SUMARIO

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Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Se informa a la Presidencia, que existen registrados previamente 279 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:04 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 11 de septiembre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Cámara de Senadores

Por la que comunica que la Cámara de Senadores, se declaró legalmente constituida para la Sexagésima Segunda Legislatura, y eligió a su Mesa Directiva para el Primer Año de Ejercicio.

Por la que comunica la elección de la senadora Martha Palafox Gutiérrez, como Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, para el Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Por la que comunica la integración del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, para el Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Cinco, por las que comunica la integración de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT, así como de sus coordinadores.

Por la que comunica la constitución de la Junta de Coordinación Política, que funcionará durante el ejercicio de la LXII Legislatura, e informa que el Senador Emilio Gamboa Patrón, fungirá como Presidente de la misma, durante el Primer Año de ejercicio.

Con la que remite el informe trimestral respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos, correspondiente al segundo periodo de 2012.

Con la que remite el informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al segundo trimestre de 2012, así como las observaciones de la Secretaría de Energía.

Con la que remite el informe estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo de enero-junio de 2012.

De la Secretaría de Gobernación

Oficio por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Josue Calva Romero, Ignacio Ruíz de León, Mario Reyes Jaramillo, y Martha Susana Rosales Morales, puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados generales en Monterrey, Nuevo León, y Ciudad Juárez, Chihuahua, e informa que los ciudadanos Luis Manuel Anett Serrano, Ernesto Rodríguez Ramírez y Armando Estrada Vigueria, han dejado de prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Cuatro, con los que remite el sexto informe de labores de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Seguridad Pública.

Dos, contestaciones a puntos de acuerdo aprobados en la Cámara de Diputados, durante la LXI Legislatura, relativos al “Acuerdo que tiene por objeto establecer las reglas conforme a las cuales se otorgarán facilidades migratorias a los visitantes locales guatemalteco”; y a “la rehabilitación de planteles escolares con retraso técnico”.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Oficio con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de julio de 2012, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente con el mes de julio de 2011.

Análisis del Sexto Informe de Gobierno, en materia de Política Interior y Política Social.

Iniciativas

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil y suscrita por el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 8 Bis y reforma los artículos 9° y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° y 4° de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los artículos 83, 84 y 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Población, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Turismo, de la Ley General de Cultura Física y Deporte y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona y suscrita por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40, 41 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 102 y 103 de la Ley del Seguro Social y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 28, 30 y 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención del Ejército y la Fuerza Pública Federal en el Municipio de Nezahualcóyotl y la Zona Oriente del estado de México por la presunta comisión de delitos de delincuencia organizada, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo en relación al Sindicato Mexicano de Electricistas, así como la creación de una Comisión Plural que aborde la problemática general y específica de la prestación del servicio público de energía eléctrica, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Energías Renovables, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Supervisión de los Servicios, Cobros y Patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Aduanas y Comercio Exterior, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Problemática Surgida de los Conflictos Mineros del País, a cargo del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial destinada a establecer una mesa de diálogo con el movimiento #yo soy 132 y la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Agenda política

Comentarios relativos a la Agenda Legislativa, a cargo del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter —que no a poner—, a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves seis de septiembre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos setenta y seis diputadas y diputados, a las once horas con seis minutos del jueves seis de septiembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

El Presidente informa a la Asamblea que todos los asuntos turnados durante la Sesión, se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las Comisiones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, relativa a las designaciones del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para integrar la representación del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. De enterado. Comuníquese.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Dieciséis oficios con los que remite el Sexto Informe de labores de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; de la Defensa Nacional; de Desarrollo Social; de Educación Pública; de Energía; de la Función Pública; de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; Marina; de Reforma Agraria; de Relaciones Exteriores; de Salud; de Trabajo y Previsión Social; y de Turismo. Así como de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y de la Procuraduría General de la República. De enterado. Distribúyanse a las diputadas y diputados.

• Con las que se remiten los informes:

– Del estado que guardan los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales. Se remite a las Comisiones de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

– De Labores dos mil once, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

• Por las que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:

– Paul Octavio Henric Chávez, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa, en la Ciudad de Chihuahua, con Circunscripción Consular en el Estado de Chihuahua.

– Luis Fernando Corona Alcalá, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Oriental del Uruguay, en la Ciudad de Guadalajara, con Circunscripción Consular en el Estado de Jalisco.

Se turnan a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

c) Se da cuenta con oficio del diputado Alejandro Sánchez Camacho, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el Vigésimo Primer Distrito Electoral, del Distrito Federal, a partir de esta fecha. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se da cuenta con el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el Calendario correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se da inicio al análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en materia de Política Económica. Para dar cumplimiento al punto tercero del Acuerdo correspondiente aprobado en la sesión del cuatro de septiembre. En la primera ronda intervienen los diputados: Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano;

El Presidente informa a la Asamblea, que se llevará a cabo un simulacro de sismo, y a las once horas con cincuenta y cuatro minutos se declara un

Receso

A las doce horas con trece minutos se reanuda la Sesión.

Se continúa con las intervenciones de los diputados: Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática; María Teresa Jiménez Esquivel, del Partido Acción Nacional; y Paulina Alejandra del Moral Vela, del Partido Revolucionario Institucional. En la Segunda Ronda intervienen los diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; Adolfo Orive Bellinger, del Partido del Trabajo; José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Carlos Augusto Morales López, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Anaya Cortés, del Partido Acción Nacional; y Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

De conformidad con lo que establece el artículo séptimo, numeral cinco, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta Sesión será remitida al Presidente de la República, para su conocimiento.

La Presidenta informa a la Asamblea que el ciudadano Hugo Sandoval Martínez, diputado federal suplente, electo en el Vigésimo Primer Distrito Electoral del Distrito Federal, se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones, designa una comisión para acompañarlo en el acto de rendir protesta de Ley y entra en funciones.

Se recibe Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura. Dado que se encuentra disponible en el monitor de las curules, en votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se da cuenta con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a responder por las afectaciones que causó el derrame de petróleo en las costas del Istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca. Se somete a discusión, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se reciben las siguientes iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

a) Mónica García de la Fuente, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

b) Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, a nombre propio y de los diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se concede el uso de la tribuna para presentar las siguientes iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

a) Alfonso Inzunza Montoya, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos veintiséis, treinta y dos Bis, y adiciona un artículo treinta y dos Ter, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

b) Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

c) Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente informa a la Asamblea que, a solicitud del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, su iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera enlistada en el Orden del Día, se pospone para la siguiente sesión.

d) Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cincuenta de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

e) Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

f) Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

g) Fernando Bribiesca Sahagún, a nombre propio y de los diputados integrantes de Nueva Alianza, que reforma los artículos setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ciento diecisiete de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Gobernación, para opinión.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

a) Ricardo Niño de Rivera Vela, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

b) Julio César Moreno Rivera, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un artículo cuatrocientos doce Bis al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

c) Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

d) Gerardo Villanueva Albarrán, a nombre propio y por el diputado Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo doscientos treinta y siete del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Se reciben las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

a) Fernando Jorge Castro Trenti, y suscrito por diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la importación del pescado conocido como “Panga”, así como la implementación de un programa de apoyo a los productores piscícolas del país. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

b) Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para la Evaluación y Productividad Legislativa y la Rendición de Cuentas de los Diputados. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

c) Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, relativo a los sucesos acontecidos en el estado de Tabasco. Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

d) Diputados integrantes de Nueva Alianza, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Conectividad Social. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

e) Carmen Lucia Pérez Camarena, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para la Niñez. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

f) Diputados integrantes de Nueva Alianza, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

g) Diputados integrantes de Nueva Alianza, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para Impulsar la Competitividad, Innovación y Desarrollo Regional. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes once de septiembre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con siete minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.

Se informa a la asamblea que todos los asuntos turnados a comisiones durante esta sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, hasta en tanto no se integren e instalen las comisiones.

Continúe la Secretaría.

CAMARA DE SENADORES

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada el pasado 29 de agosto, la Cámara de Senadores se declaró legalmente constituida para la Sexagésima Segunda Legislatura y eligió a la Mesa Directiva para el primer año de ejercicio.

Mesa Directiva

Presidente: Ernesto Javier Cordero Arroyo, PAN.

Vicepresidente: José Rosas Aispuro Torres, PAN.

Vicepresidente: Enrique Burgos García, PRI.

Vicepresidente: Luis Sánchez Jiménez, PRD.

Secretaria: Lilia Guadalupe Merodio Reza, PRI.

Secretaria: Rosa Adriana Díaz Lizama, PAN.

Secretaria: Iris Vianey Mendoza Mendoza, PRD.

Secretaria: María Elena Barrera Tapia, PVEM.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el siguiente

Acuerdo

Único.Se designa secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el primer año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura a la senadora Martha Palafox Gutiérrez.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó un acuerdo de la Mesa Directiva, con el siguiente resolutivo:

Único. Se designa presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez para el primer año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura al senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y como secretarios a los senadores Roberto Armando Albores Gleason, Alonso Lujambio y Ángel Benjamín Robles Montoya.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, ha quedado constituido el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, siendo su coordinador el senador Emilio Gamboa Patrón.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, ha quedado constituido el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, siendo su coordinador el senador Ernesto Javier Cordero Arroyo.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, han quedado constituido el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, siendo su coordinador el senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, ha quedado constituido el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, siendo su coordinador el senador Jorge Emilio González Martínez.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, ha quedado constituido el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, siendo su coordinador el senador Manuel Bartlett Díaz.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con los siguientes resolutivos:

Primero. Se constituye la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Senadores que funcionará durante el ejercicio de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. Son integrantes de la Junta de Coordinación Política para el primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, en los términos de los párrafos 1 y 5 del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes senadores:

Senador Emilio Gamboa Patrón

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Senador Ernesto Cordero Arroyo

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Senador Jorge Emilio González Martínez

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Senador Manuel Bartlett Díaz

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Senador Arturo Zamora Jiménez

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Senador Héctor Larios Córdova

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Tercero. Es presidente de la Junta de Coordinación Política para el primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, de la Cámara de Senadores, el senador Emilio Gamboa Patrón.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado.Continúe la Secretaría.

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibió oficio del Poder Ejecutivo federal con el que remite el informe trimestral respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos, correspondiente al segundo trimestre de 2012.

La Presidencia dispuso que copia de dicha documentación, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibió oficio del Poder Ejecutivo federal con el que remite el informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al segundo trimestre de 2012.

La Presidencia dispuso que copia de dicha documentación, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:3. «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió oficio del Poder Ejecutivo federal, con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, correspondiente al periodo enero-junio de 2012.

La Presidencia dispuso que copia de dicha documentación, misma que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número100.2012.DGE.0525, el C. Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, remite el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, correspondiente al periodo de enero-junio de 2012.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 27, fracción IV, de la Ley de Inversión Extranjera envío, para los fines procedentes, dos copias del oficio al que me he referido, así como dos juegos del anexo que en el mismo se menciona, a efecto de que por su amable conducto sean remitidos a las Cámaras del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 31 de agosto de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Como es de su conocimiento, de conformidad con el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Inversión Extranjera, se establece que es atribución del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras presentar un informe estadístico cuatrimestral sobre el comportamiento de la inversión extranjera en el país, que incluya los sectores económicos y las regiones en las que ésta se ubica.

Por lo anterior, me permito enviar a usted el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México durante el periodo enero-junio de 2012, para que por su amable conducto sea remitido al Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 28 de agosto de 2012.— Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica), director general de Enlace.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP-1200/12, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Josué Calva Romero.

Puesto: Agente de compras.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Ignacio Ruiz de León.

Puesto: Chofer en el Departamento de Seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Mario Reyes Jaramillo.

Puesto: Guardia en el Departamento de Seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Martha Susana Rosales Morales.

Puesto: Asistente de pasaportes y ciudadanía.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de los expedientes copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos donde solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Luis Manuel Anett Serrano.

Puesto: Chofer/bodeguero.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Ernesto Rodríguez Ramírez.

Puesto: Chofer/bodeguero.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Armando Estrada Vigueria.

Puesto: Chofer/bodeguero.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La solicitud de permiso, túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, comuníquese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

SECRETARIAS DE ESTADO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las comisiones de dicha Cámara.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Economía, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las comisiones de dicha Cámara.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito remitir a ustedes, 500 ejemplares del sexto informe de labores de la Secretaría de Seguridad Pública, cantidad equivalente a los ciudadanos Legisladores integrantes de ese Órgano Legislativo, y 70 ejemplares adicionales para las comisiones de dicha Cámara. Asimismo, se acompaña un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado. Distribúyanse a las diputadas y los diputados.

DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-5202 de fecha 13 de marzo último, signado por la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0371/12 suscrito por el licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a impulsar la construcción, reconstrucción y rehabilitación de planteles escolares.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.—Presente.

En atención al oficio número SEL/UEL/311/709/12, remito a usted similar numero AFSEDF/OGPPEE/1164/2012, suscrito por el licenciado Joaquín Francisco Guzmán López, director general de Planeación, Programación y Evaluación Educativa de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, por el que da respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del 13 de marzo de 2012, referente a la construcción, reconstrucción y rehabilitación de planteles escolares, particularmente en aquellos en que el retraso técnico de los trabajos afecta el desarrollo de las labores educativas y culturales en la delegación Tláhuac del Distrito Federal.

Atentamente

México, DF, a 6 de septiembre de 2012.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de Enlace con el honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez, administrador federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal y en atención a su similar UR120 UCE/CECU/0084/12, mediante el cual hace de nuestro conocimiento que mediante oficio SEL/UEL/311/709/12, la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en el cual solicita “a las autoridades educativas competentes y concurrentes, de acuerdo a la Ley General de Educación, y al Organismo Responsable de la Infraestructura Física Educativa, que en el ámbito de sus responsabilidades desarrollen todas las acciones necesarias para impulsar la construcción, reconstrucción y rehabilitación de planteles escolares, particularmente en aquellos en el que el retraso técnico de los trabajos afecta el desarrollo de las labores educativas y culturales en la delegación T1áhuac del Distrito Federal”.

Sobre el particular, hacemos de su conocimiento que los trabajos de rehabilitación y construcción de los planteles mencionados se llevan a cabo por parte del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, INIFED, con la supervisión del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del DF, ILIFEDF, presentando un importante avance. Esta Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, AFSEDF, da un puntual seguimiento a éstos en el marco de la Mesa Interinstitucional INIFED-ILIFEDF-AFSEDF, instalada para tal finalidad. Cabe mencionar que las clases del ciclo escolar 2012-2013, se imparten ya regularmente en aulas provisionales en lo que se concluyen las obras de reconstrucción respectivas (fecha estimada 15 de noviembre) a excepción de la escuela “Ricardo Flores Magón” que iniciará labores el 10 de septiembre en las aulas provisionales instaladas con este propósito. En todo este tiempo los alumnos han venido trabajando con el apoyo de guías educativas proporcionadas por el nivel respectivo.

En espera de que esta información le sea de utilidad, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de septiembre de 2012.— Licenciado Joaquín Francisco Guzmán López (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

VISA A NACIONALES DE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA, HONDURAS Y SALVADOR

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-3359, de fecha 25 de abril último, signado por el diputado Bonifacio Herrera Rivera, en ese momento vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPMAR/COORDAS/136/2012, suscrito por la ciudadana Natalia Calero Sánchez, coordinadora de asesores del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a eliminar el requisito de visa a los nacionales de las Repúblicas de Guatemala, de Honduras y de El Salvador, para internarse a territorio nacional.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo.— Presente.

Hago referencia al oficio número SEL/UEL/311/1160/12, de fecha 26 de abril de 2012, mediante el cual participa del punto de acuerdo aprobado por el pleno del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 25 de abril del presente año, el cual contiene dos exhortos realizados al Ejecutivo federal, con relación a las facilidades migratorias a los visitantes locales guatemaltecos y con relación al requisito de visa a nacionales de Guatemala, de Honduras y de El Salvador.

En razón a lo anterior, por instrucciones del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, el licenciado Gustavo Mohar Betancourt, adjunto al presente encontrará copia simple del oficio INM/DGRAM/4986/2012, de fecha 27 de agosto de 2012, signado por el director general de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración, por medio del cual se emite el correspondiente pronunciamiento.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Natalia Calero Sánchez (rúbrica), coordinadora de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.

Licenciada Natalia Calero Sánchez, coordinadora de asesores de la sbsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito hacer referencia a su oficio citado al rubro, a través del cual hace del conocimiento de este Instituto Nacional de Migración (INM) dos exhortos realizados al Ejecutivo federal: “Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a efecto de que amplíe el espacio de internación a todo el territorio de los estados fronterizos y de los beneficios contenidos en el ‘acuerdo que tiene por objeto establecer las reglas conforme a las cuales se otorgarán facilidades migratorias a los visitantes locales guatemaltecos’, publicado el 12 de marzo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. La Cámara de Diputados, en el ámbito de colaboración entre los Poderes de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Gobernación, realice un análisis de la vialidad y, en su caso, la conveniencia de eliminar el requisito de visa a los nacionales de las Repúblicas de Guatemala, de Honduras, y de El Salvador, para internarse a territorio nacional”.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Por lo que se refiere al primer punto del acuerdo, el segundo párrafo de la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración establece lo siguiente: “Mediante disposiciones de carácter administrativo, la Secretaría establecerá la vigencia de las autorizaciones y los municipios y entidades federativas que conforman las regiones fronterizas, para efecto del otorgamiento de la condición de estancia de visitante regional”.

En relación al segundo punto del acuerdo, el primer párrafo de la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración ordena autorizar “... al extranjero nacional o residente de los países vecinos para ingresar a las regiones fronterizas con derecho a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo deseen, sin que su permanencia exceda de tres días y sin permiso para recibir remuneración en el país”.

En virtud de lo anterior y en razón de que el referido artículo se encuentra en ‘vacatio legis’, hasta en tanto se publique el Reglamento de la Ley de Migración en el Diario Oficial de la Federación, no es posible emitir una respuesta sobre el particular.

Sin otro en particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de agosto de 2012.— Licenciado Antonio Ramírez Acevedo (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibió oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a julio de 2012; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas; información sobre la evolución de la recaudación para julio de 2012 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mismo mes del año en curso.

La Presidencia dispuso que copia de dicha documentación, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Senador José González Morfín, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a julio de 2012.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mismo mes de 2011.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para julio de 2012. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública a julio del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 30 de agosto de 2012.— José Antonio Meade Kuribreña (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

DIPUTADA MARIA ELVIA AMAYA ARAUJO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, esta Mesa Directiva participa a la asamblea del muy lamentable deceso de nuestra compañera diputada, María Elvia Amaya Araujo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, viniendo a esta Cámara representando al estado de Baja California.

A nombre de mis compañeros integrantes de la Mesa Directiva, nos permitimos enviar a su familia nuestras más sentidas condolencias.

Antes de otorgar el uso de la voz al coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, diputado Manlio Fabio Beltrones, le ruego a todos los presentes ponerse de pie y en su memoria guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

Se concede el uso de la tribuna al diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros diputados, familiares de nuestra amiga María Elvia, señoras y señores, para el Grupo Parlamentario del PRI en esta LXII Legislatura, es motivo de gran pesar el fallecimiento de nuestra compañera diputada María Elvia Amaya de Hank, acaecido el 8 de septiembre en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Los diputados y diputados que integran nuestra bancada enviamos un mensaje de solidaridad y afecto para su esposo Jorge, para sus hijos, para sus padres y hermanos y los demás integrantes de su familia; una gran familia a la que logró mantener unida y que hoy resienten su prematura partida.

María Elvia personificó la fortaleza que caracteriza a la mujer mexicana, pues tras su aparente fragilidad física se encontraba un espíritu y una voluntad de lucha a toda prueba, que fue capaz de superar obstáculos y construir, por su familia y por los demás, lo que ella sabía necesario; supo ganarse un gran aprecio y un profundo respeto, por su extraordinaria labor social y su ejemplo de entereza para enfrentar las adversidades.

Mujer estudiosa y preparada, profesional de la psicología, quiso poner su profesión y sus conocimientos al servicio de sus semejantes, particularmente de los menos favorecidos.

Recuerdo una tarea que no solo cumplió como presidenta del DIF, sino que prolongó hasta el día de su muerte a través de la fundación Por Ayudar, que ella dirigió con esmero; fue una mujer preocupada por las madres trabajadoras de la maquila en Tijuana, logró que se establecieran guarderías nocturnas, que son un ejemplo de innovación y una muestra de que las cosas se pueden hacer cuando hay voluntad y compromiso social.

Recordamos que impulsó también la construcción de centros de atención integral para más de dos mil familias, lo que sin duda contribuyó a mejorar la convivencia social, la seguridad y la tranquilidad de las familias de su región.

Su incursión en la política se dio de la mano de su interés por aportar su experiencia en el trabajo social y comunitario; a pesar de su minada salud, con esa convicción asumió su nueva responsabilidad como diputada federal. Nunca perdió el entusiasmo ni se dio por vencida y solo el agravamiento de su enfermedad y su fatal desenlace le impidieron participar más en esta Cámara.

Para nosotros como bancada, su desaparición física es una gran pérdida, como lo es para su familia y para la gente de Baja California, a la que nunca falló, con su enorme capacidad de trabajo, su entusiasmo y su compromiso social.

Es por eso que en esta ocasión agradecemos se rinda este homenaje y se le brinde este minuto de silencio y de recuerdo, como un modesto homenaje a la memoria de una mujer muy querida, una bajacaliforniana emprendedora y una mexicana comprometida con el futuro de su país. La vamos a extrañar, descanse en paz.

ANALISIS VI INFORME DE GOBIERNO - POLITICA INTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, iniciaremos a continuación el desahogo de nuestra obligación constitucional de analizar el VI Informe de Gobierno, en materia de política interior y política social.

De conformidad con el punto tercero del acuerdo aprobado en la sesión del 4 de septiembre, se procederá, en primer término, al análisis en materia de política interior.

Los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda a los siguientes ciudadanos diputados: a don Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; a don Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT; al señor diputado don Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; el Partido Verde nos enviará el nombre; a don Marcos Rosendo Medina Filigrana, del PRD; a doña Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Partido Acción Nacional, y don Alberto Curi Naime, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene el uso de la palabra el primero de los nombrados, don Luis Antonio González Roldán. Se recuerda a los oradores que tienen 10 minutos, y les rogamos el aprecio al tiempo, de tal suerte de desahogar esto en las mejores condiciones posibles.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de la Mesa. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, sin lugar a dudas México aspira a construir una nación en la que impere el Estado de derecho, su aplicación y todos sus efectos; que hombres y mujeres, sin importar edad, origen, ocupación o religión podamos convivir de manera pacífica; un Estado que proteja eficazmente los derechos humanos y promueva un desarrollo económico sustentable. Sin embargo, de manera alarmante debemos reconocer que en los últimos años esta aspiración ha sido abruptamente interrumpida por una falta de visión de Estado.

Establecer como imperativo categórico proteger a las mexicanas y a los mexicanos a través de la lucha contra el crimen organizado, como un eje toral para el cumplimiento del Estado de derecho, no tiene justificación cuando se deja al país en una situación de emergencia nacional, 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos, resultado que deviene en dudas razonables sobre la estrategia del gobierno federal, deudas que la ciudadanía y la historia juzgarán por encima de mosaicos megalómanos.

Máxime cuando esta estrategia solo ha buscado combatir un fragmento del crimen organizado, dejando de lado varios sectores que laceran desmedidamente y cada vez con mayor obstinación al pueblo de México. Tratan de justificar la estrategia contra el crimen organizado como un imperativo categórico.

Señoras y señores, es una falacia; el titular del Ejecutivo federal pretende asaltar nuestra inteligencia con su mensaje del VI Informe de Gobierno.

Un imperativo categórico debe estar relacionado con un fin ético, como la felicidad, traducida en un mayor bienestar para la mayoría. Pero de ninguna manera se puede considerar esta absurda lucha como un fin en sí mismo.

La manifiesta insatisfacción e impotencia que se observa en la sociedad mexicana es un hecho tangible y alarmante. Esta forma obstinada de la lucha contra el crimen organizado —y recalcamos—, únicamente contra un sector del crimen organizado, basado en un modelo policíaco y un enfoque de violencia criminal versus violencia estatal, ha provocado lo que se ha experimentado en varios estados de la República, donde se ha generado un estado de psicosis permanente y difícilmente reversible a la población.

Ante un compromiso tan fundamental con la nación mexicana, no se puede eludir responsabilidades ni tratar de culpar a los gobiernos estatales y municipales de las fallidas y trágicas secuelas de una estrategia, en la que no fueron considerados para su diseño e implementación y dicho sea de paso, respecto de la cual no se tiene o más bien no se quiere dar a conocer el documento que la sustenta.

Son los gobiernos estatales y municipales y su población quienes hoy resienten y padecen en carne propia las consecuencias de la violencia que ha traído esta fatídica estrategia y simplemente expreso que esto no es de la estatura de un jefe de Estado de la nación mexicana.

Formulo la siguiente pregunta, ¿de qué le sirve a las mexicanas y mexicanos saber que de 2006 a 2011 se sumaron 30 mil integrantes a la Policía Federal? No sirve de nada, esta Policía Federal ha quedado muy lejos de demostrar ser eficaz.

Pero también preguntémonos, ¿cómo salen a las calles? ¿Con qué insumos? ¿Con qué estrategia? Tenemos que reconocer que por ahora solo el Ejército y la Marina pueden y han dado la cara por los mexicanos en el combate contra el crimen organizado; sin embargo, a México le urge una policía de clase mundial, no olvidemos que se encuentra pendiente el planteamiento del mando único en los estados e incluso la posibilidad de desaparición de policías municipales. Este tema en la agenda legislativa no podrá omitirse.

Desde esta tribuna señalo que no es suficiente incrementar el número de policías, falta erradicar la corrupción al interior en estos cuerpos policíacos; capturar a los supuestos líderes de los grupos delictivos tampoco devuelve la seguridad y tranquilidad al pueblo de México, cuando es evidente que detrás de estos capturados hay decenas de criminales que se disputan esos espacios y estas fracturas al interior de esas células delictivas generan la multiplicación de las mismas.

Más policías, más detenidos, más encarcelados, no es un síntoma de mayor seguridad; por el contrario, muestra la fuerza y capacidad de acción y replicación del crimen organizado.

El sistema penitenciario es un claro ejemplo de esta situación, solo basta recordar lo sucedido en febrero de este año en el penal de Apodaca, Nuevo León, donde además de revelarse el problema tan grave de corrupción, murieron 44 personas.

Uno de los argumentos de la actual administración federal para justificar su estrategia fallida contra la delincuencia organizada fue el grave problema de impunidad; sin embargo, reportes de organismos internacionales de protección a los derechos humanos señalan que las serias deficiencias en el sistema judicial, en los mecanismos de supervisión y en los casos de violaciones a derechos humanos, la norma ha sido la impunidad.

Es vital aceptar que en el Estado de derecho la justicia no puede perseguirse a cualquier costo ni violando las normas del debido proceso legal; en los últimos 20 años se ha podido acreditar el incremento en los casos de tortura, trato inhumano o degradante, violaciones a los domicilios de las personas sin orden judicial, detención arbitraria, entre otras, y paradójicamente, los verdaderos criminales pueden ser puestos en libertad por éstas mismas razones. Este sexenio sin duda ha repuntado en violaciones a los derechos humanos.

A un año de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y del artículo 107 de la Constitución General de la República referente al amparo, hace falta la mayoría de las leyes reglamentarias, siendo la Ley de Amparo una de las carencias más importantes y apremiantes.

Compañeras y compañeros legisladores, hago un llamado a repuntar esfuerzos, los exhorto a impulsar una protección efectiva de los derechos humanos.

Con la finalidad de lograr un verdadero Estado de derecho, no bastan las buenas intenciones ni el voluntarismo político, menos aún la demagogia.

Entendamos que los derechos son el sistema de valores de la comunidad y que el Estado es responsable de ellos; esa responsabilidad no es pasiva, incuestionablemente implica  el ejercicio de acciones positivas por parte de las autoridades.

Sin duda la impunidad y la falta de certeza jurídica han llevado a una desconfianza generalizada, las y los ciudadanos dudan de sus instituciones; resulta más fácil confiar en lo que se publica en las redes sociales o en el rumor de los vecinos, a lo que la propia autoridad pueda afirmar o desmentir.

Esta desconfianza —tenemos que reconocerlo— no es espontánea, surge de una débil cultura de la legalidad; una cultura que no se construye a partir de foros o publicaciones, tampoco con programas impulsados por las entidades de la administración pública federal, requiere más que un simple esfuerzo burocrático o cifras para engrosar un informe de gobierno.

Una verdadera cultura de la legalidad surge de que se interioricen el gobernante y gobernados, el respeto a la ley.

En este proceso la sociedad mexicana debe regirse bajo un orden de libertad y participación activa y no mediante la imposición, por más que las normas se presenten como indispensables o legales; la imposición difícilmente tendrá valor alguno si las normas no son legítimas; solo con normas legítimas alcanzaremos la verdadera cultura de la legalidad y el respeto irrestricto a la misma.

Es evidente que las mexicanas y los mexicanos convergen en un reclamo: que en cada rincón del país se garantice su seguridad. No más violencia, no más sangre. Ese es el mandato que nos dio la ciudadanía en su participación en la pasada jornada electoral; es tiempo de responderles oportuna, completa y efectivamente.

Señoras y señores legisladores, un Estado de derecho es aquel que está facultado para hacer normas, pero al mismo tiempo está sujeto a la norma que hace. Ese debe de ser nuestro gran compromiso. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor diputado González Roldán. Tiene el uso de la voz don Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT, hasta por 10 minutos.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, con la presentación ante el Congreso de la Unión del último informe de gobierno de la administración de Felipe Calderón, prácticamente concluye ese gobierno; inició entrando por la puerta trasera de este honorable recinto y concluye igual que como inició.

El balance de los seis años de política interior, como en toda la administración, es negativo, nos quedan a deber. La elección presidencial no fue limpiamente ganada, fue comprada, aprovechándose de la necesidad de la gente. En democracia —y ésa es nuestra convicción— se gana o se pierde por un solo voto. El 1 de julio del 2012 ése no fue el caso.

Al interior del país enfrentamos una seria crisis derivada de la inseguridad; la colusión entre policías y delincuentes es simbiótica, no se sabe quién de ellos causa más daño a la ciudadanía, cuál de ellos es más corrupto.

En su afán de búsqueda de la legitimación, que no encontró en las urnas y que nunca obtuvo en su administración, sin diagnóstico ni análisis, según sus propias palabras, Calderón desplegó una guerra a la delincuencia organizada, que solo ha traído luto y desolación a miles de hogares mexicanos, a quienes con desdén les denomina: víctimas colaterales.

En tanto, las altísimas utilidades de la delincuencia organizada son blanqueadas en las tuberías del sistema financiero mexicano, contando con la anuencia u omisión de las autoridades hacendarias.

Calderón ofreció crear y promulgar la Ley de Víctimas, cuyo propósito es resarcir en parte muy mínima los daños ocasionados, y la respuesta fue vetarla.

Sin contar con sustento jurídico ni consultar a nadie, Calderón sacó a las calles al Ejército y a la Armada, militarizó al país, sin que los resultados en sentido positivo de esta política del combate al crimen se noten hoy.

Hoy más que nunca los derechos humanos se vulneran; ha existido negativa para dar cumplimiento pleno a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en los casos de Rosendo Radilla, del Campo Algodonero, de Valentina Rosendo, de Inés Fernández, de Teodoro Cabrera y de Rodolfo Montiel.

Tampoco se cumplió con eliminar el fuero militar; el artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar no ha sido modificado por el Poder Legislativo, no obstante que en la pasada legislatura se presentaron varias iniciativas para derogar el fuero militar; las dos fuerzas mayoritarias de la Cámara, PRI y PAN, en la Comisión de Justicia, jamás abordaron este asunto, con lo que dieron un voto en contra de la derogación.

En materia religiosa se ha dado un retroceso o se pretende dar un retroceso a la separación entre el Estado y la Iglesia que se tiene desde el siglo XIX, con las Leyes de Reforma; la reciente reforma al artículo 24 constitucional, que está en proceso de ratificación en las Legislaturas de los estados, carga los dados hacia una expresión religiosa que no es única en el país.

Prueba de que las disposiciones legales no se cumplen por la Secretaría de Gobernación es lo que acontece en el estado de Michoacán, donde la comunidad religiosa de Turicato, en los hechos, es un enclave religioso en el Estado mexicano, sin que se apliquen las disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Como resultado de la reciente publicación de la mal llamada reforma política, Felipe Calderón envió a esta soberanía, con el carácter de iniciativa preferente, una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo; sobre esta ley debemos decir que pretenden conculcar los derechos de los trabajadores a la estabilidad en el empleo, a un salario digno y remunerador, porque de ser aprobada dicha iniciativa el salario podrá pactarse en horas.

En apretada síntesis, la iniciativa reciclada del PAN y el PRI, y ahora por Calderón, pretende además hacer una práctica usual la contratación de personal fuera de los cauces usuales, la contratación por períodos de prueba y de capacitación inicial bajo condiciones inaceptables para que los trabajadores no acumulen antigüedad que den derecho a indemnizaciones, a la limitación del pago de salarios caídos por un año, cuando un empleado gane un juicio laboral por despido injustificado.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta contundentemente que no cejará en su compromiso de defender los intereses de los trabajadores; no convalidaremos ninguna regresión laboral.

El autodenominado presidente del empleo, en flagrante violación al texto constitucional, ha condenado a millones de mexicanos a la falta de generación de plazas de trabajo, al desempleo y al subempleo, a la informalidad y a no contar con un salario que satisfaga las necesidades de los ciudadanos y sus familias.

Ha dicho, en cuanto foro asiste, que en este sexenio se crearon 2.2 millones de empleo. No compara esta cifra con la demanda sexenal de 7.5 millones de plazas, integradas por un millón 250 personas que anualmente salen a la calle a buscar empleo, por lo que deja un deficiente de 5.3 millones de puestos de trabajo no creados, que debe adicionarse a los rezagos de anteriores sexenios del PRI y del PAN.

Tampoco ha hecho mención de que en este sexenio solo se ha cumplido el universo de derechohabientes en el Seguro Social con un millón 790 mil 643 ciudadanos, que resulta de comparar los afiliados en 2006, de 13 millones 965 mil 558 con los 15 millones 756 mil 206, de julio de 2012; comparando los 15 millones 756 mil 206 afiliados al Seguro Social con los 50 millones 900 mil personas que integran la población económicamente activa, resultan 35 millones 144 mil mexicanos que no tienen acceso a los beneficios de la institución.

Otros datos negativos lo constituyen los siguientes: la OCDE ha señalado que hay 7 millones 248 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, que los desempleados representan el 4.91 por ciento de la población económicamente activa; es decir, más de 2.5 millones de mexicanos que hay de 13.4 millones de empleos informales, a los que hay que adicionar a los ciudadanos que tuvieron que emigrar a los Estados Unidos de América por falta de oportunidades para trabajar en México.

Obviamente los datos citados desembocan en la pobreza, que alcanzan números escalofriantes; según el Coneval, en su último reporte sobre el tema, nos dice que en el país existen 4.3 millones en pobreza moderada, que hay 11.7 en pobreza extrema, que hacen un total de 52 millones de pobres; mexicanos con carencias sociales son 32.3 millones, y población vulnerable por ingresos son 6.5 millones. Sumadas estas últimas cantidades con los primeros hacen un gran total de 90.8 millones de pobres en el país. Los 21.8 millones restantes viven en el primer mundo.

En este tema, en los últimos cuatro años ha crecido en un 23 por ciento la población sin acceso a alimentos; el incremento de la inflación prevista de 3 por ciento para este año por Hacienda se elevó a un 4.57 por ciento, al mes de agosto de 2012.

La estrategia mediática que ha seguido Calderón, ha sido la de etiquetar recursos para la superación de la pobreza, ampliando las cantidades asignadas, supuestamente con aquel objetivo, sin percatarse que el problema no radica en presupuestar más —que siempre es bienvenido—, sino en crear condiciones para un mejor entorno que permita producir más, crear empleos bien remunerados, abatir el desempleo y disminuir la pobreza.

En los últimos seis años, Calderón, el presidente del empleo, en vez de generar empleos se encargó, con mucho éxito, por cierto, de crear más pobres y más desempleados.

En los últimos cinco sexenios de priistas y panistas, incluyendo el actual, nos han dicho que la pobreza está controlada y terminada en el discurso, pero la triste realidad nos ubica con aumentos en la cantidad de pobres, que a la fecha llegan a 90.8 millones de mexicanos.

La salud de los mexicanos fue una asignatura pendiente de esta administración, que como es natural pone en peligro a la población del país. Con bombo y platillo se publica que hemos alcanzado la cobertura universal, lo que resulta una falacia; el padrón de afiliados al Seguro Popular no es público, lo que redunda en que no es posible saber si las familias que reciben subsidio de la Secretaría de Salud en efecto tienen acceso formal y efectivo a los servicios.

En nuestro país la educación, la ciencia, tecnología, innovación y la cultura son temas que a las administraciones panistas les causa escozor; la gratuidad de la educación mandatada por la Carta Magna ha sido agraviada.

Para concluir, señor presidente. El Partido del Trabajo se pronuncia y lucha porque nuestro pueblo tenga mejores opciones de subsistencia, que coma mejor, que su educación sea más provechosa, que no sea tan pobre, que tenga más y mejores universidades, que tenga mayores accesos a la salud. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Escucharemos con atención y con el afecto que él sabe le profesamos, al señor diputado Alfonso Durazo Montaño. Tiene la palabra.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados, en el gobierno de Felipe Calderón, todo ha conspirado para que se ignore la realidad, y el documento que hoy glosamos forma parte contradictoriamente de ese propósito de desinformación.

Con una retórica de ocasión autocomplaciente y engañosa, el Ejecutivo remite un boletín sobre política interior, con una dosis de propaganda imposible de avalar.

Lo realmente relevante de esta glosa es que en términos políticos va más allá de la evaluación de un simple reporte de gobierno; ha iniciado en realidad, aún sin pretenderlo, el juicio sobre el PAN en el poder y su responsabilidad en el fracaso de la alternancia, ésa extraordinaria oportunidad para llevar a cabo una transición pacífica del autoritarismo a la democracia, que fue sepultada en dos sexenios de gobiernos panistas, con un evidente desastre.

Esa proeza se sustentó en razones históricas, la de la alternancia, pero también —debemos reconocerlo— en un partido de oposición, el PAN, que tenía un mérito veterano en la lucha cívica.

Pero sin bien Acción Nacional puso fin a una etapa política del país, fue incapaz de sentar las bases de la siguiente; la democratización de la lucha por el poder, el combate a la corrupción y finalmente el empleo —sus banderas más importantes—, fracasaron, y detrás de ese fracaso se encuentra la esperanza de un pueblo traicionado. La penalidad por esa traición al pueblo de México será para Acción Nacional una auténtica travesía por el desierto en busca de su identidad perdida.

Lo que vivimos en realidad en estos 12 años del PAN en el poder no fue una transición a la democracia, sino un tobogán político hacia la descomposición nacional.

Un México con la moral en trizas, una realidad sin paliativos y un gobierno a la defensiva, nos recuerdan que no hay en la historia civil de nuestro país ningún presidente que haya estado acompañado de tantas calamidades, como lo ha estado Calderón.

Hay que reconocer, sin embargo, que la gran mayoría de tales calamidades las padece por méritos propios.

No nos engañemos, no obstante lo que hayan dicho en esta tribuna algunos compañeros legisladores de Acción Nacional, México no está hoy mejor que antes. Pero más allá de juicios de valor, la realidad de la política interior del país se refleja en toda su crudeza en diversos indicadores internacionales, y a ellos quiero referirme un par de minutos.

Según la fundación Konrad Adenauer, de 2000 a 2011, la democracia mexicana obtuvo una calificación promedio de 5.9 sobre 10, 5.9 sobre 10; en derechos políticos y libertades cívicas, 4.2.

Según el reporte 2011 del Latinobarómetro, el 73 por ciento de los mexicanos no estamos satisfechos con el sistema de gobierno.

En el reporte de la Democracy Ranking Association, México bajó la calificación de su democracia, de 2007 a 2010, para ubicarse actualmente en el lugar número 53 de 104 países evaluados.

Vean ustedes nada más dónde andamos, por debajo de El Salvador, Trinidad y Tobago, Perú, Jamaica, Mongolia, Islas Mauricio y otros países.

Aquí viene tal vez el dato más relevante, que seguramente interesará a los legisladores del PRI y por supuesto, a los legisladores de Acción Nacional. Según Transparencia Internacional, México ha empeorado notablemente en materia de corrupción, especialmente de 2008 a 2010. Vean ustedes que el año 2000 el corruptísimo PRI dejó a nuestro país en el ranking número 53, en el lugar número 53 del ranking mundial, calificado por el Banco de México; el honestísimo PAN tiene al país, 10 o 12 años después, en el lugar número 100 del ranking de corrupción internacional.

El honestísimo PAN llevó al país a perder 43 lugares, 45 lugares en el ranking de corrupción internacional; compartimos esta desastrosa posición con Burkina Faso, que está un lugar antes que México, con el Egipto de Mubarak, que está también, el Egipto de Mubarak, que cayó en buena medida por los altos índices de corrupción, un lugar antes que México. Se encuentran también Benín, Gabón, Indonesia, Madagascar, Malawi, Surinam y Tanzania.

Llama, obviamente, la atención, que países como Suazilandia, Tonga, Albania, Zambia y Liberia tengan mejores calificaciones que México en este rubro.

Con semejantes datos, desde sociedades con patrones de transparencia y rendición de cuentas, más arraigados, podrían pensar, no sin razón, que nuestro país ha sido gobernado estos años por una banda de cleptómanos.

El indicador de gobernabilidad del Banco de México, para México, se ha venido cayendo, hasta registrar para el periodo 2006-2010 el peor desempeño de la década. Destaca especialmente la dimensión relacionada con estabilidad política y ausencia de violencia que se encuentra en números rojos, ubicados muy cerca de los índices de países africanos en situación de guerra civil.

En cuanto a los grados de libertad y derechos civiles, para Freedom House México es un país parcialmente libre, para Press Freedom se encuentra en una situación difícil, y para Democracy Index es una democracia defectuosa.

El gobierno de Calderón nos recuerda los costos de un triunfo político construido sobre un fraude electoral. Ese hecho convirtió tempranamente a Calderón, en una maldición sexenal para nuestro país; un gobierno acosado por la sospecha de ilegitimidad no puede ser democráticamente eficaz ni construir unidad.

Calderón deja como saldo un Estado fragmentado, en el que cada grupo de poder político y económico se ha llevado su retazo; deja un país cercado por conflictos en la vanguardia y en la retaguardia, buena parte de ellos creados por su propia inhabilidad; deja un país en cuyo corazón late la desesperanza y cada día lamentablemente es más triste que la anterior.

Como buen representante de una derecha esquemática cree que la fuerza lo resuelve todo, pero no podemos sustentar la eficacia de la lucha contra el crimen organizado en la ausencia de límites a la acción policiaca o militar.

Parece que lo único que ha logrado Calderón, con su estrategia anticrimen, ha sido desorganizar al crimen organizado, pues ahora el problema del crimen desorganizado es aún mayor que el crimen organizado.

Las bondades del régimen federal se convirtieron durante su gobierno en trincheras de un nuevo caciquismo, dominado por una actitud partidista que lo inhabilita para mediar los intereses políticos; se ha convertido en el principal impulsor del sectarismo y de luchas facciosas, con sus recelos políticos históricos, particularmente contra la izquierda, no descansan. Ése es el balance del gobierno de Calderón, un lamentable fracaso.

No podemos salvar a su gobierno de la trastienda de la historia —termino ya, señor presidente—, por haber construido miles de kilómetros; millones que hubiese construido no alcanzarían para saldar su responsabilidad.

Decía finalmente Juárez, que es dado al hombre algunas veces hacer que las más altas virtudes parezcan crímenes y a sus propios vicios darles el lustre de la verdadera virtud. Ésa es hoy la coyuntura de México, el elevamiento del vicio y el desprestigio de la virtud. Ése es el resultado del proceso electoral en la elección presidencial del pasado julio.

Sobre esta paradoja, instituciones, poderes fácticos y medios de comunicación han tendido un manto de legalidad, que es siempre forma, pero no han podido ni podrán darle legitimidad a su imposición atropellada.

Por último, por congruencia con nosotros mismos y con esos electores que hicieron posible que arribáramos a esta Cámara, con su voto a favor del proyecto de cambio verdadero, que encabezó Andrés Manuel López Obrador, los diputados miembros de la fracción de Movimiento Ciudadano nos unimos a la decisión colectiva de desconocer políticamente el supuesto triunfo de Peña Nieto. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Ximena Martel, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Laura Ximena Martel Cantú: Con su venia, señor presidente. Compañeros legisladores, asistimos al ejercicio del mandato constitucional que nos faculta para analizar el informe presidencial en una coyuntura propicia para una reflexión panorámica de la política interna en el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Los resultados entregados develan una deuda considerable del actual gobierno con la sociedad. Esto no es necesariamente por falta de interés, tampoco por falta de recursos disponibles, pero sin duda sí es producto de una deficiente capacidad operativa para generar acuerdos, para acercarse con fuerzas políticas diversas y para delinear políticas públicas efectivas para satisfacer las necesidades de la sociedad.

El orden, la clasificación y la extensión de la información presentada, así como el énfasis que hizo el presidente en su mensaje, deja la impresión de encontrarnos más ante una nueva apología de las decisiones en materia de combate a la delincuencia organizada, que con un informe de gobierno —subrayo— de final de sexenio.

Sin duda el tema de la seguridad pública es un componente fundamental cuando hablamos de la vigencia del Estado de derecho y de las condiciones para la gobernabilidad democrática; sin embargo, no se trata solo de un yerro argumentativo, es la evidencia de un sesgo conceptual que permeó a lo largo de este gobierno con graves consecuencias sobre las cuales se ha discutido ampliamente.

La vigilancia estricta del cumplimiento de los preceptos constitucionales, especialmente en lo relativo a las garantías individuales, a las relaciones con los otros dos Poderes y niveles de gobierno, con los partidos políticos, con las organizaciones sociales, junto a la primordial tarea de contribuir a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones democráticas, podemos afirmar que son asignaturas pendientes, no solo en el informe, sino también en los hechos; la realidad del país sigue dando mucho de qué hablar.

El informe incluye un capítulo extenso donde se intenta demostrar, con un largo cuadro de nombres de personas detenidas, la eficacia de la política de seguridad pública; sin embargo, a seis años de implementada la estrategia, es claro que los pretendidos avances no se reflejan en la sociedad, la violencia no cesa y las familias mexicanas tampoco viven con tranquilidad.

Materia fundamental para el desarrollo de la nación es la transparencia en todos los órganos de gobierno. Según el último índice de percepción de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, en donde se evalúa a 183 países, con una escala de cero a 10, entendiéndose que cero equivale a sumamente corrupto, México comparte la posición número 100 junto con Benín, Burkina Faso, Gabón y otros seis países africanos, así como Indonesia y Argentina, con una calificación de tres puntos; si se compara con los países que integran el G20, México se ubica en la posición 16 de los 19 países evaluados. Entre los países de la OCDE México ocupa el último lugar; posición 34 de 34 países evaluados.

¿Qué decir de las evaluaciones en la percepción de confianza ciudadana? En general —desde hace al menos cuatro años—, la confianza en todas las instituciones evaluadas ha disminuido considerablemente.

En un artículo publicado en febrero del año pasado, por la revista Nexos, se presentaron interesantes conclusiones de una investigación a cargo de Guido Lara y Manuel Rodríguez Woog, las cuales subrayan que entre los mexicanos predomina un profundo individualismo. No hay un sueño común o una visión solidaria que vincule los destinos individuales. Se perfila un ciudadano que desconfía profundamente del Estado, de sus instituciones y de sus élites dirigentes. Que mira al país con un acusado sentido crítico.

El 70 por ciento de los mexicanos cree que no le ha tocado nada de la riqueza del país y existe una predominante percepción de que el déficit más importante en términos del progreso de México y de los mexicanos es la falta de un buen gobierno.

La corrupción, que no solo son las dádivas indebidas, son omisiones, ejercicio inadecuado de la función pública, negligencia y permisividad ante la ilegalidad, son conductas inaceptables que resultan onerosas para el país.

Según el Consejo Coordinador Empresarial, el costo anual de la corrupción en México representa el doble de las ganancias que obtiene el crimen organizado, y es superior a los dividendos que el país capta como producto de la extracción de petróleo crudo y gas cada año, representando el 10 por ciento del producto interno bruto.

En este sexenio, muchas de las dependencias de primer nivel de la administración pública federal estuvieron mezcladas en algún escándalo de corrupción, basta mencionar el caso de la Estela de Luz. Pero más grave aún, la corrupción ha costado vidas humanas, ¿cómo no recordar los trágicos casos de la guardería ABC, del casino Royale y de Pasta de Conchos?

Si hablamos de corrupción y opacidad, lamentablemente pocas cosas nos pueden sorprender a los mexicanos; el secuestro de la moral pública ha sido el sello característico de este sexenio.

Como bien ha señalado Robert Dale, la mayoría de los problemas fundamentales de un país no pueden resolverse mediante el diseño constitucional, se requiere también de un buen gobierno, de un gobierno efectivo y eficiente. Y añadiría lo que dijera Karl Popper: los problemas más importantes y más difíciles de la democracia son de orden moral.

Este recuento, evidentemente, refiere una serie de asignaturas inacabadas; sin embargo, en este momento tenemos la oportunidad de contribuir a sentar las bases de una nueva etapa, cuya impronta sean los atributos de un buen gobierno.

Por ello, desde esta tribuna recibimos con beneplácito la decisión del presidente electo, Enrique Peña Nieto, de proponer entre las prioridades de su gobierno la atención al problema de la corrupción, planteamiento que es congruente con una comprensión profunda de los grandes problemas de nuestro país, que revela sensibilidad y visión de Estado.

El próximo sexenio debe de caracterizarse por la transparencia y la rendición de cuentas; la sociedad lo clama y los legisladores no podemos ser omisos ante esta realidad.

Señores legisladores, a esta Legislatura corresponde la enorme responsabilidad de estar a la altura de la demanda social, de asumir con decisión, visión y un claro compromiso con la ciudadanía, el desafío de afrontar y resolver este problema.

Nos toca a nosotros, como lo señaló un destacado político español,  pasar de la ética de los principios a la ética de las responsabilidades, y recuperar de una vez por todas, el papel rector que le corresponde al Estado.

Eficacia, legitimidad, estabilidad y transparencia, en el ejercicio del poder político, son componentes básicos de la gobernabilidad.

Construir confianza, a partir de la transparencia, la rendición de cuentas y de incentivos para el ejercicio público con honradez, así como programas que inhiban conductas que atenten contra el mismo, son tareas necesarias para la consolidación de un proyecto común, solidario y colaborativo.

Todo ello resulta indispensable para el pleno ejercicio democrático, el buen gobierno y el desarrollo.

Ese es el tamaño de nuestro reto. Los invito a trabajar unidos, a conjuntar esfuerzos, a no repetir la historia de la repartición de culpas, a construir una historia de éxito, como corresponsables en la edificación del país que todos anhelamos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz nuestra apreciable compañera diputada Martha Lucía Mícher Camarena.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena:Gracias, señor presidente. Me permito presentar ante ustedes la portada del VI Informe de Gobierno, del gobierno federal, de Felipe Calderón. Esto es humillante.

En este informe se muestra en esta portada una fotografía en la que aparecen elementos de la Policía Federal, de la Marina y del Ejército mexicano, lo que seguramente pretende representar que el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad es uno de los mayores logros de esta administración.

Como refiere el propio informe: ha sido una decisión legal y ética, cuyo objetivo es recobrar la tranquilidad de los mexicanos. Así lo dice y no es un error gramatical, es literal. No incluye a las mexicanas.

El informe relata la estrategia nacional de seguridad y una serie de acciones, reformas, decretos y cuentas alegres, que proyectan un panorama, que desde la perspectiva de la izquierda no compartimos por una sencilla razón, porque al ser contrastadas con la terrible realidad que vive el país resultan ser falacias y discriminatorias, y peor aún, con ceguera de género.

A casi seis años del inicio de la lucha contra el narcotráfico parece ser que no hay resultados con los que este gobierno pueda realmente presumir; en esta administración se han gastado sumas multimillonarias nunca antes vista en seguridad, gasto desmedido que inició con su antecesor el ex presidente y ex panista Vicente Fox.

Así, en los dos gobiernos de falsa alternancia, la seguridad se incrementó de 20 mil millones de pesos en el 2000 a 192 mil millones de pesos en el 2012, lo cual es muy superior a los presupuestos de salud y de desarrollo social juntos.

Este informe resalta que el 96 por ciento de este gasto millonario está destinado a combatir solo el 6 por ciento de los delitos, que son los del fuero federal. O sea que para combatir el 94 por ciento, los correspondientes al fuero común, queda solo el 4 por ciento.

La inversión millonaria que se ha hecho en este sexenio en materia de seguridad está muy lejos de contribuir a la paz y a la tranquilidad de las mexicanas y los mexicanos, y en su agonizante gestión deja un legado, en promedio, de 70 mil vidas de seres humanos, que el gobierno desafortunadamente le ha llamado daños colaterales.

Lo anterior no es para extrañarse, porque éste es el sello de esta administración: creciente asignación de recursos a una guerra que ha sido incapaz e ineficiente.

Pero voy a decir también que una muestra de esto es la negativa del Ejecutivo federal de publicar una Ley General de Víctimas, impulsada desde la sociedad civil y aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión.

Redactado en un lenguaje excluyente y discriminatorio y con cifras un poco dudosas, en el apartado de Estado de derecho y de seguridad, las mujeres hemos sido invisibilizadas; no hay una sola mención de las más de tres mil 200 desaparecidas en solo nueve estados ni da cuenta del 42.1 por ciento de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia ni las aproximadamente cuatro mil 919 mujeres y niñas que han sido víctimas de feminicidio u homicidio doloso en este sexenio.

La violencia feminicida ha aumentado ante la exclusión y discriminación que viven las mujeres mexicanas, agravada por la presencia de grupos armados oficiales y no oficiales.

En la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia no se ha autorizado ni investigado lo que marca la ley de las tres solicitudes de alerta por violencia de género, que expertas del movimiento de mujeres han solicitado y que además están previstas en la ley.

Pero tampoco se cuenta con el diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y es incompleto el funcionamiento del banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, que en esta Cámara aprobamos por unanimidad todos los partidos para que se llevara a cabo.

Son pocos los temas que este informe refiere en cuanto a la protección de la vida, de la integridad, de la seguridad, de la dignidad de las mujeres y son abordados de manera muy superficial, sin aportar datos que permitan identificar avances concretos en materia de prevención y atención de las violencias y no se refleja una política pública integral e interinstitucional tendiente a erradicar la violencia de género.

Se limita a mencionar la Fevimtra, sin esclarecer qué tipo de atención se ha brindado a 16 mil niñas y niños víctimas de trata ni las acciones emprendidas para transformar las condiciones de impunidad y corrupción, que han permitido que cerca de 12 millones de personas —según cifras del Inegi— sean víctimas de este grave delito.

Pero además, el contexto de la guerra contra el tráfico, la prostitución y la explotación sexual comercial se han incrementado; el crimen organizado ha encontrado en la venta y renta de los cuerpos de las mujeres y de las niñas, una manera de diversificar y aumentar sus ganancias.

Ante esto el gobierno mexicano no ha representado ninguna garantía de seguridad para las mujeres, sino por el contrario, la actuación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ha representado un mayor peligro, pues de acuerdo a la documentación de las organizaciones de la sociedad civil, en las zonas donde se han desplegado los operativos conjuntos de seguridad, la trata de personas, la oferta de prostitución y las violaciones sexuales se han incrementado exponencialmente.

Por eso, es urgente investigar las nuevas formas de trata de mujeres, a las niñas que se han detectado en mismas, que no se reflejan en este informe.

Los grupos del crimen organizado levantan, enganchan, engañan para usar a las mujeres como halconas, como sicarias, como mulas o como esclavas sexuales de los jefes de plaza, y cuando las mujeres dejan de serles útiles a estos grupos son simplemente privadas de la vida y sus rostros son desfigurados para hacer más difícil su identificación.

Por eso, en relación a las mujeres migrantes que transitan y se encuentran en nuestro país, el gobierno no se dio a la tarea siquiera de desagregar por sexo la información, la poca información y señala muy superficialmente el número de personas migrantes a las que se ha brindado algún tipo de apoyo. Esto se ha agravado, baste escuchar los relatos de una mujer joven, pobre, indígena, sin saber el idioma y además sin tener los documentos y que viva violencia en la frontera con Estados Unidos de América.

Es lamentable que estos hechos denigrantes no le merezcan al titular del Ejecutivo ni una sola línea en las 786 páginas del informe.

Pero eso no es nada, ante Naciones Unidas México tuvo que haber ido desde el 2006 a dar el informe ante el Comité de la CEDAW y ahí este Comité, que había emitido 20 recomendaciones, ahora hace aproximadamente mes y medio emitió 52 recomendaciones al Estado mexicano.

No se debe olvidar estas recomendaciones, porque debemos ampliar una estrategia que incluya el acceso efectivo al ejercicio de los derechos.

Pero bueno, este país ha sido testigo de una oleada de reformas a las constituciones locales de varios estados para proteger la vida desde el momento de la concepción, y esa fue una recomendación que recibió el Estado para armonizar, no para criminalizar a las mujeres en este país que hubiesen decidido su maternidad libre y voluntaria, gozosa y deseosa, como lo marca el artículo 4o. constitucional, y dan muestra de ello las mujeres que están siendo encarceladas en todo el país.

Por eso esto agravia nuestros derechos, porque por los mismos derechos, que son universales, somos tratadas de manera distinta, dependiendo del estado donde hagamos la denuncia o del estado donde hayamos nacido.

Pero no deja, no da muestra ni de Campo Algodonero ni de Inés Fernández ni de los casos de Valentina Rosendo, que por su recomendación son obligatorias, siendo un reflejo de la política de simulación, en materia de derechos humanos de las mujeres.

Por eso, esta estrategia de respeto irrestricto de los derechos humanos es una falsedad, porque da cuenta del profundo agravio a la libertad de expresión; a 30 periodistas se les ha privado de la vida, de los cuales 13 son mujeres, y por lo menos 100 han denunciado alguna agresión relacionada con su labor profesional.

Pero no, ésta es peccata minuta y ahora se ha considerado a México el quinto lugar más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo, de acuerdo a Naciones Unidas.

Tenemos muchos datos, pero hay que hablar también de las defensoras de los derechos humanos; tenemos registrados 11 asesinatos de mujeres defensoras y ninguno de estos casos ha sido esclarecido, están en manos de la PGR, como son los asesinatos de la defensora Bety Cariño y la activista de origen finlandés, Jiry Jaakkola.

