sin que suceda nada, sin que se le castigue.

Ismael Solorio Urrutia ya había advertido lo que se veía venir. Antes de su asesinato, el 13 de octubre, Ismael y su hijo fueron golpeados por un grupo de personas, presuntamente vinculados con la gente de la mina el Cascabel.

Es cierto, la ola de violencia en nuestro país no tiene fin, los hechos violentos se convierten en algo rutinario; sin embargo, lo que no podemos permitir es que estas muertes sigan quedando impunes.

Compañeras y compañeros diputados, la situación que se vive en el estado de Chihuahua, con el conflicto por la perforación de pozos profundos y con la instalación de la mina el Cascabel es ya grave y ha cobrado vidas inocentes. Es por ello que es de la mayor urgencia y pedimos su voto, para que las autoridades tomen cartas en el asunto y resuelvan ambos conflictos.

Permítanme terminar, estimada asamblea y estimado presidente, repitiendo el grito de desesperación que familiares y amigos de Ismael y Manuela hicieron a las autoridades después de loa asesinatos: Uno más, cabrones, y ustedes no hacen nada. No permitamos que este grito llegue hasta esta Cámara de Diputados.

Es por lo anteriormente expuesto, compañeros, que los diputados de Chihuahua de todas las fracciones parlamentarias, solicitamos el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa su condena por el asesinato de los líderes del movimiento barzonista Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, ocurrido el 22 de octubre en el estado de Chihuahua. Asimismo exigimos se esclarezcan los hechos, se deslinden las responsabilidades y se castigue a los culpables de dicho crimen.

Segundo. La Cámara de Diputados se pronuncia porque se resuelva el conflicto derivado de la sobre explotación de los pozos en el estado de Chihuahua, con la intervención de la Comisión Nacional del Agua, para que se determine si hay conductas delictivas que perseguir y se sancione a los responsables.

Termino, presidente, con el tercer resolutivo.

Tercero. La Cámara de Diputados se pronuncia porque se resuelva el conflicto derivado de la instalación ilegal y puesta en marcha de la mina El Cascabel (Minera Cascabel SA de CV), con la intervención de la Profepa para que se pueda determinar si hay conductas delictivas qué perseguir y se sancione a los responsables.

Por su atención, compañeros diputados, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su condena por el asesinato de los activistas de El Barzón Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, ocurrido el 23 de octubre de 2012 en Chihuahua, y se solicita el esclarecimiento de los hechos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para que la Cámara de Diputados exprese su condena por los asesinatos de los activistas del Barzón Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Lamentablemente la ola de violencia en nuestro país no tiene fin. Los hechos violentos se convierten en algo rutinario y que cada vez nos sorprenden menos.

El pasado 23 de octubre fueron asesinados en el estado de Chihuahua los dirigentes barzonistas Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras.

Ellos tenían una larga trayectoria de defensa de los movimientos sociales, la cual se remonta al movimiento barzonista, que defendió a miles de mexicanos que cayeron en insolvencia producto de la crisis financiera de diciembre 1994, conocida como “el error de diciembre”.

A partir de esa experiencia, estuvieron siempre del lado de las personas necesitadas, con una actitud comprometida y solidaria.

En el momento de su muerte, estaban denunciando una serie de conductas irregulares que afectaban a los productores agrícolas del estado, en específico, la perforación de pozos profundos para sobre explotar las reservas de agua ubicadas en el subsuelo, en perjuicio de los campos de cultivo, que son alimentados a través de sistemas de riego por aspersión y por goteo.

Además, formaban parte del amplio movimiento que se opone a la instalación de la mina El Cascabel, ya que la actividad de dicha compañía generaría contaminación de los mantos acuíferos, en la misma zona donde se ubica el conflicto por la perforación de pozos profundos.

Tenemos que señalar que en ambos conflictos las autoridades han pecado de omisión y han dejado que las cosas crezcan y empeoren a un punto trágico.

Ismael Solorio Urrutia ya había advertido que el conflicto por la perforación de los pozos profundos y la instalación de la mina podría provocar hechos muy lamentables.

