Presidencia del diputado Jesús Murillo Karam

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 376 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (a las 11:06 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 6 de septiembre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política.

De la Secretaría de Gobernación

Dieciséis con los que remite el Sexto Informe de labores de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; de la Defensa Nacional; de Desarrollo Social; de Educación Pública; de Energía; de la Función Pública; de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; Marina; de Reforma Agraria; de Relaciones Exteriores; de Salud; de Trabajo y Previsión Social; y de Turismo. De la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y de la Procuraduría General de la República.

Con el que remite el Informe del estado que guardan los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales.

Con el que remite el Informe de Labores 2011, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Paul Octavio Henric Chávez, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la Ciudad de Chihuahua, con Circunscripción Consular en el Estado de Chihuahua.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Luis Fernando Corona Alcalá, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Oriental del Uruguay, en la Ciudad de Guadalajara, con Circunscripción Consular en el Estado de Jalisco.

Solicitud de licencia

Del diputado Alejandro Sánchez Camacho.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos

Por el que se establece el Calendario Legislativo, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. (Votación)

De la Junta de Coordinación Política

Análisis del Sexto Informe de Gobierno, en materia de política económica

Iniciativas

Que reforma el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sebastián Alfonso De la Rosa Peláez, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26, 32 Bis y adiciona un artículo 32 Ter a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 412 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán y suscrita por el diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil y suscrita por el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo relativo a la importación del pescado conocido como “Panga”, así como la implementación de un programa de apoyo a los productores piscícolas del país, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para la Evaluación y Productividad Legislativa y la Rendición de Cuentas de los Diputados, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a los sucesos acontecidos en el estado de Tabasco, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Conectividad Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para la Niñez, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para Impulsar la Competitividad, Innovación y Desarrollo Regional, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Agenda política

Comentarios relativos a la Agenda Legislativa, a cargo del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En virtud de que también se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria el acta de la sesión anterior, proceda a ponerla a votación.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cuatro de septiembre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos trece diputadas y diputados, a las once horas con veinticuatro minutos del martes cuatro de septiembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión Constitutiva, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) Del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del Partido Revolucionario Institucional, por el que comunica la incorporación a este Grupo Parlamentario de los ciudadanos diputados: Verónica Carreón Cervantes; Rocío Adriana Abreu Artiñano; Cecilia González Gómez, Gabriel Gómez Michel; y Joaquín Caballero Rosiñol. De enterado. Comuníquese.

b) Del diputado Silvano Aureoles Conejo, Coordinador del Partido de la Revolución Democrática, por el que comunica la incorporación a este Grupo Parlamentario de los ciudadanos diputados: Eva Diego Cruz; Javier Orihuela García; Marino Miranda Salgado; y Jorge Federico de la Vega Membrillo. De enterado. Comuníquese.

c) De la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que remite el Cómputo Final, Calificación Jurisdiccional de la Elección, Declaración de Validez y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria para su conocimiento de los ciudadanos diputados.

La Presidencia instruye a la Secretaría dar lectura a la comunicación de la Mesa Directiva, por la que informa al Pleno de la Cámara de Diputados, que ha dispuesto la elaboración del “Bando Solemne” para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo realizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Distribúyase entre las ciudadanas y ciudadanos diputados. Cúmplase.

El Presidente informa a la Asamblea que todos los asuntos turnados a Comisiones durante la Sesión, se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las Comisiones.

d) De la Comisión Nacional del Agua, por la que solicita recursos para la modernización de la red de estaciones climatológicas en la cuenca de los ríos Tuxpan al Jamapa del Organismo de Cuenca del Golfo Centro. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

e) De la Secretaría de Desarrollo Social, por la que remite el Informe Final de la Evaluación de la Percepción de los Beneficiarios correspondientes a cada uno de los programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, así como la Posición Institucional de la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales y de cada una de las Unidades Responsables de la Operación de los Programas Evaluados. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

f) Del Gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Año Conmemorativo del centésimo quincuagésimo Aniversario de la Batalla de Puebla. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

g) Del Congreso del Estado de México, con la que remite Acuerdo por el que se exhorta al Honorable Congreso de la Unión a legislar normas de carácter general que regulen la actividad de compra-venta de vehículos en lotes. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

h) Del Gobierno del Estado de Jalisco, con la que remite información correspondiente al segundo trimestre sobre las características de las obligaciones a que se refieren los artículos cuarenta y siete, fracción segunda, y cincuenta de la Ley de Coordinación Fiscal. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

i) De la Cámara de Senadores, con las que devuelven para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las siguientes Minutas con proyectos de decreto:

• Que reforma el artículo veintiocho y adiciona un párrafo al artículo veintinueve de la Ley de Asistencia Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Que adiciona una fracción séptima Bis al artículo cuarenta y cuatro de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Que reforma el artículo ocho de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Que adiciona una fracción vigésima novena-P, al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Que reforma los artículos seis, siete, y diecisiete de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Que adiciona un párrafo al artículo sesenta y dos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para dictamen.

j) Se da cuenta con oficio del diputado Gabriel López Rosado, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la Tercera Circunscripción Plurinominal, a partir de esta fecha. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.

El Presidente informa a la Asamblea que el ciudadano Roberto López Rosado, diputado federal electo en la Tercera Circunscripción Plurinominal, se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones, designa una comisión para acompañarlo en el acto de rendir protesta de Ley, y entra en funciones.

Se recibe de la Cámara de Senadores, Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo sesenta de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para los efectos de lo dispuesto en la fracción E, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

Se da cuenta con la siguiente iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Se reciben las siguientes iniciativas con proyecto de decreto de las Legislaturas de los Congresos:

• Del Estado de México, que reforma el artículo trescientos veintidós y adiciona un artículo trescientos treinta y seis Bis a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Del Estado de Nuevo León:

– Que adiciona un artículo cuarto-C, a la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma la fracción novena del artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

De conformidad con el artículo setenta y seis, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la tribuna a la diputada Cecilia González Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de Economía, se proceda a la creación de un Fondo Especial de Recursos para atender las consecuencias del virus de influenza aviar A-H7N3, por medio del cual se beneficie a los productores avícolas afectados. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Valentín González Bautista, del Partido de la Revolución Democrática; Margarita Licea González, del Partido Acción Nacional; José Noel Pérez de Alba, del Partido Revolucionario Institucional; y Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México. En votación económica se considera suficientemente discutido, para los efectos del artículo ciento trece, numeral uno, fracción tercera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Secretaría da lectura al punto de acuerdo, y en votación económica se aprueba. Comuníquese.

La Presidencia instruye a la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo al análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica se aprueba el Acuerdo. Comuníquese.

Se concede el uso de la Tribuna para presentar las siguientes iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

a) Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente de la Federación. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

En su oportunidad y desde su respectiva curul el diputado Ángel Cedillo Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Presidencia que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enlistada en el Orden del Día, se posponga para la siguiente Sesión. El Presidente concede dicha solicitud.

b) David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley de Casas de Cambio. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

c) Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que expide la Ley de Austeridad Republicana. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

d) Juan Manuel Fócil Pérez, y suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos sexto, setenta y tres, ciento diez, y ciento once de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se da cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se nombran los representantes del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. De enterado. Comuníquese.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

a) Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Acceso Digital y Tecnologías de la Información. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

Se concede el uso de la tribuna para presentar proposición con punto de acuerdo al diputado Antonio García Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Gobernador del estado de Michoacán, a restablecer el estado de Derecho en la comunidad Nueva Jerusalén, así como la creación de una Comisión Especial para el conflicto de dicha comunidad y dar seguimiento a las actividades de las autoridades competentes. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

Desde su curul realiza moción de trámite el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

b) Héctor Narcia Álvarez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Industria del Café. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

c) Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita la creación de una Comisión Investigadora que coadyuve en las indagaciones que se realizan sobre supuestos actos de corrupción por parte de jueces federales, o el posible abuso de autoridad por parte del Ministerio Público Federal. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

d) Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se solicita la conformación de un Grupo de Trabajo para dar seguimiento a los acontecimientos suscitados en el paraje de Tres Marías, el pasado veinticuatro de agosto. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día jueves seis de septiembre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las trece horas con diecisiete minutos.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobada el acta.

Se informa a la asamblea que todos los asuntos turnados a comisiones durante esta sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las comisiones.

También esta Presidencia quiere informarles, como medida preventiva y de procedimiento, que el día de hoy, en cualquier momento —para que funcione— se llevará a cabo un simulacro para que podamos saber cuáles son las medidas más adecuadas que podemos tomar en el caso de una emergencia o de una contingencia; les agradecemos mucho su colaboración para poder implementar esta medida preventiva de seguridad. En cualquier momento podemos tener el simulacro.

Continúe la Secretaría.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por indicaciones del diputado Luis Alberto Villarreal García, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y dando cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, me permito comunicarle las designaciones que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ha solicitado.

Nombre                                                Cargo

Diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo Propietario

Diputado José Arturo López Cándido Suplente

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Licenciado Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), secretario ejecutivo.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: De enterado. Comuníquese.

SECRETARIAS DE ESTADO

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Energía, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Educación Pública, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Gobernación, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Turismo, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Social, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Salud, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de la Reforma Agraria, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Marina, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Procuraduría General de la República, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de la Función Pública, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las Comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: De enterado. Distribúyanse a las diputadas y los diputados.

FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 307-A. 7.-414, el ciudadano Alonso de Gortari Rabiela, director general adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remite el informe del estado que guardan los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y noveno transitorio de la Ley General de Protección Civil, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el citado informe.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En cumplimiento artículo noveno transitorio de la nueva Ley General de Protección Civil, publicada el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación la cual señala que

Noveno. En un plazo no mayor a 90 días a partir de la publicación de esta ley, el Ejecutivo federal deberá rendir un informe del estado que guardan los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, y estos pasarán a formar parte de los instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos.

El Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales seguirá cumpliendo con los compromisos derivados de los instrumentos de transferencia de riesgos que contrató conforme a las disposiciones aplicables antes de la entrada en vigor de esta ley, asimismo podrá contratar instrumentos de la misma naturaleza y conforme a esas disposiciones, en tanto se emiten las disposiciones administrativas a que se refiere el artículo 63 de la ley, de manera conjunta, por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales solo se podrá dar por terminado y liquidar hasta que se cumplan todas las obligaciones y se ejerzan los derechos derivados de los instrumentos contratados, en los términos de las disposiciones aplicables, antes de la entrada en vigor de esta ley.

Asimismo y en atención al oficio número DGF/1519/2012, emitido por la Dirección General del Fonden, mismo que se adjunta al presente, me permito enviarle el informe del estado que guardan los recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, para que por su conducto se envíe al Poder Legislativo.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de septiembre de 2012.— Alonso de Gortari Rabiela (rúbrica), director general adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Alonso de Gortari Rabiela, director general adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.— Presente.

En alcance a nuestra comunicación DGF /1162/2012, del 29 de junio del 2012, en el que emitimos respuesta a su diverso 307- A.7.-276, del 22 de junio del mismo año, relativo a la publicación, el pasado día 6 de junio, de la nueva Ley General de Protección Civil y, por consiguiente, sobre la necesidad de dar cumplimiento de sus artículos transitorios, concretamente al noveno transitorio que establece un plazo de 90 días a partir de esa publicación, para que el Ejecutivo federal rinda un informe “...del estado que guardan los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, y éstos pasarán a formar parte de los instrumentos financieros de gestión de riesgos”.

En adición a lo ya comunicado mediante mi similar referido en el párrafo anterior, le señalo que la Subsecretaría de Enlace Legislativo de esta Secretaría de Gobernación nos ha manifestado que en aquellos casos en que las obligaciones contenidas en los transitorios de las leyes expedidas por el Poder Legislativo no refieran expresamente a que instancia debe enviarse la información, como es el caso que nos ocupa, debe entenderse que la misma se enviará al propio Poder Legislativo al ser quien expide dicha ley.

En tal virtud, y con objeto de que se dé cabal cumplimiento de lo dispuesto por el artículo transitorio en cuestión, se le sugiere de la manera más atenta a esa Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente única de la administración pública federal, y en el caso particular que nos ocupa, a esa Unidad de Política y Control Presupuestario en su carácter de unidad responsable del Fideicomiso 2003.- Fondo de Desastres Naturales, que dentro del plazo que se ha indicado en el primer párrafo del presente escrito, considere enviar dicho informe al honorable Congreso de la Unión, a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de agosto de 2012.— Licenciado Rubem Hofliger Topete (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las comisiones de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

COMISION FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número COFEME/12/2580, el licenciado Alfonso Carballo Pérez, director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, remite el informe de labores 2011.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 69-E, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el original de su anexo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por este medio me permito remitir a usted cuatro tantos del informe de labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 2011. Dicho informe debe ser presentado por esta comisión ante el honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69-E, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito solicitarle atentamente que a través de su conducto se haga llegar este informe a ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de septiembre de 2012.— Licenciado Alfonso Carballo Pérez (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

NOMBRAMIENTO DE CONSULES HONORARIOS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número PRO-10827, el ministro Miguel Ángel Padilla Acosta, director general adjunto para Misiones Extranjeras, encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Paul Octavio Henric Chávez, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa en la Ciudad de Chihuahua, con circunscripción consular en el estado de Chihuahua.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo y del certificado de residencia, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República de Francia en México.

Atentamente

México, DF, a 3 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número PRO-11310, el embajador Alfredo Pérez Bravo, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Luis Fernando Corona Alcalá pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Oriental del Uruguay en Guadalajara, con circunscripción consular en Jalisco.

Por lo anterior me permito anexar para la integración del expediente originales de la carta, dirigida al Congreso de la Unión, donde el interesado solicita el permiso respectivo y de la constancia de residencia, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, y copias simples del curriculum vitae, de la identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República Oriental del Uruguay en México.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese para dictamen a la Comisión de Gobernación.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

El pasado primero de julio fui electo como diputado federal de representación proporcional, en los términos de lo establecido por los artículos 52, 54 y 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe).

Paralelamente a ello, hace algunos días el Consejo Político Nacional del Partido de la Revolución Democrática, tuvo a bien designarme como Secretario General de su Comité Ejecutivo Nacional.

En tal contexto, el artículo 41, fracción I, de la propia Constitución General de la República define que “los partidos políticos son entidades de interés público”, razón por la cual, en una interpretación amplia, no quisiera verme comprendido en el supuesto al que alude el artículo 62 de nuestra Carta Magna, mismo que a la letra señala que “los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones respectivas, mientras dure la nueva ocupación”.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, de manera respetuosa me permito presentar por su conducto al Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi licencia indefinida al cargo de diputado federal, en tanto concluye mi encomienda como Secretario General del CENdel PRD, en los términos que señala el propio multicitado artículo 62 constitucional.

Sin otro particular, aprovecho para expresarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 4 de septiembre de 2012.— Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica).»

Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Alejandro Sánchez Camacho, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XXI distrito electoral del Distrito Federal, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Comuníquese.

CALENDARIO LEGISLATIVO

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El siguiente punto del orden del día es un acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Pido a la Secretaría que le dé lectura.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a), del numeral 1, del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 36, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que de conformidad con el artículo 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones y el calendario para su desahogo.

II. Que el artículo 65, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar su primer periodo de sesiones ordinarias.

III. El artículo 36, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que por regla general, se realizarán las sesiones los martes y jueves de cada semana y podrán realizarse sesiones en días diferentes a los señalados, cuando así lo determine la conferencia.

IV. Que, de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en fecha prevista por artículo 83 constitucional, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Con base en lo expuesto, este órgano de gobierno establece el siguiente:

Acuerdo. Se establece el calendario legislativo para el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Transitorio

Único. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente;Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

En votación económica se pregunta a si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Comuníquese y publíquese.

ANALISIS VI INFORME DE GOBIERNO - POLITICA ECONOMICA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El siguiente punto del orden del día es el análisis del VI Informe de Gobierno, en materia de política económica. Para dar cumplimiento al punto tercero del acuerdo, aprobado en la sesión del 4 de septiembre, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda a los siguientes diputados: tenemos para iniciar a la diputada Sonia Rincón Chanona, en segundo lugar al diputado José Alberto Benavides Castañeda; el tercer sitio, el cuarto y el quinto los están registrando en este momento, el sexto la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, y el séptimo lo reportaremos en su momento.

En consecuencia, tiene la palabra, hasta por 10 minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Con su anuencia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el diálogo entre los Poderes de la Unión es un principio que engrandece a la República.

Es una lástima, compañeras y compañeros legisladores, que en este análisis del VI Informe de Gobierno faltemos a este principio, tal como lo marca el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Estamos por iniciar un monólogo, donde las respuestas quedarán sin respuestas y sin destinatarios; lo que debería ser un ejercicio de diálogo y deliberación para encontrar las soluciones a los grandes problemas nacionales, como es un informe de gobierno, se ha convertido en un acto vanidoso, grandilocuente y sentimentalista.

Un asunto tan importante, como la política económica, no puede reducirse a unos cuantos posicionamientos, discursos y proclamas, es necesario que los responsables de la conducción de la economía nacional respondan a las dudas que aquí surgen, dudas que necesitan respuestas ante la imagen de país que nos quieren vender con datos y estadísticas, pero que chocan bruscamente con una realidad lacerante para muchos compatriotas.

Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, quienes caminamos durante la campaña electoral por barrios, colonias populares, rancherías, pueblos, ciudades, constatamos que esa imagen construida por estadísticas y datos, son un castillo de naipes.

Durante los últimos años la erradicación de la pobreza se ha convertido en un reiterado discurso que tiene poco sustento en los hechos; de ahí la importancia que adquieren los esfuerzos para erradicarla, aunque los resultados alcanzados resulten desiguales y en algunos casos frustrantes.

En México no se ha logrado estabilizar el ritmo de crecimiento sostenido, que suele asociarse con la disminución de la pobreza y la desigualdad; por el contrario, hoy en México la pobreza representa un mal endémico.

Para dimensionar la magnitud del problema, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hay 50 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza patrimonial. Esto quiere decir que no alcanzan a cubrir aspectos primordiales de vivienda, transporte, vestido y calzado.

Diputadas y diputados, dejemos de privilegiar aquellas acciones que continúan incentivando el círculo vicioso de la pobreza y centremos nuestros esfuerzos en dotar de oportunidades de desarrollo económico y social a los distintos sectores de la población, acotando de manera gradual la dependencia económica de factores externos, como las remesas o los precios internacionales del petróleo.

Hace apenas unos días, la representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), Nuria Urquía Fernández, señaló que la pobreza alimentaria en el país tuvo un incremento importante, al pasar del 2006 al 2012, del 13.6 por ciento al 18.2 por ciento. Asimismo, la FAO destacó que la situación alimentaria en México ha sufrido un deterioro importante con este aumento porcentual en los últimos seis años.

De acuerdo con datos del Coneval, en marzo de 2008, la canasta básica alimentaria por persona, en el ámbito rural costaba 588.80 pesos al mes, mientras que en zonas urbanas era de 843 pesos; sin embargo, en marzo de 2012, la canasta alimentaria en zonas rurales ya costaba 765.10 pesos mensuales y en zonas urbanas mil 81 pesos al mes, cuando el ingreso laboral promedio por persona es de apenas mil 470 pesos mensuales, en términos reales.

Lo anterior es reflejo de la implementación de estrategias económicas desarticuladas, en lugar de un programa nacional que conjugue armoniosamente las estrategias de desarrollo económico y social, en beneficio de la población.

Los datos divulgados en el VI Informe de esta gestión revelan importantes deterioros salariales; es evidente que la generación de trabajos dignos en los últimos años fue precaria y de retroceso para los mexicanos.

El universo de trabajadores que perciben un ingreso mayor a cinco salarios mínimos se redujo en 1.3 millones de asalariados, mientras que los peor pagados, que perciben hasta un salario mínimo de 60 pesos, aumentaron en 1.4 millones de personas, en lo que va de la administración.

Asimismo, alrededor de 14 millones de trabajadores se encuentran en actividades informales, mientras que aproximadamente seis millones de personas trabajan en situaciones críticas; es decir, la tasa de condiciones adversas de ocupación pasó de 11.15 por ciento a 12.21 por ciento, tan solo en el último año.

En cuanto a los temas de salud, la Secretaría del ramo señala que el Seguro Popular cuenta con casi 53 millones de mexicanos afiliados. Podemos reconocer que el Seguro Popular ha representado para muchas familias mexicanas una alternativa emergente de acceso a servicios básicos de salud; sin embargo, no existe evidencia clara aún que compruebe el impacto del programa en la salud de los mexicanos.

El reto principal es asegurar que el potencial financiero del programa se traduzca en avances medibles y significativos en el acceso a servicios de calidad en los estados de la República; para ello es necesario contar con mayor información sobre la operación de los sistemas estatales y el uso de esos recursos por parte del Seguro Popular.

En Nueva Alianza coincidimos que es indispensable construir mecanismos eficientes y transparentes para la programación, el seguimiento, evaluación y retroalimentación de las actividades del Seguro Popular.

El Seguro Popular debe tener capacidad para conocer, con precisión y sistemáticamente, su impacto en términos de atención efectiva y de salud a la población. Dado que los recursos son escasos, una parte fundamental de las finanzas publicas de calidad es que el gasto público sea ejercido de manera eficiente.

Es importante contar con una composición del gasto adecuado, que funcione como un motor de crecimiento sostenido; el ejercicio del gasto debe ser transparente, de manera que los ciudadanos sepan cuánto, en qué y cómo se gastan los recursos. Más que indicadores de gestión, debemos asegurar que el gobierno entregue indicadores de resultados de la aplicación del Presupuesto público en sus diferentes dependencias.

En materia de gasto, la Secretaría de Hacienda indica que en el periodo de enero a julio del presente año, con relación al periodo de 2011, hubo un incremento del gasto corriente de 9.1 por ciento, para alcanzar los mil millones de pesos tan solo en un semestre.

Resulta contradictorio que en el último informe presentado por este gobierno destaque un aumento en la asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, cuando en los hechos ha sido un gobierno que privilegia e incrementa el gasto corriente por encima de la inversión productiva, incrementa plazas, salarios y privilegios de los niveles gubernamentales de alta dirección, al tiempo que subejerce para proyectos claves con infraestructura, salud y empleo.

Nueva Alianza, en su declaración de principios, destaca como pilar fundamental establecer las bases que incidan en un mejor nivel de vida para todos los mexicanos; en esto estamos comprometidos y trabajaremos día con día para que nuestros compatriotas tengan una vida digna y decorosa. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada Rincón Chanona. Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, el diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presenta a esta soberanía su perspectiva sobre el capítulo de política económica del VI Informe de Gobierno del Ejecutivo.

La visión que Calderón expresa sobre el tema en comento, como siempre es triunfalista y ajena a la realidad que vivimos cotidianamente los mexicanos; el comportamiento de la economía mexicana en estos últimos seis años se dio bajo un marco de tres factores fundamentales: la crisis financiera mundial y sus desastrosos efectos a corto, mediano y largo plazo; la débil e incierta recuperación en la economía de los Estados Unidos de América, la Unión Europea y Japón, y del lamentable error de mantener en México la política económica neoliberal, a pesar de su rotundo fracaso y abandono en prácticamente todo el mundo.

Actualmente todos somos testigos de las siguientes características de la realidad económica de nuestro país: una economía en retroceso, que afecta directamente a los bolsillos de los ciudadanos; desempleo con el cual millones de connacionales se encuentran desocupados, y un evidente entorno de inseguridad, que ha provocado el deterioro económico y social de ciudades y comunidades en prácticamente todo el país.

La agenda de transformación económica que se planteó el gobierno federal nunca se llevó a cabo, fallando a la promesa de consolidar una economía capaz de competir en el mundo y generar inversión productiva para generar empleos.

La falacia de la estabilidad económica es parte del ropaje con el que se pretende encubrir la decadencia del sistema económico implementado en México desde hace tres décadas; la intención es engañar a la sociedad, manteniendo una inflación que se presume estable, pero sin crecimiento en salario; un tipo de cambio sin devaluaciones para adquirir productos del exterior, a costa de no consumir lo que producen nuestros trabajadores, obligando al cierre de empresas y pérdida de empleos; altas reservas, pero que solo sirven para ser parte de la especulación financiera, que es lo que ha provocado la crisis alrededor del mundo.

Dada la situación actual, no se puede culpar a la crisis mundial como única causa de la crisis nacional, hacerlo sería irresponsable, manipulador.

Mientras que en el resto del mundo se aumentaba el gasto, se protegía y fortalecía el mercado interno, se apoyaba el sector agrícola e industrial, se castigaba la especulación financiera, se fomentaba la banca de desarrollo para dar soporte a las pequeñas y medianas empresas y evitar su quiebra, en México no se tomaron las medidas correctas ni se asignaron los recursos suficientes contra los efectos más graves de la crisis.

México obtuvo el peor desempeño económico de América Latina al registrar una contracción de 6 por ciento del PIB en el 2009, acumulando en promedio decrecimientos de 2 por ciento en estos últimos años, por debajo inclusive de Haití, que es el país más pobre del hemisferio.

México, en un rango tomado de 2007 a 2012, será el país que menos crezca en toda América Latina, después de El Salvador. Con el sexenio que está por terminar, México ha perdido peso entre las economías de América Latina; en el 2006, el PIB representaba el 30 por ciento del total de Latinoamericana; para el 2010, este porcentaje bajó a 20 puntos porcentuales, según datos de la Cepal.

Entre 2006 y 2012, América Latina crecerá en promedio 3.61 por ciento anual, casi el doble de lo que crecerá México. Estos datos confirman el rotundo fracaso de la política económica de Felipe Calderón y el agotamiento del modelo exportador aplicado desde fines de los ochentas y que cobró forma en 1994, con el TLC.

Simplemente no existe un modelo de desarrollo y esto nos tiene en un retraso, en relación al resto de los países del continente.

La política comercial que ha dirigido Felipe Calderón y sus antecesores solo ha provocado la explotación de los trabajadores y de los ingresos de éstos, a través de tratados y convenios que resultan perjudiciales ante la situación que afronta el país.

Se han expuesto a las empresas mexicanas a una competencia voraz, sin haber tenido los elementos para entrar a competir de manera justa y equitativa. De poco sirve un tratado comercial si compramos mucho y vendemos poco.

El pobre argumento de abrir el comercio para que los ciudadanos tengan acceso a productos menos caros, ha sido a costa de los ingresos de los mismos ciudadanos, al no tener oportunidades de empleos bien remunerados.

Es urgente verificar la conformación de la política exterior e incorporar, cuanto antes, el valor agregado a los productos producidos en nuestro país y de ahí partir en mejores condiciones comerciales.

El resultado de las políticas económicas del gobierno federal se puede resumir en una total decepción, pues han contribuido al deterioro de la calidad de vida de los mexicanos; el aumento desmedido en los precios de los productos básicos no ha hecho más que hundir a más familias mexicanas en el abismo de la pobreza y la carencia de beneficios.

El titular del Ejecutivo, al igual que sus predecesores, no ha llevado a cabo medidas para controlar los precios que más importan en una economía, como la nuestra.

Resulta un descaro presumir una baja inflación, cuando los precios que afectan directamente a la mayoría de los mexicanos alcanzan niveles que desde hace mucho tiempo no se alcanzaban; en los últimos cuatro años el costo de la canasta básica alimentaria por persona se incrementó en 30 por ciento; en lo que va del 2012, el índice de precios de los alimentos y de la canasta básica siguió incrementándose a mayor ritmo que el índice nacional de precios al consumidor (INPC), debido principalmente a un aumento en los precios de los productos agropecuarios.

Como consecuencia del aumento en el precio de los combustibles, del IVA y del ISR, se han derivado aumentos en prácticamente todos los sectores económicos; recordemos aquellos primeros días del 2010, cuando se aumentaron los precios de 45 alimentos, entre los que destacan la tortilla, el arroz, el frijol, la lenteja, el tomate, entre otros.

Lo que hemos visto en las últimas semanas no son simples casos aislados o focos rojos de aumento en los productos de consumo básico, son claras muestras de los años de quebranto a la economía familiar.

Las condiciones salariales en el país son considerablemente peores, no solo de la región, sino en comparación al resto del mundo.

Los daños al salario real son evidentes; desde hace tres décadas se ha venido perdiendo casi el 70 por ciento del poder de compra de los mexicanos y solo en lo que va de este sexenio la pérdida del salario ha sido del 42 por ciento. Todo esto debido a los bajos niveles de productividad y a la incapacidad de generar empleos de calidad, lo cual está estrechamente relacionado tanto con las limitadas políticas para generar desarrollo productivo en los trabajadores como industrias de alto valor agregado.

México vive, sin duda, una de sus peores épocas y aún con ello el engaño persiste; según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, en su más reciente reporte de investigación explicó que la tasa de desempleo calculada a nivel nacional —cuarto trimestre de 2011— era del 15.4 por ciento, que representan 8 millones 710 mil 108 personas y no los 2.4 millones que el Inegi identificaba como población desocupada al cierre de 2011.

En lo que va del sexenio se han perdido más de tres millones de empleos a nivel nacional; se requiere dar 1.2 millones de empleos al año para combatir la desocupación y brindarle oportunidades a estos más de 600 mil jóvenes que año con año se integran al mercado laboral y a los 600 mil ciudadanos que anualmente demandan un empleo.

Si a esto sumamos la informalidad, que se presenta como un fenómeno cada vez más agudo, del cual dependen 55 millones de personas —según cifras oficiales—, esto refleja claramente que el mercado laboral en México se ha precarizado en la oferta de trabajo y en la retribución salarial.

Durante este sexenio se acrecentó la pobreza del pueblo mexicano, que la propia Sedesol estimó, en el curso de 2009, en más de 65 millones; es decir, más de la mitad del total de la población, y en pobreza extrema reconoce oficialmente a más de 20 millones de mexicanos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que pertenece México, mencionó que somos uno de los países con mayor desigualdad en el ingreso de los 34 que lo integran; según la OCDE, 10 por ciento de la población más acaudalada tiene un ingreso promedio 27 veces mayor al del 10 por ciento más pobre. Se trata de una proporción que triplica a la medida de los 34 países del organismo. Cifras como éstas deberían avergonzar a cualquier mandatario.

En el Partido del Trabajo exigimos con justicia las garantías de nuestros ciudadanos y somos francos al expresar la necesidad de un nuevo proyecto de nación, a través de un cambio verdadero, una nueva economía.

La situación singular y difícil a la que nos enfrentamos como sociedad se advertirá a través de la voz del pueblo, expresada por los legisladores de la izquierda, con la finalidad de lograr un pacto social que no adultere más los bienes del país y que represente la grandeza y el porvenir de nuestro pueblo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Benavides Castañeda. Toca el turno en el uso de la tribuna a la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Compañeras y compañeros legisladores, es el fin de un sexenio y nuestra nación vive en las diversas regiones que la conforman tiempos y realidades distintas, desde la fiesta de los triunfadores, que creen haber ganado todo y se reparten la conquista, hasta la inconformidad y molestia fundada de quienes han padecido los abusos de los poderes fácticos y las deficiencias de nuestro maltrecho y corrompido sistema electoral; desde uno de los hombres más ricos del planeta hasta los millones que luchan cotidianamente para sobrevivir.

Por ello, en medio de una transición política inacabada, de un régimen político obsoleto y un modelo económico agotado, el gran saldo histórico deficitario se llama desigualdad.

En lo económico, en lo político y en lo social la desigualdad se viste de pobreza, de desesperanza, de violencia y sangre derramada en nuestras calles.

Tenemos muchos años cumpliendo ejemplarmente la receta neoliberal y hoy nuestro país es cada vez menos competitivo, cada vez más pobre, cada vez más desigual. Las fiestas en el penthouse no dejan para el sótano ni migajas.

Mientras que la población ha crecido cerca del 2.3 por ciento, la economía lo ha hecho en promedio al 2 por ciento anual, en todo el sexenio. Además de la desocupación que afecta a millones de mexicanos, hay 13.4 millones de personas que forman parte de la economía informal. A esto debemos sumar los más de 7 millones de ninis, a los que la administración federal nunca logró dar respuesta a sus demandas.

Es obvio que el modelo exportador de estancamiento, con estabilidad fiscalmente subsidiado, ha sido incapaz de generar los empleos y las oportunidades que México reclama. En este sexenio, de acuerdo con cifras del Coneval, entre 2006 y 2008, el número de personas pobres pasó de 4.5 a 52.3 millones; es decir, aumentó en 6.8 millones, mientras que de 2008 a 2010, se incrementó en 5.4 millones de personas. El saldo es un incremento en el número de pobres de 12.2 millones de personas.

Como se puede apreciar, la pobreza en México no ha disminuido, sino que continúa en aumento; entre más gasto público hay, más se genera pobreza, porque el dinero no llega a quienes más lo necesitan, sino a los más ricos.

Muy pocas de las promesas del Consenso de Washington se han cumplido: apertura comercial, liberalización, privatización, equilibrios macro y reducción del Estado son aún, después de tantos fracasos, las divisas del flanco neoliberal. Lo más que aceptan, reafirmando que la receta es buena, es que no la hemos aplicado bien.

Sin embargo, la apertura comercial que ofreció prosperidad —con excepción de unas cuantas empresas privilegiadas— ha significado el cierre de miles y miles de pequeñas empresas que antes generaban impuestos y empleos, y ha quebrado al campo.

Hoy somos una de las economías más abiertas del mundo y una de las menos competitivas; mostramos orgullosas cifras de comercio internacional, pero no decimos que antes tenemos que importar mucho más de la mitad que exportamos. La liberalización ha mostrado que desregular y trasladar al mercado responsabilidades que solo competen al Estado se traduce en mecanismos que privatizan las ganancias y socializan las pérdidas.

La crisis de 2008, es un monumento global a la avaricia y a la apropiación por unos cuantos de los ahorros de muchos; el proceso de privatización nos ha llevado a malbaratar o debilitar instrumentos de alto impacto social; la apuesta de que los mercados se autocorrigen ha sido, es y será una fantasía de la teoría económica.

Por otra parte, se celebra el logro de equilibrios macroeconómicos. Desde luego que nadie quiere regresar a los años de inflación desbocada, de déficit impagables, de excesos estatistas, pero la pregunta de fondo es: ¿a quién le sirve hoy todo eso? ¿Se traduce en empleos? ¿En menos pobreza? ¿En más oportunidades? ¿En mejor educación? ¿En creciente investigación y desarrollo científico? La respuesta es obviamente no.

Finalmente, el núcleo de la receta neoliberal: el abandono de las funciones trascendentes del Estado, abdicar a favor de los poderosos; perdimos mucho tiempo en la discusión de cuánto Estado, debatimos tamaños, funciones, tareas y mientras tanto el Estado mexicano perdió instrumentos, fortaleza y vulneró su compromiso más importante, su compromiso social.

Hoy tenemos un Estado postrado frente a los más ricos y frente a las bandas que se disputan a tiros las maltrechas regiones de México; un Estado incapaz de cumplir su primer deber, que es la protección de la vida y el patrimonio de los mexicanos; un Estado que ha permitido que los gobiernos reduzcan su responsabilidad social al reparto electoral de recursos asistenciales.

Pavimentamos y alumbramos las calles de los pobres, pero en las casas pervive el ciclo interminable de la pobreza, cuando hay más de 160 mil millones de dólares que no se ponen a trabajar a favor de la sociedad. Es por ello indispensable regresar al Estado su fortaleza y su compromiso con lo social.

Nadie invoca regresos a la autarquía económica o a los excesos del estatismo arcaico; cuando hablamos del Estado son muchas las reacciones adversas, la mayor parte se alimentan de las fallas del viejo modelo nacional, son juicios retrospectivos que descalifican la insustituible tarea del Estado por sus perversiones pasadas.

Nadie habla de regresar a ese viejo modelo, pero es evidente que las naciones que hoy prosperan, los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, por ejemplo, tienen un Estado activo, aliado a fondo con el sector empresarial, promotor de la investigación y el desarrollo científico, regulador firme de los desequilibrios de los mercados, pertinente y moderno.

Tenemos que hacer un esfuerzo por mantener la estabilidad macroeconómica, pero al mismo tiempo fortalecer la cohesión interna, a través de alguna política social que promueva el crecimiento, aumente la productividad y sea fiscalmente sostenible.

Creo, finalmente, que para lograrlo necesitamos dos reformas claves: la reforma del Estado y la reforma hacendaria integral, no remiendos fiscales; la primera, para modernizar el vetusto régimen político, para edificar espacios de construcción política que incluyan a la pluralidad, de especial manera a las minorías activas, para reconstruir la autoridad moral, ética y funcional del Estado, para que con la ley en la mano pueda proteger eficazmente a los mexicanos y su patrimonio, para abandonar el modelo asistencial de naturaleza neoliberal y ampliar nuestra red de protección social, no solo desde una perspectiva solidaria, sino también productiva.

Por su parte, la reforma hacendaria integral, al enfatizar su carácter fundante y estructural debe incluir ingreso, gasto, regulación, vigilancia y transparencia; hacer a un lado misceláneas e inventos fiscales distorsionadores. Una reforma que nos permita tener mayor margen de maniobra para incrementar, de manera sana y sostenible, la inversión pública, alentar la inversión privada, incrementar la competitividad, reducir la dolorosa desigualdad social y regional y fortalecer nuestra red de protección social. Debe también de asegurar que el gasto público llegue a su destino con eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

Ahora que inicia esta Legislatura, que inicia un gobierno federal, se abren oportunidades a impulsar transformaciones de fondo, comprometidas con el interés de la mayor parte de los mexicanos, no de unos cuantos.

Ha sido muy costoso pasar el interés de la nación por el pequeño ojo de la aguja de los intereses creados. La República se ha debilitado después del colapso del antiguo régimen en 1982 y la crisis de la modernización fallida en 1994.

Hagamos de la restitución de la República el gran motivo y fuerza para hacer a un lado la mediocridad, el abandono, la irresponsabilidad, la simulación, la corrupción y la impunidad, que son grandes males de México, y luchemos para que la economía se ponga al servicio de la gente, de sus aspiraciones, de sus sueños, de sus exigencias.

Es tiempo ya de abandonar el viejo modelo neoliberal, que ha probado sobradamente su ineficacia, para crecer con justicia y libertad; si seguimos haciendo lo mismo obtendremos lo mismo: más pobreza, más desigualdad, más encono social, más violencia.

Decidámonos a ser una potencia latinoamericana; debatamos y pactemos los qué y los cómo; cumplamos bien nuestra misión, para eso estamos aquí. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada Vargas Pérez.