Voy a dar fin a mi intervención, simplemente diciendo que, retomando esta portada del informe, con la cual el gobierno pretende presentar su administración, desde esta tribuna debemos decirle al gobierno que ha fallado, que las acciones realizadas durante esta administración en materia de seguridad pública son un absoluto fracaso; la seguridad no es nada más la policía; la seguridad tiene que ver con nuestra vida, con nuestra seguridad, con la calle, con la casa.

La seguridad tiene que ver con las mujeres también; por ello, si bien hay acciones en materia policial, si bien hay acciones en materia penitenciaria, éstas fueran impulsadas por el Congreso, no por el Ejecutivo.

Termino, señor presidente. La obligación del Estado para garantizar las libertades y los derechos fundamentales no puede ser representada por una imagen que en la realidad solo ha representado más violencia, más inseguridad y más impunidad.

En este país no habrá seguridad, justicia y Estado de derecho, mientras más de la mitad de la población esté en riesgo de ser desaparecida, asesinada y violentada por los grupos de crimen organizado y por aquellos que posan para la foto y mismos que promueven desde el Estado el que vivamos todas y todos una cultura del miedo. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Malú Mícher.

Esta Presidencia recibe con un enorme afecto a don Fernando Cruz Pérez, presidente municipal de Chilón, Chiapas y demás representantes de diversas comunidades, invitados por su diputada doña Lourdes López Moreno. Sean ustedes bienvenidos a esta casa de la representación nacional.

Tiene el uso de la tribuna doña Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Partido Acción Nacional.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos:Con su venia, presidente. Diputadas y diputados, el análisis que hoy realizamos no podría llevarse a cabo sin antes reconocer el enorme esfuerzo que la actual administración ha hecho para combatir de manera frontal, sin titubeos y con miras muy claras el grave problema de inseguridad que ha azotado al país en los últimos años.

Desde el primer día de gobierno, el presidente Calderón, identificó el profundo rezago en materia de seguridad pública en el país, que había minado la calidad de vida de los mexicanos y que tenía un impacto directo en el desarrollo nacional.

Mucho se ha comentado sobre la falta de un diagnóstico serio para combatir al crimen organizado. Nada más falso que eso, la situación actual es el resultado de una serie de factores acumulados a lo largo de décadas; fue justamente bajo el largo dominio del PRI que la corrupción y la tolerancia, las actividades de los narcotraficantes incubó la serie de desafíos en materia de seguridad, que hoy enfrentamos con decisión y con valor; la debilidad de las instituciones de seguridad y justicia, especialmente en el ámbito local, aunado a leyes obsoletas y tomando en cuenta la existencia de muchos cuerpos policiales mal pagados y mal equipados, sin esquemas de coordinación entre sí, y muchas de estas corporaciones amedrentadas o cooptadas por los delincuentes.

La estrategia nacional de seguridad pública, implementada por el gobierno federal, consta de tres elementos: contención y debilitamiento de las organizaciones criminales, transformación legal e institucional de las autoridades de la procuración de justicia y la seguridad, y sobre todo, lo más importante, la reconstrucción del tejido social.

En pocas palabras, era un asunto que nadie quería enfrentar. Había que poner un hasta aquí, poner un límite a las bandas del crimen. Las instituciones son para el servicio de los mexicanos, no para el servicio de los criminales.

La capacitación, profesionalización y dignificación de cada miembro de la policía ha sido altamente impulsada por el gobierno federal. Esta administración dejará corporaciones federales con personal evaluado y confiable.

Nunca antes como ahora se había consolidado una fuerza civil de seguridad, que cuenta con más de 36 mil elementos de la Policía Federal y permanece el reto de reproducir logros similares en las corporaciones policiales locales.

El desarrollo de acciones integrales para la reconstrucción del tejido social ha permitido, en lo que va de la administración, recuperar más de cinco mil espacios públicos, parques, plazas y otros puntos que estaban en manos de la delincuencia.

Como ejemplo de lo anterior, dentro de la estrategia Todos Somos Juárez se implementó el mayor apoyo en programas sociales y de infraestructura que ha tenido Juárez en su historia; se llevaron a cabo obras como centros comunitarios, estancias infantiles, infraestructura de obras, el centro deportivo Villas de Salvarcar, lo cual fue posible gracias a la intensa participación de la ciudadanía.

Actualmente se han reducido en un 77 por ciento los homicidios en esta ciudad fronteriza, pero solo será a través de la reconstrucción del tejido social y de tener corporaciones honestas, que podremos recuperar los espacios de paz en México.

Mucho se ha dicho que el presidente Calderón se olvidó de la prevención del delito. Esto es falso, claramente se ha puesto énfasis en la prevención del delito como un punto clave para fortalecer el tejido social, con acciones específicas, como el programa de Escuela Segura, la recuperación de espacios públicos y la instalación de Centros Nueva Vida para la detección temprana de adicciones.

También hay que recordar que toda la política en materia de desarrollo social es política de prevención; en ese sentido los logros son muchos: la cobertura del Seguro Popular, la cobertura al 100 por ciento en educación primaria, el programa de becas más ambicioso de toda la historia de nuestro país, el programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, solo por citar algunos.

El gobierno de la República ha orientado sus esfuerzos en la cultura cívica y el apego a la legalidad, fomentando la cohesión social.

El compromiso del gobierno federal con las autoridades locales explica la transferencia de recursos para acciones de prevención del delito, procuración de justicia y seguridad pública, a través de diversos programas, como el Subsemun y otros, por cerca de 17 mil millones de pesos, solo en 2012.

Por otro lado, en Acción Nacional hacemos un reconocimiento a la labor que han llevado a cabo nuestras Fuerzas Armadas; el compromiso insoslayable por defender, con su vida, la seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.

Es indudable que tenemos logros importantísimos en este sexenio, sobre todo en aquellas acciones para alcanzar un Estado de derecho; como ejemplo, la reforma penal, la reforma en materia de derechos humanos, las víctimas del delito se ven hoy visibilizadas con la creación de la procuración social de atención a víctimas del delito, la Ley Federal de Extinción de Dominio. Nuestros hijos se ven favorecidos con leyes como ésta, como la Ley de Trata de Personas, la Ley de Secuestro, así como el avance importantísimo que constituye la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Señoras y señores legisladores, al comenzar el nuevo siglo México sufría la reproducción del crimen común en delincuencia organizada; por eso era necesario tomar decisiones firmes y valientes.

Sin duda, nuestro presidente, Felipe Calderón, actuó como un hombre de Estado para dar la cara por México ante el poderío de los criminales.

En muchas situaciones hemos tenido que ser nosotros los que hemos asumido la responsabilidad con México. Ha sido lamentable la forma en que otros le han regateado al país las reformas que requiere para su desarrollo; le regatearon tanto a México, tanto le han regateado al país, que hoy carecen de autoridad moral para quererlo transformar.

Vamos a tener que ser —de nueva cuenta— también nosotros quienes sigamos impulsando los cambios que la nación demanda; debemos aprobar leyes y reformas pendientes en el Congreso, como la del mando único policial, la Ley contra el Lavado de Dinero, la de Procedimientos Penales, y muchas otras.

Promoveremos reformas que permitan mayor rendición de cuentas y transparencia. No es posible que tengamos entidades federativas con subejercicios en recursos de seguridad y además reporten un alarmante endeudamiento público. Seguiremos avanzando para que las necesidades ciudadanas sean congruentes con la actuación gubernamental.

No olvidaremos los casos que llenaron de indignación a la sociedad, de políticos vinculados directamente con el narco. Ahí están expedientes de ex gobernadores, la mayoría emanados del PRI, que por falta de una legislación adecuada siguen en la impunidad. Solo casos tan evidentes, como el de Yarrington, concluyeron con órdenes de aprehensión, pero hay muchos otros que llenan de vergüenza y desalientan a la sociedad.

Señoras legisladoras y señores legisladores, son muchas las acciones que se han llevado a cabo; seguiremos impulsando una estrategia de seguridad vinculada a la recomposición del tejido social, una estrategia de seguridad que no pacte con criminales.

Se ha dicho en esta tribuna: seremos inflexibles a la lucha contra el crimen. Basta de regateo y mezquindades, es el momento de concretar los acuerdos políticos, sin sesgos partidistas ni visiones arrogantes y totalitarias.

En Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso por dotar al Estado de los instrumentos que permitan a la sociedad gozar de tranquilidad en cada hogar; el país con el que soñamos y por el cual trabajamos requiere compromisos de todos y cada uno de nosotros. Queremos un país en el cual no pueda ni deba negociarse con criminales.

Seguiremos trabajando para alcanzar la paz, el respeto a la dignidad humana, la garantía en el ejercicio de los derechos y libertades, y la justicia que todos queremos.

El país con el que soñamos y por el cual trabajamos requiere compromiso y responsabilidad de todos en lo que a cada uno corresponde; se requiere el compromiso de todos los actores políticos y sociales, de la participación conjunta, sociedad y gobierno, y lo más importante, del compromiso de quienes sustentamos el cargo de legisladores.

En una alta responsabilidad como ésta, quien no hace lo que debe, aun a pesar de sí mismo, es un auténtico simulador de la patria. Será la historia quien coloque a cada quien en su lugar. Es cuanto, presidente.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último, tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Curi Naime, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Alberto Curi Naime: Gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante, diputado.

El diputado Alberto Curi Naime: Compañeras diputadas, compañeros diputados, la rendición de cuentas es un ejercicio plenamente democrático y una obligación de quienes somos portadores de la representación ciudadana.

En el Partido Revolucionario Institucional sabemos que el diálogo y la colaboración entre Poderes vigorizan nuestra democracia y generan adecuadas sinergias institucionales. Con esa convicción, en el marco de respeto a nuestro orden constitucional participamos en este análisis del VI Informe de Gobierno, presentado por el Ejecutivo federal.

En el ámbito de la política interior quiero señalar, en primer término, que aun cuando en diversos rubros se expresan logros y avances, estos pierden su peso relativo frente al estancamiento, los retrocesos y las omisiones que la actual realidad de México refleja: el estado que guarda la nación no es satisfactorio. En los últimos años se han agravado diversos problemas nacionales y han surgido otros más, la vida cotidiana de millones de mexicanos transcurre hoy entre el temor, el desaliento y la incertidumbre, hecho que no puede atribuirse solo a la fatalidad, sino principalmente a una gestión poco eficiente y transparente de las instituciones públicas.

Si bien el gobierno consiguió evitar que los efectos de la crisis económica se profundizaran más, no pudo lograr que el conjunto de la sociedad llegara —como dice su eslogan— a Vivir Mejor.

Efectivamente, había que cuidar la estabilidad macroeconómica, pero también se requería sentar las bases para un crecimiento justo, sostenido y verdaderamente generador de bienestar para todos.

El acceso a la salud, a la educación o a la alimentación, aun cuando fue insuficiente, quizá mitigó parcialmente el deterioro de la calidad de vida, pero no contuvo la pérdida de la capacidad adquisitiva de los mexicanos ni impidió la desigualdad social y que ésta se incrementara; la lucha contra la pobreza se perdió en el sexenio que termina.

Por otro lado, la debilidad del Estado mexicano frente al embate del crimen, en todas sus expresiones, fue manifiesta: la inseguridad, la deficiente procuración de justicia, la desigualdad, la corrupción y la impunidad se erigieron como los problemas más graves del país, poniendo en riesgo, incluso, nuestra propia gobernabilidad.

En estos seis años no tuvimos un gobierno funcional y moderno que diera respuesta efectiva a las necesidades ciudadanas, pues carente de una visión estratégica renunció a erigirse como generador y articulador de políticas públicas eficaces, configurándose —más bien— como un gobierno obeso, sin rumbo y con escasos resultados.

La sobrerregulación, la burocracia excesiva y la corrupción disminuyeron sustancialmente la confianza de los ciudadanos en sus instituciones; casi la mitad de los mexicanos desconfían de las estrategias de combate a la corrupción, 60 por ciento piensa que no se combatió con efectividad.

En este periodo México no pudo tampoco consolidar un sistema política que respondiera a las exigencias de la sociedad del siglo XXI, debido en buena medida a la falta de capacidad del Ejecutivo federal para lograr los consensos necesarios, a fin de concretar las reformas constitucionales y legales más importantes para el país. Tenemos hoy ciertamente democracia electoral, pero todavía no tenemos ni hemos accedido a una democracia de resultados.

Pero más allá de los consensos, México necesitaba y necesita aún hacer realidad el cumplimiento de la ley. Éste es uno de los temas más delicados que ha limitado el desarrollo y la competitividad del país, ya que los ciudadanos requieren tener la certeza de que el gobierno actúa apegado a la ley y combate la impunidad; sin embargo, la realidad que actualmente enfrentamos ha erosionado enormemente la credibilidad en nuestro Estado de derecho.

Hoy en día una gran cantidad de delitos no se castigan; México aparece, según la Academia Mexicana de Ciencias Penales, entre las naciones con mayor impunidad, y de acuerdo al último reporte sobre Estado de derecho, del Banco Mundial, México disminuyó su calificación de 42 puntos en el 2000, a solo 30 en el 2008.

Pero indudablemente el mayor reclamo de la sociedad sigue siendo la seguridad; el país ha vivido los últimos años sobresaltado por una violencia exacerbada; la inseguridad ha afectado la vida cotidiana de los mexicanos, nuestra economía e incluso nuestra cohesión social. Miles de vidas perdidas forman parte ya de una dolorosa estadística nacional.

Hoy no están en duda los motivos ni la voluntad del Ejecutivo federal para hacer frente a la inseguridad. Lo que se discute son las estrategias implementadas y sobre todo los insuficientes resultados alcanzados.

El crimen no puede enfrentarse solo ampliando a la policía, incorporando a las Fuerzas Armadas, eficientando el sistema de justicia o construyendo más cárceles; era primordial atender las desigualdades, las causas de la pobreza y los detonadores sociales de la violencia; era indispensable garantizar condiciones mínimas para una mejor convivencia social, como lo hemos expresado: alimentación, salud, educación, servicios públicos y empleos suficientes, entre muchas otras.

Combatir la inseguridad sin ampliar la acción social como componente preventivo ha conducido solo a más violencia, pues la seguridad no se mide por el número de personas en prisión ni por la presencia de más policías o soldados en las calles o el número de armas decomisadas, como se señala en el informe y que difunden los medios de comunicación, sino por las condiciones objetivas de bienestar de la población y la confianza de ésta en sus instituciones.

La estrategia, centrada principalmente en el uso de la fuerza, no ha representado, en nuestra opinión, un combate integral y mucho menos una acción eficaz. Los resultados aquí lo muestran: entre 2007 y 2010, los homicidios dolosos aumentaron 175 por ciento y los secuestros 178 por ciento; la extorsión y el robo se han incrementado significativamente.

En el sexenio han sido detenidos alrededor de 27 mil menores de edad por diversos delitos y al menos 12 mil enfrentan juicios por homicidio doloso, según cifras de la Procuraduría General de la República. Su aumento sin duda es preocupante.

La tasa de desocupación juvenil se ha duplicado; de 4.8 por ciento en 2001, a 10 por ciento en 2010, lo que representa más de 7 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan.

Los derechos humanos se han vulnerado en un número creciente. Más de la mitad de la población se encuentra en condiciones de pobreza.

Han resultado absolutamente insuficientes las políticas y los programas para reconstruir el tejido social y para involucrar adecuadamente a la ciudadanía en las acciones preventivas.

Reitero, si bien el Ejecutivo federal, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales enfrentó este flagelo, lamentablemente mantuvo hasta el final una estrategia cuyos resultados son francamente inaceptables por los enormes costos políticos, económicos y sobre todo humanos que ha implicado.

Compañeras y compañeros diputados, decía Adolfo López Mateos que los mexicanos no entendemos la vida sin libertad y no entendemos la libertad sin justicia. Esta frase resume la que tal vez ha sido la mayor paradoja de la administración que termina, ya que los mexicanos estamos hoy inmersos, sin quererlo, sin llegar incluso a comprenderlo, en un escenario en el cual el Ejecutivo federal, buscando fortalecer la seguridad y la justicia, fue incapaz de garantizar un entorno adecuado para el ejercicio pleno de los derechos y las libertades ciudadanas.

En síntesis, la inconformidad de millones de mexicanos contrasta profundamente con los avances reportados en materia de política interior; su desencanto se manifiesta además por la ausencia de un diálogo provechoso con los otros Poderes de la Unión y por la escasa coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para promover el desarrollo armónico de nuestro país.

Por todo ello, compañeras y compañeros diputados, emerge hoy la exigencia ciudadana de entendimiento y de diálogo, que se ha traducido precisamente en la integración de un Congreso plural, como el que hoy conformamos.

Nuestro primer deber, por tanto, será interpretar con acierto esa exigencia de los mexicanos; escribamos juntos una página nueva en la historia de nuestra democracia, basada en la concordia y en el diálogo, en un diálogo rico, que propicie la paz, la unidad y la fortaleza de México como objetivo común, en un diálogo respetuoso, franco y abierto, que nos permita alcanzar los consensos que el país requiere.

Los legisladores priistas estamos dispuestos a hacerlo y estoy seguro que conjuntamente, con las diputadas y diputados de todos los partidos aquí representados, trabajaremos vigorosamente para lograrlo, pues más allá de ideologías e intereses de grupo, sin duda todos compartimos el anhelo de que a México y a los mexicanos nos vaya mejor. Trabajemos pues unidos por el interés superior de la nación. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputado.

Con ello terminamos la primera ronda de intervenciones para el tema de política interior y política social. Vamos a iniciar la segunda ronda, dándole la palabra a la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, a 12 años de la alternancia de la democracia seguimos esperando que se cumplan las expectativas que este acontecimiento histórico despertó en muchos mexicanos.

Hoy nuestra forma de gobierno levanta ciertas dudas, por su falta de efectividad para resolver los grandes problemas de nuestra nación. Debemos reconocer que el acceso al poder es un marco de pluralidad que está sentado en procesos electorales institucionales, pero aún cuestionados por los actores políticos mexicanos.

Hemos sentado las bases en la agenda democrática nacional, pero también tenemos muchos pendientes y asuntos que resolver. Lo que falta en la ecuación es gobernar de manera democrática; gobernar de manera democrática no se traduce a un simple apartado de un informe paradójico, se titula: democracia efectiva; gobernar democráticamente significa construir con efectividad los acuerdos entre los actores políticos y sociales para incrementar los niveles de vida en general. Su importancia radica en la forma que el gobierno logra hacer efectivos sus acuerdos. La administración actual se dedicó a firmar acuerdos, pero poco hace por cumplir esos acuerdos para mejorar la vida de todos los mexicanos.

Para el gobierno federal, gobernar democráticamente significa diálogo, conciliación y negociación en los actores políticos y sociales que conforman la pluralidad nacional; no obstante, percibimos poca voluntad política para retomar la agenda ciudadana establecida en el Pacto Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad.

La pérdida de vidas y los miles de desaparecidos no fueron suficientes para que el Poder Ejecutivo publicara la Ley de Víctimas, propuesta por el Movimiento Nacional con Justicia y Dignidad, demostrando la falta de sensibilidad promovida por la Ley General de Atención y Protección a Víctimas, ley que a los ojos de las ciudadanas y los ciudadanos no responde a las víctimas, sino al interés de ejercer un control político de los terribles daños que ha causado su política de seguridad.

Uno de los problemas que sin duda alguna han lacerado el tejido social es referente a lo de la seguridad social. A pesar de la insistente publicidad en la mal llamada Cruzada de Seguridad, es una mentira que ésta haya permitido a la ciudadanía despojarse de ese clima de inseguridad y de zozobra.

Es ineludible destacar la eficiencia en los compromisos adquiridos entre el gobierno federal y los estados en materia de aplicación, de confianza, de exámenes a los policías; han pasado cuatro años desde la firma del acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad y los resultados son ambiguos.

Por un lado, el Ejecutivo pretende destacar que los 37 mil efectivos de la policía han cumplido con dichos exámenes; sin embargo, son de todos conocidos los casos en que algunos efectivos de la Policía Federal están coludidos con grupos criminales, baste recordar el reciente caso de Tres Marías o el vergonzoso episodio de las ejecuciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por afirmar esto.

Por su parte, más de la mitad de los estados han cubierto los requisitos mínimos para la implementación de dichos exámenes; una muestra evidente del nulo interés en transformar a las instituciones responsables de la seguridad pública en órganos de la más alta integridad.

Es el ámbito de la profesionalización en el sistema nacional de seguridad pública que sufrió un 50 por ciento de su presupuesto asignado para este año. Uno de los principales problemas es la coordinación de los miles de cuerpos policiacos que existen en nuestro país, para esto el gobierno presente en turno ha pedido el apoyo del Ejército y la Marina en las labores de seguridad.

En el Partido Nueva Alianza proponemos desaparecer las estructuras de seguridad pública municipal e integrar a los mejores elementos a un mando único estatal, otorgando claridad y certidumbre respecto a sus nuevas responsabilidades.

Los países que han logrado disminuir sus índices de inseguridad y aumentar la confianza en sus policías han enfrentado el esquema único estatal, delegando a los policías municipales la tarea de tránsito.

La democracia requiere de la participación ciudadana y ésta requiere de la confianza en las instituciones, confianza que ha sido minada por el flagelo de la corrupción que sigue estando presente en muchas áreas de la vida pública.

A pesar de la aprobación de la Ley Anticorrupción, en contrataciones públicas la mayoría de las dependencias hacen todo lo posible por evitar la realización de licitaciones y privilegian las adjudicaciones directas o a los invitados restringidos, como es el caso de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, por mencionar algunos.

Para ilustrar la extensión de la corrupción en el sexenio de Calderón, tenemos el caso de Néstor Félix Moreno Díaz, el ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, que recibía sobornos por la multinacional CISA (ADV) para obtener contratos de energía.

Para este gobierno, enfrentar el problema de combate a la corrupción, ya que tan solo en los últimos tres años el presupuesto destinado a este rubro sufrió una reducción de más del 40 por ciento, con base en la información que dio el Ejecutivo federal en días pasados. Cabe destacar que el índice de percepciones de la corrupción ubicada en México está en la posición 100 de 183 países, con una calificación de 3 puntos en una escala de cero. Es la mayor percepción de la corrupción y 10 puntos menor a la corrupción.

Si el ejercicio comparativo se hace con base a los países que integran la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, nuestro país se encuentra entre los países con índice de corrupción más alta.

El malestar social no es para menos, el caso de HSBC México es un ejemplo ominoso de la corrupción, impunidad y falta de vigilancia del Ejecutivo federal, ¿cómo es posible que la Comisión Bancaria no pudiera destacar transferencias por alrededor de 92 mil millones de pesos de dudosa procedencia? ¿complicidad o ineficacia?

Todos estos reportes fueron publicados por nuestro vecino del norte. Es lamentable que ni en el debate público ni en las acciones gubernamentales se haya visto una reacción contundente para evitar que se repitan estos ilícitos. Al contrario, en el informe vemos una festividad con los resultados de corrupción que rayan francamente en el cinismo.

La policía requiere la habilidad para concentrar intereses divergentes en acuerdos mínimos posibles. Muy poco de esto vimos en la gestión del presidente Calderón.

Omisiones, errores o franca irresponsabilidad es lo que caracteriza a la política interior de la administración actual, pero esto no es casual, el que mal empieza mal acaba, éste parece ser el epitafio del gobierno actual.

Nunca como antes los encargados de los asuntos del Estado estuvieron en manos de improvisados, nunca a la altura de los retos.

Compañeras y compañeros legisladores, al revisar la gestión del Ejecutivo en estos últimos seis años pudimos concluir que la política interior ha dejado mucho que desear.

Es  momento de trascender las posturas partidistas que nos han dividido y de construir  juntos la gobernabilidad democrática que todos los mexicanos necesitan y han puesto la confianza en nosotros. Es cuanto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. A continuación, tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Con el permiso de la Presidencia.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: El ejercicio de la glosa nos da la oportunidad para comentar grosso modo la evaluación de sus acciones en política interior a lo largo de casi seis años de gobierno, aunque —hay que decirlo— el germen se haya incubado cuando menos desde hace 24 a 30 años.

Si bien no cuenta con representantes de su gabinete que vengan a explicarnos lo que ha querido decir entre líneas, o más bien, lo que no nos haya querido informar este gobierno fallido, en algunas exposiciones que han antecedido se ha visto que cuenta con algunos voceros en la defensa de las políticas públicas implementadas en el sexenio de Calderón Hinojosa.

Sin afanes provocadores, pero sí con el ánimo de reflexionar sobre el estado de las cosas que deja la administración pública federal actual, en esta breve exposición invito a esta honorable asamblea las siguientes reflexiones:

Por cuanto hace a la política interior, en el anexo de la Secretaría de Gobernación, cito: se desglosan las diversas acciones que se han realizado, con el objetivo de que los mexicanos puedan vivir en condiciones de certeza y tranquilidad, fortaleciendo nuestras instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia en los tres órdenes de gobierno, con mayores recursos y mejores capacidades humanas y técnicas.

Pretensiones demasiado elevadas, si tomamos en cuenta las acciones que se informan. Por ejemplo, en el tema de seguridad pública, en casi tres páginas se presentan las acciones realizadas por el Cisen, como el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano, encargado de producir inteligencia y contrainsurgencia para la toma de decisiones; dentro de sus atribuciones se encuentra la de proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional, que pretendan vulnerar la soberanía, el territorio, las instituciones, la gobernabilidad democrática o el Estado de derecho de nuestra nación.

De las actividades del Cisen se rinde cuenta, en términos generales, de seis acciones en mejora de desempeño institucional, tres del sistema de integración, información y análisis de seguridad nacional y nueve acciones de cooperación internacional.

No existe información básica que permita concluir el alcance de sus objetivos institucionales y su contribución a la atención de conflictos, contención y desactivación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional o contribución a la gobernabilidad democrática.

Así, cada uno de los siete apartados del tomo de la Secretaría de Gobernación incumplen con los principios básicos de la información pública gubernamental, transparencia y rendición de cuentas.

La presentación de acciones con información general y datos inconexos impide conocer el cumplimiento de las atribuciones y la eficiencia y eficacia de los mismos; cada uno de los apartados es un islote de datos, que no se relacionan con los otros que presenta la misma Secretaría.

No existe una información relacionada entre dependencias del Poder Ejecutivo que exponga la racionalidad del Presupuesto público y la funcionalidad de estructuras democráticas que justifiquen gastos e inversiones.

La información que se presenta, no refleja la situación real de la administración pública y de los efectos de la implementación de las políticas públicas, del uso de la organización de sus estructuras de gobierno y las relaciones que se generan en el ámbito del poder público en la administración de conflictos.

Por referirme a uno de los temas de política interior que más preocupan a la población, de acuerdo con las encuestas sobre evaluación de gobierno y percepción de inseguridad en México, como el elaborado por Flacso sobre gobernabilidad y convivencia democrática en América Latina, el de Consulta Mitofsky, encuesta sobre percepción de inseguridad ciudadana en México, o en México, evaluación de gobierno, o de las encuestas que realiza el propio Inegi, la percepción ciudadana sobre inseguridad, desempleo y pobreza, no es coincidente con las metas alcanzadas que el Ejecutivo federal presenta en su VI Informe de Gobierno.

De los sondeos de opinión, un 70 por ciento de personas afirman haber vivido la cercanía familiar de un delito; se percibe un aumento de los delitos graves, tráfico de drogas, homicidios, secuestros y extorsión.

En el combate a la delincuencia organizada, la información estadística que proporciona cada dependencia del Ejecutivo federal, de los resultados de operativos realizados en el año que informan, atiende a parámetros diferenciados.

Veamos el caso de la detención de presuntos delincuentes detenidos en el periodo de septiembre del 2011 a julio del 2012. En el tomo principal del informe se señala la detención de 29 mil 51 presuntos delincuentes, cifra que no es acorde con los 27 mil 949 detenidos de organizaciones delincuenciales y los 28 mil 816, por operaciones de narcomenudeo que señala la PGR, o los 39 mil 263 que reporta la PFP, o los 10 mil 808 de la Secretaría de Defensa y los mil 214 de la Secretaría de Marina, que cada una de las entidades menciona en su tomo especifico.

Por otra parte, el sistema penitenciario nacional, a junio de 2012, contó con 419 centros de reclusión con capacidad de 188 mil 167 internos y una población de 237 mil 566 personas. Esto es una sobrepoblación de cerca de 50 mil ciudadanos; en el periodo de enero-junio del 2011 y 2012 se informa que la población penitenciaria pasó de 225 mil 697 a 237 mil 566. Esto representa un incremento de cerca de 12 mil personas.

¿Cuántos de los detenidos en el periodo que reportan las dependencias de seguridad, de septiembre del 2011 a junio del 2012, se encuentran sujetos a proceso en las cárceles y cuántos se encuentran fuera, por no acreditar su responsabilidad o por estar sujetos a procesos de libertad bajo caución?

¿Es creíble la detención de aproximadamente 30 mil personas implicadas en delitos graves y que las cifras de personas recluidas en las cárceles no reflejen cifras similares en el mismo periodo?

La incongruencia de cifras, tanto en número de personas detenidas como vehículos asegurados, así como el número de personas detenidas en los centros de readaptación social son apenas un botón de muestra del nivel, funcionalidad y eficacia de la coordinación real de las dependencias que aplican acciones de fuerza en la seguridad nacional.

Los informes dan cuenta formal de operativos y estrategias implementadas en el marco de atribuciones de cada entidad administrativa a seguridad; sin embargo, no expresa las relaciones de poder que se ejercen en la ejecución de las mismas, relaciones en las que se crean espacios de discreción en la observación de la ley y en la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Es en esta parte donde se gestan los puntos ciegos, en los que los poderes fácticos crean reglas paralelas y al margen de la ley; es en este espacio en el que se incuba la impunidad y consecuentemente la corrupción.

Éstas son las relaciones en las que se manifiesta el Estado fallido, en donde prevalece la transa, el bisne, que no solo contamina la administración pública, sino que también se manifiestan los negocios de los sectores privados y sociales. Se dice que se tolera la corrupción, porque conviene o beneficia a la mayoría.

En esta cultura política, la que permite y fomenta la compra del voto —y la compra de conciencias—, no solo la cooptación del ciudadano, sino también a altos funcionarios y magistrados que asumen como legal concesiones indebidas para la explotación de minas, depredando el medio ambiente y abusando en la explotación de los habitantes de la región, o simulan legalidad ante actos fraudulentos en la prestación de servicios que encubren lavado de dinero o uso de fondos ilegales —véase el caso del HSBC o de Monex—, en la indebida asignación de obra pública, en Pemex, sobre todo, ¿qué se pretende al presentar una información con datos estadísticos incompletos, con variables que ocultan información real de la situación que se vive en el país?

El formato de contenidos del Informe Presidencial solo cumple con un trámite, pero no atiende un compromiso democrático de rendición de cuentas y en ello el Congreso de la Unión tiene responsabilidad; si bien es cierto que el Poder Legislativo modificó el formato, tendremos que revisarlo para que no se convierta en una glosa entre legisladores con monólogos alternados.

No es creíble que en el VI Informe de Gobierno no se haga referencia a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada; si bien se da cuenta de capturas, desarticulación de bandas, no se explica las dimensiones del costo humano de esta guerra, menos aun se perfila la responsabilidad de sus ejecutores, se omiten también a las víctimas del tráfico humano, el número de ilegales secuestrados, extorsionados o asesinados en nuestro país, no se da cuenta de las comunidades o municipios que son inaccesibles para las fuerzas de seguridad, espacios geográficos en los que no existe el Estado mexicano.

Compañeros diputados, existe en este Informe de Gobierno, en esta revisión, la posibilidad de implementar nuevas formas y métodos de evaluación de las acciones y resultados en la presentación y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, así como revisión de cuentas anuales del gasto público.

Para ello, actualmente existen los procedimientos contenidos en las leyes de planeación y presupuesto público y aún más esta asamblea puede establecer mejores procedimientos de control y evaluación, con miras a fortalecer una gobernabilidad democrática que permita la exigibilidad de los derechos de los ciudadanos.

No es solo suficiente hacer buenas leyes, es necesario vigilar el cumplimiento de éstas aquí, así como exigir la rendición de cuentas y transparencia de la función pública.

El diseño institucional del Estado mexicano puede ser funcional en el papel; sin embargo, en la interacción de los poderes fácticos, en donde se juegan los intereses económicos y políticos, se atrofia la funcionalidad y se violentan los principios democráticos que deben observarse. Tal es el caso de instituciones autónomas, como el IFE, el Trife, que se contaminan y toman facción en los procesos de integración sus miembros, ya por no decir en el reciente caso de la Presidencia de la República.

Culmino, diputados.

Hace 18 años subí a esta tribuna porque era diputado de la LV Legislatura, en su parte sustantiva el país sigue siendo como lo diseñó desde entonces Salinas, sigue sin consensos y solo mantienen el control político con la coerción, con la fuerza del Estado. Espero que como lo han venido diciendo, los diputados del PRI y los del PAN, sigan esa lógica, se haga un esfuerzo para cambiarlo atendiendo a las necesidades del pueblo...

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputado, concluya, por favor.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Es lo que vamos a intentar los diputados del frente progresista, en particular del PT, y seguro de que tarde que temprano, si no lo hacemos, el pueblo mexicano logrará el cambio verdadero. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. El siguiente turno es el del diputado Ricardo Mejía Berdeja, por el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañera presidenta. A seis años de la llegada de Calderón, nos encontramos tarde —demasiado tarde— evaluando, o mejor dicho, lamentando lo que ha significado su gestión al frente del Ejecutivo federal.

Es importante recordar aquí que la principal razón del ser del Estado, la que le da origen y sentido, es garantizar la seguridad de los habitantes, de los ciudadanos. En esta materia Felipe Calderón no ha cumplido.

En el México de hoy campea la impunidad y nadie tiene la vida asegurada, son excepcionales los lugares del territorio nacional donde no existe la violencia y la delincuencia organizada.

El que dijo en campaña que llegaba con las manos limpias, termina su sexenio en un océano de sangre, con la sangre de más de 90 mil muertos, producto de la errática, terca, imprudente e ineficaz guerra que inició hace seis años sin estrategia y sin planeación contra el crimen organizado.

Según cifras de la Procuraduría General de la República, desde diciembre de 2006 y hasta septiembre del año pasado, 47 mil 515 personas murieron en hechos vinculados con el crimen organizado. Ésta cifra no ha sido actualizada, pues se omitió en este informe, pero organizaciones civiles y medios de comunicación estiman que son más de 90 mil muertos, a los que se suman 30 mil desaparecidos.

Cifras que hay que contrastarlas con los supuestos logros de esta estrategia, en la que como resultado se tiene que han muerto o han sido capturados 22 de los 37 criminales identificados como los más buscados.

Esta guerra es cuestionada incluso por los miembros de las Fuerzas Armadas, algunos de los cuales purgan ahora procesos penales y que son personajes que hasta hace poco eran  reputados como gente de una gran calidad moral y de un gran prestigio en la milicia.

Hoy, con este escenario, Calderón hereda un avispero alborotado, por decirlo coloquialmente, y se tienen que tomar decisiones urgentes en materia de seguridad, cambiar la estrategia de fondo, porque no puede ser posible, como se afirma en el VI informe, y lo cito textualmente: que han disminuido los índices delictivos y que el fenómeno de la violencia está concentrado en algunos municipios y no es un común denominador en todo el país.

Falso, ¿en qué mundo vive? La violencia se ha generalizado en prácticamente todos los rincones del país; parece normal despertar con noticias de balaceras, descabezados, descuartizados, narcobloqueos, gasolinazos —y no la elevación del precio de la gasolina, sino explosiones en las gasolineras—, de ajustes de cuentas en diferentes regiones del país. Ese es el nuevo lenguaje del México sangriento.

Sigamos repasando los compromisos no cumplidos. Calderón prometió en campaña ser el presidente del empleo, con la creación de un millón de trabajos al año; en realidad, de 2007 a la fecha, se informa sobre la creación de dos millones 240 mil empleos. Apenas una tercera parte de lo prometido.

Pero el tema no es la cantidad, sino también la calidad de los empleos que se han generado; los ciudadanos ven que lejos de cumplirse las expectativas, las oportunidades laborales que encontraron durante este sexenio fueron pocas, mal pagadas y con pocas prestaciones de seguridad social.

Las relaciones con sindicatos, actores políticos y sociales están severamente lastimadas. No satisfecho con ello el gobierno de Calderón negocia ya con el próximo gobierno impuesto, una iniciativa de reforma laboral que presentó de última hora.

Desde ahora advertimos, como Movimiento Ciudadano y como parte del frente legislativo progresista, que la reforma laboral no la vamos a aprobar sobre las rodillas. Es evidente que el Ejecutivo pretende un albazo legislativo.

Un tema de esta naturaleza, de esta relevancia requiere de un amplio e informado debate y de la concertación con las fuerzas políticas, pero sobre todo con los sectores productivos, con los trabajadores, que son la fuerza del país.

El trámite preferente no es irresponsabilidad ni salvoconductos legislativos; tampoco la aprobación de cualquier ocurrencia de fin de sexenio; se requieren foros de discusión y de debate sobre la reforma laboral, una amplia discusión donde especialistas y representantes de los distintos sectores den su opinión para construir un marco jurídico laboral que concilie los derechos de los trabajadores con una justicia expedita.

En el ocaso de una administración cuestionada desde su origen no vamos a darle un cheque en blanco para que se afecte a los trabajadores de México y le haga el trabajo sucio a la próxima administración, producto del robo electoral.

Ya que estamos en ello, revisemos lo que este sexenio nos ha dejado en materia de democracia y gobernabilidad. Origen es destino; evidentemente que no se podía esperar, en un sexenio que deriva del fraude electoral, amplitudes democráticas.

A seis años venimos ahora nuevamente de un proceso electoral que lejos de garantizar equidad, imparcialidad y certidumbre ha profundizado la desconfianza, el repudio y un nuevo conflicto electoral. Se pretende arraigar una democracia prostituida, en la que lo que vale es el dinero y la corrupción.

No estamos de acuerdo con el fallo fallido del Tribunal Electoral y no vamos a claudicar en nuestra lucha por la transformación democrática del país; los magistrados y consejeros electorales, así como el titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, deben renunciar para recomponer el desastre que provocaron.

Desde luego que eso es mucho pedir para quienes convalidaron todas las irregularidades, particularmente los magistrados, que se convirtieron en matraqueros del candidato del PRI. Por eso reiteramos que en los próximos días vamos a promover un juicio político en su contra por el grave daño a la democracia y por haber mancillado nuestra Constitución al convertirse en cómplices de este atraco.

En materia de democracia vamos para atrás, como los cangrejos; se reformaron leyes para que el presidente solo envíe su informe anual, mientras que en los países democráticos el Ejecutivo y los secretarios del gabinete dan la cara y responden a los cuestionamientos de los legisladores; por eso esta glosa más parece un foro de complacencias y reclamos, que un ejercicio de rendición de cuentas.

En síntesis, en materia de política interior el saldo es un rotundo fracaso; todo lo aquí dicho: inseguridad, antidemocracia, desempleo, encuadran en un Estado fallido. Este es el saldo de Felipe Calderón, un Estado fallido en un esquema de restauración autoritaria.

Este sexenio al fin llegó a su fin; sin embargo, se avecinan seis años peores si este Congreso no se asume como uno de los Poderes de la Unión y hace un auténtico contrapeso al Ejecutivo.

Por eso, Movimiento Ciudadano propone la revocación del mandato para no tener que esperar seis años para ver si sobrevive el país. Es muy sencillo, el que no cumpla se va; es devolverle al ciudadano el poder de decidir quién le gobierna, de exigirle cuentas y de cambiarle, si éste no responde.

Es nuestra posición, compañeros legisladores, respecto a la política interior: un fracaso; este es el saldo de Felipe Calderón. Gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias diputado. El siguiente turno es el del diputado Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Javier Orozco Gómez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, para hacer un análisis del VI Informe de Gobierno, en lo referente a la materia de política interior, es necesario que tengamos presente, en primer término, cuál es el alcance y el significado de lo que debemos de entender por este eje de política interior.

Si somos rigurosos debemos tener presente que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a la Secretaría de Gobernación le compete conducir la política interior que le corresponde al Ejecutivo federal y no se atribuye expresamente a otra dependencia.

Es así, que la mayoría de las tareas de política y gobierno interior son competencia de esta Secretaría; sin embargo, pueden participar de esta materia otras dependencias que buscan cumplir con uno o varios de los objetivos de la política interna.

En ese sentido, los rubros que integran esta política interna deben de ser el Estado de derecho, la procuración e impartición de justicia, combate a la corrupción, crimen organizado, derechos humanos, seguridad nacional y seguridad pública.

Es así que las acciones de la política interior desarrolladas por el Ejecutivo federal y sus auxiliares deberían de crear condiciones favorables para que los actores políticos, económicos y sociales desplieguen su actividad en un entorno favorable y garantista.

Por lo tanto, el análisis de la política interna incluye a las siguientes dependencias: Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Función Pública, Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica.

Desde otro ámbito, la política interior de una nación, de manera directa o indirecta, debe consistir en salvaguardar y fortalecer la paz social.

En el país hay una gran diferencia entre la agenda del presidente en funciones y la gravedad de los problemas que estamos enfrentando: pobreza, inseguridad y desempleo, por citar algunos de ellos; la sociedad se siente aislada, no encuentra canales de participación por las vías legales y por desgracia se empiezan a generar movimientos, formas de presión, o a establecer cacicazgos o cotos de poder en ciertas regiones del país.

Este tipo de poderes son los que están dominando las regiones, no de manera concertada, sino por la vía violenta e ilegal, y es cuando nos preguntamos, ¿Dónde está el gobierno? ¿De qué manera podemos contar con estabilidad y una gobernabilidad democrática?

Pasando al análisis brevemente de los puntos que comprende la política interior de este VI Informe de Gobierno, tenemos que en el rubro de Estado de derecho se enfatizan las cualidades de la llamada estrategia nacional de seguridad, la cual —según se dice— tiene por objetivo la contención y debilitamiento de las organizaciones criminales, el fortalecimiento, depuración y reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia, así como en la reconstrucción del tejido social y prevención del delito.

Dentro del informe de las acciones de esta estrategia se señalan una gran cantidad de cifras que sustentan las acciones que ha realizado este gobierno, además de un intercambio de información, profesionalización del servicio policial, el aumento de sus elementos, acciones de las Fuerzas Armadas y demás datos, mas no se presentan resultados tangibles.

Hay que reconocer que existen buenas intenciones respecto al desarrollo de una estrategia para combatir la delincuencia, pero éstas no bastan para una acción de gobierno, se requiere más que una buena voluntad.

¿De qué sirve que —como lo señala el propio Informe de Gobierno— esta administración ha destinado recursos sin precedentes a las funciones de procuración e impartición de justicia, seguridad pública y nacional, con un incremento del 59 por ciento, si de acuerdo al índice de competitividad del Foro Económico Mundial el Estado de derecho en México tiene el peor desempeño, al ocupar el lugar 134 de 142 países?

En materia de procuración e impartición de justicia se señala que se dan datos numéricos y estadísticos que pretenden dar a notar un sistema penal que avanza y funciona.

En el más reciente informe, por ejemplo, del índice de bienestar de la OCDE, México se coloca en el país con mayor inseguridad, igualmente se señala que la tasa de homicidios ha aumentado de 7 por ciento en 2002, al 19 por ciento al 2012. Somos, junto con Brasil, el país con mayor número de homicidios.

En materia de seguridad nacional, en este tema el Informe Presidencial señala que el gobierno, por encima de cualquier interés, tiene el de garantizar la seguridad nacional, para lo cual —señala— se apoya de las Fuerzas Armadas, cuya plantilla es de 263 mil 930 elementos, de los cuales el 79 por ciento son elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y el 20 por ciento de la Secretaría de Marina Armada de México.

Sus actividades son principalmente realizar patrullajes y establecer puestos militares de seguridad, participar en la ejecución de órdenes de presentación, aprehensión y cateo de apoyo con las autoridades ministeriales, así como auxiliar a la población civil en situaciones de flagrancia o en casos de denuncia.

Todo lo anterior, como ya lo he dicho en otras ocasiones, se debería de reflejar en la seguridad que todos sentimos al visitar la República, o simplemente al salir a la calle; sin embargo, esos gastos exorbitantes no dan los resultados que los mexicanos merecemos y necesitamos para los días por venir.

Para la fracción del Partido Verde Ecologista de México es muy importante que uno de los objetivos de la política interna mexicana deba de equiparar la agenda nacional a la gravedad de los problemas que estamos enfrentando, tales como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, el desempleo, la educación, la salud, la vivienda, entre otros, a través de los instrumentos políticos legales, administrativos y de coordinación, que con base en situaciones ciertas generen expectativas reales y de bienestar.

El nuevo gobierno, que ha de entrar en funciones en próximas fechas, debe de ser apoyado por todos los actores que conformamos el escenario nacional; tenemos que hacernos responsables de nuestro presente y proyectar un mejor futuro, lo cual podremos hacer siempre y cuando tengamos las herramientas necesarias.

Ya no se trata de partidos políticos o de preferencias electorales, se trata de rescatar nuestro país de un estatus de miedo, de desigualdad y de falta de oportunidades; ello lo lograremos a través del impulso de legislación asertiva y eficiente, de una dirección de una política económica eficaz e integral, y de una dirección de los cuerpos de fuerza de seguridad fundamentada y motivada en un plan preciso y de cara a los retos que en toda la República se nos presentan.

No se trata solamente de criticar al gobierno saliente, pues aunque obtuvo logros durante su gestión, éstos por desgracia se vieron opacados por una esfera de miedo e incertidumbre, en la que muchos mexicanos viven.

Generemos juntos, con los otros dos Poderes de la Unión, mejores mecanismos para lograr nuevos y mejores resultados.

Algunos de los principales retos de la política interior de México son: recuperar la confianza en las instituciones y en los servidores públicos, acabar con la subcultura de la corrupción y de la impunidad, desarrollar sistemas de inteligencia, implementar mecanismos más eficaces y eficientes de protección a los derechos humanos de las víctimas de la delincuencia, también en específico para los periodistas; procurar estrategias que den resultados día a día de las personas, a través de la reducción de la violencia, crímenes y el mejoramiento del nivel y calidad de vida, no solamente la generación de estadísticas y el desgaste de nuestras Fuerzas Armadas; incentivar y generar el diálogo entre los Poderes de la Unión, a fin de obtener logros coordinados.

El diseño de la política interior de un país debe cumplir con el propósito fundamental de propiciar un entorno favorable, no solo para el desarrollo político —que nos quede claro—, sino también para el crecimiento económico con calidad y para el desarrollo social y humano de nuestra población y lo más importante, que toda política interior debe contener acciones que creen las condiciones favorables para que los actores políticos, económicos y sociales desplieguen su actividad.

En síntesis, una política interna incluyente, que además de obtener la aceptación social de su población sea palpable en el desarrollo de su vida, en el entorno de la estabilidad y paz social que requiere este país. Es cuanto.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado. Tiene el uso de la voz don Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Ciudadano presidente de la Mesa Directiva, señoras y señores diputados, ciudadanas y ciudadanos, asistimos hoy a la glosa del último Informe de Gobierno y por ende, a la oportunidad de evaluar y analizar los imperceptibles alcances del sexenio que concluye.

En materia de política interior el saldo es sumamente negativo; finaliza un régimen que se caracterizó por la falta de una estrategia planificada que hizo gala de improvisación y que pretendió subsanarla con el uso discrecional de la fuerza coactiva del Estado, incursionando, en repetidas ocasiones, en el autoritarismo y en la violación a los derechos humanos.

La propia carátula del informe que se ha hecho llegar a esta Cámara asemeja más la propaganda de un régimen militar y no la imagen de un país en paz, gobernado por civiles y en camino hacia una democracia plena.

Pese a su obsesión de pretender mostrarse implacable y férreo, el gobierno evidenció su vulnerabilidad al realizar cinco relevos de titular de la Secretaría de Gobernación. Algunos relevos fueron consecuencia del desgaste político del servidor público, pero otros más se debieron a lamentables accidentes, los cuales nunca fueron debidamente aclarados, ahondando en el imaginario popular, la percepción de que estaban frente a un gobierno federal incapaz de garantizar la más elemental seguridad a sus funcionarios de primer nivel, mucho menos a la ciudadanía.

Como parte de su informe, el Ejecutivo federal señala tres ejes de su estrategia nacional de seguridad; el primer eje se refiere a la contención y debilitamiento de las organizaciones criminales. Las cifras proporcionadas solo denotan una parte reducida del problema, la cifra negra duplica y en algunos casos, triplica la comisión de delitos que no se consideran en los datos oficiales. Tampoco se reconoce que varias zonas o regiones del país se encuentran no solamente con la presencia del crimen organizado, sino que está inmerso en su vida cotidiana.

Más aún, como prueba del fallo en este rubro, por autoridades extranjeras nos hemos enterado de la vinculación del sistema financiero nacional con operaciones de procedencia ilícita, mientras que las autoridades mexicanas evitan hacer alusión e investigar un tema tan grave y delicado.

Otro eje se refiere al fortalecimiento, depuración y reconstrucción de las instituciones de seguridad, el cual ha sido incumplido, cuando observamos a una Procuraduría General de la República castigada presupuestalmente; la existencia de cuerpos policíacos autoritarios y las dificultades que tienen estados y municipios para acceder a los recursos destinados al mejoramiento de los cuerpos policíacos.

Asimismo, se evita informar las redes, complicidades que quedarán intactas, el número indeterminado de desertores de las Fuerzas Armadas que trabajan para la delincuencia, así como de policías que tienen dobles lealtades y que se niegan a someterse a las pruebas de confianza.

En contraparte, su afán en mencionar el aumento de la Policía Federal, al pasar de poco más de 6 mil elementos en 2006 a más de 36 mil en 2012; sin embargo, a pesar de los millonarios recursos invertidos en su profesionalización, la PFP recientemente protagonizó dos graves hechos que menoscaban e impactan directamente en su credibilidad y confianza.

El último eje se refiere a la reconstrucción del tejido social y prevención del delito, haciéndose hincapié en la rehabilitación de diversos espacios públicos; desde la perspectiva de nuestra fracción parlamentaria se trata de acciones aisladas e insuficientes en un país en donde la pobreza es la situación cotidiana de millones de mexicanos y donde solo podremos hablar de reconstrucción del tejido social cuando todas y todos gocemos de condiciones de equidad, cuando el Estado garantice el desarrollo integral de la juventud y responda ante las exigencias de una vida libre de violencia, especialmente para las mujeres.

Reiteramos, las verdaderas causas de la delincuencia se encuentran en la pobreza y en la marginación, en la desesperación de tantos millones de mexicanos que no tienen ninguna expectativa de desarrollo, que no tienen empleo y que carecen de lo más elemental para vivir dignamente. Es allí donde está el verdadero caldo de cultivo y un ejército de reservas inagotables.

Si no se combate la desigualdad y las injusticias con políticas públicas que generen cohesión social y prevención del delito, de nada servirán las acciones represivas que lejos de contener el delito lo están exponenciando.

El gobierno federal omite aludir a las más de 50 mil víctimas generadas en su improvisada y mal planificada lucha y por ende, reconocer que ha actuado con torpeza en la salvaguarda de la seguridad pública, debilitando al Estado de derecho, la convivencia social, nuestra calidad de vida y el ejercicio de nuestras libertades; en ese contexto evita explicar las razones para no acatar el mandato constitucional de publicar la Ley General de Víctimas, aprobada el pasado 30 de abril del presente año.

En contraparte, el pasado 30 de agosto ha enviado al Senado la iniciativa por la cual se expide la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas, en un claro y lamentable afán de echar por la borda el esfuerzo legislativo de las mujeres y hombres que nos antecedieron en esta representación nacional.

En el mismo ámbito de la política interior otro déficit tiene que ver con la muerte y desaparición de periodistas en varias entidades del país, cuya cifra ya es comparada con la que sufren varios países del mundo que padecen guerras civiles o invasiones. Lo peor de todo es que la impunidad prevalece en todos estos casos, propiciando la desaparición del periodismo local, ante la imposibilidad de realizar su labor informativa.

Como parte de su raquítico legado político debe sumarse la fallida política laboral del mal llamado presidente del empleo, que inició con una derechista reforma laboral, que fue frustrada y habrá de terminar de la misma manera.

En materia laboral, el gobierno del señor Calderón pasará a la historia como el verdugo de los sindicatos disidentes, pero al mismo tiempo será recordado como un protector de los excesos y las corruptelas de los sindicatos magisterial y petrolero.

Esa misma política interior, ambigua y facciosa, se hizo presente en materias de medios de comunicación; la reciente confrontación por la banda de 2.5, que llegó a convertirse en un enfrentamiento personal, ha evidenciado la estrecha relación del gobierno con los gobiernos fácticos al mostrarse débil y vulnerable ante las grandes cadenas que componen el duopolio televisivo, al tiempo que resultó ferozmente implacable con las cadenas emergentes.

La mayoría de los mexicanos sabemos que Felipe Calderón, arribó al poder como consecuencia de un proceso electoral fraudulento y desaseado. Esa sombra lo persiguió todo el sexenio, le impidió convocar a la izquierda para entronizar acuerdos nacionales y le ha imposibilitado regresar a esta Cámara de Diputados; ese mismo hecho lo llevó a frenar una verdadera reforma del Estado y a emprender la transformación a fondo de nuestras instituciones públicas.

Su proyecto de reforma política en realidad se trata de una miscelánea de reformas constitucionales que sobrecarga de requisitos el ejercicio de los instrumentos de democracia participativa y realiza un diseño de candidatura independiente cuya implementación es prácticamente imposible.

Congruente con su legitimidad, Calderón actuó con omisión, negligencia y complicidad en el reciente proceso electoral federal; en la práctica, la PGR y la Fepade nunca actuaron contundentemente para coadyuvar en las investigaciones sobre las denuncias hechas por el lavado de dinero, tampoco nunca dieron respuesta satisfactoria a los requerimientos de información que se hicieron, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al SAT sobre la triangulación de recursos del financiamiento paralelo de la campaña de Peña Nieto, en particular sobre Monex, Soriana y otras empresas privadas que se prestaron al fraude electoral.

Hoy confirmamos la degradación de las instituciones públicas y la actuación oficialista y violatoria de la Constitución, tanto del IFE como del Tribunal Electoral, que lejos de defender los principios de la justicia electoral, solaparon las arteras violaciones al sufragio efectivo y a los principios rectores en la materia.

Señoras y señores diputados, Felipe Calderón culmina su sexenio con una evaluación ciudadana negativa, ya que menos del 30 por ciento de la población aprueba su gestión en lo general.

El Ejecutivo federal faltó al compromiso de avanzar con determinación en la transformación de la vida nacional, elevar la calidad de vida de los mexicanos y modernizar nuestras instituciones.

Hoy México se encuentra muy lejos de ser un país de leyes, donde las familias puedan vivir en paz y tranquilidad, y mucho más lejos de ser un país donde haya un verdadero acceso a la justicia.

Días aciagos esperan al país frente a la prolongación de gobiernos surgidos del fraude electoral y de la impunidad que abriga a quienes a todas luces subastan, comercian y se burlan de la voluntad popular.

Apremia retomar el camino de la transición democrática; regresar el Ejército a sus cuarteles, consolidar verdaderas instituciones policiales y de procuración de justicia, dejar a un lado la simulación y combatir realmente la impunidad; avanzar a una profunda rendición de cuentas, democratizar los medios de comunicación y perder el miedo e innovar en busca del perfeccionamiento de las instituciones públicas.

Ésta simulación democrática que vivimos: se desapareció el día del presidente y se construyó un rebasado mecanismo de glosa, que en nada contribuye a la rendición de cuentas y al derecho del pueblo mexicano a estar debidamente informado.

A nombre de la fracción parlamentaria, reitero la invitación a que revisemos el formato del Informe Presidencial.

Concluyo, señor presidente.

Es prioritario que el titular del Poder Ejecutivo cumpla con su obligación ética y política de asistir personalmente a este recinto para informar del estado que guarda la nación; que lo hagamos en un marco de pluralidad y transparencia, donde las diversas fuerzas políticas puedan expresar su sentir frente al Ejecutivo y de cara a la nación; que permitamos que las mexicanas y los mexicanos sepan cuál es la realidad nacional y cuáles los diversos planteamientos políticos que en torno a ella...

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Señor diputado, su tiempo ha concluido hace más de dos minutos.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: ...generan, pero sobre todo que cumplamos nuestra responsabilidad de construir instituciones verdaderamente democráticas como un legado para las futuras generaciones y como una forma de reivindicación ante los fraudes electorales seriales y frente al juicio de la historia.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Con su venia, diputado presidente. Por ahí me sorprende mucho el doble discurso que algunos partidos utilizan en el tema de la seguridad pública, por ejemplo, el PRD; habla la diputada Martha Lucía Mícher, de que los operativos conjuntos del gobierno federal son un peligro en las localidades en donde se llevan a cabo.

La pregunta es, ¿por qué si son un peligro estos operativos conjuntos, sus propios gobernadores los solicitan insistentemente al gobierno federal? Todavía el día de ayer el gobernador perredista de Guerrero solicitó al gobierno federal la intervención de las Fuerzas Armadas ante la matanza de Coyuca de Catalán.

No olvidemos también que el primer operativo que se llevó a cabo en este sexenio fue en Michoacán, a solicitud expresa del entonces gobernador perredista Lázaro Cárdenas Batel.

Así es de que, por favor, hay que conocer estos datos antes de venir aquí a decir cosas que son falsas.

Por ejemplo, el diputado que me antecedió en el uso de la palabra se queja también de la presencia de las fuerzas federales y del Ejército en labores de seguridad pública, pero nos encontramos con que el día de hoy —y aquí tengo el orden del día—, una diputada del PRD, en una proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, exige y pide la presencia de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales en el municipio de Nezahualcóyotl; entonces, hay que terminar con esos dobles discursos, por favor, señores del PRD.

Pero para dobles discursos, sin duda, los del PRI. Aquí también hemos escuchado al diputado Alberto Curi, criticar la estrategia del gobierno federal, por supuesto, sin proponer ninguna, pero nos encontramos también con que sus propios gobernadores han solicitado insistentemente operativos conjuntos al gobierno federal. Así ha pasado, por ejemplo, en Veracruz, así pasó en Nuevo León, así pasó en Tamaulipas; estados donde los gobernadores definitivamente no pudieron con el crimen organizado y tuvo que intervenir entonces el gobierno federal.

No solamente esto, sino que el propio Enrique Peña Nieto, cuando era candidato, el día 22 de abril dijo textualmente en Nuevo León: la presencia del Ejército se justifica plenamente en aquellos lugares donde las instituciones están debilitadas, y ese día prometió —también en Nuevo León— que iba a enviar más fuerzas federales.