El pasado 13 de octubre, él y su hijo fueron golpeados por un grupo de personas, presuntamente vinculados con la mina El Cascabel, no se sabe si contratados expresamente para amedrentar a los opositores.

Ante ese hecho, los líderes barzonistas exigieron que se garantizara la seguridad de los integrantes del movimiento, particularmente la de Ismael Solorio y su familia. Hoy vemos con mucho pesar que esa exigencia no fue cumplida.

Hoy hay luto y pesar en las familias Solorio y Solís.

Compañeras y compañeros diputados, la situación que se vive en el estado de Chihuahua con el conflicto por la perforación de pozos profundos y con la instalación de la mina El Cascabel se está volviendo muy delicada, ya cobró la vida de inocentes, por lo que es de la mayor urgencia que las autoridades tomen cartas en el asunto y resuelvan ambos problemas.

Es necesario que se resuelva el problema de la sobreexplotación de pozos, porque ello está afectando a un número muy importante de productores agrícolas, sin que hasta el momento haya castigo alguno para los infractores.

Por lo que respecta a la mina El Cascabel, es necesario que se determine la afectación ecológica y medioambiental que entraña la posible puesta en marcha, sobre todo el daño que pudiera generarse en los mantos acuíferos de la zona.

Es por ello, que sometemos al pleno de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa su condena por el asesinato de los líderes del movimiento barzonista Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, ocurrido el 23 de octubre en el estado de Chihuahua. Asimismo, exige que se esclarezcan los hechos, se deslinden las responsabilidades y se castigue a los culpables de dicho crimen.

Segundo.La Cámara de Diputados se pronuncia porque se resuelva el conflicto derivado de la sobreexplotación de los pozos en el estado de Chihuahua, con la intervención de la Comisión Nacional del Agua, para que se pueda determinar si hay conductas delictivas que perseguir y se sancione a los responsables.

Tercero.La Cámara de Diputados se pronuncia porque se resuelva el conflicto derivado de la instalación y puesta en marcha de la mina El Cascabel, con la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que se pueda determinar si hay conductas delictivas que perseguir y se sancione a los responsables, y en caso de que proceda se revoque la autorización a la empresa Compañía Minera el Cascabel.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a treinta de octubre de dos mil doce.— Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Pregunte la Secretaría a la asamblea, en términos del 100, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así las cosas, tiene el uso de la voz doña Sonia Rincón Chanona.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza deplora enérgicamente el asesinato de los líderes del movimiento barzonista Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís Contreras.

Es inaceptable que las movilizaciones sociales que buscan defender intereses comunitarios legítimos sean confrontadas con la violencia.

En México ya se ha derramado mucha sangre en la lucha por los derechos de los diversos grupos sociales frente a intereses poderosos, que buscan apropiarse de recursos, territorios, bienes o espacios, que tradicionalmente han sido usufructuados por las comunidades.

En el caso del lamentable asesinato de los líderes barzonistas existe el trasfondo de conflictos por el acceso al agua, la sobre explotación de pozos para privilegiar la instalación y explotación de minas, que causan un gran daño ecológico a los mantos acuíferos.

Este conflicto se desarrolla en el marco de una de las sequías más severas que se han dado en el país en las últimas décadas, que ha afectado gravemente a la economía social y familiar de los habitantes del norte del país.

Es reprobable que en este marco las autoridades competentes hayan observado una actuación omisa, insensible, frente a los riesgos de estallido social que se pueden gestar en torno al problema del abasto y la conservación del agua.

Nadie hizo caso al escalamiento de las tensiones ni se tomaron medidas cautelares ante las amenazas presuntamente que recibieron los líderes asesinados. No es posible que la Comisión Nacional del Agua no tenga una agenda de riesgos que haga previsibles este tipo de conflictos para buscar soluciones negociadas, en donde todos los demandantes queden conformes.

Sin duda alguna es nuestro deber como legisladores apoyar el presente punto de acuerdo y de este modo ser voceros de aquellas movilizaciones sociales que han sido víctimas de la violencia por el hecho de defender sus derechos, como lo es este caso en particular.