RECESO

El Presidente diputado José González Morfín (a las 11:54 horas): Compañeras diputadas y compañeros diputados, en este momento inicia un simulacro con hipótesis de sismo; por lo que pedimos su colaboración para llevar a cabo los protocolos de seguridad que se nos indiquen. Todos, legisladores y no legisladores, deberemos desalojar el recinto. Se declara un receso .

(Receso)

ANALISIS VI INFORME DE GOBIERNO - POLITICA ECONOMICA

El Presidente diputado José González Morfín (a las 12:13 horas): Se reanuda la sesión. Toca el turno para hacer uso de la tribuna al diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra el diputado Astudillo.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Buenas tardes a todos. Con el permiso del presidente de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros legisladores, en cumplimiento al mandato constitucional, el pasado primero de septiembre, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos presentó ante esta soberanía su VI y último Informe de Labores.

Ahora nos toca a quienes tenemos el honor de representar a la sociedad, de revisar, discutir y señalar —por supuesto— los aciertos y desaciertos que son evidentes para todos, mismos que por supuesto nosotros seremos los promotores de que exista un ejercicio de mayor interacción con los representantes del Ejecutivo y no en un formato aislado, que muy pocas gentes nos escuchan.

Hoy no podemos dejar de reconocer que el país se encuentra en una de las transiciones más complejas de la historia nacional.

Uno de los problemas más graves es el incremento de la desigualdad y la pobreza, que proviene de la desarticulación de la política de crecimiento económico que hemos tenido durante la última década, un crecimiento promedio anual del 1.9 por ciento del producto interno bruto.

Se ha privilegiado la estabilidad financiera por encima de las prioridades económicas y sociales, estabilidad que si bien es necesaria, es insuficiente para generar crecimiento, empleo, salarios más justos y superar la pobreza.

La política económica que impera no ha logrado generar los empleos suficientes ni los bienes y servicios necesarios para que cada mexicano tenga un nivel de vida digno.

Sin embargo, reconocemos que el país no está a la deriva en materia económica, aunque hay datos que se deben mejorar, porque son elocuentes y no mienten; la tasa de desempleo abierto, que en el año 2000 era de 2.3, se ha llevado al 5.6 por ciento. Más del doble.

Actualmente existen más de 2 millones y medio de desempleados; 13.4 millones de personas laboran en el sector informal, 3.8 millones buscan un segundo empleo o uno mejor y más de 3 millones no reciben remuneración en su trabajo. Estos resultados no corresponden al potencial de nuestro país.

Ocupa el décimo cuarto lugar en extensión territorial, cuenta con extensos litorales; ocupa el lugar undécimo en población, el séptimo mayor productor de petróleo, el décimo cuarto en exportación de bienes y servicios, y contamos con empresarios y trabajadores muy competitivos.

Por estas razones, es imprescindible cambiar el sentido de las actuales políticas gubernamentales y adoptar una nueva estrategia para el desarrollo económico de México y la generación de empleos.

Por ello el Partido Verde Ecologista de México reconoce la urgente necesidad de fortalecer al Estado como promotor del desarrollo y el empleo; dotar al Estado de los mecanismos necesarios que le permitan tener una verdadera competitividad y generar fuentes de empleo y generar políticas públicas eficientes y eficaces que impulsen el bienestar de la clase trabajadora.

La política económica nacional es y debe seguir siendo el eje rector del quehacer público que permita alcanzar el bienestar social; es solo a partir del crecimiento económico que es posible generar más empleo, un ingreso remunerador y suficiente, así como desarrollo en todos los sectores productivos y mayores recursos y gastos públicos.

Las propuestas económicas que el Partido Ecologista de México habrá de impulsar en esta Legislatura tienen como objetivo fundamental la conformación de un México competitivo, en donde la pobreza y la marginación sean abatidas y se noten en el bolsillo de los mexicanos, a partir del crecimiento sostenido del sector formal de la economía, de mayores oportunidades laborales para los jóvenes, del fortalecimiento del campo, del impulso de la industria turística y la productividad del sector empresarial e industrial, entre otros. De manera que el reto no es menor.

De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, México se encuentra clasificado como una economía en desarrollo, lo que implica que a pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora, el crecimiento económico de nuestro país aún no ha sido suficiente para alcanzar un nivel óptimo de desarrollo económico.

Es cierto que ningún país puede darse el lujo de no crecer, como tampoco se puede desatender la necesaria equidad en la distribución de la riqueza y el ingreso.

Como parte de nuestras premisas de partido reconocemos la importancia de un manejo prudente de las finanzas públicas; sabemos de la relevancia de mantener un control de precios que evite escaladas inflacionarias que dañen a la población; comprendemos el valor de los equilibrios macrofinancieros y comerciales.

Todos estos elementos son condiciones necesarias, pero de ninguna manera suficientes en la nueva política económica que emprenderemos a partir del fortalecimiento interno de nuestro sector productivo en nuestros estados, a los cuales reconocemos su labor y gran aportación en la Conago, muestra clara de que México sabe ponerse de acuerdo.

Compañeras y compañeros legisladores, la verdadera política económica es aquella que no necesita de adornos, aquella que no necesita hablar de grandes cifras y aquella, por supuesto, que no necesita un lenguaje técnico y rebuscado; la verdadera política económica es aquella que se ve y se siente en los bolsillos y en los monederos de las amas de casa de nuestro país, el que podamos llevar tres comidas al día a la mesa de todos los mexicanos y que se pueda contar con una vivienda y servicios dignos.

Es aquella también —por supuesto— que toma en cuenta, en cuanto a nuestros hijos y los hijos de todos los mexicanos necesiten el apoyo para ir a estudiar; en cuanto un familiar sufra de alguna enfermedad pueda ser atendido de inmediato con los medicamentos necesarios y adecuados.

La política económica es aquella que toma en cuenta a los jóvenes, a los adultos mayores y a las madres solteras; aquella que no te engaña, aquella que los programas federales funcionan igual en un municipio del centro del país a otro ubicado en el norte de la República Mexicana, y que por supuesto se pueda tener la sensibilidad y la capacidad de ampliar, modificar o inclusive cancelar aquellos programas que no funcionen.

Un ejemplo claro, por supuesto, podemos citar el programa federal llamado 70 y Más, que ha habido un caso omiso por parte de quien lo opera, de millones de mexicanos a lo largo y ancho de nuestro país, que han requerido poder formar parte de él a una edad más temprana que los 70, ya que nadie les garantiza que van a vivir y que por supuesto dedicaron la mayoría de su vida a trabajar por sus familias en el campo o en alguna ciudad.

Así de sencilla será la política económica, si empezamos en este recinto a ponernos de acuerdo; en esta Cámara de Diputados que empiecen a fluir los acuerdos, los consensos, por supuesto, para las grandes decisiones que necesita el país que tomemos nosotros. Como ejemplo, cito los cerca de aproximadamente 3 billones 600 mil millones de pesos, que serán ejercidos para el año que entra y que por supuesto será un gran reto para nosotros.

Debemos, compañeros, recuperar la seguridad económica de todos los mexicanos, pero también debemos recuperar la confianza de que se harán mejor las cosas. Vamos porque la economía en México se note y anote a las buenas cuentas de todas las familias mexicanas. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado Astudillo. Tiene ahora el uso de la tribuna el señor diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

El diputado Carol Antonio Altamirano:Con su permiso, diputado presidente. Señoras y señores legisladores, una vez analizado el último informe del Ejecutivo, de acuerdo a los indicadores de empleo, pobreza, competitividad, saneamiento de los ingresos públicos, criterios de federalismo fiscal y el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, considero que el gobierno del presidente Calderón ha fracasado en una responsabilidad fundamental: mejorar la calidad de vida de la población.

El logro no fue vivir mejor, como ofrecía la propaganda gubernamental; con la política económica que se aplicó la mayoría de los mexicanos hoy vive peor y el país se hunde.

Digan lo que digan las campañas mediáticas que quieren convertir los fracasos en logros, la realidad es que el gobierno de Calderón hizo promesas que no cumplió; el México del que habla el gobierno no corresponde con la realidad.

Por ejemplo, en el discurso del pasado lunes el presidente Calderón dijo que se propuso consolidar una economía capaz de competir y ganar en el mundo y de atraer más inversión productiva, pero la realidad es otra, pues de acuerdo con cifras del FMI hace 12 años México ocupaba la novena posición por el tamaño de su economía, por delante de Brasil, España, India, Australia y Rusia. Hoy estas naciones han rebasado a nuestro país y México cayó a la decimocuarta posición mundial.

Hace dos décadas la economía nacional era ligeramente superior a la brasileña, hoy la economía de Brasil es dos veces más grande que la mexicana.

El VI informe presume un crecimiento de 3.9 por ciento en este año, pero si se considera el sexenio el promedio de crecimiento es apenas 2 por ciento anual. Esa tasa incumple la meta proyectada en el Plan Nacional de Desarrollo de 5 por ciento y es de las más bajas en los últimos cuatro sexenios.

El que se consideró así mismo, desde su campaña, como presidente del empleo, al final de cuentas terminó dirigiendo una máquina de generación de desempleados. Las cifras no dejan lugar a dudas, al inicio de los gobiernos panistas existían en el país 998 mil desempleados, para el año 2012 esta cifra se ha más que duplicado a 2.4 millones de desempleados.

Aunque la meta del Plan Nacional de Desarrollo era generar 800 mil empleos anuales, realmente solo se han generado 397 mil empleos por año. Al final de cuentas hay una diferencia de 2 millones de empleos entre lo prometido y lo finalmente realizado en el sexenio.

Además, de acuerdo al Inegi existen 3.3 millones de mexicanos que trabajan sin ninguna remuneración; hay poco más de 4.3 millones de personas subocupadas. En suma, más de 10 millones de mexicanos que no encuentran trabajo o lo tienen en condiciones miserables y degradantes.

Aunque este gobierno ofreció lograr mayores niveles de desarrollo humano, lo que se logró en la realidad fue una pobreza con dimensiones de tragedias social.

El fracaso es notorio y lo acreditan las cifras del Coneval, respecto a la pobreza patrimonial; el saldo en lo que llevamos del sexenio es de 12.2 millones de personas más viviendo en la pobreza. Actualmente, 52 millones de personas; es decir, casi la mitad de los mexicanos es pobre.

En este sexenio la pobreza no ha dejado de crecer, 8 mil mexicanos por día, 348 por hora, seis mexicanos por minuto.

Pero los malos resultados no son por la falta de recursos, pues el gasto social pasó de 184 mil millones de pesos en 2007, a 317 mil millones de pesos en 2012.

¿Qué se hizo entonces? Parece que a mayor gasto dedicado a luchar contra la pobreza, hay más pobres.

La desigualdad no cedió; según los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, el 10 por ciento de los hogares con mayores percepciones concentró casi el 40 por ciento del ingreso, mientras que el 10 por ciento de los hogares más pobres solo representa el 1 por ciento.

En materia de ingresos, el Ejecutivo no buscó fuentes progresivas y permanentes de financiamiento; por no enfrentar a los grandes intereses que se benefician con los regímenes fiscales de excepción, se mantuvo de manera irresponsable el financiamiento con ingresos de origen petrolero.

La realidad es que más que inversión privada, que obliga a compartir la renta petrolera, se requiere dejar que Pemex reinvierta lo necesario en su desarrollo para beneficio del país.

Es indispensable que en esta Legislatura revisemos los cálculos que presenta la Secretaría de Hacienda en el presupuesto de gastos fiscales, que son los ingresos que no se recaudan por tratamientos preferentes y que alcanzan, en el 2012, la insólita cifra de 727 mil millones de pesos, y que las empresas y sectores beneficiados acrediten que esos apoyos ayuden al bienestar general del país.

La dimensión de ese hoyo en las finanzas públicas es tal, que de recaudarse totalmente los ingresos no petroleros, estimados para el 2012, se podrían incrementar en 34 por ciento para alcanzar 2 billones 864 mil millones de pesos, que financiarían inversión en infraestructura y el desarrollo nacional.

Por otra parte, este gobierno no reaccionó ante los retrocesos en el federalismo fiscal. La realidad es que la recaudación federal participable, que es la bolsa de recursos disponible para las entidades federativas, tiene una caída real de 4 por ciento.

En este contexto destaca un caso singular: la pérdida de ingresos en materia educativa, por el cambio a la fórmula del Fondo de Aportaciones para Educación Básica, FAEB. Esto ha significado enormes recortes a los recursos que la federación transfiere al gasto en educación básica en entidades como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Tabasco; un verdadero crimen, cuando estos estados poseen los mayores índices de pobreza del país y que esta Cámara está llamada a superar.

Este gobierno no ayudó a revertir la inequitativa distribución de los fondos de aportaciones, en especial al Distrito Federal se le niega el acceso al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, bajo el argumento de que no es un estado. Pero eso es injusto, pues en la ciudad existen de manera comprobable las carencias con las que se calcula la distribución de ese fondo.

Existe otro tema de la mayor importancia: el maquillaje a las cifras del déficit en el VI informe; el gobierno aparenta que este déficit es pequeño, pero las cifras oficiales revelan que es mayor.

Para 2012, el déficit —se calcula según la definición de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria— apenas alcanza los 61 mil millones de pesos. Ésa es solo una ficción legal, pues existen otros compromisos que el gobierno finalmente paga y los calcula sumando el financiamiento de la inversión en Pemex, de manera que llega a 368 mil millones de pesos.

El déficit verdadero, el que se usa en los organismos internacionales, incluye además los pasivos del IPAB y otros conceptos, llamando a ese conjunto requerimiento financiero del sector público y que asciende a 450 millones de pesos.

Es decir, el VI informe revela que se simulan cifras y eso no debe seguir, se debe hablar con la verdad y si es necesario modificar la ley del Presupuesto para que se incluyan todos los compromisos de pago del sector público; entonces, este Congreso debe hacerlo.

Compañeras y compañeros legisladores, la realidad del país está marcada por un crecimiento mediocre, creación insuficiente de empleos, trabajo precario y de mala calidad y una pobreza que no deja de crecer; si tomamos esos indicadores como la evaluación de la política económica del sexenio, el resultado es claro: el gobierno federal ha fracasado y está reprobado. Este gobierno no ha dado paz ni seguridad a los mexicanos y su herencia es un México estancado y sin desarrollo.

En conclusión, el VI informe está fuera de la realidad, contiene cifras maquilladas y nos confirma el desastre social.

Ahora bien, a esta Legislatura le corresponde construir acuerdos para darle a México un rumbo distinto; necesitamos un Estado con una visión centrada en el desarrollo de la nación y el bienestar de la sociedad, finalidad que debe orientar las definiciones en materia energética, laboral, de salud y alimentaria. Las reformas en estas materias no deben ser para entregarlas al mercado, sino para modernizarlas y mejorarlas en beneficio de la sociedad.

Los problemas que ha generado la política económica neoliberal son graves y tenemos la posibilidad de corregirlos. El fracaso no tiene por qué ser eterno ni por qué asumirse para siempre el mismo modelo.

El PRD convoca y está dispuesto a un diálogo que nos permita construir alternativas distintas y mejores en beneficio del desarrollo nacional; nos comprometemos, de cara a la nación, a hacer todo el esfuerzo necesario para impulsar un nuevo modelo de desarrollo que realmente garantice un mejor futuro para los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Antonio Altamirano. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

La diputada María Teresa Jiménez Esquivel:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hago uso de esta alta tribuna, por parte del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para fijar la postura en torno de la discusión de esta glosa del VI Informe de Gobierno, en materia económica. Lo hago con todo el convencimiento del trabajo bien realizado y con la firme convicción de que los gobiernos emanados de Acción Nacional saben gobernar y lo hacen bien, con efectividad y con transparencia; lo hacen entregando resultados tangibles para la sociedad mexicana, lo hacen a pesar de las adversidades, lo hacen a pesar de haber recibido un país con problemas económicos y financieros en el año 2000.

Este manejo correcto ha dado rumbo y certidumbre al país, lo que sienta las bases reales y efectivas para alcanzar el sano desarrollo y el bien común de la sociedad mexicana. Probablemente, lo más meritorio de este esfuerzo es haber alcanzado la estabilidad permanente y sólida, a pesar del entorno de la crisis económica.

Los gobiernos emanados de Acción Nacional pasarán a la historia como sexenios de  estabilidad económica y financiera; sexenios de la infraestructura y el desarrollo empresarial; los sexenios de las finanzas públicas sanas; sexenios del fortalecimiento al federalismo y  sexenios que cuidan el medio ambiente y protegen los recursos naturales.

En suma, hemos sido testigos de un escenario que, indudablemente, ha dado resultados; resultados que benefician a las familias mexicanas, que cuidan su patrimonio, que les ofrecen mayores oportunidades de crecimiento y de desarrollo.

Estamos convencidos que se han dado pasos correctos, aun con las limitaciones que ha representado contar con una oposición que de manera sistemática se convirtió en un freno para el crecimiento de México.

Un rasgo que puede identificar plenamente al desempeño económico, durante los gobiernos emanados en Acción Nacional, es sin lugar a dudas la responsabilidad y la transparencia en el manejo de la economía. Esto ha posicionado al país con un potencial económico envidiable, con estabilidad y en la senda del crecimiento, situación que ha logrado poseer pese haber enfrentado una crisis económica mundial de magnitud significativa en el 2008 y 2009.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el marco de la revisión de esta glosa podemos afirmar que México se constituye como una economía fuerte y con gran estabilidad; hoy en día tenemos bajas tasas de inflación que contrastan con las tasas observadas durante los gobiernos priistas; hoy en día sabemos que mantener una economía equilibrada y estable, con responsabilidad, es base primordial para impulsar el crecimiento de México, y sabemos también que es mecanismo ideal para generar más oportunidades de progreso y de desarrollo a sociedades mexicanas.

Hoy nuestro país tiene otras condiciones afortunadamente, hoy podemos presumir de una inflación controlada; la inflación de este sexenio, en promedio, es la más baja de los últimos 40 años. Con esta fortaleza podemos crecer.

Tan solo en el 2011 el PIB creció 3.91 por ciento y de 2007 a la fecha se han generado más de 2 millones 240 mil empleos nuevos, registrados en el IMSS.

Hemos sido testigos del gran crecimiento de la infraestructura; hoy podemos decir que se han construido o modernizado alrededor de 20 mil kilómetros de carreteras y caminos rurales, y la inversión en puertos, aeropuertos e infraestructura ferroviaria ha sido mayor que en las dos últimas administraciones.

Hoy tenemos un sector energético sólido, la tasa de restitución de reservas probadas de petróleo es superior al 100 por ciento. Hoy tenemos un sector turístico en movimiento, que el año pasado rompió record al recibir a más de 23 millones de turistas internacionales.

Al campo no lo olvidamos, y hoy podemos decir con orgullo que se canalizaron recursos sin precedentes, alrededor de 1.5 billones de pesos.

Como ha sido tradición de Acción Nacional se ha dado un gran impulso al sector empresarial, otorgando créditos a más de 400 mil Pymes.

Los gobiernos del PAN se han destacado por la conservación del medio ambiente y el fomento de las actividades productivas sustentables. Para Acción Nacional la sustentabilidad es una prioridad. En este tenor, se han desarrollado programas, como Procampo, que constituyen activamente a la conservación de los recursos forestales a través de acciones, como el pago de servicios ambientales, a la población que posee predios forestales y el impulso a la reforestación.

En Acción Nacional estamos comprometidos con la conservación de nuestros recursos; por eso no permitiremos el regreso de políticas que incentivan la deforestación y los cambios de uso de suelo, sin considerar la vocación natural del territorio.

En materia de agua potable el gobierno impulsó la construcción de proyectos de abastecimiento, como el Acueducto II en Querétaro, la presa El Realito en San Luis Potosí y la presa El Zapotillo, que cubrirá la demanda de agua en las ciudades de León, Guanajuato y Guadalajara, Jalisco; asimismo, de 2007 a 2011, entraron en operación 162 plantas potabilizadoras.

Finalmente, en los últimos años, a través de la activa participación del presidente Calderón, así como de las dependencias de la administración pública federal, México se convirtió en el líder de la lucha contra el cambio climático; entre los logros alcanzados se encuentran haber sido anfitriones en la COP16, impulsar el fondo verde para combatir el cambio climático, así como implementar programas cuyo objetivo es reducir el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero.

Así, por ejemplo, a través del Programa de Luz Sustentable se impulsó la distribución de más de 47 millones de lámparas ahorradoras; con el Programa Nacional de Sustitución de Equipos Electrodomésticos se han sustituido poco más de 1 millón 780 mil refrigeradores y equipos de aire acondicionado. Asimismo se han otorgado más de 874 mil hipotecas verdes, lo que derivará de una reducción de emisiones, contribuyendo a la mitigación del cambio climático.

Como en ningún otro sexenio, los estados y los municipios han sido apoyados a través de las aportaciones y participaciones para poder intervenir en proyectos de infraestructura social, educativa, de salud y seguridad pública; el Presupuesto destinado a los gobiernos locales es hoy en día superior al 30 por ciento del gasto neto total del sector público presupuestario y del 2001 al 2011 se han entregado recursos superiores a los 8 billones de pesos.

En definitiva, no podemos regresar al paternalismo y al clientelismo, a ver el campo como fuente de votos, al corporativismo del campesino, a la falta de políticas públicas, a medidas populistas de corto plazo y en general, a no valorar al sector rural al supeditarlo a intereses políticos. Es con la alternancia que se decide a crear organismos como la Auditoría Superior de la Federación, que en conjunto con la Secretaría de la Función Pública nos ha permitido contar con mecanismos novedosos de transparencia y rendición de cuentas y reducir el uso ineficiente del gasto público.

Hoy este Congreso cuenta con facultades en materia de transparencia, que hace 12 años eran imposibles de imaginar.

Por lo que Acción Nacional, desde esta tribuna, estará muy atento a que cada reforma o acción de gobierno que pueda poner en riesgo este logro económico, sea de total conocimiento a cada mexicano y juntos evaluaremos y juzgaremos al actuar político del gobierno entrante, a partir de su primer día de ejercicio. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada Jiménez Esquivel. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

La diputada Paulina Alejandra del Moral Vela: Con su venia, señor presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores, por su atención; es un honor hacer uso de la máxima tribuna del país para exponer el posicionamiento de mi partido, el Revolucionario Institucional, respecto al VI Informe de Gobierno, presentado ante esta soberanía por el ciudadano titular del Ejecutivo federal, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Los legisladores priistas estamos comprometidos con el examen escrupuloso del informe que se glosa; el análisis del estado general que guarda la administración pública federal requiere de objetividad, sensatez, reconocer lo que se hizo bien y señalar con responsabilidad lo que se hizo mal. Ése es el compromiso de mi partido.

Lo haremos haciendo valer los intereses de la nación a la que representamos y a la que nos debemos, evitando descalificaciones automáticas o críticas por consigna, porque estamos convencidos de que estas prácticas resultan tan dañinas, como el discurso que desde la Presidencia de la República se pronuncia, autocomplaciente, magnánimo y grandilocuente de sí mismo, pero distante de la cruda realidad y el sentimiento de los mexicanos. La realidad de México no es distinta a partir de un informe esforzado por encontrarle, sofisticadamente, eso sí, el lado amable a las cifras.

Quienes estamos aquí, representantes populares surgidos del contacto con la gente, conocemos bien el sentimiento popular de insatisfacción y muchas veces de desesperanza. A partir de ello, presento un breve balance en los rubros que examinaremos a profundidad en las gestiones programadas.

En materia económica, el sexenio se significó por rendir culto a las variables macroeconómicas, mientras que en la microeconomía, aquella que no es virtual sino real, se ejercía una grave y sistemática violencia en cada una de las familias mexicanas; desempleo, pulverización del poder adquisitivo, el aumento desorbitante de los precios de los alimentos de la canasta básica y un incremento mensual en el precio de la gasolina, diesel y el gas.

Antes de este sexenio una familia gastaba el 45 por ciento de su ingreso en alimentos, el día de hoy gasta hasta un 60 por ciento.

Quizás el indicador más relevante para los mexicanos es el precio de la tortilla; en 2006 este alimento básico costaba 5 pesos por kilo; el día de hoy está en 12 pesos o más.

Ante esta realidad, ¿dónde quedan los beneficios económicos históricos para los mexicanos que pregona el informe?

Que esta experiencia nos recuerde que como representantes del pueblo, seamos de un partido o de cualquier otro, no debemos perder el contacto con la realidad que se vive en cada uno de nuestros distritos, la prioridad debe de ser el mejoramiento de la economía de las familias de México. Eso es lo que espera la gente de nosotros y del próximo gobierno.

También espera que la palabra que se ofrece se cumpla a cabalidad. ¿Cómo explicarle a la gente el autoelogio gubernamental por la creación de empleos, cuando hay 2.6 millones de mexicanos desempleados? ¿Por qué omitir en este informe que la cantidad de personas sin empleo al día de hoy es mayor a la registrada en diciembre de 2006?

Más aún, ¿quién con toda razón podría decir hoy, en esta tribuna, que el presidente Felipe Calderón acreditó en los hechos ser el presidente del empleo, tal cual lo prometió en su campaña?

En materia de política social, el agravio a los mexicanos lamentablemente es aún mayor; la gravedad es tal, que el incremento a la pobreza durante el sexenio se puede medir incluso por minutos. No exagero al decir que es alarmante que cada 60 segundos 6 mexicanos engrosan las filas de la pobreza, según el Coneval.

¿Quién podría sentirse orgulloso, satisfecho o triunfalista de dejar un país de pobres? Como generación política, independientemente del signo partidista al que pertenecemos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad ante esta grave realidad.

El desafío inmediato es trabajar todos con el nuevo gobierno para revertir esta injusticia social de 21.2 millones de mexicanos que sufren pobreza extrema; es decir, hombres, mujeres, niños, que se despiertan, realizan sus actividades cotidianas y se van literalmente a dormir con hambre.

El Coneval advirtió, en 2008, que 40 millones de personas estaban en alto riesgo de caer en situación de pobreza; con fundamento en esos datos, resulta tan ilusoria como ofensiva la aseveración presidencial de que México es un país de clase media.

Habría que preguntarse cuál es la condición actual de 40 millones de mexicanos, en el marco de lo que el titular del Ejecutivo federal denomina insistentemente: la crisis que vino de fuera.

Esperemos la próxima medición del Coneval, pero si como especialistas en materia prevén, la crisis afectó realmente a quienes ya eran vulnerables; entonces, al finalizar este sexenio, de un país de 112 millones de habitantes, tendría dramáticamente casi 90 millones de pobres.

En materia de seguridad, resulta innecesario ahondar en cifras, el signo distintivo del sexenio es la muerte, la violencia, el dolor de las familias, la zozobra permanente ante la incontenible expansión del crimen, y frente a este cuadro de sufrimiento de los mexicanos, el Ejecutivo federal se presume valiente, confundiendo una obligación constitucional con una hazaña personal.

Es obvio que combatir el crimen nunca ha sido una opción, ha sido, es y será siempre, una obligación constitucional; por eso es inevitable calificar de pretenciosa y megalómana la conducta presidencial de ilusionarse que ese deber es un imperativo categórico consustancial a su persona y no al Estado mexicano.

En su visión, los esfuerzos institucionales son poca cosa frente a su voluntad de combatir a los criminales que vienen del pasado; en su sexenio dispuso de reformas legales, presupuestos históricos —como él mismo refiere—, del mayor estado de fuerza y de la comprensión y respaldo internacional y nacional, y los resultados son claramente insatisfactorios por decirlo suave.

Un dato contrastante, el consumo de drogas ilegales en México se incrementó drásticamente y a más temprana edad, en medio de una publicidad presidencial que dice: para que la droga no llegue a tus hijos.

En ese rubro de seguridad, el desafío que nos deja el presidente: el volver a vivir sin miedo, recuperar la tranquilidad y la paz, a partir de lo que su propio secretario de Marina sabiamente recomienda a la próxima administración, más inteligencia y menos fuerza.

En materia política, la conducta presidencial en esta materia fue muy consistente: confrontación, no solo con los diferentes órdenes de gobierno, tanto estatal o municipal, también con los poderes públicos, como el Legislativo, a quien acusó de paralizar su obra y del Judicial, a quien acusó de corrupto.

El signo distintivo es la polarización con todos los actores políticos, sorprendentemente hasta con los de su propio partido; quizá lo que más pinta de cuerpo entero al presidente es su permanente deslinde de responsabilidades.

Quienes hemos gobernado, nos hemos equivocado ciertamente, pero asumiendo el costo político que representa el error lo reconocemos. Contrario a esto, el presidente siempre juzgó responsable de sus fracasos a otro, nunca se asumió como una autoridad del presente, cuando la culpa no fue del distante pasado, fue de los países que consumen droga y venden armas; cuando la culpa no fue de los presidentes municipales, fue de los gobernadores, a quienes tildó de virreyes y de caciques.

En estos seis años la impunidad fue culpa de los jueces, que dejaron salir a los criminales que él atrapó; la corrupción es culpa de los ámbitos locales a la que está inmune el ámbito federal, hasta las sequías y otros fenómenos naturales, al igual que las pandemias, se confabularon en su contra.

El 14 de diciembre de 2011, se escuchó elogiar en Los Pinos a quien fuera su secretario particular y lo cito: la mano invisible de Dios nos dio al mejor presidente. Hasta aquí la cita.

De esta magnitud, señoras y señores, es la descripción de sí mismo que tiene el gobierno que se despide.

Siendo de un partido político distinto al del presidente, tengo el deber de reconocer en Felipe Calderón Hinojosa, a un hombre que en su actuar siempre, siempre tuvo las mejores intenciones para este país. Serán los mexicanos quienes tendrán el juicio de él y no olvidemos que también de nosotros.

Compañeras y compañeros legisladores, como integrantes de esta LXII Legislatura tenemos páginas en blanco aún por escribir; aprovechemos nuestro momento, hagamos posible un marco de entendimiento en el que el diálogo y el acuerdo prevalezcan por encima de nuestras legítimas diferencias; hagamos posible que la convivencia y colaboración de los tres Poderes federales sea una realidad. Que el próximo año recibamos al Ejecutivo federal para que desde esta tribuna rinda cuentas a la nación, con la presencia del Poder Judicial.

México es un país grande, plural, fuerte, en donde todas las expresiones políticas son necesarias para resguardar un sano equilibrio democrático; aquí todos cabemos, incluyendo las visiones más radicales. En nada beneficia a México descalificar al adversario, todos, absolutamente todos tenemos algo que decir, desde el punto de vista de nuestras convicciones.

Reitero y aprovecho para mostrar nuevamente el respeto del Grupo Parlamentario del PRI a mis compañeras y compañeros legisladores de otras fracciones: del partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, del Verde Ecologista y de Nueva Alianza. Juntos, todas y todos, representamos la gran pluralidad de este país. Trabajemos juntos para transformar este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada Del Moral Vela. Para iniciar la segunda ronda, corresponde el uso de la tribuna al diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por 10 minutos.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con su venia, presidente. Compañeros y compañeras legisladores, vivimos en los límites de la contradicción y nuestro país lo demuestra a diario: el drama de la desigualdad, la inseguridad y la falta de oportunidades es algo que vemos a diario.

Tenemos varios millonarios en la lista de Forbes, mientras hay más de 20 millones de personas que viven en pobreza extrema, con ingresos menores a un dólar al día. No saben si comerán hoy o al día siguiente.

En el Partido Nueva Alianza creemos en la libertad de las personas para desarrollar su potencial y en un Estado eficaz, que les puede proveer los bienes públicos indispensables; creemos también que el gobierno actual no ha hecho todo lo posible para cumplir con las expectativas económicas de los mexicanos.

Es cierto que hoy podemos presumir ante el mundo una estabilidad macroeconómica que ha servido para soportar los embates de la crisis económica mundial; sin embargo, esa estabilidad no se ha reflejado en la vida de los ciudadanos comunes y corrientes, los 20 millones de pobres extremos no lo entienden.

Si bien no se han presentado devaluaciones como a las que estábamos acostumbrados, sabemos que esta estabilidad cambiaria beneficia mucho más a las grandes empresas y trasnacionales —que tienen sus deudas en dólares— que a las Pymes, las cuales ven detenidas sus exportaciones por el encarecimiento del peso ante el mundo.

Reconocemos también que se ha mantenido la inflación en un dígito, pero la canasta básica ha aumentado en este último año a más del 6.19 por ciento, según el propio informe. Esto repercute en la vida de los que menos tienen y la falta de sensibilidad de este gobierno ha impedido que se tomen medidas radicales para solucionar este problema, con apoyos específicos.

De acuerdo con las cifras de la Cepal, el crecimiento de México los primeros cinco años del gobierno del presidente Calderón ha sido un acumulado del 7.8 puntos porcentuales, y en el 2012 puede llegar a sumar otros 4 puntos, lo que arrojará un 11.8 por ciento al concluir el sexenio, en promedio 1.96 por ciento por año.

Si el crecimiento promedio de la economía mexicana en los últimos 12 años ha sido de un 2 por ciento —fíjense nada más— tardaríamos cerca de 50 años en duplicar nuestra economía, mientras que los países denominados BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, alrededor de 15 años promedio. La falta de crecimiento se refleja en la falta de oportunidades para los jóvenes, que al día de hoy alcanzan más de 7 millones que no estudian, que no trabajan.

A pesar del aumento del empleo formal en el último año, la calidad de esos empleos ha empeorado; según los datos del Inegi, la subocupación ha crecido, en lo que va del sexenio, del 6 al 9 por ciento, y la ocupación informal ha crecido del 26 al 29 por ciento.

Cerca de siete millones de personas perciben un salario mínimo o menos; poco más de 11 millones que perciben entre uno y dos salarios mínimos —fíjense—, y casi 11 millones de personas reciben entre dos y tres salarios mínimos; es decir, que cerca de 30 millones de mexicanos, el 60 por ciento de los ocupados, percibe tres salarios mínimos o menos.

Del universo de población económicamente activa, solo el 4.9 por ciento son empleadores; ello implica que solo uno de 20 mexicanos tiene una empresa con al menos un empleado. Hoy emprender un negocio propio es sumamente difícil.

En tan solo un año, de 2010 a 2011, nuestro país pasó del lugar 66 al 75 en facilidad para crear una empresa, de acuerdo con el índice de Doing Business del Banco Mundial, reportado en el mismo informe.

En México 9 de cada 10 empleos son generados por empresas privadas, de los cuales el 65 por ciento provienen de la micro, pequeña y mediana empresa; sin embargo, este tipo de compañías apenas genera el 26 por ciento de la producción nacional y solo el 20 por ciento de ellas tienen acceso a créditos bancarios, como apalancar su crecimiento.

A pesar de que el financiamiento directo e inducido de Nacional Financiera aumentó en un 11 por ciento y el año pasado se ubicó en 194 mil millones de pesos, no se ha logrado solucionar el fracaso que acecha a las Pyme mexicanas; ocho de cada diez firmas cierran antes de cumplir cinco años y el 90 por ciento antes de cumplir una década.

En Nueva Alianza pugnamos por una revisión profunda y puntual del trabajo desarrollado por los programas de la Secretaría de Economía, en especial apoyo a las Pyme.

Consideramos que en estos años de gobierno ha existido simulación y derroche. De otra forma no se puede entender el aumento del gasto y los magros resultados en la materia.

Es también inaudito el sistema impositivo mexicano, que además de gravarnos al consumo y la utilidad, nos viene a gravar el ingreso con el IETU. Lo que el gobierno está haciendo en su afán recaudatorio es castigar la productividad de sus ciudadanos, empujando a millones a la informalidad.

Es increíble que en un país en vías de desarrollo se tenga que hacer un ritual para conseguir una factura. Hoy en México es más fácil producir sin avisarle al Estado, sin dar facturas y sin otorgar seguridad social a nuestros empleados.

La inversión en investigación y desarrollo e innovación, en nuestro país, es deficiente. Muy lejos de la media y de las recomendaciones de la OCDE.

Nuestro sistema productivo se sigue fundamentando en procesos industriales del siglo XX, sin ver con proyección de futuro las nuevas realidades de las sociedades del conocimiento.

Se han perdido seis años sin una visión estratégica de país. La administración del presidente Calderón apostó por desconocer las vocaciones regionales del país y entender su función rectora, abandonándola a las demandas propias del mercado, en donde se fingen polos del desarrollo en atención a las ventajas de negocio y no de país.

A pesar de los avances del 2012, en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial se pueden percibir rasgos que nos resultan preocupantes.

En el ámbito de requerimientos básicos para la competitividad descendimos dos lugares en la parte de infraestructura, a pesar de que el presidente presume la mayor inversión en infraestructura en la historia de México, ya pasamos del lugar 66 al 68. Curiosamente, también descendimos un lugar en ambiente macroeconómico, con todo y que ésta es una de las mayores presunciones del gobierno calderonista.

Podemos ver también, en el informe, algo que preocupa de manera especial a un partido joven, como Nueva Alianza; en los catalizadores de eficiencia del mismo informe, la educación superior descendió cinco lugares en el índice, pasando del 72 al 67, todo esto en el último año. Existe un grave problema de oferta educativa para jóvenes en el país, asunto que el VI Informe no logra reconocer.

En el Índice de Competitividad Internacional del Imco de 2010, México ocupa el lugar 32; nuestro país ha sido menos competitivo en relación a los países denominados BRICS, en los últimos 10 años, quienes se han posicionado y han ido ganando espacio en la fracción de inversiones y por ende, en el crecimiento per cápita de su población.

Haciendo evaluación de este sexenio, según el Imco, en 2010 México retrocedió respecto a los demás países evaluados en cuatro de los 10 subíndices. Esto es: sistema de derecho, del 34 al 35; medio ambiente, del 38 al 39; sistema político, del 35 al 38; sectores financieros y de telecomunicaciones y transportes, del 27 al 30.

Para lograr la competitividad en el país es impostergable el fortalecimiento del Estado de derecho. ¿Cómo hablar de estabilidad macroeconómica y de competitividad, si el Estado no cumple con su razón de ser?

Como todos sabemos, la estabilidad del entorno otorga certidumbre a inversionistas, empresas e individuos para vivir con bienestar, para poder planear y tomar decisiones a corto y largo plazo; la legitimidad, estabilidad y efectividad del sistema político garantizan la paz social

Concluyo, señor presidente.

Las variables macroeconómicas no son suficientes, quizá previenen catástrofes, pero no sacan a un país de la indiferencia y de la indefensión, que hoy tiene frente a la pobreza y la falta de oportunidades.

Los últimos 20 años han demostrado que hace falta un cambio real, no un cambio de partido, no un cambio de actitud solamente; necesitamos claro un cambio de rumbo. En el Partido de Nueva Alianza nos comprometemos a impulsar desde todas nuestras trincheras este cambio para México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Félix Hays. Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, el diputado Adolfo Orive Bellinger, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Adolfo Orive Bellinger: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en el VI Informe de Gobierno de Felipe Calderón los asuntos de política económica se tratan en un eje denominado economía competitiva y generadora de empleo. Veamos cómo no mejoró la primera y empeoró la segunda; el impulso a la competitividad se ha dado, en efecto, pero en reversa.