Pero no solamente Enrique Peña Nieto, sino que además el asesor estrella del PRI y de Peña Nieto, el general colombiano Óscar Naranjo Trujillo, dijo el 26 de julio que lo realizado en el actual sexenio en materia de seguridad pública será un activo importante para la administración entrante debido a sus importantes resultados. Este general, por cierto, se deshizo en elogios hacia el gobierno de Felipe Calderón, lo cual nos hace suponer que no es tan mala esa estrategia, cuando el principal asesor en esta materia del próximo presidente de la República la ha elogiado.

Así que es tiempo ya de que en este tema, al igual que en muchos otros, se termine con esos dobles discursos que nada aportan a la resolución de este problema.

Mejor hablemos de cuál ha sido el desempeño de los estados y municipios a la hora de implementar las líneas de acción derivadas del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y Legalidad; hablemos, por ejemplo, de porqué más de la mitad de los estados, casi todos por cierto gobernados por el PRI, están muy atrasados en las pruebas de control de confianza que se tenían que implementar a sus cuerpos policiacos.

Hablemos por ejemplo de porqué en algunos estados o en la mayoría de los estados gobernados por el PRI vamos muy retrasados en la implementación de la reforma en materia penal; hablemos, por ejemplo, de porqué en la mayoría de los estados gobernados por el PRI vamos muy atrasados en la adecuación de las instituciones, de acuerdo a la nueva Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Ésa es responsabilidad también de los estados y de los municipios y no únicamente del gobierno federal.

Por lo tanto, respecto a este tema, hay que dejar muy claro que el gobierno federal ha hecho la parte que le correspondía y la violencia no existe porque haya intervenido el gobierno federal; al contrario, la intervención del gobierno federal se dio porque existía una violencia que ya se tornaba inadmisible y este camino que ha emprendido el presidente Felipe Calderón, es sin duda el más difícil, es el que no quisieron tomar los gobiernos priistas, pero es el que nos va a llevar a un mejor lugar. De eso no tengamos ninguna duda.

Entrando el tema de gobernabilidad democrática, también vamos a decir que en estos 12 años de gobiernos panistas sin ninguna duda cambió la realidad política en México. Hoy tenemos un presidente de la República que ejerce su responsabilidad con apego a la ley, acotado por un régimen verdadero de separación de Poderes, con pesos y contrapesos, con organismos públicos autónomos y con un vigoroso federalismo.

Y hoy más que nunca, se diga lo que se diga, en México se respeta la libertad de expresión y las garantías individuales. Ninguno de los dos presidentes emanados de Acción Nacional ejerció nunca el poder desde una perspectiva autoritaria; por el contrario, y muy particularmente ahora lo vimos con Felipe Calderón; siempre este presidente se comportó como un auténtico jefe de Estado que nunca antepuso sus intereses o los de su partido a los intereses de México, y eso es algo que todos tenemos que reconocer.

Por ejemplo, ¿cuándo hubiéramos pensado en el pasado a un presidente que se sentaba con diversos actores de la sociedad civil a dialogar sobre los diferentes temas de la agenda nacional? En este sexenio, al menos en el último año, se llevaron a cabo 17 diálogos, entre ellos aquél célebre diálogo con el poeta Javier Sicilia. ¿Qué presidente priista hizo eso? Para ellos más bien era la lógica del ni los veo ni los oigo. En cambio, este presidente ha tenido toda la disposición a dialogar con todo aquél que ha querido y solamente no han dialogado aquellos que de antemano se han autoexcluido.

Además, fue también este gobierno de Felipe Calderón, el que impulsó una importante reforma política dirigida a ampliar y profundizar las libertades de los ciudadanos y a tener también una democracia de mejor calidad, y esa reforma política quedó trunca, precisamente, porque no se le quisieron entrar a temas tan importantes, como la reelección consecutiva de los legisladores, la reducción de las Cámaras federales o la segunda vuelta. Son temas que el Partido Acción Nacional va a volver a insistir en esta Legislatura.

También hay que señalar aquellos avances que se lograron en esta reforma política, precisamente a partir del impulso que hizo el gobierno de Felipe Calderón; por ejemplo, la iniciativa ciudadana, una nueva modalidad que abre las posibilidades para que la democracia mexicana dé una nueva dimensión a la participación directa de los ciudadanos. Esa fue una propuesta de la reforma política de Felipe Calderón.

Hablemos también de las candidaturas independientes que van a tener un impacto positivo en el sistema de partidos, que van a hacer que los propios partidos políticos tengamos que ser mucho más competitivos y postular a mejores candidatos y de esa manera vamos a tener una democracia de mucha mayor calidad. También, por supuesto, la iniciativa con carácter preferente.

Sin duda, un gran avance para evitar lo que viene siendo o lo que vino siendo costumbre en anteriores congresos mexicanos de la congeladora legislativa; por tanto, estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado en materia política en estos 12 años del PAN. Por supuesto que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, hay muchos temas en los cuales tenemos que insistir.

También queremos dejar muy claro que los diputados de Acción Nacional vamos a estar muy al pendiente para que el cambio, el próximo cambio en el Poder Ejecutivo no se traduzca en una ninguna regresión de tipo autoritario, como las que vemos en varios estados. Por supuesto, eso no lo vamos a permitir.

Quiero terminar diciendo que Acción Nacional es el partido que civilizó la política en México y como tal, vamos a seguir trabajando por tener una democracia más ciudadana y de mejor calidad. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Gracias diputado Rodríguez Doval.

Para concluir esta segunda ronda del análisis de política interior del VI Informe de Gobierno, tiene el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, el diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados; amigos de los medios de comunicación; señoras y señores, el dolor, la angustia y el luto que agobian a miles de familias y que ensombrecen el panorama nacional, nos obligan a efectuar un examen objetivo y sereno de la seguridad pública, a la luz del VI Informe de Gobierno y el mensaje presidencial emitido con ese motivo.

Nadie cuestiona la valentía de quien como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, jefe de gobierno y de Estado, encabeza el combate contra el crimen organizado y menos el patriotismo y la entrega de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, procuración de justicia, los aparatos de justicia civil y sobre todo el Ejército y la Armada de México; sin embargo, el análisis que nos ocupa requiere apartar por un momento estas valoraciones, así como la retórica tramposa que escuchamos durante estos años del ¿qué hubiera pasado de no haberlo hecho? Nunca dije que era una guerra. Nadie plantea una estrategia.

Procedamos a un balance objetivo, que permita definir dónde estamos en materia de seguridad pública y qué fue de los cuantiosos recursos invertidos en este campo; a partir de ello, el próximo gobierno federal deberá asegurar la capacidad de hacer una contribución sustantiva a la tranquilidad de los mexicanos.

Se dice en el texto del informe que la estrategia de seguridad pública ha establecido los cimientos necesarios en la materia y se ha contenido y debilitado a las organizaciones criminales.

No obstante, una pregunta esencial que inquieta a los mexicanos es, ¿dónde está la justicia? Preocupa que la prensa internacional, el diario Le Monde, en concreto, haga un llamado a la comunidad mundial ante la barbarie de 120 mil homicidios en México, que se habla de una crisis humanitaria ante la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes procedentes de Centroamérica, y que el Estado mexicano tiene una larga serie de casos pendientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cómo explicar  el saqueo sistemático de los hidrocarburos y el control territorial del crimen organizado en un número significativo de los penales del país? ¿Cómo desmentir una crisis institucional, ante la inoperancia del sistema nacional de seguridad pública, y cómo explicar  a las víctimas de la violencia que la ley respectiva se encuentra en una controversia constitucional?

No se trata de un asunto de percepciones, sino de realidades cotidianas, muy dolorosas y penosas, que embargan a los mexicanos y detienen el crecimiento y el desarrollo del país. La controversia sobre el número de víctimas, que si 60 mil, que si 72 mil, que 120 mil, es sintomática; no conocemos la dimensión exacta de la violencia y los instrumentos de medición son limitados, como consigna el informe.

Las cifras no son comparables, porque sus criterios son heterogéneos y más grave aún, últimamente se han ocultado las estadísticas; la PGR cerró el conteo en septiembre de 2011, con 47 mil 515 ejecutados, y de ahora en adelante la información está reservada y es confidencial, y no mencionemos a los 160 mil desplazados, que en el 2011 reportó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados; 12 mil niños huérfanos por la violencia, de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua; 95 periodistas asesinados y 40 ataques a medios de comunicación.

No han faltado recursos económicos o instrumentos jurídicos que justifiquen la trágica situación que azuela al país. Como señala el informe, los recursos públicos invertidos en el área de seguridad crecieron 60 por ciento entre el 2007 y el 2012 y han sido aprobadas múltiples iniciativas legislativas provenientes del Ejecutivo y el Congreso de la Unión, a pesar de la controversia sobre el alcance de alguno de ellas, como es el caso de los testigos protegidos.

Ha faltado, sin duda, coordinación y unidad de criterios entre las dependencias del Ejecutivo federal, entre los distintos niveles de gobierno.

¿Cómo justificar que solo la mitad de los cuerpos policiales, que rondan las calles y los cuarteles, hayan aprobado los exámenes de control de confianza y el resto siga ahí, a pesar del riesgo para la seguridad de los habitantes? ¿Cómo explicar que cuatro años después de la reforma del sistema de impartición de justicia, su instrumentación está lejos de ser una realidad en el territorio nacional?

¿Cómo justificar que a pesar de una legislación que sienta las bases de la coordinación entre las fuerzas de seguridad pública, la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, advirtamos de manera recurrente incidentes en los cuales se contradicen las versiones entre las distintas instituciones de seguridad pública federal, por una evidente división en el gabinete de seguridad?

Por lo demás, la iniciativa de mando único sigue en proceso legislativo, por razones ideológicas y de cálculo político, acusa el texto del informe. La repartición de culpas a diestra y siniestra en todos los niveles de gobierno y entre pueblos vecinos, es lo que ha predominado a lo largo de esta administración.

Yo le quisiera comentar al diputado que me precedió en el habla, que el diputado Alberto Curi mencionó que faltaron estrategias complementarias, además de la de seguridad; faltaron estrategias de atender lo que es la pobreza, lo que son los servicios, el empleo, para poder aminorar ese flagelo que ha lastimado evidentemente a la sociedad mexicana.

Además, los delirios de grandeza no han estado ausentes. Cito: como en ningún otro momento en la historia —parafrasea el juicio del informe sobre la estrategia de seguridad. Los errores y omisiones son términos que se desconocen en el informe sobre seguridad pública, ¿pedir perdón? ¿Cómo? ¿Por qué ¿A quién? Dice el gobierno humanista: por algo los mexicanos reprobaron con su voto el saldo de violencia y dolor que deja esta administración federal a México.

La historia —como lo dijeron aquí— ya los puso en su lugar, por eso el voto favoreció al PRI.

Corresponderá al gobierno emanado de las filas de nuestro partido, el PRI, hacer el balance objetivo del estado de seguridad pública en el país; recopilar la información que sea consistente, evaluar la situación de las corporaciones de seguridad policial y las instituciones armadas para replantear una estrategia que de manera ostensible omitió el diagnóstico sobre la inseguridad y la violencia. Sobreestimó los recursos públicos disponibles, pero subestimó la capacidad del crimen organizado. Erró en la táctica y la planeación estratégica y fracasó.

Desde luego, nadie se opone a la continuidad y al reforzamiento del combate contra el crimen organizado trasnacional ni a la presencia transitoria del Ejército mexicano y la Armada de México en esta lucha.

Todos, sin duda, reiteramos nuestro reconocimiento del patriotismo, el esfuerzo y el sacrificio de los miles de integrantes de los cuerpos de seguridad policial, del Ejército mexicano y la Armada de México. En honor a ellos, con responsabilidad institucional y respeto elemental a las víctimas del delito y a las miles de familias que viven en el dolor o que han perdido su patrimonio físico y también a quienes viven en el exilio, el próximo gobierno habrá de replantear el combate al crimen organizado, integrar una nueva fuerza policial eficaz y establecer la paz, la seguridad y la concordia entre los mexicanos.

Éste es nuestro compromiso y aquí estaremos para llevarlo adelante. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Con esta intervención concluye la segunda ronda respecto del análisis con el tema de política interior.

ANALISIS VI INFORME DE GOBIERNO - POLITICA SOCIAL

El Presidente diputado José González Morfín: Continuamos con el análisis del VI Informe de Gobierno, en materia de política social. Para la primera ronda, informo a la asamblea que se han inscrito, por sus grupos parlamentarios, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza; la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT; el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; el diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con el permiso de la Mesa, señoras y señores legisladores, en la perspectiva del fin de un sexenio y el inicio de una nueva etapa política para nuestro país, el tema de la política social está entre los de mayor interés y trascendencia, por su relación directa con el bienestar de la población, sus necesidades más apremiantes y sus expectativas más concretas a nivel individual, familiar y como parte de una nación que exige resultados tangibles.

La política social es la expresión más avanzada del Estado moderno, al identificarse con la conformación de una sociedad incluyente, capaz de mantener un sentido de solidaridad y hacer efectiva las libertades individuales.

Al mismo tiempo, la política social es parte de un proyecto reformista y democrático, que tiene un valor fundamental para sociedades que —como la mexicana— están determinadas por comisiones de gran desigualdad, pobreza e injusticia.

La política social del Estado mexicano todavía no está a la altura de los enormes retos que enfrentamos en esta segunda década del siglo XXI, muchas de las políticas con las que hoy se cuenta carecen de profundidad, planeación, articulación y capacidad transformadora; por eso ha llegado el tiempo de establecer un nuevo paradigma de política social de mucha mayor trascendencia para alcanzar progresos efectivos en materia de equidad, inclusión, cohesión y movilidad social.

La población mexicana en situación de pobreza y marginación ha crecido en lugar de disminuir; el 60 por ciento de los trabajadores mexicanos ganan menos de tres salarios mínimos. Este ingreso es insuficiente si se trata de un jefe de familia, a menos que se hiciera realidad la fantasía de un secretario de Hacienda del sexenio, quien afirmó que con 6 mil pesos una familia mexicana podía pagar casa, coche, colegiatura y esparcimiento.

Tenemos que reconocer de manera contundente que el conjunto de políticas sociales que se han aplicado durante esta administración no han logrado modificar sustancialmente las condiciones de pobreza en las que viven más de la mitad de la población.

También es cierto que la vulnerabilidad de la población es muy alta ante las fluctuaciones económicas, como lo demuestra el repunte de los índices de pobreza alimentaria durante la crisis iniciada en 2008. Los mexicanos que no son tan pobres carecen de una red de protección social que les impida caer en la pobreza ante las eminentes adversidades.

Tenemos entonces que concentrarnos en el perfeccionamiento de la política social, con una visión integral y avanzada, que considere un régimen laboral capaz de propiciar la creación de empleos y la defensa efectiva de los derechos de los trabajadores, la apertura de áreas económicas para la inversión nacional e internacional, la regulación de los monopolios, la racionalización de los subsidios; en particular, la eliminación gradual de los subsidios a la gasolina que ha propuesto Nueva Alianza, un sistema fiscal que influya positivamente en la distribución del ingreso y en la elevación sustancial de la calidad educativa.

Contrario a esto, la administración saliente asumió una visión reduccionista de la política social, basada en enfoques asistencialistas, transferencias monetarias directas y subsidios focalizados, dirigidos a los sectores de la población que padecen los estragos de la pobreza, sin atacar realmente las causas estructurales.

Ese enfoque de política social no ha resuelto lo suficientemente de manera efectiva para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Esto explica que los avances en política social han sido sumamente lentos y a costos muy elevados. Con todo y el mejoramiento de los índices de cobertura en educación, salud y vivienda el problema de la pobreza y el atraso no están resueltos.

El estancamiento social proviene de lo raquítico de los ingresos y de la realidad que corresponde a uno de los países con los índices de desigualdad más altos del mundo; la política social centrada en esquemas asistenciales ha llegado a un límite y solo podrá progresar si se articula adecuadamente con la política económica.

Lo anterior se refleja en claras insuficiencias, como por ejemplo, el programa Oportunidades, que no cuenta con evaluaciones de impacto confiables sobre los efectos de mediano y largo plazo en las familias beneficiarias; debido a esto se generan casos como, por ejemplo, el de los tarahumaras de la sierra de Chihuahua, que padecieron una crisis alimentaria porque numerosas familias fueron desplazadas del programa, a partir de decisiones basadas en criterios políticos de funcionarios irresponsables.

Tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas y debemos empezar a construir una nueva relación entre ellos, el Estado y la sociedad.

En materia de educación, el VI informe intenta presentar un balance positivo de lo que se llamó Transformación Educativa; estrategia basada en generar condiciones de equidad y elevar la calidad educativa.

En función de ello, este informe presume que en el sexenio se rehabilitaron espacios en 57 mil escuelas de educación básica y que el total de becas otorgadas benefició a una tercera parte de la matrícula pública de todos los niveles educativos. Pero estas acciones no bastan, con 18 mil millones de pesos no alcanza para dignificar las 255 mil escuelas; entonces, es evidente que el gobierno o funcionarios del mismo, nunca se enteraron de que la mitad de los planteles de preescolar, primaria y secundaria carecen de agua o de drenaje, o energía eléctrica.

Por su parte, las becas no solucionan la penosa situación de que una cuarta parte de los niños mexicanos padecen pobreza alimentaria y así queremos que compitan en aprovechamiento escolar con los niños de Francia o los de Corea del Sur. La realidad es que no existe una política pública articulada para superar las desigualdades estructurales del acceso y permanencia al sistema educativo nacional.

Especial mención merece el menosprecio hacia la educación de los pueblos indígenas; durante la presente administración se redujo irresponsablemente el presupuesto para atender este rubro. Tan solo de 2011 a 2012, el presupuesto disminuyó un 30 por ciento; mientras que el porcentaje de la población nacional en pobreza es del 42.2 por ciento. Entre los pueblos indígenas este porcentaje de pobreza asciende al 79 por ciento.

Para elevar la calidad educativa el informe destaca también de manera muy considerable la alianza por la calidad de la educación y la implementación del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes, y en este punto es necesario que reconozcamos que sin la disposición, voluntad y compromiso de las maestras y los maestros, apoyados por los padres de familia, estas acciones difícilmente se realizarían.

La transformación educativa que propuso el gobierno federal quedó por debajo de las expectativas; en esta administración no se asumió plenamente que la educación es una prioridad nacional. Año con año el Ejecutivo federal propuso presupuestos decrecientes para los rubros educativos y esta Cámara de Diputados ha debido corregir esa pretensión para que el presupuesto educativo no disminuyera; por eso México solo invierte 2 mil 700 dólares por alumno, mientras que los países integrantes de la OCDE asigna en promedio 8 mil 800 dólares, es decir, cuatro veces más.

Tal parece que la transformación educativa en realidad buscaba menoscabar la educación pública para ponerla en situación vulnerable frente a diversos actores que quisieran que el Estado les deje el campo libre para satisfacer su apetito económico, privatizando la educación.

El gobierno federal desdeñó la continuidad y no estableció metas estratégicas, pues no fue capaz de presentar un proyecto educativo a la altura de las necesidades actuales.

Para Nueva Alianza la educación es la más eficaz palanca para detonar el desarrollo nacional; ratificamos por ello nuestro compromiso con la defensa irreductible de la educación pública.

Más que una transformación, debemos impulsar una verdadera revolución educativa para que la educación cumpla su función de canal de movilidad social y formadora de capital humano, de identidad y de ciudadanía democrática; para lograrlo es necesario que el Estado reconozca la deuda histórica que tiene en la materia. No cesaremos en exigir una inversión mínima del 8 por ciento del producto interno bruto para educación.

En materia de salud, el VI informe establece que se ha alcanzado la cobertura universal; se afirma que 107 millones de mexicanos tienen acceso a los servicios públicos de salud y que el Seguro Popular contribuye considerablemente con 52 millones de personas afiliadas. Son de reconocerse estas acciones, pero es evidente que la cobertura universal de salud no ha sido acompañada con niveles de calidad aceptables para la mayoría de los mexicanos.

Se mencionan diversas investigaciones y testimonios donde se establece que los servicios han sido insuficiente; el desabasto ha sido cotidiano, las enfermedades crónicodegenerativas no han sido debidamente atendidas.

Se menciona también que en el ISSSTE se ha logrado el surtimiento completo de recetas y un alto grado de satisfacción; sin embargo, hay que recordar que el desabasto en medicamentos fue notorio en buena parte de la administración y la corrupción y la impunidad imperaron significativamente, dejando desprotegida a la derechohabiencia.

Señoras y señores legisladores, la consolidación de la democracia que entre todos queremos construir estaría en riesgo si no garantizamos que todos los mexicanos puedan ejercer plenamente los derechos sociales consagrados en la Constitución.

No podemos perder de vista que todas las fuerzas políticas son responsables de encontrar soluciones al enorme problema de la pobreza y a las limitaciones de la política social.

Desde este Congreso podemos sentar las bases para construir la política social que México necesita; la responsabilidad nos llama a cumplir; transformemos la tristeza y la incertidumbre en confianza y esperanza hacia el futuro. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Con el permiso del pleno. Compañeros diputados, el día de hoy deberíamos de hacer la glosa de la política social del VI Informe de Gobierno del presidente Calderón, y en ese contexto es importante definir lo que significa glosa.

Para muchos de ustedes esto sonará familiar y para otros, sorpresivo, pero definitivamente no ajeno. La glosa, según la Real Academia de la Lengua Española, es la explicación o comentario de un texto oscuro o difícil de entender. Permítanme repetir esto: es la explicación o comentario de un texto oscuro o difícil de entender.

Sin embargo, lo que hemos hecho aquí, este ejercicio, va más allá de la definición, hemos hecho simplemente el juego de la banalidad, donde un orador del PAN viene a presentar los libros de este libro azul y su interpretación, que aparentemente es como salvadores de la nación —según dijo el diputado Rodríguez—, y otros de otro distinto partido nos presentan una interpretación diferente.

Lo que hacemos en esta glosa es lo que Hannah Arendt, interpreta en el nazismo como la banalidad del mal, donde los nazis eran expertos para defender las cosas que se les decía que deberían de defender; pero nunca jamás la realidad.

Éste no debe de ser el juego de la defensa de un presidente saliente y un presidente entrante y sus respectivos partidos.

Nosotros en el PT, por nuestro lado, renunciamos a dar un posicionamiento ideológico para traer hasta esta alta tribuna el sentimiento de millones de mexicanos que viven y padecen la equivocada política social de casi 82 años de paternalismo.

Haciendo un análisis serio, preguntémonos si este libro azul, que por definición es oscuro y difícil de entender, muestra realmente un país mejor del que teníamos hace seis años.

En qué ha mejorado, según las cifras oficiales de un gobierno que pareciera ajeno a la ciudadanía, y posteriormente, compañeros diputados, tratemos de empatarlo con la aplastante realidad que se vive en las calles.

Un sexenio que presume haber hecho frente a la crisis que llegó de fuera, pero que ha sido incapaz de prever el impacto de dicha crisis en lo que realmente resienten los mexicanos, como la afectación al precio de la tortilla y el huevo, que ya no nos deja hacer ni tacos ni desayunos.

Un gobierno que a través de este libro azul, que por definición es oscuro y difícil de entender, convierte a cada mexicano en un número, pero olvida que todos somos una historia, una vida, no solamente —compañeros del PAN— un voto.

Lo que propongo es que hagamos una comparación de la realidad de los mexicanos y la realidad que quiere dibujar este libro azul y posteriormente un análisis de lo que nosotros, como legisladores, podemos hacer para cambiarla estos próximos tres años.

Para ello, les pido su generosidad para analizar un fragmento pequeño del discurso del presidente Calderón, que dio el 3 de septiembre, y cito: Juntos hemos podido sortear la adversidad que puso en riesgo a nuestro país y a pesar de la crisis alimentaria y a pesar de la crisis económica, disminuyó la desigualdad y creció el número de personas que tienen satisfechas sus necesidades básicas de alimentación, de educación, de salud, de seguridad social, de vivienda, de electricidad, de agua.

Permítanme retar tan optimistas palabras del presidente, simplemente enfrentándolas con la ya tan mencionada realidad; en el tema de pobreza y alimentación, según el Coneval, en el período de 2008 a 2010, se incrementó el número de mexicanos en pobreza a razón de 3.2 millones de personas, lo que significa cuatro mil 383 personas al día; es decir, que si de algo tiene capacidad este país, es de producir pobres en razón de 182.6 por hora. Adicionalmente a tan honrosa contribución a la línea de pobreza, este gobierno ha logrado incrementar en 38 mil personas los mexicanos en pobreza extrema y este dato, compañeros diputados que están distraídos en los pasillos y en la parte de atrás, merece cuando menos su más mínima atención.

Cada día 52 mexicanos se suman a las filas de aquellos que se ven en la necesidad de subsistir con menos de un dólar, con menos de 12.99 pesos diarios. Estos mexicanos en muchas ocasiones son el único sostén económico de su familia. Pregúntense, compañeros diputados, cómo se vive con 12.99 pesos diarios, cómo mantienes tu dignidad y tu libertad cuando no puedes alimentarte ni alimentar a tu familia, con 13 pesos diarios que apenas nos comprarían en muchos estados un kilo de tortilla y en otros —como el mío— ni siquiera eso.

¿Cómo puede este ciudadano creer en las cifras y en este libro azul y en el discurso de este gobierno? ¿Cómo puede analizar glosas o pedir cuentas al presidente o a los diputados, si ni siquiera tiene recursos para llevarse un taco a la boca?

El presidente del empleo, según datos oficiales de la  Secretaría del Trabajo, se quedó solo en un mal eslogan de campaña, como se ha dicho muchas veces en esta tribuna; la tasa de desocupación ha aumentado en un 79 por ciento en el período de 2007 a 2012. Esto implica —y otra vez pongamos atención a este dato— que 2.5 millones de mexicanos se quedaron sin empleo solamente en el período de abril a junio de este año, 2.5 millones de mexicanos. La única actividad que representó una opción real de empleo fue el crimen organizado, que sedujo 65 mil jóvenes a sus filas, de los cuales la mayoría ya casi han muerto.

En el tema educativo seré breve y lo resumiré de la siguiente manera: del total de los ciudadanos mexicanos, 32.9 millones de personas mayores de 15 años son analfabetas o analfabetas funcionales, lo cual los pone en completa desventaja, no solamente en este país sino frente al mundo.

Según el padre del existencialismo Jean-Paul Sartre, la violencia se da como un resultado de la contraviolencia; es decir, por una réplica a la violencia del otro. En este caso la violencia que ha aplicado el gobierno a la ciudadanía.

Está comprobado que la mala política social de los últimos 12 años y la falta de proyecto de nación tienen un claro efecto en la ciudadanía, que para muchos de nosotros en los estados fronterizos se ha vuelto el pan nuestro de cada día, la violencia.

Datos del Inegi de los que se pueden consultar, porque no todos se pueden consultar, muestran que del año 2006 al año 2010 los homicidios violentos se incrementaron en un 219 por ciento, lo que significaba que amanecíamos todos los días con 104 muertos diarios.

Los últimos datos desgraciadamente no los conocemos a ciencia cierta, pues el gobierno en este tema se ha convertido en el propio verdugo de la sociedad. Pareciera que en este tema la administración tiene miedo de sus acciones, pues como diría también el padre del existencialismo, a los verdugos se les reconoce siempre, tienen la cara de miedo y la opacidad no es nada más que un ejemplo del miedo.

Entonces reflexionemos en las palabras de Calderón, ¿realmente hemos podido sortear la adversidad que puso en riesgo a nuestro país? ¿Hemos disminuido la desigualdad y satisfecho las necesidades básicas de alimentación, de educación, de salud y de seguridad de los mexicanos? Pareciera que ni los datos de este libro azul ni la realidad apoyan el discurso del presidente.

He escuchado con atención los discursos de mis compañeros diputados en esta tribuna; muchos culpan, por supuesto, al PAN; otras culpan, por supuesto, al PRI, y el diputado Rodríguez ha culpado ya a la izquierda, y por supuesto otros, como lo hizo Ernesto Cordero, en la Universidad de Harvard, culpan a los estados y a sus gobernadores.

Pero yo les pregunto, compañeros diputados, ¿realmente creen en lo que vienen a decir a esta tribuna y en lo que vienen a defender, o están haciendo ustedes mismos su propio juego de la banalidad del mal?

Es válido decir que este país está roto solo por la responsabilidad de uno u otro, ¿dónde queda la responsabilidad del resto de nosotros, inclusive en esta sesión y en este Poder Legislativo?

En resumen, en la realidad tenemos el círculo vicioso de la pobreza que se mantiene por programas sociales que solamente paternalizan a la sociedad; el no reconocimiento ni exigibilidad ni justiciabilidad de los derechos sociales, y una de las grandes paradojas de este gobierno, el gran programa de desarrollo social, que es la joya de la corona de la administración: Oportunidades, ni siquiera fue creado ni por este gobierno ni por este presidente.

Permítanme cerrar haciendo una analogía poética citando a Octavio Paz: digamos —decía el poeta— que en un lugar de la fregada, del cual no quiero acordarme, en un mesiánico evento, un presidente alejado de la realidad nos demuestra que la teoría de la otredad es cierta, lo otro no existe. Tal es la fe racional, la incurable creencia de la razón humana que dice que la identidad es igual a la realidad, como si a fin de cuentas todo hubiese de ser uno y lo mismo, pero lo otro no se deja eliminar; subsiste, persiste, es el hueso duro de roer en la que la razón deja los dientes.

En este país —y concluyo con esto señor presidente— los mexicanos somos lo otro y sí, sí existimos, persistimos, subsistimos, somos el hueso duro de roer, el pueblo estoico que aguanta, pero que también se levanta y que va más allá de un discurso apologético para defender lo indefendible. Seis años perdidos en este país y maquillados con una violenta y sanguinaria lucha contra el narcotráfico, que ha puesto de luto a la nación entera. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Corresponde ahora el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, al diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia, señor presidente. Señores y señoras diputados, estamos convencidos de que el desarrollo económico y social es condición básica para el mantenimiento de la estabilidad y la democracia del país. Las aspiraciones de justicia y bienestar demandan cancelar rezagos y contrarrestar la marginación.

Hoy analizamos el VI Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón y queda claro que México es un país que tiene las posibilidades de que sus habitantes tengan una vida más digna, pero ha sido la corrupción y la inequidad lo que ha incrementado las múltiples causas de la pobreza; es por estas circunstancias que nuestro país, más que pobre es injusto, y confirma que el combate a la pobreza ha sido un ejercicio tendencioso y arbitrario; ha sido una moneda de cambio electoral. Urge despolitizar la medición y manipulación de la pobreza; desnudarla de la maniobra ideológica e impedir que esté supeditada al servicio de la maquinaria estadística del presidente en turno.

Con la estrategia de Vivir Mejor, el gobierno federal articuló los esfuerzos de todas las dependencias orientadas a elevar el bienestar de la población a través de sus tres ejes de acción: el desarrollo de capacidades básicas, la construcción de una red de protección social y la vinculación entre la política social y la económica. Así se marcó el espíritu del programa, pero no queríamos un gobierno que administrara la pobreza, queríamos un gobierno que la combatiera, que asumiera su responsabilidad frente a las personas más necesitadas.

La ciudadanía demanda un gobierno sensible a las demandas ciudadanas, un gobierno que en su práctica diaria fuera solidario con las causas justas, solo así podría corresponder lo que la ciudadanía le reclama. Pero el tema de la política social quedará marcado como la agenda pendiente del sexenio calderonista.

No es válido echar mano del maquillaje de las estadísticas, cambiar cifras, alterar el número de beneficiados, cuando la migración del campo sigue en aumento, las parcelas se abandonan, y la miseria palpable en cualquier semáforo o calle refuten día tras día los números oficiales.

La distribución de la riqueza en México dista de ser homogénea, Vivir Mejor sí ha sido un programa exitoso del gobierno federal, hoy tenemos 11 de los hombres más ricos del mundo en nuestro país.

De acuerdo con la lista del multimillonario de la revista Forbes, los 11 mexicanos que aparecen en el ranking de la publicación atesoran una fortuna cercana a 112 mil 300 millones de dólares. Esto fue en el año 2011; es decir, alrededor del 10 por ciento del producto interno bruto de nuestro país.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, afirmó que la desigualdad social en México es la segunda más alta de las economías que integran al organismo, solo detrás de la observada en Chile.

Para el periodo que se analiza, el Presupuesto aprobado de los programas y acciones para superar la pobreza sumó, en 2012, un total de 317 mil 76 millones de pesos; mayor en un 8.8 por ciento, en términos reales, a los 281 mil 249 millones de pesos erogados en el 2011.

En política social. En el primer semestre del 2012, el 58.6 por ciento de este gasto se canalizó a las funciones de desarrollo social, lo anterior ascendió a 842 mil 504.8 millones de pesos, lo que significó un incremento del 7.9 por ciento en términos reales respecto al gasto ejercido en el mismo periodo en el 2011.

Según el VI Informe, las actividades que presentaron crecimientos reales fueron: educación, salud y protección social, que registraron incrementos reales del 11.7, 11.3 y 7.5 por ciento, respectivamente, con relación a lo erogado en el primer semestre del año anterior. Pero todo esto no debe circunscribirse a un asunto exclusivo de cifras, el modelo democrático, más que por votos, debe medirse por el bienestar alcanzado en las familias.

El informe de evaluación de la política de desarrollo social de 2011, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, informó que las condiciones de México no podrán mejorarse si no se realizan cambios económicos profundos, que propicien el incremento de la productividad, la inversión, la generación de más empleos formales y de mejor calidad, así como el aumento del salario real de manera sostenida.

La política social del gobierno federal no ha sido efectiva para la generación de empleos permanentes. Según José de la Cruz, catedrático del Tec de Monterrey, sí ha habido creación de empleos, pero en condiciones precarias, sin acceso a seguridad, a sistemas de salud, y eso implica que aún cuando hay gentes que tienen ocupación no les genere suficiente ingreso para salir de la pobreza.

Según el estudio de 2012, los datos muestran que el número de mexicanos ocupados en la economía informal asciende a casi 14 millones de ellos; 4.4 millones perciben, cuando mucho, un salario mínimo y otros 10.8 millones ganan entre uno y dos salarios mínimos.

En materia de salud, si bien es cierto uno de los programas que se consideran exitosos de esta administración ha sido el Seguro Popular, pero es importante señalar que para que el Seguro Popular funcione cabalmente debe —ante todo— apoyarse en un sistema hospitalario bien equipado, capacitado y moderno.

Quedó pendiente el acceso efectivo y hacer más eficiente y transparente el Presupuesto anual destinado a las entidades federativas.

En el rubro de la educación, pese a que esta asignatura recibe cerca del 7 por ciento del PIB nacional, la calidad de la misma deja mucho qué desear.

Basta recordar los lugares que ocupamos dentro de los estándares de la OCDE; el sello más distintivo de este sexenio, en materia educativa, fue querer reformar el sistema educativo mexicano a través de programas de evaluación de alumnos, docentes y centros educativos.

A citar, la prueba de ENLACE, por las participaciones de México en PISA, por los exámenes para ingresar al servicio docente, las reformas a los programas de estímulo de la carrera docente y la evaluación universal, el saldo es deficitario. Aún persiste el bajo nivel académico de los egresados y se acentúa la desigualdad en la distribución del aprendizaje.

De acuerdo a Eduardo Backhoff Escudero, de la Universidad Autónoma de California, la mayoría de los logros publicitados por el gobierno tienen que ver con el logro de metas cuantitativas, pero no se avanzó en lo verdaderamente importante, que es mejorar los procesos educativos necesarios para alcanzar mejores niveles de aprendizaje y disminuir las brechas educativas entre ricos y pobres.

En la opinión del Observatorio Ciudadano de la Educación, la presente administración no se distinguió por su impulso a la educación y su retroceso mayor fue la alianza que el gobierno, celebró con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Cultura y esparcimiento. En cultura, arte, recreación y deporte el informe que nos ocupa señala que el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales y locales, así como el sector privado, han unido esfuerzos para ofrecer, a lo largo de esta administración, una política integral que equilibre la formación cultural y deportiva para un desarrollo sano de la sociedad. Pero en el mismo existe omisión de resultados alcanzados.

Basta referirnos a premiaciones y competencias de talla internacional, en las cuales México es avasallado por países con número poblacional muy inferior al nuestro.

Las recientes Olimpiadas de Londres, Inglaterra demostraron que nuestros atletas han obtenido la representatividad a base de recursos propios o de financiamientos privados.

Hoy en día, las áreas deportivas siguen siendo una cancha de terracería para practicar futbol, una cancha para practicar basquetbol y un área de juegos infantiles, todos sin sustento técnico ni soporte profesional que identifique, oriente y encauce a los verdaderos talentos en materia deportiva.

Consideramos necesario cambiar esos miles de espacios que están sin enfoque específico, por centros deportivos de alto rendimiento en donde se inspire y se motive la práctica deportiva con un tono eminentemente profesional.

Señoras y señores diputados, no es posible hablar de democracia, desarrollo y justicia, en tanto más de la mitad de la población continúe marginada de las oportunidades; el gobierno tiene un compromiso inherente de no fracasar al proteger a personas indefensas y reducir las brechas de las desigualdades.

Se deben duplicar esfuerzos y reafirmar el compromiso gubernamental de erradicar estos problemas, a fin de mejorar el bienestar humano, promover una sociedad más inclusiva y participativa y por supuesto, erradicar la pobreza y garantizar la defensa estricta de los derechos humanos.

La política social calderonista se quedará con estándares muy bajos, se han acentuado las desigualdades entre la población, hay adeudos en la educación, en la distribución del ingreso, y aunque los programas de ataque a la pobreza han aumentado presupuestalmente año con año los pobres lo han hecho de la misma forma. Sin duda una política con visión asistencialista.

Solo me resta reflexionar: a la política la juzga la historia, que la historia y el pueblo juzgue a este gobierno. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, el diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Miguel Sámano Peralta: Con su venia, señor presidente de la Mesa Directiva. Apreciables compañeras diputadas y apreciables compañeros diputados, acudo a la máxima tribuna del país para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre un tema de la mayor relevancia para la glosa del VI Informe del Ejecutivo federal, como lo es la política social.

Reconocemos la oportunidad con que fue remitido el informe anual de la administración pública federal al Honorable Congreso de la Unión, porque ello demuestra la voluntad democrática del presidente de la República para rendir cuentas a los mexicanos sobre el estado que guardan los asuntos bajo su encargo.

Hoy, como nunca, la sociedad demanda información transparente del actuar de los funcionarios públicos y ejerce una mayor vigilancia sobre nuestro desempeño. Tocará a ella hacer la mejor evaluación sobre los logros, aciertos y pendientes de la gestión que concluye, como lo harán en su momento con la actuación de esta Legislatura.

Pero también corresponde a esta representación realizar un análisis objetivo, serio y puntual sobre los resultados consignados en el VI Informe de Gobierno y emitir nuestras opiniones en completa libertad, con respeto a la institución presidencial y al principio republicano de la división de Poderes.

De acuerdo con la información remitida, la política social de la administración federal tuvo como principal objetivo erradicar la pobreza extrema en nuestro país y cerrar las brechas de la desigualdad.

Como mexicanos reconocemos los esfuerzos y las acciones impulsadas desde la federación, destinadas a combatir el círculo vicioso de la pobreza y la marginación, pero también sabemos que priva entre la sociedad una sensación de impotencia, insatisfacción y desesperanza, porque la justicia social para los mexicanos sigue siendo un anhelo por alcanzar.

A diario millones de personas aún padecen las limitaciones de la infraestructura y la insuficiencia de los programas sociales; si algo ha definido a la política social de México en los últimos años es precisamente la distancia entre la magnitud de los desafíos y el impacto marginal de las acciones destinadas para su atención. Prueba de ello es que actualmente más de 52 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza y carecen de las herramientas básicas que les permiten salir adelante.

A pesar de los recursos destinados para lograr la cobertura universal en salud mediante el Seguro Popular, aún persisten importantes rezagos en cuanto a unidades hospitalarias, médicos, enfermeras y calidad en la atención. Según el Inegi, el 30.9 por ciento de las localidades menores de 2 mil 500 habitantes en el país carecen de algún establecimiento médico, y en promedio 3 de cada 10 mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud.

No obstante los avances registrados en la cobertura de educación básica, preocupa que cada año 50 mil alumnos de primaria abandonan sus estudios porque tienen que trabajar, según datos de la propia Secretaría de Educación Pública. Hoy en día se estima que existen más de 7 millones de jóvenes a los que el Estado no les ha dado la posibilidad ni de estudiar y mucho menos de trabajar.

Por ello es necesario seguir fortaleciendo los servicios educativos, especialmente en los niveles medio superior y superior, para que cada día más y más jóvenes cuenten con las herramientas que les permitan destacar en la era del conocimiento.

En México nacer en el campo, ser indígena, ser mujer o tener alguna discapacidad representa una serie de desventajas para el ejercicio pleno de los derechos básicos. La deuda histórica con estos sectores está vigente, porque no se han generado las condiciones que nos permitan superar las desigualdades y acabar con la exclusión.

Ciertamente no se desconocen los logros del gobierno federal en materia social, pero reiteramos que los buenos propósitos no sirven de mucho si no se reflejan finalmente en los bolsillos de los mexicanos y en el mejoramiento de su calidad de vida.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, estos son, en efecto, datos impactantes, pero no basta con citarlos, porque como bien se ha dicho, el desafío de la pobreza no es contarla, sino abatirla.

Tampoco se trata de buscar culpables, sino de encontrar soluciones conjuntas, porque nunca seremos una democracia consolidada ni un país desarrollado mientras existan niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores atrapados en las redes de la pobreza.

Es hora de enfrentar este gran rezago social con propuestas, con eficacia y en unidad; como nación, tenemos el enorme desafío de conformar una política social integral y de gran visión, que aumente la calidad educativa, que promueva la seguridad social universal y que combata desde sus raíces las causas reales de la pobreza.

Por ello saludamos el compromiso asumido por el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente electo de México, para hacer de la lucha contra la pobreza, la tarea central de su gobierno.

Como diputados de la nación, nos corresponde asumir nuestra responsabilidad con los sectores más vulnerables para construir un país más equitativo y justo, por encima de los intereses legítimos de partido.

Sigamos unidos en el objetivo común de hacer que el bienestar de México sea el bienestar de todos los mexicanos; hagámoslo, sabedores de que los verdaderos enemigos de México son la pobreza, el desempleo y la inseguridad; hagámoslo, sabedores de que en el trabajo parlamentario la patria —la patria— siempre será primero. Es cuanto, presidente.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno y es mucho. Tiene el uso de la voz doña Joaquina Navarrete Contreras, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta alta tribuna de la nación para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados, en el capítulo correspondiente a la política social contenida en el VI Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, presentado a esta soberanía el pasado primero de septiembre.

Tomando en cuenta que el concepto de política social es el conjunto de directrices y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad y conforme a lo enunciado en el apartado denominado: e igualdad de oportunidades.

El objetivo de la política social de esta administración fue la erradicación de la pobreza en el país, cerrar la brecha de desigualdad; sin embargo, el saldo que se presenta ha sido un rotundo fracaso, la política social asistencialista del presente gobierno ha mostrado su ineficiencia aumentando en 6.5 millones de pobres, en el periodo de 2007-2012, al pasar de 45.5 a 52 millones en este periodo. De esto 11.5 millones están en condiciones de pobreza extrema.

Este crecimiento en la pobreza se convalidó en las categorías alimentarias, patrimonial y de capacidades, utilizadas por el Coneval, en el informe de evaluación de la política de desarrollo social.

Respecto a la pobreza alimentaria en el periodo ya citado, se presentó un incremento de 8 millones de personas en esta condición, al pasar de 20 a 28 millones, según cifras del Coneval, siendo los casos más frecuentes en las zonas rurales.

Esta circunstancia muestra el abandono que se ha tenido este sector, situación que ha llevado al país a una dependencia alimentaria y que ha ocasionado el incremento a las importaciones de alimentos, pasando de 16 millones de pesos al inicio de la administración, a 26 millones en el 2011, con un incremento del 63 por ciento.

Esta ineficiencia en los resultados para abatir la pobreza en México se presenta a pesar del elevado incremento de recursos otorgados por la Cámara de Diputados al gobierno federal, recursos que pasaron de 150 mil millones de pesos, en el 2007, a 317 mil millones en el 2012; es decir, un incremento de 199 por ciento.

Más grave aún, la ineficiencia del gobierno federal, si se considera que a pesar de las importantes asignaciones que se han destinado al programa Zonas de Atención Prioritaria, durante el período 2008-2010, aumentó el número de pobres en estas regiones, pasando del 31 al 40.5 por ciento, y en lo relativo a las zonas indígenas, del 38.5 al 40.4 por ciento, siendo precisamente este último sector de los pueblos indígenas el que ha sufrido con mayor énfasis las consecuencias de la política social errática del gobierno federal, viendo deteriorarse sus ya de por sí precarias condiciones de vida.

Muestra de ello fue la emergencia alimentaria que en el transcurso de este año vivió la comunidad tarahumara en la sierra del estado de Chihuahua.

Es lamentable señalar que alrededor del 72 por ciento de la población indígena no es derechohabiente de alguna institución federal; su derecho se dificulta o imposibilita, entre otras situaciones, por la lejanía de estas comunidades, lo costoso que resulta acudir a dichos centros y a la baja calidad de servicios.

En el ámbito laboral, también se encuentran desigualdades que menoscaban la condición y las expectativas de vida de la población indígena; el 45.9 por ciento de los hombres y el 18.2 de las mujeres trabajan en el sector agrícola. La falta de instrucción y de capacitación en otras actividades refleja la falta de oportunidades para ascender a empleos de alta productividad y mejores condiciones laborales.

Las mujeres son las que sufren una mayor desventaja en su vida productiva, ya que una proporción significativa de ellas es trabajadora familiar sin pago; el 38.5 por ciento de los niños indígenas padecen desnutrición infantil crónica, cifra tres veces mayor a la registrada en niños no indígenas.

Las enfermedades respiratorias afectan a 39.2 por ciento de los niños indígenas y al 32.6 por ciento de los no indígenas. Todo esto marca una desigualdad de oportunidades que se traduce en desigualdad en la vida adulta, como se observa en estos datos.

Los esfuerzos a la población del gobierno federal no han sido suficientes para recortar las brechas en el acceso a más y mejores oportunidades de desarrollo humano; en este sentido, no solo hace falta más intervención pública, sino que dicha intervención sea implementada y redireccionada con criterios de eficiencia en la asignación de recursos y equidad distributiva.

Por lo tanto, han sido en vano los esfuerzos de esta Cámara de Diputados para ampliar al Ejecutivo federal los recursos destinados al desarrollo de los pueblos indígenas en estos seis años de gestión, pues se incrementaron en un 235 por ciento, al pasar de 28 mil millones de pesos, en el 2007, a 68 mil, en el 2012.

El Ejecutivo federal pretende demostrar a esta soberanía que se ha logrado una verdadera transformación educativa; sin embargo, el eje central de su argumento se basa en las becas otorgadas a los estudiantes de educación media superior y superior, lo cual es evidentemente insuficiente para que ésta se considere como educación de verdadera calidad.

Incluso, a inicio de este período escolar 2012-2013, han surgido grupos de jóvenes inconformes, al no haber alcanzado un lugar en instituciones públicas de educación superior y media superior.

La realidad de las cosas es que el presente sexenio deja como una de sus principales deudas la materia educativa. ¿Qué futuro puede tener nuestro país con 5.4 millones de analfabetas? Alrededor de 10 millones sin cumplir la primaria, 16 millones que tampoco terminaron la secundaria, con una educación media superior con apenas cobertura de 60 por ciento, y con 7 de cada 10 jóvenes sin oportunidad de ingresar a la educación superior y que además, de acuerdo al movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, el presente ciclo escolar dejó a 200 mil jóvenes fuera de las instituciones de educación superior.

Ahora bien, en materia de salud se debe hacer realidad el acceso equitativo al derecho humano a la salud. Ésta y la anterior administración federal han tenido en su Seguro Popular su programa emblemático, que ha sido usado más con fines políticos que con resultados profundos para el bienestar de la población.

Lo que exigiría una real cobertura de servicios de salud de calidad a cargo del Estado, como le exige la Organización Mundial de la Salud, o aún mejor, la incorporación de estos cuantiosos recursos a las instituciones públicas de seguridad social.

Algunos especialistas señalan que la cobertura aún no es universal. ¿De qué sirve una filiación de papel, si no hay disponibilidad de servicios médicos, medicamentos y sobre todo, de calidad?

El balance en materia de política social ha sido un verdadero fracaso, si se toma en cuenta el incremento de la desigualdad social del país durante los últimos gobiernos, lo que ha provocado el aumento del índice de la delincuencia, además de los miles de los ciudadanos que se ven obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades.

Esta situación es además agravada por el constante incremento a los combustibles y a los cobros excesivos e indebidos a la energía eléctrica, lo cual ha sido un detonante en el costo de los productos de la canasta básica, afectando en mayor medida a las regiones más pobres del país.

Como si este panorama no fuera suficiente, ahora el señor Felipe Calderón —termino—, pretende imponer una reforma integral laboral, la cual es totalmente inaceptable, porque afecta principalmente a la clase trabajadora.

En suma, la política social no se debe concebir como asistencialismo, sino como derecho de las personas. Ésta constituye uno de los principios esenciales del Partido de la Revolución Democrática; por lo que a lado de las mujeres y hombres de nuestro pueblo lucharemos por su ampliación en la realidad de nuestro país, en bien de su libertad y dignificación, indispensables para una democracia verdadera. Es cuanto, diputados y diputadas, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra Leslie Pantoja Hernández, del Partido Acción Nacional.

Esta Presidencia les recuerda, para alimentar nuestro optimismo, que falta una ronda de oradores todavía.

La diputada Leslie Pantoja Hernández:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional han actuado con responsabilidad y compromiso, mostrando decisiones acertadas que han permitido ofrecer estabilidad económica para el país frente a un escenario internacional marcado por la crisis financiera y el incremento en los precios de los alimentos.

En esta coyuntura mundial, el actual modelo de política de desarrollo social ha permitido salvaguardar el patrimonio y el bienestar de las familias que se encuentran en una clara situación de desventaja y vulnerabilidad social.

En los últimos 12 años hemos superado la visión paternalista y clientelar que usaba a la pobreza como una forma mezquina de hacer política social; los beneficiarios de esta nueva cultura de desarrollo social se convirtieron en personas comprometidas con su bienestar y el progreso de sus familias y comunidades.

Las administraciones encabezadas por Acción Nacional han implementado políticas públicas en materia de desarrollo social enfocadas a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, con el firme compromiso de generar mecanismos para incrementar el índice de desarrollo humano. Hemos construido un importante legado en política social que es imperativo reforzar, mantener y robustecer.

Tenemos la obligación de pensar en le futuro de nuestro país, no debemos permitir que las carencias sociales sean de nueva cuenta una moneda de cambio, como se acostumbraba en el pasado. Hoy tenemos una política social que transparenta el uso de los recursos y rinde cuentas ante los órganos competentes; tenemos una política social que contribuye a la paz y a la estabilidad, pero sobre todo fortalece el tejido social permitiendo la construcción de mejores espacios y oportunidades de vida para todos los mexicanos.

Como todos sabemos, en este sexenio los mexicanos enfrentamos una crisis financiera internacional que todavía afecta y tiene en jaque a varias economías del mundo. Esta situación impactó severamente a las familias más pobres de nuestro país; sin embargo, gracias a la aplicación de un eficaz modelo de desarrollo social, con un claro enfoque humanista, se pudo contener el efecto y retroceso que hoy impacta a otras latitudes.

Para responder ante esta situación de manera oportuna y responsable, se ampliaron como nunca antes los programas sociales, con la convicción de proteger a las familias más vulnerables.

La información con la que cuenta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, nos permite afirmar que el gobierno actuó a tiempo y de manera responsable ante el escenario internacional, contrario a lo observado en el régimen anterior, cuando entre 1994 y 1996 la caída de los ingresos de los hogares más pobres fue 3.5 veces más elevada que la observada en el periodo 2008-2010. Además, la pérdida de empleos en el año de 1995 fue 10 veces mayor que la presentada en 2009.

De la misma forma, durante la crisis de 94-96 se generaron 17 millones de pobres; es decir, cinco veces más que el periodo 2008-2010.

De acuerdo con datos del Inegi, entre el año 2000 y 2010, con todo y la fuerte crisis financiera y de seguridad alimentaria, la pobreza extrema en México no solo no aumentó, sino que se redujo en 23 por ciento.

Es importante resaltar que los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, han construido y desarrollado políticas públicas sociales que fortalecen a las familias más pobres, que apoyan a las mujeres, a los niños, a los jóvenes y a nuestros adultos mayores.

Hemos transitado de un esquema de política social clientelar, que abusaba de la pobreza, a un verdadero modelo de política social de Estado; con el programa Oportunidades se está rompiendo el círculo vicioso de la pobreza, con educación, salud y alimentación.

Oportunidades, nos permite formar capacidades y es la mejor inversión que podemos hacer en capital humano, para que la pobreza de los que hoy son padres el día de mañana no continúe siendo la pobreza de los hijos.

Hoy, con los programas de Oportunidades y Apoyo Alimentario, se atiende a un total de 6.5 millones de familias; es decir, 34 millones de mexicanos, prácticamente tres de cada 10 mexicanos son beneficiados de este programa.

Hace 15 años las familias beneficiadas eran menos de la décima parte; gracias a los apoyos en alimentación, salud y educación, más niñas y niños terminan la primaria y la secundaria y se pueden inscribir a la preparatoria.

Con Oportunidades, las mujeres reciben atención médica antes, durante y después del parto; con Oportunidades, hay menos niños enfermos o desnutridos y hay mejores alimentos en los hogares.

Con el programa 70 y Más, creado durante los gobiernos panistas, estamos apoyando a uno de los sectores más desamparados de la sociedad, quienes viven en la pobreza, marginación y en el olvido por su edad.

Hoy 2.8 millones de adultos mayores disponen de una ayuda económica para complementar su gasto y vivir con la dignidad que merecen, después de haber entregado sus mejores años a este gran país.

En los últimos cinco años, el gobierno humanista de Acción Nacional, preocupado por el bienestar de nuestros niños y las madres trabajadoras, logró la apertura de 9 mil estancias infantiles. Esta acción representa más estancias infantiles que todas las guarderías y espacios infantiles que se abrieron en México en todo el siglo XX.

Con el programa Estancias Infantiles estamos permitiendo que cerca de un millón de madres de familia puedan acceder o buscar un trabajo, de otra manera esto hubiera sido imposible.

Con Acción Nacional se crearon nuevos programas, además de los que hemos mencionado, 70 y Más y Estancias Infantiles, destaca también la puesta en marcha del programa Rescate de Espacios Públicos para atender el abandono e inseguridad de las ciudades y con ello propiciar la sana convivencia; gracias a este programa se han rescatado cinco mil 200 espacios públicos, que antes representaban un peligro para las comunidades frente al flagelo de la delincuencia.

En este sexenio se ha cambiado el piso de tierra por piso de concreto en más de 2 millones y medio de hogares rurales y urbanos. Con ello, se logró mejorar las condiciones de salud e higiene de todos los integrantes de la familia, especialmente de los niños y de nuestros adultos mayores. Además de que se fortalece el patrimonio y a quienes más lo necesitan.

En materia de salud se está alcanzando la cobertura universal; en el año 2000, menos de la mitad de los mexicanos contaban con algún seguro médico público, para el 2005, ya eran 62 millones. Hoy son  más de 107 millones de mexicanos los que tienen acceso a la salud.

En tan solo seis años se ha dado acceso a servicios médicos a más gente que en todo el siglo XX, y se construyó la mayor obra de infraestructura hospitalaria de nuestra historia.

En este sexenio se han construido mil 264 hospitales o clínicas nuevas y se han remodelado dos mil 470 en todo el país. Así, el total de las acciones de obras concluidas, en lo que va de esta administración, asciende a un total de tres mil 734. Esto equivale casi a dos obras entregadas al día por el presidente Felipe Calderón.

El Seguro Popular, creado en 2003, ha hecho posible que —a julio de este año— un total de 52 millones 738 mil 355 mexicanos tengan cobertura de servicio de salud; es decir, 20 millones 544 mil 362 familias. Esto es, que en tan solo siete años se ha logrado afiliar a un número similar durante 70 años de gobiernos priistas.

Sin lugar a dudas, este avance permitirá contar con servicio y atención médica, medicamentos, cuidado en hospitales y tratamientos para elevar la calidad y expectativa de vida de los mexicanos y las mexicanas que lo necesiten. Como se ha mencionado, es un logro histórico que pocos países de América Latina han podido alcanzar.

Es importante resaltar que la administración del presidente Felipe Calderón, creó, entre otros programas, el seguro médico para una nueva generación: Estrategia de Embarazo Saludable, además del convenio atención a la emergencia obstétrica, con el objetivo de mejorar las condiciones de salud de los niños y de las madres.

En materia educativa, se alcanzó la cobertura universal en educación primaria y prácticamente estamos por lograr la cobertura de la educación secundaria; por primera vez, en la historia de México, todos los niños tienen la oportunidad de ir a la escuela para alcanzar una formación básica. Entre el año 2000 y 2012, el índice de analfabetismo en la población mayor de 15 años se redujo en 34 por ciento, al pasar de 0.4 a 6.2 por ciento; en el año 2010, el grado promedio de escolaridad se incrementó a 9.7 años, en comparación con los 7.5 años del 2000.

En este sexenio se ha entregado el mayor número de becas educativas en la historia; en seis años, 38 millones de niños y jóvenes, desde la primaria hasta la universidad, han recibido una beca del gobierno federal para que no tengan que abandonar los estudios por motivos económicos.

En la educación media y superior, en los últimos seis años, se ha incrementado la cobertura como nunca se había hecho, con la construcción de mil nuevos bachilleratos y más de 140 nuevas universidades.

En el año 2000, menos de la mitad de los jóvenes en edad de cursar el bachillerato iban a la escuela; hoy dos de cada tres jóvenes mexicanos estudian en ese nivel educativo y el porcentaje de quienes cursan estudios superiores se incrementó, del 21 por ciento en el año 2000, al 32.8 por ciento en el ciclo escolar 2011-2012. Una cifra histórica en la educación superior de nuestro país.

La visión de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional ha permitido que los mexicanos tengan acceso a financiamientos para vivienda, logrando la entrega de casi 11 millones de créditos y subsidios en los últimos dos sexenios; es decir, representa la operación de vivienda más grande de la historia del México moderno.

Además, las condiciones de la vivienda en México mejoraron significativamente, ya que la proporción de viviendas sin energía eléctrica ni drenaje y con piso de tierra se redujo en más del 50 por ciento.

Más allá de las cifras, el modelo integral de política de desarrollo social que han encabezado los gobiernos del Partido Acción Nacional refleja los avances que han permitido —ya termino, presidente— el bienestar del desarrollo de los humanos en este país.