Debemos exigir que las autoridades competentes investiguen a fondo el artero crimen de los líderes barzonistas y se aplique la ley a los responsables; si no se castiga con todo el peso de la ley este crimen se estará enviando un mensaje de impunidad a los responsables y una condena de indefensión para los luchadores sociales.

Termino, señor presidente. En nuestro grupo parlamentario vamos por la plena vigencia del estado de derecho, por la supremacía de los derechos humanos, que deben protegerse por encima de todo; estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos; reprobamos absolutamente el método de la violencia para dirimir conflictos o imponer intereses particulares. Es cuanto, diputado presidente y muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A usted. Tiene el uso de la voz don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Con el permiso de la Presidencia. Los asesinados se destacaron por su defensa de los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales del campo chihuahuense desde 1992.

Al parecer en este asesinato no son ajenos los intereses de empresas que tienen presencia en Chihuahua, como aquí se ha dicho.

Esto es importante decirlo, porque aquí hay que recordar la historia. Siempre hemos estado diciéndolo aquí que tenemos 30 años en que una mafia se ha apoderado del poder en el país, mantiene el control político, producto de fraudes electorales.

Carlos Salinas de Gortari se ha impuesto aquí como el titiritero y no vemos diferencia en los gobiernos del PRI y del PAN; no vemos más que similitudes entre Carlos Salinas y Fox, similitudes entre Calderoncito y Peñita, ambos peleles de la mafia en el poder.

Les duele pero lo lamento, es la realidad y hay que decirlo, porque desde 1992 y desde el 91 evidentemente se dieron reformas constitucionales, en particular la Ley Minera, que en 1992 fue hecha para otorgar grandes concesiones, no se encuentra debidamente regulada, y como diría el diputado Trinidad, en más de 18 años se han extraído más recursos minerales en este país que los extraídos durante la época de La Colonia, generando obviamente grandes ganancias para los dueños y socios de las compañías mineras.

Hace unos días incluso hasta un ex dirigente nacional del PRI, en casi una tragedia griega, ha denunciado lo que en muchos lados empieza a brotar, los conflictos de tantos años de explotación ilegal de los recursos naturales y de cómo la delincuencia organizada ha penetrado este sector.

Nosotros pensamos que por todo lo que públicamente se ha conocido, no nada más por la perforación de los 400 pozos, sino por las violaciones a la norma 120 de la Semarnat, la norma oficial, las actividades que carecen de estudio de vulnerabilidad del acuífero, las violaciones a la legislación agraria, que a toda luz —ojo— es evidente, nosotros vemos una acción política que nos preocupa por el Estado mexicano a través de los gobiernos federal y estatal, de la empresa trasnacional, de la comunidad agresora involucrada en este asunto, que se ha traducido en tergiversar el problema, evitando que se trate de un conflicto de intereses entre particulares, de una simulación de negociaciones, desatendiendo la denuncia fundamental de El Barzón, en el sentido que son violaciones de derechos humanos ambientales y de leyes mexicanas; campañas de desprestigio impulsadas por el gobierno de Chihuahua en contra de El Barzón y de sus líderes sociales, y en campañas de linchamiento mediático a El Barzón y en particular, a los compañeros asesinados.

Es por todos estos motivos...

Tranquilos, vamos a acabar, no se aceleren, estamos concluyendo. Sabemos que les duele que les digamos las verdades de este amasiato del PRI y del PAN, pero tenemos que decir las cosas como son.

¿Por qué? Porque voy a concluir con el permiso de la Presidencia, y le pido que ordene a la asamblea para poder concluir.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le pedimos a la asamblea respeto al orador, pero al orador le pedimos que respete el tiempo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Es por eso que exigimos para el compañero Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela, que el gobierno del estado de Chihuahua realice una investigación rápida y el castigo a los responsables, como se maneja en el conjunto del planteamiento del Partido del Trabajo.