Según el Foro Económico Mundial, México ocupaba en 2006 el lugar 58; para 2010 ese lugar había descendido a 66, de 139 países; en 2011 no avanzó, a pesar de ser la decimocuarta economía del mundo.

Calderón destaca la actual facilidad para hacer negocios como un rasgo positivo de la competitividad; sin embargo, los datos del foro contradicen esta afirmación, los cuatro factores más problemáticos para hacer negocios en México tienen todo que ver con lo hecho por el presente gobierno, a saber: crimen y violencia, corrupción, burocracia gubernamental ineficiente y dificultad para que las empresas productivas accedan al financiamiento.

Presume Calderón lo hecho en infraestructura para el desarrollo y sin embargo, el índice de competitividad global coloca a México en el lugar 73 de 142 países, en cuanto a la calidad de nuestra infraestructura, y el lugar —todavía peor— 83, en cuanto a la calidad de oferta de energía eléctrica.

¿De qué le sirve a la mayoría de los mexicanos —incluidos los micro, pequeños y medianos empresarios, los trabajadores, los desempleados y los habitantes en general— la presunción en el VI informe de la cantidad de inversión extranjera directa recibida durante el sexenio, si no generó crecimiento económico, no redujo el déficit de la balanza comercial, no transfirió tecnología, no demandó suficiente fuerza de trabajo y por supuesto, tampoco elevó el salario de los trabajadores contratados, porque basó su competitividad en el bajo costo de la mano de obra mexicana y en sus abastecedores de insumos en el este asiático?

En cambio, lo que sí hizo la inversión extranjera directa es convertirnos en dependientes del desempeño económico de Estados Unidos de América, tanto en materia de comercio exterior, como en el acoplamiento de nuestro ciclo económico con el de ellos.

En cuanto a la supuesta generación de empleo, presumen una tasa de desempleo abierto de solo 4.85 por ciento, que sería un record a nivel mundial; sin embargo, esa cifra es un truco estadístico, para describir lo que realmente sucede en nuestro país en esta materia se deben sumar la tasa de desempleo abierto, la de subocupación, la de condiciones críticas de ocupación y la de ocupación en el sector informal. Haciendo esta suma el resultado es que en 2012 la tasa no es de 4.85 por ciento, es de 54.76 por ciento.

Con esta nueva cifra, ésta sí reveladora de la realidad que padecen muchos millones de mexicanos, estamos hablando de 26 millones 524 mil 518 mexicanos mayores de 14 años que el autollamado presidente del empleo olvidó en su sexenio.

También presume en su VI informe que el poder adquisitivo del salario mínimo tuvo un crecimiento acumulado del orden del 2.23 por ciento. Esta cifra no es un truco, es una mentira.

El Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM nos informa que en 2006 el costo de la canasta alimenticia recomendable era 66 por ciento superior al salario mínimo, y que para 2010 era 169 por ciento superior; es decir, se requieren dos y dos tercios de salario mínimo, es decir, casi tres días de trabajo, para comprar una canasta alimenticia recomendable.

El problema de la reducción del poder adquisitivo de las clases populares no es solamente del gobierno de Calderón, es de todos los gobiernos neoliberales. Me servirán para demostrarlo la inflación de los precios de dos alimentos básicos; en 1982 un salario mínimo podía comprar casi 51 kilos de tortillas, ahora en 2012 solo alcanza para poco más de 5 kilos; en 1982 un salario mínimo comparaba casi 12 kilos de frijol bayo, en 2012 solo alcanza para adquirir poco más de 2 kilos.

Ahora, como integrante del frente legislativo progresista, quiero mostrar que como oposición no solamente sabemos ser contestatarios, que hemos decidido representar a la segunda fuerza política nacional con propuestas que le permitan a la mayoría de los mexicanos emprender un cambio verdadero, esta mayoría demanda una nueva economía.

Como también lo plantean para todo el mundo después de la crisis de 2008 —iniciada en 2008, no terminada aún— los premios Nobel de Economía, Joseph Stiglitz y Paul Krugman, ésta mayoría demanda transformar el capitalismo neoliberal, en el que el bienestar del pueblo depende de los mercados; es decir, conducidos por los grandes capitales y los banqueros especuladores, en un capitalismo dirigido por un Estado desarrollador que empodere las capacidades productivas de los emprendedores y de los trabajadores mexicanos; un Estado conducido por políticos conscientes de lo que es el interés general, la inclusión y la disminución sistemática de las desigualdades; un Estado que, a diferencia de los regímenes neoliberales, no sea conducido por tecnócratas.

Ya que como dijo Felipe González, ex presidente del gobierno español: meter a un tecnócrata a conducir la política económica de un gobierno, es como meter a un coyote a cuidar el gallinero.

La nueva economía habrá de rechazar el neoliberalismo impuesto en México como un modelo de derecha, pero también habrá de rechazar el viejo estatismo.

Propongo ceñirnos a la definición de democracia dada en el artículo 3o. constitucional, así como al artículo 25; propongo construir desde el Congreso de la Unión y no más tarde del otoño de este año, un acuerdo nacional del sector público, el sector privado y el sector social, que emprenda desde el centro y desde la izquierda la construcción, como si fuera un pacto permanente de la nueva economía.

Un acuerdo nacional, como un pacto permanente, que a diferencia del de hace más de 20 años no se circunscriba a abatir la inflación, sino que tenga por objetivo promover la reactivación económica del mercado interno y el pleno empleo en forma sostenida, que trace objetivos de esa nueva economía a corto, mediano y largo plazos para crecer a tasas superiores al 6 por ciento, que trace las estrategias correspondientes y que elabore matrices de compromiso, que le dé seguimiento periódico a lo acordado.

Todo lo anterior, desde luego, habrá que considerarlo a nivel macro, pero la nueva economía habrá de pensar, sobre todo a nivel micro; es decir, a nivel de la economía real, lo que ha olvidado el neoliberalismo desde hace ya 30 años.

El acuerdo nacional de los sectores público, privado y social —arriba mencionado— puede echarse a andar desde aquí, desde la Cámara de Diputados, sumando esfuerzos y consensuando visiones.

Los tres partidos de izquierda hemos dado ya ese paso al constituir el frente legislativo progresista.

Confió que la presente propuesta sea tomada por el coordinador del Partido del Trabajo y por el coordinador del Movimiento Ciudadano. El coordinador del Partido de la Revolución Democrática anunció el primero de septiembre el propósito de construir los acuerdos y los consensos para que el país avance. Invito a los 135 diputadas y diputados del frente a que impulsen esta propuesta.

El coordinador del grupo mayor en la LXII Legislatura afirmó, en un periódico de circulación nacional, el 13 de agosto pasado, que encaminará los acuerdos por la vía de la inclusión, el diseño de incentivos para la cooperación política, con el propósito de activar el mercado interno, aprobar una reforma hacendaria integral y tomar las decisiones económicas que permitan alcanzar un ritmo de crecimiento sostenido por igualdad.

La diputada que el primero de septiembre posicionó en esta tribuna al grupo mayor expresó textualmente: es indispensable construir acuerdos que propicien el crecimiento económico. Exhorto a los diputados del centro, sobre todo a aquéllos que recuerden lo que era ser nacionalista-revolucionario, a que lleven a los hechos, con este acuerdo, lo que han anunciado.

Que las palabras sean, esta vez, el antecedente inmediato de las acciones. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, analizar el desempeño de la política económica de nuestro país durante los últimos seis años nos obliga a señalar con toda contundencia el fracaso de la economía mexicana, más allá de las variables macroeconómicas.

En los últimos seis años el crecimiento promedio anual del producto interno bruto estuvo muy por debajo del 2.5 por ciento anual, real; el desempleo se mantuvo entre 5 y 10 por ciento entre la población económicamente activa; la inflación se incrementó de manera desmesurada en todos los productos y servicios, pero de manera particular en alimentos básicos, medicinas, artículos de primera necesidad; la inversión productiva se desplomó; las deudas públicas federal, estatal y municipal, se incrementaron de manera desproporcionada.

El saldo del gobierno de Calderón, es de 60 millones de mexicanos en la pobreza, más de 13 millones de mexicanos en la economía informal, salarios de hambre para la mayoría; un campo devastado, descapitalizado y totalmente abandonado, que nos ha llevado a perder nuestra soberanía alimentaria; a importar toda clase de alimentos, porque no sabemos producirlos, porque nos hace falta el dinero para hacer producir al campo. Eso lo sé muy bien. Un campo que ha sido abandonado.

La política económica de Calderón deja pobres a los más pobres. Acabó con la clase media y solo benefició a un pequeño grupo de tecnócratas. Así lo demuestran las cifras en materia de concentración del ingreso, un pequeño grupo de tecnócratas se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres.

Vale la pena recordar que desde el gobierno de Vicente Fox se pretendió conseguir un crecimiento anual del producto interno bruto de más de 7 por ciento, controlar los niveles de inflación, disminuir el desempleo abierto y promover la inversión extranjera. Ninguna de estas metas se concretó a lo largo de 12 años de gobiernos del PAN.

En comparación con otros países que en algún momento estuvieron a la par de nosotros en materia de crecimiento económico, como es el caso de China, México en las últimas tres décadas no ha crecido más del 3 por ciento, mientras China despuntó y ha crecido sostenidamente, entre 10 y más por ciento en el mismo período. Esa es la tragedia de México.

Mientras países asiáticos e inclusive latinoamericanos han logrado tasas de crecimiento económico por arriba del 4 por ciento, como es el caso de Brasil y otros, nuestro país se estanca, decrece y se empobrece cada día, como consecuencia de una visión de gobierno que se aferra al neoliberalismo y al libre mercado, a pesar de los nulos y reprobables resultados.

Según Nicolás Izaguirre, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, México es un país que no destaca en crecimiento económico y constituye una de las mayores vulnerabilidades de la economía de México. Una de las formas de reducir esa dependencia —planteó— es volver la mirada a la producción agropecuaria y a la demanda de alimentos en Asia, especialmente en China e India. México tiene el potencial para aumentar la producción de alimentos y exportarlos a esos países.

Desafortunadamente, el gobierno federal se ha empeñado en defender lo indefendible y en mantener una actitud de cerrazón ante las evidentes muestras de agotamiento del modelo económico.

Es evidente que la política económica en México requiere de un cambio radical que se evalúe por resultados, resultados que se reflejen en el nivel de bienestar de todos los mexicanos.

La delicada y crítica situación económica, política y social que vive nuestro país, demanda el compromiso de los actores políticos representados en esta Cámara con nuestra nación.

Es indispensable que asumamos un papel propositivo y constructivo para avanzar en una gran reforma económica, hacendaria y fiscal, con la visión progresista para que les permita a los mexicanos aspirar al bienestar y al progreso.

Asumamos un compromiso desde el Congreso para rescatar al campo mexicano, la industria nacional, a Pemex y a la banca de desarrollo, como pilares del desarrollo nacional; vayamos a un debate de fondo, sin titubeos, sin regateos, sí a una reforma fiscal integral, pero con equidad donde todos paguemos en proporción de sus ingresos, donde se elimine el IETU, el IDE, se baje el IVA, y de una vez anunciamos el no al IVA en alimentos y medicinas.

México se está hundiendo y nuestro deber como legisladores es rescatarlo. Ése es nuestro compromiso y los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano estamos comprometidos. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Soto Martínez. Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar:Con su permiso, presidente de la Mesa Directiva. Con su permiso compañeras diputadas, compañeros diputados. A un mandatario se le debe evaluar por su capacidad de cumplir, en donde los propósitos lo signifiquen, pero los hechos lo califiquen.

El Presidente de la República, el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, señaló el 25 de abril del 2006 —entonces candidato—, que se comprometía a disminuir impuestos y a simplificar su pago, a transparentar y garantizar estabilidad económica, a manejar en caja de cristal el dinero del pueblo, a cuidar poder adquisitivo de los ciudadanos, pero sobre todo a ser el presidente del empleo. De estos compromisos, si bien es cierto que se ha presentado estabilidad en los indicadores macroeconómicos, dicha estabilidad no se ha reflejado proporcionalmente en los bolsillos de los mexicanos, sobre todo del trabajador, del joven profesionista y de quienes pudiendo ser protagonistas del desarrollo económico, solo son espectadores de un crecimiento económico.

A pesar de que en el VI Informe de Gobierno se señala que el gasto público se ha orientado en gran medida al combate de la pobreza, ascendiendo a 317 mil millones de pesos en 2012, lo que presenta un crecimiento de 60.4 por ciento respecto al 2007, esto ha sido insuficiente para vincular el crecimiento macroeconómico con el desarrollo social de largo alcance.

Presumir reservas, frente a una población carente de todo, no es la mejor forma de sustentar éxitos, de nada nos sirve, dirá un padre desempleado, una madre soltera, un joven profesionista que no encuentra empleo; de nada nos sirve si esta fortaleza económica no produce condiciones para sustentar el desarrollo que la población demanda.

En política cuenta mucho la percepción. Cierto es que el uso de la estadística y la comparación cuantitativa ayudan a la comprensión del fenómeno económico, ¿pero hasta dónde pueden ser las cifras más que la realidad cotidiana a la que se enfrenta el ciudadano?

Se dice que la inflación está controlada, pero cada vez se le dificulta más a la gente comprar los productos de la canasta básica, que en este sexenio crecieron en más de un 100 por ciento; así, la tortilla pasó de 5 a 15 pesos; el huevo, de 10 pesos, hoy se compra en más de 40 pesos; el frijol, de 10 pesos a 30 pesos; la electricidad se incrementó en más del 70 por ciento. Esto por solo mencionar algunos de los productos que le pegaron a los bolsillos de los mexicanos.

¿Cómo decirle a más de 50 millones de mexicanos, localizados en el segmento de la pobreza y la pobreza extrema, lo grande de la economía mexicana? ¿Cómo expresarles a las personas que gozamos de prestaciones que no han alcanzado economías desarrolladas, cuando las personas sufren a diario? ¿Cómo compartir los logros, sustentados en la frialdad de la abstracción numérica y porcentual, frente al segmento de la impotencia del jefe de familia sin empleo, a quien se le dificulta enviar a la escuela a sus hijos o pupilos, quienes anhelan una educación de calidad?

¿Cómo explicarles a los ciudadanos del futuro deterioro ambiental, en el cual crecerá su descendencia por falta de inversión en medio ambiente?

La alternancia que empezó en el año 2000 tuvo como aliciente la promesa de un crecimiento del 7 por ciento del producto interno bruto, que se reforzó con la promesa del presidente Calderón, de ser el presidente del empleo; doce años después, con un crecimiento real promedio de 1 por ciento. Con lo cual le quedan a deber a este país más de 8 millones de empleos.

Si bien las variables macroeconómicas están bien, éstas poco sirven si no son útiles para el bolsillo de los mexicanos, sobre todo para los trabajadores, jóvenes profesionistas y de quienes, pudiendo ser protagonistas del desarrollo económico, son solo espectadores de un crecimiento económico sustentado en la astringencia y en cuidar reservas económicas, como fin sustantivo de un Estado que abdica su obligación de impulsar, a través de políticas públicas, un crecimiento armonioso que dé oportunidades de realización para todos los mexicanos.

La deuda pública externa e interna está llegando a niveles difíciles de controlar; un crecimiento que resulta inexplicable, porque este gobierno, que para mejorar sus porcentajes de acción se compara con el sexenio inmediato anterior, no ha explicado cómo se destinó la enorme riqueza ingresada al país por la venta del petróleo, los cuales por cierto han tenido en los últimos 12 años los precios más altos en la historia, alcanzando cifras superiores a los 100 dólares por barril, en contraste con los recortes a la producción y el precio de 15 dólares, establecidos en el gobierno de Ernesto Zedillo.

Se habla de que esta administración ha trabajado para elevar de forma sostenida la competitividad económica de nuestro país, a fin de acelerar el crecimiento y generar más y mejores empleos; sin embargo, para ello no basta con el desarrollo de infraestructura, rubro que reconocemos sobre todo en construcción de más carreteras, puentes, puertos, aeropuertos y presas, pero también se necesita potencializar la vocación productiva de cada región de forma estratégica e integral, vinculando al sector académico con el industrial, apoyando a las pequeñas y medianas empresas con créditos, tecnificando el campo y mejorando los esquemas de competitividad con los estados y municipios.

Tampoco hemos visto con claridad un desarrollo sustentable del sector industrial, pues cada vez encontramos que más recursos se destinan a infraestructura energética petrolera y no a energías renovables con fuentes limpias, como las hidroeléctricas, eólicas o solares.

Esta alternancia nos deja una gran lección: que el gobierno no puede dirigirse como una empresa privada; que el sub-ejercicio es resultado de la incompetencia del funcionario y no una estrategia para lograr ahorros, presumiendo superávit frente a una sociedad carente de lo básico.

Esta docena de años debemos verla como la oportunidad que tuvimos los mexicanos para develar las propuestas de un grupo que se decía comprometido con la democracia, forjador de ciudadanía y que en el ejercicio del poder mostró práctico, hizo todo lo que en su momento combatió.

Nos quedaron mucho a deber, pero afortunadamente también el ciudadano entendió y aprendió que con su voto cambia gobiernos; esta conquista debemos fortalecerla y debe de quedar ahí como una advertencia para cualquier gobierno, que de no cumplir con lo prometido se enfrentará a un ciudadano decidido, que con la fuerza de su voto lo enviará al rincón de los tristes recuerdos de la historia.

La política económica se refleja con la conformación del Presupuesto de Egresos, si ahí no se definen los recursos para impulsar las grandes transformaciones que demanda el país y necesita la sociedad, si por el contrario, lo que se advierte es el crecimiento en el gasto de operación y no se toman medidas que obliguen a la transparencia y sanción a las conductas inapropiadas, la inestabilidad de los gobiernos será la característica.

En este sentido, compañeros diputados y compañeras diputadas, es el Parlamento el poder soberano, representante de la voluntad total ciudadana, el llamado a tomar las decisiones para que el poder público logre los propósitos que sustentan la división, que para su mejor funcionamiento se determine en la Constitución.

Por último, también reconozcamos que estos indicadores negativos son por la falta de acuerdos para las reformas estructurales que tanto le urgen a México y que sin duda alguna le hubiera ayudado a la administración del presidente Calderón.

Por ello, los legisladores del Partido Verde asumimos estos retos, con el compromiso de emprender una ardua labor a favor de la gente y colocar al Poder Legislativo a la altura de los desafíos que hoy enfrenta México. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Núñez Aguilar. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

El diputado Carlos Augusto Morales López: Con su venia, diputado presidente. Señoras y señores diputados, hoy asistimos a la conclusión de un gobierno que nunca entendió que su función económica más importante era la distribución del ingreso nacional y lograr que las mexicanas y los mexicanos viviéramos con mayor equidad en nuestro desarrollo. Ésa es la función económica de cualquier Estado moderno.

Lo que presume Calderón en su VI Informe, no obstante las grandes cifras de gasto público que se anuncian en él, constituyen pruebas contundentes de su ineficiencia, ya que en cada uno de los sectores económicos que reporta el Ejecutivo federal hay importantes anomalías y deficiencias.

El balance del sexenio en materia económica es francamente lamentable, nos deja un crecimiento mediocre; mientras nuestro país crece al 2 por ciento en promedio en el sexenio, en países de la región como Brasil, Argentina o Chile se crecen a tasas de entre el 4 y el 5 por ciento.

Nos deja una sociedad profundamente dividida por una excesiva concentración de la riqueza; mientras la mayoría de nuestra riqueza se concentra en pocas manos, sumamos en este sexenio más de tres millones de mexicanos que se encuentran en condiciones de pobreza.

Nos deja también una base impositiva que privilegia a las grandes empresas y carga fiscalmente a las clases y sectores más desprotegidos de nuestra sociedad; es decir, estamos ante un gobierno que les quita a los pobres para darle a los ricos.

El informe señala que la principal virtud del modelo de los últimos años ha sido el haber logrado un crecimiento sostenido, fundamentado en la conducción responsable de nuestras finanzas públicas y un sistema financiero sólido y cada vez más fuerte.

Indudablemente, nosotros no estamos de acuerdo con esta postura; un desarrollo sostenido no puede existir cuando el Estado no cumple eficazmente su responsabilidad en la promoción activa del bien común: salud, educación para nuestros jóvenes, investigación para nuestros jóvenes, investigación para el desarrollo, erradicación de la pobreza, preservación de nuestros recursos naturales y el mejoramiento del ambiente, de las ramas industriales agropecuarias y de servicios. Sin todo ello, lo único que ha crecido de forma sostenida en este país es la pobreza y la miseria, en la que hoy viven cada día más mexicanos.

Este gobierno nos presentó como un gran logro la ampliación de la base de contribuyentes, la cual pasó de 23 millones 900 mil contribuyentes en diciembre del año 2006, a 37 millones 500 mil en junio del presente año.

Nos queda claro que para este gobierno fue más importante cobrar más impuestos a quienes están absorbiendo los costos de la crisis, los contribuyentes cautivos y los micro, pequeños y medianos empresarios, que cobrárselos a los empresarios monopolistas de este país, a quienes se les aplican de manera inexplicable exenciones fiscales.

En lo que hace al sector primario de la economía, el gobierno ofreció elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial en las obras rurales y costeras por medio del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, canalizando en el periodo 2007-2012 las cifras de un billón 624 miles de millones de pesos, pero esa montaña de dinero que destinó el gobierno no funcionó, la mayoría de la gente del campo sigue en condiciones de pobreza; el 29 por ciento de la población rural vive en pobreza alimentaria, pues ni gastando todos sus ingresos en comida lograrían alcanzar los mínimos indispensables para su alimentación.

Eso se explica porque muchos de los recursos públicos fueron destinados a grandes productores capitalizados, en perjuicio de millones de pequeños productores; se hicieron negocios agroexportadores, pero se olvidaron de la gente más pobre de este sector.

El gobierno prometió abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles, provenientes de nuestro campo y de nuestros mares, y se enorgullece de un incremento de 7.6 por ciento en este rubro, pero nos oculta que muchos de los productos con incrementos no son para el consumo del mercado interno; la producción agrícola cae 8.9 por ciento y la superficie cosechada se reduce en 13.1 por ciento. Se negó a aplicar los recursos emergentes que esta Cámara de Diputados decretó para atender las afectaciones por las sequías.

Con relación a la construcción de megaobras, el gobierno federal ha gastado cantidades millonarias para realizarlas, en particular me quiero referir al túnel emisor oriente, en el cual se han derogado más de 14 mil millones de pesos; por cierto, cuando se anunció con bombo y platillo esta obra, se nos dijo al pueblo de México que el costo iban a ser 10 mil millones de pesos.

En esa misma situación de opacidad en el otorgamiento de contratos multimillonarios se encuentran proyectos como el del Canal de La Compañía, en el cual se erogaron más de 3 mil 300 millones de pesos; la planta de tratamiento de Atotonilco, a la cual se le han destinado recursos federales por 4 mil 800 millones de pesos, y el Plan Hídrico Integral, en Tabasco, en el cual se han erogado recursos por más de 6 mil millones, en donde incluso están coludidos con las empresas proveedoras los funcionarios de la Conagua.

Queremos anunciar aquí, en esta tribuna, que no vamos permitir este tipo de comportamiento y que vamos a solicitar el esclarecimiento de estos hechos y que se finquen las responsabilidades que correspondan.

A todas estas ambigüedades e indecisiones que enfrenta el Estado mexicano para cumplir con sus responsabilidades fundamentales en el desarrollo se agrega la notoria ineficiencia y la enorme corrupción que impera entre los servidores públicos del gobierno federal; cosa de la que, desde luego, no se hace mención en ninguna parte del informe que se nos presentó.

La acción de este gobierno le ha dejado claro al pueblo de México la necesidad de una reforma integral de toda la hacienda pública, que incluya eficaces sistemas de transparencia, rendición de cuentas y auditorías sociales; todo ello para asegurar que el gasto gubernamental se ejerza con mayor eficiencia y sobre todo, que se ejerza en beneficio del interés general de la nación.

Ante este gran desastre, el PRD en esta Cámara será promotor de una estrategia económica de desarrollo sostenido con equidad. Nuestro país requiere de un sistema tributario moderno.

Estamos de acuerdo en que el Estado requiere más recursos para cumplir con sus funciones fundamentales, en lo que no estamos de acuerdo es que esos recursos que se requieren se obtengan exprimiéndolo de los que menos tienen en este país.

Para evolucionar hacia una estructura fiscal moderna nuestro país debe enfrentarse con tres retos insoslayables:

1. Incrementar la recaudación mediante los impuestos progresivos al ingreso.

Ahí sí podríamos, señoras diputadas y señores diputados, aspirar a comportarnos como los países del primer mundo, los cuales tienen tasas de ISR de entre 34 y 39 por ciento, mientras que en nuestro país se mantienen en el orden de 30 por ciento.

2. El IVA lo volvemos a poner en la mesa. Como ya dijeron aquí mis compañeros diputados de izquierda, vamos por el esquema de tasas diferenciadas; vamos por tasa cero para los productos básicos, como medicinas y alimentos, y vamos a proponer también la elevación del IVA a los bienes y servicios suntuarios.

3. Tenemos que cambiar el trato fiscal a estados y municipios; se quiere o se pretende, necesitamos desconcentrar el poder recaudatorio de la federación para fortalecer las facultades tributarias de los estados y los municipios.

Por cierto, les quiero anunciar en esta tribuna que en breve ingresaremos a esta soberanía una iniciativa de ley con el propósito de acabar con el trato inequitativo que se le da a las delegaciones del gobierno del Distrito Federal, por lo que hace a los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Ante ello hemos de preguntarles a ustedes, señoras diputadas y señores diputados del PRI y del PAN, ¿están ustedes dispuestos a realizar una verdadera reforma fiscal para gravar progresivamente los ingresos, gravar los intereses especulativos y las herencias millonarias? ¿Están ustedes dispuestos a hablar por los intereses del pueblo de México? Eso seguramente lo podremos ver cuando nos presenten su tan anunciada reforma fiscal.

Concluyo, diputadas y diputados.

Para la economía nacional el balance de este gobierno es francamente nefasto; la administración de Calderón será recordada por un gasto dispendioso, sin resultados, por el abandono del campo, por las obras de infraestructura hidráulica y carretera en las que los factores comunes son la opacidad, la mezcla de recursos públicos y privados, pero en condiciones de subsidio a los particulares.

Concluyo, diputado presidente.

Por las obras hidráulicas fallidas en detrimento de la seguridad de las personas y del patrimonio de las familias.

Desde ahora decimos que el PRD, en alianza con todas las fuerzas de izquierda del país, nos oponemos a que se sigan realizando gastos dispendiosos e ineficientes, que se sigan usando los instrumentos de política económica en beneficio de unos cuantos y que el Estado desatienda su misión fundamental, que es velar por el desarrollo económico y social de sus habitantes.

El PRD será garante del derecho a tener una política económica más humana, más social, más honesta y más comprometida con el país; por ello es inevitable calificar en esta conclusión del sexenio al presidente de la República, y le ponemos tache, está reprobado, y afortunadamente para los mexicanos no tiene derecho a recursar. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Corresponde ahora el uso de la tribuna al diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

El diputado Ricardo Anaya Cortés:Con el permiso de la Mesa Directiva. Las circunstancias me obligan a decirle a la diputada Del Moral, del PRI, de manera muy respetuosa, pero contundente, que ni la razón le asiste ni mucho menos la historia de su partido le prestigia para venir a hablar en los términos en que lo ha hecho.

Me explico. Aquí se ha hablado y cito textualmente: el discurso autocomplaciente, pero distante de la cruda realidad de los mexicanos del presidente Calderón.

Nada más falso que eso. Lejos de cualquier actitud triunfalista, diputados, el presidente Calderón, en su discurso del pasado lunes, señaló con toda claridad que son muchos los pendientes en materia económica; quizá el más importante, dijo el propio presidente Calderón, y lo cito textualmente: es la afectación en el nivel de vida de las familias mexicanas debido a la crisis mundial y al alza internacional en el precio de los alimentos, agravada ahora por la fiebre aviar. Fin de la cita.

Se trata de dos adversidades de enorme envergadura que México ha tenido que sortear junto con todo el mundo; la crisis de 2009 no se provocó en México, como así sucedía antes, y mucho menos el precio de los alimentos se incrementó exclusivamente en nuestro país. A veces es bueno leer la prensa internacional y no solo los boletines de su partido político.

Además de hacer esta precisión, precisamente el manejo responsable de la economía nos permitió a todos los mexicanos superar la crisis global; por cierto, la más profunda crisis mundial de la que tengan memoria las generaciones presentes, y lo más importante, nuestra economía ya registra 13 trimestres, 13 trimestres consecutivos de crecimiento. Ese dato evidentemente lo omitieron, al tiempo que muchas economías aun desarrolladas buscan cómo hacerle para salvarse de una quiebra inminente.

Aquí se ha reconocido que la estabilidad macroeconómica es una realidad, pero se ha cuestionado insistentemente que no se ha reflejado en el bolsillo de la gente.

Ciertamente falta mucho por hacer, pero sin estabilidad, no solo no habría Seguro Popular, Oportunidades, 70 y Más. Seamos serios, compañeros, toda la política social de sus gobiernos —y le hablo a las izquierdas y al PRI— está sustentada en la estabilidad económica de este país. No se les olvide que en promedio 9 de cada 10 pesos que sus gobiernos locales gastan vienen de la federación y solo 1 peso de cada 10 constituye ingresos propios.

Sin estabilidad económica serían imposibles los programas sociales de los que tan orgullosos se sienten ustedes mismos. Esos que aparecen en los informes de gobierno de muchos de ustedes que recientemente han sido alcaldes, esos que difunden con tanto entusiasmo sus gobernadores.

Pensemos en el programa alimenticio para adultos mayores, obras como el Circuito Exterior Mexiquense, o en general proyectos de agua potable, drenaje, electrificación, puentes, carreteras, becas. Yo les pregunto, ¿de verdad creen que sus gobiernos locales habrían tenido los recursos para financiar este tipo de programas de manera sostenida durante 12 años, si los gobiernos emanados del PAN hubieran manejado la economía como se hizo durante el sexenio de López Portillo?

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a todos los presentes respeto al orador, como se lo hemos dado a todos los oradores que antes de quien hace uso de la tribuna hicieron uso también de la voz. Les ruego por favor respeto, para escuchar al orador y poder continuar en orden nuestra sesión.

El diputado Ricardo Anaya Cortés:Les recuerdo al presidente López Portillo, que en 82, por cierto, justamente unos meses después de inaugurar este edificio en el que nos encontramos llevó al país a la quiebra, desatando una inflación de más del 100 por ciento. El peso se devaluó casi 250 por ciento frente al dólar.

Esta tragedia económica de inflación, de devaluaciones, se repetiría en 86, 87; y seamos francos, ¿cuántos de los aquí presentes no perdieron su patrimonio en la crisis de 1995? Que nadie se confunda, el manejo irresponsable de la economía a la que nos tenían acostumbrados lleva a crisis económicas, y lo primero que ocurre con una crisis económica es que desploma la recaudación y claro, desplomada la recaudación, no hay recursos para financiar programas sociales.

Si alguien de aquí lo duda, revise lo ocurrido durante los gobiernos del PRI, particularmente lo que pasó en 83 y 95; revisen cómo se desplomaron los ingresos del gobierno, seguidos de recortes presupuestales, o revisen los casos actuales de España, Grecia, o si quieren uno más cerquita y más reciente, vayan a ver lo que pasó en Coahuila.

Así de claros, sin la responsabilidad de los gobiernos del PAN, todo aquello que con tanto orgullo comunicaron muchos de ustedes y los gobiernos emanados de sus partidos, simplemente no habría sido posible.

Falta mucho por hacer, pero sin duda hoy México es mejor que hace 12 años; la gente tuvo acceso a créditos, como nunca en la historia de nuestro país; en 12 años logramos reducir a la mitad la deuda externa de este país, como proporción del producto interno bruto.

Hoy exportamos más manufacturas que todos los países de América Latina y el Caribe juntos, incluyendo a Brasil. Falta mucho por hacer, pero no hay duda, hoy México es mejor que hace 12 años.

Dicho lo anterior, me parece fundamental que no sea esta glosa como las luces de popa de un barco, que solo iluminan el camino que queda atrás, este análisis debe de ser también faro que nos ayude a establecer rumbo y dirección.

Por eso no podemos dejar de hablar del futuro inmediato de dos iniciativas preferentes que presentó el presidente Calderón, ambas relacionadas con la materia económica que hoy discutimos; la primera turnada al Senado de la República, una reforma a la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental, diseñada para evitar que se registren nuevos abusos, como el incremento desmedido de la deuda en los estados a espaldas de los ciudadanos; diseñada para que los gobiernos realicen todos sus pagos a través de operaciones bancarias, para acabar con prácticas como el traslado de 25 millones de pesos a bordo de un avión, propiedad de un gobierno estatal.

En suma, diseñada para poner freno a la opacidad en el manejo presupuestal de los gobernadores y lo digo con claridad, de todos los partidos políticos.

La segunda iniciativa preferente consiste en una profunda reforma a la Ley Federal del Trabajo.

En esta Cámara de los diputados, tenemos una cita con la historia en 24 días; tenemos 24 días para definir nuestra postura. Ya estuvo bueno de decirles que sí a los ciudadanos, pero sin decirles cuándo.

Veinticuatro días para que ninguna mujer tenga que volver a demostrar que no está embarazada para ser contratada; 24 días para establecer nuevas formas de contratación que amplíen las oportunidades de empleo, principalmente para los jóvenes y para las mujeres; 24 días para hacer realidad el voto libre, directo y secreto de los trabajadores en la elección de sus directivas sindicales; 24 días para establecer que los informes del manejo de recursos de los sindicatos sean periódicos, públicos y sometidos a auditorías externas; 24 días para resolver con claridad y sin ambigüedades, de cara a la nación y más allá de la retórica, si estamos a favor o en contra de la reforma.

Si alguien tiene que votar en contra por razones inconfesables, que asuma su responsabilidad, el pueblo de México está cansado de posturas confusas y vagas. Llegó el tiempo de las definiciones.

Compañeras y compañeros diputados, estamos llamados a hacer más y mejor política. La política útil, la que hace del diálogo posibilidad de acercamiento y del debate exigencia intensa de definición; la política que sabe reconocer en el otro su parte de verdad; la política que se sostiene en la técnica para ser eficaz pero que nunca olvida que es la persona su principio y único fin.

Todos tenemos derecho a defender nuestras convicciones. Nosotros lo haremos siempre con lenguaje respetuoso. Esperamos reciprocidad.

Como ha dicho mi coordinador parlamentario: en esta nueva etapa que comienza, no nos pidan menos de lo que México necesita. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias diputado Anaya Cortés. Para concluir esta segunda ronda de posicionamientos sobre la política económica del VI Informe de Gobierno, tiene el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, la diputada Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Nuvia Magdalena Mayorga Delgado:Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario del PRI tuvo la ocasión de conocer y analizar el VI informe del estado que guarda la administración pública federal, que intenta reflejar la situación económica de una manera optimista, como suelen ser los informes que simplemente se reflejan a las cosas realizadas.

Pero sin rendir cuenta de cómo debieron o cómo pudieron haber sido, si de transformar la realidad se trata, la rendición de la cuentas implica un ejercicio más profundo, al involucrar la responsabilidad tanto por lo hecho como por lo que se pudo haber hecho; por tanto, una visión autocrítica para que la sociedad entienda de mejor manera qué es lo que ha acontecido.

Baste decir, por ejemplo, que el gobierno actual dispuso para gobernar de una hacienda pública importante, los presupuestos públicos pasaron de 2 billones pesos en 2006 a 3.7 billones en el actual ejercicio fiscal.

En materia económica, se presume que el logro principal fue la estabilidad y el equilibrio de las finanzas públicas. Lo que no es menor pero es preciso indicar es que el costo pagado por los mexicanos fue elevado.

Crecimos en el sexenio que nos ocupa a un ritmo del 1.8 anual en promedio; sin embargo, el presupuesto federal casi se duplicó al pasar de 2 billones de pesos en el 2006 a 3.7 billones en el 2012, un incremento del 85 por ciento en seis años.

¿Por qué al país no le fue bien? Ello tiene que ver indudablemente con las políticas aplicadas, sin dejar de considerar la convivencia con la globalización; la crisis global del 2009 impactó 7 puntos en la dinámica del producto interno bruto, además las expectativas de la reforma hacendaria no se cumplieron.

En esa crisis, el gobierno informó a los actores económicos que no podía hacer uso de las reservas, pero en medio de la recesión éstas siguieron creciendo. Hoy la acumulación de reservas ha proseguido y contamos con 160 mil millones de dólares, persiguiendo una meta establecida por el Fondo Monetario Internacional de 300 mil millones.

El monto de la deuda externa del sector público llega a 122 mil millones de dólares, y permítame comentarle con todo respeto, diputado Ricardo Anaya, que en los anexos del VI informe la deuda pública interna creció de 1.8 billones de pesos, que había en 2006, a 3.8 billones actualmente. Así, el total combinado de la deuda pública del sector público ascendería a 422 mil millones de dólares.

De lo informado se desprende que el gran componente de la estabilidad de las finanzas públicas sigue siendo el petróleo, que aún representa más de un tercio de los ingresos públicos federales.

Son cifras las que habremos de requerir información. Queremos saber por qué la deuda pública del sector público creció de esta forma en los últimos seis años, al pasar de 47 mil millones de dólares, de 1.8 billones a las cantidades actuales.

En materia económica, con presupuestos importantes el gobierno federal logró incrementar el porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura, lo cual es loable, al ser la infraestructura física uno de los principales detonantes del desarrollo del país.

Lo que no es pertinente es que en el reporte de los logros se mezclen datos que no deberían estar juntos; me refiero por ejemplo a los 20 mil kilómetros de carreteras construidas o modernizadas. Suena bien decirlo así, pero como demuestra un estudio del Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, al menos el 60 por ciento son caminos rurales o alimentadores que ya existían, a los que en algunos casos se les dio mantenimiento.

Lo mismo sucede con otros supuestos en el informe; se habla de la generación de dos millones 240 mil empleos en los últimos seis años, cuando las necesidades del empleo fueron sustancialmente mayores. Por lo menos se requerían 800 mil puestos anuales de trabajo formal frente a los 370 mil, promedio, que están reportando. Aún más, conforme a los datos de afiliación del IMSS, el promedio salarial de la mitad de los puestos de trabajo generados no supera los dos salarios mínimos.