Compañeros legisladores, es imperativo analizar y reconocer los avances en materia de desarrollo social en los últimos años; estamos convencidos que todavía queda mucho por hacer, pongamos todos nuestros mejores esfuerzos por alcanzar los acuerdos políticos necesarios, para que desde el Congreso impulsemos las medidas legislativas que permitan mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

Aprovecho esta tribuna para hacer un llamado a las mexicanas y a los mexicanos que habitamos en este maravilloso país: no permitamos un retroceso, no permitamos que nos priven de todos estos logros que no todos quieren reconocer, logros que nos han costado dolor y sufrimiento, pero no son solo logros del presidente Felipe Calderón y del Partido Acción Nacional, son logros tuyos, que juntos vamos a defender. Muchas gracias.

ERNESTO DE LA PEÑA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprovechamos este momento de la sesión para hacer una conmemoración cálida y fraterna a don Ernesto de la Peña, el gran humanista, filósofo y políglota, este letrado universal, este ser luminoso que falleció el lunes pasado.

Don Ernesto de la Peña es, sin lugar a dudas, el letrado mexicano, el políglota, el académico de la lengua, el experto en opera, el comentarista y el gran viejo —en el mejor de los sentidos de la palabra—, con una visión y una sabiduría enciclopédica.

Don Ernesto de la Peña fue laureado con el Premio Xavier Villaurrutia y recientemente con premios internacionales tan destacados, como el que le otorgó la Universidad Menéndez Pelayo. Descanse en paz, don Ernesto de la Peña; que de luz goce. Un abrazo fraterno a su familia.

ANALISIS VI INFORME DE GOBIERNO - POLITICA SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Javier López Zavala, tiene usted el uso de la voz, hasta por 10 minutos. Adelante, don Javier.

El diputado Javier López Zavala:Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Vengo a esta tribuna, la más alta de la nación, en el marco de la glosa del VI informe del presidente Calderón, a fijar el posicionamiento de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, en materia de política social, pero sin dejar de lado una evaluación general de este sexenio.

Al escuchar al presidente de la República dar su VI informe en el Palacio Nacional, no pude dejar de pensar que vivimos en el país de las maravillas; al escuchar sus cifras y logros creo que deberíamos pedirle que no se fuera y que se quedara para siempre. Sin embargo, al revisar las cifras con detenimiento y contrastarlas con la realidad, encontramos que han confundido los fracasos con los resultados.

La política social debe ser revisada con absoluta objetividad. En este tema es donde menos se justifica la simple enumeración de cifras alegres y datos parciales, como los que nos ofrece este VI Informe de Gobierno, que solo terminan por encubrir el incremento de la pobreza y la desigualdad de nuestro país.

La inequidad, la pobreza y la falta de oportunidades para los que menos tienen continúa siendo uno de los principales males que aquejan a la sociedad mexicana; al comenzar este sexenio, el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) reportaba 45 millones de personas en pobreza multidimensional; en el 2008 aumentó a 48.8 millones y en el 2010 ascendió a 57 millones de personas en situación de pobreza, cifra superior al 51 por ciento del total de los mexicanos, según el último censo de la población realizado por el Inegi, y la proyección es que para el 2012 el sexenio cerrará con 60 millones de personas en pobreza multidimensional.

El gobierno de Calderón, en suma, generó 15 millones de pobres. Ésa es la herencia que deja al nuevo gobierno, 15 millones de pobres, qué pena; es decir, de cada 38 mexicanos, 20 se encuentran en situación de pobreza y con el incremento de los precios de manera desbordada en los bienes y los servicios, 10 se encuentran en riesgo de pobreza.

La pobreza ha crecido, a pesar de que los resultados destinados a programas y acciones para combatir han aumentado de manera muy importante año con año.

En estos 12 años, el Presupuesto de Egresos de la Federación ha crecido de 1 billón 195 mil millones a 3 billones 707 mil millones de pesos.

Las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores priistas que nos antecedieron, en ningún momento se comportaron de manera mezquina con el Ejecutivo federal en estos 12 años; por el contrario, su conducta fue responsable y siempre asignaron más Presupuesto al solicitado año con año, dando prioridad al país y a la política social.

Las diputadas y los diputados priistas esperamos también que todos los integrantes de esta Legislatura nos comportemos con esa misma responsabilidad, sin mezquindades ni buscando que le vaya mal a un proyecto a costa del país.

Abundando, el Presupuesto asignado solo para el Ramo 20, de desarrollo social, en este sexenio creció de 35 mil 108 millones de pesos, y en el 2007 a 84 mil 860 millones de pesos; en el 2012, tuvo un incremento en casi 50 mil millones de pesos.

Otro ejemplo es el último Presupuesto aprobado, el propio informe indica que en el 2012 todos los recursos destinados a combatir la pobreza sumaron 317 mil 76 millones de pesos, 8 por ciento más que en el 2011. Esto es un 2.1 por ciento del PIB y el 11 por ciento del gasto programable del gobierno federal.

La Cámara de Diputados ha autorizado presupuestos crecientes al rubro social, pero la política seguida no ha dado resultados, por lo menos los esperados; paradójicamente aumenta el Presupuesto para combatir la pobreza, pero lo que más aumenta es el número de pobres en este país.

Según el estudio Panorama Social de América Latina 2011, presentado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, la Cepal, cinco países registraron disminuciones significativas en sus tasas de pobreza, entre 2009 y 2010, entre ellos Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y Colombia; mientras que otros como Honduras y México fueron los únicos países con incrementos relevantes en sus porcentajes de pobreza del 1.7 y 1.5 porcentuales, respectivamente.

En noviembre de 2011 la región de América Latina cerró el año con 174 millones de habitantes en situación de pobreza, de los que México vergonzosamente aportó más de 57 millones de pobres.

Las políticas públicas del actual gobierno no atienden las causas, sino los síntomas; el programa Oportunidades y el programa de Apoyo Alimentario, funcionan en la práctica con una lógica clientelar y asistencial.

El gasto social del gobierno federal no ha sido bien encauzado, pues según el Coneval la parte de las erogaciones son destinadas en mayor proporción al gasto corriente, además de contar con una planeación deficiente, pues los programas y políticas públicas no alcanzan a llegar a los hogares de los que menos tienen.

En materia de salud, se dice que se ha alcanzado la cobertura universal, pero dicha cobertura no es efectiva; según los últimos datos estadísticos de la Coneval, aproximadamente 36 millones de mexicanos no cuentan con acceso a servicios de salud, lo que constituye casi el 32 por ciento de la población mexicana. Asimismo, 68 millones de personas —más del 60 por ciento de la población— manifiestan no tener acceso a seguridad social. Las cifras contrastan con el casi 94 por ciento de la cobertura que plantea el gobierno federal en éste VI Informe de Gobierno.

Lo que quiere decir y hacer pasar como un logro en materia de salud es en la práctica una falacia, porque la afiliación de toda la población al Seguro Popular no garantiza una cobertura universal.

El factor calidad es fundamental. Por ejemplo, en el 2011, solo se habían acreditado a 9 mil 542 de las 12 mil 743 unidades médicas; es decir, solo el 75 por ciento contaba con estándares mínimos de calidad.

Los resultados de la Encuesta de Satisfacción del Seguro Social, han reflejado que el 39 por ciento de las personas encuestadas no recibió las medicinas prescritas.

Qué lástima que no solamente en los rubros de marginación y pobreza estemos peor que antes, sino en el campo hay un abandono total.

Qué lástima que no pudimos invertir más recursos para desterrar la pobreza alimentaria; qué lástima que dejemos para los próximos años esta renovación de las leyes, estas reformas que nos permitan incentivar la producción del campo y asegurar la calidad alimentaria. Eso es lo que tenemos que hacer, dar a la política un viraje, debe de ser un punto de partida la universalización de los derechos sociales y ser completada por subsidios bien focalizados para combatir la pobreza extrema, deben de ser direccionados con precisión para favorecer realmente a la población que más lo necesita.

Los logros del último gobierno son insuficientes; un poco más de 267 mil madres beneficiadas con un número importante en términos absolutos, pero mínimo frente a las necesidades de las mujeres mexicanas, entre ellas las violaciones constantes a los derechos humanos y a los derechos de la mujer en el país.

En materia educativa, no basta la construcción de nuevos planteles que beneficiaron únicamente a 146 mil alumnos de los más de 20 millones de mexicanos con rezago educativo; la política educativa debe de contribuir a mitigar la desigualdad y democratizar el acceso al conocimiento, a la información, que incluya el acceso a nuevas tecnologías.

En lo concerniente a la educación, la cobertura preescolar —sí es cierto— solo alcanza al 80 por ciento de la población y si bien la primaria ha alcanzado una cobertura muy cercana al 100 por ciento, estos números descienden en la educación secundaria a menos del 96 por ciento, en preparatoria al 66 por ciento y una estrepitosa caída al 28 por ciento en el caso de la educación superior. En esas condiciones la juventud corre el riesgo de ser presa fácil de actividades ilícitas y de adicciones.

Es una pena que en nuestro país solo uno de cada 10 mexicanos tiene la oportunidad de terminar la universidad.

El 60 por ciento de las personas que se emplearon en este sexenio, lo hicieron desde la vía de la informalidad.

Señoras y señores, compañeros de partido, en el PRI consideramos que es indispensable corregir el rumbo y las estrategias de combate a la pobreza para lograr superar el atraso en el que nos encontramos; por eso, compañeras y compañeros legisladores, es tiempo de unir esfuerzos sin distingos de partidos para construir un México con empleos, con seguridad pública y que combata la pobreza. Construir un México justo; es tiempo de combatir la marginación y la pobreza.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, vamos por tiempos mejores para México. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna don René Ricardo Fujiwara. Pero, si me permite un momento, René.

Esta Mesa Directiva, por acuerdo también de la Junta de Coordinación Política, acordó enviarles el día de hoy un abrazo afectuoso y una felicitación a nuestros atletas paralímpicos en los XIV Juegos Paralímpicos de Londres.

México en esta justa logró, con una profunda lección de vida que nos dieron a todos, obtener 21 preseas: 6 de oro, 4 de plata y 11 de bronce. Nuestros deportistas paralímpicos son un ejemplo de vida, son un ejemplo de disciplina, pero fundamentalmente son el ejemplo para todos de la fortaleza moral y física que nos anima a seguir por la vida.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión les agradece la profunda lección de superación que han dado a nuestra patria y más aún, el noble propósito de colocar a nuestro país entre los mejores. Felicidades y enhorabuena.

Ahora sí, René, tiene el uso de la voz.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, como representantes de uno de los Poderes de la Unión estamos obligados jurídica y políticamente a revisar cada una de las acciones de nuestro gobierno; nuestro compromiso es con los mexicanos y no con los agentes gubernamentales.

Es nuestro deber darle voz a los sin voz, que las demandas de los jóvenes, mujeres, niños, personas de la tercera edad e indígenas tengan la representación que se merecen. Ésta es la esencia de la soberanía popular en una democracia representativa.

Con esta convicción y a partir del VI Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, puedo afirmar, así como millones de mexicanos, que la política social del gobierno federal ha sido ineficiente, ineficaz y asistencialista.

Una nación que no garantiza los niveles de bienestar de sus conciudadanos no puede aspirar a la prosperidad en cuestión social y peor aún, una nación que no vela por el desarrollo integral de las futuras generaciones se está condenando así misma al fracaso.

Contrario a la lógica que impera, mi propósito no es venir a recitarles cifras y datos contenidos en el informe, vengo a señalar lo que no se dice en ese documento de 786 páginas, pero que la terca realidad nos muestra diario en cada rincón del país: pobreza, marginación, exclusión y falta de oportunidades.

Me preocupa sobre todo la desesperanza que ha invadido a mi generación, el coraje y frustración que sienten miles de jóvenes que cada año se quedan fuera de las universidades o instituciones de educación superior; la desesperación de los miles y miles de jóvenes que no tienen una oportunidad de empleo, por falta de experiencia o preparación, o jóvenes que concluyeron sus estudios universitarios y que lamentablemente, ante la falta de una vinculación con el mercado laboral, hoy están en el desempleo o la informalidad.

Con toda firmeza les puedo afirmar que este sexenio no fue el sexenio de la juventud. A este gobierno le debemos el surgimiento del término nini, que se refiere a los jóvenes que no estudian ni trabajan y aunque esta cifra se oculta en el Informe de Gobierno, México hoy ocupa el tercer lugar con siete millones de jóvenes en esta situación.

A finales del siglo pasado se hablaba con orgullo de expectativa del bono demográfico, de la gran oportunidad que representaba la tendencia poblacional en la cual millones de jóvenes en edad productiva serían el motor del desarrollo nacional, y gracias a la actual política gubernamental ese bono bien podría revertirse en un pagaré demográfico, ya que los millones de jóvenes que están afuera del sistema educativo o del mercado laboral envejecerán y se convertirán en el pasivo para seguridad social del Estado.

De la revisión del informe concluimos que los jóvenes nunca fuimos considerados como un sector estratégico para el desarrollo nacional; el enfoque de las políticas públicas trata a los jóvenes como un riesgo social y se contenta exclusivamente en el fomento de acceso a servicios, sin considerar la promoción de la ciudadanía y la participación juvenil.

Esta errónea concepción de los jóvenes quedó plasmada en el mensaje del Ejecutivo federal con motivo del VI Informe de Gobierno. Éste señaló como uno de los ejes de su estrategia contra el crimen organizado al de propiciar más y mejores oportunidades de empleo, educación, recreación para las y los jóvenes, con la finalidad de evitar de que fuesen presas de la criminalidad.

Pero eso no es todo, en más de un ocasión el gobierno ha atribuido la violencia a una lucha entre pandilleros o gente involucrada en el narcotráfico y así sucedió en el lamentable acontecimiento de Villas de Salvárcar, en el que un grupo de jóvenes fueron masacrados por desconocidos y el gobierno relacionó los hechos con ajustes de cuentas entre bandas rivales de criminales. Esto provocó —y con justa razón— la indignación de los familiares de las víctimas, quienes insistían en que todos eran estudiantes.

Como legisladores federales, no podemos seguir permitiendo que continúen criminalizando a la juventud.

Aún cuando se ubica a los jóvenes como un grupo prioritario en la acción de gobierno, solo se dedican siete —sí, siete— de las 786 páginas de todo el informe; la molestia surge cuando en esas páginas no existe una acción, dato o estadística o que muestre la realidad, una realidad lacerante y difícil para millones de jóvenes mexicanos.

Mientras que solo el 14.5 por ciento de los jóvenes emprendedores logran tener éxito en sus proyectos, uno de los resultados del programa de Empresas Juveniles del gobierno federal, es haber asesorado a 110 jóvenes para poner su empresa, o que la tarjeta de descuento Poder Joven cambió su diseño; mientras que la tasa de desempleo juvenil es de 9.6 por ciento, el programa de Fortalecimiento al Trabajo Juvenil nos presume que distribuyeron 80 mil ejemplares de los derechos y obligaciones laborales de las y los jóvenes.

Basta ya de tanta simulación respecto a mi generación; basta ya de tanta simulación; por atender lo urgente con una visión cortoplacista, miope y sin visión de Estado hemos dejado a un lado lo importante, que es el desarrollo integral de los jóvenes mexicanos.

Es necesario diseñar e implementar políticas públicas eficaces y eficientes que atiendan de manera prioritaria a aquellos jóvenes que están fuera del sistema y procurar que los que están en los espacios educativos y laborales no caigan en la desesperanza, ante un horizonte de incertidumbre y zozobra.

Un reclamo generalizado de los jóvenes no es que nos den —esperando con la mano extendida— la consideración gubernamental; exigimos, eso sí, de forma clara y contundente que se nos reconozca como actores estratégicos del desarrollo nacional; un reconocimiento real, no en el discurso vacío o en la frialdad de los informes gubernamentales, un reconocimiento que se concrete en programas innovadores para generar las oportunidades en educación, empleo, emprendimiento, participación social, política, salud, vivienda y deporte.

Rechazamos categóricamente ser una estadística más, un dato más, una cifra más de una estrategia fallida.

Existe un clamor generalizado para cambiar de manera radical la visión de la política hacia los jóvenes, de dar un golpe de timón que nos lleve a construir una verdadera política de Estado; en Nueva Alianza proponemos anclar la política juvenil a la estrategia de crecimiento y competitividad, a generar los acuerdos necesarios para que las y los jóvenes asumamos la corresponsabilidad en la conducción de nuestro país.

Estamos conscientes de que la exigencia trae consigo responsabilidades y obligaciones, pero hoy, más que nunca, estamos convencidos de que los jóvenes mexicanos asumiremos ese reto.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es impostergable construir un acuerdo multipartidista, interinstitucional e intergubernamental para sacar adelante una agenda estructural que atienda de manera urgente este tema. Es urgente, porque el futuro del país lo estamos construyendo hoy.

Compañeras y compañeros diputados, somos pocos los jóvenes en esta Legislatura y en nosotros —los pocos jóvenes que estamos aquí— recae la tarea de que se escuche la voz de una generación; juntos podemos crear un nuevo paradigma del quehacer político que conteste la llamada de nuestros tiempos para transformar a este país.

Los invito, a mis compañeros jóvenes y a todos, a que vayamos más allá de nuestros partidos políticos, de nuestras ideologías, nuestras filias y fobias, y sin protagonismos ni mezquindades seamos los representantes que la circunstancia y los jóvenes de México exigen.

Sin olvidar nuestros orígenes busquemos cambiar el rostro de la política juvenil y que ésta, la LXII Legislatura, sea recordada como la legislatura que dignificó y dio respuesta a los reclamos de una juventud indignada. Muchas gracias, compañeros diputados; muchas gracias, diputada presidenta.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación, tiene el uso de la palabra José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, mucho ya se ha dicho de las cantidades y estoy seguro que no solamente en las campañas, sino también en los resultados hay cuentas alegres; por eso mismo estamos comprometidos a lograr un nuevo desarrollo social en nuestro país.

Esta administración federal, en complicidad con la hegemonía económica, en cuestión de política social ha entregado muy malas cuentas; está reprobado y nadie puede decir que no, salvo los que se pongan una tela delante de los ojos.

Rezagos hay en todo, en vivienda, tenemos rezagos también en salud, en educación, y el campo está verdaderamente destrozado. Olvidamos al campo, así como también durante mucho tiempo se olvidaron a los jóvenes.

En el tema de desempleo, como les decía, una campaña ya multicitada por muchos compañeros como una promesa de campaña de Calderón, quedó olvidada; le apostó al proyecto neoliberal, apoyando a las grandes empresas trasnacionales y dándoles privilegios. Eso fue lo que pasó y olvidó a las microempresas, a las pequeñas y a las medianas, que son las que generan el empleo.

El 90 por ciento del empleo, de la ocupación, se genera ahí y no hubo una política clara para desarrollarlas. Al contrario, una contra-política en contra de ella; los bancos han perdido su funcionalidad, han perdido su vocación para ser el desarrollo empresarial, simplemente los intereses son muy altos.

En el comercio tenemos un gran problema, ¿por qué? Porque el comercio internacional que a algunas empresas ha beneficiado, a las microempresas desgraciadamente, con el contrabando, a muchas de ellas las ha quebrado. Tenemos que cambiar esa política en un proyecto más nacionalista, ver más hacia los mexicanos.

El asunto de la delincuencia, porque también para tener desarrollo social tenemos que tener verdaderamente seguridad y ahí también —aunque no lo quieran reconocer— metieron y alborotaron el avispero y ése se les vino encima, y ahora ya no saben cómo arreglarlo y muchos inocentes han pagado por ello, y han pagado por ello, porque en materia de muertes —que van más de 70 mil o ya no sabemos claramente, porque hay muchas cifras también—, sucede que los muertos, el 99.99, lo hemos puesto los pobres, porque son los que se enlistan en el Ejército y los mandan a la guerra, o no sé cómo se llama eso, y también como no hay oportunidades, pues los que se enlistan y son carne de cañón de la delincuencia son los pobres; entonces, los pobres son los que han muerto.

Pero no tan solo la tragedia queda ahí, las consecuencias de esta guerra, los huérfanos, las viudas y todas las secuelas, hasta psicológicas, van a trascender.

Es por ello, que nosotros también estamos por un cambio en materia social, política y económica; un cambio verdadero, que es el que necesitamos para que veamos resultados dentro de seis años.

En el campo, sucede que nadie quiere trabajar el campo, porque no es rentable. Debemos tener un modelo de trabajar en microrregiones, tener centrales productivas, donde verdaderamente los apoyos llegan a tiempo, donde verdaderamente las organizaciones puedan aprovecharse para comprar mejores insumos, porque sucede que solamente en el campo ganan los acaparadores, ganan los que trafican con la necesidad de los campesinos.

Si no logramos realmente tener centrales con maquinaria, con asesoría técnica, con semillas mejoradas, difícilmente vamos a tener la soberanía alimentaria.

Las cifras son alarmantes, cada vez tenemos que importar más alimentos y en eso, está en riesgo nuestra soberanía. Treinta y un millones de toneladas de maíz es la cantidad que consumimos los mexicanos y solo producimos 24. Lo que nos falta lo tenemos que importar, y no nada más en maíz y frijol, sino también en picante, el chile también ya lo importamos.

Para brincar al tema también de los indígenas, que es un tema muy lastimoso, donde verdaderamente han sido olvidados y ahí están los tarahumaras, que se estaban muriendo de hambre y que supuestamente les mandaron algunos beneficios, pero que en la generalidad, la parte indígena la ven como mexicanos de segunda clase, y ese tipo de gobierno no queremos; los indígenas son los herederos de nuestros ancestros, son los verdaderos mexicanos y los tratamos muy mal.

Nosotros, como Partido del Trabajo, no solamente queremos ser contestatarios, no solamente queremos contestar y no proponer.

También nosotros sabemos que en materia de salud las cuentas son alegres; realmente el Seguro Popular ha dejado mucho qué desear, porque cuando se llega a las clínicas realmente no hay servicio, realmente no hay medicamentos o la enfermedad no está calificada para que nos den el servicio.

Tenemos nosotros que lograr, en materia de salud, verdaderamente que la salud preventiva sea fundamental y en eso tenemos que trabajar muy duro, para que en este sexenio que viene se privilegie sobre todo en aspectos de salud, la alimentación y la cultura de salud, en las áreas escolares, en las áreas de trabajo y en general, en toda la sociedad.

Por ello mismo, compañeros, propongo que hagamos un pacto de civilidad para lograr un nuevo proyecto, donde los jóvenes, donde las mujeres, donde los campesinos, donde verdaderamente el pueblo mexicano tenga opciones; esas opciones que tanto necesita nuestro pueblo y cómo va a ser, también con menos corrupción, también con más acuerdos aquí en el Congreso, pero que veamos detenidamente hacia qué camino vamos, eso es lo que nosotros debemos precisar.

Por eso para nadie es oscuro, para nadie es oculto que ahora el nuevo presidente traiga políticas, como la reforma laboral, que es una continuidad y un acuerdo con los del PAN y que no debemos permitir esa infamia, porque, ¿cómo le vamos a dar la cara a los jóvenes, a los trabajadores que ya no tienen derecho?

Por eso nosotros estamos pidiendo a todos que lo consideremos y que no aprobemos esa infamia, porque no queremos cargar con ese costo histórico que nos va a demandar el pueblo mexicano. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, presidenta. Con el permiso de todas mis compañeras legisladoras y todos mis compañeros legisladores, y por supuesto, del público en general.

Quiero manifestar a nuestras compañeras legisladores y nuestros compañeros legisladores, del Partido Revolucionario Institucional, nuestra solidaridad por la pérdida de la vida de su compañera, que sin duda fue un ser humano extraordinario.

Manifestar mí profunda emoción y convicción que me genera el hacer uso de la palabra por primera vez en ésta la máxima tribuna popular de nuestro querido país, México; decirles que lo hago con absoluta responsabilidad, consciente de que los 628 representantes populares que conformamos el Congreso de la Unión tenemos la sagrada obligación de velar por la tutela y protección de más de 112 millones de seres humanos que sufren, sueñan, se esfuerzan, trabajan y sobre todo les mantiene latente en sus corazones los sentimientos de fe y esperanza, por un mañana mejor.

El luchar por ello no debe tener color ni preferencia ideológica o política; recordemos que el origen, naturaleza, función y justificación de todo Estado o nación es la de precisamente facilitar a través de los servicios públicos el desarrollo integral y pleno de los miembros de nuestra sociedad, bajo el ejercicio serio y responsable de cada quien, de sus derechos humanos.

Recordemos la obra de El contrato social, de Juan Jacobo Rousseau, en donde señaló que la única función del Estado es la de preservar la vida humana; bajo esta premisa me permitiré participar en este ejercicio de rendición de cuentas que el Ejecutivo federal realiza a través de este informe gubernamental, en el ámbito de la política social.

No obstante que se anuncian con bombo y platillo supuestos logros sin precedentes de los programas que se han implementado por parte de la administración saliente, que tan solo han cobrado efectividad de manera parcial, pues aún persisten situaciones que a todas luces denotan la ineficacia y la ineficiencia de las instituciones públicas, que más que tutelar y defender los derechos humanos de los miembros de nuestra sociedad, los vulneran y trasgreden en muchas de las ocasiones bajo lo que se conoce como la doble victimización, ya que las víctimas, en lato sensu, no son solo en el ámbito penal.

Todo análisis en torno al eje de la política social se inscribe estructuralmente en los procesos de marginación y violencia. Esto se hará visible mediante la inducción del problema, pues de inicio no debe dejar de mencionarse que los recursos que han sido erogados a lo largo del periodo 2011-2012, para la atención a los grupos vulnerables, para su libre autodeterminación económica y sobre todo política jurídica, han sido totalmente insuficientes.

Aunado a que, a pesar de haber sido creada la Ley Federal de Inclusión de Personas con Discapacidad, aún se tiene pendiente el armonizar la legislación secundaria que permita garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, entre otras hace falta reformar el Código Penal y Civil, entre otros.

Por lo que respecta uno de los derechos humanos más elementales, como es el de la salud, el informe presenta como un gran logro la supuesta cobertura universal del programa Seguro Popular, que a diferencia de lo que dice en el informe, de modo alguno significa la cobertura universal del derecho a la salud de los mexicanos; la realidad es que este seguro no incorpora todas las enfermedades que puede padecer una persona, como si uno pudiera escoger la enfermedad que vaya a tener.

Por otra parte, sobre este mismo derecho, debemos de señalar que derivado de la incapacidad de cumplir cabalmente con su responsabilidad instituciones como el IMSS y el ISSSTE, se pretende subrogar sus funciones complementarias, como es la entrega de sus medicamentos, lo cual debemos revisar en el Presupuesto de estas instituciones.

En lo relativo al derecho humano a la educación, en el informe se menciona que durante la presente administración se habrán construido nuevos planteles, no obstante, tan solo en la UNAM, en el ciclo 2010-2011, las solicitudes para ingresar al nivel licenciatura ascendieron a 170 mil 558, mientras que la demanda atendida fue de menos del 10 por ciento.

En este sentido, debemos señalar que si bien es cierto que hoy se pretende incorporar al nivel básico el sistema de bachillerato como educación obligatoria, esto significaría —bajo nuestra perspectiva— en que estaríamos elevando la educación en cantidad y no en calidad.

Toda vez que consideramos la necesidad de la implementación de una reforma a la Ley Federal de Educación, que incorpore la premisa que establece en la Carta Magna el artículo 3o., al señalar que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, dando como consecuencia la revisión de los planes y programas de estudio que conlleven a la incorporación de los valores intrínsecos, que nos corresponden a los seres humanos para coadyuvar en la formación de conciencias y personas que dignifiquen al género humano; para lo cual, en breve, estaremos presentando una iniciativa a la Ley Federal de Educación Pública, que nos permita provocar una reforma al sistema educativo nacional para dotarlo de la esencia que con toda atingencia concibieron nuestros Constituyentes.

En cuanto al derecho fundamental a la seguridad pública, a todas luces podemos afirmar que la estrategia nacional de seguridad no permitió lograr avances significativos en la contención y debilitamiento de las organizaciones criminales ni el fortalecimiento y reconstrucción de las instituciones de seguridad pública.

En mucho, creemos que es debido a la falta de la integralidad de las políticas públicas, observándose acciones de instituciones totalmente desasociadas y en ocasiones, en donde se realizan duplicidad o triplicidad de funciones.

Recordemos que la implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial será una realidad para el año 2016, en todo lo ancho y largo de nuestro país, y aun en los estados en donde ya se implementó dicho sistema persiste la deuda del Estado mexicano con las víctimas de la comisión de un ilícito y por ende, con su derecho sagrado a la justicia.

En suma, los esfuerzos realizados en este 2012, por el gobierno federal, sin duda resultan ser insuficientes para proteger, tutelar y garantizar los derechos fundamentales de los miembros de nuestra sociedad mexicana, en gran medida a causa del abismo que ha existido entre los gobernados y gobernantes de los tres órdenes de gobierno, siendo nugatorio el derecho a la participación ciudadana que nos permita verdaderamente incidir en el desarrollo democrático de nuestro país y por consiguiente, en el forjamiento de las instituciones públicas, comprometiéndonos, de igual manera, a presentar en breve una iniciativa de reforma constitucional que garantice que este derecho sea una realidad y se reconozca la coadyuvancia de nuestra sociedad para la determinación de los programas públicos y su evaluación, así como su supervisión del gasto público a través de los consejos ciudadanos, a efecto de propiciar la eficacia y eficiencia de toda institución pública.

Como pudieron haber constatado, hoy Movimiento Ciudadano responde a su compromiso con la ciudadanía mexicana, debiendo ser éste el inicio de la implementación de una cruzada nacional por la cultura, del respeto a la dignidad del ser humano, en donde todas y todos debemos formar parte. Ustedes tienen la palabra, compañeras y compañeros. Es cuanto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación, tiene el uso de la tribuna la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López:Con su venia, señora presidenta; compañeras y compañeros diputados, la política social es el instrumento y la herramienta del Estado mexicano y del gobierno para combatir la marginación y la pobreza, para generar desarrollo humano y sin la cual no puede haber gobernabilidad democrática plena.

Los liberales mexicanos del siglo XIX postularon con visión progresista y estratégica de Estado, que una política social sólida y eficiente bien se puede constituir en el mejor antídoto en contra de la violencia social.

Habrá que  recuperar hoy en día esa enseñanza histórica, que cobra relevancia por el escenario de criminalidad que afecta y padece la sociedad mexicana, en su conjunto.

En la actualidad, en esta coyuntura es menester redefinir la misión ética del Estado en esta materia y plantear una política social no residual, clientelar ni asistencialista y poner en el centro, como una prioridad, la promoción del bienestar y del desarrollo humano, una política social que potencie el bienestar colectivo y el crecimiento económico, con una visión de sustentabilidad y un enfoque ambientalista, defensor de la conservación de los recursos naturales y de la riqueza de la nación.

Pero necesitamos reorientar en ese sentido la acción de un modelo económico con sentido de justicia social, que ponga el acento en dos principios básicos: el desarrollo con sentido humanista y el cuidado del principio esencial de la sustentabilidad, que preserve el equilibrio y la defensa de los recursos naturales y no los destruya irresponsablemente. Ese es el signo de la política social que planteamos.

Ahora bien, si la política social implementada en los últimos años por el gobierno federal la analizamos e interpretamos a la luz de las cifras e indicadores objetivos, tendremos que aceptar que falta mucho por avanzar, incluso, que ha fracasado.

El Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas del Desarrollo Social, el Coneval, con cifras actualizadas documenta, ilustra y expone el rostro de la pobreza, que afecta a más de 50 millones de mexicanos, sin contabilizar la población vulnerable por ingresos, en precaria condición alimentaria y en situación de rezago educativo.

El rezago educativo afecta, según los datos y cifras oficiales, a casi 30 millones de mexicanos de 15 años o más. Lo que habla de la presencia y la acción de un sistema educativo nacional no solamente excluyente e inequitativo, sino también altamente ineficiente.

Tenemos que reconocer que sin una educación pública de calidad difícil será concebir en el corto, mediano y largo plazo una nación soberana y una nación con adecuados niveles de desarrollo humano, con justicia y democracia.

Quienes formamos parte de esta Legislatura federal debemos hacer posible, como parte de nuestro compromiso moral, la construcción plural y racional de un gran pacto político en contra de la pobreza, que contribuya a reducir los niveles de marginación y vulnerabilidad social y para eso, desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión habrá que impulsar y consensar iniciativas legislativas que privilegien políticas sociales que coloquen en el centro la promoción del desarrollo humano.

En el informe que fue entregado por el Ejecutivo federal, el pasado primero de septiembre, a este Congreso de la Unión, debemos ver que la mayor parte de sus datos estadísticos registra un aumento del gasto público, una mayor cantidad de población beneficiada, más obras nuevas, más obras rehabilitadas y un mayor Presupuesto a programas tan importantes, como Oportunidades.

Sin embargo, no siempre gastar más es sinónimo de gastar mejor ni mucho menos que ese gasto sea efectivo; por tal motivo, no basta con ver los números y datos estadísticos presentados fríamente en el documento del VI Informe Presidencial.

En esta tribuna se ha planteado en reiteradas ocasiones el incumplimiento del gobierno del empleo con esa promesa de campaña; las políticas implementadas han dilapidado la capacidad de fuerza laboral con que cuenta el país, ya que el 66.8 por ciento de la población se encuentra en edad laboral, lo que en números representa 73.8 millones de mexicanos y mexicanas, sin tener todos la misma oportunidad de empleo.

De nada sirve aprobar cada año más recursos a programas sociales que buscan abatir la pobreza en rubros como el alimentario, cuando en términos económicos, durante este sexenio, el valor de la canasta básica aumentó casi el doble, ya que de 492 pesos en el mes de enero del 2005, para la zona rural, pasó a 798.54 pesos, en julio del 2012 y las zonas urbanas no han sido la excepción, ya que la misma canasta pasó de 712 pesos, en enero de 2005, a mil 120, en julio de 2012. Resulta triste ver que este valor de la canasta es mayor en las zonas urbanas, que además han aumentado su densidad de población, por fenómenos de migración interna.

Como expuse, no basta con aumentar los recursos y gastarlos, sino privilegiar el ejercicio de los presupuestos de calidad y en aplicar y dirigir correctamente ese gasto.

Para muestra un botón. Dentro de este informe, el Ejecutivo federal menciona el destino de recursos presupuestales especiales para los 125 municipios con mayores índices de pobreza y marginación.

Qué importante es esto, pero las políticas sociales tendrán que trascender la visión tradicionalista de asistencialismo y clientelismo. Hoy debemos construir, más allá de las políticas sociales residuales, un nuevo modelo federalista que promueva un trato justo a los municipios de México, que contemple una distribución equitativa de la recaudación federal participable.

Si bien es cierto que el gasto público ha crecido en el combate a la pobreza, esto no se ha visto reflejado en la ciudadanía ni en el desarrollo social. Las propias cifras oficiales en la materia así lo revelan y lo demuestran.

Las evaluaciones nacionales recomiendan revisar y readecuar el ejercicio y ejecución de las políticas sociales para que cumplan su objetivo superior de propiciar bienestar colectivo con justicia y equidad.

Pero cómo nos encontramos en el contexto de las mediciones y evaluaciones de las políticas sociales del resto del mundo; en el rubro de salud, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos ubica entre los coleros, ya que a pesar del referido informe presidencial, se reporta un número exponencial de gasto en este sector con respecto a los países integrantes de la OCDE, nos encontramos en el penúltimo lugar solo por encima de Turquía.

En la prestación de servicios de salud nos colocamos muy por debajo de la media de esta organización en casi todos los rubros. Por ejemplo, en tasa de la mortalidad infantil nos encontramos en promedio tres a uno, por debajo de la media y nuestro país se localiza por esta razón en penúltimo lugar.

En relación al tema educativo, es reconocido por todos que el avance no ha sido significativo cuando revisamos los indicadores de cobertura, aprovechamiento y eficiencia del sistema educativo nacional. Como muestra mencionemos solo dos datos contundentes de muchos que existen y que documentan los atrasos en este ámbito.

La cobertura en educación superior solamente atiende el 32 por ciento de la población en edad de cursar una licenciatura; por ese motivo, miles de jóvenes mexicanos son excluidos de una oportunidad digna de cursar el nivel de enseñanza terciaria y se les lanza al horizonte la desesperanza. Muchos de ellos han quedado en profunda vulnerabilidad y en situación de sicarización, por los riesgos y peligros representados por la presencia del crimen organizado.

El rezago educativo, por otra parte, es igualmente impresionante; en total, 30 millones de jóvenes de 15 años o más se encuentran en estatus de rezago, debido a que no han culminado su educación básica o bien, se encuentran en condición de analfabetismo tradicional. Las estadísticas de la misma OCDE nos ubican en los últimos lugares de aprovechamiento educativo respecto a los países pertenecientes a dicha organización.

Se estima que aproximadamente 52 por ciento de los jóvenes entre 15 y 19 años, que acuden a una escuela, cifra muy por debajo del 75 por ciento en Brasil y el 73 por ciento en Chile, y aún más baja si consideramos que el promedio de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es del 82 por ciento.

¿Cómo formular la construcción de un México moderno, con justicia y bienestar, sin educación de calidad? Eso es —verdad— improbable e imposible.

Estamos proponiendo entonces —desde nuestra perspectiva— políticas públicas modernas, con la acción de un Estado en ética, justo y eficiente, que ponga énfasis, además, en un desarrollo regional sustentable en el país.

Debo insistir que el fortalecimiento de la gobernabilidad y la gobernanza de la nación, así como la renovación del histórico Pacto Federal, depende en mucho del ejercicio y aplicación de un nuevo paradigma de desarrollo económico, con profundo espíritu de sentido humano y de sustentabilidad, que atienda a las circunstancias y las características propias de cada entidad en la República.

En particular, una servidora, como representante en esta Legislatura del estado de Zacatecas, he demandado —y hoy puntualizo— un modelo económico que concilie las dimensiones de la justicia social con la sustentabilidad y la preservación de la naturaleza.

En el caso concreto de Zacatecas, entidad que cuenta en la actualidad con las empresas mineras productoras de plata y oro más importantes de México y el mundo, ha hecho que la industria extractiva se constituya, sí, en una gran oportunidad para la generación de empleo y el crecimiento económico, pero también en un gran reto para el desarrollo humano y de sustentabilidad que se debe regular con la discusión y aprobación, en esta honorable Cámara de Diputados, de leyes más justas y modernas en la materia.

Tendremos que propiciar que la explotación de los recursos naturales de la nación se haga con racionalidad y sustentabilidad, que genere riqueza, pero que ésta sea adecuadamente utilizada para promover el desarrollo con justicia de la sociedad.

Ésta será siempre nuestra demanda: que las políticas públicas del Estado mexicano, en materia social y económica, atiendan también estas grandes prioridades sociales. Gracias por su atención.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el VI Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, presentado a esta soberanía el pasado primero de septiembre, destaca por su triunfalismo, por su falta de autocrítica y balance sobre política social; se reportan en él programas de gobierno dirigidos a las acciones para la igualdad entre mujeres y hombres, cuyo monto presupuestal ascendió a 16 mil 752.9 millones de pesos.

El gobierno buscó incluir la perspectiva de género en la administración pública federal, pero se requiere de un profundo proceso de reeducación cultural y de una gran voluntad política para realmente repercutir en la igualdad entre mujeres y hombres.

Los ámbitos cruciales en la vida de las mujeres, como la educación, el mercado laboral, las decisiones de reproducción y de su cuerpo; la participación política y la salud e integración familiar, entre otros, presentan datos preocupantes.

Por mencionar algunos. En 2010, el 6.9 por ciento de la población de 15 años y más no sabía leer y escribir; de éstos, 6 de cada 10 eran mujeres. El promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8.6, éste es mayor en los varones que en las mujeres. Así también, se encuentra una menor presencia de mujeres del medio rural en el campo educativo.

En el mundo del trabajo, 78 de cada 100 hombres y 41 de cada 100 mujeres participan con remuneración salarial. Ésta sigue siendo diferenciada entre los géneros y las actuales condiciones laborales para las mujeres han rebasado los planteamientos de la Ley Federal del Trabajo, permitiendo que existan vacíos legales que traen consigo la violación a sus derechos humanos y laborales.

Esto da paso a una marcada discriminación laboral, que incluye para ellas requisitos distintos a los establecidos para los hombres, aunque se encuentren postulando para puestos iguales o equivalentes. Como ejemplo, está el requisito de certificado de ingravidez o no embarazo.

Para el PRD, la propuesta de reforma laboral del Ejecutivo atenta contra los derechos de las y los trabajadores, pues pretende flexibilizar la contratación y el despido con los contratos a prueba; anula la posibilidad de que trabajadoras y trabajadores acumulen derechos y prestaciones; agrega causales de despido, sin responsabilidad para el patrón; exime de la responsabilidad de notificar personalmente de la recisión a quien sea cesado, y limita la obligación de pagar salarios caídos hasta un máximo de 12 meses.

Es cierto que la iniciativa propone medidas protectoras a favor de las madres trabajadoras para combatir el acoso y el hostigamiento sexual en los centros de trabajo, pero son propuestas limitadas, porque la situación de las trabajadoras requiere de medidas que les permitan laborar en condiciones de equidad, regulando las responsabilidades familiares y los derechos reproductivos.

En lo referente al trabajo en el hogar, solo se establecen descansos diarios y semanales. Otros aspectos como la incorporación a la seguridad social, el contrato por escrito, el reconocimiento de prestaciones básicas y medidas protectoras contra la violencia y la discriminación a ese sector, no merecieron la atención del Ejecutivo.

La propuesta del PRD incluye un verdadero enfoque de género que prohíbe, entre otros puntos, la discriminación de las trabajadoras, la eliminación de la violencia laboral y sexual contra ellas, la igualdad en la remuneración y su derecho a la justicia laboral.

Por ello, durante el proceso de dictaminación de la iniciativa del Ejecutivo en materia laboral, defenderemos nuestra propuesta y nos opondremos a toda modificación regresiva en perjuicio de los derechos de las y los trabajadores, que atente contra su calidad de vida y sus condiciones de trabajo.

Con relación a la infancia, hablar sobre la infancia, sobre la niñez en México, hace imperioso el reconocimiento de nuestra Constitución, que en su artículo 4o. establece la protección de niñas, niños y adolescentes, toda vez que dispone el prever mecanismos, planes y programas que diseñan y ayuden a construir las mejores condiciones de desarrollo para ellas y ellos.

Pese a lo anterior, sus derechos son reiteradamente vulnerados. Así, la obligación jurídicamente instituida debe acatarse y destinar los recursos necesarios para garantizar su pleno desarrollo.

Los infantes y adolescentes se encuentran expuestos a actos de violencia, maltrato, explotación y discriminación, ya que son quienes se encuentran más vulnerables y desfavorecidos y por tanto, susceptibles a sufrir agresiones y falta de cuidado.

En nuestro país existen 10 millones de personas con algún problema de discapacidad, de éstos, el 2.3 por ciento tiene una discapacidad severa. También se calcula que existen 750 mil 198 hogares con presencia de personas con discapacidad motriz. Asimismo, del 1.8 millones de estas personas, 52.6 por ciento son hombres y 47.4 por ciento son mujeres.

Del total de la población con discapacidad, el 35 por ciento no ha recibido ningún tipo de tratamiento, por no contar con Seguro Social, por la falta de recursos económicos o porque no existe tratamiento disponible o factible para su discapacidad. Éste es un problema que sin duda queda pendiente del gobierno que va saliendo.

El envejecimiento de las poblaciones es un fenómeno mundial, cuyas características se impactan directamente a las personas, las familias, las comunidades y prácticamente a todos los sectores del gobierno y la sociedad.

Se han implementado acciones y programas, pero no son suficientes. El Instituto Nacional de Geriatría, estancias de día para las personas de edad avanzada no es suficiente. Se requiere de mayores acciones compensatorias, ya que mientras la población nacional crece a una tasa anual de 1.02 por ciento, las personas con 60 años o más se incrementan en un 3.6 por ciento y se calcula que esta proporción llegará a 15.8 por ciento en el año 2005.

En materia de cultura, arte, recreación y deporte, es de destacar que el tema no es prioritario en el informe del Ejecutivo federal; en nuestro país la cultura está relegada a una actividad complementaria. Esto significa que el grueso de la población no tiene acceso a la misma. Aunado a ello, la Secretaría de Educación Pública no fomenta de manera suficiente el amor y el cuidado por la literatura y las bellas artes.

Con lo anterior, quedan de lado aspectos fundamentales, como son la construcción de la identidad nacional, la reivindicación de nuestros modos y expresiones culturales contemporáneos y el conocimiento de la gran diversidad cultural que tenemos en el país.

El Presupuesto asignado a los temas culturales, artísticos y deportivos es meramente simbólico, lo que obstaculiza un desarrollo óptimo de las actividades deportivas y el mantenimiento regular y constante del deporte de alto rendimiento, dejando la responsabilidad de la formación de las y los atletas a las familias y sus esfuerzos particulares para concretizar los sueños de muchas mexicanas y mexicanos.

No voy a repetir aquí el tema de jóvenes, que ha sido citado por varias diputadas y diputados, simplemente decir que para el Partido de la Revolución Democrática es una vergüenza que el gobierno anterior haya permitido que existan siete millones y medio de jóvenes sin oportunidades de trabajo y sin oportunidades de estudio.

Se nos argumenta que han sido los efectos de la crisis lo que ha imposibilitado contener el crecimiento de la pobreza en el país. Nada más falso, eso obedece a la lógica clientelar y asistencialista, lo que ha marcado de facto la aplicación de una política social que ha dañado severamente a sectores importantes de la sociedad mexicana.

El país requiere de una urgente reorientación de la política social que no mire al pasado, donde el uso de los programas sociales no sea la moneda de cambio para la compra de voluntades y sí una política social que genere y fortalezca capacidades de las personas y los sectores que pagan los costos de una política económica que ha favorecido a unos cuantos.

En este esfuerzo estaremos comprometidos las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD en esta Legislatura. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. El siguiente turno es el de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Con su permiso, ciudadana presidenta. Me da mucho gusto que en esta tribuna reconozcan que las comunidades y los pueblos originarios somos dueños de México; entonces, ahí les encargo que ya no nos traigan ahí en los bloqueos de Reforma.

Más allá de juicios sumarios o afanes tremendistas, de criterios políticos o banderas ideológicas, es preciso recordar que en ésta, como en muchas otras tareas, el compromiso es de todos, de la sociedad y el gobierno, y cómo gobierno no solo le compete al Poder Ejecutivo federal, sino que también al estatal y a los municipales.

Qué grave e irresponsable es juzgar una gestión pública solo por aquello que ha quedado pendiente por realizar y no por aquello, por lo mucho que se ha logrado y que a final de cuentas es fruto del esfuerzo de todos los mexicanos. La política social no puede ser una política pública de corto plazo, sino que debe pensarse, planificarse y ejecutarse con una visión de largo aliento.

México hoy cuenta con una política social de Estado; los dos sexenios de gobiernos panistas han colocado los cimientos de una cultura política, de transparencia y de rendición de cuentas que nunca existió en el pasado, se dio paso a una alternativa subsidiaria que impulsa acciones corresponsables en los procesos permanentes de desarrollo y se impulsaron las de capacidades y oportunidades de las personas, las familias y sus comunidades.

Los avances son innegables; en estos seis años el presidente de la República promovió una política social promotora del bien común en el respeto a la dignidad de la persona.

Diputadas y diputados de este Congreso, tenemos mucho que hacer y mucho que aportar para asegurar que los frutos de este trabajo sigan beneficiando a un mayor número de familias mexicanas; es preciso garantizar la continuidad de los programas sociales, como Oportunidades, que han demostrado su eficacia en todos los rincones del territorio y en todos los ámbitos de la acción social, así como la atención médica para todos en un esquema de portabilidad entre las instituciones de seguridad social.

Hoy contamos con una política social que rinde cuentas con reglas de operación y padrones de beneficiarios públicos abiertos al escrutinio ciudadano, con mecanismos de contraloría social, con procesos de evaluación realizados por un órgano ajeno a la entidad o la dependencia pública que los opera.

Otro de los grandes avances institucionales de la política social fue la creación del Coneval en 2006, cuya labor garantiza la transparencia de las acciones, indicadores técnicos, precisos acerca de la pobreza y con objetividad sobre los resultados de las políticas públicas, y hace 12 años eso no existía.

Actualmente, 12 por ciento de los programas sociales federales son evaluados y se avanza para alcanzar al 100 por ciento. Sin embargo, los resultados en el ámbito de los gobiernos estatales y municipales dejan mucho que desear, ya que a nivel local apenas la mitad de los programas sociales son evaluados.

No olvidemos que 9 de cada 10 pesos de los recursos que invierten en el combate a la pobreza son ejercidos por los gobiernos estatales y municipales; por ello deberían ser corresponsables de las estadísticas.

Curiosamente, quienes más critican son quienes más afán han demostrado en ocultar las cifras de su manejo discrecional y arbitrario del Presupuesto, pero además han sido señalados como responsables de graves quebrantos al erario público y de heredar deudas millonarias a las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos.

El caso Coahuilazo, que no se nos olvide; primero, son las fugas del dinero público y después las fugas de los políticos con dinero, que no aparecen para rendir cuentas a las autoridades.

Por ello, antes de voltear la mirada a la casa ajena, compañeras y compañeros, el buen juez empieza por su casa; así como venimos a esta tribuna a exigir cuentas al presidente de la República, hagámoslo también con los gobernadores de los estados.

En este sexenio —aunque muchos no quieren reconocerlo— se fortaleció como nunca la infraestructura escolar, a pesar de los obstáculos impuestos por gobiernos cómplices del sindicalismo magisterial.

La salud es primordial para las familias y por eso también ha sido primordial para los gobiernos emanados de Acción Nacional.

Hoy este Congreso tiene dos iniciativas enviadas por el presidente de la República, resurge la esperanza de generar mayores oportunidades, mejorar las condiciones de vida de millones de familias; esta Legislatura tiene la responsabilidad histórica de dictaminar, o en su caso, aprobar una de las reformas estructurales de mayor jerarquía y visión de desarrollo en la historia reciente del país, la reforma laboral, que se ha convertido en una de las principales deudas de este Congreso hacia los mexicanos.

Millones de jóvenes esperan que se generen condiciones propicias para incorporarse a la actividad productiva; más de 20 millones de mujeres claman para erradicar la discriminación, el hostigamiento, el acoso; miles más aguardan que se dignifique el trabajo domestico, y las personas con discapacidad; nuestros jornaleros migrantes indígenas exigen un marco legal que facilite su incorporación a la vida productiva; millones de trabajadores, literalmente secuestrados por los intereses gremiales, esperan para ejercer a cabalidad y con libertad sus derechos.

Más allá de los cálculos y miras políticas de corto plazo, esta Legislatura tiene que superar los perjuicios que impidieron a otros aprobar la reforma laboral que México necesita.

Eventualmente también discutiremos y aprobaremos la Ley de Contabilidad Gubernamental; basta ya de ver el Presupuesto como una caja negra en favor de unos cuantos y empecemos a mirarlo como una caja de cristal, a la vista y al escrutinio de todos los mexicanos.

El combate a la pobreza no es un camino más hacia el desarrollo con justicia y dignidad de los mexicanos, sino que es el único camino por el que se puede transitar. Estamos convencidos de que todavía queda mucho por hacer, pongamos —todos— nuestro mayor esfuerzo por alcanzar los acuerdos políticos necesarios: por nuestras mujeres, por nuestras comunidades, por nuestros jóvenes, por nuestros discapacitados, que ya no queden simplemente en discursos.

La pobreza no entiende de alternancias ni de ideologías políticas o de retornos autoritarios, y cito las palabras de Castillo Peraza: La libertad sin justicia es privación de aquella por los miserables y monopolio de bienestar para los acomodados. Que quede claro, si uno falla, fallamos todos, y si todos fallamos, que sea la historia la que nos juzgue. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último, tiene el turno la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Con su permiso, diputada presidenta; diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Cuando se afirma y se difunde —en ocasión de un informe— un mensaje a la nación, que México ha cumplido a cabalidad con la cobertura universal de salud, uno no acierta a saber si se haya uno en otro país o se trata de un caso de miopía.

No es lo mismo lograr la afiliación universal de salud, que la atención universal en ella, y lo que en todo caso se logró mediante la afiliación de 37 millones 66 mil personas en el periodo 2007-2012, como aseveró el Ejecutivo federal, fue el registro de esta población sin poder garantizar una cobertura suficiente y de calidad, como corresponde al derecho constitucional de todos los mexicanos.

El Seguro Popular, compañeros, debería representar una responsabilidad del gobierno con la población más necesitada y más vulnerable y no un programa electorero, como ha operado hasta el día de hoy.

Durante el primer sexenio de la administración panista, el presupuesto asignado al Seguro Popular fue destinado básicamente para levantar el padrón de beneficiarios y se dejó a un lado la cobertura de los servicios médicos a los que todos tenemos derecho; desde su inicio el abanderamiento del programa solo fue de carácter electoral y es al concluir esta administración en que se insiste en revertirlo de una cobertura universal en salud.

La dramática realidad es que tenemos un sistema de salud inequitativo, en términos de acceso a los servicios de financiamiento y de sus resultados.

Existen grandes disparidades en cuanto a cobertura, gasto público y condiciones sanitarias entre los estados del norte y los del sur. Esta última región tiene una disponibilidad muy baja en médicos, enfermeras y camas de hospital, en comparación con los estados del norte y los demás miembros de la OCDE.

Lo que tenemos con el Seguro Popular son ostensibles brechas, en materia de calidad en la atención médica y la seguridad social de los pacientes.

El Seguro Popular solo atiende mil 585 diagnósticos, mientras que el Seguro Social y el ISSSTE dan cobertura a 12 mil 467 diagnósticos de 21 apartados de la Clasificación Internacional de Enfermedades, aun cuando sus presupuestos —de estas instituciones— han sido reducidos gradualmente.

Lo que sí hemos visto desde la llegada de los gobiernos panistas es que se han desatendido de las instituciones, de las instituciones que son pilares de la salud pública de nuestro país, como son el Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud.

En este informe también se destacó que en materia de infraestructura de salud se concluyeron mil 264 hospitales o clínicas nuevas y se remodelaron 2 mil 470; la mitad de ellas en los 10 estados con mayores índices de pobreza, puntualizando que el siguiente paso es la prevención de las enfermedades. O sea que todo está resuelto.

Sin embargo, la realidad es que no basta con infraestructura y más promoción, requerimos de abasto de medicamentos; no hay medicinas en los hospitales; material de trabajo y personal hospitalario capacitado, para poder brindar una atención adecuada.

Los indicadores que se difunden sobre el número de cirugías practicadas, consultas, especialistas y camas de hospital ocupadas, no son suficientes para demostrar la calidad y cobertura de un servicio. No se sabe si expresan una significativa subutilización o si la productividad es muy alta.

Pero lo que sí es cierto, compañeras y compañeros, es que en la realidad que viven la mayoría de los mexicanos, el Seguro Popular no proporciona medicamentos suficientes para poder atender a la población que se presenta a las unidades de salud y los recursos humanos tampoco son suficientes. En pocas palabras, no hay camas, no hay doctores, no hay medicamentos.

Compañeras y compañeros legisladores, al escuchar al titular del Poder Ejecutivo, mi percepción fue que hablaba de otro país, pero volví a la realidad al recordar que ocupamos el primer lugar en obesidad infantil y que estamos a punto de arrebatarle a Estados Unidos de América el primer lugar también en la población adulta.

¿Cómo hablar de eficiencia, si diariamente mueren en nuestro país 176 mexicanos a causa del cáncer? ¿Cómo decir que todo va bien, si esta enfermedad es la segunda causa de muerte infantil? ¿Cómo hablar de eficacia, si cada dos horas muere una mujer mexicana a causa del cáncer y la falta de atención materna? ¿Cómo no decir que existen datos alarmantes respecto a diversas enfermedades cardiovasculares, diabetes, VIH, entre otras?

También es cierto que al concluir esta administración tenemos que el gasto público per cápita en salud en México es de 172 dólares, en contraste con Brasil, que equivale a 208 dólares y un promedio de mil 300 dólares en los países más avanzados. Entre los países de la OCDE México se encuentra en el penúltimo lugar con un monto de 3.5 veces menos que el promedio de los países de la OCDE, ya que solo estamos por encima de Turquía. Con lo anterior, queda muy clara la diferencia abismal.

Entiéndase bien, compañeros: la diferencia abismal entre afiliación universal de salud y atención universal de salud. Completamente diferente.

Lamentablemente, los 53 millones de afiliados que cuentan con los beneficios del Seguro Popular están muy lejos de tener garantizada una cobertura universal de salud; afirmar contra toda evidencia lo contrario, solo revela una miopía, que tal vez deriva de una enfermedad más profunda, que es la soberbia.

El Grupo Parlamentario del PRI sostiene que no podemos ser omisos ante la exigencia social que reclama eficiencia de sus instituciones y de los servidores públicos que las constituyen; es menester fortalecer las estrategias que permitan abatir el enorme rezago existente en materia de salud, y de igual forma debemos fomentar la cultura de la prevención para reducir los altos costos de tratamientos y hacer uso eficiente de los recursos públicos y trabajar para construir un verdadero sistema universal de salud, en lugar de una filiación universal voluntaria.

Para ello nuestro presidente electo, el licenciado Enrique Peña Nieto, promoverá la seguridad universal a través del acceso efectivo a la atención médica, mediante una real reestructuración de los servicios del sector salud, a través de una pensión universal para adultos mayores, ampliando de forma gradual el programa de 70 y Más y disminuyendo la edad mínima a 65 años; a través del seguro de invalidez por discapacidad o accidente a la población que tenga entre 14 y 65 años de edad, porque es necesario tener un seguro de desempleo para todas aquellas personas que pierden su trabajo, con el requisito de haber trabajado de manera consecutiva y de participar en programas de capacitación y de ferias de empleo durante el tiempo que perciban el seguro.

Éste es el compromiso que adquirió el actual presidente electo de México y hacia este objetivo habremos de dedicarnos en nuestro trabajo legislativo para construir consensos y lograr la aprobación de la reforma que instrumente el sistema de seguridad social universal del siglo XXI. Muchas gracias, compañeros.

Presidencia del diputado Jesús Murillo Karam

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. De conformidad con lo que establece el artículo 7o., numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República, para su conocimiento.

TRABAJOS LEGISLATIVOS

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Compañeros diputados, quisiera poner a su consideración la aprobación de que me permitan continuar con esta sesión por lo menos hasta la presentación de iniciativas; lo haríamos por cinco minutos la presentación de cada una de ellas, en razón de que han pasado las cinco horas que el Reglamento admite. Debo de ponerlo a su consideración.

Por tanto, le ruego a la Secretaría ponga a consideración de los señores diputados si nos autorizan la ampliación de esta sesión para que puedan ser presentadas las iniciativas.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza continuar la sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se autoriza. En consecuencia, les plantearía que para poder ser ágiles en el manejo de este tiempo, los que van a presentar iniciativas usaran el menor tiempo posible, alrededor de cinco minutos.