No queremos que por ser una investigación tan rápida, nos vaya ir —si bien nos va— con la presentación solo de autores materiales o de chivos expiatorios —culmino—, como está ocurriendo en casos muy recientes dichos por los propios priistas, en el caso de Coahuila, ahora recientemente en el caso de Veracruz; queremos que se investigue a profundidad las cosas y no nada más nos den autores materiales, sino autores intelectuales, porque insistimos, todo esto que ocurre en el país es producto de la imposición de la mafia de Carlos Salinas de Gortari. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Martha Beatriz Córdova Bernal, del Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. México se ha convertido en un país en donde el miedo se acrecentó en los últimos años, el cual revela un Estado débil, donde la seguridad y el aparato protector encargado de ella y de la ciudadanía colapsaron.

Según el ingeniero Manuel Aguirre Botello, con datos del Inegi, la OMF y el Sinaí (Catálogo de localidades), los homicidios son la quinta causa de decesos en México, lo citado anteriormente viene a tema por los hechos ocurridos el lunes 22 de octubre, en los cuales fue asesinado Ismael Solorio Urrutia, líder del movimiento barzonista, junto con su esposa, Manuela Martha Solís Contreras. El dirigente de El Barzón se oponía razonablemente a la instalación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mac Silver, en el ejido de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua. Además de ser una fuerte oposición del establecimiento de la mina, venía de meses atrás denunciando los aprovechamientos y la explotación de los pozos en la cuenca del río del Carmen.

Los acontecimientos en contra de activistas han sido una constante en nuestro país, cuenta de ello es el acontecimiento suscitado el 23 de octubre de 2010, en el sur de la capital oaxaqueña, en donde fue asesinado el maestro Heriberto Pasos Ortiz, dirigente y fundador del Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui, al cual se suma el atentado del día 21 de agosto del año en curso, en contra de Juan Domingo Pérez Castillo, líder del movimiento en la misma ciudad de Oaxaca.

Asimismo, el presidente de la Federación de Organizaciones Transportistas del Estado de Guerrero, Víctor Manuel Cadena Macari, y el atentado donde tristemente y dentro de su domicilio fue asesinado José Guadalupe Medina Acosta, líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en Atoyac de Álvarez, en Guerrero.

¿Hasta cuándo permitiremos este tipo de agravios y que sigan ocurriendo? Setenta mil muertos de una guerra absurda y un gobierno omiso, ¿qué acaso pretende que los asesinatos se vuelvan parte cotidiana de la vida de los mexicanos?

Compañeras y compañeros, no podemos permitir tan penosa y desagradable situación, no solo se trata de activistas, este problema involucra a todos los grupos del país, sobre todo a los más vulnerables e indefensos, que son los niños; hasta el mes de octubre del año pasado, la Red por los Derechos de la Infancia en México contabilizaba mil 400 menores asesinados.

Según el capitalino Luis González Placencia, la guerra contra el crimen ha dejado un saldo de cuatro mil menores muertos. Lamentablemente en el estado de Chihuahua fue encontrado el cuerpo calcinado de un menor de seis años, en el municipio de Creel (localidad de Creel, municipio de Bocoyna, Chihuahua) —concluyo, señor presidente—, agregando el acontecido el pasado mes de julio, cuando un niño de cinco años perdió la vida en Camargo al ser atacado con armas de fuego.

La guerra irracional de este sexenio ha trastocado cada una de las esferas sociales, dejándonos desprotegidos a todos.

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano exigimos el esclarecimiento de los cobardes asesinatos en contra de activistas y periodistas que se han dado en todo el país, y que se castigue con todo el peso de la ley a los culpables. Asimismo comulgamos con la necesidad de conminar con la labor del movimiento y resolver los conflictos derivados de la sobreexplotación de los pozos y la instalación de la mina El Cascabel.

Éste es el acuerdo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por lo cual votará a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno. Don Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Señor diputado presidente. Diputadas y diputados, antes de manifestar nuestra posición, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México expresamos nuestras condolencias a las familias de los señores Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís Contreras, quienes lamentablemente —como ya se ha señalado— fueron asesinados el pasado 22 de octubre. Nos sumamos a las manifestaciones de dolor, indignación y reclamo de justicia que han expresado compañeros, familiares y amigos de los difuntos.