En realidad, la mayor oferta de empleo se ha dado en el sector informal de la economía, en la que se desempeña casi una tercera parte de la población ocupada.

En lo que se refiere a Petróleos Mexicanos, son de reconocerse los pasos que se han dado en Pemex para modernizarse, sobre todo a partir de la reforma energética de 2008, aprobada por el Congreso, que permitió liberarles recursos y dotarle de autonomía de gestión para incrementar la inversión de explotación y de tecnología.

Así, se detuvo la declinación de las reservas, se inició la restitución y hasta ahora es posible conocer de nuevos yacimientos en aguas profundas, que sin duda estarán preparando el terreno de la petrolera nacional para abrir nuevos espacios a la exploración y producción de energéticos en un futuro cercano.

Lo informado nos hace ver que aún tendremos que avanzar en los campos del turismo y las telecomunicaciones, que son dos áreas de mayor potencial y dinamismo para los próximos años.

Déjenme decirles que en el campo, no obstante, que se informa de grandes cifras en apoyo a los productores, lo cierto es que cada año estamos importando más y más alimentos. El índice de seguridad alimentaria cayó en el sexenio 1.3 puntos.

Aún necesitamos enfrentar el dilema de incrementar los productos y alimentos, al tiempo de enfrentar las sequías o inundaciones, que nos permita recuperar la soberanía alimentaria y contar con unas reserva de alimentos suficiente para enfrentar los vaivenes en el ciclo de precio, que por ahora están afectando el ingreso de las familias mexicanas.

Efectivamente, somos también una potencia exportadora de nivel intermedio y líder en América Latina, pero no podemos seguir siéndolo al precio de sacrificar nuestra propia industria.

Ahora que la industria se ha modernizado, habrá de corresponder hacer lo propio a las estructuras administrativas del gobierno, las que han multiplicado, haciendo crecer la burocracia y faltando hacer más aún en materia de trámites de servicio.

El reto ahora es volver a crecer, crecer y generar empleos suficientes de calidad y con un ingreso mejor remunerado; en materia económica, el saldo del sexenio es el que corresponde a un crecimiento muy por debajo del potencial de nuestro país, sin la calidad de que corresponde a nivel del bienestar al que aspiramos todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: De conformidad con lo que establece el artículo 7o., numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República, para su conocimiento.

DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Hugo Sandoval Martínez, diputado federal electo en el XXI distrito electoral del Distrito Federal; se designa en comisión, para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a las siguientes diputadas y diputados: diputada Cristina Ruiz Sandoval, diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, diputada Flor de María Pedraza Aguilera, diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, diputado Guillermo Sánchez Torres, diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, diputada María Fernanda Romero Lozano, diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, diputada Lourdes Adriana López Moreno, diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo y diputado José Angelino Caamal Mena.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Se pide a la comisión cumplir con este encargo. Se invita a los presentes a ponerse de pie.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Ciudadano Hugo Sandoval Martínez, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Hugo Sandoval Martínez: Sí, protesto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

COMITE DE ADMINISTRACION

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se recibió de la Junta de Coordinación Política, acuerdo por el que se crea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura. El documento se encuentra disponible en el monitor de sus curules.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura

La Junta de Coordinación Política, en atención de los siguientes

Considerandos

1. Que con arreglo a lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene, entre otras atribuciones, la facultad de aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara, así como asignar los recursos humanos, materiales, financieros y los locales que corresponden a los grupos parlamentarios y también, según dispone el artículo 30 del mismo ordenamiento, a los diputados que no forman parte de ellos.

2. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 46, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para auxiliar a la Junta de Coordinación Política en el ejercicio de sus funciones administrativas, habrá un Comité de Administración. El acuerdo de su creación será propuesto al pleno por la Junta y deberá señalar su objeto, integración y atribuciones, así como la directiva del Comité, cuya Presidencia deberá recaer en un diputado del mismo grupo parlamentario de quien presida aquélla.

3. Que la Junta de Coordinación Política, en el desarrollo de las tareas en el ámbito de su competencia, ha establecido el criterio de cuidar que los trabajos de la Cámara de Diputados se ajusten a parámetro estrictos de transparencia, racionalidad, pertinencia e impacto social en el uso del conjunto de los recursos a su disposición, poniendo énfasis en la necesidad de reforzar la tarea de modernización tanto de los procesos parlamentarios como de los administrativos y financieros que tienen lugar en este órgano legislativo en favor de una mayor eficacia en el desempeño de la Cámara en su conjunto, y la debida rendición de cuentas.

4. Que al crear el Comité de Administración, la Junta de Coordinación Política contará con un órgano que conozca, ponga a su consideración opiniones y dictámenes y en su caso resuelva respecto a la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Cámara, así como sobre políticas, programas y lineamientos relativos a las prerrogativas y subvenciones de los grupos parlamentarios y de los diputados, así como en lo referente a obras públicas y servicios de todo tipo.

5. Que es intención de la Junta de Coordinación Política que el Comité de Administración le provea de los elementos de análisis técnico y normativo que coadyuve a la toma de decisiones con objeto de profundizar en la reforma y modernización de la Cámara de Diputados para mejorar la eficacia con que cumple sus funciones constitucionales.

6. Que, de acuerdo con los principios generales de administración, es necesario contar con una instancia que apoye la toma de decisiones en las tareas administrativas responsabilidad de la Junta de Coordinación Política, por lo que resulta procedente crear un órgano que coadyuve a un mejor funcionamiento de la Cámara de Diputados.

Por las razones anteriores, los suscritos, integrantes de la Junta de Coordinación Política en la LXII Legislatura, en los términos del artículo 34 y de  los numerales primero y tercero del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración de esta honorable Asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero.El Comité de Administración tiene por objeto apoyar a la Junta de Coordinación Política en todo lo relacionado con las atribuciones administrativas que la normatividad le asigna.

Con ese carácter podrá elaborar resoluciones, acuerdos, normas, políticas y lineamientos; formulará el anteproyecto anual de presupuesto de egresos de la Cámara y supervisará todo lo relacionado con su ejercicio, control y evaluación; vigilará y autorizará los asuntos relativos a los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos de la Cámara, incluyendo los relacionados con las prerrogativas, apoyos y subvenciones de los grupos parlamentarios, apoyos a las comisiones y comités y los que, en su caso, correspondan a los diputados.

Además, participará en la supervisión de lo relacionado con obras y servicios de cualquier naturaleza, viajes nacionales y viáticos, y las otras facultades que le asigne la Junta de Coordinación Política.

Asimismo, el Comité de Administración promoverá la instauración de las mejores prácticas administrativas en la Cámara.

La Junta de Coordinación Política instruirá al Comité de Administración sobre asuntos de su atención, que los resolverá mediante acuerdos específicos y de cuyo cumplimiento informará formalmente a la Junta.

Segundo.El Comité propiciará las acciones necesarias para el cabal cumplimiento del Reglamento para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados y de cualquier otro ordenamiento que fortalezca el desempeño y la rendición de cuentas de la Cámara, en estrecha coordinación, en todo lo que proceda, con la Auditoría Superior de la Federación.

Tercero.El Comité de Administración se integrará por dos diputados de cada grupo parlamentario, designados por su respectivo coordinador; el primero con carácter de titular y el segundo con carácter de sustituto. Este último podrá acudir a todas las reuniones con derecho de voz, pero sólo ejercerá el voto cuando no asista el titular.

El coordinador correspondiente podrá solicitar la sustitución de un miembro, en los términos previstos en el artículo 44, numeral 2, de la Ley Orgánica.

Cuarto.De conformidad con el acuerdo anterior, el Comité de Administración quedará integrado en la forma siguiente:

Quinto.A las reuniones del Comité de Administración concurrirá el Secretario General de la Cámara, con voz pero sin voto, acompañado del Secretario de Servicios Administrativos y Financieros y, en su caso, de los funcionarios que requieran los temas por tratar.

Para los efectos de suplencia del Secretario General en las reuniones del Comité de Administración se estará a lo dispuesto en el artículo 52, numeral 2, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Sexto.El Comité de Administración será presidido anualmente por el diputado titular perteneciente al grupo parlamentario de quien presida la Junta de Coordinación Política.

Séptimo.El Presidente tendrá facultades para convocar a las reuniones del Comité, que serán ordinarias para el seguimiento de asuntos programados y extraordinarios cuando por su urgencia o relevancia deba resolverse sobre asuntos que así se consideren. Las ordinarias deberán celebrarse por lo menos una vez al mes, mediante citatorio escrito remitido con una anticipación mínima de cuarenta y ocho horas, el citatorio a reuniones extraordinarias será también por escrito y en ambos casos se deberá contar con el acuse de recibo correspondiente, a las reuniones extraordinarias se convocará con la mayor antelación posible a la fecha de su celebración. Los citatorios deberán consignar el orden del día correspondiente.

En caso de que el Presidente no convoque a la sesión ordinaria prevista, o a una extraordinaria solicitada, éstas deberán realizarse mediante la convocatoria de por lo menos tres miembros del Comité.

El quórum requerido será el de la presencia de un número de representantes de los grupos parlamentarios que en conjunto representen 251 votos o más.

Octavo.Para apoyar sus tareas, el Comité contará con un Secretario Técnico, quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta correspondiente, llevará el registro de los acuerdos que se adopten, les dará el seguimiento y realizará las demás acciones que el Comité de Administración le instruya.

Noveno.El Comité de Administración tomará sus decisiones por consenso. En caso de no lograrse éste, el Comité adoptará sus decisiones por mayoría absoluta, mediante el sistema de voto ponderado, según el cual uno de los diputados, representando a su grupo parlamentario, ejercerá tantos votos como integrantes tenga su correspondiente grupo.

Décimo.El Comité actuará de acuerdo con un programa de trabajo anual que será aprobado por la Junta de Coordinación Política dentro de los primeros 30 días de cada año de ejercicio constitucional. En el primer año de la legislatura, el plazo será de 60 días. El Comité informará a la Junta de manera mensual sobre el avance en el cumplimiento del programa.

Décimo Primero. El Comité determinará su propia organización y funcionamiento y los recursos que requiera para cumplir su responsabilidad.

Asimismo, el Comité de Administración, para cumplir las facultades que le han sido asignadas, podrá organizarse en los subcomités o crear los grupos de trabajo que estime conveniente, definiendo la integración y las tareas específicas de los mismos.

Décimo Segundo. En términos de lo previsto en el artículo 7o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 47, 49, 50 y 52 del Reglamento para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, la Secretaría General publicará las actas y los acuerdos adoptados por el Comité de Administración.

Décimo Tercero.Todo lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política, que podrá revocar los acuerdos tomados por el Comité de Administración.

Transitorio

Único. El Comité de Administración comenzará a operar en apoyo de la Junta de Coordinación Política el mismo día en que se adopte este acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría, con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a Pemex a responder por las afectaciones que causó el derrame de petróleo en las costas del istmo de Tehuantepec, Oaxaca

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscriben diputados de diversos grupos parlamentarios, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a Pemex para que responda por las afectaciones que causó el derrame de petróleo en las costas del istmo de Tehuantepec, para que desarrolle conjuntamente con la comunidad un efectivo plan de prevención y respuesta a las contingencias, y a la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente para que informe el resultado de sus actuaciones por el mismo hecho.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría, al no haber oradores registrados, en votación económica, si la asamblea aprueba este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.

ARTICULO 23 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Iniciamos con las iniciativas de las diputadas y los diputados. Se recibió de la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Iniciativa que reforma el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, Mónica García de la Fuente, diputada de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano con la siguiente

Argumentación

Usual es tratar como sinónimos, en el ámbito jurídico, a los términos: orden y sistema.

Sin embargo, existen diferencias radicales entre ambos. El sistema es la unión de los órdenes, y sólo las disposiciones positivas en un momento específico conforman al orden jurídico.

En este tenor, exclusivamente hay un sistema jurídico mexicano y varios órdenes, estructurados a partir de las Constituciones imperantes en las diversas épocas (1812, 1824, 1836, 1847, 1857 y 1917).

Cada orden debe procurar una sistematicidad perfecta, impecable; es decir, deben los órdenes expresar lo que se conoce en las materias de la filosofía y teoría jurídica como coherentismo, el cual se conforma, desde una perspectiva ecléctica, con base a principios ideológicos y estructurales (normas generales).

El contexto descriptivo es el de la visión estructuralista, el de las normas, el utilizado por los jueces y magistrados en los tribunales a la hora de dirimir un conflicto; por el contrario, el contexto de principios es el conceptual, su misión, es fortalecer la unidad, la coherencia.

En consecuencia, el orden jurídico debe ser consistente, tanto en sus reglas como en sus principios.

Los principios atienden a su “validez” a consideraciones de justicia, tanto de moral positiva como crítica; por su parte, el contexto descriptivo obedece, en un derecho como el mexicano, a la redacción de las premisas mayores de los silogismos judiciales (lo que está escrito en las leyes y demás disposiciones generales).

Por todo lo anterior, y como conclusión previa a la introducción de esta iniciativa decimos: 1. El orden jurídico debe ser coherente; y 2. Para conseguir lo anterior, es necesario plena compatibilidad entre los principios y las leyes.

Planteamiento del problema

Empero de la conclusión deóntica expresada en la introducción, el perfil óntico demuestra inconsistencias entre los principios y las disposiciones.

Concretamente nos avocaremos a la Constitución, en su artículo 23, in media res, el cual se encuentra redactado como se precisa en seguida:

“Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.”

La redacción y la sintaxis son determinantes para lograr transmitir de modo exitoso la idea pretendida.

En el caso del párrafo transcrito, la idea, de acuerdo a su modo textual implica exclusivamente el derecho de un culpable a no volver a ser juzgado por un mismo delito, aunque en los hechos no exista identidad en las partes, ni en las circunstancias de tiempo, modo y lugar; como ejemplo podemos decir lo siguiente:

Si una persona fue sentenciada de modo ejecutoriado por el delito de violación, ésta no podrá volver a ser juzgado aunque cometa más violaciones en lo subsecuente, pues se trata de “el mismo delito”.

Lo anterior a toda luz es impropio y en el mundo fáctico procesal no es así; sin embargo, la redacción textual del artículo 23 conlleva a esta idea errónea.

A continuación se presenta un cuadro gráfico para expresar de mejor modo el error gramatical del texto.

1) El 25 de septiembre de 1990 El señor “X” fue sentenciado por el delito de violación en perjuicio de la señora “Y”.

2) El juez condenó al señor “X” a 15 años de prisión.

3) El señor “X” purga su condena y sale en libertad en el mes de junio del año 2005.

Transcurren seis años de la compurgación de la sanción judicial.

3) El señor “X” viola a la señora “Z” en el mes de febrero de 2011.

Por todo lo expresado y siguiendo la lógica lineal  (también llamado silogismo judicial), con los datos proporcionados y la redacción actual del artículo 23 constitucional podemos llegar a la conclusión expresada gráficamente a continuación:

Lo anterior transgrede de modo evidente las ideas expresadas en el punto 1 de esta iniciativa, pues el coherentismo por principios no mantiene una identidad única con el coherentismo por dispositivos.

Plano ideal: Coherentismo por principios =Coherentismo por dispositivos

De acuerdo con artículo 23 constitucional se exhibe:

Interpretación sistemática ad cohaerentia

Catalogada como uno de los métodos más acertados en el contexto jurídico, la argumentación sistemática es muy recurrida pues intenta focalizar las normas y los hechos controvertidos a la luz del conglomerado de disposiciones involucradas para la solución.

Una de las especies del referido método es el conocido como el ad cohaerentia, con base en éste se pretende unidireccionar el sentido de todas las normas generales, así como las referencias de las demás resoluciones emitidas en el entorno jurisprudencial.

En este último sentido apreciamos el decantamiento del mundo académico y procesal penal en el rumbo de la coherencia de principios; no obstante, se excluye la coherencia del dispositivo constitucional.

Novena Época; Registro: 203693; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;  II, Diciembre de 1995; Materia(s): Penal; Tesis: II.2o.P.A. J/2; Página: 429.

Individualización de la pena, recalificación de conductas

Violatoria de garantías

De conformidad con el principio de prohibición de la doble valoración de los factores de determinación de la pena, según el cual no pueden atenderse nuevamente por el juzgador al efectuar la individualización de la pena, aquellas circunstancias o elementos del delito en general que forman parte de la descripción típica en particular, por haber sido ya tomados en cuenta por el legislador al efectuar la individualización legal al fijar el marco punitivo entre el mínimo y el máximo de las sanciones a imponer; es evidente, que si el juzgador al momento de individualizar la pena utiliza como elementos de soporte del ejercicio de tal facultad jurisdiccional al hacer el razonamiento respectivo, el señalamiento de conductas por parte del justiciable, que han sido ya determinadas como elementos del tipo penal del delito que se le imputa, ello implica una recalificación de conducta al hacerse un doble reproche respecto de una misma determinaciónque, en consecuencia, resulta ilegal y violatoria del principio consignado en el apotegma “non bis in idem” reconocido por el artículo 23 constitucional.

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito.

Amparo directo 294/95. Alan Paul Reyes Flores. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García.

Amparo directo 306/95. José Sánchez González. 28 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Angélica Marina Díaz Pérez.

Amparo directo 411/95. Alfredo Ramírez Anguiano. 12 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Angélica Marina Díaz Pérez.

Amparo directo 495/95. Alberto Bautista García. 30 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Angélica Marina Díaz Pérez.

Amparo directo 503/95. Armando Suárez Cruz. 30 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García.

Nota: Por ejecutoria de fecha 6 de abril de 2005, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 9/2005-PS en que participó el presente criterio.

El criterio transcrito reconoce un principio, el non bis in idem; además determina lo que califican los jueces a la hora de resolver un conflicto, eso es, un solo hecho, expresado en el texto jurisprudencia con la expresión: “una misma determinación”.

Aunado a lo anterior, se puede someter a consideración, para reafirmar todavía más el argumento, la siguiente referencia:

Novena Época; Registro: 185616; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;  XVI, Octubre de 2002; Materia(s): Constitucional, Penal; Tesis: XXIII.3o. J/4; Página: 1301.

Vagancia y malvivencia. El artículo 190 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, al prever para la configuración del cuerpo del delito que el activo tenga malos antecedentes comprobados por los archivos judiciales, transgrede las garantías de seguridad jurídica y libertad personal que tutela el principio non bis in idem, contenido en el artículo 23 constitucional.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Federal, que prevé el principio penal non bis in idem, entendido como aquellos hechos o actos de un individuo que fueron sometidos a un juicio criminal que concluyó con sentencia ejecutoriada, con independencia de que haya sido condenado o absuelto, ya no podrán ser materia de otro juicio criminal, debiéndose entender por sentencia ejecutoriada, la institución procesal que busca la firmeza de las resoluciones judiciales, y que lleva implícitas las garantías de seguridad jurídica y libertad personal del acusado, dado que impide un doble procesamiento por la comisión de un mismo delito. Por consiguiente, si el artículo 190 del Código Penal del Estado de Aguascalientes prevé para la configuración del cuerpo del delito de vagancia y malvivencia, entre otros elementos, la circunstancia de que el inculpado tenga malos antecedentes comprobados por los archivos judiciales, cuando tales antecedentes derivan de resoluciones firmes en que se estableció la culpabilidad o inocencia del acusado implica, sin lugar a duda, que se está tomando como base para la configuración de dicho evento delictivo un archivo judicial donde ya fue juzgado, con lo que se violan en perjuicio del inculpado las garantías de seguridad jurídica y libertad personal que tutela el principio penal non bis in idem, contenido en el indicado precepto constitucional, conforme al cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito.

Amparo en revisión 173/2002. 10 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Lucila Castelán Rueda. Secretario: Rafael Andrade Bujanda.

Amparo en revisión 184/2002. 11 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Herminio Huerta Díaz. Secretaria: Gloria Yolanda de la Paz Amézquita.

Amparo en revisión 225/2002. 11 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Herminio Huerta Díaz. Secretaria: Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez.

Amparo en revisión 188/2002. 8 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. Secretaria: Indira Ang Armas.

Amparo en revisión 192/2002. 8 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. Secretaria: Indira Ang Armas.

Fundamentación de la procedencia de la iniciativa

Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3, numeral 1, fracción VIII; artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma después del primer punto (in media res), el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 23.Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo hecho delictivo, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Confere, Huerta Ochoa Carla, Teoría del derecho, cuestiones relevantes, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2009. Páginas 36-38.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2012.— Diputada Mónica García de la Fuente (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se recibió del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Iniciativa que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados y diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en las siguientes consideraciones:

I. Planteamiento del problema a ser resuelto por la iniciativa.

La alimentación y la nutrición constituyen la primera necesidad esencial para el desarrollo físico y mental del ser humano, no obstante, su satisfacción está estrechamente concatenada con el cumplimiento del resto de requerimientos esenciales para la vida, para que el desarrollo humano sea integral.

En México, la insuficiente ingesta alimentaria y la desnutrición, conforman un problema social y representan un factor que restringe el desarrollo nacional. En efecto, el problema aludido ha afectado a un número creciente de mexicanos. Las estimaciones sobre el tema son diversas, la más conservadora expresada en el índice de pobreza alimentaria, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, reporta que en el año 2008, en el país había 19.5 millones de personas en pobreza alimentaria, lo que implicaba, que el total de su ingreso era insuficiente para tener acceso a la canasta básica alimentaria; el mismo organismo también reporta que en el mismo año 50.6 millones de mexicanos se encontraban en pobreza patrimonial, es decir con ingresos insuficientes para cumplir con los requerimientos de las necesidades esenciales de salud, educación, de alimentación, de vivienda, de vestido y de transporte.

Esta iniciativa pretende contribuir a la solución de ese problema de gran trascendencia, debido a que la adecuada Alimentación y la Nutrición, constituyen un factor decisivo para el desarrollo económico y social de la Nación, de tal manera que deben de ser el objetivo primordial de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del país. A su vez, ésta debe de ser un componente sustancial del concepto de Seguridad Nacional, porque un desarrollo nacional deficiente conduce a la inviabilidad de la misma.

Por su parte la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional sólo serán un buen deseo, si ésta no se logra a partir de la producción nacional de los bienes alimentarios que conforman la dieta básica de la población mexicana.

La importación creciente de los alimentos básicos no solamente ha conducido a una mayor dependencia del exterior y ha reducido la Soberanía Nacional, sino que también ha dañado el poder adquisitivo de la población y por lo tanto reducido su capacidad de consumo alimentario, los casos de los drásticos aumentos recientes de los precios del maíz y otros cereales, han impactado en los precios de la tortilla y también en los alimentos de origen animal, debido a la influencia en los precios de los insumos. La reciente crisis en el abasto del huevo y los desmedidos aumentos en su precio, representan un rasgo destacado de la vulnerabilidad del país, al depender del exterior para resolver los problemas alimentarios internos, una adecuada planificación del sector, evitaría o al menos atemperaría, las negativas consecuencias que la gripe aviar está teniendo en la población con menores recursos, que es la conforma la gran mayoría de ella.

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, ordena al Estado, conducir el desarrollo económico y social del país, mediante la planeación del mismo el que deberá ser integral y sustentable, y fortalecerá la Soberanía de la Nación, fomentando el crecimiento económico y el empleo, logrando una más justa distribución del ingreso y de la riqueza.

Justamente con este sustento constitucional, nuestro Partido, el de la Revolución Democrática, plantea fortalecer la Soberanía Nacional, mediante el crecimiento y desarrollo económico del sector agropecuario y pesquero, de lo que resulta la ampliación de la capacidad de la Nación para proveer los alimentos que su población requiere, con un contenido nutricionalmente adecuado para su desarrollo integral.

Nuestro Grupo Parlamentario, en congruencia con sus principios programáticos, en 1994 presentó ante el Pleno de esta Soberanía, una iniciativa que incorporaba al Artículo 4º Constitucional, el Derecho a la Alimentación.

Durante 17 años, de manera reiterada el GPPRD, presentó diversas iniciativas en la materia, finalmente, el jueves 13 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión envió al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación, donde se consagra el Derecho Constitucional a la Alimentación y la Nutrición.

La última iniciativa fue presentada el 23 de abril del 2012, por el GPPRD, a través del diputado Israel Madrigal Ceja, donde se propone la ampliación de la adición al segundo párrafo de la fracción XX del artículo 27; esta propuesta rescata una parte substancial de esa iniciativa y la refuerza.

La esencia del decreto antes mencionado establece que:

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4o., recorriéndose en el orden los subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Artículo 27. ...

...

I. a XIX. ...

XX....

...

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

La adición que se incorpora a este precepto constitucional en el sentido de que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará” da respuesta a una vieja demanda de la sociedad mexicana y que el Grupo Parlamentario del PRD ha recogido e impulsado.

El derecho a la alimentación y la obligación del Estado para garantizarla, quedaría sin sustento, si no se incorporara la disposición necesaria al mismo cuerpo constitucional, para poder cumplir con tal derecho.

Por esta razón es necesario vincular el derecho a la alimentación con los conceptos de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, a partir de la producción agropecuaria nacional.

La adición de un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la CPEUM, establece:

“El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”.

Lo previamente argumentado, da sustento para que, la iniciativa que ahora se plantea, proponga completar la redacción de este párrafo, de tal manera que la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, se logre a partir de la producción nacional de los bienes básicos y estratégicos para la dieta promedio nacional y que además se construya una reserva estratégica de alimentos, que permita hacer frente a situaciones de emergencia derivadas de las contingencias climatológicas, plagas, enfermedades, y en general el conjunto de factores que traigan como consecuencia la reducción de la producción alimentaria, que provoque déficits en relación al consumo nacional.

El Sistema Nacional de Reservas Alimentarias Estratégicas, es el factor fundamental que evitará depender de las decisiones tomadas más allá de las fronteras del país, por las grandes corporaciones multinacionales, que solamente responden a sus intereses económicos y de control, los que nada tienen que ver con los intereses nacionales.

Los resultados obtenidos de las políticas neoliberales impuestas en el país, a partir del consenso de Washington, desde hace alrededor de 30 años, han conducido al país a una situación de crisis generalizada, en la que se advierten con mayor fuerza problemas de: alta concentración del ingreso y la riqueza, de distribución regresiva del ingreso, de reducidas tasas de crecimiento del producto interno bruto, de producción de alimentos insuficiente para cubrir las necesidades de consumo nacional, de alta dependencia del exterior para abastecer el mercado nacional de alimentos, en particular de granos básicos, de abandono de tierras de cultivo, de flujos migratorios del campo de población en edad productiva, hacia las zonas urbanas y al extranjero, inseguridad tanto en los ámbitos rurales como en los urbanos, así como creciente insatisfacción social, debido a las dificultades de la mayoría de la población para acceder a los satisfactores esenciales para la vida.

Iniciar la ruta hacia un modelo alternativo de desarrollo económico y social, es un imperativo para superar la crisis económica y social generalizada por la que atraviesa el país.

Desde esa perspectiva la recuperación de la dinámica productiva del campo mexicano, sin lugar a dudas, constituye un factor central en la solución de los problemas enumerados previamente.

II. Argumentación que sustenta la iniciativa

El fundamento de mayor relevancia de esta iniciativa, se encuentra dentro del ámbito de la justicia social.

Adicionalmente es preciso considerar que la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, en tanto que constituye un elemento sustantivo del concepto de seguridad nacional, no puede depender del abasto externo de alimentos, es indispensable la protección de la producción nacional, de tal manera que las decisiones en la materia sean efectivamente soberanas y que no estén en función de las decisiones de los centros corporativos de las compañías transnacionales.

Las importaciones de alimentos, solamente deberán ser por excepción, para cubrir, cuando sea el caso, algunos déficits en la producción de básicos, o bien para retroalimentar las reservas estratégicas, cuando las condiciones de los mercados internacionales sean propicias y no se afecten las condiciones de los productores nacionales.

Asimismo es pertinente destacar que la crisis alimentaria del país constituye un pesado lastre para el desarrollo de la Nación, los datos que a continuación se manifiestan dan idea de la magnitud del problema alimentario referido.

Resulta alarmante, en términos del riesgo para la Soberanía Nacional, las implicaciones que se derivan de las cifras expresadas en el cuadro anterior. Básicamente debido a que decisiones de primer orden para la Nación, están siendo tomadas por las grandes compañías transnacionales, lo que se refleja en: precios y calidades de los granos básicos, control doméstico sobre la comercialización y uso de semillas, abasto de fertilizantes, y del resto de los insumos estratégicos.

Los porcentajes de importación de maíz, trigo y arroz palay, en relación al consumo nacional, representan grave peligro, debido a que se trata de los granos básicos para la dieta nacional, el caso del frijol aun no es de tal magnitud, sin embargo, la tendencia a importar cifras mayores es observable. A la fecha se estiman mayores porcentajes de importación de granos básicos. Para el 2012 la oferta nacional de éstos se disminuirá, debido a las diversas contingencias climatológicas en el 2011 e inicios del 2012, lo que ha reducido la producción nacional. Esto implica un grado mayor de importaciones, hecho que ya se está dando con volúmenes crecientes de maíz, ante condiciones de escasez internacional, con la consecuente escalada de precios.

III. Fundamento legal

La iniciativa se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Ordenamientos a modificar

La iniciativa contiene: proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único

Se adiciona el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Texto vigente

Artículo 27

...

I. a XIX.

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

V. Texto normativo propuesto

Artículo 27.

...

I. a XX.

Fracción XX. ...

...

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca, originado prioritariamente en la producción nacional; creándose para este efecto, un Sistema Nacional de Reservas Alimentarias Estratégicas.

Transitorio

El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre del 2012.— Diputados: Silvano Aureoles Conejo, Agustín Miguel Alonso Raya, Aleida Alavez Ruiz, Sebastián de la Rosa Peláez, Pedro Porras Pérez, José Antonio León Mendívil, Rosendo Serrano Toledo, Jorge Federico de la Vega Membrillo, Eva Diego Cruz, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Teresa Mojica Morgan, Carol Antonio Altamirano, Rodrigo González Barrios, Roxana Luna Porquillo, Verónica Juárez Piña.»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY MINERA*

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se recibió del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 32 Bis y adiciona un artículo 32 Ter, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Alfonso Inzunza Montoya: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la iniciativa que hoy someto a la consideración de ustedes propone diversas adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito fundamental de crear la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

El propósito de ésta es producto de la inquietud de múltiples voces que señalan que es necesario garantizar, desde una institución que dependa directamente del titular del Poder Ejecutivo, una administración todavía más integral al asunto del agua en todas sus vertientes.

Todo esto es planteado a partir de los enormes retos que el presente y futuro tienen en materia de abasto y saneamiento de agua, siendo éstos temas de desarrollo de naciones en las que se ha expresado la necesidad de fortalecer aquellas medidas que garanticen la aplicación de una política oficial integral en materia de recursos hídricos.

Aún más, cuando la propia Organización de las Naciones Unidas, a través del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, ha establecido recientemente que el agua, gracias a su valor social, económico y medioambiental requiere ser gestionada al amparo de un marco institucional robustecido.

Con la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos se estaría dejando del lado una visión meramente administrativa del sector, para otorgarle a la nueva dependencia mayores facultades que permitan la recuperación y aplicación de una efectiva política en esta materia, como lo fue en los años del desarrollo estabilizador.

Más aún, cuando en nuestro país la disponibilidad del recurso agua presenta una desigual distribución regional y estacional, factores estos que dificultan el aprovechamiento sustentable del vital recurso, además de que las proyecciones indican que la disponibilidad por habitante durante los años próximos se reducirá aún más.

La atención de los asuntos en materia de recursos hídricos desde la esfera de una secretaría de Estado articularía la política gubernamental y la participación de la sociedad civil en el manejo racional del agua en los ámbitos agrícola, industrial y desde luego el doméstico, para que éste bien venga a ser, efectivamente, un factor fundamental de desarrollo.

Una dependencia cuyo objetivo central se direccionaría a garantizar con firmeza la gestión integral de los recursos hídricos, esto a partir de la aplicación de las leyes y reglamentos en la materia, procurando asimismo una mejor distribución y desde luego, un óptimo consumo y aprovechamiento del agua en todos los renglones del proceso productivo, atendiendo, además, los requerimientos de solución que demanda la problemática, derivada tanto del suministro suficiente y oportuno, como del saneamiento efectivo de este recurso.

El marco legal que se vería robustecido con la creación de una secretaría de Estado, que tendría a su cargo la administración directa de los asuntos en materia hídrica, estaría garantizando no únicamente la disponibilidad de agua en calidad y cantidad, sino también un uso racional del recurso, a parte de una aplicación todavía más efectiva de las estrategias de prevención y defensa contra fenómenos hidrológicos, derivados tanto de contingencias de origen natural como del uso incorrecto de los recursos naturales.

La agenda de México en materia de recursos hídricos es enorme, más ahora que los tiempos demandan medidas urgentes para que la gestión integral del agua en un proceso que asegure el suministro, sustentabilidad y saneamiento del mismo, buscando con ello resolver las necesidades de la población presente y futura.

Por lo que la presente iniciativa propone derogar facultades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otorgarle a la nueva dependencia atribuciones para el cumplimiento de su misión, planteando además el traspaso de empleados, los recursos materiales, financieros y de activos de la Comisión Nacional del Agua a la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

Es así que, en razón de estos considerandos contenidos en la iniciativa que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito de todos ustedes, muy respetuosamente, el apoyo a la misma. Solicito también a la Presidencia que sea turnado para su análisis a la comisión correspondiente, una vez que sea integrada e instalada. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 26 y 32 Bis, y adiciona el 32 Ter a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Alfonso Inzunza Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una disposición al artículo 26; se modifican las fracciones II, IV, V, XIV y XXXIX y se derogan la XXI y XXIII a XXXI del artículo 32 Bis; y se adiciona el 32 Ter a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el firme propósito de fortalecer los programas orientados a la sustentabilidad del recurso agua, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos, que entró en funciones a partir del sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952) y estuvo vigente hasta el periodo de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), ha sido reconocida en las décadas recientes como una dependencia estratégica del estado mexicano, a la cual se debe la construcción de las obras de cabecera, que constituyen el eje que soporta la red de captación, extracción y suministro de agua de todo el país.

La institución en comento, surgida a partir de la necesidad de estructurar una política de atención integral al manejo del recurso agua, alcanzó su mayor esplendor durante los años del desarrollo estabilizador.

Tuvo como antecedentes inmediatos la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización, en 1917, y la Comisión Nacional de Irrigación (1926-1946). Quedó fusionada a la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería, para denominarse Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (1976-1994).

En 1989 nació la Comisión Nacional del Agua como órgano desconcentrado de la propia Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para ser transferida en 1994 a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, actualmente Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Secretaría de Recursos Hidráulicos, como institución fundamental del gobierno mexicano, fue durante su vigencia garante de la ejecución de múltiples acciones, cuyo propósito se orientó a la planeación, construcción y operación de toda una serie de medidas y proyectos encaminados precisamente al cuidado, la sustentabilidad, la disponibilidad, el suministro y el saneamiento del agua.

Es en nuestros días una institución que paralelamente a los objetivos citados, contribuyó a forjar una generación de técnicos muy especializados y consecuentemente calificados en tareas de construcción, operación y planeación de obras y servicios en materia hidráulica.

La visión y misión institucionales de la desaparecida dependencia quedaron debida y oportunamente establecidas desde su creación: realizar acciones y proyectos que en materia de recursos hídricos motivaran el acceso de las distintas regiones de México al proceso de desarrollo económico y social que el país registraba.

Fue un periodo en la historia nacional durante el cual se construyeron presas de gran capacidad de embalse, se crearon los distritos de riego y se introdujo la red de conducción de agua potable a centros urbanos de crecimiento exponencial, garantizándose así el abasto del recurso hídrico a las necesidades de uso agrícola, industrial y consumo doméstico.

Hoy, los procesos a cargo de la Comisión Nacional del Agua para garantizar la suficiencia y calidad del recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo, requieren la participación de la sociedad, de suerte tal que los propios habitantes, como actores beneficiados, den seguimiento a las acciones ejecutadas y demandas planteadas.

No obstante la misión de la Conagua y frente a los enormes retos que el presente y futuro plantean en materia de abasto y saneamiento de agua y que hoy son tema de la agenda de desarrollo de las naciones, diversas voces han expresado la necesidad de fortalecer aquellas medidas que garanticen la aplicación de una política oficial integral en materia de recursos hídricos.

Incluso, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas ha establecido recientemente que el agua, gracias a su valor social, económico y ambiental, requiere ser gestionada al amparo de un marco institucional robustecido.

El mismo departamento advierte que es imposible mantener la integridad de un ecosistema mundial equilibrado sin una estrategia global para la gestión de los recursos hídricos.

Cobra validez así la propuesta de que en el país sea creada nuevamente la secretaría de recursos hidráulicos, como ente de la administración pública federal que, con la calidad de ese rango, dará desde la visión de un mando institucional único la importancia estratégica que para el desarrollo nacional representa el asunto agua en todas sus vertientes.

Con la creación de la secretaría de recursos hidráulicos se dejaría de lado una visión meramente administrativista del sector, para otorgar a la nueva dependencia mayores facultades que permitan la recuperación y aplicación de una efectiva política en la materia, más aún cuando en el país la disponibilidad del recurso presenta una desigual distribución regional y estacional.

Esos factores dificultan el aprovechamiento sustentable del vital recurso. Aparte, las proyecciones indican que la disponibilidad media por habitante para los años próximos se reducirá.

La atención de los asuntos en materia de recursos hídricos desde la esfera de una Secretaría de Estado, articularía la política gubernamental y la participación de la sociedad civil en el manejo racional del agua en los ámbitos agrícola, industrial y desde luego, el doméstico, para que este recurso venga a ser efectivamente un factor fundamental de desarrollo.

Una dependencia cuyo objetivo central se dirigiría a garantizar con firmeza la gestión integral de los recursos hídricos. Esto, a partir de la aplicación de las leyes y los reglamentos en la materia, procurando asimismo una mejor distribución y desde luego un óptimo consumo, uso y aprovechamiento del agua en todos los renglones del proceso productivo y atendiendo además los requerimientos de solución que demanda la problemática derivada tanto de la falta de suministro suficiente y oportuno como de saneamiento efectivo del recurso.

El marco legal que se robustecería con la creación de una secretaría de Estado que tendría a su cargo la administración directa de los asuntos en materia hídrica estaría garantizando no únicamente la disponibilidad de agua en calidad y cantidad, sino también un uso racional del recurso, aparte de una aplicación todavía más efectiva de las estrategias de prevención y defensa contra fenómenos hidrológicos, derivados tanto de contingencias de origen natural, como del uso incorrecto de los recursos naturales.