A petición del diputado Trinidad Secundino Morales, se pospone la del Grupo Parlamentario del PRD, con proyecto de decreto que reforma, adiciona, deroga diversas disposiciones de la Ley Minera. Simplemente se pospone.

El caso, también, de la del diputado José Antonio León Mendívil, que también se pospone y que es relativa a la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En cambio, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD, va a presentarnos iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. No quiere subir, es solo turno.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La iniciativa que a continuación presentamos contiene una modificación de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que responde al criterio establecido en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, básicamente al párrafo tercero del artículo 1o. de la Carta Magna, que genera la obligación para las autoridades de los tres niveles de gobierno de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Asimismo, la iniciativa que se promueve busca armonizar la legislación que norma el comportamiento del Congreso de la Unión, a fin de hacerla congruente con los criterios que establece la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), pues es un instrumento internacional signado y ratificado por el Estado mexicano.

Más aún, la propuesta pretende cumplir las recomendaciones del propio mecanismo de seguimiento de la convención que, conforme a los nuevos criterios de interpretación en materia de derechos humanos, deben ser acatadas por la Cámara de Diputados, la cual debe actuar en consecuencia.

Argumentos que la sustentan

El tema de la igualdad de género en el país ha ganado terreno en gran medida gracias al escrutinio sistemático de los mecanismos internacionales que observan de manera cercana el cumplimiento de los compromisos que el gobierno mexicano ha adquirido en materia de derechos humanos de las mujeres.

Para quienes tenemos la responsabilidad de legislar y el compromiso de hacerlo desde la perspectiva de género, las recomendaciones que emiten estos mecanismos de seguimiento, más allá de ser importantes insumos, representan también un mandato que obliga al Poder Legislativo a actuar en lo que a su ámbito de competencia confiere para atender y resolver las recomendaciones emitidas al Estado mexicano.

De acuerdo con los preceptos de la CEDAW y las recomendaciones de su mecanismo de seguimiento, es necesario recordar que en agosto de 2006 en el trigésimo sexto periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano, de las que destacamos las 17 y la 18, en razón de que su contenido da sustento a la pretensión de las proponentes de cambiar el nombre de la Comisión de Equidad y Género por “Igualdad de Género”.

Para ilustrar la propuesta citamos ambas recomendaciones:

17. El comité reitera las recomendaciones que formuló al Estado parte en relación con su investigación emprendida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Protocolo Facultativo (CEDAW/C/2005/OP.8/ MEXICO) e insta al Estado parte a que refuerce su labor encaminada a aplicarlas plenamente. El comité pide al Estado parte que establezca mecanismos de seguimiento concretos para evaluar de manera sistemática los avances realizados en la aplicación de esas recomendaciones y, en particular, los progresos obtenidos en la labor destinada a prevenir esos delitos.

18. El comité observa con preocupación que, si bien la convención se refiere al concepto de igualdad, en los planes y programas del Estado parte se utiliza el término equidad. También preocupa al comité que el Estado parte entienda la equidad como un paso preliminar para el logro de la igualdad.

La igualdad de género es según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) un prerrequisito del desarrollo y un asunto fundamental de derechos humanos y de justicia social.

El PNUD considera que la inversión en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es vital, no sólo para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad en su conjunto sino para lograr una ciudadanía integral y una democracia más sólida.

La CEDAW hace referencia al concepto de igualdad como el eje fundamental de dicho instrumento para erradicar la discriminación:

Artículo 3

Los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Artículo 10

Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

1. Los Estados parte reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres precisa no sólo en el título mismo de la ley, sino que en el artículo 22, fracción I, atribuye al gobierno federal la obligación de conducir la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

El concepto igualdad de género abarca una dimensión en la que queda subsumida la equidad de género. La igualdad de género implica reconocer la equivalencia entre mujeres y hombres en derechos, oportunidades, beneficios, participación, con la misma representación en la vida pública y política, en tanto que la equidad de género significa reconocer la necesidad de un trato imparcial o diferenciado entre mujeres y hombres, de acuerdo con sus respectivas necesidades para que ambos puedan acceder en las mismas condiciones a los derechos y las oportunidades.

La creación de la Comisión de Equidad y Género fue un proceso fundamental para lograr incorporar progresivamente la perspectiva de género en el trabajo legislativo.

Ello ha detonado en un cúmulo de reformas orientadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres. Su importancia quedó manifiesta cuando en 1999 transitó de ser una comisión especial a ordinaria y permanente con el peso específico de todas las demás comisiones, a fin de incorporar la perspectiva de género en la legislación que da vida y sustento a las políticas públicas.

Desde entonces, la Comisión de Equidad y Género ha tenido como eje principal desarrollar una agenda legislativa que impulse uno de los principios fundamentales de la Constitución: La igualdad.

Precisamente el fortalecimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres es la razón de ser de la Comisión de Equidad y Género, que obtuvo el nombre sin atender a los conceptos y criterios teóricos que promueven las instancias y los organismos internacionales especializados en los derechos humanos de las mujeres, instrumentos –reiteramos– que han sido suscritos por el Estado mexicano.

Fundamento legal

La suscrita, Martha Lucía Mícher Camarena, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 76, numeral 1, fracción II, 78, 97 y 102 del mismo ordenamiento, presenta al pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 39, numeral 2, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar el nombre de la Comisión de Equidad y Género por el de Comisión de Igualdad de Género

Texto normativo propuesto de proyecto de decreto

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 39. Las comisiones son órganos constituidos por el pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

1. ...

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

I. a XIV. ...

XV. Igualdad de Género.

XVI. a XL. ...

3. ...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012.— Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En consecuencia, túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

ARTICULOS 52, 53, 54 Y 56 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Ahora sí, le damos la palabra por cinco minutos a la diputada Patricia Elena Retamoza Vega, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que está suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

Le suplicaría, diputada —y a todos los demás que van a hacer uso de la palabra—, se circunscriban al plazo de cinco minutos, para que podamos desahogar todos los que quieran presentar su iniciativa. Adelante.

La diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado presidente. A todas y todos, muy buenas tardes. La democracia mexicana es hoy más competitiva, no obstante lo cual la percepción que los ciudadanos tienen del Congreso sigue siendo afectada ante la exigencia ciudadana de resultados y menores costos de la democracia.

La sociedad mexicana tiene un anhelo: ser escuchada, confiar en sus representantes, lograr un Estado eficaz que garantice, o dicho en palabras del presidente electo Enrique Peña Nieto, durante su campaña política: una democracia de resultados.

La democracia es un concepto en constante cambio y expansión, no es una idea estática e inamovible que tiene que responder a las circunstancias de la sociedad donde se desenvuelve, para garantizar un adecuado desarrollo de los proyectos políticos, económicos, sociales y culturales de una nación, y en el caso de la democracia mexicana no es una excepción.

Es momento de tomar acciones responsables y congruentes con los tiempos que se viven; el pluralismo ya es un hecho, el sistema democrático está consolidado, es eficiente, independiente y apartidista.

Es momento de racionalizar el Congreso. ¿Qué implica racionalizar el Congreso? En primer lugar, es necesario redefinir el pluralismo; existen varias aproximaciones sobre la representación plurinominal, hay quienes defienden la necesidad de que todos los escaños sean repartidos por este principio, lo que constituye un ejercicio que puede resultar ajeno a la responsabilidad del representante ante sus electores.

Un Congreso totalmente plurinominal aleja a los representantes de sus distritos, dado que inclusive sin conocerlos ni hacer campaña en los distritos, pudieran ocupar posiciones parlamentarias.

Existen también quienes defienden la eliminación total y absoluta de la representación plurinominal en aras de transitar a un sistema totalmente mayoritario. Esto constituye otro extremo equivocado, pues los sistemas mayoritarios garantizan gobernabilidad y son adecuados en condiciones de bipartidismo, pero en casos de pluripartidismo, como el mexicano, pudiera darse la situación hipotética y alejada de que algún partido ganara, con menos del 30 por ciento de los votos, la mayoría, y estamos hablando del 70 por ciento o más de un Congreso.

La representación proporcional es necesaria para garantizar la participación de las minorías, como debe ser un entorno democrático; sin embargo, a últimas fechas, en México ha servido como herramienta de veto para grupos que no representan a sectores mayoritarios de la sociedad y que paralizan acciones en el cambio del statu quo, en detrimento de la ciudadanía.

Racionalizar el Congreso es también retomar los principios bajo los cuales fue creada la Cámara de Senadores, como un foro de confluencia y representación paritaria de las entidades federativas. La representación plurinominal ha ocasionado una ruptura y un desequilibrio en su interior.

Los estados y el Distrito Federal han perdido el balance, pues existen representaciones con más de cuatro legisladores en sus filas. ¿Dónde está la paridad? ¿Dónde la representación igualitaria? ¿Dónde ha quedado el equilibrio? ¿O es acaso que existen entidades más valiosas que otras? Por supuesto que no.

Hay que respetar lo dispuesto en el artículo 40 constitucional; por ello, la iniciativa que proponemos los legisladores del PRI incorpora en concreto lo siguiente:

Se reforma el artículo 52 constitucional para integrar la Cámara de Diputados por 300 representantes, electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y otros 100 que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en cinco circunscripciones.

Se armoniza el artículo 53 en concordancia al 52, respecto a la distribución de las demarcaciones territoriales correspondientes.

Se armoniza el artículo 54 a la nueva cifra de curules plurinominales en la Cámara de Diputados y se establece en el artículo 56 la nueva configuración de la Cámara de Senadores, eliminando la representación proporcional, reduciéndola a 96 escaños, 64 para fórmula ganadora de mayoría relativa y las 32 restantes para la primera minoría.

Es momento de construir el Congreso que México necesita: un Congreso moderno, un Congreso de resultados.

Le ruego integre en sus términos al Diario de los Debates, señor presidente de la Cámara, la iniciativa a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, que represento, para reducir el Congreso en 100 diputados y en 32 los senadores, ambos de representación proporcional. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada Patricia Elena Retamoza Vega, somete a consideración de ésta asamblea la presente iniciativa, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La dificultad  para la construcción de mayorías en México se deriva de un sistema de representación política  que buscando la pluralidad, dificulta la gobernabilidad y genera altos costos y desprestigio ante los ciudadanos.

En la disyuntiva sobre la pertinencia de crear reglas que propicien la formación de una mayoría eficiente o persistir en el pluralismo acendrado y el bloqueo, existen dos corrientes: quienes consideran que se necesitan reglas que generen incentivos para fortalecer la gobernabilidad, la eficiencia y la eficacia parlamentaria, y quienes piensan que se debe continuar por la vía del bloqueo y la parálisis.

Los primeros optamos por una reforma constitucional para aumentar la comunicación entre los Poderes y en el Congreso, propiciando un diálogo continuo con una retroalimentación racional y oportuna. Para los segundos, es más importante mantener el sistema actual, diseñado para que en un sistema tripartidista como el mexicano, nadie alcance una mayoría clara en el Congreso. Para quienes están en este grupo es preferible mantener al país en un paso lento, o en una lógica de pequeños cambios, que apostar por un Congreso con una gran capacidad transformadora.

El verdadero riesgo para la democracia está en la ineficiencia legislativa: en la incapacidad para generar los grandes cambios que el país necesita en el momento que los requiere.

Contar con una mayoría legislativa no equivale ni a nulificar la división de poderes ni a evadir el juicio de las urnas en la siguiente elección. El Estado necesita de mayorías para ser eficaz. Sin mayorías, se pierde la capacidad de decidir y transformar, lo que termina por erosionar la capacidad para gobernar.

Un instrumento que fortalece la gobernabilidad de las Cámaras, responde al clamor ciudadano por mayor responsabilidad de sus legisladores y menores costos de la democracia a la vez que permite el cumplimiento de los mandatos electorales, es la reducción de 100 diputados y los 32 senadores electos por el principio de representación proporcional, pues reduciría los costos de las Cámaras y aumentaría la probabilidad de alcanzar mayorías ya que se incrementaría la proporción de diputados electos por el principio de mayoría relativa, haciendo posible al partido que gane el mayor número de distritos alcanzar más del 50 por ciento de la representación en la Cámara de Diputados.

Esta reforma permitirá crear un nuevo equilibrio funcional entre una mayoría útil y otras minorías, que impediría que éstas últimas tuvieran una representación desproporcionada y, por ende, un poder de veto injustificado, como lo explica George Tsebelis en su obra Veto Players (Actores de Veto), lo que permitiría crear una Cámara de Diputados más funcional y eficaz, así como menos costosa para los contribuyentes.

El Congreso mexicano enfrenta un problema en cuanto a la cantidad, costo y funcionalidad de los legisladores federales. Sus 628 parlamentarios, 500 diputados y 128 senadores, constituyen, en términos absolutos, un Congreso con demasiados parlamentarios, superando incluso a Brasil. Cámaras tan numerosas no necesariamente significan mayor eficiencia o mejor representación política y si implican problemas de coordinación tan vastos como sus integrantes.

La finalidad original de las Cámaras era, para el Senado, representar, desde una lógica territorial, a las Entidades Federativas; mientras que para la Cámara de Diputados, la finalidad era la representación popular a través de representantes electos por el principio de mayoría relativa en distritos uninominales.

Hasta la reforma política de 1977 se introduce el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados, con el antecedente de los diputados de partido en 1963. Hasta ese momento prevalecía el sistema de partido hegemónico, en donde el partido gobernante ocupaba prácticamente la totalidad de los puestos representativos en ambas cámaras; y en un sistema político de menor competitividad, los diversos grupos de oposición casi no tenían posibilidades de tener presencia en el Poder Legislativo a través del principio de mayoría ya señalado. La fórmula de diputados de partido demostró ser insuficiente para abrir espacios representativos a la oposición en el Congreso, por lo que se instaura un sistema electoral mixto con carácter hegemónico y predominante mayoritario. La composición de la Cámara de Diputados se transformó y se crearon cien curules elegidas por el principio de representación proporcional. Con ello la cámara baja paso a estar integrada de 300 a 400 diputados.

En 1986, otra reforma en el mismo sentido, buscando incrementar los espacios de representación de las minorías, aumentó una vez más el número de diputados elegidos por el principio de representación proporcional, pasando a doscientos. Con ello la cámara creció de 400 hasta su número actual de 500 representantes populares. Dentro de las motivaciones para implementar dicha reforma, se mencionó la necesidad de abrir más cauces de expresión a los diversos grupos opositores existentes en ese momento. En consonancia con el aumento de la pluralidad política y social que estaba viviendo el país, los órganos de representación popular debían adaptarse y abrir más espacios que apoyaran el desarrollo de la pluralidad.

Con la transformación de la normatividad electoral de 1993 se estableció que el Senado reflejara también el pluralismo de la sociedad mexicana y se incrementara de 64 a 128 legisladores, pasando de dos senadores por entidad federativa a cuatro: tres para el partido más votado y el restante para la primera minoría. Sin embargo, esta disposición nunca llegó a utilizarse, ya que antes de su aplicación sobrevino un nuevo cambio normativo.

Con la reforma electoral de 1996 se introdujo el límite actual del número de diputados que puede tener un sólo partido: no más de 300, frente a lo que anteriormente se disponía que era de 315. Adicionalmente se reestructuró la composición del Senado, introduciendo el principio de representación proporcional, con lo cual se desnaturalizó la idea original de que esta Cámara  representa paritariamente a las entidades federativas. Con ello, su integración quedó como se encuentra en la actualidad: 128 senadores en total, de los cuales dos son para el partido que obtiene la mayor votación en cada entidad federativa y uno para la primera minoría; los 32 restantes se eligen siguiendo el principio de representación proporcional ya mencionado, mediante el sistema de una lista por cada partido con registro votada en una sola circunscripción nacional.

Lo cierto es que las motivaciones que inspiraron la introducción de estas reformas han sido ya superadas por el propio desarrollo político del país. La competitividad de nuestra democracia y el escenario electoral son radicalmente diferentes a lo que se vivía cuando se consideró necesario ampliar los cauces institucionales a los grupos de oposición política, propiciando su ingreso en los órganos de gobierno del Estado mexicano, ya que se encontraban en una situación de extrema debilidad y desarticulados, sin posibilidades reales de integrar la representación política nacional y competir frente al partido dominante en ese momento.

En la actualidad la competencia partidista se encuentra plenamente instalada, existen tres grandes opciones políticas y algunas otras minorías que pueden contender de forma real y obtener la victoria en los distritos electorales. Vivimos ya una segunda alternancia en nuestra democracia, librada en términos de regularidad institucional y en relativa normalidad democrática.

En este sentido, se pretende lograr ahora una mayor agilidad y eficacia de las cámaras legisladoras y responder al clamor ciudadano por atemperar el costo de nuestra democracia, por ello se propone disminuir el número de Diputados a 400, reduciendo a cien los escaños asignados por representación proporcional, y en el caso de los Senadores, la eliminación de los 32 elegidos por el sistema de lista nacional.

Con este cambio, se buscará facilitar la toma de decisiones y la construcción de mayores consensos. Sin duda, resulta evidente que el elevado número de legisladores puede llegar a retrasar o impedir los acuerdos, tanto en lo que se refiere al interior de los grupos parlamentarios como en las comisiones o bien en el Pleno de las cámaras, elevando con ello la dificultad de las negociaciones y la generación de pactos.

Ante otras propuestas que insisten en reducir aún más al Congreso o hasta desaparecer una de sus Cámaras, la propuesta de los diputados del PRI, congruente con los compromisos asumidos en la campaña electoral triunfante en las elecciones recién concluidas, establece un nuevo balance entre la necesaria eficiencia legislativa, la pluralidad de la representación política y la gobernabilidad del Congreso en la democracia.

Otra ventaja nada desdeñable es que aumentaría la calidad de la representación política-parlamentaria. Es decir, al reducirse el número total de curules disponibles en ambas cámaras, el escenario político estaría más competido, con la consecuencia de que únicamente podrían llegar a ocupar dichos cargos aquellas personas consideradas como más valiosas por la ciudadanía, bien sea por su preparación, por sus conocimientos técnicos en alguna materia importante para el Congreso, por su experiencia, cercanía con los ciudadanos o por su representatividad social.

Por último y no menos importante, se atendería la preocupación ciudadana por el elevado precio de la democracia y se reducirían los costos de los órganos de representación: al ser cien diputados y 32 senadores menos, el erario público, es decir, los contribuyentes, se ahorrarían las dietas y prestaciones, espacio de oficinas, viáticos, numerario del personal de apoyo y asesores, obteniendo adicionalmente, una mayor eficiencia y gobernabilidad de las Cámaras.

Resulta de vital importancia destacar que en el caso de la Cámara de Diputados, no se perdería representatividad o menoscabaría el pluralismo. Tal y como se desprende del estudio de representatividad (reportado en el cuadro adjunto), la integración de la Cámara en términos porcentuales tendría mínimos efectos. Aplicando los resultados electorales de las elecciones más recientes –en las cuales ya se puede hablar de una verdadera competencia electoral— en una cámara de 400 miembros, no hay apenas diferencia.

La variación en el porcentaje de escaños que obtiene cada partido es minúscula, y por el contrario, son perceptibles las ventajas de la disminución de curules y escaños.

Distribución de asientos en la Cámara de Diputados (%)

Dos escenarios: 500 diputados según la regla vigente. 400 diputados (300 MR y 100 RP)

Asimismo, en el caso del Senado se trata de recuperar el carácter original que históricamente ha tenido como cámara representativa del territorio, es decir de las entidades federativas, reduciendo a aquellos senadores elegidos por el principio de representación proporcional en su integración. Con la eliminación de los senadores plurinominales que se propone, no se cierran los cauces de representación política a los partidos minoritarios, ya que ésta continúa estando presente en el seno de la cámara mediante los 32 senadores elegidos por la ruta de asignación a la primera minoría en cada una de las entidades federativas y por supuesto, con la mayor competitividad política consolidada en nuestra democracia. De esta forma queda garantizado el pluralismo político y la representación equilibrada de las Entidades Federativas.

Una reducción del número de diputados federales y de los senadores plurinominales permitirá lograr que el trabajo de ambas cámaras sea mejor y más eficiente, con mayores resultados en la democracia, eludiendo el estancamiento del proceso legislativo.

Una Cámara de Diputados del tamaño de la de ahora no es el órgano legislativo más eficiente, complica el debate responsable, impide el procesamiento ordenado del trabajo en comisiones, dificulta la asignación de responsabilidades adecuadas y, lo más grave, entorpece la formación de consensos necesarios para la definición de prioridades legislativas comunes a todas las fracciones ideológicas que la Nación requiere con urgencia. Además, genera costos que, aún cuando no son lo más relevante, también preocupan a la ciudadanía y desprestigian la tarea legislativa.

De lograrse la reducción legislativa en la figura de representación proporcional para diputados, se establecería un sistema mixto con pluralidad y dominante mayoritario, con el fin de favorecer una mayor identidad y comunicación entre el representante popular y el electorado.

En los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión para la Reforma del Estado (CENCA), instaurada por mandato de la Ley para la Reforma del Estado en la LX Legislatura, se propuso igualmente la reducción del número de miembros de ambas Cámaras, donde se afirmó que dicha reducción en el número de legisladores puede tener un impacto favorable sobre la capacidad de organización y conducción de los trabajos legislativos. Con similares argumentos, nuestro Partido propuso la reducción de las Cámaras en su propuesta de Reforma Política presentada en febrero del 2011. Adicionalmente, con la reciente reforma política que hace posible las candidaturas independientes también avalada por nuestro Partido, el sistema político dispondrá de un elemento más para incentivar la pluralidad política y la competencia electoral en los distritos y entidades, acercando aún más a los representantes con los ciudadanos.

Por otro lado, la supresión de los senadores de representación proporcional puede verse como una propuesta coherente con la idea original de hacer del Senado una Cámara de representación territorial y sede del Pacto Federal, en el marco de nuestro sistema republicano.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados propone que el Senado de la República se integre por 96 Senadores, se plantea la eliminación de los 32 parlamentarios a la Cámara Alta elegidos por el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. Con ello se propone la integración de esta Cámara mediante la elección de tres senadores por cada entidad federativa, incluido el Distrito Federal; dos elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno asignado a la primera minoría, tal y como lo dispone actualmente el artículo 56 Constitucional.

En el caso de la Cámara de Diputados, se establece una reducción del número de legisladores, pasando de los 500 actuales a 400, eliminando 100 por el principio de representación proporcional. Se conservan –como se encuentra regulado actualmente— los 300 diputados electos según el principio de votación por mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales. Los diputados electos por el principio de representación proporcional se reducen a 100, a diferencia de los 200 que existen actualmente; los cuales serán electos mediante el sistema de lista en las cinco circunscripciones existentes actualmente.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma el artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en cinco circunscripciones plurinominales. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo Tercero. Se reforma y adiciona el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 54. La elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales votadas en cinco circunscripciones plurinominales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. a VI. (...)

Artículo Cuarto. Se reforma el primer párrafo y se deroga el párrafo segundo del artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación por mayoría relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión contará con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir las reformas a la legislación secundaria.

Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de septiembre del año 2012.— Diputados: Patricia Elena Retamoza Vega, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Marco Antonio Barba Mariscal, Fernando Jorge Castro Trenti, Carlos Humberto Aceves y del Olmo, Manuel Añorve Baños, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbricas).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO - ARTICULOS 74, 78, 115, 116 Y 123 CONSTITUCIONALES - LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra el diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Trabajo*, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios. Le haría la misma recomendación que hice anteriormente, diputado. Ojalá y sea lo más breve.

El diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, presidente. Honorable asamblea, diputadas, diputados, el día de hoy, los suscritos diputados y diputadas de los grupos parlamentarios que conformamos el frente legislativo de izquierda, sometemos a consideración de esta soberanía un paquete integral de iniciativas en materia laboral.

Con esta propuesta ponemos a consideración reformas constitucionales y legales, para la transformación integral del marco jurídico laboral y la creación de un seguro de desempleo.

Esta propuesta se ubica en el ámbito de la reforma del Estado y constituye una propuesta integral para configurar un modelo laboral que haga posible la inserción de nuestro sistema productivo en este mundo globalizado, así como la generación de empleos estables y bien remunerados.

Con este proyecto se pretende dar forma a un nuevo pacto social entre capital y trabajo, bajo el amparo del pleno reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores, asumiendo a los sindicatos como los principales interlocutores del cambio en las relaciones laborales.

Nuestras iniciativas se proponen acabar con la impunidad de quienes violan el orden jurídico laboral, propiciar el incremento de la productividad y la competitividad a través de la reorganización del trabajo y la innovación tecnológica, y asegurar las condiciones para el reparto justo de los resultados, abriendo el cauce para la participación de las y los trabajadores y sus legítimos representantes en el desarrollo nacional.

En su conjunto, la propuesta incluye un verdadero enfoque de género, que prohíbe la discriminación contra las trabajadoras; el derecho de igualdad en la remuneración frente a un trabajo de igual valor, eliminando la violencia laboral y sexual. Hace efectivo así el derecho a la justicia laboral y el reparto igualitario de las responsabilidades en el ámbito doméstico.

La nuestra es una propuesta que recoge la experiencia histórica de la lucha de la clase trabajadora por demostrar y democratizar el mundo del trabajo, con plena conservación de derechos y de cara a los retos productivos de nuestro tiempo; es un conjunto de iniciativas que acorde con el espíritu de nuestra Carta Magna y con los convenios y normas internacionales que, avaladas por el Estado mexicano, son parte de nuestra ley fundamental.

Quienes suscribimos estas iniciativas partimos de la base de la discusión en marcha de la reforma laboral, enviada a esta Cámara de Diputados el primero de septiembre. Y no debiendo sustraerse de otras visiones y otras alternativas y que en todo caso, asumimos que la iniciativa presidencial es preferente, pero no puede ser excluyente.

Por eso demandamos, desde esta tribuna, que en el proceso de dictaminación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social sean tomadas en cuenta nuestras propuestas con la seriedad y con el rigor con el que han sido planteadas a esta soberanía.

Como frente legislativo de izquierda pugnamos porque los incrementos salariales sean mayores a la inflación, por la ampliación de los derechos de las trabajadoras y en especial, de las trabajadoras del hogar, por la democracia, autonomía y libertad sindical, por la defensa irrestricta al derecho de huelga, por garantizar la contratación colectiva auténtica y profesionalizar las instituciones de justicia laboral.

Nuestra posición en el proceso de dictaminación de la reforma laboral será defender nuestra propuesta y oponernos a cualquier modificación regresiva y en perjuicio de los derechos de las y los trabajadores, que atente contra su calidad de vida y sus condiciones de trabajo, como ha sido ampliamente mencionado el caso del outsourcing, la contratación a prueba, la capacitación inicial o por temporada, el pago por horas y todas estas medidas, que solo facilitan el despido y la limitación en el pago de salarios caídos en el caso de los derechos de huelga.

Honorable asamblea, con estas iniciativas el frente legislativo de izquierda honra a los votantes que depositaron su confianza en nosotros y en nuestros grupos parlamentarios; reivindica sus principios de defender y ampliar los derechos de las y los trabajadores, de sus organizaciones y la democratización del mundo del trabajo, y actualiza sus propuestas con una visión progresista e incluyente, con un enfoque de género y acorde con el derecho internacional.

Esperamos de las y los integrantes de esta asamblea un compromiso similar, a la altura de nuestros tiempos y de nuestros retos, que sin duda, hoy enfrentamos. Muchísimas gracias por su atención.

Señor presidente, le voy a hacer entrega del paquete de iniciativas al cual he hecho referencia en mi intervención. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman,  derogan y adicionan diversas disposiciones de los artículos 74, 78, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia laboral, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Planteamiento del problema

México ha sido escenario de grandes luchas de los trabajadores del campo y la ciudad por mejorar sus condiciones de vida. En los momentos cruciales de nuestra historia los trabajadores mexicanos y sus organizaciones sindicales han sido precursores o protagonistas del cambio político. Así ocurrió con las huelgas de Cananea y Río Blanco que anticiparon el movimiento revolucionario de 1910 y el nacimiento del derecho del trabajo que fue concebido por el Constituyente de Querétaro en 1917. El constitucionalismo social fue resultado, entre otras causas, de la lucha tenaz y heroica de la clase trabajadora por el respeto a la dignidad del trabajo y a quien lo realiza, a lo largo de muchas décadas.

Con la creación del artículo 123 constitucional se materializó la existencia de un derecho del trabajo que robusteció el conjunto de derechos sociales plasmados en la Constitución. Un derecho protector de la clase trabajadora sustentado en principios básicos e irrenunciables: la concepción del trabajo como un derecho y un deber sociales, la libertad e igualdad en el trabajo, la irrenunciabilidad de los derechos que la Constitución y las leyes otorgan y la estabilidad en el empleo. La defensa de estos principios ha sido el motor de las luchas de los trabajadores y de las organizaciones sindicales de perfil democrático.

El derecho del trabajo surge como un conjunto de normas cuyo objeto principal es garantizar el equilibrio y la justicia social en las relaciones obrero-patronales. Está constituido por un mínimo de garantías sociales para los trabajadores y trabajadoras, susceptibles de ser mejoradas, nunca reducidas o negadas, a través de contratación individual y primordialmente de la colectiva.

A 97 años de haberse creado, el artículo 123 constitucional ha sido reformado en diversas ocasiones, no siempre para conservar el espíritu del Constituyente. Durante los 12 años que siguieron a su aprobación, el texto original se conservó intacto. Fue hasta septiembre de 1929 cuando se publicaron en el Diario Oficial las primeras reformas; a partir de ese momento el artículo 123 ha sido objeto de 41 modificaciones.

Entre las reformas más importantes al artículo 123 se encuentran la relativa a declarar de utilidad social a la Ley del Seguro Social en 1929; la incorporación de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión, del gobierno del Distrito Federal y territorios federales al marco constitucional por medio de la adición de catorce fracciones que integraron el apartado B al texto ya existente, que se le denominó apartado A en 1960; el aumento de la edad mínima para ingresar a trabajar de 12 a 14 años y la pormenorización de un nuevo sistema para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en 1962; el otorgamiento del derecho a la vivienda para los trabajadores al servicio del Estado en 1972; la prohibición de algunas labores para las mujeres en 1974; el derecho a la capacitación y adiestramiento en 1978; la incorporación al apartado B de las instituciones que prestan el servicio público de banca y crédito en 1982; la inclusión de los trabajadores de la banca comercial en 1990; y, por último, en 1998 se reformó la fracción XIII del apartado B para establecer que los policías de los municipios, entidades federativas, del Distrito Federal y de la Federación que sean removidos de sus cargos no tienen derecho a la reinstalación.

Las críticas a las reformas que ha tenido la Constitución han sido más que al fondo a su gran número. Algunos tratadistas de derecho constitucional consideran que sólo deben ser válidas aquellas reformas constitucionales que reflejen un cambio social trascendente, o que pretendan inducirlo.

La presente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actualiza la iniciativa presentada en 2010 que formalizó la visión de reforma estructural en materia laboral que presentó a la nación la Unión Nacional de Trabajadores en junio de 2002 e integra el anteproyecto de reforma laboral del Partido de la Revolución Democrática dado a conocer en 1998, en un solo documento enriquecido con visiones convergentes y actualizado con nuevos e ingentes requerimientos de justicia y equidad.

La iniciativa constituye la primera propuesta integral de reformas a la legislación laboral en la historia legislativa del país generada por una multitud de sindicatos de diversas ramas de la producción y los servicios organizados en la Unión Nacional de Trabajadores. En ella se articulan las propuestas del sindicalismo democrático que ya desde los años setenta habían planteado la Tendencia Democrática de los Electricistas así como otros contingentes de trabajadores que consiguieron independizarse del sindicalismo corporativo, como es el caso de los telefonistas y universitarios. Hoy, las asociaciones que confluyen en la Unión Nacional de Trabajadores, nuevamentehan actualizado aquellas demandas, dando también voz a los trabajadores sometidos involuntariamente a la inmovilidad y al silencio por sindicatos corporativos, blancos o simulados así como al resto de trabajadores no afiliados formalmente a ningún tipo de organización, los cuales constituyen la mayoría en el país.

En la iniciativa se incorporan, también, antecedentes legislativos internacionales en la materia, normas de convenciones internacionales de carácter laboral así como propuestas de distinguidos laboralistas mexicanos formuladas en sus tratados e investigaciones académicas, y algunos planteamientos contenidos en reformas precedentes.

Si bien hoy en día nadie podría afirmar que el artículo 123 constitucional es obsoleto, sí podemos decir que en algunos temas ha sido rebasado por la realidad, ya que las disposiciones de este artículo, y posteriormente de la Ley Federal del Trabajo de 1931, fueron creadas en los albores del Estado corporativo autoritario y en el contexto de un modelo de desarrollo económico que ya ha sido abandonado.

Las sucesivas reformas constitucionales y a la legislación reglamentaria no hicieron más que reafirmar el modelo de regulación laboral adoptado en aquella época -en esencia autoritario y corporativo, con una fuerte y discrecional intervención del Estado-, aun cuando fueron integradas diversas disposiciones en beneficio de los trabajadores.

Argumentación

El punto de partida de las reformas que se proponen, en el prolongado marco de la transición del país a un sistema democrático que no se ha logrado culminar y de una nueva inserción de México en la economía mundial, es la necesidad de introducir cambios sustanciales al viejo sistema de protección a los trabajadores con dos propósitos principalmente. Por una parte se busca eliminar la discrecionalidad gubernamental, asegurar el libre ejercicio de los derechos colectivos y, más en general, fortalecer el Estado de Derecho. Se trata, en consecuencia, de ofrecer un nuevo marco institucional para las relaciones entre los trabajadores, sus organizaciones, las autoridades laborales y los empleadores acorde con las transformaciones que ya experimentó el régimen presidencial en otros ámbitos, en aras de establecer una auténtica división de poderes y garantizar la pluralidad y la transparencia del sistema de representación política, llevando este proceso de transición democrática al mundo del trabajo.

Cabe señalar el enorme rezago que experimenta en este aspecto el sistema de representación de los asalariados, después de tantas décadas de subordinación de los sindicatos al Estado Mexicano y de las complicidades generadas bajo una supuesta “alianza histórica” que terminó vulnerando el ejercicio de libertades fundamentales y cobijando una inconmensurable corrupción, bajo una casi total impunidad y una ausencia generalizada de democracia en las organizaciones, sin que existan las garantías jurídicas para que los trabajadores acaben con dichas perversiones.

El segundo propósito de la reforma constitucional, relacionado estrechamente con el anterior, es el de crear las condiciones institucionales para reorientar el rumbo de la competitividad del país por la vía de la productividad y los compromisos entre los interlocutores del mundo del trabajo. Esta meta, de interés para la sociedad en su conjunto, no podrá jamás alcanzarse sin dejar atrás la simulación y sin que existan la confianza y la transparencia que den legitimidad y fuerza a los acuerdos entre dichos interlocutores. Cuando el Estado ha perdido, en razón de la globalización, gran parte de su anterior capacidad para asignar ganancias y pérdidas y se requiere, más que nunca antes, de actores sociales fuertes, dotados de autonomía y capacidades de negociación equilibradas, la mayor parte de los trabajadores del país no tiene organizaciones auténticas que representen sus intereses a la hora de tomar decisiones fundamentales en diversos ámbitos: desde la empresa hasta el sector, la región o a nivel nacional. Sin embargo, la búsqueda de soluciones equitativas a los complejos problemas de la competencia y a la necesidad de adaptar las empresas a las exigencias de los mercados abiertos no podrá tener éxito sin esa representación, como lo prueba la experiencia de países altamente competitivos que supieron combinar la flexibilidad laboral con la bilateralidad y la protección social. Aunque es cierto que los caminos institucionales pueden ser muy variados, hay suficientes evidencias acerca de la importancia de la cooperación y la inclusión social.

La presentación de esta iniciativa considera que no es convincente el argumento de que hay que renunciar a los cambios constitucionales por la necesidad de avanzar gradualmente en las transformaciones del mundo del trabajo, ya que de este modo se pretende encubrir, sin lograrlo, la defensa del statu quo. Si bien es cierto que hay principios fundamentales que deben ser conservados, como lo es la aspiración a asegurar mínimos de protección a los trabajadores frente a las consecuencias adversas derivadas de las incertidumbres y riesgos derivados de su condición y a mejorar su situación a través del ejercicio de los correspondientes derechos colectivos, no puede aceptarse que se sigan protegiendo intereses ilegítimos ni mantener por más tiempo instituciones que no han servido para asegurar, después de casi un siglo de vigencia, la efectividad de los derechos fundamentales. En todo caso, los riesgos y la inseguridad no tendrían por qué derivarse de un cambio de mayor envergadura que busque poner estos derechos, tanto los que corresponden a los trabajadores como a cualquier otro ciudadano, a salvo de los criterios de oportunidad del Poder Ejecutivo. Más aún, cualquier propuesta de reforma laboral que deje en pie los pilares de la discrecionalidad gubernamental y no ofrezca la oportunidad de renovar y fortalecer en forma pacífica el sistema de representación de los trabajadores, de manera que la democracia penetre a las organizaciones también en este ámbito y les otorgue la legitimidad derivada del verdadero respaldo de sus miembros, no estará a la altura de las circunstancias por las que hoy atraviesa el país. Llevará, en cambio, a apuntalar y perpetuar estilos de representación y de intervención gubernamental que resultan incompatibles con la democracia y, de subsistir junto con ella, tenderían a erosionarla más de lo que ya lo está. No es tampoco con acciones punitivas personalistas y selectivas como el Estado podrá enfrentar con eficacia los vicios que aquejan a los sindicatos o a la justicia laboral tripartita. Se requiere de la acción cotidiana de los trabajadores y el ejercicio de sus libertades en el marco de reglas y garantías que permitan conseguir ese imperativo de transparencia y justicia, sin sacrificar la paz que se requiere para avanzar en el desarrollo económico.

Por estas razones, la nueva iniciativa da forma a un nuevo pacto social entre capital y trabajo bajo el amparo de un auténtico Estado de Derecho y del pleno reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, asumiendo a los sindicatos como los principales interlocutores del cambio en las relaciones laborales. Este pacto se propone ventilar la enorme corrupción que prevalece y acabar con la impunidad de quienes violan el orden jurídico, propiciar el incremento de la productividad y la competitividad de las empresas a través la reorganización del trabajo y la innovación tecnológica y asegurar las condiciones para el reparto justo de los resultados, tocando los linderos de la reforma del Estado y, al mismo tiempo, abriendo el cauce para la participación de los trabajadores y de sus legítimos representantes en la reforma económica.

En suma, se trata de abrir nuevos cauces para atender las viejas aspiraciones que dieron origen a la protección de los trabajadores. Estas aspiraciones deben atenderse en circunstancias muy distintas de aquellas en que se llevaron al texto constitucional, pero no por ello menos adversas. Y es que en México, como en cualquier otra parte del mundo, las fuertes presiones competitivas asociadas a la liberalización comercial y la globalización amenazan gravemente la supervivencia de los derechos fundamentales de los trabajadores. Las reformas que se proponen a continuación, constituyen la vía para ratificar el compromiso de la nación con estos derechos, al inicio de un nuevo siglo y en el marco de un nuevo régimen político.

La iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución comprende contenidos esenciales en materia laboral, tanto en lo sustantivo como en la institución de nuevas autoridades en substitución de autoridades que han completado su ciclo histórico y constituyen desde hace décadas un pesado lastre para el país. Las sustantivas son necesarias para la reestructuración moderna y democrática del modelo laboral mexicano.

Fundamento legal

Los artículos 71, fracción II, y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de los artículos 74, 78, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia laboral.

Ordenamientos a modificar

Derogación del apartado B del artículo 123 constitucional

Esta iniciativa propone derogar el apartado B del artículo 123 constitucional en virtud de que la existencia de una norma sin apartados es condición fundamental para erradicar la discriminación de los trabajadores, entre quienes tienen derechos plenos y quienes no los tienen. Cuando el Constituyente de 1917 creó el artículo 123 constitucional, no hizo distinción alguna entre los trabajadores; fue hasta 1931 cuando la primera Ley Federal del Trabajo estableció que los trabajadores al servicio del Estado se regirían por sus propios estatutos, excluyéndolos desde ese momento de los beneficios del artículo 123. La controversia de si estos trabajadores estaban o no considerados en ese precepto constitucional la resolvió la Suprema Corte de Justicia, declarando que no quedaban incluidos.

La lucha de los trabajadores de este sector consiguió que en 1960 se adicionara el apartado B al artículo 123 constitucional, pero no logró evitar que se realizara con una visión excluyente y discriminatoria, que resultó antinómica con los principios consagrados originalmente, refrendados solamente en el apartado A, y aún cuando con esta reforma se reconocieron en la Constitución sus derechos laborales; sin embargo, quedaron en desventaja por lo que hace a sus derechos colectivos, porque las causales establecidas para el derecho de huelga resultaron de imposible realización, lo cual los orilló a estallar huelgas por la vía de los hechos, mediante paros, sin las garantías que debe otorgar la ley.

La premisa para la creación del apartado B fue mejorar el cúmulo de derechos individuales en relación con los trabajadores en general, coartando sus derechos colectivos. Hoy en día, cuando la democratización intenta abrirse paso en el país, no encontramos justificación alguna para conservar el apartado B, por ello proponemos la existencia de un artículo 123 sin apartados. Como diría el maestro Mario de la Cueva: “se les olvida que la ley debe ser igual para todos, pues la necesidad es la misma, independientemente de las personas a la que se preste el trabajo, todas las personas son iguales, porque la igualdad es atributo de la naturaleza humana y no puede ser destruida por el género de la actividad que se desempeñe”.

También se incluye en el artículo 123 a los trabajadores al servicio de los estados y los municipios, quienes por disposición de los artículos 115 y 116 de la propia Constitución vigente se rigen por sus propias leyes. Estos artículos constitucionales facultan a las legislaturas de los estados para expedir las leyes que regirán las relaciones laborales de los estados y municipios con sus trabajadores, tomando como base el artículo 123 constitucional. Esto ha traído como consecuencia que algunos trabajadores se rijan por el apartado A de ese artículo, otros por el B y un tercer tipo por leyes que son una mezcla del apartado A y el B. Para tales efectos se requiere, además de incluirlos en el texto del artículo 123, derogar las menciones respectivas en los artículos 115 y 116.

Es conveniente que al igual que se hizo en 1931, se expida una sola Ley Federal del Trabajo por el Congreso de la Unión, cuya aplicación corresponderá a las autoridades federales y locales, pues nada justifica que se dé tratamiento diferente a los trabajadores.

No pretendemos negar que el trabajo que realizan los trabajadores al servicio de las entidades federativas y del Estado en general, tiene particularidades que deben ser tomadas en consideración. Por esa razón, en la ley reglamentaria, éstos serán considerados trabajos especiales, con la característica de que verán ampliados sus derechos colectivos y, desde la Constitución, se preservarán sus derechos adquiridos.

El artículo 123 incluirá, asimismo, a los trabajadores al servicio del banco central y las entidades que formen parte del sistema bancario mexicano. Este trabajo, que actualmente se rige por la fracción XIII bis del apartado B, será considerado en la ley reglamentaria como parte de los trabajos especiales, pero sus trabajadores tendrán mayores derechos y seguirán conservando todos aquellos que sus condiciones de trabajo y reglamentos otorgan.

Los asuntos de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión, del gobierno del Distrito Federal, de las instituciones que presten el servicio público de banca y crédito y el Banco de México serán competencia exclusiva de las autoridades federales.

Derechos colectivos y libertad sindical

El derecho colectivo del trabajo -integrado por la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga- constituye en la actualidad el instrumento mediante el cual la clase trabajadora puede lograr el establecimiento de condiciones laborales que le permitan elevar su calidad de vida y tener acceso a la justicia social. En atención a ello, un postulado básico para los legisladores proponentes es la eliminación del corporativismo sindical, que fomenta relaciones autoritarias y de sumisión y estimula que las organizaciones de los trabajadores sometan sus intereses a los del Estado. En estas circunstancias, se requiere dar paso a organizaciones sindicales libres, a un modelo de relaciones laborales en donde la injerencia estatal o de los patrones en la vida interna de los sindicatos esté prohibida y sea sancionada conforme a la ley reglamentaria. Estos postulados representan no sólo viejos anhelos de la clase trabajadora, sino también el cumplimiento de compromisos y obligaciones que en el ámbito internacional ha adquirido nuestro país, concretamente con la ratificación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la libertad sindical, hoy de rango constitucional.

Por ello, en la fracción XVI del artículo 123 se estipula que tanto los trabajadores como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, y en ejercicio de su libertad positiva de afiliación sindical, podrán integrar sindicatos, federaciones, confederaciones, uniones, o cualquier otra forma de asociación profesional. Que la ley reglamentaria proveerá lo necesario para garantizar el libre ejercicio de estos derechos y sancionará con rigor cualquier impedimento para su ejercicio o cualquier intervención en las asociaciones constituidas, de parte de autoridad o persona física o moral.

Lograr en definitivo la erradicación de la afiliación obligatoria de los trabajadores o sus sindicatos a un determinado partido político es una de las finalidades de esta iniciativa. Actualmente, existen sindicatos, federaciones y confederaciones que en sus estatutos establecen la obligación de los sindicalizados de afiliarse a determinado partido político, hecho que los trabajadores realizaban en la mayoría de los casos contra su voluntad. Disposiciones como las que se comentan, violan flagrantemente una de las prerrogativas de los ciudadanos mexicanos establecidas en los artículos 35, fracción III y 41, fracción I párrafo segundo de la Constitución, consistente en asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país y no ser constreñido a la afiliación corporativa a partido político alguno. En atención a lo anterior, consideramos un imperativo establecer también en el artículo 123 la prohibición de afiliar obligatoriamente a los trabajadores o empresarios, ya sea individual o colectivamente, a los partidos políticos.

En la fracción XVI Bis, se eleva a rango constitucional del derecho a la contratación colectiva. En el texto se señala que contrato colectivo de trabajo es el acuerdo celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Cuando la contratación colectiva se extienda a una rama de actividad económica o a una cadena productiva se denominará contrato colectivo sectorial. La contratación colectiva, en cualquiera de sus modalidades, será un instrumento normativo complementario de las garantías sociales y principios generales establecidos en la Constitución y en la ley reglamentaria. Además de las condiciones de trabajo, el contrato colectivo o, en su caso, el contrato colectivo sectorial, deberán contener las normas relativas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, las que estén encaminadas a aumentar la productividad, así como aquellas que permitan medirla y asegurar un reparto justo de los resultados alcanzados.

En la fracción XVI Bis 2, se instituye el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo, como organismo público y descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, facultado para operar nacionalmente el registro de sindicatos y contratos colectivos y competente para decidir en los conflictos de titularidad de los contratos colectivos. Dicho organismo se regirá bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, profesionalismo, imparcialidad, objetividad y publicidad en el desempeño de sus funciones. El titular del Registro Público será un profesional de reconocido prestigio, cuyo nombramiento recaerá en Ejecutivo Federal quien lo designará de entre una terna integrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

Esta instancia plenamente imparcial, ha sido concebida como un instrumento eficaz para cerrar el paso a la generalizada corrupción y simulación en el mundo sindical, derivadas de los viejos mecanismos de control corporativo de los sindicatos y la degradación de la contratación colectiva a través de los contratos de protección patronal celebrados entre empleadores y falsos sindicatos con la intención de impedir a los trabajadores el ejercicio de la libertad sindical y la auténtica bilateralidad en la determinación de las condiciones de trabajo. Está inspirada en la institución del Registro Público de Sindicatos de la Constitución de la República Española de 1931, existente actualmente en diversas provincias españolas, en Chile y en Guatemala. Sin embargo, hay que reconocer que la creación de un Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos es evidentemente una solución excepcional, lo que se explica por la igualmente excepcional desnaturalización del contrato colectivo en México, la más importante de las instituciones de nuestro derecho colectivo. Esta propuesta, cercana a la que dio lugar en su momento a la creación de un Instituto Federal Electoral plenamente independiente como alternativa para garantizar la imparcialidad en el proceso de reconocimiento de los partidos políticos y en las contiendas electorales, no resulta sin embargo ajena a las organizaciones sindicales. Por el contrario, se planteó por primera vez como parte de un proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo en el Consejo de Representantes de la Coalición Autónoma de Sindicatos de la Industria Automotriz (CASIA) de los sindicatos de Volkswagen, Nissan, Dina y General Motors, celebrado el 23 de enero de 1990 y fue publicado íntegramente en el número 3008 del periódico Cambio de Puebla, el 31 de enero de 1990. Posteriormente fue retomada por la Federación de Sindicatos de Empresas y Servicios (Fesebs) y más tarde por la Unión Nacional de trabajadores, además de haberse incluido en el Anteproyecto de reformas del PRD.

Erradicar la aplicación de la requisa y de cualquier otra figura administrativa o judicial que atente contra la huelga lícita es una tarea que hay que acometer en beneficio de la libertad de sindicalización y, por ende, de huelga. Una de las mayores agresiones a los sindicatos y coaliciones que llevan a cabo una suspensión legal de actividades es la llamada requisa, prevista en las leyes de Aviación Civil, Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de Aeropuertos, Federal de Telecomunicaciones y de Registro Nacional de Vehículos; requisición, establecida en la Ley de Vías Generales de Comunicación, e intervención administrativa, regulada en Ley de Expropiación. Un nuevo orden laboral, en donde el gobierno “saque las manos” de los sindicatos, tiene que empezar por respetar los derechos sociales constitucionales de los trabajadores.

Por ello, se propone establecer en el propio artículo 123 que la huelga no podrá afectarse por medida administrativa alguna, quedando consideradas no sólo la requisa, la requisición y la intervención administrativa sino cualquier otro acto administrativo que vulnere los derechos de una asociación de trabajadores. Ninguna medida administrativa o judicial debe ser obstáculo en el ejercicio del derecho de huelga.

Los derechos colectivos de los trabajadores al servicio del Estado, concretamente el ejercicio del derecho de huelga, se encuentra vedado para éstos. De acuerdo con el texto actual de la Constitución, sólo podrá ejercerse cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que a favor de éstos consagra el apartado B del artículo 123. El contexto histórico de un Estado autoritario y corporativo en el que se creó el apartado B del artículo 123, permitió la imposición de trabas insuperables para el ejercicio del derecho de huelga. Sin embargo, la democratización del Estado a la que aspiramos se encuentra confrontada con la existencia de relaciones laborales maniatadas. El sacrificio de los derechos colectivos a cambio de derechos individuales más favorables debe empezar a formar parte del pasado.

Otorgar a los trabajadores al servicio del Estado el derecho al ejercicio de la huelga, permitirá dar paso a un nuevo modelo de relaciones laborales entre el Estado y sus servidores. Dar un paso tan importante como liberar el derecho de huelga para estos trabajadores debe ser tomado con cautela y analizando las consecuencias que ésta puede ocasionar para el servicio que se presta. Así, se plantea la necesidad de que en la ley reglamentaria se estipule un arbitraje obligatorio que dé por terminado el conflicto por una resolución del juez laboral.

Por otra parte, con el propósito de proveer al Estado de personal que preste su servicio con calidad y eficiencia, así como de profesionalizar el trabajo del servidor público, se propone la creación de un servicio civil de carrera. Servicio que estimule la permanencia y compromiso institucional del servidor público y genere mecanismos transparentes de ingreso, promoción y ascenso. El servicio civil de carrera es una añeja aspiración del servidor público, compatible con la indispensable modernización de la administración pública. Hoy más que nunca es necesario acabar con designaciones por “compadrazgo” que en nada benefician a la importante función que desempeña el Estado y reconocer a quienes se han comprometido con la cosa pública.

Fijación de los salarios mínimos

Una de las principales preocupaciones planteadas en la iniciativa es la relacionada con el salario de los trabajadores. De acuerdo con la fracción VI del artículo 123 vigente, los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y promover la educación obligatoria de los hijos.

Actualmente los salarios mínimos se fijan por una comisión nacional integrada por representantes de los patrones, de los trabajadores y del gobierno. Aparentemente, la fórmula de su integración resulta muy interesante: “los representantes de los trabajadores integrarán esta autoridad del trabajo”. Sin embargo, los resultados no son alentadores: hoy en día vemos que los incrementos acordados por esta comisión en nada han beneficiado a los trabajadores. La correlación de fuerzas en este organismo opera en contra del trabajador, ya que en la mayoría de los casos el voto de los representantes del gobierno y el de los representantes del capital es en el mismo sentido. Los resultados son tangibles, cada vez nos alejamos más del salario constitucional, y la miseria impera entre las familias de los trabajadores que reciben el salario mínimo.

La dramática caída de los salarios mínimos pone en evidencia que los procedimientos establecidos para la revisión de éstos son inaplicables, sobre todo cuando se encuentran en juego intereses ajenos a los trabajadores. Asimismo, la composición tripartita de la autoridad encargada de fijar y revisar los salarios mínimos posibilita la asociación de los representantes de los patrones y del gobierno en contra del voto de los representantes de los trabajadores.

Con objeto de eliminar el control gubernamental corporativo sobre la determinación de los salarios mínimos se propone que la decisión de fijar los montos de éstos, sea una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, por ser un órgano de poder en el que se encuentran representados los intereses de toda la nación. Para apoyar los trabajos de la Cámara, se crea un organismo autónomo, descentralizado del Estado, denominado Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, el cual tendrá a su cargo realizar los estudios para presentar a la Cámara de Diputados la propuesta de incremento de los salarios, así como del porcentaje de utilidades repartible. Los incrementos que se conciben en la iniciativa serán anuales, pero el Instituto podrá proponer a la Cámara de Diputados un ajuste en algún otro momento del año, en función del deterioro salarial sufrido por el incremento del costo de la vida. A este incremento se sumará otro, por concepto de aumento de la productividad promedio de la economía, a propuesta del Instituto.

Para tales efectos, se requiere modificar el artículo 74 constitucional con el propósito de establecer que la Cámara de Diputados fijará los salarios mínimos y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades. Asimismo este órgano legislativo nombrará a los miembros del cuerpo colegiado de dicho instituto. Cuando la Cámara de Diputados no se encuentre sesionando, será facultad de la Comisión Permanente del Congreso determinar, en su caso, el aumento del salario mínimo a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, lo que implica reformar el artículo 78 constitucional.

Los salarios mínimos, de acuerdo con la fracción VI del apartado A del artículo 123 constitucional vigente, serán generales o profesionales. Respecto a los primeros, de acuerdo con dicha fracción regirán en las áreas geográficas que se determinen. El término “áreas geográficas” fue introducido en la Constitución mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1986, lo que es ya insostenible e injustificable.

De conformidad con la ley reglamentaria, quedó a cargo del consejo de representantes “Conocer el dictamen formulado por la Dirección Técnica y dictar resolución en la que se determinen o modifiquen las áreas geográficas en las que regirán los salarios mínimos”.

Esta resolución -publicada en el Diario Oficial de la Federación- dividió la república en tres áreas geográficas, “A”, “B” y “C”. En consecuencia, existen tres diferentes salarios mínimos generales y profesionales; estos últimos toman como referencia, además de la división en áreas, el oficio, profesión o trabajo que se preste. Por su parte, al área geográfica “C” le corresponde el salario más bajo, y así sucesivamente hasta llegar al área “A”.

Nada justifica que a trabajadores que realizan la misma actividad se les paguen diferentes salarios. Así, resulta a todas luces injusta una medida de este tipo, que asigna a las zonas con mayor pobreza el salario más bajo. Si la Ley Federal del Trabajo se federalizó para evitar los tratos diversos que daban las diferentes leyes de los estados a trabajadores que realizaban la misma actividad, resulta de elemental justicia desaparecer los criterios de área geográfica.

Ya el Ejecutivo Federal aceptó a través de sus dependencias la necesidad de homologar por la vía de los hechos las áreas geográficas, reconociendo públicamente lo injusto de tal disposición. Por tales razones la iniciativa propone la supresión de las áreas geográficas, de tal manera que el salario mínimo sea igual para todos los trabajadores que lo perciben.

Derechos individuales

El cúmulo de derechos individuales de los trabajadores no podía quedar intacto ante una reforma de esta envergadura. Por lo que hace a la jornada de trabajo se rescata una vieja demanda de la clase trabajadora: jornada de 40 horas con pago de 56, sin alterar de manera alguna la duración de la jornada máxima, diurna, nocturna o mixta diaria. No obstante, se establece que en el contrato colectivo de trabajo podrán pactarse otras modalidades, a condición de que la duración máxima de la jornada semanal sea de 40 horas.

La razón de estas modificaciones se sustenta en la intención de humanizar el trabajo y aprovechar los avances de la tecnología que permiten producir lo mismo en un menor tiempo, medida acorde con la duración de la jornada en los países de la región latinoamericana. Aunado a lo anterior se encuentra el incremento de los días de descanso obligatorio; así, por cada cinco días de trabajo, disfrutará el trabajador de dos de descanso. Esto, al igual que la reducción de la jornada, constituye un inveterado anhelo de la clase trabajadora.

El derecho a vacaciones de los trabajadores es tan importante como el día de descanso semanal, por ello es imprescindible que esté considerado en el texto constitucional y así se propone en la fracción IV.

En materia de reparto de utilidades también se realiza una propuesta encaminada a obtener el respeto íntegro de ese importante derecho para los trabajadores. A raíz de la jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia, declarando inconstitucional el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se modificó por la vía de los hechos la base para calcular el pago de utilidades. La jurisprudencia afectó directamente el monto correspondiente a las utilidades que recibirían los trabajadores, quienes en algunos casos veían disminuida la cantidad por recibir hasta en 80 por ciento. En atención a ello, se pretende devolver al reparto de utilidades el sentido que tenía cuando se creó, por ello se propone que a la renta gravable a la que se refiere el artículo 123 constitucional vigente se le agreguen todos aquellos conceptos que durante un año fiscal pueden incrementar la ganancia de la empresa. En este entendido, a la renta gravable se le suman los ingresos por dividendos o utilidades en acciones, los intereses devengados a favor del contribuyente en el ejercicio, la fluctuación de la moneda extranjera, cuando se contraten deudas o créditos que no se paguen al momento de su exigibilidad y cualquier otro concepto que pueda incrementar la ganancia de la empresa en un año fiscal, de acuerdo con la situación económica del país. Por lo tanto, es necesario modificar la redacción del artículo 123, en la fracción que lo considera.

La prevención consignada en el inciso f) de la fracción IX, en la presente iniciativa, que establece que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas, se deroga porque a su amparo se ha obstaculizado indebidamente a las organizaciones de los trabajadores la participación que legalmente les corresponde en la negociación bilateralde las cuestiones colectivas e individuales derivadas de las relaciones de trabajo y porque se considera que esta disposición inhibe la creación de espacios y mecanismos de participación de los trabajadores para la adopción de nuevos procedimientos de trabajo y tecnologías que mejoren la gestión productiva y propicien más ingreso para los trabajadores así como otras forma idóneas de democracia industrial.