El señor Solorio Urrutia se distinguió por encabezar, a través de su organización El Barzón, la defensa de causas sociales; el caso más reciente y que hizo público antes de su muerte, es la denuncia a las autoridades estatales y federales por el aparente uso, explotación y sobreexplotación irregular de mantos acuíferos y del subsuelo por parte de una empresa minera, hechos que afectan considerablemente la vida productiva de agricultores y fruticultores, ubicados en el ejido Benito Juárez, del estado de Chihuahua.

El Barzón ha señalado, incluso, que ya los daños ecológicos se pueden percibir desde hace ya algunos meses. No vemos a las autoridades competentes ejerciendo una reacción oportuna sobre las denuncias que se presentan y mucho menos una acción proactiva para identificar problemáticas y resolverlas.

Ejemplo de ello es la burda justificación que hace el titular de la Comisión Nacional del Agua hace unos días, señalando que se han visto impedidos a actuar para clausurar pozos clandestinos porque no han tenido el apoyo de las autoridades estatales; sin embargo, no clarifica si también ha solicitado el apoyo de las autoridades federales, si ha presentado las denuncias correspondientes y cuáles son los resultados de ello.

Asimismo vemos a todo un aparato burocrático, Secretaría de la Función Pública, Secretaría del Medio Ambiente, Procuraduría Federal del Medio Ambiente, sin llevar a cabo o sin hacer públicas acciones y resultados tendientes a identificar actos de corrupción por el posible otorgamiento irregular de permisos, sin intervenir el tiempo de la clausura de proyectos mineros —como el que se denuncia— y mucho menos, sin hacer públicos resultados derivados de visitas de inspección.

Las alarmas ecológicas no son nuevas para el gobierno federal; un ejemplo de ello es que el Partido Verde advirtió el día de ayer a la Secretaría del Medio Ambiente sobre el peligro que representa para los ecosistemas de la explotación de minas a cielo abierto, como es el proyecto de la biósfera de la Sierra de la Laguna, ubicado en Baja California Sur, y pidió a dicha Secretaría no otorgar la autorización correspondiente, a fin de salvaguardar el medio ambiente y la salud de los habitantes de la región. Éste solo es un ejemplo por el que está pasando Chihuahua.

En el Partido Verde Ecologista de México apoyamos este punto de acuerdo y exigimos de las autoridades competentes que se haga justicia y se esclarezca el asesinato de los señores Ismael Solorio y Manuela Martha Solís. Que su muerte no sea parte más de la estadística.

Asimismo estamos de acuerdo en que se exhorte a las autoridades competentes para que se haga una revisión a fondo de los posibles daños ecológicos que se están ocasionando actualmente, sus consecuencias futuras y sobre todo, determinar aquellos que pueden afectar, de manera grave, la vida productiva real de la zona. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Roberto López Suárez, del PRD, tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos.

El diputado Roberto López Suárez:Gracias, señor presidente. Diputadas y diputados, buenas tardes. Acabo de sostener una plática telefónica con el dirigente de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, y me comentaba que desgraciadamente, en la reunión que acaba de terminar con la Secretaría de Gobernación, no hay avances en la investigación.

Además, que la Secretaría de Gobernación no quiere tomar cuenta del caso; es decir, está delegando estrictamente a la Procuraduría estatal el tema y creo que nosotros tendríamos que tomar cartas en el asunto. No es suficiente un punto de acuerdo con los diversos extrañamientos que se han hecho en la opinión pública sobre la investigación de estos asesinatos.

El 22 de octubre fue asesinado un dirigente social junto con su esposa, que además era defensora de los derechos humanos en el estado y en el país.

Desde hace seis años, Solorio Urrutia se opuso abiertamente a que la empresa canadiense Mag Silver pudiera adquirir derechos en 40 ejidos que se localizan en el municipio de Buenaventura; la empresa falsificó —hasta donde tenemos conocimiento y se sigue investigando— certificados de terreno de uso común y que los registró, además, a nivel legal.

Es pertinente mencionar que esta empresa, Mag Silver, extrae materia prima a cielo abierto. Algo a lo que se ha opuesto el movimiento ecologista a nivel nacional y a nivel internacional. Solorio Urrutia era uno de estos defensores a nivel ecologista.