La agenda de México en materia de recursos hídricos es enorme, más ahora que los tiempos demandan medidas urgentes para la gestión integral del agua, en un proceso que asegure el suministro, sustentabilidad y saneamiento del recurso, para la atención de las necesidades de la población presente y futura.

Así, la presente iniciativa, que propone adiciones y reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, busca crear la secretaría de recursos hidráulicos, derogando facultades de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales y dando a la nueva dependencia atribuciones para el cumplimiento de su misión.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una disposición al artículo 26; se modifican las fracciones II, IV, V, XIV y XXXIX y se derogan la XXI y XXIII a XXXI del artículo 32 Bis; y se adiciona el 32 Ter a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Primero.Se adiciona una disposición al artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26.Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Secretaría de Seguridad Pública

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Secretaría de Recursos Hidráulicos

Secretaría de Energía

Secretaría de Economía

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Secretaría de la Función Pública

Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Salud

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría de la Reforma Agraria

Secretaría de Turismo

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Artículo Segundo.Se modifican las fracciones II, IV, V, XIV y XXXIX; y se derogan la XXI y XXIII a XXXI del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32 Bis.A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. ...

II.Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre que no esténencomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamientoambiental, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades;

III. ...

IV.Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos;

V.Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes;

VI. a XIII. ...

XIV.Evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de información ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico y de suelos de jurisdicción federal, y los inventarios de recursos naturales y de población de fauna silvestre, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, las instituciones de investigación y educación superior, y las dependencias y entidades que correspondan;

XV. a XX. ...

XXI. Se deroga;

XXII. ...

XXIII. a XXXI. Se derogan;

XXXII. a XXXVIII. ...

XXXIX.Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres, y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar;

XL. a XLI. ...

Artículo Tercero.Se adiciona el artículo 32 Ter a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32 Ter.A la Secretaría de Recursos Hidráulicos, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.Formular y conducir la política nacional en materia de recursos hidráulicos;

II.Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos hidráulicos;

III. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad, así como sobre el aprovechamiento de los recursos hidráulicos y en materia de descargas de aguas residuales;

IV.Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, las estatales y las municipales, el cumplimiento de las leyes, las normas oficiales mexicanas y los programas relacionados con la materia de recursos hidráulicos, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes;

V.Intervenir en foros internacionales respecto de las materias competencia de la secretaría, con la participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y proponer a ésta la celebración de tratados y acuerdos internacionales en tales materias;

VI.Promover el ordenamiento en materia de recursos hidráulicos del territorio nacional, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, y con la participación de los particulares;

VII.Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento sustentable de los recursos hidráulicos;

VIII.Evaluar la calidad de los recursos hidráulicos;

IX.Promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política en materia de recursos hidráulicos, y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección de estos recursos;

X.Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y geohidrológicos, así como el sistema meteorológico nacional, y participar en los conveniosinternacionales sobre la materia;

XI. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión y el uso sustentable de los recursos hidráulicos;

XII. Estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de especialistas, proporcionen conocimientos e impulsen la investigación científica y tecnológica en materia de recursos hidráulicos;

XIII. Promover que los organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores de protección de los recursos hidráulicos;

XIV. Coordinar con la Secretaría de Educación Pública el fortalecimiento de los contenidos de planes y programas de estudios en materia de protección y conservación de los recursos hidráulicos;

XV.Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneos, conforme a la ley de la materia;

XVI.Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, y de las zonas federales correspondientes, con exclusión de los que se atribuya expresamente a otra dependencia;

XVII. Establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; autorizar, en su caso, el vertimiento de aguas residuales en el mar, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la Secretaría de Marina, cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas; en cuencas, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad nacional;

XVIII. Promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas;

XIX.Estudiar, proyectar, construir y conservar, con la participación que corresponda a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las obras de riego, desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y las de pequeña irrigación, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al gobierno federal, por sí o en cooperación con las autoridades estatales y municipales o de particulares;

XX.Regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial;

XXI.Manejar el sistema hidrológico del valle de México;

XXII.Controlar los ríos y demás corrientes y ejecutar las obras de defensa contra inundaciones;

XXIII.Organizar y manejar la explotación de los sistemas nacionales de riego, con la intervención de los usuarios, en los términos que lo determinen las leyes, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

XXIV.Ejecutar las obras hidráulicas que deriven de tratados internacionales;

XXV.Intervenir, en su caso, en la dotación de agua a los centros de población e industrias;

XXVI. Fomentar y apoyar técnicamente el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades locales;

XXVII. Programar, proyectar, construir, administrar, operar y conservar por sí, o mediante el otorgamiento de la asignación o concesión que en su caso se requiera, o en los términos del convenio que se celebre, las obras y servicios de captación, potabilización, tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro de aguas de jurisdicción federal;

XXVIII.Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos hidráulicos;

XXIX.Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de recursos hidráulicos;

XXX.Diseñar y operar con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades la adopción de instrumentos económicos para la protección y conservación de los recursos hidráulicos; y

XXXI.Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y los reglamentos.

Transitorios

Artículo Primero. La Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, elaborará el estudio de impacto presupuestal que corresponda a la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

Artículo Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enviará a la Cámara de Diputados la propuesta presupuestal que corresponda al despacho de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

Artículo Tercero. La Secretaría de Recursos Hidráulicos entrará en funciones a partir del ejercicio presupuestal de 2013.

Artículo Cuarto.El titular del Poder Ejecutivo federal instruirá el traspaso de empleados, así como los recursos materiales y financieros y de activos de la Comisión Nacional del Agua que correspondan a la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en un plazo que correrá a partir de la entrada en vigor del presente decreto y hasta que entre en funciones la nueva dependencia.

Artículo Quinto. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y, en general, en cualquier disposición respecto a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales con relación a la materia recursos hidráulicos se entenderán referidas a la Secretaría de Recursos Hidráulicos .

Artículo Sexto. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.— Diputado Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para su dictamen.

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Juan Bueno Torio: Gracias, presidenta. Le solicito que el texto íntegro de la presente iniciativa se inserte en el Diario de los Debates.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el municipio es una de las instituciones políticas más antiguas, sus orígenes surgen de las grandes civilizaciones que generaron un elevado sentido de concentración del poder político.

Actualmente el municipio es, en los hechos, la autoridad más cercana con la sociedad; por su estrecho contacto debido a la relación que existe entre funcionarios y la propia población, es la autoridad municipal quien atiende las necesidades elementales y más sensibles de los ciudadanos.

Diversas reformas han sido realizadas para brindar fortaleza a la hacienda municipal y a su autonomía política y en lo general, a disminuir las facultades que constantemente se habían ejercido por los estados y por la federación.

La realidad que vivimos nos ha enseñado que es a través del federalismo como se debe vertebrar a la sociedad y que éste debe fincarse en ayuntamientos fuertes que sean la base de gobiernos locales sólidos, pero sobre todo que reconozca su calidad de municipio libre, independientemente de la diversidad de los partidos políticos que gobierna los propios municipios y las entidades federativas.

En el contexto del Estado mexicano, con la firme decisión de fortalecer la democracia y con un sentido claro de justicia política y social, es necesario subrayar el mandato constitucional de que el municipio debe ser entendido y respetado como un poder político, con libertad y autodeterminación.

Para lograr este fortalecimiento al federalismo es prioritario que los estados se descentralicen en razón de los municipios y estos en razón de las comunidades, para otorgar mayor funcionalidad y fuerza al sistema federal y con ello vertebrar a la sociedad y sea ésta, la sociedad, la que fortalezca la democracia.

Resulta necesario establecer los mecanismos de evaluación de resultados, en los cuales se consideren criterios de abatimiento de pobreza y desigualdad, a efecto de premiar a quienes mejor inviertan sus recursos y a quienes mejores resultados genere.

La doctrina mexicana, a la par de otros países democráticos, estableció el principio de la libertad hacendaria del gobierno local; la realidad está lejos de tal principio, pues el gobierno municipal puede manejar su hacienda libremente, una vez que todos los demás órdenes de gobierno le han dicho qué recursos tiene, para qué asuntos y dentro de qué normatividad los puede utilizar.

Dos de los fondos del Ramo 33 son de aplicación exclusiva del municipio, el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo para el Fortalecimiento Municipal; porcentualmente las aportaciones federales que componen el Ramo 33 han mantenido una tendencia a la alza en los últimos años.

Desafortunadamente, en muchas ocasiones la asignación de recursos provenientes de la federación para los municipios sigue presentando retrasos en su entrega; es decir, los estados tienen la función centralizadora para canalizar los recursos hacia la instancia municipal, lo que impide un correcto desarrollo.

Este procedimiento origina retrasos, presiones políticas y hasta arbitrariedades en la administración de los mismos, que deberían ser entregados sin dilación a las autoridades municipales.

Este proyecto de decreto está encaminado a establecer las disposiciones necesarias para que los recursos que corresponden a los municipios, referente al Ramo 33, sean entregados directamente por la federación a los mismos, sin tener que pasar por las haciendas estatales y evitar que puedan verse recortados o retrasados por algún factor político, en detrimento del desarrollo del propio municipio.

Compañeras, compañeros, si traemos el ánimo y el afán de continuar con la descentralización y con el fortalecimiento del federalismo, ésta es una iniciativa que nos permitirá fortalecer las haciendas de los municipios y fortalecer y atender las necesidades de los ciudadanos ante esta autoridad local. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Juan Bueno Torio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, fracción h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El municipio es una de las instituciones políticas más antiguas, cuyos orígenes surgen de las grandes civilizaciones que generaron un elevado sentido de la concentración del poder político, lo que configuró una extensa red de instituciones administrativas.

Actualmente el municipio es considerado como la autoridad más cercana con la sociedad por el estrecho contacto, debido al trato directo que se presenta entre la población y los funcionarios, es la autoridad municipal quien atiende las necesidades elementales y más sentidas de los ciudadanos.

Diversas reformas han sido realizadas para brindar fortaleza a la hacienda municipal, su autonomía política y en lo general a las facultades que constantemente se habían ejercido por los estados y por la federación.

La realidad que vivimos, nos ha enseñado que es atreves el federalismo como se debe vertebrar la sociedad y que debe fincarse en ayuntamientos fuertes, que sea la base de gobiernos locales fuertes y sólidos, pero sobre todo que reconozcan su calidad de Municipio libre independientemente de la diversidad de partidos políticos que hoy gobiernan los municipios del país.

Resulta de gran importancia, decir que, para proyectar las garantías y medios de protección integrales en el contexto del Estado Mexicano con decisión de fortalecer la democracia y con un sentido claro de justicia política y social, es necesario subrayar el mandato constitucional, de que el municipio debe ser entendido y respetado como un poder político con libertad y autodeterminación.

En este sentido, y al ser considerado como un ente poseedor de derechos políticos, administrativos y sociales inherentes a su propia naturaleza, es necesario brindar la protección institucional, la consolidación de la institución municipal y su fortaleza económica.

En nuestro país, se han realizado propuestas de reformas encaminadas a un federalismo real y verdaderamente fortalecido por lo que ha otorgado una apertura de espacios y apoyos que benefician a los gobiernos estatales, más no así a los gobiernos municipales.

Para logar este fortalecimiento al federalismo, es prioritario que los estados se descentralicen en razón de los municipios y estos en razón de las comunidades, para otorgar mayor funcionalidad y fuerza al sistema federal y con ello vertebrar a la sociedad y sea esta, la que fortalezca la democracia.

Es importante mencionar que en un gran número de países los criterios de distribución constituyen la principal herramienta del federalismo fiscal, situación que ha generado amplios debates sobre los efectos reales que éstas pueden tener en las finanzas de los gobiernos subnacionales.

Resulta necesario establecer los mecanismos de evaluación de resultados, en los cuales se consideren criterios de abatimiento de la pobreza y desigualdad, a efecto de premiar a quienes mejor inviertan sus recursos y mejores resultados generan y así eliminar las inequidades que provoca generar la fórmula vigente de distribución de recursos hacia estados y municipios e incentivar la promoción del desarrollo económico y social.

La doctrina mexicana, a la par de otros países democráticos, estableció el principio de la “libertad hacendaria” del gobierno local. La realidad está lejos de tal principio, pues, el gobierno municipal puede manejar su hacienda libremente una vez que todos los demás órdenes de gobierno le han dicho que recursos tiene para que asuntos y dentro de que normatividad los puede utilizar, si bien es cierto que en las últimas reformas se han logrado avances significativos en la entrega a través de fondos y partidas con fines muy precisos y a la vez amplios, aún se requiere transparentar la distribución de los recursos a los municipios y que estos le lleguen con oportunidad.

Los fondos del ramo 33, dos de ellos son de aplicación exclusiva en los municipios, mismos que son manejados por los gobiernos municipales: el fondo para la infraestructura social municipal y el fondo para el fortalecimiento municipal. Los otros siete fondos pueden o no aplicarse a satisfacer las necesidades de los municipios, pues quedan a juicio del poder ejecutivo estatal y según el presupuesto que aprueben las legislaturas estatales. Porcentualmente las aportaciones federales que componen el ramo 33 han mantenido una tendencia a la alza en los últimos años.

Desafortunadamente en muchas ocasiones la asignación de recursos provenientes de la federación para los municipios sigue presentando retrasos en su entrega, bien sabido es que los gobiernos estatales primeramente detentan dichos recursos los cuales en diversas ocasiones no son entregados de forma inmediata y conforme al calendario de enteros, afectando visiblemente los beneficios que bien pudieran generarse para la población y la buena administración de los recursos, que por el principio de economía procesal bien podrían disponer en tiempo y forma de los recursos que sin duda se reflejaran en el mejor desempeño de las funciones de cada municipio.

Es decir, los estados tienen la función centralizadora para canalizar los recursos hacia la instancia municipal, lo que impide un correcto desarrollo; esta permisión para que sean los estados los encargados de distribuir los recursos enviados por la federación a los municipios, origina retrasos, presiones políticas y hasta arbitrariedades en la administración de los mismos que deberían ser entregados sin dilación a las autoridades municipales.

Esta propuesta, está encaminada a establecer las disposiciones necesarias para que los recursos que corresponden a los municipios referentes al ramo 33, sean entregados directamente por la federación a los municipios, sin tener que pasar por las Haciendas estatales y que a través de esos intermediarios puedan verse recortados y retrasados por algún factor político en detrimento del desarrollo de los municipios.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 32, 35, 36, 37, 38 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se reforman el párrafo segundo del artículo 32; los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 35; los incisos a) y b) del párrafo primero y el párrafo segundo del artículo 36; el artículo 37; se reforma el primer párrafo del artículo 38 se deroga el párrafo tercero y se reforma la fracción I del párrafo tercero del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como siguen:

Artículo 32. ...

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados y municipios por conducto de la federación, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta Ley.

...

Artículo 35. La federación distribuirá entre los municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizará la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas:

a) a d) ...

LaSecretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal para cada Estado.

El cálculo de las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con base en los lineamientos anteriores, deberá comunicarse a los gobiernos de los estados para efectos de su publicación en los órganos de difusión oficiales, a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.

Los recursos que correspondan a los municipios deberán ser entregados conforme al calendario de enteros en que la federación lo haga a los estados, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 32 de la presente ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales, así como a los gobiernos estatales para efectos de su publicación en su respectivo órgano de difusión oficial, a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal.

Artículo 36. ...

a)Con el 2.35 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará mensualmente por partes iguales a los Municipios, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de este ordenamiento; y

b) A las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los fondos correspondientes les serán entregados en la misma forma que al resto de los municipios, pero calculados como el 0.2123 por ciento de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.

Para efectos de su difusión, la federación hará llegar a los gobiernos estatales y del Distrito Federal la información correspondiente a las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada municipio o demarcación territorial por concepto de este fondo, así como el calendario de ministraciones, a fin de que sea publicada en su respectivo Periódico Oficial a más tardar el 31 de enero de cada año.

...

Artículo 37. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I y III del artículo 33 de esta ley.

Artículo 38. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del artículo 36 de esta Ley, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada municipio, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

...

Tercer párrafo (se deroga)

Artículo 49....

...

...

I. Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública;

II. a V. ...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el ejercicio fiscal siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de septiembre de 2012.— Diputado Juan Bueno Torio (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

ARTICULO 69 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, señora presidenta. Cada primero de septiembre, desde hace cinco años, se reúne el Congreso General —la máxima expresión del Poder Legislativo— con el único objeto de servir de oficialía de partes al mensajero del presidente de la República. Lo acabamos de vivir.

El Poder Ejecutivo —nos dice el artículo 80— es unipersonal, se deposita únicamente en su titular. Sin embargo, éste se da el lujo incluso de enviarnos a un propio. Se llevaron el show, pero eso sí, nos dejaron el boato.

Las dudas que se desprenden son obvias. Este Congreso, ninguneado de inicio, ¿está en  condiciones de hacer las grandes reformas y transformaciones que requiere México? ¿Podrá darle un nuevo diseño institucional a la República? ¿Tendrá los tamaños para enfrentar a los poderes fácticos y ponerle coto a los monopolios? ¿Podrá vigilar al Poder Ejecutivo, cuidar sus excesos y tener con él una relación republicana?

Nuestra apuesta es que sí; que el Congreso mexicano estará a la altura de las circunstancias, pero para que eso ocurra hay que darle su lugar y su preeminencia al Poder Legislativo, y en el asunto del informe, como en muchos otros, la forma, vaya que es fondo.

Por supuesto que no vengo a abogar por el antiguo formato de la presidencia imperial, al contrario, pero justo es decir que pasamos del suntuoso ceremonial, hecho a la medida de la megalomanía sexenal en turno, al trámite burocrático frío, gris, inocuo, con sello de recibido.

La rendición de cuentas brilla por su ausencia. Ya no es el día del presidente, es verdad; ahora éste se da uno o dos días después con la misma cadena nacional de antaño, pero ahora el Ejecutivo no se tiene que esforzar para no ver ni oír a sus opositores. El auditorio es de amigos selectos: un escenario inmejorable para el monólogo autocomplaciente.

Si lo que se buscaba era terminar con la subordinación de un Poder a otro, el remedio salió peor que la enfermedad; la solución no era y no es reducir el perfil del encuentro entre Poderes hasta hacerlo frívolo y pueril, sino que ésta sea una reunión republicana con un diálogo cercano y directo, que permita a los representantes populares y ciudadanos informarse realmente del estado que guarda la nación.

En muchos países democráticos es práctica común que el titular del Ejecutivo, el presidente, responda a preguntas e incluso debata con los legisladores y lo hace porque así cumple con su responsabilidad de rendir cuentas ante la representación popular. Exactamente lo que ahora no tenemos.

Como es del dominio público, a muchos mexicanos nos disgustó el fallo del Tribunal Electoral y estamos convencidos de que no cumplió cabalmente con su responsabilidad, pero eso no obsta para que le pidamos cuentas a quien encabeza el Poder Ejecutivo por las políticas implementadas y por los recursos públicos utilizados. Esa es nuestra responsabilidad, de todos y por supuesto del Congreso como órgano o instancia del Poder de la República; ejerzamos esa responsabilidad, esa facultad, a plenitud.

La reforma que se propone es sencilla pero trascendente. Se establece que el titular del Ejecutivo acuda al Congreso General, escuche las intervenciones de los grupos parlamentarios, exponga el estado que guarda la nación y los resultados de su administración y luego conteste las preguntas de los legisladores. Sería —si la reforma es aprobada— la Ley del Congreso la que regule el procedimiento.

Nada del otro mundo, apenas un paso hacia una nueva y necesaria concepción democrática de las instituciones del Estado y de la relación entre Poderes, pero un paso al fin que vale la pena dar.

Sin embargo, estoy enterado de las resistencias a avanzar en esa dirección; el problema en el fondo es que algunos, contra toda evidencia, se rehúsan a aceptar que el presidencialismo mexicano está desahuciado, a pesar de que sus estertores son inocultables, sueñan con la restauración del viejo régimen, y aunque es verdad que se impuso o mejor dicho nos impusieron al candidato de la restauración, lo cierto es que llegará en un escenario muy diferente al que pensaba.

En lugar de la amplia mayoría que tanto pregonaba y anunciaba y que ponía como eje esencial de la gobernabilidad en el país, la sociedad volvió a expresar su pluralidad. Desde 1997 ningún partido tiene la mayoría en las Cámaras. Ya es hora de que todos lo aceptemos como una realidad no solo inevitable, sino saludable.

El camino de la regresión está cerrado y sería un despropósito seguir como estamos, con las evidentes disfuncionalidades de nuestro sistema político; el camino abierto es el de la democracia, algo que por cierto habrá que explicarles a algunos gobernadores.

Los conmino a que recuperemos la vía de la transición que durante la alternancia lamentablemente se perdió. Para eso hay que darle su lugar y estatura al Poder Legislativo.

Espero que quien antes defendió la autonomía y jerarquía del Congreso, no vaya a querer ahora achicarlo, porque la Presidencia cambio de color. Ya nos ha sucedido.

Los invito a que hagamos del Poder Legislativo el gran motor de los cambios en el país, eso está en nuestras manos, de ello aspiro a convencerlos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El procedimiento actual de la entrega del informe de gobierno rompe con el principio republicano de rendición de cuentas a las que debiera estar sometido el presidente de la república. El día del informe de gobierno dejó de ser el evento consagrado al lucimiento personal y al culto al personaje que anualmente acudía al Congreso.

Se convirtió en un simple trámite burocrático en el que un funcionario sin la menor representación popular, acude a la sede del Congreso a entregar el documento que contiene el informe de gobierno.

De manera paralela, el presidente de la república hace un gran evento de lucimiento mediático pero vacío de contenido, y carente de cualquier posibilidad de diálogo, con lo cual el ejercicio de rendición de cuentas queda prácticamente sepultado entre spots y frases perfectamente diseñadas desde las oficinas de marketing.

Argumentos

Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, el artículo 69 ha sido objeto de tres enmiendas:

La primera fue en 1923 para suprimir del texto constitucional la obligación del presidente de la república de asistir al Congreso al inicio de las sesiones extraordinarias con el objeto de explicar las razones de dicha convocatoria. Si observamos con detenimiento el texto original del Constituyente de 1917 vemos que a la letra el artículo 69 dice:

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la república presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la república ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

Una vez visto lo anterior, considero que el Congreso mexicano debe evolucionar cada vez más en dirección de configurar uno de los poderes esenciales de un sistema presidencial con características e instrumentos parlamentarios, en donde sin duda, el diálogo entre poderes, la rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo y la fiscalización de las tareas y del uso de los recursos públicos del Ejecutivo, deben fortalecerse.

Por todo lo anteriormente expuesto, vengo a esta tribuna a poner a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la presente Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Proyecto de decreto

Único.Se reforma y se adiciona el primero y segundo párrafos del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República, atendiendo a su responsabilidad republicana y al principio de rendición de cuentas, comparecerá ante el pleno del Congreso de la Unión para presentar un informe sobre el estado general que guarda la administración pública del país, así como el balance de las políticas públicas implementadas durante ese periodo. Durante su comparecencia, escuchará las intervenciones de los legisladores y responderá a los cuestionamientos que éstos le formulen, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley del Congreso. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la república ampliar la información mediante Pregunta Parlamentaria por escrito en los términos del artículo 93 y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez agotado el procedimiento previsto por el artículo 135 constitucional.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá adecuar las leyes federales correspondientes, de conformidad a lo dispuesto por el presente decreto, en un plazo no mayor a un año, a partir de la entrada en vigor de éste.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente decreto.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.— Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen, en cuanto ésta esté constituida.

LEY MINERA*

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Quisiéramos obsequiar la petición de don Trinidad Morales. Su iniciativa se había turnado. Regresamos el turno a la Mesa Directiva, de tal suerte de que tenga la posibilidad de pasar en una sesión siguiente.

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, por cinco minutos, el apreciable diputado don Tomás Torres Mercado, del Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias ciudadano presidente. Traigo a la consideración de ustedes, estimadas diputadas y diputados, una adición al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En los últimos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado resoluciones, ha emitido criterios que fortalecen el andamiaje de la vida institucional de nuestro México; uno de ellos se inserta en una polémica generada por el papel de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública.

En este espiral de violencia, en esta crisis nacional de seguridad, en donde una buena parte de las consideraciones dicen —y podemos compartirla—, están realizando una tarea de seguridad pública que la Constitución y las leyes le reservan a otras corporaciones y a otras instituciones.

Preciso, mucho tenemos que reconocerle a las Fuerzas Armadas, léase: Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.

La Corte, sin embargo, ha dicho que en aquellas faltas o delitos, —y lleva ya cuatro resoluciones en los mismos términos, de 30, comentan los medios de difusión— ha dicho con puntualidad, en donde se ve involucrado un civil, deben conocer del asunto los tribunales ordinarios, sean del orden federal o común.

Literalmente un ministro —obviamente sin su autorización, pero lo he escuchado y visto en el debate del pleno— de este altísimo Tribunal de Justicia el país, dijo: si los mandamos, a los integrantes de las Fuerzas Armadas, a cárceles civiles, es mandarlos al matadero.

Le expreso un reconocimiento al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

¿A qué obliga esto? De que esta problemática seguramente va a ser uno de los temas centrales en la discusión de la agenda política y de gobierno, hoy y mañana, en el corto y en el mediano plazo.

De manera que nuestra propuesta, y tengo también que señalarlo en mérito de un esfuerzo legislativo de la inmediata anterior, en donde participó un legislador destacadísimo que ahora, no justo en este momento, porque también lo es el diputado Arroyo Vieyra, Jesús Murillo Karam, se había logrado ya el consenso de un dictamen que no llegó al pleno del Senado en la legislatura inmediata anterior.

¿En qué consiste la propuesta y que va por ahí? Si está resuelto el asunto del fuero militar, de la interpretación de los numerales constitucionales 13 y 129, queda una parte que puede ser abordada en la Ley Orgánica del Poder Judicial federal, en un doble sentido, que los asuntos conozca de ellos jueces federales o magistrados que tengan conocimientos especializados en el marco normativo, en la dinámica, en la actividad, en la disciplina, el reconocimiento de la jerarquía, en esos principios rectores de las Fuerzas Armadas, que haya pues jueces especializados en la disciplina para que lleven a cabo estos enjuiciamientos.

La otra parte. Pudiendo dar vista al sometido al proceso, que puedan estar, para efectos de medidas cautelares, prisión preventiva o la ejecución de penas en establecimientos militares para poner en salvaguarda la integridad personal de quienes se vean involucrados en algún antisocial de esta naturaleza.

La realidad ahora nos pide eso y la realidad debe alimentar siempre el trabajo de esta asamblea, es fuente de la ley cotidianamente. Por su atención, gracias estimados, estimadas colegas.

«Iniciativa que reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Tomás Torres Mercado, diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la siguiente

Planteamiento del problema

En los últimos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido criterios fundamentales para el fortalecimiento de nuestro andamiaje institucional y legal en materia de protección a los derechos humanos.

Uno de los criterios más importantes se relaciona con el denominado fuero militar.  El máximo tribunal de justicia del país determinó que los delitos cometidos por militares en activo en los que esté implicado un civil son competencia de juzgados federales. De acuerdo con el fallo de la Corte, la jurisdicción penal militar no puede ser competente para juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos de civiles, pues el procesamiento de los responsables corresponde a los tribunales ordinarios.

Por otra parte, la Corte determinó que en aquellos casos en los que un militar comete un delito contra otro integrante de las fuerzas armadas, si el delito no tiene conexión exacta con la  disciplina militar, también se surte la competencia del fuero común.

De esta forma, a partir de los fallos de la Suprema Corte, los tribunales militares únicamente conocerán de los delitos y las faltas cometidas por integrantes de las instituciones castrenses cuando tengan conexión exacta con la disciplina militar.

Todas estas resoluciones establecen límites claros a la jurisdicción militar y, como hemos señalado anteriormente, sientan bases más sólidas para la salvaguarda de los derechos fundamentales en México.

Pero no debemos perder de vista que el respeto a los derechos humanos demanda un tratamiento integral. También debe considerar a quienes se encuentran sujetos a proceso o han sido sentenciados por la comisión de un delito. En este sentido, resulta fundamental establecer disposiciones que preserven las garantías de seguridad jurídica de los miembros del ejército, la fuerza aérea o  la marina que se encuentren en los supuestos abordados por la presente iniciativa. Las garantías a las que nos referimos, denominadas por algunos como debido proceso, se basan en  la existencia de procedimientos regulares e impiden que las autoridades apliquen arbitrariamente el orden jurídico.

Argumentación

En primer término, a efecto de atender estas preocupaciones, consideramos necesario establecer en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que en aquellos casos en que se involucre a un integrante de las Fuerzas Armadas en hechos probablemente delictivos que no guarden relación exacta con la disciplina militar, en términos de lo dispuesto por el  artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocerán órganos jurisdiccionales cuyos titulares tengan conocimientos especializados sobre aspectos reglamentarios y legales que normen a las propias Fuerzas Armadas.

En la misma Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación proponemos señalar que el Consejo de la Judicatura Federal emitirá lineamientos normativos o acuerdos generales que desarrollen las reglas relativas al establecimiento de los órganos jurisdiccionales con conocimientos especializados en las Fuerzas Armadas.

De forma paralela, proponemos que el órgano jurisdiccional especializado o, en su caso, el órgano facultado para la ejecución de sentencias, tengan la capacidad de ordenar que las medidas cautelares, prisión preventiva o penas de prisión relativas a los casos materia de esta iniciativa se cumplan en centros penitenciarios militares.

Lo anterior, si así se consideran pertinente y con la posibilidad de que se escuche a los vinculados a proceso o sentenciados. La realidad es que el internamiento de militares en establecimientos penitenciarios ordinarios podría generar situaciones en las que se ponga en riesgo su integridad física o mental, e incluso puede llegar a comprometer otros aspectos relacionados con su condición de miembros de los institutos armados.

Señoras y señores legisladores, la espiral de violencia e impunidad sin precedente que padece México y que amenaza nuestra seguridad y nuestro futuro, hizo indispensable y urgente la participación de la Fuerzas Armadas. Pero al asignarles durante estos últimos años tareas que constitucional y legalmente no corresponden con su origen, se les ha sometido a una compleja situación.

Aún con las resoluciones de nuestro máximo tribunal de justicia, las circunstancias anticipan que en el corto y mediano plazo continuarán cumpliendo con dichas tareas. Mucho es lo que debemos a nuestras Fuerzas Armadas.

Lo cierto es que los integrantes del ejército, la fuerza aérea y la marina respondieron al llamado México en los momentos más difíciles. Con valor y heroísmo han protegido y servido a su patria y eso debe ser motivo del mayor reconocimiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto

Único. Se adicionan un segundo, tercero y cuarto párrafos al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán:

I. a III...

En aquellos casos en que se involucre a un integrante de las Fuerzas Armadas en hechos probablemente delictivos que no guarden relación exacta con la disciplina militar, en términos de lo dispuesto por el  artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocerán los órganos jurisdiccionales cuyos titulares tengan conocimientos especializados sobre aspectos reglamentarios y legales que normen a las propias Fuerzas Armadas.

El órgano jurisdiccional o, en su caso, el órgano facultado para la ejecución de sentencias, podrán ordenar que las medidas cautelares, prisión preventiva o penas de prisión relativas a dichos casos se cumplan en centros penitenciarios militares, si así se consideran pertinente y con la posibilidad de que escuchen  a los vinculados a proceso o sentenciados.

El Consejo de la Judicatura Federal emitirá lineamientos normativos o acuerdos generales que desarrollen las reglas relativas al establecimiento de los órganos jurisdiccionales con conocimientos especializados en  las Fuerzas Armadas.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 6 de septiembre de 2012.— Diputado Tomás Torres Mercado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen, una vez que ésta esté constituida.

ARTICULO 3O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra al apreciable compañero diputado, don Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, vengo a presentar proyecto de decreto, una iniciativa que contiene una modificación al 3o constitucional, que ojalá y pudieran leerla, porque se trata de un tema clave: la gratuidad de la educación superior en México.

Este tema de la gratuidad, desde 1945 ha sido discutido de manera vehemente en el Congreso y recientemente en 1994, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una resolución que emitió ésta sobre la gratuidad de la educación y las cuotas que las universidades públicas cobran a los alumnos de todos los niveles de la población.

Como ustedes recordarán, en el artículo 3o., en su fracción IV, se establece con toda claridad y con toda contundencia, sin dejar lugar a dudas, una disposición que todos hemos compartido y en la que todos estamos de acuerdo.

Señala textualmente algo así como: toda la educación que imparta el Estado será gratuita. Sin embargo, en 1994, con motivo de un amparo promovido por jóvenes estudiantes que se resistían a pagar cuotas en una universidad pública, acudieron al amparo y el Tribunal Superior de Justicia de la Nación determinó que era procedente cobrar cuotas, dado que el texto constitucional no señalaba que la educación superior estaba dentro del contenido de la fracción IV, lo que me parece un absurdo, y es que alega la Corte que en la fracción VII del artículo 3o. se establecen las reglas para la autonomía de la educación superior y de las universidades y que por tanto, dada la autonomía, la universidad pública podía fijar las cuotas que se quisiera y como quisiera, restringiendo el principio contemplado en el artículo 3o., en su fracción IV, sobre la gratuidad que he referido.

Por esa razón, la Corte en las últimas fechas, no solo en esta materia, también en materia de energéticos y de energía eléctrica y de otras materias, la Corte se ha convertido en un legislador caprichoso y en un legislador autoritario; invade la esfera del Poder Legislativo y por eso mediante resoluciones que emite, que después se convierten algunas de ellas en jurisprudencia de observancia general para todos, legisla e invade la esfera de atribuciones del Poder Legislativo.

Por eso estoy planteando una modificación al 3o. constitucional, donde se establezca con toda propiedad que la universidad, que la educación de nivel superior tiene que tener la característica de gratuidad.

Es un debate ya superado. Es un debate en el que tenemos que ponernos de acuerdo a efecto de que la Corte no siga mal interpretando la disposición del Constituyente Permanente respecto de la gratuidad y del contenido del artículo 3o. constitucional, en su fracción IV.

Esta es muy resumida, en una síntesis de un documento que he preparado con derecho comparado, pero también desde la Constitución del 14 de Apatzingán, la del 24, la del 36, la del 57 y la del 17, que todas contemplan el anhelo de este propósito, hacer realidad la gratuidad de la educación superior, máxime con el rechazo masivo de alumnos en las universidades públicas de provincia.

Actualmente en Michoacán hay un problema severo y en muchas otras universidades públicas hay problemas de rechazo a jóvenes que intentan estudiar la educación superior en nuestro país.

Por esa razón, ciudadano presidente, le solicitaría integrar o plasmar todo el texto de esta iniciativa para todos aquellos que deseen consultar. Éste es un tema que tenemos que abordar de manera urgente, el tema de la gratuidad en materia de educación superior, por el servicio que presta el Estado.

Le pediría, presidente, plasme íntegro este documento que pretende modificar el artículo 3o. constitucional, y subrayar la gratuidad de la educación superior en México.

Solo la educación os hará libre; solo la educación puede combatir el fanatismo, el autoritarismo y la opresión. Recuérdenlo siempre, legisladores y legisladoras. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 65 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los aspectos más importantes en la historia del constitucionalismo mexicano es la relativa a la prioridad que ha significado la educación para todos los legisladores mexicanos, históricamente, desde la Constitución de Apatzingán, Morelos sostuvo, que la educación tenía que ser apoyada por toda la sociedad, a partir de ese momento todos nuestros congresos constituyentes y legislaturas se han empeñado en favorecer la educación pública con todo el poder del Estado.

El fenómeno educativo se ha transformado en una de las prioridades nacionales desde la independencia, pues es el único proceso mediante el cual la nación mexicana podrá acceder a los primeros lugares en el concierto de las naciones, sólo un pueblo culto podrá aprovechar sus recursos naturales y circunstancias históricas para contrarrestar la adversidad.

El artículo 3o. de la Carta Magna se reformó en diversas ocasiones a lo largo del siglo XX, siempre con un sentido social, es decir buscando el beneficio de los grandes sectores sociales mexicanos con la finalidad de alcanzar el desarrollo pleno de nuestra comunidad, que sin educación nunca se podrá alcanzar.

Estamos en los albores del siglo XXI, y lamentablemente la deuda con la sociedad en materia educativa sigue pendiente; existen hoy en día grandes sectores que carecen de acceso a diversos niveles de la educación; nos preocupa particularmente el relativo a la educación superior, nivel del cual se encuentran excluidos una gran cantidad de jóvenes que no pueden aprovechar sus cualidades en beneficio propio ni de nuestro país.

Actualmente, se observa una demanda de educación superior sin precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que este nivel educativo reviste para el desarrollo sociocultural y económico, así como para la construcción del futuro.

La educación superior se enfrenta en todas partes a desafíos y dificultades que tienen que ver con cuestiones de financiamiento, con la igualdad de las condiciones de acceso a los estudios, y en el transcurso de los mismos, a la formación basada en la competencia y en la mejora de la calidad en las enseñanzas.

La deserción escolar en el nivel superior es cada vez más grave, y estamos obligando a millones de jóvenes a incorporarse al mercado laboral antes de tiempo, lo que incrementa de forma exponencial la tasa de desempleo en el país.

Los datos duros de la educación superior en México señalan que de cada 10 estudiantes que quiren estudiar a nivel profesional, el país sólo tiene capacidad para darle entrada a 4, lo que obliga a 6 jóvenes mexicanos a suspender en el mejor de los casos sus aspiraciones profesionales. Lo que ha generado que oficialmente se reconozcan a cerca de 8 millones de NINIS (jóvenes que ni estudian, ni trabajan).

Tenemos la obligación de generar la infraestructura necesaria para que cualquier joven mexicano que quiera estudiar a nivel superior pueda hacerlo, y no los obliguemos a tomar decisiones en condiciones precarias, y no acaben engrosando las filas del crimen organizado.

A lo largo de los siglos, el fenómeno educativo ha dado sobradas pruebas de su viabilidad y su capacidad para transformarse, y propiciar el cambio y progreso de la sociedad.

Derecho a la educación

A partir de la Independencia de México, nuestros primeros textos constitucionales concibieron a la educación como un derecho inherente a la persona humana; en la Constitución de Apatzingán, el artículo 39 mencionaba que la instrucción era necesaria a todos los ciudadanos, las constituciones de las Entidades Federativas que emanaron de la Constitución Federal de 1824 también asumieron el mismo compromiso.