Un cambio importante que se propone es la sustitución de las juntas de Conciliación y Arbitraje por jueces laborales dependientes del Poder Judicial federal o local, según su competencia. No es concebible que hoy en día, cuando se ha fortalecido la división de poderes, tengamos tribunales que realizan funciones jurisdiccionales y dependan del Poder Ejecutivo. Esa subordinación está en correspondencia con la época en que se creó el artículo 123 constitucional, en la que el Ejecutivo fue diseñado para ejercer un poder omnímodo. Hoy los conflictos laborales requieren tribunales independientes que impartan justicia laboral en forma eficaz.

Por su estructura actual las juntas de Conciliación y Arbitraje dan la idea de ser tribunales democráticos, en los cuales se encuentran representados los trabajadores, los patrones y el gobierno, que aparentemente es el miembro imparcial. Sin embargo, en la práctica podemos cerciorarnos de que en la gran mayoría de los casos el representante de los gobiernos Federal y de las entidades federativas, el presidente de la Junta, no actúa con la imparcialidad que debiera por la innegable influencia del gobierno que lo ha designado, sumándose al voto del representante del capital, fenómeno que se traduce en la aplicación de la ley laboral con criterios abiertamente feudalesy pro-patronales; por lo tanto, esa estructura tripartita se convierte en bipartita en perjuicio del trabajador. Si a ello agregamos la presencia preponderante de líderes venales, se configura un cuadro desalentador para quienes mayoritariamente esperan justicia en los laudos de dichas juntas.

El derecho laboral requiere tribunales independientes, que pertenezcan al órgano de poder encargado de dirimir las diferencias entre los particulares, es decir, al Poder Judicial. El elemento que diferenciará a los jueces laborales de los demás jueces es el conjunto de principios de derecho tanto sustantivo como procesal bajo el que se regirán. En ningún momento podrá aplicarse el principio de igualdad de las partes, pues partimos de la concepción de que el trabajador y el patrón no son ni serán iguales; por eso, tanto las normas sustantivas como procesales serán tutelares de la clase trabajadora, aplicándose el principio de suplencia de la queja y todos los demás que han caracterizado al derecho laboral. Los jueces de lo laboral conocerán no sólo de los conflictos entre el trabajo y el capital, sino también de los conflictos individuales, colectivos o sindicales de los trabajadores al servicio del Estado, entidades federativas o municipios, y formarán parte del Poder Judicial federal o local según corresponda. Los jueces laborales federales conocerán, además, de cualquier conflicto derivado del régimen de seguridad social, con las excepciones competenciales reservadas al Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo.

Por la importancia de la aplicación de la ley en el ámbito administrativo de vigilancia de su cumplimiento, la Inspección del Trabajo se eleva a rango constitucional, se enriquecen sus atribuciones y se reserva al gobierno federal su reorganización y el control de sus funciones.

Trabajo de mujeres

En cuanto al trabajo de mujeres se refiere, si bien la Constitución otorgó determinados beneficios a éstas, la mayoría se refiere a la protección de la maternidad y muy pocos a lo relacionado con otros ámbitos de su condición de mujer trabajadora, con presencia creciente en el mundo laboral. Reconocer las condiciones de desigualdad y discriminación en que la mujer realiza sus labores en la actualidad y atacar las causas desde la ley, es una tarea inaplazable. Por ello desde el proemio del artículo 123 se precisa que no podrán establecerse distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones basadas en: sexo, género, edad, credo religioso, doctrina política, condición social, condición física, preferencia sexual, estado civil, etnia, discapacidad y condiciones de salud, que tengan por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo o la ocupación, la formación profesional, las condiciones y la admisión al trabajo.

Además que el Congreso de la Unión, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regiránentre las personas obreras, jornaleras, artesanas y del empleo del hogar; así como entre las personas trabajadoras y empleadas al servicio de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas, además de los poderes de la Unión; y, de manera general, todo contrato y relación de trabajo. Buscando eliminar con ello todo sesgo discriminatorio hacia la mujer en la aplicación de las normas del trabajo.

En la fracción XIV se señala que los patrones serán responsables de crear un ambiente laboral libre de riesgos y violencia y establecer condiciones, mecanismos e instancias para impedir el acoso o el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo.

Sin duda alguna la maternidad debe ser protegida, pero con una visión mucho más amplia en donde se haga responsable a la propia sociedad. En tal virtud se incrementa de 12 a 16 semanas el periodo que por licencia de maternidad se otorgará a las trabajadoras embarazadas, cuyo inicio será determinado por la propia trabajadora. Un ejemplo de la injusticia de la actual rigidez de la Constitución, que con la iniciativa se pretende acabar, consiste en impedirles a todas aquellas madres trabajadoras a quienes se les adelanta la fecha del parto, la utilización del periodo prenatal, perdiendo por ese solo hecho todo o parte del periodo prenatal de licencia.

En la iniciativa se adiciona que en los supuestos de parto múltiple, el período de recuperación posnatal se incrementará en dos semanas.

En el periodo de lactancia se otorga a la trabajadora, a su elección, el derecho de elegir si quiere utilizar los dos periodos de media hora para amamantar a sus hijos, por un lapso de seis meses, o reducir su jornada diaria en una hora.

Se propone que se garantice a la trabajadora el ejercicio de sus derechos reproductivos en el momento de su elección, protegiéndose su salud y la del producto. Asimismo, que toda trabajadora que decida ejercer este derecho conservará su empleo y puesto de trabajo, y sólo podrá ser despedida por causas graves o que hagan imposible la continuación de la relación de trabajo.

Por otra parte, que la ley reglamentaria deberá estipular la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades.

La iniciativa pretende proteger a la mujer no sólo en la maternidad sino también respecto a otros ámbitos de su condición de mujer. La discriminación hacia la mujer está presente en el trabajo; partiendo de esa premisa la iniciativa busca promover la participación de la mujer en el centro laboral. Por ello impone en la ley reglamentaria la obligación de adoptar las medidas de acción afirmativa para garantizar las condiciones efectivas de igualdad entre el hombre y la mujer, en un tema tan importante como es la capacitación.

Trabajo y discapacidad

La iniciativa también reconoce la importancia de incorporar al mundo laboral de manera plena a las personas que padezcan alguna discapacidad. Por ello se establecen medidas para que puedan ejercer su derecho al trabajo e incluso en algunos casos serán preferidos respecto a otros trabajadores. La ley reglamentaria desarrollará de manera más completa una serie de derechos para este sector de trabajadores.

Seguridad social

La derogación del apartado Bdel artículo 123 constitucional obliga a unificar en una sola fracción las disposiciones relativas a la seguridad social, que conserva en nuestra propuesta su carácter público, solidario, redistributivo e integral. Orientación necesaria ante la privatización de los fondos de pensiones de que ha sido objeto el Seguro Social y la amenaza que se cierne sobre esta noble institución. Así se indica que la seguridad social es un derecho de los trabajadores del campo y la ciudad, eventuales y permanentes, no asalariados y otros sectores sociales y sus familias, estará a cargo íntegramente de organismos públicos descentralizados, quienes asumirán también el seguro de desempleo para cumplir con la asignatura pendiente de la fracción XXIX del apartado A vigente, en lo que hace a proveer sobre los efectos sociales y económicos de la cesación involuntaria del trabajo y se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Prevendrá los accidentes y enfermedades profesionales y cubrirá las obligaciones derivadas de los riesgos de trabajo, mediante un seguro pagado por el patrón.

b) Proporcionará servicios integrales que incluyen la prevención, curación y rehabilitación, así como los medios diagnósticos y terapéuticos requeridos en cada caso.

c) En caso de accidente o enfermedad se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la Ley.

d) Proporcionará seguridad económica al trabajador y su familia mediante los seguros de invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada, jubilación, vejez y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, de conformidad con las leyes de seguridad social.

d) Bis. Comprenderá el seguro de desempleo por cesación involuntaria del trabajo.

e) Proporcionará guarderías con servicios integrales y personal especializado a los hijos de las trabajadoras, así como de los trabajadores que tengan a su cargo exclusivo el cuidado de los hijos. Además proporcionará asistencia médica y obstétrica, medicinas y ayuda para la lactancia.

f) Proporcionará las demás prestaciones sociales especificadas en las leyes reglamentarias correspondientes incluyendo centros deportivos, vacacionales y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familias.

Se ratifica que las leyes de seguridad social son de utilidad pública.

Agentes del ministerio público y miembros de instituciones policiales

La iniciativa propone reconocer a los agentes del ministerio público y a los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entidades federativas y federación la calidad de trabajadores que actualmente se les tiene negada. Si bien es cierto que la labor que realizan estos trabajadores dista de ser la que el Estado y la sociedad requieren, no podemos negarles todo derecho como trabajadores ni este camino es el adecuado para lograr la profesionalización del servicio que prestan. Actualmente, estos servidores pueden ser removidos en cualquier momento de su cargo, si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes al momento de su remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir su remoción. El trato que la fracción XIII del apartado Bdel artículo 123 vigente le da a estos servidores públicos es inhumano. Este precepto contradice diversas garantías individuales como la irretroactividad y atenta contra el juicio de amparo al impedir que restituya al individuo el goce de la garantía violada, a pesar de que se acredite la existencia de dicha violación. Sin embargo, no podemos decir que la disposición es inconstitucional, porque está precisamente en la propia Constitución. La iniciativa propone reconocerles la calidad de trabajador y permite la creación de una ley laboral que contenga normas claras de ingreso, promoción, capacitación, permanencia y causales de cese.

Régimen transitorio

En los artículos transitorios se señala queen un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la vigencia del presente decreto, el Congreso de la Unión modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para adecuarla a las disposiciones previstas en el artículo 123 constitucional y demás relativas a los jueces laborales. Que en tanto se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para adecuarla a las disposiciones previstas en el presente decreto, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje continuará ejerciendo las facultades legales que le correspondan en materia laboral. Asimismo, que en tanto se reforman las leyes orgánicas de los poderes judiciales de las entidades federativas para adecuarlas a las disposiciones previstas en el decreto propuesto, las juntas locales de Conciliación y Arbitraje continuarán ejerciendo las facultades legales que les correspondan en materia laboral.

Se señala también que la Inspección del Trabajo, en tanto se reforman las leyes orgánicas federal y de las entidades federativas vinculadas con su funcionamiento para adecuarlas en las disposiciones previstas en el decreto propuesto, continuarán ejerciendo sus funciones en los ámbitos federal y local.

Una disposición importante es que tanto el Poder Ejecutivo Federal como el Poder Judicial Federal, en los ámbitos de su competencia, procederán a realizar los trámites, asignaciones y modificaciones presupuestales, así como a designar o, según proceda, a proponer la designación de los funcionarios que les corresponda, en términos de las reformas, a efecto de que se constituyan y operen a la promulgación de las leyes reglamentarias, el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo y los jueces laborales.

Se precisa que los derechos, beneficios y prestaciones adquiridos por los trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de la Unión quedarán salvaguardados en un capítulo especial de la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional. La misma disposición se establece para trabajadores de las instituciones que presten el servicio público de banca y crédito y Banco de México.

Por último se dispone que en tanto se crean el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades y el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo, establecidos en el artículo 123 constitucional, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social continuarán ejerciendo sus facultades legales en la materia.

Texto normativo propuesto

Artículo Único.Se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de los artículos 74, 78, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 74....

I. y II. ...

III. Fijar los salarios mínimos, sus incrementos y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, así como nombrar a los miembros del cuerpo colegiado de dicho instituto. La ley regulará el ejercicio de estas atribuciones;

IV. a VII. ...

VII. Integrar la terna de candidatos a director general del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo, que presentará al Ejecutivo Federal a efecto de que éste designe a alguno de los propuestos;

VII. ...

Artículo 78...

...

I. a VI. ...

VII. Ratificar los nombramientos que el presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores , y

IX. Determinar, en su caso, los salarios mínimos y sus aumentos, a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades.

Artículo 115....

I. a VII. ...

VIII....

Se deroga.

IX. y X. ...

Artículo 116....

...

I. a V. ...

VI. Se deroga.

VII. ...

...

Artículo 123 . ...

...

A. Se deroga...

No podrán establecerse distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones basadas en: sexo, género, edad, credo religioso, doctrina política, condición social, condición física, preferencia sexual, estado civil, etnia, discapacidad, condición de embarazo y de salud, que tengan por efecto o por resultado anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo o la ocupación, la formación profesional, las condiciones y la admisión al trabajo.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases que anteceden ni a las siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre las personas obreras, jornaleras, artesanas y del empleo del hogar; así como entre las personas trabajadoras y empleadas al servicio de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas, además de los poderes de la Unión; y, de manera general, todo contrato y relación de trabajo:

I. La duración máxima de la jornada diariaserá de ocho horas . En el contrato colectivo de trabajo podrán pactarse otras modalidades, a condición de que la duración máxima de la jornada semanal sea de cuarenta horas;

II. ...

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima diariala de cincohoras;

IV. Por cada cincodías de trabajo deberá disfrutar el trabajadorde dos días de descanso, cuando menos.

Los trabajadores disfrutarán de las vacaciones que señale la ley;

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descansode dieciséissemanas durante el periodo previo y posterior al parto, cuyo inicio será determinado por la trabajadora. Durante este periodo, las mujeres deberán percibir su salario íntegro y conservar su empleo además de los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En los supuestos de parto múltiple, el periodo de recuperación posnatal se incrementará en dos semanas.

En el periodo de lactancia tendrán derecho, a su elección, ados descansos extraordinariospor día, de media hora cada uno, por un lapso de seis meses,para alimentar a su hijo en el lugar adecuado e higiénico, salvo cuando la trabajadora opte por acumular el tiempo para ampliar el periodo posnatal o bien disfrutarse de acuerdo a los requerimientos de la trabajadora; o bien a la reducción de su jornada diaria una hora;

V Bis. Se garantizará a la trabajadora el ejercicio de sus derechos reproductivos en el momento de su elección, protegiéndose su salud en el periodo de gestación. Toda trabajadora que decida ejercer este derecho conservará su empleo y puesto de trabajo. Ni podrá ser despedida bajo ninguna circunstancia.

Para garantizar la igualdad sustantiva de trabajadoras y trabajadores con responsabilidades de hijas e hijos y de otros miembros de la familia, que requieran cuidado y sostén, accederán en condiciones de igualdad a las prestaciones laborales que la ley establezca.

La ley reglamentaria deberá estipular la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades;

VI.Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán para todo el país, y los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.

...

Los salarios mínimos se fijarán por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en forma anual y podrán revisarse e incrementarse en cualquier momento en el curso de su vigencia, de conformidad con la Ley, a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, que será un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El Instituto está facultado para realizar los estudios y diagnósticos en el nivel nacional necesarios para determinar los salarios mínimos, dictar las bases normativas de los programas nacional y sectoriales en materia de conservación y creación de empleos adecuadamente remunerados, así como las bases normativas aplicables al reparto de utilidades entre patrones y trabajadores. Las bases de integración y funcionamiento del Instituto deberán establecerse en la ley reglamentaria de conformidad con los principios y funciones establecidos en este precepto;

VI Bis. Los salarios de los trabajadores al servicio de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de la Unión serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos.

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general.

Los incrementos de los salarios de los trabajadores al servicio de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de la Unión que sean iguales al mínimo se sujetarán a lo establecido en el último párrafo de la fracción anterior;

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario de igual valor,sin tener en cuenta género, sexo ni nacionalidad. Se establecerán criterios que permitan la evaluación de las actividades laborales, a partir de las tareas contenidas en ellas y no del sexo de las personas que las realizan.

VIII. ...

IX....

a) El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades propondrá cada cinco años a la Cámara de Diputados el porcentaje de utilidades que deba repartirse anualmenteentre los trabajadores.

b) El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidadespracticará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesidad de reinversión de capitales.

c) Se deroga.

d)...

e)Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, más los ingresos por dividendos o utilidades en acciones, los intereses devengados a favor del contribuyente en el ejercicio, la fluctuación de moneda extranjera cuando se contratan deudas o créditos que no se pagan en el momento de su exigibilidad y cualquier otro concepto que pueda incrementar la ganancia de una empresa en un año fiscal, de acuerdo con la situación económica del país.

Los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley.

Quedan exceptuados de la participación en las utilidades los trabajadores de los servicios de asistencia social, salvo en el caso en que se generen utilidades, así como los trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de la Unión;

f) Se deroga.

X. ...

XI.Cuando, por circunstancias extraordinarias, deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un cien por ciento más de lo fijado por las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario será obligatorio nipodrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Queda prohibido el trabajo extraordinario para los menores de dieciséis años;

XII. ...

...

...

...

...

Los trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de la Unión tendrán derecho a habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme lo dispongan las leyes respectivas y los programas previamente aprobados.

En el caso de los trabajadores de los poderes de la Unión y del Distrito Federal, el Estado, mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su ley, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos;

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación, adoptando las medidas de acción afirmativa para garantizar condiciones efectivas de igualdad entre el hombre y la mujer en el ejercicio de este derecho.

En áreas laborales en donde la cuota de empleo de mujeres sea menor que la de los varones, aquéllas tendrán acceso a una cuota equitativa de participación para lograr las mismas oportunidades de empleo a determinados puestos de trabajo.

Igualmente desde la ley reglamentaria se promoverá que en los planes y programas de capacitación sectoriales y en el nivel de las empresas, se establezcan oportunidades de capacitación y adiestramiento para los trabajadores por tiempo u obra determinada, garantizando la igualdad de oportunidades, de trato y de no discriminación.

XIII Bis. El ingreso, la capacitación, la promoción o escalafón, la permanencia y la separación de los trabajadores al servicio de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de la Unión se regirán por un conjunto de normas y procedimientos tendentes a garantizar el Servicio Civil de Carrera. En el ingreso y la promoción se considerarán los conocimientos, las aptitudes y, en su caso, la antigüedad; en igualdad de condiciones, y de acuerdo con la ley reglamentaria, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia; si subsiste la igualdad, se preferirá a quien padezca de alguna discapacidad.

El Servicio Civil de Carrera considerará un sistema nacional de capacitación y formación, para lo cual el Estado organizará escuelas de Administración Pública;

XIV. Los patronesserán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, los daños causados por el hostigamiento sexual, moral y violencia laboral contra las trabajadoras,de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patróncontrate el trabajo por un intermediario.

Asimismo los patrones serán responsables de crear un ambiente laboral libre de riesgos y violencia laboral y de establecer condiciones, mecanismos e instancias para impedir el acoso o el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo;

XV. ...

XVI.Tanto los trabajadores como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, y en ejercicio de su libertad positiva de afiliación sindical, podrán integrar sindicatos, federaciones, confederaciones, uniones, o cualquier otra forma de asociación profesional. La ley reglamentaria proveerá lo necesario para garantizar el libre ejercicio de estos derechos y sancionará con rigor cualquier impedimento para su ejercicio o cualquier intervención en las asociaciones constituidas, de parte de autoridad o persona física o moral.

Queda prohibida la afiliación obligatoria de los trabajadores y de los empresarios, individual o colectivamente, a los partidos políticos;

XVI Bis. Contrato colectivo de trabajo es el acuerdo celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Cuando la contratación colectiva se extienda a una rama de actividad económica o a una cadena productiva se denominará contrato colectivo sectorial. La contratación colectiva, en cualquiera de sus modalidades, será un instrumento normativo complementario de las garantías sociales y principios generales establecidos en esta Constitución y en la ley reglamentaria. Además de las condiciones de trabajo, el contrato colectivo o, en su caso, el contrato colectivo sectorial deberán contener las normas relativas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, las que estén encaminadas a aumentar la productividad, así como aquellas que permitan medirla y asegurar un reparto justo de los resultados alcanzados;

XVI Ter. Las organizaciones sindicales de trabajadores y de empresarios deberán inscribirse en el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo, que deberá constituirse como organismo público descentralizado de carácter federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y que se regirá por los principios de independencia, certeza, legalidad, imparcialidad, profesionalismo, objetividad y publicidad. Para el nombramiento de su director general, la Cámara de Diputados, por votación de la mayoría absoluta, deberá integrar una terna de candidatos mediante el procedimiento que establezca la ley, que presentará al Ejecutivo Federal a efecto de que designe a alguno de los propuestos. El director general deberá reunir los requisitos que señale la Ley.

Esta autoridad será competente en todo el territorio nacional para registrar en expedientes individualizados las organizaciones a que se refiere esta fracción, sus estatutos, directivas y actualizaciones, así como para registrar las cancelaciones decretadas por el juez laboral. Le corresponderá, también, recibir en depósito y registrar en expedientes individualizados, los contratos colectivos de trabajo, los contratos colectivos sectoriales y los convenios de revisión de éstos, celebrados en todo el territorio nacional, así como anotar la cancelación de los contratos colectivos que terminen por las causas establecidas en la Ley. El Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo en todo tiempo permitirá la consulta pública de los índices actualizados que lleve y deberá emitir las certificaciones de los expedientes de registro que se le soliciten. Será la autoridad competente para decidir en los conflictos de titularidad de los contratos colectivos. Tendrá su domicilio en el Distrito Federal y establecerá unidades de recepción de documentación y entrega de constancias, así como de trámite en los juicios de titularidad contractual, en cada una de las capitales de las entidades federativas;

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los trabajadores y de los empresarioslas huelgas y los paros;

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con diez días de anticipación, al juez laboral, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno.

Los trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de la Unión podrán hacer uso del derecho de huelga, respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos, en los términos y modalidades consignados en la ley.

La huelga lícita no podrá ser afectada por medida administrativa o judicial alguna;

XIX.Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación del juez laboral;

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, así como los conflictos individuales, colectivos o sindicales derivados de las relaciones laborales de los trabajadores de los municipios, de los poderes de la Unión y de cada una de las entidades federativasse sujetarán a la decisión del juez laboral, que formará parte del Poder Judicial Federal o local, según corresponda.

Los jueces laborales federales serán competentes para conocer de los conflictos derivados del régimen de seguridad social;

XXI. Si el patrónse negare a someter sus diferencias al juicio laboral o aceptar la sentencia pronunciada por el juez laboral, éstedará por terminado el contrato de trabajo y el patrónquedará obligado, a solicitud del trabajador, a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo;

XXII. El patrónque despida a un trabajadorsin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley determinará los casos en que el patrónpodrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario cuando se retire del servicio por falta de probidad del patróno por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrónno podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él;

XXII Bis. Los trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de la Unión sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la Ley.

En caso de separación injustificada, tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley;

XXIII. ...

XXIV....

XXV. ...

En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingresos en su familia , y si subsiste la igualdad, se preferirá a quien padezca alguna discapacidad;

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero deberá ser legalizado por el juez laboral o el inspector federal del trabajo y visado por el cónsul de la nación adonde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que, además de cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante;

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contratantes, aunque se expresen en el contrato:

a) ...

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio del juez laboral competente.

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para el pago del salario tratándose de trabajadores no calificados y de quince días tratándose de trabajadores calificados.

d) ...

e) ...

f) ...

g) Las que constituyan renuncia hecha por el trabajadorde las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o por despedírsele del trabajo.

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del trabajadoren las leyes de protección y auxilio vigentes;

XXVIII. ...

XXIX. La seguridad social es un derecho de los trabajadores del campo y la ciudad, eventuales y permanentes, no asalariados y otros sectores sociales y sus familias, estará a cargo íntegramente de organismos públicos descentralizados y se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Prevendrá los accidentes y enfermedades profesionales y cubrirá las obligaciones derivadas de lo establecido en la fracción XVI de este artículo mediante un seguro de riesgos de trabajo pagado por el patrón.

b) Proporcionará servicios integrales que incluyen la prevención, curación y rehabilitación, así como los medios diagnósticos y terapéuticos requeridos en cada caso;

c) En caso de accidente o enfermedad se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la Ley;

d) Proporcionará seguridad económica al trabajador y su familia mediante los seguros de invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada, jubilación, vejez y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, de conformidad con las leyes de seguridad social;

e). Comprenderá el seguro de desempleo por cesación involuntaria del trabajo;

f) Proporcionará guarderías con servicios integrales y personal especializado a los hijos de las trabajadoras, así como de los trabajadores que tengan a su cargo exclusivo el cuidado de los hijos. Además proporcionará asistencia médica y obstétrica, medicinas y ayuda para la lactancia.

g) Proporcionará las demás prestaciones sociales especificadas en las leyes reglamentarias correspondientes incluyendo centros deportivos, vacacionales y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familias.

Las leyes de seguridad social son de utilidad pública.

XXX....

XXXI. ...

a) ...

1. a 21. ...

22. Servicios de banca y crédito , y

23. Los servicios prestados a los poderes de la Unión, a las instituciones que proporcionen el servicio público de banca y crédito y el Banco de México;

b) ...

1. a 3. ...

También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa; organización de la Inspección Federal del Trabajo,obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley reglamentaria correspondiente;

XXXI Bis. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última;

XXXI Ter. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública se regirán por sus propias leyes.

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refieren los últimos dos párrafos de la fracción XIV de este artículo, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.

Los agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entidades federativas y de la Federación se sujetarán a un régimen laboral especial. La ley reglamentaria contendrá normas sobre ingreso, promoción, capacitación, permanencia, causales de cese, así como de retiro de estos trabajadores, con el fin de establecer un servicio civil de carrera regido por los principios de actuación a los que se refiere el párrafo cuarto del artículo 21 de esta Constitución.

B. Se deroga

Transitorios

Primero.. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la vigencia del presente decreto, el Congreso de la Unión modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para adecuarla a las disposiciones previstas en la fracción XX del artículo 123 constitucional y demás relativas a los jueces laborales.

Tercero. En tanto se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para adecuarla a las disposiciones previstas en el presente decreto, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje continuarán ejerciendo las facultades legales que le correspondan en materia laboral.

Cuarto. En tanto se reforman las leyes orgánicas de los poderes judiciales de las entidades federativas para adecuarlas a las disposiciones previstas en el presente decreto, las juntas locales de Conciliación y Arbitraje continuarán ejerciendo las facultades legales que les correspondan en materia laboral.

Quinto. En tanto se reforman las leyes orgánicas federal y de las entidades federativas vinculadas a la organización y funcionamiento de la Inspección del Trabajo para adecuarlas a las disposiciones previstas en el presente decreto, las inspecciones del trabajo continuarán ejerciendo las facultades legales que les correspondan en materia administrativa laboral

Sexto.Tanto el Poder Ejecutivo Federal como el Poder Judicial Federal en los ámbitos de su competencia procederán a realizar los trámites, asignaciones y modificaciones presupuestales, así como a designar o, según proceda, a proponer la designación de los funcionarios que les corresponda, en términos de estas reformas, a efecto de que se constituyan y operen a la promulgación de las leyes reglamentarias, el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo y los jueces laborales.

Séptimo. Los derechos, beneficios y prestaciones adquiridos por los trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de la Unión quedarán salvaguardados en un capítulo especial de la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional.

Octavo. Los derechos, beneficios y prestaciones adquiridos por los trabajadores de las instituciones que presten el servicio público de banca y crédito y Banco de México quedarán salvaguardados en un capítulo especial de la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional.

Noveno.En tanto se crean el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades y el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo, establecidos en el artículo 123 constitucional, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social continuarán ejerciendo sus facultades legales en la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012.— Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Angel Cedillo Hernández (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Carlos De Jesús Alejandro (rúbrica), Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Antonio García Conejo (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Verónica García Reyes (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), Victor Manuel Manriquez González (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), Maria Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Jorge Salgado Parra (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Rosendo Serrano Toledo (rúbrica), Crystal Tovar Aragon (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica). Diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano: Luisa María Alcalde Luján (rúbrica). Diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), José Arturo López Candido (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger (rúbrica), Loretta Ortíz Ahlf (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Araceli Torres Flores (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

El diputado Silvano Aureoles Conejo:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, y Federal del Trabajo, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Planteamiento del problema

Nuestra Constitución establece en el primer párrafo del artículo 123, Apartado A, que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y que al efecto debe promoverse la creación de empleos y la organización social del trabajo.

En la Ley Federal del Trabajo, se concibe en su artículo 3o. al trabajo como un derecho y un deber sociales. Dice esta disposición que “no es artículo de comercio, exige respeto para la libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida y la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia”.

Esta definición resulta fundamental para ubicar el derecho al trabajo como parte de los derechos sociales, pues además de darle estatus constitucional al acceso a un empleo define sus características y el deber social de los poderes públicos para promover la creación de empleos.

Con esta definición, se imponen al Estado obligaciones específicas para intervenir en el mercado y fomentar el pleno empleo; lejos de promesas electoreras incumplidas, la generación de empleos es un mandato constitucional y legal que ante la realidad de desocupación y precarización imperantes imponen a los poderes públicos, sin distinción de signos, una obligación que no puede desdeñar o dejar en manos de actores privados cuyo fin no es el interés público.

El derecho al trabajo forma parte también del derecho público internacional que al ser reconocido por nuestro país, en los términos del artículo 133 constitucional, es Ley Suprema de toda la Unión. Así, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Americana sobre Derechos del Hombre; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el Protocolo Adicional de San Salvador a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por esa razón:

El derecho al trabajo socialmente útil implica la función del Estado de promover la creación de empleos y la organización social para el trabajo. El fomento del empleo debe atenderse con la creación de estructuras económicas, de acuerdo con políticas integrales sujetas a pla- neación. Esto requiere un orden jurídico y social estable y democrático que impulse tanto la inversión pública y privada como la distribución del ingreso y finalmente la paz social. Las bases para la ejecución de estas tareas estatales llevan a contemplar el discurso constitucional cifrado en el artículo 25... que establece que es al propio Estado al que corresponde la rectoría del desarrollo nacional con el fomento del crecimiento económico y el empleo que permita el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales...

Sin embargo, la acción pública en materia de rectoría del desarrollo económico ha sido soslayada por los gobiernos más recientes. Concretamente, se ha dejado a las “fuerzas del mercado” ir modelando, o más bien deformando, la estructura económica y social de nuestro país, dejando las vías del desarrollo al arbitrio de intereses particulares y/o extranjeros.

Al abdicar de su responsabilidad, el estado vuelve a poner en la esfera del comercio y el lucro la prestación de servicios personales subordinados. Quienes obtienen ventaja obvia en este proceso son quienes controlan la oferta del empleo, quienes a conveniencia ofrecen ocupaciones precarias, mal remuneradas e inestables a los que estén dispuestos (pues no tienen de otra) a aceptarlas. No se puede pedir que un mercado de trabajo funcione de manera óptima cuando el control de la contratación, el uso y el despido de la fuerza de trabajo se encuentra en un solo lado de la relación laboral: el patrón. Sin el contrapeso estatal, el trabajador se encuentra a merced de las condiciones que fije unilateralmente quien hace uso de su fuerza de trabajo. El trabajo queda reducido a mercancía, a objeto de mercado, devolviendo nuestra tradición jurídica a etapas prerrevolucionarias.

En su conjunto, esto ha llevado a resultados funestos en materia de empleo y salario, dejando un saldo difícil de remontar aún existiendo la voluntad y los consensos para hacerlo. Los empleos generados, que atenúan las cifras de desempleo abierto se relacionan con precarias condiciones de trabajo, bajas habilidades y baja productividad, condiciones de trabajo inseguras y poco higiénicas, subocupación y bajos salarios.

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en el segundo trimestre de 2012, México contaba con una población económicamente activa (PEA) de casi 51 millones de personas. De estas reporta ocupados a 48.4 millones y desocupados 2.5 millones, pero de los ocupados, 62 por ciento en el sector formal y el resto en el informal con 11 por ciento del informal en ocupación crítica.

Presenciamos un desempleo creciente. El acceso a un puesto de trabajo se da en condiciones de mayor precarización y es evidente que 19.4 millones de ocupados no cuentan con acceso a servicios de salud ni garantía laboral alguna y ese 11 por ciento en ocupación crítica, 2.1 millones más los 2.5 millones desocupados, suman 4.6 millones, y de ellos, los no tienen la suerte de ser sostenidos en forma obviamente precaria por los ocupados, seguramente sobreviven en espacios cercana o plenamente delincuenciales. Y estamos hablando solamente de la población económicamente activa sin considerar ni a los PNEA, es decir a los que no quieren o no pueden trabajar, ni a los niños, quienes constituyen el resto de los más de 115 millones que actualmente debemos ser, y de esa población total solamente 31.6 millones con empleo formal pero en su gran mayoría, inestable y mal remunerado y soportando la suerte de casi 84 millones, incluidos los que se benefician con la inequitativa carga fiscal de los ocupados formales, con las bajas remuneraciones que retribuyen y ahora hasta con las afectaciones de la delincuencia.

Luego entonces urge construir soluciones multifactoriales que atenúen la crisis social, laboral y productiva que padece nuestro país y como parte substancial de esa solución, debiera por fin instaurarse el seguro de desempleo constitucionalmente mandatado.

Argumentación

En la iniciativa que se presenta a consideración de esta Soberanía, se propone establecer un seguro de desempleo como parte del régimen obligatorio del Seguro Social.

El seguro de desempleo, bajo la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

...es un mecanismo diseñado para mejorar la situación de los trabajadores en caso de desempleo “temporal”... es una prestación generalmente monetaria para dar seguridad a los trabajadores en caso de quedarse sin trabajo.

El Convenio 102 de la OIT sobre la seguridad social (norma mínima) aprobado por México el 12 de octubre de 1961, establece en su parte III, artículos del 19 al 24, la concesión de un catálogo condicional de prestaciones por desempleo involuntario, pero es el caso de que esa parte del convenio fue expresamente excluida al ratificarse y, por su parte, el Convenio 168 de la OIT sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo (1988), que no ha sido ratificado por México, establece en el artículo 14:

En caso de desempleo total, deberán abonarse indemnizaciones en forma de pagos periódicos calculados de manera que se facilite al beneficiario una indemnización parcial y transitoria por su pérdida de ganancias y se eviten al mismo tiempo efectos disuasivos para el trabajo y la creación de empleos.

Los primeros programas de seguro de desempleo (SD) surgieron en varios países europeos y estados de Estados Unidos desde fines del siglo XIX. La mayoría estaban reservados para grupos limitados de asalariados urbanos, a menudo en labores, gremios o ciudades específicas. En Alemania y el Reino Unido se legisló sobre sistemas nacionales con cobertura limitada en 1911. Los programas con coberturas gradualmente más amplias se establecieron antes de la Segunda Guerra Mundial en muchos de los entonces países industrializados, particularmente el Reino Unido (1920), Alemania (1927), España (1931) y los Estados Unidos y Canadá (ambos en 1935). Turquía introdujo un seguro de desempleo para los asalariados no agrícolas en 2000, mientras México es el único país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que no cuenta con este tipo de prestaciones.

El seguro de desempleo permite a los trabajadores disminuir en alguna medida la pérdida de ingresos que se produce durante los periodos de cesantía. Fue concebido en Europa para abordar situaciones de desempleo cíclico y para proteger a la fuerza de trabajo menos calificada, a familias con un solo perceptor de ingresos y a aquellos trabajadores que no gozaban de los beneficios proporcionados por la contratación colectiva:

La función esencial de las prestaciones de desempleo es la de proporcionar ingresos en los eventos de desempleo involuntario. Teóricamente, esas prestaciones contribuyen a estabilizar el consumo, tanto en forma individual como a nivel macroeconómico, y a facilitar la búsqueda de un nuevo empleo, promoviendo así mayor eficiencia en el funcionamiento de los mercados de trabajo. Así, los regímenes de prestaciones por desempleo, constituyen una respuesta de política pública que apunta a subsanar la incapacidad del mercado para ofrecer posibilidades de aseguramiento idóneas.

En América Latina se destina una baja proporción de recursos a las políticas laborales. No es sorprendente por ello que, en esta región existan

... esquemas mínimos de seguro de desempleo o asistencia social para desempleados y que sólo en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela, encontremos sistemas de financiamiento tripartitos cuyos beneficios tienen una duración variable entre tres y doce meses.

En estos seis países, las características principales del seguro de desempleo son las siguientes:

1. En todos los casos son sistemas contributivos con significativas variaciones en los porcentajes de aportación de empleado, empleador, y gobierno;

2. Cubre a los trabajadores con contrato, no hay esquemas para los no asalariados, con excepción de Chile;

3. Es obligatorio para los trabajadores por contrato;

4. Los requisitos varían pero generalmente se requiere haber trabajado en un empleo con contrato y haber contribuido al seguro de desempleo;

5. La duración es de cinco y doce meses;

6. Los recursos que recibe varían entre un 40 y 80 por ciento de los salarios.

Por estas razones, la OIT los considera como “muy restrictivos”.

Según el organismo internacional, el 75 por ciento de las personas desempleadas en el mundo carecían de un seguro de desempleo. Existen tres grupos de países según el nivel de su seguro de desempleo: los países con sistemas de nivel alto, de nivel medio y aquellos en los que es inexistente.

En general, los países europeos son los que tienen mejores sistemas de seguro de desempleo, con mayor cobertura y mayores beneficios. El resto de países con seguro de desempleo tienen beneficios insuficientes y baja cobertura.

En el primer grupo de países se encuentran Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, España, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia y Suiza.

Estos países tienen los esquemas de seguro de desempleo más generosos, medidos por los beneficios ofrecidos como el porcentaje de indemnización sobre el salario que es superior al 60 por ciento del salario nacional medio.

En el segundo grupo de países están Australia, Canadá, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda, el Reino Unido, y los Estados Unidos. Los beneficios otorgados son sustantivamente menores tanto en el porcentaje de indemnización sobre el salario, como en el número de personas desempleadas que efectivamente reciben los beneficios.

Un estudio reciente revela el curso que han tomado las reformas a los seguros de desempleo en Latinoamérica. A pesar de que las reformas a la seguridad social en los años noventa del siglo pasado acotaron beneficios y establecieron nuevas restricciones, además de que privatizaron los sistemas pensionarios y médicos, en años recientes las reformas cambiaron su sentido para buscar adaptar los regímenes “en términos del impacto en la suficiencia de los beneficios otorgados, en la cobertura alcanzada, y en sus efectos sobre la modalidad de ajuste de los mercados de trabajo y en sus efectos distributivos”.

Los aspectos que atendieron fueron la necesidad de fortalecer la institucionalidad para la protección frente al desempleo; búsqueda de alternativas al instrumental convencional de protección frente al desempleo; la combinación de distintos instrumentos (cuentas de ahorro con un esquema de reparto, como en el caso chileno). En el caso de países como Brasil, Chile y Uruguay, incorporan cláusulas que permitan extender beneficios para fortalecer el rol anticíclico de los sistemas.

El estudio concluye en que “es especialmente necesario resolver complementariamente el vínculo entre los Seguros de Desempleo y las políticas activas, de modo que el desempleado al mismo tiempo en que se torna en receptor de beneficios monetarios, también sea un agente activo en la búsqueda de un nuevo empleo productivo”.

La integración de políticas sugerida, adquiere especial importancia en un contexto de mercados laborales segmentados, pues las políticas activas representan un valioso instrumental para abordar a aquellos segmentos de la población que quedan excluidos del alcance de los instrumentos convencionales de protección, ya que en estos casos, las condiciones de elegibilidad no están definidas como una contrapartida de una relación asalariada formal, sino que precisamente obedecerán al criterio de favorecer a quienes no cuentan con ella. Así, la implementación complementaria de programas no contributivos permitiría ampliar la protección a grupos no considerados tradicionalmente, y enfrentar situaciones de desempleo de mayor duración.

Nuestro país no cuenta con un seguro de desempleo como tal. En el artículo 123 constitucional, en su apartado A, fracción XXII, contempla que el trabajo que haya sido rescindido de su empleo por motivo injustificado debe ser indemnizado con un importe de tres meses de su salario:

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él.

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 48, determina lo siguiente:

Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario.

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo.

El mismo artículo 123 constitucional prevé en el apartado A, fracción XXIX, la protección de los trabajadores contra el desempleo involuntario:

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

En la Ley del Seguro Social, este principio constitucional se aplica sólo a los trabajadores mayores de 60 años, mediante el seguro de cesantía en edad avanzada:

Artículo 154. Para los efectos de esta Ley existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los sesenta años de edad.

Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales.

El trabajador cesante que tenga sesenta años o más y no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión.

En este caso, si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de setecientas cincuenta semanas tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, en los términos del capítulo IV de este Título.

La Ley del Seguro Social prevé el retiro parcial de recursos de la cuenta individual del asegurado en caso de ser dado de baja, bajo determinadas condiciones:

Artículo 191. Durante el tiempo en que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral, tendrá derecho a

I. ...

II. Retirar parcialmente por situación de desempleo los recursos de la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, a partir del cuadragésimo sexto día natural contado desde el día en que quedó desempleado, en los siguientes términos:

a) Si su cuenta individual tiene al menos tres años de haber sido abierta y tiene un mínimo de doce bimestres de cotización al Instituto acreditados en dicha cuenta, podrá retirar en una exhibición la cantidad que resulte al equivalente a treinta días de su último salario base de cotización, con un límite de diez veces el salario mínimo mensual general que rija en el Distrito Federal, o

b) Si su cuenta individual tiene cinco años o más de haber sido abierta, podrá retirar la cantidad que resulte menor entre noventa días de su propio salario base de cotización de las últimas doscientas cincuenta semanas o las que tuviere, o el once punto cinco por ciento del saldo de la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

Las cantidades a que se refiere este inciso se entregarán en un máximo de seis mensualidades, la primera de las cuales podrá ser por un monto de treinta días de su último salario base de cotización a solicitud del trabajador, conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. En caso de que el trabajador se reincorpore a laborar durante el plazo de entrega de los recursos, las mensualidades posteriores a su reincorporación se suspenderán.

El trabajador que cumpla con los requisitos de antigüedad de la cuenta a que se refiere el primer párrafo de este inciso, podrá optar, en todo caso, por el beneficio señalado en el inciso a).

El derecho consignado en esta fracción sólo podrán ejercerlo los trabajadores que acrediten con los estados de cuenta correspondientes, no haber efectuado retiros durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud de retiro de recursos.

En el ámbito local, existe por ley un Seguro de Desempleo para los trabajadores residentes en el Distrito Federal y programas locales en diversas entidades federativas. Por ser objeto de una obligación de ley, nos detendremos en el primero.

En el marco de su primer Informe de Gobierno, el licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal anunció el 17 de septiembre de 2007 la creación de un Seguro de Desempleo para la población capitalina.

Para ese efecto, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (GODF) el 3 de octubre de 2007 la primera convocatoria a este programa; el día 15 de ese mismo mes empezó su operación y el 6 de diciembre de ese año se entregaron los primeros apoyos.

El 8 de octubre de 2008 se publicó en la GODF la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, que eleva a rango de ley el programa en comento.

El objetivo general del programa es otorgar una protección básica a las y los trabajadores asalariados que hayan perdido su empleo, incluyendo a grupos vulnerables y discriminados, y al mismo tiempo, crear las condiciones para su incorporación al mercado laboral y al goce del derecho constitucional al trabajo. El Seguro de Desempleo es un derecho de los trabajadores y trabajadoras donde se respeta, protege, promueve y garantiza, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho al trabajo y los derechos laborales de quienes habitan y transitan en el Distrito Federal.

Sus objetivos específicos son

A. Apoyar a todos aquellos desempleados y desempleadas, incluyendo a grupos vulnerables y discriminados, residentes en el Distrito Federal que por su relación laboral estuvieron inscritos en alguna de las instituciones de seguridad social.

B. Estimular la generación de empleos en el sector formal de la economía para contribuir a reducir la informalidad y el trabajo precario en la Ciudad de México.

C. Impulsar la capacitación de los desempleados y desempleadas para desarrollar nuevas habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social del trabajo.

Características:

A. Es un sistema de protección social que se traduce en un beneficio económico mensual equivalente a 30 días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, entre otras acciones.

B. Se entregará al beneficiario por un periodo de seis meses, siempre y cuando el beneficiario cumpla con las obligaciones establecidas en las Reglas de Operación.

C. Sólo se podrá acceder a este beneficio una vez cada dos años y deberá estar plenamente justificado.

D. Es personal e intransferible.

E. Será entregado a través de una tarjeta de débito u otro mecanismo que el Gobierno considere conveniente conforme a la ley.

Población objetivo:

Trabajadoras y trabajadores desempleados habitantes del Distrito Federal, mayores de 18 años, incluyendo a grupos vulnerables y discriminados.

Requisitos:

A. Haber laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o física con domicilio fiscal en la Ciudad de México, al menos durante seis meses;

B. Haber perdido su empleo a partir del 1o. de enero de 2006, por causas ajenas a su voluntad;

C. No percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa; y

D. Ser demandante activo de empleo.

Para acreditar la condición de desempleado y ser beneficiario al programa se requiere además de documentación oficial (acta de nacimiento; identificación oficial vigente con fotografía; CURP y comprobante de domicilio actual en el Distrito Federal), documento de baja expedida por una institución de seguridad social “u otro documento que acredite fehacientemente la pérdida del empleo”.

El beneficiario debe cumplir con las siguientes obligaciones:

A. Proporcionar a la STyFE la información y documentación que se le solicite, así como presentarse en las oficinas cuando se le requiera.

B. Comunicar los cambios de domicilio.

C. Buscar un nuevo empleo y asistir a las entrevistas con las empresas que están ofreciendo empleos.

D. Asistir, cuando corresponda a su perfil y necesidades, a las jornadas de Capacitación y Formación que sean convocadas.

E. Aceptar los controles, registros y supervisiones por la STyFE.

F. Renunciar por escrito al Seguro de Desempleo, si consigue un empleo antes de los seis meses y/u obtuvo cualquier otro beneficio de los programas operados por el GDF, dentro de los cinco días hábiles después de haberle ocurrido lo anterior, a fin de que opere la suspensión inmediata del pago del Seguro.

G. Declarar en la Carta Compromiso, bajo protesta de decir verdad, que se encuentra desempleado o desempleada.

H. Aceptar que a los seis meses la Carta Compromiso dejará de surtir efecto y la transferencia mensual cesará automáticamente. Bajo ninguna circunstancia habrá prórroga o excepciones.

I. Manifestar bajo protesta de decir verdad que los datos presentados en la documentación y la información proporcionada, son fidedignos, por lo que en el caso de incurrir en alguna omisión o falsedad estará apercibido de las consecuencias legales que se deriven.

Para ejemplo, en su tercer Informe, el jefe de Gobierno señala que de octubre de 2007 a julio de 2009 se habían inscrito al Seguro de Desempleo más de 120 mil personas y se han ejercido más de 700 millones de pesos en dicho periodo (en el informe de avance trimestral de enero-junio de 2012, se consigna el otorgamiento de 76,326 apoyos económicos de 30 salarios mínimos del D. F., a 62,33 pesos que da por cada apoyo 1,869.90 pesos, que arrojan un total de 142’721,987,00 pesos).

Desde la Legislatura LIX se han presentado iniciativas de ley a fin de considerar el establecimiento del seguro de desempleo en el ámbito federal. Esquemáticamente, éstas son sus características:

LIX Legislatura

1. Iniciativa que reforma el artículo 25 y adiciona uno nuevo a la Ley de Coordinación Fiscal para crear el Fondo del Seguro del Desempleo. Presentada por la diputada Martha Palafox Gutiérrez, PRI. Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presentada el 10 de octubre de 2003.

Propone la creación de un Fondo de Aportaciones del Ramo 33, que se distribuirá de acuerdo a la tasa de desempleo de cada entidad federativa. No menciona la población beneficiaria; requisitos para hacer efectivo el seguro de desempleo; monto de beneficios; duración de las prestaciones ni su relación con políticas activas de mercado de trabajo (capacitación, readiestramiento, etc.).

2. Iniciativa que reforma la Ley del Seguro Social para crear el seguro de desempleo. Presentada por el diputado Pedro Vázquez González, PT. Turnada a las Comisiones Unidas Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, presentada el 15 de septiembre de 2004.

Establece que se dirige a trabajadores registrados ante el IMSS o que laborando en empresas con registro fiscal, justifiquen haber perdido su empleo. Asimismo, para aquellos que teniendo la mayoría de edad, justifiquen no haber encontrado empleo durante un lapso de dos meses consecutivos. Como requisito fija presentar una constancia patronal en la que proporcione información relativa a las razones por las que el trabajador es separado de su empleo. El monto del beneficio es de dos salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal por trece meses, por única vez. El financiamiento es a cargo de recursos federales. Establece que la STPS y el IMSS, deberán organizar de manera permanente cursos de capacitación laboral, para que los beneficiarios del seguro, puedan acceder nuevamente a la actividad productiva.

3. Iniciativa que adiciona un Título Séptimo y un Capítulo Único a la Ley del ISSSTE, que crea el Programa Seguro por Desempleo para protección de los empleados públicos. Presentada por el diputado Francisco Espinosa Ramos, PT. Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, presentada el 22 de septiembre de 2004.

Dirigido a trabajadores que acrediten su registro en el ISSSTE, con excepción de empleados públicos que desempeñen “desde puestos de enlace hasta secretarios de Estado o titulares de entidades”. Se pide el una constancia de terminación de la relación laboral de la dependencia pública donde prestó sus servicios laborales, para obtener un beneficio de dos salarios mínimos burocráticos por trece meses, por única vez. El financiamiento es con base en recursos federales. Como en la iniciativa anterior, se determina que la STPS y el ISSSTE, deberán organizar cursos de capacitación laboral, para que los beneficiarios del seguro, puedan acceder nuevamente a la actividad productiva.

4. Iniciativa de Ley Federal de Protección Social por Desempleo. Diputado Francisco Diego Aguilar, PRD. Turnada a la Comisión de Seguridad Social, el 17 de marzo de 2005.

Dirigidas a los trabajadores cuyas relaciones laborales se regulen por el Apartado A del artículo 123 Constitucional y que coticen en el Fondo Nacional de Protección Social por Desempleo durante un periodo mínimo de doce meses durante los tres años anteriores al cese de la relación de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo involuntario, así como los trabajadores eventuales que hayan cotizado un mínimo de cien días durante doce meses anteriores al cese de la relación laboral. Para acceder a las prestaciones se requiere proporcionar a la autoridad competente, la documentación que le sea requerida conforme a un reglamento, así como comunicar los cambios de domicilio o residencia. El beneficio es el equivalente a 40 por ciento del promedio del salario base de cotización de los últimos 12 meses. La duración es de 6 meses improrrogables. Se podrá acceder a la prestación en dos ocasiones cada 5 años. Su financiamiento sería con base en aportaciones al Fondo Nacional de Protección Social por Desempleo: patrones, 2.5 por ciento; trabajadores, 1.5 por ciento; gobierno, 5 por ciento sobre el salario base de cotización. La STPS orientará a los sujetos de esta ley para encontrar trabajo y realizar acciones de apoyo educativo para la reintegración al mercado laboral con mayores habilidades y mejor salarios que el anterior recibido.

LX Legislatura

5. Iniciativa que expide la Ley del Seguro de Desempleo y para el Fomento del Empleo; y reforma el artículo 25 de la Ley del Seguro Social. Presentada por el diputado David Mendoza Arellano, PRD. Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el 13 de febrero de 2007.

Dirigida a trabajadores cuyas relaciones de trabajo se regulen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución federal y la Ley Federal del Trabajo, y para los trabajadores independientes, incluidos los de la economía informal, que se incorporen de manera voluntaria en los términos previstos en esta ley. Para acceder a los beneficios se requiere encontrarse en situación legal de desempleo y estar disponible para ocupar un puesto de trabajo adecuado, haber cotizado al Fondo Nacional del Seguro de Desempleo durante un periodo mínimo de doce meses durante los tres años anteriores al cese de la relación de trabajo que dio lugar a la situación legal de desempleo; los trabajadores eventuales y los independientes, incluidos los informales, deberán haber cotizado un mínimo de cien días durante los doce meses anteriores al cese de la relación que originó el desempleo; no percibir beneficios provisionales o prestaciones no contributivas; y solicitar el otorgamiento de la prestación en los plazos y formas que correspondan. El apoyo sería de 40 por ciento del promedio del salario base de cotización de los últimos doce meses. La duración del beneficio sería de 4 meses de seguro si se ha cotizado de 12 a 23 meses; 8 meses de seguro si se ha cotizado de 24 a 35 meses; 12 meses de seguro si se ha cotizado de 36 meses en adelante. El financiamiento sería tripartita: patrones: 2.5 por ciento; trabajadores: 1.5 por ciento; gobierno: 5 por ciento

La STPS deberá elaborar programas para el empleo que incluirán acciones de formación, calificación, capacitación, reconversión, perfeccionamiento y especialización de los trabajadores desempleados tendentes a apoyar y a facilitar la creación de empleo productivo; la reinserción ocupacional de los trabajadores desocupados; y la reasignación ocupacional derivada de la reconversión productiva.

6. Iniciativa que crea la Ley Federal de Protección y Fomento del Empleo. Presentada por el diputado José Jacques y Medina, PRD. Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el 31 de julio de 2009.

Los beneficiarios serían personas desempleadas mayores de 18 años que residan en la República Mexicana, que hayan laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o física, con domicilio fiscal en el país, al menos durante 6 meses; no percibir otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa; encontrarse inscrito en las oficinas de empleo; ser demandante activo de empleo; cumplir requisitos establecidos en esta ley y demás disposiciones reglamentarias; y no ser beneficiario de otro seguro de desempleo que otorgue alguna entidad federativa. El beneficio sería igual a 30 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal que será entregado mensualmente al beneficiario por un plazo no mayor de 6 meses, cada 2 años. El Titular del Poder Ejecutivo Federal deberá incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación que garantice efectivamente el derecho al seguro. Se buscaría impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social del trabajo, a través de acciones complementarias implantadas por la administración pública federal en sus programas sociales. Los beneficiarios deben participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales que determine la STPS.

LXI Legislatura

7. Iniciativa que expide la Ley del Seguro de Desempleo, y reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Presentada por los diputados Ramón Jiménez López, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter y Vidal Llerenas Morales, PRD. Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el 3 de septiembre de 2009.

Los beneficiarios serían trabajadores, que además de haber estado empleados en el sector formal de la economía, al menos un año antes de solicitar este seguro, no hayan sido beneficiarios del seguro de desempleo en los dos años anteriores, así como los trabajadores que cobren en forma regular por honorarios al menos por un año. Se requiere haber laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona física o moral, al menos durante seis meses; haber perdido su empleo por causa ajena a su voluntad; no percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa; y ser demandante activo de empleo. El beneficio es de 100 por ciento del último salario, en caso de haber percibido menos de dos salarios mínimos; 2.5 salarios mínimos, en caso de haber percibido de 2 a 6 salarios mínimos; 4 salarios mínimos, en caso de haber percibido más de 6 salarios mínimos. La duración sería de 6 meses, una vez cada dos años. El financiamiento deberá destinarse en los Presupuestos de Egresos de la Federación. El beneficiario deberá asistir, cuando corresponda a su perfil y necesidades, a las jornadas de capacitación y formación que sean convocadas.

8. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Presentada por los diputados María Cristina Díaz Salazar, María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, PRI. Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el 8 de septiembre de 2009.

Está dirigida a trabajadores afiliados al Seguro Social que queden en situación de desempleo por alguna de las siguientes circunstancias: terminación de la obra por vencimiento del término o inversión del capital de la patronal; cierre de la empresa contratante; reducción definitiva de la plaza correspondiente; o rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. Como requisitos establece tener reconocidas un mínimo de 104 cotizaciones semanales; de las cuales 52 deberán haber sido continuas durante los últimos 3 años anteriores al cese de trabajo; no recibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa; y ser demandante activo de empleo, en los términos que el instituto fije. El beneficio es de 40 por ciento del salario base de cotización de los últimos 12 meses, hasta el límite de tres salarios mínimos por un máximo de 6 meses. Se podrá acceder al beneficio en dos ocasiones durante 5 años. El financiamiento es tripartita: patrones: 2 por ciento; trabajadores: 1 por ciento; gobierno: 2 por ciento. Se faculta al IMSS para coordinar con la STPS, con las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas y concertará, en igual forma, con la representación de las organizaciones de los sectores social y privado, con el objeto de realizar programas de capacitación, especialización, reconversión y calificación laboral con el fin de reincorporar al beneficiario a la actividad productiva.

9. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a fin de crear el seguro de desempleo para la protección del trabajador mexicano. Presentada por el diputado Pedro Vázquez González, PT. Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el 8 de septiembre de 2009.

Dirigida a trabajadores que acrediten su registro en el IMSS o que, laborando en empresas con registro fiscal, justifiquen haber perdido su empleo. El patrón deberá comunicar al IMSS el despido del trabajador señalando las razones de tal acción, para que en un lapso no mayor a 15 días el rescindido tenga derecho de manera automática al seguro por desempleo. En caso de omisión se hará acreedor a una multa equivalente a 5 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal. El monto del beneficio es de dos salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal hasta por seis meses. Los recursos financieros para solventar el seguro de desempleo serán aportados por la federación y aprobados para cada ejercicio fiscal en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para garantizar la reincorporación del beneficiario del seguro por desempleo a la actividad laboral, la STPS y el IMSS, deberán organizar de manera permanente cursos de capacitación laboral, para que los beneficiarios del seguro puedan acceder nuevamente a la actividad productiva.

Del análisis de estas iniciativas se puede observar lo siguiente:

Población beneficiaria: en la mayoría de los casos se refiere a trabajadores del sector formal (afiliados al IMSS y en un caso al ISSSTE); la cobertura se amplía en algunas iniciativas a prestadores de servicios profesionales, afiliados voluntarios o se deja abierta.

Requisitos para acceder al beneficio: se plantea que sean despidos justificados, incluso que haya un formato especial que sea entregado al trabajador cesante y cotizaciones previas.

Monto del beneficio: en unos casos se menciona un monto fijo (hasta cuatro salarios mínimos) o un porcentaje del salario base de cotización (de 40 a 100 por ciento).

Duración de las prestaciones por desempleo: de cuatro a trece meses; los beneficios se otorgarían por única vez, cada dos años o cada cinco.

Financiamiento: en algunas iniciativas el pago de las prestaciones es a cargo de las finanzas públicas estatales; en otras la cotización es tripartita, del 5 al 9 por ciento del salario de cotización.

Relación con políticas activas de mercado (promoción de empleo, capacitación y colocación): sólo en una iniciativa no se menciona.

Casi todas las iniciativas comprenden implícitamente un régimen solidario de reparto para el otorgamiento de los beneficios. En un caso, se propone que dependan de las cuentas individuales operadas por las afores y en otra un sistema mixto.

6. El desempleo o la desocupación es un característica estructural de las economías del mercado; sea cual sea la condición del ciclo económico, existe al menos la desocupación de quienes pasan de un empleo a otro o de quienes ingresan por primera vez a una ocupación remunerada por su edad o por el término de sus estudios o calificación.

La búsqueda de empleo se relaciona con el funcionamiento de un mercado en el que los salarios están relacionados con las características de las ocupaciones. Como existen diferentes salarios y condiciones de trabajo para una ocupación similar, los buscadores de empleo lo hacen durante un tiempo determinado a fin de “empatar” sus aspiraciones con las ofertas de trabajo a que tiene acceso.