De igual forma, Solorio Urrutia denunció que en el río del Carmen, por parte de grupos de productores menonitas se estaba afectando de manera grave a estos cinco municipios; estos ejidatarios afectados, junto con Solorio Urrutia, con la explotación de mantos acuíferos, desde 1957 obtuvieron los permisos y obtuvieron la tutela de estas aguas superficiales y subterráneas de la presa Las Lajas.

Sin embargo, estas perforaciones que se han hecho de forma ilegal por parte de grupos menonitas y la empresa Mag Silver han provocado que se dé un movimiento social que no ha sido escuchado por parte de la Secretaría de Gobernación y tampoco por el gobierno estatal.

Como consecuencia, tuvimos un asesinato de dos dirigentes sociales. No podemos estar al margen de esto, menos cuando se afecta bienes comunes de la nación. Solorio Urrutia y Martha Solís Contreras no pueden ser víctimas de la desatención de la Secretaría de Gobernación y tampoco del estado de Chihuahua.

El Grupo Parlamentario del PRD condena los asesinatos y por supuesto apoya este punto de acuerdo, pero pedimos dos cosas fundamentalmente en este sentido: uno, que no se deje de lado en las investigaciones a la empresa Mag Silver, es una línea de investigación por la probable responsabilidad de los asesinatos de estos dirigentes sociales —termino, presidente—, y dos, el problema entre los ejidatarios y dirigentes barzonistas con los menonitas es un tema que se tiene que atender. Si no se atiende, da pauta para que en adelante se puedan cometer más asesinatos, que la violencia impere en el estado y en ese territorio.

Por tanto, pedimos que más adelante esta Cámara de Diputados pueda seguir discutiendo el tema y se tomen cartas en el asunto, como ya se hizo hace un rato en un punto de acuerdo que se propuso. Muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña Rocío Esmeralda Reza Gallegos, rogándole respeto a los tres minutos de tiempo, por favor.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos:Con el permiso de la Presidencia. Señoras diputadas y señores diputados, para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el tema que nos convoca no es un tema grato, es un tema que no debería existir en la agenda política, social o cultural.

La violencia de todo tipo —y más aún la violencia política y particularmente la violencia en contra de las organizaciones ciudadanas y de oposición— debe desaparecer. El asesinato de Ismael Solorio y de su esposa Martha Solís, es una medida equivocada para acallar los conflictos sociales en el estado de Chihuahua.

De esto no cabe la menor duda, es un crimen ejecutado por sicarios, de esos que pululan con impunidad por el estado. Pero este crimen tiene autores intelectuales y la justicia debe hacerse y alcanzar, tanto a los operadores del crimen como a aquellos que lo planearon.

El lunes 22 de octubre —como se ha comentado—, a las 2:30 de la tarde el dirigente de El Barzón, Ismael Solorio y su esposa iban en la camioneta de ambos en la carretera de Cuauhtémoc a Rubio y en el kilómetro 26 y medio, ocurre este lamentable hecho.

Es públicamente conocido para quienes somos de aquella región del estado de Chihuahua, que por este corredor comercial, de Cuauhtémoc a Rubio, opera de manera cotidiana y con complacencia y con complicidad de autoridades locales un comando de la delincuencia organizada. Este dato no debe de perderse de vista en las líneas de investigación de los asesinatos y lo más probable es que estos sicarios actuaron libremente en este caso.

¿Quiénes son los autores intelectuales? Indudablemente aquellos intereses afectados por las críticas de Solorio y Solís.

Quiero comentar de manera breve, por el tiempo, que la verdad es que ha habido una serie de cuestiones que hay que dejar aquí muy claro. Hubo un acuerdo entre el gobierno federal, estatal y municipal, entre los municipales de aquella región, en donde se define de manera muy clara, a esto se le llama el marco por la sustentabilidad hídrica —donde se comprometieron—; por ejemplo el gobierno del estado dice se compromete a apoyar al gobierno federal con la seguridad pública durante los operativos que efectúen las autoridades federales y la Conagua se compromete a algunos aspectos y cada quien se compromete, y en estos acuerdos por parte del gobierno estatal ha incumplido.