Los conservadores en la Constitución de 1836 señalaron en la sexta ley constitucional artículo 14, la obligación de las juntas departamentales para establecer escuelas en todos los pueblos de sus departamentos, dotándolas completamente de los fondos propios. Los mismos conservadores en las bases orgánicas del 23 de diciembre de 1842, establecieron como facultades de las asambleas departamentales, fomentar la enseñanza pública en todos sus ramos creando y dotando establecimientos literarios y sujetándose a las bases que diere el Congreso sobre estudios preparatorios cursos, exámenes y grados.

Los liberales por su parte establecieron en la Constitución del 5 de febrero de 1857, que la educación se encontraba en el capítulo de los derechos del hombre y garantizaron que la enseñanza es libre, durante su vigencia se efectuaron dos grandes congresos nacionales de educación y un congreso higiénico pedagógico, en estos tres grandes eventos los más distinguidos maestros del siglo XIX sentaron las bases de lo que posteriormente sería el artículo 3o. de la Constitución de 1917, es decir, que la educación pública debería de ser libre, obligatoria y gratuita, esté último atributo relativo a la educación básica.

Los mexicanos estamos orgullosos de que la Constitución de 1917 sea considerada como la primera Constitución social del mundo, y no podemos olvidar que este hecho se debe al establecimiento de tres grandes conquistas sociales, el artículo 3o., el artículo 27 y el artículo 123, considerados globalmente como las bases sobre las que se erigió el concepto de derechos humanos de segunda generación.

En este contexto, la educación pública en México adquirió un doble sentido, por un lado, una garantía individual establecida en el artículo 3o. de la Constitución, como derecho del individuo para alcanzar la realización personal, y por otro, un derecho social inherente al pueblo de México para abatir la ignorancia, los fanatismos y demás resultados del atraso secular de nuestra población.

En 1917 la tasa de analfabetismo era gigantesca y en consecuencia el objetivo de principios del siglo XX fue enseñar a leer y escribir a la mayor parte de la población, a este hecho debe agregarse que la precariedad de la hacienda pública en plena revolución no permitía otra cosa que, el establecer la gratuidad de la educación exclusivamente en la educación básica.

En lo tocante al artículo 3o., son tres las reformas a considerar: 13 de diciembre de 1934, 30 de diciembre de 1946 y 5 de marzo de 1993. En esos tres casos se trataron de establecer las condiciones de obligatoriedad y gratuidad de la educación; en el primero, de la educación primaria; en el segundo, la obligatoriedad de la primaria y la gratuidad de toda la educación que impartiera el Estado; y en el tercero, la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria y secundaria. En estos casos, el Estado se encontraba obligado, tal como aconteció desde el texto original del artículo 3o. a realizar una actividad prestacional en favor de quiénes desearan los grados escolares comprendidos dentro de la educación obligatoria.

El derecho de todas las personas a la educación se encuentra establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pactos Internacionales, la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales; todas éstas forman parte de herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha para el goce del derecho a la educación para todos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, fracción I, a la letra establece:

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, fracción I y II, establecen:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales...

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.

...

El Estado es garante de otorgar a la población, la educación cuando ésta carece de recursos para tener las oportunidades de ingresar a una institución educativa y lograr así, el marco de igualdad necesario bajo la premisa de la democracia.

México y la educación superior

En México el derecho a la educación es parte de las garantías individuales que la Constitución otorga a sus habitantes, este postulado jurídico de extraordinaria belleza no se ha realizado y más bien parece un enunciado o una aspiración más que un mandato.

La Ley General de Educación (LGE), en su artículo 2o. establece:

Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Esta aseveración debe interpretarse como un mandato de que todos los habitantes de México tienen las mismas oportunidades de recibir educación, pero de nueva cuenta la realidad socio-económica desmiente a la norma, pues la pobreza se transforma en una verdadera forma de discriminación que excluye a los más necesitados de los beneficios otorgados por el sistema educativo, esta realidad se puede aplicar a los niveles básicos, donde de acuerdo al informe “Brechas. Estado de la Educación en México 2010”, de cada 100 niños que ingresan a la primaria, sólo 45 logran terminar la secundaria en nueve años.

No obstante, donde la pobreza encuentra mayor impacto es en la educación superior, cuando nuestros jóvenes se encuentran en una verdadera encrucijada, deben decidir entre seguir en la escuela y la necesidad de trabajar para tener que comer, para mantenerse ellos mismos y a sus familias. No es muy difícil saber por cual se decantan, sólo queda el hecho de enfrentarse nuevamente a la incertidumbre de emigrar hacia el vecino país del norte para poder subsistir e ir en la búsqueda del “sueño americano”, o quedarse en México donde saben tendrán unos salarios miserables y muy pocas oportunidades de empleo.

Si se observa a la educación superior desde una perspectiva histórica, veremos que se han logrado muchos avances, muchos de ellos parecían imposibles de alcanzar a finales de los años ochenta, cuando el sistema estaba en evidente crisis. Sin embargo, desde una mirada comparativa, los avances aparentan ser menores y más lentos que en otros países.

Por otro lado, también tenemos el grave problema de la sobrepoblación que sufrimos en el país; observamos como los niños van creciendo hasta convertirse en jóvenes pero lo que no crece es el número de universidades públicas, lo cual reduce las posibilidades de grandes sectores sociales marginados de acceder a la educación.

En el ciclo 2008-2009 y a nivel nacional, las instituciones universitarias atendieron a poco más de 2.8 millones de alumnos. Las públicas cubrieron el 67 por ciento de esa matrícula, mientras que las privadas tomaron el 33 por ciento restante.

Si se analiza el número de estudiantes de educación superior, resalta el hecho que en 1950 los estudiantes universitarios representaban sólo el 1 por ciento de la población del grupo de edad entre 19 y 23 años. Para el 2009, ese porcentaje era del 26 por ciento, lo que significa que en la actualidad sólo uno de cada cuatro jóvenes en edad universitaria tiene un lugar en ese nivel educativo, lo anterior de acuerdo al estudio “La política educativa y la educación superior en México”, de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Como ya se mencionó en párrafos precedentes, a esta situación, se debe de sumar que la precariedad en que viven muchos millones de jóvenes mexicanos, los lleva a la búsqueda de un empleo y al consecuente abandono de los estudios. Muchas de las veces esta decisión los orilla a emigrar fundamentalmente a los Estados Unidos de América, este hecho implica una verdadera sangría para nuestro país pues hombres y mujeres abandonan su tierra para buscar fortuna en otros países, de esta forma perdemos un potencial humano cuyo valor es inestimable.

El Banco Mundial, en su informe “Migración y remesas 2011”, informó que México es el país con mayor cantidad de emigrantes, al llegar a 11.4 millones, además la mayoría de los analistas coinciden en que esta cifra tiende a aumentar cada día más debido a la situación de pobreza e inseguridad que se vive en México.

Frente a estas circunstancias, la posibilidad de brindarles un verdadero acceso a la educación superior podría ser un paliativo para retener a gente de gran valor que emigra y que termina produciendo grandes beneficios para otros países. Con esto no pretendemos que la educación sea la panacea a todos nuestros problemas pero estamos seguros que con educación transformaremos a nuestro país.

En la actualidad, es un hecho innegable que México no puede garantizar un auténtico desarrollo endógeno ni sostenible, si carece de instituciones de educación superior e investigación adecuadas, que formen a una masa crítica de personas cualificadas y cultas.

Además, la falta de un marco normativo claro en la educación superior mexicana, amplifica las limitaciones de las políticas educativas y propicia mayores disputas por la distribución de un reducido subsidio público.

El actual modelo educativo logra que se generen condicionantes económicas y jurídicamente excluyentes, que llegan a cancelar el acceso a la educación superior a quiénes provengan de sectores económicos marginados o vulnerables.

Sistema de educación superior en México

En la actualidad el Sistema Educativo Superior se encuentra dividido entre las universidades públicas y las universidades privadas, consideramos que el sistema es correcto en tanto brinda a los diversos estratos de la población alternativas de educación acordes a sus posibilidades y aspiraciones, sin embargo, nos parece extraordinariamente peligroso la preeminencia de lo privado sobre lo público, pues este escenario cancela las expectativas de desarrollo de millones de mexicanos y pone en riesgo, incluso, la viabilidad de la nación mexicana.

La educación superior se imparte por un número muy grande y una gama muy amplia de instituciones. Se denominan de diferentes maneras: universidades, escuelas, tecnológicos, centros o institutos. En la realidad esos nombres no tienen ninguna connotación en cuanto al tipo de programas o niveles que ofrecen.

En el ciclo escolar 2008-2009 y a nivel nacional, la SEP tuvo un registro de 4,462 planteles universitarios, de las cuales 1,968 eran públicos y 2,494 privados; como ya se mencionó con anterioridad, se atendió a un poco más de 2.8 millones de alumnos en total. Las universidades públicas cubrieron el 67 por ciento de esa matrícula total mientras las privadas cubrieron el otro 33 por ciento.

De acuerdo con la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, las instituciones de educación superior públicas se componen de diversos subsistemas. En conjunto, el sistema de educación superior ofrece a los mexicanos distintas opciones de formación de acuerdo a sus intereses y objetivos profesionales. Estos se agrupan de la siguiente manera:

1) Instituciones de carácter nacional que se financian con recursos del gobierno federal, y que son: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Chapingo y la Universidad Pedagógica Nacional. En el ciclo 2008-2009 entre ellas atendieron una matrícula de poco más de 300 mil alumnos, equivalente al 12 por ciento del total nacional;

2) Universidades públicas estatales, ubicadas en los 31 estados del país, cuya matrícula, también en el ciclo 2008-2009, fue de casi 800 mil alumnos, lo cual representa el 31 por ciento del sistema;

3) Tecnológicos públicos tanto federales como estatales. Por su vocación se agrupan en industriales, agropecuarios de ciencias del mar y forestal. En este subsistema se atendió una matrícula de 325 mil alumnos en el ciclo escolar mencionado, equivalente al 12.5 por ciento del total;

4) Universidades tecnológicas públicas localizadas en 26 estados del país, que atendieron en su conjunto una población de 63 mil alumnos, equivalente al 2.5 de la matrícula total. La oferta educativa de este conjunto de instituciones se concentró en sus orígenes en el nivel de técnico superior universitario aunque de forma reciente se ha ampliado la oferta al nivel licenciatura.

5) Universidades politécnicas, que son organismos descentralizados de los gobiernos de los estados y que en su conjunto atendieron a poco más de 5 mil estudiantes en el ciclo escolar mencionado.

6) 9 universidades interculturales que se ubican en los estados de México, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Quintana Roo, y atienden actualmente a cerca de 5,700 estudiantes que, en su gran mayoría, son originarios de comunidades indígenas. Un aspecto destacable de estas experiencias educativas es que han abierto espacios para la incorporación de una cantidad significativa de mujeres originarias de estas zonas (actualmente 54 por ciento de la matrícula) quienes encuentran en estas universidades la oportunidad de desarrollo que no hubieran alcanzado de haberse ubicado estas nuevas instituciones en espacios cercanos a sus lugares de origen. En las Universidades Interculturales hay presencia de jóvenes de más de 40 pueblos indígenas de México y algunos de Latinoamérica. En conjunto atienden a 31 lenguas indígenas nacionales para su preservación y desarrollo.

7) Más de 430 instituciones para la formación de profesionales de la educación básica, de las cuales el 57 por ciento son públicas y el 43 por ciento particulares distribuidas en el territorio nacional. En este subsistema se ofrecen programas de licenciatura, educación preescolar, primaria, primaria intercultural bilingüe, secundaria, especial, inicial, física y artística. En las escuelas normales superiores se ofrecen también programas de posgrado. En el ciclo escolar 2008-2009 el subsistema atendió a 150,000 estudiantes, lo que representa el 6 por ciento de la matrícula total del sistema. Las normales públicas cubrieron el 63 por ciento de la matrícula en este subsistema, mientras las normales particulares cubrieron el 37 por ciento restante.

8) Otras instituciones públicas de diversa naturaleza, autónomas y no autónomas, organizadas como universidades, colegios, centros de investigación y estudios avanzados, escuelas de música, centros de educación artística, etc. Entre las instituciones que se localizan en la Ciudad de México y su área conturbada destacan las siguientes: el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, el Colegio de México, las escuelas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y el Colegio de Posgraduados de Chapingo. En este grupo se atendió una matrícula de 124 mil alumnos, equivalente al 5 por ciento del sistema.

Generalmente, cuando es tiempo de que los jóvenes mexicanos elijan alguna institución para realizar su educación superior en México, la mayoría en principio tendrá preferencia por alguna de las principales universidades públicas del país como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la capital, y las Universidades Autónomas y/o Públicas en provincia, sin embargo, son pocos los elegidos a ingresar a las filas de estas escuelas.

Esta situación se da, debido a que el nivel de exigencia es mayúsculo para poder engrosar las aulas de universidades como la UNAM y el IPN, situación que corresponde a su valía como universidades y la tradición que representan en México, sin embargo, al igual que las universidades públicas de los estados y como miembros del sector público del sistema educativo nacional también sufren los estragos de esa crisis que atraviesa la formación de estudiantes.

La principal de ellas es la falta de recursos y las limitantes económicas que sufren por parte del Gobierno federal, su único sustento monetario.

La consecuencia de esta carencia es la no apertura de más plazas para ofrecer a los estudiantes quienes, al ser relegados, tienen que buscar otra opción.

Las instituciones públicas reciben recursos gubernamentales para su operación, lo que les debiera permitir ofrecer sus servicios en forma gratuita, lamentablemente no siempre funciona así. Por su parte, las privadas se caracterizan por tener un financiamiento propio, proveniente, en parte, del cobro de inscripción, colegiaturas y diversos servicios.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, aprobado por la Cámara de Diputados, comprende un monto total de tres billones 438 mil 895 millones 500 mil pesos, de estos, el sector de educación será uno de los tres sectores más favorecidos en la reasignación de gastos junto con los sectores de comunicaciones y transportes, y el del campo. La educación se encuentra en tercer lugar donde tuvo un incremento de 11 mil 534 millones de pesos, 13 por ciento más en relación a los casi 200 mil millones de pesos autorizados para el 2010, para contar con un presupuesto final de 230 mil 360 millones de pesos.

El costo de los estudios superiores se ha convertido en un elemento crucial para la selección de la institución. Los costos más importantes provienen de la inscripción y la colegiatura. Los costos de inscripción y colegiatura son bajos en las universidades públicas y son muy variables en las instituciones privadas (el rango va de los mil a los diez mil pesos mensuales). Pero hay que considerar también lo que implica estudiar una carrera universitaria. En la lista deben considerarse los costos asociados a la compra de libros y el material escolar, el equipo que se requiere tener para apoyar los estudios, los cursos de cómputo y de idiomas, que se agregan a los gastos en alimentación, transporte, prácticas escolares, titulación, etcétera.

Si la situación de sobrepoblación en las escuelas y la economía del país no fuera tan lamentable, los jóvenes no tendrían la necesidad siquiera de someter un juicio sobre dónde estudiar. Sin pensarlo dos veces, los jóvenes se irían a las más prestigiadas, de eso tienen consciencia la gran mayoría de egresados del nivel medio superior.

Sin embargo, la realidad dice que no todos los aspirantes llegarán a hallar acomodo en alguna de las mejores opciones de educación pública superior y son muchísimo menos lo que tendrán los recursos necesarios para pagar una de prestigio dentro del sector privado, donde también se enfrentan con la enorme barrera del elitismo.

Los principales representantes de estas últimas son el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad La Salle y la Universidad del Valle de México por mencionar a las más prestigiadas.

En la actualidad la Educación Pública Superior, enfrenta graves problemas y los estudiantes de ese nivel que no tienen una situación económica holgada enfrentan mayores problemas aún, de ésta forma es necesario encontrar soluciones que permitan enfrentar estos asuntos.

El problema para los estudiantes de nivel superior de escasos recursos no radica exclusivamente en la ausencia de becas e incentivos para estudiar, sino en el problema de las cuotas que se les cobran en algunas universidades, en tanto que en otras, las aportaciones por esta vía son meramente simbólicas.

Frente a estos extremos consideramos que las cuotas en las universidades públicas deben ser estrictamente voluntarias, que apelen al espíritu universitario y no meros simbolismos que en nada contribuyen a la economía de la universidad, que probablemente gasten más en los procesos administrativos de cobro que en los ingresos que percibe.

En el otro extremo, cuotas demasiado elevadas, generaran deserción y falta de interés en una población cuyos ingresos no les permitirán sufragar los gastos inherentes al proceso educativo.

Lo expuesto debe interpretarse en un contexto donde el artículo 3o. de la Constitución establece claramente:

Toda la educación que el Estado imparta será gratuita

Frente a un postulado tan claro y contundente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado una interpretación diferente a la gramatical y a la sistemática cuando sostiene:

Octava Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

XIII, Junio de 1994

Página: 248

Tesis: 3a. XXXI/94

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa, Constitucional

Universidades autónomas. No existe norma constitucional que establezca el derecho de inscribirse a ellas sin pago alguno.

Para que proceda el juicio de amparo es indispensable la demostración de que se tiene interés jurídico, por el que no puede entenderse cualquier interés de una persona o de un grupo, sino sólo aquel que se encuentra legítimamente protegido, o sea que está salvaguardado por una norma jurídica; conforme a estas ideas, si se impugna una ley de inconstitucional, debe existir como presupuesto previo para que el juicio proceda, que el derecho que se estima vulnerado por esa ley se encuentre salvaguardado por la propia Constitución. Ahora bien, si se reclama la Ley Orgánica de una universidad autónoma, en cuanto en algunos de sus preceptos se establecen cuotas de inscripción y colegiaturas, para que una persona pueda ingresar a ella y seguir los cursos correspondientes, sería indispensable que en el propio texto fundamental se garantizara el derecho de todo gobernado a realizar en forma gratuita estudios universitarios, lo que no ocurre en nuestro sistema jurídico, pues en ninguno de los preceptos constitucionales se establece esa prerrogativa.

El artículo 3o. que regula el sistema educativo nacional, en el texto anterior al vigente, coincidente en esencia del actual, prevenía en su fracción VII (actualmente IV), que toda la educación que imparta el Estado será gratuita, hipótesis diversa a la contemplada en la entonces fracción VIII (actualmente VII), que señalaba las bases de la educación en las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, respecto de las cuales determina, entre otras reglas, “que tendrán la facultad de gobernarse a sí mismas, establecerán sus planes y programas y administrarán su patrimonio”, con lo que se advierte que resultan ajenas a la hipótesis de la fracción anterior, que se circunscribe a los establecimientos educativos que de modo directo maneja el Estado a través de la dependencia gubernamental que tiene esa función dentro de sus atribuciones. Por consiguiente, carecen de interés jurídico para promover el juicio de amparo en contra de una ley como la que se alude, las personas que se consideran afectadas porque estiman tener la prerrogativa constitucional de no debérseles cobrar ninguna cuota por las universidades autónomas.

Amparo en revisión 303/94. Enrique Burruel Villegas y otros. 23 de mayo 1994. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ricardo Romero Vázquez.

Frente a la opinión de la corte se encuentra no solo la claridad del texto constitucional sino la unidad que logro el hecho de extender la gratuidad de la educación a todos los niveles educativos en el sector público, para ilustrar sobre el tema basta recordar las palabras del diputado Ramón Guillermo Bonfil cuando en la sesión del 26 de diciembre de 1945 expreso:

La condición que se incluye de restablecer la gratuidad de la educación en todos sus grados, impartida por el Estado, y la facultad no menos importante de que el Estado conceda o no el reconocimiento a instituciones privadas, y el retiro discrecional a quienes se lo haya otorgado, hacen que el texto de la reforma nos parezca, en términos generales perfectamente aceptable.

En esta situación que significa para los desheredados de México, para lo grupos organizados, una posibilidad de desarrollo cultural, que ha de ser condición necesaria y base para el ascenso económico. Es ésta una situación de privilegio que se había negado hasta hace algunos años al pueblo de México, y es, además, una actitud serena y firme, elevada y generosa para todos aquellos grupos o sectores que ya no podrán seguir agitando como bandera de escándalo el artículo 3º constitucional que, a juicio de ellos, limita en su texto vigente la libertad y la posibilidad para un grupo de mexicanos, de educar a sus hijos.

Como puede apreciarse, la reforma constitucional de 1945 fue perfectamente clara, toda la educación que imparta el Estado debe de ser gratuita, sin embargo, podemos observar que la Corte interpreta el mandato Constitucional en forma diversa por lo que es menester hacer la aclaración Constitucional pertinente para evitar que se pretenda sostener a las Universidades Públicas con base en las contribuciones de sus estudiantes, lo que las desnaturaliza y puede transformar en la práctica en un sistema equiparable en costos a las universidades privadas.

Hoy, como en 1945, el papel del Constituyente Permanente es el de ser ente garante de los principios rectores de las garantías individuales, equidad, seguridad jurídica y la no discriminación, por lo que es menester el reformar el artículo 3o. para legitimar el derechos a la educación superior de millones de mexicanos y evitar este artero atropello de los derechos por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta situación obliga a enunciar de nueva cuenta en el texto de la Constitución que toda la educación que imparta el Estado es gratuita, por lo expuesto es necesario insertar en la fracción VII una aclaración que pueda concretar la reforma de 1945 en beneficio de los sectores más amplios y desprotegidos de nuestra sociedad.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto y adición al artículo 3o. de la Constitución.

Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma y adiciona la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3o. ...

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía y reciban recursos públicos, asumirán el carácter de educación gratuita y tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se tomará en cuenta para la asignación de presupuesto a las universidades públicas, lo previsto en el presente decreto.

Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia lo obsequia. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

Si me permite nada más decirle al apreciable diputado Monreal, que obsequiamos desde antes su petición, porque está publicado el texto íntegro en el Diario de los Debates. Perdón, en la Gaceta de hoy, pero lo estará también en el Diario de los Debates.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el apreciable diputado Hugo Roblero Gordillo, del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, compañeros y compañeras diputadas, el suscrito, Héctor Hugo Roblero Gordillo, diputado federal, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante la que se adicione la fracción XXXVIII, del numeral 2, del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la comisión de trabajadores ex braceros mexicanos, debiéndose recorrer las actuales fracciones XXXVIII, XXXIX y XL, para convertirse en XXXIX, XL y XLI, respectivamente, en la LXII Legislatura de esta soberanía, bajo la siguiente exposición de motivos:

Derivado de la publicación de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, 1942-1964, el 25 de mayo de 2005, se constituyó en esta soberanía la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, con la finalidad de coordinar con la Secretaría de Gobernación, mediante el fideicomiso expresamente creado para dispersar los pagos a los ex braceros mexicanos.

Dichos pagos han tenido como fuente de origen las asignaciones presupuestales anuales que esta soberanía ha efectuado. De 2005 a 2011 se presupuestaron 3 mil 238 millones, 360 mil pesos y en 2012, 3 mil 816 millones 200 mil pesos para hacer un total de 7 mil 54 millones 560 mil pesos.

La última comisión creada al efecto fue la del 10 de diciembre de 2009, a instancias de la Junta de Coordinación Política, con una mesa directiva constituida por un presidente y dos secretarios.

Se hace la aclaración que la presidencia ha sido rotativa entre los partidos que integran esta representación nacional.

Los objetivos de la comisión creada en 2005 aún no se han cumplido, porque no se han dado los supuestos de los artículos segundo, cuarto y sexto transitorios de la ley en comento, publicada en mayo del 2005.

Al cierre de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, el 31 de agosto de 2012, se han entregado recursos a 193 mil 572 braceros por un total de recursos dispersados de 7 mil 54 millones 560 mil pesos, según quedó asentado en los párrafos precedentes.

Debe mencionarse que hace unos años la UNAM llevó a cabo un estudio para determinar dos cuestiones; la primera, saber cuál es el universo de braceros a los que habría que pagar sus ahorros; la segunda, conocer a cuánto ascendería la cifra a liquidar.

Sobre la primera se llegó a la cantidad de 4 millones de braceros, aproximadamente; sobre la segunda se determinó que dicha liquidación costaría alrededor de 6 billones de pesos, incluyendo intereses e indexación. En otras palabras, si a la fecha se ha pagado a 193 mil 572 braceros de un universo de 4 millones, quedan por pagar ahorros a aproximadamente 3 millones 800 mil.

Con lo anterior se hace indispensable en un ejercicio de mínima justicia social a esos mexicanos que dejaron la mayor parte de su vida laboral en Estados Unidos de América, seguir operando el Programa de Devolución de Ahorros a estos ciudadanos.

Con lo expuesto, el suscrito diputado federal Héctor Hugo Roblero Gordillo, hace la siguiente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adiciona la fracción XXXVIII del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Trabajadores Ex Braceros Mexicanos, debiéndose correr las actuales fracciones XXXVIII, XXXIX y XL, para convertirse en XXXIX, XL y XLI, respectivamente, en la LVII Legislatura de esta soberanía, bajo el siguiente transitorio:

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de septiembre de 2012.

Agradeceré a la Mesa Directiva que registre en el Diario de los Debates el texto íntegro de la iniciativa que presento en este momento. Gracias, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Héctor Hugo Roblero Gordillo, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXXVIII del numeral 2, del artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Trabajadores ex Braceros Mexicanos, debiéndose correr las actuales fracciones XXXVIII, XXXIX y XL, para convertirse en XXXIX, XL y XLI, respectivamente, en la LXII Legislatura de esta soberanía, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Derivado de la publicación de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, el 25 de mayo de 2005, se constituyó en esta soberanía, la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, con la finalidad de coordinar con la Secretaría de Gobernación, mediante el fideicomiso expresamente creado para dispersar los pagos a los ex braceros mexicanos.

Dichos pagos han tenido como fuente de origen las asignaciones presupuestales anuales que esta soberanía ha efectuado.

De 2005 a 2011 se presupuestaron 3 mil 238 millones 360 mil pesos y en 2012, 3 mil 816 millones 200 mil pesos; para hacer un total de 7 mil 54 millones 560 mil pesos.

La última comisión creada para tal efecto fue la de 10 de diciembre de 2009, a instancias de la Junta de Coordinación Política, con una junta directiva constituida por un presidente y dos secretarios. Se hace la aclaración de que la presidencia ha sido rotativa entre los partidos que integran esta representación nacional.

Habida cuenta de que en la LXI Legislatura de esta Cámara de Diputados, el plazo para llevar a cabo los trabajos respectivos terminó el 31 de agosto de este año, y de que el objetivo de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, aún no se ha cumplido, se hace indispensable que esta soberanía tome el acuerdo para generar la comisión que debe operar del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015.

Para hacer patente nuestro dicho, los artículos segundo, cuarto y sexto transitorios de la ley en comento publicada en mayo de 2005, señalan a la letra, lo siguiente:

Segundo transitorio. El periodo durante el cual operará el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos será de cinco años o menos contados a partir del inicio de sus actividades, o hasta el momento en que se extinga su patrimonio, o se dé cumplimiento al fin objeto de su creación.

Cuarto Transitorio. Al concluir el proceso de entrega del apoyo social a que se refiere esta ley, el Ejecutivo federal deberá iniciar el procedimiento de extinción del fideicomiso, de conformidad con las disposiciones aplicables. Si, al término de la operación del fideicomiso, existieran remanentes de recursos públicos, estos se reintegrarán a la Tesorería de la Federación. Una vez que se haya extinguido el fideicomiso, la presente ley perderá su vigencia.

Sexto Transitorio. Al efecto, el comité técnico del fideicomiso presentará a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos ex braceros, un informe trimestral sobre el avance de su gestión que permita conocer su situación financiera y determinar, en su caso, la cantidad a presupuestar para el año siguiente.

Al cierre de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, el 31 de agosto de 2012, se han entregado recursos a 193 mil 572 braceros, por un total de recursos dispersados de 7 mil 54 millones 560 mil pesos, según quedó asentado en párrafos precedentes.

Debe mencionarse que hace unos años la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llevó a cabo un estudio para determinar dos cuestiones. La primera: saber cuál es el universo de braceros a los que habría que pagar sus ahorros, y la segunda: conocer a cuánto ascendería la cifra a liquidar.

Sobre la primera, se llegó a la cantidad de 4 millones aproximadamente de braceros y sobre la segunda, se determinó que dicha liquidación costaría alrededor de 6 billones de pesos, incluyendo intereses e indexación.

En otras palabras, si a la fecha se ha pagado a 193 mil 572 braceros de un universo de 4 millones, quedan por pagar ahorros a aproximadamente 3 millones 800 mil braceros.

Con lo anterior se establece perfectamente que los supuestos de extinción del fideicomiso mencionados en los artículos segundo, cuarto y sexto transitorios, no se han cumplido ni remotamente, por lo que se hace indispensable en un ejercicio de mínima justicia social a esos mexicanos que dejaron la mayor parte de su vida laboral en los Estados Unidos de Norteamérica, seguir operando el programa de devolución de ahorros a esos ciudadanos.

Por lo expuesto, el suscrito diputado, Héctor Hugo Roblero Gordillo, hace la siguiente propuesta:

Iniciativa con proyecto de decreto

Que adiciona la fracción XXXVIII del numeral 2, del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Trabajadores ex Braceros Mexicanos, debiéndose correr las actuales fracciones XXXVIII, XXXIX y XL, para convertirse en XXXIX, XL y XLI, respectivamente, en la LXII Legislatura de esta soberanía, como sigue:

Único.Se adiciona una fracción XXXVIII, al numeral 2, del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, debiéndose correr las actuales fracciones XXXVIII, XXXIX y XL, para convertirse en XXXIX, XL y XLI, respectivamente, para crear la Comisión de Trabajadores ex Braceros Mexicanos, quedando como sigue:

Artículo 39.

1. . .

2. . .

I. a XXXVII. . .

XXXVIII. Trabajadores ex Braceros Mexicanos;

XXXIX. Transportes;

XL. Turismo, y

XLI. Vivienda.

Transitorio

Único:El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.— Diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así se hará. Todo lo que dice usted en la tribuna está registrado, pero lo hacemos de cualquier manera. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias,en cuanto esté constituida.

ARTICULO 78 CONSTITUCIONAL - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, por cinco minutos, el apreciable diputado Fernando Bribiesca Sahagún, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Usted lo tiene.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Señoras legisladoras y señores legisladores, en Nueva Alianza estamos convencidos de que uno de los principios fundamentales para garantizar los cauces de expresión de las minorías parlamentarias al interior del Congreso de la Unión es la participación plural de todas las fuerzas políticas que la integran.

Durante años la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se ha basado en la costumbre parlamentaria de excluir a los grupos minoritarios en su conformación, imponiéndose la voluntad de la mayoría sobre la esencia de la democracia, la representación y la pluralidad. Basta ver los acuerdos por los que se propuso la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados.

Ante esta práctica política violatoria a todas luces de la esencia democrática, en donde se imposibilita el ejercicio de las funciones de los representantes de la nación, por el solo hecho de formar parte de un grupo parlamentario emergente, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos impostergable la necesidad de legislar en aras de garantizar la representatividad y pluralidad de las minorías en los distintos órganos de gobierno del Congreso de la Unión, mediante el reconocimiento al principio de minorías a nivel constitucional y su legislación correspondiente.

Compañeras y compañeros, en Nueva Alianza alzamos la voz para manifestar que no debe perderse de vista que las minorías —desde el punto de vista numérico— están llamadas al igual que las mayorías, a cumplir sus funciones legislativas en el sistema político mexicano.

Por lo anterior, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de garantizar en los recesos del Congreso de la Unión el principio de minoría en la integración de la Comisión Permanente con sus 37 miembros, de los que 19 serán diputados y 18 senadores de conformidad con los grupos parlamentarios representados en respectivas Cámaras.

Asimismo proponemos reformar el artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que, en la composición de los 37 miembros que integran la Comisión Permanente, 19 serán diputados y 18 senadores del total de los grupos parlamentarios representados en respectivas Cámaras, y quienes serán designados mediante el voto secreto de cada una de ellas durante la última sesión de cada periodo ordinario.

Para suplir en su ausencia a los titulares las Cámaras nombrarían de entre sus miembros el mismo número de sustitutos. En este marco coincidimos y defendemos la premisa básica que establece que un Estado democrático que impone junto al imprescindible principio de mayoría en la adopción de decisiones plasmadas en todos los ámbitos, especialmente el de la liberación, un principio de minoría que permita proteger la participación de éstas, dado al igual valor político de sus opiniones.

Convencidos en caso de aprobarse la presente iniciativa de reforma constitucional y a la Ley Orgánica del Congreso General se configuraría de manera firme uno de los elementos de la democracia representativa al garantizar y asegurar la igualdad y pluralidad de los representantes de la nación en los recesos del Congreso de la Unión. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Los diputados federales que integramos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De conformidad con el artículo 116 de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente es el órgano del Congreso de la Unión que, durante los recesos de éste, desempeña las funciones que le señala el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece:

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el artículo 76 fracción IV;

II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República;

III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las Comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones;

IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias;

V. Otorgar o negar su ratificación a la designación del procurador general de la República, que le someta el titular del Ejecutivo federal;

VI. Conceder licencia hasta por treinta días al Presidente de la República y nombrar el interino que supla esa falta;

VII. Ratificar los nombramientos que el presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y

VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.

Desde el 4 de septiembre de 1918, mediante la resolución de un amparo administrativo aprobado por mayoría de nueve votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció que la Comisión Permanente además de las atribuciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le asiste una de naturaleza administrativa, misma que se traduce en nombrar o remover libremente a sus empleados; menos cuando la destitución de uno de ellos importa una pena que deba imponerse en un juicio criminal. Pero carece de facultades para decidir controversias que se susciten con motivo de sus propios actos, desde el punto de vista constitucional.

Lo anterior, confirma las facultades de control, de gobierno, formales administrativas y de autogobierno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como las denomina Susana Thalía Pedroza de la Llave, El Congreso de la Unión. Integración y regulación, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.

Facultades de control: Ratifica el nombramiento del procurador general de la República, de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superior de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales y conceder licencia al Presidente de la República.

Facultades de gobierno: Nombra al presidente provisional y aprueba la suspensión de garantías individuales.

Facultades formales administrativas: Da trámite a un acto, que dará validez a un acto previo; como por ejemplo recibir la propuesta del presidente de la República, otorgar permiso a cualquier ciudadano mexicano para prestar voluntariamente servicios a un gobierno extranjero, otorgar permiso a un mexicano para que acepte o use condecoraciones extranjeras, para que admita título o funciones de un gobierno extranjero y el cómputo de votos de las legislaturas locales, para el caso de reforma constitucional.

Facultades de autogobierno: Recibe durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara, a las que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones.

Sin embargo, la práctica parlamentaria del Congreso de la Unión, continúa sin garantizar los cauces de expresión de las minorías parlamentarias en la integración de la Comisión Permanente, en específico la del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, tal y como se demuestran  los acuerdos por los que se propone a la Cámara de Diputados la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la pasada LXI Legislatura.

Para los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la exclusión de los  acuerdos por los que se propone a la Cámara de Diputados la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, genera indudablemente una infracción del mismo derecho a ejercer funciones públicas en condiciones de igualdad, por  carecer de la voluntad colectiva representada en la Cámara de Diputados y más aún porque como grupo parlamentario, las diputadas y diputados de Nueva Alianza no han ejercido su derecho constitucional de representación y decisión.

En este marco, uno de los grandes pendientes como minoría parlamentaria en la LXII Legislatura, es garantizar la representatividad en los distintos órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, mediante el reconocimiento del principio de minoría en espacios de deliberación a nivel constitucional y del marco normativo interno.

No debe perderse de vista que las minorías desde el punto de vista numéricamente inferiores, están llamadas al igual que las mayorías, a cumplir sus funciones legislativas en el sistema electoral mexicano.

En este sentido se coincide con Paloma Requejo, Democracia parlamentaria y principio minoritario, editorial Ariel Derecho, Barcelona 2000, en el sentido de que el Estado democrático, que impone junto al imprescindible principio de mayoría en la adopción de decisiones, debe plasmar en todos los ámbitos, especialmente el de la deliberación, un principio de minoría que permita proteger a los menos por el mero hecho de serlo, dado el igual valor político de sus opiniones.

Por ello se considera urgente reformar el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que en los recesos del Congreso de la Unión, se garantice el principio minoritario en la integración de la Comisión Permanente con sus 37 miembros de los que 19 serán diputados y 18 senadores de conformidad con los grupos parlamentarios representados en las respectivas Cámaras y nombrados por cada una de ellas en la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

De igual forma, se propone reformar el artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer que en la composición de los treinta y siete miembros que integran la Comisión Permanente, diecinueve serán diputados y dieciocho senadores, de los grupos parlamentarios representados en las respectivas cámaras, quienes serán designados mediante el voto secreto de cada una de ellas, durante la última sesión de cada periodo ordinario. Para suplir en sus ausencias a los titulares, las Cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio el mismo número de sustitutos.

Esta iniciativa fue presentada en la LXI legislatura, en la cual el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza no tuvo representación en la Comisión Permanente,  consideramos que es oportuno que al inicio de esta LXII legislatura se ponga a consideración de esta soberanía este pendiente que en caso de aprobarse, configuraría de manera sólida uno de los elementos de la democracia efectiva y garantizaría realmente la igualdad y pluralidad de los representantes que intervienen en las decisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestra calidad de integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán diputados y 18 senadores, de conformidad con los grupos parlamentarios representados en las respectivas Cámaras y nombrados por cada una de ellas en la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

...

I. a VIII. ...

Segundo. Se reforma el artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 117.

1. La Comisión Permanente se compone de treinta y siete miembros, de los que diecinueve serán diputados y dieciocho senadores, de los grupos parlamentarios representados en las respectivas Cámaras, quienes serán designados mediante el voto secreto de cada una de ellas, durante la última sesión de cada periodo ordinario. Para suplir en sus ausencias a los titulares, las Cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio el mismo número de sustitutos.

2. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.— Diputados: Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Fernando Bribiesca Sahagún (rúbrica), Angelino Caamal Mena (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Dora María Talamante Lemas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Fernando. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Gobernación, para su dictamen.

ARTICULOS 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, 111 Y 112 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se recibió del diputado Homero Ricardo Niño de Rivera, del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del Grupo Parlamentario del PAN

Homero Niño de Rivera Vela, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de eliminar la figura de la representación proporcional así como el fuero constitucional, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El desarrollo y fortalecimiento de la democracia mexicana descansan en la capacidad de los representantes de la Nación para formular e impulsar transformaciones constitucionales y legales que actualicen el entramado institucional de nuestra democracia a las condiciones políticas, económicas y sociales de los tiempos que vive el país.