El tiempo de la búsqueda, o sea la duración del desempleo dependerá del “salario de reserva” (recursos para satisfacer sus necesidades mientras no recibe ingresos salariales: por ejemplo, una liquidación, otros ingresos por cuenta propia o ingresos familiares) con que disponga el desocupado A mayor “salario de reserva”, mayor duración de la búsqueda; si el “salario de reserva” es cercano a cero, el desocupado aceptará prácticamente la primer ocupación que se le ofrezca.

Las prestaciones de desempleo elevan las expectativas de los buscadores y aumentan la duración de la búsqueda. En teoría, un seguro de desempleo indiscriminado tendría el “efecto adverso” de generar más desempleo o aumentar la duración de éste o el “riesgo moral” de que los solicitantes prefieran la condición de desocupados frente a un mercado de trabajo que ofrece salarios menores que las prestaciones del seguro. En los sistemas en que existe esta prestación, existen diversas condicionantes para que esto no ocurra.

Básicamente, la entrega de una prestación de este tipo se limita al desempleo involuntario o al cese no justificado; se pide un tiempo laborado previo; se pide el requisito de mantenerse buscando activamente su reinserción en el mercado laboral formal; se limita la entrega del beneficio un determinado periodo y se fija un monto inferior al salario recibido como activo.

Los efectos que podría tener el funcionamiento del seguro de desempleo en la economía, la formalización del mercado laboral y la cobertura del trabajador frente al desempleo en etapas recesivas de la economía resultan claves para que sus efectos sean positivos.

En nuestra propuesta, el seguro de desempleo se establecería como parte del régimen obligatorio del seguro social, por lo que procedería una reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley Federal del Trabajo para adecuar el Servicio Nacional de Empleo, Capacitación y Adiestramiento a dicho fin.

Un aspecto determinante en una reforma de este tipo es su sustentabilidad económica. En la propuesta presente se considera que esto se puede alcanzar sobre la base de dos premisas: la aportación tripartita y el régimen de reparto solidario.

A diferencia de las propuestas reseñadas anteriormente, no consideramos que sea viable un sistema que dependa exclusivamente de las aportaciones estatales.

Su viabilidad depende en este momento básicamente de su financiamiento por lo que es fundamental destinar una fuente de ingresos estable y permanente para asegurar su viabilidad en el largo plazo. Por esa razón no puede depender exclusivamente de la hacienda pública ni de contribuciones generales; se buscará su viabilidad financiera a través de un régimen contributivo tripartita en que el empresariado deberá reconocer la carga de responsabilidad al cesar a los trabajadores a su disposición.

Un seguro contributivo tendría el efecto de un “plan de ahorro” que permite al asegurado contar con una protección cuando se enfrente a la contingencia del desempleo.

Por otra parte, al distribuir el riesgo entre patrones, trabajadores y gobierno y al establecer la solidaridad de los activos hacia los inactivos, partiendo del supuesto de que quien ahora aporta, mañana puede ser objeto de beneficios y viceversa. Si el riesgo recae exclusivamente en el individuo la capacidad de éste de sostenerse por sus propios ahorros individualizados es casi nula.

Es importante mencionar que de las iniciativas presentadas, la presente es la que menor costo fiscal demanda para el cumplimiento de sus objetivos, no por querer “abaratar” la propuesta sino porque de acuerdo a una estimación que presentamos, resulta la más adecuada.

El crecimiento económico ha implicado un mayor número de empleos en el sector formal de la economía y, por ende, una mayor afiliación de trabajadores al IMSS. No obstante, esta tendencia de crecimiento de largo plazo ha estado acompañada de ciclos que crean desaceleraciones y en algunos casos crisis económicas, como la actual. Dichas disminuciones en el crecimiento económico se ven reflejadas claramente en bajas en el empleo y, por tanto, en la incorporación de trabajadores al Seguro Social.

A diferencia de otras estimaciones de tipo actuarial, la base para estimar el costo de una prima para el seguro de desempleo que permita cubrir beneficios, costos de operación y acumulación de reservas depende de una proyección del desempleo futuro, algo que por depender del ciclo económico es definitivamente incierto.

En otros casos existen estimaciones más sólidas sobre esperanzas de vida, tablas de mortalidad o de morbilidad, pero estimar un porcentaje de desempleo en el largo plazo es más complicado.

Si optamos por tomar el desempleo observado, tendríamos una base para los cálculos. Desde 1994, en tres ocasiones el IMSS ha registrado una reducción neta de asegurados. La mayor pérdida de asegurados se dio en 1995, cuando se registraron 611 mil bajas, seguido del período 2002-2003 cuando en los dos años se perdieron 126 mil asegurados. Finalmente, en 2008 y 2009, se reporta una disminución de 263 mil asegurados.

Con estos datos, en 2010, con una reducción neta de 200 mil trabajadores, que sumados a los ya cesados, resultaría en unos 466 mil beneficiarios. El seguro beneficiaría al 16 por ciento de los desocupados totales, al costo de fomentar la formalidad.

No existen datos disponibles sobre la duración del desempleo por lo que se hacen estimaciones sobre la base de ocupar el subsidio que se propone a lo largo de 6 meses.

Por otra parte, el desempleo abierto calculado por el Inegi se estima entre 2000 y 2010 en un promedio de 3.66 por ciento sobre la totalidad de la población ocupada, con un mínimo de 2.17 y un máximo de 6.41 por ciento.

Suponiendo que el desempleo en el régimen obligatorio es igual al total nacional y bajo un y de que bajo un sistema de reparto los activos aportan para los inactivos, la proporción entre ambos empleados y desempleados es de 27 a 1 en promedio, con un mínimo de 15 a 1 y un máximo de 46 a 1.

Si el beneficio a otorgar es de 70 por ciento del salario de cotización, se necesitaría una prima de equilibrio igual al producto de 0.0366 por 0.7, igual a 0.02562.

Como el otorgamiento de los beneficios es procíclico, (aumenta cuando hay mayor recesión), la acumulación de reservas es fundamental por lo que se prevé una prima de 0.03 para este seguro; se supone que el excedente también se usará para gastos operativos.

La distribución de la prima se recarga más en los patrones por ser éstos los primeros responsables del cese; seguido del estado quien por la conducción de la economía da por resultado mayores o menores tasas de crecimiento; el trabajador, primer afectado del cese asume sólo parte del riesgo, pero a través de sus contribuciones, se solidariza con los cesados.

El costo fiscal de este seguro sería de un punto porcentual del salario base de cotización nacional recaudado por el IMSS. De acuerdo a información del Instituto, las aportaciones del gobierno federal ascienden a 5.369 por ciento del salario base de cotización. De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, en 2010, las aportaciones federales al régimen obligatorio se estiman en 48 mil 179.0 millones de pesos. Imponer a las finanzas públicas una aportación adicional para financiar el seguro de desempleo significaría un costo fiscal de 8 mil 973.6 millones de pesos. La fuente de financiamiento debe analizarse en el marco de la reforma hacendaria en curso.

Fundamento legal

Los artículos 71, fracción II, y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a fin de crear el seguro de desempleo como parte del régimen obligatorio del Seguro Social

Ordenamientos a modificar

La iniciativa que presentamos tiene como objetivo establecer un mecanismo de protección contra la cesación involuntaria del trabajo, otorgando un beneficio temporal y buscando la reinserción del desocupado en el mercado de trabajo

La población beneficiaria la constituirían los trabajadores y trabajadoras adscritos al régimen obligatorio del Seguro Social, dados de baja por motivos ajenos a su voluntad y que no sean beneficiarios de una pensión.

Se opta por acotar la población beneficiaria en el sentido de que el otorgamiento de un seguro de desempleo para los trabajadores no formales enfrenta los problemas de selección, cumplimiento de requisitos, revisión de condiciones para suspender tal beneficio.

Se asume la desventaja de acotar el beneficio, pero se pretende con eso contribuir a la formalización de las relaciones laborales. Aunque no existen estudios puntuales de nuestra realidad, la literatura especializada coincide en que en realidad las necesidades de protección social del trabajo no formal se relacionan más con prestaciones de salud, pensiones de vejez y vivienda.

El beneficio consiste en un subsidio igual al 70 por ciento del salario base de cotización promedio obtenido en el bimestre anterior que se otorgaría por un máximo de seis meses, a partir de la baja del asegurado.

Para tener derecho a esta prestación el asegurado debe tener acreditado un mínimo de 150 semanas de cotización o 50 cotizaciones semanales en los últimos tres años.

A partir de la entrada en vigor del seguro de desempleo, tendrán derecho a recibir el subsidio quienes hayan quedado desocupados con cuatro meses de anterioridad a dicha vigencia y sigan si haberse reinsertado en el régimen obligatorio.

Este derecho sólo podrán ejercerlo los trabajadores que no hayan recibido el subsidio durante los dos años anteriores.

El pago del beneficio se hará a través del Instituto, sin intermediación de aseguradoras o afores.

Durante la vigencia del subsidio, se otorgarán al beneficiario y a sus derechohabientes los servicios en especie del seguro de enfermedades y maternidad.

Como requisitos se señala la baja al IMSS; someterse a los controles que al efecto establezca el Instituto en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, Capacitación y Adiestramiento (SNECA), a fin de corroborar que el beneficiado realiza una búsqueda de empleo y acudir a las convocatorias de capacitación que el IMSS y el SNE le trasmitan de acuerdo a su perfil y necesidades.

El subsidio se suspenderá en caso de alta al régimen obligatorio; incumplimiento de controles determinados por el Instituto y el (SNECA) y fallecimiento. En este caso, los beneficiarios accederán a una pensión bajo los términos del seguro de invalidez y vida.

Se establece un prima de 3.0 por ciento del salario base de cotización, distribuido de esta manera: 1.5 a cargo de los patrones; 1.0 a cargo del estado y 0.5 a cargo de los trabajadores.

La prima se acumulará en un fondo que cubrirá las prestaciones, el gasto administrativo y acumulará reservas.

Con esta propuesta, se complementa un sistema de protección social y una regulación indispensable para un mejor funcionamiento de las condiciones de trabajo; con esta iniciativa se podrá aspirar a formalizar el mercado de trabajo; garantizar mejores condiciones para quienes están desocupados. Financiera y socialmente, es una iniciativa viable al consistir en un sistema de reparto de aportación tripartita cuyo costo se compensará con la seguridad que se otorgará a las y los trabajadores cesados, pero también a los activos que contarán con una institución protectora necesaria y justa. No se puede argumentar la incosteabilidad para oponerse a la presente iniciativa porque el costo de no hacer nada ya se ha estado pagando por millones de trabajadores que sobreviven en condiciones precarias o ante la falta de oportunidades de un empleo que pueda considerarse digno.

Texto normativo propuesto

Artículo Primero. Se adicionan una fracción IV al artículo 11, recorriéndose la numeración; un inciso d) de la fracción II del artículo 84, recorriéndose los incisos; un párrafo segundo al artículo 109; un Capítulo VI Bis al Título Segundo; un párrafo al artículo 127, una fracción III al artículo 191 y una fracción V al artículo 281, recorriéndose la numeración, se reforman el artículo 127, primer párrafo; el artículo 130, primero y segundo párrafos; el artículo 133, primer párrafo; el artículo 136, primer párrafo; el artículo 247, segundo párrafo y el artículo 251, fracción XII, de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

I. a IV. ...

V. Seguro de desempleo.

VI. Guarderías y prestaciones sociales.

Artículo 84. ...

I. ...

II. ...

a) a c) ...

d) Desempleo

e) Viudez, orfandad o ascendencia;

III. a IX. ...

...

a) y b) ...

Artículo 109. ...

En el caso de los pensionados por desempleo, el término a que alude el párrafo anterior se contará a partir de la suspensión del pago del subsidio, salvo en el caso de que éste se deba a una reincorporación al régimen obligatorio.

..

..

...

Artículo 127. Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez o por desempleo, el Instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, las siguientes prestaciones:

I. a V. ...

...

...

...

...

En caso de fallecimiento del pensionado por desempleo, se estará a lo que disponga el segundo párrafo del artículo 201 H.

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez o por desempleo. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión.

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez o por desempleo.

Artículo 133. El derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez o por desempleo y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando la viuda, viudo, concubina o concubinario contrajeran matrimonio o entraran en concubinato. El disfrute de esta pensión no se suspenderá porque aquéllos desempeñen un trabajo remunerado.

...

Artículo 134. Tendrán derecho a recibir pensión de orfandad cada uno de los hijos menores de dieciséis años, cuando muera el padre o la madre y alguno de éstos hubiera tenido el carácter de asegurado, y acrediten tener ante el Instituto un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales o haber tenido la calidad de pensionados por invalidez o por desempleo.

...

...

Artículo 136.El derecho al goce de la pensión de orfandad comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez o por desempleo y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando éste haya alcanzado los dieciséis años de edad, o una edad mayor, de acuerdo con las disposiciones de los dos artículos anteriores.

...

Artículo 191. ...

I a II. ...

III. Acceder al seguro de desempleo en los términos del Capítulo VI Bis de este Título.

Capítulo VI BisDel Seguro de Desempleo

Artículo 201 A. El seguro de desempleo cubre el riesgo de la cesación involuntaria del trabajador menor de sesenta años, en los términos establecidos en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, y facilita su reinserción al empleo remunerado, preferentemente en el marco del régimen obligatorio de la presente ley.

Artículo 201 B. Para acceder a las prestaciones de este seguro se requiere que el trabajador haya acreditado ciento cincuenta cotizaciones semanales o cincuenta y dos cotizaciones en el lapso de los últimos tres años.

La cesación involuntaria del empleo se acreditará mediante la baja del régimen obligatorio o mediante la acreditación de haber quedado privado del trabajo por causa no justificada, con excepción de los pensionados de los seguros de invalidez y de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Artículo 201 C. Ante la contingencia de la cesación involuntaria del empleo, el Instituto está obligado al otorgamiento de las prestaciones siguientes:

I. Subsidio; y

II. Asistencia médica, en los términos del Capítulo IV de este Título.

Quienes gocen del subsidio a que se refiere la fracción I del artículo 201 C se les dará el trato de pensionados por desempleo.

Artículo 201 D. El derecho al goce del subsidio a que se refiere la fracción I del artículo 201 C comenzará a partir del día hábil siguiente posterior a la baja y podrá otorgarse hasta por seis meses.

El monto de dicho subsidio consistirá en un pago mensual equivalente al 70 por ciento del promedio del salario base de cotización de las últimas cincuenta y dos semanas cotizadas.

Sólo podrán recibir este beneficio los trabajadores que hayan acreditado no haber recibido tal subsidio durante los dos años anteriores.

Artículo 201 E. El pensionado por desempleo deberá acudir, de acuerdo a su perfil y necesidades, a las convocatorias de capacitación, y someterse a los controles, registros y supervisión que al efecto establezca el Instituto en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, Capacitación y Adiestramiento.

Al efecto, el Instituto establecerá las medidas de coordinación con dependencias y entidades, gobiernos estatales, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, ayuntamientos y demarcaciones territoriales, organizaciones de trabajadores, cámaras empresariales y cualquier organismo que coadyuve a la capacitación y reinserción del trabajador a un empleo estable y suficientemente remunerado.

Artículo 201 F. Durante la vigencia del pago del subsidio, los beneficiarios del asegurado tendrán derecho a asistencia médica en los términos del Capítulo IV de este Título.

Artículo 201 G. El pago del subsidio a que se refiere la fracción I del artículo 201 C cesará en los siguientes casos:

I. Una vez transcurrido el término a que se refiere el artículo 201 D;

II. Reingreso al régimen obligatorio antes del término a que se refiere la fracción anterior;

III. Incumplimiento no justificado de los requisitos a que se refiere el artículo 201 E;

IV. Fallecimiento.

Artículo 201 H. En caso de fallecimiento del pensionado por desempleo, sus beneficiarios tendrán derecho a pensiones de viudez, orfandad y ascendencia en los términos establecidos en la Sección Tercera del Capítulo V de este Título.

Al fallecer el pensionado por desempleo, el Instituto deberá otorgar, con cargo al fondo del seguro de desempleo, las pensiones y demás prestaciones económicas a que tengan derecho sus beneficiarios en los términos de esta Ley.

Artículo 201 I. Los recursos necesarios para cubrir el subsidio a que se refiere la fracción I del artículo 201 C, la contratación del seguro de sobrevivencia a que se refiere el artículo 201 H, la constitución de reservas y el gasto administrativo se obtendrán de las cuotas que están obligados a cubrir los patrones, los trabajadores y de las contribuciones que correspondan al estado.

Artículo 201 J. A los patrones les corresponderá cubrir uno punto cinco por ciento y a los trabajadores cero punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización.

La cuantía de la contribución del Estado será igual a uno por ciento sobre dicho salario.

Artículo 247. ...

Las prestaciones económicas a que se refiere el presente artículo corresponderán a los ramos de los seguros de riesgo de trabajo y de invalidez y vida así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y desempleo.

Artículo 251....

I. a XI. ...

XII. Recaudar y cobrar las cuotas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia y adicionales, los capitales constitutivos, así como sus accesorios legales, percibir los demás recursos del Instituto, y llevar a cabo programas de regularización de pago de cuotas. De igual forma, recaudar y cobrar las cuotas y sus accesorios legales del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y del seguro de desempleo;

XIII. a XXVII. ...

Artículo 281. ...

I. a IV. ...

V. Seguro de Desempleo;

VI. Guarderías y Prestaciones Sociales;

VI. Seguro de Salud para la Familia; y

VII. Para otros seguros o coberturas, que en su caso, se establezcan con base en esta Ley.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto expedirá la reglamentación necesaria para la aplicación del presente decreto dentro de los sesenta días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Instituto dispondrá de ese mismo plazo para establecer en el orden administrativo y de recursos de lo necesario para instrumentar el seguro de desempleo.

Asimismo, celebrará en dicho lapso los convenios y acuerdos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 201 E.

Tercero. Tendrán derecho a recibir el subsidio quienes hayan quedado desocupados con cuatro meses de anterioridad a la vigencia del presente decreto y sigan si haberse reinsertado en el régimen obligatorio.

Cuarto. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal siguiente al de la publicación del presente decreto contendrá los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 201 J. El pago de las contribuciones anteriores a dicho ejercicio fiscal se hará con cargo a ahorros y economías.

Quinto. Durante los tres primeros ejercicios fiscales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, el Consejo Técnico podrá autorizar el pago del subsidio a que se refiere la fracción I del artículo 201 C con cargo a la Reserva General Financiera y Actuarial, debiendo reintegrar los recursos a la misma a partir del cuarto ejercicio fiscal posterior a la entrada en vigor del presente decreto, conforme a un programa que el mismo Consejo Técnico apruebe.

Artículo Segundo.Se reforman el artículo 539, fracción I, inciso g), fracción II, inciso e) y fracción III, inciso h) y el artículo 539-A, segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 539. ...

I. ...

a) a f) ...

g) Proponer la celebración de convenios en materia de empleo, entre la Federación y las Entidades Federativas , así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social, ayuntamientos y demarcaciones territoriales, organizaciones de trabajadores, cámaras empresariales y cualquier organismo que coadyuve a la promoción del empleo estable y suficientemente remunerado; y

h) ...

II. ...

a) a d) ...

e) Proponer la celebración de convenios en materia de colocación de trabajadores, entre la Federación y las Entidades Federativas , así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social, ayuntamientos y demarcaciones territoriales, organizaciones de trabajadores, cámaras empresariales y cualquier organismo que coadyuve a la colocación de trabajadores en empleos estables y suficientemente remunerados; y

f) ...

III. ...

a) a g) ...

h) Establecer coordinación con la Secretaría de Educación Pública, así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social, dependencias y entidades del gobierno federal, gobiernos estatales, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ayuntamientos y demarcaciones territoriales, organizaciones de trabajadores, cámaras empresariales y cualquier organismopara implantar planes o programas sobre capacitación y adiestramiento para el trabajo y, en su caso, para la expedición de certificados conforme a lo dispuesto en esta Ley, en los ordenamientos educativos y demás disposiciones en vigor;

i) ...

lV. ...

Artículo 539-A. ...

Por el Sector Público participarán sendos representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; de la Secretaría de Educación Pública; de la Secretaría de Economía; de la Secretaría de Energía y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedirá la reglamentación necesaria para la aplicación del presente decreto dentro de los sesenta días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En tanto, seguirán vigentes las disposiciones administrativas que no se opongan al presente Decreto.

Notas:

1 Patricia Kurczyn Villalobos. “Comentario al artículo 123”, en Derechos del Pueblo Mexicano, Tomo XX, página 399.

2 Ochoa León, Sara María. El seguro de desempleo en México y el mundo. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Julio de 2005, página 18.

3 Anders Reutersward. Seguro de desempleo y programas relacionados en cinco países de la OCDE, BID-OCDE, 2008.

4 Gonzalo Islas, Sistemas de protección a los desempleados en los países de la OEA, Oficina Regional para América Latina y el Caribe-OIT, 2002, página 2.

5 OIT. Informe sobre el Trabajo en el Mundo, 2000. Ginebra, 2001.

6 Ochoa León, Sara María, op. cit., páginas 24-25.

7 Citado por Ochoa León, Sara María, op. cit., página 25.

8 Citado por Ochoa León, Sara María, op. cit., páginas 21-22.

9 Mario Velásquez P. Seguros de desempleo y reformas recientes en América Latina. CEPAL, Santiago de Chile, enero de 2010.

10 Mario Velásquez P. op. cit., página 49.

11 El concepto “salario de reserva” forma parte de un modelo teórico denominado “modelo de búsqueda de empleo”. Para un resumen del debate al respecto, cf. Gonzalo Islas, op cit, páginas 6-13.

12 El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, establece en una evaluación reciente como recomendación la necesidad de hacer “un estudio sobre el financiamiento del Seguro de Desempleo” en función de que “El Seguro de Desempleo del GDF es un seguro no contributivo. Depende por ello, enteramente, de las finanzas del gobierno. Lo anterior plantea un problema de financiamiento a corto plazo debido a la recesión general de la economía en 2009, el aumento del desempleo y el deterioro de las finanzas del gobierno. En el mediano plazo, la universalización del seguro requerirá la absorción de un porcentaje de recursos creciente y con ello se tendrían que relegar otros programas de la ciudad, incluso algunos programas sociales prioritarios”. Evaluación externa del diseño y la implementación de la política de promoción del empleo y protección del trabajo del Gobierno del Distrito Federal, enero, 2010, mimeo, páginas 225-226.

13 En un estudio reciente, se alude a las prestaciones no contributivas como parte de la asistencia social: “La asistencia social (beneficios generales) sirve como último recurso contra la pobreza, esto es, como garantías de ingreso mínimo. Los beneficiarios a menudo son pobres fuera del mercado laboral —cuya protección cae fuera del tema de este trabajo— pero en varios países la mayoría son jefes de familias uniparentales un grupo para el cual el empleo puede ser importante como objetivo de largo plazo sino inmediatamente. Los programas de este tipo son importantes en cuatro de los cinco países, mientras en España parecen tener menos importancia. Los jefes de familias uniparentales con beneficios sociales deben buscar trabajo en Dinamarca y Estados Unidos, pero generalmente no en Irlanda y Nueva Zelanda”. Anders Reutersward, op cit., página 7.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012.— Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Angel Cedillo Hernández (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Carlos De Jesús Alejandro (rúbrica), Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Antonio García Conejo (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Verónica García Reyes (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), Victor Manuel Manriquez González (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), Maria Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Jorge Salgado Parra (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Rosendo Serrano Toledo (rúbrica), Crystal Tovar Aragon (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Fernando Zárate Salgado (rúbrica). Diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), José Arturo López Candido (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger (rúbrica), Loretta Ortíz Ahlf (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Araceli Torres Flores (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Martha Edith Vital Vera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 3 y 4 de la Ley General de Educación.

La diputada Martha Edith Vital Vera:Con su venia, señor presidente. Estimadas diputadas y estimados diputados de este honorable Congreso de la Unión, antes que nada deseo expresar mi reconocimiento al gobierno del estado de Chiapas, pero principalmente a cada una de las maestras y cada uno de los maestros chiapanecos, por su entrega, por su dedicación al quehacer docente.

En todas las mediciones realizadas a nivel nacional Chiapas tristemente siempre ocupaba el último lugar; hoy, de acuerdo a los resultados de la prueba Enlace en primarias y secundarias, en tan solo cinco años se ha logrado posicionar al estado de Chiapas en el cuarto lugar a nivel nacional.

Aunado a esto se han construido 12 mil aulas y 22 campus universitarios, lo que demuestra que la suma de esfuerzo, magisterio, sociedad y gobierno, en unidad, da muy buenos resultados, y dan buenos resultados en la tarea más noble que existe: avanzar en la mejora de la calidad de la enseñanza. Vaya para ello mi reconocimiento.

Durante la LXI Legislatura se realizaron cambios significativos en el marco del orden jurídico mexicano, prueba de ello es la modificación acontecida sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero del presente año, sobre el artículo 3o. constitucional.

En aquella ocasión se instauró, gracias al Congreso de la Unión y a la mayoría de las legislaturas estatales, la obligación del Estado de propiciar todos los elementos necesarios para generalizar educación media superior. De este modo, todos los mexicanos tendrán la obligación de cursar los sistemas educativos que van desde la enseñanza preescolar hasta el equivalente al bachillerato.

Sin embargo, se reconoció un periodo para implementar dicha transformación legal, la cual está redactada en el artículo segundo transitorio del decreto aludido, y propicia un tiempo de 10 años para efectuar la totalidad de la reforma constitucional de mérito.

En este marco es necesario y conveniente actualizar todo el orden normativo vinculado con la exigencia constitucional para proveer educación hasta el nivel medio superior.

Por lo anterior, creo oportuno iniciar un proceso legislativo para modernizar la Ley General de Educación Pública, intentando colaborar con la noble intención de proveer mayor y mejor educación a los mexicanos, es innegable que las disposiciones generales que se han adaptado a las exigencias reclamadas por la sociedad.

En este entorno, es propicio reconocer los retos de todos nosotros como legisladores para continuar generando los elementos necesarios para asegurar la optimización del país; por ello se deben generar las transformaciones sociales a través de ideas novedosas para mitigar las necesidades impuestas por los tiempos presentes.

En este sentido, es ineludible el deber de adecuar el marco normativo que pasa desapercibido en muchas ocasiones.

En la actualidad los artículos 3o. y 4o. de la Ley General de Educación no encajan sistemáticamente en la Constitución federal; la redacción de los artículos 3o. y 4o. de la Ley General de Educación continúan reconociendo como obligatoria solamente hasta el nivel medio básico. En ese sentido, se concluye que la actual regulación legal federal no es compatible con la nueva redacción del dispositivo 3o. constitucional, por las razones ya precisadas.

Es menester de todos nosotros, como legisladores, generar una reforma actualizadora que sistematice lo legal a lo constitucional; la reforma pretendida debe declararse procedente, por los siguientes beneficios, como son: primero, coherencia normativa; segundo, posibilidad de la reglamentación en la materia, y tercero, asignación de recursos presupuestales para iniciar el camino al cumplimiento universal de la educación bachiller en nuestro país.

Con lo anterior, México se encontraría a la vanguardia, instruir educación media superior, incluso por encima de países europeos como España; este avance debe ser el trampolín de la oportunidad a un futuro mejor en todos los aspectos de la vida nacional; Chiapas, hoy lo está demostrando. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del PVEM

Planteamiento del problema

Durante la LXI Legislatura se propiciaron cambios significativos al marco del orden jurídico mexicano, prueba de ello es la modificación acontecida sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el jueves 9 de febrero de 2012, sobre el 3o. artículo constitucional.

En aquella ocasión se instauró la obligación del Estado de propiciar todos los elementos necesarios para generalizar la educación media superior. De este modo todos los mexicanos tendrán la obligación de cursar los sistemas educativos que van desde la enseñanza preescolar hasta la equivalente de bachillerato.

Sin embargo, se reconoció, como debe de ser, un periodo para implantar dicha transformación legal, que se plasmó en el artículo segundo transitorio del decreto referenciado, el cual propicia un tiempo de 10 años para efectuar la totalidad de la reforma constitucional de mérito.

En este marco es necesario y conveniente actualizar todo el orden normativo vinculado con la exigencia constitucional de proveer educación hasta el nivel medio superior.

Por lo anterior, con esta iniciativa el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México comienza un proceso legislativo para modernizar la Ley General de Educación.

Argumentación

Es innegable que las disposiciones generales se han estado adaptando a las exigencias reclamadas por la sociedad. En este entorno es propicio reconocer los retos de todos nosotros como legisladores para continuar generando los elementos necesarios para asegurar la optimización del país.

Por ello deben generarse las transformaciones sociales a través de ideas novedosas para mitigar las necesidades impuestas por los tiempos presentes; En este sentido es ineludible el deber de adecuar el marco normativo, lo cual pasa desapercibido en muchas ocasiones, tal y como está sucediendo con el actual caso de los artículos 3 y 4 de la Ley General de Educación, los cuales no engarzan sistemáticamente con la Constitución Federal.

La redacción del artículo 3 de la Ley General de Educación es la siguiente:

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.

De igual modo, el artículo 4o. expresa:

Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

En este sentido se concluye que la actual regulación legal federal no es compatible con la nueva redacción del dispositivo tercero, pues éste en su párrafo primero determina:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

Como se aprecia se incluyó, en el artículo 3o. de la ley suprema del país la frase, “y media superior”, en donde la preposición y proporciona un carácter conjuntivo de la obligación de impartir educación hasta ese nivel formativo a todas las personas.

En este sentido, es menester de todos los legisladores generar una reforma actualizadora que sistematice lo legal a lo constitucional.

La reforma pretendida debe declararse procedente por los beneficios a generar como son:

1. Coherencia normativa, reflejada en una sola idea argumentativa, la educación desde el preescolar hasta el nivel medio superior, lo cual se apreciaría en la Constitución y en la Ley Federal de la Materia.

2. Posibilidad de la reglamentación en la materia, la facultad reglamentaria está reconocida en la fracción I, del artículo 89 constitucional, conferida solamente al presidente de la República, siendo estos documentos las directrices de los servidores públicos para la adecuada aplicación de las disposiciones generales; sin embargo, no puede existir un reglamento si no existe materia a regular; es por ello que si se genera la modificación propuesta en este escrito sobre la Ley General de Educación, el ámbito ejecutivo tendrá entonces competencia para establecer los medios operativos oportunos para arribar a la meta deseada, de lo contrario no existirá un vínculo auténtico para materializar la norma.

3. Asignación de recursos presupuestales, en breve esta Cámara realizará su labor constitucional de llevar a cabo las actividades propias del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y sin duda el tema de asignar recursos para implementar la educación media en todo el universo de mexicanos debe estar presente en las discusiones y que mejor modo si se realiza con su absoluto reconocimiento en la ley.

Por lo anterior, ofrecemos la siguiente redacción a dos artículos de la Ley General de Educación:

Propuesta de ordenamientos a modificar

Ley General de Educación:

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.

Artículo 4o. Todos los habitantes del país cursarán la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen los sistemas educativos de enseñanza preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Fundamentación de la procedencia de la iniciativa

Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3, numeral 1, fracción VIII; artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 4 de la Ley General de Educación.

Decreto

Único. Se reforman los artículos 3 y 4 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Ley General de Educación:

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Artículo 4o.- Todos los habitantes del país cursarán la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen los sistemas educativos de enseñanza preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación atendiendo las consideraciones explicitadas en el artículo segundo transiorio del decreto de fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación el jueves 9 de febrero de 2012, por virtud del cual se modificó el artículo tercero constitucional.

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 días de septiembre de 2012.— Diputada Martha Edith Vital Vera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION - LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - LEY GENERAL DE POBLACION - LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES - LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES - LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY GENERAL DE TURISMO - LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE - LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de Población; de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley General de Turismo; de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por la diputada Lucila Garfias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Si ya no nos lee el título, nos ahorramos como cuatro minutos.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con su anuencia, diputado presidente; señoras legisladoras, señores legisladores, en un Estado democrático el respeto de los derechos humanos es un imperativo para lograr el reconocimiento pleno de las y los mexicanos.

La reforma constitucional que cambia el término de garantías individuales por derechos humanos, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, constituye un avance sustantivo en la garantía de los derechos fundamentales.

La preferencia sexual es una libertad inalienable de las personas en la que nada ni nadie debe intervenir y menos aun ser excluido, señalado o discriminado por su elección. En los albores del siglo XXI no podemos ni debemos permitir coartar esa libertad, debemos reconocer que en México existe un grave problema de discriminación hacia las personas con preferencias sexuales distintas.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, el 59 por ciento de los mexicanos considera que ser homosexual es un factor de riesgo y cuatro de cada 10 consideran la preferencia sexual como un factor que divide a la sociedad. Esta discriminación se da en todos los ámbitos y espacios de convivencia, desde la familia, hasta en el trabajo, lesionando la dignidad de las personas que eligieron una preferencia sexual distinta.

En el caso de la familia, el 36 por ciento de los encuestados se sienten discriminados en el hogar, de los cuales el 59 por ciento aseguraron haber recibido agresiones verbales; el 23 por ciento indiferencia ante su orientación sexual; el 13 por ciento fue corrido de su casa; mientras que el 6 por ciento llegó a recibir agresiones físicas.

En el ámbito laboral —que es el segundo espacio de mayor discriminación—, el 35 por ciento de los encuestados fue objeto de discriminación por su preferencia sexual, incluso despedidos a causa de ello.

Como legisladores, no podemos ser omisos ante la grave situación que vive este grupo social y debemos profundizar la reforma constitucional armonizando las diversas leyes que garantizan este derecho, tales como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres; Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia; Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal; Ley del Trabajo; Ley General de Turismo; Ley General de las Personas con Discapacidad; Ley General para la Cultura Física y Deporte, y Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Por ello, esta iniciativa impulsa el reconocimiento de la preferencia sexual para no ser objeto de discriminación y abre la posibilidad de continuar fortaleciendo el marco jurídico que de ello se derive.

Con esta iniciativa Nueva Alianza refrenda su compromiso con las libertades y su ejercicio pleno a través del reconocimiento de los derechos fundamentales. Asimismo, rechazamos categóricamente cualquier forma de discriminación contra grupo social alguno.

Compañeras y compañeros legisladores, legislar a favor de las personas con preferencias sexuales distintas, no solo es una cuestión legal, estamos asumiendo nuestra responsabilidad para evitar la discriminación y evitar con ello conductas violentas que rompen con las convivencias sociales.

Con la reciente reforma a nuestra Constitución, la denominación del capítulo primero, del título primero, cambia dejando atrás concepto de garantías individuales. Ahora se designa de los derechos humanos y sus garantías.

Por ello, la Constitución aceptó plenamente la corriente que privilegia la designación de los derechos humanos; en ella se reconoce que toda persona goza de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal para prevenir y eliminar la Discriminación; para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; General de Población; General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; del Instituto Nacional de las Mujeres: del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; Federal del Trabajo; General de Turismo; General de Cultura Física y Deporte; y de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de Sonia Rincón Chanona y suscrita por Lucila Garfias Gutiérrez, diputadas del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez, por los diputados federales que integran el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o., fracción I, del numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley Federal del Trabajo, Ley General de Turismo, Ley General de Cultura Física y Deporte y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor de la siguiente

Argumentación

La reforma constitucional en materia de derechos humanos constituye un avance sustantivo a favor del respeto y garantía de los derechos fundamentales. Su aprobación es una respuesta a los compromisos internacionales asumidos por México y confirma la voluntad del Estado mexicano de ampliar su necesaria protección. Dentro de los muchos avances que la reforma constitucional representa, la inclusión del término “preferencias sexuales” como uno de los motivos causantes de discriminación es producto de la lucha por la equidad y visibiliza a un grupo que por su condición ha sido excluido y marginado por décadas.

En el país la discriminación hacia las personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual está sumamente arraigada dentro de la sociedad. En México, el 59 por ciento de las personas considera que ser homosexual es un factor de riesgo, según el estudio “Mitos y Preconcepciones sobre la Homosexualidad” de Consulta Mitofsky.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 muestran que 4 de cada 10 mexicanos consideran que la preferencia sexual es uno de los factores que más divide a la sociedad. Cuatro de cada diez mexicanas y mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. Tres de cada diez afirman lo mismo en el caso de personas que viven con VIH/sida.

Casi 3 de cada 10 personas en México consideran que se justifica mucho, algo y poco oponerse a que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio; 8 de cada 10 personas de más de 50 años opinan estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con que a las parejas de hombres homosexuales se les debería permitir adoptar niñas y niños; 7 de cada 10 personas que se encuentran entre los 30 y 49 años de edad opinan lo mismo.

La encuesta también revela que las propias personas que pertenecen a grupos distintos al heterosexual declararon que la discriminación, seguida de la falta de aceptación, el rechazo y las burlas en diversos ámbitos de la vida son los principales problemas a los que se enfrentan diariamente. Así lo confirmaron ocho de cada diez personas homosexuales de entre 50 y 54 años, siete de cada diez de entre 30 y 34 años y entre 40 y 44 años, y cuatro de cada diez entre 15 y 29 años y entre 35 y 39 años.

Como señalan los resultados de la encuesta “VIH/sida y Discriminación en Población Gay y otros HSH en México”, la familia es el principal agente de discriminación. De acuerdo con los resultados el 36 por ciento de los encuestados son discriminados en el hogar, de los cuales 59 por ciento aseguraron haber recibido agresiones verbales, 23 por ciento indiferencia ante su orientación sexual, el 13 por ciento fue corrido de su casa, mientras que el 6 por ciento llegó a recibir agresiones físicas.

El segundo espacio de mayor discriminación es el trabajo con el 35 por ciento, la prestación de servicios como hoteles, restaurantes o tiendas departamentales ocupa el tercer lugar con el 32 por ciento, las instituciones educativas 27 por ciento y en quinto lugar se encuentran los centros de salud con el 19 por ciento.

El 87 por ciento de los encuestados refirieron que siempre, casi siempre o algunas veces era o es necesario ocultar su orientación sexual en el ámbito escolar por miedo a ser discriminado. Los principales agentes de discriminación en los centros educativos son los compañeros. Del 57 por ciento de los encuestados que aseguró haber recibido maltrato o agresión en la escuela debido a su apariencia u orientación sexual, 92 por ciento aseveró que las agresiones provenían de sus propios compañeros, mientras que el 8 por ciento restante notificó que fueron discriminados por maestros, directores, personal académico o padres de familia.

Es así como dentro de un sistema regido por la heterosexualidad impuesta, las otras expresiones de la sexualidad continúan siendo consideradas por muchas personas como una enfermedad que es preciso curar o en el mejor de los casos un mal social que se debe controlar. La ignorancia, la poca información y los prejuicios que se han construido alrededor de homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales ha provocado que por años sean agredidos verbal o físicamente, en lugar de respetar su manera de ser y el derecho de cada quien a ejercer su sexualidad conforme a su preferencia.

Los derechos sexuales establecen que toda persona tiene la facultad de ejercer libremente su sexualidad y que nadie deberá sufrir discriminación por su preferencia sexual. De ahí la importancia de separarlos de los derechos reproductivos; sobre todo en una época en la que la si bien la discriminación por preferencias sexuales es un factor, como ya mencionamos, sumamente importante en la violación de otros derechos, no es la única consecuencia que deriva de la poca orientación educativa en cuanto a la sexualidad y la reproducción de las personas.

Cuando una sociedad no reconoce la importancia de informar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos corre el riesgo de que muchas generaciones sigan creciendo rodeadas de ignorancia, tabúes y prejuicios en donde los embarazos no deseados, la transmisión de enfermedades sexuales como el VIH y el virus del papiloma humano, la violencia, las enfermedades evitables como el cáncer cervicouterino y el de mama, los abortos mal practicados, la muerte materna e infantil, entre otras; son consecuencias de no recibir una adecuada información sobre la salud sexual y reproductiva.

Los derechos sexuales aseguran a todas las personas la posibilidad de tomar decisiones con respecto a su sexualidad y ejercerla libremente sin presión, violencia o discriminación. Los derecho reproductivos, por su parte son todos aquellos que emanan de la función de la reproducción: poder decidir cuándo, cómo y con quién procrear. Ambos derechos deber ejercerse de forma libre, responsable y saludablemente.

Quienes integramos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza coincidimos en que es necesario fomentar la responsabilidad de las personas en materia sexual y reproductiva y garantizar los derechos arriba mencionados. Por ello, la reforma constitucional, como bien se mencionó en la discusión de su aprobación, brinda mayor certeza jurídica y protección a las personas no heterosexuales en todos los ámbitos sociales. Dicha modificación debe abarcar, en este sentido, a las demás legislaciones con el fin de que la armonización del concepto permita un mayor conocimiento y, por ende, menos personas discriminadas en los ámbitos familiar, escolar, laboral y social, que llevan a agresiones físicas, verbales, psicológicas, tortura e incluso la muerte.

La promoción de acciones de información y orientación educativa sobre salud sexual y reproductiva a fin de prevenir y atender embarazos tempranos, infecciones de transmisión sexual incluido el VIH-sida; favoreciendo el acceso universal de métodos anticonceptivos y la toma de decisiones responsables debe ser también una obligación de las autoridades de salud.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestra calidad de integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal para eliminar y prevenir la Discriminación, Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley Federal del Trabajo, Ley General de Turismo, Ley General de Cultura Física y Deporte y Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Primero. Se reforman la fraccione VI del artículo 9 y la II del artículo 10 de la Ley Federal para Eliminar y Prevenir la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:

I. a V. ...

VI. Negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas;

VII. a XXIX. ...

Artículo 10.Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres:

I. ...

II. Ofrecer información completa y actualizada, así como asesoramiento personalizado sobre salud sexual, reproductiva y métodos anticonceptivos;

III. a IV. ...

Artículo Segundo. Se reforma el inciso C) del artículo 3, el artículo 16 y los incisos G) y H) del artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:

A) y B) ...

C) El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, preferencias sexuales, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y no deberá hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión; opinión política; preferencias sexuales, origen étnico, nacional o social; posición económica; discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición no prevista en este artículo.

...

Artículo 28. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de:

A) a F) ...

G) Atender de manera especial las enfermedades endémicas y epidémicas, impulsando programas de prevención e información sobre ellas.

H) Promover y coordinar acciones de información y orientación educativa sobre salud sexual y reproductiva a fin de prevenir y atender embarazos tempranos, infecciones de transmisión sexual incluida el VIH-sida; y favorecer el acceso universal de métodos anticonceptivos y la toma de decisiones responsables.

I) a J) ...

Artículo Tercero. Se reforma la fracción II de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. ...

II. Realizar programas de planeación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública de que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las personas, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país;

Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 3, 14, 16 y la fracción VIII del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 2. Son principios rectores de la presente ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en todos los tratados internacionales que haya ratificado México en la materia.

Artículo 3. Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión, preferencias sexuales o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta ley tutela.

Artículo 14. Los Congresos de los estados, con base en sus respectivas Constituciones, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales que haya ratificado México y esta ley.

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y organismos públicos desarrollarán las siguientes acciones:

I. a VII. ...

VIII. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo o preferencia sexual, del mercado de trabajo;

Artículo Quinto. Se reforma el artículo 12 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 12. Constituyen violencia docente: aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, preferencias sexuales, edad, condición social, académica, limitaciones o características físicas, que les infligen maestras o maestros.

Artículo Sexto. Se reforman los artículos 1 y 3 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República, en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en los términos del artículo cuarto, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que haya ratificado México en la materia.

Artículo 3. Son sujetos de los derechos que esta Ley garantiza todas las mujeres mexicanas y extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, y las mexicanas en el extranjero, sin importar origen étnico, edad, estado civil, idioma, condiciones de salud, opiniones, preferencias sexuales, cultura, condición social, discapacidad, religión o dogma; quienes podrán participar en los programas, servicios y acciones que se deriven del presente ordenamiento.

Artículo Séptimo. Se reforma la fracción V del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 21. El aspirante a ingresar al sistema deberá cumplir, además de lo que señale la convocatoria respectiva, los siguientes requisitos:

I. a IV. ...

V. ...

No podrá existir discriminación por razón de género, edad, discapacidad, preferencias sexuales, opiniones, condiciones de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social para la pertenencia al servicio.

Artículo Octavo. Se reforman los artículos 3o. y 56 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o....

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, embarazo, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

No se considerarán conductas discriminatorias las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar un trabajo determinado.

...

Artículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, embarazo o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley.

Artículo Noveno. Se reforma el artículo 59 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 59. En la prestación y uso de los servicios turísticos queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, en los términos del orden jurídico nacional.

Artículo Décimo. Se reforma el artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su origen étnico o nacional, edad, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 11 de septiembre de 2012.— Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO - ARTICULOS 74, 78, 115, 116 Y 123 CONSTITUCIONALES - LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Esta Presidencia tiene que hacer una corrección en cuanto al turno del análisis de las iniciativas presentadas por el diputado Silvano Aureoles. Encontramos que hay una que se refiere a reformas a la Ley Federal del Trabajo y esa se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Hay otra que habla de modificaciones a la Constitución, ésta se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La tercera, que habla de la reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley Federal del Trabajo, a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo, para dictamen.Con esto queda corregido el turno.

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, para culminar con la ampliación que nos autorizó esta asamblea, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los artículos 83, 84, 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, señor presidente. La presente iniciativa, que a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano planteamos ante esta tribuna, tiene que ver con un tema que lastima nuestra democracia, con un tema que agravió a millones de mexicanos en este proceso electoral que acaba de pasar.

Estamos planteando una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para que el artículo 77 Bis incorpore como causa de nulidad expresa de la elección presidencial el rebase de los topes de gastos de campaña que se realizan.

Estamos planteando también que en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se modifiquen tres artículos, que tienen que ver con esta disposición.

Estamos planteando que los plazos que tienen los partidos políticos para presentar los informes de gastos de campaña federal se reduzcan a 30 días después de la jornada electoral y que la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral tenga un período de 25 días para poder dictaminar lo conducente sobre si se violaron o no los topes de gastos de campaña.

El IFE, durante todas las discusiones, hizo caso omiso a las quejas que la coalición Movimiento Progresista presentó en tres ocasiones por el rebase de los topes de gastos de campaña del candidato presidencial del PRI y del Verde, Enrique Peña Nieto.

Nosotros pedimos que el Tribunal Federal Electoral, antes de resolver sobre la validez de la elección presidencial, pudiera primero determinarse la procedencia de nuestras quejas. Pero con argumentos legaloides, haciendo caso omiso del artículo 41 constitucional, que establece que la renovación del poder público debe ser a través de elecciones libres y auténticas, simplemente se escudaron los consejeros del IFE y el titular de la unidad, basándose en plazos, cuando podían haber tomado medidas apegados a la Constitución y entonces, compañeras y compañeros diputados, queremos que no se repita más esta historia.

Por eso estamos planteando que los plazos se recorten y que sea un requisito antes de que el Tribunal Electoral, con base en el artículo 99 de la Constitución, determine la declaratoria de validez de la elección, que antes se le informe de los topes de gasto de campaña y si algún candidato, particularmente el que en el cómputo haya obtenido más votos, rebasa los topes de gasto sea motivo de nulidad de la elección presidencial.

En la Ciudad de México, en la Ley Electoral Procesal, en el artículo 88, se establece como causa de nulidad de la elección, incluso la de jefe de Gobierno, cuando se rebasen los topes de gastos de campaña.

No podemos seguir construyendo una democracia en la que lo que vale es el dinero, la simulación y la subasta; por eso vamos a insistir en esta iniciativa.

Sabemos que una reforma electoral implica otros temas, pero nos parece que la herida del primero de julio está abierta y una primera manera de que este atraco, este delito, no quede impune es establecer como causa de nulidad de la elección el rebase de los topes de campaña.

No queremos tampoco que los magistrados del Tribunal Electoral, con un criterio minúsculo, letrista, haciendo a un lado su calidad de jueces constitucionales, digan —como nos lo dijeron en varios alegatos de oídas— que ellos únicamente iban a basarse en las pruebas que tuvieran a la mano, sin hacer caso de la facultad de dictar medidas para mejor proveer y tampoco haciendo caso al espíritu de la Constitución.

Vamos a cerrarles el paso a esos magistrados de barandilla para que tengan todos los elementos para anular elecciones cuando haya estas violaciones. No más impunidad, no más Monex, no más Sorianagate, no más presidencias compradas. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electora; y 83, 84 y 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,en su carácter de diputadosal Congreso de la Unión,con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con  proyecto de decreto por  el que se reforma y adiciona al artículo 77 Bis el inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se modifican los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción III, y 84, numeral 1, inciso a), y se adiciona la fracción IV al artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,  al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La desigualdad e inequidad que prevalece en los procesos electorales celebrados en nuestro país, preocupa  a la sociedad y a los partidos políticos democráticos, el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos, a través de dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales, se ha convertido en una realidad.

Desde el inicio del periodo de la campaña política presidencial, el candidato de la coalición compromiso por México dio muestras del dispendio que se escondía tras el rubro de gastos de campaña. Por ello, el Movimiento progresista, por conducto de sus representantes, en reiteradas ocasiones presento las quejas correspondientes ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Sin embargo la autoridad electoral fue totalmente omisa al respecto del cauce y resolución de todas y cada una de ellas, puesto hasta la fecha no ha habido pronunciamiento alguno por parte de los representantes de dicho instituto.

Como se ha dicho uno de los principales estigmas de la pasada contienda electoral es el que se relaciona con la enorme disparidad de los candidatos, por lo que se ve a presencia, cobertura y menciones positivas en los diferentes medios masivos de comunicación. Pues en efecto el principio de equidad se vulnera cuando los partidos políticos o terceros, contraten o utilicen espacios de radio y televisión fuera de los tiempos pautados por el Estado para difundir propaganda electoral y política debido a que con ello se transgrede a lo previsto en el artículo 41, Base III, apartado A, penúltimo párrafo de la constitución Política de los estados Unidos mexicanos; en relación con los numerales 49, párrafo 3; 342, párrafo 1, incisos a) e i), y 344, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y procedimientos electorales.

Es así, que en el caso se presenta una vulneración directa a la Constitución Federal, así como a los principios de equidad y certeza.

En ese orden, el principio de equidad en la contienda se configura como uno de los valores superiores del ámbito electoral, debido a que se materializa en diversos rubros como el financiamiento, la propaganda electoral y política, así como la asignación de tiempos en radio y televisión, entre otros.

En el caso se irroga afectación al principio de equidad, en razón de que existieron transmisiones en forma de notas informativas y comentarios tanto en radio como televisión que favorecieron al candidato de la coalición “Compromiso por México” frente a los electores que siguieron las campañas a través e la radio y televisión en sus espacios de noticias.

Además de la adquisición encubierta de tiempo de radio y televisión, se presentaron algunas otras conductas igualmente graves y que atentaron en contra de los principios rectores de los procesos electorales, como son: rebasar los topes de gastos de campaña,el acceso al financiamiento indebido de manos de particulares o extranjeros, la presión y coacción sobre los electores en diversas modalidades. Con lo cual se vulnero lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, bases l ll párrafo tercero, de la constitución Política federal. Dichas conductas además de conculcar el principio de equidad, provocaron lesión a los principios de certeza y equidad propios de la función electoral, afectando la libertad y autenticidad que debe haber en los procesos electorales.

Los principios de elecciones y votos libres, así como la equidad en la contienda toman una posición relevante. La compra del voto y el rebase de topes de campaña, entre otras violaciones presentes en el proceso electoral del 2012, son dos formas en el que estos principios se violentaron de manera grave.

Todos los sistemas democráticos el mexicano no es la excepción están preocupados por cuidar el flujo de dinero que se involucra en las campañas. Para ello se crearon dos sistemas de control: el primero de ellos la obligación que existe en la legislación electoral de un sinnúmero de países de que dichas aportaciones sean públicas, incluso desde el momento de la campaña, el otro sistema es, precisamente, la determinación de topes de campaña.

¿Por qué se crean estos mecanismos? Existen dos razones fundamentales que tiene que ver con el origen del capital y las consecuencias políticas de dicha inversión: 1) un exceso de dinero privado inclusive ilícito; puede secuestrar la capacidad de decisión de un gobierno. Los compromisos creados en virtud del financiamiento, crean incentivos que todas las democracias modernas reconocen como peligrosos. Si la información es pública, los electores pueden saber si están de acuerdo con votar por un candidato que ha contraído intereses con grupos empresariales por todos conocidos. 2) El dinero de origen ilícito tiene implicaciones aun más graves: se utiliza para comprar impunidad y vuelve inviables los esfuerzos para combatir eficazmente la delincuencia, la legitimidad del sistema nacional electoral y político sucumbe ante esta realidad.

En la iniciativa ya se ha hablado antes de la lógica que existe detrás de los topes de campaña. Sin embargo, existe otra razón fundamental que inspira este tipo de regulaciones: lo legisladores consideran que esa cantidad es la óptima para que el ciudadano sea debidamente informado y no bombardeado, que sea convencido y no comprado.

Rebasado el tope de campaña,y asumiendo que la legislación tiene un sentido que transciende a la norma, cada peso adicional gastado debe considerarse una fuente peligrosísima de ilegitimidad y debe legislarse para considerarla un motivo de nulidad de la elección. En primer lugar porque, cualquier donativo que se realiza rebasándolo, no puede ser debidamente informado a las autoridades electorales. Hacerlo, de hecho, llevaría a la confesión de los hechos ilícitos. Por lo tanto, al acreditar que los topes de campaña rebasaron, aun por la vía indiciaria con estas cifras, además, tan alarmantes se asume que la coalición del PRI-PVEM incumplirá además con la obligación de reportar veraz y legalmente sus gastos de campañas, violando transversal y sistemáticamente la legislación electoral.

Las empresas y los partidos políticos gastan grandes cantidades de dinero en publicidad. Se considera, pues, la estrategia de venta por excelencia. Los partidos políticos juegan con los topes de campaña a su antojo. Rebasarlos es una inversión que sale muy a cuenta: al no considerarse siquiera la invalidez como una opción, convierten a la ley electoral en una pantomima y a la declaratoria del tribunal electoral en un trámite. Los costos de violentar la ley son calculados por quienes saben que solo podrán ser sancionados económicamente. No deja de ser irónico que los castiguen en el ámbito de las multas cuando ya han demostrado que eso, es su proyecto político, nunca va escasear.

Permitir que se rebasen los topes de campaña se traduce en la creación de incentivos para que actores perversos públicos o privados inviertan capital económico para incidir en los resultados electorales. No castigarlo ejemplarmente significa aceptar un riesgo altísimo, que pone en entredicho la legitimidad de nuestro sistema democrático y electoral. Así como de la estabilidad institucional de México

Argumentación

Si bien los partidos políticos gozan del derecho de recibir financiamiento tanto público como privado, tanto el uno como el otro deben de respetar los términos y las condiciones por virtud de los cuales les fue otorgado. Pero en ningún momento están autorizados para rebasar los topes de gasto dentro de sus campañas electorales; esta tajantemente prohibido que lo hagan, y si lo hicieren, serán acreedores a distintas sanciones.

Por lo tanto una vez fijado el financiamiento para las campañas políticas específicamente para los partidos políticos nacionales con sus respectivos candidatos, cuando cualquiera de ellos realice gastos de campaña que rebasen el total permitido por la propia  ley, se estaría rompiendo el principio de constitucional del artículo 41 de la Carta Magna y por lo tanto se estaría viciando la campaña electoral, al poner a algunos contendientes en una situación de desventaja de manera completa y totalmente ilegal.

Desafortunadamente nos encontramos en una profunda iniquidad en la distribución de los tiempos en los medios, irresponsabilidad en el manejo de las finanzas locales, debido a que se sigue privilegiando la presencia de los partidos tradicionales en detrimento de las fuerzas políticas emergentes, generando así un circulo vicioso donde se cancela la oportunidad de que la ciudadanía conozca nuevas propuestas, ya que en los hechos se opta por mantener a los privilegiados y la anulación de la pluralidad en el ámbito político.

En Movimiento Ciudadano proponemos una reforma electoral trascendente que establezca, entre otras cuestiones, como causa especifica de nulidad de la elección presidencial el rebase de los topes de gastos de campaña. Para tal efecto, se propone modificar de igual manera los plazos establecidos en los artículos 83 y 84 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para la presentación y revisión de los informes de campaña con el propósito de que se puedan tener con oportunidad los elementos para determinar si se violaron estos topes de gastos de campaña, antes de la declaración de validez de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior, para que los juzgadores no puedan eludir, basados en criterios letrísticos, la posibilidad de anular la elección cuando se rebasen los topes de gastos de campaña.

Así como también manifestamos el compromiso con la sociedad mexicana de sumar nuestra voluntad política, para definir y conducir las acciones que recuperen el poder ciudadano sobre su futuro.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con  proyecto de

Decreto por  el que se reforma y adiciona al artículo 77 Bis el inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se modifican los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción III, y 84, numeral 1, inciso a), y se adiciona la fracción IV al artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Texto normativo propuesto

Artículo Primero. Se adiciona al artículo 77 Bis el inciso d), de la Ley General del sistema de medios de impugnación en materia electoral.

Artículo 77 Bis.Son causas de nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos cualquiera de las siguientes:

a. Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el párrafo 1 del artículo 75 de esta ley, se acrediten en por lo menos el veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el territorio nacional, y en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos; o

b. Cuando en el territorio nacional no se instale el veinticinco por ciento o más de las casillas y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; o

c. Cuando el candidato ganador de la elección resulte inelegible; o

d. Cuando el candidato ganador rebase los topes de gastos de campaña, establecidos por el Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el acuerdo correspondiente.

Artículo Segundo. Se modifican los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción III, y 84, numeral 1, inciso a), y se adiciona la fracción IV al artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 83

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

(...)

d) Informes de campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. Los partidos políticos presentarán un informe preliminar, con datos al 30 de mayo del año de la elección, a más tardar dentro de los primeros quince días de junio del mismo año;

III. Los informes finales serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes al de la jornada electoral; y

IV. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 229 de este Código, así como el monto y destino de dichas erogaciones.

Artículo 84

1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:

a) La Unidad contará con sesenta días para revisar los informes anuales; con treinta días para revisar los informes de precampaña, y con veinticinco días para revisar los informes de campaña; revisión y dictamen que en el caso de la elección presidencial, deberán estar concluidos de manera previa a la calificación de la misma y a la declaración de validez prevista en el articulo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para lo cual podrá contratar despachos de auditores externos.Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

(...)

Articulo 354.Las fracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

Respecto de los partidos políticos.

I. Con amonestación pública .

II. Con multa

III, IV, V, VI

Respecto de las agrupaciones políticas nacionales:

I. Con amonestación pública;

II, III.

Respecto de los aspirantes precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:

I. Con amonestación pública;

II, III

IV. En caso de que el candidato rebase el tope de campaña se declarara la inelegibilidad del candidato infractor. 

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012. — Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, para dictamen.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones* que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida en este momento a la Secretaría se registren para la próxima sesión.