Hay que precisar, porque lamentablemente el gobierno del estado maneja doble discurso en Chihuahua; dice, por un lado, que la Conagua cancele los pozos que se tienen ahí de forma ilegal, y por otro lado, no se presenta cuando los funcionarios de esta área del gobierno federal acuden a hacer la parte que les toca.

Únicamente quiero decir —también con este lamentable hecho— que estuvo Ismael en gobierno del estado solicitando protección y no se le brindó, y hoy estamos todos aquí lamentando esta muerte de un gran líder social.

Por último, presidente, quiero preguntar, ¿qué va a hacer el gobernador Duarte o muchos gobernadores del PRI en 30 días? ¿Qué va a hacer? ¿A quién le va a echar la culpa ahora de lo que no han sido capaces de resolver? ¿De que no han sido capaces de dar la cara? Eso es lo que quiero saber, ¿a quién le van a echar la culpa?

Lamentamos, desde luego, esta gran pérdida y nos sumamos para que se esclarezcan los hechos en Chihuahua. Ya es tiempo que el gobernador del estado asuma la responsabilidad que le toca. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Kamel Athie Flores, tiene el uso de la voz. Por tres minutos, Kamel.

El diputado Kamel Athie Flores:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PRI expresa su convicción favorable en torno al punto de acuerdo presentado por la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, porque hay plena coincidencia de que el líder de El Barzón, Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís, eran luchadores sociales entregados a las mejores causas de su ejido Benito Juárez y de la región del noroeste del estado de Chihuahua.

Decidí subir a esta tribuna porque Ismael era mi amigo personal y contribuyó activamente en mi campaña, en virtud de que el ejido Juárez se ubica en el distrito electoral del cual provengo.

Quisiera aclarar que las mejores causas que defendía Ismael Solorio y otro grupo de compañeros, que también no tuvieron una suerte mejor, como Armando Villarreal Martha, se referían precisamente a la corrupción que priva en toda la zona noroeste del estado de Chihuahua promovido por Conagua y por todos sus funcionarios.

Eso sí quiero dejarlo muy claro, la lucha de Ismael estaba centrada en la corrupción que vez con vez está propiciando hasta hoy día la Comisión Nacional del Agua y por eso nos unimos al punto que pide la diputada Lilia Aguilar, en el sentido de que se investigue la actuación de dicha Comisión Nacional del Agua en toda la región del noroeste, en Ascensión, en Nuevo Casas Grandes, en Casas Grandes, en Ignacio Zaragoza, que es donde hay quejas de menonitas y también de ejidatarios.

Esta confrontación entre mexicanos, ejidatarios y menonitas ha sido provocada, sin ninguna duda, por la Comisión Nacional del Agua.

Quiero decir que muchos pueblos del país están en problemas, como el de Benito Juárez, por la falta de apoyos del gobierno federal al sector agropecuario; por eso invito a todos los diputados del sector campesino que en esta Legislatura atengamos la precaución de dotar de recursos suficientes a todos los programas tendientes a reactivar el campo mexicano, a generar empleos. Los empleos que se pueden generar pronto y a bajo costo y de una manera digna, están en el campo mexicano, luchemos por ellos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias y es mucho. Pregunte la Secretaría si es de aprobarse.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de estar publicados algunos cambios de comisiones.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva  de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Comisión de Agua Potable y Saneamiento

Baja: Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (integrante)

Alta: Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (secretaria)

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Baja: Diputado Ricardo Monreal Ávila (integrante)

Alta: Diputado Ricardo Monreal Ávila (secretario)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 31 de octubre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Germán Pacheco Díaz cause baja como integrante de la Comisión de Pesca.

• Que el diputado Germán Pacheco Díaz cause alta como integrante en la Comisión de Transportes.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 31 de octubre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si el oficio que viene de la Junta de Coordinación Política y que las contiene, es de aprobarse.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

PROPOSICIONES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Esta Presidencia informa que la Comisión de Trabajo y Previsión Social hace formal convocatoria para su sesión ordinaria de dictamen el próximo lunes, a partir de las 12 horas.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 16:23 horas): Se levanta la sesión  y se cita para la que tendrá lugar el martes 6 de noviembre de 2012, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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