En efecto, el cambio político en México y la transición política que permitió al país dejar atrás un régimen cerrado, vertical y corporativo, para dar paso a una democracia electoral y una vida institucional más rica y más acorde con las exigencias de una ciudadanía participativa, ha sido frenado en los últimos años por la falta de acuerdos de gran calado que continúen dicha transición, y que diseñen los nuevos referentes de la representación política y el ejercicio gubernamental.

Si bien es mucho lo que hemos avanzado, es preciso reconocer que la consolidación y el fortalecimiento de nuestra democracia requieren cambios constitucionales e institucionales profundos, que mejoren la calidad de los vínculos entre representantes y representados y que prestigien la vida pública del país.

Es público y notorio el ambiente de desencanto y desconfianza que existe hacia el sistema de partidos y, en general, las instituciones representativas y de gobierno en el país, y que dicho ambiente debe ser el principal referente de la acción parlamentaria de esta LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, tomando la responsabilidad de modificar aquello que los ciudadanos consideran inaceptable, inaugurando un nuevo capítulo en la vida pública del país que se caracterice por la transparencia, la rendición de cuentas, la intensa participación política y, sobre todo, el ejercicio de una representación auténtica de la voz y la opinión de nuestros representados.

El suscrito pudo recoger y comprender de manera clara durante el pasado proceso electoral del año 2012, que los ciudadanos exigen y demandan un cambio institucional profundo y un nuevo código de comportamiento de sus representantes, que a ellos nos debemos.

Uno de los principales agravios de la sociedad mexicana son los excesos, el dispendio y el alto costo de las instituciones de nuestra democracia representativa, y que México está cansado de la impunidad no solamente de los delincuentes sino también de algunas personas que han manchado la dignidad de la investidura representativa y de la responsabilidad gubernamental de servicio público.

Contamos todavía con instituciones, como lo es notablemente la representación proporcional en las Cámaras del Congreso de la Unión, que no responden ya a los objetivos para los que fueron creadas por el Constituyente Permanente en un momento superado de la vida política del país.

Las sucesivas reformas políticas y electorales que fueron abriendo la vida pública de México a la participación de partidos, voces y representantes distintos del partido único que gobernó al país durante más de setenta años, efectivamente introdujeron figuras como la representación proporcional, que permitieron dejar atrás los tiempos del parlamento monolítico e impulsaron el desarrollo de nuestro sistema de partidos plural. Sin embargo, esas circunstancias que en un momento histórico justificaron con creces la introducción de esta mecánica representativa, han desaparecido ante la emergencia de un México plural, electoralmente competitivo y ávido de una más eficaz y legítima representación política.

Es por ello que una corriente mayoritaria de opinión de la sociedad demanda una modificación de nuestro sistema de representativo, para eliminar lo que muchos consideran un coto de poder de los partidos políticos que ocupa un espacio que por derecho legítimo y originario corresponde a los ciudadanos vía el ejercicio del sufragio libre y directo.

Adicionalmente a la propuesta de eliminar la representación proporcional de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, instituyendo un sistema de representación mayoritaria directa para la Cámara de Diputados, y un sistema mixto en el Senado de la República con 64 senadores electos por el principio de mayoría relativa y 32 senadores por el principio de primera minoría, la presente iniciativa de reformas constitucionales también somete a la consideración del Poder Constituyente Permanente la eliminación del fuero constitucional.

Si hay una vieja e insatisfecha exigencia ciudadana es precisamente la de terminar con la impunidad del poder, y que esa exigencia constituye el núcleo de la construcción de confianza que es consustancial a la representación política.

El fuero constitucional del que gozan actualmente los servidores públicos enunciados en el párrafo primero del artículo 111 constitucional, implica un estatuto de privilegio que ha sido objeto de abusos en muy diversas ocasiones, y que se ha constituido en una barrera que separa a representantes y gobernantes de los ciudadanos, y que por ello es un resabio de un régimen político que privilegió siempre a quienes gobiernan, en lugar de anteponer el interés superior de quienes son gobernados.

El clamor ciudadano por una reforma del poder, no sólo en su estructura sino en su ejercicio, debe ser ingrediente fundamental de una nueva generación de reformas políticas e institucionales que reconstruyan la confianza, la ética pública, la participación ciudadana, la responsabilidad y la honorabilidad como valores dominantes de la vida pública del país.

En consecuencia, la eliminación del fuero constitucional, con las modalidades y en los términos en que el suscrito lo propone respetuosamente al Poder Reformador de la Constitución, redundará en un nuevo sistema de incentivos para que la representación, la jurisdicción y la función de gobierno se conduzcan con limpieza, honradez y austeridad republicana, además de abonar a un entorno en el que los primeros en estar obligados por la Ley sean precisamente quienes dedicamos nuestros esfuerzos al servicio público.

Es por ello que propongo reformar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 52, 53, primer párrafo, 55, fracción III, 56, primer párrafo, 61, segundo párrafo, 63, primer párrafo, 111, primer párrafo, el cuarto párrafo para pasar a ser segundo, el quinto párrafo que pasa a ser tercero, el séptimo párrafo, que pasa a ser cuarto, el noveno para pasar a ser quinto, y el décimo que pasa a ser sexto; se derogan el segundo párrafo del artículo 53, el artículo 54, el segundo párrafo de la fracción III del artículo 55, el segundo párrafo del artículo 56, el segundo, tercer, sexto y octavo párrafos del artículo 111, y el artículo 112, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por trescientos diputados electos según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales.

Artículo 53. La demarcación territorial de los trescientos distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados por mayoría.

Artículo 54. Se deroga.

Artículo 55. ...

I. a II. ...

III. Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular.

IV a VII. ...

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

Artículo 61. ...

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto a las opiniones de los miembros de la misma, en el desempeño de su cargo, y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente.

...

...

...

Artículo 111. Podrán ser sujetos de procedimiento y proceso penal los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y cualquier otro servidor público a que se refiere el primer párrafo del artículo 108, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, en cuyo caso el inculpado quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo.

En los casos en los que los delitos que se imputen a los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo de este artículo merezcan prisión preventiva, el inculpado será separado de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Artículo 112. Se deroga.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adecuarán su legislación a lo dispuesto en los artículos 61, 111 y 112 del presente decreto, dentro de los ciento ochenta días posteriores a su entrada en vigor.

Cuarto. El período de los diputados electos por el principio de representación proporcional a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión concluirá el 30 de agosto de 2015; el de los senadores electos por el principio de representación proporcional, el 30 de agosto de 2018.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 6 de septiembre de 2012.— Diputado Homero Niño de Rivera Vela (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se recibió de don Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 412 Bis al Código Penal Federal.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Iniciativa que adiciona el artículo 412 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Julio César Moreno Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

El pasado proceso electoral del primero de julio los mexicanos acudimos a las urnas a votar decididamente por un cambio verdadero, sin embargo, todos pudimos constatar que antes y durante la jornada electoral se implementó un operativo masivo de compra de votos adquiridos mediante dinero en efectivo, con tarjetas de las denominadas “monederos electrónicos”, despensas, materiales para la construcción, entre otros bienes y servicios para favorecer al candidato de la coalición Compromiso por México Enrique Peña Nieto.

A todo este derroche de recursos económicos habrá que agregar los miles de millones gastados en publicidad en radio, televisión, medios impresos y encuestas realizados con el propósito fundamental de posicionar la imagen del candidato del Partido Revolucionario Institucional.

En toda esta estrategia, el caso más grave es el del Grupo Financiero Monex; el cual trianguló recursos económicos con personas físicas para ocultar el origen de los mismos, los cuales fueron utilizados en esta campaña electoral, mediante la utilización de monederos electrónicos.

Cabe señalar que el Grupo Financiero Monex ha sido investigado por actividades relacionadas con operaciones de lavado de dinero y transferencias de recursos del crimen organizado entre México, Estados Unidos y España, por lo menos desde el año 2003.

Se trata de un grave antecedente, ya que como es del dominio público, son operaciones que involucran las investigaciones por los casos del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington y del empresario de origen chino Zhenli Ye Gong.

Por tanto, la iniciativa que nuestro grupo parlamentario pone a la consideración de esta soberanía tiene como propósito fundamental dotar a las autoridades de procuración y administración de justicia de las herramientas jurídicas para juzgar a quienes violenten los principios de legalidad, equidad, certeza, objetividad, profesionalismo y transparencia de los procesos electorales mediante las actividades de lavado de dinero.

Proponemos adicionar al Código Penal Federal un artículo 412 Bis para tipificar la conducta de todo aquel que por sí o por interpósita persona solicite, proporcione, reciba, obtenga o utilice fondos provenientes de actividades ilícitas o del extranjero para el apoyo de un precandidato, candidato, partido político o coalición, considerando que el bien jurídico tutelado es la libertad del sufragio; el adecuado desarrollo del proceso electoral; la transparencia; limpieza y objetividad electoral y la neutralidad en el uso de bienes, fondos y servicios públicos.

Es interés fundamental del Partido de la Revolución Democrática que la limpieza de los procesos electorales no se altere con el empleo de recursos de procedencia ilícita o de lavado de dinero para la compra del voto. En un Estado social y democrático de derecho los legisladores estamos obligados a hacer las adecuaciones correspondientes  a los tipos penales que generen certeza y seguridad jurídica al gobernado.

Recordemos que la democracia tiene como condición esencial la limpieza electoral, la transparencia del sufragio y de los órganos encargados de su supervisión.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 412 Bis del Código Penal Federal

Único.Se adiciona el artículo 412 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 412 Bis. Se impondrán de mil a seis mil días multa y prisión de cinco a quince años al que por sí o por interpósita persona solicite, proporcione, reciba, obtenga, utilice o aporte recursos económicos provenientes de operaciones con recursos de procedencia ilícita o del extranjero para el apoyo de un precandidato, candidato, partido político o coalición.

Cuando se trate de funcionario partidista, servidor público, precandidato o candidato, se aumentaran las penas en una mitad.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.— Diputado Julio César Moreno Rivera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Justicia, para su dictamen.

ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se recibió de don Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

El conjunto de reformas y adiciones que a continuación se presenta están orientadas a subsanar la inconsistencia de la norma constitucional derivada de la más reciente reforma al artículo 4o. constitucional.

Dicha reforma estableció el “derecho que toda persona tiene al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Este ordenamiento dispone que “el estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. Esta nueva disposición constitucional contiene además un artículo tercero transitorio que mandata al Congreso de la Unión a emitir una Ley General de Aguas en un plazo de 360 días.

Lo anterior implica que el Congreso tiene hasta el 8 de febrero de 2013 para expedir una nueva Ley General de Aguas y derogar la Ley de Aguas Nacionales Vigentes estableciendo la concurrencia y competencias de los distintos órdenes de gobierno en la administración de las aguas para garantizar el derecho humano para su consumo de conformidad con el decreto expedido en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de febrero de 2011.

Sin embargo y a pesar de dicho mandato, el Congreso no tiene la facultad de legislar y expedir leyes que establezcan la concurrencia de los estados, los municipios y el Distrito Federal, en materia de aguas. El texto constitucional vigente apenas en forma incipiente establece la facultad del Congreso para “para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal”. Inclusive esta materia (aguas nacionales o de jurisdicción federal) está subsumida a la facultad que tiene el Congreso para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos establecida en la fracción XVII del artículo 73.

La redacción de esta fracción XVII del artículo 73 constitucional que se propone reformar ha permanecido intacta desde el primer proyecto que Venustiano Carranza redactó desde el 1o. de diciembre de 1916 y que en sus términos fuera aprobada por el Congreso constituyente en febrero de 1917. Lo anterior significa que en la llamada moderna trayectoria constitucional, las facultades del Congreso para legislar en materia de aguas no han experimentado cambio alguno, es decir, desde que el recurso agua estaba muy lejos de ya no digamos de considerarse un recurso finito y vulnerable –como lo es ahora– sino incluso un bien de carácter público.

Aquel proyecto de Venustiano Carranza tomó como base las redacciones establecidas en la fracción II del artículo 50 de la Constitución de 1824 y el artículo 70 fracción XXIII de la Constitución de 1842, cuya redacción no dista sustancialmente de la que se propone reformar y que al paso de casi 200 años resulta completamente anacrónica. Esta concepción decimonónica ubica al Estado mexicano no como factor de promoción del desarrollo económico sino como eje de la acumulación originaria de capital. Las funciones de ese estado en materia de aguas se circunscribían a autorizar la desecación de lagos y canales, a registrar las explotaciones de aguas correspondientes a los terrenos y a imponer impuestos sobre la navegación en las aguas interiores.

A la luz de la crisis de disponibilidad de agua resulta incomprensible la permanencia de un precepto constitucional decimonónico ajeno a todo criterio de sustentabilidad. La gestión responsable de este recurso obliga a la concurrencia de los tres órdenes de gobierno e inexplicablemente el Congreso mexicano carece de facultades para legislar en esta materia.

La reciente reforma constitucional por el que se garantiza el derecho humano al acceso y saneamiento de agua para uso personal y doméstico impone la obligación al Congreso mexicano para que en la legislación secundaria se garantice a toda persona el suministro y acceso sin restricción alguna a una cantidad de agua suficiente para satisfacer sus necesidades elementales y por tanto vitales de consumo, higiene y preparación de alimentos estableciendo la concurrencia de la federación, las entidades federativas y los municipios. Por esta razón resulta del mayor apremio la adecuación de la norma constitucional relacionada con las facultades del Congreso. De no ser así este poder del Estado mexicano incurriría en falta grave al quedar sin aplicación efectiva la reforma por la que se garantiza el derecho humano al acceso agua y su saneamiento.

Argumentos que la sustentan

El dictamen por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. constitucional para establecer la obligación del Estado mexicano para garantizar el derecho al acceso al agua para consumo personal y doméstico así como su saneamiento mismo que se aprobó en la Cámara de Diputados el 28 de abril de 2011.

En dicho dictamen se menciona que “los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo. Estos derechos deben estar garantizados por el estado y entre ellos el derecho a acceder al agua” y que “el derecho a acceder al agua es indispensable para vivir dignamente y debe ser suficiente y adecuado. Ese derecho entraña tanto libertades como derechos. Las libertades comprenden el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como lo es el caso de sufrir despojos u obstrucciones al suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. Esto implica el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del agua”.

Al aprobarse por la Cámara de Diputados dicho dictamen pasó al Senado de la República como minuta misma que fue aprobada sin cambios el pasado 29 de septiembre de 2011. El dictamen por el que se aprueba dicha minuta se afirma que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. También es condición indispensable para vivir dignamente y para la realización de otros derechos. Dicho dictamen menciona que “En años recientes, la contaminación incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución desigual han implicado que un número muy importante de personas en México y en el mundo carezcan de un suministro suficiente de agua y de servicios adecuados de saneamiento. En México se estima que 21 por ciento de la población no tiene acceso a servicios adecuados de saneamiento y que 3 por ciento de la población no tiene acceso al agua de forma regular.

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define el derecho al agua como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Este derecho entraña la libertad de mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, no sufrir cortes arbitrarios del suministro o el derecho a la no contaminación de los recursos hídricos. Se debe ser consciente que el modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

Al aprobarse por una mayoría simple del total de legislaturas estatales el Poder Ejecutivo federal la publicó y promulgó el 8 de febrero de 2012.

Fundamento legal

En ejercicio de la facultad concedida por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 77 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los artículos 76 numeral 1, fracción II, 78, 97 y 102 del mismo ordenamiento referente a las características y elementos para la presentación de iniciativas.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVII y se adiciona una fracción XVII B al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Texto normativo propuesto de proyecto de decreto

Único. Se reforma la fracción XVII y se adiciona una fracción XVII B al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XVI. ...

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos.

XVII-B Para expedir leyes de carácter general que establezcan la concurrencia de la federación, las entidades federativas y los municipios, en materia de acceso, disposición y saneamiento de agua con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo sexto del artículo 4o. de esta Constitución.

XVIII. a XXX. ...

Articulos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.— Diputados: Marcos Rosendo Medina Filigrana, Javier García Orihuela, Fernando Zárate Salgado, Silvano Aureoles Conejo, Miguel Alonso Raya (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su  dictamen.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se recibió de don Gerardo Villanueva Albarrán, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y suscrita también por el señor diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Iniciativa que reforma el artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de Gerardo Villanueva Albarrán y suscrita por Martí Batres Guadarrama, diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que les otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponen a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos 5, 6 y 7 del artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de la regulación de encuestas, sondeos, estudios de opinión y demás herramientas para la medición de las intenciones y tendencias del voto de los ciudadanos durante el período de campaña electoral federal, con base en los siguientes elementos:

Planteamiento del problema

Las diversas herramientas para la medición de las intenciones y opiniones de la población (encuestas, sondeos, censos, grupos de enfoque, estudios de opinión, entrevistas, entre otras) tuvieron su origen en la necesidad de quien detenta el poder, ya sea político desde alguna institución del Estado, o económico, en la competencia al interior de los mercados, para allegarse de información que le permitiera realizar mejor su gestión y así cumplir con sus objetivos de crecimiento y estabilización. También han sido aplicadas para el estudio social, en aras de acercarse a la población objetivo y, con base en los datos arrojados, coadyuvar en la mejora de su calidad de vida; esta es quizá la más noble de sus razones de existencia, ser una forma, un medio, para ayudar a la gente.

No obstante, la lección de la historia reciente en la política mundial y mexicana es que estas herramientas -en particular las encuestas por su característica contundencia y su impacto mediático- también pueden ser pervertidas en su origen y ser utilizadas para fines egoístas y fuera de la naturaleza de la investigación social, como propaganda que busque influenciar negativamente en los prosélitos para cambiar su voto, no a través del otorgamiento de información verdadera o correcta como en un proceso electoral legal se esperaría, sino mediante el esparcimiento de mentiras y calumnias con falaces argumentos.

Según el investigador y teórico Livio Grasso, en su libro Encuestas. Elementos para su diseño y análisis, “las encuestas sirven únicamente para ciertos fines, que podrían enunciarse así: 1) captar información personal de los sujetos en estudio cuando la poseen y es de presumir que están dispuestos a ofrecerla (edad, materias que están cursando, etcétera), y 2) conocer opiniones, creencias, actitudes, expectativas, valoraciones, intereses, intenciones, puntos de vista, sentimientos, percepciones y representaciones de las personas así como, en ciertos casos, la información con que se cuentan.”

La naturaleza de las encuestas y los sondeos, por mencionar los más comunes, es para obtener información verídica y correcta de las poblaciones estudio, así como para realizar proyecciones sobre posibles escenarios; es decir, que en una campaña electoral otorga una visión aproximada sobre la realidad y permite prever varios desenlaces.

Desde el punto de vista de los investigadores estadounidenses Michael W. Traugott y Paul J. Lavrakas, “Los asesores políticos realizan otro tipo de encuestas electorales. Estos estudios son para que los candidatos tengan información estratégica o retroalimentación sobre el éxito de la estrategia de su campaña.”, lo cual autoriza a cualquier equipo de campaña para realizar cuantos estudios de opinión consideren convenientes según lo que su presupuesto y la Ley les permita, mas no para utilizarlo como herramienta de convencimiento comicial con argumentos falaces.

A pesar de lo anterior y de acuerdo con el politólogo Alejandro Moreno “...las encuestas de opinión son una herramienta útil para la construcción de apoyo popular para ciertas políticas, y no necesariamente un medio para que el gobierno se allegue las demandas públicas:” entendido esto en una campaña electoral, las encuestas pueden servir más para la fabricación de una determinada imagen de un candidato para introducirlo en el mercado o en el electorado, que para atraer la percepción genuina del mismo electorado hacia dicho candidato.

De lo anterior podemos deducir lo siguiente: un estudio de opinión sirve al interior de un equipo de trabajo para obtener información sustancial para la toma de decisiones; a partir del momento en que sale de ese círculo y se publica, deja de cumplir con su objetivo y se convierte en propaganda.

En este sentido, el papel de los medios de comunicación masiva es fundamental: sostenidos en la falacia de que un México democrático es sinónimo de un país en donde se permite la libre y hasta libertina transmisión de todo tipo de información sin filtros aparentes, varias empresas de medios –sobre todo Televisa y Televisión Azteca– han colaborado abiertamente para la difusión de encuestas y sondeos en más de una campaña para ayudar o perjudicar a ciertos candidatos a la Presidencia federal.

Sobre esto, Traugott y Lavracas ofrecen: “...las encuestas preelectorales proporcionan un contenido sustancial para la cobertura noticiosa previa a las elecciones”. Pero, si entendemos la noticia como la apreciación pretendida mente objetiva de un fenómeno que irrumpe en la vida cotidiana, en la realidad, cuando en medio de una campaña electoral el presentador de un noticiario nocturno estelar de una empresa de medios difunde información que, en lugar de dar a conocer cuál es la intención del voto de la gente, busca implantar la idea de un candidato “puntero” para convencer a la población de ese posible escenario, dicho presentador, dicho noticiario y, más trascendente, dicha empresa se convierten en parte de los colaboradores de la campaña del candidato “puntero”, con lo cual por supuesto se corrompe el espíritu de la Constitución y las leyes electorales.

Amparados en que los estudios de opinión son una “fotografía del momento”, varios medios electrónicos e impresos en este país se han permitido la difusión de porcentajes variopintos que en más de una ocasión han entrado en contradicciones que, en lugar de clarificar escenarios para la gente, les confunden y provocan incluso su abstención en actividades políticas.

Las encuestas y los sondeos son herramientas de estudio que buscan acercarse a la realidad pero que han sido utilizadas como propaganda en elecciones para modificar esa realidad. Entonces habrá qué razonar cuál es la utilidad pública de permitir la publicación de estos estudios de opinión durante los períodos comiciales si no cumplen con su función primordial.

Argumentación del problema y exposición de motivos

¿Qué pasó en estas recientes elecciones federales?

El 23 de febrero de este año y en franca ruptura de la legislación vigente, Felipe Calderón hizo pública una encuesta ante consejeros del Grupo Financiero del Banco Nacional de México en la cual, en el marco de la carrera presidencial, la precandidata de su partido, Josefina Vázquez Mota, se encontraba “a 4 puntos” porcentuales del entonces candidato electo de la Coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto. Con base en datos de la empresa encuestadora Mercaei, cuya existencia conocimos en ese preciso momento, había un “empate técnico” dentro del “margen de error” entre la postulante oficialista y el abanderado priista; de acuerdo con el posterior cómputo oficial de los votos del Instituto Federal Electoral, el resultado fue bastante más lejano de ese estudio, pues la panista quedó en tercer lugar ya más de 13 puntos porcentuales de distancia.

Se podrá argumentar que durante la campaña la gente que pensaba votar por Vázquez Mota cambió su voto hacia otras opciones, o que Peña Nieto tuvo una acción electoral más convincente, entre otras aseveraciones incomprobables; lo cierto es que el objetivo del entonces titular del ejecutivo era incidir en la opinión pública para favorecer a su candidata; una vez más, un estudio como ese era manejado como medio de persuasión.

A partir de aquí se dictaría la línea para la utilización de encuestas como propaganda durante toda la campaña.

Grupo Editorial Milenio, del Grupo Multimedios, en colaboración con GEA-ISA, empresa de encuestas, publicó durante 101 días un seguimiento de sondeos diarios (llamado tracking poli), en los cuales la diferencia entre el puntero –que siempre fue Enrique Peña Nieto– y el segundo lugar, al principio Vázquez Mota y desde mayo Andrés Manuel López Obrador, rondaba entre los 15 y los 22 puntos. Su apuesta final fue: EPN 46.9 por ciento, AMLO 28.5 por ciento, JVM 22.4 por ciento, GQT 2.2 por ciento.

Igual caso se presentó con las encuestas de las empresas Ipsos-Birnsa, Mitofsky, Parametría, publicado por la Organización Editorial Mexicana propiedad de Mario Vázquez Raña, Berumen y Asociados, Buendía y Laredo difundidas por El Universal de Juan Ealy Ortiz, y Beltrán y Asociados dadas a conocer a través de Excélsior, parte de Grupo Imagen. En todos los ejemplos, en sus últimas cifras de junio la diferencia entre el puntero y el segundo lugar rebasaba los 2 dígitos, por lo que se daba a Enrique Peña Nieto como “insuperable puntero” como se puede apreciar a continuación:

Por otro lado, a través de medios independientes y las llamadas redes sociales se dieron a conocer otros estudios de opinión que tenían en común dos aspectos: tenían a otros “punteros” y marcaban la elección como “cerrada”, es decir, con porcentajes similares entre tres de los cuatro contendientes:

El 31 de mayo el diario Reforma introdujo una voz de discordia al difundir una encuesta que marcaba una diferencia de 4 puntos porcentuales entre Peña Nieto y López Obrador (38 por ciento- 34 por ciento), es decir, una empate técnico. De inmediato los demás medios y casas encuestadoras cuestionaron la veracidad de dichas cifras, toda vez que en el resto de mediciones había un promedio de entre 15 y 20 puntos de distancia entre el priista y el izquierdista; en el polémico programa Tercer Grado de Televisa cuestionaron incluso las intenciones políticas de la familia Junco de la Vega, propietaria del periódico. Ciro Gómez Leyva, al contrastar esos datos con los arrojados por su seguimiento diario con GEA-ISA, en su noticiario del canal por televisión de paga Milenio Tv le espetó al diario: “Nos vemos el primero de julio”.

Con toda esta pila de información fluyendo sin control a través de diversos medios ya señalados seguramente la población se preguntó en más de una ocasión: ¿A quién creerle? ¿cuál será la verdad? De nuevo los estudiosos en las llamadas ciencias sociales y quienes trabajan en las campañas electorales se cuestionaron sin duda: ¿Para qué le sirve a la gente información falsa usada como propaganda?

Los datos arrojados por el conteo oficial del IFE dejaría a varias casas “encuestadoras” y a más de un centro de “estudios” con una indeleble huella en su historial de imparcialidad: EPN 38.21 por ciento, AMLO 31.59 por ciento, JVM 25.41 por ciento, GQT 2.29 por ciento. Las diferencias entre las encuestas y el IFE rebasan en la mayoría de los casos el llamado porcentaje de “margen de error”.

• Otros ejemplos del uso propagandístico de los estudios de opinión

En Bolivia, durante las elecciones presidenciales de 2005, la empresa Ipsos-Opinión publicó que había un empate técnico entre el indigenista Evo Morales (30.7 por ciento) y el ex presidente neoliberal Jorge Quiroga (28.7 por ciento) y que en una eventual segunda vuelta, el segundo le ganaría al primero con 53.3 por ciento-38.2 por ciento. Igualmente diarios y medios electrónicos pretendieron influir en la opinión pública, pero el resultado estuvo muy alejado de las predicciones: Morales ganó con más del 50 por ciento de los votos y evitó así el balotaje.

En Perú, el actual mandatario Ollanta Humala padeció el uso de encuestas en su contra en las dos ocasiones en las que compitió por la presidencia de su país:

Nada más en la última elección de 2011, en la primera vuelta, las casas encuestadoras Datum (13 por ciento), Imasen Sac (14.1 por ciento), Instituto de Opinión Pública-Pontificia Universidad Católica del Perú (15.5 por ciento), Ipsos-Apoyo (15 por ciento) y CPI (15.7 por ciento) lo relegaban al tercer o cuarto lugar en marzo; terminó ganando en mayo la primera vuelta (31.72 por ciento) y derrotó a Keiko Fujimori en el balotaje (51.45 por ciento-48.55 por ciento).

También en México hemos visto esta práctica: el año pasado en la elección para Gobernador de Michoacán hubo todo tipo de encuestas publicadas que marcaban escenarios dispares, incluso en la noche de la misma jornada electoral los tres candidatos mostraron conteos rápidos que les daban el triunfo; pero la elección terminó con la cuestionada victoria de Fausto Vallejo (PRI-PVEM) con el 35.44 por ciento, seguido por Luisa María Calderón Hinojosa (PAN-NA) en 32.63 por ciento y finalmente el 28.81 por ciento de Silvano Aureoles Conejo (PRD-PT-MC).

En conclusión, las encuestas y los estudios de opinión tienen su origen en la necesidad de obtener información de poblaciones estudio para tomar decisiones al respecto y contribuir así en la mejora de sus condiciones de vida; pero las ambiciones políticas y un descontrol en las campañas electorales han pervertido su uso para tratar de cambiar las preferencias comiciales de la gente de forma desleal y con información falsa. Por lo que, en aras de respetar los principios de equidad y certidumbre en las elecciones, será mejor evitar la difusión de cualquier tipo de cifras provenientes de estas herramientas durante el período de campaña y hasta el cierre de las casillas en la jornada electoral.

Por lo expuesto, es de someter a la consideración del pleno de esta Soberanía la siguiente proyecto de

Decreto que reforma de los párrafos 5, 6 y 7 del artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Para quedar como sigue:

Artículo 237

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al secretario ejecutivo del Instituto.

6. Durante todo el período de campaña, los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren a las penas aplicables a aquellos que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en el artículo 403 del Código Penal Federal.

7. Queda prohibido para las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas, sondeos de opinión el publicar o difundir por cualquier medio las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones durante todo el período de campaña, los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional; adoptarán así mismo los criterios generales de carácter científico, que para tal efecto emita el Consejo General, previa consulta con los profesionales del ramo o las organizaciones en que se agrupen.”

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Grasso, Livio. Encuestas. Elementos para su diseño y análisis. Córdoba, Encuentro Grupo Editor, 2006, pp. 14

2 Traugott, Michael W. y Paul J. Lavrakas. Encuestas: guía para electores. Madríd, Siglo XXI Editores, 1997, PP. 30

3 Moreno, Alejandro. “La construcción de apoyo popular en el gobierno de Salinas” en Roderic Ai Campo Encuestas y democracia. México, Siglo XXI Editores, 1997, páginas 201.

4 Traugott, Michael W. y Paul J. Lavrakas. Ibídem, páginas 32.

5 http://www.jornada.unam.mx/2012/02/24/portada.pdf

6 Milenio Tv, 27 de junio de 2012

7 Diario Reforma, 31 de mayo de 2012

8 http://computos2012.ife.org.mx/reportes/presidente/distritalPresidente EF. htm

9 Ipsos-Opinión, La Paz, noviembre de 2005

10 Fara, Carlos. Bolivia 2005: elecciones y comunicación. http://e-Iecciones.net/archivos/loultimo/Fara.pdf

11 http://www.datum.com.pe/pdf/OPMAR.pdf

12 http://www.imasenperu.com/pdf/OP _ NAClONAL_LA por ciento 20REPUBLICA_FEBRERO por ciento202011_TABLAS_INTERNETpdf

13 http://iop.pucp.edu.pe/images/documentos/Intenci por cientoC3 por cientoB3n por ciento20de por ciento20voto por ciento20presidencial por ciento20MARZO por ciento202011 por ciento20 (NACIONAL). pdf

14 http:j /www.ipsos-apoyo.com.pe/sites/default/files/opinion_data/ avance-humala-ppk.pdf

15 http://www.cpi.com.pe/descargas/OPNA20110319.pdf

16 Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, 2011

17 Ibidem

18 Instituto Electoral de Michoacán, 2011

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.— Diputados: Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Martí Batres Guadarrama (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para su dictamen.

Ésta, de don José Antonio León Mendívil, se pospone para la siguiente sesión y que lleva también firmante al diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Continúe la Secretaría.

IMPORTACION DE PESCADO

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la importación de pescado panga y a la implantación de un programa en apoyo de los productores piscícolas del país, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Gilberto Antonio Hirata Chico, María Fernanda Schroeder Verdugo, Benjamín Castillo Valdez, María Elia Cabañas Aparicio, Jaime Chris López Alvarado y Mayra Karina Robles Aguirre, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos al Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ha llegado a nuestra atención que, últimamente, el panga es el nuevo pescado asiático que encontramos en las cadenas de supermercados, sobre todo en forma de filetes, a precio muy barato.

Cabe mencionar que el panga es un pescado de piscicultura intensiva/industrial en Vietnam, en el delta del río Mekong y está invadiendo el mercado debido a su precio ya que parece un filete hermoso y muy económico.

Sin embargo, lo que nos preocupa es que, en realidad, el panga esconde secretos y deficiencias en su crianza, manejo y comercialización, lo que puede traer consecuencias indeseables para los que lo consumen.

El río Mekong es uno de los ríos con mayor contaminación del planeta, lo que provoca que, muchos de los pangas que llegan a nuestro mercado, estén infectados con elevados niveles de venenos y bacterias, como: el arsénico de los residuos industriales; algunos residuos tóxicos y peligrosos de subproductos del creciente sector industrial en aquél país; metales contaminantes; fenoles policlorados PCB o DDT; clorato y compuestos relacionados; sólo por mencionar algunos.

Además, para abaratar los precios de producción, son alimentados con peces muertos, restos de huesos, con la harina proveniente de la mandioca y residuos de soya y grano, lo que, obviamente, no es comparable con la alimentación en un ambiente natural; y lo que es peor, la alimentación de los pangas está completamente fuera de toda reglamentación sanitaria.

También, para incrementar los ingresos, los panga son inyectados con hormonas y otros suplementos para acelerar el proceso de crecimiento y reproducción; por ejemplo: el panga que se comercializa, crece 4 veces más rápido que uno que se encuentra en la naturaleza.

Lo anterior ya ha sido analizado y puesto en evidencia en otros países en los que se ha comercializado el panga, como en España, donde, en 2010, la Organización de Consumidores y Usuarios emitió un comunicado recomendando no consumir el panga, puesto que se encontraron restos de pesticidas y trazas de mercurio en algunos de los 23 filetes de este pescado que fueron analizados por dicha organización.

En concreto, en cuatro de las muestras de panga se encontró la trifluoralina, un herbicida prohibido en Europa y detectaron mercurio en nueve de las 23 muestras de panga.

Lo realmente preocupante es que, debido a la prodigiosa cantidad de pangas disponibles, estos acabarán en otros alimentos: como el surimi (barras con pasta de pescado), pescado en lata y probablemente en algunos alimentos para animales.

Ante esta situación, resulta menester que las autoridades mexicanas, adopten las medidas necesarias a fin de evitar, en la medida de lo posible, que la comercialización de estos pescados pueda provocar una crisis sanitaria en nuestro país.

En este orden de ideas, el titular del Ejecutivo federal, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional, se encuentra facultado para restringir e incluso prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país; y que más benéfico para el país, que la protección de la salud de los mexicanos.

De igual forma, se estima oportuno emitir un exhorto a la Cofepris, autoridad sanitaria de nuestro país, para que redoble esfuerzos en la inspección y vigilancia de los productos que entran a nuestro país, sobre todo los destinados para consumo humano, evitando así una posible crisis sanitaria causada por este tipo de productos que no cumplen con las medidas legales en esta materia.

Pero no sólo podemos quedarnos en limitar la entrada de este producto a nuestro país, es necesario que se adopten medidas para apoyar la producción y comercialización de los pescados que se crían en nuestro país.

Por esto, se somete al pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 131 Constitucional, gire las instrucciones necesarias a fin de que se restrinja la importación del pescado conocido como “panga”, hasta que se garantice su calidad e higiene y se descarten riesgos a la salud por su consumo.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que intensifique sus labores de inspección y vigilancia sobre los productos destinados para consumo humano que entran a nuestro país, en especial del pescado denominado “panga”, a fin de garantizar que se cumple con las disposiciones legales en materia sanitaria y que su venta y consumo no signifiquen riesgos a la salud.

Tercero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de las Secretarias de Economía y de Desarrollo Social a que, conjuntamente, implementen un programa emergente de apoyo a los productores piscícolas del país y se incentive la crianza y comercialización de los peces nativos de México.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de septiembre de 2012.— Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez, Jaime Chris López Alvarado, Gilberto Antonio Hirata Chico.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno espero que sea piscícolas y no pepsícolas. Túrnese —la Panga— a la Comisión de Economía, para su dictamen.

COMISION ESPECIAL PARA LA EVALUACION Y PRODUCTIVIDAD LEGISLATIVA Y LA RENDICION DE CUENTAS DE LOS DIPUTADOS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para la evaluación de productividad legislativa y la rendición de cuentas de los diputados, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN

Fernando Rodríguez Doval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo por los que solicita la creación de la Comisión Especial para la evaluación y productividad legislativa y la rendición de cuentas de los diputados, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Poder Legislativo, ha adquirido, cada vez más, un papel central en el sistema político mexicano, desempeñándose como contrapeso al Poder Ejecutivo, obligándole a rendir cuentas de sus actos y teniendo una mayor injerencia en la forma en la que éste ejerce el presupuesto.

De este modo, los legisladores contribuyen a fortalecer la democracia, y el Estado mexicano se acerca al ideal de James Madison plasmado en El Federalista, por el cual los diferentes órganos de gobierno se controlan unos a otros, impidiendo así, que todo el poder se concentre en manos de una minoría o de una mayoría.

El rol que los legisladores juegan, por lo tanto, es fundamental. Por ello, el trabajo legislativo ha de estar sujeto a estrictos mecanismos de control y de rendición de cuentas, que garanticen que los diputados y los senadores se encuentren sujetos al escrutinio y a la voluntad de sus representados. Para que esto suceda, la información sobre las acciones de cada legislador debe de estar disponible de modo que los ciudadanos puedan monitorear su desempeño.

Desafortunadamente, en México existe la percepción de que el Poder Legislativo ha logrado mantenerse ajeno a tales mecanismos de rendición de cuentas. Lo anterior hace muy difícil que los ciudadanos puedan ejercer un debido control sobre los órganos de representación. Pareciera que todas las acciones u omisiones que se cometen en estos espacios de deliberación entraran en una caja negra totalmente inaccesible para la ciudadanía. Esto pone en peligro el juego democrático, que requiere que los electores sean capaces de atribuir los méritos o las culpas de decisiones políticas a personas y partidos políticos en concreto.

Esta percepción de falta de rendición de cuentas y opacidad por parte del Poder Legislativo se hace evidente en el Reporte Legislativo, presentado por Integralia, una empresa de análisis legislativo, que busca transparentar el trabajo del Congreso de la Unión a través de indicadores específicos. En dicho reporte se indica que tan sólo el 9 por ciento de las comisiones de la Cámara de Diputados presentó, en tiempo y forma, un informe de sus actividades. Es decir, más del 90 por ciento de las comisiones de este órgano legislativo en la legislatura pasada se guardó para sí información valiosísima, con la cual los representados podrían evaluar y presionar a sus representantes para sacar adelante importantes temas.

La opacidad con la que se maneja el trabajo legislativo da pie a que las comisiones no funcionen óptimamente. Así, en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados el 41 por ciento de las iniciativas turnadas a comisiones quedó pendiente de dictamen y el 47 por ciento de las minutas que la Cámara de Senadores envió a la de Diputados quedó en la congeladora. Además, las comisiones no se reunieron el número mínimo de veces que indica la ley (36); en promedio, cada comisión se reunió 19 veces en los tres años que duró la legislatura; con casos francamente deplorables, como el de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que solamente tuvo 2 reuniones ordinarias, de 36 que debió haber tenido. El rezago legislativo, por tanto, es alarmante, y consecuencia clara de la falta de rendición de cuentas.

En ese sentido, el trabajo de los diputados de la legislatura saliente en el pleno tampoco fue óptimo. Mientras que el promedio de asistencia a las sesiones fue de cerca del 85 por ciento, el porcentaje de participación en las votaciones fue considerablemente menor: 68.7 por ciento, con ciertos diputados que apenas participaron en poco más del 10 por ciento de las votaciones. Además, el porcentaje promedio de asuntos atendidos por sesión fue, en algunos periodos, de apenas el 47 por ciento.

La opacidad en la Cámara de Diputados no sólo se da en el trabajo legislativo, la información de las finanzas de los Grupos Parlamentarios también permanece reservada. No existen mecanismos por los cuales se transparente el uso de los recursos que cada Grupo Parlamentario recibe, por lo que éstos pueden terminar financiando campañas políticas o satisfaciendo lujos innecesarios.

Dada la falta de transparencia en la labor legislativa de la Cámara de Diputados, ésta mantiene niveles de aprobación sumamente bajos. Según la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2008, sólo el 11.5 por ciento de la población se siente representada por los legisladores, y más de la mitad percibe que éstos ven únicamente por sus propios intereses. Por otro lado, casi el 70 por ciento de los ciudadanos encuestados no mostró interés en quién sería su siguiente diputado, lo que revela una absoluta desconexión entre representantes y representados.

Además, tan sólo el 40.2 por ciento de la población aprueba la labor de los diputados federales. Mientras que en el caso del Presidente de la República, la aprobación es del 67.6 por ciento, casi treinta puntos porcentuales arriba.

De igual forma, la confianza de la población mexicana en esta institución es muy baja. Menos de la mitad de la población confía algo o mucho en la Cámara de Diputados, mientras que hay instituciones como el Ejército o el Instituto Federal Electoral, que mantienen la confianza de cerca del 70 por ciento de la población.

Por lo expuesto, se hace evidente la necesidad de una comisión especial encargada, en primer lugar, de proponer mecanismos que favorezcan la rendición de cuentas de los diputados federales a los ciudadanos representados. Es decir, un órgano que propicie una relación más cercana entre legislador y representado.

Una comisión que busque acercar a representantes y representados, por lo tanto, deberá de propiciar acuerdos que eleven la productividad, eficiencia y el rendimiento del trabajo legislativo. Es imprescindible que se abra un espacio en el que se discutan abiertamente propuestas para optimizar la labor legislativa y en el que se dictaminen todas aquellas iniciativas que tengan como finalidad hacer de la Cámara de Diputados un órgano de gobierno más productivo.

Con una comisión responsable de transparentar el trabajo de las comisiones de la Cámara de Diputados, de propiciar mecanismos de rendición de cuentas y de elevar la eficiencia y productividad legislativa, este órgano legislativo sería capaz de sacar adelante, con mayor facilidad y con mayor apoyo popular, aquellas reformas que el país necesita. Adicionalmente, una Comisión con dichas características y tareas terminaría por elevar el prestigio y la confianza en esta institución.

Hay que señalar que comisiones con estas características existen en varios parlamentos de todo el mundo. En el Reino Unido, por ejemplo, existe la Comisión de Información; en Argentina la Comisión Especial sobre modernización del funcionamiento parlamentario; en Chile la Comisión de Ética y Transparencia Legislativa.

Por lo anterior, solicito a la Junta de Coordinación Política de esta LXII Legislatura y al pleno de la Cámara, se considere el siguiente punto de acuerdo que tiene como finalidad la creación de la Comisión Especial para la evaluación y productividad legislativa y la rendición de cuentas de los diputados.

Con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para la evaluación y productividad legislativa y la rendición de cuentas de los diputados de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objetivo de la Comisión Especial para la evaluación y productividad legislativa y la rendición de cuentas de los diputados será analizar las estadísticas y resultados del proceso legislativo en relación con la eficiencia, productividad y rendimiento de cada uno de los legisladores y de sus respectivos grupos parlamentarios, y proponer, en el ámbito de su competencia, modificaciones que permitan tomar las medidas legales, reglamentarias y administrativas conducentes a optimizar la labor legislativa de los diputados integrantes de esta Soberanía y fomentar la rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

Tercero. La Comisión Especial para la evaluación y productividad legislativa y la rendición de cuentas de los diputados estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Cuarto. La Comisión Especial para la evaluación y productividad legislativa y la rendición de cuentas de los diputados tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015.

Notas:

1 Carey, John M. Legislative Voting and Accountability. New York: Cambridge University Press, 2009.

2 Grynaviski, Jeffrey D. Partisan Bonds. Political Reputations and Legislative Accountability. New York: Cambridge University Press, 2010.

3 Integralia. «Reporte Legislativo Número Tres.» LXI Legislatura (2009-2012). 2012. http://www. integralia.com.mx/files/reporte_legislativo_lxi.pdf (último acceso: 4 de septiembre de 2012).

4 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.— Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

ESTADO DE TABASCO

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Proposición con punto de acuerdo, relativo a lo sucedido en Tabasco, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los feminicidios son la forma más extrema de violencia de género, pero también el signo más alarmante de la descomposición social de una comunidad.

Así lo fue en Ciudad Juárez, y ahora en gran parte del país, pues de acuerdo con los más recientes estudios de la comisión especial para conocer sobre los feminicidios de la Cámara de Diputados, diariamente mueren seis mujeres por delitos relacionados con la violencia de género.

En Tabasco, el 24 de marzo de este año se tipificó el delito de feminicidio, en el artículo 115 Bis del Código Penal estatal, y hasta la fecha se han documentado tres casos.

Sin embargo, de acuerdo con datos obtenidos por la Codehutab a través de solicitudes de información a la Procuraduría General de Justicia en Tabasco, obtenidos en 2009, de las 124 averiguaciones previas abiertas de 2005 a 2009 por asesinatos de mujeres, sólo 30 estaban resueltas; es decir, consignadas con detenidos. Ello indica que la justicia está fallando.

De acuerdo con los mismos datos de la procuraduría estatal, en 2010 se documentaron 14 casos de homicidios dolosos contra las mujeres, y 16 el año pasado.

Pero los casos más preocupantes se viven en los últimos meses en municipios como Tacotalpa, donde durante abril y agosto se ha secuestrado, y luego torturado y asesinado a 11 niños y adolescentes, 5 del sexo femenino.

La situación ha llevado incluso a la cancelación de clases ante el temor entre la población por la seguridad de los niños.

Tacotalpa es un municipio colindante con Chiapas, una zona de migración donde se presenta trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de órganos. En consecuencia, hay delincuencia organizada.

Es evidente que la violencia está trastocando la vida de los pobladores del estado, y que particularmente hay un desinterés de autoridades por investigar los asesinatos de mujeres y las desapariciones en la entidad, como demanda la Asociación Ecológica de Santo Tomás, al exigir que se dejen de ignorar los feminicidios, que se investigue y que sancione a los responsables.

Todo lo relatado fundamenta la urgencia de atender el problema a fondo, y de implantar medidas urgentes consideradas por la alerta de género a fin de restituir la paz y evitar más muertes.

Consideraciones

Primera. Que conforme al artículo 30 de Reglamento para la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “procede la declaratoria de alerta de violencia de género cuando se demuestre que en un territorio determinado se perturba la paz social por la comisión de delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres o cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres”. Por ello se solicita a la Secretaría de Gobernación que inicie investigaciones para declarar la procedencia de la declaratoria de alerta por violencia de género en Tabasco.

Segunda. Que conforme al acuerdo número A/024/08, publicado en el DOF el 31 de enero de 2008, mediante el cual se crea la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, ésta fue creada para investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y la trata de personas, para contribuir al derecho de la ciudadanía a que se le procure justicia. Por ello se considera importante la colaboración de la Fevimtra con la procuraduría estatal en las investigaciones relacionadas con los asesinatos en Tacotalpa, pues hay indicios de delitos del fuero federal.

Tercera. Que conforme a las recientes reformas del Código Penal Federal, publicadas en el DOF el 14 de junio del 2012, se establece:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; y

II. A la víctima se hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, o actos de necrofilia.

En los antecedentes y las consideraciones relatados, los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nos permitimos someter a consideración de esta representación popular del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Secretaria de Gobernación que inicie investigaciones para determinar la procedencia de la declaratoria de alerta por violencia de género en Tabasco.

Segundo. Se solicita a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR que coadyuve con la procuraduría estatal en las investigaciones relacionadas con los asesinatos de adolescentes y mujeres en Tacotalpa, Tabasco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.— Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Equidad y Género, para su dictamen.

COMISION ESPECIAL DE CONECTIVIDAD SOCIAL

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de conectividad social, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Los que suscribimos la presente, diputados federales pertenecientes al Grupo Parlamentario Nueva Alanza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentamos ante este pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de conectividad social.

Exposición de Motivos

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares Inegi 2010, México cuenta con 112,336,538 habitantes en 28,346,120 hogares; de estos, casi 20 millones de hogares no cuentan con una computadora ni acceso a Internet. Complementariamente, había 32.8 millones de personas con acceso a internet, de estos 17 millones lo usan fuera del hogar.

En base a estas cifras, las escuelas de educación básica constituyen para los alumnos la única posibilidad real de tener acceso a Internet y en consecuencia de trabajar en redes colaborativas.

Para Nueva Alianza la consolidación de la las Redes Estatales de Educación, Salud y Gobierno hoy en día es una oportunidad. Éste proyecto tecnológico originalmente se instrumentó como una alianza interinstitucional entre diversos organismos y ordenes de gobierno para apuntalar una iniciativa educativa que requería la conectividad en las escuelas y también se incluyó a hospitales, oficinas de gobiernos estatales, locales y bibliotecas.

Esta alianza permitió en una primera etapa la integración de esfuerzos, recursos, e iniciativas en beneficio de una política pública en materia de conectividad nacional, con los siguientes elementos:

1. Una red de transporte en cada estado utilizando para el desplazamiento de la señal las torres estatales.

2. El uso de una frecuencia oficial 3.3 - 3.35 Ghz otorgada por la Cofetel a la SCT.

3. El uso de la red de fibra óptica de la CFE.

4. La inversión realizada para el proyecto de Redes Estatales de Educación, Salud y Gobierno ha sido significativa y pasó por la aprobación del Congreso. Se han invertido recursos, no sólo por la federación, sino también por los gobiernos de los estados. Esa combinación de recursos es lo que lo hizo viable.

A la fecha se cuenta con los siguientes avances:

• 26 Estados con infraestructura de conectividad que incluye red de transporte: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

• 26 Redes de última milla con 347 radio bases Wimax

• 13 entidades federativas conectadas a la Red NIBA a través de la Red de Fibra Óptica de CFE (Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán).

La conectividad social es una infraestructura tecnológica de comunicaciones de banda ancha en base a fibra óptica, que contempla el fortalecimiento de 32 Redes Estatales alrededor de la Red Nacional de fibra óptica de CFE.

Con esta infraestructura se facilitaría el acceso a Internet de Banda ancha dedicado exclusivamente al fortalecimiento social de los ciudadanos en materia de educación, salud, competencias productivas y prácticas de buen gobierno, en el ámbito Federal, Estatal, y Municipal estableciendo un intercambio de información, aplicaciones y competencias en favor de una Educación de calidad, mejores servicios de Salud en hospitales y clínicas, tecnologías de vanguardia para eficientar los tramites e intercambio de los gobiernos, apuntalar la difusión de la cultura y sobre todo abrir posibilidades reales para el ciudadano de una participación directa para la obtención de información y conocimientos que incidan en la creación de bienes y servicios en el aparato productivo, en la participación ciudadana y sobre todo en la injerencia social en la democracia del país.

En el aspecto internacional esta infraestructura de Conectividad Social es vital para el cumplimiento de los compromisos internacionales signados por nuestro País en las Agendas de: La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (UIT-ONU); Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento de América Latina y del Caribe (eLAC 2015-CEPAL); de la Cumbre de las Américas del 2012 (OEA) y del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC).

La conectividad socialestaría financiada por recursos públicos federales. Conviene señalar que este apoyo gubernamental de México iría en sintonía a las tendencias internacionales de apoyo gubernamental de Países desarrollados y en desarrollo que invierten en la construcción de la infraestructura de telecomunicaciones para propósitos de cobertura social de acuerdo a la siguiente gráfica:

La Comisión Especial de conectividad social, buscaría facilitar el establecimiento del marco legal que permita la articulación de los esfuerzos sectoriales e interinstitucionales, entre los actores de la industria y de los gobiernos Federales, Estatales y Municipales, para hacer viable el acceso a la banda ancha. Así mismo coadyuvaría con los esfuerzos de otras comisiones relacionadas con el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás que correspondan, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Conforme a lo establecido por el artículo 42, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita la creación e integración de una Comisión Especial de conectividad social a efecto de ser contemplada dentro del acuerdo por el que se creen las Comisiones Especiales, Bicamerales, Comités y Delegaciones Permanentes que se conformaran para el trabajo de la LXII Legislatura de esta H. Cámara de Diputados.

Segundo. Los objetivos principales de la Comisión Especial de conectividad social son:

• Hacer de Internet el nuevo derecho humano del siglo XXI, a través de consolidar esta aspiración en el marco normativo que permita instrumentar políticas públicas innovadoras.

• Aprovechar los esfuerzos desarrollados.

• Mejorar el Indicador de personas y hogares con acceso a banda ancha, de acuerdo a los términos establecidos para ello por la OCDE. Colocando a nuestro País de la media de dicha organización.

• Articular los esfuerzos de los diversos actores de la industria en beneficio de la competitividad del país.

• Hacer propio la instrumentación del propósito medular de la CEPAL que dice que  ... “Para los Países de América Latina y del Caribe, la universalización del acceso a banda ancha tiene en el siglo XXI la misma importancia para el crecimiento y la igualdad que en el siglo XX tuvieron la infraestructura eléctrica y de caminos. La banda ancha s un servicio fundamental para el desarrollo económico y social de los países de la región, es indispensable para el progreso, la inclusión, la igualdad y la democracia”.

Tercero. La Comisión Especial de conectividad social estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Cuarto. La Comisión Especial de conectividad social tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.— Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

COMISION ESPECIAL PARA LA NIÑEZ

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la Niñez, suscrita por la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La suscrita diputada federal Carmen Lucia Pérez Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando la creación de la Comisión Especial para la Niñez, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico.

Asimismo, con base en la normatividad que rige esta Cámara de Diputados, corresponde a la Junta de Coordinación Política aprobar la creación de una comisión especial.

En razón de lo anterior, ahora que comenzamos la LXII Legislatura, pongo a su consideración la creación de la Comisión Especial para la Niñez, con la finalidad de trabajar por nuestras niñas, niños y adolescentes, para garantizarles una mejor legislación federal, en razón del reconocimiento de sus derechos humanos con el objetivo claro y contundente de lograr la protección y la promoción de cada uno de sus derechos.

La creación de la Comisión Especial para la Niñez para esta legislatura, heredara la importante labor realizada por la misma Comisión en la LXI Legislatura, comprometiéndose con mayores acciones encaminadas al bien de este sector de la población, promoviendo las reformas necesarias, para conseguir una plena adecuación, modernización y armonización.

Estos compromisos se basarán en lo establecido en el artículo 4o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, principales instrumentos jurídicos que albergan sus derechos.

De acuerdo con los datos del UNICEF, México es el segundo país de América Latina con mayor población infantil y según los datos del Censo 2010, las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años constituyen una suma de más de 39 millones de personas, cifra equivalente a casi el 35% de la población nacional.

Por ello y ante la importancia que revisten, el tema nos plantea nuevos paradigmas. Nuestras niñas y niños viven día a día violaciones a sus derechos más fundamentales, muchos en situación de calle, víctimas de la delincuencia, de la pobreza, del trabajo infantil, de la prostitución forzada y del tráfico de órganos, sin educación, maltratados, víctimas de abusos, niñas y niños que migran solos, que no cuentan con lo más básico.

Implica que la familia y el Estado, atendiendo al interés superior de la infancia, procuremos las condiciones necesarias para su pleno desarrollo personal y social. Nos corresponde mantener a la infancia alejada de las drogas, de la pornografía, defenderlos de situaciones como el abandono, el maltrato, cualquier forma de abuso, de la explotación, de todo lo que les cause un daño. Evitar la desintegración familiar, la violencia, la falta de oportunidades para los adolescentes, el acoso, la violencia escolar, el sobrepeso y la obesidad, entre muchos otros problemas, no son atendidos correctamente.

Ejemplo de ello, y sólo por mencionar algunas de las problemáticas que viven, de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México, en el documento “La Violencia contra niños, niñas y adolescentes en México. Miradas regionales” Ensayo Temático de la Infancia Cuenta en México, 2010, indica que nuestro país ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años, entre los 33 países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Con relación al trabajo infantil el cual está prohibido, la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo en el Módulo de Trabajo Infantil, en nuestro país en el año 2007 había 3.64 millones de niños y niñas menores de 17 años trabajando, de los cuales 1.1 millones se encontraban entre los cinco y los 13 años, es decir, alrededor de una tercera parte se encuentra por debajo del límite legal para trabajar.

Según datos de la OIT, en el Norte de México cerca del 32% de la mano de obra indígena son niños que migran de otras zonas del país. En su camino se enfrentan a distintas formas de discriminación como la desvalorización de la lengua materna y de su identidad indígena. Las niñas, niños y adolescentes indígenas constituyen la población con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales.

En particular, las niñas son aún más vulnerables en todos los casos y en cualquier nivel socioeconómico, sobre todo, son objeto de tratos discriminatorios intencionados  y en muchas ocasiones  hasta culturalmente aceptados.

Estos son sólo algunos hechos que entristecen, que alarman, que duelen, pero que nos comprometen a redoblar esfuerzos, ya que miles de niños que nos piden que  luchemos por ellos y para ellos. En su visión de un futuro siguen teniendo esperanzas e ilusiones, desean vivir en espacios seguros, con educación, trabajo, casa, en medio ambiente sano, libre de violencia, en familia, con oportunidades.

De manera permanente, niñas, niños y adolescentes reclaman justicia y transparencia, pues requieren y confían en que sean cumplidas las leyes y se castigue la delincuencia, la corrupción, el abandono y todo lo que quebranta sus derechos, visualizan que con ello tendremos un mejor país. Ellos, requieren y reclaman de legisladoras y legisladores, de gobernantes que los escuchen, que los tomen en cuenta, como sujetos de derechos.

Es también el reconocer y sin duda alguna que se ha avanzado en el tema, pero no ha sido suficiente, aún siguen muchos asuntos pendientes. Como legisladoras y legisladores, tenemos la oportunidad y responsabilidad de trabajar para el reconocimiento pleno de sus derechos, segura estoy que en un tema tan noble todos trabajaremos con ahínco.

Sólo si trabajamos de manera integral y conjunta podremos brindarles un panorama de respeto a sus derechos humanos y leyes eficaces que les brinden seguridad jurídica en todos sus ámbitos. Esta Cámara de Diputados,  requiere de una agenda  en materia de niñez a la altura de la problemática, siempre por el respeto pleno a los sus derechos, siempre desde la perspectiva de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta Honorable sobraría la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se crea la Comisión Especial para la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo.El objetivo de la Comisión Especial para la Niñez será, garantizar la transversalidad de la legislación federal en función del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, logrando su aplicación, cumplimiento y protección.

Tercero.La Comisión Especial para la Niñez, estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias.

Cuarto.La Comisión Especial para la Niñez, tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2012.— Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

COMISION ESPECIAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para el desarrollo sustentable, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Los que suscribimos la presente, diputados federales pertenecientes al Grupo Parlamentario de Nueva Alanza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en  el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentamos ante este Pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para el desarrollo sustentable.

Exposición de Motivos

México afronta un gran reto en los albores del siglo XXI: fortalecer la competitividad de su economía mientras garantiza un desarrollo social equitativo al mismo tiempo que explota y protege racionalmente sus recursos naturales.

En México existe una profunda desarticulación entre leyes, entre políticas públicas y entre ambas. No podemos seguir teniendo una visión de corto plazo frente a la finitud de la mayoría de los recursos naturales que sustentan nuestras sociedades. Debe imperar la planeación estratégica racional del país de acuerdo a la disponibilidad de recursos y su posible término o renovación para lograr la prosperidad.

La disponibilidad y el impacto ambiental que provoca la extracción y transformación de recursos puede saberse a través de mapeos, estudios y sistemas de información precisos; de la misma manera puede saberse la afectación ambiental de todas las políticas públicas, leyes y regulaciones que emprende el gobierno. Es indispensable que México comience a tener una planeación estratégica integral entre el marco jurídico existente y las políticas públicas implementadas para aminorar los impactos ambientales de todos los sectores y garantizar la viabilidad y sustentabilidad de la nación en un futuro próximo.

El desarrollo sustentable no es un asunto ideológico sino un modelo racional de largo plazo que contempla la transversalidad de todos los temas concernientes al Estado y al individuo.

Por ejemplo: tan sólo en 2011, México perdió alrededor de 155 mil hectáreas de superficie forestada debido a actividades económicas diversas, legales o ilegales. Mientras esto sucede, existen programas federales, estatales, municipales; leyes, regulaciones, etc. que promueven la deforestación mediante la incentivación irracional o poco sostenible.

Dos por ciento del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) son producidas por nuestro país, tendencia que sigue en aumento. Esta situación contribuye al fenómeno del cambio climático antropogénico, que a su vez, tiene afectaciones exponenciales en la población y en la economía nacional. Mientras esto sucede, existen leyes y políticas públicas que fomentan la emisión de GEI y promueven la utilización de hidrocarburos.

Setenta y nueve por ciento de la población mexicana vive en ciudades; para el año 2050 se espera que 90 por ciento de la población viva en zonas urbanas. Mientras esta tendencia es clara, se pretende seguir privilegiando a la población rural por encima de la urbana; existen leyes y políticas públicas que fomentan la atomización de las ciudades provocando la falta y desatención de servicios públicos y la emisión de GEI, la inseguridad y el rompimiento del tejido social Así mismo, no existe una legislación y política adecuada para el manejo integral y conectividad de las áreas urbanas y metropolitanas.

En diversas zonas del campo mexicano, debido al cambio climático y a la erosión de la tierra por la continua explotación, se empieza a perder rentabilidad y productividad. En Oaxaca, Chiapas y Guerrero, estados poco productivos por sus características biogeográficas y donde la tenencia de la tierra es sumamente atomizada, llegan a producir una tonelada por hectárea anualmente en el caso del maíz, esto significa alrededor de 4 mil 300 pesos anuales. Mientras tanto, existen políticas y leyes que mantienen subsidios a estas zonas improductivas atando a los campesinos a la pobreza sin garantizar la soberanía alimentaria, y peor aún, provocando la deforestación de ecosistemas prioritarios para la conservación que dotan de bienes públicos ambientales a todo el país; bienes que pudieran aprovecharse de manera más rentable por los mismos campesinos.

Ante esta situación, el grupo parlamentario de Nueva Alianza planeta la creación de la comisión especial para el desarrollo sustentable a fin de crear leyes que tiendan a la armonía entre la esfera social, la económica y la ecológica; en aquellos puntos que afecten el equilibrio ecológico a través de los temas económicos y sociales así como en temas prioritarios del Poder Ejecutivo tanto a nivel federal como local.

Consideramos que actualmente se excluye un análisis transversal y una consciencia racional de largo plazo, en especial lo relativo al impacto ambiental, en temas del sector agropecuario, pesquero, energético, de vivienda y ciudades y agua. Es urgente integrar un trabajo legislativo coherente en todas las comisiones correspondientes que no frene el desarrollo de México pero que tampoco agote sus recursos y ponga en jaque a las futuras generaciones.

Puntos de Acuerdo

Primero. Conforme a lo establecido por el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita la creación e integración de una Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable a efecto de ser contemplada dentro del acuerdo por el que se creen las comisiones especiales, bicamerales, comités y delegaciones permanentes que se conformaran para el trabajo de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados.

Segundo. Los objetivos de la Comisión Especial de Desarrollo Sustentable son

• Armonizar el marco legal para impulsar el desarrollo sustentable en nuestro país; conocer y analizar las iniciativas de la LXII Legislatura relativas al manejo y explotación recursos naturales emitiendo recomendaciones y modificaciones que garanticen la sustentabilidad;

• Evaluar las políticas públicas que los tres niveles de gobierno emprendan en materia de recursos naturales y todas aquellas que tengan una afectación al medio ambiente;

• Promover la orientación del gasto público del Presupuesto de Egresos de la Federación a programas y proyectos dirigidos a fortalecer el desarrollo sustentable del país.

Tercero. La Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Cuarto.La Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015.

Notas:

1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación.

2 1.58 por ciento para México bajo el estimado de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Metas del Milenio para el Desarrollo (medición de emisiones de dióxido de carbono, a las que hay que sumarles las emisiones del sector forestal y agropecuario así como la emisión de otros GEI como el metano y clorofluorocarbonos, con lo que se estima un 2 por ciento para México de acuerdo con el inventario de la UNFCCC).

3 77.8 por ciento de población urbana para 2010 de acuerdo con datos del Inegi.

4 Quadri, Gabriel: “Derecho a la ciudad y vivienda”. Diario El Economista, 2011.

5 El subsidio de Procampo oscila entre 963 y $1,300 pesos anuales por hectárea productiva dependiendo del ciclo agrícola y la elegibilidad de las superficies. Información del portal de Aserca, Sagarpa. Gobierno Federal. Reglas de operación del programa, 2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.— Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), vicecoordinador.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

COMISION ESPECIAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y DESARROLLO REGIONAL

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para impulsar la competitividad, la innovación y el desarrollo regional, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Los que suscribimos la presente, diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentamos ante este pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para impulsar la competitividad, innovación y desarrollo regional.

Exposición de Motivos

A nivel internacional organismos como el IMD (Institute for Management Development, Lausanne, Suiza), o IMCO (Instituto Mexicano por la Competitividad AC.) en el caso de México, han venido midiendo la competitividad de los países con el objeto de comparar la capacidad de un país para atraer y retener inversiones y talento.

Para lograr estos dos objetivos, los países, los estados y las ciudades deben crear condiciones integrales que permitan a las personas y a las empresas maximizar su potencial productivo.

Para medir lo anterior se han identificado, en el caso del IMCO al menos 10 subíndices que pretenden medir la competitividad, tales como:

1. Sistema de derecho confiable y objetivo.

2. Manejo sustentable del medio ambiente.

3. Sociedad incluyente, preparada y sana.

4. Macroeconomía estable.

5. Sistema político estable y funcional.

6. Mercado de factores eficiente.

7. Sectores precursores de clase mundial.

8. Gobiernos eficientes y eficaces.

9. Aprovechamiento de las relaciones internacionales.

10. Sofisticación e innovación en los sectores económicos.

En atención de lo anterior, cabe recalcar que México en el contexto del desempeño de los países en el índice de competitividad internacional, al 2010 según información del IMCO, ocupa el lugar 32, el país en los últimos 10 años en promedio ha sido menos competitivo en relación a los países denominados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) quienes se han posicionado y han ido ganando espacio en la atracción de inversiones y por ende en el crecimiento per cápita de su población.

Según el IMCO, en 2010: “México retrocedió posiciones respecto a los demás países evaluados en 4 de los 10 subíndices. Estos son: sistema de derecho (del 34 al 35), medio ambiente (del 38 al 39), sistema político (del 35 al 38) y sectores precursores (del 27 al 30). A pesar de que México mejoró en la calificación de sectores precursores, esto no fue suficiente para seguirle el paso a sus principales competidores en el subíndice (Rusia y Tailandia), quienes al mejorar más rápidamente lograron rebasar a nuestro país.”

En México hay que seguir fortaleciendo las condiciones para generar un entorno competitivo que mejore la vida de los mexicanos. La coordinación de los actores económicos, sociales y políticos es un prerrequisito para avanzar en una agenda nacional. El fortalecimiento de la competitividad e innovación impactarán definitivamente en el bienestar de los ciudadanos.

Es impostergable el fortalecimiento del estado de derecho estableciendo reglas claras, libertades y garantías indispensables para garantizar un correcto desempeño económico. La estabilidad del entorno otorga certidumbre a inversionistas, empresas e individuos para planear y tomar las decisiones de corto y largo plazo. La legitimidad, estabilidad y efectividad del Sistema Político garantizan paz social, por lo que el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la consolidación de la democracia son indispensables.

Es necesario mejorar los niveles de inclusión, salud y educación e intensificar la conservación ambiental así como las sustentabilidad, ya que son prerrequisitos para que el crecimiento y desarrollo sean sostenibles en el largo plazo y beneficie a generaciones futuras.

La eficiencia en los mercados de insumos para la producción en la industria, los servicios y la agricultura hace indispensable mejorar los costos de producción y la productividad del trabajo. La mejora de la calidad, eficiencia y costos de los sectores precursores tales como los de telecomunicaciones, transportes y financiero, inciden en la productividad de muchos otros sectores de la economía ya que facilitan el intercambio comercial, la provisión de servicios de punta, la innovación y el desarrollo de productos y empresas.

La interacción de los diversos niveles de gobierno en la economía, afectan o benefician el desempeño del país de manera directa o indirecta. El costo de hacer negocios, asociado a trámites e interacción con autoridades; calidad de la regulación sectorial, así como el contar o no con suficiencia y eficiencia en el gasto público inciden en el desarrollo de México.

Es relevante además capitalizar sus relaciones con el exterior para ser más competitivos en casos como el turismo, el comercio exterior y los flujos de capitales. México debe competir con éxito en la economía global, generando valor a través de la innovación.

La competitividad y productividad son imperativas para el crecimiento económico de un país y deben apoyarse en la innovación. Por ello, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza propone la creación de la Comisión Especial para impulsar la competitividad, innovación y desarrollo regional.

Hasta hoy el Estado mexicano ha visto a la competitividad como algo propio y exclusivo del área económica del gobierno, cuando los principales organismos internacionales y nacionales (IMD e IMCO) lo ven como algo transversal que impacta en factores como el estado de derecho, lo social e incluso lo ecológico, por ende es necesario que desde el Congreso de la Unión se impulse la modificación y adecuación del marco normativo que integralmente favorezca la competitividad e innovación y asimismo se dé seguimiento puntual a los avances en los diversos rubros que inciden en ello.

Enfrentar estos grandes desafíos para hacer a México más competitivo e innovador implica situar el debate también en el terreno del desarrollo regional. Las disparidades existentes en el país están a la vista de todos.

Mientras los estados del norte gozan de una economía pujante, los del sur son presa del subdesarrollo. Sin embargo, más preocupante es que el actual modelo económico no ha contribuido a abatir la brecha en materia de desarrollo prevaleciente en nuestro país.

El estado tiene la obligación de atender esta realidad por dos principales motivos. Primero, las condiciones que hoy caracterizan a México no permiten que explote todo su potencial. La falta de infraestructura adecuada en las regiones menos desarrolladas del país constituye un obstáculo para la inversión, la creación de empleos y el crecimiento económico. Segundo, actualmente no existe una verdadera política de estado que promueva la competitividad, innovación y desarrollo regional de forma integral. Los programas gubernamentales incluidos en el presupuesto de egresos para este fin carecen de articulación y de una visión holística del problema.

La Comisión Especial para impulsar la competitividad, innovación y desarrollo regional busca subsanar estos dos aspectos y así contribuir a la institucionalización de la política de desarrollo regional y al impulso de la competitividad en México.

Busca, a través de una visión de largo plazo, fomentar el análisis del gasto público para que éste atienda las necesidades que las diferentes regiones de México requieren en diversas materias. Busca también ser un espacio de análisis, discusión y promoción de legislación que pueda tener un impacto positivo en el desarrollo equitativo del país.

En fechas recientes la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer un estudio donde revisa la situación que guarda la innovación regional en México, y que en parte explica y hace pronunciamientos sobre el estancamiento de la productividad y competitividad de todo el país.

El documento advierte que es preciso reconocer cada vez más la importancia de los sistemas de innovación regional, donde se requiere mayor participación de los estados para fomentar la ciencia, tecnología e innovación.

Los hechos indican que se siguen registrando importantes disparidades socioeconómicas entre las regiones de nuestro país. Los estados más ricos en México tienen un producto interno bruto (PIB) per cápita similar a naciones como Corea o Polonia, mientras los más pobres están en niveles como el de Irak.

Hoy nuestras entidades federativas y sus respectivas regiones deben estar en situación de competencia para atraer actividades económicas, empleo e infraestructura. Sin embargo, no todos los territorios están implicados en este proceso de competencia sobre bases iguales, lo que implica ineficacias y desigualdad regional, es decir, se carece de una política con enfoque territorial integral, lo que no permite generar una adecuada competencia entre las economías regionales, por no entender, en no pocas ocasiones las vocaciones económicas de las regiones.

Por otra parte, la Ley Federal de Competencia Económica debe representar el cimiento de la libertad empresarial y jugar un rol fundamental en mantener y defender la libertad de los gobernados para acceder a los mercados y beneficiarse de la competencia en ellos.

En México, estas libertades tienen su origen en el artículo 28 constitucional, y debe ser la Ley Federal de Competencia Económica el instrumento jurídico que hace efectivo el mandamiento de la Carta Magna respecto de la garantía que tiene todo individuo para acceder a un mercado en competencia.

Sin embargo, el contenido del artículo 28 constitucional no se limita a proteger una garantía individual, sino que va más allá, al ser el fundamento del derecho que tiene la sociedad de beneficiarse de los efectos de un mercado en competencia, es decir:

1. Obtener mejores precios, mayor surtido y mejor calidad en los bienes y servicios que se adquieren; y

2. Garantizar que los recursos limitados de una sociedad se utilicen y asignen de la manera más eficiente, y que se generen incentivos constantes para la innovación tecnológica.

Consecuencia de lo anterior es un mayor crecimiento económico en beneficio de todos los mexicanos.

Temas como el déficit del comercio exterior, como consecuencia del crecimiento de importaciones baratas, implican un drenaje de recursos cuantiosos al exterior. La entrada de capitales y la baja inflación, no genera los espacios suficientes para flexibilizar la política económica a favor del crecimiento, ante el temor de que con ello resurja la inflación y la inestabilidad del tipo de cambio.

La aplicación de una disciplina fiscal reduce la inversión pública, aumenta rezagos productivos, atentando contra la productividad y la competitividad. Además, reduce la demanda y el crecimiento del mercado interno, afectando los ingresos de los productores hacia dicho mercado, lo cual impide el crecimiento de la inversión.

Asimismo, la aplicación de una política económica de estabilidad monetaria-cambiaria predominante ha derivado en el desplazamiento de la esfera productiva, como resultado de los estragos de la apertura comercial y de la competencia desleal configurada.

De la lectura de las experiencias históricas de crecimiento económico, y de su análisis en la literatura económica, se desprende un conjunto de elementos mínimos que debe incluir cualquier estrategia de crecimiento económico.

El constituir una Comisión Especial para impulsar la competitividad, innovación y desarrollo regional, busca impulsar los factores endógenos del país que inciden en la competitividad, innovación y desarrollo regional.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás que correspondan, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Conforme a lo establecido por el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita la creación e integración de una Comisión Especial para impulsar la competitividad, innovación y desarrollo regional, a efecto de ser contemplada dentro del acuerdo por el que se creen las comisiones especiales, bicamerales, comités y delegaciones permanentes que se conformaran para el trabajo de la LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados.

Segundo. Los objetivos principales de la Comisión Especial para impulsar la competitividad, innovación y desarrollo regional.

Son:

• Impulsar una mejora en la competitividad, innovación y desarrollo regional del país.

• Generar una visión transversal sobre competitividad, innovación y desarrollo regional propiciando la adecuación del marco normativo.

• Impulsar los factores endógenos del país que inciden en la competitividad, innovación y desarrollo regional.

• Impulsar el fortalecimiento de las condiciones para generar un entorno competitivo que mejore la vida de los mexicanos, coordinando en la medida de lo posible a los actores económicos, sociales y políticos para avanzar en una agenda nacional sobre competitividad, innovación y desarrollo regional.

• Impulsar que los sectores industriales, los servicios educativos y gubernamentales se entrelacen para generar acciones tangibles, que incentiven la competitividad, la innovación y el desarrollo regional.

Tercero. La Comisión Especial para impulsar la competitividad, innovación y desarrollo regional estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Cuarto. La Comisión Especial para impulsar la competitividad, innovación y desarrollo regionaltendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria hasta el 31 de agosto de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.— Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), vicecoordinador.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: (a las 15:07 horas): Esta Presidencia informa a la asamblea que se han agotado los asuntos en cartera. Se levanta la sesión. Se cita para la que tendrá lugar el martes 11 de septiembre de 2012, en punto de las 11 horas.

Se les informa que las listas de registro de asistencia estarán disponibles desde las 9:30 horas en el vestíbulo principal de este salón de sesiones, haciendo una atenta excitativa a los grupos parlamentarios, de tal suerte de que en un tiempo muy breve tengamos los datos biométricos y podamos usar el sistema de registro electrónico.

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RESUMEN DE ACTIVIDADES

• Tiempo de duración: 4 horas 1 minuto

• Quórum a la  apertura de sesión: 376 diputados

• Diputado que solicita licencia: 1

• Diputado suplente que se incorpora: 1

• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1

• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 3

• Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, aprobado: 1

• Número de diputados que participaron o aportaron algún tema: 34

PRI                              4PAN                                   6PRD                                   7PVEM                                4PT                           4Movimiento Ciudadano     3Nueva Alianza                   6

Se recibió:

• 16 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remite el VI informe de labores de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; de la Defensa Nacional; de Desarrollo Social; de Educación Pública; de Energía; de la Función Pública; de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de Marina; de la Reforma Agraria; de Relaciones Exteriores; de Salud; del Trabajo y Previsión Social; y de Turismo, así como de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y de la Procuraduría General de la República;

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que envía informe del estado que guardan los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales;

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que envía informe de labores 2011 de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria;

• 2 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que envía solicitudes de permiso constitucionales necesarios para que ciudadanos puedan desempeñar el cargo de cónsul honorario;

• 1 iniciativa del PRI;

• 2 iniciativas del PAN;

• 5 iniciativas del PRD;

• 2 iniciativas del PVEM;

• 1 iniciativa de Movimiento Ciudadano;

• 1 iniciativa del PT;

• 1 iniciativa de Nueva Alianza;

• 7 proposiciones con puntos de acuerdo