En razón de que se agotó la ampliación de tiempo que nos dio la asamblea, continúe la Secretaría y señáleme si hay algo más.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se han agotado los asuntos en cartera, señor presidente.

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Permítame. Adelante, señor diputado. Sonido en la curul del diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Ciudadano presidente, solo hacerle del conocimiento que dentro del orden del día está un punto de obvia o urgente resolución, que ha sido consensuado con la mayor parte de los grupos parlamentarios y que a efecto de no leerlo o no presentarlo por el suscrito, habíamos decidido que la Presidencia lo expresara, es el relativo al conflicto que viene padeciendo injustamente el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, y es un punto de acuerdo que contiene solamente tres resolutivos.

Le rogaría que antes de que levante la sesión pueda someterlo a la consideración del pleno, dado que es un asunto de obvia o urgente resolución.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Sí, diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea si me autorizan otra ampliación para este efecto; pregunte la Secretaría a la asamblea.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:En votación económica se solicita a la asamblea si se autoriza que se amplíe la sesión para incluir este punto de obvia o urgente resolución. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Sírvase la Secretaría repetir la votación y contar, por favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Sí, porque está dudoso el resultado de la votación.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Nuevamente, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Ahora sí está claro. Muy bien. Gracias, secretaria. Proceda la Secretaría a dar lectura al punto resolutivo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Proposición con punto de acuerdo, relativo al Sindicato Mexicano de Electricistas y a la creación de una comisión plural que aborde la problemática general y específica de la prestación del servicio público de energía eléctrica, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 13 de septiembre de 2011, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno federal, representado por la Secretaría de Gobernación, firmaron un acuerdo en el que las autoridades federales se comprometían a resolver tres asuntos y con ello el SME daba por concluido un plantón en el zócalo de la Ciudad de México que se había mantenido durante más de seis meses.

En dicho acuerdo se estableció que se encontraría una solución para la reinserción laboral de 16 mil 599 trabajadores electricistas, miembros del SME, que hasta la fecha no han sido liquidados, en el sector eléctrico; y que se agilizarían la liberación de los 12 presos políticos del sindicato y la resolución de diversos asuntos pendientes que afectan derechos contractuales adquiridos de los jubilados del SME.

Un año después, los avances alcanzados son mínimos y desde hace meses las pláticas están estancadas, ante la actitud obstinada del gobierno federal de continuar “administrando” el conflicto, manteniendo como rehenes a los presos del SME, sin resolver los problemas de fondo, entre los que destacan

1. Ninguna propuesta alternativa de solución para la reinserción laboral de 16 mil 599 electricistas que no se han liquidado.

Lo que se ha planteado de manera informal por el gobierno es la contratación de 500 trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el resto en una mega empresa contratista de SA.

2. En el caso de los presos políticos, el gobierno sólo ha facilitado la liberación de un preso, Gabriel Blas Bastián, trabajador jubilado de 72 años, mediante el recurso de retirar todos los cargos y acusaciones en su contra, quien quedó en libertad el pasado 11 de julio.

Sin embargo, para el caso de los 10 presos políticos del SME que se encuentran en el reclusorio oriente y que fueron acusados de los mismos delitos, en tiempo y circunstancias iguales, el gobierno ha recurrido a procedimientos burocráticos y dilatorios, a fin de retrasar la liberación.

Por lo que se refiere a otro preso del SME recluido en el penal de San Miguel, Puebla, la actitud del gobierno federal ha consistido en cambiarlo de juzgado y de juez a fin de retrasar su sentencia, pese a que la PGR y la CFE como parte acusadora obligadamente se acogieron a la jurisprudencia de la ley que más favorezca al reo, pues el delito más grave que le imputan (artículo 366 del Código Penal Federal) fue derogado en noviembre de 2010.

3. En el caso de los derechos contractuales adquiridos de más de 21 jubilados miembros del SME, el gobierno federal mantiene su posición de no aplicar el descuento obligatorio de su cuota sindical, con el afán de dejar en la indefensión económica al SME, frente a múltiples obligaciones que van desde el pago de las cuotas obrero-patronales, los salarios de los trabajadores al servicio del SME, etcétera.

Los avances en el tema son mínimos, pues se reducen prácticamente a pagos sobre derechos adquiridos, que el gobierno bloqueó durante más de dos años, como los pagos de compensación por antigüedad.

Sin embargo, de forma obstinada se niegan a informarle al SME sobre el monto de los Fondos de Reserva para la Jubilación y el Seguro Sindical, recursos económicos que pertenecen al SME y a sus trabajadores, que en el caso de los jubilados el SAE sigue descontando de sus ingresos catorcenales y que conforme a los estados financieros de 2008 ascienden a más de 102 mil millones de pesos. Conforme al contrato colectivo de trabajo, el patrón, en este caso el gobierno federal, tiene la obligación de informar al detalle del monto y los movimientos de estos fondos de reserva.

Mientras tanto, los temas de fondo del conflicto electricista siguen pendientes de solución. El gobierno de Calderón pretende seguir administrando al más bajo nivel, en estos tres meses que restan a su gobierno, mientras continúa avanzando el proceso de privatización de la industria eléctrica y el supernegocio de la privatización de la fibra óptica.

El saldo de la presencia de la CFE y sus empresas contratistas en la zona de Luz y Fuerza del Centro es un fracaso absoluto: pésimo servicio y elevadas tarifas eléctricas que colocan a México en el ranking de los países con las tarifas industriales y domésticas más caras.

El próximo 11 de octubre vence el plazo de tres años de la inconstitucional figura de comodato, con la cual el gobierno ha pretendido eludir la figura de patrón sustituto, tema que habrá de discutirse en el Congreso de la Unión por afectar el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución.

El SAE y otras instancias de la administración pública tienen pendientes sendas auditorias que den cuenta de la corrupción e ineficiencia en la administración del patrimonio nacional eléctrica y del proceso de liquidación y disolución de Luz y Fuerza del Centro.

Los datos son irrefutables: la CFE avanza hacia una quiebra económica y financiera como consecuencia de la presencia mayoritaria del capital privado internacional en materias exclusivas de la nación.

Al desastre eléctrico nacional y en la región central del país se suma la criminal posición del gobierno de Calderón de arrebatar el empleo a más de 44 mil trabajadores electricistas y colocar en la indefensión a más de 21 mil jubilados.

Muchos de ellos han visto rotas sus esperanzas de vida, ya en la pobreza extrema e impedidos de encontrar un trabajo digno, pues su despido arbitrario e ilegal en los hechos los hizo quedar boletinados en el mercado laboral, por sus antecedentes de haber laborado en LFC.

Es trágico observar cómo decenas de miles de trabajadores electricistas, bien capacitados, técnica y profesionalmente en la prestación del servicio público de energía eléctrica, son despreciados por sus antecedentes laborales y sindicales y obligados a deambular en el amplio sector de la economía informal.

Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a las autoridades competentes a reanudar de inmediato la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 de 2011.

Segundo.Que la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto de la figura de “comodato” que permita normalizar y regularizar en términos de la Constitución y la ley la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Tercero.Así como la integración de una comisión plural de diputados que aborde la problemática general y específica de la prestación del servicio público de energía eléctrica que recupere los principios constitucionales  y de origen de la CFE, en beneficio del pueblo y la economía nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para los efectos del artículo 100, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores registrados... Por favor, sonido.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Estaba en el orden del día para registro de oradores, estaba registrado como orador, declino para efecto de que se proceda de inmediato a la votación.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Declina. Gracias, diputado. En consecuencia y no habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría si se aprueba. En votación económica, desde luego.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica  se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobada. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se han agotado los asuntos, señor presidente.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam (a las 17:22 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 13 de septiembre de 2012, a las 11 horas. Se les informa que las listas de registro de asistencia estarán disponibles desde las 9:30, en el vestíbulo principal de este salón de sesiones.

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RESUMEN DE ACTIVIDADES

• Tiempo de duración: 6 horas 18 minutos• Quórum a la  apertura de sesión: 279 diputados• Minuto de silencio: 1• Puntos de acuerdo aprobados: 1• Número de diputados que participaron o aportaron algún tema: 42PRI                                          6PAN                                               6PRD                                               9PVEM                                            5Movimiento Ciudadano                 7PT                                       4Nueva Alianza                               5Se recibió:• 1 oficio de la Cámara de Senadores con el que comunica que se declaró legalmente constituida la LXII Legislatura y la elección de su mesa directiva para el primer año de ejercicio;• Oficio de la Cámara de Senadores con el que comunica la elección de la senadora Martha Palafox Gutiérrez como secretaria de su Mesa Directiva, para el primer año de ejercicio de la LXII Legislatura;• 1 oficio de la Cámara de Senadores con el que comunica la integración del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, para el primer año de ejercicio de la LXII Legislatura;• 1 oficio de la Cámara de Senadores con el que comunica la integración de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, así como la designación de sus coordinadores;• 1 oficio de la Cámara de Senadores con el que comunica la constitución de la Junta de Coordinación Política que funcionará durante el ejercicio de la LXII Legislatura e informa del presidente que presidirá durante el primer año de ejercicio;• 2 oficios de la Cámara de Senadores con los que remite informes diversos de Petróleos Mexicanos;• 1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, correspondiente al período de enero-junio de 2012;• 1 oficio de la Secretaría de Gobernaciónpor por el que solicita el permiso constitucional necesario para que cuatro ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, e informa que tres ciudadanos han dejado de prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua;• 4 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se remite el VI informe de labores de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Seguridad Pública;• 2 oficios de la Secretaría de Gobernación con contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de julio de 2012;• 1 iniciativa del PRI;• 4 iniciativas del PRD;• 1 iniciativa del PVEM;• 2 iniciativas de Movimiento Ciudadano;• 1 iniciativa de Nueva Alianza;• 5 proposiciones con puntos de acuerdo;• 1 proposición con punto de acuerdo aprobada INICIATIVAS Y PROPOSICIONES Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa del turno que le corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 11 de septiembre de 2012, de conformidad con los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Del diputado Ricardo Monreal Ávila, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28, 30 y 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de registro de partidos políticos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen COMISION ESPECIAL DE ENERGIAS RENOVABLES Del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Energías Renovables. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención COMISION ESPECIAL DE SUPERVISION DE LOS SERVICIOS, COBROS Y PATRIMONIO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD De la diputada Aleida Alavez Ruiz, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Supervisión de los Servicios, Cobros y Patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención COMISION ESPECIAL DE ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR Del diputado Carlos Alberto García González, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Aduanas y Comercio Exterior. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PROBLEMATICA SURGIDA DE LOS CONFLICTOS MINEROS DEL PAIS Del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Problemática Surgida de los Conflictos Mineros del País. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención COMISION ESPECIAL DESTINADA A ESTABLECER UNA MESA DE DIALOGO CON EL MOVIMIENTO #YO SOY 132 Y LA CAMARA DE DIPUTADOS De la diputada Roxana Luna Porquillo, proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial destinada a establecer una mesa de diálogo con el movimiento #Yo Soy 132 y la Cámara de Diputados. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención DIPUTADOS QUE PARTICIPARON EN ANEXO * INICIATIVAS Y PROPOSICIONES «Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa del turno que le corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 11 de septiembre de 2012, de conformidad con los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados Con fundamento en los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea de los turnos dictados a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 11 de septiembre de 2012 y que no fueron abordadas Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente.» «Iniciativas con proyecto de decreto 1. Que reforma los artículos 28, 30 y 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen Proposiciones con punto de acuerdo 1. Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Energías Renovables, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención 2. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Supervisión de los Servicios, Cobros y Patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención 3. Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Aduanas y Comercio Exterior, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención 4. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Problemática Surgida de los Conflictos Mineros del País, a cargo del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención 5. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial destinada a establecer una mesa de diálogo con el movimiento #yo soy 132 y la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.» CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES «Iniciativa que reforma los artículos 28, 30 y 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de registro de partidos políticosal tenor de la siguiente Exposición de Motivos 1. Uno de los elementos distintivos en el conjunto de reformas de orden constitucional y legal que enmarcan jurídicamente el proceso mexicano de transición democrática producido a partir de 1977 a la fecha, es la profunda y permanente transformación del sistema de partidos políticos nacionales, como instituciones indispensables para la construcción y conducción de la vida democrática del país. Dicha transformación es claramente apreciable en la transición del esquema de partido hegemónico, que tuvo una vigencia de casi 70 años, a uno de pluripartidismo efectivo y dinámico, donde cada proceso electoral federal o local produce cambios apreciables en la correlación de fuerzas para la integración de los órganos legislativos y, cada vez más frecuentemente, alternancia en la titularidad de los órganos ejecutivos 2. Efectivamente, los cambios constitucionales y legales en el sistema de partidos políticos iniciados en 1977 fueron generando paulatinamente mejores condiciones para que partidos ya existentes incrementaran de manera eficaz su representatividad política, y para que nuevas organizaciones de ciudadanos se incorporaran a la competencia electoral; además, las sucesivas reformas electorales en 1986, 1989-90, 1993, 1994, 1996, 2003, hasta la de 2007-08, han fortalecido el sistema de partidos al establecer y garantizarles una serie de derechos y prerrogativas referidos a diversos aspectos, tales como su participación efectiva en la conducción y la organización de los procesos electorales, el uso de franquicias en servicios públicos, el acceso al financiamiento público y privado y a los medios de comunicación social. De manera paralela, se han ido estableciendo también las reglas aplicables a los institutos políticos en las diversas fases de su vida institucional, abarcando desde los actos tendientes a la obtención de su registro formal como partidos, su organización y desarrollo, hasta su extinción. Finalmente, se han ido incorporando y perfeccionando también los mecanismos de control administrativo y jurisdiccional que, bajo los principios que rigen la función electoral, aseguran el adecuado ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones referidos 3. Como elemento fundacional de los partidos políticos, el registro legal que les es otorgado por la autoridad electoral, federal o local, para participar formalmente en los procesos electorales, tiene efectos de un acto constitutivo de derechos y obligaciones, como lo ha establecido en jurisprudencia el hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así ha sido expresado de varias formas y modalidades en las sucesivas legislaciones electorales, estableciéndose al efecto diversos plazos, requisitos y procedimientos para la obtención del registro, así como para su cancelación o pérdida por las causales establecidas en las leyes electorales 4. Para el caso de la presente iniciativa, interesa señalar que prácticamente todas las leyes federales electorales, a partir de la Ley Electoral Federal de 1946, han establecido los requisitos para el registro legal de partidos políticos prácticamente en los mismos términos; es decir, requisitos numéricos de membresía o afiliación ciudadana y de presencia territorial en entidades federativas y distritos, además de otros relativos a los procedimientos y las formalidades de constitución de partidos o asociaciones políticas, además de la exigencia de determinados documentos básicos que les identifiquen ideológica y programáticamente, entre otros aspectos. En todos los casos, se prevé también la autoridad responsable de conceder, suspender o cancelar el registro y la temporalidad con que dicho registro debía ser tramitado y obtenido previo a cada elección En la siguiente tabla se aprecia la evolución de la legislación federal mexicana en materia de constitución, registro y extinción de partidos políticos Como es de apreciarse de la tabla anterior, en cuanto a los tipos de registro, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977, además de simplificar los requisitos exigidos para que una agrupación política pudiera obtener su registro definitivo como partido político, creó el llamado registro condicionado al resultado de las elecciones. Al promulgarse el Código Federal Electoral de 1987 se suprimió la modalidad de registro condicionado por considerarse que ya contaban con registro definitivo un número significativo de organizaciones políticas; sin embargo, en 1990 se restableció la mencionada figura para impulsar el desarrollo de nuevas alternativas políticas, así como el fortalecimiento del sistema de partidos. Finalmente, en las reformas de noviembre de 1996 se suprimió nuevamente dicha figura En relación con el número mínimo de afiliados exigible para constituir un partido político, los requisitos legales han venido también ajustándose a la realidad política y demográfica del país, tanto para establecer un mínimo razonable de ciudadanos afiliados para integrar un partido, transitando de un norma estrictamente expresada en números absolutos a una basada en puntos porcentuales del padrón electoral, además de exigir, en cuanto se trata de partidos políticos “nacionales”, que tengan una relativa implantación territorial en la mayoría de las entidades federativas y distritos electorales federales uninominales En cuanto a los plazos para la obtención del registro, las legislaciones electorales de 1946 hasta 1987, simplemente establecieron que, en cualquier caso, para poder participar en las elecciones (sin distinguir entre generales o intermedias), los partidos debían haber obtenido su registro cuando menos con un año de anticipación al de la jornada electoral respectiva, de lo que se deduce lógicamente que el plazo para obtener registro corría a partir del día siguiente al de la jornada electoral previa, hasta un año antes de la jornada siguiente En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) de 1990, se dispuso que para constituir un partido político, la organización interesada debía notificar al Instituto Federal Electoral (IFE) su intención de obtener el registro definitivo, contando con un plazo de un año a partir de esa fecha para concluir el procedimiento de integración de requisitos y presentar su solicitud, la que era revisada por el IFE y resuelta en un plazo de 120 días. Para participar en una elección, el registro debía obtenerse con un año de antelación a la jornada comicial. En el caso del registro condicionado, el IFE podía, de manera postestativa y “tomando en cuenta las condiciones del sistema de partidos”, convocar dentro del primer trimestre del año anterior a las elecciones, a las organizaciones y agrupaciones políticas interesadas en obtener su registro condicionado. Las solicitudes se resolvían en un plazo de 45 días a partir de su presentación. Los partidos con registro condicionado lograban el registro definitivo cuando recibían el 1.5% de la votación emitida y, por el contrarío, lo perdían al no obtener dicho porcentaje En 1993 se reformó el Cofipe, para establecer que los partidos con registro definitivo que no obtuviesen el 1.5 % de la votación en dos elecciones federales consecutivas, perderían su registro. De igual modo, lo perderían si no lograban cuando menos el 1% en elecciones no consecutivas. En el caso de los de registro condicionado, el umbral de votación se mantuvo en 1.5% En la reforma al Cofipe en 1996 se retorna a la modalidad de registro único y se precisan los plazos en el procedimiento para su obtención, señalándose que las organizaciones interesada notificarían al IFE el inicio de trámites entre el 1º de enero y el 31 de julio del año siguiente al de la elección y presentarían solicitud en el mes de enero del año anterior a la elección, misma que sería resuelta en un plazo de 120 días. El registro surtía efectos a partir de agosto del año previo a la elección. En la reforma de 2003, conservándose los mismos plazos, se estableció que la única vía para constituir un partido político sería la de obtener registro previo como agrupación política nacional El actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que abrogó al ordenamiento del mismo nombre el 14 de enero de 2008, eliminó el requisito de registro previo como agrupación política nacional para la obtención del registro único, además de que estableció que el plazo de las organizaciones interesadas para notificar al IFE su interés en iniciar el procedimiento de registro sería el mes de enero del año siguiente al de la elección presidencial, es decir, cada seis años. Una vez realizados los actos preparatorios, la organización presenta solicitud en el mes de enero del año previo a la elección, la que es resuelta en un plazo de 120 días y surte efectos a partir del 1° de agosto del mismo año Finalmente, por lo que se refiere a la conservación del registro de los partidos políticos, también ha existido en todas las legislaciones electorales analizadas la norma genérica de mantenimiento de los requisitos de su creación y de cumplimiento de sus obligaciones, para tales efectos, estableciéndose además a partir de 1977 un porcentaje determinado de la votación emitida, hoy establecido en dos por ciento 5. En la exposición de motivos del dictamen aprobado por el Senado de la República el 5 de diciembre de 2007, referido al Sistema de Partidos, se explica la disposición sobre el nuevo plazo sexenal para la obtención de registro en los siguientes términos: “A fin de que dicho sistema no siga sujeto a la inestabilidad que se provoca con el potencial registro de nuevos partidos cada tres años, y vista la experiencia que se ha cursado desde 1990, marcada por el carácter efímero de la mayoría de las organizaciones a las que en su momento se otorgó el registro legal como partidos políticos, se propone que la apertura del proceso respectivo se realice cada seis años, en el año posterior al de la elección presidencial.” Cabe mencionar que conforme al abrogado Cofipe, en enero de 2007 dos agrupaciones políticas nacionales, denominadas “Unión Nacional Sinarquista” y “Rumbo a la Democracia” notificaron al IFE su interés en constituir sendos partidos políticos. Una vez realizados los procedimientos previstos en la normatividad entonces vigente, las solicitudes fueron denegadas mediante las resoluciones CG295/2008 y CG296/2008 aprobadas en la sesión extraordinaria de Consejo General del 27 de junio de 2008, las que se fundaron aún en la normativa bajo la cual había iniciado el procedimiento Por lo anterior, para el proceso electoral federal de 2009 participaron solamente ocho partidos políticos (Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata), los mismos que habían participado en la elección de 2006. Al término del proceso del 2009, pierde su registro el Socialdemócrata (ya con esta denominación), con lo cual el sistema de partidos se integra actualmente con siete partidos nacionales con registro, y no podrán ingresar nuevas organizaciones políticas, en caso de que cumplan con los requisitos de ley, sino hasta el año 2014, para competir en las elecciones intermedias del 2015 A partir de ese año. Sólo podría haber nuevos partidos cada seis años, mientras que su número podría reducirse cada tres en función de los resultados electorales Si se analiza la dinámica del sistema de partidos en los procesos electorales de 1988 a la fecha, encontramos que en los comicios de ese año participaron, por sí solos o en coaliciones, 8 partidos: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Popular Socialista (PPS), Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Demócrata Mexicano (PDM), Mexicano Socialista (PMS), Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) y Revolucionario de los Trabajadores (PRT). En 1991, 10 partidos: (PAN, PRI, PPS, PARM, PDM, PRD, PFCRN, PRT, Ecologista de México (PEM) y del Trabajo (PT); en 1994, 9 partidos PAN, PRI, PPS, de la Revolución Democrática (PRD), PFCRN, PARM, PDM, PT y Verde Ecologista de México (PVEM). En 1997, 8 partidos: PAN, PRI, PRD, Cardenista (PC), PT, PVEM, PPS, y PDM. En el 2000, fueron 11 partidos: PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, PARM, de la Sociedad Nacionalista (PSN), Alianza Social (PAS), Centro Democrático (PCD), Democracia Social (DSPPN) y Convergencia por la Democracia (CDPPN). En 2003, 11 partidos (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Convergencia, PSN, PAS, México Posible (MP), Liberal Mexicano (PLM) y Fuerza Ciudadana (FC). Es decir, de 73 organizaciones que participaron en ocho procesos electorales entre 1988 y 2009, se tiene un promedio de 9 partidos por elección Como resulta evidente, el sistema de partidos políticos nacionales ha estado basado principalmente hasta ahora en tres fuerzas políticas dominantes (PAN, PRI y PRD), dos más mantienen su registro desde 1991 (PVEM y PT); mientras que el resto han ingresado y salido del sistema de partidos en cada elección (Convergencia mantiene su registro desde el 2000, y Nueva Alianza desde el 2006) 6. Es claro que el sistema mexicano de partidos políticos tiene hoy una relativa estabilidad, máxime cuando en cada reforma electoral desde 1990 se han ido estableciendo cada vez mayores requisitos para obtener registro, así como causales más estrictas para su pérdida. A la par de ello, la autoridad electoral ha ido perfeccionado los mecanismos de verificación sobre el cumplimiento de los requisitos de ley (afiliaciones, realización de asambleas, documentos básicos), para impedir las prácticas corporativas, clientelares o abusivas para la formación de institutos políticos A la luz de los datos analizados y de las experiencias de recientes procesos electorales, resulta válido asegurar que la extensión a periodos sexenales de los plazos para la formación de nuevos partidos podría, más allá de dar estabilidad al sistema de partidos, provocar su inmovilidad y generar efectos negativos en la participación ciudadana. Si a lo anterior se añade la elevación del umbral de votación hasta el 2% para la obtención de registro, así como que cada año el requisito consistente en el porcentaje del 0.26 % del padrón para formar una organización (que en términos absolutos es cada año más elevado), además de los cada vez más sofisticados mecanismos de verificación, tenemos un sistema donde no se corresponden en justa proporción y equidad las puertas de entrada y de salida del sistema. Mientras una, la de entrada, es cada vez más restrictiva en cuanto a requisitos de membresía y se abre cada seis años; la otra, de salida, tiene muchas más posibilidades fácticas y se abre cada tres años. Con lo cual, de manera consistente, podría llevar a un lento pero sistemático vaciamiento del sistema de partidos A fin de corregir las distorsiones antes señaladas, es que esta iniciativa propone equilibrar de mejor manera el sistema, a la par que asegurar una mejor dinámica en la pluralidad y representatividad del conjunto de los partidos políticos en tanto entidades de interés público, pero conservando todos aquellos mecanismos y reglas que garantizan contar con institutos políticos sólidos y viables. Lo anterior, bajo el supuesto de que el mosaico político, ideológico, social y cultural que integra la sociedad mexicana es consistente con un sistema de partidos plural y diversificado y con un sistema político-electoral cada vez más representativo y consensual 7. Por lo anterior, es que en la parte inicial del párrafo 1 del artículo 28 del Cofipe, en la expresión se propone eliminar la palabra“presidencial”, con lo cual el registro de organizaciones partidistas podrá darse cada tres años; en todo caso, se precisaría que el plazo corre a partir dela “última elección federal ordinaria” De otra parte, se propone adicionar un tercer párrafo al artículo 30, con el fin de garantizar, por un lado, que las organizaciones solicitantes de nuevos registros hayan cumplido cabalmente con sus obligaciones respecto de los informes sobre financiamiento que deben presentar mensualmente a la Unidad de Fiscalización; y por la otra, que en el caso de partidos que por cualquier causa hayan perdido el registro y lo soliciten de nueva cuenta, no tengan ninguna obligación pendiente derivada de dicho procedimiento. Para tales efectos, es conveniente vincular las actuaciones de la Comisión de Consejeros revisora de las respectivas solicitudes, con las de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos. Es por ello que se propone la siguiente redacción del nuevo párrafo tercero: “De igual modo, la Comisión señalada en los párrafos anteriores requerirá de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos un informe sobre el cumplimiento en la presentación y revisión de los informes mensuales que establece el párrafo 1 del artículo 28 anterior; en su caso, informará también sobre el cumplimiento de las obligaciones y la conclusión del procedimiento de liquidación que se refiere en el artículo 103 de este Código.” Finalmente, se propone modificar el párrafo 3 del artículo 32, que actualmente indica que “El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa”, a efecto de retomar la redacción original del párrafo 3 del artículo 32 del Cofipe en su reforma de 1996 que señalaba que: “el partido político que hubiese perdido su registro, por cualquier causa, no podrá solicitarlo de nueva cuenta, sino hasta después de transcurrido un proceso electoral federal ordinario”. Lo anterior, a fin de evitar, como era el espíritu de aquella propuesta, que partidos a los que el voto popular no hubiese favorecido o fuesen sancionados por otra causa, no retornasen de inmediato al sistema de partidos sino hasta después de transcurrida una elección. No obstante lo anterior, se estima que las organizaciones ciudadanas que no hayan tenido antecedentes como partido, o que teniéndolos haya sido en procesos electorales no inmediatos, no deben ser inhibidas de participar comicialmente, en beneficio de la pluralidad partidista y la diversidad en la representación social, ideológica y programática Debe precisarse que modificar la actual redacción del párrafo tercero no afecta en modo alguno la disposición que hoy ahí se establece, en el sentido de que “El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa”, ya que en forma idéntica -e inclusive con un mayor alcance en cuanto se refiere a todas las causales de pérdida de registro, incluida la no consecución del 2% de la votación- dicha disposición se repite, con el mismo sentido, en el actual artículo 102, párrafo 3, del Cofipe, que dispone también que “La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa” Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 28, 30 y 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales Artículo Único.Se reforman los párrafos 1 del artículo 28 y 3 del artículo 32; y se adiciona un párrafo 3 al artículo 30, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: Artículo 28 1. Para constituir un partido político nacional, la organización interesada notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral en el mes de enero del año siguiente al de laúltima elección federal ordinaria. A partir de la notificación, la organización interesada deberá informar mensualmente al propio Instituto del origen y destino de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus actividades tendentes a la obtención del registro legal y realizará los siguientes actos previos tendentes a demostrar que se cumple con los requisitos señalados en el artículo 24 de este Código: a) .. b) .. 2. .. 3. .. Artículo 30 1. .. 2. .. 3. De igual modo, la Comisión señalada en los párrafos anteriores requerirá de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos un informe sobre el cumplimiento en la presentación y revisión de los informes mensuales que establece el párrafo 1 del artículo 28 anterior; en su caso, informará también sobre el cumplimiento de las obligaciones y la conclusión del procedimiento de liquidación que se refiere en el artículo 103 de este Código Artículo 32 1. .. 2. .. 3.El partido político que hubiese perdido su registro, por cualquier causa, no podrá solicitarlo de nueva cuenta, sino hasta después de transcurrido un proceso electoral federal ordinario Régimen Transitorio Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de septiembre de 2012.— Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).» Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen COMISION ESPECIAL DE ENERGIAS RENOVABLES «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de energías renovables, a cargo del diputado Érick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del PAN Erick Marte Rivera Villanueva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando la creación de la Comisión Especial de energías renovables Consideraciones El malestar ciudadano derivado de los altos costos de la energía, a pesar de contar con subsidios aplicados de forma integral a este sector, ha conducido a muchos países incluyendo a México, hacia la exploración de nuevas alternativas que satisfagan las necesidades energéticas, algunas veces motivados por la necesidad de abatir los costos y otras veces por la conciencia ecológica para reducir los niveles de contaminación, lo cierto es que, las reservas petroleras y de otros insumos que se emplean en la generación de energía se han ido disminuyendo considerablemente pese al optimismo que se tiene por los descubrimientos que incrementan nuestras reservas, nuestro país, no debe dar marcha atrás en el desarrollo de un plan más ambicioso, que tenga como objetivo central, disponer de una reserva alterna de energía Existen intereses creados que impiden el desarrollo de la bioindustria, la cual se ha estado enfrentando a no ser considerada como una opción prioritaria en los presupuestos de egresos de la federación, aunque se tiene que reconocer que sí existen fondos diversificados para apoyar este tipo de iniciativas, el problema va más allá de los presupuestos que se han estado destinando a este sector, y que tienen que ver con una gran estrechez cultural, conciencia ambiental, visión de corto plazo y desinterés de la mayoría de los gobiernos locales para destinar esfuerzos hacia bioproyectos que mucho ayudarían a su desarrollo regional Impulsar el desarrollo de la bioindustria, traería consigo un enorme impacto social, toda vez que la cantidad de empleos que se estaría alcanzando supera lo que actualmente se genera en todo el sector energético, esta tesis se apoya en que la bioindustria, abarca: cultivo de semillas que contienen aceite vegetal, entre ellas; jatropha, higuerilla, girasol, etcétera. Lo cual implicaría el aprovechamiento de millones de hectáreas ociosas que tenemos en el país, de ahí, que la industrialización de estas semillas, exigiría la instalación de biorefinerías y demás industria que por añadidura se tendría que generar En tal circunstancia: El objetivo de asegurar el abasto energético del país, necesariamente deberá pasar por la sustentabilidad, a través de estrategias de diversificación hacia fuentes renovables que no comprometan la calidad de vida de generaciones futuras, que deberán encaminarnos a minimizar los daños al medio ambiente y a la salud humana A pesar de que México posee altos niveles de producción de hidrocarburos, es imprescindible acelerar el desarrollo de la bioindustria, impulsando de manera decisiva proyectos de generación de energía, a partir de energías renovables El país debe aprovechar todas las fuentes de energía renovable y el uso de tecnologías limpias que nos sea de utilidad pública y realizarlo dentro de un marco de estrategia nacional para la transición energética, mediante la cual se promueva la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de los hidrocarburos como fuente primaria de energía Uno de los elementos derivados de este sector son las políticas de sustentabilidad energética que busca incrementar la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables en México, con una visión de largo plazo El Programa Sectorial de Energía 2007-2012, retoma los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y propone, dentro de sus nueve objetivos, dos que están relacionados con el impulso a las energías renovables: El primero de ellos es “equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía”, y tiene como indicador cuantitativo aumentar la participación de las energías renovables en la capacidad de generación de energía eléctrica de 23 por ciento a 26 por ciento, contemplando proyectos hidroeléctricos de más de 30 mega watts El segundo objetivo es “fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustibles técnica, económica, ambiental y socialmente viables”, y retoma el indicador del objetivo anterior Derivado de la Estrategia Nacional de Energía 2010, conformada por tres ejes rectores: seguridad energética, eficiencia económica y productiva, y sustentabilidad ambiental. A partir de los ejes rectores, han establecido: “Diversificar las fuentes de energía, incrementando la participación de tecnologías limpias”; “Reducir el impacto ambiental del sector energéticos”, los cuales están implícitamente relacionados con fuentes renovables de energías. Estos objetivos han definido líneas de acción específicas, de las cuales la meta de una “Capacidad de generación eléctrica con tecnologías limpias de 35 por ciento”, tiene relevancia para energías renovables. En la estrategia, de las “tecnologías limpias” incluyen energías renovables, grandes hidroeléctricas y energía nuclear En lo que comprende la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, se elaboró este documento que servirá como mecanismo para impulsar las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a alcanzar una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, de igual forma promover la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía Además, el Programa Especial de Cambio Climático, integra dentro de sus objetivos y estrategias el desarrollo de las energías renovables y así aprovechar su potencial para la reducción de los gases de efecto invernaderos Las energías renovables en México actualmente cuentan con un marco legal específico: la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), donde establece la obligación de la Secretaría de Energía de elaborar un programa especial para el aprovechamiento de energías renovables, así como una estrategia nacional para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía Para ello el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, integra todos los indicadores que esperan ser alcanzados y referidos sobre la participación de fuentes renovables en la capacidad instalada y generación de energía eléctrica en México Entre fuentes renovables de energía se encuentran: biogás, biomasa, geotermoeléctrica, eoloeléctrica, minihidro eléctrica 18 por ciento Excluye exportación e importación Fuente: Comisión Federal de Electricidad y Comisión Reguladora de Energía La tendencia global en materia de bioenergéticos, apunta a los países que buscan fortalecer su seguridad energética, diversificando las fuentes de energía, y ampliando el acceso a los sistemas de energía; esto por ende nos lleva a crear fuentes de trabajo y aumentar el ingreso en zonas rurales mediante el fomento a la producción de insumos para bioenergéticos, comercialización Esta son las motivaciones que dan impulso a los bioenergéticos: a) Diversificación energética; b) Desarrollo agrícola, y c) Medio ambiente La actual política energética considera la necesaria diversificación de la generación de energía mediante el impulso y desarrollo de tecnologías que optimicen las fuentes primarias de energía, ya que la ubicación geográfica y orográfica permite a nuestro país disponer de un potencial de generación con energía renovable Por esa razón México debe apostar al aprovechamiento de los cuerpos de agua, los bioenergéticos, el viento y los recursos geotérmicos, así como la explotación de minerales asociados a los yacimientos geotérmicos, para la producción de energía eléctrica Hoy tenemos la oportunidad histórica de impulsar el desarrollo humano sustentable como motor de la transformación de México en el largo plazo y, al mismo tiempo, como un instrumento para que los mexicanos mejoren sus condiciones de vida Para ello es importante impulsar desde el Poder Legislativo reformas que impulsen el desarrollo de mayores instrumentos más eficientes que coadyuven a potencializar las energías renovables. Esto, siempre y cuando sigamos sumando esfuerzos los sectores sociales, académico, industrial, y gubernamental De igual manera, esta comisión contribuirá con opiniones al respecto, y dentro del ámbito de sus atribuciones, con las comisiones ordinarias que tenga relación dicho tema La Comisión Especial de energías renovables tendrá como objetivo formular estudios y opiniones en el ámbito de su competencia, esto con el propósito de consolidar el sector energético, en particular a las energías renovables, es de suma importancia alcanzar los consensos con sus integrantes para realizar el diseño y elaboración de reformas de ley que permitan un desarrollo sustentable, mediante la búsqueda de sistemas de energía compatibles con el medio ambiente Por lo anteriormente señalado, solicito a esta honorable asamblea para que con la intervención que corresponda a la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, poner a su consideración el siguiente punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de energías renovables Con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. La Junta de Coordinación Política proponga al pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura la creación de la Comisión Especial de energías renovables Segundo. El objetivo de la Comisión Especial de energías renovables será garantizar la sustentabilidad política-energética a través de estrategias de diversificación hacia fuentes renovables que no comprometan la calidad de vida de generaciones futuras, además nos permitan minimizar los daños al medio ambiente y a la salud humana Tercero. La Comisión Especial de energías renovables estará formada por 12 integrantes, que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad que determine la Junta de Coordinación Política Cuarto. La Comisión Especial de energías renovables tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria al 31 de agosto de 2015 Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012.— Diputado Erick Marte Rivera Villanueva (rúbrica).» Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención COMISION ESPECIAL DE SUPERVISION DE LOS SERVICIOS, COBROS Y PATRIMONIO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de supervisión de los servicios, cobros y patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD La suscrita, Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la cual se solicita la creación de la comisión especial de supervisión de los suministros, servicios, cobros y patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al tenor de las siguientes Consideraciones La CFE es la segunda empresa más importante del sector energético para el país. En años recientes se han impulsado en ella cambios con miras a su modernización y mejor funcionamiento Sin embargo, algunos de esos cambios han redundado en todo lo contrario, ofreciendo un mal servicio a los usuarios, cobrando tarifas altas y excesivas, permitiendo que funcionarios de primer nivel cometan actos de corrupción y nepotismo que difícilmente son sancionados En la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados se integró un grupo de trabajo para investigar los actos de corrupción en la CFE que habían sido denunciados públicamente y que estaban siendo investigados por la Procuraduría General de la República desde 2009 y 2010 El grupo de trabajo se centró en solicitar información a Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la propia Procuraduría General de la República a efecto de poder supervisar las investigaciones que se habían presentado contra diversos funcionarios de la paraestatal por la entrega de licitaciones millonarias de manera irregular, la aceptación de sobornos tanto en efectivo como en especie para favorecer a algunas empresas y, sobre todo, la grave afectación del patrimonio de la paraestatal En 2011, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se integró una comisión especial sobre los servicios de suministros y altos cobros de energía eléctrica en el Distrito Federal. Tenía como principal objetivo la revisión del sistema de cobros y la fijación de las tarifas por la paraestatal a los usuarios del Distrito Federal La comisión especial se constituyó como un canal institucional entre la ciudadanía y la paraestatal para atender y canalizar las múltiples quejas e inconformidades que presentaban los usuarios por las altas tarifas que cobra la CFE desde 2009 en el centro del país y desde hace más de 10 años en el resto La atención directa de la ciudadanía por la ALDF a través de la comisión especial permitió documentar y registrar serias deficiencias institucionales en la paraestatal, entre las que destacan: • La fijación del esquema tarifario por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que considerar criterios como ingresos, nivel socioeconómico, índice de desarrollo y otras variables sociales y no sólo indicadores de tipo económico del mercado de los energéticos • Es urgente un nuevo esquema tarifario para todo el país en el que participe directamente el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados • La CFE tiene que ser una empresa de servicio público en beneficio de todos los mexicanos, no sólo una agencia prestadora de un servicio básico • Es urgente establecer una instancia de regulación, supervisión y revisión de las quejas e inconformidades en la CFE para que pueda dar certeza jurídica a los usuarios • Es indispensable establecer procedimientos de quejas claros, transparentes y asequibles para todos los usuarios del servicio de suministro de energía eléctrica y modificar el sistema electrónico de ingreso y tramitación de quejas • No puede permitirse el cobro por consumo “estimado”, es necesario modificar el reglamento de la Ley de Servicio de Energía Eléctrica para eliminar esa posibilidad, pues genera incertidumbre y desproporcionalidad en los cobros • Eliminar de las prácticas de la CFE los “reajustes” o “refacturaciones” sobre consumos o lapsos que no fueron cobrados en su oportunidad por la paraestatal • Establecer un sistema claro de sanciones a funcionarios de la paraestatal directos o indirectos que violenten o no respeten los derechos de los usuarios y la adopción de un protocolo modelo de atención a escala nacional, así como los que participen en actos de corrupción • Solicitud y ejecución de auditorías externas al patrimonio de la CFE de los últimos 10 años a la fecha • Modificar el marco regulatorio de licitaciones, contratos y prestaciones de servicio en la paraestatal para fijar mayores y mejores controles en el otorgamiento de estos contratos para evitar actos de corrupción A raíz de los cobros excesivos por la CFE a escala nacional se formó en 2009 la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica,1 que ha denunciado las prácticas irregulares que se desarrollan en la paraestatal, denuncia por la que algunos de sus integrantes han sido encarcelados e incluso declarados presos de conciencia por instancias internacionales como Amnistía Internacional.2 Paralelamente a estos procesos de inconformidad, en el centro del país hemos tenido que enfrentar la problemática derivada de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, como suministrador del servicio de energía eléctrica en el valle de México y en algunas entidades federativas cercanas. Desde 2009, cuando el presidente Felipe Calderón decidió extinguir dicha empresa se generó un vacío legal y real sobre el patrimonio y la responsabilidad de la paraestatal en esta región del país Dicho vacío legal ha afectado directamente el patrimonio de la CFE –patrimonio nacional– y generado falta de certeza jurídica a millones de usuarios que por no tener una obligación contractual con la paraestatal son forzados a pagar por el suministro del servicio de energía eléctrica sin que medie documento alguno para formalizar y legalizar dichos pagos El conflicto persistente con el Sindicato Mexicano de Electricistas sobre la titularidad del contrato colectivo de trabajo y la sustitución patronal ha colocado a miles de trabajadores no sólo en el desempleo sino en la franca desprotección legal, sin que las autoridades del ramo hayan formulado propuestas u opciones de solución viables en beneficio de dichos trabajadores y de sus familias Hay en la CFE innumerables procedimientos y procesos que tienen que ser revisados por este órgano legislativo, tanto los relacionados con los procedimientos para la atención de usuarios y la tramitación de quejas e inconformidades por servicios y altos cobros de la energía eléctrica como los relacionados con los actos de corrupción en el otorgamiento de contratos y licitaciones de manera irregular como los actos que han afectado también el patrimonio de la paraestatal a raíz de la extinción de Luz y Fuerza del Centro y de su relación con el Sindicato Mexicano de Electricistas Resulta indispensable que este órgano legislativo forme una comisión especial plural capaz de dar seguimiento a ésas y otras problemáticas relacionadas con la Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de que las gestiones realizadas desde este órgano legislativo redunden en mejor atención de los usuarios, en una fijación tarifaria mas justa y en un mecanismo más eficiente para el resguardo y desarrollo de su patrimonio, que constituye el de todos los mexicanos Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo Primero. Conforme a lo establecido en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, se solicita la creación de la comisión especial de supervisión de los suministros, servicios, cobros y patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad Segundo.Los objetivos de la comisión especial serán entre otros la promoción y revisión de las auditorías y ejercicios de supervisión del patrimonio de la paraestatal y la formulación de propuestas para mejorar dichos procesos, la revisión del esquema tarifario impuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la forma en que dichas tarifas son fijadas y cobradas por la paraestatal proponiendo mecanismos alternativos para la fijación y los cobros, el seguimiento y supervisión de las denuncias y quejas impuestas contra funcionarios de la paraestatal por presuntos actos de corrupción o de favorecimientos a empresas y prestadores de servicios y el seguimiento, la atención y la gestión en las consecuencias legales y laborales derivadas de la extinción de Luz y Fuerza del Centro Tercero.La comisión especial de supervisión de los suministros, servicios, cobros y patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura y cuyos integrantes serán propuestos por los grupos parlamentarios, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías Cuarto.La comisión especial de supervisión de los suministros, servicios, cobros y patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2015 Notas: 1 Esta red está integrada por aproximadamente 32 mil usuarios de la CFE a escala nacional y tiene presencia en entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Campeche, Chihuahua, Baja California, Puebla, Distrito Federal y México 2 Consúltese http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/040/ 2010/en/0032df43-d99a-4d5f-afec-31a4c777692c/amr410402010en. pdf Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012.— Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).» Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención COMISION ESPECIAL DE ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de aduanas y comercio exterior, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN Los diputados federales Carlos Alberto García González y Glafiro Salinas Mendiola, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de aduanas y comercio exterior Exposición de Motivos Durante mucho tiempo, el comercio exterior ha sido una fuente de ingresos muy importante para el país. En los últimos años, ha representado aproximadamente el 65% del Producto Interno Bruto recaudándose por dichas operaciones aproximadamente el 19% de la recaudación nacional y el 45% del Impuesto al Valor Agregado. Sin embargo, la gestión y reforma de las Leyes Aduaneras que pueden coadyuvar a un mejor posicionamiento del país en temas de competitividad internacional, ha sido poco abordado en la Cámara de Diputados, teniendo como consecuencia que parte del crecimiento económico en México proveniente de comercio exterior, esté detenido Durante la década de los ochenta, las relaciones comerciales del país sufrieron cambios estructurales muy importantes. México ingresó al GATT en 1985, conocido actualmente como Organización Mundial del Comercio, y poco después, firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Este tipo de políticas, han resultado en éxito. Hoy, México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 44 países, 28 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones y 9 acuerdos de comercio (acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración; como consecuencia, las exportaciones crecen en promedio 12% cada año, y debido a la proporción que representan de la economía (60% actualmente), se han convertido en un motor fundamental para el crecimiento y el desarrollo industrial, tecnológico y social del país Más de 70,000 empresas al interior de México, se encuentran inscritas en el padrón general de importadores y alrededor de 6,700 tienen autorizado un programa de fomento al desarrollo empresarial, de inversión extranjera y de generación de empleo, otorgados por parte de la Secretaría de Economía. Adicionalmente, se participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial de Aduanas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización Mundial del Comercio Como resultado de lo anterior, se sostiene que el comercio exterior es una de las piezas fundamentales para nuestro crecimiento. Aunado a ello, el beneficio de los consumidores al tener a su disposición una gran variedad de productos y de marcas a precios menores, resulta en una mayor calidad de vida. Por el lado de las empresas, se fomenta la competitividad, la innovación y la asignación eficiente de los recursos, por la adaptación que exige el hecho de competir en sólo un mercado, el mercado internacional. En tal sentido, es imperativo facilitar, incentivar y otorgar certidumbre jurídica en las operaciones de comercio exterior, a través de una legislación que mejore el entorno de los negocios en esta materia En México, existen 49 aduanas entre marítimas, interiores y fronterizas. En ellas, cada día se realizan alrededor de 18 mil operaciones de comercio exterior, se atiende a más de 33 mil pasajeros que transitan por los aeropuertos y a más de un millón de personas que cruzan las fronteras. La labor realizada en las aduanas, es de suma importancia para el país, pues representan los únicos lugares autorizados para el ingreso y egreso de mercancías, acciones que coadyuvan a preservar la seguridad nacional. Entre sus funciones, destacan las siguientes: i. Fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías, así como los medios en que éstas son transportadas ii. Recaudar impuestos, aprovechamientos y demás derechos en materia de comercio exterior iii. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de comercio exterior se emitan iv. Hacer cumplir las leyes aplicables y las que se relacionan con su actividad, como las de seguridad nacional, economía, salubridad, comunicaciones, migratorias y fitosanitarias, entre otras La aduana mexicana tiene un reto muy importante, encontrar un equilibrio entre la facilitación del comercio exterior y el control de la entrada de las mercancías. Por ello, desde el año 2007 se implementó el Plan de Modernización Aduanera 2007-2012, mismo que consiste principalmente en la incorporación de equipo de última tecnología para llevar a cabo satisfactoriamente sus funciones La trascendencia que ha tenido en el país el comercio exterior ha sido tal, que incluso el propio Reglamento Interior de la Servicio de Administración Tributaria, ha sido reformado recientemente para crear una nueva Administración General de Auditoría de Comercio Exterior para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de comercio exterior Con lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia y el impacto que tiene el comercio internacional en el desarrollo del país, se torna necesario exponer qué sucede en la Cámara de Diputados. Los asuntos relativos al despacho aduanero y de comercio exterior son delegados a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, misma que representa una de las Comisiones Ordinarias que más iniciativas recibe durante la Legislatura, dada la naturaleza de los temas fiscales y hacendarios, por ejemplo en la pasada Legislatura recibió 699 iniciativas de ley, logrando dictaminar apenas el 9% de las reformas propuestas En consecuencia, es por ello que las reformas a la Ley Aduanera, y las demás leyes que tiene una incidencia en el despacho aduanero han quedado relegadas por el gran cúmulo de asuntos que tiene que procesar esa Comisión, a pesar de que es un tema toral para la economía del país Durante las pasadas tres Legislaturas, se han presentado diversas reformas a la Ley Aduanera que no han prosperado por la razón antes citada, salvo algunas de impacto menor. A mayor abundamiento, les presento unos datos que describen la cantidad de reformas que no han podido ser atendidas y aprobadas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público por no poder hacer un análisis con mayor profundidad y detenimiento respecto a lo que se presenta en el comercio exterior de nuestro país Ahora bien, también cabe destacar que en la actualidad, tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como la propia Secretaría de Economía, de forma discrecional, emiten Reglas de Carácter General con observancia obligatoria. Es claro que dichas Reglas recogen criterios de operación y aplicación de la legislación existente en materia de aduanas y de comercio exterior, siendo que en algunas ocasiones rebasan las disposiciones generales contenidas en la legislación del comercio exterior Si bien es cierto que el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que el Ejecutivo Federal estará facultado para regular la entrada y salida de mercancías de comercio exterior, del territorio nacional, también se considera cierto y necesario que el Poder Legislativo intervenga y conozca sobre la materia, por ello la necesidad de la creación de la Comisión Especial de Aduanas y Comercio Exterior que se propone Propuesta para Crear la Comisión Especial de Aduanas y Comercio Exterior En suma, compañeras y compañeros Diputados, el comercio entre los países es fundamental para la prosperidad económica del mundo. El comercio exterior e incluso la visión de las aduanas a nivel mundial ha cambiado en los últimos años para atender dos preocupaciones sustanciales de los países: la seguridad y la facilitación Es por ello que resulta fundamental emprender una nueva generación de reformas de comercio exterior para potenciar sus bondades y las ventajas que tiene México, sustentada en una Unidad Legislativa encargada de elaborar, procesar y opinar fundadamente las normas que regulan nuestro comercio exterior, el cual impacta de manera directa e indirecta en otros sectores de la economía, como son por ejemplo el transporte y la industria manufacturera, entre otras Por todo lo anterior, se propone crear la Comisión Especial de Aduanas y Comercio Exterior, como una Comisión encargada de emitir la opinión fundada y motivada para dictaminar las leyes relativas al despacho aduanero y de comercio exterior Con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: Punto de Acuerdo Primero. Se crea la Comisión Especial de Aduanas y Comercio Exterior de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados Segundo.El objetivo de la Comisión Especial de Aduanas y Comercio Exterior será la encargada de analizar de manera integral y profunda los ordenamientos legales, normas reglamentarias y administrativas sobre nomenclatura, regulaciones y restricciones no arancelarias, cupos arancelarios, preferencias arancelarias, regímenes aduaneros, infracciones, sanciones, y demás disposiciones aplicables al despacho aduanero y de comercio, para realizar las adecuaciones legislativas que atiendan la armonía normativa, estándares internacionales y que, a su vez, inyecten competitividad a la aduana mexicana Tercero.La Comisión Especial de Aduanas y Comercio Exterior estará integrada por un Presidente y al menos 2 Secretarios y el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporcionalidad de la composición de la Cámara Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2011.— Diputados: Carlos Alberto García González, Glafiro Salinas Mendiola (rúbricas).» Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PROBLEMATICA SURGIDA DE LOS CONFLICTOS MINEROS DEL PAIS «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para dar seguimiento a la problemática surgida de los conflictos mineros del país, a cargo del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD El suscrito, Trinidad Morales Vargas, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79 numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes Consideraciones De acuerdo al Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) del año 2006 al 2010, en la zona carbonífera de Coahuila sucedieron diversos accidentes mortales que dieron como resultado 113 fallecidos; 65 en Pasta de Conchos y 67 en los “pocitos”, tajos, minas subterráneas y plantas de beneficio y de transporte de mineral. Otras fuentes hablan de 213 muertos en el mismo periodo En el mes de agosto del presente año, la industria minera nuevamente se cubrió de luto al presentarse la dolorosa e indignante muerte de 7 mineros, en una mina de carbón de la compañía el Progreso; días más tarde, otros 6 mineros perdieron la vida en la mina 7 de la empresa Minerales Monclova, SA, (Mimosa), localizada en la comunidad de Barroterán, municipio de Múzquiz, ambos en Coahuila. Dichos accidentes se sumaron a los cientos de fallecidos de los últimos años en las minas del país debido sobre todo a las pésimas condiciones de trabajo, lo que al mismo tiempo, ha acarreado múltiples conflictos laborales Es inconcebible que en México, existan únicamente 776 inspectores para 830 mil 705 patrones según datos del IMSS; esto contra la recomendación de la OIT, que recomienda 4 inspectores por cada 100 mil trabajadores como mínimo. Nuestra proporción es de apenas 1.77 por cada 100 mil trabajadores Pero no son los únicos conflictos mineros, sólo por enumerar algunos, mencionaremos los ocurridos en: En el ejido La Sierrita en 2008, municipio de Tlahualilo, Durango, propiedad de Excellon de México, SA, de CV, filial de Excellon Resources Incorporate, la mina denominada Virgo, localizada en Las Ánimas; y la mina “Guadiana”, localizada en el sector de Maturana, en estado de Chihuahua, la zona carbonífera de Coahuila, las subsidiarias de Grupo México y las compañías canadienses asentadas en la Reserva Minera Nacional del área de Wirikuta. En cuanto a Grupo México y sus subsidiarias, que controlan gran parte de las concesiones, ninguna autoridad ha actuado conforme a derecho en contra de este grupo Si seguimos analizando, encontraremos ambigüedades en la Constitución federal, en leyes reglamentarias y reglamentos, es decir, en este vacío e incoherencia jurídica muchos grupos empresariales, empresas transnacionales, quienes se han beneficiado de la extracción, no promueven cambio alguno en la legislación. Un ejemplo claro, es el Informe Final de la Comisión Especial para Conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia de la Mina Pasta de Conchos constituida durante la LXI Legislatura, en referencia concreta a los “pocitos”, se propusieron las siguientes acciones y recomendaciones: Acciones: • Incluir a los “pocitos” dentro de los programas de verificación, y crear un programa de apoyo financiero para el desarrollo de medidas de seguridad y fortalecimiento productivo a los mismos. Otorgarles la mención como “empresas sociales” Proposiciones: • Solicitar al IMSS que de manera inmediata se registre al régimen obligatorio a los trabajadores de los “pocitos”, ya que de acuerdo a la minuta de la reunión celebrada en el Museo del Carbón, del 27 de abril de 2004, se reconoce que “muchos no están inscritos en las diferentes instituciones, correspondiendo esto a 1000 trabajadores”. Esta Proposición debió ser presentada y verificada por las Comisiones de Trabajo y de Seguridad Social de la honorable Cámara de Diputados Exigir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las demás Instituciones de la Administración Pública Federal, a que inmediatamente se proteja con la ley a los “pocitos”, así como, iniciar una extraordinaria verificación sobre la seguridad de estos con la participación de la Secretaría de Economía y del IMSS Ninguna de estas medidas se llevó a cabo También, durante la LXI Legislatura, se puso de manifestó la preocupación por esta problemática surgida por conflictos mineros en Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero; y Sombrerete, Zacatecas; muchos de los cuáles aún continúan, dando lugar, a la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática surgida de los conflictos mineros del país, misma que se instaló el 23 de febrero de 2010 y tuvo una vigencia hasta el 31 de agosto de 2012 Por ello, y en vista de la existencia de múltiples conflictos en las minas del país, que no han podido ser resueltos, y en términos de los preceptos legales invocados, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo Primero.Se crea la Comisión Especial para Dar Seguimiento a la Problemática Surgida de los Conflictos Mineros del País Segundo.Para el debido seguimiento de los asuntos en cartera, se deberán entregar los archivos generados durante la LXI Legislatura y anteriores sobre la materia, a fin de atender debidamente la problemática minera y allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable Tercero.La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política Cuarto.La comisión especial, deberá presentar semestralmente, un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados, durante los recesos o bien ante la Junta de Coordinación Política Quinto.La comisión especial estará vigente hasta el 31 de agosto de 2015 Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012.— Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica).» Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención COMISION ESPECIAL DESTINADA A ESTABLECER UNA MESA DE DIALOGO CON EL MOVIMIENTO #YO SOY 132 Y LA CAMARA DE DIPUTADOS «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial destinada a establecer una mesa de diálogo con el movimiento #Yo Soy 132 y la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD La suscrita, diputada a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente Exposición de Motivos México, como nación, ha vivido momentos históricos, desde el movimiento de Independencia en 1810, la Revolución Mexicana en 1910 o, la noche de Tlatelolco en 1968, el Jueves de Corpus en 1971 o, lo que vivimos en pleno 2012 con el movimiento#Yo Soy132 Movimiento que es conformado en su mayoría por estudiantes de educación superior, ya sea de escuelas públicas o privadas, a los cuales se han sumado amas de casa, obreros, intelectuales, artistas, así como la ciudadanía en general, con el firme propósito de buscar la democratización de los medios de comunicación a fin de que publique la verdad; la creación de un tercer debate entre los candidatos presidenciales,(mismo que se realizó con la participación de 3 candidatos a la presidencia) y la razón más importante: el rechazo a la imposición de Enrique Peña Nieto como vencedor de las pasadas elecciones Muchos de los que hoy estamos aquí representando a la ciudadanía, muy bien sabemos que durante 6 años se llevó a cabo una campaña televisiva millonaria con recursos públicos, usando programas de gobierno, dando tarjetas de prepago para supermercados; influyendo de esta forma tramposamente en la opinión pública, y así realizar la compra de votos a favor de Peña Nieto Sin embargo, como ya lo vimos en días pasados, se le otorgó la constancia de mayoría, pero quiero decirles que México NO GANO, porque cuando se trata de una imposición ni la misma democracia gana, es la razón principal por la cual el movimiento #yosoy132 continua en pie de lucha, y somos nosotros, los diputados de la LXII legislatura, quienes debemos comenzar a dar un nuevo rumbo a las atenciones de la ciudadanía, dar oportunidad de ser escuchados a los jóvenes que se preparan día a día y ponen en la mesa importantes temas Es por ello que exhorto al titular de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara a crear una comisión especial destinada a establecer una mesa de diálogo con el movimiento #yosoy132, a fin de atender las demandas que como ciudadanos organizados presentan para el beneficio del país Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer ante esta honorable Cámara la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único.Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que dentro del ámbito de su competencia cree una comisión especial destinada a establecer una mesa de diálogo con el movimiento #Yo Soy132 y la Cámara de Diputados Palacio Legislativo de San Lázaro; a 10 de septiembre de 2012.— Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica).» Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención